SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 50/2000, 28 DE FEBRERO

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 2498/95, interpuesto por don José Peinado Rodríguez representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí y con la asistencia letrada de don Francisco Baena Bocanegra, contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1995 que confirmó la de 20 de julio de 1994, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. El 4 de julio de 1995 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el escrito de la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de don José Peinado Rodríguez, por medio del cual se interponía el recurso de amparo del que se hace mérito en el encabezamiento. En la demanda se nos cuenta que a consecuencia de denuncia efectuada por funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por la que se pone en conocimiento del Juez Decano de Sevilla la existencia de rumores sobre la existencia de una red de loterías ilegales en la que podría estar complicado el hoy recurrente, funcionario del Cuerpo Superior de Policía, se incoaron por el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Sevilla diligencias previas núm. 2903/91. Con el fin de desenmascarar la referida red, la Brigada de Régimen Interior de la Policía solicitó, el 3 de julio de 1991, autorización judicial para intervenir el teléfono particular del actual recurrente y de otro perteneciente a la Comisaría de Policía del Distrito de la Macarena, donde a la sazón se hallaba destinado. Con esa misma fecha se dicta Auto acordando la intervención del número de teléfono 4512134, perteneciente a la abonada doña Salud Benítez Castro –cónyuge del recurrente–, por un delito contra la Hacienda Pública, fijando un plazo de treinta días de efectividad. Los días 2 de agosto y 2 de septiembre se prorroga por treinta días la intervención de dicho número. Y por Auto de 13 de agosto, prorrogado por otro de 12 de septiembre, se autoriza, por el mismo delito, la intervención del número correspondiente a la Comisaría de Policía. Finalmente, por Auto de 4 de octubre de 1991 se ordena la desconexión de la intervención de ambos teléfonos.

Tras el correspondiente Auto de incoación de procedimiento abreviado, y tras calificación del Ministerio Público, el 20 de febrero de 1992, se acuerda la apertura de juicio oral contra el hoy recurrente por un delito de fraude de los contemplados en el art. 401.1 del Código Penal (negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos). En el juicio oral fue suscitada cuestión previa de violación de los derechos fundamentales del ahora recurrente, y que desestimada por Auto, y posteriormente recurrida en súplica en el marco de la vista oral, que se entendió por la Audiencia Provincial improcedente en ese momento procesal, por lo que fue la queja remitida a la impugnación de la Sentencia.

Dictada Sentencia el 20 de julio de 1994, en la que se condenaba al recurrente como autor de un delito del art. 401 del Código Penal, se interpuso recurso de casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que recayó la Sentencia objeto del presente proceso. En ella, pese a declarar la nulidad de los Autos por los que fueron acordadas las intervenciones telefónicas y sus prórrogas, como asimismo de las pruebas a través de ellas obtenidas (fundamentos de derecho 2 y 3) –por vulnerar los principios de proporcionalidad, motivación y especialidad–, se concluyó confirmando la Sentencia de instancia, por entender que dicha nulidad no irradiaba sobre otras pruebas correctamente apreciadas ya en primer instancia (fundamento de derecho 3 de la Sentencia recurrida), en la que se enumeran hasta nueve indicios que el Tribunal estima no conectados causalmente con la intervención telefónica y no contaminados pues por la nulidad decretada (fundamento jurídico 4 de la Sentencia de la Sala Segunda), indicios referidos al período en que el recurrente desempeñaba la Jefatura de Gestión Económica de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla (1986-1990) y que se estiman base suficiente para destruir la presunción de inocencia, en lo que se refiere al delito por el que finalmente se produce la condena.

2. La Sección Tercera por providencia de 16 de noviembre de 1995 acordó recabar la remisión del testimonio de las actuaciones judiciales, con carácter previo a la decisión sobre la admisibilidad del presente recurso de amparo y, por providencia de 29 de enero de 1996, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio fiscal el plazo común de diez días para que formularan, de conformidad al art. 50.1 c) LOTC, las alegaciones que estimaran pertinentes con relación a la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda y una vez formuladas, por providencia de 4 de marzo de 1996, admitió a trámite la demanda, acordando que fueran emplazados quienes hubieran sido parte en el procedimiento judicial para que pudieran comparecer en este recurso de amparo.

