Consta en autos que, el 14 de junio de 2006, la FISCAL AUXILIAR VIGÉSIMO CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, YAMILET GAMMARRA SAYAGO presentó, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, escrito en el que pidió que se «restablezca la situación Jurídica infringida en la persona de la ciudadana L. Y. C. M, titular de la cédula de identidad nº x-xx.xxx.xxx»,por cuanto existe una reseña en la División contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de su persona, que «vulneró, los derechos Constitucionales de esta ciudadana» y le «hace imposible la tramitación de sus documentos de identificación.»
El 21 de junio de 2006, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declinó, en esta Sala Constitucional, la competencia para el conocimiento de la causa, por cuanto estimó que la solicitud correspondía a una demanda de habeas data, de conformidad con el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal y con la doctrina que sostiene esta juzgadora.
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala y por auto del 29 de junio de 2006, se designó Ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
I.- DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó la Fiscal del Ministerio Público:
1.1 Que «(esa) Representación Fiscal, dio orden de inicio en fecha 10/04/02 funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones de Vehículo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, toman acta de denuncia al ciudadano S. T. S. …» (sic)
1.2 Que: «(e)n fecha 11/04/02 la ciudadana: L. Y. C. R. titular de la cédula de identidad nº x-xx.xxx.xxx, fue trasladada por funcionarios adscritos a la División Contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sin ninguna orden de Visita Domiciliaria, u Orden de Captura que fueran emitidas por algún Órgano Jurisdiccional; la misma le fue tomada acta de entrevista, manifestando lo siguiente: ‘…Resultar (sic) ser que el día de hoy como a las siete y treinta horas de la noche, me encontraba en residencia (sic), cuando de repelente (sic) llegaron unas personas que se identificaron como funcionarios de PTJ, y (le) dijeron que abriera la puerta de (su) casa, le abr(ió) la puerta y entran unos funcionarios, de igual forma (le) dicen que si (su) casa se comunicaba con una casa de al lado, le(s) di(jo) que no entonces ellos salieron de (su) casa, posteriormente le manifes(tó) que la casa de al lado era (suya) pero (…) se la tenia alquilada a una (sic) personas, los funcionarios se trasladaron hacia la otra casa y entonces cuando están entrando se escuchan varios disparos, de igual forma los funcionarios (le) dijeron que lo (sic) acompañaran hacia la sede de PTJ para tomar(le) una entrevista, es todo…’»
1.3 Que: «(e)n fecha 11/04/02 según memorándum nº 9700-089-494 procedente de la División Contra la Extorsión y Secuestro del Cuerpo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se libró orden por parte de esta División, a los fines de tomarle Fotografía y Reseña a la ciudadana L. Y. C. M, bajo Clisé nº 0071. Mencionando en dicho memorándum que e(se) Despacho Fiscal, a solicitud del Dr. Rojas Ovidio Manuel, titular de e(se) Despacho había solicitado la misma; siendo esta errada ya que en ningún momento fue librada dicha orden…» (sic)
1.4 Que la ciudadana L. Y. C. R. solicitó a esa representación del Ministerio Público que «su situación jurídica sea restablecida, a los fines de poder solicitar ante la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), el trámite respectivo de sus documentos de identidad, en virtud de que la misma se encuentra en situación irregular (vencida) y la misma es de nacionalidad extranjera; requirió tramitar su documentación, no siéndole (sic) ya que la misma aparecía en pantalla reseñada, bajo Clisé nº 0071; situación este (sic) que hace imposible la tramitación de sus documentos de identificación. Ciudadano Juez es de saber que dicha reseña vulneró, los derechos Constitucionales de esta ciudadana, ya que las mismas son ilegales y deben restablecerse los mismos.»(sic)
2. Pidió: «(Que) ese Órgano Jurisdiccional, garante de los Derechos Constitucionales restablezca la situación Jurídica infringida en la persona de la ciudadana L. Y. C. M. , titular de la cédula de identidad nº x-xx.xxx.xxx.«
II
.- DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró su incompetencia para el conocimiento de la solicitud por cuanto estimó que:
«Tal solicitud innominada fue formulada y enviada por distribución, recibida en este Tribunal el 14 de los corrientes, a la cual se anexó una causa contentiva de dos (02) piezas, la primera de ciento cincuenta y ocho (158) folios útiles y la segunda de veinte (20) folios útiles, la cual originalmente no pertenece a este Despacho, ya que se inició la investigación G-125.789 en Abril de 2002, por la presunta comisión de delitos Contra la Propiedad, contra la Libertad Individual de las Personas y contra la Cosa Pública, bajo la supervisión del Fiscal 24° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Dr. Manuel Ovidio Rojas Mejías, y que a raíz de la visita domiciliaria realizada el 11 de Abril de 2002 en la vivienda ubicada en el sector 5, El Plan, Casa sin número, Urbanización García Caraballo en Caricuao, en la cual fallecieron violentamente dos personas y hasta ahora ningún Tribunal de Control había conocido de esa investigación.
No se trata de un Acto Conclusivo, el escrito presentado por la Fiscalía, ni de una solicitud que provoque una incidencia intra-procesal, ni la persona cuyos derechos aparecen violentados, ha resultado imputada en la investigación.
La solicitud en cuestión y a pesar de que no ha sido fundamentada en este sentido, constituye un verdadero Habeas Data, modalidad de Amparo Constitucional que prospera ante la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 de la Constitución Nacional, ya que en el presente caso se persigue la destrucción de una información (reseña y solicitud) practicadas en contra de la ciudadana Luz Judith Correa Martínez, consecuencia de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios policiales bajo la supervisión de Fiscales del Ministerio Público.
Al ubicar la solicitud fiscal innominada como un verdadero Habeas Data, de inmediato se colige la incompetencia de este Tribunal a (su) cargo para tramitarlo, pues lo Tribunales en funciones de control sólo pueden conocer y tramitar los Amparos a la Libertad y Seguridad Personal, según lo dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Tradicionalmente la competencia de estos Habeas Data correspondía a los Tribunales en Funciones de Juicio, pero a partir del año 2000, diversas decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, le atribuyen competencia a esa misma Sala para conocer de estos Amparos, hasta tanto sea dictada por la Asamblea Nacional, la Ley Especial que haga efectivos los derechos a que se refiere el artículo 28 constitucional (derecho de acceso a la información, derecho de conocer, uso y finalidad de los datos, derecho de actualización, rectificación y destrucción de la información) y de acuerdo con sentencia nº 2.947 del 10 de Octubre de 2005 con ponencia del Dr. Rondón Haaz señalando que el procedimiento aplicable es el establecido en el Código de Procedimiento Civil para el juicio oral con variantes destinadas a potenciar la oralidad, brevedad, concentración e inmediación de esta clase de procesos».
III
.- DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
La Sala observa que la declinatoria de competencia que hizo el Juez Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se fundó en que la demanda de autos se trataba de unhabeas data, por cuanto «persigue la destrucción de una información».
Ahora bien, esta Sala ha hecho la distinción entre una pretensión de amparo y una de habeas data
para la determinación del tribunal competente para el conocimiento de los derechos que se reconocen en el artículo 28 constitucional, así como del procedimiento aplicable en uno u otro caso. La diferencia entre amparo y habeas data se basa en que, a través del primero, no se pueden constituir situaciones jurídicas, sino restablecerlas en caso de violación a derechos constitucionales, en tanto que mediante el segundo se puede constituir una nueva situación jurídica para la parte actora.
En el caso de autos, el aspecto fundamental consiste en la determinación de si la situación que se denunció puede ser corregida a través de una demanda de amparo o de un habeas data.
Esta Sala, en decisión nº 1050 dictada el 23 de agosto de 2000 (Caso: Ruth Capriles y otros), estableció lo siguiente:
«…esta Sala debe previamente dilucidar si es competente para conocer de la presente acción, si es que ella se trata de un amparo constitucional, ya que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no fundan los actores sus pedimentos, si se trata de otra que pueda conocer como respuesta al ejercicio de un derecho constitucional. De tratarse de un amparo constitucional, esta Sala será competente, como también lo sería si lo incoado es una acción prevista en la Carta Fundamental para que los derechos constitucionales se apliquen de inmediato, y así se declara.
Para decidir la Sala observa:
El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras. Dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros. Tanto el Estado, como los particulares, mediante diversas formas de compilación de datos: manuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas, la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 citado. Estos derechos son:
1) El derecho de conocer sobre la existencia de tales registros.
2) El derecho de acceso individual a la información, la cual puede ser nominativa, o donde la persona queda vinculada a comunidades o a grupos de personas.
