LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANOA DE VENEZUELA

En uso de sus atribuciones, y en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, reimprímase por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, sancionada en sesión del día 20 de diciembre de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 6.015 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2010, por incurrirse en el siguiente error:

EN EL ARTÍCULO 139

DONDE SE LEE:

(…) 1. Usar sus equipos para fines distintos a aquellos para los cuales se le otorgó la habilitación (…)

DEBE DECIR:

(…) 1. Usar sus equipos para fines distintos a aquellos para los cuales se le otorgó el permiso (…)

EN EL ARTÍCULO 174

DONDE SE LEE:

(…) La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, podrá igualmente ordenar de forma temporal o definitiva la cesación de sus actividades a quien instale, opere o explote servicios de telecomunicaciones que requieran la autorización, concesión o permiso, sin contar con éstos.

DEBE DECIR:

(…) La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, podrá igualmente ordenar de forma temporal o definitiva la cesación de sus actividades a quien instale, opere o explote servicios de telecomunicaciones que requieran la habilitación administrativa, concesión o permiso, sin contar con éstos.

Acto legislativo realizado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los siete días del mes de febrero de dos mil once. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.  

El 23 de febrero de 2010, fue recibido en esta Sala Constitucional, expediente contentivo de la decisión dictada el 1 de febrero de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Gustavo Adolfo Santeliz Furzán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 120.998, con el carácter de apoderado judicial del ciudadano T. W. S., titular de la cédula de identidad nº x.xxx.xxx, contra la empresa Diario Mundo Oriental, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el nº 35, Tomo A-49, el 5 de agosto de 1998.

El 12 de marzo de 2010, se dio cuenta en esta Sala del recibo del expediente, contentivo de la apelación ejercida tempestivamente el 4 de febrero de 2010, por el abogado David Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 81.269, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en esa oportunidad se designó como ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

El 9 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional designó a los nuevos Magistrados miembros de la Sala Constitucional y la misma quedó constituida de la siguiente manera: Luisa Estella Morales Lamuño, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez de Alvarado.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I.- ANTECEDENTES

1.- El 8 de diciembre de 2009, se interpuso la presente acción de amparo ante el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, quien por auto del 14 de diciembre de 2009, se declaró incompetente por el territorio y declinó su conocimiento en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

2.- El 16 de diciembre de 2009, se recibió el expediente en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quien aceptó la declinatoria de competencia y admitió el amparo propuesto, acordando la citación de la parte presunta agraviante y la notificación del Ministerio Público, a los fines de la celebración de la audiencia oral y pública.

3.- El 29 de enero de 2010, tuvo lugar la audiencia constitucional fijada para la nueve de la mañana (9:00 a.m.), oportunidad en la cual se declaró con lugar la demanda constitucional propuesta.

4.- El 1 de febrero de 2010, se publicó el extenso del fallo.

5.- El 4 de febrero de 2010, el abogado David Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 81.269, en su condición de apoderado judicial del Mundo Oriental, C.A., apeló de la sentencia dictada el 1 de febrero de 2010.

6.- El 8 de febrero de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, oyó en un solo efecto la apelación interpuesta y acordó remitirla a este Tribunal Supremo de Justicia.

II.- HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Señaló el accionante en amparo, lo siguiente:

Que ejercen la presente demanda constitucional contra El Mundo Oriental, C.A., por atentar contra su derecho al honor y reputación consagrados en el artículo 60 de la Constitución, al señalar que　“(…) que tanto mi honor como mi reputación fueron violentados por la publicación de un escrito, efectuada en fecha 19 de junio de 2009, en la página 4 (Local/Información) del Diario Mundo Oriental, con ocasión del lamentable fallecimiento de un ciudadano durante una manifestación, cuyo título expresa literalmente lo siguiente: SEÑALAMIENTOS (ASEGURAN QUE SÓLO ESTÁN BUSCANDO CHIVOS EXPIATORIOS ‘T. S. Y CARLOS HERNÁNDEZ AUTORES INTELECTUALES DE LA MASACRE DE LA PLAZA ESPAÑA“.

Que con total claridad y sin necesidad de mayores interpretaciones, se evidencia que el diario El Mundo Oriental; C.A., actuó dolosamente con la motivación inequívoca de desacreditarlo, al corroborar de la lectura completa de la nota periodística que lo señalado en el título de la misma no se encuentra en su contenido, ni se identifica al supuesto emisor, aun cuando dicho encabezado se encuentra entre comillas, haciendo creer al lector que es una cita textual y que por tanto, su autor y contexto será hallado en la subsiguiente redacción de ésta.

Que no se conoce la fuente del calificativo de “Masacre de la Plaza España” y el carácter notorio de tal designación, así como tampoco el estudio estadístico de donde el periodista obtuvo como resultado que una inmensa mayoría: “

A) Estuvo presente durante los acontecimientos.

B) Opinó de manera contundente e inmediata, y tales opiniones fueron recibidas, contadas y ponderadas en su totalidad por el periodista.

C) Profetizó los acontecimientos, vale decir, la detención de esos ciudadanos por la presunta comisión del mencionado delito“.

Que resulta un atentado a la moral y probidad con la cual debe ser dirigido un medio de comunicación, la manera como se presenta la referida nota, cuando se encabeza resaltado con letras de mucho mayor tamaño y en negritas que es el autor intelectual de una masacre, como si tal aseveración fuera producto de la sentencia condenatoria y firme de un tribunal, luego de una acusación fiscal como consecuencia de la investigación realizada por los organismo policiales competentes.

Que con ello quedó de manifiesto, la intención de dañar su imagen, honorabilidad y reputación, pues tal manera de redactar y presentar una “noticia” persigue la generación de dudas en los lectores sobre su participación en tan abominables hechos, exponiéndolo así al escarnio, desprecio público y a la huella que en el subconsciente de la colectividad generan tales aseveraciones.

Que el diario Mundo Oriental, al titular una noticia con las gravísimas acusaciones que motivan la presente acción de amparo, ocasionó un inestimable perjuicio a su persona, extensivo a su grupo familiar, especialmente a sus hijos menores de edad, los cuales pudieren ser víctimas inocentes del desprecio y ataque de quienes lean en la prensa tales denuestos hacia su padre. Señalando que:

“(…) Hago especial hincapié en lo antes mencionado, pues aun cuando todos los ciudadanos debemos proteger nuestra imagen pública y reputación, en mi posición como gobernador de estado, mi dignidad y buen nombre son mis garantes, mi carta de presentación y mejor herencia a la patria, razón por la cual, es que solicito se haga justicia y así poner freno a la irresponsable actuación de un medio de comunicación que intenta pisotear, no sólo a las personas que de manera circunstancial ocupan tal alta responsabilidad, sino a la institucionalidad y confianza en la democracia que tanta sangre y sacrificio han costado a nuestra nación“.　

Finalmente, solicitó medida cautelar innominada dirigida a que se ordene al editor del Diario Mundo Oriental, se abstenga de mencionar en sus publicaciones, señalamientos infundados, rumores deshonrosos, insinuaciones ofensivas, denuestos o simples opiniones de tipo personal que atenten contra los derechos fundamentales del accionante y que pudiesen afectar su buen nombre, honestidad, honor y reputación.　

III.- DE LA DECISIÓN APELADA

El 1 de febrero de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró su competencia para conocer de la demanda constitucional interpuesta y con lugar la acción de amparo ejercida, basándose en los siguientes argumentos:

Señaló el Juzgador que:

“(…) Primero: En cuanto al primer punto alegado por el co-apoderado judicial de la presunta agraviante, relacionado con la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer y tramitar la presente acción de amparo, este Juzgado considera necesario acotar:

El artículo 5, numeral 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, contempla: (Omissis…)

La acción de amparo bajo análisis, se fundamenta en la violación al derecho al honor y reputación consagrado en el artículo 60 constitucional, de manera que conforme a la citada disposición legal este Tribunal Superior, si (sic) es competente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado GUSTAVO ADOLFO SANTELIZ FURZAN, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano T. W. S., contra la empresa DIARIO MUNDO ORIENTAL C.A., todos identificados.

(Omissis…)

Segundo: En cuanto al segundo alegado formulado por la presunta agraviante, a través de sus co-apoderados, mediante el cual hacen oposición a la citación practicado vía fax, este Tribunal observa:

(Omissis…) Es decir entre los medios interpersonales de notificación, la Sala Constitucional, incluyo (sic) el Fax, comunicación telefónica, además del correo electrónico. Esos medios interpersonales de notificación, se han puesto en práctica desde casi una década, es decir, no es algo novedoso, por cuanto la Jurisprudencia que los incluyó como medios interpersonales de notificación, además de la boleta, telegrama, es de fecha 01 de febrero de 2000. Aunado a ello, la citación practicada por este Tribunal mediante el medio Fax, cumplió su fin, que la presunta Agraviante concurriera al acto de la audiencia Constitucional, y así sucedió, por cuanto se hizo presente a través de sus apoderados; esa notificación no lesiono (sic) a la presunta agraviante su derecho a la Defensa; como ya se dijo asistió a la audiencia e hizo los alegatos en defensa de su representada. En consecuencia, este Tribunal en razón de lo antes expuesto considera válida la notificación practicada vía Fax a la presunta Agraviante.

En cuanto al alegato del co-apoderado judicial de la presunta agraviante de que fue citada una persona que no tiene cualidad para ser citada, como lo es el ciudadano Jacinto Romero Luna, este Tribunal hace las siguientes observaciones: Si bien es cierto que la boleta de citación y notificación fueron libradas al mencionado ciudadano, en su carácter de Presidente de la empresa presunta agraviante, no es menos cierto que dichas boletas fueron recibidas en la sede de la persona jurídica Diario Mundo Oriental C.A., con domicilio en la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez, de este estado, quien es en definitiva la presunta agraviante y que a criterio de este Tribunal tenía pleno conocimiento de la presente acción incoada en su contra; igualmente, considera este Tribunal que con la comparecencia de los apoderados judiciales a la audiencia constitucional, convalidaron la citación o notificación practicada al Diario Mundo Oriental, C.A., en virtud de lo cual este Tribunal desestima la solicitud de oposición a la citación realizada por el co-apoderado judicial de la presunta agraviante, por cuanto la citación cumplió su fin”.

Indicó que　“(…) si bien es cierto que nuestra Constitución garantiza el derecho al honor y a la reputación, no es menos cierto que también garantiza el derecho a la libertad de expresión y de información, consagradas en los artículo 57 y 58 de la Carta Magna; sin embargo el ejercicio de tales derechos (libertad de expresión y de información ), no ha de entenderse en términos absolutos, ya que en ocasiones se encuentra confrontado con otros derechos de la personalidad de igual rango constitucional, como lo son los derechos a la vida privada, al honor y a la reputación, encabezamiento del artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: ‘Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación…’“.

A criterio de ese Tribunal, la exposición denunciada como injuriosa constituye por sí solo una acometida al derecho al honor y a la reputación de la persona del accionante, y más aun cuando se establece una agresión que carece totalmente de fundamento probatorio, considerando quien decide que dicha noticia afectó el honor y la reputación del agraviado.

Sostuvo que　“(…) cuando este Tribunal decretó la medida cautelar innominada, no fue para ‘crear a un súper ciudadano’, sino para garantizarle sus derechos constitucionales, presuntamente vulnerados por el artículo publicado en la prensa Diario Mundo Oriental C.A., considerando este Tribunal, que con la publicación a que se ha hecho referencia y que apareció publicada en la página 4 del Diario Mundo Oriental C.A., de fecha 19 de junio del año 2009, se le infringieron al ciudadano T. W. S., sus derechos al honor y a la reputación, consagrados en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ende, la presente acción de amparo debe ser declarada CON LUGAR, como lo declarará este Tribunal en el dispositivo del presente fallo; ratificándose la medida cautelar innominada decretada en fecha 16 de diciembre de 2009, mediante la cual se ‘ordena a la presunta agraviante se abstenga de mencionar en sus publicaciones, señalamientos infundados, rumores deshonrosos, insinuaciones ofensivas, denuestos o simples opiniones de tipo personal que atenten contra los derechos fundamentales del presento agraviado, afectando su honestidad, honor y reputación“

IV.- LA COMPETENCIA

En principio, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, en tal sentido, observa que de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de esta Sala nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán“, y el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -exceptuando los Superiores en lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

En consecuencia, al haber sido dictada la decisión apelada, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, y así se declara.

V.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida, en los siguientes términos:

En el presente caso, se planteó una acción de amparo contra el Diario Mundo Oriental, C.A., por la publicación de un escrito el 19 de junio de 2009, en la página 4 (Local/Información) de dicho diario, con ocasión al lamentable fallecimiento de un ciudadano durante una manifestación, fundamentada en la violación al honor y a la reputación consagrado en el artículo 60 de la Constitución.

Observa la Sala que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en su sentencia del 1 de febrero de 2010, declaró su competencia para conocer y decidir el presente amparo, con lugar la demanda constitucional y conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenó al Diario Mundo Oriental C.A., que a partir de la publicación de ese fallo, se abstuviera de mencionar en sus publicaciones, informaciones de tipo personal, que atenten contra los derechos fundamentales del agraviado y que ponga en tela de juicio su honor y reputación y que eventualmente pudieran afectar su derecho a la intimidad, so pena de incurrir en desobediencia.　

En tal sentido, advierte la Sala que el Juez de amparo en primera instancia declaró su competencia con fundamento en la sentencia dictada por esta Sala Constitucional nº 344 del 24 de febrero de 2006, (caso:Alberto Blanco-Uribe Quintero e Iraida Agüero contra Editora del Diario El Nuevo País), la cual señala que:

“(…) En primer lugar, debe la Sala determinar la competencia para conocer del caso de autos, a cuyo efecto se observa que la acción intentada tiene como objeto tutelar el derecho a réplica presuntamente infringido a la accionante por un medio impreso, luego de diversos reclamos efectuados en forma extrajudicial a éste, sin que haya sido brindada la tutela que estima merecer.

A este respecto, conviene transcribir el artículo 58 de la Carta Magna, cuyo tenor es el que sigue: (Omissis…)

En relación con la señalada norma constitucional, en general, y con la garantía de réplica o rectificación, como mecanismo destinado a proteger el derecho al honor y la reputación de las personas, en particular, esta Sala sentó doctrina vinculante mediante sentencia nº 1013/2001 (caso: A.C. Queremos Elegir), en cuyo texto se precisó que:  (Omissis…)

En el marco conceptual contenido en el fallo recién transcrito, la pretensión deducida en este caso es susceptible de ser ventilada a través del amparo constitucional, como mecanismo de tutela reforzada de los derechos fundamentales destinado a salvaguardar la situación jurídico-constitucional presuntamente lesionada a la accionante, en este caso atinente a su derecho al honor y a la reputación, con ocasión de la publicación de una nota periodística. No se trata, por tanto -como se afirmó en el escrito- de una acción autónoma de hábeas data (que apunta a la actualización, rectificación o destrucción de datos contenidos en registros de naturaleza pública o privada), cuyo conocimiento monopólico ostenta esta Sala Constitucional como cúspide de la jurisdicción constitucional, en ausencia de un texto orgánico que regule sus funciones (sobre las características de esta especial acción, véase el análisis exhaustivo contenido en sentencia nº 332/2001, caso: Insaca C.A.). En atención a esta circunstancia, esta Sala es incompetente para conocer esta causa.

Tratándose, como se vio, de una pretensión encauzable mediante una acción de amparo constitucional dirigida en contra de un medio de comunicación (como lo es el diario El Nuevo País) y negada la competencia de la Sala para conocer de la misma, debe determinarse el órgano jurisdiccional al que corresponderá su tramitación. Con miras a ello, se observa que –dado el contenido particular de la acción ejercida en este caso, mediante la cual se pretende hacer valer el derecho a réplica- resulta conveniente traer a colación la novedosa disposición contenida en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica de este Máximo Juzgado, según el cual: (Omissis…)

De conformidad con el primer aparte de la citada norma, a esta Sala corresponde el conocimiento en segunda instancia de las causas de amparo destinadas a hacer valer el derecho a réplica y rectificación infringido por informaciones falsas, inexactas o agraviantes difundidas a través de los medios de comunicación radial o televisiva. De tal norma se deduce que –en primer grado jurisdiccional- correspondería el conocimiento de esta clase de acciones a los órganos jurisdiccionales con jerarquía de Juzgados Superiores.

Surgen, sin embargo, algunas dudas al respecto: ¿Por qué se refiere la disposición comentada únicamente a los prestadores de servicio de radio y televisión? ¿Hay verdaderas razones para excluir de tal norma medios de comunicación de otra índole?

Para dar respuesta a ello, deben justificarse –en primer término- las razones que llevaron al legislador a consagrar un fuero especial rationæ personæ para conocer de esta clase de acciones. A este respecto, la Sala estima que la atribución conferida a órganos jurisdiccionales de superior jerarquía tiene como fundamento potenciar la independencia judicial, dado el indiscutible poder de influencia que detentan los medios de comunicación en las sociedades modernas y, por esta misma razón, brindar una mayor garantía al particular afectado por una información agraviante, en la medida en que no goza de una situación de igualdad frente a aquél.

Bajo esta óptica, no luce razonable que la no inclusión de medios distintos a los señalados haya sido un desideratum del propio legislador, sino más bien una simple imprecisión del mismo. Ello lleva a la Sala a integrar la norma comentada para zanjar su aparente inconsistencia, señalando que el fuero en ella previsto no sólo abarca a los medios de comunicación radial o televisiva, sino –en general- a cualquier medio de comunicación masivo.

De este modo, sólo faltaría determinar el ámbito material de competencias a cuyos Juzgados Superiores corresponderá tramitar –se reitera, en primer grado jurisdiccional- esta clase de acciones. A juicio de la Sala, siguiendo el criterio de afinidad que dimana del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; los derechos al honor, vida privada, reputación, propia imagen, intimidad y confidencialidad que se pretenden tutelar por medio del ejercicio de la réplica y la rectificación poseen eminente naturaleza civil y, en atención a ello, corresponderá a esta especial jurisdicción su conocimiento.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional resuelve declinar el conocimiento del presente caso en un Juzgado Superior en materia Civil del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide”.

En el caso de autos, el accionante en amparo denuncia que el Diario Mundo Oriental, vulneró su derecho al honor y a la reputación, cuando produjo una nota de prensa, en la cual lo exponía al escarnio público. En tal sentido, advierte la Sala, como el artículo 60 de la Constitución otorga el derecho a la protección del honor y la reputación de las personas, protección que se hace concreta de varias maneras, a saber: la protección al honor, a la reputación y a la dignidad del ser humano, se obtiene impidiendo cualquier acto arbitrario que desmejore la imagen que sobre sí mismo tiene una persona (honor), o la opinión que los demás tengan de ella (reputación); o que rebaje su condición humana (dignidad).

Siendo el caso, que esta Sala Constitucional en sentencia nº 873 del 11 de agosto de 2010, (caso: Carlos José Hernández Suárez), resolvió un caso en idénticas condiciones, oportunidad en la cual señaló:

“(…) En el caso de autos el accionante denunció la violación del contenido del artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

‘Toda persona tienen derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación…’.

Siendo así, esta Sala Constitucional concluye que en el presente caso, al alegarse la violación de los derechos constitucionales al honor y la reputación, el órgano competente para conocer la presente acción de amparo constitucional era el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del  Estado Anzoátegui-Extensión El Tigre, motivo por el cual se desecha el alegato de incompetencia presentado por la sociedad mercantil apelante, por presunta violación del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, los derechos a la protección del ‘honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación’ son eminentemente civiles por su naturaleza y por definición constitucional; por lo cual corresponde a la competencia civil –y no a la penal- el conocimiento del amparo de dichos derechos; y así se decide.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la conducta lesiva por parte del presunto agraviante fue probada por la parte accionante, mediante la consignación de la publicación del extracto de la nota publicada en el Diario Mundo Oriental, en la que se señaló que, conjuntamente con el ciudadano T. S. eran los autores intelectuales de la ‘masacre de la Plaza España’, sin concederle derecho a réplica, lo cual evidentemente atenta contra su derecho al honor y a la reputación consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo consideró el a quo constitucional“.

Por lo que esta Sala Constitucional, una vez revisadas las actas del expediente, estima que la conducta lesiva por parte del presunto agraviante fue probada por la parte accionante, con la consignación de la publicación del extracto de la nota publicada en el Diario Mundo Oriental, en la que se imputo al ciudadano T. S. como autor intelectual de la “masacre de la Plaza España”, circunstancia ésta que atenta contra el derecho del accionante en amparo a su honor y su reputación consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo consideró el a quo constitucional, al declarar con lugar el presente amparo.

Por otra parte, se vislumbra como el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al dictar su sentencia de amparo, señaló que “(…) Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena a la empresa Agraviante, DIARIO MUNDO ORIENTAL, C.A., domiciliada en la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez, del estado Anzoátegui, que a partir de la publicación del presente fallo, se ABSTENGA de mencionar en sus publicaciones, informaciones de tipo personal, que atenten contra los derechos fundamentales del Agraviado y que ponga en tela de juicio su honor y reputación y que eventualmente pudieran afectar su derecho a la intimidad, so pena de incurrir en desobediencia“.

Ante lo cual, estima la Sala conveniente reiterar la ya consolidada doctrina según la cual, la naturaleza del amparo, tal como está concebida, es restablecedora de derechos y garantías constitucionales y no constitutiva de nuevas situaciones jurídicas. En consecuencia, las pretensiones constitutivas no tienen cabida en materia de amparo constitucional, tal y como ha sido declarado repetidamente por tribunales constitucionales de todas las jerarquías. Es decir, que su naturaleza es restablecedora y no condenatoria ni constitutiva de derechos, como sería aquélla acción tendiente a prohibir a un medio impreso de comunicación que en sus publicaciones mencione a determinada persona. En este sentido, la Sala estableció:

“(…) La acción de amparo constitucional tiene como finalidad proteger situaciones jurídicas infringidas en las cuales se encuentren envueltos derechos constitucionales. Así, una de las características es tener una naturaleza restablecedora y que los efectos producidos por la misma son restitutorios, sin existir la posibilidad de que a través de ella, pueda crearse, modificarse o extinguirse una situación jurídica preexistente, en razón de lo cual, la acción de amparo no procede cuando no pueda restablecerse la situación jurídica infringida, esto es cuando no puedan retrotraerse las situaciones de hecho a la condición que poseía antes de producirse la violación denunciada.

Esta pretensión riñe con la  naturaleza restablecedora que caracteriza la institución del amparo constitucional, plasmada en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reafirmada en el artículo 1º de la Ley Orgánica que rige la materia” (s. S.C., nº 455, 24.05.00).

De allí que de la mano de la jurisprudencia citada, observa esta Sala que el dispositivo de la sentencia dictada el 1 de febrero de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, cuando ordenó al diario Mundo Oriental que se abstuviera de mencionar en sus publicaciones al ciudadano T. W. S., lejos de restituir, lo que hizo fue crear una situación jurídica, circunstancia ésta no ajustada a derecho, por lo que esta Sala anula el punto cuarto de dicho dispositivo y así se decide.

Argumentación bajo la cual, esta Sala declara parcialmente con lugar el recurso de apelación y confirma parcialmente la decisión del 1 de febrero de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, todo en los términos expuestos en el presente fallo. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

1) PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida contra la decisión dictada el 1 de febrero de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

2) CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión del a quo, en los términos expuestos en el presente fallo.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al a quo.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 17 días del mes de febrero  de dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Presidenta, LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice-Presidente, FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN, Ponente

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

DECISION 462. NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD ANDINA.

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los literales g) del primer párrafo y f) del segundo párrafo del Artículo 3, y el Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 439 y 440 y la Propuesta 29 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que las Directrices de los Presidentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina orientan el desarrollo del sector hacia la liberalización y expansión del comercio de servicios;

Que la Comisión de la Comunidad Andina, a través de la Decisión 439, aprobó el Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios, que promueve la creación de un Mercado Común Andino;

Que la Comisión de la Comunidad Andina, recibidas las recomendaciones de las Autoridades de Telecomunicaciones de los Países Miembros, dispuso la elaboración de un proyecto de Decisión destinado a regular el proceso de liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Subregión;

Que de conformidad con los términos y condiciones contenidos en los compromisos establecidos en la Decisión 439, los Países Miembros deben estimular el fortalecimiento y diversificación de los servicios y armonizar las políticas nacionales sectoriales en aquellos aspectos que lo requieran;

Que en la Resolución CAATEL Vll.EX   49 las Autoridades de Telecomunicaciones de los Países Miembros resolvieron otorgar la máxima prioridad a la integración intrasubregional de las telecomunicaciones andinas, a través de la liberalización del respectivo comercio de servicios, en el marco de la Decisión 439, y adoptaron la metodología y cronograma para el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina;

Que la consolidación del proceso de liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina contribuye a incrementar la competitividad, diversificar la capacidad exportadora de estos servicios y a fortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una inserción efectiva en el mercado global;

DECIDE:

Aprobar las presentes

Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina

CAPÍTULO I.- OBJETIVO

Artículo 1.  Objetivo

La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la Subregión Andina.

Tendrá además los siguientes objetivos específicos:

a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión;

b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones;

c) Proponer definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros;

d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros.

CAPÍTULO II.- DEFINICIONES

Artículo 2.  Definiciones

Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por:

Homologación de Títulos Habilitantes en la Comunidad Andina: Acto administra-tivo por el cual la Autoridad de Telecomunicaciones competente de un País Miembro faculta a un proveedor de otro País Miembro para prestar determinados servicios dentro de su territorio en las condiciones que establece la normativa del País Miembro que otorga la homologación.

Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos.

Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que:

a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y

b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.

Normativa Nacional: Leyes, Reglamentos, Regulaciones y Disposiciones dictadas por la Autoridad Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros.

Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de:

a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; o

b) La utilización de su posición en el mercado.

Proveedor, Operador o Prestador de Servicios: Persona natural o jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público.

Red Pública de Transporte de Telecomunicaciones: Infraestructura pública de tele-comunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos de una red.

Servicios de Telecomunicaciones: Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades de los usuarios.

Servicio Público de Transporte de Telecomunicaciones: Todo servicio de trans-porte de telecomunicaciones que un País Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los usuarios entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información.

Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos.

Título Habilitante: Acto administrativo por medio del cual la Autoridad Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y operación de redes.

Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones.

Otras definiciones: Para los demás términos y definiciones, esta Decisión se remitirá a lo contenido en los Reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  UIT  y la Decisión 439.

CAPÍTULO III.- ALCANCE, AMBITO DE APLICACION, PRINCIPIOS Y CRONOGRAMA

Artículo 3.  Alcance

La presente Decisión abarca todos los servicios de telecomunicaciones y todos los modos de prestación, excepto los servicios de radiodifusión sonora y televisión.

Artículo 4.  Ambito de Aplicación

1. La presente Decisión se aplica a:

a) Todas las medidas de los Países Miembros que afecten el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos por personas de los Países Miembros;

b) Las medidas adoptadas o mantenidas por un País Miembro que afecten la prestación y el comercio de servicios de telecomunicaciones;

c) Las medidas relativas a normalización, respecto de la conexión de equipos a las redes públicas de transporte de telecomunicaciones.

2. Ninguna disposición de esta Decisión se interpretará en el sentido de:

a) Obligar a un País Miembro a autorizar a un proveedor de servicios de otro País Miembro a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de telecomunicaciones distintos de los especificados en el artículo 3 de esta Decisión;

b) Obligar a un País Miembro o que éste a su vez exija a un proveedor bajo su jurisdicción que establezca, instale, adquiera, arriende, opere o suministre redes o servicios de transporte de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general;

c) Limitar o restringir la libre competencia, establecida en cada uno de los Países Miembros;

d) Otorgar menores beneficios a los que haya concedido la normativa nacional de cada País Miembro.

Artículo 5.  Principios y Compromisos

La prestación de servicios de telecomunicaciones entre los Países Miembros se fundamenta en los siguientes principios y compromisos, establecidos en la Decisión 439: acceso al mercado, artículo 6; trato de nación más favorecida, artículo 7; trato nacional, artículo 8; transparencia, artículo 9; y statu quo, artículo 10, así como los derechos del usuario final, en los términos establecidos en esta Decisión, y eliminación de las medidas restrictivas contrarias a los principios del presente artículo.

Artículo 6.  Liberalización e Integración

El comercio de los servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina se desarrolla bajo un régimen de liberalización e integración, mediante la eliminación de las medidas restrictivas contrarias a los principios de acceso al mercado y trato nacional.

Artículo 7.  Cronograma de Liberalización

Los Países Miembros que no hubieran culminado con el proceso de liberalización, a que se refiere el artículo anterior, lo realizarán de conformidad con el cronograma siguiente:

a) Primera Etapa:

A partir del 01 de enero del año 2000 quedarán eliminadas las medidas restrictivas en relación con los servicios de telecomunicaciones diferentes a los de telefonía básica local, de larga distancia nacional e internacional y los de telefonía móvil terrestre.

b) Segunda Etapa:

A partir del 01 de enero del año 2002 quedarán eliminadas las medidas restrictivas de todos los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de telefonía básica local, de larga distancia nacional e internacional y los de telefonía móvil terrestre.

CAPÍTULO IV.- ACCESO Y UTILIZACION DE REDES Y SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 8.  Acceso y utilización de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones

1. Cada País Miembro se asegurará que se conceda a todo proveedor de otro País Miembro trato nacional en el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio y la utilización de éstos, para el suministro de cualquier servicio señalado en el artículo 3 de esta Decisión.

2. Cada País Miembro se asegurará que los proveedores de servicios de otros Países Miembros tengan acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras, incluidos los circuitos arrendados, y puedan utilizar tal red o servicio, y, a esos efectos, se asegurará, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5 de este artículo, que se permita a los proveedores:

a) Comprar o arrendar y conectar equipos que hagan interfaz con la red pública de transporte de telecomunicaciones y sea necesario para suministrar los servicios del proveedor;

b) Utilizar los protocolos de operación que elija el proveedor de servicios para el suministro de cualquier servicio, salvo en lo necesario para asegurar la disponibilidad de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el público en general.

3. Un País Miembro podrá adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los mensajes, proteger la privacidad de las comunicaciones de los usuarios de redes o de servicios públicos de telecomunicaciones, a reserva de que tales medidas no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado o una restricción encubierta del comercio de servicios.

4. Cada País Miembro se asegurará que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones que las necesarias para:

a) Salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones en cuanto a servicios públicos, en particular su capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del público en general;

b) Proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones;

c) Que los proveedores de servicios de otros Países Miembros suministren solamente los servicios autorizados con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión.

5. Siempre que se satisfagan los criterios establecidos en el numeral anterior, las condiciones para el acceso y para la utilización de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, podrán incluir:

a) La prescripción de utilizar interfaces técnicas especificadas, con inclusión de protocolos de interfaz, para la interconexión con tales redes y servicios;

b) Prescripciones, cuando sea necesario, para la interoperabilidad de tales servicios;

c) La homologación de equipos que están en interfaz con la red y prescripciones técnicas relativas a la conexión de tales equipos a esas redes;

d) Notificación, registro y licencias, en los términos especificados en esta Decisión.

CAPÍTULO V.- NORMAS DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y AUTORIZACIONES

Artículo 9.  Disposiciones Generales

Los Países Miembros de la Comunidad Andina quedan comprometidos a facilitar, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente Decisión, la provisión de servicios en su territorio a los proveedores andinos del servicio de telecomunicaciones que lo hayan solicitado conforme con las disposiciones y procedimientos establecidos para tal fin, y demuestren ser proveedores de servicios habilitados por título conferido en algún otro de los Países Miembros y hayan obtenido la homologación del título habilitante.

Artículo 10.- Condiciones para la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones

Los Países Miembros garantizarán que:

a) Las solicitudes de homologación de títulos habilitantes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones sean resueltas por las Autoridades Nacionales Competentes de acuerdo a la normativa nacional vigente en cada País Miembro. Si esta normativa nacional no contempla procesos licitatorios o concursos especiales, el plazo nunca excederá el término de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Autoridad Nacional Competente que otorgará la homologación;

b) Los procedimientos nacionales para otorgar concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, registros y notificaciones referentes a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, por parte de proveedores cuyo título haya sido otorgado a través del procedimiento de homologación, sean transparentes y no discrimina-torios;

c) En aquellos casos que se requiera participar en procesos licitatorios o concursos especiales, para la obtención de una concesión, licencia, autorización o permiso, el proveedor que solicita la homologación del título habilitante deberá concursar en dichos procesos, en las mismas condiciones que el resto.

Artículo 11.- Alcance de la Homologación de Títulos Habilitantes

La homologación de títulos habilitantes implica la autorización para prestar servi-cios en las condiciones que establece la normativa nacional del país que otorga la homologación, y no expresa reconocimiento de las condiciones, derechos y obliga-ciones establecidas en el título habilitante en el país que lo otorgó, y en tal sentido:

a) La definición de los servicios, su alcance, las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes, y los derechos y obligaciones que se contraen para prestarlos, son los que establece, define y especifica la normativa nacional del País Miembro que homologa el título habilitante;

b) La solicitud de homologación presentada a un País Miembro y su otorgamiento implican el cumplimiento de la normativa nacional y de los requisitos, condiciones, derechos y obligaciones que este País Miembro exige o reconoce a sus nacionales.

Artículo 12.  Denegación de la Homologación del Título Habilitante

Las Autoridades Nacionales Competentes informarán al solicitante, en un término no mayor de noventa (90) días calendario, las razones por las cuales su solicitud ha sido denegada. Tal denegación sólo se podrá fundar en causales expresamente establecidas en la normativa nacional de cada País Miembro y se sujetará a los recursos de impugnación que contemple dicha normativa.

Artículo 13.  Obligaciones de los proveedores de Servicios de Telecomunicaciones

Dentro de los Países Miembros los proveedores de servicios de telecomunicaciones se obligan a:

a) Obtener el título habilitante o su homologación para la prestación de los servicios de telecomunicaciones;

b) Suscribir los contratos y demás convenios que sean consecuencia del título que le permitirá prestar sus servicios conforme con los procedimientos nacionales de los Países Miembros;

c) Prestar los servicios de telecomunicaciones en forma no discriminatoria;

d) Suscribir, cuando sea aplicable, contratos de interconexión para soportarse sobre redes de telecomunicaciones que recojan las condiciones técnicas y económicas acordadas; y,

e) En general, cumplir con la normativa nacional del País Miembro donde desee prestar dichos servicios.

Artículo 14.  Ámbito de prestación de los servicios de telecomunicaciones en la Subregión

Aquellos proveedores de servicios que obtengan la homologación de un título habilitante en aplicación de esta Decisión, están facultados para prestar los servicios de telecomunicaciones contenidos en dicha homologación en el territorio del País Miembro que haya otorgado la homologación.

Artículo 15.  Autoridades Competentes para Homologar los Títulos Habilitantes

La Autoridad Nacional Competente de telecomunicaciones para el otorgamiento de títulos habilitantes de cada País Miembro tiene a su cargo la homologación de los títulos habilitantes para prestar y operar servicios de telecomunicaciones, siguiendo el procedimiento establecido en esta Decisión.

Artículo 16.  Solicitud de Homologación de Títulos Habilitantes

El proveedor de servicios de un País Miembro interesado en prestar servicios de telecomunicaciones en otro u otros Países Miembros, y que opte por la homologación de su título habilitante, podrá solicitar dicha homologación mediante una de las siguientes alternativas:

a) Presentar su solicitud a la Autoridad Nacional Competente que le hubiere otorgado el título habilitante para la prestación de servicios. Dicha autoridad notificará a la Presidencia del CAATEL de la solicitud del interesado, para su registro en la base de datos, y la remitirá a la Autoridad o Autoridades Nacionales Competentes del País o Países Miembros en los que el proveedor de servicios desea homologar su título habilitante;

b) Presentar su solicitud directamente a la Presidencia del CAATEL. La Presidencia del CAATEL registrará la solicitud en la base de datos y procederá a remitirla ante la Autoridad o Autoridades Nacionales Competentes del País o Países Miembros en los que el proveedor de servicios desea homologar su título habilitante;

c) Presentar su solicitud directamente a la Autoridad o Autoridades Nacionales Competentes del País o Países Miembros en los que el proveedor de servicios desea homologar su título habilitante. Dicha Autoridad o Autoridades Nacionales Competentes notificarán a la Presidencia del CAATEL de la solicitud del interesado, para su registro.

Artículo 17.  Requisitos para la solicitud de Homologación del Título Habilitante

Las solicitudes de homologación del título habilitante para prestar servicios de telecomunicaciones deben contener:

1. Identificación del proveedor que la solicita, para lo cual deberá presentar la copia certificada del instrumento donde conste su Constitución Social, debidamente inscrito, así como copia certificada del instrumento que designa al representante legal;

2. Si fuera el caso, identificación de la Autoridad Nacional Competente que remita la solicitud a la Presidencia del CAATEL;

3. Presentación de copia certificada, por la Autoridad Nacional Competente que la expidió, del título habilitante y modificaciones si las hubiere;

4. Certificación de la Autoridad Nacional Competente de telecomunicaciones que los servicios incluidos en la solicitud de homologación del título habilitante están en operación en su respectivo territorio;

5. Identificación de los servicios cuyos títulos habilitantes se solicitan sean homologa-dos;

6. Identificación de los recursos escasos a ser utilizados en la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa nacional vigente;

7. Proyecto técnico que incluya entre otros la descripción de la topología y las características generales de la red que va a ser utilizada;

8. Manifestación del compromiso del interesado de someterse a la normativa nacional del País Miembro donde desee prestar servicios, así como a los principios y normas para la liberalización del comercio de servicios de la Comunidad Andina, contenidos en la Decisión 439 y en la presente Decisión;

9. Compromiso de un plan mínimo de expansión a ejecutar en determinado período de tiempo.

Artículo 18.  Armonización de los requisitos y procedimientos para el otorga-miento de Títulos Habilitantes

Los Países Miembros propenderán por la adecuación y consiguiente armonización de los requisitos y procedimientos exigidos para el otorgamiento de títulos habilitantes.

Artículo 19.  Vigencia de la Homologación del Título Habilitante

La Autoridad Nacional Competente del País Miembro que otorgare la homologa-ción la concederá por el mismo término vigente para el título habilitante, siempre y cuando no sea mayor al término que permite la normativa nacional, en cuyo caso la vigencia se ajustará a la mencionada normativa.

Artículo 20.- Prestación de Servicios con títulos obtenidos a través del procedimiento de homologación

El proveedor de servicios sólo podrá ofrecer aquellos servicios para los cuales ha sido facultado y la prestación de los mismos se sujetará a las normas, principios y procedimientos señalados en esta Decisión, así como en la Decisión 439 y en la normativa nacional vigente.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa nacional, cualquier Administración o Autoridad Nacional Competente de telecomunicaciones de los Países Miembros, de oficio o a solicitud de parte, puede solicitar a la Administración que otorgó inicialmente el título habilitante, la investigación de irregularidades en el ejercicio de los derechos que le han sido reconocidos al proveedor de servicios cuyo título haya sido otorgado a través del procedimiento de homologación, así como la imposición de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 21.  Establecimiento de redes de telecomunicaciones

Los proveedores de servicios que hayan recibido homologación de sus títulos habilitantes están posibilitados también para establecer las redes ópticas, alámbricas e inalámbricas que se requieran en los respectivos territorios, para la prestación del servicio bajo el título habilitante homologado, sin más requisitos que lo establecido en esta Decisión y sujetos a los mismos derechos, obligaciones y garantías que cada País Miembro exija o reconozca a sus proveedores nacionales de servicios.

Artículo 22.  Asignación y Utilización de Recursos Escasos

Todo procedimiento para la obtención de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, incluidos los enlaces ascendentes y descendentes de los segmentos espaciales debidamente coordinados en los respectivos Países Miembros, así como para el uso de la numeración y los códigos de señalización, se debe llevar a la práctica de manera oportuna, objetiva, transparente y no discriminatoria.

Para este fin, las solicitudes de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, numeración, derechos de paso y códigos de señalización, deben sujetarse y cumplir la normativa nacional y los procedimientos establecidos en los respectivos Países Miembros, y cancelar las contraprestaciones económicas a que hubiere lugar.

Los Países Miembros no podrán discriminar ni dar tratamiento distinto a los operadores de los servicios cuyo título haya sido otorgado a través del procedimiento de homologación, que el que otorgan a sus operadores nacionales para la asignación y uso del espectro radioeléctrico, de numeración, derechos de paso y códigos de señalización en su correspondiente territorio.

Se debe poner a disposición del público el estado actual del uso de las bandas de frecuencias atribuidas.

Artículo 23.  Armonización en el tratamiento de los recursos escasos

Sin perjuicio de la normativa nacional que establezca cada País Miembro, éstos, a través del CAATEL, desarrollarán acciones tendientes a una armonización de las atribuciones del espectro radioeléctrico, la numeración y la portabilidad numérica en la Subregión Andina, y participarán coordinadamente, cuando así lo amerite, en los trabajos que en estos campos se lleven a cabo, entre otros, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones  UIT  y en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones  CITEL .

Artículo 24.  Pago de las contraprestaciones económicas

La homologación de títulos habilitantes comporta la obligación de que el proveedor de servicios cancele las mismas contraprestaciones económicas, tales como derechos, tasas, tributos y cánones, y efectúe las inversiones u otras obligaciones de tal naturaleza, que establece cada uno de los Países Miembros a sus nacionales en relación con la prestación de los servicios de telecomunicaciones facultados por el título habilitante que le ha sido homologado.

CAPÍTULO VI.- MEDIDAS RELATIVAS A LA NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE EQUIPOS TERMINALES

Artículo 25.  Normalización de Equipos Terminales

Los Países Miembros se asegurarán que dentro de las medidas relativas a la normalización que se refieren a la conexión de equipos terminales a las redes públicas de telecomunicaciones, se incluyan sólo las necesarias para:

1. Prevenir daños a las redes públicas de telecomunicaciones;

2. Evitar la perturbación técnica a los servicios públicos de telecomunicaciones, o su deterioro;

3. Evitar la interferencia perjudicial en el espectro radioeléctrico y asegurar la compatibilidad con otros usos;

4. Prevenir el mal funcionamiento del equipo de facturación; y

5. Garantizar la seguridad del usuario y su acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicaciones.

Artículo 26.  Necesidad de Homologación de Equipos Terminales

Los Países Miembros podrán requerir la homologación de equipos terminales, cuando éstos estén destinados a ser conectados por medios físicos o electromagnéticos a la red pública de telecomunicaciones, siempre que los criterios de aprobación sean compatibles con lo dispuesto en el artículo anterior.

Así mismo los Países Miembros podrán requerir la verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en relación con los equipos terminales que vayan a utilizar el espectro radioeléctrico, sea o no que se interconecten con la red pública.

Artículo 27.  Principios y Procedimientos para la Certificación y Homologación de Equipos Terminales

Los Países Miembros, con relación a la certificación y homologación de equipos terminales, deberán:

1. Asegurar que sus procedimientos de evaluación de la conformidad sean transparentes y no discriminatorios y que las solicitudes que se presenten al efecto se tramiten de manera expedita;

2. Permitir que un organismo de Evaluación de la Conformidad acreditado por la Autoridad Nacional Competente de cualquier País Miembro, realice la evaluación del equipo terminal que vaya a ser conectado a la red pública de telecomunicaciones, de acuerdo con sus procedimientos de certificación; sin perjuicio del dere-cho de la autoridad nacional que otorga la homologación de los equipos de revisar la exactitud, la integridad de los resultados de las pruebas y el procedimiento;

3. Garantizar que no sean discriminatorias las medidas que adopte o mantenga para autorizar a los proveedores de equipos de telecomunicaciones, y a sus agentes; y,

4. En general, regirse por las recomendaciones técnicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  UIT  y las que resultaren de la armonización de normas de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones  CITEL .

CAPÍTULO VII.- PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

Artículo 28.  Medidas para garantizar la competencia

Sin perjuicio de la aplicación de oficio o a petición de parte, de lo dispuesto en la Decisión 285: que contiene las “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia”, cada País Miembro adoptará o mantendrá medidas adecuadas con el fin de impedir prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores que presten servicios de telecomunicaciones.

Artículo 29.  Prácticas anticompetitivas

Las prácticas a las que se hace referencia en el artículo anterior incluirán, en particular, las siguientes:

a) Realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada;

b) Utilizar información obtenida de competidores con fines anticompetitivos; y,

c) No poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercial-mente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.

CAPÍTULO VIII

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA INTERCONEXIÓN

Artículo 30.  Condiciones para la Interconexión

Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.

La interconexión debe proveerse:

a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas;

b) Con cargos de interconexión que:

1. Sean transparentes y razonables;

2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica;

3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.

c) En forma oportuna;

d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.

Artículo 31.  Disponibilidad pública de los procedimientos aplicables a la interconexión

De acuerdo a la normativa nacional de cada País Miembro, la Autoridad Nacional Competente y los proveedores pondrán a disposición del público los procedimientos aplicables a la interconexión y condiciones de negociación.

Artículo 32.  Condiciones entre proveedores

Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional.

Artículo 33.  Armonización de normas de interconexión

Los Países Miembros de la Comunidad Andina propenderán por la armonización de los requisitos, procedimientos y normas relativos a la interconexión.

CAPÍTULO IX.- TRANSPARENCIA

Artículo 34.- Transparencia

Cada País Miembro pondrá a disposición del público y de los otros Países Miembros sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general que se refieran a cualquier asunto comprendido en esta Decisión; asimismo, se asegurará que esté a disposición del público la información pertinente respecto a:

1. Tarifas y otros términos y condiciones del servicio público de transporte de telecomunicaciones;

2. Especificaciones de las interfaces técnicas con esos servicios y redes;

3. Información sobre las autoridades responsables de la elaboración y adopción de las medidas relativas a normalización que afecten ese acceso y uso;

4. Condiciones aplicables a la conexión de equipo terminal o de otra clase, a la red pública de transporte de telecomunicaciones.

CAPÍTULO X.- SERVICIO UNIVERSAL

Artículo 35.  Servicio Universal

Todos los Países Miembros tienen derecho a definir el tipo de obligación de Servicio Universal que deseen mantener. No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas en sí mismas, a condición que sean establecidas de manera transparente y no discriminatoria.

CAPÍTULO XI.- DERECHOS DEL USUARIO FINAL

Artículo 36.  Derechos del Usuario Final

Los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones de los Países Miembros tendrán derecho a un trato igualitario, no discriminatorio, con libre elección del proveedor de servicios y conocimiento de las tarifas.

Los Países Miembros propenderán a que su normativa nacional referida a los derechos de los usuarios finales, recoja los principios antes mencionados.

CAPÍTULO XII.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37.  Relación con organizaciones y acuerdos internacionales

Los Países Miembros reconocen:

a) La importancia de las normas internacionales para la compatibilidad e interoperabilidad de las redes y servicios de telecomunicaciones a escala mundial y se comprometen a promover la aplicación de tales normas y a participar coordinadamente en los trabajos de los organismos internacionales competentes, entre ellos la Unión Internacional de Telecomunicaciones  UIT  y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones  CITEL ;

b) La función que desempeñan las organizaciones, los acuerdos intergubernamentales y el sector privado para el logro del funcionamiento de los servicios nacionales y mundiales de telecomunicaciones, en particular la Unión Internacional de Telecomunicaciones  UIT  y la Organización Mundial del Comercio  OMC .

Artículo 38.  Vigencia

La presente Decisión entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

CAPÍTULO XIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  Para los efectos a que se refieren los artículos 1 y 18 de esta Decisión, el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones -CAATEL- presentará, en un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión, las recomendaciones para la armonización de los requisitos y para la armonización de los procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes. Adicionalmente, propondrá definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros.

Segunda.  Para los efectos a que se refiere el artículo 33 de esta Decisión, el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones propondrá, en un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión, Normas Comunes de Interconexión, las cuales serán aprobadas mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Tercera.  Para los efectos a que se refiere el artículo 23 de esta Decisión, el CAATEL, en un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión, formulará un programa de trabajo para establecer las recomendaciones para la armonización del espectro radioeléctrico, la numeración y la portabilidad numérica.

Cuarta.  Bolivia y Ecuador, en razón del régimen de exclusividad otorgado por ley y por contratos de concesión, no aplicarán el cronograma de liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones establecido en el artículo 7 de la presente Decisión, a los servicios que se mencionan a continuación:

Bolivia: Servicios portadores y servicios de transmisión de datos por conmutación de paquetes, hasta el 27 de noviembre del año 2001.

Ecuador: Telefonía local, nacional e internacional, servicios portadores, incluyendo el alquiler de líneas y circuitos alámbricos e inalámbricos, telegrafía y télex, conforme las definiciones de la normativa nacional de dichos servicios. Ecuador notificará posteriormente la fecha en que liberalizará el comercio de estos servicios, en el marco de lo previsto en la Decisión 439.

Consecuentemente, Bolivia y Ecuador no se beneficiarán de la liberalización en aplicación de esta Decisión, para los mencionados servicios, hasta tanto se mantengan estas medidas.

Las Autoridades de Telecomunicaciones de los Países Miembros se reunirán en el marco del CAATEL, a más tardar el 30 de junio del año 2001, con el objeto de revisar la lista de servicios cuyo comercio Ecuador pueda liberalizar en la segunda etapa del cronograma.

Quinta.  El cumplimiento de las disposiciones transitorias Primera, Segunda y Tercera, no se constituye en un prerrequisito para la plena aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a los veinticinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Ao abrigo da alínea h) do nº 1 e do nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 162/2007, de 3 de Maio, declara-se que o Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio, publicado no Diário da República, 1.ª série, nº 98, de 21 de Maio de 2009, saiu com as seguintes inexactidões que, mediante declaração da entidade emitente, assim se rectificam:

1 .- No nº 2 do artigo 3º, onde se lê:

“2 .- Para efeitos da alínea i) do número anterior, nas infra -estruturas associadas incluem-se ramais de acesso a edifícios e restantes infra -estruturas que forem indispensáveis à instalação, remoção, manutenção ou reparação de cabos de comunicações electrónicas nas condutas e sub-condutas.”

deve ler-se:

“2 .- Para efeitos da alínea h) do número anterior, nas infra -estruturas associadas incluem-se ramais de acesso a edifícios e restantes infra -estruturas que forem indispensáveis à instalação, remoção, manutenção ou reparação de cabos de comunicações electrónicas nas condutas e sub -condutas.”

2 .- No nº 4 do artigo 13º onde se lê:

“4 .- Pela utilização de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais, é devida a taxa a que se refere o artigo 106º do Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, encargo, preço ou remuneração.”

deve ler -se:

“4 .- Pela utilização de infra -estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais, é devida a taxa a que se refere o artigo 106º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, encargo, preço ou remuneração.”

3 .- No nº 1 do artigo 21º, onde se lê:

“1 .- As entidades referidas no artigo 2º podem elaborar e publicitar instruções técnicas a que se encontra sujeita a instalação de equipamento e sistemas de redes de comunicações electrónicas nas infra -estruturas que detenham ou estejam sob a sua gestão.”

deve ler -se:

“1 .- As entidades referidas no artigo 2º podem elaborar e publicitar instruções técnicas a que se encontra sujeita a instalação de equipamentos e sistemas de redes de comunicações electrónicas nas infra -estruturas que detenham ou estejam sob a sua gestão.”

4 .- No nº 6 do artigo 22º, onde se lê:

“6 .- À resolução dos diferendos referidos no artigo anterior aplicam -se, com as necessárias adaptações, o procedimento de resolução de litígios previstos no artigo 10º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro.”

deve ler -se:

“6 .- À resolução de diferendos referidos no número anterior aplicam -se, com as necessárias adaptações, o procedimento de resolução de litígios previsto no artigo 10º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro.”

5 .- No nº 1 do artigo 36º, onde se lê:

“1 .- Os projectos técnicos a que alude o artigo anterior devem ser instruídos com declaração dos projectistas legalmente habilitado que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

deve ler -se:

“1 .- Os projectos técnicos a que alude o artigo anterior devem ser instruídos com declaração dos projectistas legalmente habilitados que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

6 .- Na epígrafe do artigo 53º, onde se lê:

“Procedimento de avaliação de conformidade de equipamentos e infra-estruturas das ITUR”

deve ler -se:

“Procedimento de avaliação de conformidade de equipamentos, dispositivos e materiais das ITUR”

7 .- No nº 1 do artigo 66º, onde se lê:

“1 .- Os projectos técnicos a que alude o artigo anterior devem ser instruídos com declaração dos projectistas legalmente habilitado que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

deve ler -se:

“1 .- Os projectos técnicos a que alude o artigo anterior devem ser instruídos com declaração dos projectistas legalmente habilitados que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

8 .- Na alínea c) do artigo 79º, onde se lê:

“c) Assegurar que os formadores dos seus cursos habilitantes e de actualização estão devidamente habilitados, nos termos definidos no nº 4 do artigo 45º”

deve ler -se:

“c) Assegurar que os formadores dos seus cursos habilitantes e de actualização estão devidamente habilitados, nos termos definidos no nº 3 do artigo 45º;”

9 .- No nº 2 do artigo 84º, onde se lê:

“2 .- Nos casos referidos no número anterior, o projectista e o instalador devem emitir termos de responsabilidade e entregá -los ao dono de obra ou administração do conjunto de edifícios, aos proprietários ou condóminos que requeiram a instalação e ao ICP-ANACOM, no prazo de 10 dias a contar da respectiva conclusão.”

deve ler -se:

“2 .- Nos casos referidos no número anterior, o projectista e o instalador devem emitir termos de responsabilidade e entregá -los ao dono de obra, aos proprietários ou condóminos que requeiram a instalação e ao ICP -ANACOM, no prazo de 10 dias a contar da respectiva conclusão.”

10 .- Na alínea h) do nº 1, do artigo 89º, onde se lê:

“h) O incumprimento das decisões proferidas pelo ICP-ANACOM nos termos do nº 3 do artigo 19º, bem como da obrigação prevista no nº 5 do artigo 19º;”

deve ler -se:

“h) O incumprimento das decisões proferidas pelo ICP -ANACOM nos termos do nº 3 do artigo 19º, bem como da obrigação prevista no nº 4 do artigo 19º;”

11 .- Na alínea s) do nº 3 do artigo 89º, onde se lê:

“s) A alteração de infra -estruturas em edifícios com certificado ITED em desrespeito do regime previsto nos n.os 1 a 3 do artigo 83º;”

deve ler -se:

“s) A alteração de infra -estruturas em edifícios com certificado ITED em desrespeito do regime previsto no artigo 83º;”

12 .- No nº 5 do artigo 89º, onde se lê:

“1 .- As contra -ordenações previstas nas alí neas a), b), c), e), f), g), h), j), l), m), n), o), p), q) e r), do nº 1, nas alíneas a), b), c), d), e), f), f), g), i), l), m), n), p), r), s), t), u), x) e bb) do nº 2, nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), j), m), n), o), p), q), r), s), t), u), e v) do nº 3 e no nº 4 são puníveis com coima de € 500 a € 3740 e de € 5000 a € 44 891,81, consoante sejam praticadas por pessoas singulares ou colectivas, respectivamente.”

deve ler -se:

“1 .- As contra -ordenações previstas nas alíneas a), b), c), e), f), g), h), j), l), m), n), o), p), q) e r), do nº 1, nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), p), r), s), t), u), x) e bb) do nº 2, nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), j), m), n), o), p), q), r), s), t), u), e v) do nº 3 e no nº 4 são puníveis com coima de € 500 a € 3740 e de € 5000 a € 44 891,81, consoante sejam praticadas por pessoas singulares ou colectivas, respectivamente.”

13 .- No nº 7 do artigo 91º, onde se lê:

“7 .- Caso o processo de contra -ordenação tenha sido instaurado na sequência de participação por parte de um das autarquias locais, nos termos do nº 5, o montante das coimas reverte para o Estado em 60 %, para o ICP -ANACOM em 20 % e para o a autarquia local em 20 %.”

deve ler -se:

“7 .- Caso o processo de contra -ordenação tenha sido instaurado na sequência de participação por parte de um das autarquias locais, nos termos do nº 5, o montante das coimas reverte para o Estado em 60 %, para o ICP -ANACOM em 20 % e para a autarquia local em 20 %.”

14 .- No artigo 101º, onde se lê:

“No prazo de 30 dias contados da data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei o ICP -ANACOM e as associações públicas de natureza profissional devem acordar os termos da disponibilização da informação prevista no nº 2 do artigo 37º e no nº 2 do artigo 67º”

deve ler -se:

“No prazo de 30 dias contados da data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei o ICP -ANACOM e as associações públicas de natureza profissional devem acordar os termos da disponibilização da informação prevista no nº 2 do artigo 37º e no nº 4 do artigo 67º”

15 .- No nº 2 do artigo 109º, onde se lê:

“2 .- As regras e procedimentos publicados pelo ICP -ANACOM ao abrigo e em cumprimento do Decreto–Lei nº 59/2000, de 19 de Abril, mantêm-se em vigor até que sejam substituídos por outros publicados ao abrigo do presente Decreto-Lei.”

deve ler -se:

“2 .- As regras e procedimentos publicados ao abrigo e em cumprimento do Decreto-Lei nº 59/2000, de 19 de Abril, mantêm -se em vigor até que sejam substituídos por outros publicados ao abrigo do presente decreto–lei.”

Centro Jurídico, 22 de Junho de 2009

O Director-Adjunto, Pedro Delgado Alves.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, du développement et de la coopération internationale et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. –

Le présent décret fixe les conditions et les procédures spécifiques d'attribution, à une entreprise privée, d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de transmission de données conformément aux dispositions de l'article 19 du code des télécommunications.

Article 2. –

L'installeur et l'exploitant du réseau public de transmission de données est choisi après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres international, et ce, conformément au règlement applicable à l'attribution de la concession prévu à l'article 3 du présent décret.

Article 3. –

Il est créé une commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de transmission de données chargée de :

– l'adoption du règlement applicable à l'attribution de la concession,

– l'approbation du dossier d'appel d'offres,

– la classement des offres.

Article 4. –

La commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de transmission de données est composée comme suit :

– le ministre des technologies de la communication et du transport ou son représentant : président,

– un représentant du Premier ministère : membre,

– un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,

– deux représentants du ministère des technologies de la communication et du transport : membres,

– un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,

– un représentant du ministère du centre d'études et de recherches des télécommunications : membre,

Cette commission se réunit sur convocation de son président.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5. –

L'ouverture, le dépouillement, l'analyse et le classement des offres sont effectués suivant les procédures prévues au règlement applicable à l'attribution de la concession et prévu à l'article 2 du présent décret.

Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé de l'achèvement des procédures d'attribution de la concession et du suivi de sa réalisation.

Article 6. –

Les ministres de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport, du développement et de la coopération internationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007,

Vu le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier .-

Au sens du présent décret, on entend par :

– service téléphonie sur protocole Internet : service de transport du trafic de téléphonie sur un réseau de télécommunications utilisant le protocole Internet, conformément aux normes internationales et aux règlements relatifs à la signalisation d’appels, aux techniques de compression ainsi qu’à la qualité et la sécurité des services.

– intégrateur de services téléphonie sur protocole Internet : les fournisseurs de services Internet et les sociétés titulaires de l’autorisation prévue à l’article 12 du présent décret.

Article 2 .-

L’exploitation commerciale pour le public du service téléphonie sur protocole Internet ne peut se faire que par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications titulaires d’une licence, conformément à l’article 18 du code des télécommunications.

Article 3 .-

L’exploitation commerciale du service téléphonie sur protocole Internet est régie par les mêmes obligations que celles relatives à l’exploitation du service de téléphonie sur le réseau public de téléphonie commuté, conformément aux dispositions du code des télécommunications.

Article 4 .-

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d’assurer l’ensemble des aspects opérationnels relatifs notamment à :

– la protection et la sécurité des réseaux,

– la qualité des services de communications conformément aux normes adoptées à l’échelle internationale et à la réglementation en vigueur,

– l’exploitation des plages de numérotation réservées à ce service,

– la fourniture des équipements nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture du service sans interruption.

Les conditions relatives à la protection et la sécurité des réseaux, à l’exploitation des plages de numérotation et à la garantie de la qualité et de la continuité du service sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article 5 .-

Le service téléphonie sur protocole Internet est fourni par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications particulièrement au profit des :

– centres d’appels,

– entreprises dont l’activité est basée sur les technologies de la communication,

– entreprises administratives et économiques ayant des sites et des succursales multiples,

– instances et organisations internationales établies dans la République Tunisienne.

Ce service est également fourni par les opérateurs des réseaux de télécommunications au profit de leurs clients dans le cadre des offres autorisées.

Article 6 .-

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus, dans le cas de la fourniture du service téléphonie sur protocole Internet pour les entreprises administratives et économiques ayant des sites et des succursales multiples, de faire appel à un intégrateur de services pour l’installation de l’infrastructure de télécommunications interne nécessaire à la fourniture du service téléphonie sur protocole Internet et de veiller au bon fonctionnement du réseau et à son entretien.

Article 7 .-

Les demandes des entreprises prévues à l’article 5 du présent décret en vue d’obtenir une autorisation pour bénéficier du service téléphonie sur protocole Internet, sont adressées à l’agence nationale de certification électronique par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt direct auprès de cette agence contre récépissé.

Le dossier de demande d’autorisation pour bénéficier du service téléphonie sur protocole Internet comporte les documents suivants :

– une fiche de renseignement établie à cet effet et délivrée par l’agence nationale de la certification électronique, dûment remplie et signée par le demandeur de l’autorisation,

– la liste des équipements et logiciels à installer qui ont obtenu l’approbation des opérateurs des réseaux publics des télécommunications,

– la liste des services et les modalités de leur fourniture et de l’assurance de leur qualité.

Article 8 .-

L’autorisation pour bénéficier du service téléphonie sur protocole Internet est octroyée par le directeur général de l’agence nationale de la certification électronique après avis de la commission technique créée auprès de cette agence en vertu de l’article 13 (ter) du décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007 modifiant et complétant le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes.

Article 9 .-

L’autorisation est octroyée à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée. Elle ne confère à son titulaire aucun droit d’exclusivité.

La décision d’octroi ou de refus de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai d’un (1) mois suivant la date de la décision par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par transmission directe au demandeur contre récépissé.

Article 10 .-

Les demandes des personnes désirant obtenir l’autorisation d’exercer l’activité d’intégrateur de téléphonie sur protocole Internet sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt directe auprès de ce ministère contre récépissé.

Le dossier d’autorisation pour exercer l’activité d’intégrateur de services téléphonie sur protocole Internet comporte les documents suivants :

– une fiche de renseignements établie à cet effet et délivrée par le ministère chargé des télécommunications, dûment remplie et signée par le demandeur de l’autorisation,

– les documents justifiants les conditions prévues à l’article 11 du présent décret.

Article 11 .-

La personne désirant exercer l’activité d’intégrateur de téléphonie sur protocole Internet doit :

– établir au moins trois (3) filiales de son entreprise dans trois (3) gouvernorats,

– employer un nombre suffisant d’ingénieurs ou de techniciens supérieurs en télécommunication selon les exigences du service rendu,

– fournir un service de centre d’appel pour l’assistance technique des utilisateurs du réseau privé des entreprises administratives et économiques qui l’ont chargé de la mission d’installer l’infrastructure de télécommunications interne nécessaire à la fourniture du service téléphonie sur protocole Internet et de veiller au fonctionnement du réseau et à son entretien.

Article 12 .-

L’autorisation pour l’exercice de l’activité d’intégrateur des services de téléphonie sur protocole Internet est octroyée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la commission créée en vertu de l’article 10 du décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006 relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise des télécommunications.

Article 13 .-

L’autorisation d’exercer l’activité d’intégrateur de services téléphonie sur protocole Internet est octroyée à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée. Elle ne confère à son titulaire aucun droit d’exclusivité.

La décision d’octroi ou de refus de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai d’un (1) mois suivant la date de la décision par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par transmission directe au demandeur contre récépissé.

Article 14 .-

Le ministre des technologies de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

I. peatükk ÜLDSÄTTED　

§ 1.　Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamiseks vajalikud tingimused ning sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse osutamise üle järelevalve teostamise korra.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 2.　Digitaalallkiri

(1) Digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga.

(2) Digitaalallkiri moodustatakse turvalises allkirja andmise vahendis sisalduvate allkirja andmiseks vajalike andmete (edaspidi isiklik võti) abil, millele vastavad üheselt allkirja kontrollimise vahendis sisalduvad allkirja kontrollimiseks vajalikud andmed (edaspidi avalik võti).
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(3) Digitaalallkiri koos selle kasutamise süsteemiga peab:
1) võimaldama üheselt tuvastada isiku, kelle nimel allkiri on antud;
2) võimaldama kindlaks teha allkirja andmise aja;
3) siduma digitaalallkirja andmetega sellisel viisil, mis välistab võimaluse tuvastamatult muuta andmeid või nende tähendust pärast allkirja andmist.

§ 2¹.　Digitaalne tempel

(1) Digitaalne tempel on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida digitaalse templi sertifikaadi omanik kasutab tõendamaks digitaalse dokumendi terviklust ning oma seost sellise dokumendiga.

(2) Digitaalne tempel moodustatakse turvalises allkirja andmise vahendis oleva isikliku võtme abil, millele vastab üheselt avalik võti.

(3) Digitaalne tempel koos selle kasutamise süsteemiga peab:
1) võimaldama üheselt tuvastada sertifikaadi omaniku, kelle nimel digitaalne tempel on antud;
2) võimaldama kindlaks teha templi andmise aja;
3) siduma digitaalse templi dokumendi andmetega sellisel viisil, mis välistab võimaluse tuvastamatult muuta andmeid või nende tähendust pärast templi andmist.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 3.　Digitaalallkirja kasutamise õiguslikud tagajärjed

(1) Digitaalallkirjal on samad õiguslikud tagajärjed nagu omakäelisel allkirjal, kui seadusega ei ole neid tagajärgi piiratud ning on tõendatud allkirja vastavus käesoleva seaduse § 2 lõike 3 nõuetele.

(2) Käesoleva seaduse II–V peatükis sätestatud põhimõtete kohaselt antud digitaalallkirja vastavus käesoleva seaduse § 2 lõike 3 nõuetele ei vaja eraldi tõendamist, kui andmed koos digitaalallkirjaga võimaldavad üheselt kindlaks teha sertifikaadi, milles sisalduvale avalikule võtmele vastava isikliku võtmega digitaalallkiri on antud.

(3) Digitaalallkirja andmine ei too kaasa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tagajärgi, kui on tõendatud, et isiklikku võtit on kasutatud allkirja andmiseks ilma vastava sertifikaadi omaniku nõusolekuta.

(4) Digitaalallkirja andmine ilma vastava sertifikaadi omaniku nõusolekuta loetakse tõendatuks, kui sertifikaadi omanik tõendab asjaolud, mille esinemisel võib eeldada, et allkiri anti tema nõusolekuta.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel peab sertifikaadi omanik hüvitama kahju, mis tekkis teisele isikule, kes ekslikult pidas allkirja antuks sertifikaadi omaniku poolt, kui isikliku võtme kasutamine ilma sertifikaadi omaniku nõusolekuta oli toimunud sertifikaadi omaniku tahtluse või raske ettevaatamatuse tõttu.

§ 4.　Digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamine

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad eraõiguslikud isikud on kohustatud hoidma üldkasutatavas andmesidevõrgus kättesaadavana teavet digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamise võimaluste ja korra kohta nende asutuste ja isikutega suhtlemisel.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 4¹.　Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]

II. peatükk SERTIFIKAAT　

1. jaguSertifikaat ja nõuded sertifikaadile　

§ 5.　Sertifikaat

(1) Sertifikaat käesoleva seaduse mõistes on dokument, mis on välja antud, võimaldamaks digitaalallkirja või digitaalse templi andmist ja kontrollimist ning milles avalik võti seotakse üheselt sertifikaadi omanikuga.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(1¹) Ühele isikule võib anda välja mitu digitaalse templi sertifikaati.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(2) Sertifikaadis peab sisalduma selle:
1) number;
2) omaniku nimi;
2¹) omaniku isiku- või registrikood;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
3) omaniku avalik võti;
4) kehtivusaeg;
5) väljaandja ja registrikood;
6) kasutusvaldkonna piirangute kirjeldus.

(3) Sertifikaadi väljaandja kinnitab iga tema poolt väljaantud sertifikaadi.

§ 6.　Sertifikaadi omanik

Sertifikaadi omanik käesoleva seaduse mõistes on digitaalallkirja puhul füüsiline isik ja digitaalse templi puhul füüsiline või juriidiline isik, kelle andmetega on sertifikaadis sisalduv avalik võti samas sertifikaadis seotud.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

2. jaguSertifikaadi taotlemine ja väljaandmine　

§ 7.　Isikliku ja avaliku võtme moodustamine

(1) Isikliku ja avaliku võtme moodustab sertifikaadi taotleja või vastavalt tema soovile ja pooltevahelisele kokkuleppele sertifitseerimisteenuse osutaja või muu isik või asutus.

(2) Teise isiku jaoks isikliku ja avaliku võtme moodustaja ei tohi moodustada endale ega kolmandatele isikutele koopiat nendest võtmetest.

§ 8.　Sertifikaadi taotlemine

(1) Kui sertifikaati taotletakse digitaalallkirja andmiseks ja kontrollimiseks, esitatakse sertifitseerimisteenuse osutajale kirjalik avaldus, milles on:
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
1) sertifikaadi taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) sertifikaadi taotleja isikukood, isikukoodi puudumisel sünni päev, kuu ja aasta;
3) sertifikaadi taotleja avalik võti juhul, kui see on olemas, või volitus sertifitseerimisteenuse osutajale isikliku ja avaliku võtme moodustamiseks;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
4) sertifikaadi taotleja kontaktandmed;
5) taotletava sertifikaadi kehtivusaeg;
6) sertifikaadi kasutusvaldkonna piirangute kirjeldus;
7) muud andmed, mille lisamist sertifikaadile isik taotleb.

(1¹) Kui sertifikaati taotletakse digitaalse templi andmiseks ja kontrollimiseks, esitatakse sertifitseerimisteenuse osutajale kirjalik avaldus, milles märgitakse:
1) sertifikaadi taotleja nimetus või nimi;
2) sertifikaadi taotleja isiku- või registrikood ja asukoht või elukoht;
3) sertifikaadi taotleja avalik võti või taotlus sertifitseerimisteenuse osutajale isikliku ja avaliku võtme moodustamiseks;
4) sertifikaadi taotleja kontaktandmed;
5) taotletava sertifikaadi kehtivusaeg;
6) muud andmed, mille lisamist sertifikaadile isik taotleb.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 1¹ nimetatud avalduses sisaldub sertifikaadi taotleja avalik võti, peab sertifikaadi taotleja tõendama, et sellele vastav isiklik võti on tema valduses.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 9.　Sertifikaadi väljaandja

Sertifikaadi väljaandja käesoleva seaduse mõistes on isik või asutus, kes on sertifikaadi välja andnud ja vastutab sertifikaadis sisalduvate andmete tõesuse eest.

§ 10.　Sertifikaadi väljaandmine

(1) Sertifikaadi väljaandja on kohustatud kontrollima sertifikaadi taotlemiseks esitatud avalduse vastavust käesolevale seadusele ja avalduses sisalduvate andmete tõesust.

(1¹) Sertifikaadi väljaandjal on õigus kontrollida identifitseerimise (isikusamasuse kontrollimise) aluseks oleva isikut tõendava dokumendi kehtivust ning isiku esindaja esindusõigust.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(2) Sertifikaat antakse isikule välja viivitamatult pärast vastavate andmete kandmist sertifikaadi väljaandja poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi.

(3) Sertifikaadi väljaandja on kohustatud sertifikaadi taotlejat teavitama sertifikaadi kasutamise tingimustest, sertifikaadi omaniku õigustest ja kohustustest ning teistest sertifikaadi kasutamisega seotud asjaoludest.

3. jaguSertifikaadi kehtivusaeg, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine　

§ 11.　Sertifikaadi kehtivusaeg

(1) Sertifikaat hakkab kehtima sertifikaadis märgitud kehtivusaja algusest, kuid mitte enne vastavate andmete kandmist sertifikaadi väljaandja poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi.

(2) Sertifikaadi kehtivus lõpeb sertifikaati märgitud kehtivuse lõppemise tähtpäeva saabumisel või sertifikaadi kehtetuks tunnistamisel.

§ 12.　Sertifikaadi kehtivuse peatamine

(1) Sertifitseerimisteenuse osutajal on õigus peatada sertifikaadi kehtivus, kui tal tekib põhjendatud kahtlus, et sertifikaati on kantud ebaõiged andmed või et sertifikaadis sisalduvat avalikule võtmele vastavat isiklikku võtit on võimalik kasutada sertifikaadi omaniku nõusolekuta.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud sertifikaadi kehtivuse peatama, kui seda nõuab:
1) sertifikaadi omanik;
2) andmekaitse järelevalveasutus või sertifitseerimise registri vastutav töötleja, kui tal tekib põhjendatud kahtlus, et sertifikaati on kantud ebaõiged andmed või et sertifikaadis sisalduvale avalikule võtmele vastavat isiklikku võtit on võimalik kasutada sertifikaadi omaniku nõusolekuta;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
3) kohus, prokuratuur või kriminaalasjas kohtueelset uurimist teostav asutus kuritegude tõkestamiseks.

(3) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud pärast sertifikaadi kehtivuse peatamise nõude seaduslikkuse kontrollimist viivitamatult kandma andmed kehtivuse peatamise kohta tema poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi.

(4) Sertifitseerimisteenuse osutaja teavitab sertifikaadi kehtivuse peatamisest viivitamatult sertifikaadi omanikku.

(5) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud pidama arvestust sertifikaadi kehtivuse peatamise aja, aluse, taotleja ja peatatuse lõpetamise kohta.

(6) Sertifikaadi kehtivuse peatatuse ajal antud digitaalallkiri või digitaalne tempel on kehtetu.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 13.　Sertifikaadi kehtivuse peatatuse lõpetamine

(1) Sertifikaadi kehtivuse peatatus lõpetatakse sertifikaadi omaniku või sertifikaadi kehtivuse peatamist nõudnud isiku või asutuse avalduse alusel vastavate andmete kandmisega sertifikaadi väljaandnud sertifitseerimisteenuse osutaja poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi.

(2) Käesoleva seaduse § 12 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhtudel saab sertifikaadi kehtivuse peatatuse lõpetada peatamise algataja.

(3) Sertifitseerimisteenuse osutaja teavitab sertifikaadi kehtivuse peatatuse lõpetamisest viivitamatult sertifikaadi omanikku.

§ 14.　Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

(1) Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise aluseks on:
1) sertifikaadi omaniku avaldus;
2) sertifikaadis toodud avalikule võtmele vastava isikliku võtme ilma sertifikaadi omaniku nõusolekuta kasutamise võimalus;
3) sertifikaadi omaniku teovõimetuks tunnistamine;
4) sertifikaadi omaniku surnuks tunnistamine;
5) sertifikaadi omaniku surm;
5¹) sertifikaadi omaniku lõpetamisega tema registrist kustutamine ning avalik-õigusliku ameti kandjast sertifikaadi omaniku puhul tema ametist vabastamine või tagandamine;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
6) sertifikaadi omaniku poolt sertifikaadi saamiseks sertifitseerimisteenuse osutajale valeandmete esitamine;
7) sertifitseerimisteenuse osutaja tegevuse lõpetamine;
8) muud seaduses sätestatud juhud.

(2) Õigus taotleda vastava avalduse esitamisega sertifikaadi kehtetuks tunnistamist on sertifikaadi omanikul või muul isikul.

(3) Sertifikaadi tunnistab kehtetuks sertifitseerimisteenuse osutaja, kes algatab kehtetuks tunnistamise menetluse viivitamatult pärast vastava avalduse saamist või muu käesoleva paragrahvi lõikes　1 sätestatud aluse olemasolul.

§ 15.　Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise menetlus

(1) Kui sertifikaadi kehtetuks tunnistamise põhjuseks on käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 3 kuni 8 märgitud juhud, lisatakse avaldusele sertifikaadi kehtetuks tunnistamise alust tõendavad dokumendid.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud kontrollima sertifikaadi kehtetuks tunnistamise taotlemise ja aluse seaduslikkust.

(3) Sertifikaadi kehtivus lõpeb vastavate andmete sertifitseerimisteenuse osutaja poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi kandmise hetkest.

(4) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud säilitama sertifikaadi kehtetuks tunnistamise põhjust tõestavad dokumendid oma tegevusaja lõpuni, kui seaduses ei ole sätestatud teist tähtaega.

§ 16.　Sertifikaadi kehtivuse seadusliku aluseta peatamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed

Isik või asutus, kelle tahtluse või raske ettevaatamatuse tõttu on ilma seadusliku aluseta peatatud sertifikaadi kehtivus või tunnistatud sertifikaat kehtetuks, on kohustatud hüvitama sertifikaadi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamisega põhjustatud kahju.

III. peatükk SERTIFITSEERIMISTEENUS JA SERTIFITSEERIMISTEENUSE OSUTAJA　

§ 17.　Sertifitseerimisteenus

(1) Sertifitseerimisteenusena käsitatakse digitaalallkirja ja digitaalse templi andmiseks ja kontrollimiseks vajalike sertifikaatide väljaandmist, sertifikaatide alusel antud digitaalallkirjade ja digitaalsete templite kontrollimise võimaldamist ning sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemist.
[RT I 2009, 1, 3- jõust. 12.01.2009]

(2) Sertifitseerimine on toiming, mille tulemusena sertifitseerimisteenuse osutaja annab sertifikaadi taotlejale välja sertifikaadi.

§ 18.　Sertifitseerimisteenuse osutaja

(1) Sertifitseerimisteenuse osutajaks võib olla teenuse osutajana sertifitseerimise registrisse kantud ning Eesti vastavas registris registreeritud:
[RT I 2009, 1, 3- jõust. 12.01.2009]　
1) aktsiaselts;
2) osaühing, mille osakapital on suurem kui 25.000 eurot;
[RT I 2010, 22, 108- jõust. 01.01.2011]　
3) avalik-õiguslik juriidiline isik, kui see on ette nähtud tema kohta käivas seaduses;
4) Vabariigi Valitsuse määratud riigiasutus.

(2) [Kehtetu]

§ 19.　Sertifitseerimisteenuse osutajale esitatavad nõuded

(1) Sertifitseerimisteenuse osutaja peab vastama käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele ning olema suuteline tagama seadustele ja seaduste alusel antud õigusaktidele vastava usaldusväärse sertifitseerimisteenuse.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud igal aastal sertifitseerimise registrisse kandmise kuupäevaks tagama infosüsteemi auditi teostamise ning esitama auditi tulemused sertifitseerimise registri volitatud töötlejale.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(3) Sertifitseerimisteenuse osutajal ei tohi olla maksuvõlga ega muid võlgnevusi, mis seavad ohtu käesoleva seaduse II–V peatükis sätestatud põhimõtetele vastava sertifitseerimisteenuse osutamise.

(4) Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud kindlustama oma tegevuse käesoleva seaduse §-s 39 sätestatud korras.

§ 20.　Sertifitseerimispõhimõtted

(1) Sertifitseerimispõhimõtted on sertifitseerimisteenuse osutaja poolt käesoleva seadusega ja selle alusel kehtestatud nõuetele vastavad sertifitseerimisel kasutatavate organisatsiooniliste ja tehniliste vahendite ning sertifitseerimisteenuse osutaja poolt sertifikaadi taotlejale esitatavate nõuete kirjeldused.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja sertifitseerimispõhimõtetes peavad sisalduma:
1) sertifitseerimisteenuse osutaja nimi või nimetus;
2) sertifitseerimisteenuse osutaja asukoha aadress;
3) sertifikaadi taotleja avalikule võtmele vastava isikliku võtme tõendamise kord;
4) sertifitseerimisteenuse osutamiseks kasutatavate tehniliste vahendite kirjeldus;
5) sertifitseerimismenetluse kord ja tähtajad;
6) sertifikaadi taotlemise avalduse läbivaatamise kord;
7) sertifikaadi väljaandmise kord;
8) sertifikaadi kasutusvaldkonna piirangute kirjeldamise mehhanismid;
9) väljaantud sertifikaatide üle arvestuse pidamise kord;
10) sertifikaatide kehtivuse kohta andmete väljastamise kord;
11) võtmete genereerimise ja säilitamise kord ning sertifitseerimisteenuse osutaja isikliku võtme hoidmiseks ette nähtud vahendi kirjeldus;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
11¹) väljaantavate sertifikaatide kinnitamise kord;
12) sertifikaadi kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord;
13) tegevuskava juhuks, kui on saanud võimalikuks sertifitseerimisteenuse osutaja või tema tegevuse jäljendamine teenuse osutamisel;
14) sertifitseerimisteenuse osutaja poolt väljaantud sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise tehniline kord;
15) sertifitseerimisteenuse osutamise lõpetamise kord;
16) muud asjaolud, mille sätestamist sertifitseerimispõhimõtetes peab vajalikuks sertifitseerimisteenuse osutaja.

(3) Vabariigi Valitsuse määratud sertifitseerimisteenust osutava riigiasutuse sertifitseerimispõhimõtted ja teenuse hinnad kinnitab riigiasutuse juht.

§ 21.　Sertifitseerimisteenuse osutaja töötajale esitatav piirang

Sertifitseerimisteenuse osutaja töötajal, kes tegeleb sertifitseerimisteenuse osutamisega, ei tohi olla karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

§ 22.　Sertifitseerimisteenuse osutaja kohustused

Sertifitseerimisteenuse osutaja on kohustatud:
1) avalikustama oma sertifitseerimispõhimõtted ning tagama nende kättesaadavuse üldkasutatavas andmesidevõrgus;
2) tagama sertifitseerimisteenuse osutamisel teatavaks saanud avaldamisele mittekuuluva teabe saladuses hoidmise;
3) pidama arvestust enda poolt väljaantud sertifikaatide ja nende kehtivuse üle;
4) võtma ööpäevaringselt vastu avaldusi sertifikaatide kehtivuse peatamiseks;
5) tõendama huvitatud isiku nõudmisel oma esindaja digitaalallkirjaga enda poolt väljaantud sertifikaadis sisalduvale avalikule võtmele vastava isikliku võtmega antud digitaalallkirja kehtivust;
6) tagama ööpäevaringselt sertifikaatide kehtivuse kontrolli võimaluse üldkasutatavas andmesidevõrgus;
7) säilitama sertifitseerimisega seotud dokumentatsiooni oma tegevuse lõpuni;
8) tagama igal aastal infosüsteemi auditi teostamise ning esitama auditi tulemused sertifitseerimisteenuse registri volitatud töötlejale;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
9) avalikustama kohustusliku kindlustuslepingu tingimused üldkasutatavas andmesidevõrgus;
10) teatama sertifitseerimise registri volitatud töötlejale sertifitseerimisteenuse osutamisel kasutatava avaliku võtme muutumisest.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

IV. peatükk AJATEMPLITEENUS JA AJATEMPLITEENUSE OSUTAJAD　

§ 23.　Ajatempli mõiste

(1) Ajatempel on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mis tõendab dokumendi olemasolu kindlal ajahetkel.

(2) Ajatempel peab olema seotud andmetega sellisel viisil, mis välistab võimaluse tuvastamatult muuta andmeid pärast ajatempli võtmist.

(3) Ajatempliteenuse osutaja kinnitab tema poolt väljaantud ajatemplid.

§ 24.　Ajatempliteenus

(1) Ajatempliteenus on digitaalallkirjade ja digitaalsete templite ajalise järgnevuse tõestamiseks vajalike ajatemplite väljaandmine ja väljaantud ajatemplite kontrollimiseks tingimuste loomine.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(2) Kui eri ajatempliteenuse osutajate poolt väljaantud ajatemplite ajalist järgnevust ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse, et need ajatemplid on antud üheaegselt.

(3) Ajatempliteenuse osutaja peab tagama, et oleks välistatud korrektse ajatempli väljaandmine selle taotlemise hetkest varasemale või hilisemale ajale või väljaantud ajatemplite järgnevuse muutmine.

§ 25.　Ajatempliteenuse osutaja

Ajatempliteenuse osutajaks võib olla vastava teenuse osutajana sertifitseerimise registrisse kantud ning Eesti vastavas registris registreeritud:
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
1) aktsiaselts;
2) osaühing, mille osakapital on suurem kui 25.000 eurot;
[RT I 2010, 22, 108- jõust. 01.01.2011]　
3) avalik-õiguslik juriidiline isik, kui see on ette nähtud tema kohta käivas seaduses;
4) Vabariigi Valitsuse määratud riigiasutus.

§ 26.　Ajatempliteenuse osutajale esitatavad nõuded

(1) Ajatempliteenuse osutaja peab vastama käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele ning olema suuteline tagama seadustele ja seaduste alusel antud õigusaktidele vastava usaldusväärse ajatempliteenuse.

(2) Ajatempliteenuse osutaja on kohustatud igal aastal sertifitseerimise registrisse kandmise kuupäevaks tagama infosüsteemi auditi teostamise ning esitama auditi tulemused sertifitseerimise registri volitatud töötlejale.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(3) Ajatempliteenuse osutajal ei tohi olla maksuvõlga ega muid võlgnevusi, mis seavad ohtu käesoleva seaduse II–V peatükis sätestatud põhimõtetele vastava ajatempliteenuse osutamise.

(4) Ajatempliteenuse osutaja on kohustatud kindlustama oma tegevuse käesoleva seaduse §-s 39 sätestatud korras.

§ 27.　Ajatembelduspõhimõtted

(1) Ajatembelduspõhimõtted on ajatempliteenuse osutaja poolt ajatempli andmiseks ning kontrollimiseks sooritatavate toimingute ning kasutatavate tehniliste vahendite kirjeldused.

(2) Ajatempliteenuse osutaja ajatembelduspõhimõtetes peavad sisalduma:
1) ajatempliteenuse osutaja nimi või nimetus;
2) ajatempliteenuse osutamiseks kasutatavate tehniliste vahendite kirjeldus;
3) ajatempli võtmise ja kontrollimise kord;
3¹) väljaantavate ajatemplite kinnitamise kord;
4) väljaantud ajatemplite üle arvestuse pidamise kord;
5) väljaantud ajatemplite kohta andmete väljastamise kord;
6) ajatempliteenuse osutamise lõpetamise kord;
7) tegevuskava juhuks, kui on saanud võimalikuks ajatempliteenuse osutaja või tema tegevuse jäljendamine teenuse osutamisel;
8) muud asjaolud, mille sätestamist peab vajalikuks ajatempliteenuse osutaja.

§ 28.　Ajatempliteenuse osutaja kohustused

Ajatempliteenuse osutaja on kohustatud:
1) tagama ajatemplites õiged ajanäidud vastavalt ajatembelduspõhimõtetes kirjeldatule;
2) pidama arvestust väljaantud ajatemplite üle;
3) säilitama dokumentatsiooni väljaantud ajatemplite kontrollimiseks;
4) [kehtetu -RT I 2009, 1, 3- jõust. 12.01.2009]　
5) tagama ajatemplite võtmise ja kontrolli võimaluse üldkasutatavas andmesidevõrgus;
6) tagama igal aastal infosüsteemi auditi teostamise ning esitama auditi tulemused sertifitseerimisteenuse registri volitatud töötlejale;
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]　
7) avalikustama kohustusliku kindlustuslepingu tingimused üldkasutatavas andmesidevõrgus;
8) teatama sertifitseerimise registri volitatud töötlejale ajatempliteenuse osutamisel kasutatava avaliku võtme muutumisest.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 29.　Ajatempliteenuse osutaja töötajale esitatav piirang

Ajatempliteenuse osutaja töötajal, kes tegeleb ajatempliteenuse osutamisega, ei tohi olla karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

V. peatükkSERTIFITSEERIMISTEENUSE JA AJATEMPLITEENUSE OSUTAMISE LÕPETAMINE　

§ 30.　Sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse osutamise lõpetamine

(1) Sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse (edaspidi　teenus) osutamine lõpetatakse:
1) teenuse osutaja otsusega;
2) teenuse osutamise üle järelevalvet teostava asutuse otsusega;
3) kohtuotsusega;
4) teenuse osutaja likvideerimise või tegevuse lõpetamise korral;
5) Vabariigi Valitsuse otsusega, millega lõpetatakse käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 ja § 25 punktis 4 nimetatud riigiasutuse poolt teenuse osutamine.

(2) Sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse osutamise lõpetamisel annab teenuse osutaja teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni üle sertifitseerimise registrile.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 31.　Teenuse osutamise lõpetamisest teatamine

(1) Teenuse osutaja on kohustatud teenuse osutamise lõpetamise otsusest viivitamatult teatama sertifitseerimise registri volitatud töötlejale või vastutavale töötlejale. Juhul kui isik või asutus teavitab teenuse osutamise lõpetamise otsusest registri volitatud töötlejat, on viimane kohustatud sellest viivitamatult teatama registri vastutavale töötlejale.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(2) Teenuse osutaja on kohustatud teenuse osutamise lõpetamise otsusest teatama oma teenuse kasutajatele vähemalt üks kuu enne teenuse osutamise lõpetamist.

(3) Sertifitseerimise registri vastutav töötleja teavitab teenuse osutamise lõpetamise otsusest andmekaitse järelevalveasutust ja riigi infosüsteemide alaseid töid koordineerivat asutust.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

VI. peatükk SERTIFITSEERIMISE REGISTER　
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 32.　Sertifitseerimise register
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(1)　Sertifitseerimise register　(edaspidi　register) on Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse osutajate üle.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(2) Registri vastutavaks töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(3) Registri koosseisu kuuluvad:
1) sertifitseerimisteenuse osutajate andmebaas;
2) ajatempliteenuse osutajate andmebaas;
3) [kehtetu -RT I 2009, 1, 3- jõust. 12.01.2009]　
4) registriarhiiv.

§ 33.　Teenuse osutajate registrisse kandmise taotlemine

(1) Isik või asutus esitab registris registreerimiseks:
1) seadusliku esindaja poolt allkirjastatud isiku või asutuse teenuse osutajana registreerimise avalduse, kuhu on märgitud ka isiku või asutuse avalik võti (avalikud võtmed), mida isik või asutus hakkab sertifitseerimis- või ajatempliteenuse osutamisel kasutama;
2) sama avalduse digitaalsel kujul, mis on kinnitatud väljaantavate sertifikaatide ja ajatemplite kinnitamise korra kohaselt, millele on lisatud tõendus sertifitseerimis- või ajatempliteenuse osutamisel kasutatavate isiklike võtmete valdamise kohta;
3) [kehtetu -RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]　
4) sertifitseerimis- või ajatembelduspõhimõtted;
5) [kehtetu -RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]　
6) infosüsteemi auditi tulemused;
7) kinnituse selle kohta, et tal ei ole võlgnevusi, mis seavad ohtu käesoleva seaduse II–V peatükis sätestatud põhimõtetele vastava teenuse osutamise.

(2) Teenuse osutaja registrisse kandmise avalduses peavad sisalduma:
1) teenuse osutaja nimi või nimetus;
2) teenuse osutaja asukoha aadress;
3) teenuse osutaja registrikood;
4) teenuse osutaja esindaja nimi, ametinimetus, isikukood ja kontaktandmed;
5) teenuse osutaja sidevahendite numbrid või aadressid;
6) teenuse osutamiseks seatud piirangud.

(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud kontrollima esitatud andmete õigsust ja teenuse vastavust käesolevas seaduses sätestatud nõuetele. Peale selle kontrollib registri volitatud töötleja, kas taotleja on tasunud riigilõivu, kas teenust osutav isik või asutus on registreeritud ning kas isikul ei esine Maksu- ja Tolliameti ees maksuvõlgnevusi.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

(4) Registri volitatud töötlejal on õigus esitada isiku või asutuse esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks päringuid ja järelepärimisi kõikidele riigiasutustele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudele.

(5) Isik või asutus on kohustatud enne registrisse kandmist tagama infosüsteemi auditi teostamise, mille tulemused esitatakse registri volitatud töötlejale. Infosüsteemi auditi kulud katab isik või asutus.

§ 34.　Teenuse osutaja registreerimine

(1) Registri volitatud töötleja otsustab pärast dokumentide kontrollimist isiku või asutuse teenuse osutajana registris registreerimise viie tööpäeva jooksul, arvates käesoleva seaduse § 33 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide ja andmete saamise päevast, tehes otsuse isikule või asutusele teatavaks.
[RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajast esitatud andmete ja dokumentide kontrollimiseks ei piisa, võib registri vastutav töötleja pikendada tähtaega kuni 10 tööpäevani.

(3) Isik või asutus esitab pärast seda, kui teda on otsustatud registris registreerida, volitatud töötlejale käesoleva seaduse § 39 nõuetele vastava kindlustuspoliisi ärakirja, mille järel isik või asutus registreeritakse viivitamatult teenuse osutajana.

(4) Registri volitatud töötleja annab igale registrisse kantud teenuse osutajale kordumatu registrikoodi.

(5) Registri volitatud töötleja kinnitab registreeritud teenuse osutajate käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punktis 1 märgitud avalikud võtmed.

(6) Teenuse osutamise lõpetamisel esitatakse sellekohane avaldus registri volitatud töötlejale, kes sisestab teenuse osutamise lõpetamise andmed registrisse.

§ 35.　Teenuse osutaja registreerimisest keeldumine

(1) Registri volitatud töötleja keeldub teenuse osutaja registreerimisest, kui:
1) isik või asutus ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
2) sertifitseerimis- või ajatembelduspõhimõtted ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
3) [kehtetu -RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]　
4) isik või asutus on esitanud registri volitatud töötlejale ebaõigeid andmeid;
5) esitatud infosüsteemi auditi tulemuste alusel on põhjust arvata, et isik või asutus ei suuda tagada käesoleva seaduse nõuetele vastavat teenust;
6) isikul või asutusel on maksuvõlg, ta ei ole registreeritud või ta ei ole tasunud riigilõivu;
7) muudel seaduses sätestatud juhtudel.

(2) Registri volitatud töötleja toimetab isikule või asutusele teenuse osutaja registreerimisest keeldumisest otsuse posti teel või elektrooniliselt kätte.
[RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]

§ 36.　Teenuse osutaja kustutamine registrist

Teenuse osutaja kustutatakse registrist, kui ta on lõpetanud teenuse osutamise vastavalt käesoleva seaduse V peatüki sätetele.

§ 37.　Juurdepääs registri andmetele

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud.

(2) Registri volitatud töötleja on kohustatud tagama teenuse osutajate kohta registrisse kantud andmete avalikkuse ning ööpäevaringse kättesaadavuse.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

VI¹. peatükk TURVALINE ALLKIRJA ANDMISE VAHEND　
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 37¹.　Nõuded turvalisele allkirja andmise vahendile

(1) Turvaline allkirja andmise vahend on seadistatud tark- või riistvara, näiteks turvakiibiga varustatud kiipkaart, mida kasutatakse isikliku võtme hoidmiseks ja rakendamiseks.

(2) Turvaline allkirja andmise vahend peab asjakohase tehnika ja protseduuridega tagama, et:
1) allkirja andmiseks vajalik isiklik võti võib tegelikult esineda vaid üks kord ja selle salajasus on piisavalt kindlustatud;
2) isiklikku võtit ei saa tuletada ja allkiri on võltsimise eest kaitstud käesoleva aja tehnika tasemele vastavalt;
3) isiklikku võtit saab õiguspärane allakirjutaja piisavalt kaitsta, nii et teised isikud ei saaks seda kasutada.

(3) Turvaline allkirja andmise vahend ei tohi muuta allkirjastatavaid andmeid ega takistada nende andmete esitamist allakirjutajale enne allkirjastamist.
[RT I 2009, 1, 3- jõust. 12.01.2009]

VII. peatükk.- TEENUSE OSUTAJA VARALINE VASTUTUS JA KINDLUSTAMINE　

§ 38.　Teenuse osutaja varaline vastutus

(1) Teenuse osutaja vastutab varalise kahju eest, mis on tekkinud tema kohustuste rikkumise tagajärjel.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju tekitamise eest vastutab teenuse osutaja kõrval kolmas isik, siis vastutavad nad solidaarselt.
[RT I 2002, 53, 336- jõust. 01.07.2002]

§ 39.　Teenuse osutaja kohustuslik kindlustamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 38 sätestatud kahju hüvitamise tagamiseks on teenuse osutaja kohustatud sõlmima kohustusliku kindlustuslepingu.

(2) Teenuse osutaja on kohustatud kindlustuslepingu tingimused avaldama üldkasutatavas andmesidevõrgus.

VIII. peatükk.- VÄLISMAISE SERTIFITSEERIMISTEENUSE OSUTAJA POOLT VÄLJAANTUD SERTIFIKAATIDE NING NENDE ALUSEL MOODUSTATUD DIGITAALALLKIRJADE JA DIGITAALSETE TEMPLITE TUNNUSTAMINE　
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 40.　Välismaise sertifikaadi tunnustamine

Välismaise sertifitseerimisteenuse osutaja poolt väljaantud sertifikaate tunnustatakse võrdväärsetena käesoleva seaduse alusel tegutsevate sertifitseerimisteenuse osutajate poolt väljaantud sertifikaatidega, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) välismaine sertifitseerimisteenuse osutaja vastab registri vastutava töötleja otsuse kohaselt käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
2) välismaise sertifitseerimisteenuse osutaja sertifikaate garanteerib mõni käesoleva seaduse alusel tegutsev sertifitseerimisteenuse osutaja, kes on sertifikaatides sisalduvate andmete tõesuse eest endale vastutuse võtnud;
3) välismaise sertifitseerimisteenuse osutaja poolt väljaantud sertifikaadid on tunnustatud Eesti Vabariigi välislepinguga.

IX. peatükk.- JÄRELEVALVE SERTIFITSEERIMISTEENUSE JA AJATEMPLITEENUSE OSUTAJATE ÜLE　

§ 41.　Järelevalve teostajad

(1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimist kontrollib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(2) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja avaliku teabe seaduses ettenähtud korras.
[RT I 2007, 12, 66- jõust. 01.01.2008]

(3) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse ja andmete kaitse üle teostab andmekogude haldamise üle järelevalvet teostav asutus ning andmekaitse järelevalveasutus avaliku teabe seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud korras.
[RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

§ 42.　Järelevalve teostamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete järgimise kontrollijana õigus:
[RT I 2003, 88, 594- jõust. 08.01.2004]　
1) kontrollida registrile esitatud infosüsteemi auditi tulemuste vastavust tegelikkusele;
2) siseneda teenuse osutaja esindaja juuresolekul ruumidesse, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, ning tutvuda teenuse osutamise dokumentidega;
3) esitada järelepärimisi ja päringuid riigiasutustele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudele vastavate andmete saamiseks;
4) teha teenuse osutajale kirjalik hoiatus, kui ta käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuded esmakordselt või ettevaatamatuse tõttu täitmata jätab;
5) teha teenuse osutajale tähtajaline ettekirjutus, kui ta käesoleva paragrahvi punktis　4 nimetatud hoiatusele ei reageeri või käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktid korduvalt või tahtlikult täitmata jätab;
6) käesoleva paragrahvi punktis 5 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrata asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras sunniraha kuni 3200　eurot;
[RT I 2010, 22, 108- jõust. 01.01.2011]　
7) otsustada teenuse osutaja kustutamine registrist ning esitada otsus registri volitatud töötlejale vastava kande tegemiseks.

X. peatükk RAKENDUSSÄTTED　

§ 43.　Digitaalallkirja rakendamine

(1) Vabariigi Valitsus asutab ja võtab käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 sätestatud registri kasutusele käesoleva seaduse jõustumise hetkeks.

(2)　Vabariigi Valitsus kehtestab 2001. aasta 1. märtsiks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute asjaajamiskorra ühtsed alused, mis võimaldavad asutuste asjaajamises kasutada ka digitaalselt allkirjastatud dokumente.

(3) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud korraldavad oma asjaajamise 2001. aasta 1. juuniks ümber vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaajamiskorrale.

(4)　Majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitab　teenuse osutajate infosüsteemide auditeerimise korra 2000. aasta 1. oktoobriks.
[RT I 2003, 88, 594- jõust. 08.01.2004]

§ 44.　Registri volitatud töötleja ja teenuse osutajate avalike võtmete kinnitamine ning nendele vastavate isiklike võtmete kasutusala määramine

(1) Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punktis 1 märgitud avaliku võtme kinnitamiseks kasutatava registri volitatud töötleja avaliku võtme kinnitab ja sellele vastava isikliku võtme kasutusala määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja poolt sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse osutamiseks kasutatava avaliku võtme ja sellele vastava isikliku võtme kasutusala kinnitab registri volitatud töötleja.
[RT I 2003, 88, 594- jõust. 08.01.2004]

§ 45.　[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 46.　[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 47.　Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 15. detsembril.

1　Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (EÜT L　13, 19.01.2000, lk　12–20) [RT I 2009, 1, 3 – jõust. 12.01.2009]

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado el 19 de marzo de 1997 por el Comité de conciliación,

(1) Considerando que, a partir del 1 de enero de 1998, con períodos de transición para determinados Estados miembros, quedará liberalizada la oferta de servicios y de infraestructura de telecomunicaciones en la Comunidad; que la Resolución del Consejo, de 7 de febrero de 1994, relativa a los principios del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones (4) reconoce que para fomentar unos servicios de telecomunicación de alcance comunitario es preciso garantizar la interconexión de las redes públicas y, en el futuro entorno competitivo, la interconexión entre los diferentes operadores nacionales y comunitarios; que la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (5) establece principios armonizados en materia de apertura y eficacia en el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y, cuando proceda, a los servicios a disposición del público, así como en lo relativo a su uso; que la Resolución del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa al informe sobre la situación del sector de las telecomunicaciones y la necesidad de que prosiga el desarrollo en este mercado (6) reconoce que las medidas de la oferta de red abierta proporcionan el marco adecuado para armonizar las condiciones de interconexión; que dicha armonización resulta esencial para el establecimiento y el adecuado funcionamiento del mercado interior para los servicios de telecomunicaciones; que la Resolución del Consejo, de 18de septiembre de 1995, sobre la aplicación del futuro marco reglamentario de las telecomunicaciones (7) reconoce como elementos clave del mismo la conservación y el desarrollo de un servicio universal, así como una reglamentación específica de la interconexión, y fija algunas directrices al respecto;

(2) Considerando que es necesario contar con un marco general para la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicación a disposición del público, con independencia de las tecnologías empleadas, con vistas a garantizar a los usuarios comunitarios una interoperabilidad de extremo a extremo de los servicios; que la existencia de unas condiciones de interconexión e interoperabilidad equitativas, proporcionadas y no discriminatorias constituye un factor clave para facilitar el desarrollo de unos mercados abiertos y competitivos;

(3) Considerando que la abolición de los derechos exclusivos y especiales en las telecomunicaciones exige la modificación de algunas de las definiciones actuales; que, a efectos de la presente Directiva, los servicios de telecomunicación no incluyen los servicios de radiodifusión sonora ni de televisión; que las condiciones técnicas, tarifas y condiciones de uso y suministro aplicables a la interconexión podrán ser distintas de las aplicables a las interfaces entre la red y el usuario final;

(4) Considerando que el marco reglamentario relativo a la interconexión abarca aquellas situaciones en las que se utilizan las redes interconectadas para la prestación comercial de servicios de telecomunicación que son puestos a disposición del público; que el marco reglamentario relativo a la interconexión no abarca los casos en que se utiliza una red de telecomunicación para la prestación de servicios de telecomunicación accesibles exclusivamente a un usuario final o a un grupo de usuarios cerrado, sino que sólo comprende el caso en que se utiliza una red de telecomunicación para la prestación de servicios que son puestos a disposición del público; que las redes de telecomunicación interconectadas pueden ser propiedad de las partes interesadas o pueden basarse en líneas arrendadas y/o en capacidad de transmisión que no sea propiedad de las partes interesadas;

(5) Considerando que, tras la supresión de los derechos especiales y exclusivos en materia de servicios e infraestructura de telecomunicaciones en la Comunidad, el suministro de redes o servicios de telecomunicación puede exigir alguna forma de autorización por parte de los Estados miembros; que los organismos autorizados a suministrar redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicación a disposición del público, en la totalidad o una parte de la Comunidad, deben tener libertad para negociar acuerdos de interconexión de carácter comercial de conformidad con el Derecho comunitario y sometidos a la supervisión y, en caso necesario, a la intervención de las autoridades nacionales de reglamentación; que hay que garantizar una interconexión adecuada dentro de la Comunidad de determinadas redes y la interoperabilidad de los servicios que resultan esenciales para el bienestar social y económico de los usuarios comunitarios, en particular, las redes y servicios telefónicos públicos, fijos o móviles y las líneas arrendadas; que, a efectos de la presente Directiva, la palabra “públicos” no hace alusión a la propiedad ni tampoco a un conjunto limitado de ofertas designadas como “redes públicas” o “servicios públicos”, sino que se refiere a cualquier red o servicio puesto a disposición del público, para su uso por terceros;

(6) Considerando que es necesario definir qué organismos tienen derechos y obligaciones en materia de interconexión; que, para favorecer el desarrollo de nuevos tipos de servicios de telecomunicación, es importante fomentar las nuevas formas de interconexión y acceso especial a la red en puntos distintos de los puntos de terminación de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios finales; que el peso de un organismo en el mercado depende de varios factores, entre los que figuran su cuota en el mercado del producto o servicio de que se trate en el mercado geográfico correspondiente, su volumen de negocios con relación a las dimensiones del mercado, su capacidad para influir en la situación del mercado, su control de los medios de acceso a los usuarios finales, sus vínculos internacionales, su acceso a los recursos financieros y su experiencia en el suministro de productos y servicios en el mercado; que las autoridades nacionales de reglamentación deberían encargarse de determinar cuáles organismos tienen un peso significativo en el mercado teniendo en cuenta la situación en el mercado pertinente;

(7) Considerando que el concepto de servicio universal debe adaptarse a la evolución tecnológica, el desarrollo del mercado y las modificaciones en la demanda de los usuarios; que las nuevas condiciones para la prestación del servicio universal deberían evaluarse en la futura revisión de la presente Directiva;

(8) Considerando que las obligaciones de prestación de un servicio universal contribuyen a la consecución de los objetivos de cohesión económica y social e igualdad territorial de la Comunidad; que en un Estado miembro puede hacer más de un organismo con obligaciones de servicio universal; que los Estados miembros deben fomentar una rápida implantación, lo más amplia posible, de nuevas tecnologías como la red digital de servicios integrados (RDSI); que en la fase actual de desarrollo de la RDSI en la Comunidad esta red no es accesible a todos los usuarios y no está sometida a las disposiciones de servicio universal de la presente Directiva; que puede ser adecuado a su debido tiempo considerar si la RDSI debería ser parte del servicio universal; que el cálculo del coste neto del servicio universal debe tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como factores económicos externos y beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero que no debe obstaculizar el proceso de reequilibrio de tarifas en curso; que los costes de las obligaciones de servicio universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes; que las aportaciones económicas relacionadas con las obligaciones de servicio universal deben separarse de las cuotas de interconexión; que cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para un organismo conviene permitir que los Estados miembros establezcan mecanismos para compartir el coste neto del suministro universal de una red pública de telefonía fija y un servicio público de telefonía fija con otro organismo que administre redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telefonía vocal a disposición del público; que ello habrá de efectuarse respetando los principios contenidos en la legislación comunitaria, en particular los relativos a la no discriminación y a la proporcionalidad, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 A del Tratado;

(9) Considerando que es importante establecer principios que garanticen la transparencia, el acceso a la información, la no discriminación y la igualdad de acceso, en particular para los organismos que tienen un peso significativo en el mercado;

(10) Considerando que la fijación de las tarifas de interconexión constituye un factor clave para determinar la estructura y la intensidad de la competencia durante el proceso de liberalización del mercado; que los organismos que tienen un peso significativo en el mercado deben estar en disposición de demostrar que sus cuotas de interconexión se basan en criterios objetivos, se ajustan a los principios de transparencia y orientación en función de los costes y están suficientemente diversificadas en función de los elementos de red y de servicio que se ofrecen; que la publicación de una lista de servicios, cuotas, términos y condiciones de interconexión favorece la necesaria transparencia y no discriminación; que debe ser posible la flexibilidad en los métodos de tarificación del tráfico de interconexión, incluida la tarificación basada en la capacidad; que el nivel de las cuotas debe fomentar la productividad y facilitar una incorporación al mercado eficaz y sostensible, y no debe situarse por debajo de un límite calculado mediante el uso de métodos de coste incremental a largo plazo y de imputación y atribución de costes basados en la generación de los costes reales, ni por encima de un límite establecido por el coste autónomo de proporcionar la interconexión en cuestión; que las cuotas de interconexión basadas en un nivel de precios estrechamente relacionado con los costes incrementales a largo plazo de facilitar el acceso a la interconexión resultan apropiadas para estimular el rápido desarrollo de un mercado abierto y competitivo;

(11) Considerando que, cuando un organismo que disfruta de derechos especiales o exclusivos en un campo distinto del de las telecomunicaciones presta también servicios de telecomunicación, la separación contable o la separación estructural constituyen un medio apropiado para evitar subvenciones cruzadas desleales, al menos por encima de un determinado volumen de negocios alcanzado en actividades de telecomunicación; que, cuando un organismo tiene un peso significativo en el mercado, una adecuada separación contable entre las actividades de interconexión y el resto de las actividades de telecomunicaciones, de modo que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos relacionados con dichas actividades, garantiza la transparencia de las transferencias internas de costes;

(12) Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación deben desempeñar un papel importante en lo que se refiere a fomentar el desarrollo de un mercado competitivo en interés de los usuarios comunitarios y garantizar una interconexión adecuada de las redes y la interoperabilidad de los servicios; que una interconexión adecuada tiene en cuenta las solicitudes del operador que desea interconectarse, en particular por lo que respecta a los puntos de interconexión más adecuados, teniendo cada operador la responsabilidad de la comunicación y tarificación recíproca hasta el punto de interconexión; que la negociación de acuerdos de interconexión puede verse facilitada si las autoridades nacionales de reglamentación establecen determinadas condiciones de antemano, de conformidad con el Derecho comunitario, que tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión con vistas a facilitar el desarrollo de un auténtico “mercado doméstico” europeo, y delimitan los ámbitos que deben figurar en los acuerdos de interconexión; que, si surge un litigio en materia de interconexión entre partes de un mismo Estado miembro, la parte perjudicada debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para solucionar el litigio; que las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir a los organismos la interconexión de sus instalaciones siempre que pueda demostrarse que va en interés de los usuarios;

(13) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales que justifican la restricción del acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicación y el uso de los mismos se limitan a la seguridad del funcionamiento de la red, el mantenimiento de su integridad, la interoperabilidad de los servicios en casos justificados y la protección de los datos, según proceda; que los motivos de tales restricciones deben hacerse públicos; que las disposiciones contenidas en la presente Directiva no impiden a un Estado miembro tomar medidas justificadas por las razones enunciadas en los artículos 36 y 56 del Tratado, y en particular por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas;

(14) Considerando que el compartir instalaciones puede resultar beneficioso por motivos urbanísticos, medioambientales, económicos u otros y, por consiguiente, las autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios; que en algunas circunstancias puede resultar adecuado imponer la obligación de compartir instalaciones, pero sólo debe imponerse a los organismos tras un procedimiento completo de consulta pública;

(15) Considerando que la numeración constituye un elemento clave de la igualdad de acceso; que las autoridades nacionales de reglamentación deben tener el cometido de administrar y controlar los planes nacionales de numeración, así como los aspectos de los servicios de telecomunicación relacionados con la denominación y el direccionamiento cuya coordinación a nivel nacional resulta necesaria, con vistas a garantizar una competencia efectiva; que, al desempeña dicho cometido, las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar en consideración el principio de proporcionalidad, especialmente en lo que respecta a los efectos que cualquier medida pueda tener en los operadores de las redes, en los revendedores y en los consumidores; que la portabilidad de los números es un servicio importante para los usuarios y debe implantarse en cuanto sea viable; que los sistemas de numeración deben elaborarse previa consulta con todas las partes interesadas y en armonía con el marco europeo de numeración a largo plazo y los sistemas internacionales de numeración previstos en la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT); que los requisitos de numeración en Europa, la necesidad de prestar nuevos servicios y servicios paneuropeos, así como la mundialización y la sinergia del mercado de las telecomunicaciones hacen necesario coordinar las posiciones nacionales de conformidad con lo dispuesto en el Tratado en las organizaciones y foros internacionales donde se toman decisiones en materia de numeración;

(16) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, la armonización de las interfaces técnicas y de las condiciones de acceso debe basarse en especificaciones técnicas comunes que tengan en cuenta la normalización internacional; que puede resultar necesaria la elaboración de nuevas normas europeas en materia de interconexión; que, de conformidad con la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (8), no deben elaborarse nuevas normas nacionales en sectores en los que se estén elaborando normas europeas armonizadas;

(17) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, las condiciones de la oferta de red abierta deben ser transparentes y publicarse de manera apropiada; que dicha Directiva estableció un comité (Comité ONP) para asistir a la Comisión y prevé un procedimiento de consulta con los organismos de telecomunicaciones, usuarios, consumidores, fabricantes y prestadores de servicios;

(18) Considerando que, además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento simple para la solución de litigios transfronterizos que queden fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación; que dicho procedimiento, que debe ser puesto en marcha a solicitud de una de las partes en el litigio, debería ser rápido, poco costoso y transparente;

(19) Considerando que, para que la Comisión pueda controlar eficazmente la aplicación de la presente Directiva, es preciso que los Estados miembros le notifiquen el nombre de las autoridades nacionales de reglamentación que desempeñarán las funciones creadas por la presente Directiva, así como los organismos afectados por sus disposiciones;

(20) Considerando que, a la vista del desarrollo dinámico que presenta este sector, debe establecerse un procedimiento rápido para la adaptación de algunos Anexos de la presente Directiva, que tenga plenamente en cuenta los puntos de vista de los Estados miembros y en el que participe el Comité ONP;

(21) Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se concluyó un acuerdo acerca de un modus vivendi entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las medidas de ejecución de los actos adoptados según el procedimiento contemplado en el artículo 189 B del Tratado (9);

(22) Considerando que la aplicación de determinadas obligaciones debe vincularse con la fecha de la liberalización de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones y, especialmente respecto de los Estados miembros pertinentes, debe tomar plenamente en consideración los períodos de transición pertinentes, incluido el mantenimiento de derechos especiales o exclusivos relacionados con la interconexión directa entre las redes móviles de esos Estados miembros y las redes fijas o móviles de otros Estados miembros; que podrá aplazarse la obligación de ofrecer la portabilidad de los números cuando la Comisión convenga en que dicha obligación supondría una carga excesiva para determinados organismos;

(23) Considerando que, en lo que se refiere a las empresas que no están establecidas en la Comunidad, la presente Directiva no obstaculiza la adopción de medidas que cumplan tanto el Derecho comunitario como las obligaciones internacionales existentes con el fin de garantizar a los nacionales de los Estados miembros un trato similar en los terceros países; que las empresas de la Comunidad deben beneficiarse en los terceros países de un tratamiento y un acceso efectivo comparable al tratamiento y al acceso al mercado que el marco comunitario ofrece a los nacionales de los países correspondientes; que, en las negociaciones sobre telecomunicaciones, la Comunidad deberá buscar un acuerdo multilateral equilibrado, garantizando a los operadores de la Comunidad un acceso efectivo y comparable en terceros países;

(24) Considerando que debe examinarse la aplicación de la presente Directiva antes del 31 de diciembre de 1999, en particular para examinar el alcance del servicio universal y el calendario para la portabilidad de los números; que debe examinarse también periódicamente la situación de la interconexión con terceros países, con vistas a adoptar las medidas apropiadas;

(25) Considerando que el objetivo esencial de la interconexión de las redes y la interoperabilidad de los servicios en todo el territorio de la Comunidad no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, y por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario mediante la presente Directiva; que es deseable, cuando se revise la presente Directiva, evaluar los argumentos a favor del establecimiento de una autoridad europea de reglamentación, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los preparativos emprendidos por la Comisión; que, cuando se haya alcanzado en el mercado una competencia realmente efectiva, las normas en materia de competencia del Tratado serán en general suficientes para desarrollar un control a posteriori de la lealtad de la competencia, de manera que deberá reconsiderarse la necesidad de la presente Directiva, con excepción de las disposiciones relativas al servicio universal y a la resolución de los litigios;

(26) Considerando que la presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas de competencia contenidas en el Tratado,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1.- Ámbito de aplicación y objetivo

La presente Directiva establece un marco reglamentario para garantizar en la Comunidad la interconexión de las redes de telecomunicaciones y, en particular, la interoperabilidad de los servicios, y para asegurar la prestación de un servicio universal en el contexto de unos mercados abiertos y competitivos.

Tiene por objeto la armonización de las condiciones necesarias para una interconexión abierta y eficaz a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicaciones accesibles al público, y para el acceso a tales redes y servicios.

Artículo 2.- Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) “interconexión”, la conexión física y lógica de las instalaciones de redes de telecomunicaciones utilizadas por el mismo organismo o por otro distinto, de manera que los usuarios de un organismo puedan comunicarse con los usuarios del mismo o de otro organismo distinto o acceder a los servicios prestados por otro organismo. Las partes interesadas u otras partes que tengan acceso a la red podrán prestar servicios;

b) “red pública de telecomunicaciones”, una red de telecomunicaciones que se utiliza, en su totalidad o en parte, para la prestación de servicios de telecomunicaciones accesibles al público;

c) “red de telecomunicaciones”, los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación y demás recursos que permitan la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos, bien por cables, bien por ondas hertzianas, bien por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos;

d) “servicios de telecomunicaciones”, servicios cuya prestación consiste, en su totalidad o en parte, en la transmisión y conducción de señales por las redes de telecomunicaciones, a excepción de la radiodifusión y de la televisión;

e) “usuarios”, las personas, incluidos los consumidores, o los organismos utilizadores o solicitantes de servicios de telecomunicaciones accesibles al público;

f) “derechos especiales”, los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica dada, limite a dos o más el número de las empresas autorizadas a prestar un servicio o a emprender una actividad, con criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, o autorice, con arreglo a criterios distintos de los enumerados, a varias empresas competidoras a prestar un servicio o a emprender una actividad, o conceda a una o más empresas, con arreglo a criterios distintos de los mencionados, ventajas legales o reglamentarias que afecten sustancialmente a la capacidad de cualquier otra empresa para prestar el mismo servicio o emprender la misma actividad en la misma zona geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes;

g) “servicio universal”, un conjunto mínimo definido de servicios de una calidad determinada accesible a todo usuario con independencia de su localización geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible;

h) “abonado”: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con el suministrador de servicios de telecomunicaciones accesibles al público para la prestación de dichos servicios;

i) “número geográfico”: un número de un plan nacional de numeración en el que una parte de su estructura digital tenga un significado geográfico que sirva para la conducción de llamadas al lugar físico en que se encuentre el punto de terminación de la red correspondiente al abonado al que se haya asignado el número.

2. Cuando proceda, serán aplicables las demás definiciones que figuran en la Directiva 90/387/CEE.

Artículo 3.- Interconexión a nivel nacional y comunitario

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para suprimir cualquier restricción que impida a los organismos autorizados por los Estados miembros a suministrar redes públicas de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones accesibles al público negociar entre sí acuerdos de interconexión de conformidad con el Derecho comunitario. Estos organismos pueden encontrarse en un mismo Estado miembro o en Estados miembros diferentes. Los mecanismos técnicos y comerciales relacionados con la interconexión serán objeto de acuerdos entre las partes interesadas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva y las normas sobre competencia del Tratado.

2. Los Estados miembros velarán por una interconexión adecuada y eficaz de las redes públicas de telecomunicaciones que figuran en el Anexo I, en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de dichos servicios para todos los usuarios dentro de la Comunidad.

3. Los Estados miembros velarán por que los organismos que interconecten sus instalaciones a las redes públicas de telecomunicaciones y/o los servicios de telecomunicaciones accesibles al público respetenen todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.

Artículo 4.- Derechos y obligaciones en materia de interconexión

1. Los organismos autorizados a suministrar redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telecomunicaciones accesibles al público, que figuran en el Anexo II, tendrán el derecho y, cuando así lo soliciten organismos de esta categoría, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar los mencionados servicios y con vistas a garantizar el suministro de estas redes y servicios en toda la Comunidad. La autoridad nacional de reglamentación podrá limitar esta obligación de forma temporal, tras un examen caso por caso, cuando existan alternativas técnica y comercialmente viables a la interconexión solicitada y cuando esta interconexión resulte inadecuada en relación con los recursos disponibles para satisfacer la solicitud. Cuando una autoridad nacional de reglamentación imponga una limitación de este tipo, deberá motivarla debidamente y publicarla de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 14.

2. Los organismos autorizados a suministrar redes públicas de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en el Anexo I que tengan un peso significativo en el mercado deberán satisfacer todas las solicitudes razonables de conexión a la red, incluso en puntos distintos de los puntos de terminación de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios finales.

3. Se considerará que un organismo tiene un peso significativo en el mercado cuando posea una cuota superior al 25 % de un determinado mercado de telecomunicaciones en la zona geográfica de un Estado miembro en el cual esté autorizado a operar.

No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación podrán decidir que un organismo con un cuota de mercado inferior al 25 % del mercado pertinente tiene un peso significativo en el mercado. Podrán decidir asimismo que un organismo con una cuota de mercado superior al 25 % del mercado pertinente no tiene un peso significativo en el mercado. En ambos casos, dicha decisión deberá tener en cuenta la capacidad del organismo para influir en las condiciones de mercado, su volumen de negocios en relación con el tamaño del mercado, su control sobre los medios de acceso a los usuarios finales, su acceso a los recursos financieros y su experiencia en suministrar productos y servicios en el mercado.

Artículo 5.- Interconexión y aportaciones al servicio universal

1. Cuando un Estado miembro determine, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, que las obligaciones de servicio universal representan una carga no equitativa para un organismo, establecerá un mecanismo que permita compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal con otros organismos que exploten redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal accesibles al público. Los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad a la hora de establecer las correspondientes aportaciones. Sólo podrán financiarse de esta forma las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones accesibles al público, que figuran en la parte 1 del Anexo I.

2. Las aportaciones que se efectúen para costear las obligaciones de servicio universal podrán basarse, en su caso, en un mecanismo establecido específicamente a tal efecto y administrado por un órgano independiente de los beneficiarios y/o adoptar la forma de una cuota suplementaria que se añadirá a la cuota de interconexión.

3. Para determinar la carga, en su caso, que representa la prestación del servicio universal, los organismos que tengan obligaciones de servicio universal calcularán, a petición de su autoridad nacional de reglamentación, el coste neto de tales obligaciones de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo III. El cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal será auditado por la autoridad nacional de reglamentación u otro órgano competente, independiente del organsimo de telecomunicaciones, y aprobado por la autoridad nacional de reglamentación. Los resultados del cálculo del coste y las conclusiones de la auditoria se pondrán a disposición del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14.

4. Cuando esté justificado sobre la base del cálculo del coste neto contemplado en el apartado 3, y teniendo en cuenta los beneficios, si los hubiere, que revierten en el mercado a un organismo que ofrece un servicio universal, las autoridades nacionales de reglamentación determinarán si está justificado establecer un mecanismo que permita compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal.

5. Cuando se establezca un mecanismo para compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal contemplado en el apartado 4, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de los costes y los datos referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique un informe anual en el que se indique el coste calculado de las obligaciones de servicio universal y se detallen las aportaciones efectuadas por todas las partes interesadas.

6. Hasta el momento en que se aplique el procedimiento descrito en los apartados 3, 4 y 5, deberán notificarse a la autoridad nacional de reglamentación, antes de introducirlas, las cuotas pagaderas por una parte interconectada que incluyan o sirvan de aportación destinada a costear las obligaciones de servicio universal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Directiva, si la autoridad nacional de reglamentación, por iniciativa propia o a raíz de una solicitud motivada de una parte interesada, considera excesivas dichas cuotas, se exigirá al organismo de que se trate que las reduzca. Estas reducciones deberán aplicarse con efectos retroactivos, a partir de la fecha en que se introdujeron las cuotas, pero no antes del 1 de enero de 1998.

Artículo 6.- No discriminación y transparencia

Con referencia a la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicación accesibles al público que figuran en el Anexo I y explotados por organismos que, según notificación de las autoridades nacionales de reglamentación, tengan un peso significativo en el mercado, los Estados miembros velarán por que:

a) los organismos afectados se atengan al principio de no discriminación con respecto a la interconexión que ofrezcan a los demás.

Deberán aplicar condiciones similares en circunstancias similares a los organismos interconectados que presten servicios similares y proporcionar medios e información relacionados con la interconexión a los demás en las mismas condiciones y de la misma calidad en que los proporcionan para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados;

b) se ponga toda la información y las especificaciones necesarias a disposición de los organismos que estén estudiando la posibilidad de interconectarse y así lo soliciten, con vistas a facilitar la celebración de un acuerdo. La información facilitada debería incluir las modificaciones cuya aplicación esté prevista para el semestre siguiente, a no ser que la autoridad nacional de reglamentación acuerde lo contrario;

c) los acuerdos de interconexión se comuniquen a las pertinentes autoridades nacionales de reglamentación competentes y sean accesibles a petición de las partes interesadas, con arreglo al apartado 2 del artículo 14, excepción hecha de las secciones que tengan que ver con la estrategia comercial de las partes. La autoridad nacional de reglamentación determinará las secciones que tienen que ver con la estrategia comercial de las partes. En cualquier caso, deberán ser accesibles, a petición de las partes interesadas, los términos, condiciones y cuotas de interconexión y las posibles contribuciones a las obligaciones de servicio universal;

d) la información recibida de un organismo que solicite la interconexión se utilizará únicamente a los fines para los cuales se haya facilitado. No deberá darse a conocer a otros departamentos, filiales o asociados para los cuales dicha información pudiera constituir una ventaja en materia de competencia.

Artículo 7.- Principios aplicables a las cuotas de interconexión y a los sistemas de contabilidad de costes

1. Los Estados miembros velarán por que lo dispuesto en los apartados 2 a 6 se aplique a los organismos que exploten las redes públicas de telecomunicaciones o los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en las partes 1 y 2 del Anexo I y tengan, según notificación de las autoridades nacionales de reglamentación, un peso significativo en el mercado.

2. Las cuotas de interconexión deberán atenerse a los principios de transparencia y orientación en función de los costes. La carga de la prueba de que las cuotas se determinan en función de los costes reales, incluyendo una tasa razonable de rendimiento de la inversión, corresponderá al organismo que proporciona la interconexión a sus instalaciones.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán solicitar a un organismo que justifique plenamente las cuotas de interconexión que aplica y, cuando proceda, exigirle que las modifique. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán asimismo a los organismos que figuran en la parte 3 del Anexo I que hayan sido notificados por la autoridad nacional de reglamentación como dotados de un peso significativo en el mercado nacional de la interconexión.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la publicación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14, de una oferta de interconexión de referencia que deberá incluir una descripción de las ofertas de interconexión desglosadas por elementos con arreglo a las necesidades del mercado, así como los correspondientes términos y condiciones, incluidas las tarifas.

Podrán establecerse diferentes tarifas, términos y condiciones de interconexión para diferentes categorías de organismos que estén autorizados a suministrar redes y servicios, cuando dichas diferencias puedan estar objetivamente justificadas sobre la base del tipo de interconexión facilitada y/o de las condiciones de concesión de licencia nacional correspondiente. Las autoridades nacionales de reglamentación deberán garantizar que dichas diferencias no provocan distorsión de la competencia y, en particular, que, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 6, el organismo aplique las adecuadas tarifas, términos y condiciones de interconexión al facilitar la interconexión para sus propios servicios o para los de sus filiales o asociados.

Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán la facultad de imponer modificaciones en la oferta de interconexión de referencia, cuando esté justificado.

En el Anexo IV figura una lista de ejemplos de elementos para una posterior elaboración de cuotas de interconexión, estructuras de tarifas y elementos de tarificación. Cuando un organismo introduzca modificaciones en la oferta de interconexión de referencia publicada, los ajustes requeridos por la autoridad nacional de reglamentación podrán tener efectos retroactivos a partir de la fecha de introducción de dichas modificaciones.

4. De conformidad con el Derecho comunitario, las cuotas de interconexión deberán estar suficientemente desglosadas, de manera que el solicitante no tenga que pagar por lo que no esté estrictamente relacionado con el servicio solicitado.

5. La Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15, elaborará recomendaciones para los sistemas de contabilidad de costes y de separación contable en relación con la interconexión. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los sistemas de contabilidad de costes utilizados por los organismos afectados permitan la aplicación de las exigencias del presente artículo y se basen en documentos suficientemente detallados, tal como se indica en el Anexo V.

Las autoridades nacionales de reglamentación deberán garantizar que sea accesible, mediante solicitud, una descripción del sistema de contabilidad de costes que indique las principales categorías en las que se agrupan los costes y las normas utilizadas para el reparto de los costes de la interconexión. La autoridad nacional de reglamentación u otro órgano competente, independiente del organismo de telecomunicaciones y aprobado por la autoridad nacional de reglamentación, comprobará que se aplica el sistema de contabilidad de costes. Anualmente se publicarán una declaración relativa a esta aplicación.

6. Cuando existan cuotas destinadas a compartir los costes de las obligaciones de servicio universal, según se describe en el artículo 5, deberán desglosarse e identificarse por separado.

Artículo 8.- Separación contable e informes financieros

1. Los Estados miembros exigirán a los organismos que suministren redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles al público que posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que lleven una contabilidad separada para sus actividades de telecomunicaciones, en la misma medida en que se exigiría si dichas actividades de telecomunicaciones fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes, de manera que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos, con su base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades de telecomunicaciones, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales, o que establezcan una separación estructural para las actividades de telecomunicaciones.

Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de los requisitos mencionados en el párrafo primero a dichos organismos cuando su volumen anual de negocios en actividades de telecomunicaciones dentro de la Comunidad sea inferior al límite establecido en la parte 1 del Anexo VI.

2. Los Estados miembros exigirán a los organismos que operen las redes públicas de telecomunicaciones o los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en las partes 1 y 2 del Anexo I y notificados por las autoridades nacionales de reglamentación como organismos con un peso significativo en el mercado, y que suministren redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles a los usuarios y ofrezcan servicios de interconexión a otros organismos, que lleven una contabilidad separada de, por una parte, sus actividades relacionadas con la interconexión -incluidos tanto los servicios de interconexión prestados internamente como los servicios de interconexión prestados a otros- y, por otra parte, el resto de sus actividades, de manera que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos, con su base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades de interconexión, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales.

Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de los requisitos mencionados en el párrafo primero a dichos organismos cuando su volumen anual de negocios en actividades de telecomunicaciones en los Estados miembros sea inferior al límite establecido en la parte 2 del Anexo VI.

3. Los organismos suministradores de redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles al público proporcionarán información financiera a su autoridad nacional de reglamentación en cuanto ésta lo solicite y con el detalle exigido. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán publicar tal información en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado abierto y competitivo, pero teniendo en cuenta el aspecto de la confidencialidad comercial.

4. Los informes financieros de los organismos suministradores de redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles al público serán elaborados, sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha auditoría se efectuará con arreglo a las normas aplicables de la legislación nacional.

El párrafo primero se aplicará asimismo a las cuentas separadas que se exigen en los apartados 1 y 2.

Artículo 9.- Cometidos generales de las autoridades nacionales de reglamentación

1. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y garantizarán una interconexión adecuada en interés de todos los usuarios, y desempeñarán sus cometidos con vistas a obtener el máximo rendimiento económico y alcanzar el máximo beneficio para los usuarios finales.

En particular, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta:

– la necesidad de garantizar unas comunicaciones satisfactorias de extremo a extremo para los usuarios,

– la necesidad de fomentar un mercado competitivo,

– la necesidad de asegurar el desarrollo justo y adecuado de un mercado europeo de telecomunicaciones armonizado,

– la necesidad de cooperar con las autoridades homólogas de otros Estados miembros,

– la necesidad de promover el establecimiento y el desarrollo de las redes y servicios transeuropeos, la interconexión de las redes nacionales y la interoperabilidad de los servicios, así como el acceso a dichas redes y servicios,

– los principios de no discriminación (incluida la igualdad de acceso) y proporcionalidad,

– la necesidad de mantener y desarrollar el servicio universal.

2. Las condiciones generales establecidas de antemano por la autoridad nacional de reglamentación deberán publicarse con arreglo al apartado 1 del artículo 14.

En particular, en relación con la interconexión entre los organismos que figuran en el Anexo II, las autoridades nacionales de reglamentación:

– podrán establecer las condiciones ex ante en los ámbitos enumerados en la parte 1 del Anexo VII,

– deberán fomentar la inclusión en los acuerdos de interconexión de las cuestiones enumeradas en la parte 2 del Anexo VII.

3. Para la consecución de los objetivos contemplados en el apartado 1, las autoridades nacionales de reglamentación podrán intervenir, por propia iniciativa y en cualquier momento, y tendrán obligación de hacerlo a petición de cualquiera de las partes, para especificar las cuestiones que deban incluirse en un acuerdo de interconexión o establecer las condiciones específicas que deban observar una o varias de las partes firmantes de tales acuerdos. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir, en casos excepcionales, que se introduzcan modificaciones en los acuerdos de interconexión ya celebrados, siempre que ello esté justificado para garantizar una competencia efectiva o la interoperabilidad de los servicios para los usuarios.

Las condiciones establecidas por la autoridad nacional de reglamentación podrán incluir, en particular, condiciones tendentes a garantizar la competencia efectiva, condiciones técnicas, tarifas, condiciones de suministro y uso, condiciones acerca del cumplimiento de las normas pertinentes, de la conformidad con los requisitos esenciales, de la protección del medio ambiente o del mantenimiento de la calidad del servicio de extremo a extremo.

La autoridad nacional de reglamentación podrá asimismo, por propia iniciativa en cualquier momento y a petición de cualquiera de las partes, establecer los plazos en que deben concluir las negociaciones en materia de interconexión. Si no se llega a un acuerdo en el plazo establecido, la autoridad nacional de reglamentación adoptará medidas encaminadas a conseguir un acuerdo con arreglo a los procedimientos establecidos por dicha autoridad. Dichos procedimientos se pondrán a disposición del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14.

4. Cuando un organismo autorizado a suministrar redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles al público celebre acuerdos de interconexión con otros, la autoridad nacional de reglamentación tendrá derecho a verificar tales acuerdos de interconexión en su integridad.

5. En caso de litigio en materia de interconexión entre organismos de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación de dicho Estado miembro, a petición de cualquiera de las partes, adoptará medidas encaminadas a solucionar el litigio dentro de los seis meses siguientes a dicha petición. La resolución del litigio deberá constituir un equilibrio justo entre los intereses legítimos de ambas partes.

Al adoptarlas, la autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta, en particular:

– el interés del usuario,

– las obligaciones o restricciones reglamentarias impuestas a cualquiera de las partes,

– la conveniencia de fomentar ofertas innovadoras en el mercado y de dotar a los usuarios de una amplia gama de servicios de telecomunicación a nivel nacional y comunitario,

– la disponibilidad de alternativas técnica y comercialmente viables a la interconexión solicitada,

– la conveniencia de garantizar la igualdad en las condiciones de acceso,

– la necesidad de mantener la integridad de la red pública de telecomunicaciones y la interoperabilidad de los servicios,

– la naturaleza de la solicitud en relación con los recursos disponibles para satisfacerla,

– las posiciones relativas de las partes en el mercado,

– el interés público (por ejemplo, la protección del medio ambiente),

– la promoción de la competencia,

– la necesidad de mantener un servicio universal.

Las decisiones adoptadas por la autoridad nacional de reglamentación se pondrán a disposición del público con arreglo a los procedimientos nacionales. Deberán exponerse detalladamente los motivos a las partes interesadas.

6. Cuando organismos autorizados a suministrar redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telecomunicaciones accesibles al público no hayan interconectado sus instalaciones, las autoridades nacionales de reglamentación, con arreglo al principio de proporcionalidad y en interés de los usuarios, tendrán la posibilidad, como último recurso, de exigir que dichos organismos interconecten sus instalaciones con objeto de proteger los intereses públicos fundamentales y, cuando proceda, la posibilidad de establecer las condiciones de interconexión.

Artículo 10.- Requisitos esenciales

Sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse con arreglo al apartado 5 del artículo 3 y al apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, a efectos de la presente Directiva se aplicarán los requisitos esenciales contemplados en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 90/387/CEE a la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones y/o los servicios de telecomunicaciones accesibles al público según se establece en las letras a) a d) del presente artículo.

Cuando la autoridad nacional de reglamentación imponga la utilización de condiciones basadas en requisitos esenciales en los acuerdos de interconexión, dichas condiciones se publicarán de la forma prevista en el apartado 1 del artículo 14.

a) Seguridad en el funcionamiento de la red: Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicaciones accesibles al público en caso de avería de la red de carácter catastrófico o en casos excepcionales de fuerza mayor, tales como condiciones meteorológicas extremas, terremotos, inundaciones, rayos o incendios.

Cuando se den las circunstancias mencionadas en el párrafo primero, los organismos afectados harán todo lo posible para mantener el servicio a su más alto nivel con objeto de cumplir las prioridades establecidas por las autoridades nacionales competentes.

La necesidad de cumplir estos requisitos no constituirá una razón válida para negarse a negociar condiciones de interconexión.

Asimismo, la autoridad nacional de reglamentación velará por que las condiciones de interconexión relacionadas con la seguridad de las redes en lo que se refiere al riesgo de accidentes no sean ni desproporcionadas ni discriminatorias y se basen en criterios objetivos definidos de antemano.

b) Mantenimiento de la integridad de la red: Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la integridad de las redes públicas de telecomunicaciones.

La necesidad de mantener la integridad de la red no constituirá una razón válida para negarse a negociar condiciones de interconexión.

La autoridad nacional de reglamentación velará por que las condiciones de interconexión relacionadas con la protección de la integridad de la red sean proporcionales y no discriminatorias, y se basen en criterios objetivos definidos de antemano.

c) Interoperabilidad de los servicios: Los Estados miembros podrán obligar a que en los acuerdos de interconexión se incluyan condiciones destinadas a garantizar la interoperabilidad de los servicios y, en particular, condiciones tendentes a garantizar una calidad satisfactoria de extremo a extremo. Entre dichas condiciones podrá figurar la aplicación de normas técnicas específicas, o de especificaciones, o de códigos de conducta acordados por los operadores del mercado.

d) Protección de los datos: Los Estados miembros podrán obligar a incluir en los acuerdos de interconexión condiciones tendentes a garantizar la protección de los datos, en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias pertinentes sobre protección de datos, incluida la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información procesada, transmitida y almacenada y la protección de la intimidad, que sean compatibles con el Derecho comunitario.

Artículo 11.- Coubicación e instalaciones compartidas

Cuando un organismo que preste redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telecomunicaciones accesibles al público y disfrute, con arreglo a la legislación nacional, de un derecho general a montar instalaciones en un terreno público o privado, o por encima o por debajo del mismo, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que tales instalaciones y propiedad sean compartidas con otros organismos que presten redes y servicios de telecomunicaciones accesibles al público, en particular, cuando unos requisitos esenciales priven a otros organismos de alternativas de acceso viables.

Los acuerdos de coubicación o instalaciones compartidas serán normalmente objeto de acuerdo técnico y comercial entre las partes afectadas.

La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir para solucionar litigios, según prevé el artículo 9.

En particular, los Estados miembros sólo podrán obligar a celebrar acuerdos de uso compartido de instalaciones y/o propiedad (incluida de coubicación física) transcurrido un período adecuado de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas deben tener oportunidad de expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de las instalaciones y/o de la propiedad.

Artículo 12.- Numeración

1. Los Estados miembros velarán por que se proporcionen números e intervalos de numeración adecuados por todos los servicios de telecomunicaciones accesibles al público.

2. Para garantizar la plena interoperabilidad de las redes y servicios de alcance europeo, los Estados miembros, de conformidad con el Tratado, adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la coordinación de sus posiciones nacionales en las organizaciones y los foros internacionales en que se adoptan las decisiones referentes a la numeración, teniendo en cuenta la posible evolución futura de la numeración en Europa.

3. Los Estados miembros velarán por que los planes nacionales de numeración de las telecomunicaciones estén controlados por la autoridad nacional de reglamentación, con vistas a garantizar la independencia con respecto a los organismos suministradores de redes o servicios de telecomunicaciones y facilitar la portabilidad de los números.

Para garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los procedimientos de atribución de números y/o intervalos de numeración sean transparentes, equitativos y se realicen en el momento oportuno, y que la atribución se efectúe de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer condiciones para el uso de determinados prefijos o determinados códigos abreviados, en particular cuando se utilicen para servicios de interés público general (por ejemplo, servicios de llamada gratuita, de tipo quiosco, de información sobre números de abonados o de urgencia), o para garantizar la igualdad de acceso.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean publicados, con arreglo al apartado 1 del artículo 14, los principales elementos de los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de seguridad nacional.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que se introduzca lo antes posible la portabilidad de los números de los operadores, en virtud de la cual los abonados que lo soliciten podrán conservar su(s) número(s) en la red pública de telefonía fija y en la red digital de servicios integrados (RDSI) con independencia del organismo que preste el servicio, en el caso de números geográficos, en un lugar específico, y en el caso de números distintos de los geográficos, en cualquier lugar, y velarán por que se disponga de esta posibilidad no más tarde del 1 de enero de 2000 o, en aquellos países a los que se haya concedido un período transitorio suplementario, lo antes posible, pero antes de que transcurran dos años a partir de cualquier fecha posterior que se acuerde para la plena liberalización de los servicios de telefonía vocal.

Con el fin de garantizar que las cuotas que deban pagar los consumidores sean razonables, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la tarificación de la interconexión para la prestación de este servicio sea razonable.

6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los planes y procedimientos de numeración se apliquen de forma que todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones accesibles al público reciban un trato equitativo o igualitario. En particular, los Estados miembros garantizarán que los organismos a los que se haya atribuido un intervalo de números eviten las discriminaciones injustificadas en las secuencias de números utilizados para otorgar el acceso a los servicios de otros operadores de telecomunicaciones.

7. Las autoridades nacionales de reglamentación exigirán al menos a los organismos suministradores de redes públicas de telecomunicaciones contempladas en la parte 1 del anexo I y notificados por las autoridades nacionales de reglamentación como organismos que tienen un peso significativo en el mercado, que permitan a sus abonados, inclusive los que utilicen la RDSI, acceder a los servicios conmutados de cualquier proveedor interconectado de servicios de telecomunicaciones accesibles al público. A tal efecto, no más tarde del 1 de enero de 2000 o, en aquellos países a los que se haya concedido un período transitorio suplementario, lo antes posible, pero antes de que transcurran dos años a partir de cualquier fecha posterior que se acuerde para la plena liberalización de los servicios de telefonía vocal, se deberán establecer mecanismos que permitan al abonado elegir estos servicios mediante una preselección, así como anular, llamada por llamada, cualquier opción preseleccionada, marcando un prefijo corto.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la tarificación de la interconexión para la prestación de este servicio se establezca en función de los costes y por que los cánones que, en su caso, deban pagar los consumidores no constituyan un factor disuasorio para la utilización de este servicio.

Artículo 13.- Normas técnicas

1. Sin perjuicio del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, en virtud del cual la aplicación de ciertas normas europeas puede convertirse en obligatoria, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos suministradores de redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones accesibles al público tengan plenamente en cuenta las normas cuya referencia se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con indicación de que resultan adecuadas para la interconexión.

A falta de tales normas, las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán el suministro de interfaces técnicas para la interconexión de conformidad con las normas o especificaciones que a continuación se enumeran:

– normas adoptadas por organismos europeos de normalización tales como el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) o el Comité Europeo de Normalización/Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CEN/Cenelec), o, a falta de tales normas,

– normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), o, a falta de tales normas,

– las normas nacionales.

2. La Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15, podrá solicitar a los organismos europeos de normalización la elaboración de normas de interconexión y acceso, cuando proceda. La referencia a las normas de interconexión y acceso podrá publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con arreglo al artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE.

Artículo 14.- Publicación de la información y acceso a la misma

1. En relación con la información a que se refieren el apartado 3 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 9, el artículo 10 y el apartado 4 del artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique de manera apropiada una información actualizada para que las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente. En el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a la manera en que se publicará dicha información.

2. En relación con la información a que se refieren el apartado 1 del artículo 4, los apartados 3 y 5 del artículo 5, la letra c) del artículo 6 y el apartado 3 del artículo 9, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se ponga a disposición de las partes interesadas, a petición de éstas, la información específica actualizada a que se hace referencia en los mencionados artículos para su consulta durante la jornada laboral normal y de forma gratuita. En el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a los horarios y lugares en que podrá estar disponible dicha información.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, antes del 1 de enero de 1998, y posteriormente de inmediato cada vez que se produzca alguna modificación, la manera en que se ofrece la información a que se refieren los apartados 1 y 2. La Comisión publicará periódicamente la referencia de tales notificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 15.- Procedimiento del Comité consultivo

1. La Comisión estará asistida por el Comité previsto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE, denominado en lo sucesivo “Comité ONP”.

2. El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una votación.

3. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en acta.

La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen emitido por el Comité. Informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

Artículo 16.- Procedimiento del Comité de reglamentación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, se aplicará el siguiente procedimiento respecto de las materias cubiertas por el artículo 19.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

3. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

4. Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité, o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta haya sido sometida al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión aprobará las medidas propuestas.

Artículo 17.- Procedimiento en materia de litigios entre organismos que operen al amparo de autorizaciones concedidas por Estados miembros distintos

1. Sin perjuicio de:

a) cualquier acción que la Comisión o un Estado miembro puedan emprender con arreglo al Tratado,

b) los derechos de la parte que invoque el procedimiento de los apartados 2 y 3, de los organismos afectados o de cualquier otra parte con arreglo a la legislación nacional aplicable, podrá recurrirse al procedimiento descrito en los apartados 2 y 3 para la resolución de litigios en materia de interconexión entre organismos que operen al amparo de autorizaciones concedidas por distintos Estados miembros, cuando dichos litigios no sean responsabilidad de una sola autoridad nacional de reglamentación que ejerza sus competencias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.

2. Cualquiera de las partes que tenga una reclamación contra otro organismo en materia de interconexión podrá someterla a la autoridad nacional de reglamentación que haya concedido la autorización al organismo contra el cual se presenta la reclamación. La autoridad nacional de reglamentación tomará las medidas oportunas para resolver el litigio con arreglo a los procedimientos y plazos establecidos en el apartado 5 del artículo 9.

3. En caso de que existan litigios simultáneos entre dos organismos, las autoridades nacionales de reglamentación competentes, a petición de cualquiera de las partes en litigio, coordinarán sus esfuerzos con vistas a la resolución de los litigios, conforme a los principios expuestos en el apartado 1 del artículo 9, en un plazo de seis meses desde la presentación de la reclamación. Las soluciones deberán representar un equilibrio justo entre los legítimos intereses de ambas partes y ser coherentes con las normas en materia de interconexión de los Estados miembros afectados, de conformidad con el Derecho comunitario.

Artículo 18.- Notificación

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan de los medios necesarios para desempeñar los cometidos que les atribuye la presente Directiva y notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de enero de 1997, cuáles son las autoridades nacionales de reglamentación responsables de dichos cometidos.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de enero de 1997, y con posterioridad inmediatamente que se produzca cualquier modificación, los nombres de los organismos que:

– tienen obligaciones de servicio universal relativas al suministro de las redes públicas de telecomunicaciones y de los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en la parte 1 del Anexo I y que estén autorizados a percibir directamente una aportación al coste neto del servicio universal con arreglo al procedimiento del apartado 2 del artículo 5,

– están sometidos a las disposiciones de la Directiva relativas a los organismos que tienen un peso significativo en el mercado,

– están incluidos en el Anexo II.

La Comisión podrá solicitar a las autoridades nacionales de reglamentación que justifiquen las razones por las que han clasificado a un organismo entre los que tienen o entre los que no tienen un peso significativo en el mercado.

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los nombres a que se refiere el apartado 2.

Artículo 19.- Adaptación técnica

La Comisión determinará las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos IV, V, y VII de la Directiva al progreso técnico o a la evolución del mercado y de la demanda de los consumidores con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 16.

Artículo 20.- Suspensión

1. Se concederá la suspensión de las obligaciones que imponen los apartados 1 y 2 del artículo 3, los apartados 1 y 2 del artículo 4 y los apartados 1 y 3 del artículo 9 en la medida en que tales obligaciones se refieren a la interconexión directa entre las redes móviles de ese Estado miembro y las redes fijas o móviles de otros Estados miembros, así como de las que impone el artículo 5 a los Estados miembros indicados en las Resoluciones del Consejo de 22 de julio de 1993 y de 22 de diciembre de 1994 que se beneficien de un período de transición adicional para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones, durante el tiempo y en la medida en que se acojan a estos períodos de transición. Los Estados miembros informarán a la Comisión de su intención de recurrir a los mismos.

2. Un Estado miembro podrá solicitar la suspensión de las obligaciones que le imponen los apartados 5 y 7 del artículo 12 cuando pueda demostrar que éstas supondrían una carga desmesurada para determinados organismos o clases de organismos. El Estado miembro informará a la Comisión de las razones por las que solicita la suspensión, de la fecha en que podrán cumplirse los requisitos y de las medidas previstas para respetar dicho plazo. La Comisión examinará la solicitud teniendo en cuenta la situación particular en ese Estado miembro y la necesidad de garantizar un marco reglamentario coherente a escala comunitaria, y comunicará al Estado miembro si considera que la situación particular en este Estado miembro justifica una suspensión y, si es así, hasta qué fecha está justificada dicha suspensión.

Artículo 21.- Interconexión con organismos de terceros países

1. Los Estados miembros podrán informar a la Comisión de cualquier dificultad general, de jure o de facto, que haya encontrado un organismo comunitario al interconectarse con organismos de terceros países y que haya sido puesta en su conocimiento.

2. Cuando la Comisión esté informada de la existencia de tales dificultades, podrá, si resulta necesario, presentar propuestas al Consejo a fin de conseguir un mandato adecuado para negociar derechos comparables para los organismos comunitarios en esos terceros países. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.

3. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 2 se entenderán sin perjuicio de las obligaciones de la Comunidad y de los Estados miembros con arreglo a los acuerdos internacionales pertinentes.

Artículo 22.- Nuevo examen

1. La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 1997, y con posterioridad de forma periódica, sobre la disponibilidad de derechos de interconexión en terceros países en beneficio de los organismos comunitarios.

2. La Comisión examinará e informará de manera periódica al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva, y, por vez primera, no más tarde del 31 de diciembre de 1999. A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros.

Este informe examinará las disposiciones de la presente Directiva que deberían adaptarse a la vista de la evolución del mercado y de la tecnología y de las modificaciones de la demanda de los usuarios, en particular por lo que respecta a:

a) las disposiciones del artículo 5,

b) la confirmación del calendario a que se refiere el apartado 5 del artículo 12.

La Comisión examinará asimismo en el informe el valor añadido de establecer una autoridad europea de reglamentación que lleve a cabo las tareas respecto de las que se demuestre que se realizan mejor a nivel comunitario.

Artículo 23.- Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1997. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones esenciales de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 24.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 25.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

ANEXO I.- REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ACCESIBLES AL PÚBLICO ESPECÍFICOS

(contemplados en el apartado 2 del artículo 3)

Los siguientes servicios públicos de telecomunicaciones accesibles al público y redes públicas de telecomunicaciones se consideran particularmente importantes a nivel europeo.

Los organismos suministradores de las redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telecomunicación accesibles al público enumerados a continuación y que tengan un peso significativo en el mercado estarán sometidos a obligaciones específicas en materia de interconexión y acceso, según se especifica en el apartado 2 del artículo 4 y en los artículos 6 y 7.

Parte 1.- Red pública de telefonía fija

Por red pública de telefonía fija se entenderá la red pública conmutada de telecomunicaciones que sirve de soporte a la transferencia, entre puntos de terminación de la red situados en ubicaciones fijas, de la voz y de información en audio con un ancho de banda de 3,1 kHz, al servicio, en particular, de:

– la telefonía vocal;

– las comunicaciones de telefax del grupo III, de conformidad con las recomendaciones de la serie T de la UIT-T;

– la transmisión de datos en banda vocal mediante módem a una velocidad de por lo menos 2 400 bit/s, de conformidad con las recomendaciones de la serie V de la UIT-T.

El acceso al punto de terminación de la red del usuario final se efectúa mediante uno o más números del plan nacional de numeración.

Servicio público de telefonía fija de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal (10).

Por servicio público de telefonía fija se entenderá la prestación a los usuarios finales en ubicaciones fijas de un servicio que permita emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y que podrá incluir el acceso a los servicios de urgencia (112), la asistencia de centralita telefónica, los servicios de información sobre los números de abonados, la oferta de teléfonos públicos de pago, la prestación de servicios en condiciones especiales y/o la oferta de facilidades especiales a los clientes discapacitados o que tengan necesidades sociales especiales.

El acceso al usuario final se efectúa mediante uno o más números del plan nacional de numeración.

Parte 2.- Servicio de líneas arrendadas

Por líneas arrendadas se entenderán los sistemas de telecomunicaciones que ofrecen una capacidad de transmisión transparente entre los puntos de terminación de la red, y que no incluyen la conmutación a la carta (funciones de conmutación controlables por el usuario que forman parte del suministro de la línea arrendada). Pueden incluir sistemas que permitan un uso flexible del ancho de banda de la línea arrendada, incluidas ciertas posibilidades de encaminamiento y gestión.

Parte 3.-

Redes públicas de telefonía móvil.- Por red pública de telefonía móvil se entenderá una red pública de telefonía en la que los puntos de terminación de la red no están en ubicaciones fijas.

Servicios públicos de telefonía móvil.- Por servicio público de telefonía móvil se entenderá un servicio cuya prestación consiste, total o parcialmente, en el establecimiento de radiocomunicaciones con un usuario móvil, y que utiliza, total o parcialmente, una red pública de telefonía móvil.

ANEXO II.- ORGANISMOS QUE TIENEN DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN DE INTERCONEXIÓN MUTUA PARA GARANTIZAR UNOS SERVICIOS A NIVEL COMUNITARIO

(contemplados en el apartado 1 del artículo 4)

El presente Anexo se refiere a los organismos que suministran a los usuarios capacidades portadoras con y sin conmutación de las que dependen otros servicios de telecomunicaciones.

Los organismos que pertenecen a las categorías que se enumeran a continuación tienen derechos y obligaciones en materia de interconexión mutua de conformidad con el apartado 1 del artículo 4. La interconexión entre estos organismos estará sometida a supervisión adicional de las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el apartado 2 del artículo 9. Además, podrán existir cuotas, términos y condiciones especiales de interconexión para estas categorías de organismos de conformidad con el apartado 3 del artículo 7.

1. Organismos que suministran redes públicas de telecomunicaciones conmutadas y/o servicios de telecomunicaciones accesibles al público fijos y/o móviles, y al hacerlo controlan el medio de acceso a uno o más puntos de terminación de la red identificados mediante uno o más números en el plan nacional de numeración (véanse las observaciones que figuran a continuación).

2. Los organismos que suministran líneas arrendadas a las dependencias de los usuarios.

3. Los organismos que estén autorizados en un Estado miembro a suministrar circuitos internacionales de telecomunicaciones entre la Comunidad y terceros países, que tengan derechos exclusivos o especiales al respecto.

4. Los organismos suministradores de servicios de telecomunicaciones que estén autorizados, en esta categoría, a interconectarse en virtud de regímenes nacionales de concesión de licencias o autorizaciones en esta materia.

Observaciones

Por control de los medios de acceso a un punto de terminación de la red se entenderá la capacidad de controlar los servicios de telecomunicaciones disponibles para el usuario final en ese punto de terminación de la red y/o la capacidad de denegar a otros prestadores de servicios el acceso al usuario final en dicho punto de terminación de la red.

El control de los medios de acceso puede conllevar la propiedad o el control del enlace físico hasta el usuario final (por cable o inalámbrico) y/o la capacidad de modificar o retirar el número o los números nacionales necesarios para acceder al punto de terminación de la red de un usuario final.

ANEXO III.- CÁLCULO DEL COSTE DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA LA TELEFONÍA VOCAL

(contemplado en el apartado 3 del artículo 5)

Las obligaciones de servicio universal son las obligaciones que un Estado miembro impone a un organismo y que se refieren al suministro de una red y a la prestación del servicio en la totalidad de una zona geográfica concreta, incluida, cuando resulte necesario, la prestación de dicho servicio a unos precios calculados como promedios en dicha zona geográfica.

El coste de las obligaciones de servicio universal se determinará calculando la diferencia entre el coste neto que para un organismo tiene el operar con obligaciones de servicio universal y el correspondiente a operar sin dichas obligaciones.

Este criterio es aplicable tanto si la red de un Estado miembro concreto se encuentra plenamente desarrollada como si se halla aún en fase de desarrollo y expansión.

El cálculo deberá basarse en los costes imputables a:

i) los elementos de los servicios que sólo pueden prestarse con pérdidas o en condiciones de costes no conformes a las prácticas comerciales normales.

En esta categoría podrán figurar elementos de servicio tales como el acceso a los servicios telefónicos de urgencia, la provisión de un determinado número de teléfonos públicos de pago, la prestación de determinados servicios o el suministro de determinados equipos para personas discapacitadas, etc;

ii) los usuarios finales o grupos de usuarios finales específicos que, teniendo en cuenta el coste del suministro de la red y de la prestación del servicio especificados, los ingresos generados y la eventual fijación de precios mediante promedio geográfico que imponga el Estado miembro, sólo pueden atenderse con pérdidas o en condiciones de costes no conformes a las prácticas comerciales normales.

Esta categoría incluye a los usuarios finales o grupos de usuarios finales que no serán atendidos por un operador comercial al que se hubiera impuesto la obligación de prestar un servicio universal.

En las regiones periféricas con redes en expansión, el cálculo de los costes se basará en el coste adicional que supondría atender a los usuarios finales o grupos de usuarios finales que un operador que aplicase los principios comerciales normales de un entorno competitivo decidiría no atender.

En el cálculo de los costes netos se tendrán en cuenta los ingresos. Los costes y los ingresos se expresarán como previsiones.

ANEXO IV.- LISTA DE EJEMPLOS DE ELEMENTOS DE LAS CUOTAS DE INTERCONEXIÓN

(contemplada en el apartado 3 del artículo 7)

Por cuotas de interconexión se entenderán las cuotas reales pagaderas por las partes interconectadas.

Por estructura de tarifas se entenderá las grandes categorías en que se dividen las cuotas de interconexión, es decir:

– cuotas que cubren la instalación inicial de la interconexión física, basadas en los costes derivados del suministro de la interconexión específica solicitada (por ejemplo, equipos y recursos específicos, pruebas de la compatibilidad);

– cuotas de alquiler para cubrir la utilización permanente de equipo y recursos (mantenimiento de la conexión, etc.);

– cuotas variables por los servicios auxiliares y suplementarios (por ejemplo, acceso a los servicios de información sobre números de abonados, asistencia de centralita telefónica, recogida de datos, fijación de cuotas, facturación, servicios avanzados y basados en la conmutación, etc.);

– cuotas relativas al tráfico, para la conducción del tráfico con destino a y procedente de la red interconectada (por ejemplo, los costes de conmutación y de transmisión), que pueden calcularse minuto a minuto y/o sobre la base de la capacidad adicional requerida de la red.

Por elementos de tarificación, se entenderán los precios fijados individualmente para cada elemento o instalación de la red suministrado a la parte interconectada.

Las tarifas y cuotas por interconexión deberán respetar los principios de orientación en función de los costes y de la transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7.

Las cuotas de interconexión podrán incluir, con arreglo al principio de proporcionalidad, una parte equitativa de los costes conjuntos y comunes y de los costes en que se incurra para facilitar la igualdad de acceso, la portabilidad del número, así como los costes para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales (mantenimiento de la integridad de la red, seguridad de la red en situaciones de emergencia, interoperabilidad de los servicios y protección de datos).

ANEXO V.- SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTES PARA LA INTERCONEXIÓN

(contemplados en el apartado 5 del artículo 7)

El apartado 5 del artículo 7 exige que se proporcione información detallada referente al sistema de contabilidad de costes; la lista que figura a continuación indica, a título de ejemplo, algunos elementos que pueden formar parte de ese sistema de contabilidad.

El objetivo que se persigue al publicar esta información es la transparencia en el cálculo de las cuotas de interconexión, de manera que los demás agentes del mercado puedan cerciorarse de que dichas cuotas se han calculado equitativa y adecuadamente.

La autoridad nacional de reglamentación y los organismos afectados deberán tener en cuenta este objetivo a la hora de determinar el grado de detalle de la información publicada.

La siguiente lista indica los elementos que deben incluirse en la información publicada.

1. Método de costes utilizado

Por ejemplo, costes plenamente distribuidos, costes incrementales medios a largo plazo, costes marginales, costes autónomos, costes directos integrados, etc.

Incluyendo la base o las bases de costes utilizadas, es decir:

costes históricos (basados en los gastos reales efectuados en equipos y sistemas) o costes provisionales (basados en los costes de sustitución de equipos o sistemas).

2. Partidas de costes incluidas en la tarifa de interconexión

Explicitación de todos los componentes de costes cuyo conjunto compone la cuota de interconexión, incluido el beneficio.

3. Niveles y métodos de imputación de costes, y en particular el tratamiento de los costes conjuntos y comunes

Detalles del nivel hasta el que se han analizado los costes directos y del nivel y método mediante el que se incluyen en las cuotas de interconexión los costes conjuntos y comunes.

4. Prácticas contables

Prácticas contables utilizadas en el tratamiento de los costes, en particular:

– el calendario de amortización de las principales categorías de inmovilizado (p. ej., terrenos, edificios, equipos, etc.)

– el tratamiento, en términos de costes de capital frente a ingresos, de otras partidas de gastos importantes (por ejemplo, programas y sistemas informáticos, investigación y desarrollo, desarrollo de nuevas actividades, construcción directa e indirecta, reparación y mantenimiento, cargas financieras, etc.).

La información sobre los sistemas de contabilidad de costes con arreglo al presente Anexo podrá modificarse de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 19.

ANEXO VI.- LÍMITES MÍNIMOS DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

(contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 8)

Parte 1

El límite mínimo del volumen de negocios anual correspondiente al sector de telecomunicaciones a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 8será de cincuenta millones de ecus (50 millones de ecus).

Parte 2

El límite mínimo del volumen de negocios anual de las actividades de telecomunicaciones a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 8será de veinte millones de ecus (20 millones de ecus).

ANEXO VII.- MARCO PARA LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE INTERCONEXIÓN

(contemplado en el apartado 2 del artículo 9)

Parte 1.- Ámbitos en que la autoridad nacional de reglamentación puede establecer condiciones ex ante

a) Procedimiento de solución de litigios.

b) Requisitos referentes a publicación de los acuerdos de interconexión y el acceso a los mismos, así como otras obligaciones de publicación periódica.

c) Requisitos referentes a la igualdad de acceso y portabilidad de los números.

d) Requisitos referentes a las instalaciones compartidas, incluida la coubicación.

e) Requisitos referentes al mantenimiento de los requisitos esenciales.

f) Requisitos referentes a la atribución y el uso de los recursos de numeración (incluido el acceso a los servicios de información sobre números de abonados, a los servicios de urgencia y a los números paneuropeos).

g) Requisitos referentes al mantenimiento de la calidad del servicio de extremo a extremo.

h) Cuando proceda, determinación de la parte desglosada de la cuota de interconexión que representa una aportación destinada a cubrir el coste neto de las obligaciones de servicio universal.

Parte 2.- Otros asuntos cuya inclusión en los acuerdos de interconexión debe fomentarse

a) Descripción de los servicios de interconexión que se van a prestar.

b) Condiciones de pago, incluidos los procedimientos de facturación.

c) Situación de los puntos de interconexión.

d) Normas técnicas de interconexión.

e) Ensayos de interoperabilidad.

f) Medidas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos esenciales.

g) Derechos de propiedad intelectual.

h) Definición y limitación de la responsabilidad y las indemnizaciones.

i) Definición de las cuotas de interconexión y su evolución a lo largo del tiempo.

j) Procedimiento de solución de litigios entre las partes previo a la solicitud de la intervención de la autoridad nacional de reglamentación.

k) Duración y renegociación de los acuerdos.

l) Procedimientos aplicables en caso de que se propongan modificaciones de las ofertas de redes o servicios de una de las partes.

m) Consecución de la igualdad de acceso.

n) Posibilidad de compartir instalaciones.

o) Acceso a servicios auxiliares, suplementarios y avanzados.

p) Gestión del tráfico y de la red.

q) Mantenimiento y calidad de los servicios de interconexión.

r) Confidencialidad de las partes no públicas de los acuerdos.

s) Formación del personal.

————————————————————————————————–

(1) DO nº C 313 de 24. 11. 1995, p. 7.

(2) DO nº C 153 de 28. 5. 1996, p. 21.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 1996 (DO nº C 65 de 4. 3. 1996, p. 69), Posición común del Consejo de 18de junio de 1996 (DO nº C 220 de 29. 7. 1996, p. 13) y Decisión del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 1996 (DO nº C 320 de 28. 10. 1996, p. 138). Decisión del Consejo de 2 de junio de 1997. Decisión del Parlamento Europeo de 11 de junio de 1997.

(4) DO nº C 48de 16. 2. 1994, p. 1.

(5) DO nº L 192 de 24. 7. 1990, p. 1.

(6) DO nº C 213 de 6. 8. 1993, p. 1.

(7) DO nº C 258de 3. 10. 1995, p. 1.

(8) DO nº L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/139/CE de la Comisión (DO nº L 32 de 10. 2. 1996, p. 31).

(9) DO nº C 102 de 4. 4. 1996, p. 1.

(1) DO nº L 321 de 30. 12. 1995, p. 6.

Copyright (Parallel Importation of Films and Onus of Proof) Amendment Act 2003

The Parliament of New Zealand enacts as follows:

1.- Title

(1) This Act is the Copyright (Parallel Importation of Films and Onus of Proof) Amendment Act 2003.

(2) In this Act, the Copyright Act 1994 is called “the principal Act”.

Part 1.- Commencement and amendments to principal Act

2.- Commencement

This Act comes into force on the day after the date on which it receives the Royal assent.

3.- Meaning of issue to the public

(1) Section 9(2) of the principal Act is amended by inserting, after the words “programs to the public”, the words “and rental subsequent to those works having been put into circulation”.

(2) Section 9(3) of the principal Act is amended by adding the words “and rental subsequent to those works having been put into circulation”.

4.- New section 35 substituted

The principal Act is amended by repealing section 35, and substituting the following section:

“35 Infringement by importation

“(1) A person infringes copyright in a work if :

“(a) that person imports into New Zealand an object that is an infringing copy of the work and,:

“(i) in the case of a work that is a sound recording, film, or computer program to which subsection (6) applies, that person knows or ought reasonably to know that the object is an infringing copy; or

“(ii) in the case of other works, that person knows or has reason to believe that the object is an infringing copy; and

“(b) the object was imported into New Zealand without a copyright licence; and

“(c) the object was imported into New Zealand other than for that person’s private or domestic use.

“(2) In civil proceedings for infringement of copyright under subsection (1), in the case of a work that is a sound recording, film, or computer program to which subsection (6) applies,:

“(a) an object is presumed to be an infringing copy in the absence of evidence to the contrary; and

“(b) the Court must not require any person to disclose any information concerning the sources of supply of the object if it appears to the Court that it is unreasonable to do so.

“(3) A person also infringes copyright in a film to which subsection (6) applies if that person:

“(a) imports a copy of the film into New Zealand within 9 months of first being made available to the public; and

“(b) knows or has reason to believe that the film is imported into New Zealand within 9 months of first being made available to the public; and

“(c) is not the licensee of the copyright in New Zealand; and

“(d) imports the film into New Zealand other than for that person’s private and domestic use.

“(4) For the purposes of subsection (3), a film is first made available to the public (as set out in section 23(2)) by any authorised act whether in New Zealand or elsewhere.

“(5) Subsection (3) expires with the close of the period of 5 years beginning on the date of commencement of this Act.

“(6) This subsection applies to the following sound recordings, films, and computer programs:

“(a) a sound recording stored in a material form that is separate from any device or apparatus capable of playing sound recordings:

“(b) a film produced principally for cinematic release, or a copy of that film, or a copy of a substantial part of that film:

“(c) a computer program stored in a material form that is separate from any device or apparatus capable of executing computer programs.”

Part 2.- Consequential amendment to Trade Marks Act 2002

5.- Consequential amendment to Trade Marks Act 2002

The Trade Marks Act 2002 is amended by inserting, after section 97, the following section:

“97A Exhaustion of rights conferred by registered trade mark

A registered trade mark is not infringed by the use of the trade mark (including use for the purpose of advertising) in relation to goods that have been put on the market anywhere in the world under that trade mark by the owner or with his or her express or implied consent.”

ACT

To provide for the facilitation and regulation of electronic communications and transactions; to provide for the development of a national e-strategy for the Republic; to promote universal access to electronic communications and transactions and the use of electronic transactions by SMMEs; to provide for human resource development in electronic transactions; to prevent abuse of information systems; to encourage the use of e-government services; and to provide for matters connected therewith.

BE IT ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as follows:

ARRANGEMENT OF SECTIONS

CHAPTER I.- INTERPRETATION, OBJECTS AND APPLICATION

Definitions

1. In this Act, unless the context indicates otherwise :

“addressee”, in respect of a data message, means a person who is intended by the originator to receive the data message, but not a person acting as an intermediary in respect of that data message;

“advanced electronic signature” means an electronic signature which results from a process which has been accredited by the Authority as provided for in section 37;

“authentication products or services” means products or services designed to identify the holder of an electronic signature to other persons;

“authentication service provider” means a person whose authentication products or services have been accredited by the Accreditation Authority under section 31 or recognised under section 40;

“Authority” means the .a Domain Name Authority;

“automated transaction” means an electronic transaction conducted or performed, in whole or in part, by means of data messages in which the conduct or data messages of one or both parties are not reviewed by a natural person in the ordinary course of such natural person’s business or employment:

“browser” means a computer program which allows a person to read hyperlinked data messages;

“cache” means high speed memory that stores data for relatively short periods of time, under computer control, in order to speed up data transmission or processing;

“ccTLD” means country code domain at the top level of the Internet’s domain name system assigned according to the two-letter codes in the International Standard IS0 3166-l (Codes for Representation of Names of Countries and their Subdivision);

“certification service provider” means a person providing an authentication product or service in the form of a digital certificate attached to, incorporated in or logically associated with a data message;

i‘consumer” means any natural person who enters or intends entering into an electronic transaction with a supplier as the end user of the goods or services offered by that supplier;

“Consumer Affairs Committee” means the Consumer Affairs Committee established by section 2 of the Consumer Affairs (Unfair Business Practices) Act, 1988 (Act nº 71 of 1988);

“critical data” means data that is declared by the Minister in terms of section 53 to be of importance to the protection of the national security of the Republic or the economic and social well-being of its citizens; 50

“critical database” means a collection of critical data in electronic form from where it may be accessed, reproduced or extracted,

“critical database administrator” means the person responsible for the management and control of a critical database:

“cryptography product” means any product that makes use of cryptographic techniques and is used by a sender or recipient of data messages for the purposes of ensuring-

(a) that such data can be accessed only by relevant persons;

(b) the authenticity of the data;

(c) the integrity of the data; or

(d) that the source of the data can be correctly ascertained;

“cryptography provider” means any person who provides or who proposes to provide cryptography services or products in the Republic;

“cryptography service” means any service which is provided to a sender or a recipient of a data message or to anyone storing a data message, and which is designed to facilitate the use of cryptographic techniques for the purpose of ensuring :

(a) that such data or data message can be accessed or can be put into an intelligible form only by certain persons;

(b) that the authenticity or integrity of such data or data message is capable of being ascertained;

(c) the integrity of the data or data message; or

(d) that the source of the data or data message can be correctly ascertained;

“cyber inspector” means an inspector referred to in Chapter XII;

“data” means electronic representations of information in any form;

“data controller” means any person who electronically requests, collects, collates, processes or stores personal information from or in respect of a data subject;

“data message” means data generated, sent, received or stored by electronic means and includes :

(a) voice, where the voice is used in an automated transaction; and

(b) a stored record;

“data subject” means any natural person from or in respect of whom personal information has been requested, collected, collated, processed or stored, after the commencement of this Act;

“Department” means the Department of Communications;

“Director-General” means the Director-General of the Department;

“domain name” means an alphanumeric designation that is registered or assigned in respect of an electronic address or other resource on the Internet;

“domain name system” meant a system to translate domain names into IP addresses or other information;

“e-government services” means any public service provided by electronic means by any public body in the Republic;

“electronic agent” means a computer program or an electronic or other automated means used independently to initiate an action or respond to data messages or performances in whole or in part, in an automated transaction;

“electronic communication” means a communication by means of data messages;

“electronic signature” means data attached to, incorporated in, or logically associated with other data and which is intended by the user to serve as a signature;

“e-mail” means electronic mail, a data message used or intended to be used as a mail message between the originator and addressee in an electronic communication;

“home page” means the primary entry point web page of a web site;

“hyperlink” means a reference or link from some point in one data message directing a browser or other technology or functionality to another data message or point therein or to another place in the same data message;

“ICANN” means the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a California non-profit public benefit corporation established in terms of the laws of the state of California in the United States of America;

“information system” means a system for generating, sending, receiving, storing, displaying or otherwise processing data messages and includes the Internet;

“information system services” includes the provision of connections, the operation of facilities for information systems, the provision of access to information systems, the transmission or routing of data messages between or among points specified by a user and the processing and storage of data, at the individual request of the recipient of the service;

“intermediary” means a person who, on behalf of another person, whether as agent or not, sends, receives or stores a particular data message or provides other services with respect to that data message;

“Internet” means the interconnected system of networks that connects computers around the world using the TCP/IP and includes future versions thereof;

“IP address” means the number identifying the point of connection of a computer or other device to the Internet;

“Minister” means the Minister of Communications;

“originator” means a person by whom, or on whose behalf, a data message purports to have been sent or generated prior to storage, if any, but does not include a person acting as an intermediary with respect to that data message;

“person” includes a public body;

“personal information” means information about an identifiable individual, including, but not limited to :

(a) information relating to the race, gender, sex, pregnancy, marital status, national, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, physical or mental health, well-being, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth of the individual;

(h) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or infommtinn relating to financial transactions in which the individual has been involved;

(c) any identifying number, symbol, or other particular assigned to the individual;

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual;

(ej the personal opinions, views or preferences of the individual, except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual;

(f) correspondence sent by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature or further correspondence that would reveal the contents of the original correspondence;

(fi) the views or opinions of another individual about the individual;

(h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual, but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual; and

(ii the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, but excludes information about an individual who has been dead for more than 20 years;

“prescribe” means prescribe by regulation under this Act;

“private body” means :

(a) a natural person who carries or has carried on any trade, business or profession, but only in such capacity;

(b) a partnership which carries or has carried on any trade, business or profession; or

(c) any former or existing juristic person, but not a public body;

“public body” means :

(a) any department of state or administration in the national or provincial sphere of government or any municipality in the local sphere of government; or

(b) any other functionary or institution when :

(i) exercising a power or performing a duty in terms of the Constitution or a provincial constitution; or

(ii) exercising a power or performing a. function in terms of any legislation;

“registrant” means an applicant for or holder of a domain name;

“registrar” means an entity which is licensed by the Authority to update a repository;

“registry” means an entity licensed by the Authority to manage and administer a specific subdomain;

“repository” means the primary register of the information maintained by a registry;

“second level domain” means the subdomain immediately following the ccTLD;

“SMMEs” means Small, Medium and Micro Enterprises contemplated in the Schedules to the Small Business Development Act, 1996 (Act nº 102 of 1996);

“subdomain” means any subdivision of the .za domain name space which begins at the second level domain;

“TCP/IP” means the Transmission Control Protocol Internet Protocol used by an information system to connect to the Internet;

“TLD” means a top level domain of the domain name system;

“third party”, in relation to a service provider, means a subscriber to the service provider’s services or any other user of the service provider’s services or a user of information systems;

“transaction” means a transaction of either a commercial or non-commercial nature, and includes the provision of information and e-government services;

“universal access” means access by all citizens of the Republic to Internet connectivity and electronic transactions;

“WAP” means Wireless Application Protocol, an open international standard developed by the Wireless Application Protocol Forum Limited, a company incorporated in terms of the laws of the United Kingdom, for applications that use wireless communication and includes Internet access from a mobile phone;

“web page” means a data message on the World Wide Web;

“web site” means any location on the Internet containing a home page or web page;

“World Wide Web” means an information browsing framework that allows a user to locate and access information stored on a remote computer and to follow references from one computer to related information on another computer; and

“za domain name space” means the .za ccTLD assigned to the Republic according to the two-letter codes in the International Standard IS0 3 166. I.

Objects of Act

2. (I) The objects of this Act are to enable and facilitate electronic communications and transactions in the public interest, and for that purpose to :

(a) recognise the importance of the information~economy for the economic and social prosperity of the Republic;

(b) promote universal access primarily in underserviced areas;

(c) promote the understanding and, acceptance of and growth in the number of electronic transactions in the Republic;

(d) remove and prevent barriers to electronic communications and transactions in the Republic;

(e) promote legal certainty and confidence in respect of electronic communications and transactions;

(f) promote technology neutrality in the application of legislation to electronic communications and transactions;

(g) promote e-government services and electronic communications and transactions with public and private bodies, institutions and citizens;

(h) ensure that electronic transactions in the Republic conform to the highest international standards;

(i) encourage investment and innovation in respect of electronic transactions in the Republic;

(j) develop a safe, secure and effective environment for the consumer, business and the Government to conduct and use electronic transactions;

(k) promote the development of electronic transactions services which are responsive to the needs of users and consumers;

(l) ensure that, in relation to the provision of electronic transactions services, the special needs of particular communities and, areas and the disabled are duly taken into account;

(m) ensure compliance with accepted International technical standards in the provision and development of electronic communications and transactions;

(n) promote the stability of electronic transactions in the Republic;

(o) promote the development of human resources in the electronic transactions environment;

(p) promote SMMEs within the electronic transactions environment;

(q) ensure efficient use and management of the .za domain name space; and

(r) ensure that the national interest of the Republic is not compromised through the use of electronic communications.

Interpretation

3. This Act must not be interpreted so as to exclude any statutory law or the common law from being applied to, recognising or accommodating electronic transactions, data messages or any other matter provided for in this Act.

Sphere of application

4.

(1) Subject to any contrary provision in this section, this Act applies in respect of any electronic transaction or data message.

(2) This Act must not be construed as :

(a) requiring any person to generate, communicate, produce, process, send, receive, record, retain, store or display any information, document or signature by or in electronic form; or

(b) prohibiting a person from establishing requirements in respect of the manner in which that person will accept data messages.

(3) The sections of this Act mentioned in Column B of Schedule 1 do not apply to the laws mentioned in Column A of that Schedule.

(4) This Act must not be construed as giving validity to any transaction mentioned in Schedule 2.

(5) This Act does not limit the operation of any law that expressly authorises, prohibits or regulates the use of data messages, including any requirement by or under a law for information to be posted or displayed in a specified manner, or for any information or document to be. transmitted by a specified method.

CHAPTER II.- MAXIMISING BENEFITS AND POLICY FRAMEWORK

Part 1.- National e-strategy

National e-strategy

5. (1) The Minister must, within 24 months after the promulgation of this Act, develop a three-year national e-strategy for the Republic, which must be submitted to the Cabinet for approval.

(2) The Cabinet must, on acceptance of the national e-strategy, declare the implementation of the national e-strategy as a national priority.

(3) The Minister, in developing the national e-strategy as envisaged in subsection (1) :

(a) must determine all matters involving e-government services in consultation with the Minister for the Public Service and Administration;

(b) must determine the roles of each person, entity or sector in the implementation of the national e-strategy;

(c) must act as the responsible Minister for co-ordinating and monitoring the implementation of the national e-strategy;

(d) may make such investigations as he or she may consider necessary;

(e) may conduct research into and keep abreast of developments relevant to electronic communications and transactions in the Republic and intemationally;

(f) must continually survey and evaluate the extent to which the objectives of the national e-strategy have been achieved;

(g) may liaise, consult and cooperate with public bodies, the private sector or any other person; and

(h) may, in consultation with the Minister of Finance, appoint experts and other consultants on such conditions as the Minister may determine.

(4)

(a) The Minister must, in consultation with other members of the Cabinet, determine the subject matters to be addressed in the national e-strategy and the principles that must govern the implementation thereof.

(b) Prior to prescribing any subject matter and principles provided for in paragraph (a), the Minister must invite comments from all interested parties by notice in the Gazette and consider any comments received.

(c) The national e-strategy must, amongst others, set out

(i) the electronic transactions strateev of the Reuublic. distineuishine between regional, national, continental and international strategies;

(ii) programmes and means to achieve universal access, human resource development and development of SMMEs as provided for in this Part;

(iii) programmes and means to promote the overall readiness of the Republic in respect of electronic transactions;

(iv) ways to promote the Republic as a preferred provider and user of electronic transactions in the international market;

(v) existing government initiatives directly or indirectly relevant to or impacting on the national e-strategy and, if applicable, how such initiatives are to be utilised in attaining the objectives of the national e-strategy;

(vi) the role expected to be performed by the private sector in the implementation of the national e-strategy and how government can solicit the participation of the private sector to perform such role;

(vii) the defined objectives, including time frames within which the objectives are to be achieved; and

(viii) the resources required to achieve the objectives provided for in the national e-strategy.

(5) Upon approval by the Cabinet, the Minister must publish the national e-strategy in the Gazette.

(6) For purposes of achieving the objectives of the national e-strategy, the Minister may, in consultation with the Minister of Finance :

(a) procure funding from sources other than the State;

(b) allocate funds for implementation of the national e-strategy to such institutions and persons as are responsible for delivery in terms of the national e-strategy and supervise the execution of their mandate; and

(c) take any steps necessary to enable all relevant parties to carry out their respective obligations.

(7) The Minister must annually report to the Cabinet on progress made and objectives achieved or outstanding and may include any other matter the Minister deems relevant.

(8) The Minister must annually review the national e-strategy and where necessary make amendments thereto in consultation with all relevant members of the Cabinet.

(9) No amendment or adaptation of the national e-strategy is effective unless approved by the Cabinet.

(10) The Minister must publish any material revision of the national e-strategy in the Gazette.

(11) The Minister must table an annual report in Parliament regarding the progress made in the implementation of the national e-strategy.

Universal access

6. In respect of universal access, the national e-strategy must outline strategies and programmes to :

(a) provide Internet connectivity to disadvantaged communities;

(b) encourage the private sector to initiate schemes to provide universal access;

(c) foster the adoption and use of new technologies for attaining universal access; and

(d) stimulate public awareness, understanding and acceptance of the benefits of  Internet connectivity and electronic transacting.

Previously disadvantaged persons and communities

7. The Minister, in developing the national e-strategy, must provide for ways of maximising the benefits of electronic transactions to historically disadvantaged persons and communities. including but not limited to:

(a) making’facilities and infrastructure available or accessible to such persons and communities to enable the marketing and sale of their goods or services by way of electronic transactions;

(b) providing or securing support services for such facilities and infrastructure to assist with the efficient execution of electronic transactions; and

(c) rendering assistance and advice to such persons and communities on ways to adopt and utilise electronic transactions efficiently.

Development of human resources

8.

(1) The Minister, in developing the national e-strategy, must provide for ways of promoting development of human resources set out in this section within the context of the government’s integrated human resource development strategies, having regard to structures and programmes that have been established under existing laws.

(2) The Minister must consult with the Ministers of Labour and Education on existing facilities, programmes and structures for education, training and human resource development in the information technology sector relevant to the objects of this Act.

(3) Subject to subsections (1) and (2), the Minister must promote skills development in the areas of :

(a) information technology products and services in support of electronic transactions;

(b) business strategies for SMMEs and other businesses to utilise electronic transactions;

(c) sectoral, regional, national, continental and international policy formulation for electronic transactions;

(d) project management on public and private sector implementation of electronic transactions;

(e) the management of the .za domain name space;

(f) the management of the IP address system for the African continent in consultation with other African states;

(g) convergence between communication technologies affecting electronic transactions;

(h) technology and business standards for electronic transactions;

(i) education on the nature, scope, impact, operation, use and benefits of electronic transactions; and

(j) any other matter relevant to electronic transactions.

SMMEs

9. The Minister must, in consultation with the Minister of Trade and Industry, evaluate the adequacy of any existing processes, programmes and infrastructure providing for the utilisation by SMMEs of electronic transactions and, pursuant to such evaluation, may :

(a) establish or facilitate the establishment of electronic communication centres for SMMEs;

(b) facilitate the development of web sites or web site portals that will enable SMMEs to transact electronically and obtain information about markets, products and technical assistance; and

(c) facilitate the provision of such professional and expert assistance and advice to SMMEs on ways to utilise electronic transacting efficiently for their development.

Part 2.- Electronic transactions policy

Electronic transactions policy

10.

(1) The Minister must, subject to this Act, formulate electronic transactions policy.

(2) In formulating the policy contemplated in subsection (1), the Minister must :

(a) act in consultation with members of the Cabinet directly affected by such policy fomndation or the consequences thereof;

(b) have due regard to :

(i) the objects of this Act;

(ii) the nature, scope and impact of electronic transactions;

(iii) international best practice and conformity with the law and guidelines of other jurisdictions and international bodies; and

(iv) existing laws and their administration in the Republic.

(3) The Minister must publish policy guidelines in the Gazefte on issues relevant to electronic transactions in the Republic.

(4) In implementing this Chapter, the Minister mnst encourage the development of innovative information systems and the growth of related industry.

CHAPTER III.- FACILITATING ELECTRONIC TRANSACTIONS

Part 1.- Legal requirements for data messages

Legal recognition of data messages

11.

(1) Information is not without legal force and effect merely on the grounds that it is wholly or partly in the form of a data message.

(2) Information is not without legal force and effect merely on the grounds that it is not contained in the data message purporting to give rise to such legal force and effect, but is merely referred to in such data message.

(3) Information incorporated into an agreement and that is not in the public domain is regarded as having been incorporated into a data message if such information is :

(a) referred to in a way in which a reasonable person would have noticed the reference thereto and incorporation thereof; and

(b) accessible in a form in which it may be read, stored and retrieved by the other party, whether electronically or as a computer printout as long as such information is reasonably capable of being reduced to electronic form by the  party incorporating it.

Writing

12. A requirement in law that a document or information must be in writing is met if the document or information is :

(a) in the form of a data message; and

(b) accessible in a manner usable for subsequent reference.

Signature

13.

(1) Where the signature of a person is required by law and such law does not specify the type of signature, that requirement in relation to a data message is met only if an advanced electronic signature is used.

(2) Subject to subsection (1), an electronic signature is not without legal force and effect merely on the grounds that it is in electronic form.

(3) Where an electronic signature is required by the parties to an electronic transaction and the parties have not agreed on the type of electronic signature to be used, that requirement is met in relation to a data message if :

(a) a method is used to identify the person and to indicate the person’s approval of the information communicated: and

(b) having regard to all the relevant circumstances at the time the method was used, the method was as reliable as was appropriate for the purposes for which the information was communicated.

(4) Where an advanced electronic signature has been used, such signature is regarded as being a valid electronic signature and to have been applied properly, unless the contrary is proved.

(5) Where an electronic signature. is not required by the parties to an electronic transaction, an expression of intent or other statement is not without legal force and effect merely on the grounds that:

(a) it is in the form of a data message; or

(h) it is not evidenced by an electronic signature but is evidenced by other means from which such person’s intent or other statement can be inferred.

Original

14.

(1) Where a law requires information to be presented or retained in its original form, that requirement is met by a data message if :

(a) the integrity of the information from the time when it was first generated in its final form as a data message or otherwise has passed assessment in terms of subsection (2); and

(b) that information is capable of being displayed or produced to the person to whom it is to be presented.

(2) For the purposes of subsection l(u), the integrity must be assessed :

(a) by considering whether the information has remained complete and unaltered, except for the addition of any endorsement and any change which arises in the normal course of communication, storage and display; 35

(b) in the light of the purpose for which the information was generated; and

(c) having regard to all other relevant circumstances.

Admissibility and evidential weight of data messages

15.

(1) In any legal proceedings, the rules of evidence must not be applied so as to deny the admissibility of a data message, in evidence :

(a) on the mere grounds that it is constituted by a data message; or

(b) if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form.

(2) Information in the form of a data message must be given due evidential weight.

(3) In assessing the evidential weight of a data message, regard must be had to :

(a) the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated;

(b) the reliability of the manner in which the integrity of the data message was maintained;

(c) the manner in which its originator was identified; and

(d) any other relevant factor.

(4) A data message made by a person in the ordinary course of business, or a copy or printout of or an extract from such data message certified to be correct by an officer in the service of such person, is on its mere production in any civil, criminal, administrative or disciplinary proceedings under any law, the rules of a self regulatory organisation or any other law or the common law, admissible in evidence against any person and rebuttable proof of the facts contained in such record, copy, printout or extract.

Retention

16.

(1) Where a law requires information to be retained, that requirement is met by retaining such information in the form of a data message, if :

(a) the information contained in the data message is accessible so as to be usable for subsequent reference;

(b) the data message is in the format in which it was generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated to represent accuraely the information generated, sent or received; and

(c) the origin and destination of that data message and the date and time it was sent or received can be determined.

(2) The obligation to retain information as contemplated in subsection (1) does not extend to any information the sole purpose of which is to enable the message to be sent or received.

Production of document or information

17.

(1) Subject to section 28, where a law requires a person to produce a document or information, that requirement is met if the person produces, by means of a data message, an electronic form of that document or information, and if :

(a) considering all the relevant circumstances at the time that the data message was sent, the method of generating the electronic form of that document provided a reliable means of assuring the maintenance of the integrity of the information contained in that document; and

(b) at the time the data message was sent, it was reasonable to expect that the information contained therein would be readily accessible so as to be usable for subseyucnt reference.

(2) For the purposes of subsection (1), the integrity of the information contained in a document is maintained if the information has remained complete and unaltered, except for :

(a) the addition of any endorsement; or

(b) any immaterial change, which arises in the normal course of communication, storage or display

Notarisation, acknowledgement and certification

18.

(1) Where a law requires a signature, statement or document to be notarised, acknowledged, verified or made under oath, that requirement is met if the advanced electronic signature of the person authorised to perform those acts is attached to, incorporated in or logically associated with the electronic signature or data message.

(2) Where B law requires or permits a person to provide a certified copy of a document and the document exists in electronic form, that requirement is met if the person provides a print-out certified to he a true reproduction of the document or information.

(3) Where a law requires or permits a person to provide a certified copy of a document and the document exists in paper or other physical form, that requirement is met if an electronic copy of the document is certified to be a true copy thereof and the certification is confirmed by the use of an advanced electronic signature.

Other requirements

19.

(1) A requirement in a law for multiple copies of a document to be submitted to a single addressee at the same time, is satisfied by the submission of a single data message that is capable of being reproduced by that addressee.

(2) An expression in a law, whether used as a noun or verb, including the terms “document”, “record”, “file”, “submit”, “lodge”, “deliver”, “issue”, “publish”, “write in”, “print” or words or expressions of similar effect, must be interpreted so as to include or permit such form, format or action in relation to a data message unless otherwise provided for in this Act.

(3) Where a seal is required by law to be affixed to a document and such law does not prescribe the method or form by which such document may be sealed by electronic means, that requirement is met if the document indicates that it is required to be under seal and it includes the advanced electronic signature of the person by whom it is required to be sealed.

(4) Where any law requires or permits a person to send a document or information by registered or certified post or similar service, that requirement is met if an electronic copy of the document or information is sent to the South African Post Office Limited, is registered by the said Post Office and sent by that Post Office to the electronic address provided by the sender.

Automated transactions

20. In an automated transaction :

(a) an agreement may be formed where nn electronic agent performs an action required by law for agreement formation;

(b) an agreement may be formed where all parties to a transaction or either one of than uses an electronic agent;

(c) a party using an electronic agent to form an agreement is, subject to paragraph (d)  presumed to be bound by the terms of that agreement irrespective of whether that person reviewed the actions of the electronic agent or the terms of the agreement;

(d) A party interacting with an electronic agent to form an agreement is not bound by the terms of the agreement unless those terms were capable of being reviewed by a natural person representing that party prior to agreement formation.

(e) no agreement is formed where a natural person interacts directly with the electronic agent of another person and has made a material error during the creation of a data message and :

(i) the electronic agent did not provide that person with an opportunity to prevent or correct the error;

(ii) that person notifies the other person of the error as soon as practicable after that person has learned of it;

(iii) that person takes reasonable steps, including steps that conform to the other person’s instructions to return any performance received, or, if instructed to do so, to destroy that performance; and

(iv) that person has not used or received any material benefit or value from any performance received from the other person.

Part 2.- Communication of data messages

Variation by agreement between parties

21. This Part only applies if the parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages have not reached agreement on the issues provided for therein.

Formation and validity of agreements

22.

(1) An agreement is not without legal force and effect merely because it was concluded partly or in whole by means of data messages.

(2) An agreement concluded between parties by means of data messages is concluded at the time when and place where the acceptance of the olTeer was received by the offeror.

Time and place of communications, dispatch and receipt

23. A data message :

(a) used in the conclusion or performance of an agreement must be regarded as having been sent by the originator when it enters an information system outside the control of the originator or, if the originator and addressee are in the same information system, when it is capable of being retrieved by the addressee;

(b) must be regarded as having been received by the addressee when the complete data message enters an information system designated or used for tbzat purpose by the addressee and is capable of being retrieved and processed by the addressee; and

(c) must be regarded as having been sent from the originator’s usual place of business or residence and as having been received at the addressee’s usual place of business or residence.

Expression of intent or other statement

24. As between the originator and the addressee of a data message an expression of intent or other statement is not without legal force and effect merely on the grounds that :

(a) it is in the form of a data message; or

(b) it is not evidenced by an electronic signature but by other means from which such person’s intent or other statement can be inferred.

Attribution of data messages to originator

25. A data message is that of the originator if it was sent by :

(a) the originator personally;

(b) a person who had authority to act on behalf of the originator in respect of that data message; or

(c) an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically unless it is proved that the information system did not properly execute such programming.

Acknowledgement of receipt of data message

26.

(1) An acknowledgement of receipt of a data message is not necessary to give legal effect to that message.

(2) An acknowledgement of receipt may be given by :

(a) any communication by the addressee, whether automated or otherwise; or

(b) any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the originator that the data message has been received.

CHAPTER IV.- E-GOVERNMENT SERVICES

Acceptance of electronic filing and issuing of documents

27. Any public body that, pursuant to any law :

(a) accepts the filing of documents, or requires that documents be created or retained;

(b) issues any permit, licence or approval; or

(c) provides for a manner of payment, may, notwithstanding anything to the contrary in such law :

(i) accept the filing of such documents, or the creation or retention of such documents in the form of data messages;

(ii) issue such permit, licence or approval in the form of a data message; or

(iii) make or receive payment in electronic form or by electronic means.

Requirements may be specified

28.

(1) In any case where a public body performs any of the functions referred to in section 27, such body may specify by notice in the Gazetre :

a) the manner and format in-which the data messages must be filed, created, retained or issued;

(b) in cases where the data message has to be signed, the type of electronic signature required;

(c) the manner and format in which such electronic signature must be attached to, incorporated in or otherwise associated with the data message;

(d) the identity of or criteria that must be met by any authentication service provider used by the person filing the data message or that such authentication service provider must be a preferred authentication service provider;

(e) the appropriate control processes and procedures to ensure adequate integrity, security and confidentiality of data messages or payments; and

(f) any other requeriments for data messages or payments.

(2) For the purposes of subsection (l)(d) the South African Post Office Limited is a preferred authentication service provider and the Minister may designate any other authentication service provider as a preferred authentication service provider based on such authentication service provider’s obligations in respect of the provision of universal access.

CHAPTER V.- CRYPTOGRAPHY PROVIDERS

Register of cryptography providers

29.

(1) The Director-General must establish and maintain a register of cryptography providers.

(2) The Director-General must record the following particulars in respect of a cryptography provider in that register:

(a) The name and address of the cryptography provider;

(b) a description of the type of cryptography service or cryptography product being provided; and

(c) such other particulars as may be prescribed to identify and locate the cryptography provider or its products or services adequately.

(3) A cryptography provider is not required to disclose confidential information or trade secrets in respect of its cryptography products or services.

Registration with Department

30.

(1) No person may provide cryptography services or cryptography products in the Republic until the particulars referred to in section 29 in respect of that person have been recorded in the register contemplated in section 29.

(2) A cryptography provider must in the prescribed manner furnish the Director-General with the information required and pay the prescribed administrative fee.

(3) A cryptography service or cryptography product is regarded as being provided in the Republic if it is provided :

a) from premises in the Republic;

(h) to a person who is present in the Republic when that person makes use of the service or product; or

(c) to a person who uses the service or product for the purposes of a business carried on in the Republic or from premises in the Republic.

Restrictions on disclosure of information

31.

(1) Informalion contained in the register provided for in section 29 must not be disclosed to any person other than to employees of the Department who are responsible for the keeping of the register.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of information which is disclosed :

(a) to a relevant authority which investigates a criminal offence or for the purposes of any criminal proceedings;

(b) to government agencies responsible for safety and security in the Republic, pursuant to an official request;

(c) to B cybcr inspector;

(d) pursuant to section I I or 30 or the Promotion of Access to Information Act, (Act nº 2 of 2000);

(e) for the purposes of any civil proceedings which relate to the provision of cryptography services or cryptography products and to which a cryptography provider is a party.

Application of Chapter and offences

32.

(1) The provisions of this Chapter do not apply to the National Intelligence Agency established in terms of section 3 of the Intelligence Services Act, 1994 (Act nº 38 of 1994).

(2) A person who contravenes or fails to comply with a provision of this Chapter is guilty of an offence and liable on conviction to a tine or to imprisonment for a period not exceeding two years.

CHAPTER VI.- AUTHENTICATION SERVICE PROVIDERS

Part 1.- Accreditation Authority

Definition

33. In this Chapter, unless the context indicates otherwise :

“accreditation” means recognition of an authentication product or service by the Accreditation Authority.

Appointment of Accreditation Authority and other officers

34.

(1) For the purposes of this Chapter the Director-General must act as the Accreditation Authority.

(2) The Accreditation Authority, after consultation with the Minister, may appoint cmployces of the Department as Deputy Accreditation Authorities and officers.

Accreditation to he voluntary

35. Subject to section 30, a person may, without the prior authority of any other person, sell or provide authentication products or services in the Republic.

Powers and duties of Accreditation Authority

36.

(1) The Accreditation Authority Mayo

(a) monitor the conduct, systems and operations of nn authentication service provider to ensure its compliance with section 38 and the other obligations of authentication service providers in terms of this Act;

(b) temporarily suspend or revoke the accreditation of nn authentication product or service; and

(c) appoint nn independent auditing firm to conduct periodic audits of the authentication service provider to ensure its compliance with section 38 and the other obligations of authentication service providers in terms of this Act.

(2) The Accreditation Authority must maintain n publicly accessible database in respect of :

(a) authentication products or services accredited in terms of section 37;

(b) authentication products and services recognised in terms of section 40;

(c) revoked accreditations or recognitions; and

(d) such other information as may be prescribed.

Part 2.- Accreditation

Accreditation of authentication products and services

37.

(1) The Accreditation Authority may accredit authentication products and services in support of advanced electronic signatures.

(2) An application for accreditation must :

(a) be made to the Accreditation Authority in the prescribed manner supported by the prescribed information; and

(b) be accompanied by n non-refundable prescribed fee.

(3) A person falsely holding out its products or services to be accredited by the Accreditation Authority is guilty of an offence.

Criteria for accreditation

38.

(1) The Accreditation Authority may not accredit authentication products or services unless the Accreditation Authority is satisfied that nn electronic signature to which such authentication products or services relate :

(a) is uniquely linked to the user;

(b) is capable of identifying that user’;

(c) is created using means that can be maintained under the sole control of that user; and

(d) will be linked to the data or data message to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data or data message is detectable;

(e) is based on the face-to-face identification of the user.

(2) For purposes of subsection (1), the Accreditation Authority must have regard to the following factors in respect of an authentication service provider prior to accrediting authentication products or services:

(a) Its financial and human resources, including its assets;

(b) the quality of its hardware and software systems:

(c) its procedures for processing of products or services;

(d) the availability of information to third parties relying on the authentication product or service;

(e) the regularity and extent of audits by an independent body;

(f) the factors referred to in subsection (4) where the products and services are rendered by a certification service provider; and

(g) any other relevant factor which may be prescribed.

(3) For the purposes of subsections (2)(b) and (c), the hardware and software systems and procedures must at least :

(a) be reasonably secure from intrusion and misuse;

(b) provide a reasonable level of availability, reliability and correct operation;

(c) be reasonably suited to performing their intended functions; and

(d) adhere to generally accepted security procedures.

(4) For the purposes of subsection (l), where the products or services are provided by a certification service provider, the Accreditation Authority may stipulate, prior to accrediting authentication products or services :

(a) the technical and other requirements which certificates must meet;

(b) the requirements for issuing certificates;

(c) the requirements for certification practice statements;

(d) the responsibilities of the certification service provider;

(e) the liability of the certification service provider:

(f) the records to be kept and the manner in which and length of time for which they must be kept;

(g) requirements as to adequate certificate suspension and revocation procedures; and

(h) requirements as to adequate notification procedures relating to certificate suspension and revocation.

(5) The Accreditation Authority may impose any conditions or restrictions necessary when accrediting an authentication product or service.

Revocation or termination of accreditation

39.

(1) The Accreditation Authority may suspend or revoke an accreditation if it is satisfied that the authentication service provider has failed or ceases to meet any of the requirements, conditions or restrictions subject to which accreditation was granted under section 38 or recognition was given in terms of section 40.

(2) Subject to the provisions of subsection (3), the Accreditation Authority may not suspend or revoke the accreditation or recognition contemplated in subsection (I) unless it has :

(a) notified the authentication service provider in writing of its intention to do so;

(b) given a description of the alleged breach of any of the requirements, conditions or restrictions subject to which accreditation was granted under section 38 or recognition was given in terms of section 40; and

(c) afforded the authentication service provider the opportunity to :

(i) respond to the allegations in writing; and

(ii) remedy the alleged breach within a reasonable time.

(3) The Accreditation Authority may suspend accreditation granted under section or recognition given under section 40 with immediate effect for a period not exceeding 90 days, pending implementation of the procedures required by subsection (2), if the continued accreditation or recognition of the authentication service provider is reasonably likely to result in irreparable harm to consumers or any person involved in an electronic transaction in the Republic.

(4) An authentication service provider whose products or services have been accredited in terms of this Chapter may terminate such accreditation at any time, subject to such conditions as may be agreed to at the time of accreditation or thereafter.

Accreditation of foreign products and services

40.

(1) The Minister may, by notice in the Gazette and subject to such conditions as may be determined by him or her, recognise the accreditation or similar recognition granted to any authentication service provider or its authentication products or services in any foreign jurisdiction.

(2) An authentication service provider falsely holding out its products or services to have been recognised by the Minister in terms of subsection (1), is guilty of an offence.

Accreditation regulations

41. The Minister may make regulations in respect of :

(a) the rights and obligations of persons relating to the provision of accredited products and services;

Acta de Modificación de reglas para la registración de Nombres de Dominio de 29 de octubre de 2001.

En la Cdad. Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2001, se reúnen el Director de Informática, Comunicaciones y Seguridad, Ministro Luis García Tezanos Pinto, y el Dr. Fernando J. Terrera, asesor letrado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, conforme con lo previsto en el Artículo 2º de la Resolución 2226/2000, acuerdan:

1. Que se agregue a la Regla número 4 la siguiente aclaración:

NIC-ARGENTINA efectuará el registro de nuevas denominaciones bajo los subdominios COM.AR, ORG.AR, GOV.AR, MIL.AR, NET.AR, INT.AR que cumplan con los siguientes requisitos:

Denominaciones debajo del COM.AR: podrá registrar nombres dentro del subdominio COM.AR cualquier persona física o jurídica argentina o extranjera.

Denominaciones debajo del ORG.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio ORG.AR las entidades que sean organizaciones sin fines de lucro argentinas o extranjeras. No podrán registrar nombres debajo del ORG.AR las personas físicas por más que la actividad que las mismas desempeñen carezcan de fines de lucro.

Denominaciones debajo del GOV.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio GOV.AR las entidades que pertenezcan al Gobierno Nacional o Provincial de la República Argentina que cumplan con lo establecido en la Regla número 7.

Denominaciones debajo del MIL.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio MIL.AR las entidades que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de la República Argentina que cumplan con lo establecido en la Regla número 7.

Denominaciones debajo del NET.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio NET.AR las entidades argentinas o extranjeras que sean proveedoras de servicios de Internet y tengan licencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones para prestar servicios de valor agregado en la República Argentina.

Denominaciones debajo del INT.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio INT.AR las entidades que sean Representaciones Extranjeras u Organismos Internacionales con sede en la República Argentina.

NOTA: En caso de que la entidad registrante de un dominio sea extranjera o no resida en nuestro país, deberá consignar un domicilio legal en la República Argentina.

2. Se reemplace en la Regla número 19 el párrafo que dice “Previamente, y a tal fin, se deberá hacer llegar el acto de transferencia por instrumento publico o privado, con certificación de firmas ante escribano publico en donde conste:” por el siguiente: “Previamente, y a tal fin, se deberá hacer llegar el acto de transferencia por instrumento público o privado, con certificación de ambas firmas -tanto del cedente como del cesionario- ante escribano público en donde conste:”

Freedom of Information Act 1982

Act nº 3 of 1982 as amended

Amendments: Act nº 137 of 1991, Act nº 219 of 1992, Act nº 60 of 1993, Acts nº 33, 64, 84, 168, 177, 181 of 1994. Acts nº 161, 174 of 1995, Act nº 43 of 1996, Acts nº 67, 96, 114 of 1997, Acts nº 7, 118, 146, 161, 194 of 1999, Acts nº 1, 108, 163, 170 of 2000, Acts nº 30, 153 of 2001, Act nº 127 of 2002, Acts nº 28, 75, 114, 135, 148 of 2003. Act nº 62 of 2004. Acts nº 38, 45, 111, 118, 128, 129 of 2005. Acts nº 40, 50, 73, 101, 150, 170 of 2006. Acts nº 8, 27, 32, 56, 124, 158 of 2007. Acts nº 66, 113 of 2008. Acts nº 99, 102 of 2009. Acts nº 8, 51, 139, 145, 148 of 2010. Acts nº 20, 23, 32, 46, 170 of 2011. Acts nº 136 of 2012.

Amendments up to Act nº 177 of 2012

Part I.-Preliminary

1.- Short title

This Act may be cited as the Freedom of Information Act 1982.

2.- Commencement

The several Parts of this Act shall come into operation on such respective dates as are fixed by Proclamation.

3.- Objects- general

(1) The objects of this Act are to give the Australian community access to information held by the Government of the Commonwealth or the Government of Norfolk Island, by:

(a) requiring agencies to publish the information; and

(b) providing for a right of access to documents.

(2) The Parliament intends, by these objects, to promote Australia´s representative democracy by contributing towards the following:

(a) increasing public participation in Government processes, with a view to promoting better-informed decision-making;

(b) increasing scrutiny, discussion, comment and review of the Government´s activities.

(3) The Parliament also intends, by these objects, to increase recognition that information held by the Government is to be managed for public purposes, and is a national resource.

(4) The Parliament also intends that functions and powers given by this Act are to be performed and exercised, as far as possible, to facilitate and promote public access to information, promptly and at the lowest reasonable cost.

3A.- Objects-information or documents otherwise accessible Scope

(1) This section applies if a Minister, or an officer of an agency, has the power to publish, or give access to, information or a document (including an exempt document) apart from under this Act.

Publication and access powers not limited

(2) The Parliament does not intend, by this Act, to limit that power, or to prevent or discourage the exercise of that power:

(a) in the case of the power to publish the information or document-despite any restriction on the publication of the information or document under this Act; and

(b) in the case of the power to give access to the information or document-whether or not access to the information or document has been requested under section 15.

4.- Interpretation

(1) In this Act, unless the contrary intention appears:

access grant decision has the meaning given by section 53B.

access refusal decision has the meaning given by section 53A.

ACT enactment means an enactment as defined by section 3 of the Australian Capital Territory (Self-Government) Act 1988.

action, if the action is taken by a person or agency, has the same meaning as in the Ombudsman Act 1976.

affected third party has the meaning given by section 53C.

agency means a Department, a prescribed authority or a Norfolk Island authority.

applicant means a person who has made a request.

Australia, when used in a geographical sense, includes Norfolk Island.

authorised person has the meaning given by section 77.

Cabinet includes:

(a) a committee of the Cabinet; and

(b) a body that:

(i) consists of Norfolk Island Ministers; and

(ii) corresponds to the Cabinet.

Cabinet notebook means a notebook or other like record that contains notes of discussions or deliberations taking place in a meeting of the Cabinet, if the notes were made in the course of those discussions or deliberations by, or under the authority of, the Secretary to the Cabinet.

Chief Executive Medicare has the same meaning as in the Human Services (Medicare) Act 1973.

Commission of inquiry means:

(a) the Commission of inquiry within the meaning of the Quarantine Act 1908; or

(b) a Commission of inquiry within the meaning of the Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006.

Commonwealth contract means a contract to which all of the following apply:

(a) the Commonwealth, Norfolk Island or an agency is, or was, a party to the contract;

(b) under the contract, services are, or were, to be provided:

(i) by another party; and

(ii) for or on behalf of an agency; and

(iii) to a person who is not the Commonwealth, Norfolk Island or an agency;

(c) the services are in connection with the performance of the functions, or the exercise of the powers, of an agency.

complainant has the meaning given by subsection 70(1).

conditionally exempt: a document is conditionally exempt if Division 3 of Part IV (public interest conditional exemptions) applies to the document.

contracted service provider, for a Commonwealth contract, means an entity that is, or was:

(a) a party to the Commonwealth contract; and

(b) responsible for the provision of services under the Commonwealth contract.

Defence Imagery and Geospatial Organisation means that part of the Department of Defence known as the Defence Imagery and Geospatial Organisation.

defence intelligence document has the meaning given by paragraph 7(2C)(a).

Defence Intelligence Organisation means that part of the Department of Defence known as the Defence Intelligence Organisation.

Defence Signals Directorate means that part of the Department of Defence known as the Defence Signals Directorate.

Department means a Department of the Australian Public Service that corresponds to a Department of State of the Commonwealth.

document includes:

(a) any of, or any part of any of, the following things:

(i) any paper or other material on which there is writing;

(ii) a map, plan, drawing or photograph;

(iii) any paper or other material on which there are marks, figures, symbols or perforations having a meaning for persons qualified to interpret them;

(iv) any article or material from which sounds, images or writings are capable of being reproduced with or without the aid of any other article or device;

(v) any article on which information has been stored or recorded, either mechanically or electronically;

(vi) any other record of information; or

(b) any copy, reproduction or duplicate of such a thing; or

(c) any part of such a copy, reproduction or duplicate;

but does not include:

(d) material maintained for reference purposes that is otherwise publicly available; or

(e) Cabinet notebooks.

document of an agency: a document is a document of an agency if:

(a) the document is in the possession of the agency, whether created in the agency or received in the agency; or

(b) in order to comply with section 6C, the agency has taken contractual measures to ensure that it receives the document.

edited copy has the meaning given by section 22 (access to edited copies with exempt or irrelevant matter deleted).

electronic communication has the same meaning as in the Electronic Transactions Act 1999.

enactment means, subject to section 4A:

(a) an Act;

(b) an Ordinance of the Australian Capital Territory; or

(c) an instrument (including rules, regulations or by-laws) made under an Act or under such an Ordinance and includes an enactment as amended by another enactment.

engage in conduct means:

(a) do an act; or

(b) omit to do an act.

exempt content service document means:

(a) a document containing content, or a record of content (within the meaning of Schedule 7 to the Broadcasting Services Act 1992), that:

(i) has been delivered by, or accessed using, a content service (within the meaning of that Schedule); and

(ii) was offensive content-service content when it was delivered by, or accessed using, that content service; or

(b) a document that sets out how to access, or that is likely to facilitate access to, offensive content-service content (for example, by setting out the name of a website, an IP address, a URL or a password).

exempt document means:

(a) a document that is exempt for the purposes of Part IV (exempt documents) (see section 31B); or

(b) a document in respect of which, by virtue of section 7, an agency, person or body is exempt from the operation of this Act; or

(c) an official document of a Minister that contains some matter that does not relate to the affairs of an agency or of a Department of State.

exempt internet content document means:

(a) a document containing information (within the meaning of Schedule 5 to the Broadcasting Services Act 1992) that:

(i) has been copied from the internet; and

(ii) was offensive internet content when it was accessible on the internet; or

(b) a document that sets out how to access, or that is likely to facilitate access to, offensive internet content (for example: by setting out the name of a website, an IP address, a URL, a password, or the name of a newsgroup).

exempt matter means matter the inclusion of which in a document causes the document to be an exempt document.

Human Services Department means the Department administered by the Human Services Minister.

Human Services Minister means the Minister administering the Human Services (Medicare) Act 1973.

IC review has the meaning given by section 54G.

IC reviewable decision has the meaning given by section 54K.

IC review applicant has the meaning given by section 54J.

IC review application has the meaning given by section 54H.

implementation notice has the meaning given by section 89.

Information Commissioner has the meaning given by the Australian Information Commissioner Act 2010.

intelligence agency document has the meaning given by paragraph 7(2A)(a).

internal review has the meaning given by sections 54 and 54A.

internal review applicant has the meaning given by section 54B.

investigation recommendations has the meaning given by section 88.

investigation results has the meaning given by section 87.

Minister includes a Norfolk Island Minister.

NBN Co means NBN Co Limited (ACN 136 533 741), as the company exists from time to time (even if its name is later changed).

Norfolk Island authority means:

(a) a public sector agency (within the meaning of the Public Sector Management Act 2000 of Norfolk Island); or

(b) a body (whether incorporated or not) established for a public purpose by or under a Norfolk Island enactment, other than a body established or registered under:

(i) the Companies Act 1985 of Norfolk Island; or

(ii) the Associations Incorporation Act 2005 of Norfolk Island; or

(c) a body established or appointed by:

(i) the Administrator of Norfolk Island; or

(ii) a Norfolk Island Minister;

otherwise than by or under a Norfolk Island enactment; or

(d) a person holding or performing the duties of:

(i) an office established by or under a Norfolk Island enactment; or

(ii) an appointment made under a Norfolk Island enactment; or

(e) a person holding or performing the duties of an appointment, where the appointment was made by:

(i) the Administrator of Norfolk Island; or

(ii) a Norfolk Island Minister;

otherwise than under a Norfolk Island enactment.

Norfolk Island enactment means:

(a) an enactment (within the meaning of the Norfolk Island Act 1979); or

(b) an instrument (including rules, regulations or by-laws) made under such an enactment;

and includes a Norfolk Island enactment as amended by another Norfolk Island enactment.

Norfolk Island Minister means a Minister of Norfolk Island.

offensive content-service content means content (within the meaning of Schedule 7 to the Broadcasting Services Act 1992) that is:

(a) delivered by, or accessed using, a content service (within the meaning of that Schedule); and

(b) either:

(i) prohibited content (within the meaning of that Schedule); or

(ii) potential prohibited content (within the meaning of that Schedule).

offensive internet content means internet content (within the meaning of Schedule 5 to the Broadcasting Services Act 1992) that is:

(a) prohibited content (within the meaning of Schedule 5 to that Act as in force before the commencement of Schedule 7 to that Act); or

(b) potential prohibited content (within the meaning of Schedule 5 to that Act as in force before the commencement of Schedule 7 to that Act).

officer, in relation to an agency, includes a member of the agency or a member of the staff of the agency.

official document of a Minister or official document of the Minister means a document that is in the possession of a Minister, or that is in the possession of the Minister concerned, as the case requires, in his or her capacity as a Minister, being a document that relates to the affairs of an agency or of a Department of State and, for the purposes of this definition, a Minister shall be deemed to be in possession of a document that has passed from his or her possession if he or she is entitled to access to the document and the document is not a document of an agency.

Ombudsman means the Commonwealth Ombudsman.

operational information has the meaning given by section 8A.

Ordinance, in relation to the Australian Capital Territory, includes a law of a State that applies, or the provisions of a law of a State that apply, in the Territory by virtue of an enactment (other than a law that is, or provisions that are an ACT enactment).

Parliamentary Budget Office has the same meaning as in the Parliamentary Service Act 1999.

Parliamentary Budget Officer has the same meaning as in the Parliamentary Service Act 1999.

personal information means information or an opinion (including information forming part of a database), whether true or not, and whether recorded in a material form or not, about an individual whose identity is apparent, or can reasonably be ascertained, from the information or opinion.

practical refusal reason has the meaning given by section 24AA.

prescribed authority means:

(a) a body corporate, or an unincorporated body, established for a public purpose by, or in accordance with the provisions of, an enactment or an Order-in-Council, other than:

(i) an incorporated company or association; or

(ii) a body that, under subsection (2), is not to be taken to be a prescribed authority for the purposes of this Act; or

(iii) the Australian Capital Territory House of Assembly; or

(iv) the Legislative Assembly of the Northern Territory or the Executive Council of the Northern Territory; or

(v) the Legislative Assembly of the Territory of Norfolk Island; or

(vi) a Royal Commission; or

(vii) a Commission of inquiry; or

(aa) NBN Co; or

(b) any other body, whether incorporated or unincorporated, declared by the regulations to be a prescribed authority for the purposes of this Act, being:

(i) a body established by the Governor General or by a Minister; or

(ii) an incorporated company or association over which the Commonwealth is in a position to exercise control; or

(c) subject to subsection (3), the person holding, or performing the duties of, an office established by an enactment or an Order-in-Council; or

(d) the person holding, or performing the duties of, an appointment declared by the regulations to be an appointment the holder of which is a prescribed authority for the purposes of this Act, being an appointment made by the Governor General, or by a Minister, otherwise than under an enactment or an Order-in-Council.

principal officer means:

(a) in relation to a Department-the person holding, or performing the duties of, the office of Secretary of the Department; or

(b) in relation to a prescribed authority:

(i) if the regulations declare an office to be the principal office of the authority-the person holding, or performing the duties of, that office;

(ii) if the authority is an Agency (within the meaning of the Public Service Act 1999) other than a Department and subparagraph (i) does not apply-the Agency Head (within the meaning of the Public Service Act 1999) of the authority;

(iii) if neither subparagraph (i) nor (ii) applies-the person responsible for the day-to-day management of the authority;

(iv) if the authority is constituted by one person and none of subparagraphs (i) to (iii) applies-that person;

(v) if the authority is constituted by 2 or more persons and none of subparagraphs (i) to (iv) applies-the person who is entitled to preside at any meeting of the authority at which he or she is present; or

(c) in relation to a Norfolk Island authority-the person holding, or performing the duties of, the office of Chief Executive Officer under the Public Sector Management Act 2000 of Norfolk Island.

request means an application made under subsection 15(1).

request consultation process has the meaning given by section 24AB.

respondent agency has the meaning given by subsections 69(2) and 70(2).

responsible Minister means:

(a) in relation to a Department-the Minister administering the relevant Department of State; or

(b) in relation to a prescribed authority referred to in paragraph (a) of the definition of prescribed authority-the Minister administering the part of the enactment by which, or in accordance with the provisions of which, the prescribed authority is established; or

(ba) in relation to the prescribed authority referred to in paragraph (aa) of that definition-the Minister administering the National Broadband Network Companies Act 2011; or

(c) in relation to a prescribed authority referred to in paragraph (c) of that definition-the Minister administering the part of the enactment by which the office is established; or

(d) in relation to any other prescribed authority-the Minister declared by the regulations to be the responsible Minister in respect of that authority; or

(e) in relation to a Norfolk Island authority-the Chief Minister of Norfolk Island;

or another Minister acting for and on behalf of that Minister.

review parties has the meaning given by section 55A.

run out: all of a person´s opportunities for review or appeal in relation to an access grant decision have run out when:

(a) the latest time for applying for an internal review or an IC review in relation to the decision has ended, if the person has not applied for either review; or

(b) if the person has applied for an internal review in relation to the decision:

(i) the internal review is concluded; and

(ii) the time for applying for an IC review of the decision on internal review has ended, if the person has not applied for the IC review; or

(c) if the person has applied for an IC review in relation to the decision:

(i) proceedings in relation to the IC review are concluded; and

(ii) the time for applying to the Tribunal for a review in relation to the decision has ended, if the person has not applied for such a review; and

(iii) the time for instituting an appeal to the Federal Court in relation to the IC review has ended (with no appeal instituted), or, if an appeal has been instituted, all proceedings in relation to the appeal have been concluded; or

(d) if the person has applied to the Tribunal for a review in relation to the decision:

(i) proceedings in relation to the review are concluded; and

(ii) the time for instituting an appeal to the Federal Court in relation to the review by the Tribunal has ended (with no appeal instituted), or, if an appeal has been instituted, all proceedings in relation to the appeal have been concluded.

State includes the Australian Capital Territory and the Northern Territory.

subcontractor, for a Commonwealth contract, means an entity:

(a) that is, or was, a party to a contract (the subcontract):

(i) with a contracted service provider for the Commonwealth contract; or

(ii) with another subcontractor for the Commonwealth contract (under a previous application of this definition); and

(b) that is, or was, responsible under the subcontract for the provision of services for the purposes (whether direct or indirect) of the Commonwealth contract.

Tribunal means the Administrative Appeals Tribunal.

vexatious applicant declaration has the meaning given by section 89K.

(2) An unincorporated body, being a board, council, committee, subcommittee or other body established by, or in accordance with the provisions of, an enactment for the purpose of assisting, or performing functions connected with, a prescribed authority shall not be taken to be a prescribed authority for the purposes of this Act, but shall be deemed to be comprised within that prescribed authority.

(3) A person shall not be taken to be a prescribed authority:

(a) by virtue of his or her holding:

(i) an office of member of the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory;

(ii) an office of member of the Legislative Assembly of the Northern Territory or of Administrator or of Minister of the Northern Territory; or

(iii) an office of member of the Legislative Assembly of the Territory of Norfolk Island or of Administrator or Deputy Administrator of that Territory or of Minister of Norfolk Island; or

(b) by virtue of his or her holding, or performing the duties of:

(i) a prescribed office;

(ii) an office the duties of which he or she performs as duties of his or her employment as an officer of a Department or as an officer of or under a prescribed authority;

(iii) an office of member of a body; or

(iv) an office established by an enactment for the purposes of a prescribed authority.

(3A) If an unincorporated body consists of a board, council, committee, subcommittee or other body established by or under a Norfolk Island enactment for the purpose of assisting, or performing functions connected with, a Norfolk Island authority:

(a) the unincorporated body is taken not to be a Norfolk Island authority for the purposes of this Act; and

(b) the unincorporated body is taken to be comprised within that Norfolk Island authority.

(3B) A person is not taken to be a Norfolk Island authority:

(a) because he or she holds:

(i) an office of member of the Legislative Assembly of Norfolk Island; or

(ii) the office of Administrator of Norfolk Island; or

(iii) an office of Deputy Administrator of Norfolk Island; or

(iv) an office of Norfolk Island Minister; or

(b) because he or she holds, or performs the duties of:

(i) a prescribed office; or

(ii) an office the duties of which he or she performs as duties of his or her employment as an officer of a Norfolk Island authority; or

(iii) an office of member of a Norfolk Island authority; or

(iv) an office established by a Norfolk Island enactment for the purposes of a Norfolk Island authority.

(4) For the purposes of this Act, the Department of Defence shall be deemed to include:

(a) the Defence Force;

(b) the Australian Army Cadets;

(c) the Australian Navy Cadets; and

(d) the Australian Air Force Cadets.

(5) Without limiting the generality of the expression security of the Commonwealth, that expression shall be taken to extend to:

(a) matters relating to the detection, prevention or suppression of activities, whether within Australia or outside Australia, subversive of, or hostile to, the interests of the Commonwealth or of any country allied or associated with the Commonwealth; and

(b) the security of any communications system or cryptographic system of the Commonwealth or of another country used for:

(i) the defence of the Commonwealth or of any country allied or associated with the Commonwealth; or

(ii) the conduct of the international relations of the Commonwealth.

(6) Where an agency is abolished, then, for the purposes of this Act:

(a) if the functions of the agency are acquired by another agency any request made to the first mentioned agency shall be deemed to have been made to, and any decision made by the first mentioned agency in respect of a request made to it shall be deemed to have been made by, the other agency; and

(b) if the functions of the agency are acquired by more than one other agency any request made to the first mentioned agency shall be deemed to have been made to, and any decision made by the first mentioned agency in respect of a request made to it shall be deemed to have been made by, whichever of those other agencies has acquired the functions of the first mentioned agency to which the document the subject of the request most closely relates; and

(c) if the documents of the agency are transferred to the care (within the meaning of the Archives Act 1983) of the National Archives of Australia-any request made to the agency shall be deemed to have been made to, and any decision made by the agency in respect of a request made by it shall be deemed to have been made by, the agency to the functions of which the document the subject of the request most closely relates.

(7) If the agency to which a request is so deemed to have been made, or by which a decision upon a request is so deemed to have been made, was not itself in existence at the time when the request or decision was deemed so to have been made, then, for the purposes only of dealing with that request or decision under this Act, that agency shall be deemed to have been in existence at that time.

(9) For the purposes of the application of the definition of responsible Minister in subsection (1), the reference in that definition to the Minister administering a Department is a reference to the Minister to whom the Department is responsible in respect of the matter in respect of which this Act is being applied.

(10) To avoid doubt, information or matter communicated in the way mentioned in paragraph 33(b) includes information or matter so communicated pursuant to any treaty or formal instrument on the reciprocal protection of classified information between the Government of the Commonwealth, or an authority of the Commonwealth, and:

(a) a foreign government or an authority of a foreign government; or

(b) an international organisation.

4A.- Certain legislation relating to Australian Capital Territory not to be enactment

(1) ACT enactments are not enactments.

(2) The Australian Capital Territory (Self-Government) Act 1988 and the Canberra Water Supply (Googong Dam) Act 1974 are not enactments.

(3) Part IV, sections 29 and 30, subsection 63(2), section 66 and Division 5 of Part X of the Australian Capital Territory Planning and Land Management Act 1988 are not enactments.

(4) Where the whole of an Act or Ordinance is not an enactment, an instrument made under it is not an enactment.

(5) Where part of an Act or Ordinance is not an enactment, an instrument made under the Act or Ordinance, as the case may be, is not an enactment unless made for the purposes of the other part of the Act or Ordinance, as the case may be.

4B.- Extension to Norfolk Island

This Act extends to Norfolk Island.

5.- Act to apply to courts in respect of administrative matters

(1) For the purposes of this Act:

(a) a court (other than a court of Norfolk Island) shall be deemed to be a prescribed authority;

(b) the holder of a judicial office (other than a judicial office in a court of Norfolk Island) or other office pertaining to a court (other than a court of Norfolk Island) in his or her capacity as the holder of that office, being an office established by the legislation establishing the court, shall be deemed not to be a prescribed authority and shall not be included in a Department; and

(c) a registry or other office of a court (other than a court of Norfolk Island), and the staff of such a registry or other office when acting in a capacity as members of that staff, shall be taken as a part of the court;

but this Act does not apply to any request for access to a document of the court unless the document relates to matters of an administrative nature.

(2) For the purposes of this Act:

(a) a court of Norfolk Island is taken to be a Norfolk Island authority; and

(b) if a person is the holder of a judicial office in a court of Norfolk Island-the person, in his or her capacity as the holder of the office, is taken not to be a Norfolk Island authority and is not to be included in a Norfolk Island authority; and

(c) if:

(i) a person is the holder of an office (other than a judicial office) that relates to a court of Norfolk Island; and

(ii) the office is established by a Norfolk Island enactment;

the person, in his or her capacity as the holder of the office, is taken not to be a Norfolk Island authority and is not to be included in a Norfolk Island authority; and

(d) a registry or other office of a court of Norfolk Island, and the staff of such a registry or other office when acting in a capacity as members of that staff, are taken to be a part of the court;

but this Act does not apply to any request for access to a document of the court unless the document relates to matters of an administrative nature.

6.- Act to apply to certain tribunals in respect of administrative matters

For the purposes of this Act:

(a) each tribunal, authority or body specified in Schedule 1 is deemed to be a prescribed authority;

(b) the holder of an office pertaining to a tribunal, authority or body specified in Schedule 1, being an office established by the legislation establishing the tribunal, authority or body so specified in his or her capacity as the holder of that office, is not to be taken to be a prescribed authority or to be included in a Department; and

(c) a registry or other office of or under the charge of a tribunal, authority or body specified in Schedule 1, and the staff of such a registry or other office when acting in a capacity as members of that staff, shall be taken as a part of the tribunal, authority or body so specified as a prescribed authority;

but this Act does not apply to any request for access to a document of a tribunal, authority or body so specified unless the document relates to matters of an administrative nature.

6A.- Official Secretary to the Governor General

(1) This Act does not apply to any request for access to a document of the Official Secretary to the Governor General unless the document relates to matters of an administrative nature.

(2) For the purposes of this Act, a document in the possession of a person employed under section 13 of the Governor General Act 1974 that is in his or her possession by reason of his or her employment under that section shall be taken to be in the possession of the Official Secretary to the Governor General.

6C.- Requirement for Commonwealth contracts

(1) This section applies to an agency if a service is, or is to be, provided under a Commonwealth contract in connection with the performance of the functions or the exercise of the powers of the agency.

(2) The agency must take contractual measures to ensure that the agency receives a document if:

(a) the document is created by, or is in the possession of:

(i) a contracted service provider for the Commonwealth contract; or

(ii) a subcontractor for the Commonwealth contract; and

(b) the document relates to the performance of the Commonwealth contract (and not to the entry into that contract); and

(c) the agency receives a request for access to the document.

7.- Exemption of certain persons and bodies

(1) The bodies specified in Division 1 of Part I of Schedule 2, and a person holding and performing the duties of an office specified in that Division, are to be deemed not to be prescribed authorities for the purposes of this Act.

(1A) For the purposes of the definition of agency, a part of the Department of Defence specified in Division 2 of Part I of Schedule 2:

(a) is taken not to be included in the Department of Defence (or in any other Department) for the purposes of this Act; and

(b) to avoid doubt, is not an agency in its own right for the purposes of this Act.

(2) The persons, bodies and Departments specified in Part II of Schedule 2 are exempt from the operation of this Act in relation to the documents referred to in that Schedule in relation to them.

(2AA) A body corporate established by or under an Act specified in Part III of Schedule 2 is exempt from the operation of this Act in relation to documents in respect of the commercial activities of the body corporate.

(2A) An agency is exempt from the operation of this Act in relation to the following documents:

(a) a document (an intelligence agency document) that has originated with, or has been received from, any of the following:

(i) the Australian Secret Intelligence Service;

(ii) the Australian Security Intelligence Organisation;

(iii) the Inspector General of Intelligence and Security;

(iv) the Office of National Assessments;

(v) the Defence Imagery and Geospatial Organisation;

(vi) the Defence Intelligence Organisation;

(vii) the Defence Signals Directorate;

(b) a document that contains a summary of, or an extract or information from, an intelligence agency document, to the extent that it contains such a summary, extract or information.

(2B) A Minister is exempt from the operation of this Act in relation to the following documents:

(a) an intelligence agency document;

(b) a document that contains a summary of, or an extract or information from, an intelligence agency document, to the extent that it contains such a summary, extract or information.

(2C) An agency is exempt from the operation of this Act in relation to the following documents:

(a) a document (a defence intelligence document) that has originated with, or has been received from, the Department of Defence and that is in respect of:

(i) the collection, reporting or analysis of operational intelligence; or

(ii) special access programs, under which a foreign government provides restricted access to technologies;

(b) a document that contains a summary of, or an extract or information from, a defence intelligence document, to the extent that it contains such a summary, extract or information.

(2D) A Minister is exempt from the operation of this Act in relation to the following documents:

(a) a defence intelligence document;

(b) a document that contains a summary of, or an extract or information from, a defence intelligence document, to the extent that it contains such a summary, extract or information.

(3) In subsection (2AA) and Part II of Schedule 2, commercial activities (except when used in relation to NBN Co) means:

(a) activities carried on by an agency on a commercial basis in competition with persons other than governments or authorities of governments; or

(b) activities, carried on by an agency, that may reasonably be expected in the foreseeable future to be carried on by the agency on a commercial basis in competition with persons other than governments or authorities of governments.

(3A) In Part II of Schedule 2, commercial activities, when used in relation to NBN Co, means:

(a) activities carried on by NBN Co on a commercial basis; or

(b) activities, carried on by NBN Co, that may reasonably be expected in the foreseeable future to be carried on by NBN Co on a commercial basis.

(4) In subsection (2AA) and Part II of Schedule 2, a reference to documents in respect of particular activities shall be read as a reference to documents received or brought into existence in the course of, or for the purposes of, the carrying on of those activities.

Part II.-Information publication scheme

Division 1.-Guide to this Part

7A.- Information publication scheme- guide

This Part establishes an information publication scheme for agencies.

Each agency must publish a plan showing how it proposes to implement this Part.

An agency must publish a range of information including information about what the agency does and the way it does it, as well as information dealt with or used in the course of its operations, some of which is called operational information.

In addition, an agency may publish other information held by the agency.

Information published by an agency must be kept accurate, up to date and complete.

An agency is not required to publish exempt matter. An agency is also not required to publish information if prohibited by another enactment.

The information (or details of how to access the information) must be published on a website. If there is a charge for accessing the information, the agency must publish details of the charge.

An agency must, in conjunction with the Information Commissioner, review the operation of the scheme in the agency every 5 years (if not earlier).

An agency must have regard to the objects of this Act, and guidelines issued by the Information Commissioner, in doing anything for the purposes of this Part.

If operational information is not published in accordance with this Part, a person must not be subjected to any prejudice as a result of not having access to the information.

Division 2.-Information to be published

8.- Information to be published- what information?

Agency plans

(1) An agency must prepare a plan showing the following:

(a) what information the agency proposes to publish for the purposes of this Part;

(b) how, and to whom, the agency proposes to publish information for the purposes of this Part;

(c) how the agency otherwise proposes to comply with this Part.

Information that must be published

(2) The agency must publish the following information:

(a) the plan prepared under subsection (1);

(b) details of the structure of the agency´s organisation (for example, in the form of an organisation chart);

(c) as far as practicable, details of the functions of the agency, including its decision-making powers and other powers affecting members of the public (or any particular person or entity, or class of persons or entities);

(d) details of the following appointments:

(i) appointments of officers of the agency that are made under Acts (other than APS employees within the meaning of the Public Service Act 1999);

(ii) appointments of officers of the agency that are made under Norfolk Island enactments (other than officers appointed or employed under the Public Sector Management Act 2000 of Norfolk Island);

(e) the information in annual reports prepared by the agency that are laid before the Parliament or the Legislative Assembly of Norfolk Island;

(f) details of arrangements for members of the public to comment on specific policy proposals for which the agency is responsible, including how (and to whom) those comments may be made;

(g) information in documents to which the agency routinely gives access in response to requests under Part III (access to documents), except information of the following kinds:

(i) personal information about any individual, if it would be unreasonable to publish the information;

(ii) information about the business, commercial, financial or professional affairs of any person, if it would be unreasonable to publish the information;

(iii) other information of a kind determined by the Information Commissioner under subsection (3), if it would be unreasonable to publish the information;

(h) information held by the agency that is routinely provided to the Parliament or the Legislative Assembly of Norfolk Island in response to requests and orders from the Parliament or the Legislative Assembly of Norfolk Island, as the case may be;

(i) contact details for an officer (or officers) who can be contacted about access to the agency´s information or documents under this Act;

(j) the agency´s operational information (see section 8A).

(3) The Information Commissioner may, by legislative instrument, make a determination for the purposes of subparagraph (2)(g)(iii).

Other information

(4) The agency may publish other information held by the agency.

Functions and powers

(5) This section applies to a function or power of an agency whether or not the agency has the function or power under an enactment.

Definition

(6) In this section:

enactment includes a Norfolk Island enactment.

8A.- Information to be published- what is operational information?

(1) An agency´s operational information is information held by the agency to assist the agency to perform or exercise the agency´s functions or powers in making decisions or recommendations affecting members of the public (or any particular person or entity, or class of persons or entities).

(2) An agency´s operational information does not include information that is available to members of the public otherwise than by being published by (or on behalf of) the agency.

8B.- Information to be published- accuracy etc.

An agency must ensure that information published by the agency as required or permitted by this Part is accurate, up to date and complete.

8C.- Information to be published- restrictions

Exempt documents

(1) An agency is not required under this Part to publish exempt matter.

Publication prohibited or restricted by other legislation

(2) If an enactment restricts or prohibits the publication of particular information, an agency is not required under this Part to publish the information otherwise than as permitted or required by the enactment.

Operation of restrictions

(3) This section applies despite section 8.

Definition

(4) In this section:

enactment includes a Norfolk Island enactment.

8D.- Information to be published- how (and to whom) information is to be published

Scope

(1) An agency must publish information that is required or permitted to be published under this Part in accordance with this section.

How (and to whom) information is to be published

(2) The agency must publish the information:

(a) to members of the public generally; and

(b) if the agency considers that it is appropriate to do so-to particular classes of persons or entities.

(3) The agency must publish the information on a website by:

(a) making the information available for downloading from the website; or

(b) publishing on the website a link to another website, from which the information can be downloaded; or

(c) publishing on the website other details of how the information may be obtained.

Charges

(4) The agency may impose a charge on a person for accessing the information only if:

(a) the person does not directly access the information by downloading it from the website (or another website); and

(b) the charge is to reimburse the agency for specific reproduction costs, or other specific incidental costs, incurred in giving the person access to that particular information.

(5) If there is a charge for accessing the information, the agency must publish details of the charge in the same way as the information is published under this section.

8E.- Information to be published- Information Commissioner to assist agencies

The Information Commissioner may provide appropriate assistance to an agency in:

(a) identifying and preparing information which is required or permitted to be published under this Part; and

(b) determining how (and to whom) the information is required or permitted to be published under section 8D.

Division 3.-Review of information publication scheme

8F.- Review of scheme- Information Commissioner functions

The Information Commissioner has the following functions (as conferred by this Act and the Australian Information Commissioner Act 2010, but without limiting any provision of either Act):

(a) reviewing the operation in each agency of the information publication scheme established by this Part, in conjunction with the agency;

(b) investigating an agency´s compliance with this Part under Division 2 of Part VIIB (Information Commissioner investigations);

(c) otherwise monitoring, investigating and reporting on the operation of the scheme.

9.- Review of scheme- by agencies

(1) An agency must, in conjunction with the Information Commissioner, complete a review of the operation, in the agency, of the information publication scheme established by this Part:

(a) as appropriate from time to time; and

(b) in any case-within 5 years after the last time a review under this section was completed.

(2) The first review under subsection (1) must be completed within 5 years after the day this section commences.

Division 4.-Guidelines

9A.- Functions and powers under this Part

In performing a function, or exercising a power, under this Part, an agency must have regard to:

(a) the objects of this Act (including all the matters set out in sections 3 and 3A); and

(b) guidelines issued by the Information Commissioner for the purposes of this paragraph under section 93A.

Division 5.-Miscellaneous

10.- Unpublished operational information

Scope

(1) This section applies if:

(a) part (or all) of an agency´s operational information (the unpublished information), in relation to a function or power of the agency, is not published by the agency in accordance with this Part; and

(b) a person engages in conduct relevant to the performance of the function or the exercise of the power; and

(c) at the time of engaging in that conduct:

(i) the person was not aware of the unpublished information; and

(ii) the agency had been in existence for more than 12 months.

No prejudice from lack of awareness of unpublished information

(2) The person must not be subjected to any prejudice only because of the application to that conduct of any rule, guideline or practice in the unpublished information, if the person could lawfully have avoided that prejudice had he or she been aware of the unpublished information.

10A.- Who performs functions etc. given to agencies

(1) A function or power given to an agency under this Part may be performed or exercised, on behalf of the agency, by:

(a) the principal officer of the agency; or

(b) an officer of the agency acting within the scope of his or her authority in accordance with arrangements approved by theprincipal officer of the agency.