3. El Ministerio Fiscal presentó el 13 de junio de 1996 su escrito de alegaciones, donde pidió que fuera otorgado el amparo y anuladas las sentencias impugnadas. A tal fin, y tras recordar que la demanda se centra en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del demandante condenado sobre las pruebas de las escuchas telefónicas llevadas a cabo, señala que el Tribunal Supremo, no obstante, reconociendo que la prueba de escuchas es nula en este caso, termina afirmando que la prueba indiciaria tenida en cuenta para condenar en la Sentencia de instancia no estaba ligada causalmente con la investigación telefónica considerada nula y, en consecuencia, no puede estimarse contaminada por ella.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal, después de un recorrido por los criterios que nuestra jurisprudencia y la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos han sentado sobre el particular, llega a la conclusión de que en el caso que nos ocupa, las intervenciones telefónicas practicadas han adolecido de falta de requisitos esenciales que las convierten en nulas. Así, señala la falta de motivación de los Autos que las autorizaron que podría ser discutible si se tiene en cuenta la motivación por remisión a la información policial recibida, amplia y detallada, la ausencia de proporcionalidad con el delito supuestamente cometido (el enriquecimiento de un funcionario enlazando su cargo con determinados negocios es una forma de corrupción grave), y la falta de precisión del delito por el que se concedían las autorizaciones para efectuar la intervención (en principio un delito contra la Hacienda Pública, por pertenecer a un grupo que traficaba con lotería ilegal, y, después, la relación económica con el dueño de una ferretería).

Pero, a juicio del Ministerio Fiscal es la falta de control judicial sobre las intervenciones lo que constituye su principal ilicitud y, consiguientemente, su nulidad. Las cintas originales no constan que se hayan entregado al Juez, ni que éste las haya tenido a disposición de las partes, ni que su transcripción se efectuara desde las cintas originales en presencia del Secretario judicial, sino que, por el contrario, se da por buena la transcripción efectuada por la policía que, de esta manera, sustrae al control judicial el secreto de las comunicaciones, y crea indefensión material en el acusado. Porque no es la nulidad de esta prueba lo que se discute en la Sentencia del Tribunal Supremo sino que, dando por nula la misma, sin embargo se considera que ninguna relación perversa tiene con las demás practicadas. Y es este parecer del Tribunal Supremo el que no puede tampoco compartir el Fiscal.

Basta repasar los folios 98, 99, 118, 124, 137, 153, 158, 165, 166, 200, 242 y 243, entre otros, para observar la estrecha relación que existe entre las conversaciones telefónicas grabadas y que el Tribunal Supremo califica de desproporcionadas y generalistas, y las demás pruebas practicadas, tanto las declaraciones del condenado y de su socio Sr. Gómez Doblas a lo largo de la instrucción, como el descubrimiento de su cuenta bancaria o de la ferretería que poseía dicho socio, las sociedades que crearon y en definitiva, las actividades todas por las que luego resultó condenado. Se conoció la relación del Sr. Gómez Doblas con el acusado y se pudo investigar la existencia de la ferretería y de las sociedades en las que estaban las hijas del acusado, las cuentas corrientes y demás circunstancias acusatorias precisamente porque en las conversaciones intervenidas aparecieron datos que permitieron iniciar esa investigación. Lo demuestra así el hecho de que, antes de las intervenciones y de lo que por ellas pudo conocerse la policía únicamente sabía que en Sevilla podía existir un tráfico de lotería ilegal y que en él quizá estuviera implicado un policía llamado don José Peinado. Las pruebas indiciarias que después han servido para condenar derivan o están inmediatamente derivadas de las intervenciones y ello hace, en fin, que la nulidad de éstas implique también la de aquéllas.

4. El demandante presentó sus alegaciones el mismo día 13 de junio de 1996 en el que dio por reproducidas las contenidas en la demanda.

5. Por providencia del día 24 de febrero de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 28 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el proceso constitucional de amparo, cuando éste se pretende respecto del Poder Judicial, el objeto consiste en una decisión cualquiera que fuera su forma, en este caso de sentencia, donde se ponga fin a la vía procesal sin posibilidad de ulterior remedio. La otra cara de este elemento objetivo, la pretensión, está representada por la petición de que sea anulada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó al recurrente de amparo al considerar probada su participación, en calidad de autor, en hechos constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. La pretensión del actor está apoyada en que dicha resolución judicial y la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que la confirmó, se han producido con vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

Y, así, en la demanda de amparo se sostiene que no han existido pruebas válidas para fundar la condena, relatándose detenidamente que las pruebas indiciarias tenidas en cuenta por la Sentencia condenatoria en la instancia, todas ellas, derivan de las escuchas telefónicas practicadas en las actuaciones, cuya nulidad absoluta ha sido reconocida en la misma Sentencia de casación. En este sentido, aquellos indicios, que también son aceptados por el Tribunal Supremo como suficientes para condenar al recurrente, se hallaban contaminados por la nulidad decretada de las intervenciones telefónicas, pues el efecto indirecto previsto en el art. 11.1 LOPJ puede considerarse referido a supuestos, como es a juicio del actor el presente, en que la prueba obtenida lícitamente lo es sobre la base de otra actividad que de manera directa ha vulnerado ese derecho fundamental.

2. Deslindado así el ámbito de este litigio, conviene avanzar el discurso con el recuerdo de nuestra doctrina que, desde la STC 114/1984, de 29 de noviembre, ha afirmado la prohibición absoluta de valoración de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, de este modo ha recaído una abundantísima jurisprudencia de este Tribunal que ha declarado, en esencia, que los medios de prueba no pueden hacerse valer, ni pueden ser admitidos, si se han obtenido con violación de derechos fundamentales (SSTC 114/1984, de 29 de noviembre, 107/1985, de 7 de octubre, 64/1986, de 21 de mayo, 80/1991, de 15 de abril, 85/1994, de 14 de marzo, 181/1995, de 11 de diciembre, 49/1996, de 26 de marzo, 81/1998, de 2 de abril, y 49/1999, de 5 de abril). Como se dice en la STC 49/1996, para un supuesto, precisamente, de intervenciones telefónicas: «Una vez establecido que la intervención de las conversaciones telefónicas …. se produjo con vulneración de derechos fundamentales, hemos de concluir que todo elemento probatorio que pretendiera deducirse del contenido de las conversaciones intervenidas no debió ser objeto de valoración probatoria. Al no proceder así la Audiencia Provincial de Barcelona y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resultó violado el derecho a la presunción de inocencia del peticionario de amparo» (FJ 5).

Por consiguiente, la interdicción de la admisión de la prueba prohibida por vulneración de derechos fundamentales deriva directamente de la Constitución, por la colisión que ello entrañaría con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes (arts. 24. 2 y 14 CE), y se basa, asimismo, en la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables (art. 10.1 CE). Para decirlo con las palabras expresadas en la germinal STC 114/1984 antes citada, «constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de las ‘garantías’ propias al proceso (art. 24.2 de la Constitución) implicando también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio (art. 14 de la Constitución), desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de otro. El concepto de ‘medios de prueba pertinentes’ que aparece en el mismo artículo 24. 2 de la Constitución, pasa, así, a incorporar, sobre su contenido esencialmente técnico-procesal, un alcance también sustantivo, en mérito del cual nunca podrá considerarse ‘pertinente’ un instrumento probatorio así obtenido» (FJ 5).