3) El derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y exactitud de la información recolectada sobre él.
4) El derecho de conocer el uso y finalidad que hace de la información quien la registra.
5) El derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo.
6) El derecho a la rectificación del dato falso o incompleto.
7) El derecho de destrucción de los datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas.
Se trata de derechos que giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que se requiere un interés, personal, legítimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el que lo origina. Basta leer el artículo 28 de la vigente Constitución, para que todos estos derechos puedan identificarse. Dicha norma reza:
‘Toda persona tiene derecho de acceder [derecho de acceso] a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes [necesidad de interés personal y directo] consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso [derecho de conocimiento] que se haga de los mismos y su finalidad [derecho de conocer uso y finalidad], y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos [derecho de respuesta, actualización, rectificación y destrucción]. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley’.
Como se evidencia de la lectura de la norma, quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales, y ello mediante una acción que aun no ha desarrollado la ley, lo que a juicio de esta Sala no impide -que mientras la ley la establezca- se incoe mediante el recurso de amparo constitucional, si es que la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 citado, lesionan la situación jurídica de las personas.
En este orden de ideas, en sentencia del 14 de marzo de 2001 (caso: INSACA), la Sala ratificó su competencia para el conocimiento de las demanda de habeas data, así:
«Ha sido criterio de esta Sala, sostenido en fallos de 20 de enero y 1º de febrero de 2000, que las normas constitucionales tienen vigencia plena y aplicación directa, y que cuando las leyes no han desarrollado su ejercicio y se requiere acudir a los tribunales de justicia, debido a la aplicación directa de dichas normas, es la jurisdicción constitucional, representada por esta Sala Constitucional, la que conocerá de las controversias que surjan con motivo de las normas constitucionales aun no desarrolladas legislativamente, hasta que las leyes que regulan la jurisdicción constitucional, decidan lo contrario.
Con esta doctrina la Sala evita la dispersión que ocurre en otros países, donde la acción de habeas data que se incoa autónomamente, ha sido conocida por Tribunales Civiles, o de otra naturaleza, tomando en cuenta la afinidad de la materia que conoce el tribunal con la que se pretende ventilar con el habeas data.
Existiendo en el país una Sala Constitucional, específica para conocer lo relativo a las infracciones de la Carta Fundamental, no parece lógico, ante el silencio de la ley, atribuir el conocimiento de estas causas a tribunales distintos. Tal interpretación es vinculante a partir de esta fecha y así se declara. Ahora bien, en cuanto a los amparos por infracción del artículo 28 constitucional, se aplican las disposiciones y competencias ordinarias en la materia» (destacado de esta Sala).
La pretensión que se dedujo en la demanda de autos, es la eliminación del registro policial errado que hizo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas -según alegó la representante del Ministerio Público-, el cual está afectando ilegítimamente los derechos fundamentales de la ciudadana L. J. C. R. al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la nacionalidad, a la obtención de documentos de identidad y al libre tránsito.
De las denuncias de violación consumada y de amenaza de inminente violación o ilegítima afectación de los derechos fundamentales de la quejosa, por consecuencia de la conducta que se denunció y se atribuyó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, deriva esta juzgadora, de conformidad con su doctrina que anteriormente invocó, la conclusión de que, la actual pretensión debe tramitarse como una demanda de habeas data, por cuanto lo que procura la agraviada es la creación de una nueva situación, es decir la eliminación del registro policial existente. Así se decide.
En consecuencia, ya que la pretensión que se dedujo en la demanda es la eliminación de una información errada que se denuncia le afecta ilegítimamente sus derechos, hecho que se subsume en una demanda de habeas data,
esta Sala Constitucional, declara su competencia. Así se declara.
IV
.- MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la legitimación para el ejercicio de la demanda de habeas data
que intentó la representante del Ministerio Público a favor de la ciudadana L. J. C. R. y sobre su admisibilidad; para ello, considera necesario la formulación previa de las siguientes consideraciones:1. El 10 de abril de 2002, el ciudadano S. T. S. denunció, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el secuestro de su hermano P. T. S. y el robo del vehículo donde éste se trasladaba.
2. El 11 de abril de 2002, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se presentó en un sector del Barrio García Carballo de Caricuao donde permanecía privado ilegítimamente de su libertad el ciudadano P. T. S. Una vez allí, la comisión tocó la puerta de la casa de la ciudadana L. J. C. R. y le solicitó su colaboración; le preguntaron que si su casa se comunicaba con la de al lado y ella les manifestó que no, pero que ella autorizaba la entrada porque era la dueña de la casa, que estaba alquilada. Posteriormente, los funcionarios entraron a la otra casa y se produjo un intercambio de disparos, en el cual fallecieron dos de los supuestos delincuentes.
3. A continuación, fue rescatado el ciudadano P. T. S. y los funcionarios policiales pidieron a la ciudadana L. J. C. R. que los acompañara a la sede del cuerpo policial para que rindiera una declaración sobre los hechos.
4. Luego de que la ciudadana L. J. C. R. rindió su declaración, fue reseñada por orden de la División contra la Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El memorando nº 9700-089-494, procedente de dicha División señala que la reseña policial fue ordenada por el Fiscal 24° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
5. En septiembre de 2005, la ciudadana L. J. C. R. compareció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, por cuanto no podría concluir su trámite de naturalización, ya que aparecía reseñada en el Sistema de Información Policial (SIPOL). Dicho órgano policial le indicó que se dirigiera al Fiscal del Ministerio Público que llevaba el caso para que pudiera darle solución a su problema.
6.
La Fiscal Auxiliar 24° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, luego de que comprobó en el expediente policial la verdadera situación jurídica de la ciudadana L. J. C. R., solicitó a un Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que ordenara la eliminación de esa reseña, toda vez que la misma, además de errónea, es ilegal, por cuanto en ningún momento el Fiscal 24° titular del Ministerio Público ordenó que se le realizara la reseña a la antedicha ciudadana; por el contrario, ella prestó su colaboración en el curso de la investigación.
Ahora bien, del oscuro escrito que presentó la representación del Ministerio Público y de los autos que cursan en el expediente se desprende que la ciudadana L. J. C. R. acudió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con el objetivo de que le arreglaran su situación jurídica, toda vez que es extranjera y actualmente se encuentra pendiente su trámite de naturalización antela Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y no lo ha podido concluir, por cuanto existe una reseña equivocada en el Sistema de Información Policial (SIPOL), que le impide la obtención de sus documentos de identidad.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas le habría informado a la prenombrada ciudadana que, efectivamente, era un error dicha reseña, pero que se dirigiera al Ministerio Público y buscara al Fiscal que llevaba el caso donde aparecía como testigo, para que dicho Fiscal le solventara la situación.
La Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la situación que aqueja a la ciudadana L. J. C. R., solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas las actuaciones policiales que cursan en el expediente G-125.789. Una vez que recibió las actuaciones policiales y verificó la verdadera situación jurídica de la quejosa, solicitó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el restablecimiento de la situación jurídica infringida, por cuanto dicha ciudadana no está imputada por ningún delito, y la reseña que efectuó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas es «errada» y no fue ordenada por el Ministerio Público; además de que a dicha ciudadana se le ha hecho imposible la conclusión de su trámite de naturalización y la obtención de documentos de identidad, razón por la cual se encuentra de manera ilegal en el país.
Ahora bien, observa la Sala que, en el caso de autos, el Ministerio Público pretendió actuar como legitimado activo en la demanda de habeas data bajo examen, cuando en realidad el interés jurídico objeto de tutela no les es propio, por tanto no tiene cualidad para hacerlo valer en juicio, ya que lo que se procura es la eliminación de una información de carácter policial que refiere a la ciudadana L. J. C. R. como persona solicitada.
Así, los datos cuya exclusión se requirió corresponden a la quejosa, y la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales sólo afecta directamente su esfera jurídica.
Por ello, estima esta Sala que el Ministerio Público no tiene cualidad para el ejercicio de la demanda de habeas data, ya que los datos que espera se eliminen, son datos personales de la ciudadana L. J. C. R., razón por la cual, a la luz de lo que se estableció en sentencia nº 332 del 14 de marzo de 2001 (Caso: INSACA), no puede reconocérsele la legitimación activa a la representante del Ministerio Público, puesto que la afectación de los derechos no recae sobre su esfera jurídica y no ostenta el interés directo para la solicitud de exclusión de la información. Así se decide.
Con respecto a la legitimación pasiva en el caso de autos, observa esta Sala lo siguiente:
Dispone el artículo 285, cardinal 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
«Son atribuciones del Ministerio Público:
(…)
2. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.»
Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece las atribuciones del Ministerio Público y de los Fiscales, en los siguientes términos:
«Artículo 11.-
(…)
Ejercer la dirección funcional de las investigaciones penales de los órganos de policía correspondientes, cuando tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y supervisar la legalidad de esas investigaciones;
Tales órganos son aquellos que por ley están obligados a investigar la comisión de hechos punibles y la responsabilidad de sus autores y partícipes;»
«Artículo 34.- Son deberes y atribuciones de los fiscales del Ministerio Público:
(…)
7º. Dirigir en los casos que le sean asignados las investigaciones penales, realizadas por los órganos policiales competentes, y supervisar la legalidad de las actividades correspondientes;»
Igualmente, el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente:
«Artículo 108. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal:
1. Dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones para establecer la identidad de sus autores y partícipes;
2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción;»
De las disposiciones que fueron transcritas se evidencia que el Ministerio Público es el órgano que se encarga de la investigación penal, en virtud de que ordena la apertura de la investigación, la dirige y la supervisa hasta su conclusión. Asimismo, se evidencia que los órganos de policía de investigación se encuentran bajo subordinación funcional del Ministerio Público y deben darle cumplimiento a las órdenes que éste les dé en el curso de una investigación, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual estén sometidos. (Vid. artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la subordinación)
Es evidente para esta Sala que es el Ministerio Público quien tiene la facultad para ordenar la eliminación de la reseña policial de la ciudadana L. J. C. R., luego de que comprobó que dicha reseña fue un error del órgano policial que llevó a cabo la investigación y como efecto de que éste está bajo su dirección. Así, el Ministerio Público, como supervisor de la investigación, fue negligente cuando no corrigió el error por parte del órgano policial bajo su dirección, porque una vez que verificó que la reseña no había sido ordenada por ningún Fiscal del Ministerio Público, sino que lo había hecho el órgano policial motu proprio debió ordenar la inmediata exclusión del dato errado del Sistema de Información Policial, para el restablecimiento, de ese modo, de la situación jurídica a la quejosa.
En este orden de ideas, se insiste, la Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como garante de la legalidad y parte de buena fe, debió ordenar, por sí misma y de inmediato, la exclusión del registro policial cuando comprobó el error en que incurrió el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, como órgano policial subordinado en cuanto a la investigación penal; y no pretender, a través de la vía judicial, la subsanación de dicha situación, subsanación que está dentro de sus facultades de dirección de la investigación.
En razón de todos los argumentos que se expusieron, esta Sala concluye que la legitimación activa para el planteamiento de la pretensión de autos se verifica en cabeza de la ciudadana L. J. C. R., pues lo que pretende es la exclusión de una información de carácter policial, que la refiere como persona solicitada por la supuesta participación en un hecho punible y la legitimación pasiva recae en cabeza del Ministerio Público, ya que es ese órgano quien, dentro del marco de sus atribuciones, debe y puede ordenar la supresión de la reseña que fue verificada como errónea.
Finalmente, dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:
«Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada.»
En razón de las fundamentaciones que se expusieron, considera esta Sala que la demanda de habeas data que intentó la
Fiscal Auxiliar Vigésimo Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada Yamilet Gammarra Sayago a favor de la ciudadana L. J. C. R. contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, resulta inadmisible, de conformidad con el artículo 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque carece de legitimación activa para la incoación de la dicha demanda. Así se decide.Sin embargo, ante la evidencia de que le asiste la razón a la quejosa y de que el Ministerio Público concuerda con ello, se exhorta a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que realice de inmediato todos los trámites necesarios para la eliminación de la reseña policial de ciudadana L. J. C. R.. Así, igualmente se decide.
V
.- DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, d
eclara INADMISIBLE la demanda de habeas data que intentó la Fiscal Auxiliar Vigésimo Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada Yamilet Gammarra Sayazo, a favor de la ciudadana L. J. C. R. contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Se EXHORTA a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a que realice, de inmediato, todo lo pertinente para la supresión de la reseña policial de la prenombrada ciudadana.Publíquese, regístrese y archívese la primera pieza del expediente. Devuélvase al Ministerio Público la segunda pieza del expediente, continente del expediente correspondiente a la investigación policial en el marco de la cual se produjo la reseña de la ciudadana Correa.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de octubre de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, Ponente
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO