Corrección de errores del Reglamento 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000 , relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (Diario Oficial L 164 de 26.6.2007, p. 36).

En la página 4, en el artículo 3, en el apartado 1:

donde dice:

“Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán al tratamiento de datos personales por parte de todas las instituciones y organismos comunitarios, en la medida en que dicho tratamiento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades que pertenecen al ámbito de aplicación del Derecho comunitario.”,

debe decir:

“Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán al tratamiento de datos personales por parte de todas las instituciones y organismos comunitarios, en la medida en que dicho tratamiento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades que pertenecen en todo o en parte al ámbito de aplicación del Derecho comunitario.”.

El 19 de septiembre de 2005, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo el oficio nº 0436-2005 del 11 de agosto de 2005, por el cual se remitió el expediente GP01-O-2004-000026 (alfanumérico de esa Sala), contentivo de la acción de habeas data interpuesta por el ciudadano P. R. C. M., titular de la cédula de identidad número x.xxx.xxx, en nombre propio y sin asistencia de abogado, que persigue la eliminación de unos datos inherentes a su persona contenidos en el Sistema de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Tal remisión obedece a la declinatoria de competencia que hizo el 4 de abril de 2005, la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo en esta Sala Constitucional.

El 3 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Doctor Arcadio De Jesús Delgado Rosales.

Posteriormente, el 13 de octubre de 2005, se reconstituye la Sala Constitucional por el nombramiento como primer suplente de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.

El 20 de marzo de 2006, esta Sala, mediante sentencia número 599 aceptó la competencia para conocer de la acción de habeas data declinada y, ordenó al Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que remitiera todos los datos que aparecen registrados en el Sistema Integrado de Información Policial con respecto al accionante, e informara sí existe algún procedimiento administrativo interno o alguna normativa de rango sublegal, que permitiese a los particulares acudir a ese ente Policial y solicitar la actualización, corrección o destrucción de los datos contenidos en el referido Sistema, en el supuesto de que los mismos resultaren incorrectos o falsos.

En cumplimiento de lo anterior la Asesoría Jurídica Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, libró oficio nº 9700-003-3011, mediante el cual se informó a esta Sala, sobre la existencia de un procedimiento interno, creado por dicho Cuerpo Policial, para resolver la solicitud de exclusión de datos del Sistema Computarizado de Información llevado por ese organismo; asimismo, se envió la información concerniente al ciudadano P. R. C. M., mediante la cual se señaló que, hasta la oportunidad en la que se emitiera el referido auto, el mencionado ciudadano no presentaba registro policiales en la base de datos computarizada llevada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones.

I. ANTECEDENTES

El 17 de junio de 2004, el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo declaró su incompetencia para conocer de la acción de habeas data interpuesta, por considerar que la misma no se refería a una acción de amparo en protección de los derechos a la libertad o a la seguridad personal, razón por la cual la competencia para conocer de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, se la atribuyó a un Tribunal de Juicio en lo Penal de ese Circuito Judicial Penal.

El Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo mediante sentencia dictada, el 1 de julio de 2004, estimó que el delito por el cual se había iniciado averiguación contra el accionante había prescrito, por lo que ordenó la eliminación inmediata de la información contenida en el Sistema de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y remitió el expediente a la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal a los fines de que conociera en consulta obligatoria la decisión dictada, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a pesar de establecer que se trataba de una acción de habeas data.

El 11 de octubre de 2004, la Sala Uno Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo al conocer en consulta obligatoria el fallo dictado por el Tribunal de Juicio el 1 de julio de 2004, revocó dicha decisión y ordenó la reposición de la causa al estado de que se emitiera un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción de amparo incoada, por cuanto la parte accionante no había precisado plenamente en su escrito el presunto sujeto agraviante, aunado a que el referido Tribunal de Juicio había subvertido el orden procesal propio de las acciones de amparo.

El 1 de febrero de 2005 el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo -en virtud de la decisión proferida por la Corte de Apelaciones- ordenó al ciudadano Pedro Reinaldo Carbone la corrección del escrito de interposición de la acción, toda vez que el mismo no cumplía con lo señalado en los numerales 2 y 3 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 11 de febrero de 2005, el Tribunal Cuarto de ese Circuito Judicial Penal declaró inadmisible la acción incoada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dada la falta de corrección del escrito libelar por parte del accionante, declaratoria de inadmisibilidad que sometió a la consulta obligatoria establecida en el artículo 35 eiusdem.

El 4 de abril 2005, la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo anuló la decisión sometida a consulta y declinó el conocimiento de la acción de habeas data intentada, en esta Sala Constitucional.

II. FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Narró el ciudadano P. R. C. M. como antecedentes pertenecientes al caso que dio origen a la interposición de la presente acción que, el 15 de febrero de 1984, celebró una negociación con los ciudadanos Jesús García y Federico Reyes, en el cual se le otorgó
en calidad de préstamo la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00), ofreciendo como garantía de la obligación un bien mueble de su propiedad.

Continuó relatando que, en virtud de inconvenientes presentados en el pago de la anterior obligación, los referidos ciudadanos pretendieron la entrega del bien dado en garantía y procedieron a denunciarlo ante el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (P.T.J) -por la presunta comisión del delito de apropiación indebida- que rindió declaración ante el hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, “(…) [c]onsignando copias de los pagos efectuados y mi (sic) respectivos documento de propiedad. Una vez que declaré el funcionario que llevaba el caso me indica que podía retirar y todo había quedado solucionado; en ningún momento se me reseño (sic), así tampoco se me molestó más por este asunto.”

Por otra parte precisó que, prestó servicio laboral en el Cuerpo Policial del Estado Carabobo y que optó por solicitar su traslado al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, oportunidad en la que pudo conocer que se encontraba reseñado en el Sistema de Información Policial de dicho organismo, por la presunta comisión en el año 1984, del delito de apropiación indebida, situación que, en su decir, le vulnera su derecho constitucional al trabajo.

Señaló que, a través de la Fiscalía de Transición del Ministerio Público ubicada en la Sub-Delegación de Las Acacias, a cargo de la abogada Alejandrina Barrios, había intentado por todos los medios la corrección de los datos inexactos, sin que hasta la interposición de la presente acción se hubiese obtenido algún resultado satisfactorio, motivo por el cual solicitó la restitución de la situación presuntamente lesiva, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

III. DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

La Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante fallo dictado el 4 de abril de 2005, señaló que la decisión sometida a su consulta, había sido dictada por el Tribunal Cuarto de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, en virtud de la acción de habeas data interpuesta por el ciudadano Reinaldo Carbone Martínez, la cual perseguía la exclusión de la denuncia que, por la comisión del delito de apropiación indebida permanecía en los registros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Señaló que, el referido Tribunal de Juicio había examinado la acción como una de amparo constitucional, sin embargo, una vez realizado el estudio individual del expediente, esa Corte de Apelaciones precisó que no se estaba alegando violación constitucional alguna y que lo pretendido por el actor era la exclusión o destrucción de los datos que le eran propios y que permanecían en el Sistema de Información Policial, razón por la cual observó que la acción incoada se trataba de un habeas data y no de un amparo constitucional.

Indicó, luego de citar varios fallos dictados por esta Sala con respecto a la figura del habeas data, que tanto el trámite realizado en el caso bajo análisis como la decisión dictada por el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, debían ser anulados, toda vez que la competencia para conocer la acción incoada se encontraba atribuida a esta Sala Constitucional.

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Determinada la competencia de esta Sala para conocer del caso planteado, mediante fallo número 599, dictado el 20 de marzo de 2006, y recibidas las informaciones requeridas, le corresponde ahora a este Máximo Tribunal pronunciarse respecto a la admisibilidad de la pretensión; no obstante como punto previo estima pertinente hacer las siguientes consideraciones:

El artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el derecho que tiene toda persona “(…) de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.(Resaltado de este fallo).

El mencionado artículo crea varios derechos a favor de las personas, no siendo los efectos de todos restablecer situaciones jurídicas lesionadas, sino también condenar o crear una situación jurídica como resultado del ejercicio de tal derecho; ya esta Sala a través de varios fallos ha diferenciado cuando estamos frente a una petición tendiente a la restitución de una situación jurídica o ante una acción que pretende la constitución de una nueva situación. En el caso que se le niegue a una persona natural o jurídica el manejo de las bases de datos que contienen información sobre sí mismas o sobre bienes de su propiedad, lo procedente a los fines de intentar la protección de sus derechos, es incoar una acción de amparo que resuelva efectivamente la situación jurídica transgredida a través de su restitución; no obstante, si nos encontramos con el caso de que la información ya se conoce y el particular considera que la misma resulta errónea o inexacta, éste cuenta con la acción de habeas data para hacer valer, de ser procedente, el derecho que tiene a la constitución de una nueva situación jurídica, que no será mas que la corrección o eliminación de los datos que considera falsos o desactualizados .

Ha sido tema de discusión en derecho comparado la naturaleza jurídica de la acción de habeas data. Esa figura en Iberoamérica ha sido regulada “(…) a veces como derecho y a veces como acción o garantía constitucional. En la doctrina y la Jurisprudencia se observa que en líneas generales se ha seguido la fórmula elegida por cada país, aunque en ocasiones se le otorga una naturaleza mixta (acción y derecho) y no se coincide, cuando se lo entiende como acción o proceso, respecto de si se trata de un tipo de amparo o de habeas corpus.” (Puccinelli Oscar. “Habeas Data en Indoiberoamérica”, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999. P. 218). En nuestro país, la tendencia jurisprudencial, en especial la dictada por esta Sala, es concebir al habeas data como una acción constitucional garante del derecho que tiene todo ciudadano de rectificar, actualizar o destruir la información que resulte lesiva de sus derechos.

Ahora bien, para el ejercicio de esta acción constitucional establecida en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario destacar que es forzoso cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad y de procedencia; el solicitante debe observar tanto lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con los requerimientos exigidos para la presentación de acciones o demandas ante este Máximo órgano jurisdiccional, así como, los requisitos que han sido dispuestos jurisprudencialmente por esta Sala, en el caso del habeas data, dada la falta de desarrollo legislativo que hasta el presente ha tenido la referida figura constitucional.

En primer lugar, debe aclararse que la acción de habeas data no procede contra cualquier tipo de información almacenada en la variedad de archivos y registros con los que cuentan nuestro país; de la lectura del citado artículo 28, se deduce que el derecho a conocer, y el llamado habeas data en general, no funciona en relación a expedientes personales de orden laboral que reposan en un archivo, a datos sueltos que alguien tenga sobre otro, anotaciones en diarios o papeles domésticos o comerciales, sino que funciona con sistemas -no solo informáticos- de cualquier clase de ordenación de información y datos sobre las personas o sus bienes, con fines de utilizarlos en beneficio propio o de otros, y que real o potencialmente pueden serlo en forma perjudicial contra aquellos a que se refiere la recopilación, se trata, por lo tanto, de bancos de datos, no referidos a alguien en particular, con independencia de que estén destinados a producir informaciones al público. Los registros objeto del habeas data, como todo registro, son compilaciones generales de datos sobre las personas o sus bienes ordenados de forma tal que se puede hacer un perfil de ellas, de sus actividades, o de sus bienes; los registros oficiales y los privados, objeto de la norma, tienen un sentido general, ellos están destinados a inscribir documentos, operaciones, actividades -entre otros- de las personas en determinados campos o temas, por lo que se trata de codificaciones de series de asuntos que forman patrones, matrices y asientos temáticos. (Vid. Fallo nº 332, del 14 de marzo de 2001. Caso: INSACA).

Así pues, los archivos electrónicos llevados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ya han sido considerados por esta Sala como recopilaciones de datos susceptibles de ser impugnados a través de la acción de habeas data, toda vez que los mismos cumplen con las condiciones necesarias para que les sea aplicable la definición de registro establecida en la referida norma constitucional, por lo que en el presente caso, se observa que se encuentra satisfecha la condición referente al tipo de base de datos contra las que puede interponerse la mencionada acción, toda vez que el ciudadano P. R. C. M. pretende la eliminación de unos datos contenidos en el Sistema de Información Policial llevado por ese Cuerpo.

Ahora bien, establecido lo anterior debe analizarse si la acción incoada cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos en el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para tal fin es necesario observar el contenido de dicha norma la cual establece que:

“(…)Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada.

Advierte la Sala que ya en la decisión número 599, dictada el 20 de marzo de 2006, fue verificada la competencia de este Máximo órgano jurisdiccional para conocer de la acción de habeas data interpuesta por el ciudadano P. R. C. M., y en esta oportunidad constata que no existe caducidad, prescripción o inepta acumulación en dicha acción; sin embargo, resulta pertinente hacer algunas consideraciones específicas sobre la consignación del documento indispensable para el caso del habeas data, a pesar de que su falta de consignación fue subsanada en la oportunidad en la que se requirió información al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con respecto al accionante.

El referido párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece -entre otras causales- que la falta de consignación del documento indispensable o fundamental acarrea la declaratoria de inadmisibilidad de las acciones, solicitudes o recursos interpuestos; no obstante, en el caso específico del habeas data intentado contra información compilada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, esta Sala a través de sus fallos ha considerado como documento indispensable aquel “(…) que demuestre fehacientemente que existen los supuestos registros que lleva el señalado organismo policial, motivo por el cual, la situación jurídica en que ésta funda su acción, tendiente a que se corrija la información –corrección a la que tiene derecho conforme al artículo 28 de la Constitución– [sin dicha documental] no goza presunción alguna de objetividad, que le permita al juez entrar a conocer de la solicitud interpuesta.” (Vid. Fallo nº 2617, del 12 de agosto de 2005. Caso: Mónica Yubirí Rodríguez).

De la citada decisión se desprende que el carácter que se le da al documento fundamental, en el caso específico del habeas data, es el de documento ad probationem, ya que al menos este prueba la concurrencia de los hechos constitutivos del acto lesivo -demuestra los hechos reales y concretos alegados-.

Ahora, si bien es cierto que es necesario la consignación del documento fundamental junto con la solicitud de habeas data, no escapa del conocimiento de esta Sala que, la obtención de esa información que pudiera servir como documento indispensable o fundamental, probatorio de la existencia de los datos o registro presuntamente lesivos de derechos, no resulta del todo sencilla, más aun en el entendido de que el manejo y utilización de los datos llevados por los organismos a los cuales la Ley asigna la creación o el manejo de archivos que contengan información personal, -organismos dentro del cual se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas- debe ser empleada con estricta observancia, tanto de las normas constitucionales y legales sobre la libertad personal y las restricciones o privación de la misma, aunado al hecho de que mediante interpretación extensiva de las normas que regulan el Registro de Antecedentes Penales, esta Sala estableció que los registros policiales tienen el carácter de secretos. (Vid. fallo nº 2504 del 29 de octubre de 2004. Caso: María Isabel Mijares Herbilla).

En virtud de tal problemática y a los fines de no crear en cabeza del accionante obligaciones que puedan de alguna forma impedir el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos, entre ellos por supuesto el contemplado en el artículo 28 del Texto Fundamental, y dado el carácter secreto de dichos registros, esta Sala, como garante y protectora de los derechos constitucionales, solicitó directamente en el presente caso, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, información sobre la posible existencia de un procedimiento interno que pudiera dar respuesta concisa y fehaciente a los requerimientos de exclusión o corrección de datos -por parte de los presuntos afectados-, que de ser erróneos o inexactos permaneciesen en la base de datos del Sistema de Información Policial, así como información con respecto a las solicitudes que, sobre el accionante, pudieran constatarse en dicho Sistema.

En efecto, el 28 de abril de 2006, fue recibido en esta Sala oficio número 9700-003-3011, proveniente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, mediante el cual, el Asesor Jurídico Nacional -Experto Profesional Especialista III-, informó lo siguiente:

“Muy respetuosamente me dirijo a usted en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación nº 06-1773, de fecha: 06/04/06, recibida en este Despacho el día 26/04/06; en la cual solicita la información que contenga el Sistema Integrado de Información Policial, relacionada con el ciudadano PEDRO REINALDO CARBONE MARTINEZ (sic), así como si existe algún procedimiento interno para que los particulares puedan solicitar ante esta Institución la actualización corrección o destrucción de los datos contenidos en dicho sistema cuando estos resultaren falsos o incorrectos; en atención a la misma hago de su conocimiento.

PRIMERO: Una vez consultado en nuestro Sistema Integrado de Información Policial, el ciudadano CARBONE MARTINEZ (sic) PEDRO REINALDO, titular de cédula de identidad nº V-5.423.458, se pudo constatar que el mismo no presenta registros policiales hasta la presente fecha:

SEGUNDO: La Asesoría Jurídica Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, conciente de la problemática que aqueja a los ciudadanos que aparecen registrados en nuestro sistema policial, a (sic) implementado desde hace ya algún tiempo, un procedimiento interno que le permite a estos solicitar a la administración su exclusión del Sistema Computarizado consistente en lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION (sic) POR OFICIO:

EL Tribunal que conoce de la causa dirige comunicación a la Asesoría Jurídica Nacional en la cual solicita le sea dejado sin efecto el registro policial que presenta la persona, bien sea por el cumplimiento de la pena, por haber sido el imputado absuelto de los hechos que se le imputan; por prescripción, de la acción penal, por el sobreseimiento de la causa etc.-

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION (sic) A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA:

El interesado solicita al Tribunal que conoció de la causa, copia certificada de la decisión definitivamente firme del caso que se le imputa, la consigna por ante esta Asesoría Jurídica Nacional conjuntamente con la copia fotostática de se cédula de identidad y un escrito mediante el cual solicita su exclusión del Sistema Integrado de Información Policial, se realiza un estudio previo el cual queda plasmado en un dictamen realizado por los abogados que integran el Despacho y de ser procedente se ordena a la División de Análisis y control de Información Policial se proceda a la exclusión del sistema computarizado.

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION (sic) POR PRESCIPCION (sic):

En aquellos casos en que el interesado se le hace imposible la obtención de la copia certificada de la decisión del Tribunal que conoce de la causa, bien sea por el tiempo trascurrido y el cambio de sistema, o en casos excepcionales como el ocurrido en el estado (sic) Vargas donde el Archivo Judicial sufrió los embates del deslave del año 1999; o en aquellos casos en que la causa se encuentra en estado original en la dependencia en la cual se inició; pero que trascurrido tiempo suficiente que se hace evidente la prescripción de la acción penal, igualmente este debe presentar un escrito motivado solicitando sus exclusión del sistema policial, conjuntamente con la copia fotostática de su cédula de identidad, donde previo estudio de cada caso en particular, dependiendo del tipo de delito y la pena aplicable, se procede a dicha exclusión.

Remisión que se hace a los fines legales consiguientes.-

Atentamente

DORLI DOLORES HERNÁNDEZ

EXPERTO PROFESIONAL ESPECIALISTA III

ASESOR JURÍDICO NACIONAL”

Observa esta Sala, de acuerdo a la información aportada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que dicho organismo policial cuenta actualmente con un procedimiento interno para la tramitación de solicitudes concernientes a la actualización, rectificación o destrucción de los datos contenidos en el Sistema de Información Policial que pudieran ser erróneos o falsos; para ello distinguió tres tipos de procedimiento, a saber: el procedimiento de exclusión de datos de oficio, que se materializaría una vez recibida la solicitud por parte del órgano jurisdiccional de la causa, mediante la cual se ordena la eliminación o actualización de los datos contenidos en el registro policial, la mención “de oficio” se refiere al supuesto de exclusión producido como consecuencia de una orden judicial comunicada a través de un oficio y no a una actuación policial de oficio; el procedimiento de exclusión de datos a solicitud de parte, consistente en el requerimiento por parte del afectado de la exclusión o actualización de la información que presuntamente afecta ilegítimamente sus derechos, a través de la consignación de un escrito, junto con los recaudos exigidos por el organismo policial –copia certificada de la decisión definitivamente firme del caso y copia fotostática de la cédula de identidad-, solicitud que será sometida a estudio por parte de la referida Asesoría Jurídica Nacional, para la posterior presentación del dictamen correspondiente; y por último, el procedimiento de exclusión de datos por prescripción, que tendrá lugar en aquellos casos de imposible obtención de la copia certificada de la decisión definitivamente firme dictada por el Tribunal que conoció de la causa, ya sea por el tiempo transcurrido, modificación del sistema o pérdida de archivos, circunstancia en la que el interesado deberá consignar un escrito motivando su petición y copia fotostática de su documento de identificación, a los fines de que, al igual que en el procedimiento anterior, pueda someterse el caso a estudio del mencionado Departamento de Asesoría Jurídica.

La existencia de estos procedimientos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para la tramitación de las solicitudes de corrección o destrucción de datos, que en el entendido del solicitante resultan erróneos o desactualizados, surgen como una respuesta viable ante la situación actual que aqueja a nuestro país, con respecto a toda aquella información o datos que sobre las personas permanecen en el Sistema Integrado de Información Policial, y que al resultar falsos o inexactos afectan su esfera jurídica. A juicio de esta Sala, dicho procedimiento resulta idóneo para la tramitación de las solicitudes de rectificación de información, sin menoscabo de la interposición de la acción de habeas data a que hubiera lugar ante esta máxima instancia constitucional, dado que, indubitablemente, el mencionado organismo policial es el que cuenta con el sistema computarizado de información en el que se encuentran depositado todos los datos referentes a antecedentes policiales, solicitudes de presentación por averiguaciones criminales, requisiciones y toda aquella información que es relevante en las investigaciones llevadas por el mencionado Cuerpo Investigativo, por lo que dicho organismo es el más apto para conocer de las solicitudes de exclusión de datos, por tener la certeza de la existencia o no en sus archivos electrónicos, de la información errónea o desactualizada que presuntamente afecta derechos de los particulares.

Además, si bien el ejercicio de los procedimientos internos de exclusión de datos dispuestos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas no afecta la posibilidad que tienen los particulares para intentar su acción de habeas data, resulta lógico que estando la información que se pretende corregir o actualizar, dentro de los sistemas de datos de dicho Cuerpo, la constitución de una nueva situación jurídica a favor del presunto lesionado, se obtenga de manera más expedita a través del proceso llevado por la Asesoría Jurídica Nacional del antedicho Cuerpo Científico.

De manera que, esta Sala concluye luego del análisis realizado, que la presentación por parte del accionante del dictamen expedido por el Cuerpo Investigativo Policial que resulta de la solicitud del procedimiento de exclusión de datos, en caso de que éste no satisfaga enteramente la solicitud del requirente, se entenderá que cumple cabalmente con el requisito de admisibilidad de presentación de documento fundamental, dispuesto en el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la presentación el habeas data.

Sin embargo, en atención al principio de libertad de prueba, lo anterior no constituye perjuicio alguno para que el accionante pueda presentar sustitutivamente cualquier otro documento que sirva como medio probatorio de la existencia indiscutible de los registros policiales; tales como, las copias certificadas del expediente del caso principal donde conste la existencia de los registros policiales o alguna acta expedida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que igualmente refleje la permanencia de los datos falsos o erróneos. Así se decide.

Por lo tanto, a pesar que esta Sala en anteriores oportunidades ha admitido acciones de habeas data que no habían sido acompañadas con algún documento fundamental o indispensable que comprobara la existencia de los registro policiales que se pretendían destruir o actualizar, tal como sucedió en el fallo nº 2.829 del 7 de diciembre de 2004, entre otros, se precisa que lo establecido en el presente fallo constituye un cambio de criterio, por lo que, en lo sucesivo, todo solicitante deberá cumplir con lo aquí asentado. Los efectos de este criterio sólo podrán ser aplicados a las acciones de habeas data interpuestas con posterioridad a la publicación de la presente decisión en el expediente.

Por otro lado, es importante advertir al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que, ante la solicitud de cualquiera de los procedimientos internos de exclusión de datos por parte de los interesados, debe observar lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece el derecho que tienen los particulares a obtener oportuna respuesta, ya que, ante la petición o solicitud de éstos, dicha autoridad u organismo se encuentra obligada a la resolución del caso concreto o la indicación de las razones por las cuales se abstiene de tal actuación, siempre dentro del marco objetivo de legalidad y de su competencia, pero con la facultad de pronunciarse en el sentido que estime pertinente.

Por tanto, y a falta de disposición expresa, estima esta Sala que visto que se trata de una solicitud dirigida a uno de los órganos de la administración pública que no requiere sustanciación, y aplicando analógicamente el contenido del el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la misma “(…) deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos”. En caso contrario, ante la omisión de pronunciamiento por parte del organismo policial, el afectado podrá interponer su acción de habeas data -tendiente a la eliminación o corrección de datos- toda vez que, al margen, de la necesidad de consignación de documento fundamental que se ha señalado, no puede exigírsele al justiciable probar la existencia de unos datos que la propia administración le niega su obtención, ya que ello iría en detrimento de sus derechos constitucionales, no obstante deberá acompañar a la solicitud de habeas data acuse de recibo o copia sellada de su petición hecha al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, caso en el cual esta Sala solicitará información a que hubiere lugar. Así se decide.

Procediendo al examen específico del caso bajo análisis, en el oficio proveniente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, distinguido con el número 9700-003-3011 -citado supra- se señaló, contrario a lo afirmado por el ciudadano P. R. C. M., que este no poseía hasta la oportunidad en la que fue emitido dicho oficio, registro policía alguno en la base de datos computarizada que lleva ese organismo policial, información que luego de recibida y adminiculada al expediente del caso no fue desvirtuada en momento alguno por el referido ciudadano.

Observa esta Sala que lo pretendido por el accionante era la exclusión de los datos que sobre su persona permanecían en el Sistema Integrado de Información Policial, y que le cercenaba su derecho al trabajo; sin embargo, según oficio que fuera remitido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a esta Sala (ver fs. 116-117), se pudo constatar que en dicho sistema actualmente no se encuentra ningún registro referente al ciudadano P. R. C. M., posiblemente por la orden judicial de exclusión dictada por el incompetente Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; de allí que concluye la Sala que, en el presente caso, lo procedente sería declarar no ha lugar la acción de habeas data intentada por el apoderado judicial del accionante y así se decide.

Ahora bien, no obstante que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el párrafo décimo octavo de su artículo 21, ordena la publicación en Gaceta Oficial sólo de los fallos definitivos que resulten de los recursos de nulidad intentados contra actos normativos y administrativos; se observa que la decisión dictada en el presente caso, si bien no posee tal carácter, establece requisitos y órdenes de obligatorio cumplimiento tanto para las partes como para el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, respectivamente, por lo que al incidir tal fallo sobre un número indeterminado de situaciones y relaciones jurídicas, se hace necesario ordenar su publicación en dicho sistema divulgativo (Vid. Sent. nº 1.368, del 20 de julio de 2004)

Por lo tanto, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 119 de la citada Ley Orgánica, en el entendido que la demora o incumplimiento por parte de los organismos competentes de su publicación, aplicación y ejecución, que atente contra la seguridad jurídica de los destinatarios de la decisión dictada por esta Sala, acarreará responsabilidad patrimonial por los daños que su conducta omisiva causen, asimismo se ordena la publicación de este pronunciamiento en la parte principal página web de este Máximo Tribunal. Así se decide.

V. DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

Primero.- NO HA LUGAR la acción de habeas data incoada por el ciudadano P. R. C. M., que perseguía la eliminación de unos datos inherentes a su persona contenidos en el Sistema de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Segundo.- Se FIJA que los efectos de la presente decisión comenzarán a correr luego de su publicación en el expediente.

Tercero.– Se ORDENA la publicación inmediata y urgente del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario obligado a dar cumplimiento a dicha publicación por su demora.

Cuarto.– Se ORDENA incorporar en el portal del sitio web de este Tribunal mención destacada de la existencia de este fallo.

Publíquese, regístrese, archívese el expediente y remítase copia certificada de la presente decisión a la Asesoría Jurídica Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 26 días del mes de junio de dos mil seis (2006). Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta, Luisa EstelLa Morales Lamuño

El Vicepresidente, Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

Pedro Rafael Rondón Haaz

Francisco A. Carrasquero López

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

Carmen Zuluete de Merchán, Ponente

Arcadio de Jesús Delgado Rosales

El Secretario, José Leonardo Requena Cabello 

Decisión 2002/2/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, con arreglo a la  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la  protección de los datos personales conferida por la ley canadiense Personal Information Protection and Electronic Documents Act (D.O.C.E. L 2/13 de 4 de enero de 2002).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 25,

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros sólo permitirán la transferencia de datos personales a un país tercero si éste proporciona un nivel de protección adecuado y se cumplen en él, con anterioridad a la transferencia, las disposiciones legales que los Estados miembros aprueben en aplicación de otros preceptos de dicha Directiva.

(2) Para transferir datos personales desde los Estados miembros bastará con que la Comisión dictamine, en ejercicio de sus competencias, que un país tercero proporciona un nivel de protección adecuado.

(3) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, el nivel de protección de los datos debe evaluarse atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia o categoría de transferencias de datos, con respecto a unas condiciones determinadas. El Grupo de Trabajo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, que se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, ha dado a conocer una serie de orientaciones sobre la evaluación (2).

(4) Ante los diferentes enfoques sobre la protección de datos adoptados en los terceros países, tanto la evaluación de la adecuación como la ejecución de las decisiones en virtud del apartado 6 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE deben hacerse sin que originen, en igualdad de condiciones, una discriminación arbitraria o injustificada contra terceros países o entre ellos, ni constituyan una restricción comercial encubierta contraria a los compromisos internacionales de la Comunidad.

(5) La Ley canadiense Personal Information and Electronic Documents A (en adelante “la Ley canadiense”) de 13 de abril de 2000 (3) se aplica a las entidades privadas que recojan, utilicen o divulguen datos personales en sus actividades comerciales. Entrará en vigor en tres etapas:

A partir del 1 de enero de 2001, la Ley canadiense se aplicará a los datos personales, excluidos los de carácter sanitario, que las entidades que operen como “empresa federal” recojan, utilicen o divulguen en el transcurso de sus actividades económicas. Dichas empresas operan en sectores como el transporte aéreo, la banca, la radiotelevisión, el transporte interprovincial y las telecomunicaciones. También se aplicará a todos las entidades que comercian con datos personales fuera de su provincia o fuera del Canadá y a los datos laborales sobre los asalariados de las empresas federales.

A partir del 1 de enero de 2002, se aplicará a los datos personales sanitarios de las entidades y actividades ya cubiertos en la primera etapa.

A partir del 1 de enero de 2004, se ampliará a cualquier organismo que recoja, utilice o divulgue datos personales en el transcurso de una actividad comercial dentro de una provincia, independiente mente de que dicho organismo esté o no regulado a escala federal. No están sujetas a la Ley canadiense las entidades a quienes se aplique la Federal Privacy Act o se regulen por el sector público de ámbito provincial. Del mismo modo, las actividades filantrópicas o sin fines lucrativos tampoco están sujetas a la Ley canadiense a no ser que tengan carácter comercial. No se aplica, por último, a los datos laborales utilizados con fines no comerciales siempre que no se refieran a los asalariados del sector privado sujeto a regulación federal. En tales casos, la autoridad canadiense de protección de la vida privada podrá proporcionar información adicional.

(6) A fin de que se respete el derecho de las provincias a legislar en su ámbito competencial, la Ley federal dispone que cuando éstas adopten una legislación básicamente similar, las entidades y ámbitos de organización y actividad que dicha legislación cubra estarán exentos de la Ley federal. El apartado 2 del artículo 26 de la Personal Information Protection and Electronic Documents Act faculta al Gobierno federal para, “si tiene el convencimiento de que una Ley provincial esencialmente similar a la presente parte se aplica a una organización -o categoría de entidades——o a una actividad —o categoría de actividades—, excluir la organización, actividad o categoría de la aplicación de la presente parte en lo relativo a la recogida, utilización o comunicación de datos personales realizadas en el interior de la provincia”. El Governor i Council (Gobierno federal canadiense) concede por decreto (Order-in-Council) las excepciones a la legislación que sea básicamente similar.

(7) Siempre que una provincia adopte una legislación básicamente similar, las entidades y ámbitos de organización y actividad que cubra estarán exentos de aplicar la Ley federal en transacciones en el interior de la provincia. La Ley federal seguirá aplicándose a toda recogida, utilización o divulgación de datos interprovincial e internacional, así como en todos aquellos casos en que las provincias no hayan creado una legislación que sea básicamente similar ni total ni parcialmente.

(8) Canadá se adhirió formalmente el 29 de junio de 1984 a las Orientaciones de la OCDE sobre la protección de la vida privada y los flujos de datos transfronterizos de 1980. Canadá fue uno de los países que apoyó las Orientaciones de Naciones Unidas sobre los sistemas de información datos de carácter personal aprobadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990.

(9) La Ley canadiense comprende todos los principios fundamentales necesarios para que las personas físicas reciban una protección adecuada, pese a que también se dispongan excepciones y limitaciones para proteger importantes intereses públicos y dar reconocimiento a cierta información de dominio público. La aplicación de estas normas se garantiza mediante recursos jurisdiccionales y el control independiente que ejercen autoridades como el Comisario federal de protección de la vida privada, dotado de facultades de investigación e intervención. Además, las disposiciones de Derecho canadiense relativas a la responsabilidad civil se aplican en caso de tratamiento ilícito que haya causado daños.

(10) Aunque se compruebe el nivel adecuado de la protección, por motivos de transparencia y para proteger la capacidad de las autoridades correspondientes de los Estados miembros de garantizar la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, resulta necesario especificar en la presente Decisión las circunstancias excepcionales que pudieran justificar la suspensión de flujos específicos de información.

(11) El Grupo de Trabajo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, previsto en el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE ha evacuado un dictamen sobre el nivel de protección que proporciona la Ley canadiense que se ha tenido en cuenta al preparar la presente Decisión (1).

(1) Dictamen 2/2001 sobre el nivel adecuado de protección de la ley canadiense Personal Information ami Electronic Docu ments Act WP 39 de 26 de enero de 2001. Puede consultarse en http://europa.eu.int/comm/intemal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm

(12) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité previsto en el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.

(2) WP12: Transferencias de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva sobre protección de datos de la UE, aprobado por el Grupo de Trabajo el 24 de julio de 1998. Puede consultarse en http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs_98.htm

(3) Pueden consultarse las versiones electronicas (papel y web) de la Ley en

 http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-E.html  y

 http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-F.html.

La versión impresa puede obtenerse en Public Works and Government Services Canada – Publishing, Ottawa, Canada K1A 0S9.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

A los efectos del apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, Canadá garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos desde la Comunidad a los receptores sujetos a la Personal Information Protection and Electronic Documents Act (en adelante “la Ley canadiense”).

Artículo 2

La presente Decisión se refiere únicamente a la adecuación de la protección que proporciona en Canadá la Ley canadiense, con arreglo a los requisitos del apartado 1 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, y no afecta a otras condiciones o restricciones que se impusieren en aplicación de otros preceptos de la Directiva referentes al tratamiento de los datos personales en los Estados miembros.

Artículo 3

1. Sin perjuicio de sus facultades para emprender acciones que garanticen el cumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con preceptos diferentes a los contemplados en el artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, las autoridades de los Estados miembros podrán ejercer su facultad de suspender los flujos de datos hacia un receptor canadiense cuyas actividades entren en el ámbito de la Ley canadiense, a fin de proteger a los particulares contra el tratamiento de sus datos personales, en los casos en que:

a) la autoridad competente canadiense compruebe que el receptor ha vulnerado las normas de protección aplicables,

b) existan grandes probabilidades de que se estén vulnerando las normas de protección; existan razones para creer que la autoridad competente canadiense no ha tomado o no tomará las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión; la continuación de la transferencia podría crear un riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados; y las autoridades competentes del Estado miembro han hecho esfuerzos razonables en estas circunstancias para notificárselo a la entidad responsable del tratamiento en Canadá y proporcionarle la oportunidad de alegar.

La suspensión cesará en cuanto esté garantizado el cumplimiento de las normas de protección y las autoridades correspondientes de la Comunidad hayan sido notificadas de ello.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión con la mayor brevedad de la adopción de medidas con arreglo al apartado 1.

3. Asimismo, los Estados miembros y la Comisión se informarán recíprocamente de aquellos casos en que la actuación de los organismos responsables del cumplimiento de las normas de protección en Canadá no garantice dicho cumplimiento.

4. Si la información recogida con arreglo a los apartados 1 a 3 demuestra que los organismos responsables del cumplimiento de las normas de protección en Canadá no están ejerciendo su función, la Comisión lo notificará a la autoridad competente canadiense y, si procede, presentará un proyecto de medidas con arreglo al procedimiento que contempla el apartado 2 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE, a fin de anular o suspender la presente Decisión o limitar su ámbito de aplicación.

Artículo 4

1. La presente Decisión podrá adaptarse en cualquier momento de conformidad con la experiencia de su funcionamiento o los cambios que se introduzcan en la legislación canadiense, señaladamente en las medidas por las que se reconoce que una provincia canadiense tiene una legislación substancialmente similar. La Comisión analizará, basándose en la información disponible, la aplicación de la presente Decisión tres años después de su notificación a los Estados miembros. Informará al Comité contemplado en el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE de cualquier hecho que venga al caso, en particular de cualquier prueba que pueda afectar a la resolución contenida en el artículo 1 de la presente Decisión de que la protección en Canadá es adecuada a efectos del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, así como de cualquier prueba de que la presente Decisión se está aplicando de forma discriminatoria.

2. La Comisión presentará, si procede, proyectos de medidas de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 5

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para cumplir la presente Decisión, a más tardar en un plazo de noventa días a partir de la fecha de su notificación a los Estados miembros.

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2001.

Por la Comisión

Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 156, párrafo primero,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 154 del Tratado, a fin de contribuir a la realización de los objetivos contemplados en sus artículos 14 y 158 y de permitir que los ciudadanos de la Unión Europea, los operadores económicos y los entes regionales y locales participen plenamente de los beneficios resultantes de la creación de un espacio sin fronteras interiores, la Comunidad debe contribuir al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas, mediante acciones que favorezcan la interconectividad, interoperabilidad y accesibilidad de dichas redes.

(2) En sus conclusiones de 1 de diciembre de 2005 sobre la Comunicación de la Comisión titulada “i2010 — Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”, el Consejo subrayó que unas políticas en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más selectivas, eficaces e integradas tanto a escala europea como nacional resultan indispensables para la consecución de los objetivos de crecimiento económico y productividad. Se invitó a la Comisión a propiciar una utilización eficiente de las TIC en los servicios públicos a través del intercambio de experiencias y a desarrollar planteamientos comunes sobre cuestiones fundamentales como la interoperabilidad y la utilización efectiva de normas abiertas.

(3) En su Resolución de 14 de marzo de 2006 sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo (4), el Parlamento Europeo pidió que se hiciera hincapié en las cuestiones de interoperatividad y mejores prácticas en los servicios electrónicos del sector público destinados a los ciudadanos y a las empresas, con el objetivo final de facilitar a los ciudadanos la libertad de circulación, establecimiento y trabajo, sin obstáculos, en los distintos Estados miembros. Asimismo, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a poner en marcha las iniciativas y programas i2010 en la reforma de sus administraciones públicas a fin de ofrecer servicios de mayor calidad, más eficaces y más accesibles tanto a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) como a los ciudadanos.

(4) En la Declaración ministerial de Manchester de 24 de noviembre de 2005, los ministros responsables de las políticas en materia de TIC acordaron, entre otras medidas, trabajar conjuntamente y con la Comisión para poner en común las herramientas, las especificaciones comunes, las normas y las soluciones existentes de una manera más eficaz, y para promover, en caso necesario, la colaboración en el desarrollo de soluciones.

(5) En la Declaración ministerial de Lisboa de 19 de septiembre de 2007, los ministros invitaron a la Comisión, entre otras cosas, a potenciar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión con vistas a definir, desarrollar, aplicar y supervisar la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial, y afirmaron que la futura legislación comunitaria debía prever y evaluar en especial el impacto de dicha legislación en las infraestructuras de las TIC y las transformaciones de los servicios.

(6) Debido al rápido desarrollo de las TIC, existe el riesgo de que los Estados miembros opten por soluciones diferentes o incompatibles y que surjan nuevas barreras electrónicas que dificulten el buen funcionamiento del mercado interior y de las libertades de circulación consiguientes. Esto podría repercutir de manera negativa en la apertura y la competitividad de los mercados e influir en la prestación de algunos servicios de interés general para los ciudadanos y empresas, ya sean de carácter económico o no económico. Los Estados miembros y la
Comisión deben incrementar sus esfuerzos para evitar la fragmentación del mercado, lograr la interoperabilidad y promover las soluciones de las TIC acordadas conjuntamente, a la vez que se garantiza una gobernanza apropiada.

(7) Los ciudadanos y las empresas también se beneficiarían de soluciones comunes, reutilizables e interoperables, además de unos procesos administrativos internos interoperables, pues estas soluciones y estos procesos fomentarían una prestación de servicios públicos eficaz y efectiva para los ciudadanos y las empresas a través de las fronteras y entre los sectores.

(8) Se precisa un esfuerzo constante para garantizar la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial, para intercambiar experiencias, establecer y mantener planteamientos, especificaciones, normas y soluciones comunes y compartidos, y para evaluar las implicaciones en materia de TIC de la legislación comunitaria con vistas a fomentar una interacción transfronteriza eficaz y efectiva, entre otras cosas, en la aplicación de dicha legislación, a la vez que se reducen la carga y los costes administrativos.

(9) Con el fin de hacer frente a estos desafíos, tal esfuerzo debe acometerse mediante una cooperación, coordinación y diálogo estrechos entre la Comisión y los Estados miembros, mediante una interacción constante con los sectores responsables de la aplicación de las políticas de la Unión Europea y, cuando proceda, con otras partes interesadas, y teniendo en debida consideración las prioridades y la diversidad lingüística de la Unión Europea, así como el desarrollo de enfoques comunes sobre cuestiones clave tales como la interoperabilidad y el uso efectivo de normas abiertas.

(10) Los servicios de infraestructura deben mantenerse y realizarse de una manera sostenible en consonancia con la Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC) (5), que establece que la Comisión debe definir mecanismos que garanticen la viabilidad financiera y operativa de los servicios de infraestructura. Dichos servicios de infraestructura se han acordado con los Estados miembros en el marco de la aplicación de la Decisión n º 1719/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA) (6), y de la Decisión nº 1720/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, por la que se aprueba un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA) (7), así como en el marco de la ejecución del programa IDABC y de otros programas pertinentes.

(11) El programa IDABC finaliza el 31 de diciembre de 2009 y debe ser continuado por un programa comunitario relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (programa ISA) que sea capaz de hacer frente a los desafíos arriba mencionados.

(12) El programa ISA debe basarse en la experiencia adquirida mediante los programas IDA e IDABC. También deben tenerse en cuenta las conclusiones extraídas de las evaluaciones del programa IDABC, que se refieren a su pertinencia, eficiencia, eficacia, utilidad y coherencia. Debe dedicarse especial atención a las necesidades expresadas por los usuarios. Se ha demostrado que un enfoque coordinado, mediante soluciones comunes y compartidas desarrolladas y puestas en práctica en colaboración con los Estados miembros, puede contribuir a la consecución de resultados más rápidos y de mayor calidad y al cumplimiento de requisitos administrativos. Las actividades en el marco de los programas IDA e IDABC ya han aportado, y siguen aportando, importantes contribuciones que garantizan la interoperabilidad para fomentar el intercambio electrónico de información entre las administraciones públicas europeas, con efectos indirectos positivos en el mercado interior.

(13) Para evitar la fragmentación y garantizar un planteamiento holístico, deben tenerse debidamente en cuenta la Estrategia Europea de Interoperabilidad y el Marco Europeo de Interoperabilidad al fijar las prioridades del programa ISA.

(14) Las soluciones desarrolladas o puestas en práctica en el marco del programa ISA deben estar orientadas a la demanda y, en la medida de lo posible, formar parte de un ecosistema de servicios coherente que facilite la interacción entre las administraciones públicas europeas y que garantice, fomente o posibilite la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial.

(15) El programa ISA debe garantizar la disponibilidad de marcos comunes, servicios comunes y herramientas genéricas que fomenten la interacción transfronteriza e intersectorial entre las administraciones públicas europeas, así como brindar apoyo a los sectores encargados de evaluar las implicaciones en materia de TIC de la legislación comunitaria y de planificar la aplicación de soluciones pertinentes.

(16) Los marcos comunes deben contar, entre otras, con especificaciones, directrices y metodologías comunes, así como con estrategias comunes. Dichos marcos deben responder a los requisitos establecidos por la legislación comunitaria vigente.

(17) Además de garantizar la puesta en práctica y la mejora de los servicios comunes existentes desarrollados en el marco de los programas IDA e IDABC y de otras iniciativas similares, el programa ISA debe fomentar la creación, la industrialización, la puesta en práctica y la mejora de los nuevos servicios comunes en respuesta a las nuevas necesidades y requisitos.

(18) Dado el cometido de las administraciones regionales y locales de garantizar el buen funcionamiento y la interoperabilidad de las administraciones públicas europeas, es importante que las soluciones tengan en cuenta las necesidades de administraciones regionales y locales.

(19) Además de garantizar la mejora de las herramientas genéricas reutilizables existentes, creadas en el marco de los programas IDA e IDABC y de otras iniciativas similares, el programa ISA debe fomentar la creación, el suministro y la mejora de nuevas herramientas genéricas reutilizables en respuesta a las nuevas necesidades o requisitos identificados, entre otros, mediante la evaluación de las implicaciones en materia de TIC de la legislación comunitaria.

(20) Con vistas al desarrollo, la mejora o la puesta en práctica de soluciones comunes, el programa ISA debe realizarse sobre la base o ir acompañado, cuando proceda, de la puesta en común de experiencias y soluciones, así como del intercambio y la promoción de buenas prácticas. En este contexto, debe promoverse la adecuación al Marco Europeo de Interoperabilidad así como la apertura de las normas.

(21) Las soluciones desarrolladas o puestas en práctica en el marco del programa ISA deben basarse en el principio de neutralidad con respecto a la tecnología y de adaptabilidad, con vistas a garantizar también que los ciudadanos, las empresas y las administraciones sean libres de elegir qué tecnología desean usar.

(22) En todas las actividades contempladas en el programa ISA deben aplicarse los principios de seguridad, privacidad y protección de datos personales.

(23) Si bien ha de promoverse la participación de todos los Estados miembros en las actividades del programa ISA, debe ser posible iniciar actividades que cuenten con la participación de tan solo algunos Estados miembros.

Debe alentarse a los Estados miembros que no participen en tales actividades a colaborar en una etapa posterior.

(24) El programa ISA debe contribuir a la aplicación de toda medida de seguimiento de la iniciativa i2010 y, para evitar la duplicación de esfuerzos, tener en cuenta otros programas comunitarios en el ámbito de las TIC, especialmente el programa de apoyo a la política en materia de TIC del programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013) establecido mediante la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(25) La interacción con el sector privado y con otras entidades ya ha demostrado su eficiencia y su valor añadido. Por lo tanto, deben buscarse las sinergias con estas partes interesadas para dar prioridad, cuando proceda, a las soluciones disponibles que se hayan impuesto en el mercado.

En este contexto, debe continuarse con la práctica actual de organizar conferencias, seminarios y otras reuniones para interactuar con estas partes interesadas. Debe seguir fomentándose el uso continuado de plataformas electrónicas. Debe igualmente utilizarse cualquier otro medio que se considere adecuado para mantener el contacto con estas partes interesadas.

(26) El programa ISA debe aplicarse de conformidad con las normas comunitarias de contratación pública.

(27) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9).

(28) El programa ISA debe ser supervisado y evaluado periódicamente para que sea posible realizar reajustes.

(29) A fin de fomentar la cooperación internacional, el programa ISA debe estar abierto a la participación de los países del Espacio Económico Europeo y a los países candidatos.

Asimismo, debe promoverse la cooperación con otros terceros países y con organizaciones u organismos internacionales, en especial, dentro del marco de la Asociación Euromediterránea y la Asociación Oriental y con los países vecinos, sobre todo los de los Balcanes Occidentales y los de la región del Mar Negro.

(30) Debe continuar explorándose la posibilidad de utilizar los fondos de preadhesión para facilitar la participación de los países candidatos en el programa ISA y que los Fondos Estructurales y los usuarios cofinancien el uso de marcos comunes y herramientas genéricas establecidos o mejorados mediante el programa ISA.

(31) A fin de garantizar una buena gestión de los recursos financieros de la Comunidad y evitar la proliferación innecesaria de equipos, la repetición de investigaciones y la multiplicidad de enfoques, debe ser posible que las iniciativas no comunitarias hagan uso de las soluciones desarrolladas o puestas en práctica en el marco del programa ISA, siempre y cuando no se incurra en costes con cargo al presupuesto general de la Unión Europea y que no se ponga en peligro el principal objetivo comunitario de la solución.

(32) La presente Decisión establece, para el programa plurianual, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 37 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (10), constituye la referencia privilegiada para la Autoridad presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual. Dicha dotación debe cubrir también los gastos correspondientes a las medidas de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que sean directamente necesarias para la gestión del programa y para la consecución de sus objetivos, en particular, estudios, reuniones, medidas de información y de publicación, los gastos vinculados a las redes y sistemas informáticos destinados al intercambio y procesamiento de información, así como todos los demás gastos de ayuda administrativa y técnica en que pueda incurrir la Comisión para gestionar el programa.

(33) Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, promover una interacción electrónica transfronteriza e intersectorial eficaz y efectiva entre las administraciones públicas europeas con el fin de posibilitar la prestación de servicios públicos electrónicos que fomenten la aplicación de las políticas y actividades comunitarias, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1º.- Objeto y finalidad

1. La presente Decisión establece, para el período de 2010 a 2015, un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas, incluidas las
administraciones regionales y locales y las instituciones y órganos comunitarios, que deberá proporcionar soluciones comunes y compartidas para promover la interoperabilidad (“programa ISA”).

2. El objetivo del programa ISA es apoyar la cooperación entre las administraciones públicas europeas mediante la promoción de una interacción electrónica transfronteriza e intersectorial eficaz y efectiva entre dichas administraciones, incluyendo entre dichas administraciones a los organismos que desempeñen funciones en su nombre, para posibilitar la prestación de servicios públicos electrónicos que fomenten la aplicación de políticas y actividades comunitarias.

Artículo 2º.- Definiciones

A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

a) “interoperabilidad”: la capacidad de que organizaciones diversas y dispares interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan
sido acordados previa y conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos entre las organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante el intercambio de datos entre los sistemas de TIC respectivos;

b) “soluciones”: marcos comunes, servicios comunes y herramientas genéricas;

c) “marcos comunes”: estrategias, especificaciones, metodologías, directrices, así como enfoques y documentos similares;

d) “servicios comunes”: aplicaciones e infraestructuras operativas de naturaleza genérica que satisfagan las necesidades comunes del usuario en los distintos ámbitos políticos;

e) “herramientas genéricas”: plataformas de referencia, plataformas compartidas y de colaboración, componentes comunes y módulos similares que satisfagan las necesidades comunes del usuario en los distintos ámbitos políticos;

f) “acciones”: estudios, proyectos y medidas de acompañamiento;

g) “medidas de acompañamiento”: medidas estratégicas y de concienciación, medidas de apoyo a la gestión del programa ISA y medidas relacionadas con el intercambio de experiencias y la puesta en común y la promoción de buenas prácticas.

Artículo 3º.- Actividades

El programa ISA fomentará y promoverá lo siguiente:

a) la creación y la mejora de marcos comunes que fomenten la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial;

b) la evaluación de las implicaciones en materia de TIC de la legislación comunitaria propuesta o aprobada, y la planificación de la introducción de los sistemas de TIC que fomenten
la aplicación de dicha legislación;

c) la puesta en práctica y la mejora de los servicios comunes existentes y el desarrollo, la industrialización, la puesta en práctica y la mejora de los nuevos servicios comunes, incluida la interoperabilidad entre infraestructuras de claves públicas (PKI);

d) la mejora de las herramientas genéricas reutilizables existentes y la creación, el suministro y la mejora de nuevas herramientas genéricas reutilizables.

Artículo 4º.- Principios generales

Las acciones que se pongan en marcha o tengan continuidad en el marco del programa ISA se basarán en los siguientes principios:

a) neutralidad con respecto a la tecnología y adaptabilidad;

b) apertura;

c) reutilización;

d) privacidad y protección de los datos personales, y

e) seguridad.

Artículo 5º.- Acciones

1. La Comunidad, en colaboración con los Estados miembros, llevará a cabo las acciones especificadas en el programa de trabajo renovable mencionado en el artículo 9, con arreglo a
las normas de ejecución establecidas en el artículo 8. Dichas acciones serán ejecutadas por la Comisión.

2. Los estudios constarán de una sola fase y concluirán mediante un informe final.

3. Los proyectos, cuando proceda, constarán de tres fases:

a) la fase inicial, que resultará en el establecimiento de la carta del proyecto;

b) la fase de ejecución, cuyo término vendrá marcado por el informe de ejecución, y

c) la fase operativa, que comenzará cuando una solución esté disponible para su uso.

Las fases pertinentes del proyecto se definirán una vez que se incluya la acción en el programa de trabajo renovable.

4. La aplicación del programa ISA será fomentada por las medidas de acompañamiento.

Artículo 6º.- Carta del proyecto e informe de ejecución

1. La carta del proyecto comprenderá una descripción de lo siguiente:

a) el alcance, los objetivos y el problema o la oportunidad, incluidos los beneficiarios y beneficios esperados de una solución y los indicadores cuantitativos y cualitativos para medir tales beneficios;

b) el enfoque, incluidos los aspectos organizativos del proyecto, como las fases, los resultados y las metas, así como las medidas para promover la comunicación plurilingüe;

c) las partes interesadas y los usuarios, así como la estructura de gobernanza pertinente;

d) los detalles de las soluciones, incluida su coherencia e interrelaciones con otras soluciones, un desglose de los costes, los plazos y los requisitos previstos y una estimación de los
costes totales de la propiedad, incluidos, si los hubiera, los costes anuales de funcionamiento;

e) las características de la solución, y

f) las limitaciones, como los requisitos de seguridad y de protección de datos.

2. El informe de ejecución comprenderá una descripción de lo siguiente:

a) el alcance, los objetivos y el problema o la oportunidad, evaluados con respecto a la carta del proyecto;

b) la eficacia del proyecto, incluidos la evaluación de los logros, los gastos en los que se haya incurrido, los plazos efectivos y los requisitos con respecto a la carta del proyecto, un análisis de la rentabilidad esperada, así como el coste total de la propiedad, incluidos los costes anuales de funcionamiento;

c) los aspectos organizativos, incluidas la adecuación de la estructura de gobernanza aplicada y, cuando proceda, las recomendaciones para una estructura de gobernanza posterior
a la ejecución;

d) cuando proceda, el plan propuesto para iniciar la fase operativa de la solución, así como los indicadores del nivel de servicio, y

e) el usuario final y los materiales de asistencia técnica disponibles.

Artículo 7º.- Soluciones

1. Los marcos comunes se crearán y mantendrán mediante estudios.

Asimismo, los estudios servirán para promover la evaluación de las implicaciones en materia de TIC de la legislación comunitaria propuesta o aprobada, así como la planificación para poner en práctica soluciones que fomenten la aplicación de dicha legislación.

2. Los estudios se publicarán y se transmitirán a las comisiones competentes del Parlamento Europeo para que sirvan de base a futuras modificaciones legislativas destinadas a garantizar
la interoperabilidad de los sistemas de TIC utilizados por las administraciones públicas europeas.

3. Las herramientas genéricas se crearán y mantendrán mediante proyectos. Igualmente, los proyectos servirán para crear, industrializar, poner en práctica y mantener los servicios comunes.

Artículo 8º.- Normas de ejecución

1. En la ejecución del programa ISA, se tendrán en debida consideración la Estrategia Europea de Interoperabilidad y el Marco Europeo de Interoperabilidad.

2. Se promoverá la participación del mayor número posible de Estados miembros en los estudios o proyectos. Los estudios o proyectos estarán abiertos a la participación en cualquier
momento, y se alentará a los Estados miembros que no participen en ellos a unirse en una fase posterior.

3. A fin de garantizar la interoperabilidad entre los sistemas nacionales y comunitarios, habrán de especificarse los servicios comunes y las herramientas genéricas con referencia a las normas europeas existentes o especificaciones disponibles públicamente o abiertas para el intercambio de información y la integración de los servicios.

4. El desarrollo o la mejora de las soluciones se realizará sobre la base o irá acompañado, cuando proceda, de la puesta en común de experiencias, así como del intercambio y la promoción de buenas prácticas.

5. Con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y acelerar el desarrollo de soluciones, se tendrán en cuenta, cuando proceda, los resultados obtenidos en otras iniciativas pertinentes de
la Comunidad y de los Estados miembros.

Con el fin de explotar las sinergias al máximo y garantizar los esfuerzos complementarios y conjuntos, se coordinarán, cuando proceda, las acciones con otras iniciativas comunitarias pertinentes.

6. La Comisión realizará y supervisará el comienzo de las acciones, la definición de las fases de dichas acciones y el establecimiento de las cartas de los proyectos y de los informes de
ejecución como parte de la aplicación del programa de trabajo renovable elaborado con arreglo al artículo 9.

Artículo 9º.- Programa de trabajo renovable

1. La Comisión establecerá, un programa de trabajo renovable para la ejecución de las acciones, para el período de aplicación de la presente Decisión.

2. La Comisión aprobará el programa de trabajo renovable, así como, al menos con carácter anual, cualquier modificación del mismo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 4, se aplicará el procedimiento de gestión contemplado en el artículo 12, apartado 2, en lo que se refiere a la aprobación
por parte de la Comisión del programa de trabajo renovable y de cualquier modificación del mismo.

4. Para cada acción, el programa de trabajo renovable incluirá, cuando proceda, lo siguiente:

a) una descripción del alcance, objetivos, problema u oportunidad, beneficiarios y beneficios esperados, así como del enfoque organizativo y técnico;

b) un desglose de los costes previstos y, cuando proceda, de las metas que han de alcanzarse.

5. Los proyectos podrán incluirse en el programa de trabajo renovable en cualquiera de sus fases.

Artículo 10º.- Disposiciones presupuestarias

1. Los fondos se liberarán a medida que se logren los objetivos intermedios específicos que se exponen a continuación:

a) para el comienzo de un estudio, una medida de acompañamiento o la fase inicial de un proyecto, la meta será la inclusión de la acción en el programa de trabajo renovable;

b) para el inicio de la fase de ejecución de un proyecto, la meta será la carta del proyecto;

c) para el inicio de la posterior fase operativa de un proyecto, la meta será el informe de ejecución.

2. Los objetivos intermedios que deban alcanzarse durante la fase de ejecución y durante la fase operativa, en su caso, se definirán en el programa de trabajo renovable.

Si un proyecto se incluye en el programa de trabajo renovable en su fase de ejecución o en su fase operativa, se liberarán fondos tras dicha inclusión.

4. Las modificaciones del programa de trabajo renovable relativas a las asignaciones presupuestarias de más de 400 000 EUR por acción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de gestión contemplado en el artículo 12, apartado 2.

5. El programa ISA se ejecutará con arreglo a las normas comunitarias de contratación pública.

Artículo 11.- Participación financiera comunitaria

1. La creación y la mejora de los marcos comunes y las herramientas genéricas se financiarán en su totalidad con cargo al programa ISA. El uso de tales marcos y herramientas será
financiado por los usuarios.

2. El desarrollo, la industrialización y la mejora de los servicios comunes se financiará en su totalidad con cargo al programa ISA. La puesta en práctica de tales servicios se financiará
en su totalidad con cargo al programa ISA, siempre y cuando su uso sea de interés para la Comunidad. En los demás casos, el uso de los servicios, incluida su puesta en práctica de manera descentralizada, será financiado por los usuarios.

3. Las medidas de acompañamiento se financiarán en su totalidad con cargo al programa ISA.

Artículo 12.- Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (Comité ISA).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 13.- Seguimiento y evaluación

1. La Comisión supervisará de manera regular la ejecución del programa ISA y examinará las sinergias con programas comunitarios complementarios.

La Comisión informará anualmente al Comité ISA sobre la ejecución del programa ISA.

2. Las soluciones se revisarán cada dos años.

3. El programa ISA estará sujeto a una evaluación intermedia y a una evaluación final, cuyos resultados se comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, respectivamente. En este contexto, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a que presente los resultados de la evaluación y responda a las preguntas planteadas por sus miembros.

Las evaluaciones examinarán asuntos tales como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la utilidad, la sostenibilidad y la coherencia de las acciones del programa ISA, y evaluarán su rendimiento con respecto al objetivo del programa ISA y del programa de trabajo renovable. Asimismo, la evaluación final examinará en qué medida ha alcanzado sus objetivos el programa ISA.

Las evaluaciones también examinarán los beneficios que la Comunidad haya obtenido de las acciones en relación con el desarrollo de políticas comunes, señalarán asimismo las áreas en las que puedan realizarse mejoras, y verificarán las sinergias con otras iniciativas comunitarias en el ámbito de la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial.

Artículo 14.- Interacción con las partes interesadas

La Comisión reunirá a las partes interesadas pertinentes para el intercambio de puntos de vista entre ellas y con la Comisión en relación con las cuestiones abordadas por el programa ISA. Para este fin, la Comisión organizará conferencias, seminarios y otras reuniones. Asimismo, la Comisión utilizará plataformas electrónicas interactivas, y podrá emplear cualquier otro medio de interacción que considere adecuado.

Artículo 15.- Cooperación internacional

1. El programa ISA estará abierto a la participación de los países del Espacio Económico Europeo y los países candidatos, en el marco de sus respectivos acuerdos con la Comunidad.

2. Se fomentará la cooperación con otros terceros países y con organizaciones u organismos internacionales, sobre todo dentro del marco de la Asociación Euromediterránea y la Asociación Oriental y con los países vecinos, en especial los de los Balcanes Occidentales y los de la región del Mar Negro. Los costes asociados no estarán cubiertos por el programa ISA.

3. El programa ISA fomentará, cuando proceda, la reutilización de sus soluciones por terceros países.

Artículo 16.- Iniciativas no comunitarias

Sin perjuicio de otras políticas comunitarias, las iniciativas no comunitarias podrán hacer uso de las soluciones desarrolladas y puestas en práctica en el marco del programa ISA, siempre y cuando no se incurra en costes adicionales con cargo al presupuesto general de la Unión Europea y que el principal objetivo comunitario de la solución no se vea comprometido.

Artículo 17.- Disposiciones financieras

1. La dotación financiera para la ejecución de la acción comunitaria establecida en la presente Decisión durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre
de 2015 queda fijada en 164 100 000 EUR, de los que 103 500 000 EUR se asignan para el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.

Para el período posterior al 31 de diciembre de 2013, el importe se considerará confirmado siempre que sea coherente, en esta fase, con el marco financiero vigente en el período que se
inicie en 2014.

2. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales ajustándose al marco financiero.

Artículo 18.- Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de septiembre de 2009.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
J. BUZEK

Por el Consejo
La Presidenta
C. MALMSTRÖM

————————————————————————————————————————–

(1)  Dictamen de 25 de febrero de 2009 (no publicado aún en el Diario Oficial.

(2) ) DO C 200 de 25.8.2009, p. 58.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 22 de abril de 2009 y Decisión del Consejo de 27 de julio de 2009.

(4)  DO C 291 E de 30.11.2006, p. 133.

(5) DO L 144 de 30.4.2004, p. 62 (Decisión publicada en el DO L 181 de 18.5.2004, p. 25).

(6)  DO L 203 de 3.8.1999, p. 1.

(7)  DO L 203 de 3.8.1999, p. 9.

(8) DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.

(9) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(10) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Resolución aprobada por la Asamblea General

55/2. Declaración del Milenio

La Asamblea General

Aprueba la siguiente Declaración:

Declaración del Milenio

I. Valores y principios

1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

2. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.

3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales. A decir verdad, su pertinencia y su capacidad como fuente de inspiración han ido en aumento conforme se han multiplicado los vínculos y se ha consolidado la interdependencia entre las naciones y los pueblos.

4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los principios de la justicia y del derecho internacional; el derecho de libre determinación de los pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial y la ocupación extranjera; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

5. Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos. Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en transición tienen dificultades especiales para hacer frente a este problema fundamental. Por eso, consideramos que solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. Esos esfuerzos deberán incluir la adopción de políticas y medidas, a nivel mundial, que correspondan a las necesidades de los países en desarrollo y de las economías en transición y que se formulen y apliquen con la participación efectiva de esos países y esas economías.

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI:

   • La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular.

   • La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

   • La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.

   • La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones.

   • El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes.

   • Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por ser la organización más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto.

7. Para plasmar en acciones estos valores comunes, hemos formulado una serie de objetivos clave a los que atribuimos especial importancia.

II. La paz, la seguridad y el desarme

8. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros pueblos del flagelo de la guerra —ya sea dentro de los Estados o entre éstos—, que, en el último decenio, ha cobrado más de cinco millones de vidas. También procuraremos eliminar los peligros que suponen las armas de destrucción en masa.

9. Por todo lo anterior, decidimos:

   • Consolidar el respeto del imperio de la ley en los asuntos internacionales y nacionales y, en particular, velar por que los Estados Miembros cumplan las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, en los litigios en que sean partes.

   • Aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, dotando a la Organización de los recursos y los instrumentos que necesitan en sus tareas de prevención de conflictos, resolución pacífica de controversias, mantenimiento de la paz, consolidación de la paz y reconstrucción después de los conflictos. En este sentido, tomamos nota del informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas , y pedimos a la Asamblea General que examine cuanto antes sus recomendaciones.

   • Fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, de conformidad con las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta.

   • Velar por que los Estados Partes apliquen los tratados sobre cuestiones tales como el control de armamentos y el desarme, el derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos humanos, y pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de suscribir y ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

   • Adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional y adherirnos cuanto antes a todas las convenciones internacionales pertinentes.

   • Redoblar nuestros esfuerzos para poner en práctica nuestro compromiso de luchar contra el problema mundial de la droga.

   • Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el blanqueo de dinero.

   • Reducir al mínimo las consecuencias negativas que las sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas pueden tener en las poblaciones inocentes, someter los regímenes de sanciones a exámenes periódicos y eliminar las consecuencias adversas de las sanciones sobre terceros.

   • Esforzarnos por eliminar las armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares, y mantener abiertas todas las opciones para alcanzar esa meta, incluida la posibilidad de convocar una conferencia internacional para determinar formas adecuadas de eliminar los peligros nucleares.

   • Adoptar medidas concertadas para poner fin al tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, en particular dando mayor transparencia a las transferencias de armas y respaldando medidas de desarme regional, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras.

   • Pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de adherirse a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción , así como al Protocolo enmendado relativo a las minas de la Convención sobre armas convencionales

10. Instamos a los Estados Miembros a que observen la Tregua Olímpica, individual y colectivamente, ahora y en el futuro, y a que respalden al Comité Olímpico Internacional en su labor de promover la paz y el entendimiento humano mediante el deporte y el ideal olímpico.

III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza

11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad.

12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza.

13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los asuntos públicos en el plano internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales. Propugnamos un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para movilizar los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible. Haremos, por consiguiente, todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la Reunión intergubernamental de alto nivel sobre la financiación del desarrollo que se celebrará en 2001.

15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. En este contexto, nos felicitamos de la convocación de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en mayo de 2001, y donde haremos todo lo posible por lograr resultados positivos. Pedimos a los países industrializados:

    • que adopten, preferiblemente antes de que se celebre esa Conferencia, una política de acceso libre de derechos y cupos respecto de virtualmente todas las exportaciones de los países menos adelantados;

    • que apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las deudas bilaterales oficiales de esos países a cambio de que éstos demuestren su firme determinación de reducir la pobreza; y

    • que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, especialmente a los países que se están esforzando genuinamente por destinar sus recursos a reducir la pobreza.

16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global y eficaz los problemas de la deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en los planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo.

17. Resolvemos asimismo atender las necesidades especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el Programa de Acción de Barbados y las conclusiones a que llegó la Asamblea General en su vigésimo segundo período extraordinario de sesiones. Instamos a la comunidad internacional a que vele por que, cuando se prepare un índice de vulnerabilidad, se tengan en cuenta las necesidades especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

18. Reconocemos las necesidades y los problemas especiales de los países en desarrollo sin litoral, por lo que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales y multilaterales que aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de países para satisfacer sus necesidades especiales de desarrollo y ayudarlos a superar los obstáculos de su geografía, mejorando sus sistemas de transporte en tránsito.

19. Decidimos, asimismo:

    • Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo.

    • Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y por que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza.

    • Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales.

    • Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a la humanidad.

    • Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.

    • Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”.

20. Decidimos también:

    • Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible.

    • Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo.

    • Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo que los necesiten.

    • Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza.

    • Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social

IV. Protección de nuestro entorno común

21. No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer sus necesidades.

22. Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo sostenible, incluidos los enunciados en el Programa 21 , convenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

23. Decidimos, por consiguiente, adoptar una nueva ética de conservación y resguardo en todas nuestras actividades relacionadas con el medio ambiente y, como primer paso en ese sentido, convenimos en lo siguiente:

    • Hacer todo lo posible por que el Protocolo de Kyoto entre en vigor, de ser posible antes del décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el año 2002, e iniciar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

    • Intensificar nuestros esfuerzos colectivos en pro de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.

    • Insistir en que se apliquen cabalmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África

    • Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos formulando estrategias de ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado.

    • Intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los efectos de los desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre.

    • Garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma humano.

V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno

24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.

25. Decidimos, por tanto:

    • Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos.

    • Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos nuestros países.

    • Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías

    • Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

    • Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades.

    • Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros países.

    • Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información.

VI. Protección de las personas vulnerables

26. No escatimaremos esfuerzos para lograr que los niños y todas las poblaciones civiles que sufren de manera desproporcionada las consecuencias de los desastres naturales, el genocidio, los conflictos armados y otras situaciones de emergencia humanitaria reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para reanudar cuanto antes una vida normal.

    Decidimos, por consiguiente:

    • Ampliar y reforzar la protección de los civiles en situaciones de emergencia complejas, de conformidad con el derecho internacional humanitario.

    • Fortalecer la cooperación internacional, incluso compartiendo la carga que recae en los países que reciben refugiados y coordinando la asistencia humanitaria prestada a esos países; y ayudar a todos los refugiados y personas desplazadas a regresar voluntariamente a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad, y a reintegrarse sin tropiezos en sus respectivas sociedades.

    • Alentar la ratificación y la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

VII. Atención a las necesidades especiales de África

27. Apoyaremos la consolidación de la democracia en África y ayudaremos a los africanos en su lucha por conseguir una paz duradera, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, para que de esa forma África pueda integrarse en la economía mundial.

28. Decidimos, por tanto:

    • Apoyar plenamente las estructuras políticas e institucionales de las nuevas democracias de África.

    • Fomentar y mantener mecanismos regionales y subregionales de prevención de conflictos y promoción de la estabilidad política, y velar por que las operaciones de mantenimiento de la paz en ese continente reciban una corriente segura de recursos.

    • Adoptar medidas especiales para abordar los retos de erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en África, tales como cancelar la deuda, mejorar el acceso a los mercados, aumentar la asistencia oficial para el desarrollo e incrementar las corrientes de inversión extranjera directa y de transferencia de tecnología.

    • Ayudar a África a aumentar su capacidad para hacer frente a la propagación de la pandemia del VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas.

VIII. Fortalecimiento de las Naciones Unidas

29. No escatimaremos esfuerzos por hacer de las Naciones Unidas un instrumento más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a continuación: la lucha por el desarrollo de todos los pueblos del mundo; la lucha contra la pobreza, la ignorancia y las enfermedades; la lucha contra la injusticia; la lucha contra la violencia, el terror y el delito; y la lucha contra la degradación y la destrucción de nuestro planeta.

30. Decidimos, por consiguiente:

    • Reafirmar el papel central que recae en la Asamblea General en su calidad de principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de las Naciones Unidas, y capacitarla para que pueda desempeñar ese papel con eficacia.

    • Redoblar nuestros esfuerzos por reformar ampliamente el Consejo de Seguridad en todos sus aspectos.

    • Fortalecer más el Consejo Económico y Social, sobre la base de sus recientes logros, de manera que pueda desempeñar el papel que se le asigna en la Carta.

    • Fortalecer la Corte Internacional de Justicia a fin de que prevalezcan la justicia y el imperio del derecho en los asuntos internacionales.

    • Fomentar la coordinación y las consultas periódicas entre los órganos principales de las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones.

    • Velar por que la Organización cuente, de forma oportuna y previsible, con los recursos que necesita para cumplir sus mandatos.

    • Instar a la Secretaría a que, de conformidad con normas y procedimientos claros acordados por la Asamblea General, aproveche al máximo esos recursos en interés de todos los Estados Miembros, aplicando las mejores prácticas y tecnologías de gestión disponibles y prestando una atención especial a las tareas que reflejan las prioridades convenidas de los Estados Miembros.

    • Promover la adhesión a la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.

    • Velar por que exista una mayor coherencia y una mejor cooperación en materia normativa entre las Naciones Unidas, sus organismos, las instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio, así como otros órganos multilaterales, con miras a lograr criterios perfectamente coordinados en lo relativo a los problemas de la paz y el desarrollo.

    • Seguir fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y los parlamentos nacionales por intermedio de su organización mundial, la Unión Interparlamentaria, en diversos ámbitos, a saber: la paz y seguridad, el desarrollo económico y social, el derecho internacional y los derechos humanos, la democracia y las cuestiones de género.

    • Ofrecer al sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general más oportunidades de contribuir al logro de las metas y los programas de la Organización.

31. Pedimos a la Asamblea General que examine periódicamente los progresos alcanzados en la aplicación de lo dispuesto en la presente Declaración, y al Secretario General que publique informes periódicos para que sean examinados por la Asamblea y sirvan de base para la adopción de medidas ulteriores.

32. Reafirmamos solemnemente, en este momento histórico, que las Naciones Unidas son el hogar común e indispensable de toda la familia humana, mediante el cual trataremos de hacer realidad nuestras aspiraciones universales de paz, cooperación y desarrollo. Por consiguiente, declaramos nuestro apoyo ilimitado a estos objetivos comunes y nuestra decisión de alcanzarlos

8ª sesión plenaria
8 de septiembre de 2000

Le Président de la République,

Sur proposition du ministère des technologies de la communication,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée,

Vu la loi nº 85-78 du 5 aôut 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des societés dont le capital appartient directement et entièremen à l´Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complét´ñee par la loi nº 99-28 du 3 avril 1999 et la loi nº 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-38 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif  au rattachement de structures relevant de l’ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 30 octobre 2002, relatif à l’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la sécurité informatique,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. –

Le statut particulier du personnel de l’agence nationale de la sécurité informatique annexé au présent décret est approuvé.

Article 2. –

Les ministres des technologies de la communication et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 20 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali  

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant organisation des services relevant du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de l’informatique,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2003-1249 du 2juin 2003, portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d’action national dans le domaine des logiciels libres et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n°2007-1908 du 23 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier .-

Sont abrogées, les dispositions de l’alinéa premier de l’article 3 du décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003 susvisé tel que modifié par le décret n° 2007-1908 du 23 juillet 2007, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (alinéa premier nouveau) .-

La durée de réalisation de toutes les composantes du plan d’action national dans le domaine des logiciels libres est fixée à six (6) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003 susvisé.

Article 2 .-

Le Premier ministre, le ministre des technologies de la communication et le ministre desfinances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Dictamen 3/99 relativo a la Información del sector público y protección de datos personales. Contribución a la consulta iniciada con el Libro Verde de la Comisión Europea Titulado La información del sector público: un recurso clave para Europa” COM(1998) 585, Aprobado el 3 de mayo de 1999 por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en loq ue respecta al tratamiento de datos personales (WP 20).

WP 20 Grupo de Protección de las Personas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales

Dictamen 3/99 relativo a Información del sector público y protección de datos personales

Contribución a la consulta iniciada con el Libro Verde de la Comisión Europea titulado

“La información del sector público: un recurso clave para Europa” COM(1998) 585

Aprobado el 3 de mayo de 1999

INTRODUCCIÓN Y OBSERVACIONES PRELIMINARES:

1. La Comisión Europea sometió a consulta pública un Libro Verde sobre “La información del sector público: un recurso clave para Europa”(1). El principal objetivo de este Libro Verde es promover un debate sobre cómo hacer más accesible a los ciudadanos y a las empresas la información que posee el sector público, así como sobre la posible necesidad de armonizar las normas nacionales en este ámbito. Este documento parece ampliamente inspirado por la reivindicación de entidades privadas que desean disponer de un acceso al menor coste posible a la información pública e impugnan el mantenimiento de monopolios públicos en este ámbito.

Una de las cuestiones tratadas por el Libro Verde atañe a la disponibilidad de la información del sector público, es decir, de una categoría particular de datos llamados “públicos”: aquellos que, estando en posesión de organismos del sector público, se harían públicos en virtud de normas o de un uso(2) cuyo fundamento implícito o explícito puede residir en una voluntad de transparencia del estado respecto a sus ciudadanos(3).

No se ignora en este documento la protección de los datos personales, aunque aparentemente no constituye su principal razón de ser.

El apartado 111 (III. 7, página 17) menciona explícitamente que la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos personales(4) “establece normas vinculantes tanto para el sector público como para el privado y [ … ] es de obligado cumplimiento en los casos de datos personales en manos del sector público.

El apartado 114 destaca que “El crecimiento de la sociedad de la información puede plantear nuevos riesgos para la intimidad del particular si se facilita el acceso a los registros públicos en formato electrónico (especialmente en línea y a través de Internet) y en grandes cantidades”.

Con todo, el Libro Verde en su conjunto suscita varias ambigüedades sobre la fuerza de esta convicción.

(1) COM(1998) 585, disponible en la siguiente dirección: http://www.echo.lu/legal/en/acces.html.

(2) Parece poder hacerse una distinción entre la publicidad ordenada por una legislación, el acceso a la información autorizado por ley y situaciones en las que la cuestión de la publicidad o del acceso es consecuencia de un requerimiento formulado por particulares o empresas respecto al sector público sin que la regule una ley.

(3) El presente dictamen no trata, pues, de la otra acepción – más amplia – del término “dato llamado “público””: la que comprende el conjunto de los datos tratados por las administraciones públicas.

(4) Directiva del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; DO L 281 de 23/11/95 pág. 31-51 Disponible en la dirección siguiente: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/dataprot/index.htm.

En primer lugar, la utilización (en la versión inglesa) del término “publicly available” (públicamente disponible) es propicia a la concepción de que los datos hechos públicos quedarían, así, disponibles para cualquier uso. Obsérvese que el principio de finalidad, pilar de nuestras legislaciones de protección de datos, se combina mal con el adjetivo “disponible”.

Además el principio de la lealtad de la recogida – garantizado, entre otras cosas, por la exigencia de seguridad en el tratamiento de los datos – podría verse afectado por el hecho de que un dato se haga público de forma descuidada e irreflexiva. Por ello convendría que la expresión “publicly available” se sustituya por otra más apropiada e inequívoca (por ejemplo “publicly accesible”)

En segundo lugar, de la pregunta n_ 7 (“Los problemas de intimidad ¿merecen especial atención en lo que atañe a la explotación de la información del sector público?”, página 17) se podría deducir que la recapitulación de los preceptos de la Directiva 95/46/CE no conduce tan firmemente como se habría podido imaginar a conclusiones precisas sobre este punto, al mismo tiempo que se precisa (apartado 111) que la Directiva 95/46/CE “consigue el equilibrio necesario entre el principio de acceso a la información del sector público y la protección de los datos personales”. Estas ambigüedades deberían desaparecer.

2. En este contexto, el presente dictamen tiene por objetivo alimentar la reflexión sobre la dimensión de la protección de los datos personales, esencial cuando se pretende facilitar el acceso a datos del sector público que se refieren a personas físicas. No pretende sin embargo ofrecer todas las respuestas a las cuestiones que plantea en cada caso la conciliación entre el objetivo de facilitar el acceso a los datos del sector público, fundada en la voluntad de reforzar la transparencia de los Estados respecto a los ciudadanos, y la protección de los datos personales, tal como se define en la Directiva 95/46/EC.

Este dictamen no tratará por tanto de las cuestiones planteadas por el Libro Verde que parecen sobrepasar la mera puesta a disposición de terceros de la información del sector público, como por ejemplo el punto de vista expresado en el apartado 56 (II 2, página 10) “la utilización de las nuevas tecnologías podrá aumentar considerablemente la eficacia de la recogida de la información. Proporciona a los entes públicos la posibilidad de compartir la información disponible, cuando ello sea conforme con las normas de protección de datos”.

Su objetivo es proporcionar, basándose en la Directiva 95/46/CE, así como en experiencias concretas recogidas con fines pedagógicos en el ámbito de los registros más conocidos de datos personales hechos públicos, un primer conjunto de puntos de referencia que conviene tener en cuenta cuando se toman decisiones concretas. Estos puntos de referencia y ejemplos concretos recogidos en distintos Estados miembros están destinados a ilustrar cómo deben considerarse en la sociedad de la información las normas de protección de datos cuando se trate de datos procedentes de registros públicos y a indicar algunas de las medidas de carácter técnico u organizativo que pueden contribuir (sin que por ello pretendan garantizar una protección sin fallas) a conciliar la publicidad de estos datos y el respeto de las disposiciones de protección de datos personales, sobre todo el de las relativas al principio fundamental en este tema, a saber, el principio de finalidad para la cual los datos se hacen públicos en el caso que aquí nos interesa.

I – LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS SE APLICAN A LOS DATOS PERSONALES HECHOS PÚBLICOS

La accesibilidad de las informaciones que dependen del sector público, sobre todo a través de la informatización preconizada por el Libro Verde, plantea el problema de saber de qué modo se utilizan estas informaciones. La solución no está en prohibir su utilización, la evolución de nuestras sociedades no va en ese sentido. Tampoco van en ese sentido nuestras legislaciones de protección de datos, garantes del acompañamiento de la informatización de la sociedad y no de su prohibición.

Por lo demás, afirmar la aplicabilidad de nuestras leyes de protección de datos a los datos personales hechos públicos, no es más que la expresión de una evidencia que deriva de los textos sobre protección de datos: un dato de carácter personal, incluso hecho público, sigue siendo un dato de carácter personal y goza, por lo tanto, de protección.

Esta afirmación implica necesariamente determinar cuál es la protección que se ofrece al dato de carácter personal hecho público. A este respecto, la Directiva 95/46/CE ya da algunas respuestas.

Directiva del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos;

La Directiva permite tener en cuenta, en la aplicación de las normas que establece, el principio del derecho de acceso del público a los documentos administrativos(5) así como otros elementos pertinentes para la discusión (6).

Así el principio de finalidad exige que los datos personales se recojan para finalidades determinadas, explícitas y legítimas y no se traten posteriormente de manera incompatible con ellas.7 Este principio desempeña pues un papel central en la accesibilidad de datos personales en el sector público.

Conviene, sobre todo, determinar caso por caso en qué medida una ley exige o autoriza la publicación o el acceso por el público a datos personales: ¿contempla una accesibilidad íntegra e ilimitada en el tiempo, permite una utilización de esos datos con cualquier objetivo independientemente de la finalidad inicial o, al contrario, prevé la accesibilidad solamente a ciertas partes y/o una utilización vinculada a la finalidad para la cual el dato se hizo público?

Por lo tanto, no existe una sola categoría de datos personales, destinados a hacerse públicos, que deba tratarse uniformemente desde el punto de vista de la protección de datos, sino que conviene más bien proceder a un análisis por grados en la delimitación de los derechos del  individuo al que los datos se refieren y de los derechos del público a acceder a esa información. Aunque el acceso a los datos pueda ser público, puede estar sujeto a condiciones (como la justificación de un interés legítimo) y su explotación, con fines comerciales por ejemplo, o por los medios de comunicación, puede restringirse. Los ejemplos siguientes van a ilustrar estas cuestiones.

(5) Véase el considerando 72. Conviene tener en cuenta para el debate que la Directiva no contiene definición del término “documentos administrativos”, pero que puede entenderse en un sentido amplio que permite cubrir al menos las “informaciones administrativas” previstas por el Libro Verde en su propuesta de clasificación de las informaciones (apartado 73 y siguiente, página 12).

(6) Véase el artículo 10 y considerando 37 de la Directiva 95/46/CE sobre la conciliación del derecho a la intimidad con las normas que regulan la libertad de expresión. Véase también la Recomendación 1/97 del Grupo sobre “Legislación sobre protección de datos y medios de comunicación”, adoptada el 25.2.1997 (documento 5012/9, disponible en las 11 lenguas en la dirección indicada en nota 1).

(7) Véase para mayor detalle la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 95/46/EC.

Es útil recordar aquí que independientemente de una eventual publicación de datos personales, la persona interesada tiene siempre derecho de acceso a sus datos y el derecho a exigir, cuando proceda, su rectificación o el borrado de datos cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la Directiva debido, sobre todo, a su carácter incompleto o inexacto(8).

Cierto es que distintos preceptos de la Directiva hacen referencia explícita al carácter público de un dato. Dos de estos preceptos merecen ser citados con todos sus matices.

(8) Véase artículo 12 de la Directiva 95/46/EC. El artículo 18.3, que impone que los tratamientos se notifiquen a la autoridad de control, permite una excepción a esta obligación en caso de registros que, “en virtud de disposiciones legislativas o reglamentarias se destinen a información del público y estén abiertos a la consulta pública”. Aunque los considerandos 50 y 51 de la Directiva precisan que estas excepciones o simplificaciones no se aplican a los tratamientos cuyo único objetivo (1ª  condición) sea mantener un registro destinado, de acuerdo con el derecho nacional, a la información del público (2ª  condición) y que están abiertos a consulta pública o a cualquier persona que justifique interés legítimo (3ª  condición), sin que el beneficio de tales excepciones exima al responsable del tratamiento de ninguna de las demás obligaciones que se derivan de la Directiva.

Por último, la letra f) del artículo 26, que constituye una excepción a la exigencia de un nivel adecuado de protección para los datos objeto de transferencia hacia terceros países cuando la transferencia no ofrezca ese nivel de protección siempre que se realice “a partir de un registro destinado a información del público”. Sin embargo, el considerando 58 de la Directiva limita el alcance de la transferencia precisando que no debe referirse a la totalidad de los datos ni a las categorías de datos contenidos en este registro y que, cuando proceda efectuarla, la transferencia sólo debe poder realizarse a petición de las personas con un interés legítimo.

Pero resulta claramente de estos preceptos y precisiones que si bien la protección de los datos personales no debe constituir un obstáculo al derecho de los ciudadanos a tener acceso a los documentos administrativos en las condiciones previstas por cada legislación nacional, la Directiva no pretende sin embargo privar de toda protección a los datos accesibles al público.

El debate referente a la cuestión de si es necesario armonizar las normas nacionales sobre el acceso a la información del sector público debe en cualquier caso tener en cuenta las normas armonizadas sobre protección de datos personales, así como de las medidas nacionales de transposición correspondientes.

Además de la misión de la Comisión de velar por la aplicación de la Directiva 95/46/CE, corresponderá al Grupo creado por el artículo 29 de la misma apreciar concretamente el alcance de las disposiciones nacionales adoptadas en su aplicación en los casos precisos que puedan revelar divergencias a escala nacional.(9)

B – Ejemplos de conciliación de las normas de la protección de los datos personales y del acceso a la información del sector público Algunas legislaciones supeditan la difusión de la información del sector público a ciertas finalidades que pueden llevar, sea a prohibir el acceso a determinados datos, o a ponerle condiciones, sea a prohibir algunas formas de utilización de los mismos.

Ahora bien, la digitalización de las informaciones y las posibilidades de búsqueda en texto íntegro pueden, sin embargo, multiplicar ad infinitum las posibilidades de interrogación y selección, sin olvidar que la difusión por Internet aumenta los riesgos de captación y desvío de uso. Además, la aproximación a datos hechos públicos a partir de fuentes diferentes, cuando éstas se ponen a disposición del público, se ve facilitada en gran medida por la digitalización de los datos y permite, sobre todo, establecer perfiles sobre la situación o el comportamiento de los individuos(10). También es conveniente prestar una atención especial al hecho de que, al poner así datos personales a disposición del público, se beneficia a las nuevas técnicas de “data warehousing” y “data mining”. Estos métodos permiten recoger datos sin ninguna especificación a priori de la finalidad, y es sólo en fase de la explotación cuando se definen las distintas finalidades. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta todo lo que es técnicamente posible hacer con los datos(11).

Esta es la razón por la que es conveniente comprobar, caso por caso, cuáles podrían ser las repercusiones negativas sobre el individuo antes de tomar cualquier decisión de difusión en soporte digital. Según los casos, conviene, o bien decidir no difundir ciertos datos personales, o bien someter la difusión a la valoración de la persona en cuestión o a otras condiciones.

(9) Véanse los artículos 29 y 30 de la Directiva 95/46/EC.

(10) Convendría señalar que el uso de estas tecnologías confiere también al estado la posibilidad de establecer tales perfiles.

(11) Otro ejemplo: gracias al cotejo electrónico de dos bancos, se puede obtener más fácilmente informaciones negativas sobre tal o cual persona, por ejemplo: el cotejo del censo de población (si existe) y de los padrones electorales permite identificar a las personas que no tienen derecho de voto.

1 – Bases de datos de jurisprudencia:

El apartado 74 del Libro Verde (página 11) que hace particular referencia a los procesos judiciales para ilustrar el concepto de información fundamental para el funcionamiento de la democracia”, plantea una cuestión de fondo. En efecto, ¨se puede concebir que todos los juicios de todos los órganos jurisdiccionales estén disponibles en Internet sin perjuicio para las personas?

Instrumentos de documentación jurídica, las bases de datos de jurisprudencia pueden convertirse, si no se toman precauciones particulares, en ficheros de información sobre personas si se consultan, no para conocer una jurisprudencia, sino para obtener, por ejemplo, todas las decisiones judiciales que se refieren a una misma persona.

La Comisión de Protección de la Vida Privada (Bélgica), en un dictamen de 23 de diciembre de 1997, puso vigorosamente en evidencia que “la evolución tecnológica debe ir acompañada de una mayor contención en cuanto a la mención de la de identificación de las partes en los anales de jurisprudencia”. Propone que a falta de una completa omisión de la identificación de las partes, las decisiones judiciales accesibles al público en general no estén indexadas a partir del nombre de las partes, con el fin de impedir las búsquedas a partir de este criterio.

La Comisión de protección de datos personales italiana(12) prevé proponer a escala nacional que las partes tengan un derecho de oposición a la publicación de sus nombres respectivos en las bases de datos de jurisprudencia. Este derecho podría ejercerse en cualquier momento y tenerse en cuenta en las actualizaciones de bases de datos divulgadas en soporte magnético.

El ejercicio de este derecho no tendría efectos retroactivos para las publicaciones en papel.

En Francia, el Ministerio de Justicia, que pretende difundir las bases de datos de jurisprudencia en Internet, impuso, en el pliego de condiciones, que las decisiones judiciales se hiciesen anónimas.

2 – Algunos textos oficiales:

La difusión de informaciones en Internet implica una plétora de información a escala mundial y una multiplicación de las fuentes. Este cambio de escala geográfico puede originar un riesgo específico. En efecto, la difusión de una información legítimamente pública en un país puede, a escala mundial, causar graves ataques a la intimidad o a la integridad física de las personas. Esto sucede, cuando, por ejemplo, las decisiones de naturalización son objeto de publicación oficial obligatoria. Tal es el caso en Francia donde, siguiendo en este aspecto el dictamen de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), el gobierno francés, cuando el “Journal Officiel” se puso en Internet, excluyó estos textos de la difusión, con el fin de evitar a algunos nacionales que habían renunciado a su nacionalidad de origen el riesgo de incurrir en posibles represalias.

(12) Garante per la protezione dei dati personali

Podemos observar que, en algunos casos, la voluntad de transparencia de un Estado, y en particular de sus nacionales, puede adaptarse mal a la difusión a escala planetaria de tales informaciones.

3 – Otros ejemplos de difusión de datos personales hechos condicionalmente públicos con miras a proteger a la persona interesada:

Las condiciones de acceso a los datos personales contenidos en registros pueden ser muy variadas, según las normativas: por ejemplo, acceso parcial a los datos del registro, comprobación de un interés legítimo, prohibición de uso comercial.

En Alemania, todas las listas de candidatos a una elección federal deben contener nombre y apellido, profesión o situación, día, lugar de nacimiento y dirección. Sin embargo, en las listas hechas públicas antes del escrutinio por el responsable local o del Estado Federado encargado de la organización de las elecciones federales, el día de nacimiento se sustituye por el año de nacimiento.

En Italia, la legislación relativa al registro de empadronamiento que realiza cada municipio prevé la prohibición de comunicar datos a organismos privados y la obligación, por parte de cualquier administración que pueda solicitar la comunicación de datos, de aportar la prueba de un interés público pertinente.

En Francia, el padrón electoral es público a fin de poder auditar su regularidad. La ley permite la utilización con fines políticos por todos los candidatos y todos los partidos y prohíbe el uso comercial. No sería concebible, por tanto, que los padrones electorales pudieran difundirse por Internet.

Del mismo modo, en Francia, los datos personales contenidos en el catastro son públicos, pero está prohibido el uso comercial.

En Grecia, el sistema actual de catastro, organizado sobre la base de un registro alfabético de propietarios de bienes inmuebles, se sustituirá por un registro basado en la definición del bien inmueble, con el fin de impedir que las búsquedas se refieran a los conjuntos de bienes inmueble que pertenecen a una misma persona. Para tener acceso al catastro debe poderse justificar un interés legítimo.

II – LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN CONTRIBUIR A CONCILIAR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU PUBLICIDAD

Sin dejar de favorecer el acceso a los datos públicos, entre otras cosas mediante su “puesta en línea”, las nuevas tecnologías y ciertas medidas administrativas de acompañamiento pueden facilitar el respeto de los principios esenciales de la protección de datos, como son el principio de finalidad, el de información y los derechos de oposición o de seguridad.

No obstante, la utilización de estas tecnologías no presenta una garantía absoluta contra el riesgo de abuso y desvío de principios de protección de datos personales tal como ya se ha descrito.

A – Las condiciones técnicas de acceso a la información del sector público deben contribuir al respeto del principio de finalidad

Habida cuenta de las condiciones de accesibilidad digital del público, es ciertamente muy difícil garantizar en la práctica la especificación de la finalidad, pero un uso ponderado y bien orientado de la técnica debería contribuir a lograr este objetivo. Conviene para ello comprobar y definir en cada caso las condiciones de interrogación. A este respecto, debería aplicarse el principio siguiente: “cualquiera puede acceder a cualquier dato individualmente, en las condiciones autorizadas, pero no a todos los datos en conjunto”. La elección de los criterios de búsqueda que deben introducirse debe excluir cualquier abuso en situación normal. Conviene por otro lado comprobar si no es posible orillar “el obstáculo” obteniendo informaciones complementarias en otras fuentes.

Esta es la razón por la que la consulta en línea de bancos de datos puede ser objeto de restricciones con miras a prevenir el desvío de la finalidad para la cual se hacen públicos los datos. Estas medidas, adaptadas a cada caso, pueden consistir, por ejemplo, en limitar el campo de búsqueda o los criterios de interrogación.

Podemos observar que, en Francia, los extractos de partida de nacimiento son accesibles a cualquier persona que disponga de la identidad, la fecha y el lugar de nacimiento de una persona. El CNIL supeditó la consulta en línea de estos extractos a la condición de que la demanda en línea implique el conjunto de estas informaciones. La determinación de criterios restrictivos de interrogación de la base puede evitar la recogida masiva de este tipo de registros para fines comerciales respetando la finalidad de la accesibilidad.

En Francia también, el listín telefónico publicado en soporte telemático se podía consultar a partir de las primeras letras del nombre, lo que hacía más fácil su descarga completa y su utilización comercial contra la voluntad de algunos abonados que se oponían a este uso. Hacer imposible este tipo de búsqueda en Minitel e Internet permitió prevenir posibles desvíos de finalidad operados por este medio.

En los Países Bajos, los CD-ROM destinados a la difusión de la guía telefónica se concibieron de tal forma que se pudiese impedir la obtención del nombre y la dirección de una persona sabiendo su número de teléfono (no es posible la interrogación de la base de datos a partir únicamente del campo número de teléfono).

Del mismo modo, las bases de datos relativas a los registros de empresas no deben poder interrogarse según el criterio del nombre de una persona, pues ello podría conducir a una búsqueda de todas las empresas en las que figura dicha persona.

B Promover la utilización de instrumentos técnicos que puedan impedir la captación automatizada de datos accesibles en línea

Se podría citar el protocolo de exclusión de los motores de investigación (The Robots Exclusion Protocol) que tiene por objeto impedir la indexación automatizada por un motor de búsqueda de la totalidad o una parte de las páginas de un sitio. En cualquier caso, estos métodos sólo podrán ser eficaces si se informa a los diseñadores de parajes y los internautas de su existencia y si los motores de búsqueda los respetan. Algunas sociedades editoras de motores de búsqueda declaran respetar este protocolo.

III. Utilización comercial

Inicialmente los datos personales en el sector público se recogían y se trataban con objetivos precisos y, en principio, sobre la base de una normativa. A veces la recogida era obligatoria, otras veces era una condición para acceder a un servicio público. El ciudadano interesado no espera inevitablemente que los datos que le conciernen se hagan públicos y se utilicen con fines comerciales. Esta es una de las razones por las cuales algunas legislaciones nacionales permiten el acceso a la información del sector público, prohibiendo, sin embargo, la utilización comercial de esa información, incluyendo los datos personales (13).

Desde el punto de vista de la Directiva 95/46/CE(14), se plantea la cuestión de saber si la utilización comercial debe considerarse como una finalidad incompatible con aquélla para la cual se recogieron inicialmente los datos y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, la cuestión de saber bajo qué condiciones podría considerarse posible la utilización comercial.

Si se admite la publicación y la comercialización de la información del sector público(15), es necesario respetar algunas normas y plantearse caso por caso la cuestión de cómo reconciliar efectivamente el respeto del derecho a la intimidad con los intereses comerciales de los agentes.

(13) Véase Anexo 1 del Libro Verde: Situación actual en los Estados miembros por lo que se refiere a la legislación y las políticas relativas al acceso a la información del sector público, página 21 y siguientes.

(14) Véase apartado 1 del artículo 6 b de la Directiva 95/46/EC.

(15) Conviene señalar que algunos consideran que, dado que la reunión de distintos datos permite establecer perfiles personales, sería necesario prohibir la utilización comercial de los datos de carácter personal o por lo menos limitarla y sancionar las infracciones. Por lo que se refiere a los datos de carácter personal extraídos de fuentes oficiales, no hay ninguna excepción a la obligación de informar a la persona interesada (artículo 11 de la Directiva).

La Directiva 95/46/EC reconoce a la persona interesada el derecho a recibir información del tratamiento de los datos que le conciernen así como, cuando menos, el derecho a oponerse al tratamiento legítimo. Los ciudadanos deben pues ser informadas de la finalidad de comercialización y poder oponerse a tal utilización mediante procedimientos simples y eficaces(16).

En este aspecto, hay aún muchos progresos por hacer. La multiplicidad de fuentes de divulgación de datos, el gran número de agentes, la posibilidad de teledescarga, conducen a defender la idea de una ventanilla única de protección de datos que evite que los ciudadanos tengan de efectuar en multitud de ocasiones la misma diligencia ante el conjunto de los agentes. Eso es lo que ocurre, en varios Estados Miembros, con las listas telefónicas.

Es la razón también por la cual, el CNIL(17) recomendó que todos los editores de listas telefónicas identifiquen para todos los soportes de publicación (papel, CD-ROM, Minitel o Internet) a los suscriptores que hayan ejercido su derecho a oponerse a la utilización de sus datos con fines comerciales.

Esta idea de ventanilla única parece esencial, tanto desde el punto de vista del respeto de los derechos de las personas, como desde el punto de vista de los agentes comerciales que deseen utilizar datos personales.

La conciliación del derecho a la intimidad y de los intereses comerciales de los agentes podría también conducir a que fueran necesarios el consentimiento de la persona(18), o incluso medidas legislativas o reglamentarias, como puede ilustrarse con el siguiente ejemplo:

En un dictamen relativo a la comercialización de datos resultantes de licencias de construcción, la Comisión belga de protección de la intimidad consideró que una nueva finalidad (a saber, la comercialización de los tratamientos de las autoridades públicas), para ser lícita, debe estar legitimada por un fundamento legal o reglamentario que la defina de manera suficientemente precisa. A falta de tal legitimación, la Comisión considera que el interés que persigue la comunicación de los datos a terceros no prevalece sobre el derecho al respeto de la intimidad de la persona cuyos datos se comunican. Una tercera posibilidad consiste en la obtención del consentimiento del interesado para la finalidad de comercialización. Debe darse este consentimiento inequívocamente y con conocimiento de causa, habida cuenta del hecho de que quien desea obtener una licencia de construcción está obligado a presentar un expediente que responde a determinadas condiciones.

Más adelante, en el mismo dictamen, esta comisión belga describe la información de las personas, haciendo hincapié más concretamente en la existencia de un derecho de oposición, a requerimiento y de forma gratuita si los datos se hubieran obtenido con fines de comercialización directa.

(16) Véase artículos 10, 11 y 14 de la Directiva 95/46/EC.

(17) Comisión Nacional de Libertades e Informática, Francia.

(18) Véase artículos 2 h), 7a y 8 de la Directiva 95/46/EC relativa a la definición de “consentimiento” así como la exigencia de formas específicas de consentimiento según el caso

CONCLUSIÓN:

El legislador, cuando desea que un dato se vuelva accesible al público no considera sin embargo que haya de convertirse en res nullius. Tal es la filosofía del conjunto de nuestras legislaciones. El carácter público de un dato de carácter personal, resulte de una normativa o de la voluntad de la propia persona a la que alude el dato, no priva, ipso facto y para siempre, a dicha persona de la protección que le garantiza la ley en virtud de los principios fundamentales de defensa de la identidad humana.

En el debate desarrollado en el marco de la consulta sobre el Libro Verde y en las conclusiones que de él se deriven, es conveniente tener en cuenta, sobre todo, los aspectos y cuestiones siguientes con el fin de reconciliar el respeto del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los ciudadanos con el derecho del público a acceder a la información del sector público:

_ valoración caso por caso de la cuestión de si un dato de carácter personal puede publicarse / hacerse accesible o no, y en caso afirmativo, en qué condiciones y en qué soporte (digitalización o no, difusión en Internet o no, etc.),

_ principios de finalidad y legitimidad,

_ información de la persona en cuestión,

_ derecho de oposición de la persona en cuestión,

_ utilización de las nuevas tecnologías para contribuir al respeto del derecho a la intimidad. Estas directrices parecen imponerse no solamente en las situaciones en las que existe una normativa relativa a la publicidad o el acceso, sino también en aquéllas en las que no parecen ser necesarias medidas reglamentarias para satisfacer la solicitud formulada por el público de acceder a información del sector público, incluidos los datos personales(19).

Pendiente de las conclusiones de la Comisión Europea sobre la consulta en curso, el Grupo manifiesta ya desde ahora su gran interés en seguir contribuyendo a los trabajos previstos en este ámbito, así como en aquéllas cuestiones que se refieren a la puesta a disposición de terceros de las informaciones del sector público que sobrepasen el marco estricto del Libro Verde(20).

(19) Véase nota de la página 2.

(20) Véase por ejemplo lo dicho acerca del apartado 56 (página 9 del Libro Verde) sobre la posibilidad de recogida y reparto de información así como el apartado 123 (página 19) referente a propuestas de actuación para el intercambio de información entre entidades del sector público.

Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de

1999.

Por el Grupo

Peter HUSTINX

Presidente

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DOCE L 201/37 de 31 de julio de 2002)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión (1 ),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2 ),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3 ),

Considerando lo siguiente:

(1)La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos (4 ),insta a los Estados miembros a garantizar los derechos y libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y, en especial, su derecho a la intimidad, de forma que los datos personales puedan circular libremente en la Comunidad.

(2)La presente Directiva pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales y observa los principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Señaladamente, la presente Directiva pretende garantizar el pleno respeto de los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de dicha Carta.

(3)La confidencialidad de las comunicaciones está garantizada de conformidad con los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, especialmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y las constituciones de los Estados miembros.

(4)La Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (5 ), tradujo los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE en normas concretas para el sector de las telecomunicaciones. La Directiva 97/66/CE debe ser adaptada al desarrollo de los mercados y de las tecnologías de los servicios de comunicaciones electrónicas para que el nivel de protección de los datos personales y de la intimidad ofrecido a los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público sea el mismo, con independencia de las tecnologías utilizadas. Procede, pues, derogar dicha Directiva y sustituirla por la presente.

(5)Actualmente se están introduciendo en las redes públicas de comunicación de la Comunidad nuevas tecnologías digitales avanzadas que crean necesidades específicas en materia de protección de datos personales y de la intimidad de los usuarios. El desarrollo de la sociedad de la información se caracteriza por la introducción de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas. El acceso a las redes móviles digitales está ya disponible y resulta asequible para un público muy amplio. Estas redes digitales poseen gran capacidad y muchas posibilidades en materia de tratamiento de los datos personales. El éxito del desarrollo transfronterizo de estos servicios depende en parte de la confianza de los usuarios en que no se pondrá en peligro su intimidad.

(6)Internet está revolucionando las estructuras tradicionales del mercado al aportar una infraestructura común mundial para la prestación de una amplia gama de servicios de comunicaciones electrónicas. Los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público a través de Internet introducen nuevas posibilidades para los usuarios, pero también nuevos riesgos para sus datos personales y su intimidad.

(7)En el caso de las redes públicas de comunicación, deben elaborarse disposiciones legales, reglamentarias y técnicas específicas con objeto de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y los intereses legítimos de las personas jurídicas, en particular frente a la creciente capacidad de almacenamiento y tratamiento informático de datos relativos a abonados y usuarios.

(8)Deben armonizarse las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas adoptadas por los Estados miembros para proteger los datos personales, la intimidad y los intereses legítimos de las personas jurídicas en el sector de las comunicaciones electrónicas, a fin de evitar obstáculos para el mercado interior de las comunicaciones electrónicas de conformidad con el artículo 14 del Tratado. La armonización debe limitarse a los requisitos necesarios para garantizar que no se vean obstaculizados el fomento y el desarrollo de los nuevos servicios y redes de comunicaciones electrónicas entre Estados miembros.

(1 )DO C 365 E de 19.12.2000,p.223.
(2 )DO C 123 de 25.4.2001,p.53.
(3 )Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de noviembre de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial),Posición común del Consejo de 28 de enero de 2002 (DO C 113 E de 14.5.2002,p.39)y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de mayo de 2002 (no publicada aún en el Diario oficial).Decisión del Consejo de 25 de junio de 2002.
(4 )DO L 281 de 23.11.1995,p.31.
(5 )DO L 24 de 30.1.1998,p.1..

(9)Los Estados miembros, los proveedores y usuarios afectados y las instancias comunitarias competentes deben cooperar para el establecimiento y el desarrollo de las tecnologías pertinentes cuando sea necesario para aplicar las garantías previstas en la presente Directiva y teniendo especialmente en cuenta el objetivo de reducir al mínimo el tratamiento de los datos personales y de tratar la información de forma anónima o mediante seudónimos cuando sea posible.

(10)En el sector de las comunicaciones electrónicas es de aplicación la Directiva 95/46/CE, en particular para todas las cuestiones relativas a la protección de los derechos y las libertades fundamentales que no están cubiertas de forma específica por las disposiciones de la presente Directiva, incluidas las obligaciones del responsable del tratamiento de los datos y los derechos de las personas. La Directiva 95/46/CE se aplica a los servicios de comunicaciones electrónicas que no sean de carácter público.

(11)Al igual que la Directiva 95/46/CE, la presente Directiva no aborda la protección de los derechos y las libertades fundamentales en relación con las actividades no regidas por el Derecho comunitario. Por lo tanto, no altera el equilibrio actual entre el derecho de las personas a la intimidad y la posibilidad de que disponen los Estados miembros, según se indica en el apartado 1 del artículo 15 de la presente Directiva, de tomar las medidas necesarias para la protección de la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando las actividades tengan relación con asuntos de seguridad del Estado)y la aplicación del Derecho penal. En consecuencia, la presente Directiva no afecta a la capacidad de los Estados miembros para interceptar legalmente las comunicaciones electrónicas o tomar otras medidas, cuando sea necesario, para cualquiera de estos fines y de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según la interpretación que se hace de éste en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas medidas deberán ser necesarias en una sociedad democrática y rigurosamente proporcionales al fin que se pretende alcanzar y deben estar sujetas, además, a salvaguardias adecuadas, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(12)Los abonados de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público pueden ser personas físicas o jurídicas. Al complementar la Directiva 95/46/CE, la presente Directiva pretende proteger los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad, así como los intereses legítimos de las personas jurídicas. La presente Directiva no supone obligación alguna por parte de los Estados miembros de hacer extensiva la aplicación de la Directiva 95/46/CE a la protección de los intereses legítimos de las personas jurídicas, que está garantizada en el marco de la legislación comunitaria y nacional.

(13)La relación contractual entre un abonado y un proveedor de servicios puede implicar un pago periódico o único por el servicio prestado o por prestar. Las tarjetas de prepago se consideran asimismo un contrato.

(14)Los datos de localización pueden referirse a la latitud, la longitud y la altitud del equipo terminal del usuario, a la dirección de la marcha, al nivel de precisión de la información de la localización, a la identificación de la célula de red en la que está localizado el equipo terminal en un determinado momento o a la hora en que la información de localización ha sido registrada.

(15)Una comunicación puede incluir cualquier dato relativo a nombres, números o direcciones facilitado por el remitente de una comunicación o el usuario de una conexión para llevar a cabo la comunicación. Los datos de tráfico pueden incluir cualquier conversión de dicha información efectuada por la red a través de la cual se transmita la comunicación a efectos de llevar a cabo la transmisión. Los datos de tráfico pueden referirse, entre otras cosas, al encaminamiento, la duración, la hora o el volumen de una comunicación, al protocolo utilizado, a la localización del equipo terminal del remitente o destinatario, a la red en que se origina o concluye la transmisión, al principio, fin o duración de una conexión. También pueden referirse al formato en que la red conduce la comunicación.

(16)La información que forma parte de un servicio de radiodifusión suministrado en una red pública de comunicaciones y está dirigida a una audiencia potencialmente ilimitada no constituye una comunicación con arreglo a la presente Directiva. No obstante, en casos en que se pueda identificar al abonado o usuario individual que recibe dicha información, por ejemplo con servicios de vídeo a la carta, la información conducida queda incluida en el significado del término “comunicación “a efectos de la presente Directiva.

(17)A efectos de la presente Directiva, el consentimiento de un usuario o abonado, independientemente de que se trate de una persona física o jurídica, debe tener el mismo significado que el consentimiento de la persona afectada por los datos tal como se define y se especifica en la Directiva 95/46/CE. El consentimiento podrá darse por cualquier medio apropiado que permita la manifestación libre, inequívoca y fundada de la voluntad del usuario, por ejemplo mediante la selección de una casilla de un sitio web en Internet.

(18)Los servicios con valor añadido pueden consistir, por ejemplo, en recomendaciones sobre las tarifas menos costosas, orientación vial, información sobre tráfico, previsiones meteorológicas o información turística.

(19)La aplicación de determinados requisitos relativos a la presentación y a restricciones en la identificación de la línea de origen y de la línea conectada y al desvío automático de las llamadas a las líneas de abonado conectadas a centrales analógicas no debe ser obligatoria en aquellos casos particulares en los que dicha aplicación resulte imposible técnicamente, o en los que requiera un esfuerzo económico desproporcionado. Es importante que las partes interesadas sean informadas de dichos casos, y por consiguiente los Estados miembros deben notificarlos a la Comisión.

(20)Los proveedores de servicios deben tomar las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de sus servicios, de ser necesario en conjunción con el suministrador de la red, e informar a los abonados de todo riesgo especial relativo a la seguridad de la red. Tales riesgos pueden presentarse especialmente en el caso de los servicios de comunicaciones electrónicas a través de una red abierta como Internet o de una red de telefonía móvil analógica. Resulta particularmente importante que los abonados y usuarios de tales servicios sean plenamente informados por su proveedor de servicios de los riesgos para la seguridad que escapan a posibles soluciones adoptadas por dicho proveedor de servicios. Los proveedores de servicios que ofrecen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público a través de Internet deben informar a usuarios y abonados de las medidas que pueden adoptar para proteger la seguridad de sus comunicaciones, por ejemplo utilizando determinados tipos de soporte lógico o tecnologías de cifrado. La exigencia de informar a los abonados de riesgos de seguridad particulares no exime al proveedor del servicio de la obligación de tomar a sus expensas medidas inmediatas y adecuadas para solucionar cualesquiera riesgos nuevos e imprevistos de seguridad y restablecer el nivel normal de seguridad del servicio. El suministro de información sobre riesgos de seguridad al abonado debe ser gratuito, salvo los costes nominales en que pueda incurrir el abonado al recibir o recoger la información, por ejemplo al cargar un mensaje de correo electrónico. La seguridad se valora a la luz del artículo 17 de la Directiva 95/46/CE.

(21)Deben adoptarse medidas para evitar el acceso no autorizado a las comunicaciones a fin de proteger la confidencialidad de las mismas, incluidos tanto sus contenidos como cualquier dato relacionado con ellas, por medio de las redes públicas de comunicaciones y los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. La legislación nacional de algunos Estados miembros prohíbe solamente el acceso intencionado no autorizado a las comunicaciones.

(22)Al prohibirse el almacenamiento de comunicaciones, o de los datos de tráfico relativos a éstas, por terceros distintos de los usuarios o sin su consentimiento no se pretende prohibir el almacenamiento automático, intermedio y transitorio de esta información, en la medida en que sólo tiene lugar para llevar a cabo la transmisión en la red de comunicaciones electrónicas, y siempre que la información no se almacene durante un período mayor que el necesario para la transmisión y para los fines de la gestión del tráfico, y que durante el período de almacenamiento se garantice la confidencialidad. Cuando resulte necesario para hacer más eficaz la transmisión de toda información públicamente asequible a otros destinatarios del servicio a solicitud de los mismos, la presente Directiva no debe evitar que dicha información siga almacenada más tiempo, siempre que la misma sea, en cualquier caso, asequible al público sin restricciones y que se eliminen todos los datos relativos a los abonados o usuarios individuales que pidan tal información.

(23)La confidencialidad de las comunicaciones debe garantizarse también en el curso de las prácticas comerciales lícitas. Cuando sea necesario y esté legalmente autorizado, las comunicaciones podrán grabarse al objeto de proporcionar la prueba de una transacción comercial. La Directiva 95/46/CE es de aplicación a este tipo de tratamiento. Los interlocutores en las comunicaciones deben ser informados con anterioridad a la grabación sobre la misma, su objeto y la duración de su almacenamiento. La comunicación grabada debe ser eliminada en cuanto sea posible y en cualquier caso a más tardar al concluir el plazo durante el cual dicha transacción puede ser impugnada jurídicamente.

(24)Los equipos terminales de los usuarios de redes de comunicaciones electrónicas, así como toda información almacenada en dichos equipos, forman parte de la esfera privada de los usuarios que debe ser protegida de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los denominados “programas espía” (spyware),web bugs, identificadores ocultos y otros dispositivos similares pueden introducirse en el terminal del usuario sin su conocimiento para acceder a información, archivar información oculta o rastrear las actividades del usuario, lo que puede suponer una grave intrusión en la intimidad de dichos usuarios. Sólo debe permitirse la utilización de tales dispositivos con fines legítimos y con el conocimiento de los usuarios afectados.

(25)No obstante, los dispositivos de este tipo, por ejemplo los denominados “chivatos” (cookies), pueden constituir un instrumento legítimo y de gran utilidad, por ejemplo, para analizar la efectividad del diseño y de la publicidad de un sitio web y para verificar la identidad de usuarios partícipes en una transacción en línea. En los casos en que estos dispositivos, por ejemplo los denominados “chivatos” (cookies ),tengan un propósito legítimo, como el de facilitar el suministro de servicios de la sociedad de la información, debe autorizarse su uso a condición de que se facilite a los usuarios información clara y precisa al respecto, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, para garantizar que los usuarios están al corriente de la información que se introduce en el equipo terminal que están utilizando. Los usuarios deben tener la posibilidad de impedir que se almacene en su equipo terminal un “chivato” (cookie )o dispositivo semejante. Esto es particularmente importante cuando otros usuarios distintos al usuario original tienen acceso al equipo terminal y, a través de éste, a cualquier dato sensible de carácter privado almacenado en dicho equipo. La información sobre la utilización de distintos dispositivos que se vayan a instalar en el equipo terminal del usuario en la misma conexión y el derecho a impedir la instalación de tales dispositivos se pueden ofrecer en una sola vez durante una misma conexión y abarcar asimismo cualquier posible utilización futura de dichos dispositivos en conexiones posteriores. La presentación de la información y del pedido de consentimiento o posibilidad de negativa debe ser tan asequible para el usuario como sea posible. No obstante, se podrá supeditar el acceso a determinados contenidos de un sitio web a la aceptación fundada de un “chivato” (cookie) o dispositivo similar, en caso de que éste tenga un propósito legítimo.

(26)Los datos relativos a los abonados que son tratados en las redes de comunicaciones electrónicas para el establecimiento de conexiones y la transmisión de información contienen información sobre la vida privada de las personas físicas, y afectan al derecho de éstas al respeto de su correspondencia, o se refieren a los intereses legítimos de las personas jurídicas. Dichos datos sólo deben poder almacenarse en la medida en que resulten necesarios para la prestación del servicio, para fines de facturación y para los pagos de interconexión, y durante un tiempo limitado. Cualquier otro tratamiento de dichos datos que el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público pretenda llevar a cabo para la comercialización de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido sólo puede permitirse si el abonado ha manifestado su consentimiento fundado en una información plena y exacta facilitada por el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público acerca del tipo de tratamiento que pretende llevar a cabo y sobre el derecho del abonado a denegar o a retirar su consentimiento a dicho tratamiento. Los datos sobre tráfico utilizados para la comercialización de los servicios de comunicaciones o para la prestación de servicios de valor añadido deben también eliminarse o hacerse anónimos tras la prestación del servicio. Los proveedores de servicios deben mantener siempre informados a los abonados de los tipos de dato que están tratando y de la finalidad y duración del tratamiento.

(27)El momento exacto en que finaliza la transmisión de una comunicación, tras el cual los datos de tráfico deberán eliminarse salvo a efectos de facturación, puede depender del tipo de servicio de comunicaciones electrónicas que se suministre. Por ejemplo, para una llamada de telefonía vocal la transmisión finalizará en cuanto uno de los usuarios interrumpa la conexión; para el correo electrónico la transmisión finaliza en cuanto el destinatario recoge el mensaje, en general del servidor de su proveedor de servicios.

(28)La obligación de eliminar datos de tráfico o de hacerlos anónimos cuando ya no se necesiten para la transmisión de una comunicación no entra en conflicto con procedimientos existentes en Internet como la prelectura en soporte rápido (caching),en el sistema de nombres de dominio, de direcciones IP o el caching de una dirección IP vinculada a una dirección física, o la utilización de información relativa al usuario para controlar el derecho de acceso a redes o servicios.

(29)De ser necesario, el proveedor del servicio puede tratar, en casos concretos, los datos de tráfico relacionados con los abonados y usuarios, a fin de detectar fallos o errores técnicos en la transmisión de las comunicaciones. El proveedor también puede tratar los datos de tráfico necesarios a efectos de facturación a fin de detectar y frenar el fraude consistente en la utilización sin pago de servicios de comunicaciones electrónicas.

(30)Los sistemas para el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas deben diseñarse de modo que se limite la cantidad de datos personales al mínimo estrictamente necesario. Cualesquiera actividades relacionadas con el suministro del servicio de comunicaciones electrónicas que vayan más allá de la transmisión de una comunicación y su facturación debe basarse en datos de tráfico acumulados que no puedan referirse a abonados o usuarios. Cuando dichas actividades no puedan basarse en datos acumulados, deben considerarse servicios con valor añadido para los cuales se requiere el consentimiento del abonado.

(31)El consentimiento que deberá obtenerse para el tratamiento de datos personales a efectos de proporcionar un particular servicio con valor añadido debe ser el del abonado o el del usuario, en función de los datos que deban tratarse y el tipo de servicio que se suministre y de que sea posible desde el punto de vista técnico, de procedimiento y del contrato distinguir la persona que utiliza un servicio de comunicaciones electrónicas de la persona física o jurídica que ha suscrito el mismo.

(32)Si el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas o de un servicio con valor añadido subcontrata el tratamiento de datos personales necesario para la prestación de dichos servicios a otra entidad, dicha subcontratación y el tratamiento de datos subsiguiente deben cumplir plenamente los requisitos relativos a los responsables y a los encargados del tratamiento de datos personales que establece la Directiva 95/46/CE. Si la prestación de un servicio con valor añadido requiere que los datos de tráfico o de localización sean transmitidos por un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas hacia un proveedor de servicios con valor añadido, los abonados o usuarios a los que se refieran dichos datos deben asimismo estar plenamente informados sobre dicha transmisión antes de dar su consentimiento al tratamiento de los datos.

(33)La introducción de facturas desglosadas ha aumentado la posibilidad de que el abonado pueda comprobar que las tarifas aplicadas por el proveedor del servicio son correctas, pero, al mismo tiempo, puede poner en peligro la intimidad de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Por consiguiente, a fin de proteger la intimidad de los usuarios, los Estados miembros deben fomentar el desarrollo de opciones de servicios de comunicaciones electrónicas tales como posibilidades de pago alternativas que permitan el acceso anónimo o estrictamente privado a los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, por ejemplo tarjetas de llamada y posibilidad de pago con tarjetas de crédito. Con idéntico propósito, los Estados miembros podrán pedir a los operadores que ofrezcan a sus abonados otro tipo de factura detallada en la que se omita cierto número de cifras del número llamado.

(34)Es necesario, por lo que respecta a la identificación de la línea de origen, proteger el derecho del interlocutor que efectúa la llamada a reservarse la identificación de la línea desde la que realiza dicha llamada y el derecho del interlocutor llamado a rechazar llamadas procedentes de líneas no identificadas. Está justificado anular la eliminación de la presentación de la identificación de la línea de origen en casos particulares. Determinados abonados, en particular las líneas de ayuda y otras organizaciones similares, tienen interés en garantizar el anonimato de sus interlocutores. Es necesario, por lo que respecta a la identificación de la línea conectada, proteger el derecho y el interés legítimo del interlocutor llamado a impedir la presentación de la identificación de la línea a la que está conectado realmente el interlocutor llamante, en particular en el caso de las llamadas que han sido desviadas. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben informar a sus abonados de la existencia de la identificación de líneas llamantes y conectadas en la red y de todos los servicios ofrecidos a partir de la identificación de las líneas llamantes y conectadas, así como sobre las opciones de confidencialidad disponibles. Esto permitirá a los abonados decidir con conocimiento de causa las posibilidades de confidencialidad que deseen utilizar. Las opciones de confidencialidad ofrecidas caso por caso no tienen que estar disponibles necesariamente como servicio de la red automática, pero sí obtenerse mediante simple solicitud al proveedor del servicio de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

(35)En las redes móviles digitales se tratan los datos sobre localización que proporcionan la posición geográfica del equipo terminal del usuario móvil para hacer posible la transmisión de las comunicaciones. Tales datos constituyen datos sobre tráfico a los que es aplicable el artículo 6 de la presente Directiva. Sin embargo, además, las redes móviles digitales pueden tener la capacidad de tratar datos sobre localización más precisos de lo necesario para la transmisión de comunicaciones y que se utilizan para la prestación de servicios de valor añadido tales como los servicios que facilitan información sobre tráfico y orientaciones individualizadas a los conductores. El tratamiento de tales datos para la prestación de servicios de valor añadido sólo debe permitirse cuando los abonados hayan dado su consentimiento. Incluso en los casos en que los abonados hayan dado su consentimiento, éstos deben contar con un procedimiento sencillo y gratuito de impedir temporalmente el tratamiento de los datos sobre localización.

(36)Los Estados miembros podrán restringir el derecho a la intimidad de los usuarios y abonados por lo que se refiere a la identificación de la línea de origen en los casos en que ello sea necesario para rastrear llamadas malevolentes, y en lo tocante a la identificación y localización de dicha línea cuando sea preciso para que los servicios de socorro cumplan su cometido con la máxima eficacia posible. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar disposiciones específicas que permitan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ofrecer el acceso a la identificación y localización de la línea de origen sin el consentimiento previo de los usuarios o abonados de que se trate.

(37)Deben ofrecerse garantías a los abonados contra las molestias que puedan causar las llamadas desviadas automáticamente por otros. Además en tales casos, los abonados deben poder detener las llamadas desviadas hacia sus terminales mediante simple solicitud al proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

(38)Las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas alcanzan gran difusión y tienen carácter público. El derecho a la intimidad de las personas físicas y el interés legítimo de las personas jurídicas exigen que los abonados puedan decidir si se hacen públicos sus datos personales en dichas guías y, caso de hacerse públicos, cuáles de ellos. Los suministradores de guías públicas deben informar a los abonados que vayan a incluirse en tales guías acerca de la finalidad de las mismas y de cualquier uso particular que pueda hacerse de las versiones electrónicas de las guías públicas, especialmente a través de funciones de búsqueda incorporadas al soporte lógico, tales como las funciones de búsqueda inversa que permiten al usuario de la guía averiguar el nombre y la dirección del abonado a partir exclusivamente de un número de teléfono.

(39)Debe imponerse a quien recoja datos para ser incluidos en las guías públicas en las que figuren los datos personales de los abonados la obligación de informar a estos últimos acerca de los objetivos de dichas guías. Cuando los datos puedan ser transmitidos a una o más terceras partes, debe informarse al abonado de esta posibilidad, así como acerca del destinatario o de las categorías de posibles destinatarios. Cualquier transmisión debe estar sujeta a la condición de que los datos no puedan utilizarse para otros fines más que aquéllos para los que se recojan. Si quien recoge datos del usuario o cualquier tercero a quien se hayan transmitido los datos desea utilizarlos con un fin suplementario, la renovación del consentimiento del abonado deberá obtenerla ya sea quien recogió inicialmente los datos o el tercero a quien se hayan transmitido.

(40)Deben ofrecerse garantías a los abonados contra la intrusión en su intimidad mediante comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, especialmente a través de llamadores automáticos, faxes y mensajes de correo electrónico, incluidos los de SMS. Por una parte, el envío de estas formas de comunicaciones comerciales no solicitadas puede resultar relativamente sencillo y económico, y por otra, puede conllevar una molestia e incluso un coste para el receptor. Además, en algunos casos su volumen puede dar lugar a dificultades en las redes de comunicaciones electrónicas y en los equipos terminales. Se justifica, para este tipo de comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, la exigencia de obtener el consentimiento expreso previo de los receptores antes de que puedan dirigírseles comunicaciones de esta índole. El mercado único requiere un planteamiento armonizado que garantice la existencia de normas sencillas aplicadas a escala comunitaria, tanto para las empresas como para los usuarios.

(41)En el contexto de una relación preexistente con el cliente, es razonable admitir el uso de las señas electrónicas del cliente con objeto de ofrecer productos o servicios similares, pero exclusivamente por parte de la misma empresa que haya obtenido las señas electrónicas de conformidad con la Directiva 95/46/CE. En el momento de recabarse las señas electrónicas, debe informarse al cliente de manera clara e inequívoca sobre su uso ulterior con fines de venta directa, y debe dársele la posibilidad de negarse a dicho uso. Debe seguir ofreciéndose al cliente esta posibilidad cada vez que reciba un mensaje ulterior de venta directa, sin cargo alguno salvo los posibles costes de transmisión de esta negativa.

(42)El caso de otras formas de venta directa que resultan más onerosas para el remitente y no implican costes financieros para los abonados y usuarios, como las llamadas personales de telefonía vocal, se puede justificar el mantenimiento de un sistema que dé a los abonados o usuarios la posibilidad de indicar que no desean recibir llamadas de ese tipo. Sin embargo, a fin de no disminuir los niveles actuales de protección de la intimidad, debe facultarse a los Estados miembros para mantener sus sistemas nacionales que únicamente autoricen ese tipo de llamadas cuando los abonados y usuarios hayan dado su consentimiento previo.

(43)Para facilitar la aplicación efectiva de las normas comunitarias en materia de mensajes no solicitados con fines de venta directa, es preciso prohibir el uso de identidades falsas y de domicilios y números de contacto falsos cuando se envían mensajes no solicitados con fines de venta directa.

(44)Determinados sistemas de correo electrónico ofrecen al usuario la posibilidad de ver la identidad del remitente y el asunto del mensaje, así como borrar el mensaje, sin tener que descargar el resto del contenido ni los ficheros anexos, reduciendo con ello los costes que podrían derivarse de descargar mensajes o ficheros no solicitados. Estas modalidades de funcionamiento pueden seguir siendo útiles en determinados casos, como instrumento añadido a las obligaciones generales que se establecen en la presente Directiva.

(45)La presente Directiva no afecta a las disposiciones tomadas por los Estados miembros para proteger los intereses legítimos de las personas jurídicas en lo que se refiere a las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa. En caso de que los Estados miembros establezcan un registro de autoexclusión de dicho tipo de comunicaciones con destino a las personas jurídicas, en su mayor parte usuarios comerciales, serán de plena aplicación las disposiciones del artículo 7 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (1 ).

(46)Las funcionalidades para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas pueden estar integradas en la red o en cualquier parte del equipo terminal del usuario, incluido el soporte lógico. La protección de los datos personales y la intimidad del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público debe ser independiente de la configuración de los distintos componentes necesarios para prestar el servicio y de la distribución de las funcionalidades necesarias entre dichos componentes. La Directiva 95/46/CE cubre cualquier forma de tratamiento de datos personales con independencia de la tecnología utilizada. La existencia de normas específicas para los servicios de comunicaciones electrónicas, junto a las normas generales para los demás componentes necesarios para la prestación de tales servicios, podría no facilitar la protección de los datos personales y la intimidad de modo tecnológicamente neutro. Por consiguiente, puede resultar necesario adoptar medidas que exijan a los fabricantes de determinados tipos de equipos utilizados en los servicios de comunicaciones electrónicas que fabriquen sus productos de manera que incorporen salvaguardias para garantizar la protección de los datos personales y la intimidad del usuario y el abonado. La adopción de dichas medidas de conformidad con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999,sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (2 ),garantizará que la introducción de características técnicas en los equipos de comunicaciones electrónicas, incluido el soporte lógico, para fines de protección de datos esté armonizada a fin de que sea compatible con la realización del mercado interior.

(47)En los casos en que no se respeten los derechos de los usuarios y abonados, el Derecho nacional debe prever vías de recurso judiciales. Deben imponerse sanciones a aquellas personas, ya sean de Derecho público o privado, que incumplan las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva.

(48)Resulta útil en el ámbito de aplicación de la presente Directiva aprovechar las experiencias del Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, compuesto por representantes de las autoridades de control de los Estados miembros y creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE.

(49)Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, son necesarias determinadas disposiciones particulares para el tratamiento de datos ya en curso el día en que entre en vigor la legislación nacional de aplicación de la presente Directiva.

(1 )DO L 178 de 17.7.2000,p.1.

(2 )DO L 91 de 7.4.1999,p.10..

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1. Ámbito de aplicación y objetivo
1.La presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados miembros necesarias para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

2.Las disposiciones de la presente Directiva especifican y completan la Directiva 95/46/CE a los efectos mencionados en el apartado 1. Además, protegen los intereses legítimos de los abonados que sean personas jurídicas.

3.La presente Directiva no se aplicará a las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, como las reguladas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, ni, en cualquier caso, a las actividades que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dichas actividades estén relacionadas con la seguridad del mismo)y a las actividades del Estado en materia penal.

Artículo 2. Definiciones
Salvo disposición en contrario, serán de aplicación a efectos de la presente Directiva las definiciones que figuran en la Directiva 95/46/CE y en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)(1 ).

Además, a efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a)”usuario”:una persona física que utiliza con fines privados o comerciales un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público, sin que necesariamente se haya abonado a dicho servicio;

b)”datos de tráfico”:cualquier dato tratado a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas o a efectos de la facturación de la misma;

c)”datos de localización”:cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público;

d)”comunicación”:cualquier información intercambiada o conducida entre un número finito de interesados por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. No se incluye en la presente definición la información conducida, como parte de un servicio de radiodifusión al público, a través de una red de comunicaciones electrónicas, excepto en la medida en que la información pueda relacionarse con el abonado o usuario identificable que reciba la información;

e)”llamada”:una conexión establecida por medio de un servicio telefónico disponible para el público que permita la comunicación bidireccional en tiempo real;

f)”consentimiento”de un usuario o abonado: el consentimiento del interesado, con arreglo a la definición de la Directiva 95/46/CE;

g)”servicio con valor añadido”:todo servicio que requiere el tratamiento de datos de tráfico o datos de localización distintos de los de tráfico que vayan más allá de lo necesario para la transmisión de una comunicación o su facturación;

h)”correo electrónico”:todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red de comunicaciones pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo.

Artículo 3. Servicios afectados

1.La presente Directiva se aplicará al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en las redes públicas de comunicaciones de la Comunidad.

2.Los artículos 8,10 y 11 se aplicarán a las líneas de abonado conectadas a centrales digitales y, siempre y cuando sea técnicamente posible y no exija un esfuerzo económico desproporcionado, a las líneas de abonado conectadas a centrales analógicas.

3.Los Estados miembros notificarán a la Comisión aquellos casos en los que no sea posible técnicamente o exija un esfuerzo económico desproporcionado cumplir los requisitos de los artículos 8,10 y 11.

Artículo 4. Seguridad
1.El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público deberá adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus servicios, de ser necesario en colaboración con el proveedor de la red pública de comunicaciones por lo que respecta a la seguridad de la red. Considerando las técnicas más avanzadas y el coste de su aplicación, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

2.En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público deberá informar a los abonados sobre dicho riesgo y, cuando el riesgo quede fuera del ámbito de las medidas que deberá tomar el proveedor del servicio, sobre las posibles soluciones, con una indicación de los posibles costes.

Artículo 5. Confidencialidad de las comunicaciones
1.Los Estados miembros garantizarán, a través de la legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones, y de los datos de tráfico asociados a ellas, realizadas a través de las redes públicas de comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. En particular, prohibirán la escucha, la grabación, el almacenamiento u otros tipos de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas por personas distintas de los usuarios, sin el consentimiento de los usuarios interesados, salvo cuando dichas personas estén autorizadas legalmente a hacerlo de conformidad con el apartado 1 del artículo 15. El presente apartado no impedirá el almacenamiento técnico necesario para la conducción de una comunicación, sin perjuicio del principio de confidencialidad.

2.El apartado 1 no se aplicará a las grabaciones legalmente autorizadas de comunicaciones y de los datos de tráfico asociados a ellas cuando se lleven a cabo en el marco de una práctica comercial lícita con el fin de aportar pruebas de una transacción comercial o de cualquier otra comunicación comercial.

3.Los Estados miembros velarán por que únicamente se permita el uso de las redes de comunicaciones electrónicas con fines de almacenamiento de información o de obtención de acceso a la información almacenada en el equipo terminal de un abonado o usuario a condición de que se facilite a dicho abonado o usuario información clara y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y de que el responsable del tratamiento de los datos le ofrezca el derecho de negarse a dicho tratamiento. La presente disposición no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar o facilitar la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida de lo estrictamente necesario a fin de proporcionar a una empresa de información un servicio expresamente solicitado por el usuario o el abonado.

Artículo 6. Datos de tráfico
1.Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2,3 y 5 del presente artículo y en el apartado 1 del artículo 15, los datos de tráfico relacionados con abonados y usuarios que sean tratados y almacenados por el proveedor de una red pública de comunicaciones o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sea necesario a los efectos de la transmisión de una comunicación.

2.Podrán ser tratados los datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones. Se autorizará este tratamiento únicamente hasta la expiración del plazo durante el cual pueda impugnarse legalmente la factura o exigirse el pago.

3.El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público podrá tratar los datos a que se hace referencia en el apartado 1 para la promoción comercial de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios con valor añadido en la medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoción comercial, siempre y cuando el abonado o usuario al que se refieran los datos haya dado su consentimiento. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tráfico en cualquier momento.

4.El proveedor del servicio deberá informar al abonado o al usuario de los tipos de datos de tráfico que son tratados y de la duración de este tratamiento a los efectos mencionados en el apartado 2 y, antes de obtener el consentimiento, a los efectos contemplados en el apartado 3.

5.Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de tráfico, de conformidad con los apartados 1,2,3 y 4,las personas que actúen bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que se ocupen de la facturación o de la gestión del tráfico, de las solicitudes de información de los clientes, de la detección de fraudes, de la promoción comercial de los servicios de comunicaciones electrónicas o de la prestación de un servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario para realizar tales actividades.

6.Los apartados 1,2,3 y 5 se aplicarán sin perjuicio de la posibilidad de que los organismos competentes sean informados de los datos de tráfico con arreglo a la legislación aplicable, con vistas a resolver litigios, en particular los relativos a la interconexión o a la facturación.

Artículo 7. Facturación desglosada
1.Los abonados tendrán derecho a recibir facturas no desglosadas.

2.Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales a fin de conciliar los derechos de los abonados que reciban facturas desglosadas con el derecho a la intimidad de los usuarios que efectúen las llamadas y de los abonados que las reciban, por ejemplo, garantizando que dichos usuarios y abonados dispongan de suficientes modalidades alternativas de comunicación o de pago que potencien la intimidad.

Artículo 8. Presentación y restricción de la identificación de la línea de origen y de la línea conectada
1.Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen, el proveedor del servicio deberá ofrecer al usuario que efectúe la llamada la posibilidad de impedir en cada llamada, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen. El abonado que origine la llamada deberá tener esta posibilidad para cada línea.

2.Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, siempre que haga un uso razonable de esta función, de impedir la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes.

3.Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen y ésta se presente antes de que se establezca la llamada, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, mediante un procedimiento sencillo, de rechazar las llamadas entrantes procedentes de usuarios o abonados que hayan impedido la presentación de la identificación de la línea de origen.

4.Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea conectada, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de impedir la presentación de la identificación de la línea conectada al usuario que efectúa la llamada.

5.Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán también a las llamadas efectuadas desde la Comunidad a terceros países. Las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán también a las llamadas entrantes procedentes de terceros países.

6.Los Estados miembros velarán por que, cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen o de la línea conectada, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público informen al público sobre dicha posibilidad y sobre las que se establecen en los apartados 1 a 4.

Artículo 9. Datos de localización distintos de los datos de tráfico
1.En caso de que puedan tratarse datos de localización, distintos de los datos de tráfico, relativos a los usuarios o abonados de redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, sólo podrán tratarse estos datos si se hacen anónimos, o previo consentimiento de los usuarios o abonados, en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación de un servicio con valor añadido. El proveedor del servicio deberá informar a los usuarios o abonados, antes de obtener su consentimiento, del tipo de datos de localización distintos de los datos de tráfico que serán tratados, de la finalidad y duración del tratamiento y de si los datos se transmitirán a un tercero a efectos de la prestación del servicio con valor añadido. Se deberá ofrecer a los usuarios y abonados la posibilidad de retirar en todo momento su consentimiento para el tratamiento de los datos de localización distintos de los datos de tráfico.

2.Cuando se haya obtenido el consentimiento de un usuario o abonado para el tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico, el usuario o abonado deberá seguir contando con la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de rechazar temporalmente el tratamiento de tales datos para cada conexión a la red o para cada transmisión de una comunicación.

3.Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico de conformidad con los apartados 1 y 2 personas que actúen bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o del tercero que preste el servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario a efectos de la prestación del servicio con valor añadido.

Artículo 10. Excepciones
Los Estados miembros velarán por que existan procedimientos transparentes que determinen la forma en que el proveedor de una red pública de comunicaciones o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público podrá anular:

a) la supresión de la presentación de la identificación de la línea de origen por un período de tiempo limitado, a instancia de un abonado que solicite la identificación de llamadas malevolentes o molestas; en tal caso, los datos que incluyan la identificación del abonado que origina la llamada serán almacenados y facilitados por el proveedor de la red pública de comunicaciones o del servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público, de acuerdo con el Derecho nacional;

b) la supresión de la presentación de la identificación de la línea de origen y el rechazo temporal o la ausencia de consentimiento de un abonado o un usuario para el tratamiento de los datos de localización, de manera selectiva por línea, para las entidades reconocidas por un Estado miembro para atender llamadas de urgencia, incluidos los cuerpos de policía, los servicios de ambulancias y los cuerpos de bomberos, para que puedan responder a tales llamadas.

Artículo 11. Desvío automático de llamadas
Los Estados miembros velarán por que todo abonado tenga la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de detener el desvío automático de llamadas a su terminal por parte de un tercero.

Artículo 12. Guías de abonados
1.Los Estados miembros velarán por que se informe gratuitamente a los abonados antes de ser incluidos en las guías acerca de los fines de las guías de abonados, impresas o electrónicas, disponibles al público o accesibles a través de servicios de información sobre las mismas, en las que puedan incluirse sus datos personales, así como de cualquier otra posibilidad de uso basada en funciones de búsqueda incorporadas en las versiones electrónicas de la guía.

2.Los Estados miembros velarán por que los abonados tengan oportunidad de decidir si sus datos personales figuran en una guía pública, y en su caso cuáles de ellos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor, y de comprobar, corregir o suprimir tales datos. La no inclusión en una guía pública de abonados, así como la comprobación, corrección o supresión de datos personales de una guía, no deberán dar lugar al cobro de cantidad alguna.

3.Los Estados miembros podrán exigir que para cualquier finalidad de una guía pública distinta de la búsqueda de datos de contacto de personas a partir de su nombre y, si resulta necesario, de un mínimo de otros identificadores, se recabe el consentimiento específico de los abonados.

4.Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros velarán asimismo, en el marco del Derecho comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a su inclusión en guías públicas.

Artículo 13. Comunicaciones no solicitadas
1.Sólo se podrá autorizar la utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana (aparatos de llamada automática),fax o correo electrónico con fines de venta directa respecto de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo.

2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1,cuando una persona física o jurídica obtenga de sus clientes la dirección de correo electrónico, en el contexto de la venta de un producto o de un servicio de conformidad con la Directiva 95/46/CE, esa misma persona física o jurídica podrá utilizar dichas señas electrónicas para la venta directa de sus propios productos o servicios de características similares, a condición de que se ofrezca con absoluta claridad a los clientes, sin cargo alguno y de manera sencilla, la posibilidad de oponerse a dicha utilización de las señas electrónicas en el momento en que se recojan las mismas y, en caso de que el cliente no haya rechazado inicialmente su utilización, cada vez que reciban un mensaje ulterior.

3.Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para garantizar, que, sin cargo alguno, no se permitan las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa en casos que no sean los mencionados en los apartados 1 y 2,bien sin el consentimiento del abonado, bien respecto de los abonados que no deseen recibir dichas comunicaciones. La elección entre estas dos posibilidades será determinada por la legislación nacional.

4.Se prohibirá, en cualquier caso, la práctica de enviar mensajes electrónicos con fines de venta directa en los que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación, o que no contengan una dirección válida a la que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga fin a tales comunicaciones.

5.Los apartados 1 y 3 se aplicarán a los abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros velarán asimismo, en el marco del Derecho comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a las comunicaciones no solicitadas.

Artículo 14. Características técnicas y normalización
1.Al aplicar las disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros velarán, sin perjuicio de los apartados 2 y 3, por que no se impongan requisitos obligatorios respecto de características técnicas específicas a los equipos terminales u otros equipos de comunicaciones electrónicas que puedan obstaculizar la puesta en el mercado de dichos equipos y su libre circulación en los Estados miembros y entre estos últimos.

2.Cuando las disposiciones de la presente Directiva sólo puedan aplicarse mediante la implantación de características técnicas específicas en las redes de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros informarán a la Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (1).

3.Cuando proceda, se podrán adoptar medidas para garantizar que los equipos terminales estén fabricados de manera compatible con el derecho de los usuarios de proteger y controlar el uso de sus datos personales, de conformidad con la Directiva 1999/5/CE y la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones (2 ).

Artículo 15. Aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 95/46/CE
1.Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones que se establecen en los artículos 5 y 6,en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en el artículo 9 de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado. Todas las medidas contempladas en el presente apartado deberán ser conformes con los principios generales del Derecho comunitario, incluidos los mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

2.Las disposiciones del capítulo III sobre recursos judiciales, responsabilidad y sanciones de la Directiva 95/46/CE se aplicarán a las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y a los derechos individuales derivados de la misma.

3.El Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, ejercerá también las funciones especificadas en el artículo 30 de dicha Directiva por lo que se refiere a los asuntos objeto de la presente Directiva, a saber, la protección de los derechos y las libertades fundamentales y de los intereses legítimos en el sector de las comunicaciones electrónicas.

Artículo 16. Disposiciones transitorias
1.El artículo 12 no se aplicará a las ediciones de guías ya producidas o puestas en el mercado en forma impresa o electrónica no conectada antes de que entren en vigor las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva.

2.Cuando los datos personales de los abonados a la telefonía vocal pública de tipo fijo o móvil se hayan incluido en una guía de abonados pública de conformidad con las disposiciones de la Directiva 95/46/CE y del artículo 11 de la Directiva 97/66/CE antes de que las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva entren en vigor, los datos personales de dichos abonados podrán seguir incluidos en dicha guía pública, en su versión impresa o electrónica, incluidas las versiones con funciones de búsqueda retrospectiva, a menos que los abonados indiquen lo contrario, tras haber recibido información completa sobre los fines y opciones con arreglo al artículo 12 de la presente Directiva.

(1) DO L 204 de 21.7.1998,p.37;Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998,p.18).
(2) DO L 36 de 7.2.1987,p.31;Decisión cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.

Artículo 17. Incorporación al Derecho nacional
1.Los Estados miembros pondrán en vigor antes del 31 de octubre de 2003 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 18. Revisión
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar tres años después de la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 17,un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y su impacto en los operadores económicos y los consumidores, con especial atención a las disposiciones sobre comunicaciones no solicitadas y teniendo en cuenta la situación internacional. Para ello, la Comisión podrá recabar información de los Estados miembros, quienes deberán facilitarla sin retrasos indebidos. Cuando proceda, la Comisión presentará propuestas para modificar la presente Directiva teniendo en cuenta los resultados del informe mencionado, los cambios que hayan podido tener lugar en el sector y cualquier otra propuesta que juzgue necesaria para mejorar la eficacia de la presente Directiva.

Artículo 19. Derogación
Se deroga la Directiva 97/66/CE con efecto a partir de la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 17.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 20. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .

Artículo 21. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2002.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente P.COX

Por el Consejo
El Presidente T.PEDERSEN

Section 11.- The rights to protection of his / her personhood, in particular of his or her life and health, civic honour and human dignity as well as of its privacy, name and expressions of personal nature.

Section 12.- Concerning the writings of personal nature, portraits, images, video and audio records images and pictures of natural persons. The possibilities of their making or using are conditioned by consent of the natural person. The consent is not necessary in the cases stipulated by the act.

Section 13.- Concerning the removal of consequences of illegitimate infringement upon the right to the privacy protection of the natural person and the right to a remedy of non-proprietary damage by means of money as well.

Section 15.- After the death of the individual, the right to protection of personhood may be asserted by his or her spouse or children or, if there are no spouse or children, to his or her parents.

Section 16.- Concerning the responsibility of a person for the damage caused by his/her ilegitimate infringement upon the right to the protection of personality of other natural person.  

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ESTONIA (1)

Chapter 1.- GENERAL PROVISIONS

§ 1.　Objective

The objective of this act is to ensure the transparent, purposeful and economical use of financial resources of the contracting authority, the equal treatment of the participants and effective use of existing competition in public procurements.

§ 2.　Scope of application of the act

(1) This act provides for the public procurement procedures, the rights and obligations of subjects involved in public procurement and their liability for violation of this act, and the procedure for the exercise of state supervision and the settlement of appeals.

(2) For the purposes of this act, “public procurement” means purchasing of goods, contracting for provision of services, organising design contests, contracting for public works and granting of works and service concessions by the contracting authority and contracting for works by the concessionaire of  works concession.

§ 3. General principles of public procurement

The contracting authority is obliged to comply with the following principles in organising public procurements:

1)　　　　　　The contracting authority should use financial resources economically and expediently and achieve the objective of the public procurement with the reasonable price by ensuring the best price and quality ratio by comparing different tenders in case of existing competition;

2)　　　　　　The contracting authority should guarantee the transparency and verifiability of the public procurement;

3)　　　　　　The contracting authority should treat all persons whose place of residence or location is in Estonia, in some other Member State of the European Union, in other　state which is a contracting party to the EEA Agreementor in the country having joined the WTO Agreement on Government Procurement (GPA), equally and non-discriminatorily and follow that setting the restrictions and criteria for all persons comply with the proportionality, relevance and justification principles in relation to the object of the public procurement;

4)　　　　　　The contracting authority should ensure effective use of the existing competition in public procurements, whereas the participation of the legal person governed by public law or the person governed by private law using the public means in the public procurement should not distort competition due to its use of public means;

5)　　　　　　The contracting authority should avoid the conflict of interests distorting the competition;

6)　　　　　　If possible, the contracting authority should prefer environmentally safe solutions.

§ 4. Public contract

(1) For the purposes of this act, “public contract” means a contract with mutual material obligations awarded between one or several contracting authorities and one or several persons as a result of the public procurement, the object of which are, services or public works. The provisions stipulated on the type of the relevant contract are applied to the procurement contract in the legal acts.

(2) The public contract may be awarded by the contracting authority only in the terms and conditions stipulated in this act. The non-compliance with the requirements stipulated in the act has no impact on the validity of the public contract, if not stipulated otherwise in this act.

(3) The public works contract includes contracting for:

1)　　　　　　Execution of any public works mentioned in annex 1 of this act or both execution and the design of public works;

2)　　　　　　Construction of the building or construction and the design or

3)　　　　　　Prior to acquisition, lease or rental of the immovable or the related right by the contracting authority or by giving it into the disposal of the contracting authority on other legal basis, performing of the public works regarding this immovable according to the requirements specified by the contracting authority based on any method and means.

(4) The public supply contract is the contract having as their object the purchase, also hire, rental or lease, with or without the option to buy, of . A public contract which also includes the delivery of and installation operations shall be considered to be also a public supply contract.

(5) The services referred to in annex 2 of this act are contracted for with the public service contract.

(6) A public contract having as its object both the purchase of and contracting for services mentioned in the annex 2 of this act shall be considered to be a public service contract if the expected cost of the services contracted for with the public contract exceeds that of the to be purchased. In other case it is the public supply contract.

(7) A public contract having as its object both the purchase of and contracting for services mentioned in the annex 2 of this act and which includes the contracting for public works mentioned in annex 1 are only incidental to the principal object of the contract shall be considered respectively either the supply or service public contract.

(8) The contracting authority may not purchase or contract for services with the public works contract which are not necessary for carrying out the public works as the object of this public contract.

§ 5. Form of public contract

(1) The public contract the cost of which is at least 10,000 euros without VAT should be awarded in the written form.

(2) Each contracting authority establishes the form requirements for the public contracts to be awarded, the cost of which remains below the rate mentioned in subsection 1 of this section.

(3) The non-compliance with the form mentioned in this section has no impact on the validity of the public contract.

§ 6.　Concessions

(1) Public works concession for the purposes of this act is a contract the object of which is the same as in the public works contract mentioned in section 4(3) of this act and according to which the fee for the works mentioned in the same subsection lies either in the right of the concessionaire to exploit the work or in that right together with the monetary payment of the contracting authority.

(2) A service concession for the purposes of this act is a contract the object of which is the contracting for services mentioned in annex 2 of this act and according to which the fee for the provision of services lies either solely in the right of the concessionaire to provide the specific service and receive fee for the provision of the service from the users of this service or in that right together with the monetary payment of the contracting authority.

§ 7.　Framework agreement

(1) For the purposes of this act, “framework agreement” is an agreement between one or more contracting authorities and one or several persons, which establishes the terms governing contracts to be awarded within its validity period on the basis of the latter, in particular with regard to price or price and the quantities or volumes envisaged.　

(2) The terms regarding the public contracts are applied to the framework agreements, if not stipulated otherwise in this act.

§ 8. Dynamic purchasing system

(1) For the purposes of this act, a dynamic purchasing system is an electronic process for award of public contracts, during which all interested persons meeting the qualification requirements and who submit an indicative tender which complies with the technical specification prepared by the contracting authority, may join with it and the contracting authority may award the public contracts with the tenderers having joined the dynamic purchasing system within this period of usage according to simplified procedure.

(2) The dynamic purchasing system may be established by the contracting authority with the term of up to four years, if the longer term than that is　not objectively necessary and justified resulting from the object of the dynamic purchasing system. The contracting authority proceeds, inter alia, from the provisions stipulated in section 58 (2-3) of this act in creating the dynamic purchasing system and awarding the public contracts on the basis of the latter.

(3) The terms and procedure for creating and use of dynamic purchasing system and awarding the public contracts based on the dynamic purchasing system shall be established by the Government of the Republic.

(4) The indicative tender in the meaning of this act is the expression of will of the person for joining the dynamic purchasing system which complies with the technical description prepared by the contracting authority. The indicative tender is not the expression of will for awarding the public contract.

§ 9. Design contest

(1) For the purposes of this Act the design contest is a procedure which enables the contracting authority to acquire, mainly in the fields of planning, architecture, engineering works, information systems, software development or data processing, a plan or design selected by a jury in the course of the competition.

(2) The design contest may be organised with the objective to award the public service contract with the winner of the design contest or only with the objective to find suitable design solution for the contracting authority, by giving the prizes to the winners or paying the participation fees to the participants.

§ 10.　Contracting authority

(1) The procedure stipulated in this act shall be followed by the following persons and institutions (hereinafter the contracting authority):

1)　　　state or state authority;

2)　　　local government entity, its authority or association;

3)　　   other legal person governed by public law or a body of legal person governed by public law;

4)　　　a foundation at least one of which founders is a state or which founders include more than half of the persons specified in clauses 2 or 3 of this subsection or more than half of the members of which supervisory board are determined by the persons specified in clauses 1-3;

5)　　　a non-profit association if more than half of its members are persons specified in clauses 1-3 of this subsection;

6)　　　another legal person in private law which is compliant with the characteristics stipulated in subsection 2 of this section.

(2) The legal person in private law in the meaning of subsection 1 (6) of this section of the contracting authority is:

1)　　　which is founded or which operates in the public interests, which has no industrial nor commercial nature and;

2)　　　which are mainly financed or where more than half of the members of its management board, administrative body or supervisory board are appointed by or its management is controlled in any other way together or separately by the other persons mentioned in 6) or 1)-5) of the subsection 1 or the relevant persons of any other　state which is a contracting party to the EEA Agreement.

(3) The contracting authority for the purposes of this act in operations in the fields of activities mentioned in § 83-89 is also:

1)　　　the person whom the special or sole right has been given for acting in the fields of activities mentioned in § 83-89;

2)　　　the company with more than half of which share capital is owned by or more than half of the votes represented with the shares or more than half of the members of which management or supervisory board are appointed directly or indirectly by the persons mentioned in subsection 1 of this section or these persons with the relevant persons of any other Member State of the European Union.

(4) The founder of the person provided in clause 6 of subsection 1 of this section specifies the status of the person as to the features stipulated in subsection 2 in founding the person and the person itself specifies the relevant status for itself in receipt of the public task to be performed or in other case in changing one’s status as to the features stipulated in subsection 2 and immediately notifies the Public Procurement Office of the latter.

§ 11. Contracting for works financed by the contracting authority and the works of the immovable given to the contracting authority by other persons

(1) The provisions of this act regarding the contracting authority mentioned in subsection 1 of § 10 of this act should be followed by each person while contracting for the works to be financed within more than 50 percent by the persons specified in subsection 1 of § 10:

1)　　　　　　The works of engineer technical facilities or the buildings medical or educational establishments, works of administrative buildings or sports, recreational or leisure facilities mentioned in class 45.21 of annex 1 of this act and the estimated cost of these works without VAT is equal to the marginal rate of the public procurement in case of the works contract or exceeds it or

2)　　　　　　the services related to the works specified in article 1 of this subsection and the estimated cost of these services without VAT is equal to the marginal rate of the public procurement in case of the supply and service contract or exceeds it.

(2) In concluding the works contract each person contracting for the works specified in clause 3 of subsection 3 of § 4 of this act for the performing of the obligation related to the delivery of the immovable or its related right to the contracting authority or other obligation related to the use of other immovable, is obliged to follow the provisions of this act on the relevant contracting authority.

§ 12. Tenderer and candidate

(1) The tenderer for the purpose of this act is the person who has submitted the tender in the procurement procedure or indicative tender in case of dynamic purchasing system.

(2) The candidate for the purpose of this act is the person who has submitted the request to participate in the procurement procedure in case of restricted procedure, negotiated procedure with prior publication of a contract notice or competitive dialogue.

(3) The tenderer or candidate may be any person who offers goods, provides services or carries out public works on the market. The contracting authority may restrict in the contract notice the circle of tenderers and candidates in the procurement procedure, without permitting the persons originating from the countries other than mentioned in clause 3 of § 3 of this act to participate in the procurement procedure or grant the advantages for the tenders submitted by the persons coming from the countries mentioned in clause 3 of § 3 of this act before the tenders submitted by the persons coming from other countries.

(4) The persons may submit the tender, indicative tender or request to participate in the procurement procedure jointly (hereinafter respectively joint tenderers and joint candidates), if not stipulated otherwise in this act.

(5) Joint tenderers or joint candidates appoint the authorized representative for carrying out the procedures related to procurement procedure and award and performance of the public contract.

(6) The contracting authority may not require as a prerequisite of the adoption of the request to participate in the joint tender or joint procurement procedure that the joint tenderers or joint candidates have established the legal person or have joined in another legal form. If the specification of the legal relations between the joint tenderers in the certain method and within certain scope is needed for the appropriate performance of the public contract on the basis of the nature of the object of the public contract, the contracting authority may require the relevant specification for the time of fulfilment of the public contract.

(7) The undertaking related to the tenderer or candidate for the purpose of this act shall mean any undertaking over which the tenderer or candidate may exert a dominant influence, either directly or indirectly, or any undertaking which may exert a dominant influence on the tenderer or candidate or which is under the dominant influence of the third person on the basis of the right of ownership, financial participation, legal act or on other basis together with the tenderer or candidate. A dominant influence on the part of an undertaking is presumed when, directly or indirectly in relation to another undertaking it possesses or holds more than half of the other undertaking’s share capital or controls a majority of the votes attached to the shares or may appoint more than half of the members of the other undertaking’s management or supervisory body.

§ 13. Consolidation and authorization of organization of public procurements

(1) The contracting authorities may organise the public procurement jointly, by authorizing one of the contracting authorities to organize the public procurement. In organizing the public procurement jointly the contracting authorities should apply the rules, which each of these contracting authorities should apply as according to this act while organising such public procurement alone. In organising the public procurement jointly the rules are applied to on the basis of the total estimated value of the public contracts.

(2) The contracting authority is entitled to authorize other contracting authorities to fulfil all obligations resulting from this act related to organization of its public procurement.

(3) The contracting authority has the right to authorize other persons to perform acts relating to procurement procedure.

§ 14. Exceptions

(1) A contracting authority is not obliged to implement the procedure provided for in this act to the following:

1)　　　　　　when the are purchased or services or public works are contracted for or the works concession will be granted or the design contest will be organised with the main objective to offer or operate the electronic communications networks available for the public or provide electronic communications service to the public for the purposes of the Electronic Communications Act;

2)　　　　　　when the contract to be awarded or the design contest to be organised is related to state secret for the purposes of the State Secrets Act or classified information of a foreign state or security information or the information not subject to disclosure or provided the fulfilment of the contract presumes the meeting of special security requirements resulting from the legal acts or when the application of the exception is directly needed to protect the significant state interests;

3)　　　　　　when the are purchased or the public works are contracted for or the works concession is granted according to the rules resulting from the international agreement in accordance with the Treaty establishing the European Community awarded between Estonia and some foreign country, excl. Member State of the European Union and the objective of the purchase of these goods and contracting for public works or granting the works concession is the joint performance of the public works by Estonia and foreign country or the joint use of the building or when the services are contracted for or the design contest is organised according to the rules resulting from such international agreement and the objective of contracting for these services or organising the design contest is the application or use of the joint project of Estonia and the foreign country;

4)　　　　　　when the contract will be awarded or the design contest will be organised on the basis of the international agreement related to the location of military units;

5)　　　　　　by concluding the contract or organising the design contest on the basis of the special procedure of international organisation;

6)　　　　　　by concluding the contracts for the acquisition, lease or rental of immovables or the related rights, regardless of the type of contract;

7)　　　　　　by concluding the contract for services for the acquisition, development, production or co-production of the programme material or its part by the broadcasting organisations and by concluding the contracts related to the transmission time;

8)　　　　　　by contracting for the arbitration or conciliation service;

9)　　　　　　by contracting for the financial service related to the issue, purchase, sale or assignment of securities or other financial instruments, including the service related to money or capital involvement and the services provided by Eesti Pank;

10)　　              by concluding the contract of employment;

11)　　              by contracting for the research and development services;

12)　　             by contracting for services from another contracting authority or from the association of contracting authorities to whom the sole right for the provision of this service in the relevant territory has been given　　on the basis of the legal act being in accordance with the requirements of the Treaty establishing the European Community;

13)　　            by concluding the contracts with the company whose all or part of shares belong directly to this contracting authority or to the latter including other contracting authorities or the foundation, the sole founder of which is this contracting authority or all founders of which is this contracting authority with other contracting authorities and the major part of which activities is related to the sale of , provision of services or performance of public works for the contracting authorities being its shareholder or founder, provided this company or foundation has supplied the objects to be sold to the contracting authority or the means needed for the manufacture of the , provision of services or performance of public works in the same procedure as the contracting authority would have supplied on the basis of this act;

(2) The European Commission is immediately notified in writing through the Ministry of Finance of the conclusion of the international agreement mentioned in 3) of (1) of this section by the contracting authority having awarded it.

(3) The exception mentioned in 6) of (1) of this section is not applied to contracting for the financial services related to the acquisition, lease or rental of the immovables or the related rights.

(4) The exception mentioned in 11) of (1) of this section is not applied in case only the contracting authority gains benefit from this research and the contracting authority fully pays for the contracted service.

(5) Provided the contracting authority operating in the field of national defence mentioned in (1) of this act of this section awards the contract for defence purposes, applies the procedure stipulated in this act within the scope which is in accordance with article 296 of the　Treaty establishing the European Community and the resultant from the legal acts established on its basis.

§ 15. Thresholds

(1) The threshold (hereinafter the threshold of public procurement) of the cost of organising the public procurement procedure, granting the works concession and organising the design contest for the purposes of this act is:

1)　　　　　　As to the public procurements started in the year 2007 30,000 euros in case of the contracts and services and design contest, 190,000 euros in case of public works contract and works concession;

2)　　　　　　As to the public procurements started in the year 2008 and later 40,000 euros in case of the contracts and services and design contest, 250,000 euros in case of public works contract and works concession;

(2) The international threshold is the sum established periodically by the European Commission based on the section 69 of the directive 2004/17 of the European Parliament and Council which harmonises the procurement procedures of purchasers operating in the sector of water, energy, transport and postal services (OJ L 134, 30 April 2004, pgs 1-113) and the section 78 of the directive 2004/18 of the European Parliament and Council on the harmonisation of the procedure of awarding the works, supply and service contracts and which will be published in the Official Journal of the European Union. The international threshold shall be also disclosed by the Public Procurement Office (hereinafter the Office) on its website and on the website of the registry of the responsible processor of State Public Procurement Register (hereinafter the　registry).

§ 16. Application of rules of procedure in awarding the public contracts

(1) The contracting authority mentioned in subsection 1 of section 10 is not obliged to organise the procurement procedure pursuant to the procedure stipulated in this act, provided the estimated value of the public contract without VAT is less than the threshold of public procurement. In this case the contracting authority proceeds only from the requirements stipulated in this chapter in awarding the public contract, above all from the general principles of organising the public procurement stipulated in § 3 and from the requirement to submit the public procurement report stipulated in subsection 2 of section 37.

(2) The contracting authority mentioned in subsection 1 of section 10 applies the procedure stipulated in chapter 2 in awarding the public contract, provided the estimated value of public contract without VAT is equal to the threshold of public procurement or exceeds it.

(3) The contracting authority mentioned in subsection 1 of section 10 may apply the procedure stipulated in chapter 5 instead of the procedure stipulated in chapter 2 in awarding the public contract, when it awards the public contract, the main objective of which is related to its activities in the fields mentioned in § 83-89 and the estimated value of the public contract without VAT is equal to the threshold of the public procurement or exceeds it.

(4) The contracting authority mentioned in subsection 3 of section 10 of this act is not entitled to organise the procurement procedure pursuant to the procedure stipulated in this act, provided the estimated value of the public contract without VAT is lower than the international threshold. In this case the contracting authority proceeds from the requirements stipulated in this chapter, above all from the general principles of organising the public procurement stipulated in section 3.

(5) The contracting authority mentioned in subsection 3 of section 10 applies the procedure stipulated in chapter 5, when the latter awards the public contract, the main objective of which is related to its activities in the fields mentioned in § 83-89 and the estimated value of the public contract without VAT is equal to the international threshold or exceeds it. The mentioned obligation is valid also in case the award of the public contract is related to its activities in the fields mentioned in § 83-89, but the main objective of the public contract could not be specified.

(6) The request to award the public contract, the estimated value of which without VAT exceeds 20,000 euros in case of products or services or 130,000 euros in case of public works, if the contracting authority is the one mentioned in subsection 1 of section 10 of this act or exceeds 40,000 euros in case of products or services or 250,000 euros in case of public works if the contracting authority is the one mentioned in subsection 3 of section 10, but is lower of the threshold from which on the relevant contracting authority should organise the procurement procedure, is notified of by the contracting authority on its website or, if non-existent, in the local or county newspaper.

(7) The contracting authority mentioned in subsection 3 of section 10 of this act notifies of the award of the public contract, the cost of which without VAT exceeds 40,000 euros in case of products or services or 250,000 euros in case of public works, but is lower of the international threshold, on its website within ten days pursuant to the award of public contract.

(8) The contracting authority has the right to apply the compulsory procedure resulting from the threshold of the public procurement, international threshold or financial rate stipulated in subsection 6 or 7 of this section or the nature of the public contract also in awarding the public contract, the estimated value of which is not amounting to the relevant financial rate or which is non-compliant with the feature conditioning with this procedure as to its nature.

(9) Provided the contracting authority starts the procurement procedure without the relevant obligation resulting from the law, it is obliged to follow the relevant procurement procedure stipulated in this act.

§ 17. Application of rules of procedure in granting the concessions

(1) The contracting authority mentioned in subsection 1 of section 10 of this act applies the procedure stipulated in chapter 3 in granting the works concession, provided the total estimated value of public works carried out on the basis of the works concession is equal to the threshold of public procurement or exceeds it.　

(2) The contracting authority mentioned in subsection 1 of section 10 of this act is not obliged to follow the procedure of granting the works concessions stipulated in this act and proceeds from the requirements stipulated in this chapter in granting the works concession, above all from the general principles of organising the public procurement stipulated in section 3, provided it grants the works concession related to its activities in the fields mentioned in § 83-89 or if the estimated total value of the public works made on the basis of the works concession is lower of the threshold of the public procurement.

(3) The contracting authority mentioned in subsection 3 of section 10 of this act is not obliged to follow the procedure of granting the works concessions stipulated in this act and proceeds from the requirements stipulated in this chapter in granting the works concession, above all from the general principles of organising the public procurement stipulated in section 3.

(4) In granting the concession of services the contracting authority proceeds only from the requirements stipulated in this chapter, above all from the general principles of organising the public procurement stipulated in section 3.

§ 18. Application of rules of procedure in organising the design contests

(1) The contracting authority mentioned in subsection 1 of section 10 of this act applies the procedure stipulated in chapter 4 in organising the design contest, provided the estimated value of design contest is equal to the threshold of the public procurement or exceeds it.

(2) The contracting authority mentioned in subsection 3 of section 10 applies the procedure stipulated in chapter 4 in organising the design contest, when it organises the design contest related to its activities in the fields mentioned in § 83-89 and the estimated value of design contest is equal to the international threshold or exceeds it.

§ 19. Services contracted for by simplified procedure

(1) The contracting authority is not obliged to organise the procurement procedure according to the procedure stipulated in this act in awarding the service contract, of which the estimated value of the services mentioned in part B of annex 2 of this act makes more than 50 percent.

(2) The contracting authority is obliged to organise the procurement procedure regardless of the stipulations in subsection 1 of this section, if the total estimated value of the products being the object of the public contract of such services and the services mentioned in part A of annex 2, besides the services mentioned in part B of annex 2 or the estimated value of public works is equal to the threshold of the public procurement or exceeds it.

(2) If the value of the public contract mentioned in subsection 1 of this section without VAT is equal to the threshold of public procurement or exceeds it, the contracting authority submits the public procurement report according to the procedure stipulated in § 37 pursuant of this act after awarding the public contract. If the estimated value of such public contract without VAT is equal to the international threshold or exceeds it, the contracting authority is obliged to follow the rules of preparing the technical specification stipulated in § 33. As to the rest the contracting authority proceeds from only the requirements stipulated in this chapter in awarding of such public contracts, above all from general principles of organising the public procurement stipulated in § 3.

§ 20. The rules for calculation of the estimated value of public procurement

　(1) The estimated value of public procurement has been calculated without VAT:

1)　　　　　　the total sum to be presumably paid in performing the public contract by the contracting authority, considering, inter alia, the potential obligations arising in the future based on the public contract and the renewal of the public contract;

2)　　　　　　potential awards or participation fees granted in the design contest;

3)　　　　　　the estimated total value of public works to be carried out based on the works concession.

(2) The calculation of the estimated value of public procurement should be prepared based on the price level corresponding to the average market price of the moment of disclosure of the notice of procurement procedure or starting the design contest or works concession in the register.

(3) The estimated maximum total value without VAT of the public contracts to be awarded based on the latter within the validity period of framework agreement or dynamic purchasing system is the basis for calculating the estimated value of public contracts to be awarded based on the estimated value of framework agreement or dynamic purchasing system.

(4) When in case of open or restricted procedure the possibility of awarding the new works or service contract is notified of in the procurement notice by negotiated procedure without prior publication of contract notice according to the procedure stipulated in 2) of (5) of § 28 of this act, the estimated value of public works or services contracted for based on such additional public contract is included in the estimated value of public contract.

(5) Provided the contracting authority precludes no award of the service contract based on the results of design contest, the estimated value of design contest consists of the total sum of awards or participation fees paid to the participants including the estimated value of the service contract to be presumably awarded.

(6) No choice of the basis for calculating the estimated value of public procurement should be used for carrying out the public procurement for avoiding the established procedure or following the requirements. If the calculation of the estimated value of public procurement is possible based on several methods resulting from the stipulations in this chapter and in using at least one of these methods the estimated value of the public procurement would be equal either to threshold of public procurement or international threshold or would exceed the relevant threshold, the contracting authority should calculate the estimated value of the public procurement on the basis of this method.

(7) If the contracting authority pays the participation fee to cover the expenses related to participation in the cases stipulated in this act to the participants in the public procurement, it includes the participation fee in the estimated value of the public procurement.

§ 21. Calculation of the estimated value of the public supply or public service contract

(1) The estimated value of the public supply contract, the object of which is the hire, rental or lease of products is:

1)　　　　　　in case of fixed-term public contract the estimated total value of public contract within its validity period, provided the term of public contract is 12 months or less;

2)　　　　　　in case of fixed-term public contract the estimated total value of public contract with the estimated residual value of the object pursuant to the termination of the term of public contract when the term of public contract is more than 12 months;

3)　　　　　　in case of public contract without a fixed term or the public contract, the term of which could not be specified at the moment of calculating the estimated value, the estimated monthly payment multiplied by 48.

(2) The estimated value of the public supply or public service contract, which is regular in its nature or which is intended to be renewed within a given period, is:

1)　　　　　　the total value of the successive similar public contracts awarded during the preceding 12 months or the previous financial or budgetary year, by taking, if possible, the estimated changes in the quantities to be purchased or ordered into account or in the price during the next period or;

2)　　　　　　the estimated total value of the successive similar public contracts awarded during the next 12 months or the financial or budgetary year from the award of the first public contract.

(3) The calculation of the estimated value of the public contract of insurance services is based on the insurance premium and other forms of remuneration.

(4) The calculation of the estimated value of the public contract of banking or other financial services is based on the service fees, commissions, interest and other forms of remuneration.

(5) The estimated value of the public contract of planning services is based on the service fees, commissions and other forms of remuneration.

(6) The basis for calculating the estimated value of the service contract which stipulates no total value of the public contract is:

1)　　　　　　in case of fixed-term public contract with the term of 48 months or less, the estimated total value within the validity period of public contract;

2)　　　　　　in case of public contract without a fixed term or public contract with the longer term than 48 months, the value of provision of services in one month multiplied by 48.

§ 22. Calculation of the estimated value of the public works contract

　(1) The calculation of the estimated value of the public works contract is based on the estimated cost of public works to be carried out in one building or different mutually functionally related buildings, to which the estimated value of the objects needed for executing the public works and transferred to the tenderer at the moment of transfer is added.

(2) When the object is given into the use of the tenderer for the period of carrying out the public works and this object will not be fully amortised during the performance of the public works, the average market price for using this object during the state of use by the tenderer is added to the estimated value of public works.

§ 23. Division of public procurement into lots

(1) The contracting authority is not entitled to divide the public procurement into lots to avoid the procedure established for carrying out the public procurement or to avoid the following of the requirements in this act, especially when the objects of the public contract are the similar or functionally jointly operating, services or public works needed for achieving the same objective.

(2) The procedure to be applied to the award of public contract with the total estimated value of all lots is applied in awarding the public contract per each part of the public procurement divided into lots.

(3) Provided the total estimated value of all lots of the public procurement to be divided into lots is equal to the international threshold or exceeds it, the contracting authority may deviate from the requirements stipulated in subsection 2 of this section and apply the public contract award procedure with the estimated value of the relevant lot in public contract award provided the total value of these lots does not exceed 20 percent of the total estimated value of the public procurement and the value of each such lot without value-added tax is less than:

1)　　　　　　80,000 euros in case of public supply or public service contracts;

2)　　　　　　1 million euros in case of the public works contracts.

§ 24. Division of public procurement into lots within one procurement procedure

The contracting authority may divide the public procurement into lots within one procurement procedure, by taking the estimated total value of all lots into account in calculating the estimated value of the public procurement and by stipulating in the procurement notice, whether it allows one tenderer to submit the tender to one, several or all lots.

Chapter 2.- PROCUREMENT PROCEDURE

Title 1.- Types of procurement procedure and their application

§ 25. Open and restricted procedure

(1) Open procedure is the procurement procedure, whereby any interested person compliant with the requirements stipulated in subsection 3 of § 12 and possible restrictions established on the basis of the same section (hereinafter the interested person in this title) may submit a tender.

(2) Restricted procedure is the procurement procedure, in which any interested person may submit the request to participate in the procurement procedure, but the tender may be submitted only by the candidates chosen by the contracting authority on the basis of the objective and non-discriminatory criteria, to which the contracting authority submits the tender invitation.

(3) The contracting authority is obliged to organise the procurement procedure as open or restricted procedure, provided no other stipulations have been fixed in this act.

§ 26. Competitive dialogue

(1) Competitive dialogue is a procurement procedure whereby any interested person may submit the request to participate in the procurement procedure and whereby the contracting authority conducts a dialogue with the candidates admitted on the basis of objective and non-discriminatory criteria to that procedure with the aim to develop one or more suitable solutions capable of meeting its needs regarding the performance and functional requirements. The contracting authority submits the tender invitation to the candidates chosen as a result of the dialogue and selects the successful tender on the basis of the tender evaluation criteria laid down in the contract notice or in the invitation to start a dialogue.

(2) The contracting authority is entitled to organise the procurement procedure as competitive dialogue, provided the contracting authority is not objectively able to define the technical solutions meeting its needs in accordance with the stipulations of § 33 or is not objectively able to specify the legal or financial circumstances related to the procurement with adequate precision and thus the public contract may not be awarded without unreasonable expenses or technical problems as a result of open or restricted procedure and the contracting authority awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender.

(3) Regardless of the terms stipulated in subsection 2 of this section the contracting authority is entitled to organise the procurement procedure as competitive dialogue, provided the estimated value of the public procurement is below the international threshold.

§ 27.　Negotiated procedure with prior publication of a contract notice

(1) Negotiated procedure with prior publication of contract notice is a procurement procedure, in which any interested person may submit the request to participate in the procurement procedure and the contracting authority submits the tender invitation to at least three candidates chosen by it on the basis of the objective and non-discriminatory criteria and negotiates with them the tenders to adjust the tenders submitted by them with the requirements stipulated in the contract documents and select the successful tender.

(2) The contracting authority is entitled to organise the negotiated procedure with prior publication of a contract notice:

1)　　　　　　in the event no tender compliant with the requirements stipulated in the contract documents or contract notice were submitted in response to an open or restricted procedure or a competitive dialogue insofar as the original terms of the public procurement are not substantially altered;

2)　　　　　　when the nature of the public works, goods or services or the risks attaching thereto do not enable to specify the estimated value of the public contract;

3)　　　　　　in the case the nature of services being the object of the public contract, including the services within category 6 of annex 2 of this act, and services connected with intellectual property rights for example services involving the design of works, insofar as the nature of the services to be provided is such that terms of the public contract cannot be established with sufficient precision to permit the award of the public contract as a result of open or restricted procedure;

4)　　　　　　in respect of works contracts being the object of the public contract which are performed solely for purposes of research or development or for testing and not with the aim of gaining profit or covering the research or development costs;

(3) Regardless of the terms stipulated in subsection 2 of this section the contracting authority is entitled to organise the procurement as the negotiated procedure with prior publication of a contract notice, if the estimated value of the public procurement is below the international threshold.

§ 28.　Negotiated procedure without prior publication of a contract notice

(1) In case of negotiated procedure without prior publication of a contract notice the contracting authority negotiates the terms of the public contract with one or more interested persons at its own choice, having previously submitted them the contract documents.

(2) The contracting authority is entitled to organise the procurement procedure as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice if:

1)　　　　　　　no tenders or no requests to participate in the procurement procedure have been submitted during the open procedure or a restricted procedure or all submitted tenders were substantially different from the technical description of the object of the public contract stipulated in the contract documents and the initial terms of the public procurement are not substantially altered;

2)　　　　　　　when, for technical or artistic reasons, or for reasons connected with the protection of exclusive rights, the public contract may be awarded only to a particular tenderer;

3)　　　　　　　immediate award of the public contract is necessary due to the extreme need brought about by events unforeseeable by the contracting authority and not dependent on the contracting authority and which do not enable to withhold from the dates stipulated in § 35 of this act.

(3) Upon request of the European Commission the contracting authority sends the relevant report on the circumstances of implementation of the basis stipulated in clause 1 of subsection 2 of this section to the European Commission through the Ministry of Finance.

(4) For awarding the supply contract in addition to the bases stipulated in subsection 2 of this section contracting authority is entitled to organise the procurement procedure as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice if:

1)　　　　　　　as the object of the contract are manufactured purely for the purpose of research, experimentation, study or development and do not involve quantity production which are produced or for covering the expenses related to research or development activities;

2)　　　　　　　are purchased from the original tenderer for partial replacement or completion of the goods earlier purchased from the original tenderer and where a change of supplier obliges the contracting authority to acquire goods which would result in incompatibility with the existing　　or which operation and would result technical problems, whereas the length of such additional public contract may not exceed three years;

3)　　　　　　　are purchased on a commodity market;

4)　　　　　　    for the purchase of on particularly advantageous terms from the person as to whom the liquidation procedure has been initiated or from the trustee in bankruptcy on the basis of the agreement concluded with the creditors.

(5) For awarding the works or service contracts in addition to the bases stipulated in subsection 2 of this section contracting authorities may use a negotiated procedure without prior publication of a contract notice if:

1)　　　　　　    the additional works or services not included in the initial project or in the original public contract are contracted for from the same tenderer, but which have, through unforeseen circumstances, become necessary for performance of the works or services described in the original contract within 20 percent of the value of the original public contract, on condition that the award is made to the same tenderer, when such additional works or services cannot be technically or economically separated from the original contract without major expenses to the contracting authority or when such additional works or services are strictly necessary for the completion of the original public contract;

2)　　　　　　   new works or services consisting in the repetition of similar works or services entrusted to the tenderer to whom the same contracting authority awarded an original contract, provided that such works or services are in conformity with the original project for which the original contract was awarded three years ago according to the open or restricted procedure, whereas in the contract notice the possibility of awarding of such public contract was indicated.

(6) The contracting authority is entitled to organise the procurement procedure as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice in awarding the service contract in addition to the bases stipulated in section 2 of this section, provided the public contract will be awarded with the winner of the design contest or with one of the winners and such condition has been stipulated in the design contest notice. Provided the public contract will be awarded with one of the winners of the design contest, negotiations will be held with all winners.

(7) The contracting authority is entitled to organise the procurement procedure as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice in addition to the bases stipulated in subsections 2 and 4-6, if the estimated value of the public procurement is below international threshold and:

1)　　　　　the object of the public contract is the licence to use the documents or database of the library;

2)　　　　　goods are purchased with the considerably lower price of the usual market price by using the especially advantageous terms offered within very short time period;

3)　　　　　goods are purchased or services or works are contracted for the diplomatic representation in the foreign country;

4)　　　　　goods are purchased or services are contracted for by the contracting authority in meaning of clauses 1 and 2 of subsection 1 of § 10 of this act from the custodial institution or from the state company managing the production units of the custodial institution;

5)　　　　　the object of the public contract is the air transport services.

Title 2.- General principles of procurement procedure

§ 29. Opening and termination of procurement procedure

(1) In order to start the open, restricted or negotiated procedure with prior publication of a contract notice or the competitive dialogue the contracting authority submits the contract notice to the register through the website of the register.

(2) The procurement procedure starts with publishing of a contract notice in the register, excluding the　negotiated procedure without prior publication of a contract notice. The negotiated procedure without prior publication of a contract notice starts with the submission of the contract documents by the contracting authority to one or more interested persons chosen by it.

(3) Procurement procedure terminates with:

1)　　　　　　the award of public contract or the framework agreement;

2)　　　　　　the rejection of all tenders due to the reason that no tender was declared compatible;

3)　　　　　　the rejection of all tenders on the bases stipulated in § 49 of this act;

4)　　　　　　the exclusion of all tenderers or candidates from the procurement procedure or leaving them unqualified;

5)　　　　　　non-submission of tenders or requests to participate in procurement procedure pursuant to the procedure stipulated in this act within the specified time period;

6)　　　　　　the declaration of the procurement procedure invalid by the Office or by the contracting authority itself on the basis of the prescription of the Office or in case of the justified need on its own initiative;

7)　　　　　　the termination of the term of validity of all tenders provided no tenderer agrees to extend the term of validity of the tender.

(4) If a contracting authority divides a public procurement into lots within one procurement procedure, the procurement procedure terminates pursuant to the occurrence of any basis stipulated in subsection 3 to any lot or in case the decision mentioned in clause 6 of the subsection 3 on declaring the procurement procedure invalid is made on the whole procurement procedure.

§ 30.　　Prior information notice

Where the contracting authority wishes to apply shortened time limits for the submission of tenders as stipulated in subsection 5 of § 35 of this act, it has to submit the prior information notice to the register:

1) as soon as possible after the beginning of its financial or budgetary year on the public contracts for the goods and services mentioned in part A of annex 2 of this act according to the types of goods or categories of services listed in part A of annex 2 it intends to award over the financial or budgetary year ;

2) on the planned works contracts as soon as possible after the adoption of the relevant decision.

§ 31.　Contract documents

(1) The contracting authority shall prepare the contract documents prior to starting the procurement procedure in case of the open procedure and negotiated procedure without prior publication of a contract notice and in case of restricted procedure and negotiated procedure with prior publication of a contract notice at the date of submission of requests to participate in the procurement procedure at the latest. The contract documents shall be prepared in the written form or in the electronic form according to the requirements stipulated in this act and in the legal acts established on its basis, provided the contracting authority has notified of using the electronic form in a contract notice.

(2) The contract documents shall include at least the following information, unless otherwise provided in this act or if the relevant information has not been mentioned in the contract notice:

1)　　　　　　the proposal to submit tenders according to the terms included in the contract notice and contract documents, where the contracting authority prepares the contract documents in open procedure;

2)　　　            the technical specification of the object of the public contract prepared according to the requirements stipulated in § 33 of this act;

3)　　　　　　all terms of the future public contract or the draft of the public contract, excluding the circumstances mentioned in clause 4 of this subsection;

4)　　　　　　all these circumstances on which the contracting authority requires the competitive tenders;

5)　　　　　　the structure of the tender and the list of required documents and the requirements for labelling the tender;

6)　　　　　　the language and languages of preparing the tender;

7)　　　　　　the structure and currency of submitting the value of the tender;

8)　　　　　　the requirement for the tenderer to confirm the take-over of all terms provided in the contract notice and contract documents in the tender and submit the tender only on these circumstances on which the contracting authority requires the competitive tenders;

9)　　　　　　the requirement to the tenderer to indicate in the tender, in which extent of the volume of the public contract the tenderer plans to award the subcontracts with the names of the planned subcontractors which participate directly in the performance of the public contract and information regarding the share and nature of the part of public contract, as to which the tenderer plans to award the subcontracts with them and provide the confirmation in the tender that the tenderer may involve other subcontractors in performance of the essential part of the volume of the public contract only upon the consent of the contracting authority pursuant to the receipt of the confirmation on the absence of the bases of elimination from the procurement procedure regarding them;

10)　　             the date and place of submission of the tenders;

11)　　             the minimum tender validity period;

12)　　             the amount of tender security if the contracting authority requires the submission of tender security;

13)　　            contact data from where the additional information on the content of the contract documents could be additionally asked about;

14)　　　　    the exact place and time for opening the tenders;

15)　　　　   the bases for rejection of all tenders, if the contracting authority requires establishing these.

(3) The contracting authority mentions in the contract documents whether it awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender or only on the basis of the lowest price, if not mentioning it in the contract notice. The contracting authority may award the public contract only on the basis of the tender with the lowest price, provided the economical advantageousness of the tender for the contracting authority depends only on the price of the tender and all other terms of the future public contract, including the criteria related to the object of the public contract, have been comprehensively specified in the contract documents.

4) Provided the contracting authority awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender, the contracting authority also specifies the tender evaluation criteria enabling the objective evaluation related to the object of the public contract, above all quality, price, technical value, aesthetical and functional properties, properties influencing the environment, operating expenses, feasibility, post-sales maintenance and technical assistance and its cost, specific proven skills or experience of the persons directly responsible for the provision of services or carrying out public works, on which the quality of works carried out or services provided directly depends, the date of performance of the public contract. The contracting authority specifies the objectively grounded relative weight from the viewpoint of most economically advantageous tender , which is assigned to each selected tender evaluation criterion.

(5) Provided the contracting authority awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender and the contracting authority has stipulated the possibility to submit also the alternative solutions in the tender in addition to the solution compliant with all terms stipulated in the contract notice and contract documents in the tender, it specifies the requirements in the contract documents, with which the alternative solutions should comply with and the terms of submission of alternative solutions.

(6) Provided the contracting authority plans to organise the competitive dialogue or negotiated procedure with prior publication of a contract notice as successive stages, by reducing the number of solutions being the object of the dialogue in each stage or the number of tenders under negotiations, it notifies of it in the contract documents, invitation to start the dialogue or in the contract notice.

(7) In case of award of service or works contract the contracting authority may stipulate the condition that the tenderer should provide the major part of the services or carry out the major part of the public works (fulfil the major part of public contract) itself. Such restriction based on the nature of the public contract has to be necessary for quality assurance of performance of the public contract, for ensuring verifiability of performance of the public contract or on other objective reason and in accordance with the generally accepted good practice in the relevant field. The restriction of subcontracting does not apply on the subcontract from the undertaking related to the tenderer.

(8) Provided the contracting authority has notified of the carrying out of the electronic auction in the contract notice, at least the following data should be additionally included in the contract documents:

1)　　　　　　indicators in the tender specified by number or percent, the comparison of which values is the object of electronic auction;

2)　　　　　　restrictions to the values of the indicators mentioned in clause 1 of this subsection resulting from the object of the public contract;

3)　　　　　　the information which will be made available to tenderers in the course of the electronic auction and, if needed, the date when it will be made available to them;

4)　　　　　　the information concerning the electronic auction process;

5)　　　　　　the terms on the basis of which the tenderers participate in the electronic auction, in particular, the minimum differences, by which the new values or prices presented during the auction should differ from the earlier ones;

6)　　　　　　the relevant information concerning the electronic equipment used and the arrangements and technical specifications for the internet connection.

(9) If the contracting authorities organise the public procurement jointly on the basis stipulated in § 13 of this act, the contracting authority authorised to organise the public procurement specifies the contracting authorities being the parties of the public contracts to be awarded in the contract documents, their division as to the public contracts and their shares in fulfilling the obligations resulting from the public contracts.

(10) The contracting authority should enable the interested persons to examine the contract documents free of charge. The contracting authority enables to examine the contract documents on site or on the website. The contracting authority may require the fee for the delivery of contract documents on paper which should not exceed the copying and delivery costs of contract documents.

§ 32.　Technical specification

(1) Technical specification in the meaning of this act has been established by using the understandable terminology and degree of accuracy for the persons acting in the relevant field to describe the object of the public contract by the contracting authority is:

1)　　　　　　set of the characteristics and technical requirements on public works being the object of the works contract ;

2)　　　　　　a list of the characteristics and substantial properties of goods or services being the object of the supply or service contract.

(2) The set of technical requirements applicable for the public works shall describe the requirements for materials, or goods in the manner which enables to evaluate their suitability with the purpose of use of the object set by the contracting authority. These requirements may involve among other things environmental requirements and constructional requirements, including the requirement of accessibility criteria for people with disabilities, conformity assessment, requirements to performance, security or measurements, quality assurance means, used terminology, symbols, testing and test methods, requirements for packaging, marking and labelling and production process and technology. The mentioned requirements may also include the prescriptions related to planning and cost of the building, testing, supervision and acceptance terms, requirements for usage instructions and construction methods, technology and all other technical terms which may be described by the contracting authority and which are related to the completed buildings, their materials or parts.

(3) The list of essential characteristics of goods or services may include among other things environmental requirements, requirements for quality and construction, including the requirement of accessibility criteria for people with disabilities, conformity assessment, efficiency, requirements on performance of the product, security or measurements and to the name of the product under which it is distributed, compliance requirements, used terminology, symbols, testing and test methods, packaging, marking and labelling, user instructions, also requirements for production process and technology and conformity assessment methods.

§ 33. Preparation of technical specification

(1) Provided the relevant field has no technical standard, the technical specification of the object of public contract is prepared on the basis of the following order:

1)　　　　　　Estonian standard transposing a European standard;

2)　　　　　　European standard;

3)　　　　　　European technical approval established by the approval body appointed by the Member State of the European Union and which confirms that proceeding from the technical viewpoint the product with its features is suitable to fulfil the particular purpose regarding the compliance with the essential requirements set for the public works in compliance with its features and foreseen application or use terms;

4)　　　　　　Common technical specification established according to the procedure approved by the Member State of the European Union and published in the Official Journal of the European Union;

5)　　　　　　International standard;

6)　　　　　　Technical control system established by some standard organisation of the European Union;

7)　　　　　　The original Estonian standard, Estonian technical approval or Estonian technical specification related to the design, , accounting methods or implementation of public works or use of goods.

(2) Each reference made by the contracting authority to the basis mentioned in subsection 1 of this section in the technical specification shall be accompanied by the note “or equivalent”.

(3) The technical specification may be also prepared as a whole or as to some feature based on the specification of the performance or functional requirements of the object of the public contract instead of the bases mentioned in subsection 1 of this section which could also include environmental requirements. Such specification should be sufficiently precise for specifying the object of the public contract by the tenderer and for the award of the public contract.

(4) In preparing the technical specification on the basis mentioned in subsection 3 of this section the basis mentioned in section 1 may be referred by the contracting authority as the mean to guarantee the compliance with the performance or functional requirements mentioned in subsection 3.

(5) Provided the basis of technical specification is among other things the environmental requirements mentioned in subsection 3 of this section, these requirements may be also specified as the set of requirements expressed as the term of receiving the European, Estonian or international or other eco-labels or on the basis of single requirements provided that:

1)　　　　　　such requirements are appropriate to define the characteristics of the goods or services that are the object of the public contract;

2)　　　　　　such requirements are drawn up on the bases of scientific information;

3)　　　　　　by adopting these eco-labels the procedure open for all interested persons and organisations has been used;

4)　　　　　　the application of the usage permit of these eco-labels is accessible to all interested persons.

(6) In the technical specification may be indicated that goods or services bearing the eco-label compliant with the terms mentioned in subsection 5 of this section are presumabed to comply with the technical specification concerning the requirements expressed as the term of receiving this eco-label.

(7) The technical specifications shall not refer to a specific purchase source, process, trademark, patent, type, specific origin or production with the effect of favouring or eliminating certain tenderers or certain. Such reference shall be permitted in case, if this is unavoidably necessary resulting from the object of the public contract due to the fact that a sufficiently precise and intelligible description of the object of the public contract pursuant to the subsections 1 and 3 of this section is not possible. Such reference shall be accompanied by the words or “equivalent”.

(8) The technical specification shall afford equal opportunities to all tenderers for submission of tenders and not create unjustified obstacles to the opening up of public procurement to competition.

(9) Whenever technically possible and relevant, the possible usage requirements for people with disabilities need to be taken into consideration in preparing the technical specification related to the object of the public contract or prepare the technical specification so that all people could use the object of the public contract.

§ 34. Tender security

(1) The contracting authority may require the tender security from the tenderer which ensures the full or partial compensation of the losses incurred due to the failure to fulfil the obligations within the procurement procedure to the contracting authority by the tenderer, but no more than one percent of the estimated value of the public contract.

(2) Tender security should be required in the same amount from all tenderers.

(3) Provided the contracting authority has divided the public procurement within one procurement procedure into lots, it may require the tender security also only on some lot. As to one lot the tender security should be required from all tenderers in the same amount.

(4) The contracting authority requires the tender security as the guarantee of the credit or financial institution or insurer or as the depositing of cash amount to the settlement account of the contracting authority.

(5) The tender security remains with the contracting authority or the contracting authority will have the right to realise it, provided:

1)　　　　　　    the tenderer is excluded from the procurement procedure;

2)　　　　　　　the tenderer withdraws the tender within its validity date.

(6) The contracting authority returns the tender security to the tenderer within three working days after:

1)　　　　　　　enforcement of the awarded public contract;

2)　　　　　　　termination of the validity date of its tender;

3)　　　　　　　declaration of procurement procedure invalid;

4)　　　　　　　withdrawal of tender in case stipulated in subsection 2 of § 44 of this act.

§ 35. The dates for submitting the tenders and requests to participate in procurement procedure

(1) The contracting authority shall fix the time limits for submission of tenders or requests to participate in the procurement procedure based on the object of the public contract, above all its complexity and quantity, volume or amount.

(2) In case of open procedure the date for submission of tenders shall not be shorter than 52 days from the publishing of the contract notice in the register.

(3) In case of restricted procedure,　negotiated procedure with prior publication of a contract notice and competitive dialogue the date for submission of the requests to participate in the procurement procedure shall not be shorter than 37 days from the publishing of contract notice in the register.

(4) In case of restricted procedure the date of submission of tenders shall not be shorter than 40 days from the submission of the tender invitation to the candidates.

(5) In case of negotiated procedure with prior publication of a contract notice and competitive dialogue the date of submission of tenders may be specified by the agreement between the contracting authority and the candidates chosen by the contracting authority, provided all chosen candidates have equal time for the submission of tenders. If no agreement is reached, the contracting authority specifies the date for the submission of tenders which shall not be shorter than 24 days from submitting the tender invitation.

(6) Provided the contracting authority has submitted the prior information notice according to the procedure set in § 30, the date for submission of tenders shall not be generally shorter than 36 days in case of procurement procedures mentioned in subsections 2 and 4 of this section. Provided the prior information notice included all obligatory information required in the contract notice and it was submitted to the register 52 days up to 12 months prior to the submission of contract notice, the dates mentioned shall not be shorter than 22 days. When the contracting authority enables the unrestricted and full electronic access to the contract documents beginning from the date of submission of the contract notice to the register and refers to the relevant website in the contract notice, the mentioned dates may be shortened by 5 days.

(7) Provided the estimated value of the public contract is equal to the threshold of public procurement or exceeds it, but is below of the international threshold, the date mentioned in subsection 2 of this section shall be at least 22 days in case of works contract, at least 15 days in case of supply or service contract, the date mentioned in subsection 3 at least 7 days and the date mentioned in subsection 4 in case of works contract at least 22 days and in case of supply or service contract at least 15 days.

(8) Provided the contracting authority submits no contract documents or additional information to the candidates or the persons interested in participating in the procurement procedure within the dates stipulated in the this section, although these were applied in time for or when the tenders may be made only after a visit to the site of performance of the contract or after on-the-spot inspection of the documents supporting the contract documents, first of all documents being the basis for preparing of the technical specification, the contracting authority extends the time limits of submission of tenders if needed by the reasonable date and extends the time of opening the tenders so that all candidates or the persons interested in participation in the procurement procedure received all information needed for submitting the tender.

(9) The contracting authority may extend the date of submission of tenders or the requests to participate in the procurement procedure and, if needed, thus change the time of opening the tenders. The date is not extended when the original date arrives before the publishing of the changed contract notice in the register or before the forwarding of the changed contract documents to all tenderers and to these candidates and interested persons who have received the contract documents.

§ 36. Change of contract notice and contract documents

(1) The contracting authority may change the contract notice or contract documents prior to the date of submitting of tenders or requests to participate in the procurement procedure fixed in the contract notice.

(2) In order to change the contract notice the contracting authority shall submit the new contract notice to the register and immediately notifies all tenderers, candidates and the interested persons having received the contract documents of it.

(3) By changing the contract documents the contracting authority forwards the changed contract documents simultaneously to all tenderers and to the candidates and interested persons having received the contract documents.

(4) ) In changing the contract notice or contract documents the contracting authority shall extend the date of submission of tenders or requests to participate in the procurement procedure so that the date of submission of tenders or the date of submission of the requests to participate in the procurement procedure to the persons mentioned in subsection 3 of this section from the publishing of the changed contract notice in the register or forwarding of the changed contract documents would be at least equal to the half of the relevant minimum date stipulated in this act. The contracting authority must not extend the mentioned date, provided the changes concern only the contact data or in other cases, if the tender prepared on the basis of the original notice and contract documents could not become non-compliant due to the changes made or if the tenderer or candidate compliant with the qualification criteria on the basis of the original notice could not remain unqualified due to the changes made.

(5) By only extending the dates and changing the date of opening of tenders on the basis stipulated in subsection 9 of § 35 of this act, the changed date should not comply with the stipulations in subsection 4 of this section.

§ 37. Public procurement report

(1) The contracting authority shall submit the public procurement report to the register through the website of the register within ten days after the end of the prorocurement procedure.

(2) The contracting authority shall submit the public procurement report to the register within ten days after the end of the public procurement procedure also in case the value of the public contract exceeds 10,000 euros without VAT in case of goods or services or 30,000 euros in case of public works. The mentioned obligation shall not apply in case of public contracts awarded on the basis of the framework agreement.

(3) Provided the contracting authority has divided the public procurement within one procurement procedure into lots, it shall submit the public procurement report within 45 days at the latest after concluding the public contract concerning some lot, when by such moment any bases of termination of the procurement procedure stipulated in subsection 3 of § 29 of this act have not occurred as to all lots. The contracting authority shall submit the separate public procurement report on the remaining lots within 45 days pursuant to the occurrence of any bases of termination of the procurement procedure stipulated in subsection 3 of §　29 of this act as to any of these lots.

(4)The contracting authority shall submit the annex of the public procurement report pursuant to the termination of the public contract or framework agreement within 10 days to the register, which includes the following:

1) the changes made in the public contract including the reasons of changes and the major differences of performance of the public contract compared to the stipulations in the public contract, first of all the violation of the public contract or pre-term termination,

2) major subcontractors having participated in the direct performance of the public contract based on the subcontracts, including the description of the performance made or the value of the subcontract or

3) the values of the public contracts awarded on the basis of the framework agreement or the descriptions of the performance made on the basis of the latter.

Title 3.- Verification of qualification of the tenderer and candidate

§ 38.　　Exclusion of the tenderer and candidate from the procurement procedure

(1) The contracting authority shall not conclude public contract with the person and shall exclude the tenderer or candidate from the procurement procedure at any time:

1)　　　　　　which is or which legal representative has been the subject of a conviction by final judgement for organizing the criminal group or belonging thereto or violation of the requirements of public procurement, committing of offences related to professional misconduct or fraud or money laundering and which data concerning punishment have not been cancelled from the punishment register according to the Punishment Register Act or the punishment is valid in accordance with the legal acts of its country of residence or location;

2)　　　　　　which is bankrupt or under liquidation, which business activities have been suspended or which is in other similar state according to the legislation of its country of location, excluding purchase of goods pursuant to the case and terms stipulated in clause 4 of subsection 4 of § 28;

3)　　　　　　as to which compulsory liquidation or other similar procedure has been started according to the legislation of its country of location;

4)　　　　　　which has not fulfilled the obligations of payment of state taxes, local taxes of the location of the contracting authority or of its own residence or location or social insurance payments in accordance with the legal acts or which has had tax arrears within the last 12 months prior to submission of the relevant certificate to the contracting authority in total of more than within 30 days.

5)　　　　　　which has submitted the joint tender in the same public procurement or concerning the same lot in case of the public procurement divided into lots within one procurement procedure, having at the same time submitted the tender alone, several joint tenders with different other joint tenderers or names the other tenderer in performing the public contract as the subcontractor;

6)　　　　　　which has submitted false data on the compliance with the requirements established by the contracting authority in this title or based on the terms stipulated in this title.

(2)The contracting authority may exclude the tenderer or candidate from the procurement procedure:

1)                        as to which or which representative is guilty of grave professional misconduct concerning the professional or occupational behavioural rules proven with the decision of the court of honour of occupational or professional association or on any other similar basis;

2)　　　　　　which has not submitted the data or documents regarding the absence of the bases of exclusion of the tenderer or the candidate from the procurement procedure required by the contracting authority, provided these data or documents are not available through the public register without major expenses;

3)　　　　　　which has not notified the contracting authority of the significant changes regarding the circumstances mentioned in subsection 1 of this section;

4)　　　　　　which tender has been prepared with the participation of the person which has participated in preparing the contract documents of the same public procurement or which has in some other way related to the contracting authority and the information known to that person provides it the preference before other tenderers;

5)　　　　　　which has paid the social tax and social insurance payments per employee within the last year in the lower amount than 70 percent of the sum of social tax and social insurance payments paid per employee on the average salary of its country of location and region in the relevant field.

(3) The contracting authority shall require from the tenderer or candidate together with documents proving its qualification or separately:

1)　　　　　　submission of written confirmation of the absence of the circumstances mentioned in clauses 1-3 of subsection 1 of this section;

2)　　　　　　submission of the certificate of the Tax and Customs Board and the tax authority of the country of location of the tenderer or candidate or the local tax authority of the tenderer or candidate with the relevant competence on the absence of the fact mentioned in clause 4 of subsection 1 of this section or in case the administrative agency of the relevant competence of the country of location of the tenderer or candidate is not issuing the certificate with such content, the certificate of this administrative agency on the absence of the tax arrears.

(4) The contracting authority shall require the submission of the written confirmation of the tenderer together with the tender that the subcontractors participating in the direct performance of the public contract on the basis of the subcontract have no bases mentioned in the subsections 1 and 2 of this section.

(5) Provided the contracting authority has justified doubts that the bases mentioned in clauses 1-4 of subsection 1 of this section occur by the tenderer, candidate or the subcontractor of the tenderer, it could require the relevant notice of punishment register on the absence of the mentioned bases from the tenderer or candidate or the equivalent document issued by the court or administrative authority of the country of location of the tenderer, candidate or the subcontractor of the tenderer or any other certificate issued by the administrative agency authorised for that purpose or written authorization of the tenderer, candidate or the subcontractor of the tenderer for turning to the relevant administrative agencies for receiving the confirmation on the absence of mentioned bases. Provided the country of location of the tenderer or the candidate or the subcontractor of the tenderer issues no such documents, it could be replaced by the testimony given under oath by the tenderer, candidate or the subcontractor planned by the tenderer or by its representative or with the testimony given before the competent legal or administrative agency or notary or occupational or professional association according to the legal acts of the country of location of the tenderer, candidate or subcontractor of the tenderer.

(6) The contracting authority shall require the submission of the power of attorney given to their representative with the documents submitted for the proving of their qualification from the joint tenderers or joint　candidates.

(7) By excluding the tenderer or candidate from the procurement procedure on the bases stipulated in this section the contracting authority shall make the relevant justified written decision.

§ 39. Verification of qualification of the tenderer and candidate

(1) The contracting authority must verify that the economical and financial standing of the tenderer or candidate and the technical and professional ability comply with the qualification criteria provided in the contract notice. The qualification criteria must be sufficient for proving the ability of proper fulfilment of the public contract by the tenderer or candidate and relevant and proportional with the nature, quantity and purpose of the goods, services or public works that are the objects of the public contract.

(2) Provided the contracting authority has divided the public procurement into lots within the procurement procedure and has set different qualification criteria as to different lots, it verifies separately the compliance of the economic and financial standing and technical and professional ability of tenderers or candidates having submitted the tender or the request to participate in the procurement procedure with the qualification criteria provided in the contract notice separately. The contracting authority may establish for qualification of such tenderer or candidate which submits tender or the requests to participate in the procurement procedure as to more than one lot, higher qualification criteria for the summed indicators proportionally with the estimated value of lots.

(3) The contracting authority is entitled to verify the qualification of tenderer or candidate within the whole procurement procedure and if the fact is disclosed that the economic and financial standing or technical and professional ability of the tenderer or candidate do not comply with the qualification criteria provided in the contract notice, make a new decision on the qualification of the tenderer or candidate and leave the tenderer or candidate unqualified.

(4) The contracting authority may require the explanation of the content of documents submitted for verification of qualification from the tenderer or candidate or submission of additional documents.

(5) The contracting authority may not leave the tenderer or candidate unqualified on the grounds that it has no earlier public contracts for the purposes of § 4 of this act.

(6) The contracting authority shall make a relevant written grounded decision on the qualification or non-qualification of the tenderer or candidate.

(7) Unqualified tenderer or candidate shall not participate in the further procurement procedure.

§ 40. Economic and financial standing of the tenderer and candidate

(1) In order to verify the compliance of the economic and financial standing of the tenderer or candidate with the qualification criteria the contracting authority shall require the submission of one or several following documents specified in the contract notice:

1)　　　　　　appropriate statements from bank or any other relevant document accepted by the contracting authority which proves the existence of the financial means at the disposal of the tenderer or candidate needed to guarantee the performance of the public contract;

2)　　　　　　annual reports or extracts from the annual reports of up to three years, if the annual reports are public according to the legal acts of the country of location of the tenderer or candidate;

3)　　　　　　data on the net sales of the whole business activities of the tenderer or candidate or on the net sales in the field related to the public contract or in part corresponding to the object of the public contract within up to three financial years according to their availability.　

(2) The contracting authority may require the submission of the professional liability insurance certificate or any other relevant document accepted by the contracting authority from the tenderer or candidate which indicates that the tenderer or candidate has the means needed for the compensation of loss that may incur with the possible violation of the public contract or it has a possibility to receive these.

(3) If necessary and relevant for proving of qualification of the tenderer or candidate, they may prove their compliance with the requirements set for their economic and financial standing within the performance of the particular public contract in addition to its own indicators also on the basis of the means of another person, if it proves to the contracting authority in acceptable way that this person has the means necessary for performance of the public contract and corresponding to the object of the public contract in its disposal and the tenderer or candidate may use the relevant means of that person, if needed, for performance of the public contract.

(4) ) The joint tenderers and joint candidates for proving the compliance with the qualification criteria of their economic and financial standing. may rely on summed indicators of all joint tenderers or joint candidates in case of the summed up indicators

(5) Provided the tenderer or the candidate is unable to submit the documents required in the contract notice by the contracting authority for good reason, it may describe its economic and financial standing with the documents accepted by the contracting authority, provided that the tenderer or the candidate will not be placed into a better situation compared with other tenderers or candidates.

§ 41. Technical and professional ability of tenderers and　candidates

(1) In order to verify the compliance of technical and professional ability of the tenderer or candidate with the qualification criteria the contracting authority shall require the submission of one or several of the following data and documents in the contract notice according to the nature, quantity and usage method of services or public works contracted and goods purchased on the basis of the public contract:

1)　　　　　　the list of the public works in accordance with the properties specified by the contracting authority, carried out up to the last five years which reflects the value, date and site of all substantial works carried out, among them contracted by public procurement at their expediency and availability and the certificates specifying these were completed according to the rules of the awarded contracts and generally accepted good practice.

2)　　　　　　the list of principal supplies of goods and services provided in accordance with the properties specified by the contracting authority provided up to the last three years, among them including their value, dates of conclusion and information on other parties of the contracts at their existence and expediency;

3)　　　　　　the data on the technicians or technical bodies of the tenderer or candidate, especially those responsible for quality control regardless of whether or not belonging directly to the staff of　　undertaking of the tenderer or candidate or act by sub-contracting; in case of works contract the data of the persons or technical bodies responsible for carrying out the public works;

4)　　　　　　a description of the means and measures for monitoring and analysing the quality of the work and technical equipment used for ensuring quality by the tenderer or candidate;

5)　　　　　　the data on the experience, education and professional qualifications of the tenderer or candidate or its managerial staff and of the persons responsible for rendering services or managing of relevant public works;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6)　　　　　　the environmental management measures, if appropriate, applied for performance of the public contract in case of the works or service contract;

7)　　　　　　in case of service or works contract the average number of the employees, members of the management board of the tenderer or candidate and the persons employed in the undertaking on other contractual basis in the last three years;

8)　　　　　　confirmation of the tenderer on the existence of the tools or vehicles, plant and technical equipment or the existence of the relevant written statement for the acquisition or taking into use of necessary equipment which could be used by the tenderer or candidate in performing the public contract;

9)　　　　　　in case of service contract an indication of the proportion of the public contract which the tenderer or candidate intends possibly to subcontract;

10)                     samples, descriptions or photographs of the goods that are the object of the public contract, the authenticity of which must be certified if required;

11)                    certificates drawn up by technical control or supervisory agencies attesting the conformity of goods clearly identified by references to technical regulations or standards.

(2) Provided the estimated value of the public contract is equal to the international threshold or exceeds it, the contracting authority shall always require the information mentioned in clauses 1 or 2 of subsection 1 of this section among other things in the contract notice.

(3) Provided the special requirements have been established in the legal acts for the activity to be carried out on the basis of the public contract, the contracting authority controls whether the tenderer or candidate has such activity licence or registration or whether it belongs to the relevant organization according to the legal acts of the country of its location, requiring, if needed, such certificate from the tenderer or candidate, if these data are not available through the register to the contracting authority without major expenses.

(4) The following will be attached to the list mentioned in clause 2 of subsection 1 at the request of the contracting authority on the proper performance of the principal contracts:

1)　　　　　　the certificate issued by other contracting party, provided the other party of the contract is the contracting authority mentioned in clauses 1-3 of subsection 1 of § 10 of this act;

2)　　　　　　the confirmation of the other party or the written confirmation of the tenderer or candidate , provided the other party is the　legal person governed by private law or physical person.

(5) Provided the goods or services that are the object of the public contract are complex or with special purpose, the contracting authority or competent official body of the country in which the supplier or service provider is established carries out a check upon the agreement with the contracting authority on the production possibilities or technical ability of the tenderer or candidate and, if needed, also on the possibilities of carrying out the scientific and research work and the quality control measures applied.

(6) Where needed and appropriate for attesting the qualification of the tenderer or candidate , the tenderer or candidate may prove the compliance of technical and professional ability with the qualification criteria in the context of the performance of the specific public contract on the basis of the relevant indicators of the other personas to the means and measures or specialists, regardless of the legal nature of the links which it has with this person. For that purpose it has to prove by the way acceptable to the contracting authority that this person has relevant means and measures or specialists and the tenderer or candidate can use them, if needed, for performance of the public contract.

(7) The joint tenderers or joint candidates may rely on the competence of other joint tenderers or joint candidates in proving the conformity of their technical and professional ability with qualification criteria, provided this is possible resulting from the nature of the relevant criterion.

(8) Provided the object of the supply contract is in addition to the goods also their delivery or installation or the involved services or public works, the contracting authority may verify the qualification of the tenderer or candidate or the other person mentioned in subsection 6 of this section for the provision of these services or carrying out the public works in particular with regard to the technical and professional ability of this person.

(9) When the contracting authority requires the submission of the certificates of independent bodies in the contract notice attesting the compliance of the tenderer or candidate with certain quality assurance standards, refers to the quality assurance systems based on the relevant European standards series certified by the bodies conforming to the European standards series concerning certification. The contracting authority shall recognise the equivalent certificates from the bodies established in other Member States and accept other evidence of equivalent quality assurance measures submitted by the tenderer or candidate.

(10) Provided the contracting authority requires the submission of the list of environmental management measures applied on the basis of clause 6 of subsection 1 of this section in the contract notice, it shall refer to the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) of the European Union or to the EU legal acts based on the relevant European or international standards handling certification or to the environmental management standards based on the relevant European or international standards certified by the relevant bodies. The contracting authority shall recognise equivalent certificates from the bodies established in other EU Member States and shall accept other evidence of equivalent environmental management measures submitted by the tenderer or candidate.

§ 42. Official list of approved undertakings and certification of undertakings

(1) The person registered in the official list of approved undertakings or certified as the approved undertaking may submit the certificate of the keeper of the official list of approved undertakings for proving its qualification in the procurement procedure on entering it to the list or the certificate of the accredited certification institution on its certification as the approved undertaking. The mentioned certificates indicate the data, on the basis of which the person was entered to the list or the certificate was issued to the person and the classification given to it in the list.

(2) The certificate issued by the keeper of the official list of the undertakings approved in Estonia or in another Member State of the European Union on registering of the person to the official list of the approved undertakings or the certificate of the competent certification body on its certification as the approved undertaking proves to the contracting authority the compliance of the person with the qualification criteria stipulated in § 38-41 regarding these data which were the bases for certification or registering the person in the list. The mentioned proof or certificate certifies the compliance of the person with the criterion set by the contracting authority in case the criterion being the basis of certification was equal to or higher of the criterion established by the contracting authority.

(3) In addition to the data which were not the basis for registration of the person into the list or certification, the contracting authority may require additional certificate from the candidate or tenderer besides the certificate mentioned in subsection 4 of this section on the payment of local national or local taxes or social insurance payments in its country of location.

(4) The contracting authority applies the subsections 2 and 3 of this section only regarding the tenderer or candidate, the location of which is in the Member State of the European Union which has established the procedure for creating and keeping the official list of approved undertakings or the procedure for certifying the approved undertakings.

(5) The Government of the Republic establishes the procedure of creating, keeping and updating of the official list of approved undertakings of the specific field or the procedure for certification of the approved undertakings upon the motion of the minister responsible for the relevant field in　Estonia.

(6) The keeper of the official list of the approved undertakings of the specific field is the ministry responsible for the relevant field. Upon the permission of the Government of the Republic the ministry may authorize the keeping of the official list of approved undertakings to another legal person with the administration contract.

(7) The keeper of the official list of approved undertakings or the certification body authorized for the certification of the approved undertakings may require the fee from the undertaking for the entering to the list or certification or updating of the certificate. The fee rates which are in accordance with the reasonable expenses of relevant operations of the keeper of the list or the certification body are established by the Government of the Republic.

(8) By establishing of the conditions of registration in the official list of approved undertakings or certification requirements only the stipulations of § 38-41 of this act.shall be taken into account.

(9) For any registration in the official list of approved undertakings of the persons whose country of location is any other Member State of the European Union no other data nor certificates are required in their certification other than those requested from the persons whose location is in Estonia.

(10) The keeper of the official list of approved undertakings or the certification body authorized for the certification of the approved undertakings may not refuse from the registration of the undertaking in the list or certification without basis.

(11) The competent certification body for the purposes of this act is the institution corresponding to the European certification standards.

Title 4.- Tender, its submission, opening and evaluation

§ 43.　Tender

(1) The tender is the expression of will of the tenderer for the award of the public contract which is binding for the tenderer from the date of submission of tenders up to at least the termination of the minimum validity date of the tender fixed in the contract documents.

(2) The tender should comply with the terms stipulated in the contract notice, contract documents and, if the separate tender invitation is submitted pursuant to the procedure stipulated in this act, the terms stipulated in this invitation.

(3) The joint tender of joint tenderers should include the confirmation that the joint tenderers are solidarily liable for the performance of the public contract.

(4) The tender is confidential. The information included in the tender may be disclosed only in the cases and within the scope stipulated in this act.

§ 44. Submission of tender

(1) The tender is submitted in writing in the closed package and marked or in electronic form according to the requirements stipulated in this act and legal acts established based on the latter.

(2) The tenderer may withdraw the tender prior to the date of submission of tenders by submitting the relevant notice in the same form with the tender to the contracting authority.

(3) If the tenderer submits the new tender within the term of submission of tenders, the tenders previously submitted by it will not become invalid therefore without the notice stipulated in subsection 2 of this section.　　

(4) Provided the contracting authority has allowed to submit alternative solutions, the tenderer may submit the tender with alternative solutions.

(5) The tenderer may not submit the joint tender, if it submits the tender alone or if it submits the joint tender with other joint tenders. The tenderer may not submit the tender, if it has given consent to the other tenderer to name oneself the subcontractor in the tender in performing the public contract.

(6) The contracting authority immediately submits the confirmation on the receipt of the tender to the tenderer at its request.

§ 45. Extension of the validity period of the tender

(1) The tenderer may extend the tender validity period on the written proposal of the contracting authority.

(2) The contracting authority is obliged to submit the proposal mentioned in subsection 1 of this section at least 10 days before the end of its tender validity period, if the procurement procedure has not terminated by that moment. The tenderer notifies the contracting authority of the extension of the tender validity period or its refusal within five working days from the receipt of the relevant proposal.

§ 46. Opening of tenders

(1) Tenders shall be opened at the place and time specified in the contract notice, contract documents or in the proposal to submit the tender by the contracting authority.

(2) In opening the tenders the contracting authority shall control the compliance of the submitted tenders indicated in the contract documents or in case of the competitive dialogue with the structure of tender and the list of documents and prepares the minutes of opening of tenders where the names of the tenderers are entered, registry codes and the values of the submitted tenders, including the instalments of tenders, if these will be considered in evaluation of tenders and the values of numerical indicators describing the tender compliant with the evaluation criteria of other tenders. In the minutes shall be also marked the information on which submitted tenders were not compliant with the provisions stipulated in the contract documents or in the proposal to submit the tender and the non-compliance reasons on the basis of the circumstances verified in opening.

(3) The contracting authority forwards the transcript of the minutes of opening the tenders to all tenderers within three working days from the opening of tenders. The contracting authority may submit the transcript of the minutes of opening the tenders to the tenderers with the notice on the decision of declaring the tender successful or on the decision which is the basis for termination of the procurement procedure, if it forwards the information on the decisions made during the procurement procedure to the tenderers or candidates according to the provisions stipulated in subsection 4 of § 54 of this act and has notified of such possibility in the contract documents or in the proposal to submit the tender.

(4) The contracting authority enables the tenderers or their authorised representatives to stay by the opening of tenders.

(5) The contracting authority is not disclosing the content of the tenders in opening the tenders which violates the business secret of the tenderers or damages their mutual competition.

§ 47. Verification of compliance of tenders

(1) The contracting authority verifies the compliance of tenders submitted by the qualified tenderers which are opened pursuant to the procedure stipulated in § 46 with the terms provided in the contract notice and in the contract documents and in case the contracting authority submits the separate tender invitation pursuant to the procedure stipulated in this act, with the terms provided in this proposal and makes a grounded written decision on declaring the tenders suitable or on the rejection of tenders.

(2) The contracting authority rejects the tender, provided this is not compliant with the terms provided in the contract notice or contract documents or in case the contracting authority submits the separate tender invitation pursuant to the procedure stipulated in this act, with the terms provided in this proposal. The contracting authority may declare the tender suitable, provided this is not including the substantive deviations from the mentioned terms.

(3) The contracting authority rejects, inter alia, the tender which does not include the term required according to the stipulations of clause 9, subsection 2 of § 31 of this act.

(4) Provided the contracting authority has referred to the basis mentioned in subsection 1 of § 33 of this act in the technical specification of the object of public contract, it will not reject the tender in　awarding　the public supply or public service contract due to the non-compliance, provided the tenderer proves to the contracting authority in the acceptable way by using any appropriate certificates that the offered solutions are equivalent with the requirements provided in the technical specification.

(5) Provided the contracting authority has prepared the technical specification of the object of the public contract pursuant to the procedure stipulated in subsection 3 of § 33 of this act based on the performance or functional requirements of the object of the public contract, it will not reject the tender, provided the offered public works, or services are compliant with some bases stipulated in clauses 1-7 of subsection 1 of § 33 which handles the performance or functional requirements that are the basis of the technical specification of the object of public contract and the tenderer proves this with the appropriate certificates in the way acceptable for the contracting authority.

(6) Provided the contracting authority has stipulated the pre-condition mentioned in subsection 6 of § 33 of this act in the technical specification of the object of public contract, it accepts relevant other proof submitted by the tenderer for the certification of the compliance of the factors having an impact on the environment being the basis for the technical description with the eco-label requirements.

(7) The appropriate certificate for the purpose of the subsections 4-6 of this section could be the technical dossier of the product or the test protocol of the approved body.

(8) Provided the contracting authority has divided the public procurement within one procurement procedure into lots, it controls the compliance of the tender submitted to each lot with the terms provided in the contract notice, contract documents in case the contracting authority submits the separate tender invitation pursuant to the procedure stipulated in this act, with the terms provided in this proposal.

(9)The tenderer whose tender has been rejected is not participating in the further procurement procedure.

(10) In case the contracting authority has divided the public procurement within one procurement procedure into lots and the tenderer has submitted the tender to more than one lot and the tender submitted to some lot has been declared suitable, the tenderer participates in further procurement procedure as to these lots.

(11) In case the tenderer has submitted more than one tender or more than one tender to the same lot of public procurement in case the latter has been divided into lots within one procurement procedure and any of the tenders submitted by it in this public procurement or to some lot has been declared suitable, it participates in further procurement procedure with the tenders declared suitable.

§ 48. Tenders with abnormally low value

(1) Provided the contracting authority finds that the value of tender is abnormally low compared to the estimated value of the public contract, the contracting authority should require the relevant written explanation from the tenderer in the written form. The tenderer is obliged to submit the written explanation to the contracting authority within five working days from the receipt of the relevant requirement.

(2) The low value of the tender in the explanation mentioned in subsection 1 of this section may be justified mainly by:

1)　　　　　　the economics of construction method, manufacturing process or the service provided;

2)　　　　　　the technical solution chosen by the tenderer or exceptionally favourable conditions which are available to the tenderer for the performance of the public contract;

3)　　　　　　originality of public works, goods or services;

4)　　　　　　protection of employees valid in the place of performance of public contract and with the terms regulating the work conditions;

5)　　　　　　with the possibility of tenderer to obtain state aid.

(3) The contracting authority shall verify the explanation submitted and shall evaluate the proof submitted, also by consulting with the tenderer, if needed. Provided the contracting authority still finds that the value of tender is abnormally low or when the tenderer submits no required explanation to the contracting authority, the contracting authority may reject the tender on the basis of the reasoned written decision.

(4) Provided the contracting authority establishes that the value of tender is abnormally low, as the tenderer has obtained state aid, it may reject the tender only after the tenderer is not able to prove within the reasonable term specified by the contracting authority that the state aid given was in accordance with the legal acts. Provided the contracting authority rejects the tender on this basis and the estimated value of public contract is equal to the international threshold or exceeds it, it notifies the European Commission of it through the Ministry of Finance.

§ 49. Rejection of all tenders

(1) The contracting authority may make a reasoned written decision on rejection of all tenders, provided:

1)　　　　　　the values of all tenders declared suitable significantly exceed the estimated value of public contract or

2)　　　　　　the contracting authority has stipulated the possibility of rejection of all tenders and the relevant objective and non-discriminatory basis in the contract documents and this basis has been fulfilled.

(2) Provided the contracting authority has divided the public procurement within one procurement procedure into lots, it may make a decision on the rejection of all tenders:

1)　　　　　　as to this lot, on the tenders submitted to which any basis stipulated in subsection 1 of this section exists;

2)　　　　　　as to these lots, the award of public contract as to which is inexpedient or is not compliant with the objective of the public procurement set by the contracting authority without the award of the public contract as to this lot, regarding of which any bases of termination of procurement procedure stipulated in clauses 2-7 of subsection 3 of § 29 exist.

§ 50. Evaluation of tenders and declaration of tender successful

(1) The contracting authority evaluates the tenders declared suitable. The contracting authority considers the criteria of evaluation of tenders stipulated only in the contract notice, contract documents or tender invitation in evaluation of the tenders.

(2) Provided the contracting authority awards the public contract based on the most economically advantageous tender, it evaluates the tenders according to the relative share assigned to the evaluation criteria related to the object of the public contract mentioned in the contract notice or contract documents. The contracting authority declares the most advantageous tender successful with the reasoned written decision according to the tender evaluation criteria.

(3) Provided the contracting authority awards the public contract on the basis of the tender with the lowest price, it evaluates the tenders only proceeding from their value and declares the tender with the lowest price successful with the reasoned written decision.

(4) Provided the contracting authority has divided the public procurement into lots within one procurement procedure, it evaluates the tenders and declares the tenders successful in lots.

(5) In case the unit prices provided in the tenders are the basis for the payable fee on the basis of the public contract and the obvious calculation error occurs as to the value of the tender and the calculated total value is not compliant with the value calculated on the basis of the unit prices provided in the tender, the contracting authority corrects the calculation error by calculating the value of the tender on the basis of the unit prices provided in the tender and notifies in writing the tenderer immediately of it. The tenderer responds to the contracting authority in writing within two workdays beginning from the receipt of the relevant notice whether it agrees with the correction of the calculation error. If the tenderer disagrees with the correction of the calculation error, the contracting authority rejects the tender.

§ 51. Electronic auction

(1) Electronic auction is the final stage of tender evaluation for finding out the successful tender, during which the contracting authority evaluates and compares the quantitively measurable values of the terms provided in the tenders in the electronic environment pursuant to the procedure stipulated in this section.

(2) In case of open and restricted procedure and in case of　negotiated procedure with prior publication of a contract notice in case mentioned in clause 1 of subsection 2 of § 27 of this act the contracting authority may organise the electronic auction on the condition the object of the public contract can be precisely described. As a result the electronic auction may not be organised in contracting for services or awarding the public works contracts, the object of which is the intellectual activity, e.g. planning of public works.

(3) Electronic auction may be used also for the award of public contract in organising the competition between the tenderers which are the parties of the framework agreement and in case of dynamic purchasing system.

(4) The electronic auction shall be based:

1)　　　　　　solely on prices of tenders, provided the contracting authority awards the public contract based on the tender with the lowest price or

2)　　　　　　on the prices of tenders or other numerically expressed criteria of tender evaluation, provided the contracting authority awards the public contract based on the most economically advantageous tender.

(5) The contracting authority notifies of the organising of electronic auction in the contract notice.

(6) Prior to starting the electronic auction the contracting authority controls the compliance of the tenders with the terms stipulated in the contract documents and in case it awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender, evaluates the tenders prior to starting the auction proceeding from the evaluation criteria of tenders and their relative weight.

(7) The requirements of organising the electronic auction for the usable equipment and conduct procedure are established by the Government of the Republic.

(8) In the course of the electronic auction no requirements stipulated in subsection 5 of § 55 of this act are applied to the submission of the tenders, provided the Government of the Republic is not establishing the relevant requirements on the basis of subsection 7 of this section.

§ 52. Evaluation of alternative solutions

(1) The contracting authority evaluates the alternative solutions, provided it awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender and has allowed to submit the tenders with alternative solutions in the contract notice.

(2) The contracting authority evaluates only these alternative solutions which comply with the requirements established for the alternative solutions in the contract documents and which have been declared suitable based on these requirements.

(3) The contracting authority may not reject the alternative solution provided in the tender with the reason that in awarding the public contract on terms provided in the alternative solution the public service contract instead of public supply contract would be dealt with or vice versa.

§ 53. Continuation of procurement procedure in case of waiver of the tenderer having submitted the successful tender from the public contract award

(1) Provided the tenderer having submitted the tender declared successful withdraws its tender due to the reasons not resulting from the contracting authority:

1) the contracting authority declares the second-best tender as to the price successful, if it awards the public contract on the basis of the tender with the lowest price;

2) provided the contracting authority awards the public contract on the basis of the most economically advantageous tender, it revaluates all the remaining tenders according to the subsection 2 of § 50 and declares the tender successful which is the most advantageous of the tenders having been declared suitable according to the tender evaluation criteria stipulated in the contract notice, contract documents or tender invitation.

(2) In case stipulated in clause 1 of subsection 1 of this section the contracting authority has the right to require the loss compensation from the tenderer having withdrawn the tender declared successful regarding the difference of withdrawn tender and the next tender declared suitable.

(3) In case stipulated in clause 2 of subsection 1 of this section the contracting authority has the right to require the loss compensation from the tenderer having withdrawn the tender declared successful regarding all possible additional expenses which could be covered by the contracting authority related to the award of public contract instead of withdrawn tender on the basis of this tender which was declared successful after the re-evaluation of tenders, also regarding the expenses resulting from the new evaluation of tenders.

(4) The tender security not returned to the tenderer is deducted from the loss stipulated in subsections 2 and 3 of this section.

Title 5.- Notification

§ 54. Notification of the tenderers and candidates of the decision

(1) The contracting authority submits immediately, but not later than within three workdays, the written notice on each decision made within the procurement procedure which has an impact on its rights or obligations in the procurement procedure to the tenderers or　candidates, including the decision of eliminating the tenderer or　candidate　from the tendering procedure, decision of qualifying the tenderer or,　candidate,　decision of leaving the tenderer or　candidate　unqualified, decision of rejection of tender, decision of rejection of all tenders, decision mentioned in subsection 4 of § 65 of this act, decision of declaring the tender suitable and decision of declaring the tender successful with the names of tenderers or candidates, as to whose or whose tender the relevant decision was made, also the reasons why the public contract or framework agreement was decided not to be awarded or restart the procurement procedure.

(2) Upon the request of the tenderer or candidate the contracting authority submits in writing within three workdays from the receipt of such application:　

1)　　　　　　reasons of leaving them unqualified for the tenderer or candidate;

2)　　　　　　for the tenderer the reasons of rejection of its tender, including in cases when the decision was made according to which the tender is not equal for the purposes of subsection 2 of § 33 of this act or is not compliant with the performance or functional requirements set for the purposes of subsection 3;

3)　　　　　　to each tenderer having submitted the tender declared suitable data describing the successful tender and its advantages compared to its tender and the name of the tenderer or tenderers having submitted the tender declared successful.

(3) The contracting authority may leave the information of the notices mentioned in subsection 1 of this section unsent to the tenderers or candidates, the disclosure of which would hinder the work of the law enforcement authorities, would contradict the public interest or would violate the business secret of undertakings or would damage their mutual competition.

(4) The contracting authority may deviate from the terms stipulated in subsections 1 and 2 of this section by submitting the information mentioned in subsections 1 and 2 to the tenderers or candidates together promptly but no later than within five workdays from making the decision of declaring the tender successful or the decision which is the basis for the termination of the procurement procedure.

§ 55. Rules applicable to communication and form requirements of documents

(1) All communication and information exchange referred to in this chapter may be carried out by post, fax or personal delivery or by electronic mail, if not stipulated otherwise in this chapter. Any notice or other information submitted by the contracting authority based on the terms of this chapter is considered as submitted in time, provided the notice has been sent as required within the term stipulated for submitting.

(2) Communication means and electronic information forwarding means used by the contracting authority must be generally available and technically interoperable with the information and communication technology in general use and thus not restrict the participation of the interested persons in the procurement procedure without reason.

(3) Communication and exchange and storage of information should be carried out in a way which guarantees the integrity of data and the confidentiality of tenders, requests to participate in the procurement procedure and other documents and this that the contracting authority may open the tenders and the requests for participating in the procurement procedure and examine their content only after the expiry of the date of their submission.

(4) The information and technical requirements needed for the electronic submission of the tenders and requests to participate in the procurement procedure, including encryption, shall be available to the interested persons.

(5) In case of electronic submission of the tenders and requests to participate in the procurement procedure at least the following requirements should be met:

1)　　　　　　Electronic signatures should comply with the requirements stipulated in the Digital Signatures Act and in the legal acts of the Member State of the European Union established based on the framework of the community handling the electronic signatures of the directive 1999/93/EC of the European Parliament and Council (OJ L 13, 19 January 2000, pgs 12-20);

2)　　　　　　The precise time of receipt of tenders and requests to participate in the procurement procedure may be specified by the contracting authority;

3)　　　　　　It has been guaranteed that prior to the date of submission of tenders or requests to participate in the procurement procedure no one except their sender has an access to these documents;

4)　　　　　　Provided the access prohibition mentioned in clause 3 of this subsection is violated, this violation may be clearly established;

5)　　　　　　The time of opening the tenders or requests to participate in the procurement procedure may be specified or changed only by the persons appointed by the contracting authority;

6)　　　　　　In the course of the procurement procedure the persons appointed by the contracting authority have the access to the tenders and requests to participate in the procurement procedure only as a result of the simultaneous procedure and pursuant to the date specified by the contracting authority;

7)　　　　　　The data provided in the tenders and requests to participate in the procurement procedure will be accessible for only the persons appointed by the contracting authority.

(6) The requirements to the electronic submission of tenders and requests to participate in the procurement procedure shall be established by the Government of the Republic.

§56. Explanations

(1) Each person participating in the procurement procedure and each interested person, who at the respective moment has the possibility to participate in the procurement procedure, has the right to receive explanations or additional information regarding the contract notice, contract documents and the tender invitation.

(2) The contracting authority shall submit the explanations regarding the contract notice, contract documents, tender invitation or additional information, the publication of which is considered possible by the contracting authority, to the person asking simultaneously for explanations or additional information, to all tenderers and candidates who have received the contract documents or tender invitation or to the interested persons who have received contract documents, who at the respective moment have a possibility to participate in the procurement procedure and discloses these with the contract documents. The contracting authority submits the mentioned information within three working days from receiving the respective request.

(3) The contracting authority may demand from the tenderer or the candidate justified explanation, delimitation or specification of the information presented in the tender or the explanations, data or documents mentioned in subsection 4 of § 39 of this act. The tenderer or candidate is obliged to submit the latter within three working days from the receipt of the relevant claim.

Title 6.- Open procedure

§ 57. Issue of contract documents in open procedure

(1) In case of an open procedure the contracting authority shall make possible to all interested persons to extract contract documents at its location or electronically on the website according to the stipulations of the contract notice. In addition, the contracting authority may issue contract documents also by post in a written form and via e-mail in an electronic form. The contracting authority shall register all persons who have taken out contract documents. If the contracting authority enables to take out the contract documents through the website, the interested person should have a possibility to register oneself on the website as the person having received the contract documents, by disclosing its contact data to the contracting authority.

(2) The contracting authority shall specify the date for submitting tenders proceeding from the object of the public contract, above all its complexity and quantity, volume or amount, considering the minimum dates stipulated in § 35 of this act.

(3) In case the contracting authority does not guarantee unlimited and full electronic access to the contract documents from publishing the contract notice in the register, it will submit the contract documents to the interested person within three working days from receiving the respective request.

§58. Submission, opening and evaluation of tenders in open procedure

(1) In case of an open procedure every interested person may submit a tender. Together with the tender also the documents are submitted verifying the qualification of the tenderer respectively to the requirements of the contract notice.

(2) The contracting authority shall open all tenders submitted in due date, check the qualifications of all tenderers according to the stipulations provided in this act and contract notice and the compliance of the tenders of qualified tenderers with the terms provided in the contract notice and contract documents and shall evaluate the tenders declared suitable according to the procurement procedure stipulated in this act.

(3) The contracting authority may not conduct negotiations in the course of the procurement procedure.

Title 7.- Restricted procedure

§59. Candidates in restricted procedure

(1) In case of a restricted procedure each interested person may submit a request to participate in the procurement procedure with the documents certifying the qualification of the candidate as required in the contract notice. The request to participate in the procurement procedure is submitted in written form or in the electronic form in accordance with the requirements stipulated in this act and in the legal acts established on its basis. The contracting authority shall immediately submit a confirmation on receiving the request to the candidate at its request.

(2) In the contract notice the contracting authority may restrict the number of participating candidates in the procurement procedure, to whom it will present the invitation to tender by establishing the numerical lower limit in the contract notice, which may be a minimum of five and, if required, the upper limit and the objective and non-discriminatory criteria for the selection of those candidates.

(3) The contracting authority shall check the qualification of all candidates who have on time submitted the request to participate in the procurement procedure according to the terms stipulated in this act and in the contract notice.

§60. Submission of tender invitation in restricted procedure

(1) The contracting authority shall submit the tender invitation to all qualified candidates or, in case it has limited the number of candidates in the contract notice according to §59 (2), to at least the respective number of selected qualified candidates simultaneously. The tender invitation is submitted in written form or in the electronic form in accordance with the requirements stipulated in this act and in the legal acts established on its basis.

(2) Provided the number of qualified candidates is less than the numerical lower limit of candidates specified in the contract notice, the contracting authority may continue the procurement procedure by submitting the tender invitation to all qualified candidates.

(3) With the tender invitation the contract documents shall be forwarded or a reference to the web address, provided the contracting authority ensures unlimited and full electronic access to contract documents and a reference to the contract notice published in the register.　

§61. Opening and evaluation of tenders in restricted procedure

(1) The contracting authority shall open all tenders and check their compliance with the terms provided in the contract notice, contract documents and tender invitation, and shall evaluate all tenders declared suitable according to the procurement procedure stipulated in this chapter.

(2) The contracting authority may not conduct negotiations in the course of the procurement procedure.

Title 8.- Competitive dialogue

§62. Candidates in competitive dialogue

(1) In case of competitive dialogue each interested person may submit a request to participate in the procurement procedure with the documents certifying the qualification of the candidate as required in the contract notice. The request to participate in the procurement procedure is submitted in written form or in the electronic form in accordance with the requirements stipulated in this act and in the legal acts established on its basis. The contracting authority shall immediately submit a confirmation on receiving the request to the candidate at its request.

(2) The contracting authority may limit the number of candidates participating in the procurement procedure with which it has a dialogue by establishing a numerical lower limit that may be a minimum of three and at option the upper limit and the objective and non-discriminatory criteria for the selection of those candidates.

(3) The contracting authority shall check the qualifications of all candidates according to the stipulations of this act and the contract notice.

§63. Dialogue

(1) The contracting authority shall make to all qualified candidates or, in case it has limited the number of candidates in the procurement notice according to §62 (2) of this act, at least to the respective number of selected qualified candidates, simultaneously and in a format which may be reproduced in writing a proposal to start a dialogue for finding out the solution that will satisfy the needs of the contracting authority the best.

(2) In case the number of qualified candidates is less than the numerical lower limit of candidates specified in the contract notice, the contracting authority may continue procurement procedure by making a proposal to start a dialogue to all qualified candidates.

(3) The proposal to start a dialogue specified in subsection 1 of this section must contain:

1) the description of the object of the public contract or a reference to the web address in case the contracting authority guarantees an unlimited and full electronic access to the description;

2) reference to the published contract notice;

3) time and place of starting a dialogue and the language or languages used;

4) the terms submitted to the participants in the dialogue on whether the contracting authority requires the transfer of the intellectual or other ownership of the solutions offered in the course of the dialogue, whether the offered solutions are available to other participants in the dialogue and whether the final tenders are submitted on the basis of one solution selected by the contracting authority or in the course of the dialogue on the basis of each solution offer by the candidate itself;

5) in case of giving the awards for the compensation of expenses related to working out the solutions offered in the course of the dialogue or in case of payment of participation fee its amount, payment terms and procedure.

(4) The contracting authority will not add these data to the description of the object of the public contract which resulting from the nature of the competitive dialogue may not be specified in making the proposal mentioned in subsection 1 of this section or over which the negotiations are held in the course of the dialogue.

(5) The contracting authority shall ensure the equal treatment of all candidates participating in the dialogue in the course of the dialogue. The contracting authority may not disclose information in a discriminatory manner nor to disclose in the course of the dialogue the solutions offered by the candidate nor any other confidential information to other candidates participating in the dialogue nor to the third persons without the consent of the candidate.

(6) In case the contracting authority has established such possibility in the contract notice, it may have the dialogue in successive stages, by reducing the number of solutions discussed in each stage. In case of existence of suitable solutions, the number of solutions discussed in the last stage must be sufficient to ensure competition.

(7) In the course of the dialogue all terms of the future public contract may be addressed.

(8) The contracting authority holds the dialogue with the candidates until finding the solutions most compliant with its needs.

(9) The solutions worked out in the course of the dialogue are entered to the minutes signed by the contracting authority and candidate.

(10) The contracting authority may give awards to the tenderers or pay participation fee for the compensation of expenses related to the working out the solutions offered in the course of the dialogue, the amount of which may be differentiated depending on the terms submitted on the suitability of the offered solution.

§64. Submission of tender invitation and evaluation of tenders in case of competitive dialogue

(1) Pursuant to the specification of the solutions most suited to its needs, the contracting authority shall notify all candidates participating in the dialogue of the termination of the dialogue and shall present them simultaneously the invitation to submit tenders on the grounds of solutions presented and specified in the course of the dialogue. The tender invitation must include these data mentioned in subsection 2 of §31 of this act which are needed to submit the tenders and appropriate implementation of the procurement procedure and which have not been mentioned in the contract notice. The tender invitation will be made in writing or in the electronic form according to the requirements stipulated in this act and legal acts established on its basis.

(2) The contracting authority shall open all tenders and shall check their compliance with the description and requirements of the object of the public contract which it has stipulated in the contract notice and tender invitation and shall evaluate all tenders declared compliant according to the procurement procedure established in this chapter.

(3) The contracting authority may not hold negotiations in the course of the procurement procedure pursuant to making the tender invitation.

Title 9.- Negotiated procedure with prior publication of a contract notice

§ 65. Starting the negotiated procedure with prior publication of a contract notice

(1) In case of negotiated procedure with prior publication of a contract notice each interested person may submit the request to participate in the procurement procedure with the documents certifying the qualification of the candidate as required in the contract notice. The request to participate in the procurement procedure is submitted in written form or in the electronic form in accordance with the requirements stipulated in this act and in the legal acts established on its basis. The contracting authority shall immediately forward a confirmation on receiving the request to the candidate at its request.

(2) The contracting authority may restrict the number of candidates participating in the procurement procedure, to which it submits the tender invitation by stipulating the relevant numerical lower rate in the contract notice which may be three as minimum and at option the upper limit and the objective and non-discriminatory criteria for selecting these candidates.

(3) The contracting authority controls the qualification of all candidates according to the terms stipulated in this act and contract notice.

(4) In case of clause 1, subsection 2 of § 27 of this act the contracting authority may continue the started procurement procedure with open procedure, restricted procedure or competitive dialogue as the negotiated procedure with prior publication of a contract notice without submitting the new contract notice for starting the negotiated procedure with prior publication of a contract notice nor recontrol the qualification of candidates when starting the negotiations on tenders with only these tenderers who were earlier qualified during the same procurement procedure and who submitted the tender compliant with the form requirements controlled in opening the tenders. In this case the contracting authority makes a reasoned written decision on the substantive non-compliance of all tenders without rejecting them and on starting the negotiations over the tenders.　

§ 66. Submission of tender invitation in the negotiated procedure with prior publication of a contract notice

(1) The contracting authority submits the tender invitation simultaneously to all qualified candidates or in case it has restricted the number of candidates in the contract notice according to subsection 2 of § 65, at least to the relevant number of qualified candidates. The tender invitation is submitted in written form or in the electronic form in accordance with the requirements stipulated in this act and in the legal acts established on its basis.

(2) Provided the number of qualified candidates is less than the numerical lower rate of the candidates mentioned in the contract notice the contracting authority may continue the procurement procedure by submitting the tender invitation to all qualified candidates.

(3) With the tender invitation contract documents shall be forwarded or relevant reference to the website, when the contracting authority guarantees the unrestricted and full electronic access to the contract documents and the reference to the contract notice published in the register. The contracting authority will not add these data mentioned in subsection 2 of § 31 of this act to the contract documents which as a result of the nature of the negotiated procedure with prior publication of a contract notice may not be specified at the moment of submitting the tender invitation or over which are negotiated during the procurement procedure.

§ 67. Opening of tenders and holding negotiations in the　negotiated procedure with prior publication of a contract notice

(1) The contracting authority opens all tenders, except in case stipulated in subsection 4 of § 65 of this act, and holds negotiations with the tenderers regarding the tenders to adjust these, if needed, with the requirements stipulated in the contract notice and contract documents and select the successful tender.

(2) During the negotiations the contracting authority guarantees the equal treatment of all tenderers. The negotiations are confidential. The contracting authority is not disclosing the information regarding the tenders received during the negotiations in the discriminatory way which could provide an advantage to one tenderer before the others.

(3) Provided the contracting authority has stipulated this possibility in the contract notice or contract documents, it could organise the negotiations as successive stages by decreasing the number of tenders negotiated over in each stage. In case of existence of appropriate tenders the number of tenders negotiated over in the last stage should be sufficient for ensuring the competition.

Title 10.- Negotiated procedure without publication of a contract notice

§ 68. Procedure of negotiated procedure without publication of a contract notice

(1) In case of negotiated procedure without publication of a contract notice the contracting authority submits the contract documents to one or several interested persons whose economic and financial standing and technical and professional ability are presumably sufficient for proper performance of the public contract.

(2) The contracting authority will not add these data mentioned in subsection 2 of § 31 of this act to the contract documents which as a result of the nature of negotiated procedure without publication of a contract notice could not be specified at the moment of submission of contract documents or which are negotiated over during the procurement procedure.

(3) The contracting authority submits the qualification terms with the contract documents and the requirements of submission of documents certifying the qualification to the interested person and controls the qualification of the person according to the stipulations in this act and the provided qualification criteria prior to starting the negotiations over the terms of the public contract.

(4) The contracting authority holds negotiations over the terms of public contract with the interested persons having received the contract documents to award the public contract according to the provisions stipulated in subsections 2 or 3 of § 50 of this act.

Title 11.- Award and amendment of the public contract

§ 69. Award and amendment of the public contract

(1) The contracting authority is not allowed to give the consent for the award of the public contract prior to passing of 14 days from the forwarding of notice on the decision on declaring the tender successful, except in case of negotiated procedure without publication of contract notice or in case the tender was submitted by only one tenderer in other type of procurement procedure. The public contract awarded prior to expiry of the mentioned date is void.

(2) The parties of the public contract may draw up the public contract as a separate document.

(3) The contracting authority may agree in amendment of the awarded public contract only in case the amendment is due to the objective circumstances which could not be anticipated by the contracting authority during the award of the public contract and in case of leaving the public contract unchanged, the achievement of the objective set with the public contract would be fully or in material part in danger.

(4) The contracting authority may not agree in amending the public contract, if the objective applied for with amendment could be achieved with the award of the new public contract.

(5) The violation of the requirements stipulated in the subsections 3 and 4 of this section has no impact on the validity of the public contract.

(6) If the contracting authority has divided the public procurement into lots within one procurement procedure, it may award the public contract per each lot separately.

Title 12.- Framework　agreements

§ 70. Award of framework　agreement

(1) The contracting authority may award the framework agreement with the term of up to four years. The longer date is allowed in case this is objectively necessary and grounded resulting from the object of the framework agreement.

(2) The contracting authority should not award the framework agreement in order to preclude, limit or distort competition.

(3) The framework agreement is awarded as a result of the procurement procedure organised pursuant to the procedure stipulated in this chapter. The tenders to which the consent for the award of the framework agreement is given are chosen according to the procedure for evaluation of tenders stipulated in § 50 of this act based on the sequence of advantage.

(4) The framework agreement is awarded, if possible, with at least three tenderers, provided the sufficient number of qualified tenderers submit the tender compliant with the requirements stipulated in the contract documents.

§ 71. Award of public contracts based on the framework agreement

(1) The terms resulting from the framework agreement should be proceeded from in awarding the public contracts based on the framework agreement and the procedure stipulated in this section. If the terms of the public contracts awarded on the basis of the framework agreement differ from the terms in the framework agreement, the terms of the public contract should be more advantageous than the terms stipulated in the framework agreement for the contracting authority, above all the unit cost of the object of the public contract could be lower than the unit cost stipulated in the framework agreement.

(2) On the basis of the framework agreement awarded with one tenderer by the contracting authority, the public contracts are awarded within the terms stipulated in the framework agreement. The contracting authority may hold negotiations with the tenderer in awarding the public contracts in the format which may be reproduced in writing or in the same form as recorded as minutes and ask the tenderer to complete the tender, if needed.

(3) Provided all terms of public contracts to be awarded on the basis of the framework agreement the contracting authority of which has awarded with more than one tenderer, the public contracts will be awarded in the terms stipulated in the framework agreement.

(4) Provided not all terms of public contracts to be awarded on the basis of the framework agreement the contracting authority of which has awarded with more than one tenderer, the contracting authority awards the public contracts on the basis of the framework agreement on the basis of the following procedure:

1)　　　　　　The contracting authority holds negotiations with all tenderers that are the parties of the framework agreement in the written form or as recorded in the minutes;

2)　　　　　　The contracting authority provides the reasonable date for the tenderers that are the parties of the framework agreement to submit the tenders for the award of the public contract on the basis of the framework agreement, considering the complexity of the object of the public contract and the time needed for the submission of tenders;

3)　　　　　　The tenderers that are the parties of the public contract submit the tenders in the written form to the contracting authority, the content of which is confidential up to the expiry of the date mentioned in clause 2 of this subsection;

4)　　　　　　The contracting authority awards the public contract with the tenderer based on the framework agreement who has submitted the most advantageous tender according to the terms of awarding the public contracts stipulated in the framework agreement.

(5) The contracting authority notifies the other tenderers that are the parties of the framework agreement of the award of the public contract on the basis of the framework agreement immediately but not later that within 3 working days from the award of the public contract.

Chapter 3.- PUBLIC WORKS CONCESSION

Title 1.- Granting public works concession

§ 72. Notice of public works concession

(1) When the contracting authority requires to award the public contract for granting the public works concession (hereinafter the concession contract) it should submit the notice of public works concession to the register.

(2) According to the terms stipulated in the notice of public works concession all interested persons are entitled to submit the concession application.

§ 73. Date of submission of concession applications and public procurement report

(1) The contracting authority sets the date for submission of concession applications which may not be less than 52 days from the publication of notice of public works concession in the register.

(2) Provided the total estimated value of the public works to be carried out on the basis of the public works concession is equal to the threshold of the public procurement or exceeds it, but is lower of the international threshold, the date mentioned in subsection 1 of this section should be at least 22 days.

(3) Provided the contracting authority submits no information needed for submitting the concession applications within reasonable period from the receipt of relevant application or when it has been submitted at least six days before the date of submission of concession application or when the concession applications may be submitted only pursuant to the examining the place of performing the concession contract or the control of technical documents on site, the contracting authority extends the date of submitting the concession applications in case of the arising need so that the interested persons may obtain all information needed for submitting the concession application.

(4) The contracting authority submits the public procurement report to the register within ten days pursuant to the award of the concession contract.

§ 74. Subcontracting

(1) The contracting authority may require that:

1)　　　　　　the concessionaire would award the public contracts with the subcontractors based on the concession which include at least 30 percent of the total estimated value of the public works carried out based on the public works concession, by giving the possibility to increase this rate to the concession candidate or

2)　　　　　　the concession candidate would indicate in the concession application to how large extent of the estimated total value of the public contracts to be awarded based on the public works concession the concession candidate intends to award the subcontracts.

(2) The contracts which have been awarded by the concessionaire with the undertaking related to it or with another person having submitted the joint concession application with it are not considered among the subcontracts mentioned in subsection 1 of this section.

(3) The connected undertaking for the purposes of this section is any undertaking over which the concessionaire has a dominant influence, whether directly or indirectly, or any undertaking which has a dominant influence on the concessionaire or which, together with concessionaire, is under　　the dominant influence of third person as a result of ownership, financial participation, legal act or on other basis. A dominant influence over an undertaking is presumed when, directly or indirectly in relation to another undertaking, it holds a majority of the undertaking’s share capital, controls a majority of the votes based on the shares or has a power to appoint more than half of the members of the undertaking’s management or supervisory body.

(4) The concession candidate shall add the full list of the undertakings related to it to the concession application. The concessionaire shall update this list pursuant to each next change in the inter-undertaking relation and shall submit the amended list immediately to the contracting authority.

§ 75. Contracting for additional public works from the concessionaire

The contracting authority is not obliged to apply the procedure stipulated in this act, when it contracts for additional public works occurred necessary due to the unforeseeable circumstance for carrying out the public works described in the concession contract or project, not included in the initial concession contract, within up to 50 percent of the value of initial concession contract, provided such additional public works could neither be technically nor economically separated without incurring major costs for the contracting authority or additional public works are unavoidably necessary for performing the initial concession contract.

Title 2.- Award of public works contract based on the public works concession

§ 76. Award of public works contract by the concessionaire that is not a contracting authority based on the public works concession

Provided the concessionaire that is not the contracting authority for the purposes of § 10 of this act requires to award the public works contract on the basis of the concession, the estimated value of which is equal to the threshold of the public procurement or exceeds it, it should follow the procedure stipulated in § 78, if not stipulated otherwise in § 77.

§ 77. Specifications of award of public works contract by the concessionaire that is not the contracting authority based on the public works concession

(1) The concessionaire is not obliged to apply the terms stipulated in § 76 in awarding the public works contract based on the public works concession, provided any terms for application of negotiated procedure without publication of a contract notice stipulated in § 28 of this act have been met.

(2) The concessionaire is not obliged to apply the terms stipulated in § 76 based on the public works concession in awarding the works contract with the connected undertaking or the other person having submitted the joint concession application with it.

§ 78. Procedure for public works contract award by the concessionaire that is not the contracting authority based on the public works concession

(1) The concessionaire submits the contract notice to the register for awarding the public works contract based on the public works concession.

(2) The concessionaire determines the date of submission of tenders or the requests to participate in the procurement procedure based on the complexity of public contract and the time period presumably needed for the preparing and submission of tenders based on the stipulations in subsections 3-9 of § 35 of this act.

(3) Provided the concessionaire guarantees no unlimited and complete electronic access to the contract documents from the publication of the contract notice in the register, the concessionaire submits the contract documents to the interested person within three working days from the receipt of the relevant request.

(4) The concessionaire submits the public procurement report to the register within ten days after the award of the public contract.

Chapter 4.- DESIGN CONTEST

§ 79. Types of design contest

(1) The contracting authority may organise the design contest:

1)　　　　　　with the objective to award the public service contract with the winner of the design contest based of the conceptual design offered by it;

2)　　　　　　only for the receipt of conceptual design by giving the prizes to the winner or winners of the design contest or by paying the participation fees to the participants.

(2) In case stipulated in clause 1 of subsection 1 of this section the contracting authority is entitled to award the public service contract with the winner of the design contest based on subsection 6 of § 28, if it is not excluding this possibility in the design contest notice and the estimated value of the public contract to be awarded has been included in the estimated value of the design contest according to the terms stipulated in subsection 5 of § 20.

§ 80. Procedure of organizing the design contest

(1) In order to start the design contest the contracting authority submits the invitation of design contest to the register.

(2) The contracting authority stipulates in the design contest notice, inter alia, whether it requires the transfer of the copyright or other ownership of the submitted conceptual designs from the winner of the design contest and other participants in the design contest or not.

(3) The contracting authority may restrict the number of participants at the contest by establishing the clear and non-discriminatory criteria for the selection of the participants. The number of invited participants should be sufficient to ensure the competition.

(4) The contracting authority may establish the professional qualification requirements for the participants at the design contest in case of practicality based on the objective criteria.

(5) The conceptual designs are assessed by the jury of the design contest.

(6) The contracting authority announces the participant having submitted the best conceptual design the winner of the design contest in the opinion of the jury. There can be one or many winners.

(7) The contracting authority submits the results of the design contest to the register within ten days pursuant to the announcement of the winner of the design contest.

§ 81. Jury of the design contest

(1) The contracting authority appoints the jury of the design contest for the evaluation of conceptual designs submitted at the design contest.

(2) The members of the jury of the design contest should be the natural persons independent of the participants at the design contest.

(3) Provided the contracting authority has established the requirements of professional qualification for the participants of the design contest, at least one third of the members of the jury of the design contest should have equivalent professional qualification.

(4) The jury of the design contest is independent in its decisions and opinions and proceeds only from the criteria stipulated in the invitation of design contest.

(5) Conceptual designs are anonymous up to the making of the decision by the jury.

(6) The jury of the design contest prepares the minutes on its activities where the order of superiority of the evaluated conceptual designs, the prizes given to the winners of the design contest, participation fees paid to the participants, notes of the members of the jury and potential circumstances requiring additional explanation are entered. The jury may forward through the contracting authority the questions to the participants of the design contest regarding the circumstances requiring explanation entered to the minutes. The questions and answers are entered to the minutes. The minutes will be signed by all members of the jury of the design contest.

Chapter 5.- PROCUREMENT PROCEDURE IN UTILITIES SECTORS

Title 1.- Application of chapter

§ 82. Application of provisions

The provisions of chapter 2 shall be applied to organising procurement procedure in utilities sectors pursuant to the procedure provided in § 15 of this act, unless otherwise provided by this act.

§ 83. Operations in the sectors related to gas and thermal energy

(1) For the purpose of this act, operations in the sectors related to gas and thermal energy shall be:

1)　　　　　　the operation of the fixed network intended to provide a service to the public in connection with the transfer or distribution of gas or thermal energy or with the production, transport or distribution of gas or thermal energy; or

2)　　　　　　the supply of gas or thermal energy to such networks.

(2) Provided the contracting authority, except the contracting authority mentioned in clause 1 of subsection 1 of § 10 of this act, supplies the networks providing the public service with gas or thermal energy, this shall not be considered the activity within the meaning of subsection 1 of this section if:

1)　　　　　　the production of gas or thermal energy by the contracting authority is the unavoidable consequence of carrying out an activity other than those referred to in sections 84 to 89 of this act or in this section; and

2)　　　　　　the public networks are supplied with gas or thermal energy of the contracting authority’s own consumption surplus, aimed only at the economic exploitation of such production and amounts to no more than 20 % of the contracting authority’s last three years average turnover.　

§ 84. Operations in the sectors　related to electricity

(1) For the purpose of this act, operations in the sectors related to electricity shall be:

1)　　　　　　the operation of the fixed network intended to provide a service in connection with the production, transfer or distribution of electricity to the public or

2)　　　　　　the supply of electricity to such networks.

(2) Provided the contracting authority, except the contracting authority mentioned in clause 1 of subsection 1 of § 10 of this act, supplies the networks providing the public service with electricity, this shall not be considered the activity within the meaning of subsection 1 of this section if:

1)　　　　　　the production of electricity by the contracting authority takes place because its consumption is necessary for carrying out an activity other than those referred to in sections 83 and 85 to 89 or in this section and

2)　　　　　　supply to the public network depends only on the contracting authority’s own consumption and has not exceeded 30% of the contracting authority’s total production of energy, having regard to the average of its last three years production of energy.

§ 85. Operations in the sectors related to water

(1) For the purpose of this act, operations in the sectors related to water shall be:

1)　　　　　　the operation of public water supply and sewerage systems intended to provide a service in connection with the production, transport or distribution of drinking water to the public,

2)　　　　　　the supply of drinking water to such public water supply systems.

3)　　　　　　hydraulic engineering projects, land irrigation or drainage works, if more than 20 percent of the total volume of the water received in the course of the mentioned projects, irrigation or drainage works are used for the supply of drinking water or

4)　　　　　　the discharges purification and processing of wastewater.

(2) Provided the contracting authority, except the contracting authority mentioned in clause 1 of subsection 1 of § 10 of this act, supplies the water supply facility providing the public service with drinking water, this shall not be considered the activity within the meaning of subsection 1 of this section if:

1)　　　　　　the production of drinking water by the contracting authority takes place because its consumption is necessary for carrying out an activity other than those referred to in sections 83 to 84 and 86 to 89 or in this section and;

2)　　　　　　supply to the public water supply systems depends only on the contracting authority's own consumption and has not exceeded 30% of the contracting authority's total production of drinking water, having regard to the average of its last three years production of drinking water.

§ 86. Operations in the sectors related to transport services

(1) For the purpose of this act, operation in the sectors related to transport services shall be the operation of networks or the provision of transport service by train, bus, tramway, trolley bus, automated systems or cableway to the public.

(2) A network shall be considered to exist within the meaning of subsection 1 of this section where the service is provided under operating conditions laid down by a competent authority authorized to do so under the legal acts, such as the list of the routes to be served, the capacity to be made available or the frequency of the service.

(3) The provision of bus transport services to the public within the meaning of subsection 1 of this section where other persons have the right to provide bus transport services in the same region and on the same conditions shall not be considered to be operation in the sector related to transport services within the meaning of this act.

§ 87. Operations in the sectors related to postal services

(1) For the purpose of this act, operations in the sectors related to postal services shall be the provision of postal services or other services listed in subsection 4 of this section.

(2) For the purpose of subsection 1 of this section, postal services shall be the services consisting of the collecting, sorting, transporting and delivery of postal items to the recipients. These services include both reserved postal services and other postal services on the basis of article 7 of Directive 97/67/EC of the European Parliament and Council on the common rules handling the development of the domestic market of postal services of the community and improvement of the service quality (OJ L 15, 21 January 1998, pgs 14-25).

(3) A postal item within the meaning of subsection 2 of this section shall be an item addressed in the final form in which it is to be carried, irrespective of weight. In addition to items of correspondence, such items also include for instance books, catalogues, newspapers, periodicals and postal packages containing merchandise with or without commercial value.

(4) Other services than postal services within the meaning of subsection 1 of this section, the provision of which is considered to be operation in the sectors related to postal services, are the services to be provided by the contracting authority rendering the postal services mentioned in subsection 2:

1)　　　　　　postal service management services: services both preceding and subsequent to despatch of postal item, such as post office service management services;

2)　　　　　　added-value services linked to and provided by electronic means, including the secure transmission of encrypted documents by electronic means, address management services and transmission of registered electronic mail;

3)　　　　　　services concerning postal items not included with the meaning of postal item within the meaning of subsection 3 of this section, such as direct mail bearing no address;

4)　　　　　　financial services, as defined in category 6 of Annex 2 A and within the meaning of clause 9 of subsection 1 of § 14 which include postal money transfer orders and non-cash settlements;

5)　　　　　　philately services;

6)　　　　　　logistics services combining physical delivery or warehousing with other non-postal functions.

§ 88. Operations in the sectors related to surveys of mines and　extraction of oil, gas, coal, oil shale, peat and other solid fuels

For the purpose of this act, operations in the sectors　related to surveys of mines and　extraction of oil, gas, coal, oil shale, peat and other solid fuels shall be the exploitation of a geographical area for the purpose of exploring for the mines or extracting oil, gas, coal, oil shale, peat and other mineral resources used as solid fuels.

§ 89. Operations in the sectors related to ports or airports

For the purpose of this act, operations in the sectors related to ports or airports shall be the exploitation of a geographical area for the purpose of the provision of airport or port services to the undertakings of air or water transport.

§ 90. Specifications concerning the scope of application of this chapter

(1) A contracting authority is not required to apply the procedure provided for in this chapter to the following:

1)　　　　　　contracts awarded for purposes of resale or lease to third parties, provided that the contracting authority enjoys no special or exclusive right to sell or lease the object of such contract and other persons have the right to sell or lease it under the same conditions as the contracting authority;

2)　　　　　　contracts awarded for purposes of pursuing their activities as described in sections 83 to 89 in the territory of the country not belonging to the European Union in conditions not involving the physical use of a network or geographical area within a European Union member state;

3)　　　　　　contracts entered into with the undertaking related to the contracting authority;

4)　　　　　　contracts awarded to a legal person or civil law partnership which has been set up by the contracting authority who is a party to the contract and other contracting authorities in order to carry out the activity referred to in sections 83 to 89 over a period of at least three years and according to the articles of association or foundation resolution or contract of partnership the contracting authorities, which form it, will be the part thereof for at least the same period;

5)　　　　　　contracts awarded for the purposes of pursuing their activities as described in sections 83 to 89 if such activities are, on the conditions provided for in section 91, directly and with free access exposed to competition.

(2) A legal person or civil law partnership which has been set up by contracting authorities in order to carry out the activities referred to in sections 83 to 89 is not required to apply the procedure provided for in this chapter to contracts awarded to:

1)　　　　　　a contracting authority who has set up or is participating in it;

2)　　　　　　an undertaking related to the contracting authority which has set it up or is participating in it.

(3) The exception referred to in clause 3 of subsection 1 and clause 2 of subsection 2 of this section may be applied, provided that at least 80 % of the average turnover of the connected undertaking with respect to the provision of services, supply of items or performance of public works for the preceding three years derives from the provision of such services, supply of products or performance of public works to such contracting authorities or undertakings which are related to them. When, because of the date on which a connected undertaking was created or commenced activities, the turnover is not available for the preceding three years, it will be sufficient for that undertaking to show by other means, particularly by means of business projections, that the turnover is credible. Where more than one undertaking related to the contracting authority provides the same or similar services, products or public works, the above percentages shall be calculated taking into account the total turnover deriving respectively from the provision of services, products or public works by those connected undertakings.

(4) In case of implementation of exception referred to in clause 2 of subsection 1 of this section and in the case of contracts awarded for purposes other than the pursuit of an activity referred to in sections 83 to 89 the contracting authority shall notify in writing the European Commission, at the latter’s request, through the Ministry of Finance of all such activities which are considered to be covered by the exclusion or the purpose.

(5) In case of implementation of the exceptions referred to in clauses 3-5 of subsection 1 of this section and in subsection 2 of this section the contracting authority shall communicate in writing to the European Commission, at the latter’s request, through the Ministry of Finance the names of relevant undertakings, the description of important terms and conditions and the value of the contracts to be awarded and a proof as may be deemed necessary by the European Commission that the relationship between the contracting authority and the connected undertakings complies with the requirements of this section.

(6) For the purpose of this chapter, connected undertaking means any undertaking the annual report of which is consolidated with those of the contracting authority or an undertaking over which the contracting authority may exercise, directly or indirectly, a dominant influence within the meaning of clause 10 (3) 2) or which may exercise a dominant influence over the contracting authority or which, in common with the contracting authority, is subject to the dominant influence of another undertaking.

(7) The contracting authority operating in the sectors related to water within the meaning of subsection 85 (1) is not required to apply the procedure provided for in this chapter to contracts for the purchase of water.

(8) The contracting authority operating in the sector of gas or thermal energy within the meaning of subsection 83 (1), electricity within the meaning of section 84 or exploration for, or extraction of, oil, gas, coal or other solid fuels section 88 is not required to apply the procedure provided for in this chapter to contracts for the purchase of energy or fuel necessary for the production of energy.

§ 91.　Procedure for establishing whether a given activity is directly open to competition

(1) The contracting authority shall not be bound by the procedure provided for in this chapter if the activity in the sectors referred to in sections 83 to 89 performed in the place of the procurement is directly exposed to competition on markets to which access is not restricted and the European Commission has adopted a relevant decision.

(2) Whether a given activity is directly exposed to competition shall be established by the procedure provided for in Article 30 of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and Council and in Decision 2005/15/EC (OJ L 7, 11 January, pgs 7-17) of the Commission adopted on the basis of the Directive.

§ 92. Assessment of the procedure for implementation of utilities procurement procedures

(1) The contracting authorities referred to in subsection 10 (3) of this act may, at their own expense, apply an independent evaluation authority for the assessment of the compliance of the procurement procedures implemented with the provisions of this act and the European Union directives on public procurements.

(2) The procedure for performing such assessments and the requirements for independent evaluation authorities mentioned in subsection 1 of this section shall be established by the Government of the Republic.

Title 2.- Specifications concerning procurement procedure　in awarding the public contracts

§ 93. Procurement procedure with prior publication of the contract notice

In awarding a public contract the contracting authority may, at its own discretion, apply an open procedure, a restricted procedure or a negotiated procedure with prior publication of the contract notice (hereinafter jointly referred to as　the procurement procedure with prior publication of the contract notice) pursuant to the procedure stipulated in this chapter.

§ 94. Procurement procedure without publication of the contract notice

(1) The contracting authority may apply a procurement procedure without publication of the contract notice in the following cases:

1)　　　　　　when no tenders or requests to participate in the procurement procedure were submitted in a procedure with prior publication of the contract notice or if all the tenders submitted were by nature different from the technical description of the object of the public contract stipulated in the contract documents and the initial public procurement conditions have not been substantially altered;

2)　　　　　　where a public contract is awarded purely for the purpose of research, experiments, study or development, and not for the purpose of receiving profit nor of covering research and development costs, so that it would not restrict the award of the future contracts for the mentioned purposes pursuant to the procurement procedure with prior publication of the contract notice;

3)　　　　　　when for technical or artistic reasons, or for the reasons connected with the protection of exclusive rights, the public contract may be awarded with only one tenderer;

4)　　　　　　when, for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable by the contracting authority, the time limits laid down in sections 35 or 96 may not be adhered to;

5)　　　　　　the public contract will be awarded on the basis of a framework agreement, provided that the framework agreement is entered into pursuant to the procedure provided for in this act;

6)　　　　　　when the public contract is awarded with the winner or one of the winners of a design contest and the condition is laid down in the design contest notice whereas if the contract is awarded to one of the winners of the design contest, all the winners shall be invited to participate in the negotiations.

(2) In addition to the cases specified in subsection 1 of this section the contracting authority may apply a procurement procedure without publication of the contract notice in the following cases:

1)　　　　　　when the products are purchased from the same tenderer which are intended either to partially replace or supplement the products purchased previously and if a change of tenderer would entail the purchasing of products which are technically incompatible with the products currently in use or the use of which would cause disproportionate technical difficulties in operation and maintenance;

2)　　　　　　the products are purchased on a commodity market;

3)　　　　　　the products are purchased for a price which is considerably lower than the normal market price by taking advantage of especially favourable conditions which are available only for a very limited period of time;

4)　　　　　　the products are purchased under particularly advantageous terms, from a person with regard to whom liquidation proceedings have been initiated or from a trustee in bankruptcy on the basis of an agreement entered into with the obliges.

(3) In addition to the cases specified in subsection 1 of this section the contracting authority may apply a procurement procedure without publication of the contract notice to public works or public service contracts in the following cases:

1)　　　　　　the public works or services to be additionally contracted for were not included in the initial public procurement but have, due to unforeseen circumstances, become necessary, on the condition that the additional public contract is entered into with the same tenderer and due to technical or financial reasons such additional public works or services may not be separated from the initial procurement without causing disproportionate costs to the contracting authority and the additional public works or services are directly necessary for performing the public contract;

2)　　　　　　new public works or services are contracted for which repeat the public works or services contracted for on the basis of a public contract previously entered into by the same contracting parties as a result of a procedure with publication of the contract notice conducted up to three years earlier and which comply with the initial building design documentation, provided that the contract notice in the procurement procedure used to enter into the public contract previously contained notification of the possibility to enter into such public contract.

§ 95. Differences of starting the procurement procedure and submission of public procurement report in the utilities sectors

(1) To commence a procedure with prior publication of the contract notice, the contracting authority shall submit one of the following notices to the register:

1)　　　　　　a periodic indicative notice;

2)　　　　　　establishing of qualification system notice

3)　　　　　　a contract notice.

(2) The contracting authority may commence a procedure in the manner specified in clauses 1 and 2 of subsection 1 of this section, if the procurement procedure is organized as a restricted procedure or a negotiated procedure with prior publication of the contract notice.

(3)　　　The contracting authority specified in subsection 3 of section 10 submits the public procurement report to the register only pursuant to the award of the public contract, including the public contract awarded on the basis of the framework agreement, the cost of which is equal to the international threshold or exceeds it.

§ 96. Time limits of　submission of tenders and requests to participate in the procurement procedure

(1) The time limit specified in subsection 35 (2) of this section for an open procedure may be reduced to 22 days from the date on which the contract notice is sent provided that the contracting authority has submitted to the register a periodic indicative notice which was published in the register not less than 52 days and not more than one year before the date on which the contract notice was submitted to the register and which included additional information according to subsection 97 (5) of which the contracting authority was aware of at the time of submitting the periodic indicative notice to the register.

(2) In restricted procedures and in negotiated procedures with prior publication of the contract notice the time limit for the receipt of requests to participate shall be no less than 37 days from the date on which the contract notice was published or if the tender procedure was communicated by a periodic indicative notice pursuant to the procedure provided for in subsection 97 (3) no less than 37 days from the date the proposal referred to in subsection 97 (4) was sent to candidates. In exceptional cases the time limit may be reduced to 22 days, if the application of the shorter time limit is needed due to the unforeseeable events.

(3) In restricted procedures and in negotiated procedures with prior publication of the contract notice the time limit for the receipt of tenders may be set by mutual agreement between the contracting authority and the selected candidates, provided that all candidates selected have the same time to submit their tenders. When the agreement is not found, the contracting authority shall fix a time limit for the submission of tenders which shall not be less than 24 days from the date of the invitation to tender.

(4) In case the contracting authority provides unlimited and full electronic access to contract documents starting from the publication of the contract notice or in case the procurement procedure was notified of by a periodic indicative notice or a qualification system notice by publishing a relevant document in the register and the document refers to a relevant website, the time limits for the submission of tenders may be reduced by up to 5 days provided that the time limit for the submission of tenders was not set by mutual agreement between the contracting authority and the candidates according to subsection 3 of this section.　

§ 97. Periodic indicative notice

(1) The contracting authority shall submit to the register a periodic indicative notice if it requires to apply the reduced time limits for the submission of tenders provided for in subsections 96 (1) and (2) or if it requires to initiate a procurement procedure by publishing a periodic indicative notice. Only restricted procedures and in negotiated procedures with prior publication of the contract notice may be initiated by a periodic indicative notice.

(2) The contracting authority may submit to the register additional indicative notices of public contracts without adding the information included in previously published periodic indicative notices to them.

(3) If the contracting authority wishes to initiate by publishing a periodic indicative notice a procurement procedure, the periodic indicative notice should:

1)　　　　　　include a description of , services or public works that are the objects of the public contract to be awarded;

2)　　　　　　include the notice that the public contract will be awarded by a restricted procedure or a negotiated procedure with prior publication of the contract notice without the publication of a notice and invite the interested parties to submit a request to participate in the procurement procedure in the written form;

3)　　　　　　be published in the register not later than 12 months before the submission of the invitation referred to in subsection 4 of this section.

(4) When the starting of the procurement procedure has been notified of with a periodic indicative notice, the contracting authority shall send additionally the invitation to submit the request to participate in the procurement procedure to all persons having taken interest, prior to selecting these candidates, to which it submits the tender invitation.

(5) This invitation referred to in subsection 4 of this section shall include at least the following information:

1)　　　　　　nature and quantity of the object of public contract, including the possibilities concerning the award of complementary public contracts; the estimated time available for exercising these options for renewable contracts, the nature and quantity of the products to be purchased or the services or public works to be contracted for presumable in the future and, if possible, the publication dates of these contract notices;

2)　　　　　　whether it is a restricted procedure or a negotiated procedure with prior publication of the contract notice;

3)　　　　　　where appropriate, the date on which the delivery of products to be purchased or the execution of public works or services to be contracted for is to commence or terminate;

4)　　　　　　the address and closing date for the submission of requests for receipt of contract documents and the language or languages in which they should be drawn up;

5)　　　　　　the address of the contracting authority and the information necessary for obtaining the contract documents and other documents;

6)　　　　　　economic and technical requirements set for the tenderer, financial guarantees and other information;

7)　　　　　　the amount payable for the contract documents and payment procedure;

8)　　　　　　the type of public contract to be awarded;

9)　　　　　　the tender evaluation criteria and their relative share, if this information is not given in the periodic indicative notice, contract documents or in the invitation to tender.

(6) The request to participate in the procurement procedure is submitted with the documents certifying the qualification of the candidate according to the requirement in the proposal mentioned in subsection 4 of this section.

(7) The regulation of indicative notice provided for in chapter 2 of this act shall not apply to the public contracts awarded in utilities sectors.

§ 98. Submission of technical specification in case of regular public contracts

(1) The contracting authority shall submit on request to interested persons the technical specification regularly referred to in their public contracts or the technical specifications which they intend to apply to contracts covered by periodic indicative notices within the meaning of section　97. Where the technical specifications are based on publicly available documents, the inclusion of a reference to those documents shall be sufficient.

(2) The contracting authority may require the fee for the issue of technical specification on paper, the amount of which should not exceed the expenses of copying and delivery of the documents.

§ 99. Qualification of tenderers and candidates

(1) The contracting authority establishes the criteria for the qualification of tenderers or candidates which should be objective and the content of which should be accessible to all interested persons.

(2) The contracting authority should apply bases of exclusion of the tenderers and candidates from the procurement procedure stipulated in subsection 1 of § 38 of this act as to the tenderers and candidates .

(3) Upon qualification of tenderers or candidates or in the case of restricted procedures and in negotiated procedures with publication of the contract notice the contracting authority should not:

1)　　　　　　impose additional administrative, technical or financial conditions on certain tenderers or candidates which would not be imposed on others;

2)　　　　　　require tests or evidence which would duplicate objective evidence already available.

§ 100. Qualification system notice

(1) If the contracting authority requires to establish a system of qualification provided for in § 101 of this act, it shall submit the qualification system notice to the register including, inter alia, the purpose of creating the system of qualification and the conditions for joining the qualification system or references to relevant documents.

(2) If the system of qualification is valid for more than three years the contracting authority shall submit the qualification system notice to the register each year.

§ 101. Qualification system

(1) The contracting authority may establish a system of qualification for qualifying the candidates pursuant to the procedure stipulated in this title.

(2) The interested person may at all times apply for its qualification and joining the qualification system.

(3) The qualification on the basis of the qualification system may involve different stages.

(4) The qualification system shall be operated on the basis of objective qualification criteria based on the provisions of § 99 of this act.

(5) Where the qualification criteria referred to in subsection 4 of this section include the requirements relating to the economic and financial standing of the candidate, the latter may where necessary rely on the relevant indicators of other entity provided that the candidate is able to prove to the contracting authority in a manner acceptable to the contracting authority that this entity has necessary resources to perform public contracts and complying with the object of the contract and that these resources will be available to it throughout the period of the validity of the qualification system.

(6) Where the qualification criteria referred to in subsection 4 of this section include requirements relating to the technical and professional ability of the candidate, the latter may in providing evidence with regard to the compliance of his technical and professional abilities with the qualification criteria where necessary rely on the relevant indicators of other entity, whatever the legal nature of the link between itself and this entity. In this case the candidate must prove to the contracting authority in a manner acceptable to the contracting authority that this entity has necessary means and measures or specialists and that these resources will be available to the candidate throughout the period of the validity of the qualification system, if needed.

(7) The contracting authority shall keep a written record of the candidates having joined the qualification system which may be divided into categories according to the type of public contract, in case of which the qualification is carried out on the basis of the established qualification system.

(8) At the request of the interested person, the contracting authority shall inform it about the qualification criteria referred to in subsection 4 of this section.

(9) Where a contracting authority considers that the qualification system of certain other contracting authority meets its requirements resulting from the criteria being its basis, it shall communicate to the interested persons having applied for the joining of the qualification system the name of such contracting authority and data on the relevant qualification system.

(10) If the contracting authority notifies of the initiation of a procurement procedure by a qualification system notice, the contracting authority shall select candidates to whom an invitation to tender will be sent from amongst the candidates joined with it and qualified according to the rules for qualification system.

(11) If the contracting authority uses the qualification system, it submits the public procurement report on each public contract awarded on the basis of the qualification system to the register according to the requirements stipulated in this act.　The procurement　procedure terminates on expiry of the term of qualification system.

§ 102. Notification of the candidates

(1) The contracting authority shall notify all candidates having joined the qualification system and any interested persons who have applied for joining the system of the updating of the qualification criteria.

(2) The contracting authority which has established a qualification system shall notify candidates of the decision concerning their qualification and adding with the qualification system or non-qualification within two months from the submission of the application. If the decision takes more than two months, the contracting authority shall notify the candidates of the reasons of the longer period for deciding within two months from the submission of the application and the date when their application will be accepted or refused, which may not be more than four months from the date of submission of the application.

(3) The contracting authority shall notify the candidate who has submitted the request to join the qualification system of its qualifying and joining the qualification system or the decision on non-qualification within 15 days from making the decision.

(4) The contracting authority shall notify the candidate added to the qualification system of the decision to consider its qualification ended at least 15 days ahead with the reason of termination, except in case, provided the reason of termination of qualification is the termination of the validity date of qualification system.

§ 103. Specifications concerning framework agreements in utilities sectors

(1) When a framework agreement is entered into in utilities sectors the contracting authority is not required to follow the terms provided in the subsections 1,3 and 4 of § 70 of this act. In awarding the public contracts on the basis of the framework agreement the contracting authority is not obliged to follow the stipulations in subsections 2-4 of § 71.　

(2) When a contracting authority enters into a framework agreement in other way than by a procurement procedure organised pursuant to the procedure provided for in this chapter, it should award the public contracts related to its activities in the sectors mentioned in § 83-89 of this act, by procurement procedure organised pursuant to the procedure stipulated in this chapter on the basis of this framework agreement.　

Chapter 6.- PUBLIC PROCUREMENT OFFICE AND STATE PUBLIC PROCUREMENT REGISTER

Title 1.- Tasks, rights and obligations of Public Procurement Office

§104. Public Procurement Office

(1) The Office is a governmental authority in the area of government of the Ministry of Finance that:

1) advises the contracting authorities regarding the application of the Public Procurement Act;

2) exercises state supervision over carrying out public procurements and extrajudicial proceedings of misdemeanours in the extent and according to the procedure stipulated by law;

3) carries out international communication within its competence in the questions of public procurements;

4) fulfils other tasks imposed on it with this act and with the legal acts established on the basis of it.

(2) The Office evaluates the performance of the system of public procurements in the course of performing its tasks and may submit proposals for its improvement.

(3) The Office shall publish on its website up-to-date information necessary for carrying out public procurements, including the international thresholds mentioned in §15 (2) of this act within three working days from their actual publication by the European Commission.

Title 2.- State Public Procurement Register

§105. State Public Procurement Register and information entered thereto

(1) The Register is a state database of public procurements, the responsible and authorized processor of which is the Ministry of Finance.

(2) The information included in prior information notices, periodic indicative notices, contract notices, simplified contract notices on a dynamic purchasing system, public procurement reports, qualification system notices, notices of public works concession, design contest notices and results of the design contest submitted to the register by the contracting authority and the results of the appeal procedure by the appeal committee and the mentioned documents will be published. The contracting authority shall be responsible for accuracy of information submitted to the register by it.

(3) The contracting authority may apply for the non-disclosure of such information contained in the public procurement report or results of design contest in the register, the disclosure of which will hinder the work of law enforcement authorities, is contrary to public interest or violates the business secret of undertakings or jeopardises competition between them.

(4) The information specified in subsection 2 of this section, except for the information the publishing of which would hinder the work of law enforcement authorities, is contrary to the public interest or violates the business secret of undertakings or jeopardises the competition between them.

(5) The register is established, the statutes of the register is approved, the list of information contained in the prior information notice, periodic indicative notice, contract notice, simplified contract notice of dynamic purchasing system, public procurement report, qualification system notice, public works concession notice, invitation to design contest and results of the design contest and the procedure of publishing and submitting them to the register is established by the Government of the Republic.

§106. Communicating the information to the Office for Official Publications of the European Communities

(1) The register shall forward the prior information notices, periodic indicative notices, contract notices, simplified contract notices on a dynamic purchasing system, qualification system notices, public works concession notices and design contest notices for publication to the Office for Official Publications of the European Communities in the standard forms established with the regulation of the Commission (EC) nº 1564/2005 by the European Commission which establishes the standard forms of publication of notices related to the public procurement procedure according to the directives of the European Parliament and Council (EC) 17/2004 and (EC) 18/2004 (OJ L 257, 1 October 2005, pgs 1-126), in case the estimated value of the public procurement is equal to the international threshold or exceeds it, or in other cases if the contracting authority so requests.

(2) If the basis for submitting the report to the register by the contracting authority is the awarding of the public contract or framework agreement, the register shall draw up the public procurement report submitted to the register by the contracting authority on the basis of information, except for the public procurement report submitted on the basis of §73 (4) or §78 (4), a notice of the public contract award and shall communicate it to the Office for Official Publications of the European Communities for publication, however, in case the contract notice or prior information notice has been earlier communicated to the Office for Official Publications of the European Communities for publication in the same procurement procedure, with which the starting of procurement procedure was notified of in case the value of the awarded public contract is equal to the international threshold or exceeds it or when the contracting authority requires the forwarding of the notice of the public contract award.

(3) The register shall forward the results of the design contest submitted to the register by the contracting authority for publishing to the Office for Official Publications of the European Communities in case a notice of design contest has been earlier communicated to the Office for Official Publications of the European Communities before or in case the contracting authority requires to communicate the results of the design contest.

Title 3.- State supervision

§107. Jurisdiction of Public Procurement Office upon performing supervision

(1) Upon performing state supervision the Office has the right to:

1) control the fulfilment of the present act in an unhindered manner and without prior notification at the contracting authority. If the Office has a suspicion of a possible violation of the present act in the course of the procurement procedure in process, the Office may be present at the opening of tenders or at other proceedings of procurement procedure carried out based on the present act, also to control the proceedings and decisions already carried out by the contracting authority;

2) obtain information on the public procurements necessary for carrying out state supervision from the contracting authorities, also the originals or transcripts of documents concerning the public procurement;

3) make a decision or a precept according to the provisions of § 108 of this act, in case the contracting authority has violated the terms of the present act in the course of public procurement.

§108. Decision or precept of the Public Procurement Office

(1) The Office declares the procurement procedure of the contracting authority specified in §10 (1) 1) of this act before the public contract award invalid with its decision or makes a precept to the contracting authority specified in §10 (1) 2)-6) or (3) to declare the procurement procedure invalid, in case the contracting authority:

1) has not presented the evaluation criteria used in deciding on the success of the tender or their relative weight or order of importance in the contract documents and the contracting authority has opened the tenders;

2) has not notified of the modification of contract documents to all interested persons, tenderers or candidates, who have received the contract documents from the contracting authority;

3) has substantially violated the procedure of providing explanations established in § 56 of this act;

4) has not checked upon opening of the tenders the compliance of the submitted documents with the list required in the contract documents;

5) has not sent the copy of the minutes of opening the tenders to all tenderers according to provisions of subsection 3 of § 46;

6) has used upon the control of the compliance of tenders or evaluation of tenders as its representative or expert a person, whose relations with the tenderer may cause justified doubt regarding its objectivity;

7) has held negotiations in the course of open or restricted procedure.

(2) The Office has the right to make the decision or the precept specified in (1) of the present section in addition to the grounds established in (1), in case in the course of the procurement procedure a violation of the present act or other circumstances occur by the contracting authority that do not enable to proceed with the procurement procedure by considering all circumstances.

(3) If the contracting authority has divided the public procurement into lots within the same procurement procedure and the violation of this act by the contracting authority resulting in making the decision or precept mentioned in subsections 1 or 2 of this section by the Office, occurs as to one or some lot, the Office makes the decision or precept as to these lots as to which the violation occurs.

(4) Prior to making the decision or the precept of declaring the procurement procedure invalid, the Office shall give the contracting authority a possibility to present his objections during the term established by the Office, which may not be longer than three working days.

(5) The official of the Office with the competence of performing the state supervision may be present by the proceedings or decisions made by the contracting authority based on this act and in case the contracting authority violates the present act in carrying out the procedure or making the decision, require the correction of error or termination of the violation of law from the contracting authority on the spot.

(6) In case the procurement procedure is declared invalid or in case of making a precept all decisions and acts carried out in connection with the procurement procedure are void, notwithstanding the fact whether they were made before or after the decision on declaring the invalidity. Also, the public contract is void, which is awarded after making the decision of declaring the procurement procedure invalid or making the precept.

§109. Activities of Public Procurement Office in case of violation of law

(1) If the Office receives information about the violation of law connected with carrying out public procurements or the Office discovers a violation of law in the course of inspection of carrying out public procurements and the collection of circumstances that became known provides grounds for a suspicion of offence and that violation of law cannot be viewed as the misdemeanour established in §111-113 of this act, the Office must notify the police authority or the prosecutor of the circumstances it is aware of.

(2) The Office has the right to make proposals to bring disciplinary action against person or persons who have violated the present act or legal acts established on the grounds of the present act.

§110. Co-operation with the European Commission

(1) If the Commission notifies the contracting authority in a written form of the obvious violation of stipulations of legal acts of the European Union regarding public procurements or the national acts applying those acts in the course of carrying out the procurement procedure, the contracting authority is obliged to forward the entire relevant information regarding the respective procurement procedure to the Office within three working days from the day of receiving the notification.

(2) The procedure of processing the information specified in subsection 1 of this section and communicating it to the European Commission shall be established by the Government of the Republic.

Title 4.- Liability

§111. Violation of requirements of carrying out public procurement

(1) The violation of requirements of organising public procurement which has not been mentioned in subsection 3 of this section – shall be punished with a fine of up to 100 fine units.

(2)The violation mentioned in subsection 1 of this section, if performed by a legal person –shall be punished with a fine of 10,000 up to 20,000 kroons.

(3)　　　The following violations of the requirements for organising the public procurement:

1)　　　　　　violations which involve the declaring of the procurement procedure invalid by the Office or by the contracting authority itself on the basis of the precept of the Office;

2)　　　　　　violation of the confidentiality requirements by the contracting authority;

3)　　　　　　violation of the requirements stipulated in this act regarding the submission of the technical specification in the contract notice, contract documents or tender invitation, qualification criteria of the tenderers or candidates or tender evaluation criteria, if the referred violation does not enable to complete the procurement procedure and award the public contract;

4)　　　　　　leaving the candidate or tenderer non-excluded from the procurement procedure, if the relevant obligation has been stipulated in this act and the contracting authority is aware of the occurrence of the basis for obligatory exclusion regarding the candidate or tenderer;

5)　　　　　　public contract award or amendment of already awarded public contract by violating the requirements stipulated in this act;

6)　　　　　　selection of the type of procurement procedure by violating the requirements stipulated in this act;

7)　　　　　　organising the procurement procedure without certain intention to award the public contract –shall be punished with a fine of 100 up to 300 fine units.

(4) The violation mentioned in subsection 3 of this section, if performed by a legal person –shall be punished with a fine of 20,000 up to 50,000 kroons.

§112. Submission of the tender without a firm intention of awarding the public contract

(1) The submission of the tender without a firm intention of awarding the public contract – shall be punished with a fine of up to 200 fine units.

(2) The same action, in case performed by a legal person – shall be punished with a fine of up to 30,000 kroons.

§113. Submission of false information in the procurement procedure

(1) The submission of false information in the procurement procedure by the tenderer or candidate – shall be punished with a fine of up to 200 fine units.

(2) The same action, if performed by a legal person – shall be punished with a fine of up to 30,000 kroons.

§114. Procedure

(1) The stipulations of the Penal Code and the Code of Misdemeanour Procedure shall be applied to misdemeanours specified in §111-113 of this act.

(2) The extrajudicial body conducting proceedings of misdemeanours established in §111-113 of this act is the Office.

§115. Compensation of expenses to the tenderer

The tenderer has no right to require from the contracting authority the compensation of the expenses related to the submission of the tender, including the reasonable expenses related to the preparation of the tender and the participation in the procurement procedure, design contest or granting the public works concession, except in case the tenderer proves that the contracting authority violated the stipulations regulating the carrying out of the public procurement, without which the awarding of public contract with it would have been probable.

§116. Compensation for the loss by the tenderer

In case the tenderer has submitted knowingly false information or forged documents in the course of the procurement procedure or in the course of settlement of the appeal, it shall compensate the loss caused by submitting such information or documents to the contracting authority or other persons.

Chapter 7.- APPEALS

Title 1.- General provisions

§117. Appeal of contracting authority’s activities

(1) The tenderer, the candidate or the person interested in participation in the procurement procedure which has the possibility to participate in this procurement procedure at the relevant moment (hereinafter the　submitter of appeal), may appeal the activity of the contracting authority, if it finds that the violation of this act by the contracting authority violates its rights, by presenting such appeal to the appeal committee (hereinafter the appeal committee) located by the Public Procurement Office.

(2) The appeal may be submitted on the following documents or decisions of the contracting authority:

1) contract notice;

2) tender invitation;

3) concession notice;

4) periodic indicative notice which starts the procurement procedure;

5) qualification system notice which starts the procurement procedure;

6) invitation to design contest;

7) contract documents;

8) exclusion of the candidate or tenderer from the procurement procedure;

9) qualification and non-qualification of the candidate and tenderer;

10) declaring the tender suitable;

11) rejection of the tender or rejection of all tenders;

12) declaring the tender successful;

13) other decision of the contracting authority made in the course of the procurement procedure on the basis of this act which could violate the rights of the appealer.

(3) After the award of the public contract the request to compensate the loss may be submitted to the appeal committee by the candidate or tenderer with which the public contract remained unawarded due to the unlawful decision, act of the contracting authority or the document mentioned in clauses 1-7 of subsection 2 of this section (hereinafter the procurement source document).

(2) The appeal committee is the extrajudicial appeal settlement body within the meaning of clause 1, subsection 2 of § 15 of the State Liability Act.

§118. State fee

(1) The state fee is paid in case of submitting the appeal and loss compensation application to the appeal committee pursuant to the procedure stipulated in the State Fees Act.

§119. Appeal committee

(1) The appeal procedure is carried out by the members of the appeal committee.

(2) The member of the appeal committee is independent and proceeds only from law in making its decisions and other legal acts and obligatory foreign contracts for　Estonia.

(3) The member of the appeal committee is appointed and released from office by the Government of the Republic on the proposal of the Minister of Finance. The chairman of appeal committee representing and managing the appeal committee is appointed from among the members of the appeal committee by the Government of the Republic on the proposal of the Minister of Finance.

(4) The member of the appeal committee is appointed for five years.

(5) The provisions stipulated in § 47 of the Courts Act are applied to the requirements set for the member of the appeal committee. The member of the appeal committee is released from office before the prescribed time in case the fact stipulated in § 47 of the Courts Act occurs which precludes the appointment of the person the member of the appeal committee according to law.

(6) The salary of the member of the appeal committee is equal to the salary of the judges of county and administrative court. The salary of the chairman of the appeal committee is equal to the salary of the judge of circuit court.

(7) No supervisory control is carried out over the member of appeal committee. The member of the appeal committee subordinates to the chairman of appeal committee in work arrangement and other general questions, the chairman of appeal committee subordinates to the Minister of Finance in work arrangement and other general questions. The Minister of Finance has the right to impose disciplinary punishment. In applying the provisions of the　Employees Disciplinary Punishments Act the rights of the employer belong to the Minister of Finance.

(8) § 14–22, 29–39¹, 41 and 42, 46–48, § 55¹, § 59 and 60, 62–64, § 71, § 73 and 74, 77–83, clauses 3–5 of subsection 1 of § 85 and subsection 3, § 86, § 87 clause 4, § 90–106, 113¹–113³, clauses 1, 2 and 7 of subsection 1 of § 117 and subsections 2, 3 and 5, § 118 and 120 of the Public Service Act are not applied to the member of the appeal committee.

(9) The member of the appeal committee may not work elsewhere in addition to the service in the appeal committee than in studies or research.

(10) The working conditions of the appeal committee, including the working rooms and the clerical support are guaranteed by the Office.

(11) The administrative expenses of the appeal committee and the expenses related to the appeal procedure, including the salary of the members of the appeal committee are covered by the means allocated for that to the Office from the state budget.

(12) The statute of the appeal committee is confirmed by the Minister of Finance.

§120 Removal

(1) The member of the appeal committee may not review the appeal and should remove itself from the review of the appeal in case of occurrence of the fact that gives reason to doubt its impartiality.

(2) The fact mentioned in subsection 1 of this section is presumed in case the member of the appeal committee reviewing the appeal is the party to the procedure or its legal representative of:

1)　　　　　　descendant or ascendant;

2)　　　　　　sister, half-sister, brother, half-brother or the person who is or has been married to the party of the appeal or the sister, half-sister, brother or half-brother of its representative;

3)　　　　　　step-parent or foster-parent, step-child or foster-child;

4)　　　　　　adoptive parent or adopted child;

5)　　　　　　spouse, co-habitee, also the sister of spouse or co-habitee, brother or direct blood relative including after the marriage or termination of the permanent co-habitation.

(3) In addition to the provisions stipulated in subsections 1 and 2 of this section the member of the appeal committee should remove itself from the review of the appeal:

1)　　　　　　in the case where it is itself the party to the procedure or the person towards which the claim may be filed resulting from the procedure;

2)　　　　　　in the case it is or has been the representative of the party to the procedure or adviser or where it participated or had the right to participate as the legal representative of the party to the procedure;

3)　　　　　　in the case where it has given an opinion as an expert.

(4) The party to the proceeding may require the removal of the member of the appeal committee reviewing the appeal in case stipulated in subsection 1 of this section.

(5) The application for removal is reviewed by the member of the appeal committee reviewing the appeal or the panel of the appeal committee and makes the relevant decision.

(6) Provided the application for removal is satisfied, the chairman appoints the new member of the appeal committee reviewing the appeal or the panel of the appeal committee.

(7) Provided the replacement of the member of the panel of the appeal committee or the appointment of the new member of the appeal committee reviewing the appeal at the session is not possible, the session is postponed and the new time and place for the session is set.

Title 2.- Procedure of appeal

§121. Submission of appeal and application for compensation of loss

(1) The appeal shall be submitted to the appeal committee in the course of seven working days from the day when the submitter of the appeal became aware of or should have become aware of the violation of its rights or damaging of its interests, but not after the award of the public contract. The appeal regarding the procurement source document should be received three working days at the latest before the date of submission of the request to participate in the procurement procedure, tenders, designs or concession applications.

(2) The appeal must be submitted to the appeal committee in a written form and it must contain:

1) the name, address and other contact information of the submitter of the appeal;

2) the name, address and other contact information of the contracting authority;

3) the object of the appeal, its contradiction with the terms of this act and the reasons why the submitter of the appeal considers it to be in violation of its rights or harmful to its interests;

4) a clearly expressed request of the submitter of the appeal;

5) the list of documents annexed to the appeal.

(3) The submitter of the appeal shall add to the appeal the information at its disposal regarding the procurement procedure, in connection with which the appeal is submitted.

(4) The appeal and the documents attached to it are presented in Estonian.

(5) The application for compensation of loss may be presented to the appeal committee within one year from the award of the public contract. The application of loss compensation is reviewed by the appeal committee within reasonable time period, as to the rest the stipulations on the review of the appeal for the review of the loss compensation application are applied.

(6) The appeal committee evaluates the legality of the decision, act of the contracting authority of the procurement source document only in the course of the review of the appeal or loss compensation application.

§122. Starting the appeal procedure

(1) The appeal committee shall evaluate the compliance of the appeal with the requirements stipulated in this chapter from its receipt within one working day.　　

(2) If the appeal committee finds that the appeal has weaknesses to be eliminated, it gives the term of two working days to the submitter of appeal for the elimination of weaknesses.

(3 The appeal committee shall not review the appeal and returns it to the submitter of the appeal with its decision, if:

　            1) the appeal is not submitted in a due course;

     2) the submitter of appeal has not eliminated the weaknesses present in the appeal within the specified time period;

               3) a decision has already been made in the same case in the appeal committee or the court;

     4) the decision or precept mentioned in subsection 1 or 2 of § 108 of this act has been made on the appealed procurement procedure or decision;

     5) the contracting authority has declared the appealed procurement procedure or decision invalid or the violation of law has been eliminated.

(4) If the appeal submitted to the appeal committee or the documents attached to the appeal are not in Estonian, the appeal committee can consider this weakness mentioned in subsection 2 of this section and require the translation of the appeal or the documents attached to the appeal. Provided the translation of the documents attached to the appeal is not submitted by the due date, the appeal committee can disregard the documents attached to the appeal.

(5) The appeal committee involves each person participating in the procurement procedure or interested in participation in the review of the appeal, over which rights may be decided in the course of the review of the appeal (hereinafter the third person). The third person should not be involved, if the appeal is submitted on the procurement source document and the appeal is not specifying the interests of which third person may be regarded.

§123. Suspension of procurement procedure

(1) In receipt of the appeal which has no bases for not reviewing stipulated in § 122 (2) of this act, the appeal committee immediately notifies the contracting authority and the third person of the submission of the appeal and forwards them the copy of appeal.

(2) Provided the appeal committee specifies the term to the submitter of appeal for elimination of weaknesses provided in the appeal, it notifies the contracting authority of the submission of appeal and forwards it the copy of appeal submitted to the appeal committee after the elimination of weaknesses. Provided the appeal committee will not review the　　on the basis of clause 2, subsection 3 of § 122 of this act, the appeal committee immediately notify the contracting authority of it.

(3) The appeal committee may make a decision on the suspension of the procurement procedure, design contest or granting the public works concession in each stage of appeal procedure on the basis of the grounded application, taking the potential consequences resulting from the suspension for all interests into account which could be damaged. The application of suspension of the procurement procedure, design contest or granting the public works concession is reviewed by the appeal committee within one working day from its receipt. No complaint may be filed to the court on the decision of the appeal committee in settling the application of suspension of the procurement procedure, design contest or granting public works concession.

(4) The public contract awarded pursuant to the receipt of the notice mentioned in subsection 1 or 2 of this section, but prior to the arrival of the condition mentioned in § 128 of this act is void.

§124. Organization of hearing of the appeal

(1) The contracting authority shall submit a written answer to the appeal within two working days from the receipt of the copy of appeal from the appeal committee, adding to it all documents necessary for solving the appeal required by the appeal committee. In the written response the contracting authority may make a proposal for solving the appeal. If the third person has been involved in the review of appeal on the basis of subsection 5 of § 122 of this act, the third person also submits the written response to the appeal within two working days from the receipt of the copy of appeal from the appeal committee, by adding all documents needed for the solving of the appeal to it.

(2) The appeal committee forwards the copy of the written answer mentioned in subsection 1 of this section within one working day to other parties of the procedure.

(3) The appeal committee may require the written explanation on the content of the appealed procurement source document or decision prior to the review of appeal from the submitter of appeal, contracting authority and the third person. The submitter of appeal, contracting authority and the third person are obliged to submit the written explanation to the appeal committee within two working days from the receipt of such request from the appeal committee.

§125. Hearing of appeals

(1) The appeal will be solely reviewed by the member of the appeal committee or at least the three-member panel, if the settlement of appeal collegially is important in the opinion of the chairman from the viewpoint of uniform application of law.

(2) The appeal committee shall review the appeal whether on the basis of documents submitted in a written procedure or shall organise the review of the appeal at a public session with the participation of the submitter of the appeal, the contracting authority and third person within seven working days from the receipt of the appeal without weaknesses to the appeal committee. The appeal committee shall organize the review of the appeal at the public session in case at least one of the parties to the appeal procedure requires it or if the appeal committee considers this necessary for the settlement of appeal.

(3) The appeal committee shall notify the contracting authority, submitter of appeal and the third person of the time and place of the session at least three working days prior to the time of session.

(4) If the contracting authority or the third person is not appearing to the session, the appeal committee reviews the appeal at the session without the participation of the contracting authority or third person. In case of non-appearance of the submitter of appeal to the session the appeal committee will not review the appeal, returns it with its decision to the submitter of appeal and immediately notifies the contracting authority of it.

(5) The appeal committee may organize the additional session, if needed, of which the contracting authority, submitter of appeal and third person are notified either at the previous session or according to the procedure stipulated in subsection 3 of this section.

(6) The management in appeal procedure and review of appeal is carried out in Estonian. The parties and the third person who do not understand Estonian, has the right to give explanations and perform at the review of the appeal through the mediation of the interpreter or the representative having the command of Estonian. The involvement of interpreter and payment of fee of interpreter is the obligation of the person requiring the interpreter.

(7) In appearing of the submitter of appeal having no command of Estonian to the session without interpreter or representative having the command of Estonian is considered the non-appearance of the submitter of appeal to the session within the meaning of subsection 4 of this section.

(8) The appeal committee may involve experts to the review of the appeal. The expert may submit its opinion in writing or at the oral session.

(9) The basis for the fee of an expert is a triple rate of the hourly fee equal to the highest level of salary rate of the wage scale of the civil servants.

(10) In case of occurrence of the fact during the review of the appeal which could involve the decision of declaring the procurement procedure invalid or making the precept by the Office on the basis stipulated in subsections 1 or 2 of § 108, the appeal committee immediately notifies the Office and suspends the review of appeal up to the termination of performance of supervision by the Office.

§126. Termination of the appeal procedure

(1) The appeal procedure ends with:

1) the solving of the appeal upon an agreement;

2) waiving the appeal by its submitter;

3) acknowledging the appeal as justified by the contracting authority;

4) the decision of the appeal committee to leave the appeal or loss compensation application unsatisfied;

5) the decision of the appeal committee to satisfy the　　appeal partially or fully, declaring the decision that is in contradiction with this act connected with the procurement procedure made by the contracting authority void or by obligating the contracting authority to bring the procurement source document into compliance with the requirements prescribed by the legal acts;

6) the decision of the appeal committee to satisfy partially or fully submitter of appeal application to award against the contracting authority damages caused by its unlawful decision, act or the procurement source document;

7) to terminate the appeal procedure with the decision of the appeal committee pursuant to making the decision or precept mentioned in subsection 1 or 2 of §108 of this act by the Office.

(2) The termination of the procedure according to the stipulations of (1) 1), 2) or 3) of the present section shall be formalised with the decision of the appeal committee or in case the conclusion of agreement, waive of the appeal or declaring the appeal justified are carried out at a session with a written minutes, which shall be signed by the submitter of the appeal and the contracting authority besides the appeal committee. The appeal committee is not terminating the appeal procedure on the basis of clause 1 or 3 of this section, if the interests of the third person are damaged with it.

(3) If the submitter of appeal waives the appeal before its review at the public session or making the decision in written procedure, the appeal committee terminates the procedure with its decision and notifies at once the contracting authority of it.

(4) The termination of the appeal procedure according to the stipulations of (1) 4), 5) or 6) of the present section shall be formalised with a motivated decision of the appeal committee.

(5) In termination of the appeal procedure based on the (1) 1), 2), 3) or 7) of this section the appeal committee does not evaluate legality of the procurement source document, decision of the contracting authority or procedure.

(6) In termination of the appeal procedure in case of the full satisfaction of the appeal specified in (1) 3), 5) or 7) of the present section or the full satisfaction of the loss compensation application mentioned in clause 6 the appeal committee shall order with its decision payment from the contracting authority for the benefit of the submitter of the appeal the state fee paid by it in full in the appeal procedure and the expert’s fee paid or subject to payment within the necessary and grounded scope. In case of partial satisfaction of the loss compensation application or appeal, the appeal committee makes a decision for payment of state fee and expert’s fee from the contracting authority proportionally with the satisfaction of the appeal or loss compensation application. In termination of the appeal procedure on the basis of clauses 2 or 4 of subsection 1 of this section the appeal committee makes a decision on claiming the expert’s fee within necessary and grounded scope paid or subject to payment from the submitter of appeal for the benefit of the contracting authority or third person.

§127. Notification and effect of the decision

(1) The decision of the appeal committee with which the appeal substantively is settled, will be publicly disclosed in the office of the appeal committee within ten working days from the termination of the review of appeal at the session. In termination of the session the appeal committee notifies of the date of announcing its decision.

(2) If the appeal committee reviews the appeal in written procedure, the decision is made with which the appeal is substantively settled, is publicly disclosed within ten working days from the receipt of the appeal without weaknesses to the appeal committee.

(3) Provided the appeal committee has involved an expert in the review of appeal on the basis of subsection 8 of § 125 of this section or turned to the European Court of Justice for obtaining the preliminary conclusion in the case and thus the decision may not be made within the term mentioned in subsections 1 and 2 of this section, the decision of the appeal committee, with which the appeal is substantively settled, will be disclosed within ten working days from the receipt of the expert opinion or preliminary conclusion.

(4) In the cases mentioned in subsections 2 and 3 of this section the appeal committee notifies the time of disclosing the decision to the parties of the procedure at least three working days before disclosing the decision.

(5) In satisfying the appeal the decision of the appeal committee is obligatory for the contacting authority to fulfil. The contracting authority is obliged to harmonise all decisions made during its procurement procedure with the decision of the appeal committee entered into force. The public contract awarded by the contracting authority which contradicts the decision of the appeal committee is void.

§128. Continuing the procurement procedure

(1) The contracting authority may not continue the suspended procurement procedure or give consent for the award of the public contract prior to the passing of 14 days from the disclosure of the decision of the appeal committee mentioned in clauses 4 or 5 of subsection 1 of §126 of this act.

(2) In termination of the appeal procedure on the basis not mentioned in subsection 1 of this section or in not reviewing the appeal and returning it on the basis of subsection 4 of §125 or subsection 3 of §122 of this act the contracting authority may agree to award the public contract pursuant to the disclosure of the decision of the termination of appeal procedure or not reviewing returning of appeal.

§129. Specifications of administrative court procedure

(1) The complaint on the decision of appeal committee is filed to the circuit court of the location of the contracting authority and the specifications stipulated in this chapter on the appeal as provided in the code of administrative court procedure are applied to its procedure. The administrative court is not competent in the first stage to review the complaints in the cases mentioned in subsections 2 and 3 of §117 of this act.

(2) The complaint may be filed on the decision of the appeal committee after the termination of the appeal procedure by:

1) the submitter of appeal, if the appeal committee has made the decision mentioned in clause 4 of subsection 1 of §126 or the decision on the partial satisfaction of the appeal mentioned in clause 5, subsection 1 of §126 or on partial satisfaction of the application mentioned in clause 6 of subsection 1 of §126;

2) the third person, if the appeal committee has made the decision mentioned in clause 5 of subsection 1 of §126 of this act;

3) the contracting authority, if the appeal committee has made the decision mentioned in clauses 5 and 6 of subsection 1 of§ 126 of this act;

(3) The date of filing of a complaint mentioned in subsection 2 of this section is 7 days from the public disclosure of the decision of the appeal committee.

(4) If the contracting authority has awarded the valid public contract, the court is not cancelling the decisions mentioned in subsection 2 of § 117 of this act. After the award of the valid public contract the submitter of appeal may apply for the establishment of unlawfulness of the appealed decision of the contracting authority in the same case, if it has a grounded interest for that purpose.

Chapter 8.- IMPLEMENTING PROVISIONS

§ 130. Specification of the contracting authorities

The persons established and operating by the moment of enforcement of this act and complaint with the features stipulated in subsection 2 of § 10 of this act specify their status as to the features stipulated in subsection 2 within one month from the enforcement of this act and notify immediately the Office of it.

§ 131. Termination of the started tendering procedures, settlement of submitted appeals and the validity of the legal acts established on the basis of law

(1) The public procurement procedures started before the enforcement of this act are completed proceeding from the requirements stipulated in the Public Procurement Act (RT I 2000, 84, 534; 2005, 18, 105), except the obligation to submit the public procurement declaration stipulated in § 20 of the Public Procurement Act. In termination of the tendering procedure of the mentioned public procurement the contracting authority has the obligation to submit the public procurement report to the register pursuant to the procedure stipulated in § 37 of this act.

(2) The design contests started before the enforcement of this act are completed proceeding from the requirements stipulated in the Public Procurement Act (RT I 2000, 84, 534; 2005, 18, 105), except the obligation to submit the design contest declaration stipulated in § 20 of the Public Procurement Act. In termination of the mentioned design contest the contracting authority has the obligation to submit the results of the design contest to the register pursuant to the procedure stipulated in subsection 7 of § 80 of this act.

(3) The appeals are submitted in the public procurement procedures mentioned in subsection 1 of this section and the appeal committee reviews these proceeding from the requirements stipulated in the Public Procurement Act (RT I 2000, 84, 534; 2005, 18, 105).

(4) The legal act established on the basis of subsection 1 of § 36¹ of the Public Procurement Act (RT I 2000, 84, 534; 2005, 18, 105) is valid up to the declaring it invalid or up to the establishment of the legal act on the basis of subsection 5 of § 42 of this act by the Government of the Republic.

§ 132. Specifications in case of public procurements carried out by Eesti Pank

In case of public procurements carried out by Eesti Pank no provisions stipulated in clause 3 of § 107, § 108 and § 117-129 of this act are applied.

§ 133. Threshold of the public procurement

In comparing the estimated value of the public procurement with the threshold mentioned in subsection 1 of § 5, subsections 6 and 7 of § 16 and subsection 2 of § 37 the official exchange rate of Eesti Pank is taken into account.

§ 134. Amendment of the Databases Act

The clause 2 of subsection 1 of § 28 of the Databases Act (RT I 1997, 28, 423; 2004, 30, 204) is amended and worded as follows:

“2) the person having submitted the successful tender of public procurement organised by open procedure.”

§ 135 Amendment of the Electronic Communications Act

The following changes will be made in the Electronic Communications Act (RT I 2004, 87, 593, 2005, 71, 545):

1)　　　　　　the second sentence of subsection 1 of section 73 is amended and worded as follows:

“If the fee presumably paid for the provision of the universal service on the basis of the contract for provision of universal service exceeds the rate mentioned in subsection 1 of § 15 of the Public Procurement Act, the public procurement will be organized pursuant to the procedure stipulated in the Public Procurement Act.”;

2)　　　　　　the words “in tender invitation documents” are replaced with the words “in contract documents” in the subsection 1 of section 74;

3)　　　　　　the words “in tender invitation documents” are replaced with the words “in contract documents” in the subsection 1 of section 76;

§ 136. Amendment of the Administrative Cooperation Act

The following changes will be made in the Administrative Cooperation Act (RT I 2003, 20, 117, 2005, 70, 540):

1)　　　　　　the subsection 1 of section 13 is amended and worded as follows:

” (1) In case of award of contract under public law for authorizing for the fulfilment of the administrative task with the person, the procedure of the carrying out of the procurement procedure and the terms for the award of the service contract is proceeded from in the Public Procurement Act, by considering the specifications stipulated in this section.”;

2)　　　　　　the words “considering the subsection 3 of § 4 of the Public Procurement Act” are deleted from clause 4 of subsection 1¹ of section 13″;

3)　　　　　　the word “tendering procedure” is replaced with the word “procurement procedure” in subsections 2 and 3 of section 13;

4)　　　　　　the words “§ 61-71¹ and 73¹-73⁴” are replaced with the words “§ 107-114 and 117-129” in subsection 4 of section 13;

5)　　　　　　section 13 is completed with the subsection 5 in the following wording:

“(5) In organizing the public procurement procedure on the basis of subsection 1 of this section for the award of the contract under public law to be concluded no procedure of submission of the contract notice, prior information notice and public procurement report to the national public procurement register of the Public Procurement Act is applied. The contract notice for the award of the contract under public law and the relevant report and, if needed, the appendix of the report will be published in the Ametlikud Teadaanded, considering the terms stipulated in the Public Procurement Act.”;

6)　　　　　　the second sentence of subsection 3 of section 14 is amended and worded as follows:

“In awarding the contract under public law the negotiated procedure without publication of a contact notice stipulated in the Public Procurement Act is applied.”

§ 137. Amendment of the Administrative Procedure Act

The words “tendering procedure of the public procurements and the settlement of appeals made in the course of it” are replaced with the words “implementation of public procurements and settlement of appeals for the purpose of the Public Procurement Act”.

§ 138. Amendment of the Cultural Endowment Act

The publication citations are omitted from the subsection 1 of § 6¹ of the Cultural Endowment Act (RT I 1994, 46, 772, 2003, 21, 123).

§ 139. Completion of the Punishment Register Act

The subsection 1 of § 17 of the Punishment Register Act (RT I 1998, 111, 1830, 2004, 18, 131) is completed with clause 15 in the following wording:

“15) for the control of the compliance of the tenderer, candidate or subcontractor appointed by the tenderer with the requirements stipulated in law by the contracting authority organizing the public procurement.”

§ 140. Amendment of the Taxation Act

The publication citations are omitted from clause 10 of § 29 of the Taxation Act (RT I 2002, 26, 150; 2005, 68, 528).

§ 141. Declaring of the Public Procurement Act invalid

The Public Procurement Act (RT I 2000, 84, 534, 2005, 18, 105) is declared invalid.

§ 142. Amendment of the State Fees Act

The following changes are made in the State Fees Act (2006, 58, 439):

1)　　　　　　the subsection 16 of section 56 is amended and worded as follows:

“(16) in filing the complaint on the decision of the appeal committee to the circuit court the state fee is paid in the rate stipulated in § 222 of this act .”;

2)　　　　　　the section 222 is amended and worded as follows:

Ҥ 222. Review of appeals

(1) In filing the appeal of public procurement the state fee is paid as follows:

1)　　　　　　10,000 kroons, if the estimated value of the public procurement is lower of the international threshold;

2)　　　　　　20,000 kroons, if the estimated value of the public procurement is equal to the international threshold or exceeds it.

(2) The state fee is paid in the rate stipulated in subsection 11 of § 56 of this act in filing the loss compensation application.”

§ 143. Amendment of the Structural Aid Act

The publication citations of the Public Procurement Act are omitted from clause 9 of subsection 3 of § 41 of the Structural Aid Act (RT I 2003, 82, 552; 2005, 37, 279; 39, 308) and the word “purchaser” is replaced with the word “contracting authority”.

§ 144. Amendment of the Guarantee Fund Act

The publication citations of the Public Procurement Act are deleted from the third sentence of subsection 1 of § 82 of the Guarantee Fund Act (RT I 2002, 23, 131, 2005, 59, 464).

§ 145. Amendment of the Roads Act

The publication citations of the Public Procurement Act are deleted from the subsection 1 of § 25 of the Roads Act (RT I 1999, 26, 377; 2005, 61, 479).

§ 146. Amendment of the Code of Enforcement Procedure

The subsection 1 of § 2 of the Code of Enforcement Procedure (RT I 2005, 27, 198; 2006, 7 42) is completed with clause 7¹ in the following wording:

“7¹) the decision on the financial claims of the appeal committee of the public procurements entered into force.”

§ 147. Amendment of the Liquid Fuel Stocks Act

The subsection 1 of § 16 of the Liquid Fuel Stock Act (RT I 2005, 13, 66; 68, 531) is amended and worded as follows:

“(1) The procurements organized for the award of the contracts related to the establishing and keeping of stocks are considered the public procurements related to the protection of essential state interest for the purpose of clause 2 of subsection 1 of　§ 14 of the Public Procurement Act.”

§ 148. Amendment of the Public Transport Act

The following changes are made in the Public Transport Act (RT I 2000, 10, 58; 2003, 88, 589):

1)　　　　　　the third sentence of subsection 1 of section 10 is amended and worded as follows:

“If the fee presumable paid to the carrier on the basis of the public service contract exceeds the threshold mentioned in subsection 1 of § 15 of the Public Procurement Act, the contractor for the transport organizes the public procurement pursuant to the procedure stipulated in the Public Procurement Act.”;

2)　　　　　　the first and second sentence of subsection 2¹　of section 10 is amended and worded as follows:

“(2¹) If the appeal is submitted to the appeal committee related to the organization of public competition or public procurement or the complaint is filed to the administrative court related to the imposing of the public service obligation on the carrier with the special or sole right and if the public service contract terminates before the settlement of appeal, the contractor of the transport has the right to award the new public service contract with the former carrier having serviced the line up to the relevant decision of the appeal committee or enforcement of the court judgment up to the end of the year or up to the finding of the new carrier on the basis of the provisions stipulated in subsections 1 and 2 of this section, but not longer than for two years from the entry into force of the relevant decision of the appeal committee or court judgment.”;

3)　　　　　　the subsection 2² of section 10 is amended and worded as follows:

“(2²) If the carrier terminates the fulfilment of the public service obligation before the prescribed time, the contractor of the transport has the right to find a new carrier by negotiated procedure without publication of a contract notice. In this case the contractor of the transport has the obligation to award the contract with the new carrier pursuant to the procedure stipulated in the Public Procurement Act within two years from the entry into force of the public service contract awarded as a result of the negotiated procedure without publication of a contract notice.”;

4)　　　　　　The section 21 is amended and worded as follows:

Ҥ 21. Procurement procedure organized for the implementation of the public transport project supported from the state investment

The procurement procedure is organized for the implementation of the public transport project mentioned in §17-19 of this act pursuant to the procedure stipulated in the Public Procurement Act.”

§ 134. Entry into force of act

(1) This act enters into force on 1 May 2007.

(2) § 8, subsection 8 of § 31, § 51 and subsections 5 and 6 of § 55 enter into force on 1 January 2008.

Toomas Varek

President of the Riigikogu

Tallinn, 2006

—————————————————————————————–
(1) The directive 2004/17/EC of the European Parliament and Council, 31 March 2004, which coordinates the procurement procedures of contracting authorities operating in the sectors of water, energy, transport and postal services (OJ L 134, 30 April 2004, pgs 1-113), last changed with the regulation of the commission (EC) nº 2083/2005 (OJ L 333, 20 December 2005, pgs 28-29);

The directive 2004/18/EC of the European Parliament and Council, 31 March 2004, which coordinates the procedure for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (OJ L 320, 30 April 2004, pgs 114-240), last changed with the regulation of the commission (EC) nº 2083/2005 (OJ L 333, 20 December 2005, pgs 28-29);

The directive 89/665/EC of the European Parliament and Council, 31 March 2004, which coordinates the legal and administrative norms related to the application of the procedure of review of award of state supply and works contracts (OJ L 395, 30 December 1989, pgs 33-35), last changed with the directive 92/50/EC (OJ L 209, 24 July 1992, pgs 1-24);

The directive 92/13/EC of the European Parliament and Council, 31 March 2004, which coordinates the legal and administrative norms related to the application of the regulations of the community handling the procurement procedures of the units operating in the water supply, energy, transport and telecommunication sectors (OJ L 76, 23 March 1992, pgs 14-20);

The directive of the commission 2005/51/EC, with which the XX appendix of the directive 2004/17/EC of the European Parliament and Council and the VIII appendix of the directive 2004/18/EC on the public procurements (OJ L 257, 1 October 2005, pgs 127-128).

§ 1.- Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen Informationen sowie die Verbreitung dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen.

§ 2.- Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Informationen alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder DV-Form oder auf sonstigen Informationsträgern bei Behörden vorhandene Informationen;

2. Informationsträger alle Medien, die Informationen in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in sonstiger Form speichern können.

§ 3.- Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften über den Zugang zu Informationen gelten für die Behörden des Landes, der Kreise, der Ämter und Gemeinden sowie der sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, auch, soweit diese Bundesrecht oder Recht der Europäischen Gemeinschaft ausführen.

(2) Behörde ist jede Stelle im Sinne des § 3 Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes.

(3) Behörden im Sinne dieser Vorschrift sind nicht

1. der Landtag im Rahmen seiner Gesetzgebungstätigkeit; 2.

2. Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden sowie Disziplinarbehörden, soweit sie als Organe der Rechtspflege oder aufgrund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhängigkeit tätig werden;

3. der Landesrechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird.

(4) Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wird.

§ 4.- Informationsfreiheit

Jede natürliche und juristische Person des Privatrechts hat Anspruch auf Zugang zu den bei einer Behörde vorhandenen Informationen.

§ 5.- Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs

(1) Die Behörde hat nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragstellers Auskunft zu erteilen oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten.

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Behörde auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Akteneinsicht zuständige Stelle.

(3) Die Behörde stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Kann die Behörde die Anforderungen von Satz 1 nicht erfüllen, stellt sie Kopien zur Verfügung. Die §§ 80a bis 80c des Landesverwaltungsgesetzes gelten entsprechend.

(4) Die Behörde stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger, die die begehrten Informationen enthalten, auch durch Versendung, zur Verfügung.

(5) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die Behörde auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung.

(6) Die Behörde kann auf eine Veröffentlichung insbesondere im Internet verweisen, wenn sie der Antragstellerin oder dem Antragsteller die Fundstelle angibt.

§ 6.- Antragstellung

(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag soll schriftlich gestellt werden.

(2) Im Antrag sind die begehrten Informationen zu umschreiben. Sofern der Antragstellerin oder dem Antragsteller Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat sie oder ihn die angegangene Behörde zu beraten.

(3) Der Antrag soll bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Zuständige Behörde ist die Behörde, bei der die begehrten Informationen vorhanden sind. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. Ist die angegangene Behörde nicht die zuständige Behörde, so hat die angegangene Behörde die nach Satz 2 zuständige Behörde zu ermitteln und der Antragstellerin oder dem Antragsteller zu benennen.

(4) Im Fall des § 3 Abs. 4 besteht der Anspruch gegenüber derjenigen Behörde, die sich einer natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Im Falle der Beleihung besteht der Anspruch gegenüber dem Beliehenen.

§ 7.- Bescheidung des Antrages

(1) Die Behörde macht die begehrten Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats zugänglich.

(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu Informationen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich zu erteilen und zu begründen. Wurde der Antrag mündlich gestellt, gilt Satz 1 nur auf ausdrückliches Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers.

(3) Soweit Umfang und Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigen, kann die Frist des Absatzes 1 auf zwei Monate verlängert werden. Soweit die Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigt, kann die Frist des Absatzes 2 Satz 1 auf zwei Monate verlängert werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich zu informieren. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Wird der Antrag nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist beschieden, gilt dies als Ablehnung.

§ 8.- Kosten

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz können Verwaltungsgebühren erhoben werden; dies gilt nicht bei Amtshandlungen gegenüber Beteiligten. § 8 Abs. 1 Nr. 6 des Verwaltungskostengesetzes bleibt unberührt. Auslagen sind zu erstatten; diese dürfen die tatsächlichen Kosten nicht übersteigen.

§ 9.- Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit und solange 1. das Bekanntwerden der Informationen die internationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land, die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit schädigen würde;

2. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines anhängigen Gerichtsverfahrens, eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens oder Disziplinarverfahrens erheblich beeinträchtigt würde;

3. die Bekanntgabe der Informationen den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gefährden würde.

§ 10.- Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses

(1) Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung vereitelt würde.

(2) Nicht der unmittelbaren Vorbereitung dienen insbesondere Ergebnisse von Beweiserhebungen sowie Stellungnahmen.

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden.

(4) Geheimzuhalten sind Protokolle vertraulicher Beratungen.

(5) Der Antrag auf Zugang zu Informationen kann abgelehnt werden, wenn das Bekanntwerden des Inhaltes der Informationen die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung beeinträchtigt.

(6) Informationen, die nach Absatz 1 und 4 vorenthalten worden sind, sind spätestens nach Abschluß des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu machen. Dies gilt hinsichtlich Absatz 4 nur für Ergebnisprotokolle.

§ 11.- Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

(1) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch die Übermittlung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und die schutzwürdigen Belange der oder des Betroffenen das Offenbarungsinteresse der Allgemeinheit überwiegen.

(2) Soll Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gewährt werden, so hat die zuständige Behörde der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 12.- Schutz personenbezogener Daten

(1) Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Informationen personenbezogene Informationen offenbart werden, es sei denn,

1. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt;

2. die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträchtigungen der Rechte einzelner geboten;

3. die Einholung der Einwilligung der oder des Betroffenen ist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, und es ist offensichtlich, daß die Offenbarung im Interesse der oder des Betroffenen liegt;

4. die Antragstellerin oder der Antragsteller machen ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Informationen geltend und überwiegende schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen stehen der Offenbarung nicht entgegen.

(2) Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen gewährt werden, so ist die oder der Betroffene über die Freigabe von Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit einem unvertretbaren Aufwand verbunden ist. Können durch den Zugang zu Informationen schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden, so hat die zuständige Behörde dieser oder diesem vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 13.- Einwilligung der Betroffenen

In den Fällen der §§ 11 und § 12 ersucht die Behörde auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers die oder den Betroffenen um Zustimmung zur Freigabe der begehrten Informationen.

§ 14.- Beschränkter Informationszugang

Soweit und solange Informationen aufgrund der §§ 9 bis 12 nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. Soweit und solange eine Aussonderung nicht möglich ist, besteht Anspruch auf Auskunftserteilung.

§ 15.- Trennungsprinzip

Die Behörden treffen geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit Informationen, die dem Anwendungsbereich der §§ 9 bis 12 unterfallen, möglichst ohne unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können.

§ 16.- Anrufung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Eine Person, die der Ansicht ist, daß ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist oder daß sie von einer Behörde eine unzulängliche Antwort erhalten hat, kann die oder den Landesbeauftragten für Datenschutz anrufen. Die Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes über die Aufgaben und die Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz finden entsprechend Anwendung. Die Vorschriften über den gerichtlichen Rechtsschutz bleiben unberührt.

§ 17.- Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten

Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen oder ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt.

§ 18.- Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se corrigen errores en las Resoluciones de 12 de julio de 2006, por las que se crea el Registro Telemático y se aprueban los formularios electrónicos para inscribir los ficheros en el Registro General de Protección de Datos (B.O.E. 227/33211 del 22 de septiembre de 2006)

Advertidos errores en las Resoluciones de fecha 12 de julio, publicadas en el “BOE” número 181, de 31 de julio de 2006, por las que se crea el Registro Telemático de la Agencia Española de Protección de Datos, y se aprueban los formularios electrónicos a través de los que deberán efectuarse las solicitudes de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, así como los formatos y requerimientos a los que deben ajustarse las notificaciones remitidas en soporte informático o telemático, se transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En las páginas 28585 y 28588, en la antefirma, donde dice: “Director de la Agencia de Protección de Datos”, debe decir: “Director de la Agencia Española de Protección de Datos”.

Madrid, 8 de septiembre de 2006

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar Mañas.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 .-

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 .-

(1) Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 .-

(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

ç) Erişim sağlayıcı: Internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,

d) Filtreleme yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları,

e) İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri,

f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,

h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi  için verilen izni,

ı) Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,

i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, Büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

j) Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,

k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başinda bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,

l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşilığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, ifade eder.

MADDE 4 .-

(1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.

b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 5 .-

(1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11694&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=5846

b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.

c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.

d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.

İşyerlerinin açılması

MADDE 6 .-

(1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalisma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.

(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.

(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

İzin alınmadan açılan işyerleri

MADDE 7 .-

(1) Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

(2) Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açıldığı için kapatılan işyerlerini en geç üç gün içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak Başkanlığa bildirir.

İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür

MADDE 8 .-

(1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.

(2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.

İşyerlerinde uyulması gereken kurallar

MADDE 9 .-

(1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) 12 yaşindan küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.

b) 15 yaşindan küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.

c) (Değişik:RG-5/8/2009-27310) Tütün ve tütün mamulleri içilemez.

ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.

d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.

e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşindan küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.

ğ) İşyerlerine giren ve çikanlarin tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme ve Cezalar

Denetleme usul ve esasları

MADDE 10 .-

(1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;

a) Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.

b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

İdari para cezaları

MADDE 11 .-

(1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.

(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM.- Çesitli ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin işlemler

 MADDE 12 .-

(1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine ilişkin işlemler, mülki idare amirliklerinin yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülür.

(2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.

(3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.

Başkanlığın bilgi talebi

MADDE 13 .-

(1) Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir.

(2) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirir.

MADDE 1 .-

(1) Halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.

Yürürlük

MADDE 14 .-

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 .-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.  

Constitución de 1993

PREAMBULO
El Pueblo Andorrano, con plena libertad e independencia, y en ejercicio de su propia soberanía,
Consciente de la necesidad de adecuar la estructura institucional de Andorra a las nuevas circunstancias que comporta la evolución del entorno geográfico, histórico y socio-cultural en que se encuentra situada, así como de la necesidad de regular las relaciones que, dentro de este nuevo marco jurídico, deberán tener unas instituciones que encuentran sus orígenes en los Pareatges.

Convencido de la conveniencia de dotarse de todos los mecanismos que han de permitir la seguridad jurídica en el ejercicio de unos derechos fundamentales de la persona que, si bien han estado siempre presentes y respetados en el talante de la sociedad andorrana, no se beneficiaban de una regulación material concreta,

Decidido a perseverar en la promoción de valores como la libertad, la justicia, la democracia y el progreso social, a mantener y fortalecer unas relaciones armónicas de Andorra con el resto del mundo, y especialmente con los países vecinos, sobre la base del respeto mutuo, de la convivencia y de la paz,

Con la voluntad de aportar a todas las causas comunes de la humanidad su colaboración y su esfuerzo, y muy especialmente cuando se trate de preservar la integridad de la Tierra y de garantizar para las generaciones futuras un medio de vida adecuado,

Con el deseo que el lema “virtus, unita, fortior”, que ha presidido el camino pacífico de Andorra a través de más de setecientos años de historia, siga siendo una divisa plenamente vigente y oriente en todo momento las actuaciones de los andorranos,

Aprueba soberanamente la presente Constitución.

TÍTULO I. DE LA SOBERANIA DE ANDORRA

Artículo 1

1. Andorra es un Estado independiente, de Derecho, Democrático y Social. Su denominación oficial es Principat d'Andorra.

2. La Constitución proclama como principios inspiradores de la acción del Estado andorrano el respeto y la promoción de la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona.

3. La soberanía reside en el Pueblo Andorrano, que la ejerce mediante las diferentes clases de participación y de las instituciones que establece esta Constitución.

4. El régimen político de Andorra es el Coprincipat parlamentario.

5. Andorra está integrada por las Parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany.

Artículo 2

1. La lengua oficial del Estado es el catalán.

2. El himno nacional, la bandera y el escudo de Andorra son los tradicionales.

3. Andorra la Vella es la capital del Estado.

Artículo 3

1. La presente Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, vincula a todos los poderes públicos y a los ciudadanos.

2. La Constitución garantiza los principios de legalidad, de jerarquía, de publicidad de las normas jurídicas, de no retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales o que supongan un efecto o establezcan una sanción desfavorables, de seguridad jurídica, de responsabilidad de los poderes públicos y de interdicción de toda arbitrariedad.

3. Andorra incorpora a su ordenamiento los principios de derecho internacional público universalmente reconocidos.

4. Los tratados y acuerdos internacionales se integran en el ordenamiento jurídico a partir de su publicación en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, y no pueden ser modificados o derogados por las leyes.

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

Capítulo I. Principios Generales

Artículo 4

La Constitución reconoce que la dignidad humana es intangible, y, en consecuencia, garantiza los derechos inviolables e imprescriptibles de la persona, que constituyen el fundamento del orden político, la paz social y la justicia.

Artículo 5

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene vigencia en Andorra.

Artículo 6

1. Todas las personas .son iguales ante la ley. Nadie puede ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, origen, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.

2. Los poderes públicos han de crear las condiciones para que la igualdad y la libertad de los individuos sean reales y efectivas.

Capítulo II. De la nacionalidad andorrana

Artículo 7

1. La condición de nacional andorrano, así como sus consecuencias jurídicas, se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo que se regula en Llei Qualificada.

2. La adquisición o el mantenimiento de una nacionalidad diferente a la andorrana implicará la pérdida de ésta en los términos y plazos fijados por la ley.

Capítulo III. De los derechos fundamentales de la persona y de las libertades públicas

Artículo 8

1. La Constitución reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases.

2. Toda persona tiene derecho a la integridad física y moral. Nadie puede ser sometido a torturas o a penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3. Se prohibe la pena de muerte.

Artículo 9

1. Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad, de las que sólo pueden ser privadas por las causas y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes.

2. La detención gubernativa no puede durar más del tiempo necesario para llevar a cabo las averiguaciones tendentes al esclarecimiento del caso y nunca podrá exceder de cuarenta y ocho horas sin que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad judicial.

3. La ley establecerá un procedimiento para que todo detenido pueda acudir a un órgano judicial con el fin de que éste se pronuncie sobre la legalidad de su detención. Así mismo, creará el procedimiento para restablecer los derechos fundamentales lesionados de toda persona privada de libertad.

4. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa.

Artículo 10

1. Se reconoce el derecho a la jurisdicción, a obtener de ésta una decisión fundamentada en Derecho, y a un proceso debido, substanciado por un tribunal imparcial predeterminado por la ley.

2. Se garantiza a todos el derecho a la defensa y a la asistencia técnica de un letrado, a un juicio de razonable duración, a la presunción de inocencia, a ser informado de la acusación, a no confesarse culpable, a no declarar en contra de sí mismo y, en los procesos penales, al recurso.

3. La ley regulará los supuestos en los que, para garantizar el principio de igualdad, la justicia debe ser gratuita.

Artículo 11

1. La Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y nadie puede ser obligado a declarar o a manifestarse sobre su ideología, religión o creencias.

2. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sometida únicamente a las limitaciones establecidas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades fundamentales de las otras personas.

3. La Constitución garantiza a la Iglesia Católica el ejercicio libre y público de sus actividades y el mantenimiento de las relaciones de colaboración especial con el Estado de acuerdo con la tradición andorrana.

La Constitución reconoce a las entidades de la Iglesia Católica que tienen personalidad jurídica de acuerdo con sus propias normas la plena capacidad jurídica en el ámbito del ordenamiento general andorrano.

Artículo 12

Se reconocen las libertades de expresión, de comunicación y de información. La ley regulará el derecho de réplica, el derecho de rectificación y el secreto profesional. Queda prohibida la censura previa o cualquier otro medio de control ideológico por parte de los poderes públicos.

Artículo 13

1. La ley regulará la condición civil de las personas y las formas de matrimonio. Se reconocen los efectos civiles del matrimonio canónico.

2. Los poderes públicos promoverán una política de protección de la familia, elemento básico de la sociedad.

3. Los cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones. Los hijos son iguales ante la ley con independencia de su filiación.

Artículo 14

Se garantiza el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Toda persona tiene derecho a ser protegida por las leyes contra las intromisiones ilegítimas en su vida privada y familiar.

Artículo 15

Se garantiza la inviolabilidad del domicilio, donde no se puede entrar sin el consentimiento del titular o sin mandamiento judicial, excepto en el caso de delito flagrante. Se garantiza igualmente el secreto de las comunicaciones, salvo en caso de mandamiento judicial motivado.

Artículo 16

Se reconocen los derechos de reunión y de manifestación pacíficas con finalidades lícitas. El ejercicio del derecho de manifestación requiere la comunicación previa a la autoridad y no puede impedir la libre circulación de personas y bienes.

Artículo 17

Se reconoce el derecho de asociación para la consecución de fines lícitos. La ley establecerá, a efectos de publicidad, un Registro de las asociaciones que se constituyan.

Artículo 18

Se reconoce el derecho de creación y funcionamiento de organizaciones empresariales, profesionales y sindicales. Sin perjuicio de su vinculación con organismos internacionales, estas organizaciones deberán ser de ámbito andorrano, disponer de autonomía propia sin dependencias orgánicas extranjeras y funcionar democráticamente.

Artículo 19

Los trabajadores y los empresarios tienen derecho a la defensa de sus intereses económicos y sociales. La ley regulará las condiciones de ejercicio de este derecho para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la educación, que debe orientarse hacia el desarrollo pleno de la personalidad humana y de la dignidad, fortaleciendo el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales.

2. Se reconoce la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes.

3. Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que hayan de recibir sus hijos. Igualmente tienen derecho a una educación moral o religiosa para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 21

1. Todos tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional, y a entrar y salir del país de acuerdo con las leyes.

2. Los nacionales y los extranjeros legalmente residentes tienen derecho a fijar libremente su residencia en Andorra.

Artículo 22

La no renovación de la condición de residente o la expulsión de la persona legalmente residente sólo se podrá acordar por las causas y según los términos previstos en la ley, en virtud de resolución judicial firme, si la persona interesada ejerce el derecho a la jurisdicción.

Artículo 23

Toda persona con interés directo tiene derecho a dirigir peticiones a los poderes públicos en la forma y con los efectos previstos por la ley.

Capítulo IV. De los derechos políticos de los andorranos

Artículo 24

Todos los andorranos mayores de edad, en pleno uso de sus derechos, gozan del derecho de sufragio.

Artículo 25

Todos los andorranos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y a los cargos públicos, con los requisitos que determinen las leyes. El ejercicio de cargos institucionales queda reservado a los andorranos, excepto en aquello que prevean esta Constitución o los tratados internacionales.

Artículo 26

Se reconoce a los andorranos el derecho de libre creación de partidos políticos. Su funcionamiento y organización deben ser democráticos y sus actuaciones conformes a la ley. La suspensión de sus actividades y su disolución deberán ser efectuadas por los órganos judiciales.

Capítulo V. De los derechos y principios económicos, sociales y culturales.

Artículo 27

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, sin otras limitaciones que las derivadas de la función social de la propiedad.

2. Nadie puede ser privado de sus bienes o derechos si no es por causa justificada de interés público, mediante la justa indemnización y de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

Artículo 28

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y conforme a las leyes.

Artículo 29

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la promoción a través del trabajo, a una remuneración que garantice al trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, así como a la limitación razonable de la jornada laboral, al descanso semanal y a las vacaciones pagadas.

Artículo 30

Se reconoce el derecho a la protección de la salud y a recibir prestaciones para atender otras necesidades personales. Con estas finalidades, el Estado garantizará un sistema de Seguridad Social.

Artículo 31

Es función del Estado velar por la utilización racional del suelo y de todos los recursos naturales, con la finalidad de garantizar a todos una calidad de vida digna, restablecer y mantener para las generaciones futuras un equilibrio ecológico racional en la atmósfera, el agua y la tierra y defender la flora y fauna autóctonas.

Artículo 32

El Estado puede intervenir en la ordenación del sistema económico, mercantil, laboral y financiero para hacer posible, en el marco de la economía de mercado, el desarrollo equilibrado de la sociedad y el bienestar general.

Artículo 33

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna.

Artículo 34

El Estado garantizará la conservación, promoción y difusión del patrimonio histórico, cultural y artístico de Andorra.

Artículo 35

La ley garantizará y los poderes públicos defenderán los derechos de los consumidores y usuarios.

Artículo 36

El Estado puede crear medios de comunicación social. De acuerdo con los principios de participación y pluralismo, una ley regulará su organización y su control por parte del Consell General.

Capítulo VI. De los deberes de los andorranos y de los extranjeros

Artículo 37

Todas las personas físicas y jurídicas contribuirán a los gastos públicos según su capacidad económica, mediante un sistema fiscal justo, establecido por la ley y fundamentado en los principios de generalidad y de distribución equitativa de las cargas fiscales.

Artículo 38

El Estado podrá crear por ley formas de servicio cívico para el cumplimiento de finalidades de interés general.

Capítulo VII. De las garantías de los derechos y libertades

Artículo 39

1. Los derechos y libertades reconocidos en los capítulos III y IV del presente Título vinculan inmediatamente a los poderes públicos a título de derecho directamente aplicable. Su contenido no puede ser limitado por la ley y está protegido por los Tribunales.

2. Los extranjeros legalmente residentes en Andorra pueden ejercer libremente los derechos y las libertades del capítulo III de este Título.

3. Los derechos del capítulo V conforman la legislación y la acción de los poderes públicos, pero sólo pueden ser invocados en los términos fijados por el ordenamiento jurídico.

Artículo 40

La regulación del ejercicio de los derechos reconocidos en este Título sólo puede realizarse por ley. Los derechos de los capítulos III y IV deben regularse mediante lleis qualificades.

Artículo 41

1. Los derechos y libertades reconocidos en los capítulos III y IV son tutelados por los tribunales ordinarios a través de un procedimiento urgente y preferente regulado por la ley, que, en todo caso, se substanciará en dos instancias.

2. La ley creará un procedimiento excepcional de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los actos de los poderes públicos que violen el contenido esencial de los derechos mencionados en el apartado anterior, salvo el supuesto previsto en el artículo 22.

Artículo 42

1. Una Llei Qualificada regulará los estados de alarma y de emergencia. El primero podrá ser declarado por el Govern en casos de catástrofes naturales, por un plazo de quince días y con notificación al Consell General. El segundo también será declarado por el Govern por un plazo de treinta días en los supuestos de interrupción del funcionamiento normal de la convivencia democrática y requerirá la autorización previa del Consell General. Cualquier prórroga de estos estados requiere necesariamente la aprobación del Consell General.

2. Durante el estado de alarma se puede limitar el ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 21 y 27. Durante el estado de emergencia pueden ser suspendidos los derechos contemplados en los artículos 9.2, 12, 15, 16, 19 y 21. La aplicación de esta suspensión a los derechos contenidos en los artículos 9.2 y 15 debe realizarse siempre bajo control judicial y sin perjuicio del procedimiento de protección establecido en el artículo 9.3.

TÍTULO III. DE LOS COPRÍNCEPS

Artículo 43

1. De acuerdo con la tradición institucional de Andorra los Coprínceps son, conjuntamente y de forma indivisa, el Cap de l'Estat, y asumen su más alta representación.

2. Los Coprínceps, institución surgida de los Pareatges y de su evolución histórica son, a título personal y exclusivo, el Obispo de Urgel y el Presidente de la República Francesa. Sus poderes son iguales y derivados de la presente Constitución. Cada uno de ellos jura o promete ejercer sus funciones de acuerdo con la presente Constitución.

Artículo 44

1. Los Coprínceps son símbolo y garantía de la permanencia y continuidad de Andorra, así como de su independencia y del mantenimiento del espíritu paritario en las tradicionales relaciones de equilibrio con los Estados vecinos. Manifiestan el consentimiento del Estado andorrano para obligarse internacionalmente, de acuerdo con la Constitución.

2. Los Coprínceps arbitran y moderan el funcionamiento de los poderes públicos y de las instituciones, y a iniciativa ya sea de cada uno de ellos, ya sea del Síndic General o del Cap de Govern, son informados regularmente de los asuntos del Estado.

3. Salvo los casos previstos en la presente Constitución, los Coprínceps no están sujetos a responsabilidad. De los actos de los Coprínceps se hacen responsables quienes los refrendan.

Artículo 45

1. Los Coprínceps, con el refrendo del Cap de Govern o, en su caso, del Síndic General, quienes asumen la responsabilidad política:

a) Convocan las elecciones generales de acuerdo con la Constitución.

b) Convocan referéndum de acuerdo con los artículos 76 y 106 de la Constitución.

c) Nombran al Cap de Govern según el procedimiento previsto en la Constitución .

d) Firman el decreto de disolución del Consell General, según el procedimiento del artículo 71 de la Constitución.

e) Acreditan a los representantes diplomáticos de Andorra en el extranjero, y los representantes extranjeros en Andorra se acreditan ante cada uno de ellos.

f) Nombran los titulares de las demás instituciones del Estado de acuerdo con la Constitución y las leyes.

g) Sancionan y promulgan las leyes según el artículo 63 de la presente Constitución.

h) Manifiestan el consentimiento del Estado para obligarse por medio de los tratados internacionales, en los términos previstos en el capítulo III del Título IV de la Constitución.

i) Realizan los demás actos que expresamente les atribuye la Constitución.

2. Las disposiciones previstas en los apartados g) y h) de este artículo deben ser presentadas simultáneamente a uno y otro Copríncep que deben sancionarlas y promulgarlas o manifestar el consentimiento del Estado según el caso, y han de ordenar su publicación entre el octavo y el quinceavo día.

En este período los Coprínceps, conjunta o separadamente, pueden dirigirse al Tribunal Constitucional con mensaje razonado para que éste se pronuncie sobre su constitucionalidad. Si la resolución fuera positiva el acto puede ser sancionado con la firma de al menos uno de los Coprínceps.

3. Cuando concurran circunstancias que impidan por parte de uno de los Coprínceps la formalización de los actos enumerados en el apartado 1 del presente artículo en los plazos constitucionalmente previstos, su representante lo ha de notificar al Síndic General o, en su caso, al Cap de Govern. En este supuesto, los actos, normas o decisiones afectadas entrarán en vigor transcurridos los mencionados plazos con la firma del otro Copríncep y el refrendo del Cap de Govern o, en su caso, del Síndic General.

Artículo 46

1. Son actos de libre decisión de los Coprínceps:

a) El ejercicio conjunto de la prerrogativa de gracia.

b) La creación y la estructuración de los servicios que consideren necesarios para la realización de sus funciones institucionales, el nombramiento de sus titulares y su acreditación a todos los efectos.

c) La designación de los miembros del Consell Superior de la Justícia, de acuerdo con el artículo 89.2 de la Constitución.

d) El nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 96.1 de la Constitución.

e) El requerimiento de dictamen previo de inconstitucionalidad de las leyes.

f) El requerimiento del dictamen sobre la inconstitucionalidad de los tratados internacionales, previo a su ratificación.

g) La interposición de conflicto ante el Tribunal Constitucional por afectar a sus funciones institucionales, en los términos de los artículos 98 y 103 de la Constitución.

h) El otorgamiento del acuerdo para la adopción del texto de un tratado internacional, de acuerdo con las previsiones del artículo 66, antes de su aprobación en sede parlamentaria.

2. Los actos derivados de los artículos 45 y 46 son ejercidos personalmente por los Coprínceps, salvo las facultades previstas en las letras e), f), g) y h) del presente artículo, que pueden ser realizadas por delegación expresa.

Artículo 47

El Presupuesto General del Principado debe asignar una cantidad igual a cada Copríncep, destinada al funcionamiento de sus servicios, de la que pueden disponer libremente.

Artículo 48

Cada Copríncep nombra un representante personal en Andorra.

Artículo 49

En caso de inexistencia provisional de uno de los Coprínceps la presente Constitución reconoce la validez de los mecanismos de sustitución previstos en sus ordenamientos respectivos, con la finalidad de que no se interrumpa el funcionamiento normal de las instituciones andorranas.

TÍTULO IV. DEL CONSELL GENERAL

Artículo 50

El Consell General, que expresa la representación mixta y paritaria de la población nacional y de las siete Parròquies, representa al pueblo andorrano, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos del Estado e impulsa y controla la acción política del Govern.

Capítulo I. De la organización del Consell General

Artículo 51

1. Los Consellers son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por un período de cuatro años. El mandato de los Consellers acaba cuatro años después de su elección o el día de la disolución del Consell General.

2. Las elecciones deben celebrarse entre los treinta y cuarenta días siguientes a la finalización del mandato de los Consellers.

3. Son electores y elegibles todos los andorranos que estén en el pleno uso de sus derechos políticos.

4. Una Llei Qualificada regulará el régimen electoral y preverá las causas de inelegibilidad y de incompatibilidad de los Consellers.

Artículo 52

El Consell General se compone de un mínimo de veintiocho y de un máximo de cuarenta y dos Consellers Generals, la mitad de los cuales se eligen en razón de un número igual por cada una de las siete Parròquies y la otra mitad se elige por circunscripción nacional.

Artículo 53

1. Los miembros del Consell General tienen la misma naturaleza representativa, son iguales en derechos y deberes y no están sometidos a mandato imperativo de ninguna clase. Su voto es personal e indelegable.

2. Los Consellers no son responsables de los votos y opiniones manifestados en el ejercicio de sus funciones.

3. Durante su mandato los Consellers no podrán ser detenidos ni retenidos, excepto en caso de delito flagrante. Salvo este supuesto, corresponde decidir sobre su detención, inculpación y procesamiento al Tribunal de Corts en Pleno y sobre su juicio, al Tribunal Superior.

Artículo 54

El Consell General aprueba y modifica su Reglamento por mayoría absoluta de la Cámara, fija su presupuesto y regula el estatuto del personal a su servicio.

Artículo 55

1. La Sindicatura es el órgano rector del Consell General.

2. El Consell General se reúne en sesión constitutiva quince días después de la proclamación de los resultados electorales y elige, en la misma sesión, al Síndic General, al Subsíndic General y, si es el caso, a los demás miembros que reglamentariamente puedan componer la Sindicatura.

3. El Síndic y Subsíndic Generals no pueden ejercer su cargo más de dos mandatos consecutivos completos.

Artículo 56

1. El Consell General se reúne en sesiones tradicionales, ordinarias y extraordinarias, convocadas según lo que se prevea en el Reglamento. Habrá dos períodos ordinarios de sesiones durante el año, determinados por el Reglamento. Las sesiones del Consell General son públicas, salvo que el mismo Consell General acuerde lo contrario por mayoría absoluta de sus miembros.

2. El Consell General funciona en Pleno y en comisiones. El Reglamento preverá la formación de las comisiones legislativas de manera que sean representativas de la composición de la Cámara.

3. El Consell General nombra una Comissió Permanent para velar por los poderes de la Cámara cuando ésta esté disuelta o en el período entre sesiones. La Comisión Permanente, bajo la Presidencia del Síndic General estará formada de manera que respete la composición paritaria de la Cámara.

4. Los Consellers pueden agruparse en grups parlamentaris. El Reglamento preverá los derechos y deberes de los Consellers y de los grups parlamentaris, así como el estatuto de los Consellers no adscritos.

Artículo 57

1. Para tomar válidamente acuerdos el Consell General debe estar reunido, con la asistencia mínima de la mitad de los Consellers.

2. Los acuerdos son válidos cuando han sido aprobados por la mayoría simple de los Consellers presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales determinadas por la Constitución.

3. Las lleis qualificades previstas por la Constitución requieren para su aprobación el voto final favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consell General, salvo las Lleis Qualificades electoral y de referéndum, de competencias comunals, y de transferencias a los Comuns, que requieren para su aprobación el voto final favorable de la mayoría absoluta de los Consellers elegidos en circunscripción parroquial y de la mayoría absoluta de los Consellers elegidos en circunscripción nacional.

Capitulo II. Del procedimiento legislativo

Artículo 58

1. La iniciativa legislativa corresponde al Consell General y al Govern.

2. Tres Comuns conjuntamente o una décima parte del censo electoral nacional pueden presentar proposiciones de ley al Consell General.

3. Los proyectos y las proposiciones de ley deben ser examinados por el Pleno y por las comisiones en la forma que determine el Reglamento.

Artículo 59

Mediante ley, el Consell General puede delegar el ejercicio de la función legislativa al Govern, que en ningún caso podrá ser subdelegada. La ley de delegación determina la materia delegada, los principios y las directrices bajo las que deberá regirse el correspondiente decreto legislativo del Govern, así como el plazo en el que deberá ser ejercida. La autorización preverá las formas parlamentarias de control de la legislación delegada.

Artículo 60

1. En casos de extrema urgencia y necesidad, el Govern podrá presentar al Consell General un texto articulado para que sea aprobado como ley, en una votación de totalidad, en el plazo de cuarenta y ocho horas.

2. Las materias reservadas a Llei Qualificada no pueden ser objeto de delegación legislativa ni del procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 61

1. La iniciativa del proyecto de Ley del Presupuesto General corresponde exclusivamente al Govern, que debe presentarlo para la aprobación parlamentaria, como mínimo, dos meses antes de la expiración de los presupuestos anteriores.

2. El Proyecto de Ley del Presupuesto General tiene preferencia en su tramitación respecto a otras cuestiones y se tramitará de acuerdo con un procedimiento propio, regulado en el Reglamento.

3. Si la Ley del Presupuesto General no es aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considera automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo.

4. La Ley del Presupuesto General no puede crear tributos.

5. La Comisión de Finanzas del Consell General revisará anualmente el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.

Artículo 62.

1. Los Consellers y los grups parlamentaris tienen derecho de enmienda a los proyectos y a las proposiciones de ley.

2. El Govern podrá solicitar que no se debatan aquellas enmiendas que supongan incremento de gastos o disminución de ingresos en relación con los previstos en la Ley del Presupuesto General. El Consell General, por mayoría absoluta de la Cámara, podrá oponerse a aquella solicitud con una moción motivada.

Artículo 63

Aprobada una ley por el Consell General, el Síndic General dará cuenta a los Coprínceps para que, entre los ocho y quince días siguientes, la sancionen, promulguen y ordenen su publicación en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Capítulo III. De los tratados internacionales

Artículo 64

1. Los tratados internacionales deben ser aprobados por el Consell General por mayoría absoluta de la Cámara en los casos siguientes:

a) Tratados que vinculen al Estado a una organización internacional.

b) Tratados relativos a la seguridad interior y a la defensa.

c) Tratados relativos al territorio de Andorra.

d) Tratados que afecten a los derechos fundamentales de la persona regulados en el Título II.

e) Tratados que impliquen la creación de nuevas obligaciones para la Hacienda Pública.

f) Tratados que creen o modifiquen disposiciones de naturaleza legislativa o que requieran medidas legislativas para su ejecución.

g) Tratados que versen sobre la representación diplomática o funciones consulares, sobre cooperación judicial o penitenciaria.

2. El Govern informará al Consell General y a los Coprínceps de la conclusión de los restantes acuerdos internacionales.

3. Para la denuncia de los tratados internacionales que afecten a las materias enumeradas en el epígrafe 1 también será necesaria la aprobación previa de la mayoría absoluta de la Cámara.

Artículo 65

Para los intereses del pueblo andorrano, del progreso y de la paz internacionales, se podrán ceder competencias legislativas, ejecutivas o judiciales siempre que sea a organizaciones internacionales y por medio de un tratado que debe ser aprobado por una mayoría de dos terceras partes de los miembros del Consell General.

Artículo 66

1. Los Coprínceps participan en la negociación de los tratados que afecten a las relaciones con los Estados vecinos cuando versen sobre las materias enumeradas en los apartados b), c) y g) del artículo 64.1.

2. La representación andorrana que tenga por misión negociar los tratados señalados en el párrafo anterior, comprenderá, además de los miembros nombrados por el Govern, un miembro nombrado por cada Copríncep.

3. Para la adopción del texto del tratado será necesario el acuerdo de los miembros nombrados por el Govern y de cada uno de los miembros nombrados por los Coprínceps.

Artículo 67

Los Coprínceps son informados de los restantes proyectos de tratados y de acuerdos internacionales y, a petición del Govern, pueden ser asociados a la negociación si así lo exige el interés nacional de Andorra, antes de su aprobación en sede parlamentaria.

Capítulo IV. De las relaciones del Consell General con el Govern.

Artículo 68

1. Después de cada renovación del Consell General, en la primera sesión, que se celebrará en el plazo de ocho días después de la sesión constitutiva, se procederá a la elección del Cap de Govern.

2. Los candidatos deben ser presentados por una quinta parte de los miembros del Consell General. Cada Conseller sólo puede avalar una candidatura.

3. Los candidatos deben presentar su programa y resultará elegido aquel que, después de un debate, en una primera votación pública y oral obtenga la mayoría absoluta del Consell General.

4. En caso que fuera necesaria una segunda votación sólo podrán presentarse los dos candidatos que hayan obtenido los mejores resultados en la primera votación. Será proclamado como Cap de Govern el candidato que obtenga más votos.

5. El Síndic General comunicará a los Coprínceps el resultado de la votación para que el candidato elegido sea nombrado Cap de Govern y refrendará su nombramiento.

6. Se seguirá el mismo procedimiento en los demás supuestos en que quede vacante el cargo de Cap de Govern.

Artículo 69

1. El Govern responde políticamente ante el Consell General de forma solidaria.

2. Una quinta parte de los Consellers pueden presentar una moción de censura, por medio de un escrito motivado, contra el Cap de Govern.

3. Una vez realizado el debate entre los tres y cinco días posteriores a la presentación de la moción y en la forma que determine el Reglamento, se procederá a una votación pública y oral. Para que la moción de censura prospere, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del Consell General.

4. Si la moción de censura es aprobada, el Cap de Govern cesa. Seguidamente se procederá según lo previsto en el artículo anterior.

5. No se puede presentar ninguna moción de censura hasta que transcurran seis meses desde la última elección del Cap de Govern.

6. Los Consellers que hayan presentado una moción de censura no pueden firmar otra hasta que haya transcurrido un año.

Artículo 70

1. El Cap de Govern puede plantear ante el Consell General la cuestión de confianza sobre su programa, sobre una declaración de política general o sobre una decisión de trascendencia especial.

2. La confianza se considera otorgada cuando, en una votación pública y oral, obtenga la mayoría simple. En caso de no obtener esta mayoría el Cap de Govern ha de presentar su dimisión.

Artículo 71

1. El Cap de Govern, después de una deliberación con el Govern, y bajo su responsabilidad, puede pedir a los Coprínceps la disolución anticipada del Consell General. El decreto de disolución ha de fijar la convocatoria de las elecciones de acuerdo con el artículo 51.2 de la Constitución.

2. La disolución no podrá efectuarse si está tramitándose una moción de censura o se ha declarado el estado de emergencia.

3. No puede efectuarse ninguna disolución hasta que haya transcurrido un año desde las elecciones anteriores.

TÍTULO V. DEL GOVERN

Artículo 72

1. El Govern se compone del Cap de Govern y de los Ministros, en el número que determine la ley.

2. Bajo la autoridad del Cap de Govern, dirige la política nacional e internacional de Andorra. Dirige también la administración del Estado y ejerce la potestad reglamentaria.

3. La Administración pública sirve con objetividad el interés general, y actúa de acuerdo con los principios de jerarquía, eficacia, transparencia y plena sumisión a la Constitución, las leyes y los principios generales del ordenamiento jurídico definidos en el Título I. Todos sus actos y normas están sometidos al control jurisdiccional.

Artículo 73

El Cap de Govern es nombrado por los Coprínceps, una vez elegido en los términos previstos en la Constitución.

Artículo 74

El Cap de Govern y los Ministros están sometidos al mismo régimen jurisdiccional que los Consellers Generals.

Artículo 75

El Cap de Govern o, en su caso, el Ministro responsable, refrenda los actos de los Coprínceps previstos en el artículo 45.

Artículo 76

El Cap de Govern, con el acuerdo de la mayoría del Consell General, puede pedir a los Coprínceps la convocatoria de un referéndum sobre una cuestión de orden político.

Artículo 77

El Govern finaliza su mandato cuando acaba la legislatura, por dimisión, defunción o incapacitación definitiva del Cap de Govern, al prosperar una moción de censura o perder una cuestión de confianza. En todos los casos, el Govern sigue en funciones hasta la formación del nuevo Govern.

Artículo 78

1. El Cap de Govern no puede ejercer su cargo más de dos mandatos consecutivos completos.

2. Los miembros del Govern no pueden compatibilizar su cargo con el de Conseller General y sólo pueden ejercer las funciones públicas derivadas de su pertenencia al Govern.

TÍTULO VI. DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

Artículo 79

1. Los Comuns, como órganos de representación y administración de las Parròquies, son corporaciones públicas con personalidad jurídica y potestad normativa local, sometida a la ley, en forma de ordinacions, reglamentos y decretos. En el ámbito de sus competencias, ejercidas de acuerdo con la Constitución, las leyes y la tradición, funcionan bajo el principio de autogobierno, reconocido y garantizado por la Constitución.

2. Los Comuns expresan los intereses de las Parròquies, aprueban y ejecutan el presupuesto comunal, fijan y llevan a cabo sus políticas públicas en su ámbito territorial y gestionan y administran todos los bienes de propiedad parroquial, sean de dominio público comunal o de dominio privado o patrimonial.

3. Sus órganos de gobierno son elegidos democráticamente.

Artículo 80

1. En el marco de la autonomía administrativa y financiera de los Comuns, sus competencias son delimitadas mediante Llei Qualificada, al menos en las materias siguientes:

a) Censo de población.

b) Censo electoral. Participación en la gestión del proceso y administración electorales que les corresponda según la ley.

c) Consultas populares.

d) Comercio, industria y actividades profesionales.

e) Delimitación del territorio comunal.

f) Bienes propios y de dominio público comunal.

g) Recursos naturales.

h) Catastro.

i) Urbanismo.

j) Vías públicas.

k) Cultura, deportes y actividades sociales.

l) Servicios públicos comunales.

2 En el marco de la potestad tributaria del Estado, la mencionada Llei Qualificada determina las facultades económicas y fiscales de los Comuns para el ejercicio de sus competencias. Estas facultades se referirán, al menos, al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, a los tributos tradicionales y a las tasas por servicios comunals, autorizaciones administrativas, radicación de actividades comerciales, industriales y profesionales y propiedad inmobiliaria.

3. Mediante ley se podrá delegar a las Parròquies competencias de titularidad estatal.

Artículo 81

Con la finalidad de asegurar la capacidad económica de los Comuns, una Llei Qualificada determina las transferencias de capital del Presupuesto General a los Comuns, garantizando una partida igual para todas las Parròquies y una partida variable, proporcional según su población, la extensión de su territorio y otros indicadores.

Artículo 82

1. Los litigios sobre interpretación o ejercicio competencial entre los órganos generales del Estado y los Comuns serán resueltos por el Tribunal Constitucional.

2. Los actos de los Comuns tienen carácter ejecutivo directo por los medios establecidos por ley. Contra éstos podrán interponerse recursos administrativos y jurisdiccionales para controlar su adecuación al ordenamiento jurídico.

Artículo 83

Los Comuns tienen iniciativa legislativa y están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad en los términos previstos en la Constitución.

Artículo 84

Las leyes tendrán en cuenta los usos y costumbres para determinar la competencia de los Quarts y de los Veïnats así como sus relaciones con los Comuns.

TÍTULO VII. DE LA JUSTICIA

Artículo 85

1. En nombre del pueblo andorrano la Justicia es administrada exclusivamente por jueces independientes, inamovibles y, en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales, sometidos sólo a la Constitución y a la ley.

2. La organización judicial es única. Su estructura, composición, funcionamiento y el estatuto jurídico de sus miembros deberán ser regulados por Llei Qualificada. Se prohiben las jurisdicciones especiales.

Artículo 86

1. Las normas de competencia y procedimiento aplicables a la Administración de Justicia están reservadas a la ley.

2. En todo caso, las sentencias serán motivadas, fundamentadas en el ordenamiento jurídico y notificadas fehacientemente.

3. El juicio penal es público, salvo las limitaciones previstas por la ley. Su procedimiento es preferentemente oral. La sentencia que ponga fin a la primera instancia será dictada por un órgano judicial diferente del que dirigió la fase de instrucción, y siempre será susceptible de recurso.

4. La defensa jurisdiccional de los intereses generales puede efectuarse mediante la acción popular en los supuestos regulados por las leyes procesales.

Artículo 87

La potestad jurisdiccional es ejercida por los Batlles, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts y el Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra, así como por los respectivos presidentes de estos tribunales, de acuerdo con las leyes.

Artículo 88

Las sentencias, una vez firmes, tienen el valor de cosa juzgada y no pueden ser modificadas o anuladas salvo en los casos previstos por la ley o cuando excepcionalmente el Tribunal Constitucional, mediante el proceso de amparo correspondiente, estime que han sido dictadas con violación de algún derecho fundamental.

Artículo 89

1 El Consell Superior de la Justícia como órgano de representación, gobierno y administración de la organización judicial, vela por la independencia y el buen funcionamiento de la Justicia. Todos sus miembros serán de nacionalidad andorrana.

2. El Consell Superior de la Justícia se compone de cinco miembros designados entre andorranos mayores de veinticinco años y conocedores de la Administración de Justicia, uno por cada Copríncep, uno por el Síndic General, uno por el Cap de Govern y uno por los Magistrados y Batlles. Su mandato es de seis años y no pueden ser reelegidos más de una vez consecutiva. El Consell Superior de la Justícia está presidido por la persona designada por el Síndic General.

3. El Consell Superior de la Justícia nombra los Batlles y Magistrados, ejerce sobre ellos la función disciplinaria y promueve las condiciones para que la Administración de Justicia disponga de los medios adecuados para su buen funcionamiento. Con esta última finalidad podrá emitir informes con motivo de la tramitación de las leyes que afecten a la Justicia o para dar cuenta de la situación de ésta.

4. La Llei Qualificada sobre la Justicia regulará las funciones y competencias de este Consell Superior.

Artículo 90

1. Todos los Jueces, independientemente de su categoría, serán nombrados por un mandato renovable de seis años, entre personas tituladas en Derecho que tengan aptitud técnica para el ejercicio de la función jurisdiccional.

2. Los Presidentes del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts y del Tribunal Superior de la Justícia son designados por el Consell Superior de la Justícia. La duración de su mandato y las condiciones de elegibilidad serán determinadas por la Llei Qualificada mencionada en el artículo 89.4 de la Constitución .

Artículo 91

1. El cargo de Juez es incompatible con cualquier otro cargo público y con el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales. Los Jueces son remunerados únicamente con cargo a los presupuestos del Estado.

2. Durante su mandato, ningún Juez puede ser amonestado, trasladado, suspendido en sus funciones o separado de su cargo, si no es como consecuencia de sanción impuesta por haber incurrido en responsabilidad penal o disciplinaria, mediante un procedimiento regulado por Llei Qualificada y con todas las garantías de audiencia y defensa La misma ley regulará también los supuestos de responsabilidad civil del Juez

Artículo 92

De acuerdo con las leyes y sin perjuicio de las responsabilidades personales de quienes las causen, el Estado reparará los daños originados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

Artículo 93

1. El Ministerio Fiscal tiene la misión de velar por la defensa y aplicación del orden jurídico, por la independencia de los tribunales y de promover ante éstos la aplicación de la ley para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la defensa del interés general.

2. El Ministerio Fiscal se compone de miembros nombrados por el Consell Superior de la Justícia a propuesta del Govern, con mandatos renovables por seis años, entre personas que reúnan las condiciones para ser nombradas Juez. Su estatuto jurídico será regulado por ley.

3. El Ministerio Fiscal, dirigido por el Fiscal General del Estado, actúa de acuerdo con los principios de legalidad, unidad y jerarquía interna

Artículo 94

Los Jueces y el Ministerio Fiscal dirigen la acción de la policía en materia judicial según lo establecido por las leyes.

TÍTULO VIII. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 95

1. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, actúa jurisdiccionalmente y sus sentencias vinculan a los poderes públicos y a los particulares.

2. El Tribunal Constitucional aprueba su propio reglamento y ejerce su función sometido únicamente a la Constitución y a la Llei Qualificada que lo regule.

Artículo 96

1. El Tribunal Constitucional se compone de cuatro Magistrados constitucionales, designados entre personas de reconocida experiencia jurídica o institucional, uno por cada Copríncep y dos por el Consell General. La duración de su mandato es de ocho años y no es renovable por períodos consecutivos. La renovación del Tribunal Constitucional se realizará por partes. El régimen de incompatibilidades será regulado por la Llei Qualificada a la que hace referencia el artículo anterior.

2. Es presidido cada dos años por el Magistrado a quien corresponda la mencionada presidencia según turno rotatorio.

Artículo 97

1. El Tribunal Constitucional adopta sus decisiones por mayoría de votos. Las deliberaciones y los votos son secretos. El ponente, siempre designado por sorteo, tiene voto de calidad en caso de empate.

2. Las sentencias que estimen parcial o totalmente la demanda deberán especificar, de acuerdo con la Llei Qualificada, el ámbito y extensión de sus efectos.

Artículo 98

El Tribunal Constitucional conoce:

a) De los procesos de inconstitucionalidad contra las leyes los decretos legislativos y el Reglamento del Consell General.

b) De los requerimientos de dictamen previo de inconstitucionalidad sobre leyes y tratados internacionales.

c) De los procesos de amparo constitucional.

d) De los conflictos de competencias entre los órganos constitucionales. A estos efectos, se consideran órganos constitucionales los Coprínceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de la Justícia y los Comuns.

Artículo 99

1. Pueden interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y los decretos legislativos una quinta parte de los miembros del Consell General, el Cap de Govern y tres Comuns. Una quinta parte de los miembros del Consell General pueden interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento de la Cámara. El plazo de interposición de la demanda es de treinta días a partir de la fecha de publicación de la norma.

2. La interposición del recurso no suspende la vigencia de la norma impugnada. El Tribunal deberá dictar sentencia en el plazo máximo de dos meses.

Artículo 100

1. Si en la tramitación de un proceso un Tribunal tiene dudas razonables y fundamentadas sobre la constitucionalidad de una ley o de un decreto legislativo cuya aplicación sea imprescindible para la solución de la causa, formulará escrito ante el Tribunal Constitucional solicitando su pronunciamiento sobre la validez de dicha norma.

2. El Tribunal Constitucional podrá inadmitir la tramitación del escrito sin recurso posterior. En caso de admisión dictará sentencia en el plazo máximo de dos meses.

Artículo 101

1. Los Coprínceps, en los términos del artículo 46.1.f), el Cap de Govern o una quinta parte de los miembros del Consell General, pueden requerir dictamen previo de inconstitucionalidad sobre los tratados internacionales antes de su ratificación. Este procedimiento tendrá carácter preferente.

2. La resolución estimatoria de inconstitucionalidad impedirá la ratificación del tratado. En todo caso, la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la reforma previa de ésta.

Artículo 102

Contra los actos de los poderes públicos que lesionen derechos fundamentales, están legitimados para solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional:

a) Los que hayan sido parte o sean coadyuvantes en el proceso judicial previo al que se refiere el artículo 41.2 de esta Constitución.

b) Los que tengan un interés legítimo en relación a disposiciones o actos sin fuerza de ley del Consell General.

c) El Ministerio Fiscal en caso de violación del derecho fundamental a la jurisdicción .

Artículo 103

1. El conflicto entre los órganos constitucionales se planteará cuando uno de ellos alegue el ejercicio ilegítimo por parte del otro de competencias que tiene constitucionalmente atribuidas.

2. El Tribunal Constitucional podrá suspender con carácter cautelar los efectos de las normas o actos impugnados y, en su caso, ordenar el cese de las actuaciones que han originado el conflicto.

3. La sentencia determinará y atribuirá a una de las partes la competencia en litigio

4. El inicio de un conflicto de competencias impide el planteamiento de la cuestión ante la Administración de Justicia.

5. La ley regulará los supuestos en los que el conflicto se plantee por razón del no ejercicio de las competencias que los órganos mencionados tienen atribuidas.

Artículo 104

Una Llei Qualificada regulará el estatuto jurídico de los miembros del Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales y el funcionamiento de la institución.

TÍTULO IX. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo 105

La iniciativa de reforma de la Constitución corresponderá a los Coprínceps conjuntamente o a una tercera parte de los miembros del Consell General.

Artículo 106

La reforma de la Constitución requerirá la aprobación del Consell General por una mayoría de dos terceras partes de los miembros de la Cámara. Inmediatamente después la propuesta será sometida a referéndum de ratificación.

Artículo 107

Superados los trámites del artículo 106, los Coprínceps sancionarán el nuevo texto constitucional para su promulgación y entrada en vigor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La Constitución confiere mandato al Consell General y al Govern para que, con la asociación de los Coprínceps, propongan negociaciones a los Gobiernos de España y de Francia con el objetivo de firmar un Tratado Internacional trilateral para establecer el marco de las relaciones con los dos Estados vecinos sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

El ejercicio de la función de representación diplomática de un Estado en Andorra es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

1. El mismo Consell General que ha aprobado la presente Constitución abrirá un período extraordinario de sesiones, para aprobar, al menos,

el Reglamento del Consell General y las lleis qualificades referentes al régimen electoral, las competencias y el sistema de financiación de los Comuns, la Justicia y el Tribunal Constitucional. Este período de sesiones finalizará el día 31 de diciembre de 1993.

2. En este período, que empieza el día hábil siguiente al de la publicación de la Constitución, el Consell General no podrá ser disuelto y ejercerá todas las facultades que constitucionalmente le corresponden.

3. El día ocho de septiembre de 1993, fiesta de la “Mare de Déu de Meritxell”, el Síndic General convocará elecciones generales, que se celebrarán durante la primera quincena del mes de diciembre de este mismo año.

4. La finalización de este período de sesiones implicará la disolución del Consell General y el cese del Govern, que seguirá en funciones hasta la formación del nuevo, de acuerdo con la Constitución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

1. La Llei Qualificada relativa a la Justicia preverá, con espíritu de equilibrio, la designación de Jueces y Fiscales procedentes de los Estados vecinos mientras no sea posible actuar de otra manera. Esta ley, así como la del Tribunal Constitucional, regularán el régimen de nacionalidad para los Jueces y Magistrados que no sean andorranos.

2. La Llei Qualificada de la Justicia habilitará asimismo el régimen transitorio de continuidad en el cargo de aquellos jueces que, en el momento de su promulgación, no posean la titulación académica prevista en esta Constitución .

3. La citada Llei Qualificada de la Justicia preverá los sistemas de adaptación de los procesos y causas pendientes al sistema judicial y procesal previsto en esta Constitución, a fin de garantizar el derecho a la jurisdicción.

4. Las leyes y normas con fuerza de ley vigentes en el momento de la creación del Tribunal Constitucional, podrán ser objeto de recurso directo de inconstitucionalidad dentro de un plazo de tres meses, a partir de la toma de posesión de los Magistrados constitucionales. Los sujetos legitimados para interponerlo son los previstos en el artículo 99 de la Constitución.

5. Durante el primer mandato subsiguiente a la entrada en vigor de la Constitución, los representantes de los Coprínceps en el Consell Superior de la Justícia podrán no ser andorranos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

1. Los servicios institucionales de los Coprínceps, cuyas competencias y funciones han sido encomendadas por esta Constitución a otros órganos del Estado, serán objeto de traspaso a los órganos mencionados. Con esta finalidad, se constituirá una comisión técnica formada por un representante de cada Copríncep, dos del Consell General y dos del Govern que preparará y dirigirá un informe al Consell General para que, en el período citado en la Disposición Transitoria Primera, se adopten las disposiciones necesarias para hacer efectivos los traspasos.

2. La misma comisión adoptará las disposiciones necesarias para poner los servicios de policía bajo la autoridad exclusiva del Govern en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la Constitución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de esta Constitución quedan derogadas todas las normas anteriores en aquello que la contradigan.

DISPOSICIÓN FINAL

La Constitución entra en vigor el día de su publicación en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Y nosotros los Coprínceps, después que el Consell la ha adoptado en sesión solemne celebrada el día 2 de febrero de 1993, y después que el Pueblo Andorrano la ha aprobado en referéndum celebrado el día 14 de marzo de 1993 la hacemos nuestra, la ratificamos, la sancionamos y promulgamos y, para general conocimiento, ordenamos su publicación.

Casa de la Vall, 28 de abril de 1993

François Miterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley:

TITULO I.

NORMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: Objeto. Consumidor. Equiparación. 

La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.

Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

(Artículo sustituido por el  artículo 1° de la Ley nº 26.361)

Artículo 2º: Proveedor.

Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.

No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

(Artículo sustituido por el  artículo 2° de la Ley nº 26.361)

Artículo 3º: Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia.

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

(Artículo sustituido por el  artículo 3° de la Ley nº 26.361)

CAPITULO II

INFORMACION AL CONSUMIDOR Y PROTECCIÓN DE SU SALUD

Artículo 4º: Información. 

El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.

(Artículo sustituido por el  artículo 4° de la Ley nº 26.361)

Artículo 5º: Protección al Consumidor. 

Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

Artículo 6º: Cosas y Servicios Riesgosos. 

Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.

En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción.

CAPITULO III

CONDICIONES DE LA OFERTA Y VENTA

Artículo 7º: Oferta. 

La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones.

La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer.

La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.

(Ultimo párrafo incorporado por el  artículo 5° de la Ley nº 26.361)

Artículo 8º: Efectos de la Publicidad. 

Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.

En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.

(Párrafo incorporado por el  el artículo 1º de la Ley nº 24.787)

Artículo 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. 

Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.

En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.

Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.

(Artículo incorporado por el  artículo 6° de la Ley nº 26.361)

Artículo 9º: Cosas Deficientes Usadas o Reconstituidas. 

Cuando se ofrezcan en forma pública a consumidores potenciales indeterminados cosas que presenten alguna deficiencia, que sean usadas o reconstituidas debe indicarse las circunstancia en forma precisa y notoria.

Artículo 10: Contenido del documento de venta. 

En el documento que se extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá constar:

a) La descripción y especificación del bien.
b) Nombre y domicilio del vendedor.
c) Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere.
d) La mención de las características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley.
e) Plazos y condiciones de entrega.
f) El precio y condiciones de pago.
g) Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el adquirente.

La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes.

Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto.

Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor.

La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley.

(Artículo sustituido por el  artículo 7° de la Ley nº 26.361)

Artículo 10 bis: Incumplimiento de la obligación. 

El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a:

a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible;
b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente;
c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

(Artículo incorporado por el  el artículo 2º de la Ley nº 24.787)

Artículo 10 ter: Modos de Rescisión. 

Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación.

La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario.

(Artículo incorporado por el  artículo 8° de la Ley nº 26.361)

CAPITULO IV

COSAS MUEBLES NO CONSUMIBLES

Artículo 11: Garantías. 

Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento.

La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.

(Artículo sustituido por el  artículo 9° de la Ley nº 26.361)

Artículo 12: Servicio Técnico. 

Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos.

Artículo 13: Responsabilidad solidaria. 

Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11.

(Artículo incorporado por el  el artículo 2º de la Ley nº 24.999)

Artículo 14: Certificado de Garantía. 

El certificado de garantía deberá constar por escrito en idioma nacional, con redacción de fácil comprensión en letra legible, y contendrá como mínimo:

a) La identificación del vendedor, fabricante, importador o distribuidor;
b) La identificación de la cosa con las especificaciones técnicas necesarias para su correcta individualización;
c) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de validez de la garantía y su plazo de extensión;
e) Las condiciones de reparación de la cosa con especificación del lugar donde se hará efectiva.

En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o importador de la entrada en vigencia de la garantía, dicho acto estará a cargo del vendedor. La falta de notificación no libera al fabricante o importador de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.

Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo es nula y se tendrá por no escrita.

(Artículo sustituido por el  el artículo 3º de la Ley nº 24.999)

Artículo 15: Constancia de Reparación. 

Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación en donde se indique:

a) La naturaleza de la reparación;
b) Las piezas reemplazadas o reparadas;
c) La fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa;
d) La fecha de devolución de la cosa al consumidor.

Artículo 16: Prolongación del Plazo de Garantía. 

El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal.

Artículo 17: Reparación no Satisfactoria. 

En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:

a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;
b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales;
c) Obtener una quita proporcional del precio.

En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder.

Artículo 18: Vicios Redhibitorios. 

La aplicación de las disposiciones precedentes, no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio redhibitorio:

a) A instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176 del Código Civil;
b) El artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al consumidor.

CAPITULO V

DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Artículo 19: Modalidades de Prestación de Servicios. 

Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

Artículo 20: Materiales a Utilizar en la Reparación. 

En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la reparación, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o cualquier otro similar, se entiende implícita la obligación a cargo del prestador del servicio de emplear materiales o productos nuevos o adecuados a la cosa de que se trate, salvo pacto escrito en contrario.

Artículo 21: Presupuesto. 

En los supuestos contemplados en el artículo anterior, el prestador del servicio debe extender un presupuesto que contenga como mínimo los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y otros datos de identificación del prestador del servicio;
b) La descripción del trabajo a realizar;
c) Una descripción detallada de los materiales a emplear.
d) Los precios de éstos y la mano de obra;
e) El tiempo en que se realizará el trabajo;
f) Si otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de ésta;
g) El plazo para la aceptación del presupuesto;
h) Los números de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el Sistema Previsional.

Artículo 22: Supuestos no Incluidos en el Presupuesto. 

Todo servicio, tarea o empleo material o costo adicional, que se evidencie como necesario durante la prestación del servicio y que por su naturaleza o características no pudo ser incluido en el presupuesto original, deberá ser comunicado al consumidor antes de su realización o utilización. Queda exceptuado de esta obligación el prestador del servicio que, por la naturaleza del mismo, no pueda interrumpirlo sin afectar su calidad o sin daño para las cosas del consumidor.

Artículo 23: Deficiencias en la Prestación del Servicio. 

Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor.

Artículo 24: Garantía. 

La garantía sobre un contrato de prestación de servicios deberá documentarse por escrito haciendo constar:

a) La correcta individualización del trabajo realizado;
b) El tiempo de vigencia de la garantía, la fecha de iniciación de dicho período y las condiciones de validez de la misma;
c) La correcta individualización de la persona, empresa o entidad que la hará efectiva.

CAPITULO VI

USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Artículo 25: Constancia escrita. Información al usuario. 

Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley nº 24.240”.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.

Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.

(Artículo sustituido por el  artículo 10 de la Ley nº 26.361)

Artículo 26: Reciprocidad en el Trato. 

Las empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.

Artículo 27: Registro de reclamos. Atención personalizada. 

Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley. Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios.

(Artículo sustituido por el  artículo 11 de la Ley nº 26.361)

Artículo 28: Seguridad de las Instalaciones. Información. 

Los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.

Artículo 29: Instrumentos y Unidades de Medición. 

La autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios.

Tanto los instrumentos como las unidades de medición, deberán ser los reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas prestatarias garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos. Las facturas deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha de su vencimiento.

Artículo 30: Interrupción de la Prestación del Servicio. 

Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura.

Artículo 30 bis:

 Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos, entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados. En caso que no existan deudas pendientes se expresará: “no existen deudas pendientes”.

La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria.

En caso que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado en este artículo.

Los entes residuales de las empresas estatales que prestaban anteriormente el servicio deberán notificar en forma fehaciente a las actuales prestatarias el detalle de las deudas que registren los usuarios, dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la sanción de la presente.

Para el supuesto que algún ente que sea titular del derecho, no comunicare al actual prestatario del servicio, el detalle de la deuda dentro del plazo fijado, quedará condonada la totalidad de la deuda que pudiera existir, con anterioridad a la privatización.

(Artículo incorporado por el  el artículo 4º de la Ley nº 24.787. Párrafos cuarto y quinto de este último artículo, observados por el Decreto  nº 270/97)

Artículo 31:

Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los DOS (2) años anteriores se presume que existe error en la facturación.
Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio.

En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados.

El prestador dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado.
Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no le contestara en los plazos indicados, podrá requerir la intervención del organismo de control correspondiente dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la respuesta del prestador o de la fecha de vencimiento del plazo para contestar, si éste no hubiera respondido.

En los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario y si éste hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un crédito equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente.

Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador éste tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada con más los intereses que cobra por mora, calculados desde la fecha de vencimiento de la factura reclamada hasta la fecha de efectivo pago.

La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago.

La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3 y 25 de la presente ley.

Las facultades conferidas al usuario en este artículo se conceden sin perjuicio de las previsiones del artículo 50 del presente cuerpo legal.

(Artículo sustituido por el  artículo 12 de la Ley nº 26.361)

CAPITULO VII

DE LA VENTA DOMICILIARIA, POR CORRESPONDENCIA Y OTRAS

Artículo 32: Venta domiciliaria. 

Es la oferta o propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuada al consumidor fuera del establecimiento del proveedor. También se entenderá comprendida dentro de la venta domiciliaria o directa aquella contratación que resulte de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones establecidas en los artículos 10 y 34 de la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado.

(Artículo sustituido por el  artículo 13 de la Ley nº 26.361)

Artículo 33: Venta por Correspondencia y Otras. 

Es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios.

No se permitirá la publicación del número postal como domicilio.

Artículo 34: Revocación de aceptación. 

En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.

El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.
Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria.

El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último.

(Artículo sustituido por el  artículo 14 de la Ley nº 26.361)

Artículo 35: Prohibición. 

Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.

Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos.

CAPITULO VIII

DE LAS OPERACIONES DE VENTA DE CREDITO

Artículo 36: Requisitos. 

En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:

a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios.
b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.
c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado.
d) La tasa de interés efectiva anual.
e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total.
f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses.
g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar.
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.

Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.

La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.

El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley.

Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor.

(Artículo sustituido por el  artículo 15 de la Ley nº 26.361)

CAPITULO IX

DE LOS TERMINOS ABUSIVOS Y CLAUSULAS INEFICACES

Artículo 37: Interpretación. 

Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

Artículo 38: Contrato de Adhesión. Contratos en Formularios. 

La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.

Artículo 39: Modificación Contratos Tipo. 

Cuando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación.

CAPITULO X

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 40: 

Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.
La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

(Artículo incorporado por el  el artículo 4º de la Ley nº 24.999)

Artículo 40 bis: Daño directo. 

Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del consumidor.

Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.

(Artículo incorporado por el  artículo 16 de la Ley nº 26.361)

TITULO II

AUTORIDAD DE APLICACION PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

CAPITULO XI

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 41: Aplicación nacional y local. 

La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.

(Artículo sustituido por el  artículo 17 de la Ley nº 26.361)

Artículo 42: Facultades concurrentes. 

La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades que son competencia de las autoridades locales de aplicación referidas en el artículo 41 de esta ley, podrá actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley.

(Artículo sustituido por el  artículo 18 de la Ley nº 26.361)

Artículo 43: Facultades y Atribuciones. 

La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes.
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios.
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios.
d) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley.
e) Solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas con relación a la materia de esta ley.
f) Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.

La autoridad de aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c), d) y f) de este artículo.

(Artículo sustituido por el  artículo 19 de la Ley nº 26.361)

Artículo 44: Auxilio de la Fuerza Pública. 

Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) del artículo 43 de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

CAPITULO XII

PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

Artículo 45: Actuaciones Administrativas. 

La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores.

Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.

En el acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.

Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería.

Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de CINCO (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.

Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.

En el acta prevista en el presente artículo, así como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.

Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación gozará de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.

Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho.

El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se hubiera denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.

Las disposiciones de la Ley nº 19.549 de Procedimientos Administrativos, en el ámbito nacional y en lo que ésta no contemple las disposiciones del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren incompatibles con ella.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales.

(Artículo sustituido por el  artículo 20 de la Ley nº 26.361)

Artículo 46: Incumplimiento de Acuerdos Conciliatorios. 

El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.

Artículo 47: Sanciones. 

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:

a) Apercibimiento.
b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días.
e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación.

El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del Capítulo XVI —EDUCACION AL CONSUMIDOR— de la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo, conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.

(Artículo sustituido por el  artículo 21 de la Ley nº 26.361)

Artículo 48: Denuncias Maliciosas. 

Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales.

Artículo 49: Aplicación y graduación de las sanciones. 

En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.

Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.

(Artículo sustituido por el  artículo 22 de la Ley nº 26.361)

Artículo 50: Prescripción. 

Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

(Artículo sustituido por el  artículo 23 de la Ley nº 26.361)

Artículo 51: Comisión de un Delito. 

Si del sumario surgiese la eventual comisión de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente.

CAPITULO XIII

DE LAS ACCIONES

Artículo 52: Acciones Judiciales. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.

En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas.

Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente.

En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal.

(Artículo sustituido por el  artículo 24 de la Ley nº 26.361)

Artículo 52 bis: Daño Punitivo. 

Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.

(Artículo incorporado por el  artículo 25 de la Ley nº 26.361)

Artículo 53: Normas del proceso. 

En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.

Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación.

Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

(Artículo sustituido por el  artículo 26 de la Ley nº 26.361)

Artículo 54: Acciones de incidencia colectiva. 

Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso.

La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga.

Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser factible se establecerán grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar y demandar la indemnización particular que les corresponda.

(Artículo incorporado por el  artículo 27 de la Ley nº 26.361)

CAPITULO XIV

DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

Artículo 55: Legitimación. 

Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.

Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.

(Artículo sustituido por el  artículo 28 de la Ley nº 26.361)

Artículo 56: Autorización para Funcionar. 

Las organizaciones que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines sean los siguientes:

a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor;
b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores;
c) Colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos;
d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los responsables del reclamo;
e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados;
f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interés;
g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. En los estudios sobre controles de calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los plazos que establezca la reglamentación;;
h) Promover la educación del consumidor;
i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor.
(El fragmento del inciso g) que dice: “En los estudios sobre controles de calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los plazos que establezca la reglamentación” fue observado por el artículo 10 del Decreto nº 2089/93)

Artículo 57: Requisitos para Obtener el Reconocimiento. 

Para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, las siguientes condiciones especiales:

a) No podrán participar en actividades políticas partidarias;
b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva;
c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras;
d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios.

Artículo 58: Promoción de Reclamos. 

Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servicios ante los fabricantes, productores, comerciantes, intermediarios o prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente ley.

Para promover el reclamo, el consumidor deberá suscribir la petición ante la asociación correspondiente, adjuntando la documentación e información que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las acciones necesarias para acercar a las partes.

Formalizado el reclamo, la entidad invitará a las partes a las reuniones que considere oportunas, con el objetivo de intentar una solución al conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio.

En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores es estrictamente conciliatoria y extrajudicial, su función se limita a facilitar el acercamiento entre las partes.

CAPITULO XV

ARBITRAJE

Artículo 59: Tribunales Arbitrales. 

La autoridad de aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho común, según el caso, para resolver las controversias que se susciten con motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar para que integren estos tribunales arbitrales, en las condiciones que establezca la reglamentación, a las personas que teniendo en cuenta las competencias propongan las asociaciones de consumidores o usuarios y las cámaras empresarias.

Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia. Regirá el procedimiento del lugar en que actúa el tribunal arbitral.

(Artículo sustituido por el  artículo 29 de la Ley nº 26.361)

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO XVI

EDUCACION AL CONSUMIDOR

Artículo 60: Planes educativos. 

Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas.

(Artículo sustituido por el  artículo 30 de la Ley nº 26.361)

Artículo 61: Formación del Consumidor. 

La formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas inherentes al consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilización de los servicios. Para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los recursos en forma eficiente deberán incluir en su formación, entre otros, los siguientes contenidos:

a) Sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos.
b) Los peligros y el rotulado de los productos.
c) Legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de protección al consumidor.
d) Información sobre pesas y medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera necesidad.
e) Protección del medio ambiente y utilización eficiente de materiales.

(Artículo sustituido por el  artículo 31 de la Ley nº 26.361)

Artículo 62: Contribuciones Estatales. 

El Estado nacional podrá disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objetivos mencionados en los artículos anteriores.

En todos los casos estas asociaciones deberán acreditar el reconocimiento conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley. La autoridad de aplicación seleccionará a las asociaciones en función de criterios de representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futuros de acción a cumplimentar por éstas.

CAPITULO XVII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 63:

Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.

(Artículo derogado por artículo 32 de la Ley nº 26.361 y observado por artículo 1° Decreto nº 565/2008)

Artículo 64: Modifícase el artículo 13 de la Ley nº 22.802, que quedará redactado de la siguiente forma:

Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.

A ese fin determinarán los organismos que cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en los gobiernos municipales, excepto la de juzgamiento que sólo será delegable en el caso de exhibición de precios previsto en el inciso i) del artículo 12.

Artículo 65: 

La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su publicación.

Artículo 66: 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación, dispondrá la edición de un texto ordenado de la Ley nº 24.240 de Defensa del Consumidor con sus modificaciones.

(Artículo incorporado por el  artículo 33 de la Ley nº 26.361)

Artículo 66: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

EDUARDO MENEM.

Juan Estrada.

Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 ottobre 2005.
Istituti di credito – Rilevazione di impronte digitali ed immagini: limiti e garanzie (Gazzetta Ufficiale del 22/03/2006, n.68).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riguardo all'art. 17;

Visti i provvedimenti del Garante del 29 aprile 2004, in materia di videosorveglianza, e del 28 settembre 2001, relativo alle rilevazioni biometriche presso gli istituti di credito;

Esaminate le richieste di verifica preliminare presentate da vari istituti di credito ai sensi dell'art. 17 del Codice, relative al trattamento di dati personali biometrici in relazione ad esigenze di sicurezza presso sportelli bancari; vista la bozza di linee-guida che l'Associazione bancaria italiana intende inoltrare alle banche e che ha sottoposto all'attenzione di questa Autorità;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Introduzione

Alcuni istituti di credito hanno inoltrato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, relativa a trattamenti di dati personali consistenti nell'associazione di dati biometrici di clienti (risultanti, in particolare, dall'acquisizione di impronte digitali tramite scanner collegati o integrati in un sistema informatico) con altri dati personali, relativi anch'essi alla clientela, raccolti avvalendosi di sistemi di ripresa.

Le richieste sono state presentate, anche in relazione a quanto prescritto dal Garante con il provvedimento in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004 (punto 3.2.1), per consentire la raccolta di elementi di prova suscettibili di utilizzazione in caso di comportamenti delittuosi.

L'Associazione bancaria italiana, nel fornire alcuni dati statistici relativi a fenomeni criminosi posti in essere nei confronti di dipendenze bancarie (in particolare, a rapine), ha rappresentato a sua volta che l'esigenza di dotare di impianti di rilevazione biometrica talune filiali maggiormente esposte alla commissione di reati è condivisa da una pluralità di istituti.

All'esito della complessa istruttoria preliminare, il Garante ritiene necessario adottare un nuovo provvedimento di carattere generale che, sulla base dei principi generali già enunciati nel provvedimento del 28 settembre 2001 (in Bollettino n. 22/2001, p. 82), tenga conto delle novità sopravvenute con il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (con particolare riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 17, 24, comma 1, lett. g) e 154, comma 1, lett. c)). In relazione ai trattamenti di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, il Garante ha infatti il compito di individuare misure ed accorgimenti rivolti “a determinate categorie di titolari o di trattamenti” nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento (art. 17 del Codice).

Nel caso in esame (come già rilevato nel menzionato punto 3.2.1. del provvedimento del 2004), i rischi specifici sono determinati dall'installazione di “sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali”, e dalla particolare natura di alcuni dati trattati, segnatamente di quelli derivanti dalla rilevazione delle impronte digitali.

Il presente provvedimento mira, pertanto, ad individuare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati che dovranno essere posti in essere da tutti gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale che intendano avvalersi dei sistemi descritti, qualora ne ricorrano i presupposti di seguito indicati e rispettando i principi contenuti nel Codice.

2. Liceità, finalità, necessità e proporzionalità

L'utilizzo generalizzato ed indiscriminato di sistemi che consentono l'identificazione degli interessati mediante la combinazione di diversi sistemi di rilevazione dati non è consentito, in quanto contrasta con il principio di necessità che impone di configurare i sistemi informativi e i programmi informatici escludendo il trattamento di dati personali non necessari -nel caso di specie, biometrici- in rapporto alle finalità che si intende perseguire (art. 3 del Codice).

Un'attività di raccolta indifferenziata di dati particolarmente significativi (quali quelli relativi alle impronte digitali), imposta all'intera clientela degli istituti bancari, non è lecita, tanto più se giustificata solo da una generica esigenza di sicurezza.

In mancanza di specifici elementi che comprovino una concreta situazione di elevato rischio, tale attività comporta infatti un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà e della dignità delle persone interessate, esponendo, altresì, le stesse a pericolo di abusi in relazione a dati a sé riferibili particolarmente delicati quali sono le impronte digitali.

Il trattamento di tali dati personali è consentito, con l'osservanza di adeguate garanzie, soltanto quando debba essere perseguita l'esclusiva finalità di elevare il grado di sicurezza di beni e persone (segnatamente, del personale dipendente degli istituti di credito e della clientela). A tal fine è necessaria la ricorrenza di specifici elementi riconducibili a circostanze obiettive che devono evidenziare una concreta situazione di elevato rischio e che l'istituto bancario deve valutare con particolare cautela (cfr. Provv. 11 dicembre 2000, in Boll. n. 14-15/2000, p. 30; Provv. 7 marzo 2001).

Tali particolari condizioni, risultanti anche da concordanti valutazioni da parte degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono derivare, in particolare, dalla localizzazione dello sportello bancario (ad esempio, ove lo stesso sia situato in aree ad alta densità criminale, o isolate o, comunque, poste nell'immediata prossimità di “vie di fuga”). Può altresì venire in considerazione la circostanza che lo sportello bancario, o altri sportelli siti nella medesima zona, abbiano subìto rapine. Possono inoltre rilevare altre contingenti vicende che espongano a reale pericolo una o più filiali determinate (come ad esempio rilevato in passato, con riguardo alla maggiore “liquidità” presso gli sportelli bancari in corrispondenza dell'introduzione della moneta unica europea: cfr. Provv. 28 settembre 2001).

La sussistenza di tali circostanze deve essere altresì valutata periodicamente in rapporto a fattori suscettibili di incidere sulla soglia di esposizione a rischio (si pensi, ad esempio, all'istituzione di una postazione di pubblica sicurezza nelle immediate vicinanze, oppure al rafforzamento di servizi di sorveglianza privata all'interno della filiale). All'esito di tale valutazione periodica i trattamenti di dati non più giustificati devono essere cessati o sospesi.

3. Informativa

Gli interessati devono essere informati adeguatamente della presenza dei sistemi di acquisizione delle impronte digitali e dell'associazione di queste ultime con immagini raccolte (art. 13 del Codice). Ciò, prima che i dati siano rilevati e, comunque, prima dell'accesso a varchi a doppia porta o bussole.

L'informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Deve essere ben evidenziata la libertà di accedere in banca senza consentire il rilevamento dell'impronta digitale, sulla base di un procedimento alternativo basato anche su un'identificazione del cliente eventualmente necessaria.

Il Garante ha individuato un modello di informativa “minima” che i titolari del trattamento potranno utilizzare in corrispondenza dei varchi di accesso alle strutture della banca, che dovrà essere integrato con un'informativa più ampia esposta all'interno della dipendenza bancaria. Entrambi i modelli sono allegati in facsimile al presente provvedimento.

4. Misure ed accorgimenti

L'utilizzazione dei sistemi di rilevazione delle impronte digitali associata a sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto degli ulteriori accorgimenti e misure a garanzia degli interessati, di seguito elencati.

a) modalità alternative di accesso alla banca

La rilevazione delle impronte digitali non può comportare una contrazione della libertà e della dignità degli utenti degli sportelli bancari. L'accesso tramite i descritti sistemi di rilevazione deve avvenire predisponendo un meccanismo che, in presenza di una difforme volontà del cliente, oppure dell'impossibilità del medesimo di prestarsi alle operazioni di trattamento in ragione di proprie condizioni personali, gli permetta di accedere comunque all'istituto bancario attraverso un ingresso alternativo (o comunque senza dover essere obbligato a rilasciare dati personali), con l'eventuale adozione di cautele rimesse alla ragionevole valutazione dei responsabili della filiale (come, ad esempio, con la richiesta di esibizione di un documento). Come già rilevato nel richiamato provvedimento del 2001, sono da ritenersi precluse eventuali pratiche vessatorie o comunque elusive dell'obbligo di consentire l'ingresso senza rilevazione dell'impronta.

b) modalità di raccolta

I sistemi di videosorveglianza installati devono essere orientati esclusivamente verso l'area di accesso all'istituto di credito, senza riprendere altri immobili e, in particolare, i loro ingressi.

Quanto ai dati biometrici da raccogliere, è sufficiente rilevare solo l'impronta dattiloscopica di una delle dita dell'interessato.

c) misure di sicurezza

I sistemi per la raccolta delle immagini (fisse o in movimento) e delle impronte digitali devono prevedere l'immediata cifratura dei dati, prima della loro registrazione in una banca dati comunque configurata, e devono garantire un livello elevato di sicurezza.

Deve essere assicurata l'associazione univoca tra le immagini e le impronte digitali, per evitare errori di identificazione.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle tecniche crittografiche applicate alle immagini e alle impronte.

I dati devono essere trattati con sistemi di cifratura “robusti” con l'utilizzo, anche congiunto, di algoritmi crittografici simmetrici o asimmetrici.

In particolare, qualora si ricorra a tecniche di crittografia simmetrica per la cifratura dei dati e a crittografia asimmetrica o a chiave pubblica per la cifratura delle chiavi simmetriche relative a ciascun dato o a ciascuna porzione di dato, l'intero processo crittografico deve essere garantito dall'interposizione di un vigilatore dei dati (individuato nel titolare di una funzione di controllo interno in posizione di indipendenza, o da un soggetto parimenti indipendente da questi designato), depositario delle chiavi crittografiche idonee a decifrare le informazioni conservate dalla banca.

Deve essere infatti evitata la possibilità, anche solo tecnica, di decifrare le informazioni acquisite senza l'intervento del predetto vigilatore dei dati.

L'accesso alle informazioni “in chiaro”, sia per esigenze di giustizia, sia in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice), deve avvenire solo tramite il medesimo vigilatore dei dati.

Resta fermo l'obbligo di adottare, in conformità al Codice, misure di sicurezza anche minime corrispondenti ai parametri previsti (art. 31 ss. e Allegato B del Codice), in particolare per quanto riguarda l'accesso degli incaricati o amministratori di sistema che abbiano un ruolo nella conduzione o nella manutenzione dei sistemi utilizzati.

I sistemi di rilevazione devono infine offrire una garanzia rigorosa di affidabilità e di integrità dei dati, anche sulla base di eventuali certificazioni od omologazioni dei dispositivi. In questa cornice, gli istituti presso i quali vengono installati i sistemi oggetto del presente provvedimento devono farsi rilasciare dall'installatore, e conservare, l'attestato di cui alla regola n. 25 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato “B” al Codice).

d) conservazione dei dati

I dati cifrati relativi alle impronte e alle eventuali immagini devono essere conservati per un periodo non superiore ad una settimana e devono essere registrati cronologicamente in modo tale da consentire il loro pronto reperimento anche sulla base di un' opportuna organizzazione per giorni di rilevazione.

Devono essere predisposti meccanismi di integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto. Deve essere altresì evitato un prolungamento surrettizio dei tempi di conservazione attraverso la creazione di copie di sicurezza.
Resta fermo che la banca, in presenza di una richiesta di accesso da parte dell'interessato, oppure di eventi criminosi verificatisi o, ancora, di una richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, potrà assicurare la disponibilità dei dati raccolti, evitandone l'automatica cancellazione alla scadenza del periodo di conservazione previsto.

Da ultimo, non può ritenersi consentito alcun sistema di interconnessione dei dati raccolti con altri dati in possesso dell'istituto bancario o di terzi, o di creazione di ulteriori database, come pure di sistemi di riconoscimento facciale.

e) conoscibilità dei dati

Possono decifrare ed accedere alle informazioni raccolte con i sistemi di rilevazione soltanto le autorità giudiziarie e di polizia, con riferimento a specifiche attività investigative connesse all'accertamento o alla prevenzione di reati svolte in conformità al codice di procedura penale. Ciò, avvalendosi anche della cooperazione del predetto vigilatore dei dati, il quale può, se necessario, venire lecitamente a conoscenza di dati qualora presti la propria opera anche in caso di esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato ai dati personali a sé riferiti.

Il personale, anche esterno alla banca, selettivamente preposto all'utilizzo e alla manutenzione delle apparecchiature, non deve invece poter accedere in alcun modo “in chiaro” alle informazioni cifrate (immagini ed impronte).

5. Bilanciamento di interessi

In presenza dei presupposti e delle condizioni sopra indicati, il trattamento dei dati personali potrà ritenersi lecito anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice.

Ciò, attesa la particolare finalità perseguita e considerando sia la temporaneità e le modalità del trattamento da effettuarsi nella rigorosa osservanza delle misure e degli accorgimenti prescritti con il presente provvedimento, sia le ulteriori finalità perseguite dagli altri titolari del trattamento ai quali i dati possono essere comunicati (identificati nell'autorità giudiziaria e nelle forze di polizia).

Il consenso dell'interessato deve ritenersi non necessario anche con riguardo alle operazioni di decrittazione dei dati trattati ad opera del vigilatore dei dati, le cui ulteriori operazioni di trattamento devono esaurirsi nella sola comunicazione dei dati “in chiaro” ai soggetti sopra individuati o all'interessato che abbia esercitato il diritto d'accesso riconosciutogli dall'art. 7 del Codice.

6. Adempimenti

Resta in primo luogo fermo l'obbligo di notificare al Garante il trattamento dei dati secondo le modalità previste (art. 37, comma 1, lett. a) del Codice).

Ciascun istituto di credito è altresì tenuto ad inviare a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2006[1] e con un'unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l'elenco di quelli per i quali i dispositivi in esame siano stati già attivati prima del presente provvedimento.

Ogni istituto di credito che intenda installare nuove apparecchiature, oppure modificare quelle esistenti, dovrà invece inoltrare, sempre al Garante, una specifica richiesta di verifica preliminare utilizzando i modelli riprodotti in allegato, verifica da svolgere una tantum ai sensi dell'art. 17 del Codice, prima dell'inizio del trattamento. A tal fine potrà essere effettuata un'unica comunicazione riguardante tutti gli sportelli della banca, indicando l'elenco di quelli per i quali intende attivare i dispositivi menzionati e le condizioni di concreto rischio poste a fondamento della loro installazione valutate in rapporto alle altre misure adottabili.

Da ultimo, in aggiunta alle predette prescrizioni, presso ogni sportello bancario dovrà essere comunque conservata e tenuta aggiornata, anche in previsione di verifiche disposte da questa Autorità, la seguente documentazione:

a) copia della richiesta di verifica preliminare inviata al Garante;

b) eventuale documentazione dalla quale si possa desumere l'esistenza di condizioni di rischio concreto dello sportello;

c) documentazione tecnica relativa all'installazione dei sistemi biometrici e di videosorveglianza adottati, dal quale risulti la conformità dei medesimi alle condizioni indicate nel presente provvedimento. Dalla medesima devono evincersi:

le caratteristiche dell'impianto di ripresa (ad esempio, localizzazione della/e telecamera/e con l'indicazione delle caratteristiche tecniche);

le caratteristiche dell'impianto di raccolta del dato biometrico;

le caratteristiche del sistema informatico di gestione delle immagini e dei dati biometrici, con particolare riguardo alle fasi del processo crittografico;

l'indicazione del tempo massimo di conservazione dei dati;

d) copia dell'informativa resa alla clientela;

e) documentazione dalla quale si possano desumere le modalità alternative di accesso alla struttura della banca.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a tutti i titolari del trattamento di adottare le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

2. individua nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi informativi oggetto del presente provvedimento può essere effettuato dagli istituti di credito, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi senza richiedere il consenso degli interessati;

3. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia–Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 27 ottobre 2005

IL PRESIDENTE, Pizzetti

IL RELATORE, Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE, Buttarelli

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei nº 16/2008 de 1 de Abril. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, procedendo à terceira alteração ao Código da Propriedade Industrial, à sétima alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 332/97, de 27 de Novembro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º.- Objecto

1 .- A presente lei estabelece medidas e procedimentos necessários para assegurar o respeito dos direitos de propriedade intelectual, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, e altera o nº 3 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 332/97, de 27 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 24/2006, de 30 de Junho.

2 .- O disposto na presente lei não prejudica outras medidas e procedimentos previstos na legislação processual aplicável.

Artigo 2º.- lteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

Os artigos 180º, 185º, 187º, 201º, 205º, 206º, 209º e 211º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de Março e alterado pelas Leis n.os 45/85, de 17 de Setembro e 114/91, de 3 de Setembro, pelos Decretos -Leis n.os 332/97 e 334/97, ambos de 27 de Novembro, e pelas Leis n.os 50/2004, de 24 de Agosto, e 24/2006, de 30 de Junho, passam a ter a seguinte redacção:

“Artigo 180º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- Presume -se artista, intérprete ou executante, aquele cujo nome tiver sido indicado como tal nas cópias autorizadas da prestação e no respectivo invólucro ou aquele que for anunciado como tal em qualquer forma de utilização lícita, representação ou comunicação ao público.

Artigo 185º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- Presume -se produtor do fonograma ou videograma aquele cujo nome ou denominação figurar como tal nas cópias autorizadas e no respectivo invólucro, nos termos dos números anteriores.

Artigo 187º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- Presume -se titular de direitos conexos sobre uma emissão de radiodifusão aquele cujo nome ou denominação tiver sido indicado como tal na respectiva emissão, conforme o uso consagrado.

Artigo 201º

[…]

1 .- São sempre apreendidos os exemplares ou cópias das obras usurpadas ou contrafeitas, quaisquer que sejam a natureza da obra e a forma de violação, bem como os respectivos invólucros materiais, máquinas ou demais instrumentos ou documentos de que haja suspeita de terem sido utilizados ou de se destinarem à prática da infracção.

2 .- Nos casos de flagrante delito, têm competência para proceder à apreensão as autoridades policiais e administrativas, designadamente a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Inspecção -Geral das Actividades Culturais.

3 .- A sentença que julgar do mérito da acção judicial declara perdidos a favor do Estado os bens que tiverem servido ou estivessem destinados directamente a servir para a prática de um ilícito, ou que por este tiverem sido produzidos, sendo as cópias ou exemplares destruídos, sem direito a qualquer indemnização.

4 .- Na aplicação destas medidas, o tribunal deve ter em consideração os legítimos interesses de terceiros, em particular dos consumidores.

5 .- O tribunal, ponderada a natureza e qualidade dos bens declarados perdidos a favor do Estado, pode atribuí -los a entidades, públicas ou privadas, sem fins lucrativos se o lesado der o seu consentimento expresso para o efeito.

6 .- O tribunal pode igualmente impor ao infractor, ou ao intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados pelo infractor, uma medida destinada a inibir a continuação da infracção verificada, designadamente a interdição temporária do exercício de certas actividades ou profissões, a privação do direito de participar em feiras ou mercados ou o encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento.

7 .- Nas decisões de condenação à cessação de uma actividade ilícita, o tribunal pode prever uma sanção pecuniária compulsória destinada a assegurar a respectiva execução.

Artigo 205º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .- Pode ser determinada a publicidade da decisão condenatória, sendo aplicável, com as necessárias adaptações o disposto no artigo 211º -A.

Artigo 206º

[…]

A competência para o processamento das contra–ordenações é da Inspecção-Geral das Actividades Culturais e a aplicação das coimas pertence ao respectivo inspector -geral.

Artigo 209º

Medidas cautelares administrativas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 211º

[…]

1 .- Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação.

2 .- Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, patrimoniais e não patrimoniais, o tribunal deve atender ao lucro obtido pelo infractor, aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pela parte lesada e aos encargos por esta suportados com a protecção do direito de autor ou dos direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.

3 .- Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender -se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor, designadamente do espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados.

4 .- O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor, bem como às circunstâncias da infracção, à gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícita da obra ou da prestação.

5 .- Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que este não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão e os encargos por aquela suportados com a protecção do direito de autor ou dos direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.

6 .- Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos critérios previstos nos n.os 2 a 5.”

Artigo 3º.- Aditamento ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

São aditados ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos os artigos 210º -A, 210º -B, 210º -C, 210º -D, 210º -E, 210º -F, 210º -G, 210º -H, 210º -I, 210º -J, 210º -L, 211º -A e 211º -B, com a seguinte redacção:

“Artigo 210º -A.- Medidas para obtenção da prova

1 .- Sempre que elementos de prova se encontrem na posse, na dependência ou sob controlo da parte contrária ou de terceiros, pode o interessado requerer ao tribunal que os mesmos sejam apresentados, desde que para fundamentar a sua pretensão apresente indícios suficientes de violação de direito de autor ou de direitos conexos.

2 .- Quando estejam em causa actos praticados à escala comercial, pode ainda o requerente solicitar ao tribunal a apresentação de documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais que se encontrem na posse, na dependência ou sob controlo da parte contrária.

3 .- Em cumprimento do previsto nos números anteriores, o tribunal, assegurando a protecção de informações confidenciais, notifica a parte requerida para, dentro do prazo designado, apresentar os elementos de prova que se encontrem na sua posse, promovendo as acções necessárias em caso de incumprimento.

Artigo 210º -B.- Medidas para preservação da prova

1 .- Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de autor ou dos direitos conexos, pode o interessado requerer medidas provisórias urgentes e eficazes que se destinem a preservar provas da alegada violação.

2 .- As medidas de preservação da prova podem incluir a descrição pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, ou a apreensão efectiva de bens que se suspeite violarem direitos de autor ou direitos conexos e, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção ou distribuição desses bens, assim como dos documentos a eles referentes.

Artigo 210º -C.- Tramitação e contraditório

1 .- Sempre que um eventual atraso na aplicação das medidas possa causar danos irreparáveis ao requerente, ou sempre que exista um risco sério de destruição ou ocultação da prova, as medidas previstas no artigo anterior podem ser aplicadas sem audiência prévia da parte requerida.

2 .- Quando as medidas de preservação da prova sejam aplicadas sem audiência prévia da parte requerida, esta é imediatamente notificada.

3 .- Na sequência da notificação prevista no número anterior, pode a parte requerida pedir, no prazo de 10 dias, a revisão das medidas aplicadas, produzindo prova e alegando factos não tidos em conta pelo tribunal.

4 .- Ouvida a parte requerida, o tribunal pode determinar a alteração, a revogação ou a confirmação das medidas aplicadas.

Artigo 210º -D.- Causas de extinção e caducidade

Às medidas de obtenção e de preservação de prova são aplicáveis as causas de extinção e caducidade previstas no artigo 389º do Código de Processo Civil, salvo quando elas se configurem como medidas preliminares de interposição de providências cautelares nos termos do artigo 210º -G.

Artigo 210º -E.- Responsabilidade do requerente

1 .- A aplicação das medidas de preservação de prova pode ficar dependente da constituição, pelo requerente, de uma caução ou outra garantia destinada a assegurar a indemnização prevista no nº 3.

2 .- Na fixação do valor da caução deve ser tida em consideração, entre outros factores relevantes, a capacidade económica do requerente.

3 .- Sempre que a medida de preservação da prova aplicada for considerada injustificada ou deixe de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, bem como nos casos em que se verifique não ter havido violação de direito de autor ou de direitos conexos, pode o tribunal ordenar ao requerente, a pedido da parte requerida, o pagamento de uma indemnização adequada a reparar qualquer dano causado pela aplicação das medidas.

Artigo 210º -F.- Obrigação de prestar informações

1 .- O titular de direito de autor ou de direitos conexos, ou o seu representante autorizado, pode requerer a prestação de informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços em que se materializa a violação de direito de autor ou de direitos conexos, designadamente:

a) Os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores desses bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários;

b) Informações sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido pelos bens ou serviços.

2 .- A prestação das informações previstas neste artigo pode ser ordenada ao alegado infractor, ou a qualquer pessoa que:

a) Tenha sido encontrada na posse dos bens ou a utilizar ou prestar os serviços, à escala comercial, que se suspeite violarem direito de autor ou direitos conexos;

b) Tenha sido indicada por pessoa referida na alínea anterior, como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição dos bens ou na prestação de serviços que se suspeite violarem direito de autor ou direitos conexos.

3 .- O previsto no presente artigo não prejudica a aplicação de outras disposições legislativas ou regulamentares que, designadamente:

a) Confiram ao requerente o direito a uma informação mais extensa;

b) Regulem a sua utilização em processos de natureza cível ou penal;

c) Regulem a responsabilidade por abuso do direito à informação;

d) Confiram o direito de não prestar declarações que possam obrigar qualquer das pessoas referidas no nº 2 a admitir a sua própria participação ou de familiares próximos;

e) Confiram o direito de invocar sigilo profissional, a protecção da confidencialidade das fontes de informação ou o regime legal de protecção dos dados pessoais.

Artigo 210º -G.- Providências cautelares

1 .- Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de autor ou dos direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar as providências adequadas a:

a) Inibir qualquer violação iminente; ou

b) Proibir a continuação da violação.

2 .- O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular de direito de autor ou de direitos conexos, ou que está autorizado a utilizá -los, e que se verifica ou está iminente uma violação.

3 .- As providências previstas no nº 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direito de autor ou direitos conexos, nos termos do artigo 227º

4 .- Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no nº 1.

5 .- Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 210º -C a 210º -E.

6 .- A pedido da parte requerida, as providências decretadas a que se refere o nº 1 podem, no prazo de 10 dias, ser substituídas por caução, sempre que esta, ouvido o requerente, se mostre adequada a assegurar a indemnização do titular.

7 .- Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à natureza do direito de autor ou dos direitos conexos, salvaguardando nomeadamente a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.

Artigo 210º -H.- Arresto

1 .- Em caso de infracção à escala comercial, actual ou iminente, e sempre que o interessado prove a existência de circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização por perdas e danos, pode o tribunal ordenar a apreensão dos bens móveis e imóveis do alegado infractor, incluindo os saldos das suas contas bancárias, podendo o juiz ordenar a comunicação ou o acesso aos dados e informações bancárias ou comerciais respeitantes ao infractor.

2 .- Sempre que haja violação, actual ou iminente, de direitos de autor ou de direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a apreensão dos bens que suspeite violarem esses direitos, bem como dos instrumentos que sirvam essencialmente para a prática do ilícito.

3 .- Para efeitos do disposto nos números anteriores, o tribunal exige que o requerente forneça todos os elementos de prova razoavelmente disponíveis para demonstrar que é titular do direito de autor ou dos direitos conexos, ou que está autorizado a utilizá -lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

4 .- Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 210º -C a 210º -E.

5 .- O disposto neste artigo não prejudica a possibilidade de recurso ao arresto previsto no Código de Processo Civil por parte do titular de um direito de autor ou direito conexo.

Artigo 210º – I.- Sanções acessórias

1 .- Sem prejuízo da fixação de uma indemnização por perdas e danos, a decisão judicial de mérito deve, a pedido do lesado e a expensas do infractor, determinar medidas relativas ao destino dos bens em que se tenha verificado violação de direito de autor ou de direitos conexos.

2 .- As medidas previstas no número anterior devem ser adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade da violação, podendo incluir a destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, sem atribuição de qualquer compensação ao infractor.

3 .- O tribunal, ponderada a natureza e qualidade dos bens declarados perdidos a favor do Estado, pode atribuí -los a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, se o lesado der o seu consentimento expresso para o efeito.

4 .- Na aplicação destas medidas, o tribunal deve ter em consideração os legítimos interesses de terceiros, em particular os consumidores.

5 .- Os instrumentos utilizados no fabrico dos bens em que se manifeste violação de direito de autor ou de direitos conexos devem ser, igualmente, objecto das sanções acessórias previstas neste artigo.

Artigo 210º -J.- Medidas inibitórias