Ahora bien, conviene precisar, como hace la STC 81/1998, del Pleno de este Tribunal, que «la presunción de inocencia, como derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, no puede eregirse, a la vez, en canon de validez de las pruebas: ese canon ha de venir dado por el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías». Y si es cierto que al valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales u otras que sean consecuencia de dicha vulneración, puede resultar lesionado, no sólo el derecho a un proceso con todas las garantías, sino también la presunción de inocencia, pero «ello sucederá si la condena se ha fundado exclusivamente en tales pruebas; pero si existen otras pruebas de cargo válidas e independientes, podrá suceder que, habiéndose vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, la presunción de inocencia no resulte, finalmente, infringida» (FJ 3).

3. Pues bien, el condenado se duele de que al haberlo sido como consecuencia de pruebas conseguidas a partir de otra declarada ilícita, le ha sido vulnerado por tanto su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías (art. 24. 2 CE). A su juicio, con cita de cierta jurisprudencia de este Tribunal, es evidente la interdependencia que existe entre las escuchas declaradas ilegales en la misma Sentencia del Tribunal Supremo que ahora es objeto de impugnación y la investigación policial realizada a partir precisamente de aquéllas. Por lo que solicitó que fuera otorgado el amparo y, en consecuencia, anuladas las Sentencias impugnadas.

En el presente caso razona la demanda que ha existido una conexión causal entre la prueba ilícita y la legalmente obtenida, por el hecho de que sólo a partir de la intervención luego declarada nula –y en concreto a partir de una conversación mantenida por el recurrente con un tercero desconocido el 9 de julio de 1991– se dirige la investigación policial al posible delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. En el mismo sentido apunta el Ministerio Fiscal a partir del examen de las actuaciones que, a su criterio, revelan que la actividad investigadora que concluyó con la obtención de los indicios aceptados como prueba de cargo, se emprendió sobre la única base de las escuchas telefónicas declaradas nulas por el Tribunal Supremo.

Así las cosas, hay que matizar que la declaración que prestó ante la Policía el testigo don Manuel Gómez Doblas (folios 444 a 449), a la sazón socio del funcionario encausado en las sociedades que motivaron la condena, puede entenderse como no completamente provocada a raíz de las escuchas ilícitas, en cuanto, al menos, y a diferencia de la declaración ante la Policía del propio encausado (folio 484), prestó su testimonio sin que previamente se le hicieran oír las cintas en las que él mismo aparecía como parte en la conversación o simplemente mencionado. Esto no obstante, es de reseñar que esta declaración, de fecha 2 de octubre de 1991, se produce con posterioridad a que por primera y sucesivas veces se le mencionara en las grabaciones ilícitas –9 de julio, 22 de agosto, 2 de septiembre, 16 y 17 de septiembre de 1991– y también con posterioridad a que la Policía, a resultas de las tan citadas escuchas ilegales, obtuviera la conclusión de que el recurrente mantenía relaciones comerciales con dicho testigo, relaciones que son la base de la condena penal (folios 158-159). Por consiguiente, establecida indubitadamente por el propio Tribunal Supremo la nulidad de la intervención telefónica, nuestro examen habrá de atender en adelante a dilucidar en qué medida pudiera establecerse una clara desconexión causal entre las grabaciones ilícitas y el resto de los indicios o testimonios incriminatorios que sirvieron de base a la destrucción de la presunción de inocencia de que goza el recurrente.

4. En relación con las intervenciones telefónicas, existe un cuerpo de doctrina de este Tribunal (comprendido, entre otras, en las SSTC 85/1994, 86/1995, de 6 de junio, 181/1995, 49/1995, de 16 de febrero, 123/1997, de 1 de julio, y la recientemente dictada por el Pleno 44/1999, de 22 de marzo) que, en sintonía con la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, exige el estricto cumplimiento y respeto de una serie de exigencias constitucionalmente inexcusables, que afectan al núcleo esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, como son la previsión legal, la autorización judicial previa y motivada, la estricta observancia del principio de proporcionalidad y la existencia de control judicial efectivo en el desarrollo y cese de la medida.

