La Caja de Ahorros del Banco del Estado de la carrera 8 nº 15-73 negó una solicitud apertura de cuenta formulada por Alirio Martínez Serna, aduciendo que -según reporte de la Central de Información del Sector Financiero de la Asociación Bancaria- tenía una deuda vencida con la Caja Agraria, sucursal el Retiro, que le había otorgado un crédito dentro de una línea especial creada por el Gobierno para sufragar gastos de los aspirantes a la Asamblea Nacional Constituyente, garantizado mediante la suscripción de un pagaré en el cual figuran como codeudores su esposa y su hijo.

Para colocar el pagaré la Caja Agraria adelanta actualmente un proceso ejecutivo en el Juzgado Tercero del Distrito Civil de Bogotá, el cual sigue su curso normal sin que el juez haya proferido aún sentencia. El peticionario reconoce que el incumplimiento de su obligación obedece a innumerables gastos personales y manifiesta también que -como consecuencia directa del reporte de la Asociación Bancaria, tanto él como su esposa y su hijo se han visto privados de tener acceso a los servicios propios de los bancos y demás entidades financieras del país, lo cual le ha acarreado perjuicios materiales y morales.

El señor Alirio Martínez Serna impetra tutela contra la Asociación Bancaria de Colombia, como mecanismo transitorio para proteger urgentemente los derechos fundamentales que le han sido violados, solicitando se ordenara suspender el registro de la «sanción» impuesta en contra de él, su esposa y su hijo.

El actor estima violado su derecho fundamental al debido proceso (C.N., art. 291). En diversos memoriales que aparecen en el Expte. considera que se han violado también sus derechos a la vida, al trabajo, a la honra, a la dignidad humana, a la salud, a la intimidad.

Añadió que el retiro de su nombre del banco de datos tuviera carácter transitorio. Solicitó igualmente a la Asociación Bancaria y la Caja Agraria la indemnización por perjuicios materiales y morales que le ocasionaron y que se condenen en costas a los responsables.

No figura en el expediente prueba alguna de que la Caja Agraria -en su condición de usuaria de la Central de Información- haya cumplido con su deber de obtener el consentimiento del actor «mediante comunicación escrita, para el reporte, procesamiento y consulta de la información requerida para el logro del propósito de la Central», tal como lo prescribe el literal a) del artículo octavo del reglamento de dicha Central. Tampoco aparece probado que la Caja Agraria hubiera sido eximida de tal autorización o que la Asociación en su doble condición de responsable del banco de datos le hubiera advertido oportunamente la omisión y hecho cumplir el reglamento.

En providencia del 5 de junio de 1992 la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, denegó la tutela impetrada, por considerar:

a) que no era necesario acudir a proceso alguno para establecer la existencia de la obligación que tiene el accionante con la Caja Agraria, con lo que no faltó ni se violó el debido proceso, pues el registro de la Asociación Bancaria de Colombia contiene la información de aquellas personas naturales o jurídicas que han incumplido con el pago de sus obligaciones a cualquiera de las entidades bancarias del país, las cuentas corrientes canceladas, cartera vencida y castigada, tarjetas de crédito canceladas, etc. todo a fin de evaluar si sus potenciales clientes poseen o no las calidades personales y la solvencia económica suficiente que garanticen la seguridad de los intereses de sus entidades afiliadas;

b) que la recopilación de esta información tiene su respaldo en el artículo 20 de la Constitución Nacional, vale decir, «la libertad informática», esto es, la garantía que tiene toda persona de informar y recibir información veraz e imparcial, naturalmente sin perjuicio de las limitaciones que la misma Carta señala, tales como el derecho a la privacidad, el que es violado en la medida en que suministren estos datos al medio social en que se desenvuelve el individuo, es decir, contarles a unos lo que se sabe de otros.

c) no es de recibo la manifestación del actor en el sentido de que el registro de la Asociación Bancaria es un antecedente penal, toda vez que la obligación que le dio origen es un asunto civil y no penal;

d) la invocación de utilizar la tutela como medida transitoria no tiene cabida pues ésta procede cuando se ha hecho uso de un medio de defensa judicial, a fin de evitar irremediables perjuicios apenas susceptibles de resarcimiento por la vía de la indemnización, mientras el juez o Tribunal competente resuelve de fondo.

El actor impugnó la sentencia, razón por la cual la actuación fue remitida a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a fin de que esta entidad hiciera el pronunciamiento correspondiente. Las peticiones del accionante principal fueron prohijadas por su hijo.

En sentencia del 27 de julio de 1992, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del Tribunal de Bogotá y denegó la tutela incoada por Alirio Martínez Serna en su propio nombre, en el de su esposa y su hijo –aunque remarcó la importancia de la intimidad y el honor y que la divulgación de informes de crédito computarizados puede llegar a convertirse en verdad en una fuente sumamente dañina de intromisión arbitraria en la vida privada de las personas o de atropellos contra el derecho a mantener incólume su buen nombre- porque el servicio de divulgación sistematizada de informes de crédito constituye una práctica bancaria que no redunda en detrimento de quienes obren con rectitud. Ella solo molesta a quienes hayan desatendido sus compromisos «del modo en que lo demanda la probidad comercial».

La Corte Constitucional observa que en principio el caso presenta alguna similitud con otro que fue objeto de la sentencia T-414/92. En ambos casos no se ofreció prueba alguna de que las entidades financieras hubieran cumplido con su deber de obtener el consentimiento expreso de los deudores, mediante comunicación escrita para el reporte, procesamiento de la información requerida para el logro del propósito de la Central, de acuerdo a lo dispuesto por su propio reglamento. Finalmente, ambos deudores vieron negado el acceso a los servicios propios de las entidades financieras, con los consiguientes perjuicios materiales y morales en su condición de usuarios de los mismos. Pero existen también diferencias dignas de señalar.

En el caso de la sentencia T-414 en el cual la autoridad judicial -luego de un proceso debidamente adelantado- declaró prescrita la obligación del deudor y éste intentó inútilmente lograr que su nombre fuera borrado de la lista de deudores morosos del banco de datos de la Central. En el presente caso el pago de la obligación del deudor es objeto de un proceso ejecutivo que se halla en curso. El petente reconoce su incumplimiento, derivado de circunstancias que el alega son de fuerza mayor y no de carencia de rectitud o probidad.

En el caso sub-exámine, la omisión de la autorización expresa y escrita del titular para la circulación de sus datos económicos personales -con las consecuencias limitativas de sus derechos fáciles de prever- vulnera el derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución de 1991.

En consecuencia, se otorga la tutela impetrada por el peticionario como mecanismo transitorio y se ordena el bloqueo inmediato de sus datos económicos personales almacenados en la Central de Información de la Asociación Bancaria mientras se produce la sentencia en el proceso ejecutivo que actualmente se adelanta contra él en el Juzgado Tercero Civil de Bogotá, puesto que en el caso sub-lite no aparece probado que se obtuvo el consentimiento expreso y escrito del peticionario para el reporte, procesamiento y consulta de la información almacenada en la Central de la Asociación Bancaria -tal como lo establece el literal a) del artículo octavo de su reglamento-, con lo cual se le vulneró su intimidad y el debido proceso en el ámbito de las relaciones entre particulares y entidades financieras.

Puesto que los datos económicos personales del peticionario que recolectó la Central de Información están circulando sin haber satisfecho el deber reglamentario de obtener autorización previa, se ordena igualmente proteger su derecho de bloqueo, y en consecuencia que no se difunda o comunique la información concerniente a la obligación de Alirio Martínez Serna y sus codeudores Ruth Suárez de Martínez y Julian Martínez Suárez almacenada en el banco de datos de la Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia, hasta cuando se profiera la respectiva sentencia en el proceso ejecutivo que actualmente se adelanta contra el peticionario en el juzgado Tercero Civil de Santafé de Bogotá.