EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE OTORGA FACULTAD AL FISCAL PARA LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS PRIVADOS EN CASO EXCEPCIONAL
Artículo 1º.- Marco y finalidad
La presente Ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional.
Solo podrá hacerse uso de la facultad prevista en la presente Ley en los siguientes delitos:
1. Secuestro.
2. Trata de personas.
3. Pornografía infantil.
4. Robo agravado.
5. Extorsión.
6. tráfico ilícito de drogas.
7. tráfico ilícito de migrantes.
8. Delitos contra la humanidad.
9. Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria.
10. Peculado.
11. Corrupción de funcionarios.
12. Terrorismo.
13. Delitos tributarios y aduaneros.
14. Lavado de activos.
(Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)
Artículo 2º Normas sobre recolección, control de comunicaciones y sanción
1.- Se entiende por «Comunicación» a cualquier forma de transmisión del contenido del pensamiento, o de una forma objetivada de éste, por cualquier medio. Para efectos de esta Ley, no interesa que el proceso de transmisión de la comunicación se haya iniciado o no.
2.- Se entiende por «medio» al soporte material o energético en el cual se porta o se transmite la comunicación. Para efectos de esta Ley tiene el mismo régimen que la comunicación misma.
3.- La intervención de comunicaciones en el marco del inciso décimo del artículo 2º de la Constitución y de la presente Ley, se desenvuelve en dos fases:
a) La recolección: Mediante la cual se recoge o se registra la comunicación y/o su medio.
La recolección puede hacerse sobre una comunicación en específico, o sobre un conjunto de comunicaciones indeterminadas, dentro de las que es probable -según razones que deberán fundamentarse debidamente en la solicitud a que se refiere esta Ley- que se halle alguna que tenga utilidad para la investigación.
b) El control.- Por medio del cual se toma un conocimiento oficial de su contenido y se desechan las comunicaciones o las partes de la comunicación que no tienen interés para efectos de la investigación.
4.- El encargado de ambas fases es el Fiscal a cargo de la investigación, que para efectos de esta Ley se denominará «Fiscal Recolector».
5.- El Fiscal Recolector podrá contar con el auxilio del personal del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú y de personas naturales o jurídicas expertas en la actividad de recolección o de control, si las características de la comunicación así lo requiriese. Todas estas personas están obligadas a guardar reserva sobre la información a que lleguen a tomar conocimiento a propósito de la intervención, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa.
6.- Están facultados para solicitar al Juez, que autorice la intervención el Fiscal de la Nación, en los casos materia de su investigación, los Fiscales Penales y los Procuradores Públicos. Esta facultad se entiende concedida a tales funcionarios, en tanto que encargados de los procesos por los delitos a que se refiere el Artículo 1º de esta Ley. De la denegatoria de la autorización procede recurso de apelación ante el superior jerárquico, dentro del día siguiente de enterado o notificado.
7. La solicitud que se presente estará debidamente sustentada y contendrá todos los datos necesarios. (Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)
Tendrá como anexo los elementos indiciarios que permitan al Juez emitir bajo su criterio la respectiva autorización. (Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)
El Juez, después de verifi car los requisitos establecidos en el primer párrafo de este numeral, emitirá resolución autorizando la realización de la medida hasta por el plazo estrictamente necesario, que no será mayor que el período de la investigación en el caso de la interceptación postal, y de sesenta días excepcionalmente prorrogables por plazos sucesivos a solicitud del Fiscal y mandato judicial debidamente motivado, en el caso de la intervención de las comunicaciones. (Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)
8.- La solicitud y su concesión harán las especificaciones que sean necesarias para distinguir las distintas clases de recolección y de control que la naturaleza de las comunicaciones intervenidas o interveníbles exijan. Dentro de estas especificaciones se tomarán en cuenta, entre otros factores:
a) Si la comunicación es una determinada; si se va a dar probablemente dentro de un conjunto indeterminado de comunicaciones; o si es una comunicación cierta que sucederá dentro de circunstancias determinadas.
b) Si la comunicación se dará en el futuro o ya se dio en el pasado.
c) Si la comunicación es accesible a toda personas que la perciba, a ella o su medio, o si se encuentra cerrada o encriptada.
d) Si se han hecho uso de medios destinados a encubrir la identidad del emisor o del receptor de la comunicación, o de cualquier otra persona, hecho o circunstancia que se mencionen en la comunicación; así como la puesta de cualquier dificultad destinada a impedir el acceso o la identificación de la comunicación, de sus partes, o de la información en ella mencionada.
9.- Hecha la recolección, se procederá a efectuar el control por parte del Fiscal Recolector. Sobre el control y sobre su resultado, la personas interesada que se sienta afectada podrá ejercer derecho de contradicción y defensa, según estime conveniente.
10.- Con el solo hecho de mencionarlo en su solicitud, el Fiscal Recolector estará facultado para ir haciendo controles de modo periódico, sobre lo que se vaya recolectando parcialmente, si es que el modo de recolección fuese compatible con esa metodología.
11.- De descubrirse indicios de otros hechos delictivos, se comunicará el descubrimiento al Juez competente, para que éste disponga la pertinencia o no de su utilización en la investigación en curso (en vía de ampliación) o para que el Ministerio Público evalúe si hay mérito para iniciar investigación penal sobre el tema descubierto.
12.- El Juez dará atención preferente e inmediata a las solicitudes que se fundamenten en una urgencia sustentada por el Fiscal Recolector.
13.- El Juez que autoriza su personal auxiliar, el Fiscal Recolector así como el personal auxiliar del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, peritos, los Procuradores Públicos y demás personas naturales o jurídicas autorizadas en el proceso de investigación deberán guardar reserva sobre la información que obtengan.
El incumplimiento de este deber se sancionara con inhabilitación conforme a ley para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que el Ordenamiento Jurídico prevé.
Artículo 3º.- Participación del Ministerio Público
Según las atribuciones dadas en el inciso 4º del Artículo 159º de la Constitución Política, y en los artículos 9º y 14 del Decreto Legislativo nº 052, corresponde al Ministerio Público realizar la intervención a que se refiere la presente Ley, contando siempre para el efecto con la autorización del Juez competente. Los resultados de la intervención se incorporarán a la investigación y son considerados por el Poder Judicial, en el momento de la forma establecida en el ordenamiento jurídico.
Si no hubiese abierta una instrucción al momento de solicitarse la intervención a que se refiere la presente Ley, el Fiscal Recolector acudirá al Juez competente, el cual está obligado a dar una respuesta a la solicitud con resolución debidamente motivada.
Artículo 4º.- Extensión de la cobertura a otros documentos privados
Lo dispuesto en la presente Ley se aplica también para los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos, así como a todo otro documento privado que pueda ser útil para la investigación.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- Derógase el inciso 3º del Artículo 2º de la Ley nº 27.379 y déjese sin efecto el artículo 5º de la misma Ley, en lo que corresponda a la materia de la presente Ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los diez días del mes de abril de dos mil dos
CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCÍA, Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de abril del año dos mil dos
RAÚL DIEZ CANSECO TERRY, Primer Vicepresidente de la República. Encargado del Despacho Presidencial
ROBERTO DAÑINO ZAPATA, Presidente del Consejo de Ministros
FERNANDO OLIVERA VEGA, Ministro de Justicia