En tal sentido la STC 81/1998, antes citada, estableció un criterio básico para determinar cuándo las pruebas derivadas de otras constitucionalmente ilegítimas podían ser valoradas y cuándo no. Ese criterio se cifraba en determinar si entre unas y otras existía lo que denominamos «conexión de antijuricidad». «Para tratar de determinar si esa conexión de antijuricidad existe o no», dijimos entonces, «hemos de analizar, en primer término la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones materializadas en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de determinar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla; pero, también hemos de considerar, desde una perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas dos perspectivas son complementarias, pues sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configuran el contenido del derecho fundamental sustantivo (STC 11/1981, FJ 8)».

Pero también afirmamos que la importancia del papel que ha de atribuirse al conocimiento derivado de las pruebas obtenidas con vulneración inmediata del derecho al secreto de las comunicaciones en la obtención de otras pruebas, el nexo, en definitiva entre la prueba originaria y las pruebas derivadas, no es en sí mismo un hecho, sino un juicio de experiencia acerca del grado de conexión que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestionada, juicio que corresponde hacer a los Jueces y Tribunales ordinarios (STC 81/1998, FJ 5), sin perjuicio de la comprobación de la razonabilidad del mismo por parte de este Tribunal Constitucional en esta vía de amparo.

5. En definitiva, desechado que pueda traerse a colación la existencia de un mero hallazgo casual de indicios o pruebas de un hecho incriminado –el del delito de negociaciones prohibidas a funcionario- con ocasión de la ilícita investigación de otro hecho delictivo –de defraudación a la Haciendo Pública–, pues los primeros indicios de aquél otro hecho delictivo se obtienen de forma igualmente ilícita, es obvio que hay que concluir aceptando la tesis, del Ministerio Fiscal y del recurrente, que defiende la relación existente entre dicha anulada intervención telefónica y las demás pruebas tomadas en consideración en este asunto. Que esto es así se desprende con toda claridad de las actuaciones.

En efecto, es suficiente la lectura de los folios 98, 99, 118, 125, 137, 153, 158, 165, 166, 200, 242 y 243, para apreciar con total claridad cómo las declaraciones allí recogidas del condenado y de su socio, el descubrimiento de la cuenta bancaria y del establecimiento comercial de ferretería a nombre de éste y las sociedades que constituyeron donde estaban las hijas del acusado, afloran a la luz en principio a partir exclusivamente de las conversaciones telefónicas intervenidas sin que se justifique la ruptura de la conexión que surge de esas actuaciones en el razonamiento expuesto en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia que se limita a decir lo siguiente:

«Mas ello no produce el efecto de nulidad ‘irradiante’ sobre las demás pruebas tomadas en cuenta en la instancia con arreglo a los artículos 117.3 de la CE y 741 de la LECrim. La prueba indirecta, circunstancial o derivada de indicios ha sido adecuadamente valorada en el FJ 3º de la sentencia recurrida con arreglo a las normas contenidas en los artículos 1249 y 1253 del Código civil. Con una seria y plausible corrección epistemológica, tal fundamento fija hasta nueve hechos-base o indicios a través de los cuales establece la conclusión de condena con arreglo a los parámetros constantes de la doctrina jurisprudencial tanto del TC como de esta Sala del TS. Si los indicios o hechos-base no dependían causalmente de las líneas policiales de investigación, al producirse con origen en documentos públicos, registrales y bancarios; las consecuencias no pueden ser otras que las consiguientes, de un lado, en estimar ‘no contaminadas’ dichas pruebas por la investigación policial, y de otro, como consecuencia obligada, estimar enervada la presunción de inocencia».

En síntesis y como recapitulación, trayendo causa todo el acervo de naturaleza indiciaria o circunstancial, de una prueba ilícitamente obtenida, esa tal ilegitimidad de origen que la hace nula ha contaminado aquellas otras posteriores y las convierte en inservibles como tales para quebrar la presunción de inocencia que corresponde a todo acusado, a quien por tanto debe dársele el amparo que nos pide.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por don José Peinado Rodríguez y, en consecuencia:

1º Reconocer que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la presunción de inocencia.

2º Restablecerle en su derecho y, para ello, anular las Sentencia dictadas el 5 de junio de 1995 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el 20 de julio de 1994 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil.