LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 25,

Tras consultar al Grupo de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (2),

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros sólo permitirán la transferencia de datos personales a un tercer país si éste proporciona un nivel de protección adecuado y se cumplen en él, con anterioridad a la transferencia, las disposiciones legales que los Estados miembros aprueben en aplicación de otros preceptos de dicha Directiva.

(2) La Comisión puede dictaminar que un tercer país garantiza un nivel de protección adecuado. En tal caso, podrán transferirse datos personales desde los Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicional.

(3) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, el nivel de protección de los datos debe evaluarse atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o conjunto de transferencias de datos y estudiando con especial atención una serie de elementos relevantes para la transferencia, enumerados en el apartado 2 de su artículo 25.

(4) Ante la existencia de enfoques diferentes de la protección de datos personales en los terceros países, la comprobación de si un tercer país proporciona un nivel de protección adecuado y la aplicación de toda decisión que se tome a tenor de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE deben basarse en criterios que no penalicen de forma arbitraria o injustificada a ningún tercer país en el que existan condiciones similares y que no constituyan una restricción comercial encubierta, teniendo en cuenta los actuales compromisos internacionales de la Comunidad.

(5) La Bailía de Guernsey pertenece a la Corona británica (aunque no forma parte del Reino Unido ni es una colonia), y goza de total independencia, excepto en cuanto a relaciones internacionales y defensa, ámbitos que son competencia del Gobierno del Reino Unido. Por tanto, la Bailía de Guernsey debe considerarse un tercer país con arreglo a la Directiva.

(6) Con efecto a partir de agosto de 1987, la ratificación por parte del Reino Unido del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio no 108) se amplió a la Bailía de Guernsey.

(7) En la Bailía de Guernsey, las normas de Derecho relativas a la protección de datos personales basadas en los preceptos de la Directiva 95/46/CE se recogen en la Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2001, que entró en vigor el 1 de agosto de 2002.

(8) Asimismo, en 2002 se han adoptado en Guernsey 16 instrumentos legislativos (decretos), en los que se establecen normas específicas sobre cuestiones como el acceso de los titulares de los datos, el tratamiento de los datos sensibles y la notificación a la autoridad de protección de datos. Estos instrumentos son un complemento de la Ley.

(9) Las normas de Derecho aplicables en Guernsey cubren todos los principios básicos necesarios para ofrecer un nivel adecuado de protección a las personas físicas. La aplicación de estas normas está garantizada mediante recursos jurisdiccionales y el control independiente que ejercen autoridades como el Comisario de protección de datos, dotado de facultades de investigación e intervención. (10) Por consiguiente, debe considerarse que Guernsey ofrece un nivel de protección adecuado de los datos personales según lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

(11) Aunque se compruebe el nivel adecuado de la protección, por motivos de transparencia y para proteger la capacidad de las autoridades correspondientes de los Estados miembros de garantizar la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, resulta necesario especificar las circunstancias excepcionales que pudieran justificar la suspensión de flujos específicos de información.

(12) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del apartado 1 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

A los efectos del apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, se considera que la Bailía de Guernsey garantiza un nivel adecuado de protección por lo que respecta a los datos personales transferidos desde la Comunidad.

Artículo 2

La presente Decisión se refiere a la adecuación de la protección en Guernsey con arreglo a los requisitos del apartado 1 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE y no afecta a otras condiciones o restricciones que se impongan en aplicación de otras normas de la Directiva relativas al tratamiento de los datos personales en los Estados miembros.

Artículo 3

1. Sin perjuicio de sus facultades para emprender acciones que garanticen el cumplimiento de las normas nacionales adoptadas de conformidad con preceptos diferentes a los contemplados en el artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán ejercer su facultad de suspender los flujos de datos hacia un receptor de Guernsey, a fin de proteger a los particulares contra el tratamiento de sus datos personales, en los casos en que:

a) la autoridad competente de Guernsey compruebe que el receptor ha vulnerado las normas de protección aplicables, o

b) existan grandes probabilidades de que se estén vulnerando las normas de protección, existan razones para creer que la autoridad competente de Guernsey no ha tomado o no tomará las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión, se considere que la continuación de la transferencia podría crear un riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados y las autoridades competentes del Estado miembro hayan hecho esfuerzos razonables en estas circunstancias para notificárselo a la entidad responsable del tratamiento en Guernsey y proporcionarle la oportunidad de recurrir.

2. La suspensión cesará en cuanto esté garantizado el cumplimiento de las normas de protección y las autoridades competentes de los Estados miembros afectados hayan sido notificadas de ello.

Artículo 4

1. Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de la adopción de medidas basadas en el artículo 3.

2. Los Estados miembros y la Comisión se informarán recíprocamente de aquellos casos en que la actuación de los organismos responsables del cumplimiento de las normas de protección en Guernsey no garantice dicho cumplimiento.

3. Si la información recogida con arreglo al artículo 3 y a los apartados 1 y 2 del presente artículo demuestra que los organismos responsables del cumplimiento de las normas de protección en Guernsey no están ejerciendo su función, la Comisión lo notificará a la autoridad competente de Guernsey y, si procede, presentará un proyecto de medidas con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE, a fin de anular o suspender la presente Decisión o limitar su ámbito de aplicación.

Artículo 5

La Comisión supervisará el funcionamiento de la presente Decisión e informará al Comité creado por el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE de cualquier hecho pertinente y, en particular, de cualquier prueba que pueda afectar a la resolución del artículo 1 de la presente Decisión, relativa a que la protección en Guernsey es adecuada a efectos del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, así como de cualquier prueba de que la presente Decisión se está aplicando de forma discriminatoria.

Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para cumplir la presente Decisión, a más tardar en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 7

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de noviembre de 2003.

Por la Comisión

Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) Dictamen 5/2003 relativo al nivel de protección de los datos personales en Guernsey, adoptado por el Grupo de trabajo el 13 de junio de 2003, disponible en http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2003/wpdocs03_en.htm.

JUEVES 5 DE OCTUBRE
16:00 h.    Recepción.
16:30 h. Apertura.
16:45 h. “La protección de los nombres de dominio en Internet”.
D. Antonio Civera García. Abogado y Profesor Asociado en el Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la U.V.
Coloquio.
18:15 h. DESCANSO
18:30 h. “La perfección de los contratos telemáticos”.
D. Mario Clemente Meoro. Catedrático de Derecho Civil de la U.V.
Coloquio.

VIERNES 6 DE OCTUBRE
10:00 h.   “El problema de la prueba de los contratos telemáticos”.
Dª Carolina Sanchis Crespo. Profesora Titular de Derecho Procesal de la U.V.
Coloquio.
11:45 h.  DESCANSO
12:00-13:30 h. “Las comunicaciones electrónicas seguras y la Firma electrónica. Un ejemplo práctico”.
D. Francisco Martínez José. Jefe de Proyectos de Bancaja.
13:30 h. Demostración de la creación y funcionamiento de una empresa de comercio electrónico.
Fin de Jornadas.
Entrega de Diplomas.
 

(Bancos de datos comerciales, eliminación de datos caducos)

El arquitecto F.G.A.N. figuraba como deudor moroso del Banco de Bogotá en la Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia por razón de un crédito respaldado con un pagaré, vencido en 1981, pese a que la obligación había sido declarada prescripta en abril de 1987 por sentencia debidamente ejecutoriada del Juzgado Décimo Sexto Civil del Circuito de Bogotá.

En noviembre de 1988 y en junio de 1991 el señor A. solicitó a la Asociación Bancaria que lo retirara de la lista de deudores morosos. Igual  hizo con el Banco de Bogotá en junio de 1991, el cual la rechazó verbalmente, con lo que el peticionario aparecía como deudor moroso en el banco de datos de la Asociación Bancaria cuatro años después de ejecutoriada la sentencia que declaró extinguida su obligación.

El Sr. A. solicitó que se le retirase de la lista de deudores morosos y que se actualizara y rectificara la información que sobre él existía en el banco de datos de la Asociación Bancaria, que se ordenara a la Asociación y/o al Banco de Bogotá a indemnizar el daño emergente ocasionado, y que se condenara a los responsables en costas.

En decisión del 31 de diciembre de 1991 el Juzgado 110 de Instrucción Criminal de Bogotá, pese a reconocer que en virtud de la sentencia proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, el Banco de Bogotá debió borrar de la lista de deudores morosos al Sr. A. y “no debe seguir con este bloqueo por cuanto no existe obligación alguna del Sr. A. con el referido banco”, negó la acción de tutela por considerar que: a) no procedía contra la Asociación Bancaria porque quien impuso la sanción al peticionario fue el Banco de Bogotá; b) dicha Asociación no tenía responsabilidad alguna del acto que se imputaba, ya que simplemente da trámite a la información que suministran los bancos; c) se advertía la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, como intentar “una acción ordinaria de Reparación ante la Superintendencia Bancaria la cual es la encargada de proteger y velar por el buen funcionamiento de las entidades a su cargo; o intentar uno de los procedimientos consagrados en el C. de P. C.”

En 7 de enero de 1992, el peticionario impugnó el fallo referido, fundándose en que: a) la acción interpuesta no buscaba establecer responsabilidades sino actualizar las informaciones de un banco de datos; b) de aceptarse la tesis del fallador no tendría razón alguna de ser la tutela, puesto que todos los derechos fundamentales constitucionales tienen algún medio de defensa judicial; c) en este caso se ha utilizado la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreparable.

En sentencia del 4 de Febrero de 1992, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia del Juzgado por las siguientes razones: a) Ciertamente el derecho fundamental consagrado en el Art. 15 de la Constitución puede ser protegido con la tutela, y b) en virtud del “principio de definitividad” al quejoso le quedaba alguna acción o recurso como es la de acudir a la Superintendencia Bancaria -Sección Bancos- para que revise la actuación del Banco e imponga la correspondiente sanción o interponer los respectivos recursos administrativos, si a ello hubiere lugar.

Llegados los autos a la Corte, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, resolvió revocar la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el día 4 de Febrero de 1992 y en su lugar, ordenar la inmediata cancelación del nombre del peticionario de la lista de deudores morosos de la Central de Información, organizada y administrada bajo la responsabilidad de la Asociación Bancaria de Colombia; condenar a la Asociación Bancaria de Colombia a la indemnización del daño emergente causado al peticionario, en el monto que éste compruebe ante las autoridades competentes; condenar a la Asociación Bancaria de Colombia a pagar las costas del proceso, y solicitar al Procurador General de la Nación que en uso de su facultad de iniciativa legislativa y en desarrollo del artículo 15 de la Carta y demás normas concordantes, considere la conveniencia de presentar a la brevedad posible ante el Congreso de la República un proyecto de ley que proteja eficazmente la intimidad y la libertad informática de los colombianos. Todo ello, considerando que:

a) respecto del otro medio de defensa judicial aludido en el inciso tercero del artículo 86 de la Carta (que dispone expresamente que la tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial), no existe en el ordenamiento nacional el otro medio de defensa judicial señalado tanto por la Juez inferior como por la Sala del Tribunal;

b) la Constitución consagra una nueva orientación filosófica que ubica al hombre en lugar privilegiado y es el más eficaz instrumento al servicio de la dignificación de la persona humana, con lo cual se debe proceder a la revisión de aquellas categorías jurídicas que siempre tuvieron como núcleo la propiedad y no el debido miramiento a la persona humana;

c) existe una vinculación entre la intimidad y el habeas data; la intimidad se proyecta en dos dimensiones a saber: como secreto de la vida privada y como libertad. Concebida como secreto, atentan contra ella todas aquellas divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida privada o familiar o las investigaciones también ilegítimas de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, trasciende y se realiza en el derecho de toda persona de tomar por sí sola decisiones que concierne a la esfera de su vida privada. En caso de conflicto entre la intimidad y el derecho a la información prevalece el derecho a la intimidad;

d) la Central de Información de la Asociación Bancaria es un mecanismo de defensa gremial que concentra la información de clientes del sistema financiero en lo relacionado con aspectos que permiten establecer el grado de riesgo que implica un determinado crédito. La información que pueden recibir estos entes está sometida al principio de la reserva bancaria y su manejo se sujeta al deber general de no causar daño a otro. Pero la reserva bancaria no opera respecto de los datos relativos a obligaciones incumplidas comoquiera que es esta una excepción al deber de sigilo de los establecimientos bancarios. Es claro, pues, que la Asociación Bancaria de Colombia administra un servicio privado de información del sistema financiero conformado por bases de datos de carácter personal económico y que, como tal, es responsable del manejo de los respectivos archivos. De otra parte, las personas cuyos datos personales son reportados a dicha Central tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, de acuerdo con la Constitución o la ley;

e) la Sala encuentra reprochable en grado sumo la conducta de la Asociación Bancaria al negarse rotundamente a acceder a la solicitud que le hiciera el peticionario en dos ocasiones en el sentido que lo retirara de la lista de deudores morosos, cuando había sido declarada prescrita la obligación del actor desde el 27 de Abril de 1987;

f) el ejercicio del derecho a la información en que, según la Asociación Bancaria de Colombia, se fundamenta la Central de Información que dicha entidad administra, no puede conducir en manera alguna a la vulneración de la dignidad humana;

g) por su compleja naturaleza es claro que frente al dato no puede aplicarse en todo su rigor el derecho clásico de propiedad. En verdad, bien miradas las cosas, salta a la vista la existencia de varios sujetos con distintas relaciones. Uno es el sujeto del cual se dice algo o al cual algo le concierne en el universo informativo construido a partir del dato. Otro es el sujeto que, aplicando unos códigos o gramáticas como instrumentos auxiliares, hace que el dato se convierta en información. Pueden existir otros cuya labor específica es la circulación y difusión de la información con destino a los clientes habituales de los medios de comunicación. La labor primordial de estos últimos sujetos es, como se ve, hacer que el dato se convierta en esa mercancía denominada a veces noticia, apta para el consumo de su clientela que las nuevas tecnologías de información permiten ampliar más y más cada día. En estas condiciones, los diversos sujetos son apenas titulares de algunas facultades que no les confieren necesariamente la calidad de propietarios. Muchas veces no son más que simples depositarios forzosos;

h) de otra parte, la facultad de difusión que es, como se sabe, propia del derecho a la información, adquiere un contenido económico que muy a menudo dificulta establecer un límite claro entre el ejercicio del derecho a la información como dimensión de la libertad política y presupuesto de una democracia participativa y pluralista, y la simple actividad empresarial de producir más y más noticias para una creciente clientela teniendo como materia prima los datos. Algunos se apropian codiciosamente de ellos, como si se tratara de colegiales indisciplinados a la caza de frutos silvestres en predios que consideran baldíos y que son en verdad los huertos de sus iracundos vecinos o colegas. Por eso, a partir de la vigencia del art. 15 de la Carta del 91 y en desarrollo del mismo es indispensable la regulación integral del poder informático para poner coto a sus crecientes abusos. Así lo exige la adecuada protección de la libertad personal frente a los poderosos embates de las nuevas tecnologías. Y así lo ordenará esta Sala;

i) el encarcelamiento del alma en la sociedad contemporánea, dominada por la imagen, la información y el conocimiento, ha demostrado ser un mecanismo más expedito para el control social que el tradicional encarcelamiento del cuerpo. Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de “personas virtuales” que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales;

j) de otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido. Este derecho le fue abiertamente negado al peticionario tanto por la Asociación Bancaria de Colombia como por el Banco de Bogotá, con lo cual lo condenaron, sin fórmula de juicio, a una exclusión del sistema crediticio por término indefinido. Ello pese a que ambas entidades sabían que desde el 27 de abril de 1987 un Juez de la República, con la autoridad que le confiere la ley declaró prescrita la obligación contraída por el peticionario con el Banco de Bogotá;

k) la irrupción de nuevas tecnologías exige la creación de instrumentos jurídicos adecuados que protejan los intereses comunitarios y del ciudadano medio frente a los eventuales abusos de los titulares, directos beneficiarios de tales tecnologías y establezcan principios adecuados de responsabilidad en el manejo de los datos, vale decir, de la mayor fuente de poder y eventual manipulación de nuestra cultura contemporánea;

l) a manera de conclusión general, la Sala reitera que en el presente caso no sólo no existe otro medio de defensa judicial, por las razones expuestas en su oportunidad, sino que además se ha vulnerado la intimidad, la libertad personal y la dignidad del petente mediante el abuso de la tecnología informática y del derecho de y a la información. La vulneración de tales derechos constitucionales fundamentales se materializa en la renuencia de la Asociación Bancaria de Colombia a cancelar su nombre de la lista de deudores morosos y actualizar inmediatamente la información de su banco de datos computarizado, a sabiendas de que mediante sentencia del 27 de abril de 1987 debidamente ejecutoriada, un Juez de la República declaró prescrita la obligación del señor A. con el Banco de Bogotá.

La Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, señala que “esta Circular, por su propia naturaleza, entronca tanto con las Normas Internacionales de Información Financiera como con el marco contable español, y será objeto de adaptación a medida que ese marco global evolucione con el tiempo”.

El Reglamento (CE) 1254/2012, de la Comisión, adoptó para la Unión Europea las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) números 10, 11 y 12. La NIIF 10 establece criterios de información financiera relacionados con la presentación y la preparación de estados financieros consolidaos, y sustituye a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 27 y a la Interpretación SIC 12. La NIIF 11 establece criterios de información financiera para los partícipes en acuerdos conjuntos, y sustituye a la NIC 31 y a la SIC 13. La NIIF 12 establece la información que se ha de revelar relacionada con las participaciones en entidades dependientes, acuerdos, asociadas y entidades de propósito especial. La revisión propuesta en esta circular pretende adaptarse a los reglamentos comunitarios, de un lado, eliminando los posibles conflictos en la aplicación de concepto de control cuando la entidad no dispone de la mayoría de los derechos de voto o existen relaciones de agencia y, de otro lado, mejorando la transparencia y eliminando el método de la integración proporcional para los negocios conjuntos.

Por otra parte, el Reglamento (CE) 475/2012 adoptó para la Unión Europea las modificaciones de la NIC 19, sobre beneficios a los empleados, y de la NIC 1, sobre distinción dentro de “otros ingresos y gastos reconocidos” de las partidas que puedan ser reclasificadas a la cuenta de resultados. La modificación de la NIC 19 elimina en los planes de pensiones de prestación definida la posibilidad de diferir los resultados actuariales de acuerdo con una banda de fluctuación, a la vez que incluye nueva información y un nuevo método de reconocimiento de gastos.

Otro aspecto relevante recogido en el Reglamento 1255/2012es el relativo a la medición del valor razonable que ahora las NIIF recogen en una sola norma (la NIIF 13) y que matizan algunos aspectos recogidos en la　Circular 4/2004, a la vez que incluyen nuevas necesidades de información.

Adicionalmente, se incluyen novedades en materia de información sobre transferencia de activos financieros y sobre compensación de saldos. Como consecuencia de todo ello, se han añadido nuevas exigencias de información relacionadas con las modificaciones propuestas, y para incorporar ciertas mejoras técnicas en varios estados reservados, incluida la sustitución del actual estado de clasificación del crédito por finalidades por un nuevo estado mensual de más amplio contenido.

Por último, la circular incorpora ciertas modificaciones que afectan a la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. Su motivación es, por un lado, requerir información a las entidades sobre la actividad de financiación a las pequeñas empresas y a las microempresas, a fin de poder evaluar la política de financiación para con este tipo de empresas, y, por otro lado, solicitar determinadas informaciones sobre las garantías reales recibidas por las entidades a efectos de facilitar su ponderación al estimar la necesidad de capital regulatorio. Adicionalmente, amplía ligeramente el plazo para el envío de los primeros datos a la nueva Central de Información de Riesgos, debido a la complejidad de su implantación y a la coincidencia en el tiempo con procesos de reestructuración de algunas de las entidades.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes normas:

Norma primera.-Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre las Normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros (en adelante, Circular 4/2004):

1. En el apartado 2 de la norma segunda, se elimina la expresión: “o, en su caso, de integración proporcional”.

2. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado 3 y al apartado 4 de la norma tercera y se añaden los apartado 4 bis, 4 ter y 4 quáter, con el siguiente texto:

“3. [.] A estos efectos, se entenderá que una entidad controla a otra cuando aquella:

i) dispone del poder para dirigir sus actividades relevantes, esto es, las que afectan de manera significativa a su rendimiento, por disposición legal, estatutaria o acuerdo;

ii) tiene capacidad presente, es decir práctica, de ejercer los derechos para usar aquel poder con objeto de influir en su rendimiento, y

iii) debido a su involucración, está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables de la entidad participada.

Cuando los hechos y circunstancias indiquen que ha habido cambios en alguna de las tres condiciones anteriores, la entidad deberá volver a valorar el control sobre una entidad participada.

4. El poder para dirigir las actividades relevantes surge de derechos, que en ocasiones se evidencian de manera sencilla y en otras de manera compleja, lo que puede dar lugar a considerar una variedad de factores y circunstancias. Para evaluar el poder sobre las actividades relevantes de una entidad se considerarán únicamente los derechos sustantivos, esto es, aquellos que otorgan poder en las circunstancias presentes. Por lo general, para que los derechos sean sustantivos necesitan poder ser ejercitables en la fecha a que se refieren los estados financieros.

Generalmente los derechos de voto serán los que proporcionen el poder para dirigir las actividades relevantes de una entidad participada. Para determinar los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán a los que posea directamente los que correspondan a las entidades dominadas por ella o a través de otras personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de alguna entidad del grupo, o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona, siempre que tengan un mecanismo evidenciado por un acuerdo contractual para ejercitar sus derechos colectivamente.

Exclusivamente a efectos de lo dispuesto en esta circular, en el cómputo de los derechos de voto se tendrán en cuenta todos los derechos de voto, incluidos los potenciales, tales como opciones de compra adquiridas sobre instrumentos de capital, incluidos los poseídos por otras entidades, sobre los que el tenedor disponga de una capacidad práctica para su ejercicio, que normalmente serán convertibles o ejercitables en la fecha a que se refieran los estados financieros, y que, en todo caso, deben poder ejercitarse cuando sea necesario adoptar decisiones, por ejemplo en la siguiente junta general de accionistas.

En la valoración de la contribución de los derechos potenciales de voto para la existencia de grupo, la entidad tomará en consideración todos los hechos y circunstancias que afectan a este, tales como las condiciones o barreras para su ejercicio, o si el tenedor de los derechos se beneficiaría del ejercicio de dichos derechos. A su vez se considerarán los derechos potenciales de voto en manos de terceros para determinar si se tiene el poder para dirigir las actividades relevantes.

En determinadas situaciones, puede suceder que la entidad tenga poder para dirigir las actividades sin disponer de la mayoría de los derechos de voto, como cuando el resto de tenedores de derechos de voto esté muy disperso y la entidad tenga más derechos que cualquier otro tenedor, o haya dispuesto contractualmente con otros tenedores que le cedan sus votos. Cuando dos o más entidades posean cada una un número significativo de derechos de voto de una misma entidad participada, se deberán analizar el resto de factores que determinan la existencia de control para determinar cuál de ellas es la entidad dominante.

Cuando resulte difícil determinar si la entidad tiene suficientes derechos para obtener el poder sobre una entidad participada, deberá valorarse si de forma unilateral tiene capacidad práctica para dirigir sus actividades relevantes. Por ejemplo, aun cuando no se disponga de derechos contractuales, los derechos que posea la entidad serán suficientes para tener el poder sobre la participada cuando para su propio beneficio disponga de la capacidad para designar al personal clave de dirección, para orientar el sentido estratégico del negocio, o para vetar cambios en las transacciones más significativas. También puede ser indicativo de poder para dirigir las actividades relevantes el hecho de que la entidad se responsabilice de que la participada opere tal como se ha diseñado, o que sus actividades se dirijan de acuerdo con sus propias necesidades.

Por lo general, las actividades relevantes serán las financieras y operativas, o las relacionadas con el nombramiento y la remuneración de los órganos de dirección, pero en ocasiones se pueden circunscribir a decisiones ante situaciones o eventos concretos que son los que afectan a la rentabilidad de la entidad participada, en cuyo caso habrá que valorar los acuerdos contractuales sobre cuya base se toman estas decisiones. Este sería el caso de entidades diseñadas de forma que sus actividades están predeterminadas, y el poder sobre actividades relevantes solo surge ante circunstancias particulares que afectan de forma significativa a sus rendimientos. Por ejemplo, cuando la única actividad de una entidad participada sea la compra de derechos de cobro de forma que solo cuando surgen incumplimientos se ve afectado de forma significativa su rendimiento, la actividad relevante será la gestión de los incumplimientos de manera que quien tenga la capacidad para gestionar los incumplimientos tendrá el poder para dirigir las actividades relevantes de la participada, y ello con independencia de que se haya producido o no algún incumplimiento.

Los derechos que protejan de cambios fundamentales en las actividades de la entidad participada, tales como cambios en la calidad crediticia de un prestatario, o que se apliquen en situaciones excepcionales, tales como incumplimientos, no suponen por sí mismos el poder sobre la participada. Sin embargo, no todos los derechos que se aplican en circunstancias excepcionales, o dependen de sucesos excepcionales, son protectores, por ejemplo, cuando tales derechos se ejercen sobre las actividades relevantes de la participada.

4 bis. Cuando los derechos de voto no constituyan el factor determinante para la dirección de las actividades relevantes de la entidad participada, el análisis sobre el control tomará en consideración los siguientes factores:

a) Propósito y diseño de la entidad participada: La entidad deberá considerar el propósito y diseño de la entidad participada para identificar sus actividades relevantes, la forma en que se toman las decisiones sobre dichas actividades relevantes, quién dispone de la capacidad para dirigirlas y a quién benefician. Si la participada se diseñó como un mecanismo para eliminar ciertos riesgos del balance de la entidad, o de otra del grupo, la entidad considerará el riesgo al que está expuesta, el riesgo transferido, y si ha quedado expuesta a una parte o a todos esos riesgos. Si la entidad estuvo involucrada en el diseño de la entidad participada, considerará este hecho en la medida que pueda indicar que tuvo incentivos para obtener derechos que resulten en capacidad para dirigir las actividades relevantes de la participada.

b) Derechos que otorgan el poder: El poder sobre una entidad surge de derechos. En determinadas circunstancias, puede ser difícil determinar si los derechos son suficientes para otorgar el poder de dirigir unilateralmente las actividades relevantes. Para ello, la entidad tendrá en cuenta los acuerdos contractuales en relación con lo dispuesto en la anterior letra a) y el grado de implicación en la creación de la participada, así como lo dispuesto en el apartado 4 de esta norma respecto de situaciones en que sea difícil determinar si los derechos son suficientes para dar poder a una entidad sobre otra entidad.
Adicionalmente, se considerará la posible existencia de elementos que puedan sugerir la existencia de una relación especial con la participada, más allá de una participación pasiva, que en combinación con otros derechos pueden ser indicadores de poder sobre la participada, tales como dependencia financiera de la entidad o que esta garantice las obligaciones de la participada.

4 ter.　La exposición, o derechos, a los rendimientos variables de la participada supone que los rendimientos que la entidad obtenga de la participada deben poder variar como consecuencia del rendimiento de esta y no ser fijos. Esta exposición puede proceder, entre otros, de:

i) Derechos por instrumentos financieros emitidos por la dependiente que den lugar a rendimientos, tales como dividendos o intereses, y a cambios de valor de la participación.

ii) Remuneración por administrar los activos y pasivos de la participada.

iii) Remuneración y exposición a pérdidas por haber otorgado apoyo financiero o crediticio a la participada.

iv) Rendimientos por combinar funciones operativas con la participada para conseguir economías de escala, ahorro de costes, o mejorar el valor de los activos de la entidad.

4 quáter.　La vinculación entre el poder y los rendimientos puede indicar una condición de agente o de principal al tomar las decisiones. En este sentido un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de terceros, denominados “principales”. Los derechos delegados en un agente se considerarán como propios. Cuando los rendimientos se obtienen por la condición de agente no hay control cuando se toman decisiones. Determinar la condición de agente requiere una evaluación de factores relevantes, tales como el alcance en la autoridad para tomar decisiones, derechos mantenidos por otras partes, o la exposición a la variabilidad de los rendimientos procedentes de otras participaciones en la participada.

El importe de la remuneración y su variabilidad relacionada con los rendimientos de la participada deben ser considerados para identificar la actuación como agente o principal, de manera que cuanto mayores sean aquellas mayor será la probabilidad de ser principal. En este sentido, también se considerará si la remuneración se sustenta en un contrato con cláusulas e importes habituales y acordes para la prestación de servicios similares, la existencia de derechos de revocación sin causa justificada, o el haber otorgado garantías respecto del rendimiento de la participada.”

3. En la norma decimocuarta, al final del apartado 2 se añade un nuevo párrafo, y otro al final del apartado 3, con los siguientes textos:

“2. [.] La entidad tomará estos datos sin ajustar a menos que:

a) mantenga un gran número de activos o pasivos similares (pero no idénticos), que se valoran por su valor razonable observable en un mercado activo pero no inmediatamente accesible para cada uno de los activos y pasivos de forma individual, tal como en determinadas situaciones pudiera ocurrir con instrumentos de deuda soberana;

b) el precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razonable en la fecha de valoración, tal como cuando se producen sucesos significativos después del cierre de mercado;

c) el precio deba ajustarse por factores específicos del elemento, tal como la existencia de restricciones a una entidad que impidan la venta de un activo por cuestiones legales.

En estos casos, si el dato de valor razonable obtenido del mercado se ajusta, el valor razonable se clasificará en un nivel más bajo de jerarquía del valor razonable a que se refiere la norma sexagésima.”

“3. [.] “Cuando se gestione un grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o de crédito y así lo informe la dirección, la entidad podrá estimar el valor razonable de su exposición neta. Esta excepción no concierne a la presentación de los estados financieros, es decir, deben figurar en los estados financieros por separado los activos y pasivos individuales, y deberá aplicarse de forma congruente período a período.”

4. Al final del apartado 8 de la norma vigésimo segunda se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

“Cuando en el inicio de una transacción el precio difiera de su valor razonable, la diferencia se registrará:

a) inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se trata de instrumentos financieros de nivel 1 y 2 de la jerarquía de valor razonable a que se refiere la norma sexagésima, o

b) como ajuste del valor razonable e imputándola a lo largo de la vida del instrumento cuando se trata de instrumentos financieros de nivel 3 en función de cambios en los factores, incluido el tiempo, que los participantes del mercado considerarían al valorar el instrumento.”

5. En la norma trigésima quinta se da nueva redacción a las letras B.3 y C, que quedarán redactadas como sigue:

“B.3. Planes de prestación definida.

7. El tratamiento contable de los planes de prestación definida supondrá al menos anualmente para la entidad:

a) Considerar sus obligaciones legales según los términos formales del plan, además de las obligaciones implícitas derivadas de las prácticas que, aun no estando formalizadas, son seguidas habitualmente.

b) Calcular el valor actual de las obligaciones legales e implícitas en la fecha a que se refieren los estados financieros que realizará un actuario cualificado.

c) Deducir del valor actual de las obligaciones el valor razonable de los activos del plan, en la fecha a que se refieren los estados financieros. Se entiende por activos del plan aquellos con los cuales se liquidarán directamente las obligaciones, incluidas las pólizas de seguros, si cumplen las siguientes condiciones:

i) No son propiedad de la entidad, sino de un tercero separado legalmente y sin el carácter de parte vinculada, según se define en el apartado 1, excepto la letra h), de la norma sexagésima segunda.

ii) Solo están disponibles para pagar o financiar retribuciones de los empleados, no estando disponibles para los acreedores de la entidad, ni siquiera en caso de situación concursal.

iii) No pueden retornar a la entidad salvo que los activos que quedan en el plan sean suficientes para cumplir todas la obligaciones, del plan o de la entidad, relacionadas con las prestaciones de los empleados; o bien cuando los activos retornan a la entidad para reembolsarla de prestaciones de los empleados ya pagados por ella.

iv) En el caso de que los activos los posea una entidad (o fondo) de prestaciones post empleo para los empleados, tal como un fondo de pensiones, no pueden ser instrumentos financieros intransferibles emitidos por la entidad.

d) Registrar la cifra obtenida en la anterior letra c) siempre que sea positiva como una provisión para fondos de pensiones de prestación definida.

e) Registrar la cifra obtenida en la anterior letra c) siempre que sea negativa como “otros activos”. La entidad valorará el activo registrado eligiendo el menor valor de entre los dos siguientes:

i) La cifra obtenida en la letra c), en valor absoluto.

ii) El valor actual de los flujos de caja disponibles para la entidad, en forma de reembolsos del plan o reducciones en las aportaciones futuras a este.

f) Reconocer todos los cambios en la provisión registrada según la letra d) [o activo según la letra c)] cuando tengan lugar, de la siguiente forma:

i) En la cuenta de pérdidas y ganancias: el coste del servicio prestado por los empleados, tanto el correspondiente al ejercicio como a ejercicios anteriores no reconocidos en los mismos, el interés neto sobre la provisión (activo), así como la ganancia o pérdida que se produzca en el momento de la liquidación. Cuando estos importes vayan a ser parte del coste de un activo según las normas vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima octava, estos importes se registran adicionalmente como “otros productos de explotación”.

ii) En el estado de cambios en el patrimonio neto: las nuevas valoraciones de la provisión (activo), consecuencia de las ganancias o pérdidas actuariales, del rendimiento de los activos del plan que no se hayan incluido en el interés neto sobre la provisión (activo), así como variaciones en el valor actual del activo consecuencia de cambios en el valor actual de los flujos disponibles para la entidad, que no estén incluidos en el interés neto sobre la provisión (activo). Los importes reconocidos en el estado de cambios en el patrimonio neto no se reclasificarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en un ejercicio posterior.

7 bis. El interés neto sobre la provisión registrada (o, en su caso, sobre el activo) se obtendrá multiplicando el tipo de interés utilizado en la estimación del valor actual de las obligaciones determinado al comienzo del período anual sobre el que se informa, por el importe de estas, tomando en consideración cualquier cambio que se produzca en su valor. El interés neto comprende el ingreso por intereses de los activos del plan, el coste por intereses por la provisión y los intereses resultantes de valorar, en su caso, los activos del plan por el valor actual de los flujos de caja disponibles para la entidad, en forma de reembolsos del plan o reducciones en las aportaciones futuras a este.

8. El método de la unidad de crédito proyectada, que contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma separada, será utilizado en la determinación del:

a) Valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas.

b) Coste por los servicios prestados por los empleados en el ejercicio.

c) Coste de servicios pasados, en su caso, tal y como se definen en el apartado 12 de esta norma.

9. Las prestaciones a cobrar por los empleados en el futuro se imputarán en los períodos en que estos prestan sus servicios en la entidad, según establezcan los términos del plan. No obstante, si los servicios prestados por un empleado en años posteriores le otorgan derecho a un nivel significativamente más alto de las prestaciones que ha alcanzado en los años anteriores, la prestación que cobrará el empleado en un futuro se imputará linealmente en el intervalo de tiempo comprendido entre:

a) La fecha a partir de la cual el servicio prestado le da derecho a recibir la prestación según el plan, con independencia de que las prestaciones estén condicionadas a los servicios futuros.

b) La fecha en la que los servicios posteriores a prestar no le generan derecho a recibir importes adicionales significativos de la prestación según el plan, salvo por causa de los eventuales incrementos de salarios en el futuro.

10. Al adoptar las hipótesis actuariales se tomará en consideración que:

a) Sean insesgadas, no resultando ni imprudentes ni excesivamente conservadoras.

b) Resulten compatibles entre sí, reflejando las relaciones económicas existentes entre factores tales como la inflación, tipos de aumento de los sueldos, rendimiento de los activos y tipos de descuento.

c) Si se trata de hipótesis financieras, es decir, de hipótesis que tienen relación con aspectos como el valor temporal del dinero, los niveles futuros de sueldos y prestaciones, estarán basadas en las expectativas de mercado en la fecha a la que se refieren los estados financieros, para el período en el que las obligaciones deban atenderse.

d) El tipo de interés a utilizar para actualizar se determinará utilizando como referencia los rendimientos del mercado, en la fecha a que se refieren los estados financieros, correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta calificación crediticia. Cuando no exista un mercado activo para tales títulos, se utilizará el rendimiento correspondiente, en la fecha señalada, a la Deuda Pública. En cualquier caso, tanto la moneda como el plazo de los bonos empresariales o públicos se corresponderán con la moneda y el plazo de pago estimado para el pago de las obligaciones por prestaciones post empleo.

e) Las obligaciones se valorarán de manera que reflejen los incrementos estimados de los sueldos en el futuro, y las prestaciones establecidas, en la fecha del balance de situación, según los términos del plan o resultantes de cualquier obligación implícita.

f) Las hipótesis sobre los costes por atenciones médicas tomarán en consideración los cambios futuros estimados en el coste de los servicios médicos.

g) Cuando los cambios futuros estimados en la cuantía de las prestaciones públicas afecten al valor de las obligaciones del plan, solo se considerarán en la valoración de las obligaciones cuando los cambios se hayan incorporado a la legislación antes de la fecha a que se refieren los estados financieros, o existe evidencia fiable, que indica que tales prestaciones públicas serán modificadas de forma previsible.

11. Para el caso de los empleados sujetos a la legislación laboral española, además de lo señalado en el párrafo anterior, las entidades tomarán en consideración que:

a) La edad estimada de jubilación de cada empleado será la primera a la que tenga derecho a jubilarse.

b) La tasa de crecimiento de salarios será como mínimo un punto porcentual superior a la tasa de crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social. En la determinación del crecimiento de los salarios se tendrá en cuenta la proyección razonable de los cambios futuros en la categoría laboral de los empleados.

c) En los planes cubiertos con fondos internos o externos de pensiones de acuerdo con el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, que se clasifiquen como de prestación definida, se utilizarán las hipótesis actuariales recogidas en la legislación española aplicable.

d) Los criterios que se hubiesen pactado contractualmente con los beneficiarios serán utilizados en la fijación de las hipótesis no reguladas.

12. El coste de servicios pasados, definido como el cambio en el valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas consecuencia de una modificación o reducción del plan, se reconocerá como un gasto en la primera de las siguientes fechas:

a) cuando tenga lugar la modificación o reducción del plan; o

b) cuando la entidad reconozca los costes de reestructuración relacionados o indemnización por cese como una provisión según la norma trigésima séptima o las indemnizaciones por cese recogidas en la letra D) de esta norma.

Este coste recoge el incremento del valor actual de las obligaciones derivadas del plan, por causa de los servicios prestados por los empleados en ejercicios anteriores, puesto de manifiesto en el ejercicio actual por la introducción de nuevas prestaciones post empleo, así como por la modificación de las ya existentes, o por la introducción en el plan de prestaciones a largo plazo de otra naturaleza, tales como costes médicos.

13. Si tienen lugar liquidaciones en un plan, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio los resultados derivados de la liquidación.

14. Si una póliza de seguros es un activo del plan cuyos flujos se corresponden exactamente, tanto en el importe como en el calendario de pagos, con alguna o todas las prestaciones pagaderas dentro del plan, se considerará que el valor razonable de esas pólizas de seguro es igual al valor actual de las obligaciones de pago conexas.

15. Si la entidad puede exigir a un asegurador el pago de una parte o de la totalidad del desembolso exigido para cancelar una obligación por prestación definida, resultando prácticamente cierto que dicho asegurador va a reembolsar alguno o todos los desembolsos exigidos para cancelar dicha obligación, pero la póliza de seguro no cumple las condiciones para ser un activo del plan, la entidad reconocerá su derecho al reembolso en el activo como un “contrato de seguros vinculado a pensiones”, que, en los demás aspectos, se tratará como un activo del plan. En particular se valorará a su valor razonable y, en su caso, incrementará o reducirá el importe de las provisiones por fondos de pensiones por las pérdidas y ganancias actuariales que origine.

15 bis. Antes de reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio un resultado en el momento de la liquidación, o el coste de servicios pasados, se valorará nuevamente la provisión (o el activo, en su caso) por planes de prestación definida, utilizando el valor razonable y las hipótesis actuariales en ese momento, que reflejen las prestaciones ofrecidas en el plan antes de la modificación, reducción o liquidación del mismo.

16. Un activo de un plan se compensará con un pasivo perteneciente a otro plan cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Existe el derecho, exigible por norma legal, de utilizar el superávit de un plan para cancelar las obligaciones del otro plan.

b) Se pretende, bien cancelar las obligaciones según su valor neto, o bien realizar el superávit del plan que tenga un activo neto y, de forma simultánea, cancelar la obligación del otro plan.

17. Los planes de prestación definida se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias con los siguientes criterios:

a) El coste de los servicios del período corriente como “gastos de personal”.

b) El interés neto sobre la provisión como “intereses y cargas asimiladas”.

c) El interés neto sobre el activo como “intereses o rendimientos asimilados”.

d) El coste de los servicios pasados como “dotaciones a provisiones (neto)”.

No obstante lo anterior, cuando, como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 14 anterior, la entidad haya reconocido en el activo un contrato de seguros vinculado a pensiones, el gasto del ejercicio relacionado con el plan de prestación definida se registrará en la partida “gastos de personal” neto de la cuantía reconocida en el ejercicio como reembolsable.

Cuando, de acuerdo con las normas vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima octava, los gastos de pensiones se incluyan como coste de un activo, se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el procedimiento anterior y, simultáneamente, en la partida “otros productos de explotación”.

18. Las entidades que hayan cubierto sus compromisos de pensiones con pólizas de seguros emitidas por entidades que formen parte de su grupo registrarán dichos compromisos con las siguientes reglas:

a) En los estados individuales, así como en los que se elaboren para dar información consolidada del subgrupo del que no forme parte la entidad aseguradora:

i. Los compromisos por pensiones con los empleados se registrarán como provisiones por fondos de pensiones aplicando los criterios de esta circular para los planes de prestación definida.

ii. La póliza de seguros se registrará en el activo como un contrato de seguros vinculado a pensiones.

iii. El gasto del ejercicio se registrará en la partida “gastos de personal” neto de la cuantía que corresponda a los contratos de seguros.

b) En los estados consolidados del grupo:

i. Los compromisos por pensiones con los empleados del grupo se registrarán como provisiones por fondos de pensiones aplicando los criterios de esta circular para los planes de prestación definida.

ii. Los activos de la entidad aseguradora se presentarán y valorarán en el balance de acuerdo con las normas de esta circular que, según su naturaleza, les correspondan.

c) Otras retribuciones a largo plazo a favor de los empleados.

19. Los compromisos asumidos con el personal prejubilado, entendido como aquel que ha cesado de prestar sus servicios en la entidad pero que, sin estar legalmente jubilado, continúa con derechos económicos frente a ella hasta que pase a la situación legal de jubilado, los premios de antigüedad, los compromisos por viudedad e invalidez anteriores a la jubilación que dependan de la antigüedad del empleado en la entidad, y otros conceptos similares se tratarán contablemente, en lo aplicable, según lo establecido para los planes post empleo de prestaciones definidas, excepto en lo relativo a los cambios en el valor del pasivo (activo), que se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

20. Cuando la prestación por viudedad o invalidez dependa de los años de servicio activo del empleado, la obligación para la entidad surgirá cuando se preste el servicio, debiendo tenerse en cuenta en su valoración la probabilidad de que se produzca el pago, así como el intervalo de tiempo durante el que se espera realizar los pagos. Si el importe de la prestación es el mismo para todos los empleados, o beneficiarios, con independencia de los años de servicio del empleado, el coste de las prestaciones, cuando esté cubierto con pólizas de seguro, se reconocerá cuando se liquiden las primas del seguro contratado para su cobertura.”

6. La norma cuadragésima cuarta se sustituye por la siguiente redacción y pasa a denominarse “Acuerdos conjuntos”:

“1. Un acuerdo conjunto es un acuerdo contractual que otorga a dos o más entidades, denominadas “partícipes”, el control sobre una actividad que queda sometida a control conjunto. En un acuerdo conjunto ningún partícipe controla individualmente el acuerdo sino conjuntamente con el resto, lo que supone que, contractualmente, las decisiones sobre las actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de los partícipes que comparten el control.

2. Los acuerdos conjuntos pueden estructurarse de diversas formas, pero cualquiera de ellas se agrupará como:

a) Operación conjunta, en las que los partícipes del acuerdo tienen derecho sobre los activos y obligación por los pasivos relacionados con el acuerdo, pudiendo estructurarse a través de vehículos separados o no.

b) Negocio conjunto, en los que los partícipes del acuerdo tienen derecho sobre el patrimonio neto del acuerdo. Los negocios conjuntos necesariamente se estructurarán a través de vehículos separados. Las entidades multigrupo, tal como se encuentran definidas en el apartado 3 de la norma cuadragésima sexta, se tratarán como negocios conjuntos.

3. En los estados financieros individuales y consolidados, el partícipe en operaciones conjuntas reconocerá, clasificados de acuerdo con su naturaleza y siguiendo las normas generales aplicables a ellos:

a) sus activos, incluyendo su parte en los activos controlados conjuntamente;

b) sus pasivos, incluyendo su parte en cualquier pasivo en que haya incurrido;

c) cualquier ingreso por la venta de su parte en la operación conjunta;

d) su parte del ingreso de la venta del producto que se realiza por la operación conjunta, y

e) sus gastos, incluyendo su parte de cualquier gasto en que se ha incurrido conjuntamente.

Cuando una entidad realice ventas o aportación de activos a una operación conjunta, reconocerá resultados por esa transacción en la medida de la participación del resto de partícipes en la operación conjunta. No obstante, cualquier pérdida por deterioro puesta de manifiesto con motivo de la operación se registrará íntegra e inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del partícipe vendedor.

En el caso de compra de activos a una operación conjunta, el partícipe no reconocerá ningún resultado hasta que los activos se hayan vendido a un tercero.

Si la entidad participa en una operación conjunta pero no tiene el control conjunto, cuando tenga derechos y obligaciones sobre activos y pasivos de la operación tratará su participación de acuerdo con las reglas anteriores; en los demás casos, tratará su participación de acuerdo con las reglas de esta circular aplicables a su participación.

4. Los partícipes en negocios conjuntos que compartan el control conjunto tratarán su inversión en sus estados consolidados de acuerdo con el método de la participación recogido en la norma cuadragésima novena. En los estados individuales, estas inversiones se valorarán por su coste y se someterán a lo previsto en la norma vigésima novena para determinar la existencia de deterioro. Los partícipes en negocios conjuntos que no participen del control conjunto contabilizarán su inversión de acuerdo con las normas generales de instrumentos financieros, a no ser que dispongan de influencia significativa, en cuyo caso aplicarán lo previsto en la norma cuadragésima sexta.”

7. En la norma cuadragésima sexta se da nueva redacción al apartado 5; se suprime la expresión “la integración proporcional o” del apartado 8, y se elimina la letra c) y se da nueva redacción a la letra b) del apartado 6; los textos de nueva redacción quedarán redactados como sigue:

“5. Cuando la entidad haya constituido entidades, o participe en ellas, con el objeto de permitir el acceso a sus clientes a determinadas inversiones, o para la transmisión de riesgos u otros fines, en ocasiones denominadas “entidades de propósito especial”, como por ejemplo las entidades estructuradas definidas en la norma sexagésima, determinará, de acuerdo con procedimientos y criterios internos, si existe control, tal como se define en el apartado tercero de la norma tercera, y por tanto si deben ser o no objeto de consolidación.

Si del análisis de los elementos no se alcanzase una conclusión clara e indubitable sobre el control de estas entidades, deberán ser incluidas en los estados consolidados de la entidad.”

“6. [.] b) la participación en entidades asociadas y multigrupo conforme a lo establecido en la norma cuadragésima novena.”

8. En la letra c) del apartado 15 de la norma cuadragésima séptima se suprime la referencia a la norma cuadragésima octava.

9. Se elimina la norma cuadragésima octava. Método de integración proporcional.

10. Se da nueva redacción al apartado 9 de la norma cuadragésima novena, que queda redactado con el siguiente texto:

“9. Las referencias que se hacen en esta norma a las entidades asociadas se aplicarán a las entidades multigrupo al aplicar el método de la participación a estas.”

11. En la norma quincuagésima quinta, se elimina la expresión “ganancias y pérdidas actuariales en planes de pensiones” del apartado 2 y la expresión “y multigrupo integradas proporcionalmente” del apartado 2 y del apartado 3; también se elimina la expresión “cuando se valoren aplicando el método de la participación” de la letra g) del apartado 3, y se añade la letra i) en el apartado 3, que quedará redactada como sigue:

“i) Variaciones de los compromisos de prestación definida. Esta partida recogerá las variaciones de los pasivos (o, en su caso, de los activos) de estos compromisos registradas directamente en el patrimonio neto, como las que sean consecuencia de pérdidas o ganancias actuariales.”

12. En el apartado 1 de la norma quincuagésima sexta se eliminan las expresiones “así como de las entidades multigrupo integradas proporcionalmente, con independencia de que su actividad sea crediticia, de seguros o no financiera” en las letras a) y b), y la expresión “y multigrupo integradas proporcionalmente que sean entidades de seguros y reaseguros” en las letras j) y k), y se da nueva redacción a la letra e), que queda redactado como sigue:

“e) Resultado de entidades valoradas por el método de la participación: esta partida, que solo figurará en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, comprende el importe de los beneficios o pérdidas, netos de impuestos, generados en el ejercicio por las entidades asociadas y multigrupo imputables al grupo.”

13. En la norma sexagésima se suprimen los apartados 18, 19 y 22, y:

a) Se añade la letra c) al apartado 19 bis con la siguiente redacción:

“c) Por qué la entidad concluye que el precio de la transacción no es la mejor evidencia del valor razonable, incluyendo una descripción de la evidencia que soporta el valor razonable”.

b) Se da nueva redacción al apartado 29 y se añaden los apartados 29 bis y 29 ter con la siguiente redacción:

“29. La entidad proporcionará la información prevista en este apartado y en los siguientes apartados 29 bis y 29 ter, para todos los activos financieros transferidos que no se den de baja del balance y para toda implicación continuada en un activo transferido, que exista en la fecha de presentación, con independencia de cuándo se haya producido la correspondiente transacción. A estos efectos, se entiende que una entidad transfiere la totalidad o parte de un activo financiero (el activo financiero transferido) si, y solo si:

a) ha transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de ese activo financiero, o

b) retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagar los flujos de efectivo a uno o más perceptores, dentro de un acuerdo.

Una entidad tiene una implicación continuada en un activo financiero transferido si, en el marco de la transferencia, la entidad retiene alguno de los derechos u obligaciones contractuales inherentes al activo financiero transferido u obtiene algún nuevo derecho u obligación contractual en relación con dicho activo.

D.9.1) Activos financieros transferidos que no se dan de baja del balance en su totalidad.

29 bis. Una entidad puede haber transferido activos financieros de forma tal que parte o la totalidad de dichos activos no cumpla las condiciones para registrar su baja del balance. En tal caso, la entidad revelará en cada fecha de presentación para cada clase de activos financieros transferidos que no se dan de baja en su totalidad:

a) La naturaleza de los activos transferidos.

b) La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la entidad esté expuesta.

c) Una descripción de la naturaleza de la relación entre los activos transferidos y los pasivos asociados, y de las restricciones que la transferencia comporta por lo que respecta a la utilización de los activos transferidos por parte de la entidad que informa.

d) Cuando la contraparte (o contrapartes) de los pasivos asociados solo esté respaldada (o respaldadas) por los activos transferidos, un cuadro que recoja el valor razonable de los activos transferidos, el valor razonable de los pasivos asociados y la posición neta (esto es, la diferencia entre el valor razonable de los activos transferidos y de los pasivos asociados).

e) Si la entidad continúa reconociendo la totalidad de los activos transferidos, los importes en libros de esos activos y de los pasivos asociados.

f) Si la entidad continúa reconociendo los activos en función de su implicación continuada, el importe en libros total de los activos originales antes de la transferencia, el importe en libros de los activos que la entidad continúe reconociendo y el importe en libros de los pasivos asociados.

D.9.2) Activos financieros transferidos que se dan de baja del balance en su totalidad.

29 ter. Cuando una entidad dé de baja en su balance los activos financieros transferidos en su totalidad pero mantenga una implicación continuada en ellos, la entidad revelará, como mínimo, para cada tipo de implicación continuada en cada de fecha de presentación:

a) El importe en libros de los activos y pasivos que estén reconocidos en el balance de la entidad y que representen la implicación continuada de la entidad en los activos financieros dados de baja en balance, y las rúbricas en las que el importe en libros de dichos activos y pasivos esté reconocido.

b) El valor razonable de los activos y pasivos que representen la implicación continuada de la entidad en los activos financieros dados de baja del balance.

c) El importe que mejor represente el máximo nivel de exposición de la entidad a las pérdidas que se deriven de su implicación continuada en los activos financieros dados de baja, e información sobre la manera de determinar ese nivel máximo de exposición.

d) Las salidas de efectivo no descontadas que se necesitarían, o podrían necesitarse, para la recompra de activos financieros dados de baja del balance, u otros importes pagaderos al cesionario en relación con los activos transferidos. Si las salidas de efectivo son variables, el importe a revelar se basará en las condiciones vigentes en cada fecha de presentación de información.

e) Un análisis de vencimientos de las salidas de efectivo no descontadas que se necesitarían, o podrían necesitarse, para la recompra de activos financieros dados de baja en cuentas u otros importes pagaderos al cesionario en relación con los activos transferidos, que muestre los plazos contractuales de vencimiento remanentes de la implicación continuada de la entidad.

f) Información cualitativa que explique y avale la información cuantitativa exigida con arreglo a las letras a) a e) anteriores.

Adicionalmente, las entidades informarán, por cada tipo de implicación continuada, sobre:

a) La pérdida o ganancia reconocida en la fecha de transferencia de los activos.

b) Los ingresos y gastos reconocidos, tanto durante el ejercicio sobre el que se informa como de forma acumulada, resultantes de la implicación continuada de la entidad en los activos financieros dados de baja.

c) Si el importe total de las cantidades percibidas por la actividad de transferencia, que reúna las condiciones para ser dado de baja, en el ejercicio sobre el que se informa no tiene una distribución uniforme a lo largo de todo ese ejercicio:

i) cuándo ha tenido lugar, dentro del citado ejercicio sobre el que se informa, la mayor parte de la actividad de transferencia;

ii) el importe reconocido derivado de la actividad de transferencia, esto es, las pérdidas o ganancias conexas, en esa parte del ejercicio sobre el que se informa, y

iii) el importe total de las cantidades percibidas por la actividad de transferencia en esa parte del ejercicio sobre el que se informa.”

c) Se añade un apartado nuevo D.13 y dos apartados nuevos 33 bis y 33 ter con la siguiente redacción:

“D.13) Compensación de activos y pasivos financieros.

33 bis. Las entidades informarán, respecto de los instrumentos objeto de compensación y de los acuerdos de compensación contractual, independientemente de que sean objeto de compensación o no, la siguiente información cuantitativa:

a) Importe bruto de los activos y pasivos financieros reconocidos.

b) Importes compensados de acuerdo con la norma decimosexta separando activos de pasivos.

c) Importes netos presentados en los estados financieros separando activos de pasivos.

d) Importes, separando activos de pasivos, objeto de acuerdos de compensación contractual ejecutables que no se hayan compensado de acuerdo con la norma decimosexta y los importes que tampoco hayan sido compensados que dispongan de garantía en forma de caja u otros instrumentos financieros.

e) Importe neto después de deducir los importes de la anterior letra d) de los de la anterior letra c) separando activos de pasivos.

33 ter. Las entidades describirán los derechos de compensación asociados con los activos financieros reconocidos y pasivos financieros reconocidos objeto de un acuerdo de compensación contractual ejecutable que no hayan compensado de acuerdo con la norma decimosexta.”

d) Se modifica el numeral ii) y se añade el iv) en la letra b), y se modifica el numeral iv) en la letra f), del apartado 41; quedan con el siguiente texto:

“b) [.] ii) si el importe recuperable se determina en función del valor razonable menos los costes de venta; la metodología empleada para la determinación de dicho valor; una descripción de las hipótesis clave empleadas si no existe un precio de mercado observable de dicho valor razonable menos los costes de venta; el nivel de jerarquía del valor razonable en que se clasifica en su totalidad sin considerar los costes de venta; si ha habido un cambio en la técnica de valoración y sus razones, y el tipo de descuento utilizado, en su caso, en la actual y anteriores mediciones.

iv) el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo.”

“f) [.] iv) si el importe recuperable se determina en función del valor razonable menos los costes de venta; la metodología empleada para la determinación de dicho valor; una descripción de las hipótesis clave empleadas si no existe un precio de mercado observable de dicho valor razonable menos los costes de venta; el nivel de jerarquía del valor razonable en que se clasifica en su totalidad sin considerar los costes de venta, y si ha habido un cambio en la técnica de valoración y sus razones. En el supuesto de utilizar proyecciones de flujos de efectivo descontados para la estimación la entidad deberá informar del período en que se proyectan los flujos, la tasa de crecimiento utilizada para extrapolar dichos flujos y el tipo de descuento utilizado para actualizar. No será necesario que la entidad presente la información requerida en la letra T) de esta norma.”

e) Se sustituye la referencia al “apartado 7.c).ii)” por la referencia al “apartado 7.e)”; se elimina el número 5) del numeral vii) de la letra b), y se modifican los numerales i) y ii) de la letra b) del apartado 49; estos quedan con el siguiente texto:

“(i) una descripción general de los distintos planes de la entidad;

(ii) una conciliación entre los saldos iniciales y los finales del valor actual de la obligación por prestaciones diferidas, mostrando por separado los activos del plan, el valor presente de la obligación por prestación definida y el límite del valor del activo tal como viene definido en la letra e) del apartado 7 de la norma trigésimo quinta, mostrando, si fuera aplicable, los efectos que durante el ejercicio han sido atribuibles a cada uno de los siguientes conceptos:

1. el coste de los servicios del ejercicio corriente;

2. los ingresos o gastos por intereses;

3. las nuevas mediciones de la provisión (activo) por prestaciones diferidas, mostrando por separado:

a) el rendimiento de los activos del plan, excluyendo los importes incluidos en los intereses en el anterior número 2;

b) los resultados actuariales que surgen de cambios en las hipótesis demográficas, y

c) los resultados actuariales que surgen de cambios en las hipótesis financieras;

4. las aportaciones efectuadas por los participantes en el plan;

5. las modificaciones por aplicación de un tipo de cambio diferente en planes valorados en moneda distinta a la moneda de presentación de la entidad;

6. las prestaciones pagadas;

7. el coste de los servicios pasados;

8. las combinaciones de negocios;

9. las reducciones, y

10. las liquidaciones”.

f) Se da nueva redacción a la letra P) “Acuerdos conjuntos y asociadas” y a los apartados 60, 61 y 62, y se incluye un nuevo apartado 62 bis; quedan con el siguiente texto:

“60. La entidad enumerará y describirá los intereses en negocios conjuntos y asociadas significativos incluyendo su nombre, el domicilio, su participación (distinguiendo si es distinta su participación en los derechos de voto) y una descripción del método utilizado para contabilizar dichas inversiones.

61. Se deberá informar de forma separada sobre el importe agregado de los pasivos contingentes (a menos que la probabilidad de pérdida sea remota), en que el partícipe haya incurrido en relación con las inversiones en negocios conjuntos o asociadas, y su parte en cada uno de los pasivos contingentes en que haya incurrido conjuntamente con otros partícipes.

62. Información separada del importe de cualquier compromiso del partícipe en negocios conjuntos que pueda dar lugar a la salida futura de caja u otros recursos en relación con sus inversiones en negocios conjuntos que no haya reconocido en la fecha de los estados financieros pero que sí haya comprometido.

62 bis. La entidad informará de lo referente a las operaciones conjuntas recogido en la norma sexagésima primera.”

g) Se añade un nuevo apartado T) y los apartados 74 a 78 con el siguiente texto:

“T) Información a revelar respecto de los activos y pasivos medidos a valor razonable.

74. Para los activos y pasivos medidos a valor razonable de forma recurrente, aquellos para los que alguna norma requiere o permite su medición a valor razonable en el balance, la entidad informará:

a) de las técnicas de valoración y los inputs utilizados para desarrollar dichas valoraciones cuando se valoren posteriormente al reconocimiento inicial al valor razonable;

b) del efecto de la medición en la cuenta de resultados o en la cuenta de otros ingresos y gastos reconocidos para aquellos activos y pasivos que utilicen　inputs　de nivel 3 significativos.

Para lograr este objetivo las entidades deberán informar, entre otros, del contenido de los siguientes apartados.

75. Las entidades revelarán, para cada clase de activos y pasivos, medidos a valor razonable en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial, la siguiente información:

a) La medición del valor razonable al final del período y las razones de dicha medición.

b) El nivel de jerarquía de valor razonable dentro del cual se clasifican las mediciones considerando que el activo o pasivo se incluirá íntegramente en un solo nivel.

i) Nivel 1: Aquellas mediciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento.

ii) Nivel 2: Aquellas mediciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras técnicas de valoración en las que toda la información de entrada significativa está basada en datos de mercado observables directa o indirectamente.

iii) Nivel 3: Aquellas mediciones que utilizan alguna información de entrada significativa que no está basada en datos de mercado observables.

A estos efectos, una información de entrada (input) significativa es aquella que es importante en la determinación del valor razonable en su conjunto.

c) Los importes de las transferencias entre el nivel 1, 2 y 3 de los activos y pasivos que se midan a valor razonable de forma recurrente y siempre que se mantengan al final del período informado; las razones de las transferencias, y la política de la entidad para determinarlo, distinguiendo las entradas de las salidas de cada nivel.

d) Una descripción de las técnicas de valoración, los cambios en dicha técnica, y los datos utilizados en la medición del valor razonable, para activos y pasivos clasificados en los niveles 2 y 3.

e) Información cuantitativa sobre los datos de entrada no observables significativos utilizados en la medición del valor razonable de activos o pasivos clasificados en el nivel 3.

f) Conciliación de los saldos de apertura y de cierre, de los activos y pasivos clasificados en el nivel 3, medidos a valor razonable de forma recurrente, revelando por separado los cambios del período reconocidos en la cuenta de resultados y en la cuenta de otros ingresos y gastos reconocidos, distinguiendo las partidas en que se encuentran ubicados, las compras, ventas, emisiones y liquidaciones y los importes de las transferencias hacia o desde el nivel 3. Las entidades distinguirán los importes reconocidos en la cuenta de resultados que hayan sido realizados de los que no.

g) Una descripción de los procesos de valoración utilizados cuando se clasifiquen en el nivel 3.

h) Para las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3, una descripción narrativa de la sensibilidad de la medición del valor razonable a cambios en los datos de entrada no observables si un cambio en esos datos puede dar lugar a una medición significativamente distinta, y, si estos datos están relacionados con otros datos no observables utilizados, una descripción de las relaciones y de la forma en que pueden afectar.

i) Para las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3 de activos y pasivos financieros, informarán a cerca de si cambiar uno o más datos de entrada no observables para reflejar supuestos alternativos razonablemente posibles cambiaría de forma significativa el valor razonable y el efecto de estos cambios. A estos efectos, la relevancia se juzgará con respecto al resultado del período, activos o pasivos totales o total patrimonio.

j) Si el uso asignado a un activo no financiero en la estimación del valor razonable difiere de su utilización presente, y la razón por la que el activo se está utilizando de forma diferente a su máximo y mejor uso.

76. Si una entidad utiliza la excepción planteada en el párrafo 3 de la norma cuadragésima cuarta relacionado con las exposiciones netas, deberá informarlo.

77. Las entidades informarán del contenido de las letras b), d) y j) del anterior apartado 75 para cada clase de activos y pasivos para los que se revele su valor razonable aun cuando no se midan a valor razonable en los estados financieros.

78. Para un pasivo medido a valor razonable emitido con una mejora crediticia de un tercero inseparable, la entidad revelará la existencia de esta mejora crediticia y si está reflejada en el valor razonable.”

14. Se modifican las letras a), b) y f) y se añade la letra i) en el apartado 2; se añade un nuevo apartado 2 bis; se modifican el primer párrafo del apartado 3 y el primer párrafo del apartado 4; se elimina el título B) con los apartados 6, 7 y 8, y se da nueva redacción al título C) “Acuerdos conjuntos y asociadas” y al apartado 9 de la norma sexagésima primera, que quedarán redactados como sigue:

“2. [.] a) Cualquier juicio y asunción significativo que haya realizado a la hora de determinar si tiene control sobre una entidad, incluyendo aquellos realizados para determinar si es un agente o principal. Por cada combinación de negocios, el porcentaje de participación adquiridas con derecho de voto respecto del total, incluidos los potenciales.

b) Cuando en una combinación de negocios la adquirente mantenga menos del 100% de las participaciones en el patrimonio de la adquirida en la fecha de la adquisición, el importe de la participación, y de los derechos de voto si es distinto, de socios externos a la fecha de adquisición y la base para la valoración de dicho importe.”

“f) La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa a la transferencia de fondos desde las dependientes a la dominante o viceversa, ya sea en forma de dividendos o de reembolsos de préstamos y anticipos.”

“i) Naturaleza y cambio en los riesgos asociados con entidades estructuradas consolidadas, incluyendo información sobre acuerdos contractuales que pudieran requerir del grupo soporte financiero. Asimismo, informarán del importe y de los motivos de prestar ayudas financieras que diese el grupo sin una obligación contractual; en caso de que esto hubiese provocado su consolidación, la entidad deberá explicar los factores relevantes para tomar dicha decisión. La entidad deberá informar de intenciones presentes de apoyar entidades de propósito especial consolidadas.”

“2 bis. Información sobre la naturaleza, extensión, riesgos asociados y cambios de los intereses en entidades estructuradas (entendidas como aquellas que se hayan diseñado de forma que los derechos de voto no sean el factor determinante para valorar quién controla la entidad) que no han sido consolidadas. Incluyendo, cuando sea necesario, información sobre la exposición al riesgo de entidades estructuradas en períodos pasados, incluso cuando ya no tenga una involucración contractual.

A estos efectos, se entenderá por “interés en una entidad” la implicación contractual o no contractual que expone a una entidad a la variabilidad de los rendimientos procedentes de los de otra entidad. Este interés puede evidenciarse mediante la tenencia de instrumentos de deuda o de patrimonio, así como por otras fórmulas, tales como apoyos de liquidez, mejoras crediticias o garantías. Una relación de carácter comercial habitual no supone necesariamente un “interés en otra entidad.

Respecto de los intereses en entidades estructuradas no consolidadas, se informará de:

a) El interés que en ellas tenga la entidad, incluyendo, entre otros, su objetivo, tamaño y actividades y cómo se financian.

b) Naturaleza de los riesgos, incluyendo, entre otros:

i) Valor contable de los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros relacionados con su interés en estas entidades y partidas en las que se encuentran reflejados.

ii) Importe que mejor representa la máxima exposición a pérdidas para la entidad por su interés en estas entidades, y su forma de estimación.

iii) Comparación entre los dos anteriores importes.

c) Si ha patrocinado alguna de estas entidades pero carece de información a presentar conforme a la anterior letra b), deberá informar sobre cómo ha determinado a qué entidad patrocinar; los ingresos procedentes de estas entidades durante el período, y, en su caso, el valor contable de los activos transferidos a estas entidades a lo largo del periodo.

d) Si durante el período la entidad ha proporcionado apoyo financiero o de otro tipo a alguna de estas entidades careciendo de obligación contractual para hacerlo, el tipo de apoyo y las razones para otorgarlo.

e) La intencionalidad presente de proporcionar apoyo financiero o de otro tipo a esta clase de entidades.”

“3. Desglose, por entidades incluidas en la consolidación (ya sea por el método de integración global o de la participación), de lo siguiente:”

“4. Se incluirá un desglose por entidades dependientes de la partida de Intereses minoritarios”, indicando para cada entidad el movimiento acaecido en el ejercicio y las causas que lo han originado, reflejando el importe de intereses minoritarios” al final del período. Se presentará un resumen de la información financiera de la dependiente, incluyendo dividendos pagados a los socios externos y un resumen de los activos, pasivos, resultados y flujos de caja de la dependiente.”

“9. La entidad revelará aquella información que permita a los usuarios evaluar la naturaleza, cuantía y efecto financiero de su participación en acuerdos conjuntos y entidades asociadas, incluyendo la naturaleza y efecto de su relación contractual con otros inversores con control conjunto o influencia significativa sobre sus operaciones conjuntas o asociadas, y la naturaleza y cambios en los riesgos asociados con su participación en negocios conjuntos y asociadas. A su vez, informará de los juicios y asunciones más significativas que han servido de base para determinar la existencia de control conjunto o de influencia significativa, y el tipo de control conjunto cuando se ejerce a través de un entidad de propósito especial separada.

La entidad facilitará la siguiente información:

a) Identificación de los acuerdos conjuntos y entidades asociadas, con indicación del nombre, domicilio, porcentaje de su capital y derechos de voto, poseídos por las entidades del grupo o las personas que actúen en su propio nombre, pero por cuenta de aquellas, y naturaleza de la relación. La participación en el resultado de tales acuerdos conjuntos y asociadas, y el valor en libros de esas inversiones se revelarán separadamente. Asimismo, indicará:

i) El valor razonable de las inversiones en negocios conjuntos y entidades asociadas siempre que exista un precio de mercado cotizado para la inversión.

ii) Información financiera resumida de cada uno de los negocios conjuntos y entidades asociadas significativas, incluyendo, entre otros, el importe de los activos, pasivos, ingresos, pérdidas y ganancias en el ámbito de actividades de explotación, pérdidas y ganancias después de impuestos, otros ingresos y gastos reconocidos, y el importe de ingresos y gastos reconocidos total.

iii) Respecto de cada negocio conjunto que sea significativo, se informará además del importe de caja, pasivos, depreciaciones y amortizaciones, ingresos por intereses, gastos por intereses, y el ingreso o gasto por impuestos.

iv) La información requerida en los números ii) y iii) anteriores se presentará en su totalidad y no exclusivamente por la parte que le corresponda a la entidad, además de que se ajustarán los importes para reflejar ajustes del valor razonable del momento de la adquisición o por diferencias en políticas contables, y presentarán una reconciliación de dicha información con el importe contable que refleje su interés en el negocio conjunto o asociada.

v) Cuando el negocio conjunto o la entidad asociada se clasifiquen como disponibles para la venta, la entidad no estará obligada a proporcionar la información financiera resumida.

vi) Los dividendos recibidos de cada negocio conjunto o entidad asociada significativa.

vii) Las razones por las cuales una entidad que tiene menos de un 20% de los derechos de voto de la participada considera que tiene una influencia significativa.

viii) Las razones por las que una entidad que tiene el 20% o más de los derechos de voto de otra entidad considera que no tiene una influencia significativa.

ix) La fecha de presentación de los estados financieros de un negocio conjunto o entidad asociada cuando contengan una fecha de presentación o un período diferente al de la entidad, así como las razones para utilizar esta fecha o período diferentes.

x) La parte no reconocida de las pérdidas de un negocio conjunto o una asociada, tanto del ejercicio como acumulada, si la entidad ha interrumpido el reconocimiento de su parte en las pérdidas de la asociada.

xi) La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa en la capacidad de los negocios conjuntos y de las entidades asociadas para transferir fondos a la entidad en forma de efectivo, dividendos o reembolsos de préstamos y anticipos.

xii) Negocios conjuntos y entidades asociadas a las que no se les aplica el método de la participación de acuerdo con lo señalado por las normas trigésima cuarta y cuadragésima sexta, así como información financiera resumida de estas, incluyendo el importe agregado de los activos, pasivos, pérdidas y ganancias.

xiii) Importe contable de la participación en negocios conjuntos y entidades asociadas que no sean individualmente significativas y se contabilicen por el método de la participación, de forma agregada para los negocios conjuntos y también de forma agregada para las asociadas, distinguiendo las pérdidas y ganancias de sus actividades de explotación, las pérdidas y ganancias después de impuestos, otros ingresos y gastos reconocidos y el importe de ingresos y gastos reconocidos total.

b) Participación de la entidad en los pasivos contingentes de una asociada en que ha incurrido conjuntamente con otros inversores; y pasivos contingentes surgidos debido a que la entidad es responsable de todos o de parte de los pasivos de una entidad asociada.

La entidad revelará la información exigida sobre negocios conjuntos en el epígrafe P) de la norma sexagésima.”

15. La última frase del apartado 9 de la norma sexagésima sexta se sustituye por la siguiente redacción:

“La inclusión en dichas categorías de otros entes, organismos o entidades que no figuren en las citadas relaciones requerirá conformidad previa del Banco de España (Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera), excepto cuando se trate de corredores y agentes de seguros.”

16. En la norma sexagésima séptima se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se suprime el apartado 11, así como la mención al estado T.13 en el apartado 12.

b) Se da nueva redacción al párrafo primero del apartado 16 con el texto siguiente:

“16. El Banco de España podrá requerir a las entidades que no superen a 31 de diciembre de 2013 los umbrales que se establecen en los apartados anteriores para enviar los estados M.10, M.12, T.6, T.11 y T.12, a 31 de diciembre de 2015 los umbrales para enviar el estado T.22, y a 31 de marzo de 2016 los umbrales para enviar los estados M.11, T.19 y T.20, que se presenten todos o algunos de dichos estados, con la periodicidad y el plazo máximo de presentación establecidos con carácter general. El requerimiento se efectuará por escrito, con una antelación mínima de tres meses antes del primer envío, atendiendo a las circunstancias particulares de las entidades, en especial a su perfil de riesgo y al importe que represente la actividad que se ha de reportar en relación con su tamaño.”

17. En los cuadros del apartado 1 de las normas sexagésima séptima y sexagésima octava se suprime el estado T.13 y se añade el estado M.14, Detalle del crédito a otros sectores (Negocios en España), con periodicidad mensual y plazo máximo de presentación “Fin mes siguiente.”

18. Se modifica la letra c) del apartado 2 de la norma sexagésima novena, que queda redactado como sigue:

“c) Las participaciones en entidades multigrupo que, conforme a lo dispuesto en la letra a), formen parte del ámbito de consolidación se registrarán aplicando el método de la integración proporcional, aunque se hubiesen contabilizado por el método de la participación en los estados financieros públicos. A estos efectos, el método de integración proporcional se empleará aplicando, en lo que proceda, las reglas establecidas en la norma cuadragésima séptima, con las siguientes precisiones:

i) La agregación a los estados financieros consolidados de las distintas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de las entidades consolidadas por este método se realizará en la proporción que represente la participación del grupo en su capital, excluida la parte correspondiente a los instrumentos de capital propio.

ii) En igual proporción se efectuará la eliminación de créditos y débitos recíprocos, así como la de los ingresos, gastos y resultados por operaciones internas.

iii) En la aplicación del método de integración proporcional se utilizarán los estados financieros consolidados de las entidades o, si procede, los “estados financieros económicos” de las entidades multigrupo según se definen en el apartado 2 de la norma segunda.”

19. En la letra c) del apartado 3 de la norma septuagésima se sustituye la expresión “global o proporcionalmente” por “globalmente”.

20. En la norma septuagésima primera, se da nueva redacción al punto iii) del apartado 2, letra b), con el siguiente texto:

“iii) Los bancos multilaterales de desarrollo se clasificarán, sin asignar a ningún país, como resto de instituciones financieras monetarias residentes en el resto del mundo cuando realicen actividades similares a las de un banco central, y como otros sectores residentes en el resto del mundo en los demás casos, excepto el “Banco Europeo de Inversiones”, que se clasificará como institución financiera monetaria residente en la Unión Económica y Monetaria.”

21. En el anejo I se introducen las siguientes modificaciones en el estado de ingresos y gastos reconocidos público:

• Al comienzo del apartado “B) Otros ingresos y gastos reconocidos” se incluye el subapartado “B.1) Partidas que no serán reclasificadas a resultados” con las siguientes partidas:

1. Pérdidas y ganancias actuariales en planes de pensiones de prestación definida.

2. Activos no corrientes en venta.

3. Entidades valoradas por el método de la participación.

4. Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que no serán reclasificadas a resultados.

• Seguidamente de las anteriores partidas, dentro del apartado “B) Otros ingresos y gastos reconocidos”, se incluye el subapartado “B.2) Partidas que podrán ser reclasificadas a resultados” como título del resto de partidas incluidas en dicho estado; se suprime la actual partida “6. Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones”, y la partida 9 pasa a denominarse “9. Impuesto sobre beneficios relacionados con partidas que podrán ser reclasificadas a resultados”.

22. En el anejo III se introducen las siguientes modificaciones en el estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado público:

• Al comienzo del apartado “B) Otros ingresos y gastos reconocidos” se incluye el subapartado “B.1) Partidas que no serán reclasificadas a resultados” con las siguientes partidas:

1. Pérdidas y ganancias actuariales en planes de pensiones de prestación definida.

2. Activos no corrientes en venta.

3. Entidades valoradas por el método de la participación.

4. Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que no serán reclasificadas a resultados.

• Seguidamente de las anteriores partidas, dentro del apartado “B) Otros ingresos y gastos reconocidos”, se incluye el subapartado “B.2) Partidas que podrán ser reclasificadas a resultados” como título del resto de partidas incluidas en dicho estado; se suprime la actual partida “6. Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones”, y la partida 9 pasa a denominarse “9. Impuesto sobre beneficios relacionados con partidas que podrán ser reclasificadas a resultados”.

23. En los Anejos IV, V y VII se realizan las siguientes modificaciones:

a) Se suprime el estado T.13 y se añade el estado M.14, Detalle del crédito a otros sectores (Negocios en España), con el formato que se incluye como anejo de la presente circular.

b) Al final de la letra (j) del estado M.10-2, Datos de valores representativos de deuda propiedad de la entidad, se añade el siguiente valor:

“- No aplicable: se utiliza exclusivamente cuando los valores propiedad de la entidad estén registrados en el activo a final de mes pero la entidad no los tenga en su poder o entregados en custodia porque los haya prestado o cedido a terceros.”

c) En el estado M.10-4, Datos de otras operaciones con valores, la columna “Operaciones. Valor contable (excluidos ajustes por valoración)” pasa a denominarse “Operaciones. Importe de la operación”.

d) En el estado M.11-2, Datos básicos de inmuebles, se realizan los siguientes cambios:

– Se suprimen la columna “Uso polivalente” en el estado M.11-2.2 y la columna “Uso actual de la finca rústica” en el estado M.11-2-4.

– La nota (d) se sustituye por el siguiente texto:

“(d) Indica el origen del inmueble antes de su adjudicación:

– Financiación a la construcción o promoción inmobiliaria.

– Financiación a hogares.

– Resto de las situaciones.”

e) En el estado M.13, Coste de la financiación captada en el mes, se añade la partida “Del que: Cuentas abiertas en el mes” como desglose de todas las partidas “Resto de depósitos a la vista”.

f) La letra (c) de los estados S.9 y C.21, Distribución del crédito a la clientela por actividad, y de las dos partes de los estados S.10 y C.22, Concentración de riesgos por actividad y área geográfica, se sustituye por el siguiente texto:

“(c) Las sociedades no financieras se clasificarán en Grandes empresas” y Pymes” según se definen estas últimas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Las operaciones con los empresarios individuales incluirán exclusivamente las operaciones con personas físicas que tengan como finalidad financiar sus actividades empresariales, tanto las que realizan directamente como empresarios individuales como las que efectúan a través de entidades sin personalidad jurídica.”

g) La letra (e) de los estados S.9 y C.21, Distribución del crédito a la clientela por actividad, se sustituye por el siguiente texto:

“Se incluirá el valor en libros de todas las operaciones con garantía inmobiliaria y con otras garantías reales, incluidas las instrumentadas como arrendamientos financieros y adquisiciones temporales de activos, cualquiera que sea la relación entre el principal y el valor de la garantía real (loan to value). A estos efectos, no se considerarán como garantía real las reservas de dominio ni los arrendamientos financieros sobre bienes muebles.”

h) En el estado A3, Compromisos y riesgos por pensiones, se eliminan los apartados “Importes no reconocidos en el balance” y “Banda de fluctuación”, junto con sus respectivos desgloses.

i) En el estado UEM.1, Balance resumido, la partida “Pasivos computables con coeficiente del 2%” pasa a denominarse “Pasivos computables con coeficiente positivo” tanto en la pro memoria en la que se solicita dicho dato como en la nota (d)”.

j) En el estado UEM.5, Clasificación por países de algunos activos y pasivos, se añade el país Croacia, así como el banco multilateral de desarrollo “Banco Europeo de Inversiones”, abriendo para este último exclusivamente las celdas de las columnas “Préstamos y créditos a IFM”, “Valores distintos de acciones emitidos por IFM”, “Acciones y otras participaciones” y “Depósitos de IFM”.

k) En el estado UEM.6, Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos, se añade la moneda HRK y se suprime la moneda EEK.

l) La nota (c) del estado UEM.8, Detalle del resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España, se sustituye por el siguiente texto:

“(c) Esta línea incluye los datos relativos a corredores y agentes de seguros que sean personas jurídicas, Bolsas y Mercados Españoles, sociedad　holding　de mercados y sistemas financieros y entidades de pago.”

24. En el anejo VIII.1, dentro de “Bancos multilaterales de desarrollo”, se sustituye el valor “Con actividades similares a bancos centrales” por “Instituciones financieras monetarias”, y se añade el valor “Corredores y agentes de seguros” antes de “Resto de los auxiliares financieros”.

25. En el anejo X se suprimen las dimensiones “Uso polivalente” del apartado “Edificios y elementos de edificios” y “Uso actual del suelo” del apartado “Fincas rústicas”, y se añaden la dimensión “Consideración del inmueble en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios” a continuación de la dimensión “Tipo de activo” del apartado “Garantía hipotecaria (datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía)” y el valor “mantenido íntegramente en el balance” al final de los posibles valores de la dimensión “Tipo de transferencia”.

Norma segunda.-Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros:

1. Se modifican el primer párrafo y la letra c) del apartado 5 de la norma tercera, que quedan redactados como sigue:

“5. Los titulares de riesgos, directos e indirectos, se declararán de forma individualizada a la CIR, cualquiera que sea el importe de su riesgo en la entidad declarante, excepto cuando sus operaciones sean declarables de forma agregada, conforme a lo dispuesto en la norma segunda, apartado 3. Excepcionalmente, se podrán excluir de la declaración del riesgo indirecto a nombre de un titular los efectos en los que haya comprometido su firma, siempre que su importe sea inferior a 6.000 euros y formen parte de una operación de crédito comercial con recurso.”

“c) El importe del riesgo indirecto que computa como riesgo acumulado es el riesgo máximo que garantiza el titular de las operaciones en las que interviene exclusivamente como garante o porque haya comprometido su firma en operaciones de cartera comercial o efectos financieros. Cuando el titular haya comprometido su firma en efectos que forman parte de operaciones de cartera comercial con recurso que no se declaren a la CIR conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado, el riesgo no declarado por este motivo no se computará a estos efectos.”

2. Se añade al final de las letras b) y c) del apartado 7 de la norma undécima el siguiente texto: “, salvo que no las tenga que declarar de forma individualizada a la CIR.”

3. En la norma decimocuarta se da nueva redacción al primer párrafo del apartado 1 y a la letra b) del apartado 3, que quedan redactados con el siguiente texto:

“1. Las entidades declarantes que transfieran operaciones a terceros (en adelante, entidades cedentes), si retienen la gestión frente a los titulares, tienen que continuar declarándolas a la CIR en los diferentes módulos, con las precisiones que, en su caso, les sean aplicables, como si no las hubiesen transferido, con independencia de si las mantienen íntegramente en el balance o las han dado de baja total o parcialmente conforme a la normativa contable aplicable a las transferencias de activos, salvo cuando las operaciones cedidas no fuesen declarables individualmente a la CIR conforme a lo dispuesto en la norma segunda, apartado 3.”

“b) Si la entidad cedente no declara a la CIR las operaciones cedidas, porque no sea una entidad declarante o porque, siéndolo, no tuviese que declararlas individualmente, la entidad adquirente declarará todos los módulos como si ella tuviera la gestión directa del riesgo. Los importes que se declararen en los diferentes módulos serán los que correspondan al riesgo que asuma la entidad en las operaciones.”

4. Se añade al final del apartado 1 de la norma decimoquinta el siguiente texto:

“No obstante, cuando la entidad cedente no haya declarado individualmente las operaciones a la CIR, estas no se tendrán que declarar en los módulos G.1 y G.2, debiendo la entidad adquirente realizar la declaración completa de las personas y operaciones que cumplan con los requisitos para declararlas individualmente.”

5. La disposición transitoria primera se sustituye por el siguiente texto:

“1. Las entidades declarantes continuarán declarando a la CIR conforme a lo dispuesto en la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, hasta el cierre de la declaración relativa a los datos de 31 de agosto de 2015, inclusive, con independencia de que también tengan que comenzar a declarar los datos, según lo dispuesto en la presente circular, desde los plazos que se indican en el siguiente apartado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las altas y las modificaciones de datos de los titulares de riesgos, directos e indirectos, así como las solicitudes de código de no residentes, se comenzarán a realizar desde el 1 de junio de 2014 exclusivamente conforme a lo dispuesto en la norma quinta de la presente circular, con independencia de que sus riesgos se continúen declarando de acuerdo con la Circular 3/1995.

2. La declaración de datos a la CIR con arreglo a lo dispuesto en la presente circular se realizará conforme al siguiente calendario:

a) Los módulos B.1 y B.2, desde los datos correspondientes a 30 de abril de 2015, inclusive. No obstante, los datos de las operaciones que presumiblemente se tengan que declarar a dicha fecha, así como los de las nuevas personas que intervengan en ellas que no sean declarables conforme a lo dispuesto en la Circular 3/1995, se podrán comenzar a enviar desde el 1 de febrero de 2015.

b) Los módulos F, G.1 y G.2, desde los datos correspondientes a 30 de abril de 2015, inclusive. No obstante, los datos de las operaciones que presumiblemente se tengan que declarar a dicha fecha se podrán comenzar a enviar desde el 1 de abril de 2015.

c) Los módulos C.1, C.2 y G.3, desde los datos correspondientes a 30 de abril de 2015, inclusive.

d) Los módulos H.1 a H.5, desde los datos correspondientes a 31 de diciembre de 2015. No obstante, los datos de los módulos H.1 y H.2 correspondientes a las operaciones que presumiblemente se tengan que declarar a dicha fecha se podrán comenzar a declarar desde el 1 de octubre de 2015.

e) Los módulos D, E, I y H.6, desde los datos correspondientes a 31 de marzo de 2016. No obstante, los datos de los módulos D.1 a D.3 correspondientes a las operaciones que presumiblemente se tengan que declarar a dicha fecha se podrán comenzar a declarar desde el 1 de febrero de 2016.

3. La declaración a la CIR de los datos básicos que establece la presente circular correspondientes a las personas y operaciones declarables a 30 de abril de 2015 se hará conforme a lo dispuesto en las siguientes letras:

a) Cuando la entidad no disponga de los nuevos datos que se solicitan para las personas en el módulo A.1 y estas no se los faciliten antes de su remisión al Banco de España, se indicará como motivo de declaración “Titulares de riesgos sin datos”. La entidad no necesitará solicitar los datos que le falten de las personas cuando todas sus operaciones venzan antes del 31 de diciembre de 2015 y no se prevea que existan problemas para su cancelación en las fechas de vencimiento.

b) Cuando la entidad no pueda obtener alguno de los datos del módulo D.2 para garantías formalizadas antes del 1 de julio de 2014, porque no fuese exigible en la normativa aplicable y no lo tenga en su expediente ni lo pueda obtener fácilmente, podrá indicar Carga inicial. Dato no disponible” en la dimensión para la que no pueda facilitar el dato.

c) En el módulo G.1 no se vincularán las operaciones vivas a 30 de abril de 2015 con las operaciones concedidas por la propia entidad declarante u otras entidades que no estén vivas a dicha fecha.

d) Las operaciones vivas a 30 de abril de 2015 que hayan sido subrogadas o segregadas hasta dicha fecha, inclusive, se declararán con el valor Carga inicial” en la dimensión Origen de la operación” de la parte 2 del módulo B.2. Este mismo valor se puede utilizar para declarar el resto de las operaciones, siempre que la entidad declarante no pueda asignarlo a los otros valores.

e) Las operaciones vivas a 30 de abril de 2015 se declararán en la dimensión Novaciones y refinanciaciones” de la parte 2 del módulo B.2 con el valor Carga inicial. Refinanciaciones”, cuando la operación cumpla la definición de refinanciación o refinanciada, con el valor Carga inicial. Reestructuraciones”, cuando la operación cumpla la definición de reestructuración, y con el valor Carga inicial. Resto de las operaciones”, en los demás casos.

f) Los datos de la parte 3 del módulo C.1 no se declararán en la declaración de dicho módulo correspondiente a datos de 30 de abril de 2015.
g) En el módulo E, el importe de las comisiones que compensan costes directos relacionados se comenzará a declarar para las operaciones que se formalicen desde el 1 de noviembre de 2014.”

6. Los apartados 1, 2, 4 y 5 de la disposición transitoria segunda quedan redactados como sigue:

“1. Los primeros estados que se deben remitir al Banco de España de los introducidos o modificados por la disposición final primera de la presente circular en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, serán:

a) Para los estados M.10-2 a M.10-4, A.2 y C.23, los correspondientes a datos de 31 de diciembre de 2013. Los estados M.10-2 a M.10-4, excepcionalmente, se podrán enviar hasta el 10 de febrero de 2014. Los datos del estado M.10-1 no se comenzarán a declarar hasta el 1 de junio de 2014 en dicho formato; hasta dicha fecha, únicamente se declararán código del emisor, nombre, sector y actividad económica (CNAE), utilizando el procedimiento para comunicar los datos de los titulares que se recoge en la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, sobre la Central de Información de Riesgos.

b) Para el estado T.22, los correspondientes a datos de 31 de diciembre de 2015.

c) Para los estados M.11, T.19 y T.20, los correspondientes a datos de 31 de marzo de 2016.”

“2. En la primera declaración de los estados M.11 y T.19-2 de la　Circular 4/2004　se enviarán los datos de todos los activos e instrumentos derivados con saldo vivo a 31 de marzo de 2016.

Cuando la entidad no pueda obtener alguno de los datos del estado M.11 para los activos recibidos antes del 1 de julio de 2014, porque no fuese exigible en la normativa aplicable y no lo tenga en su expediente ni lo pueda obtener fácilmente, podrá indicar Carga inicial. Dato no disponible” en la columna para la que no pueda facilitar el dato.”

“4. La adaptación del registro contable especial de operaciones hipotecarias a las modificaciones realizadas por la presente circular en la Circular 4/2004 deberá estar terminada antes del 30 de septiembre de 2015. Cuando la entidad no pueda obtener alguno de los datos de los apartados Garantía hipotecaria” y Datos de las tasaciones” para las garantías formalizadas antes del 1 de julio de 2014, porque no fuese exigible en la normativa aplicable y no lo tenga en su expediente ni lo pueda obtener fácilmente, podrá indicar Carga inicial. Dato no disponible” en la dimensión para la que no disponga del dato. Los datos del apartado Características del inmueble” del registro solo serán obligatorios para las garantías que se formalicen desde el 1 de julio de 2014.”

“5. La adaptación de la información relativa a activos adjudicados o recibidos en pago de deudas a la modificación realizada por la presente circular en la norma septuagésima segunda de la Circular 4/2004　deberá estar terminada antes del 30 de septiembre de 2015. Cuando la entidad no pueda obtener alguno de los datos para los activos recibidos antes del 1 de julio de 2014, porque no fuese exigible en la normativa aplicable y no lo tenga en su expediente ni lo pueda obtener fácilmente, podrá indicar Carga inicial. Dato no disponible” en la dimensión para la que no disponga del dato.”

7. En el anejo 1, Módulos de datos, se introducen las siguientes modificaciones:

a) En el módulo D.2, Datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía, se añade la dimensión “Consideración del inmueble en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios” a continuación de la dimensión “Tipo de activo (inmueble)” y se suprimen las dimensiones “Uso polivalente” y “Uso actual de la finca rústica”.

b) En el módulo H.6, Datos dinámicos relativos a requerimientos de recursos propios, se añade la dimensión “Exposición a pymes sujeta a factor reductor” a continuación de la dimensión “Exposición ponderada por riesgo”.

8. En el anejo 2, Instrucciones para elaborar los módulos de datos, se introducen las siguientes modificaciones:

a) En la dimensión “Motivo por el que se declara a la persona” del módulo A.1, Datos que identifican a las personas, se realizan las siguientes modificaciones:

– Se añade el valor “Titulares de riesgos sin datos” antes de “Resto de las personas declarables”.

– El contenido del valor “Titulares de riesgos (criterio general)” se sustituye por el siguiente:

“- Titulares de riesgos (criterio general): titulares de riesgos directos o indirectos, salvo que sean entidades declarantes o cumplan los criterios para declararlos como titulares de riesgos indirectos con datos no fácilmente accesibles o titulares de riesgos sin datos.”

– Antes del contenido de “Resto de las personas declarables” se añade el siguiente texto:

“- Titulares de riesgos sin datos: titulares de operaciones instrumentadas antes de la entrada en vigor de la presente circular cuando sea imposible obtener alguno de sus datos personales obligatorios a la fecha de la declaración. Los datos se comunicarán al Banco de España tan pronto los conozca la entidad.”

– En el párrafo que regula los datos mínimos que se han de declarar en el módulo A.1, se añade el siguiente guión antes del que figura “para el resto de personas declarables”:

“- Para los titulares de riesgos sin datos: todos los datos que les correspondan según el sector al que pertenezcan, salvo que sea imposible obtenerlos. En todo caso, se indicará, en su caso, la provincia de la persona.”

– Se añade el siguiente texto como antepenúltimo párrafo:

“Cuando no se disponga de alguno de los datos de las dimensiones con una lista cerrada de valores, se indicará “Sin dato.”

b) En la dimensión “Sector” del módulo A.1, Datos que identifican a las personas, se realizan las siguientes modificaciones:

– En “Bancos multilaterales de desarrollo” se sustituye el valor “Con actividades similares a bancos centrales” por “Instituciones financieras monetarias”.

– Se añade antes de “Resto de los auxiliares financieros” el valor “Corredores y agentes de seguros”.

– El segundo párrafo se sustituye por el siguiente texto:

“La inclusión en los sectores anteriores, excepto en los relativos a “Corredores y agentes de seguros y a “Sociedades no financieras, de entes, organismos o entidades residentes en España que no figuren en las relaciones informativas que publique el Banco de España en su sitio web de Internet para dichos sectores requerirá consulta por escrito al Banco de España (Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera).”

c) El contenido de la dimensión “Tamaño de la empresa” del módulo A.1, Datos que identifican a las personas, se sustituye por:

“Para las sociedades no financieras, se indicará su tamaño:

– Grande.

– Mediana.

– Pequeña.

– Microempresa.

La asignación de los valores anteriores se realizará aplicando los criterios de la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Para el resto de sectores, se indicará:

– No aplicable.”

d) En la dimensión “Motivo por el que se solicita un código para la persona” del módulo A.2, Solicitud de código de identificación de personas no residentes en España, se realizan las siguientes modificaciones:

– Se añade el valor “Titulares de riesgos sin datos” antes de “Titulares de riesgos diferentes de los anteriores y resto de las personas declarables”, con el siguiente contenido:

“- Titulares de riesgos sin datos: titulares de operaciones instrumentadas antes de la entrada en vigor de la presente circular cuando sea imposible obtener alguno de sus datos personales obligatorios a la fecha de la declaración. Los datos se comunicarán al Banco de España tan pronto los conozca la entidad.”

– En el párrafo que regula los datos mínimos obligatorios que se han de declarar en el módulo A.2, se añade el siguiente guión antes del que figura “para los titulares de riesgos diferentes de los anteriores y resto de las personas declarables”:

“- Para los titulares de riesgos sin datos: todos los datos que les correspondan según el sector al que pertenezcan, salvo que sea imposible obtenerlos.”

– Se añade el siguiente texto como antepenúltimo párrafo:

“Cuando no se disponga de alguno de los datos de las dimensiones con una lista cerrada de valores, se indicará “Sin dato.”

e) En la dimensión “Naturaleza de la intervención en la operación” del módulo B.1, Datos básicos que relacionan a las personas con las operaciones, el valor “Entidad no declarante que gestiona la operación” se sustituye por “Entidad que gestiona la operación” y su contenido queda redactado como sigue:

“- Entidad que gestiona la operación: entidad que haya cedido los préstamos declarados, siempre que continúe con su gestión frente a los clientes. Este valor se indicará cuando la operación se declare como Adquisición manteniendo la gestión otra entidad” en la dimensión Origen de la operación” del módulo B.2, Datos básicos de las operaciones.”

f) En la dimensión “Tipo de producto” del modulo B.2, Datos básicos de las operaciones, se incluye el valor “Resto de las cuentas de corresponsalía” después de “Cuentas mutuas” y se añade la siguiente definición, también después de la relativa a “Cuentas mutuas”:

“- Resto de las cuentas de corresponsalía: saldos deudores de operaciones de corresponsalía que no cumplan los requisitos para calificarlas como cuentas mutuas.”

g) En la dimensión “Finalidad de la operación” del módulo B.2, Datos básicos de las operaciones, se realizan los siguientes cambios:

– En los apartados “b) Para el resto de los préstamos” y “c) Para los valores representativos de deuda” se añade el valor “Financiación de energías renovables” antes del último valor de dichos apartados.

– En el apartado g), relativo a los “avales y otras cauciones no financieros prestados” a personas jurídicas y hogares que realizan actividades empresariales, se realizan las siguientes modificaciones:

– El valor “Construcción de viviendas” se sustituye por “Cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”.

– En el valor “Contratación de obras, servicios o suministros y concurrencia a subastas”, se incluye el desglose “Contratación de obras de construcciones o promociones inmobiliarias”, “Contratación de obras o concurrencia a subastas de construcción de obra civil” y “Contratación o concurrencia a subastas de servicios o suministros”.

h) En la dimensión “Origen de la operación” del módulo B.2, Datos básicos de las operaciones, se realizan las siguientes modificaciones:

– Dentro de “Subrogación de acreedor”, el valor “Procedente de otra entidad ajena al grupo económico” se sustituye por “Procedente de otra entidad declarante ajena al grupo económico” y “Procedente de otra entidad no declarante ajena al grupo económico”.

– El valor “Adquisición manteniendo la gestión una entidad no declarante” se sustituye por “Adquisición manteniendo la gestión otra entidad” y su contenido queda redactado como sigue:

“- Adquisición manteniendo la gestión otra entidad: adquisición de préstamos mediante participaciones hipotecarias, certificados de transmisión hipotecaria u otro tipo de transferencias en las que la entidad cedente no es entidad declarante, o es una entidad declarante que no tenga que declarar de forma individualizada la operación a la CIR, y continúa con la gestión de los riesgos frente al titular.”

i) En el contenido de la dimensión “Financiaciones de construcciones o promociones inmobiliarias. Licencia” del módulo B.2, Datos básicos de las operaciones, se sustituye “d) Para el resto de las operaciones” por “Para el resto de las operaciones”.

j) En módulo D.2, Datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía, se suprimen las dimensiones “Uso polivalente” y “Uso actual de la finca rústica” y el contenido de la dimensión “Tipo de activo (inmuebles)” se sustituye por el siguiente texto:

“Tipo de inmueble que sirve de garantía o se ha cedido en arrendamiento financiero:

a) Edificios y elementos de edificios.

– Viviendas:

• Protegida.

• Libre de primera residencia.

• Libre de segunda residencia.

– Oficinas.

– Locales comerciales.

– Naves polivalentes.

– Naves no polivalentes.

– Plazas de garaje.

– Trasteros.

– Hoteles.

– Residencias de estudiantes o de la tercera edad.

– Resto de los edificios.

b) Otras construcciones.

– Otras construcciones.

c) Terrenos.

– Suelos urbanos o urbanizables.

– Fincas rústicas:

• En explotación.

• Resto.

– Resto de los terrenos.

La asignación de los valores anteriores se realizará utilizando los siguientes criterios:

– Viviendas: Viviendas unifamiliares o que formen parte de un edificio compuesto por más unidades, incluidas sus plazas de garaje y trasteros, así como los edificios o la parte de ellos que consista en viviendas.

– Oficinas: Oficinas individuales, así como los edificios o la parte de ellos que consista en oficinas.

– Locales comerciales: Locales comerciales individuales, así como los edificios o la parte de ellos que consista en locales comerciales.

– Naves polivalentes: Naves susceptibles de uso polivalente porque no incorporan características o elementos constructivos o normativos que limiten o dificulten su uso para diferentes actividades, sin grandes transformaciones o cambios, lo que puede facilitar su fácil realización en efectivo.

– Naves no polivalentes: Naves que no cumplan los criterios para calificarlas como de uso polivalente.

– Plazas de garaje y trasteros: Plazas de garaje y trasteros individuales, así como los edificios que consistan en este tipo de inmuebles.

– Hoteles y residencias de estudiantes o de la tercera edad: Edificios o partes de edificios destinados a dicho tipo de actividades.

– Resto de los edificios: Edificios o partes de edificios que no se tengan que incluir en alguno de los valores anteriores.

– Otras construcciones: Construcciones que no sean edificios o elementos de edificios (por ejemplo, amarres).

– Suelo urbano o urbanizable: Suelo clasificado urbanísticamente como urbano o urbanizable.

– Fincas rústicas: Suelo no urbano ni urbanizable autorizado para actividades de naturaleza agrícola, forestal, ganadera u otros usos compatibles. Las fincas se clasificarán en el valor que les corresponda en función de si están o no en explotación.

– Resto de los terrenos: Terrenos distintos de fincas rústicas y suelo urbano o urbanizable, tales como canteras, minas, etc.

Los inmuebles se clasificarán como edificios o elementos de edificios desde el momento en el que se inicie su construcción, aunque con posterioridad esta se paralice; mientras no se inicie efectivamente la construcción de los edificios, los inmuebles se clasificarán como terrenos, aunque se disponga de un proyecto para edificar sobre ellos.

Cuando se tenga que modificar el tipo de activo por haber cambiado su estatus, se comunicará reclasificación” como motivo del cambio.”

k) En el módulo D.2, Datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía, se añade la dimensión “Consideración del inmueble en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios” a continuación de la dimensión “Tipo de activo (inmuebles)”, con el siguiente contenido:

“Indica la consideración del inmueble recibido en garantía en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios:

– Residencial.

– Comercial.

– Resto de inmuebles.

La asignación de los valores anteriores se realizará utilizando los siguientes criterios:

– Residencial o comercial: inmuebles que se califican como tales en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios.

– Resto de inmuebles: inmuebles que no se pueden calificar como residenciales o comerciales conforme a la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios.”

l) En la dimensión “Tipo de interés variable de referencia” del módulo E, Datos sobre tipos de interés, se suprime el valor “Tipo de activo de referencia de las cajas de ahorros”, y el valor “Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre” con su desglose se sustituye por “Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España”.

m) El contenido de la dimensión “Intereses devengados pendientes de vencimiento registrados en el activo” del modulo H.3, Datos dinámicos complementarios de los préstamos, se sustituye por:
“Importe de los intereses implícitos y explícitos devengados pendientes de vencimiento a la fecha a la que se refiere la declaración.”

n) En el módulo H.6, Datos dinámicos relativos a requerimientos de recursos propios, se añade la dimensión “Exposición a pymes sujeta a factor reductor” a continuación de la dimensión “Exposición ponderada por riesgo”, con el siguiente contenido:

“Indica si al importe de la “Exposición ponderada por riesgo” se le ha aplicado el factor reductor contemplado para las pymes en la normativa europea aplicable para el cálculo del coeficiente de recursos propios:

– Sí

– No.”

9. En la dimensión “Garantía personal principal. Tipo de garantía personal principal” del anejo 3, Información de los riesgos que se facilitará a las entidades declarantes, se sustituye “Garantía de otra entidad declarante a la CIR” por “Garantía de entidad declarante a la CIR”.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor.-La presente circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Las modificaciones que afectan a la Circular 4/2004 se aplicarán con carácter retroactivo, en el sentido de la norma octava de la Circular 4/2004. Su primera aplicación se hará para los estados financieros del ejercicio que comienza el 1 de enero de 2014, excepto:

– Las modificaciones referidas a las normas decimocuarta, vigesimosegunda trigésima quinta y sexagésima de la Circular 4/2004, que se aplicarán para los estados financieros del ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2013, y

– Las modificaciones introducidas en los estados públicos y reservados, que se aplicarán por primera vez en la declaración correspondiente a los datos de diciembre de 2013; y el nuevo estado M.14, que comenzará a rendirse con los datos relativos a marzo de 2014, continuando declarándose el estado T.13 hasta el correspondiente a diciembre de 2013, inclusive.

Las modificaciones que afectan a la Circular 1/2013 se aplicarán desde el 31 de diciembre de 2013.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la Directiva propuesta es garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información (SRI). Para ello es preciso aumentar la seguridad de Internet y de las redes y los sistemas de información privados que sustentan el funcionamiento de nuestras sociedades y economías. A fin de alcanzar dicho objetivo, es necesario, por una parte, instar a los Estados miembros a estar más preparados e incrementar la cooperación entre ellos, y, por otra, exigir a los operadores de infraestructuras críticas tales como la energía o los transportes, a los proveedores clave de servicios de la sociedad de la información (plataformas de comercio electrónico, redes sociales, etc.) y a las administraciones públicas que adopten las medidas oportunas para gestionar los riesgos de seguridad y notificar los incidentes graves a las autoridades nacionales competentes.

Esta propuesta se presenta en relación con la Comunicación conjunta de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre una estrategia europea de ciberseguridad. La finalidad de dicha estrategia es garantizar un entorno digital seguro y fiable, sin olvidar la promoción y la protección de los derechos fundamentales y otros valores esenciales de la UE. La presente propuesta es el principal instrumento de la estrategia, que en este ámbito incluye asimismo otras medidas centradas en la concienciación, el desarrollo de un mercado interior de productos y servicios de ciberseguridad, y el fomento de las inversiones en I+D. Estas medidas se complementarán con otras destinadas a intensificar la lucha contra la ciberdelincuencia y elaborar una política internacional de ciberseguridad para la UE.

1.1.- Motivación y objetivos de la propuesta

La SRI está adquiriendo una importancia creciente para nuestra economía y nuestra sociedad.

También es un requisito previo imprescindible para crear un entorno fiable para el comercio mundial de servicios. Los sistemas de información, empero, pueden verse afectados por incidentes relacionados con la seguridad tales como errores humanos, fenómenos naturales, fallos técnicos o ataques malintencionados. La envergadura, frecuencia y complejidad de estos incidentes es cada vez mayor. Según la consulta pública en línea de la Comisión sobre la mejora de la seguridad de las redes y de la información en la UE (1), el 57% de los participantes en ella habían sufrido a lo largo del año anterior incidentes de SRI que habían tenido graves consecuencias en sus actividades. La falta de SRI puede llegar a comprometer servicios vitales que dependen de la integridad de las redes y los sistemas de información, interrumpiendo las actividades de las empresas, generando cuantiosas pérdidas financieras para la economía de la UE e incidiendo negativamente en el bienestar de la sociedad.

Por otra parte, al tratarse de instrumentos de comunicación sin fronteras, los sistemas de información digitales —y en particular Internet— están interconectados entre los Estados miembros y contribuyen decisivamente a facilitar la circulación transfronteriza de bienes, servicios y personas. Un problema grave de estos sistemas en un Estado miembro puede afectar a otros Estados miembros y a la UE en su conjunto. Por consiguiente, la resiliencia y la estabilidad de las redes y los sistemas de información revisten suma importancia para la realización del mercado único digital y el buen funcionamiento del mercado interior. La mayor probabilidad o frecuencia de los incidentes y la incapacidad de ofrecer protección suficiente minan asimismo la confianza de los ciudadanos en los servicios de red e información. Así, por ejemplo, el Eurobarómetro de 2012 sobre ciberseguridad señalaba que al 38% de los usuarios de Internet en la UE le preocupa la seguridad de los pagos en línea y ha modificado su comportamiento en consecuencia: probablemente un 18% comprará menos en Internet y un 15% no utilizará tanto los servicios bancarios en línea (2).

La situación actual en la UE es reflejo del planteamiento meramente voluntario seguido hasta el momento, que no ofrece protección suficiente frente a incidentes y riesgos relacionados con la SRI en la UE. Las capacidades y mecanismos de SRI actuales son sencillamente insuficientes para seguir el ritmo de unas amenazas en rápida mutación y garantizar un nivel elevado de protección igual en todos los Estados miembros.

Pese a las iniciativas emprendidas, los niveles de capacidad y preparación de los Estados miembros son muy distintos y dan lugar a enfoques fragmentados en la UE. Al estar redes y sistemas interconectados, la SRI global de la UE se ve perjudicada por esos Estados miembros cuyo nivel de protección es insuficiente. Esta situación dificulta asimismo la creación de lazos de confianza entre homólogos, requisito previo para la cooperación y el intercambio de información. Como consecuencia de ello, solamente mantienen relaciones de cooperación unos pocos Estados miembros con elevado nivel de capacidades.

Actualmente no existe, por tanto, un mecanismo efectivo a escala de la UE que haga posible una labor de cooperación y colaboración eficaz y un intercambio de información de confianza sobre incidentes y riesgos de SRI entre los Estados miembros. Estas carencias pueden dar lugar a intervenciones reglamentarias no coordinadas, estrategias incoherentes y normas divergentes, que a su vez llevan aparejada una protección insuficiente ante los problemas de SRI en toda la UE. Pueden incluso surgir obstáculos al mercado interior que generen gastos de observancia a las empresas que operan en más de un Estado miembro.

Por último, a los agentes que gestionan infraestructuras críticas o prestan servicios esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades no se les han impuesto las oportunas obligaciones de adoptar medidas de gestión de riesgos ni de intercambiar información con las autoridades competentes. Así pues, por una parte, no se ofrecen a las empresas incentivos reales para proceder a una gestión de riesgos como es debido, con una evaluación del riesgo y la adopción de medidas adecuadas para garantizar la SRI. Por otra parte, un elevado porcentaje de incidentes no llega a conocimiento de las autoridades competentes y pasa desapercibido. Y, sin embargo, la información sobre los incidentes es esencial para que las autoridades públicas reaccionen, adopten las medidas de atenuación apropiadas y fijen las prioridades estratégicas oportunas en materia de SRI.

El actual marco regulador solamente obliga a las empresas de telecomunicaciones a adoptar medidas de gestión de riesgos y a notificar los incidentes graves que ponen en peligro la SRI.

No obstante, hay muchos otros sectores cuyo desarrollo depende de las TIC y que, por ende, deberían también prestar la debida atención a la SRI. Algunos proveedores de infraestructuras y servicios específicos son especialmente vulnerables al ser muy dependientes del correcto funcionamiento de las redes y los sistemas de información. Tales sectores desempeñan una función primordial, pues prestan servicios de apoyo cruciales para nuestra economía y nuestra sociedad, y la seguridad de sus sistemas reviste especial importancia para el funcionamiento del mercado interior. Entre estos sectores cabe citar la banca, la bolsa, la generación, el transporte y la distribución de energía, los transportes (aéreo, ferroviario y marítimo), la sanidad, los servicios de Internet y las administraciones públicas.

Así pues, en la UE hay que abordar la SRI de forma radicalmente distinta. Es necesario imponer obligaciones reglamentarias para establecer condiciones uniformes y colmar las actuales lagunas jurídicas. A fin de hacer frente a estos problemas e incrementar el nivel de SRI en toda la Unión Europea, la Directiva propuesta fija los objetivos que a continuación se exponen.

En primer lugar, la propuesta impone a todos los Estados miembros la obligación de velar por que exista un nivel mínimo de capacidades nacionales mediante la designación de autoridades competentes en materia de SRI, la creación de equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT) y la adopción de estrategias y planes de cooperación nacionales en el ámbito de la SRI.

En segundo lugar, las autoridades nacionales competentes deberán cooperar dentro de una red que garantice una coordinación segura y eficaz y, en particular, un intercambio coordinado de información y unas labores de detección y respuesta a escala de la UE. A través de esta red, los Estados miembros deberán intercambiar información y cooperar para hacer frente a las amenazas e incidentes que puedan poner en peligro la SRI sobre la base del plan de cooperación europeo en materia de SRI.

En tercer lugar, siguiendo el modelo de la Directiva Marco sobre las comunicaciones electrónicas, la propuesta pretende implantar una cultura de gestión de riesgos y garantizar el intercambio de información entre los sectores público y privado. Las empresas de los sectores críticos concretos antes citados y las administraciones públicas deberán evaluar los riesgos a que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar la SRI. Estas empresas deberán notificar a las autoridades competentes todos los incidentes que supongan un peligro grave para el funcionamiento de sus redes y sistemas de información y comprometan de forma significativa la continuidad de los servicios críticos y el suministro de mercancías.

1.2.- Contexto general

Ya en su Comunicación de 2001 titulada Seguridad de las redes y de la información:

Propuesta para un enfoque político europeo, la Comisión destacaba la creciente importancia de la SRI (3).

Posteriormente, en 2006 se adoptó una estrategia para una sociedad de la información segura (4), que tenía como objetivo desarrollar una cultura de SRI en Europa. Sus principales aspectos fueron aprobados en una Resolución del Consejo (5).

El 30 de marzo de 2009, la Comisión adoptó una Comunicación sobre protección de infraestructuras críticas de información (PICI) (6), cuya finalidad era proteger a Europa de las ciberperturbaciones impulsando una mayor seguridad. En dicha Comunicación se presentaba un plan de acción para respaldar a los Estados miembros en sus esfuerzos de prevención y respuesta. El plan de acción se aprobó en las Conclusiones de la Presidencia de la Conferencia Ministerial sobre PICI celebrada en Tallin en 2009. El 18 de diciembre de 2009, el Consejo adoptó una Resolución relativa a un planteamiento de colaboración en materia de seguridad de las redes y de la información (7).

La Agenda Digital para Europa (ADE) (8), adoptada en mayo de 2010, y las conclusiones del Consejo correspondientes (9) ponían de relieve la convicción común de que la confianza y la seguridad son condiciones previas fundamentales para la adopción a gran escala de las TIC y, por ende, para el logro de los objetivos de una de las dimensiones de la Estrategia Europa 2020, la denominada “crecimiento inteligente” (10). En su capítulo dedicado a la confianza y la seguridad, la ADE insistía en la necesidad de que todas las partes interesadas se unieran en un esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras de las TIC, centrándose en la prevención, la preparación y la sensibilización al objeto de desarrollar unos mecanismos de seguridad eficaces y coordinados. En particular, la acción clave 6 de la Agenda Digital para Europa instaba a adoptar medidas encaminadas a conseguir una política de SRI reforzada y de alto nivel.

En su Comunicación de marzo de 2011 sobre la protección de infraestructuras críticas de información titulada Logros y próximas etapas: hacia la ciberseguridad global (11), la Comisión hacía balance de los resultados logrados desde la adopción del plan de acción sobre la PICI en 2009 y concluía que la aplicación del plan demostraba que los enfoques puramente nacionales no bastaban para abordar cuestiones de seguridad y resiliencia y que Europa debía seguir esforzándose por construir una estrategia coherente y cooperativa para toda la UE. En la Comunicación sobre la PICI de 2011 se anunciaba una serie de medidas y la Comisión instaba a los Estados miembros a crear capacidades y mantener una cooperación transfronteriza en materia de SRI. La mayor parte de esas medidas tenía que haberse completado en 2012, pero aún no se ha llevado a la práctica.

En sus conclusiones de 27 de mayo de 2011 sobre la PICI, el Consejo de la Unión Europea subrayaba la acuciante necesidad de contar con unos sistemas y redes de TIC resilientes y seguros frente a todas las perturbaciones posibles, accidentales o intencionadas, lograr en toda la UE un nivel elevado de preparación, seguridad y resiliencia, mejorar las competencias técnicas a fin de que Europa pueda responder a los desafíos en materia de protección de las redes y las infraestructuras de información, e impulsar la cooperación entre los Estados miembros mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación ante incidentes.

1.3.- Disposiciones internacionales y de la Unión Europea existentes en este ámbito

En virtud del Reglamento (CE) nº 460/2004, la Comunidad Europea creó en 2004 la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (12) con el fin de contribuir a garantizar un elevado nivel de SRI y desarrollar una cultura en este ámbito en toda la UE. El 30 de septiembre de 2010 se adoptó una propuesta para modernizar el mandato de la ENISA (13), que se está debatiendo actualmente en el Consejo y el Parlamento Europeo. El marco regulador revisado de los servicios de comunicaciones electrónicas (14), en vigor desde noviembre de 2009, impone obligaciones en materia de seguridad a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas (15). Dichas obligaciones tenían que estar incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales en mayo de 2011.

El marco regulador de protección de datos (16) obliga a todos los agentes que actúan como responsables del tratamiento de los datos (por ejemplo, bancos u hospitales) a implantar medidas de seguridad para proteger los datos personales. Asimismo, la propuesta de Reglamento general de protección de datos (17), presentada por la Comisión en 2012, establece que los responsables del tratamiento deben notificar los casos de violación de datos personales a las autoridades nacionales de control. Así pues, una violación de la SRI que afectara a la prestación de un servicio sin comprometer datos personales (por ejemplo, una avería de las TIC en una compañía eléctrica que ocasionara la interrupción del servicio) no debería notificarse.

Al amparo de la Directiva 2008/114/CE sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección, el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) (18) establece el marco global para la protección de las infraestructuras críticas en la UE. Los objetivos del PEPIC coinciden plenamente con los de la presente propuesta y la Directiva debería aplicarse sin perjuicio de la Directiva 2008/114/CE. El PEPIC no obliga a los operadores a notificar violaciones significativas de la seguridad ni establece mecanismos para que los Estados miembros cooperen y respondan ante los incidentes que se produzcan.

Los colegisladores están examinando actualmente la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a los ataques contra los sistemas de información19, que tiene como objetivo armonizar la tipificación como delitos de determinados tipos de conducta. Dicha propuesta abarca solamente la tipificación de determinados tipos de conducta y no aborda la prevención de riesgos e incidentes de SRI, la respuesta a los incidentes de SRI ni la atenuación de sus efectos. La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de la Directiva relativa a los ataques contra los sistemas de información.

El 28 de marzo de 2012, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la creación de un centro europeo de ciberdelincuencia (EC3) (20). Este Centro, creado el 11 de enero de 2013, está integrado en la Oficina Europea de Policía (Europol) y funcionará como punto central en la lucha contra la ciberdelincuencia en la UE. El EC3 está destinado a aunar los conocimientos sobre ciberdelincuencia europeos para contribuir a la capacitación de los Estados miembros, a prestar apoyo a los Estados miembros en investigaciones de ciberdelincuencia y, en estrecha cooperación con Eurojust, a ser la voz colectiva de los investigadores de ciberdelincuencia europeos ante los organismos de orden público y el estamento judicial.

Las instituciones, agencias y organismos europeos han creado su propio equipo de respuesta a emergencias informáticas, denominado CERT-UE.

A escala internacional, la UE desarrolla actividades bilaterales y multilaterales en el ámbito de la ciberseguridad. Con motivo de la Cumbre UE-EE.UU. de 2010 (21), se creó el Grupo de Trabajo UE-EE.UU. sobre Ciberseguridad y Ciberdelincuencia. La UE también participa en otros foros multilaterales tales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF).

2.- RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

2.1.- Consulta con las partes interesadas y utilización de asesoramiento técnico

Del 23 de julio al 15 de octubre de 2012 estuvo abierta en línea una consulta pública sobre la mejora de la SRI en la UE. La Comisión recibió un total de 160 respuestas al cuestionario en línea.

La principal conclusión que puede extraerse de esas respuestas es el reconocimiento generalizado de la necesidad de aumentar la SRI en toda la UE. Más concretamente, el 82,8% de los participantes en la consulta señala que los Gobiernos de la UE deberían adoptar más medidas para garantizar un elevado nivel de SRI; también el 82,8% opina que los usuarios de sistemas de información no son conscientes de las amenazas e incidentes de SRI existentes; el 66,3% estaría, en principio, a favor de la introducción de requisitos reglamentarios para gestionar los riesgos de SRI; y el 84,8% afirma que tales requisitos se han de establecer a escala de la UE. Muchas respuestas indican que sería importante adoptar requisitos de SRI en los siguientes sectores específicos: banca y finanzas (91,1%), energía (89,4%), transportes (81,7%), sanidad (89,4%), servicios de Internet (89,1%) y administraciones públicas (87,5%). Los participantes en la consulta también consideran que, de introducirse la obligación de notificar violaciones de la SRI a la autoridad nacional competente, sería preciso hacerlo a escala de la UE (65,1%) y estiman que las administraciones públicas también han de estar sujetas a esa obligación (93,5%). Por último, afirman que la obligación de proceder a la gestión de riesgos de SRI de acuerdo con los conocimientos tecnológicos actuales no les supondría costes adicionales significativos (63,4%), como tampoco se los supondría la obligación de notificar violaciones de la seguridad (72,3%).

Se consultó a los Estados miembros en varias formaciones del Consejo, en el contexto del Foro Europeo de Estados Miembros (EFMS) en la Conferencia sobre Ciberseguridad organizada por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior el 6 de julio de 2012, así como en reuniones bilaterales dedicadas a este tema que se convocaron a petición de algunos Estados miembros.

También se entablaron conversaciones con el sector privado en el marco de la Asociación público-privada europea de resiliencia (22) y a través de reuniones bilaterales. En cuanto al sector público, la Comisión mantuvo contactos con la ENISA y el CERT de las instituciones de la UE.

2.2.- Evaluación de impacto

La Comisión ha efectuado una evaluación de impacto con respecto a tres opciones de actuación:

1ª opción: Mantenimiento del enfoque actual (hipótesis de referencia).

2ª opción: Enfoque reglamentario, con la presentación de una propuesta legislativa que establezca un marco jurídico común en materia de SRI para toda la UE y abarque las capacidades de los Estados miembros, los mecanismos de cooperación a escala de la UE y los requisitos que han de cumplir los principales agentes del sector privado y las administraciones públicas.

3ª opción: Enfoque mixto que combine las iniciativas de carácter voluntario en lo que respecta a las capacidades de los Estados miembros en el ámbito de la SRI y los mecanismos de cooperación a escala de la UE con requisitos reglamentarios aplicables a los principales agentes del sector privado y las administraciones públicas.

En opinión de la Comisión, la 2ª opción es la que puede tener mayores efectos positivos, pues incrementaría considerablemente la protección de consumidores, empresas y administraciones de la UE frente a los incidentes de SRI. Más concretamente, las obligaciones impuestas a los Estados miembros garantizarían la debida preparación a escala nacional y contribuirían a lograr un clima de confianza mutua, que es condición previa para una cooperación eficaz en la UE. La creación de mecanismos de cooperación a escala de la UE a través de una red facilitaría la adopción de medidas de prevención y respuesta coherentes y coordinadas ante incidentes y riesgos de SRI de carácter transfronterizo. Imponer a las administraciones públicas y a los principales agentes del sector privado la obligación de aplicar medidas de gestión de riesgos en el ámbito de la SRI supondría un poderoso incentivo para hacer frente con eficacia a los riesgos de seguridad. La obligación de notificar los incidentes de SRI con efectos significativos mejoraría la capacidad de respuesta a incidentes y fomentaría la transparencia. Por lo demás, al poner sus propios asuntos en orden, la UE podría ampliar su influencia internacional y convertirse en un socio todavía más fiable en las labores de cooperación bilateral y multilateral. Así pues, la UE se encontraría mejor situada para promover los derechos fundamentales y los valores esenciales de la Unión en el exterior.

La evaluación cuantitativa muestra que la 2ª opción no impondría una carga desproporcionada a los Estados miembros. Los costes que generaría para el sector privado también serían limitados por cuanto muchas de las entidades en cuestión ya están obligadas a cumplir los requisitos de seguridad existentes (los responsables del tratamiento de datos deben adoptar medidas técnicas y de organización, entre ellas medidas de SRI, para proteger los datos personales). También se han tomado en consideración los gastos de seguridad actuales en el sector privado.

La presente propuesta observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, el derecho al respeto de la vida privada y las comunicaciones, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a ser oído. La presente Directiva se deberá aplicar de acuerdo con estos derechos y principios.

3.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

3.1.- Base jurídica

La Unión Europea posee competencias para adoptar medidas destinadas a establecer el mercado interior o garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados (artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — TFUE). En virtud del artículo 114 del TFUE, la UE puede adoptar “medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior”.

Como ya se ha indicado, las redes y los sistemas de información contribuyen de forma decisiva a facilitar la circulación transfronteriza de bienes, servicios y personas. A menudo están interconectados y huelga decir que la Internet tiene carácter global. Dada su dimensión transnacional intrínseca, una perturbación en un Estado miembro puede afectar también a otros Estados miembros y a la UE en su conjunto. Por consiguiente, la resiliencia y la estabilidad de las redes y los sistemas de información son esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior.

El legislador de la UE ya ha reconocido la necesidad de armonizar las normas de SRI para asegurar el desarrollo del mercado interior. Cabe destacar a este respecto el Reglamento (CE) nº 460/2004 por el que se crea la ENISA (23), basado en el artículo 114 del TFUE.

Las grandes diferencias entre Estados miembros en lo que a capacidades, políticas y niveles de protección en materia de SRI se refiere han dado lugar a disparidades que representan un obstáculo para el mercado interior y justifican la actuación de la UE.

3.2.- Subsidiariedad

La intervención europea en el campo de la SRI está justificada por el principio de subsidiariedad.

En primer lugar, dado el carácter transfronterizo de la SRI, de no intervenir la UE, cada Estado miembro actuaría por su cuenta, haciendo caso omiso de las interdependencias entre las redes y los sistemas de información de la UE. Un grado suficiente de coordinación entre los Estados miembros garantizaría una gestión correcta de los riesgos de SRI en el contexto transfronterizo en que surgen. Las divergencias entre las normativas sobre SRI representan una barrera para las empresas que quieren desarrollar sus actividades en varios países y para la consecución de economías de escala a nivel mundial.

En segundo lugar, es preciso imponer obligaciones reglamentarias a escala de la UE para lograr condiciones uniformes y colmar las lagunas jurídicas. Se ha demostrado que los planteamientos de carácter meramente voluntario dan lugar a una cooperación limitada a una minoría de Estados miembros con elevado nivel de capacidades. Para conseguir la participación de todos los Estados miembros, es necesario cerciorarse de que todos ellos poseen el nivel mínimo de capacidades requerido. Las medidas adoptadas por los Gobiernos para garantizar la SRI han de guardar coherencia unas con otras y estar coordinadas de modo que sea posible contener y reducir al mínimo las consecuencias de incidentes que pongan en peligro la SRI. En el marco de la red, a través del intercambio de las mejores prácticas y de la colaboración permanente de la ENISA, las autoridades competentes y la Comisión cooperarán para facilitar una aplicación convergente de la Directiva en toda la UE. Además, las intervenciones concertadas en defensa de la SRI pueden contribuir de forma muy positiva a la protección efectiva de los derechos fundamentales, y en especial del derecho a la protección de los datos de carácter personal y a la intimidad. Una actuación a escala de la UE aumentaría por tanto la eficacia de las políticas nacionales vigentes y facilitaría su desarrollo.

Las medidas propuestas también quedan justificadas por el principio de proporcionalidad. Las obligaciones que han de cumplir los Estados miembros se fijan en el nivel mínimo necesario para lograr una preparación adecuada y posibilitar una cooperación basada en la confianza.

Ello permite a los Estados miembros tomar debidamente en consideración las particularidades nacionales y garantiza la aplicación de los principios comunes de la UE de forma proporcionada. Gracias al amplio alcance de la Directiva, los Estados miembros podrán aplicarla en función de los riesgos reales que existan a escala nacional, expuestos en la estrategia nacional de SRI. La gestión de riesgos obligatoria solamente es aplicable a las entidades críticas e impone medidas proporcionales a los riesgos. En la consulta pública se destacaba la importancia de garantizar la seguridad de esas entidades críticas. Las obligaciones en materia de notificación únicamente se impondrían con respecto a los incidentes con efectos significativos. Como ya se ha señalado anteriormente, las medidas no ocasionarían gastos desproporcionados, ya que muchas de esas entidades que actúan como responsables del tratamiento ya están obligadas a asegurar la protección de los datos personales por la normativa de protección de datos vigente.

Para no imponer una carga desproporcionada a los pequeños operadores, y en especial a las pymes, los requisitos son proporcionales a los riesgos que presentan la red o el sistema de información de que se trate y no son aplicables a las microempresas. Las entidades sujetas a esas obligaciones deberán, en primer lugar, determinar los riesgos existentes y, a continuación, decidir las medidas que deban adoptarse para atenuarlos.

Los objetivos señalados pueden alcanzarse mejor a escala de la UE que de los Estados miembros, habida cuenta de los aspectos transfronterizos de los riesgos e incidentes de SRI.

Por tanto, la UE puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, la Directiva propuesta no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

Para alcanzar los objetivos, la Comisión debe ser autorizada a adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al objeto de completar o modificar determinados elementos no esenciales del acto de base. Con la propuesta de la Comisión también se pretende respaldar un proceso de proporcionalidad en la aplicación de las obligaciones impuestas a los operadores públicos y privados.

A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del acto de base, deben conferirse a la Comisión competencias para adoptar actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Teniendo presentes, en particular, el amplio alcance de la Directiva propuesta, el hecho de que afecta a ámbitos fuertemente regulados y las obligaciones jurídicas que se derivan de su capítulo IV, se considera necesario que se adjunten documentos explicativos a la notificación de las medidas de transposición. De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

4.- REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros precisan infraestructuras seguras. La propuesta solamente tendrá repercusiones en el presupuesto de la UE si los Estados miembros optan por adaptar las infraestructuras existentes (por ejemplo, s-TESTA) y encomiendan las labores de ejecución a la Comisión dentro del MFP para el período 2014-2020. Se calcula que el coste único ascenderá a 1.250.000 EUR y se imputará al presupuesto de la UE, en la línea presupuestaria 09.03.02 (promover la interconexión y la interoperabilidad de los servicios públicos nacionales en línea, así como el acceso a estas redes — Capítulo 09.03, Mecanismo “Conectar Europa” — redes de telecomunicaciones), siempre que existan fondos disponibles en dicho Mecanismo. Los Estados miembros pueden compartir el coste único de adaptar las infraestructuras existentes o decidir crear nuevas infraestructuras y correr con los gastos de las mismas, que se estiman en unos 10 millones EUR anuales.

2013/0027 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (24),

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) Las redes y los sistemas y servicios de información desempeñan un papel crucial en la sociedad. Su fiabilidad y seguridad son esenciales para la actividad económica y el bienestar social y, en particular, para el funcionamiento del mercado interior.

(2) La magnitud y la frecuencia de los incidentes de seguridad, ya sean deliberados o accidentales, se están incrementando y representan una grave amenaza para el funcionamiento de las redes y los sistemas de información. Tales incidentes pueden interrumpir las actividades económicas, generar considerables pérdidas financieras, minar la confianza del usuario y causar grandes daños a la economía de la Unión.

(3) Al ser instrumentos de comunicación sin fronteras, los sistemas de información digitales —y sobre todo Internet— contribuyen decisivamente a facilitar la circulación transfronteriza de bienes, servicios y personas. Dado su carácter transnacional, una perturbación grave de esos sistemas en un Estado miembro puede afectar también a otros Estados miembros y a la Unión en su conjunto. Por consiguiente, la resiliencia y la estabilidad de las redes y los sistemas de información son fundamentales para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(4) Es conveniente crear a escala de la Unión un mecanismo de cooperación que propicie el intercambio de información y una detección y respuesta coordinadas en relación con la seguridad de las redes y de la información (en lo sucesivo, “SRI”). Para que dicho mecanismo sea eficaz e integrador, es esencial que todos los Estados miembros posean unas capacidades mínimas y una estrategia que aseguren un elevado nivel de SRI en su territorio. Asimismo, procede imponer a las administraciones públicas y a los operadores de infraestructuras críticas de información requisitos mínimos en materia de seguridad para fomentar una cultura de gestión de riesgos y garantizar la notificación de los incidentes más graves.

(5) Para abarcar todos los incidentes y riesgos pertinentes, la presente Directiva debe aplicarse a todas las redes y a todos los sistemas de información. No obstante, las obligaciones impuestas a las administraciones públicas y a los operadores del mercado no deberían ser aplicables a las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público con arreglo a la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) (25), que están sujetas a los requisitos específicos de seguridad e integridad establecidos en el artículo 13 bis de dicha Directiva, ni tampoco a los proveedores de servicios de confianza.

(6) Las capacidades existentes no bastan para garantizar un elevado nivel de SRI en la Unión. Los niveles de preparación de los Estados miembros son muy distintos, lo que da lugar a enfoques fragmentarios en la Unión. Esta situación engendra desiguales niveles de protección de los consumidores y las empresas, comprometiendo el nivel general de SRI de la Unión. A su vez, la inexistencia de requisitos mínimos comunes para las administraciones públicas y los operadores del mercado imposibilita la creación de un mecanismo global y efectivo de cooperación en la Unión.

(7) Para responder con eficacia a los problemas de seguridad de las redes y los sistemas de información es, pues, necesario un planteamiento global a escala de la Unión que integre requisitos mínimos comunes en materia de desarrollo de capacidades y planificación, actividades de intercambio de información y coordinación de medidas, así como requisitos mínimos comunes de seguridad para todos los operadores del mercado interesados y las administraciones públicas.

(8) Las disposiciones de la presente Directiva no han de obstar para que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para asegurar la protección de sus intereses esenciales en materia de seguridad, salvaguardar el orden público y la seguridad pública, y permitir la investigación, detección y represión de delitos. De conformidad con el artículo 346 del TFUE, ningún Estado miembro debe estar obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad.

(9) A fin de alcanzar y mantener un elevado nivel común de seguridad de las redes y los sistemas de información, los Estados miembros deben disponer de sendas estrategias nacionales de SRI que fijen los objetivos estratégicos y las medidas concretas que haya que aplicar. Deben elaborarse a escala nacional planes de cooperación en el ámbito de la SRI que cumplan los requisitos esenciales para así lograr niveles de capacidad de respuesta que hagan posible una cooperación efectiva y eficaz a escala nacional y de la Unión ante los incidentes que se produzcan.

(10) Con miras a una aplicación efectiva de las disposiciones adoptadas de conformidad con la presente Directiva, procede crear o designar en cada uno de los Estados miembros un organismo que coordine las cuestiones relacionadas con la SRI y actúe como centro de referencia nacional a efectos de cooperación transfronteriza a escala de la Unión. Estos organismos deben disponer de recursos técnicos, financieros y humanos suficientes para poder desempeñar efectiva y eficazmente las tareas que se les encomienden y alcanzar de este modo los objetivos de la presente Directiva.

(11) Todos los Estados miembros deben disponer de capacidades técnicas y de organización suficientes para poder adoptar las medidas de prevención, detección, respuesta y atenuación oportunas ante los incidentes y riesgos que puedan afectar a las redes y los sistemas de información. Por consiguiente, procede crear en todos los Estados miembros equipos de respuesta a emergencias informáticas que funcionen correctamente y cumplan los requisitos esenciales para así disponer de capacidades efectivas y compatibles que permitan hacer frente a incidentes y riesgos y garantizar una cooperación eficaz a escala de la Unión.

(12) Sobre la base de los significativos avances logrados en el marco del Foro Europeo de Estados Miembros (“EFMS”) merced a los debates e intercambios sobre mejores prácticas, incluida la elaboración de principios de cooperación europea ante crisis cibernéticas, los Estados miembros y la Comisión deberían crear una red que los mantuviera en comunicación permanente y respaldara su cooperación. Se espera que este mecanismo seguro y efectivo de comunicación permita estructurar y coordinar a escala de la Unión las labores de intercambio de información, detección y respuesta.

(13) Es conveniente que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (“ENISA”) preste asistencia a los Estados miembros y a la Comisión ofreciéndoles su experiencia, conocimientos y asesoramiento y facilitando el intercambio de mejores prácticas. En particular, la Comisión debe consultar a la ENISA a la hora de aplicar la presente Directiva. A fin de facilitar información eficaz y oportuna a los Estados miembros y la Comisión, deben lanzarse alertas tempranas sobre incidentes y riesgos en el marco de la red de cooperación. Al objeto de desarrollar capacidades y conocimientos entre los Estados miembros, la red de cooperación debe servir también de instrumento para el intercambio de mejores prácticas, ayudando a sus miembros a desarrollar capacidades y dirigiendo la organización de revisiones por homólogos y ejercicios de SRI.

(14) Es oportuno crear infraestructuras seguras para el intercambio de información delicada y confidencial en el marco de la red de cooperación. Sin perjuicio de la obligación de notificar a la red de cooperación los incidentes y riesgos que afecten a toda la Unión, el acceso a la información confidencial de otros Estados miembros solo debe permitirse a los Estados miembros que demuestren que sus recursos técnicos, financieros y humanos y sus procedimientos, así como sus infraestructuras de comunicación, garantizan su participación efectiva, eficiente y segura en la red.

(15) La cooperación entre los sectores público y privado reviste importancia esencial por cuanto la mayor parte de las redes y sistemas de información es de titularidad privada. Conviene alentar a los operadores del mercado a crear sus propios mecanismos de cooperación informal para garantizar la SRI. Asimismo, los operadores deben cooperar con el sector público e intercambiar información y mejores prácticas a cambio de obtener apoyo operativo en caso de que se produzcan incidentes.

(16) Para garantizar la transparencia e informar debidamente a los ciudadanos y operadores del mercado de la UE, conviene que las autoridades competentes creen un sitio web común para publicar información no confidencial sobre incidentes y riesgos.

(17) Cuando la información se considere confidencial de conformidad con las normas nacionales y de la Unión en materia de secreto comercial, debe mantenerse ese carácter confidencial a la hora de desarrollar las actividades y cumplir los objetivos establecidos en la presente Directiva.

(18) Basándose ante todo en las experiencias nacionales en materia de gestión de crisis y en cooperación con la ENISA, la Comisión y los Estados miembros deben elaborar un plan de cooperación de la Unión en materia de SRI que establezca mecanismos de cooperación para hacer frente a riesgos e incidentes. Dicho plan debe tomarse debidamente en consideración a la hora de lanzar alertas tempranas en el marco de la red de cooperación.

(19) Las alertas tempranas solamente deben notificarse en el marco de la red cuando la dimensión y gravedad del incidente o riesgo en cuestión sean o puedan llegar a ser de tal envergadura que requieran medidas de información o coordinación de la respuesta a escala de la Unión. Por tanto, las alertas tempranas se deberían limitar a los incidentes o riesgos reales o potenciales que se extiendan rápidamente, superen la capacidad nacional de respuesta o afecten a más de un Estado miembro. Para poder proceder a un análisis adecuado, debe comunicarse a la red de cooperación toda la información pertinente para la evaluación del riesgo o incidente.

(20) Tras haber recibido y evaluado una alerta temprana, las autoridades competentes deben acordar una respuesta coordinada en el marco del plan de cooperación de la Unión en materia de SRI. Tanto las autoridades competentes como la Comisión deben estar informadas de las medidas adoptadas a escala nacional como resultado de la respuesta coordinada.

(21) El alcance mundial de los problemas de SRI hace necesaria una mayor cooperación internacional con miras a mejorar las normas de seguridad y el intercambio de información, y promover un planteamiento mundial común con respecto a las cuestiones de SRI.

(22) La responsabilidad de velar por la SRI recae en gran medida en las administraciones públicas y los operadores del mercado. Debe fomentarse una cultura de gestión de riesgos que entrañe una evaluación del riesgo y la aplicación de medidas de seguridad proporcionales a los riesgos existentes y que habrá de desarrollarse a través de requisitos reglamentarios adecuados y prácticas voluntarias del sector. Asimismo, son necesarias condiciones uniformes para garantizar el funcionamiento efectivo de la red de cooperación y, por ende, una colaboración eficaz de todos los Estados miembros.

(23) La Directiva 2002/21/CE establece que las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público deben adoptar medidas adecuadas para salvaguardar su integridad y seguridad e introduce requisitos de notificación de las violaciones de la seguridad y las pérdidas de integridad. La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (26) exige que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas accesibles para el público tomen las medidas técnicas y de organización necesarias para velar por la seguridad de sus servicios.

(24) Estas obligaciones no solo han de imponerse al sector de las comunicaciones electrónicas, sino también a los principales proveedores de servicios de la sociedad de la información, tal y como se definen en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (27), que sirven de apoyo a los servicios de la sociedad de la información derivados o a las actividades en línea, tales como las plataformas de comercio electrónico, las pasarelas de pago por Internet, las redes sociales, los motores de búsqueda, los servicios de computación en nube o las tiendas de aplicaciones. La interrupción de estos servicios de apoyo a la sociedad de la información impide la prestación de otros servicios de la sociedad de la información que dependen de ellos. Los desarrolladores de programas informáticos y los fabricantes de equipos físicos no son proveedores de servicios de la sociedad de la información y quedan, por tanto, excluidos. Procede imponer asimismo esas obligaciones a las administraciones públicas y a los operadores de infraestructuras críticas, que son muy dependientes de las tecnologías de la información y la comunicación y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de funciones económicas o sociales vitales, tales como el gas y la electricidad, los transportes, las entidades de crédito, las bolsas y la sanidad. Los trastornos que puedan sufrir tales redes y sistemas de información afectan al mercado interior.

(25) Las medidas técnicas y de organización impuestas a las administraciones públicas y a los operadores del mercado no requerirán que se diseñe, se desarrolle o fabrique de una manera especial un determinado producto comercial de tecnología de la información y la comunicación.

(26) Las administraciones públicas y los operadores del mercado deben velar por la seguridad de las redes y sistemas que se hallan bajo su control. Se trata fundamentalmente de redes y sistemas privados gestionados por el personal de TI interno o cuya seguridad se ha encomendado a empresas externas. Las obligaciones en materia de seguridad y notificación han de aplicarse a los operadores del mercado y a las administraciones públicas pertinentes, independientemente de si se encargan ellos mismos del mantenimiento de sus redes y sistemas de información o lo subcontratan.

(27) Para no imponer una carga financiera y administrativa desproporcionada a los pequeños operadores y a los usuarios, los requisitos han de ser proporcionales a los riesgos que presenta la red o el sistema de información en cuestión, habida cuenta del estado de la técnica. Dichos requisitos no deben aplicarse a las microempresas.

(28) Las autoridades competentes deben procurar que se mantengan los canales de intercambio de información informales y de confianza entre los operadores del mercado y entre los sectores público y privado. Antes de dar publicidad a los incidentes notificados a las autoridades competentes, es preciso sopesar debidamente el interés de los ciudadanos en ser informados sobre las amenazas existentes y los perjuicios que en términos comerciales y de reputación puedan sufrir las administraciones públicas y los operadores del mercado que notifican los incidentes. A la hora de cumplir sus obligaciones de notificación, las autoridades competentes han de tener muy en cuenta la necesidad de mantener estrictamente confidencial la información sobre los puntos vulnerables del producto antes de dar a conocer las soluciones de seguridad adecuadas.

(29) Es preciso que las autoridades competentes dispongan de los medios necesarios para desempeñar su cometido y, en particular, de competencias para obtener información suficiente de los operadores del mercado y las administraciones públicas a fin de evaluar el nivel de seguridad de las redes y los sistemas de información, así como datos fidedignos y exhaustivos sobre incidentes reales que hayan repercutido en el funcionamiento de las redes y los sistemas de información.

(30) Los incidentes suelen estar causados por actividades delictivas. Cabe suponer el carácter delictivo de los incidentes aun cuando las pruebas para demostrarlo no sean lo suficientemente claras desde el principio. A este respecto, una cooperación adecuada entre las autoridades competentes y los cuerpos de seguridad debería formar parte de una respuesta efectiva y global ante la amenaza de que se produzcan incidentes de seguridad. En particular, para promover un entorno protegido, seguro y más resiliente es preciso notificar sistemáticamente los incidentes de carácter supuestamente delictivo a los cuerpos de seguridad. La naturaleza delictiva grave de los incidentes debe evaluarse a la luz de la normativa de la UE sobre ciberdelincuencia.

(31) En numerosas ocasiones los datos de carácter personal se ven comprometidos a raíz de incidentes. En este contexto, las autoridades competentes y las autoridades responsables de la protección de datos han de cooperar e intercambiar la información pertinente ante las violaciones de datos personales derivadas de incidentes. Los Estados miembros deben imponer la obligación de notificar los incidentes de seguridad de modo que se reduzca al mínimo la carga administrativa en caso de que el incidente de seguridad constituya también una violación de datos personales con arreglo al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (28). En colaboración con las autoridades competentes y las autoridades responsables de la protección de datos, la ENISA podría contribuir a elaborar mecanismos de intercambio de información y modelos que evitaran la necesidad de contar con dos modelos de notificación. Este modelo único de notificación facilitaría la comunicación de incidentes que comprometan los datos personales, aliviando de este modo la carga administrativa para empresas y administraciones públicas.

(32) La normalización de los requisitos en materia de seguridad es un proceso impulsado por el mercado. Al objeto de garantizar una aplicación convergente de las normas de seguridad, es oportuno que los Estados miembros fomenten el cumplimiento de normas específicas o la conformidad con ellas para así lograr un elevado nivel de seguridad en la Unión. A tal fin, puede ser necesario elaborar normas armonizadas, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (29).

(33) La Comisión debe revisar periódicamente las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en particular con vistas a determinar si es preciso modificarlas a la luz de la cambiante situación de la tecnología o el mercado.

(34) En aras del correcto funcionamiento de la red de cooperación, procede delegar en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de Unión Europea en relación con la determinación de los criterios que debe reunir un Estado miembro para poder ser autorizado a participar en el sistema de intercambio seguro de información, con la especificación de los hechos que activan la alterta temprana y con la definición de las circunstancias en que los operadores del mercado y las administraciones públicas están obligados a notificar incidentes.

(35) Reviste primordial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(36) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, procede conferir competencias de ejecución a la Comisión en lo que respecta a la cooperación entre las autoridades competentes y la Comisión en el marco de la red de cooperación, el acceso a las infraestructuras seguras de intercambio de información, el plan de cooperación de la Unión en materia de SRI, los formatos y procedimientos aplicables a la hora de informar a los ciudadanos sobre incidentes y las normas o especificaciones técnicas en materia de SRI. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (30).

(37) Es conveniente que, a la hora de aplicar la presente Directiva, la Comisión colabore, cuando proceda, con los comités sectoriales y organismos pertinentes establecidos a escala de la UE, especialmente en los ámbitos de la energía, los transportes y la sanidad.

(38) La información que una autoridad competente considere confidencial de acuerdo con las normas nacionales y de la Unión sobre secreto comercial únicamente debe intercambiarse con la Comisión y otras autoridades competentes cuando tal intercambio sea estrictamente necesario a los efectos de la aplicación de la presente Directiva. El intercambio se debe limitar a la información que resulte pertinente y proporcional a la finalidad perseguida.

(39) El intercambio de información sobre riesgos e incidentes en el marco de la red de cooperación y el cumplimiento de la obligación de notificar los incidentes a las autoridades nacionales competentes pueden hacer necesario el tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento es necesario para alcanzar los objetivos de interés público perseguidos por la presente Directiva y es por tanto legítimo en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. No constituye, en relación con esos objetivos legítimos, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho a la protección de los datos personales garantizado por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Al llevar a la práctica la presente Directiva, se debe aplicar, cuando proceda, el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (31). Cuando las instituciones y órganos de la Unión procedan al tratamiento de datos a los efectos de la aplicación de la presente Directiva, dicho tratamiento deberá efectuarse de conformidad con los dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

(40) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un elevado nivel de SRI en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de manera individual y, por consiguiente, debido a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(41) La presente Directiva observa los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, el derecho al respeto de la vida privada y las comunicaciones, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a ser oído. La presente Directiva debe aplicarse de acuerdo con estos derechos y principios.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información (denominada en lo sucesivo “SRI”) en la Unión.

2. A tal fin, la presente Directiva:

a) establece las obligaciones que han de cumplir todos los Estados miembros en materia de prevención, gestión y respuesta a riesgos e incidentes que afecten a las redes y los sistemas de información;

b) establece un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros con el fin de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva en la Unión y, en su caso, una gestión y una respuesta eficaces y coordinadas ante los riesgos e incidentes que afecten a las redes y los sistemas de información;

c) establece requisitos en materia de seguridad para los operadores del mercado y las administraciones públicas.

3. Los requisitos de seguridad previstos en el artículo 14 no serán aplicables a las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público con arreglo a la Directiva 2002/21/CE, que están sujetas a los requisitos específicos de seguridad e integridad establecidos en los artículos 13 bis y 13 ter de dicha Directiva, ni tampoco a los proveedores de servicios de confianza.

4. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la normativa sobre ciberdelincuencia de la UE y de la Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (32).

5. Asimismo, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (33) , de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, y del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (34).

6. El intercambio de información en el marco de la red de cooperación a que se hace referencia en el capítulo III y las notificaciones de incidentes de SRI contempladas en el artículo 14 pueden requerir el tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento, que es necesario para alcanzar los objetivos de interés público perseguidos por la presente Directiva, será autorizado por el Estado miembro interesado de acuerdo con el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE y con la Directiva 2002/58/CE según su adopción en el Derecho interno.

Artículo 2.- Armonización mínima

No se impedirá que los Estados miembros adopten o mantengan disposiciones que garanticen un nivel de seguridad más elevado, sin perjuicio de las obligaciones que les impone la normativa de la Unión.

Artículo 3.- Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) “redes y sistemas de información”:

a) una red de comunicaciones electrónicas en la acepción de la Directiva 2002/21/CE,

b) todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de datos informáticos,

c) los datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por los elementos contemplados en las letras a) y b) para su funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento;

2) “seguridad”: la capacidad de las redes y sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de confianza, a acciones accidentales o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales redes y sistemas de información o accesibles a través de ellos;

3) “riesgo”: toda circunstancia o hecho que pueda tener efectos adversos en la seguridad;

4) “incidente”: toda circunstancia o hecho que tenga efectos adversos en la seguridad;

5) “servicio de la sociedad de la información”: un servicio en la acepción del artículo 1, número 2, de la Directiva 98/34/CE;

6) “plan de cooperación en materia de SRI”: un plan que constituye el marco para las funciones, responsabilidades y procedimientos de organización a fin de mantener o restablecer el funcionamiento de las redes y los sistemas de información en caso de que se vean afectados por un riesgo o incidente;

7) “gestión de incidentes”: todos los procedimientos seguidos para analizar, limitar y responder a un incidente;

8) “operador del mercado”:

a) un proveedor de servicios de la sociedad de la información que posibilitan la prestación de otros servicios de la sociedad de la información, una lista no exhaustiva de los cuales figura en el anexo II;

b) un operador de infraestructuras críticas esenciales para el mantenimiento de actividades económicas y sociales vitales en los sectores de la energía, los transportes, la banca, la bolsa y la sanidad, una lista no exhaustiva de los cuales figura en el anexo II.

9) “norma”: una norma en la acepción del Reglamento (UE) nº 1025/2012;

10) “especificación”: una especificación en la acepción del Reglamento (UE) nº 1025/2012;

11) “proveedor de servicios de confianza”: una persona física o jurídica que presta un servicio electrónico consistente en la creación, verificación, validación, gestión y conservación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, marcas de tiempo electrónicas, documentos electrónicos, servicios de entrega electrónica, autenticación de sitios web y certificados electrónicos, incluidos los certificados de firma electrónica y de sello electrónico.

CAPÍTULO II.- MARCOS NACIONALES DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y DE LA INFORMACIÓN

Artículo 4.- Principio

Los Estados miembros garantizarán un elevado nivel común de seguridad de las redes y los sistemas de información en sus territorios de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.

Artículo 5.- Estrategia nacional de SRI y plan de cooperación nacional en materia de SRI

1. Cada Estado miembro adoptará una estrategia nacional de SRI que establezca los objetivos estratégicos y las medidas estratégicas y reglamentarias concretas para alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad de las redes y de la información.

La estrategia nacional de SRI abordará, en particular, las cuestiones siguientes:

a) Determinación de los objetivos y prioridades de la estrategia sobre la base de un análisis actualizado de riesgos e incidentes.

b) Marco de gobernanza para lograr los objetivos y las prioridades de la estrategia, con una definición clara de las funciones y responsabilidades de las instituciones públicas y los demás agentes pertinentes.

c) Determinación de las medidas generales sobre preparación, respuesta y recuperación, incluidos los mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado.

d) Indicación de los programas de educación, concienciación y formación.

e) Planes de investigación y desarrollo y explicación de la manera en que reflejan las prioridades establecidas.

2. La estrategia nacional de SRI incluirá un plan de cooperación nacional en materia de SRI que contemple como mínimo los siguientes aspectos:

a) Plan de evaluación de riesgos que permita determinarlos y evaluar los efectos de incidentes potenciales.

b) Determinación de las funciones y responsabilidades de los diversos agentes que participan en la ejecución del plan.

c) Determinación de los procedimientos de cooperación y comunicación necesarios para garantizar la prevención, detección, respuesta, reparación y recuperación, adaptados en función del nivel de alerta.

d) Hoja de ruta sobre ejercicios y actividades de formación en el ámbito de la SRI para reforzar, validar y someter a ensayo el plan. La experiencia adquirida se deberá documentar e incorporar a las actualizaciones del plan.

3. La estrategia nacional de SRI y el plan de cooperación nacional en materia de SRI se deberán remitir a la Comisión en el plazo de un mes a partir de su adopción.

Artículo 6.- Autoridad nacional competente en materia de seguridad de las redes y los sistemas de información

1. Cada Estado miembro designará una autoridad nacional competente en materia de seguridad de las redes y los sistemas de información (“la autoridad competente”).

2. Las autoridades competentes supervisarán la aplicación de la presente Directiva a escala nacional y contribuirán a una aplicación coherente de la misma en toda la Unión.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de suficientes recursos técnicos, financieros y humanos para llevar a cabo las tareas a ellas asignadas de forma eficiente y eficaz y cumplir así los objetivos de la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán una cooperación eficiente, eficaz y segura entre las autoridades competentes a través de la red a que se hace referencia en el artículo 8.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes reciban las notificaciones de incidentes de las administraciones públicas y los operadores del mercado con arreglo al artículo 14, apartado 2, y se les confieran las competencias de aplicación a que se refiere el artículo 15.

5. Las autoridades competentes llevarán a cabo consultas y cooperarán, cuando proceda, con las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades responsables de la protección de datos.

6. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión la autoridad competente que hayan designado, su cometido y cualquier cambio posterior que se introduzca en él. Los Estados miembros harán pública la designación de la autoridad competente.

Artículo 7.- Equipo de respuesta a emergencias informáticas

1. Cada Estado miembro creará un equipo de respuesta a emergencias informáticas (en lo sucesivo, “CERT”) responsable de la gestión de incidentes y riesgos de acuerdo con un procedimiento claramente definido, que se ajustará a los requisitos establecidos en el anexo I, punto 1. Podrá crearse un CERT en el marco de la autoridad competente.

2. Los Estados miembros velarán por que los CERT cuenten con suficientes recursos técnicos, financieros y humanos para llevar a cabo efectivamente las tareas que les correspondan, establecidas en el anexo I, punto 2.

3. Los Estados miembros velarán por que los CERT dispongan a escala nacional de infraestructuras de comunicación e información seguras y resilientes, que serán compatibles e interoperables con el sistema seguro de intercambio de información a que se hace referencia en el artículo 9.

4. Los Estados miembros informarán a la Comisión de los recursos, el mandato y el procedimiento de gestión de incidentes de los CERT.

5. Los CERT actuarán bajo la supervisión de la autoridad competente, que comprobará periódicamente la adecuación de sus recursos, su mandato y la eficacia de su procedimiento de gestión de incidentes.

CAPÍTULO III.- COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 8.- Red de cooperación

1. Las autoridades competentes y la Comisión crearán una red (“red de cooperación”) para colaborar contra los riesgos e incidentes que afecten a las redes y los sistemas de información.

2. La Comisión y las autoridades competentes mantendrán una comunicación constante en el marco de la red de cooperación. Cuando así se le solicite, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (“ENISA”) asistirá a la red de cooperación ofreciéndole su experiencia, conocimientos y asesoramiento.

3. En el marco de la red de cooperación, las autoridades competentes:

a) difundirán alertas tempranas sobre riesgos e incidentes de conformidad con el artículo 10;

b) ofrecerán una respuesta coordinada de conformidad con el artículo 11;

c) publicarán periódicamente en un sitio web común información no confidencial sobre las alertas tempranas y las respuestas coordinadas en curso;

d) examinarán y evaluarán conjuntamente, a petición de un Estado miembro o de la Comisión, uno o varios planes de cooperación nacionales en materia de SRI y estrategias nacionales de SRI, contemplados en el artículo 5, en el marco de la presente Directiva;

e) examinarán y evaluarán conjuntamente, a petición de un Estado miembro o de la Comisión, la eficacia de los CERT, especialmente cuando los ejercicios de SRI se realicen a escala de la Unión;

f) cooperarán e intercambiarán información sobre todas las cuestiones pertinentes con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol y con otros organismos europeos pertinentes, en particular en los sectores de la protección de datos, la energía, los transportes, la banca, la bolsa y la sanidad;

g) intercambiarán información y mejores prácticas entre sí y con la Comisión, y se ayudarán mutuamente con el fin de crear capacidades en materia de SRI;

h) organizarán revisiones por homólogos periódicas sobre capacidades y preparación;

i) organizarán ejercicios de SRI a escala de la Unión y participarán, en su caso, en ejercicios de SRI internacionales.

4. La Comisión establecerá mediante actos de ejecución las disposiciones necesarias para facilitar la cooperación entre las autoridades competentes y la Comisión a que se hace referencia en los apartados 2 y 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de consulta contemplado en el artículo 19, apartado 2.

Artículo 9.- Sistema seguro de intercambio de información

1. El intercambio de información delicada y confidencial dentro de la red de cooperación se efectuará a través de una infraestructura segura.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 18 a fin de fijar los criterios que ha de reunir un Estado miembro para ser autorizado a participar en el sistema seguro de intercambio de información, en relación con:

a) la disponibilidad a escala nacional de infraestructuras de comunicación e información seguras y resilientes que sean compatibles e interoperables con la infraestructura segura de la red de cooperación de conformidad con el artículo 7, apartado 3, y

b) la existencia de recursos y procedimientos técnicos, financieros y humanos adecuados para su autoridad competente y el CERT, de modo que sea posible una participación eficiente, eficaz y segura en el sistema seguro de intercambio de información contemplado en el artículo 6, apartado 3, el artículo 7, apartado 2, y el artículo 7, apartado 3.

3. La Comisión adoptará mediante actos de ejecución decisiones sobre el acceso de los Estados miembros a esta infraestructura segura, con arreglo a los criterios mencionados en los apartados 2 y 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 19, apartado 3.

Artículo 10.- Alertas tempranas

1. Las autoridades competentes o la Comisión difundirán alertas tempranas en el marco de la red de cooperación en relación con los riesgos e incidentes que cumplan como mínimo una de las condiciones siguientes:

a) riesgos e incidentes cuya magnitud aumente o pueda aumentar rápidamente;

b) riesgos e incidentes que sobrepasen o puedan sobrepasar la capacidad nacional de respuesta;

c) riesgos e incidentes que afecten o puedan afectar a más de un Estado miembro.

2. Las autoridades competentes y la Comisión incluirán en sus alertas tempranas toda la información pertinente que obre en su poder y pueda ser de utilidad para evaluar el riesgo o incidente.

3. A petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que proporcione la información pertinente sobre un riesgo o incidente concreto.

4. Cuando se sospeche que el riesgo o incidente objeto de una alerta temprana es de carácter delictivo, las autoridades competentes o la Comisión informarán de ello al Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 18 con el fin de especificar los riesgos e incidentes que pueden activar la alerta temprana mencionada en el apartado 1.

Artículo 11.- Respuesta cordinada

1. Cuando reciban la alerta temprana a que se refiere el artículo 10, las autoridades competentes evaluarán la información pertinente y acordarán una respuesta coordinada de conformidad con el plan de cooperación de la Unión en materia de SRI contemplado en el artículo 12.

2. Las diversas medidas adoptadas a escala nacional a raíz de la respuesta coordinada se notificarán a la red de cooperación.

Artículo 12.- Plan de cooperación de la Unión en materia de SRI

1. La Comisión estará facultada para adoptar mediante actos de ejecución un plan de cooperación de la Unión en materia de SRI. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 19, apartado 3.

2. El plan de cooperación de la Unión en materia de SRI establecerá:

a) a los efectos del artículo 10:

– el formato y los procedimientos de recopilación e intercambio de información compatible y comparable sobre riesgos e incidentes por parte de las autoridades competentes,

– los procedimientos y criterios de evaluación de riesgos e incidentes por parte de la red de cooperación;

b) los procedimientos que se han de seguir para ofrecer las respuestas coordinadas previstas en el artículo 11, entre ellos el reparto de funciones y responsabilidades y los procedimientos de cooperación;

c) una hoja de ruta sobre ejercicios y actividades de formación en el ámbito de la SRI para reforzar, validar y someter a ensayo el plan;

d) un programa de transferencia de conocimientos entre los Estados miembros en materia de desarrollo de capacidades y aprendizaje entre homólogos;

e) un programa de concienciación y formación entre los Estados miembros.

3. El plan de cooperación de la Unión en materia de SRI deberá adoptarse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva y se revisará periódicamente.

Artículo 13.- Cooperación internacional

Sin perjuicio de la posibilidad de que la red de cooperación mantenga relaciones informales de colaboración a escala internacional, la Unión podrá concluir acuerdos internacionales con terceros países u organizaciones internacionales que hagan posible y organicen su participación en algunas actividades de la red de cooperación. En tales acuerdos se tendrá en cuenta la necesidad de deparar una protección adecuada a los datos personales que circulen en la red de cooperación.

CAPÍTULO IV.- SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LOS OPERADORES DEL MERCADO

Artículo 14.- Requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes

1. Los Estados miembros velarán por que las administraciones públicas y los operadores del mercado tomen las medidas técnicas y de organización apropiadas para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los sistemas de información que controlan y utilizan en sus operaciones. Habida cuenta del estado de la técnica, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado en relación con el riesgo existente. En particular, adoptarán medidas para prevenir y reducir al mínimo los efectos de los incidentes que afecten a sus redes y sistemas de información en los servicios básicos que prestan, garantizando de este modo la continuidad de los servicios que dependen de tales redes y sistemas de información.

2. Los Estados miembros velarán por que las administraciones públicas y los operadores del mercado notifiquen a la autoridad competente los incidentes que tengan efectos significativos en la seguridad de los servicios básicos que prestan.

3. Los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los operadores del mercado que prestan servicios en la Unión Europea.

4. Cuando estime que la divulgación de un incidente redunda en el interés público, la autoridad competente podrá informar de él a los ciudadanos o pedir a las administraciones públicas y los operadores del mercado que lo hagan. Una vez al año, la autoridad competente presentará a la red de cooperación un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de acuerdo con el presente apartado.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 18 con el fin de determinar las circunstancias en que las administraciones públicas y los operadores del mercado estarán obligados a notificar incidentes.

6. A reserva de cualesquiera actos delegados adoptados en virtud del apartado 5, las autoridades competentes podrán adoptar directrices y, en caso necesario, impartir instrucciones sobre las circunstancias en que las administraciones públicas y los operadores del mercado estarán obligados a notificar incidentes.

7. La Comisión estará facultada para determinar mediante actos de ejecución los formatos y procedimientos aplicables a los efectos del apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 19, apartado 3.

8. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a las microempresas, según la definición que recoge la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (35).

Artículo 15.- Aplicación y observancia

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de todas las competencias necesarias para investigar los casos de incumplimiento por parte de las administraciones públicas o los operadores del mercado de las obligaciones que les impone el artículo 14 y los efectos que tengan en la seguridad de las redes y los sistemas de información.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para exigir a los operadores del mercado y a las administraciones públicas:

a) que proporcionen la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas de información, incluida la documentación sobre las políticas de seguridad;

b) que se sometan a una auditoría de seguridad practicada por un organismo independiente o una autoridad nacional cualificados y pongan los resultados en conocimiento de la autoridad competente.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para impartir instrucciones vinculantes a los operadores del mercado y a las administraciones públicas.

4. Las autoridades competentes notificarán los incidentes de carácter grave y supuestamente delictivo a los cuerpos de seguridad.

5. Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades responsables de la protección de datos personales a la hora de hacer frente a incidentes que den lugar a violaciones de datos personales.

6. Los Estados miembros garantizarán que cualesquiera obligaciones impuestas a las administraciones públicas y a los operadores del mercado en virtud del presente capítulo puedan estar sujetas a control judicial.

Artículo 16.- Normalización

1. A fin de garantizar una aplicación convergente de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, los Estados miembros fomentarán la utilización de las normas y especificaciones pertinentes en materia de seguridad de las redes y la información.

2. La Comisión elaborará mediante actos de ejecución una lista de las normas mencionadas en el apartado 1. Dicha lista se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17.- Sanciones

1. Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones adoptadas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán esas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha de transposición de la presente Directiva, y le notificarán además sin demora cualquier modificación posterior que les afecte.

2. Los Estados miembros garantizarán que, en caso de que un incidente de seguridad afecte a datos personales, las sanciones previstas guarden coherencia con las sanciones establecidas en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (36).

Artículo 18.- Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 5, y el artículo 14, apartado 5. La Comisión elaborará un informe sobre los poderes delegados a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará automáticamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 5, y el artículo 14, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto al día siguiente de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9, apartado 2, del artículo 10, apartado 5, y del artículo 14, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Este plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 19.- Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un comité (el Comité de Seguridad de las Redes y de la Información). Dicho comité será un comité en la acepción del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 20.- Revisión

La Comisión revisará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva e informará al Parlamento Europeo y al Consejo. El primer informe se presentará a más tardar tres años después de la fecha de transposición mencionada en el artículo 21. A tal fin, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que faciliten información sin demoras injustificadas.

Artículo 21.- Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar (un año y medio después de la fecha de adopción), las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.

Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Aplicarán esas medidas a partir del (un año y medio después de la fecha de adopción).

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 22.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el (vigésimo) día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 23.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo, El Presidente

Por el Consejo,  El Presidente

ANEXO I.- Obligaciones y tareas del equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT)

Las obligaciones y tareas del CERT estarán adecuada y claramente definidas y se basarán en la política o la reglamentación nacional. Incluirán los siguientes elementos:

1) Obligaciones del CERT

a) El CERT garantizará una gran disponibilidad de sus servicios de comunicaciones evitando los fallos puntuales simples y contará con varios medios para ser contactado y contactar con otros. Además, los canales de comunicación estarán claramente especificados y serán bien conocidos por los grupos de usuarios y los socios colaboradores.

b) El CERT aplicará y gestionará medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información que reciba y trate.

c) Las dependencias del CERT y los sistemas de información de apoyo estarán situados en lugares seguros.

d) Se creará un sistema de calidad de la gestión del servicio a fin de supervisar el funcionamiento del CERT y garantizar un proceso continuo de mejora. Se basará en sistemas de medición claramente definidos, entre los que figurarán niveles de servicio formales e indicadores de resultados clave.

e) Continuidad de las actividades:

– El CERT dispondrá de un sistema adecuado para gestionar y encaminar las solicitudes con el fin de facilitar los traspasos.

– El CERT contará con personal suficiente para garantizar su disponibilidad en todo momento.

– El CERT dependerá de infraestructuras cuya continuidad esté asegurada. A tal fin, se crearán sistemas redundantes y espacios de trabajo de reserva para el CERT al objeto de garantizar un acceso permanente a los medios de comunicación.

2) Tareas del CERT

a) Entre las tareas del CERT figurarán como mínimo las siguientes:

– Supervisar incidentes a escala nacional.

– Difundir alertas tempranas, alertas, avisos e información sobre riesgos e incidentes entre las partes interesadas.

– Responder a incidentes.

– Efectuar un análisis dinámico de riesgos e incidentes y de conocimiento de la situación.

– Lograr una amplia concienciación del público sobre los riesgos vinculados a las actividades en línea.

– Organizar campañas sobre la SRI.

b) El CERT entablará relaciones de cooperación con el sector privado.

c) A fin de facilitar la cooperación, el CERT fomentará la adopción y utilización de prácticas comunes o normalizadas:

– Procedimientos de gestión de incidentes y riesgos.

– Sistemas de clasificación de incidentes, riesgos e información.

– Taxonomías de sistemas de medición.

– Formatos de intercambio de información sobre riesgos e incidentes y convenciones sobre la denominación de sistemas.

ANEXO II.- Lista de operadores del mercado

Contemplados en el artículo 3, apartado 8, letra a):

1. Plataformas de comercio electrónico.

2. Pasarelas de pago por Internet.

3. Redes sociales.

4. Motores de búsqueda.

5. Servicios de computación en nube.

6. Tiendas de aplicaciones.

Contemplados en el artículo 3, apartado 8, letra b):

1. Energía:

– Proveedores de gas y electricidad.

– Gestores de redes de distribución de gas o electricidad y minoristas para consumidores finales.

– Gestores de redes de transporte de gas natural, gestores de almacenamiento y gestores de GNL.

– Gestores de redes de transporte de electricidad.

– Oleoductos de transporte de crudo y almacenamiento de crudo.

– Operadores de los mercados del gas y la electricidad.

– Operadores de producción de crudo y gas natural, instalaciones de refinado y tratamiento.

2. Transportes:

– Compañías aéreas (transporte aéreo de mercancías y pasajeros).

– Compañías de transporte marítimo (empresas de transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros y empresas de transporte marítimo y de cabotaje de mercancías).

– Compañías ferroviarias (gestores de infraestructuras, compañías integradas y operadores de transporte ferroviario).

– Aeropuertos.

– Puertos.

– Operadores de control de la gestión del tráfico.

– Servicios logísticos auxiliares (a) depósito y almacenamiento, b) manipulación de la carga y c) otras actividades auxiliares del transporte).

3. Banca: entidades de crédito con arreglo a la definición del artículo 4, número 1, de la Directiva 2006/48/CE.

4. Infraestructuras de los mercados financieros: bolsas y entidades de contrapartida central.

5. Sector sanitario: entornos de asistencia sanitaria (entre ellos hospitales y clínicas privadas) y otras entidades que prestan asistencia sanitaria.

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA

1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa

1.4. Objetivos

1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa

1.6. Duración e incidencia financiera

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)

2. MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes

2.2. Sistema de gestión y de control

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2. Incidencia estimada en los gastos

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos

3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones

3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5. Contribución de terceros

3.3. Incidencia estimada en los ingresos

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión.

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA (37)

– 09 – Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías

1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa

: La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva

… La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria (38)

… La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente

… La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa

La Directiva propuesta tiene como objetivo garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información (SRI) en la Unión.

1.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

La propuesta establece medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Instaurar un nivel mínimo de SRI en los Estados miembros e incrementar de este modo el nivel global de preparación y respuesta.

2. Aumentar la cooperación en materia de SRI a escala de la UE con el fin de hacer frente con eficacia a incidentes y amenazas transfronterizos. Se creará una infraestructura segura para compartir información delicada y confidencial entre las autoridades competentes.

3. Crear una cultura de gestión de riesgos y mejorar el intercambio de información entre los sectores público y privado.

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

La Directiva se aplica a entidades (empresas y organizaciones, incluidas algunas pymes) de una serie de sectores (energía, transportes, entidades de crédito y bolsas, sanidad y facilitadores de servicios clave de Internet), así como a las administraciones públicas.

Establece vínculos con los cuerpos de seguridad y la protección de datos, así como con aspectos de la SRI en el ámbito de las relaciones exteriores.

– 09 – Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías

– 02 – Empresa

– 32 – Energía

– 06 – Movilidad y Transporte

– 17 – Sanidad y Protección de los Consumidores

– 18 – Asuntos Internos

– 19 – Relaciones Exteriores

– 33 – Justicia

– 12- Mercado Interior

1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población destinataria.

La protección de los consumidores, las empresas y las administraciones de la UE frente a incidentes, amenazas y riesgos de SRI aumentaría considerablemente.

Para más información, consúltese la sección 8.2 (Efectos de la 2ª opción – Enfoque reglamentario) de la evaluación de impacto que figura en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a la presente propuesta legislativa.

1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa.

Los indicadores de control y evaluación pueden consultarse en la sección 10 de la evaluación de impacto.

1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo

Cada Estado miembro deberá contar con:

– una estrategia nacional de SRI;

– un plan de cooperación nacional en materia de SRI;

– una autoridad nacional competente en materia de SRI; y

– un equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT).

A escala de la UE, los Estados miembros deberán cooperar a través de una red.

Las administraciones públicas y los agentes clave del sector privado deberán proceder a una gestión de riesgos de SRI y notificar a las autoridades competentes los incidentes de SRI con efectos significativos.

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea

Dado el carácter transfronterizo de la SRI, las divergencias entre las legislaciones y estrategias pertinentes representan un obstáculo para que las empresas ejerzan sus actividades en varios países y logren economías de escala globales. Si la UE no interviniese, cada Estado miembro actuaría por separado sin tener en cuenta las interdependencias entre las redes y los sistemas de información.

Por consiguiente, los objetivos previstos pueden lograrse mejor mediante una actuación de la UE que mediante la intervención de cada Estado miembro por su cuenta.

1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

La propuesta se deriva de la conclusión de que son precisas obligaciones reglamentarias para introducir condiciones de igualdad y colmar ciertas lagunas legislativas. En este ámbito, los planteamientos meramente voluntarios han dado lugar a una cooperación limitada a una minoría de Estados miembros con un elevado nivel de capacidades.

1.5.4. Coherencia y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes

La propuesta guarda total coherencia con la Agenda Digital para Europa y, por tanto, con la Estrategia Europa 2020. Es también coherente con el marco regulador de los servicios de comunicaciones electrónicas de la UE, la Directiva de la UE sobre infraestructuras críticas europeas y la Directiva de la UE sobre protección de datos.

La propuesta acompaña a la Comunicación de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre una estrategia europea de ciberseguridad, y forma parte esencial de la misma.

1.6. Duración e incidencia financiera

– ⌧ Propuesta/iniciativa de duración limitada

– ⌧ Propuesta/iniciativa en vigor desde (el) (DD/MM)AAAA hasta (el) (DD/MM)AAAA

– ⌧ Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA

– ⌧ Propuesta/iniciativa de duración ilimitada

– El período de transposición se iniciará inmediatamente después de la adopción (prevista para 2015) y durará 18 meses. La aplicación de la Directiva, sin embargo, comenzará tras su adopción y entrañará la implantación de infraestructuras seguras que respalden la cooperación entre los Estados miembros.

– y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s) (39)

– ⌧ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión

– ⌧ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:

– ⌧ agencias ejecutivas

– ⌧ organismos creados por las Comunidades (40)

– ⌧ organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público

– ⌧ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas en el acto de base pertinente a efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Financiero

– ⌧ Gestión compartida con los Estados miembros

– ⌧ Gestión descentralizada con terceros países

– ⌧ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (Agencia Espacial Europea)

Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.

Observaciones:

La ENISA, agencia descentralizada creada por las Comunidades, puede asistir a los Estados miembros y la Comisión en la aplicación de la Directiva sobre la base de su mandato y mediante la reasignación de recursos prevista en el MFP 2014-2020 para esta agencia.

2. MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes

Especifíquense la frecuencia y las condiciones.

La Comisión revisará periódicamente el funcionamiento de la Directiva e informará de ello al Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión también evaluará la correcta transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros.

La propuesta de Mecanismo “Conectar Europa” (MCE) también prevé la posibilidad de proceder a una evaluación de las modalidades de realización de los proyectos, así como del impacto de su ejecución, a fin de determinar si se han conseguido los objetivos, incluidos los correspondientes a la protección del medio ambiente.

2.2. Sistema de gestión y de control

2.2.1. Riesgos definidos

– Retrasos en la ejecución del proyecto debidos a la construcción de infraestructuras seguras.

2.2.2. Método(s) de control previsto(s)

En los acuerdos y decisiones suscritos para llevar a cabo las medidas integradas en el MCE deben preverse la supervisión y el control financiero por la Comisión o cualquier representante autorizado de esta, así como las auditorías del Tribunal de Cuentas y las verificaciones in situ a cargo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

2.2.3. Costes y beneficios de los controles y porcentaje probable de incumplimiento

Gracias a los controles ex ante y ex post basados en el riesgo, así como a la posibilidad de efectuar auditorías in situ, los costes de los controles serán razonables.

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas.

La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las acciones financiadas en el marco de la presente Directiva, los intereses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados para auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión en el marco del programa.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar controles y verificaciones in situ de los operadores económicos afectados directa o indirectamente por dicha financiación de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96, con vistas a establecer cualquier posible fraude, corrupción u otra actividad ilegal que ataña a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato relativo a la financiación de la Unión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los acuerdos de cooperación con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los convenios y decisiones de subvención y los contratos derivados de la aplicación de la presente Directiva, facultarán expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo las auditorías y los controles y verificaciones in situ mencionados.

En el marco del MCE, los contratos de subvención y los contratos públicos se basarán en modelos normalizados en los que constarán las medidas antifraude generalmente aplicables.

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

• Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

3.2.

………………………………………………………………………………………………………..

3.2.1.

…………………………………………………………………………………………………………

3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones

………………………………………………………………………………………………………..

3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.3.1. Resumen

……………………………………………………………………………………………………. 

3.2.3.2. Necesidades estimadas de recursos humanos

3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5. Contribución de terceros

– La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros.

3.3. Incidencia estimada en los ingresos

– ⌧ La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

——————————————————————————————

(1) La consulta pública en línea sobre la mejora de la seguridad de las redes y de la información en la UE se desarrolló del 23 de julio al 15 de octubre de 2012.

(2) Eurobarómetro 390/2012.

(3) COM(2001) 298.

(4) COM(2006) 251 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0251es01.pdf.

(5) 2007/068/01.

(6) COM(2009) 149.

(7) 2009/C 321/01.

(8) COM(2010) 245.

(9) Conclusiones del Consejo de 31 de mayo de 2010 sobre la Agenda Digital para Europa (10130/10).

(10) COM(2010) 2020 y Conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2010 (EUCO 7/10).

(11) COM(2011) 163.

(12) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0460:ES:HTML.

(13) COM(2010) 521.

(14) Véase http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/regframeforec_dec2009.pdf.

(15) Artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva Marco.

(16) Directiva 2002/58/CE de 12 de julio de 2002.

(17) COM(2012) 11.

(18) COM(2006) 786, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0786es01.pdf.

(19) COM(2010) 517, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0517:FIN:ES:PDF.

(20) COM(2012) 140 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0140:FIN:ES:PDF.

(21) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-597_en.htm.

(22) http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/public-private-partnership/european-publicprivate-partnership-for-resilience-ep3r.

(23) Reglamento (CE) n° 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1).

(24) DO C (…) de (…), p. (…).

(25) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(26) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

(27) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

(28) SEC(2012) 72 final.

(29) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

(30) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

(31) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(32) DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.

(33) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(34) SEC(2012) 72 final.

(35) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

(36) SEC(2012) 72 final

(37) GPA: gestión por actividades. PPA: presupuestación por actividades.

(38) Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letra a) o b), del Reglamento Financiero.

(39) Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

(40) Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento Financiero.

Art. 35. – 1. “Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que constare acerca de los mismos en registros mecanográficos, así como el fin a que se destinan las informaciones, pudiendo exigir la rectificación de los datos y su actualización”

               2. “La informática no podrá ser usada para el tratamiento de datos referentes a convicciones política, fe,  religiosas o vida privada, excepto cuando se trate del proceso de datos no identificables para fines estadísticos”.

               2  “Queda prohibida la atribución de un número nacional único a los ciudadanos”

Constituição da República Portuguesa

Lei Constitucional nº 1/97, DR-I-A, 20.09

Preâmbulo

A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista.

Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa.

A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país.

A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno.
A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de Abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa:

Princípios fundamentais

Artigo 7º.- Relações internacionais

1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade.

2. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança colectiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos.

3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão.

4. Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com os países de língua portuguesa.

5. Portugal empenha-se no reforço da identidade europeia e no fortalecimento da acção dos Estados europeus a favor da democracia, da paz, do progresso económico e da justiça nas relações entre os povos.

6. Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelo princípio da subsidiariedade e tendo em vista a realização da coesão económica e social, convencionar o exercício em comum dos poderes necessários à construção da união europeia.

Artigo 8º.- Direito internacional

1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito português.

2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português.

3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos.

PARTE I .– Direitos e deveres fundamentais

TÍTULO I .– Princípios gerais

Artigo 17º.- Regime dos direitos, liberdades e garantias

O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos fundamentais de natureza análoga.

TÍTULO II.- Direitos, liberdades e garantias

CAPÍTULO I.- Direitos, liberdades e garantias pessoais

Artigo 25º.- Direito à integridade pessoal

1. A integridade moral e física das pessoas é inviolável.

2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos.

Artigo 26º.- Outros direitos pessoais

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação.

2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou contrária à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias.

3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica.

4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como fundamento motivos políticos.

Artigo 27º.- Direito à liberdade e à segurança

1. Todos têm direito à liberdade e à segurança.

2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança.

3. Exceptua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei determinar, nos casos seguintes:

a) Detenção em flagrante delito;

b) Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos;

c) Prisão, detenção ou outra medida coactiva sujeita a controlo judicial, de pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão;

d) Prisão disciplinar imposta a militares, com garantia de recurso para o tribunal competente;

e) Sujeição de um menor a medidas de protecção, assistência ou educação em estabelecimento adequado, decretadas pelo tribunal judicial competente;

f) Detenção por decisão judicial em virtude de desobediência a decisão tomada por um tribunal ou para assegurar a comparência perante autoridade judiciária competente;

g) Detenção de suspeitos, para efeitos de identificação, nos casos e pelo tempo estritamente necessários;

h) Internamento de portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado por autoridade judicial competente.

4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada imediatamente e de forma compreensível das razões da sua prisão ou detenção e dos seus direitos.

5. A privação da liberdade contra o disposto na Constituição e na lei constitui o Estado no dever de indemnizar o lesado nos termos que a lei estabelecer.

Artigo 34º.- Inviolabilidade do domicílio e da correspondência

1. O domicilio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis.

2. A entrada no domicilio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei.

3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicilio de qualquer pessoa sem o seu consentimento.

4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal.

Artigo 35º.- Utilização da informática

1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei.

2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, designadamente através de entidade administrativa independente.

3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.

4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei.

5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos.

6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de protecção de dados pessoais e de outros cuja

salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional.

7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei.

CAPÍTULO II.- Competência

Artigo 161º.- Competência política e legislativa

Compete à Assembleia da República:

Artículo 1

Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

Artículo 2

1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos: las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza las obras dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.

3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística.

4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.

5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.

6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión.

Esta protección beneficiara al autor y a sus derechohabientes.

7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

Artículo 2 BIS

1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en el artículo anterior a los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales.

2) Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el Artículo 11 bis, 1) del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue.

3) Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes.

Artículo 3

1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:

a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no;

b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.

3) Se entiende por “obras publicadas”, las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación publica de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación.

Artículo 4

Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurran las condiciones previstas en el Artículo 3:

a) los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países de la Unión;

b) los autores de obras arquitectónicas edificadas en una país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión.

Artículo 5

1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecido por el presente Convenio.

2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.

4) Se considera país de origen:

a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el término de protección más corto;

b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país;

c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo,

i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y

ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obra de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, este será el país de origen.

Artículo 6
1) Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Si el país en que obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país.

2) Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una obra publicada en un país de al Unión antes del establecimiento de aquella restricción.

3) Los países de la Unión que en virtud de este artículo, restrinjan la protección de los derechos de los autores, lo notificarán al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo designado con la expresión “Director General”) mediante una declaración escrita en la cual se indicarán los países incluidos en la restricción, lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los derechos de los autores pertenecientes a estos países. El Director General lo comunicará inmediatamente a todos los países de la Unión.

Artículo 6 BIS

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Artículo 7

1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.

3) Para las obras anónimas o seudónima, el plazo de protección concedido por le presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deja, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1). Si el autor de una obra anónima o
seudónima revela su identidad durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1). Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace cincuenta años.

4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.

5) El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primer de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.

6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.

7) Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.

8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo a menos que la legislación de este país no disponga otra o esa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

Artículo 7 BIS

Las disposiciones del artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el período consecutivo a la muerte del autor se celebrará a partir de la muerte del último superviviente de los colaboradores.

Artículo 8

Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la tradición de sus obras mientras duren sus derecho, sobre la obra original.

Artículo 9

1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

Artículo 10

1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales con tal de que esa utilización sea conforme a los usos
honrados.

3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Artículo 10 BIS

1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.

2) Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.

Artículo 11

1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

1º la representación y ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos;

2º la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramáticomusicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 11 BIS

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar;

1º la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;

2º toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;

3º la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonido o de imágenes de la obra radiodifundida.

2) Corresponde a las legislaciones de los países e la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de
acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1) del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de sus excepcional carácter de documentación.

Artículo 11 TER

1) Los autores de obras literarias gozarán del derecho de autorizar:

1º la recitación pública de sus obras comprendida la recitación pública por cualquier medio o procedimiento;

2º la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.

2) Igualmente derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus obras.

Artículo 12

Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.

Artículo 13

1) Cada país de la Unión, podrá por lo que le concierne, establecer reservas y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una ora musical y del autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

2) Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la Unión conforme al Artículo 13.3) de los Convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de reproducciones sin el consentimiento del autor de la obra musical, hasta la expiración de un período de dos años a contar de la fecha en que dicho país quede obligado por la presente Acta.

3) Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1) y 2) del presente artículo e importadas, sin autorización de las partes interesadas en un país del que estas grabaciones no sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país.

Artículo 14

1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar:

1º  la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas;

2º la representación, ejecución publica y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas.

2) La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales.

3) Las disposiciones del Artículo 13.1) no sea aplicables.

Artículo 14 BIS

1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior.

2)

a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame.

b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica.

c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita
que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

d) Por “estipulación en contrario o particular” se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso.

3) A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2) b) anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de esta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2) b) citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

Artículo 14 TER

1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritos y Compositores, el autor -o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos – gozaran del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el auditor.

2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que sea protección sea reclamada.

3) Las legislaciones nacionales determinarán las modificaciones de la percepción y el monto a percibir.

Artículo 15

1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo pruebas de contrario, considerados como tales y admitidos en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastara que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual.
El presente párrafo se aplicara también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.

2) Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.

3) Para los obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.

4)

a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de una país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.

b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán al Director General mediante una declaración escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director General comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión.

Artículo 16

1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de decomiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal.

2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones precedentes de un país en que la obra lo esté protegida o haya dejado de estarlo.

3) El decomiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.

Artículo 17

Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas a de policía interior la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.

Artículo 18

1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.

2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concebido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.

3) La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas de los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En derecho de tales estipulaciones los países respectivos regularan, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.

4) Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del Artículo 7 o por renuncia a reservas.

Artículo 19

Las disposiciones el presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión.

Artículo 20

Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que responsan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables.

Artículo 21

1) En el Anexo figuran disposiciones especiales conocimientos a los países en desarrollo.

2) Con reserva de las disposiciones del Artículo 23.1) b), el Anexo forma parte integrante de la presente Acta.

Artículo 22

1)

a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los Artículos 22 a 26.

b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado

2)

a) La Asamblea:

i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (limitada en lo sucesivo “la Oficina Internacional”, a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo “la Organización”), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 22 a 26;

iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;

iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;

v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;

vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto trienal de la Unión y aprobará sus balances instrucciones;

vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;

viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;

ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y que organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;

x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 22 a 26; xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;

xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;

xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece al Organización.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tornará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3)

a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, esta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban parque se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantengan la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 26.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como un voto.

f) Cada delegado no podrá representar mas que a un solo país no podrá votar mas que en nombre de él.

g) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones encalidad de observadores.

4)

a) La Asamblea se reunirá una vez cada tres años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

5) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 23

1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.

2)

a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la Organización dispondrá, ex oficio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25.7) b).

b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los impuestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares que pudieran ser establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

5)

a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde las clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.

c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6)

a) El Comité Ejecutivo:

i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;

ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto trienales de la Unión preparados por el Director General;

iii) se pronunciará, dentro de los límites del programa y de presupuesto trienal, sobre los programas y presupuestos anuales preparados por el Director General;

iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;

v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;

vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)

a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo período y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta parte de sus miembros.

8)

a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.

c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.

d) La abstención no se considerará como un voto.

e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.

9) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 24

1)

a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.

c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.

2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección del derecho de autor. Cada país de la Unión comunicara lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección del derecho de autor.

3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.

4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección del derecho de autor.

5) La Oficina Internacional realizara estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección del derecho de autor.

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, ex oficio, secretario de esos órganos.

7)

a) La Oficina Internacional siguiente las instrucción de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los Artículos 22 a 26.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.

c) El Director General y las personas que él designe participarán sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 25

1)

a) La Unión tendrá un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:

i) Las contribuciones de los países de la Unión;

ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

iv) las donaciones, legados y subvenciones;

v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4)

a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:
Clase I………….. 25
Clase II…………. 20
Clase III…………. 15
Clase IV………… 10
Clase V…………. 5
Clase VI………… 3
Clase VII……….. 1

b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.

d) Las contribuciones vencen el 10 de enero de cada año.

e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembros, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancia excepcionales e inevitables.

f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) la cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por calidad de la Unión sera fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.

6)

a) La Unión poseerá un fondo de operaciones consultivo por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyo el fondo o se decidió el aumento.

c) La proporción y las modalidades de pago determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)

a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdo separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex oficio, en el Comité Ejecutivo.

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 26

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 22, 23, 24, 25 y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) será adoptada por la Asamblea. la adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 22 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constituciones, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean, miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión sólo obligara a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 27

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con el objeto de introducir en él las materias que tendrán a perfeccionar el sistema de la Unión.

2) Para tales efectos se celebrarán entre los delegados de los países de la Unión conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.

3) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 26 aplicables a la modificación de los Artículos 22 a 26, toda revisión de la presente Acta, incluido el Anexo, requerirá la unanimidad e los votos emitidos.

Artículo 28

1)

a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán en poder el Director General.

b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable a los Artículos 1 a 21 ni al Anexo; sin embargo, si ese país hubiese hecho ya una declaración según el Artículo VI.1) del Anexo, sólo podrá declarar en dicho instrumento que su ratificación o su adhesión no se aplica a los Artículos 1 a 20.

c) Cada uno de los países que, de conformidad con el apartado b) haya excluido las disposiciones allí establecidas de los efectos de su ratificación o de su adhesión podrá, en cualquier momento ulterior declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a esas disposiciones. Tal declaración se depositará en poder del Director General.

2)

a) Los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las dos condiciones siguientes.

i) que cinco países de la Unión por lo menos hayan ratificado la presente Acta o se hayan adherido a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1) b);

ii) que España, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hayan quedado obligados por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, tal como ha sido revisada en París el 24 de julio de 1971.

b) La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartado a) se hará efectiva respecto de los países de la Unión que, tres meses antes de dicha entrada en vigor, hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión que no contengan una declaración de conformidad con el apartado 1) b

c) Respecto de todos los países de la Unión a los que no resulte aplicable el apartado b) y que ratifiquen la presente Acta o se adhieran a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1) b), los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión en cuestión a menos que en el instrumento depositado se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor respecto de ese país en la fecha así indicada.

d) Las disposiciones de los apartados a) a c) no afectarán la aplicación del Artículo VIdel Anexo. 3) Respecto de cada país de la Unión que ratifique la presente Acta o se adhiera a ella con o sin declaración de conformidad con el apartado 1) b), los Artículos 22 a 38entraran en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito del instrumento depositado. En este último caso, los Artículos 22 a 38 entrarán en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Artículo 29

1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser parte en el presente Convenio y miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Director General.

2)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el presente Convenio entrara en vigor, respecto de todo país externo a la Unión, tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito de su instrumento de adhesión, a menos que no se hay indicado una fecha posterior en el instrumento depositado.
En este último caso, el presente Convenio entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

b) Si la entrada en vigor en aplicación de lo dispuesto en el apartado a) precede a la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 28.2) a) dicho país no quedara obligado mientras tanto por los Artículos 1 al 21 y por el Anexo, sino por los Artículos 1 a 20 del Acta de Bruselas del presente Convenio.

Artículo 29 BIS

La ratificación de la presente Acta o la adhesión a ella por cualquier país que no esté obligado por los Artículos 22 a 38 del Acta de Estocolmo del presente Convenio equivaldrá, con el fin único de poder aplicar el Artículo 14.2) del Convenio que establece la Organización, a la ratificación del Acta de Estocolmo o a la adhesión a esa Acta con la limitación prevista en el Artículo 28.1) b) i) de dicha Acta.

Artículo 30

1) Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en el párrafo 2, del presente artículo, el Artículo 28.1) b), el Artículo 32.2), y el Anexo, la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las disposiciones y la admisión para todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio.

2)

a) Cualquier país de la Unión que ratifique la presente Acta o se adhiera a ella podrá conservar, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.2) del Anexo, el beneficio de las reservas que haya formulado anteriormente, a condición de declararlo al hacer el depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

b) Cualquier país externo a la Unión podrá declarar, al adherirse al presente Convenio y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.2) del Anexo, que piensa reemplazar, al menos provisionalmente, las disposiciones del Artículo 8 de la presente Acta relativas al derecho de traducción, por las disposiciones del Artículo 5 del Convenio de la Unión de 1886, revisado en París en 1896, en la inteligencia de que esas disposiciones se refieren únicamente a la traducción en un idioma de uso general en dicho país. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo I.6) b) del Anexo, en lo tocante al derecho de traducción de las obras que tengan como país de origen uno de los países que hayan hecho tal reserva, todos los países estarán facultados para aplicar una protección equivalente a la que aquél aplique.

c) Los países podrán retirar en cualquier momento esa reserva mediante notificación dirigida al dirigida al Director General.

Artículo 31

1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.

2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.

3)

a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.

b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.

4) El presente artículo no podrá interpretarse la manera que implique el reconocimiento o la aceptación tácita por un país cualquiera de la Unión de la situación de hecho de todo territorio al cual se haya aplicable el presente Convenio por otro país de la Unión en virtud de una declaración hecha en aplicación del párrafo 1).

Artículo 32

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países de la Unión a los cuales se aplique y en la medida en que se aplique, al Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886 y a las Actas de revisión subsiguientes. Las Actas anteriormente en vigor seguirán siendo aplicables, en su totalidad o en la medida en que no las reemplace la presente Acta en virtud de la frase precedente, en las relaciones con los países de la
Unión que no ratifiquen la presente Acta o que no se adhiera a ella.

2) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes en la presente Acta, la aplicarán, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo

3), en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el Artículo 28.1) b). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate, en sus relaciones con ellos:

i) aplique las disposiciones del Acta más reciente de la que sea parte, y

ii) sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo I.6) del Anexo, esté facultado para adaptar la protección al nivel previsto en la presente Acta.

3) Los países que hayan invocado el beneficio de cualquiera de las facultades previstas en el Anexo podrán aplicar las disposiciones del Anexo con respecto a la facultad o facultades cuyo beneficio hayan invocado, en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no esté obligado por la presente Acta, a condición de que este último país haya aceptado la aplicación de dichas disposiciones.

Artículo 33

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina
Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a las diferencias entre uno de esos países y los demás países de la Unión.

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.

Artículo 34

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 29 bis, después de la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo, ningún país podrá adherirse a Actas anteriores del presente Convenio a ratificarlas.

2) A partir de la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo, ningún país podrá hacer una declaración en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5 del Protocolo relativo a los países en desarrollo anexo al Acta de Estocolmo.

Artículo 35

1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Directo General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto del país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Artículo 36

1) Todo país que forme parte del presente convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.

2) Se entiende que, en el momento en que un país se obliga por este Convenio se encuentra en condiciones conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo.

Artículo 37

1)

a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar en los idiomas francés o inglés y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), depositará en poder del Director General.

b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en alemán, árabe, español, italiano y portugués y en los demás idiomas que la Asamblea pueda indicar.

c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.

2) La presente Acta estará abierta a la firma hasta el 31 de enero de 1972. Hasta esa fecha, el ejemplar al que se hace referencia en el apartado 1) a) se depositará en poder del Gobierno de la República Francesa.

3) El Director General remitirá dos copias certificadas del texto firmado de la presente Acta a los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

4) El Director General hará registrar la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o ejecutadas en cumplimiento de los Artículos 28.1) c), 30.2) a) y 33.2), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 30.2) c), 31.1) y 2), 33.3) y 38.1) y en el Anexo.

Artículo 38

1) Los países de la Unión que no hayan ratificado la presente Acta o que no se hayan adherido a ella y que no estén obligados por los Artículos 22 a 26 del Acta de Estocolmo podrán, si lo desean, ejercer hasta el 26 de abril de 1975 los derechos previstos en dichos artículos como si estuvieran obligados por ellos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará en poder del Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de la citada fecha.

2) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.

3) Una vez que todos los países de la Unión se hayan hecho miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

ANEXO

Artículo I

1) Todo país, considerado de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como país en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual forma parte integrante el presente Anexo, o que se adhiera a ella, y que en vista de su situación económica y sus necesidades sociales o culturales considere no estar en condiciones necesarias para asegurar la protección de todos los derechos tal
como están previstos en la presente Acta, podrá declarar, por medio de una notificación depositada en pedir del Director General, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, o, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo II.9) b), en cualquier fecha posterior, que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, de aquélla prevista por el Artículo III o de ambas facultades. Podrá, en lugar de hacer uso de la facultad prevista por el Artículo II, hacer una declaración conforme al Artículo V.1) a).

2)

a) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1) y notificada antes de la expiración de un período de diez años, contados a partir de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de los Artículos 1 a 21 y del Anexo seguirá siendo válida hasta la expiración de dicho período. Tal declaración podrá ser renovada total o parcialmente por período sucesivos de diez años, depositando en cada ocasión una nueva notificación en poder el Director General en un término no superior a quince meses ni inferior a tres antes de la expiración del período decenal en curso.

b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1), que fuere notificada una vez expirado el término de diez años después de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de los Artículos 1 a 21 y del Anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración del período decenal en curso. Tal declaración podrá ser renovada de la manera prevista en la segunda fase del subpárrafo a).

3) Un país miembro de la Unión que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo, según lo dispuesto por el párrafo 1), ya no estará habilitado para renovar su declaración conforme al párrafo 2) y, la retire oficialmente o no, ese país perderá la posibilidad de invocar el beneficio de las facultades a que se refiere el párrafo 1), bien sea tres años después de que haya dejado de ser país en desarrollo, bien sea a la expiración del período decenal en curso, debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde.

4) Si, a la época en que la declaración hecha en virtud de los párrafos 1) o 2) deja de surtir efectos, hubiera en existencia ejemplares producidos en aplicación de la licencia concedida en virtud de las disposiciones del presente Anexo, dichos ejemplares podrán seguir siendo puestos en circulación hasta agotar las existencias.

5) Todo país que esté obligado por las disposiciones de la presente Acta y que haya depositado una declaración o una notificación de conformidad con el Artículo 31.1) con respecto a la aplicación de dicha Acta a un territorio determinado cuya situación pueda considerarse como análoga a la de los países a que se hace referencia en el párrafo 1), podrá, con respecto a ese territorio, hacer la declaración a que se refiere el párrafo 1) y
la notificación de renovación a la que se hace referencia en el párrafo 2). Mientras esa declaración o esa notificación sigan siendo válidas las disposiciones del presente Anexo se aplicarán al territorio respecto del cual se hayan hecho.

6)

a) El hecho de que un país invoque el beneficio de una de las facultades a las que se hace referencia en el párrafo 1) no permitirá a otro país dar a las obras cuyo país de origen sea el primer país en cuestión, una protección inferior a la que está obligado a otorgar conformidad a los Artículos 1 a 20. b) El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase segunda del Artículo 30.2) b), no se podrá ejercer, antes de la fecha
de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), con respecto a las obras cuyo país de origen sea un país que haya formulado una declaración en virtud del Artículo V.1) a).

Artículo II

1). Todo país que haya declarado que hará uso del beneficio de la facultad prevista por el presente artículo tendrá derecho, en lo que respecta a las obras publicadas en forma de edición impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, de sustituir el derecho exclusivo de traducción, previsto en el Artículo 8, por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación, conforme a lo dispuesto en el Artículo IV. 2) a) Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 3), si a la expiración de un plazo de tres años o de un período más largo determinado por la legislación nacional de dicho país, contados desde la fecha de la primera publicación de un obra, no se hubiere publicado una traducción de dicha obra en un idioma de uso general en ese país por el titular del derecho de traducción o con su autorización, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para ejecutar la traducción en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.

b) También se podrá conceder una licencia en las condiciones previstas en el presente artículo, si se han agotado todas las ediciones de la traducción publicadas en el idioma de que se trate.

3)

a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso general en uno o más países desarrollados que sean miembros de la Unión, un plazo de un año sustituirá al plazo de tres años previstos en el párrafo 2) a).

b) Todo país de los mencionados en el párrafo 1) podrá con el acuerdo unánime de todos los países desarrollados miembros de la Unión, en los cuales el mismo idioma fuere de uso general, sustituir, en el caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los tres años a que se refiere el párrafo 2) a) por el plazo inferior que ese acuerdo determine y que no podrá ser inferior a un año. No obstante, las disposiciones antedichas no se aplicarán cuando el idioma de que se trate sea el español, francés o inglés. Los gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados, deberán notificar los mismos al Directo General.

4)

a) La licencia a que se refiere el presente artículo no podrá concederse antes de la expiración de un plazo suplementario de seis meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de tres años, y de nueve meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de un año:

i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el Artículo IV.1);

ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe según lo previsto en el Artículo IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad competente.

b) Si, durante el plazo de seis o de nueve meses, una traducción en el idioma para el cual se formulo la petición es publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización, no se podrá conceder la licencia prevista en el presente artículo.

5) No podrán concederse licencias en virtud de este artículo sino para uso escolar, universitario o de investigación.

6) Si la traducción de una obra fuere publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización a un precio comparable al que normalmente se cobra en el país en cuestión por obras de naturaleza semejante, las licencias concedidas en virtud de este artículo cesarán si esa traducción fuera en el mismo idioma y substancialmente del mismo contenido que la traducción publicada en virtud de la licencia. Sin embargo, podrá continuarse la distribución de los ejemplares comenzada antes de la terminación de la licencia, hasta agotar las existencias.

7) Para las obras que estén compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se podrá conceder una licencia para efectuar y publicar una traducción del texto y para reproducir y publicar las ilustraciones, si se cumplen las condiciones del Artículo III.

8) No podrá concederse la licencia prevista en el presente artículo, si el autor hubiere retirado de la circulación todos los ejemplares de su obra.

9)

a) Podrá otorgarse a un organismo de radiodifusión que tenga su sede en un país de aquéllos a los que se refiere el párrafo 1) una licencia para efectuar la traducción de una obra que haya sido publicada en forma impresa o análoga si dicho organismo la solicita a la autoridad competente de ese país, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

i) que la traducción sea hecha de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación de dicho país;

ii) que la traducción sea empleada únicamente en emisiones para fines de enseñanza o para difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una profesión determinada;

iii) que la traducción se usada exclusivamente para los fines contemplados en el subpárrafo ii) a través de emisiones efectuadas legalmente y destinadas a ser recibidas en el territorio de dicho país, incluso emisiones efectuadas por medio de grabaciones sonoras o visuales efectuadas en forma legal y exclusivamente para esas emisiones;

iv) que el uso que se haga de la traducción no tenga fines de lucro.

b) Las grabaciones sonoras o visuales de una traducción que haya sido hecha por un organismo de radiodifusión bajo una licencia concedida en virtud de este párrafo podrá para los fines y sujeto a las condiciones previstas en el subpárrafo a), con el consentimiento de ese organismo, ser usada también por otro organismo de radiodifusión que tenga su sede en el país cuyas autoridades competentes hayan otorgado la licencia en cuestión.

c) Podrá también otorgarse una licencia a un organismo de radiodifusión, siempre que se cumplan todos los requisitos y condiciones establecidos en el subpárrafo a), para traducir textos incorporados a una fijación audiovisual efectuada y publicada con el solo propósito de utilizarla para fines escolares o universitarios.

d) Sin perjuicio de lo que disponen los subpárrafos a) a c), las disposiciones de los párrafos precedentes se aplicarán a la concesión y uso de las licencias en virtud de este párrafo.

Artículo III

1) Todo país que haya declarado que invocará el beneficio de la facultad prevista por el presente artículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusivo de reproducción previsto en el Artículo 9 por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo IV.

2)

a) Cuando, con relación a una obra a la cual este artículo es aplicable en virtud del párrafo 7), a la expiración:

i) del plazo establecido en el párrafo 3) y calculado desde la fecha de la primera publicación de una determinada edición de una obra, o

ii) de un plazo superior, fijado por la legislación nacional del país al que se hace referencia en el párrafo 1) y contado desde la misma fecha, no hayan sido puestos a la venta, en dicho país, ejemplares de esa edición para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, a un precio comparable al que se cobre en dicho país para obras análogas, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para reproducir y publicar dicha edición a ese precio o a un precio inferior, con el fin de responder a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

b) Se podrán también conceder, en las condiciones previstas en el presente artículo, licencias para reproducir y publicar una edición que se haya distribuido según lo previsto en el subpárrafo a), siempre que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se haya puesto en venta ningún ejemplar de dicha edición durante un período de seis meses, en el país interesado para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria y a un precio comparable al que se cobre en dicho país por obras análogas.

3) En plazo al que se hace referencia en el párrafo 2) a) i) será de cinco años. Sin embargo,

i) para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología, será de tres años;

ii) para las obras que pertenezcan al campo de la imaginación tales como novelas, obras poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, será de siete años.

4)

a) Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de tres años no podrán concederse en virtud del presente artículo hasta que no haya pasado un plazo de seis meses.

i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el Artículo IV.1);

ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el Artículo IV.2), el envío de copias de la petición de
licencia, que haya presentado a la autoridad competente.

b) En los demás casos y siendo aplicable el Artículo IV.2), no se podrá conceder la licencia antes de que transcurra un plazo de tres meses a partir del envío de las copias de la solicitud.

c) No podrá concederse una licencia durante el plazo de seis o tres meses mencionado en el subpárrafo a) si hubiere tenido lugar una distribución en la forma descrita en el párrafo 2).

d) No se podrá conceder una licencia cuando el autor haya retirado de la circulación todos los ejemplares de la edición para la reproducción y publicación de la cual la licencia se haya solicitado.

5) No se concederá en virtud del presente artículo una licencia para reproducir y publicar una traducción de una obra, en los casos que se indiquen a continuación:

i) cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de autor o con su autorización;

ii) cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que otorga la licencia.

6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace referencia en el párrafo 1) para responder a las necesidades bien el público, bien de la enseñanza escolar y universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a un precio comparable al que se acostumbra en dicho país para obras análogas, toda licencia concedida en virtud del presente artículo terminará si esa edición se ha hecho en el mismo idioma que la edición publicada en virtud de esta licencia y si su contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en circulación e todos los ejemplares ya producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse hasta su agotamiento.

7)

a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo b), las disposiciones del presente artículo se aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.

b) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán igualmente a la reproducción audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyen o incorporen obras protegidas, y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

Artículo IV

1) Toda licencia referida al Artículo II o III no podrá ser concedida si no cuando el solicitante, de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una traducción y publicarla o reproducir y publicar la edición, según procede, y que después de las diligencias correspondientes por su parte, no ha podido ponerse en contacto con ese titular ni ha podido obtener su autorización. En el momento de presentar su petición el solicitante deberá informar a todo centro nacional o internacional de información previsto en el párrafo 2).

2) Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el solicitante, éste deberá dirigir por correo aéreo certificado, copias de la petición de licencias que haya presentado a la autoridad competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a cualquier centro nacional o internacional de información que pueda haber sido designado para ese efecto, en una notificación depositada en poder del Director General, por el gobierno del país en el que se suponga que el editor tiene su centro principal de actividades.

3) El nombre del autor deberá indicarse en todos los ejemplares de la traducción o reproducción publicados en virtud de una licencia concedida de conformidad con el Artículo II o del Artículo III. El título de la obra deberá figurar en todos esos ejemplares. En el caso de una traducción, en título original de la obra deberá aparecer en todo caso en todos los ejemplares mencionados.

4)

a) Las licencias concedidas en virtud del Artículo II o del Artículo III no se extenderán a la exportación de ejemplares y no serán validas sino para la publicación de la traducción o de la reproducción, según el caso en el interior del territorio del país donde se solicite la licencia.

b) Para los fines del subpárrafo a) el concepto de exportación comprenderá el envió de ejemplares desde un territorio al país que, con respecto a ese territorio, haya hecho una declaración de acuerdo al Artículo I.5).

c) Si un organismo gubernamental o público de un país, que ha concedido una licencia para efectuar una traducción en virtud del Artículo II, a un idioma distinto de español, francés o inglés, enviara ejemplares de la traducción publicada bajo esa licencia a otro país, dicho envío no será considerado como exportación, para los fines del subpárrafo a), siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

i) que los destinatarios sean personas privadas, nacionales del país cuya autoridad competente otorgar la licencia o asociaciones compuestas por esos nacionales;

ii) que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines escolares, universitarios o de investigación;

iii) que el envío y distribución de los ejemplares a los destinatarios no tengan fines de lucro;

iv) que el país al cual los ejemplares hayan sido enviados haya celebrado un acuerdo con el país cuyas autoridades competentes han otorgado la licencia para autorizar la recepción, la distribución o ambas operaciones y que el gobierno de ese último país lo haya notificado al Director General.

5) Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada en virtud del Artículo II o del Artículo III deberá contener una nota en el idioma que corresponda, advirtiendo que el ejemplar se pone en circulación sólo en el país o en territorio donde dicha licencia se aplique.

6)

a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de asegurar:

i) que la licencia prevea en favor del titular del derecho de traducción o de reproducción, según el caso, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de cánones que normalmente se abonen en los casos de licencias libremente negociadas entre los interesados en los dos países de que se trate;

ii) el pago y la transferencia de esa remuneración; si existiera una reglamentación nacional en materia de divisas, la autoridad competente no escatimará esfuerzos, recurriendo a los mecanismos internacionales, para asegurar la transferencia de la remuneración en moneda internacionalmente convertible o en su equivalente.

b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de la legislación nacional para garantizar una traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición de que se trate, según los casos.

Artículo V

1)

a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido d que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, podrá, al ratificar la presente Acta o al adherirse ella, en lugar de tal declaración:

i) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) es aplicable, formular una declaración de acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción;

ii) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2), a) no es aplicable, aun cuando no fuera un país externo a la Unión formular una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase.

b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el Artículo I.1), toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez hasta la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).

c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá invocar ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II ni siquiera en el caso e retirar dicha declaración.

2) Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), todo país que haya invocado el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al párrafo 1).

3) Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el Artículo I.1) podrá, a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), hacer una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase, a pesar del hecho de no ser un país externo a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en la que expire el plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).

Artículo VI

1) Todo país de la Unión podrá declarar a partir de la firma de la presente Acta o en cualquier momento antes de quedar obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo:

i) si se trata de un país que estando obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo estuviese habilitado para acogerse al beneficio de las facultades a las que se hace referencia en el Artículo I.1), que aplicará las disposiciones de los Artículos II o III o de ambos a las obras cuyo país de origen sea un país que, en aplicación del subpárrafo ii) que figura a continuación, acepte la aplicación de esos artículos a tales obras o que esté obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo; esa declaración podrá referirse también al Artículo V o solamente al Artículo II.

ii) que acepta la aplicación del presente Anexo a las obras de las que sea país de origen por parte de los países que hayan hecho una declaración en virtud del Artículo I.

2) Toda declaración de conformidad con el párrafo 1) deberá ser hecha por escrito y depositada en poder del Director General. Surtirá efectos desde la fecha de su depósito.

CERTIFICADO

Certifico que el presente texto oficial español del Acta de París del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ha sido establecido conforme al original, en virtud del artículo 37.1) b) en la misma Acta.

Arpead Bogsch
Director General

Ginebra, 12 de febrero de 1975  

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

VISTAS:

　　　　　　　　　　　 La resolución AG/RES.2426 (XXXVIII-O/08) titulada “Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”;

　　　　　　　　　　　 Las resoluciones AG/RES. 2075 (XXXV-O/05) tituladas “Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas“; y AG/RES. 2220 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2521 (XXXIX-O/09) tituladas “Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las Américas”; y

　　　　　　　　　　　 Las resoluciones AG/RES. 2128 (XXXV-O/05), AG/RES. 2227 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2290 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2409 (XXXVIII-O/08) y AG/RES.2522 (XXXIX-O/09) tituladas “Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”; y AG/RES. 2223 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2408 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2500 (XXXIX-O/09) tituladas “Observaciones y recomendaciones al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,　

TENIENDO EN CUENTA:　

　　　　　　　　　　　 Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA y tiene entre sus funciones la supervisión de los compromisos y obligaciones asumidos por los Estados Miembros en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según corresponda; y

　　　　　　　　　　　 Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la OEA, y en virtud del artículo 26 inciso 2 de su Estatuto le corresponde administrar su propio presupuesto,　

CONSIDERANDO:

　　　　　　　　　　　 Que la Asamblea General, mediante la citada resolución AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08) solicitó al Secretario General el establecimiento de un fondo específico de contribuciones voluntarias denominado “Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (en adelante “el Fondo de Asistencia Legal”), con el objeto de facilitar el acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema;

　　　　　　　　　　　 Que mediante el párrafo dispositivo 2.b de la resolución AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), la Asamblea General acordó que la administración financiera del Fondo de Asistencia Legal será responsabilidad de la Secretaría General de la OEA, y su funcionamiento se regirá por el Reglamento que el Consejo Permanente apruebe, en el cual se deben señalar procedimientos claros de rendición de cuentas;

　　　　　　　　　　　 Que conforme al párrafo dispositivo 7 de la resolución AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), la Asamblea General estableció que el Fondo de Asistencia Legal entrará en vigencia una vez el Consejo Permanente apruebe su reglamento, previas consultas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las observaciones de la sociedad civil; y

　　　　　　　　　　　 Que se han realizado las consultas respectivas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también se han tenido en cuenta las observaciones de la sociedad civil,

RESUELVE:

1.- Aprobar el Reglamento para el Funcionamiento del “Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” establecido en el Anexo que forma parte de la presente resolución.　

2.- Designar el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como Fondo Humanitario de conformidad con el artículo 80(i)(C) de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General.

3.- Encomendar a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) que dentro del proceso de revisión de programas que viene llevando a cabo estudie la posibilidad de establecer un mecanismo que permita un mejor financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos, por medio del programa-presupuesto de la Organización, incluyendo al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.　

4.- Solicitar al Secretario General que promueva la más amplia difusión posible del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

ANEXO.- REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL “FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS”

ARTÍCULO 1º.- OBJETO

1.1.- El objeto del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante el Fondo) es facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema.

1.2.- El funcionamiento del Fondo no exonera a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de su obligación de garantizar el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con recursos del Fondo Regular.

1.3.- Los aportes al Fondo no impiden otros aportes voluntarios o la constitución de otros fondos específicos para financiar el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión), sus programas, y del “Fondo de Capital de Aportes Voluntarios Oliver Jackman”.

ARTÍCULO 2º.- RECURSOS

2.1.- El Fondo se integrará con:

Decisión 2003/1151/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2003, que modifica la Decisión 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y normas en las redes mundiales (DOCE L 162/1 de julio de 2003).

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 153,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión no 276/1999/CE (5) se aprobó por un período de cuatro años.

(2) De conformidad con el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión no 276/1999/CE, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos tras dos años de ejecución de las líneas de actuación enunciadas en el anexo I de la Decisión.

(3) Los resultados de la evaluación formaban parte de la documentación básica de un seminario sobre una utilización más segura de las nuevas tecnologías en línea, en el que expertos eminentes en la materia estudiaron la probable evolución futura de los temas abordados en el plan de acción establecido en virtud de la Decisión no 276/1999/CE (denominado en lo sucesivo el plan de
acción) e hicieron recomendaciones a la Comisión.

(4) Las nuevas tecnologías en línea, los nuevos usuarios y los nuevos patrones de utilización crean nuevos peligros y agudizan los ya existentes, al tiempo que abren numerosas y nuevas oportunidades.

(5) Existe una clara necesidad de coordinación en el ámbito del fomento de la seguridad en Internet, tanto a escala nacional como europea. Se debe lograr un elevado grado de descentralización mediante el recurso a redes de puntos de contacto nacionales. Es necesario fomentar la participación de todas las partes interesadas, especialmente de un mayor número de proveedores de contenidos en los diferentes sectores. La Comisión debe facilitar la cooperación europea y mundial y contribuir a ella. Conviene reforzar la cooperación entre países
comunitarios y países candidatos y en vías de adhesión.

(6) Es necesario disponer de más tiempo para ejecutar acciones que permitan impulsar la creación de redes, alcanzar los objetivos del plan de acción y tener en cuenta las nuevas tecnologías en línea.

(7) Debe modificarse en consecuencia la dotación financiera que constituye la principal referencia para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.

(8) La Comisión debe presentar un segundo informe sobre los resultados obtenidos tras la ejecución de las líneas de actuación durante cuatro años y un informe final al concluir el plan de acción.

(9) La lista de países candidatos y en vías de adhesión susceptibles de participar debe modificarse para incluir a Malta y Turquía.

(10) Conviene prolongar el plan de acción por un período de dos años, que debe considerarse una segunda fase; a fin de establecer disposiciones adaptadas a esta segunda fase, conviene modificar las líneas de actuación teniendo en cuenta las experiencias acumuladas y las conclusiones del informe de evaluación.

(11) Conviene, por lo tanto, modificar en consecuencia la
Decisión no 276/1999/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión no 276/1999/CE se modifica como sigue:

1) El título se sustituye por el texto siguiente:
“Decisión no 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas tecnologías en línea mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, principalmente en el ámbito de la protección de los niños y de los menores.”.

2) El apartado 2 del artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
“2. El plan de acción abarcará un período de seis años, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004.”.

3) El apartado 3 del artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
“3. La dotación financiera para la ejecución del plan de acción para el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004 será de 38,3 millones de euros.
La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales ajustándose a las perspectivas financieras. En el anexo II figura un desglose indicativo del gasto.”.

4) El primer guión del artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
“— fomentar la autorregulación del sector y los mecanismos de supervisión de los contenidos (por ejemplo, los relativos a contenidos tales como la pornografía infantil o los que puedan causar daños físicos o mentales o aquellos que inciten al odio por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad u origen étnico),”.

5) El apartado 4 del artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
“4. Al cabo de un período de dos años, de un período de cuatro años y al concluir el plan de acción, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, previo examen por el Comité contemplado en el artículo 5, un informe de evaluación de los resultados de la ejecución del plan de acción. La Comisión podrá presentar, con arreglo a dichos resultados, propuestas para reorientar el plan de acción.”.

6) El apartado 1 del artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
“1. Podrán participar en el plan de acción los Estados de la AELC que sean miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo EEE.”.

7) El apartado 2 del artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
“2. Podrán participar en el plan de acción los países candidatos y en vías de adhesión de conformidad con los criterios siguientes:
a) los países de Europa Central y Oriental (PECO), de conformidad con las condiciones establecidas en los Acuerdos Europeos, en sus Protocolos adicionales y en las decisiones de los Consejos de Asociación respectivos;
b) Chipre, Malta y Turquía, de conformidad con los Acuerdos bilaterales que se celebren.”.

8) El anexo I se modifica de acuerdo con lo establecido en el anexo I de la presente Decisión.

9) El anexo II se sustituye por el texto del anexo II de la presente Decisión.

Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 16 de junio de 2003.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
P. COX
Por el Consejo
El Presidente
G. PAPANDREOU

ANEXO I
El anexo I de la Decisión no 276/1999/CE se modifica como sigue:

1) En el epígrafe “Líneas de actuación” se sustituye el cuarto guión del párrafo segundo por el texto siguiente:
“— fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas a escala europea e internacional, especialmente con los países candidatos y en vías de adhesión,”.

2) En el epígrafe “Líneas de actuación” se añaden los siguientes párrafos tercero y cuarto:
“Después de la primera fase, que irá del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2002, se organizará una segunda fase, que irá del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004. Esta última se basará en los trabajos encaminados a lograr los objetivos establecidos en las cuatro líneas de actuación de la primera fase, al mismo tiempo que introducirá los ajustes necesarios para tener en cuenta la experiencia adquirida y la incidencia de las nuevas tecnologías y sus convergencias, y garantizará la coherencia con otros programas comunitarios.
En particular:
i) el alcance de la utilización más segura se hará extensivo, principalmente con vistas a mejorar la protección de los niños y de los menores, a las nuevas tecnologías en línea, incluidos los contenidos de telefonía móvil y banda ancha, los juegos en línea, la transferencia de archivos de igual a igual, los mensajes de texto o de contenidos
mejorados y todas las formas de comunicación en tiempo real, incluidas las salas de charla electrónica y los mensajes inmediatos,
ii) se intensificarán las medidas para garantizar que, especialmente en el ámbito de la protección de los niños y de los menores, queden cubiertas las áreas de contenidos ilícitos y nocivos y conductas preocupantes, teniendo en cuenta especialmente los delitos cometidos contra los niños, como son la pornografía infantil y la trata de niños, y el racismo y la violencia,
iii) se fomentará una participación más activa de la industria de los contenidos y los medios de comunicación, y se reforzará la colaboración con los organismos con apoyo oficial activos en este ámbito,
iv) se reforzará la creación de redes entre los participantes en los proyectos de las diversas líneas de actuación, particularmente en las relacionadas con las líneas directas, la clasificación de contenidos, la autorregulación y la sensibilización,
v) se adoptarán medidas para vincular a los países candidatos y en vías de adhesión con las actividades en curso y compartir experiencias y conocimientos técnicos, y para aumentar los enlaces y fomentar la colaboración con actividades similares realizadas en terceros países, particularmente los países donde se mantienen a disposición o se producen contenidos ilegales, y con las organizaciones internacionales.”.

3) En el punto 1.1 se añade el siguiente párrafo sexto:
“En la segunda fase, los objetivos consistirán en completar la cobertura de la red en los Estados miembros y continuar mejorando la eficacia operativa de la red actual, colaborar estrechamente con las acciones de sensibilización sobre seguridad en Internet, especialmente para aumentar la sensibilización del público sobre las líneas directas, proporcionar
asistencia práctica a los países candidatos y en vías de adhesión que deseen crear líneas directas, adaptar las directrices sobre mejores prácticas a la nueva tecnología y ampliar las conexiones con líneas directas fuera de Europa.”.

4) En el punto 1.2 se añade el siguiente párrafo cuarto:
“En la segunda fase se prestará más asesoramiento y asistencia, a fin de asegurar la cooperación a escala comunitaria mediante la creación de una red de estructuras adecuadas en los Estados miembros y mediante un examen y comunicación sistemáticos de los aspectos legales y reglamentarios pertinentes, a fin de ayudar a desarrollar métodos comparables de evaluación del marco de autorregulación, de ayudar a adaptar las prácticas autorreguladoras a la nueva tecnología mediante una información sistemática sobre los avances pertinentes en dicha tecnología y sobre su utilización, de prestar asistencia práctica a los países candidatos y en vías de adhesión que deseen crear organismos de autorregulación y de reforzar los vínculos con los organismos de autorregulación de fuera de Europa. Además, se proporcionará más apoyo para fomentar las etiquetas de calidad de los sitios web.”.

5) En el punto 2.1 se añaden los siguientes párrafos séptimo y octavo:
“En la segunda fase se hará hincapié en la evaluación comparativa de programas y servicios de filtrado (en especial de rendimiento, facilidad de uso, resistencia a intrusiones de piratas informáticos, adecuación a los mercados europeos y las nuevas formas de contenido digital). En el marco del programa comunitario de investigación continuará prestándose ayuda a la puesta a punto de una tecnología de filtrado. La Comisión garantizará la estrecha relación con las actividades de filtrado del plan de acción.
En la segunda fase se promoverá la introducción de la autoclasificación por parte de los proveedores de contenidos, así como el suministro de información a los usuarios sobre los programas y servicios europeos de filtrado.”.

6) En el punto 2.2 se añade el siguiente párrafo tercero:
“En la segunda fase se apoyarán las medidas destinadas a reunir a las empresas y otras partes interesadas, como los proveedores de contenidos, los organismos de regulación y autorregulación, las organizaciones de clasificación de programas informáticos e Internet y las asociaciones de consumidores, a fin de crear las condiciones propicias para elaborar y poner en marcha sistemas de clasificación que sean fáciles de comprender y utilizar para los proveedores de contenidos y los consumidores, que suministren a los padres y los educadores europeos la información necesaria para tomar decisiones conforme a sus valores culturales y lingüísticos, y que tengan en cuenta la convergencia de las telecomunicaciones, los medios audiovisuales y la tecnología de la información.”.

7) El punto 3.2 se modifica como sigue:
a) el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:
“La finalidad del apoyo comunitario es impulsar la realización de actividades de sensibilización con una amplia base y proporcionar una coordinación general y un intercambio de experiencias, de modo que puedan extraerse conclusiones de los resultados de la actividad de forma permanente (por ejemplo, mediante la adaptación del material distribuido). La Comisión seguirá adoptando medidas para fomentar medios rentables de distribución a un gran número de usuarios, especialmente mediante la utilización de organizaciones multiplicadoras y canales electrónicos de difusión que lleguen a los grupos destinatarios elegidos.”;
b) se añade el siguiente párrafo quinto:
“En la segunda fase se respaldará el intercambio de mejores prácticas de formación sobre los nuevos medios de comunicación mediante una red europea que aumente la sensibilización hacia una utilización más segura de Internet y las nuevas tecnologías en línea, apoyándose en:
— una base general de referencias de carácter transnacional (portal web) de información pertinente y de medios de sensibilización e investigación,
— investigación aplicada en materia de formación sobre medios de comunicación en los que participen todas las partes interesadas (organismos educativos, oficiales y de voluntarios de protección de la infancia, asociaciones de padres, empresas, fuerzas de seguridad, etc.) acerca del uso por parte de los niños de las nuevas tecnologías a fin de establecer medios educativos y tecnológicos para protegerlos.
La red también proporcionará asistencia técnica a los países candidatos y en vías de adhesión que deseen lanzar acciones de sensibilización y reforzar los vínculos con actividades de sensibilización fuera de Europa.”.

8) En el punto 4.2, los párrafos segundo, tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente:
“Por lo tanto, la Comisión organizará a intervalos frecuentes seminarios y talleres sobre los distintos temas cubiertos por el plan de acción, o una combinación de los mismos. En ellos deberán participar representantes de las empresas, agrupaciones de usuarios, de consumidores y de defensa de los derechos de los ciudadanos, y organismos públicos con competencias en la regulación del sector y en la aplicación de la ley, así como expertos e investigadores eminentes. La Comisión tratará de garantizar una amplia participación de los países del EEE, de terceros países y de
organizaciones internacionales.”.

ANEXO II. DESGLOSE INDICATIVO DEL GASTO
1. Creación de un entorno más seguro 20-26 %
2. Elaboración de sistemas de filtro y clasificación 20-26 %
3. Fomento de las actividades de sensibilización 42-46 %
4. Medidas de apoyo 3-5 %
Total: 100 %

(1) DO C 203 E de 27.8.2002, p. 6.
(2) DO C 61 de 14.3.2003, p. 32.
(3) DO C 73 de 26.3.2003, p. 34.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2003 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de
mayo de 2003.
(5) DO L 33 de 6.2.1999, p. 1.

EL CONSEJO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 del artículo 151,

Visto su Reglamento interno y, en particular, su artículo 22,

Considerando que el 6 de diciembre de 1993 el Consejo y la Comisión aprobaron un código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión, en el que deciden, de común acuerdo, los principios que deben regir dicho acceso;

Considerando que procede adoptar disposiciones para que el Consejo aplique dichos principios;

Considerando que estas disposiciones deben aplicarse a cualquier documento que posea el Consejo, independientemente del soporte en el que figure, con excepción de los documentos cuyo autor sea una persona, organismo o institución ajeno al Consejo;

Considerando que el principio de acceso general del público a los documentos del Consejo, que se inscribe en al aumento de transparencia de los trabajos de esta institución, debe acompañarse, no obstante, de excepciones destinadas, sobre todo, a proteger el interés público, el individuo y la intimidad;

Considerando que, en aras de la racionalización y de la eficacia, procede disponer que el secretario general del Consejo forme en nombre del Consejo y con su autorización, las respuestas a las solicitudes de acceso a los documentos, salvo en los casos en que el Consejo deba pronunciarse sobre una solicitud de confirmación;

Considerando que las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán respetando las disposiciones reguladoras de la protección de la información reservada,

DECIDE:

Artículo 1º

1. El público tendrá acceso a los documentos del Consejo en las condiciones que se establecen en la presente Decisión.

2. Por documento del Consejo se entenderá todo escrito, sea cual fuere su soporte, que contenga datos y que obre en poder de esta institución, sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2.

Artículo 2º

1. La solicitud de acceso a un documento del Consejo deberá dirigirse por escrito al presidente, a la sede del Consejo (1). Deberá estar formulada con la suficiente precisión y contener, en particular, los elementos necesarios para identificar el documento o documentos solicitados. Si fuere necesario, se pedirá al solicitante que precise más su solicitud.

2. Cuando el documento solicitado tenga por autor a una persona física o jurídica, un Estado miembro, otra institución u órgano comunitario o cualquier otro organismo nacional o internacional, la solicitud no deberá ir dirigida al Consejo, sino directamente al autor del documento.

Artículo 3º

1. El acceso a un documento del Consejo se efectuará, bien mediante consulta in situ del documento solicitado, bien mediante entrega de una copia del documento con cargo al solicitante. El secretario general fijará el importe de la tasa.

2. Los servicios competentes de la Secretaría general tratarán de hallar una solución equitativa para dar curso a las solicitudes reiteradas y a las que se refieran a documentos voluminosos.

3. La persona a la que se conceda el acceso a un documento del Consejo no podrá reproducir, difundir o utilizar dicho documento con fines comerciales, por venta directa, sin autorización previa del secretario general.

Artículo 4º

1. No podrá concederse el acceso a un documento del Consejo cuando su divulgación pudiera menoscabar:

– la protección del interés público (seguridad pública, relaciones internacionales, estabilidad monetaria, procedimientos judiciales, actividades de inspección e investigación),

– la protección del individuo y de la intimidad,

– la protección del secreto en materia comercial e industrial,

– la protección de los intereses financieros de la Comunidad,

– la protección de la cofidencialidad solicitada por la persona física o jurídica que haya proporcionado alguno de los datos contenidos en ese documento o exigida por la legislación del Estado miembro que haya facilitado alguno de los datos.

2. El acceso a un documento del Consejo podrá denegarse para proteger el secreto de las deliberaciones del Consejo.

Artículo 5º

El secretario general responderá en nombre del Consejo a las solicitudes de acceso a los documentos del Consejo, salvo en los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 7, en los que será el Consejo quien dé respuesta.

Artículo 6º

Todas las solicitudes de acceso a documentos del Consejo serán examinadas por los servicios competentes de la Secretaría general, que propondrán el curso que deba darse a cada solicitud.

Artículo 7º

1. Los servicios competentes de la Secretaría general informarán por escrito al solicitante en el plazo de un mes, bien del curso positivo que va a darse a su solicitud, bien de su intención de darle una respuesta negativa. En este último caso, también informarán al solicitante de los motivos de tal intención y de que dispone de un plazo de un mes para presentar una solicitud de confirmación destinada a obtener la revisión de esta postura; si el solicitante no hace uso de esta posibilidad se entenderá que ha renunciado a su solicitud inicial.

2. La falta de respuesta a una solicitud en el mes siguiente a la presentación de la misma se entenderá como decisión de denegación, excepto en caso de que el solicitante presente, en el mes siguiente, la solicitud de confirmación anteriormente citada.

3. La decisión de denegar una solicitud de confirmación que deberá producirse en el mes siguiente a la presentación de dicha solicitud, se motivará debidamente. Se pondrá en conocimiento del solicitante a la mayor brevedad y por escrito, informándole además del contenido de las disposiciones de los artículos 138 E y 173 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, relativos respectivamente a las condiciones de acceso al Defensor del Pueblo por parte de las personas físicas y al control de la legalidad de los actos del Consejo por el Tribunal de Justicia.

4. La falta de respuesta en el mes siguiente a la presentación de la solicitud de confirmación se entenderá como decisión de denegación.

Artículo 8º

La presente Decisión se aplicará respetando las disposiciones que regulan la protección de la información reservada.

Artículo 9º

La presente Decisión será objeto de revisión después de dos años de experiencia. Con vistas a dicha revisión, el secretario general presentará en 1996 un informe sobre la aplicación de ésta durante los años 1994 y 1995.

Artículo 10º

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 1994.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1993.

Por el Consejo

El Presidente

W. CLAES

——————————————————————————————

(1) Sr. secretario general del Consejo de la Unión Europea, 170, rue de la Loi, B-1048 Bruselas. 

Preámbulo

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, entre quienes se encuentran catorce nuevos mandatarios que han asumido su cargo después de la Tercera Cumbre de las Américas,realizada en la Ciudad de Québec, Canadá, nos hemos reunido en una Cumbre Extraordinaria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Nuestropropósito es avanzar en la instrumentación de medidas para combatir lapobreza, promover el desarrollo social, lograr un crecimiento económico con equidad y reforzar la gobernabilidad de nuestras democracias. Con una visión renovada y fortalecida de la cooperación, la solidaridad y la integración, haremos frente a los continuos y crecientes retos del Hemisferio.

Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la prosperidad, promover la inclusión social y una distribución más equitativa del crecimiento económico, eliminar el hambre, elevar los niveles de vida, generar nuevas oportunidades de empleo y de inversión, promover el trabajo decente, así como enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad, entre otras, el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas, reafirmamos nuestro compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reiteramos nuestra firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.

Afirmamos que el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática.

Por ello, declaramos:

Crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza

En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y equitativo que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población, con especial atención a los sectores y grupos sociales más vulnerables, nos comprometemos a continuar instrumentando políticas macroeconómicas sólidas, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiados, una administración prudente y apropiada de la deuda pública, la diversificación de la economía y el mejora miento de la competitividad. Nos comprometemos también a la transformación cualitativa de la administración pública a través de su modernización, simplificación, descentralización y transparencia. Asimismo, redoblaremos nuestros esfuerzos para mejorar el clima de inversión en nuestros países y promover la responsabilidad social de las empresas.

Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2002, en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y el estado de derecho. El cumplimiento de esta responsabilidad permite el uso efectivo de recursos internos e internacionales para el desarrollo, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En este contexto, reafirmamos el imperativo de la comunidad internacional de apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Monterrey, buscaremos articular esfuerzos internacionales con miras a la movilización de recursos para el desarrollo económico sostenible y el combate a la pobreza y el hambre en todos los países del Hemisferio. En particular, continuaremos nuestros esfuerzos con miras a la identificación de fuentes de financiamiento seguras que atiendan las necesidades de los países en desarrollo y la apertura de mercados para sus productos.

Continuaremos implementando políticas públicas que estimulen mayor ahorro interno, respondan a la necesidad de crear empleos productivos y contribuyan a una mayor inclusión social.

Destacamos la importancia de la participación del sector privado en el logro de nuestros objetivos. Reconocemos que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza en nuestros países. Apoyaremos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de políticas y programas que faciliten su consolidación y formalización, permitan su efectivo acceso a los mercados y a las licitaciones del sector público, y entre otros, promuevan la formación de recursos humanos y faciliten el acceso al crédito, a los servicios de desarrollo empresarial y a nuevas tecnologías, a fin de reducir los costos administrativos. Asimismo, promoveremos la intensificación de la cooperación internacional para fomentar la transferencia de mejores prácticas orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias yposibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005, con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir significativamente el tiempo y el costo del establecimiento de las empresas en cada país de la región.

Apoyamos el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de que, a través de sus mecanismos y programas para el desarrollo del sector privado, triplique para el año 2007 sus préstamos mediante el sistema bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, tratando de beneficiar a todos los países que participan en el proceso de Cumbres de las Américas.

Reconocemos el relevante papel que desempeña el comercio en la promoción del crecimiento y el desarrollo económico sostenidos. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la Agenda de Doha para beneficiar a todas nuestras economías, especialmente las economías en desarrollo, promoviendo, entre otras medidas, mejor acceso a los mercados, eliminando los subsidios a la exportación y reduciendo sustancialmente las ayudas internas que distorsionan el comercio.

Reconocemos que la liberalización del comercio de productos agrícolas constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura en los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso con las negociaciones comerciales para promover un efectivo acceso a los mercados.

Acogemos los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y tomamos nota con satisfacción de los resultados equilibrados de la VIII Reunión Ministerial del ALCA realizada en Miami en noviembre de 2003. Apoyamos el acuerdo de los ministros sobre la estructura y el calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará, con la mayor eficacia, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la liberalización del comercio, contribuyendo al logro de los amplios objetivos de la Cumbre. (1)

Continuaremos trabajando en la reforma de la arquitectura financiera internacional con los objetivos de, inter alia, contribuir a la prevención y rápida solución de las crisis financieras, que perjudican particularmente a los países en desarrollo de la región, reforzar el financiamiento para el desarrollo, combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Apoyamos los esfuerzos de los países prestatarios para trabajar con el sector privado con el fin de explorar nuevos enfoques para reducir la carga del servicio de la deuda durante períodos de desaceleración económica. Reconocemos el liderazgo de países de la región al incluir cláusulas de acción colectiva en sus emisiones internacionales de bonos. Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales y regionales a que fortalezcan la coordinación de sus actividades a fin de que respondan de manera más efectiva a las necesidades de desarrollo de largo plazo de los países de la región para alcanzar resultados medibles en sus esfuerzos de erradicación de la pobreza, a través del uso más efectivo de todas las fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo.

Manifestamos que el crecimiento económico sostenible es el factor más importante para la administración y el pago del servicio de la deuda pública.

Reconocemos que las políticas macroeconómicas racionales y una prudente administración fiscal son también centrales para alcanzar la sustentabilidad fiscal a largo plazo.

Consideramos también pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda, las previsiones sobre alivio de la deuda externa señaladas en el párrafo 48 del Consenso de Monterrey.

Asimismo, reconocemos la responsabilidad de cada país respecto de su propio desarrollo económico, pero también que existe un vínculo de interdependencia entre las economías nacionales y el sistema económico mundial.

En el contexto de la Iniciativa Reforzada para la reducción de la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, hacemos un llamado a todos los acreedores a participar en el alivio de la deuda en beneficio de los países elegibles del Hemisferio, en apoyo a las reformas económicas y la reducción de la pobreza.

Reconocemos que la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico, toda vez que la verificación del título de la propiedad ayuda a las personas a obtener préstamos e iniciar negocios.

Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado, a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces, transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de propiedad, así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la transferencia de la propiedad, los registros de propiedad, el establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los derechos y obligaciones de deudores y acreedores.

En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad sobre los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.

Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital en muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones concretas para promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del costo promedio regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar en el 2008 e informar de los progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las Américas en Argentina en 2005. Adoptaremos, según sea necesario y apropiado, medidas tales como la promoción de la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación de obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan el costo de estas transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías, manteniendo normas de supervisión financiera efectivas.

Promoveremos la protección de los consumidores, la competencia leal y el perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados, a través de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes.

Desarrollo social

Reconocemos que la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes retos que enfrentan muchos países del Hemisferio en el siglo XXI. Estamos convencidos de que las políticas económicas y sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate a la desigualdad de oportunidades y la marginación, y que tales políticas son pilares fundamentales para edificar una sociedad más justa.

Enfatizamos que el trabajo, el empleo y el ingreso son esenciales para una política social incluyente.

Reiteramos que el empoderamiento de la mujer, su plena e igualitaria participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad de oportunidades para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social y el desarrollo sostenible centrado en el ser humano. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo la igualdad y equidad de género y los mandatos de las Cumbres de las Américas en esta materia.

Reconocemos la urgencia de que se fortalezcan en la Organización de los Estados Americanos los mecanismos de lucha contra la pobreza, tales como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación. Reconocemos, asimismo, la importancia de la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Urgimos a la Organización de los Estados Americanos a considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, celebrada en Isla de Margarita, Venezuela, para fortalecer la agenda social hemisférica.

Impulsaremos políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad social en nuestros países. Asimismo, instrumentaremos, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades financieras, redes de protección social u otras modalidades apropiadas para atender a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. Alentamos a los países del Hemisferio que aún no hayan establecido estas redes a explorar la posibilidad de hacerlo en el más corto plazo que les sea posible.

Reconocemos los esfuerzos realizados por países del Hemisferio para atender los problemas sociales suscitados por situaciones de desocupación, tales como la adopción de sistemas de seguro de desempleo o programas de ingreso de subsistencia.

Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro Hemisferio enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto y la valoración de nuestra diversidad cultural propician el desarrollo cultural y la cohesión social en nuestros países.

Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el avance sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la Organización de los Estados Americanos en torno a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la participación efectiva de representantes de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y apoyo para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación de la Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, y la observancia de las leyes laborales aplicables a ellos, de conformidad con los compromisos asumidos en las Cumbres de Santiago y de la Ciudad de Québec. Apoyamos la adopción de programas de migración ordenada como factor de desarrollo económico y social, y cooperaremos en el combate a la trata de personas, que afecta especialmente a mujeres y niños.

Estamos comprometidos con los principios del trabajo decente establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y promoveremos la aplicación de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, con el convencimiento de que el respeto de los derechos y la dignidad de los trabajadores es un elemento esencial para alcanzar la reducción de la pobreza y el desarrollo social y económico sostenible de nuestros pueblos. Adicionalmente, acordamos tomar medidas para combatir las peores formas de trabajo infantil.

Reconocemos y apoyamos la importante labor de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo para alcanzar estos objetivos vitales.

La educación es factor decisivo para el desarrollo humano, al incidir en la vida política, social, cultural, económica y democrática de nuestras sociedades. El incremento de las tasas de analfabetismo en muchos países de nuestro Hemisferio es un asunto que requiere nuestra acción inmediata. Nos comprometemos a continuar promoviendo el acceso a la educación básica de calidad para todos, basada en los principios de participación, equidad, pertinencia y eficacia, que genere las capacidades y habilidades necesarias para impulsar el proceso de desarrollo de nuestros pueblos sin discriminación ni exclusión alguna y así responder a los retos del siglo XXI.

Nos comprometemos a incrementar el acceso y la divulgación de información sobre nuestros sistemas educativos, con el objeto de mejorar su desempeño. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de continuar la implementación del Proyecto Regional de Indicadores Educativos, refrendado en la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación, celebrada en la Ciudad de México.

En especial, aquellos países que no lo hayan hecho elaborarán y divulgarán públicamente, antes de la próxima Cumbre , un informe con base en las metas de educación establecidas en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, a fin de fomentar su uso como una herramienta en la toma de decisiones para evaluar y mejorar los resultados.

Coincidimos en que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico juegan un papel importante en la creación y el sostenimiento de economías productivas. Seguiremos formulando políticas y lineamientos que apoyen las asociaciones de investigación públicas y privadas y promuevan su interacción con los sectores productivos, teniendo en cuenta los requerimientos y objetivos de nuestros países. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos multilaterales. En este sentido, nos empeñaremos en ampliar el acceso efectivo y equitativo a las tecnologías y su transferencia. Asimismo, intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a multiplicar y potenciar sus vínculos y a profundizar la investigación básica y aplicada. En relación con todas estas iniciativas, nos comprometemos a la protección de la propiedad intelectual, de conformidad tanto con las leyes nacionales como con los convenios internacionales.

Estamos conscientes de que la revolución informática aporta nuevas oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el desarrollo y para ampliar la participación equitativa en el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, particularmente en las áreas rurales, remotas y marginales. En un esfuerzo por reducir la brecha digital, tanto dentro de nuestros países como entre ellos, nos comprometemos con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la instrumentación continuada de la Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad de la información enfocada en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo, que esté inspirada en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso en el marco de un desarrollo económico social equilibrado.

Nos abocaremos, en el marco de nuestras legislaciones y competencias nacionales, a incentivar el acceso a precios razonables a las tecnologías de la información y la comunicación para todos, y alentaremos la plena y activa participación de la sociedad civil, incluido el sector privado, para alcanzar esta meta.

Destacamos que uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso de las naciones es la protección social en materia de salud, por lo que continuaremos ampliando las estrategias de prevención, atención y promoción, así como la inversión en este ámbito, a efecto de proveer servicios de calidad para todos y mejorar dentro de lo posible la protección social a todas las personas, con particular énfasis en los grupos más vulnerables.

Estamos particularmente preocupados por el impacto del VIH/SIDA en nuestras respectivas sociedades, su proliferación y la amenaza que ésta representa para la seguridad de nuestros pueblos. Reconocemos que para combatir la pandemia del VIH/SIDA es necesario realizar mayores esfuerzos de prevención, atención y tratamiento en el Hemisferio. Nuestro liderazgo político es esencial para hacer frente al estigma, la discriminación y el temor que disuade n a las personas de someterse a la prueba y acceder al tratamiento y atención. Reconocemos que, para hacer frente a los desafíos causados por la pandemia del VIH/SIDA, se requiere continuar aumentando los esfuerzos de cooperación a nivel mundial.

De acuerdo con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, las decisiones pertinentes de la Organización Mundial del Comercio y la Iniciativa “tres millones para 2005” de la Organización Mundial de la Salud, nos comprometemos a facilitar tratamiento accesible del VIH/SIDA con el objetivo de proveer tratamiento antirretroviral a todos los que lo necesiten, lo más pronto posible y al menos a 600.000 individuos para el año 2005. Asimismo, solicitamos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo identificar criterios que permitan a los países de América Latina y el Caribe tener un mayor acceso a sus recursos.

De la misma forma, estamos preocupados por las enfermedades emergentes y reemergentes, tales como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis, lepra, mal de Chagas y otras, considerando el actual contexto económico, social y de saneamiento ambiental, el impacto de los recurrentes desastres naturales y los problemas de salud asociados con el crecimiento no planificado en áreas densamente pobladas.

Por ello, nos comprometemos a reforzar los programas de promoción, prevención, control y tratamiento, continuar desarrollando y fortaleciendo estrategias de cooperación técnica entre países de la región y profundizar la cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos interamericanos, así como con otros actores clave, con el propósito de implementar acciones integrales desalud pública para el control y la eliminación de estas enfermedades.

Nos comprometemos a mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones y crear un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, a fin de que contribuya al desarrollo social, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria. En este contexto, apoyamos la aplicación del Plan de Acción “AGRO 2003-2015” para la Agricultura y la Vida Rural de las Américas, adoptado por la Segunda Reunión Ministerial de Agricultura y Vida Rural, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá en noviembre de 2003, y esperamos que el Foro Mundial de Biotecnología, que se llevará a cabo en Chile en marzo de 2004, contribuya a combatir el hambre en la región.

Asumimos el compromiso de incrementar la cooperación y fortalecer las instituciones responsables de coordinar e implementar las acciones orientadas a disminuir el impacto de los desastres naturales en las personas y su efecto en los planes nacionales de desarrollo, con énfasis en las áreas de prevención, mitigación, ate nción de emergencias y gestión del riesgo en sus diferentes niveles.

Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones es una inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo. Nos sentimos estimulados por la nueva alianza de los Ministros de Salud y Medio Ambiente de las Américas y les encomendamos desarrollar una agenda de cooperación para prevenir y minimizar los impactos negativos al medio ambiente y a la salud humana.

Gobernabilidad democrática

Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para el Hemisferio que nos permita enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales, para fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad regional cuya proyección internacional es un aporte de nuestro Hemisferio a la comunidad de naciones. Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos nuestros esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la democracia y para desarrollar y promover una cultura y una educación para la democracia.

Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio en la Comunidad de las Democracias y hacemos un llamado para que la Tercera Conferencia Ministerial continúe apoyando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en especial de los partidos políticos.

El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades para todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.

La gobernabilidad democrática se fortalece a través del diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Continuaremos impulsando una cultura democrática y de desarrollo basada en el pluralismo y la aceptación de la diversidad social y cultural.

Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente.

Manifestamos nuestra preocupación por prácti cas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en particular en las de los países en desarrollo, sus productores y consumidores.

La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la Conferencia de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga medidas concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se evaluarán en una reunión de los Estados Partes de la Convención a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción.

Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.

Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad con laConvención Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente comprometida en cualquiera de nuestros países.

Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos, en la administración de las finanzas públicas, en las transacciones gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones y contratos de acuerdo con la legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los abusos y mantener la confianza pública.

En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y suimplementación.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso instrumento para enfre ntar este flagelo, por lo que nos comprometemos a considerar su firma y promover su ratificación.

También nos comprometemos a incrementar la transparencia de las organizaciones internacionales de las cuales somos miembros a través del fortalecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas.

Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas de partidos políticos.

Coincidimos en que, a través de la participación ciudadana, la sociedad civil debe contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas impulsadas por los distintos órdenes o niveles de gobierno.

Reconocemos el papel de la sociedad civil y su contribución a la buena gestión pública y reafirmamos la importancia de continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la vinculación constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil para que trabajen a favor del desarrollo y la democracia.

Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las Américas, para lo cual nos proponemos institucionalizar los encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el privado.

Impulsaremos la modernización del Estado como elemento importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno, conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los servicios, transparencia y responsabilidad en la gestión, así como la consolidación y profesionalización de la administración pública. Nos comprometemos a estimular el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de gestión pública y adoptar estrategias que permitan el desarrollo del gobierno electrónico.

El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información.

Tomamos nota con satisfacción de que los gobiernos del Hemisferio están ejecutando el Consenso de Monterrey, al explorar formas innovadoras para movilizar financiamiento para la inversión privada y pública y reforzar el manejo de la deuda, considerando instrumentos financieros como los bonos indexados al crecimiento y otros, para promover la estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad financiera. La aplicación de estas medidas estaría orientada a acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Tomamos nota, asimismo, de los esfuerzos de los gobiernos de la región para promover la discusión en esta área.

Destacamos el papel de las actuales agencias multilaterales al proveer asistencia humanitaria. Asimismo, tomamos nota de las discusiones e iniciativas encaminadas a mejorar la efectividad en la provisión de asistencia humanitaria y erradicación de la pobreza, tales como la propuesta de crear un Fondo Humanitario Internacional, de carácter voluntario.

La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a la estabilidad, la democracia y la seguridad de nuestros Estados y de la región. Reiteramos que entre las principales causas de inestabilidad en la región se encuentran la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, que debemos enfrentar en forma integral y urgente.

Los avances en el desarrollo económico y social y el logro de mayores niveles de equidad a través del buen gobierno contribuirán a que se avance en la estabilidad en el Hemisferio y se profundice la dimensión humana de la seguridad.

Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en octubre de 2003, que se basa, entre otros, en el concepto multidimensional de la seguridad, así como en el principio de que el fundamento y el propósito de la seguridad es la protección de los seres humanos.

Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, constituyen graves amenazas a la seguridad internacional, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos. Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas.

Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, las doce convenciones y protocolos de las Naciones Unidas contra el terrorismo, así como otros instrumentos relacionados. Instamos a todos los países a considerar con urgencia la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y a participar activamente en la Red de asistencia jurídica mutua en materia penal.

Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe que fortalezcan su coordinación y continúen profundizando su apoyo, a través de sus respectivas actividades y programas, comprometiendo los recursos apropiados para implementar y hacer seguimiento de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas, así como de esta Declaración, y que presten su asistencia en los preparativos de la Cuarta Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005.

Agradecemos a la Organización de los Estados Americanos y a su Secretaría General, en particular a la Secretaría del Proceso de Cumbres de las Américas y al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, su labor en el seguimiento de las mismas y en los trabajos preparatorios de esta Cumbre Extraordinaria.

Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México por haber hospedado esta Cumbre Extraordinaria de las Américas y al Gobierno de la Argentina por refrendar la invitación para celebrar en ese país la Cuarta Cumbre de las Américas en 2005.

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, acordamos que el presente documento sea conocido como la “Declaración de Nuevo León” y lo aprobamos a los trece días del mes de enero del año dos mil cuatro.

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(1) “Venezuela se reserva el párrafo relativo al ALCA, por motivos principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía contenidas en el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias específicas y a los plazos establecidos. Ratificamos nuestro compromiso con la consolidación de un bloque regional y de comercio justo, como base para fortalecer los niveles de integración. Este proceso debe considerar las especificidades culturales, sociales y políticas de cada país; la soberanía y constitucionalidad; el nivel y tamaño de sus economías para garantizar un trato justo.

Décret nº 2006-326 du 15 mars 2006 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle et à la gestion des accès dans certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 88-227 du 11 mars 1988, la loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 et la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale applicable à Mayotte en application de l'article 75 de la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1. Est autorisée la mise en oeuvre par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, comportant des données biométriques, dénommé ” AX7003 “.

Article 2. Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° Le contrôle des personnes habilitées à pénétrer dans certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense situés à l'intérieur d'une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du Code pénal ;

2° La gestion et la conservation, pour une durée limitée, des données intéressant ces personnes.

Article 3. I. – Les catégories de données s'appliquant aux personnes mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'un enregistrement sont relatives :

1° A leur identité :

a) Nom patronymique ou d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Adresse du domicile, matricule, grade, fonction et service affectation ;

c) Photographie prise de face et empreinte digitale de l'index.

2° A l'autorisation d'accès qui leur est délivrée :

a) Type, niveau et date de la décision d'habilitation ;

b) Liste des accès autorisés à certains locaux ;

c) Date d'établissement, période de validité, numéro et catégorie du badge d'accès ;

d) Mouvements d'entrée et de sortie de la zone protégée et à l'intérieur de celle-ci.

3° Aux incidents dans lesquels elles sont impliquées : nature et date de constatation du non-respect d'une autorisation d'accès.

II. – Le traitement permet de mémoriser des données liées aux dysfonctionnements techniques du système de contrôle des accès.

Article 4. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les données incluses dans le traitement automatisé l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Article 5. Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données du traitement :

1° Le directeur, les directeurs adjoints, le chef du bureau affaires générales, l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;

2° Les détenteurs d'une autorisation d'accès à certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 3 intéressant leur personne.

Article 6. Les données sont conservées pendant une durée maximum d'une année après soit la date de péremption, soit celle de retrait de l'autorisation d'accès, à l'exception d'une part des données biométriques qui sont détruites le jour même de l'une ou l'autre de ces deux dates et d'autre part des données relatives aux incidents ou dysfonctionnements mentionnés respectivement au 3° du I et au II de l'article 3, dont il est conservé mémoire pendant les deux mois suivant la date de leur constatation.

Article 7. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement automatisé de données prévu par le présent décret.

Article 8. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Article 9. La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2006.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 89-9 du 1^er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissement publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l’ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu les statuts de l’agence tunisienne de l’internet,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier .–　

L’organigramme de l’agence tunisienne de l’internet est fixé conformément aux schémas et à l’annexe joints au présent décret.

Article 2 .–　

La mise en application de l’organigramme de l’agence tunisienne de l’internet s’effectue sur la base des fiches – fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d’emploi à l’agence.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions de l’article 10 (bis) de la loi 89-9 du 1^er février 1989 citée ci-dessus.

Article 3 .–　

L’agence tunisienne de l’internet est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l’accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l’agence tunisienne de l’internet.

Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 4 .–　

Le ministre des technologies de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2009.

Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95, Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos(4), insta a los Estados miembros a garantizar los derechos y libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y, en especial, su derecho a la intimidad, de forma que los datos personales puedan circular libremente en la Comunidad.

(2) La presente Directiva pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales y observa los principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Señaladamente, la presente Directiva pretende garantizar el pleno respeto de los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de dicha Carta.

(3) La confidencialidad de las comunicaciones está garantizada de conformidad con los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, especialmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y las constituciones de los Estados miembros.

(4) La Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones(5), tradujo los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE en normas concretas para el sector de las telecomunicaciones. La Directiva 97/66/CE debe ser adaptada al desarrollo de los mercados y de las tecnologías de los servicios de comunicaciones electrónicas para que el nivel de protección de los datos personales y de la intimidad ofrecido a los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público sea el mismo, con independencia de las tecnologías utilizadas. Procede, pues, derogar dicha Directiva y sustituirla por la presente.

(5) Actualmente se están introduciendo en las redes públicas de comunicación de la Comunidad nuevas tecnologías digitales avanzadas que crean necesidades específicas en materia de protección de datos personales y de la intimidad de los usuarios. El desarrollo de la sociedad de la información se caracteriza por la introducción de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas. El acceso a las redes móviles digitales está ya disponible y resulta asequible para un público muy amplio. Estas redes digitales poseen gran capacidad y muchas posibilidades en materia de tratamiento de los datos personales. El éxito del desarrollo transfronterizo de estos servicios depende en parte de la confianza de los usuarios en que no se pondrá en peligro su intimidad.

(6) Internet está revolucionando las estructuras tradicionales del mercado al aportar una infraestructura común mundial para la prestación de una amplia gama de servicios de comunicaciones electrónicas. Los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público a través de Internet introducen nuevas posibilidades para los usuarios, pero también nuevos riesgos para sus datos personales y su intimidad.

(7) En el caso de las redes públicas de comunicación, deben elaborarse disposiciones legales, reglamentarias y técnicas específicas con objeto de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y los intereses legítimos de las personas jurídicas, en particular frente a la creciente capacidad de almacenamiento y tratamiento informático de datos relativos a abonados y usuarios.

(8) Deben armonizarse las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas adoptadas por los Estados miembros para proteger los datos personales, la intimidad y los intereses legítimos de las personas jurídicas en el sector de las comunicaciones electrónicas, a fin de evitar obstáculos para el mercado interior de las comunicaciones electrónicas de conformidad con el artículo 14 del Tratado. La armonización debe limitarse a los requisitos necesarios para garantizar que no se vean obstaculizados el fomento y el desarrollo de los nuevos servicios y redes de comunicaciones electrónicas entre Estados miembros.

(9) Los Estados miembros, los proveedores y usuarios afectados y las instancias comunitarias competentes deben cooperar para el establecimiento y el desarrollo de las tecnologías pertinentes cuando sea necesario para aplicar las garantías previstas en la presente Directiva y teniendo especialmente en cuenta el objetivo de reducir al mínimo el tratamiento de los datos personales y de tratar la información de forma anónima o mediante seudónimos cuando sea posible.

(10) En el sector de las comunicaciones electrónicas es de aplicación la Directiva 95/46/CE, en particular para todas las cuestiones relativas a la protección de los derechos y las libertades fundamentales que no están cubiertas de forma específica por las disposiciones de la presente Directiva, incluidas las obligaciones del responsable del tratamiento de los datos y los derechos de las personas. La Directiva 95/46/CE se aplica a los servicios de comunicaciones electrónicas que no sean de carácter público.

(11) Al igual que la Directiva 95/46/CE, la presente Directiva no aborda la protección de los derechos y las libertades fundamentales en relación con las actividades no regidas por el Derecho comunitario. Por lo tanto, no altera el equilibrio actual entre el derecho de las personas a la intimidad y la posibilidad de que disponen los Estados miembros, según se indica en el apartado 1 del artículo 15 de la presente Directiva, de tomar las medidas necesarias para la protección de la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando las actividades tengan relación con asuntos de seguridad del Estado) y la aplicación del Derecho penal. En consecuencia, la presente Directiva no afecta a la capacidad de los Estados miembros para interceptar legalmente las comunicaciones electrónicas o tomar otras medidas, cuando sea necesario, para cualquiera de estos fines y de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según la interpretación que se hace de éste en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas medidas deberán ser necesarias en una sociedad democrática y rigurosamente proporcionales al fin que se pretende alcanzar y deben estar sujetas, además, a salvaguardias adecuadas, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(12) Los abonados de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público pueden ser personas físicas o jurídicas. Al complementar la Directiva 95/46/CE, la presente Directiva pretende proteger los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad, así como los intereses legítimos de las personas jurídicas. La presente Directiva no supone obligación alguna por parte de los Estados miembros de hacer extensiva la aplicación de la Directiva 95/46/CE a la protección de los intereses legítimos de las personas jurídicas, que está garantizada en el marco de la legislación comunitaria y nacional.

(13) La relación contractual entre un abonado y un proveedor de servicios puede implicar un pago periódico o único por el servicio prestado o por prestar. Las tarjetas de prepago se consideran asimismo un contrato.

(14) Los datos de localización pueden referirse a la latitud, la longitud y la altitud del equipo terminal del usuario, a la dirección de la marcha, al nivel de precisión de la información de la localización, a la identificación de la célula de red en la que está localizado el equipo terminal en un determinado momento o a la hora en que la información de localización ha sido registrada.

(15) Una comunicación puede incluir cualquier dato relativo a nombres, números o direcciones facilitado por el remitente de una comunicación o el usuario de una conexión para llevar a cabo la comunicación. Los datos de tráfico pueden incluir cualquier conversión de dicha información efectuada por la red a través de la cual se transmita la comunicación a efectos de llevar a cabo la transmisión. Los datos de tráfico pueden referirse, entre otras cosas, al encaminamiento, la duración, la hora o el volumen de una comunicación, al protocolo utilizado, a la localización del equipo terminal del remitente o destinatario, a la red en que se origina o concluye la transmisión, al principio, fin o duración de una conexión. También pueden referirse al formato en que la red conduce la comunicación.

(16) La información que forma parte de un servicio de radiodifusión suministrado en una red pública de comunicaciones y está dirigida a una audiencia potencialmente ilimitada no constituye una comunicación con arreglo a la presente Directiva. No obstante, en casos en que se pueda identificar al abonado o usuario individual que recibe dicha información, por ejemplo con servicios de vídeo a la carta, la información conducida queda incluida en el significado del término “comunicación” a efectos de la presente Directiva.

(17) A efectos de la presente Directiva, el consentimiento de un usuario o abonado, independientemente de que se trate de una persona física o jurídica, debe tener el mismo significado que el consentimiento de la persona afectada por los datos tal como se define y se especifica en la Directiva 95/46/CE. El consentimiento podrá darse por cualquier medio apropiado que permita la manifestación libre, inequívoca y fundada de la voluntad del usuario, por ejemplo mediante la selección de una casilla de un sitio web en Internet.

(18) Los servicios con valor añadido pueden consistir, por ejemplo, en recomendaciones sobre las tarifas menos costosas, orientación vial, información sobre tráfico, previsiones meteorológicas o información turística.

(19) La aplicación de determinados requisitos relativos a la presentación y a restricciones en la identificación de la línea de origen y de la línea conectada y al desvío automático de las llamadas a las líneas de abonado conectadas a centrales analógicas no debe ser obligatoria en aquellos casos particulares en los que dicha aplicación resulte imposible técnicamente, o en los que requiera un esfuerzo económico desproporcionado. Es importante que las partes interesadas sean informadas de dichos casos, y por consiguiente los Estados miembros deben notificarlos a la Comisión.

(20) Los proveedores de servicios deben tomar las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de sus servicios, de ser necesario en conjunción con el suministrador de la red, e informar a los abonados de todo riesgo especial relativo a la seguridad de la red. Tales riesgos pueden presentarse especialmente en el caso de los servicios de comunicaciones electrónicas a través de una red abierta como Internet o de una red de telefonía móvil analógica. Resulta particularmente importante que los abonados y usuarios de tales servicios sean plenamente informados por su proveedor de servicios de los riesgos para la seguridad que escapan a posibles soluciones adoptadas por dicho proveedor de servicios. Los proveedores de servicios que ofrecen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público a través de Internet deben informar a usuarios y abonados de las medidas que pueden adoptar para proteger la seguridad de sus comunicaciones, por ejemplo utilizando determinados tipos de soporte lógico o tecnologías de cifrado. La exigencia de informar a los abonados de riesgos de seguridad particulares no exime al proveedor del servicio de la obligación de tomar a sus expensas medidas inmediatas y adecuadas para solucionar cualesquiera riesgos nuevos e imprevistos de seguridad y restablecer el nivel normal de seguridad del servicio. El suministro de información sobre riesgos de seguridad al abonado debe ser gratuito, salvo los costes nominales en que pueda incurrir el abonado al recibir o recoger la información, por ejemplo al cargar un mensaje de correo electrónico. La seguridad se valora a la luz del artículo 17 de la Directiva 95/46/CE.

(21) Deben adoptarse medidas para evitar el acceso no autorizado a las comunicaciones a fin de proteger la confidencialidad de las mismas, incluidos tanto sus contenidos como cualquier dato relacionado con ellas, por medio de las redes públicas de comunicaciones y los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. La legislación nacional de algunos Estados miembros prohíbe solamente el acceso intencionado no autorizado a las comunicaciones.

(22) Al prohibirse el almacenamiento de comunicaciones, o de los datos de tráfico relativos a éstas, por terceros distintos de los usuarios o sin su consentimiento no se pretende prohibir el almacenamiento automático, intermedio y transitorio de esta información, en la medida en que sólo tiene lugar para llevar a cabo la transmisión en la red de comunicaciones electrónicas, y siempre que la información no se almacene durante un período mayor que el necesario para la transmisión y para los fines de la gestión del tráfico, y que durante el período de almacenamiento se garantice la confidencialidad. Cuando resulte necesario para hacer más eficaz la transmisión de toda información públicamente asequible a otros destinatarios del servicio a solicitud de los mismos, la presente Directiva no debe evitar que dicha información siga almacenada más tiempo, siempre que la misma sea, en cualquier caso, asequible al público sin restricciones y que se eliminen todos los datos relativos a los abonados o usuarios individuales que pidan tal información.

(23) La confidencialidad de las comunicaciones debe garantizarse también en el curso de las prácticas comerciales lícitas. Cuando sea necesario y esté legalmente autorizado, las comunicaciones podrán grabarse al objeto de proporcionar la prueba de una transacción comercial.

La Directiva 95/46/CE es de aplicación a este tipo de tratamiento. Los interlocutores en las comunicaciones deben ser informados con anterioridad a la grabación sobre la misma, su objeto y la duración de su almacenamiento. La comunicación grabada debe ser eliminada en cuanto sea posible y en cualquier caso a más tardar al concluir el plazo durante el cual dicha transacción puede ser impugnada jurídicamente.

(24) Los equipos terminales de los usuarios de redes de comunicaciones electrónicas, así como toda información almacenada en dichos equipos, forman parte de la esfera privada de los usuarios que debe ser protegida de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los denominados “programas espía” (spyware), web bugs, identificadores ocultos y otros dispositivos similares pueden introducirse en el terminal del usuario sin su conocimiento para acceder a información, archivar información oculta o rastrear las actividades del usuario, lo que puede suponer una grave intrusión en la intimidad de dichos usuarios. Sólo debe permitirse la utilización de tales dispositivos con fines legítimos y con el conocimiento de los usuarios afectados.

(25) No obstante, los dispositivos de este tipo, por ejemplo los denominados “chivatos” (cookies), pueden constituir un instrumento legítimo y de gran utilidad, por ejemplo, para analizar la efectividad del diseño y de la publicidad de un sitio web y para verificar la identidad de usuarios partícipes en una transacción en línea. En los casos en que estos dispositivos, por ejemplo los denominados “chivatos” (cookies), tengan un propósito legítimo, como el de facilitar el suministro de servicios de la sociedad de la información, debe autorizarse su uso a condición de que se facilite a los usuarios información clara y precisa al respecto, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, para garantizar que los usuarios están al corriente de la información que se introduce en el equipo terminal que están utilizando. Los usuarios deben tener la posibilidad de impedir que se almacene en su equipo terminal un “chivato” (cookie) o dispositivo semejante. Esto es particularmente importante cuando otros usuarios distintos al usuario original tienen acceso al equipo terminal y, a través de éste, a cualquier dato sensible de carácter privado almacenado en dicho equipo. La información sobre la utilización de distintos dispositivos que se vayan a instalar en el equipo terminal del usuario en la misma conexión y el derecho a impedir la instalación de tales dispositivos se pueden ofrecer en una sola vez durante una misma conexión y abarcar asimismo cualquier posible utilización futura de dichos dispositivos en conexiones posteriores. La presentación de la información y del pedido de consentimiento o posibilidad de negativa debe ser tan asequible para el usuario como sea posible. No obstante, se podrá supeditar el acceso a determinados contenidos de un sitio web a la aceptación fundada de un “chivato” (cookie) o dispositivo similar, en caso de que éste tenga un propósito legítimo.

(26) Los datos relativos a los abonados que son tratados en las redes de comunicaciones electrónicas para el establecimiento de conexiones y la transmisión de información contienen información sobre la vida privada de las personas físicas, y afectan al derecho de éstas al respeto de su correspondencia, o se refieren a los intereses legítimos de las personas jurídicas. Dichos datos sólo deben poder almacenarse en la medida en que resulten necesarios para la prestación del servicio, para fines de facturación y para los pagos de interconexión, y durante un tiempo limitado. Cualquier otro tratamiento de dichos datos que el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público pretenda llevar a cabo para la comercialización de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido sólo puede permitirse si el abonado ha manifestado su consentimiento fundado en una información plena y exacta facilitada por el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público acerca del tipo de tratamiento que pretende llevar a cabo y sobre el derecho del abonado a denegar o a retirar su consentimiento a dicho tratamiento. Los datos sobre tráfico utilizados para la comercialización de los servicios de comunicaciones o para la prestación de servicios de valor añadido deben también eliminarse o hacerse anónimos tras la prestación del servicio. Los proveedores de servicios deben mantener siempre informados a los abonados de los tipos de dato que están tratando y de la finalidad y duración del tratamiento.

(27) El momento exacto en que finaliza la transmisión de una comunicación, tras el cual los datos de tráfico deberán eliminarse salvo a efectos de facturación, puede depender del tipo de servicio de comunicaciones electrónicas que se suministre. Por ejemplo, para una llamada de telefonía vocal la transmisión finalizará en cuanto uno de los usuarios interrumpa la conexión; para el correo electrónico la transmisión finaliza en cuanto el destinatario recoge el mensaje, en general del servidor de su proveedor de servicios.

(28) La obligación de eliminar datos de tráfico o de hacerlos anónimos cuando ya no se necesiten para la transmisión de una comunicación no entra en conflicto con procedimientos existentes en Internet como la prelectura en soporte rápido (caching), en el sistema de nombres de dominio, de direcciones IP o el caching de una dirección IP vinculada a una dirección física, o la utilización de información relativa al usuario para controlar el derecho de acceso a redes o servicios.

(29) De ser necesario, el proveedor del servicio puede tratar, en casos concretos, los datos de tráfico relacionados con los abonados y usuarios, a fin de detectar fallos o errores técnicos en la transmisión de las comunicaciones. El proveedor también puede tratar los datos de tráfico necesarios a efectos de facturación a fin de detectar y frenar el fraude consistente en la utilización sin pago de servicios de comunicaciones electrónicas.

(30) Los sistemas para el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas deben diseñarse de modo que se limite la cantidad de datos personales al mínimo estrictamente necesario. Cualesquiera actividades relacionadas con el suministro del servicio de comunicaciones electrónicas que vayan más allá de la transmisión de una comunicación y su facturación debe basarse en datos de tráfico acumulados que no puedan referirse a abonados o usuarios. Cuando dichas actividades no puedan basarse en datos acumulados, deben considerarse servicios con valor añadido para los cuales se requiere el consentimiento del abonado.

(31) El consentimiento que deberá obtenerse para el tratamiento de datos personales a efectos de proporcionar un particular servicio con valor añadido debe ser el del abonado o el del usuario, en función de los datos que deban tratarse y el tipo de servicio que se suministre y de que sea posible desde el punto de vista técnico, de procedimiento y del contrato distinguir la persona que utiliza un servicio de comunicaciones electrónicas de la persona física o jurídica que ha suscrito el mismo.

(32) Si el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas o de un servicio con valor añadido subcontrata el tratamiento de datos personales necesario para la prestación de dichos servicios a otra entidad, dicha subcontratación y el tratamiento de datos subsiguiente deben cumplir plenamente los requisitos relativos a los responsables y a los encargados del tratamiento de datos personales que establece la Directiva 95/46/CE. Si la prestación de un servicio con valor añadido requiere que los datos de tráfico o de localización sean transmitidos por un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas hacia un proveedor de servicios con valor añadido, los abonados o usuarios a los que se refieran dichos datos deben asimismo estar plenamente informados sobre dicha transmisión antes de dar su consentimiento al tratamiento de los datos.

(33) La introducción de facturas desglosadas ha aumentado la posibilidad de que el abonado pueda comprobar que las tarifas aplicadas por el proveedor del servicio son correctas, pero, al mismo tiempo, puede poner en peligro la intimidad de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Por consiguiente, a fin de proteger la intimidad de los usuarios, los Estados miembros deben fomentar el desarrollo de opciones de servicios de comunicaciones electrónicas tales como posibilidades de pago alternativas que permitan el acceso anónimo o estrictamente privado a los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, por ejemplo tarjetas de llamada y posibilidad de pago con tarjetas de crédito. Con idéntico propósito, los Estados miembros podrán pedir a los operadores que ofrezcan a sus abonados otro tipo de factura detallada en la que se omita cierto número de cifras del número llamado.

(34) Es necesario, por lo que respecta a la identificación de la línea de origen, proteger el derecho del interlocutor que efectúa la llamada a reservarse la identificación de la línea desde la que realiza dicha llamada y el derecho del interlocutor llamado a rechazar llamadas procedentes de líneas no identificadas. Está justificado anular la eliminación de la presentación de la identificación de la línea de origen en casos particulares. Determinados abonados, en particular las líneas de ayuda y otras organizaciones similares, tienen interés en garantizar el anonimato de sus interlocutores. Es necesario, por lo que respecta a la identificación de la línea conectada, proteger el derecho y el interés legítimo del interlocutor llamado a impedir la presentación de la identificación de la línea a la que está conectado realmente el interlocutor llamante, en particular en el caso de las llamadas que han sido desviadas. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben informar a sus abonados de la existencia de la identificación de líneas llamantes y conectadas en la red y de todos los servicios ofrecidos a partir de la identificación de las líneas llamantes y conectadas, así como sobre las opciones de confidencialidad disponibles. Esto permitirá a los abonados decidir con conocimiento de causa las posibilidades de confidencialidad que deseen utilizar. Las opciones de confidencialidad ofrecidas caso por caso no tienen que estar disponibles necesariamente como servicio de la red automática, pero sí obtenerse mediante simple solicitud al proveedor del servicio de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

(35) En las redes móviles digitales se tratan los datos sobre localización que proporcionan la posición geográfica del equipo terminal del usuario móvil para hacer posible la transmisión de las comunicaciones. Tales datos constituyen datos sobre tráfico a los que es aplicable el artículo 6 de la presente Directiva. Sin embargo, además, las redes móviles digitales pueden tener la capacidad de tratar datos sobre localización más precisos de lo necesario para la transmisión de comunicaciones y que se utilizan para la prestación de servicios de valor añadido tales como los servicios que facilitan información sobre tráfico y orientaciones individualizadas a los conductores. El tratamiento de tales datos para la prestación de servicios de valor añadido sólo debe permitirse cuando los abonados hayan dado su consentimiento. Incluso en los casos en que los abonados hayan dado su consentimiento, éstos deben contar con un procedimiento sencillo y gratuito de impedir temporalmente el tratamiento de los datos sobre localización.

(36) Los Estados miembros podrán restringir el derecho a la intimidad de los usuarios y abonados por lo que se refiere a la identificación de la línea de origen en los casos en que ello sea necesario para rastrear llamadas malevolentes, y en lo tocante a la identificación y localización de dicha línea cuando sea preciso para que los servicios de socorro cumplan su cometido con la máxima eficacia posible. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar disposiciones específicas que permitan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ofrecer el acceso a la identificación y localización de la línea de origen sin el consentimiento previo de los usuarios o abonados de que se trate.

(37) Deben ofrecerse garantías a los abonados contra las molestias que puedan causar las llamadas desviadas automáticamente por otros. Además en tales casos, los abonados deben poder detener las llamadas desviadas hacia sus terminales mediante simple solicitud al proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

(38) Las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas alcanzan gran difusión y tienen carácter público. El derecho a la intimidad de las personas físicas y el interés legítimo de las personas jurídicas exigen que los abonados puedan decidir si se hacen públicos sus datos personales en dichas guías y, caso de hacerse públicos, cuáles de ellos. Los suministradores de guías públicas deben informar a los abonados que vayan a incluirse en tales guías acerca de la finalidad de las mismas y de cualquier uso particular que pueda hacerse de las versiones electrónicas de las guías públicas, especialmente a través de funciones de búsqueda incorporadas al soporte lógico, tales como las funciones de búsqueda inversa que permiten al usuario de la guía averiguar el nombre y la dirección del abonado a partir exclusivamente de un número de teléfono.

(39) Debe imponerse a quien recoja datos para ser incluidos en las guías públicas en las que figuren los datos personales de los abonados la obligación de informar a estos últimos acerca de los objetivos de dichas guías. Cuando los datos puedan ser transmitidos a una o más terceras partes, debe informarse al abonado de esta posibilidad, así como acerca del destinatario o de las categorías de posibles destinatarios. Cualquier transmisión debe estar sujeta a la condición de que los datos no puedan utilizarse para otros fines más que aquéllos para los que se recojan. Si quien recoge datos del usuario o cualquier tercero a quien se hayan transmitido los datos desea utilizarlos con un fin suplementario, la renovación del consentimiento del abonado deberá obtenerla ya sea quien recogió inicialmente los datos o el tercero a quien se hayan transmitido.

(40) Deben ofrecerse garantías a los abonados contra la intrusión en su intimidad mediante comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, especialmente a través de llamadores automáticos, faxes y mensajes de correo electrónico, incluidos los de SMS. Por una parte, el envío de estas formas de comunicaciones comerciales no solicitadas puede resultar relativamente sencillo y económico, y por otra, puede conllevar una molestia e incluso un coste para el receptor. Además, en algunos casos su volumen puede dar lugar a dificultades en las redes de comunicaciones electrónicas y en los equipos terminales. Se justifica, para este tipo de comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, la exigencia de obtener el consentimiento expreso previo de los receptores antes de que puedan dirigírseles comunicaciones de esta índole. El mercado único requiere un planteamiento armonizado que garantice la existencia de normas sencillas aplicadas a escala comunitaria, tanto para las empresas como para los usuarios.

(41) En el contexto de una relación preexistente con el cliente, es razonable admitir el uso de las señas electrónicas del cliente con objeto de ofrecer productos o servicios similares, pero exclusivamente por parte de la misma empresa que haya obtenido las señas electrónicas de conformidad con la Directiva 95/46/CE. En el momento de recabarse las señas electrónicas, debe informarse al cliente de manera clara e inequívoca sobre su uso ulterior con fines de venta directa, y debe dársele la posibilidad de negarse a dicho uso. Debe seguir ofreciéndose al cliente esta posibilidad cada vez que reciba un mensaje ulterior de venta directa, sin cargo alguno salvo los posibles costes de transmisión de esta negativa.

(42) El caso de otras formas de venta directa que resultan más onerosas para el remitente y no implican costes financieros para los abonados y usuarios, como las llamadas personales de telefonía vocal, se puede justificar el mantenimiento de un sistema que dé a los abonados o usuarios la posibilidad de indicar que no desean recibir llamadas de ese tipo. Sin embargo, a fin de no disminuir los niveles actuales de protección de la intimidad, debe facultarse a los Estados miembros para mantener sus sistemas nacionales que únicamente autoricen ese tipo de llamadas cuando los abonados y usuarios hayan dado su consentimiento previo.

(43) Para facilitar la aplicación efectiva de las normas comunitarias en materia de mensajes no solicitados con fines de venta directa, es preciso prohibir el uso de identidades falsas y de domicilios y números de contacto falsos cuando se envían mensajes no solicitados con fines de venta directa.

(44) Determinados sistemas de correo electrónico ofrecen al usuario la posibilidad de ver la identidad del remitente y el asunto del mensaje, así como borrar el mensaje, sin tener que descargar el resto del contenido ni los ficheros anexos, reduciendo con ello los costes que podrían derivarse de descargar mensajes o ficheros no solicitados. Estas modalidades de funcionamiento pueden seguir siendo útiles en determinados casos, como instrumento añadido a las obligaciones generales que se establecen en la presente Directiva.

(45) La presente Directiva no afecta a las disposiciones tomadas por los Estados miembros para proteger los intereses legítimos de las personas jurídicas en lo que se refiere a las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa. En caso de que los Estados miembros establezcan un registro de autoexclusión de dicho tipo de comunicaciones con destino a las personas jurídicas, en su mayor parte usuarios comerciales, serán de plena aplicación las disposiciones del artículo 7 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(6).

(46) Las funcionalidades para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas pueden estar integradas en la red o en cualquier parte del equipo terminal del usuario, incluido el soporte lógico. La protección de los datos personales y la intimidad del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público debe ser independiente de la configuración de los distintos componentes necesarios para prestar el servicio y de la distribución de las funcionalidades necesarias entre dichos componentes. La Directiva 95/46/CE cubre cualquier forma de tratamiento de datos personales con independencia de la tecnología utilizada. La existencia de normas específicas para los servicios de comunicaciones electrónicas, junto a las normas generales para los demás componentes necesarios para la prestación de tales servicios, podría no facilitar la protección de los datos personales y la intimidad de modo tecnológicamente neutro. Por consiguiente, puede resultar necesario adoptar medidas que exijan a los fabricantes de determinados tipos de equipos utilizados en los servicios de comunicaciones electrónicas que fabriquen sus productos de manera que incorporen salvaguardias para garantizar la protección de los datos personales y la intimidad del usuario y el abonado. La adopción de dichas medidas de conformidad con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad(7), garantizará que la introducción de características técnicas en los equipos de comunicaciones electrónicas, incluido el soporte lógico, para fines de protección de datos esté armonizada a fin de que sea compatible con la realización del mercado interior.

(47) En los casos en que no se respeten los derechos de los usuarios y abonados, el Derecho nacional debe prever vías de recurso judiciales. Deben imponerse sanciones a aquellas personas, ya sean de Derecho público o privado, que incumplan las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva.

(48) Resulta útil en el ámbito de aplicación de la presente Directiva aprovechar las experiencias del Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, compuesto por representantes de las autoridades de control de los Estados miembros y creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE.

(49) Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, son necesarias determinadas disposiciones particulares para el tratamiento de datos ya en curso el día en que entre en vigor la legislación nacional de aplicación de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1.- Ámbito de aplicación y objetivo

1. La presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados miembros necesarias para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

2. Las disposiciones de la presente Directiva especifican y completan la Directiva 95/46/CE a los efectos mencionados en el apartado 1. Además, protegen los intereses legítimos de los abonados que sean personas jurídicas.

3. La presente Directiva no se aplicará a las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, como las reguladas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, ni, en cualquier caso, a las actividades que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dichas actividades estén relacionadas con la seguridad del mismo) y a las actividades del Estado en materia penal.

Artículo 2.- Definiciones

Salvo disposición en contrario, serán de aplicación a efectos de la presente Directiva las definiciones que figuran en la Directiva 95/46/CE y en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)(8).

Además, a efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) “usuario”: una persona física que utiliza con fines privados o comerciales un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público, sin que necesariamente se haya abonado a dicho servicio;

b) “datos de tráfico”: cualquier dato tratado a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas o a efectos de la facturación de la misma;

c) “datos de localización”: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público;

d) “comunicación”: cualquier información intercambiada o conducida entre un número finito de interesados por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. No se incluye en la presente definición la información conducida, como parte de un servicio de radiodifusión al público, a través de una red de comunicaciones electrónicas, excepto en la medida en que la información pueda relacionarse con el abonado o usuario identificable que reciba la información;

e) “llamada”: una conexión establecida por medio de un servicio telefónico disponible para el público que permita la comunicación bidireccional en tiempo real;

f) “consentimiento” de un usuario o abonado: el consentimiento del interesado, con arreglo a la definición de la Directiva 95/46/CE;

g) “servicio con valor añadido”: todo servicio que requiere el tratamiento de datos de tráfico o datos de localización distintos de los de tráfico que vayan más allá de lo necesario para la transmisión de una comunicación o su facturación;

h) “correo electrónico”: todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red de comunicaciones pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo.

Artículo 3.- Servicios afectados

1. La presente Directiva se aplicará al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en las redes públicas de comunicaciones de la Comunidad.

2. Los artículos 8, 10 y 11 se aplicarán a las líneas de abonado conectadas a centrales digitales y, siempre y cuando sea técnicamente posible y no exija un esfuerzo económico desproporcionado, a las líneas de abonado conectadas a centrales analógicas.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión aquellos casos en los que no sea posible técnicamente o exija un esfuerzo económico desproporcionado cumplir los requisitos de los artículos 8, 10 y 11.

Artículo 4.- Seguridad

1. El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público deberá adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus servicios, de ser necesario en colaboración con el proveedor de la red pública de comunicaciones por lo que respecta a la seguridad de la red. Considerando las técnicas más avanzadas y el coste de su aplicación, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

2. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público deberá informar a los abonados sobre dicho riesgo y, cuando el riesgo quede fuera del ámbito de las medidas que deberá tomar el proveedor del servicio, sobre las posibles soluciones, con una indicación de los posibles costes.

Artículo 5.- Confidencialidad de las comunicaciones

1. Los Estados miembros garantizarán, a través de la legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones, y de los datos de tráfico asociados a ellas, realizadas a través de las redes públicas de comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. En particular, prohibirán la escucha, la grabación, el almacenamiento u otros tipos de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas por personas distintas de los usuarios, sin el consentimiento de los usuarios interesados, salvo cuando dichas personas estén autorizadas legalmente a hacerlo de conformidad con el apartado 1 del artículo 15. El presente apartado no impedirá el almacenamiento técnico necesario para la conducción de una comunicación, sin perjuicio del principio de confidencialidad.

2. El apartado 1 no se aplicará a las grabaciones legalmente autorizadas de comunicaciones y de los datos de tráfico asociados a ellas cuando se lleven a cabo en el marco de una práctica comercial lícita con el fin de aportar pruebas de una transacción comercial o de cualquier otra comunicación comercial.

3. Los Estados miembros velarán por que únicamente se permita el uso de las redes de comunicaciones electrónicas con fines de almacenamiento de información o de obtención de acceso a la información almacenada en el equipo terminal de un abonado o usuario a condición de que se facilite a dicho abonado o usuario información clara y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y de que el responsable del tratamiento de los datos le ofrezca el derecho de negarse a dicho tratamiento. La presente disposición no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar o facilitar la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida de lo estrictamente necesario a fin de proporcionar a una empresa de información un servicio expresamente solicitado por el usuario o el abonado.

Artículo 6.- Datos de tráfico

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del presente artículo y en el apartado 1 del artículo 15, los datos de tráfico relacionados con abonados y usuarios que sean tratados y almacenados por el proveedor de una red pública de comunicaciones o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sea necesario a los efectos de la transmisión de una comunicación.

2. Podrán ser tratados los datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones. Se autorizará este tratamiento únicamente hasta la expiración del plazo durante el cual pueda impugnarse legalmente la factura o exigirse el pago.

3. El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público podrá tratar los datos a que se hace referencia en el apartado 1 para la promoción comercial de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios con valor añadido en la medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoción comercial, siempre y cuando el abonado o usuario al que se refieran los datos haya dado su consentimiento. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tráfico en cualquier momento.

4. El proveedor del servicio deberá informar al abonado o al usuario de los tipos de datos de tráfico que son tratados y de la duración de este tratamiento a los efectos mencionados en el apartado 2 y, antes de obtener el consentimiento, a los efectos contemplados en el apartado 3.

5. Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de tráfico, de conformidad con los apartados 1, 2, 3 y 4, las personas que actúen bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que se ocupen de la facturación o de la gestión del tráfico, de las solicitudes de información de los clientes, de la detección de fraudes, de la promoción comercial de los servicios de comunicaciones electrónicas o de la prestación de un servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario para realizar tales actividades.

6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 se aplicarán sin perjuicio de la posibilidad de que los organismos competentes sean informados de los datos de tráfico con arreglo a la legislación aplicable, con vistas a resolver litigios, en particular los relativos a la interconexión o a la facturación.

Artículo 7.- Facturación desglosada

1. Los abonados tendrán derecho a recibir facturas no desglosadas.

2. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales a fin de conciliar los derechos de los abonados que reciban facturas desglosadas con el derecho a la intimidad de los usuarios que efectúen las llamadas y de los abonados que las reciban, por ejemplo, garantizando que dichos usuarios y abonados dispongan de suficientes modalidades alternativas de comunicación o de pago que potencien la intimidad.

Artículo 8.- Presentación y restricción de la identificación de la línea de origen y de la línea conectada

1. Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen, el proveedor del servicio deberá ofrecer al usuario que efectúe la llamada la posibilidad de impedir en cada llamada, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen. El abonado que origine la llamada deberá tener esta posibilidad para cada línea.

2. Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, siempre que haga un uso razonable de esta función, de impedir la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes.

3. Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen y ésta se presente antes de que se establezca la llamada, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, mediante un procedimiento sencillo, de rechazar las llamadas entrantes procedentes de usuarios o abonados que hayan impedido la presentación de la identificación de la línea de origen.

4. Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea conectada, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de impedir la presentación de la identificación de la línea conectada al usuario que efectúa la llamada.

5. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán también a las llamadas efectuadas desde la Comunidad a terceros países. Las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán también a las llamadas entrantes procedentes de terceros países.

6. Los Estados miembros velarán por que, cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen o de la línea conectada, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público informen al público sobre dicha posibilidad y sobre las que se establecen en los apartados 1 a 4.

Artículo 9.- Datos de localización distintos de los datos de tráfico

1. En caso de que puedan tratarse datos de localización, distintos de los datos de tráfico, relativos a los usuarios o abonados de redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, sólo podrán tratarse estos datos si se hacen anónimos, o previo consentimiento de los usuarios o abonados, en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación de un servicio con valor añadido. El proveedor del servicio deberá informar a los usuarios o abonados, antes de obtener su consentimiento, del tipo de datos de localización distintos de los datos de tráfico que serán tratados, de la finalidad y duración del tratamiento y de si los datos se transmitirán a un tercero a efectos de la prestación del servicio con valor añadido. Se deberá ofrecer a los usuarios y abonados la posibilidad de retirar en todo momento su consentimiento para el tratamiento de los datos de localización distintos de los datos de tráfico.

2. Cuando se haya obtenido el consentimiento de un usuario o abonado para el tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico, el usuario o abonado deberá seguir contando con la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de rechazar temporalmente el tratamiento de tales datos para cada conexión a la red o para cada transmisión de una comunicación.

3. Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico de conformidad con los apartados 1 y 2 personas que actúen bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o del tercero que preste el servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario a efectos de la prestación del servicio con valor añadido.

Artículo 10.- Excepciones

Los Estados miembros velarán por que existan procedimientos transparentes que determinen la forma en que el proveedor de una red pública de comunicaciones o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público podrá anular:

a) la supresión de la presentación de la identificación de la línea de origen por un período de tiempo limitado, a instancia de un abonado que solicite la identificación de llamadas malevolentes o molestas; en tal caso, los datos que incluyan la identificación del abonado que origina la llamada serán almacenados y facilitados por el proveedor de la red pública de comunicaciones o del servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público, de acuerdo con el Derecho nacional;

b) la supresión de la presentación de la identificación de la línea de origen y el rechazo temporal o la ausencia de consentimiento de un abonado o un usuario para el tratamiento de los datos de localización, de manera selectiva por línea, para las entidades reconocidas por un Estado miembro para atender llamadas de urgencia, incluidos los cuerpos de policía, los servicios de ambulancias y los cuerpos de bomberos, para que puedan responder a tales llamadas.

Artículo 11.- Desvío automático de llamadas

Los Estados miembros velarán por que todo abonado tenga la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de detener el desvío automático de llamadas a su terminal por parte de un tercero.

Artículo 12.- Guías de abonados

1. Los Estados miembros velarán por que se informe gratuitamente a los abonados antes de ser incluidos en las guías acerca de los fines de las guías de abonados, impresas o electrónicas, disponibles al público o accesibles a través de servicios de información sobre las mismas, en las que puedan incluirse sus datos personales, así como de cualquier otra posibilidad de uso basada en funciones de búsqueda incorporadas en las versiones electrónicas de la guía.

2. Los Estados miembros velarán por que los abonados tengan oportunidad de decidir si sus datos personales figuran en una guía pública, y en su caso cuáles de ellos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor, y de comprobar, corregir o suprimir tales datos. La no inclusión en una guía pública de abonados, así como la comprobación, corrección o supresión de datos personales de una guía, no deberán dar lugar al cobro de cantidad alguna.

3. Los Estados miembros podrán exigir que para cualquier finalidad de una guía pública distinta de la búsqueda de datos de contacto de personas a partir de su nombre y, si resulta necesario, de un mínimo de otros identificadores, se recabe el consentimiento específico de los abonados.

4. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros velarán asimismo, en el marco del Derecho comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a su inclusión en guías públicas.

Artículo 13.- Comunicaciones no solicitadas

1. Sólo se podrá autorizar la utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana (aparatos de llamada automática), fax o correo electrónico con fines de venta directa respecto de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando una persona física o jurídica obtenga de sus clientes la dirección de correo electrónico, en el contexto de la venta de un producto o de un servicio de conformidad con la Directiva 95/46/CE, esa misma persona física o jurídica podrá utilizar dichas señas electrónicas para la venta directa de sus propios productos o servicios de características similares, a condición de que se ofrezca con absoluta claridad a los clientes, sin cargo alguno y de manera sencilla, la posibilidad de oponerse a dicha utilización de las señas electrónicas en el momento en que se recojan las mismas y, en caso de que el cliente no haya rechazado inicialmente su utilización, cada vez que reciban un mensaje ulterior.

3. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para garantizar, que, sin cargo alguno, no se permitan las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa en casos que no sean los mencionados en los apartados 1 y 2, bien sin el consentimiento del abonado, bien respecto de los abonados que no deseen recibir dichas comunicaciones. La elección entre estas dos posibilidades será determinada por la legislación nacional.

4. Se prohibirá, en cualquier caso, la práctica de enviar mensajes electrónicos con fines de venta directa en los que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación, o que no contengan una dirección válida a la que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga fin a tales comunicaciones.

5. Los apartados 1 y 3 se aplicarán a los abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros velarán asimismo, en el marco del Derecho comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a las comunicaciones no solicitadas.

Artículo 14.- Características técnicas y normalización

1. Al aplicar las disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros velarán, sin perjuicio de los apartados 2 y 3, por que no se impongan requisitos obligatorios respecto de características técnicas específicas a los equipos terminales u otros equipos de comunicaciones electrónicas que puedan obstaculizar la puesta en el mercado de dichos equipos y su libre circulación en los Estados miembros y entre estos últimos.

2. Cuando las disposiciones de la presente Directiva sólo puedan aplicarse mediante la implantación de características técnicas específicas en las redes de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros informarán a la Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información(9).

3. Cuando proceda, se podrán adoptar medidas para garantizar que los equipos terminales estén fabricados de manera compatible con el derecho de los usuarios de proteger y controlar el uso de sus datos personales, de conformidad con la Directiva 1999/5/CE y la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones(10).

Artículo 15.- Aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 95/46/CE

1. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones que se establecen en los artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en el artículo 9 de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado. Todas las medidas contempladas en el presente apartado deberán ser conformes con los principios generales del Derecho comunitario, incluidos los mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

2. Las disposiciones del capítulo III sobre recursos judiciales, responsabilidad y sanciones de la Directiva 95/46/CE se aplicarán a las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y a los derechos individuales derivados de la misma.

3. El Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, ejercerá también las funciones especificadas en el artículo 30 de dicha Directiva por lo que se refiere a los asuntos objeto de la presente Directiva, a saber, la protección de los derechos y las libertades fundamentales y de los intereses legítimos en el sector de las comunicaciones electrónicas.

Artículo 16.- Disposiciones transitorias

1. El artículo 12 no se aplicará a las ediciones de guías ya producidas o puestas en el mercado en forma impresa o electrónica no conectada antes de que entren en vigor las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva.

2. Cuando los datos personales de los abonados a la telefonía vocal pública de tipo fijo o móvil se hayan incluido en una guía de abonados pública de conformidad con las disposiciones de la Directiva 95/46/CE y del artículo 11 de la Directiva 97/66/CE antes de que las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva entren en vigor, los datos personales de dichos abonados podrán seguir incluidos en dicha guía pública, en su versión impresa o electrónica, incluidas las versiones con funciones de búsqueda retrospectiva, a menos que los abonados indiquen lo contrario, tras haber recibido información completa sobre los fines y opciones con arreglo al artículo 12 de la presente Directiva.

Artículo 17.- Incorporación al Derecho nacional

1. Los Estados miembros pondrán en vigor antes del 31 de octubre de 2003 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 18.- Revisión

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar tres años después de la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 17, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y su impacto en los operadores económicos y los consumidores, con especial atención a las disposiciones sobre comunicaciones no solicitadas y teniendo en cuenta la situación internacional. Para ello, la Comisión podrá recabar información de los Estados miembros, quienes deberán facilitarla sin retrasos indebidos. Cuando proceda, la Comisión presentará propuestas para modificar la presente Directiva teniendo en cuenta los resultados del informe mencionado, los cambios que hayan podido tener lugar en el sector y cualquier otra propuesta que juzgue necesaria para mejorar la eficacia de la presente Directiva.

Artículo 19.- Derogación

Se deroga la Directiva 97/66/CE con efecto a partir de la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 17.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 20.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 21.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2002.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente: P. Cox

Por el Consejo

El Presidente: T. Pedersen

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 223.

(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 53.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de noviembre de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 28 de enero de 2002 (DO C 113 E de 14.5.2002, p. 39) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de mayo de 2002 (no publicada aún en el Diario oficial). Decisión del Consejo de 25 de junio de 2002.

(4) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(5) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

(6) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(7) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

(8) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(9) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).

(10) DO L 36 de 7.2.1987, p. 31; Decisión cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.

Disposición 3/2005, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, del 4 de abril de 2005, por el que se aprueban los formularios, instructivos y normas de procedimiento que utilizará la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en relación con la implementación del Registro Nacional de Bases de Datos Privadas.(Boletín Oficial del 13 de abril de 2005).

VISTO el Expediente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 143.996/2004 y las competencias atribuidas a esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES por la Ley número 25.326 y su Decreto Reglamentario número 1558 del 29 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición DNPDP número 2 del 14 de febrero de 2005 se implementó a partir de los noventa días de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS alcanzadas por la Ley número 25.326.

Que asimismo, se aprobó el contenido del Formulario FA.01 de Inscripción de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados (Anexo I), así como el Instructivo correspondiente (Anexo II) y el Procedimiento de Inscripción en el citado registro Nacional (Anexo III).

Que, en esta ocasión, es menester aprobar los restantes formularios a utilizar por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, así como también sus respectivos instructivos y normas procedimentales.

Que en atención a la complejidad técnica de los sistemas informáticos aplicados al REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS y el mantenimiento de una estructura informática operativa, el valor de los formularios que se aprueban por el presente acto será oportunamente determinado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1, apartado b) y c) de la Ley número 25.326 y el artículo 29, inciso 5, apartado d) del Anexo I del Decreto número 1558 del 29 de noviembre de 2001.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

Artículo 1º. Apruébanse los Formularios, Instructivos y Procedimientos que obran en los Anexos I, II y III, respectivamente, y que forman parte integrante del presente acto.

Artículo 2º. El valor de todos los Formularios especificados en el Anexo será determinado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Para su pago deberá utilizarse la boleta aprobada en el artículo anterior, la que deberá ser cancelada por los medios que al efecto se establezcan.

Artículo 3º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Juan A. Travieso.

Act nº 44 of 22 July 2011. Privacy Amendment Act 2011

The Parliament of New Zealand enacts as follows:

1.- Title

This Act is the Privacy Amendment Act 2011.

2.- Commencement

This Act comes into force on a date appointed by the Governor-General by Order in Council, and 1 or more orders may be made bringing different provisions into force on different dates.

3.- Principal Act amended

This Act amends the Privacy Act 1993.

4.- Notice of adverse action proposed

(1) Section 103(5) is amended by repealing the definition of fine

and substituting the following definition:

“fine means :

“(a) a fine within the meaning of section 79 of the Summary Proceedings Act 1957:

“(b) a fine to which section 19 of the Crimes Act 1961 applies:

“(c) a fine to which section 43 or 45 of the Misuse of Drugs Amendment Act 1978 applies:

“(d) a fine to which section 28I of the District Courts Act 1947 applies:

“(e) any amount payable under section 138A(1) of the Sentencing Act 2002″.

(2) Section 103(5) is amended by repealing the definition of reparation.

(3) Section 103(5) is amended by inserting the following definition in its appropriate alphabetical order:

“amount of reparation has the same meaning as in section 79 of the Summary Proceedings Act 1957″.

5.- Schedule 5 amended

Schedule 5 is amended in the manner indicated in the Schedule.

Schedule.- Amendment to Schedule 5 of Privacy Act 1993

Insert after the item relating to enforcement of fines and other orders under the heading Ministry of Justice records:

Driver licence stop Holders

Particulars of each order served, cancelled, or terminated, the full name, full address, telephone number, driver licence number, and date of birth of the person on whom the order was served; the date and time when the order was served on the person, the date of the cancellation or termination of the order, and any amendments required, as at the date of service, cancellation, or termination, to the person’s full address and telephone number

New Zealand Transport Agency (access is limited to recording, on the Driver Licence Register, the service, cancellation, or termination of an order and any amendments required to the person’s full address and telephone number, and to replacing a driver licence following the cancellation or termination of the order) 

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de Hábeas Data interpuesta por el licenciado Luis Alberto Pérez actuando en nombre y representación del licenciado Jorge Hernán Rubio, representante legal de T.V. PANAMÁ, S.A., contra el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Por medio de los hechos que sustentan la presente acción se hace de conocimiento de esta Corporación de Justicia que, el día 14 de marzo de 2003 se presentó una solicitud de corrección, rectificación y eliminación de cierta información referente al resuelto nº 249 de 17 de julio de 1999, a través del cual se le otorga a TV PANAMÁ, S.A., “licencia provisional para instalar y operar estaciones de televisión por un período de 6 meses, y así mismo peticionamos, se tuviera como CORRECTO, EXACTO Y ÚNICO aquel documento que establecía la cantidad de (5) años para iniciar operaciones y el cual reposa en la Dirección de Medios del Ministerio de Gobierno y Justicia”. En virtud de dicha solicitud, el señor Director del Ente Regulador de los Servicios Públicos respondió lo pedido indicando que dicho tema ya fue decidido y considerado en determinadas resoluciones, donde se estableció un período para instalar los equipos.

Posteriormente el Ente Regulador de los Servicios Públicos los remite al Ministerio de Gobierno y Justicia donde se encuentran los originales de la resolución. En dicha institución se informa que, “Los documentos que aparecen en nuestros archivos muestran hojas foliadas hasta el n º 106 y un resuelto original nº 249 de fecha 17 de junio de 1999 que no está foliado y que no presenta en su artículo cuatro la duración de seis (6) meses….

Es pertinente mencionar, que dicha información a pesar de lo explicado en este escrito, actualmente no ha sido corregida por el Ente Regulador”. Luego de ello, el entonces señor Ministro de Gobierno y Justicia, licenciado Arnulfo Escalona Ávila indicó: “Es importante señalar que la copia del resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 que reposa en el Ente Regulador de los Servicios Públicos no coincide con el original que consta en el respectivo expediente de la Dirección de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia”.

Se agrega que pese a haber entregado copia autenticada de dicha nota, al Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos los mismos se niegan a realizar la corrección respectiva.

Admitida la acción de Hábeas Data, se solicitó a la autoridad acusada un informe en relación a los hechos motivo de la controversia. En virtud de ello, se indicó lo siguiente:

“1. Mediante Resolución nº JD-2258 de 7 de agosto de 2000, esta Entidad Reguladora le reconoció y validó el derecho de concesión otorgado a la licenciataria TV Panamá, S.A., y a su vez le otorgó un período de cura de un (1) año para que instalaran los equipos e iniciaran las transmisiones los canales 31, 33, 34 y 38 en la Banda UHF, Resolución ésta que fue recurrida por el Representante Legal de la licenciataria.

6. Mediante Memorial calendado 26 de febrero de 2002, recibido en el Ente Regulador el 14 de marzo de 2003, el señor Jorge Hernán Rubio, actuando en su condición de Representante Legal de TV Panamá, S.A., solicitó;

6.1 Que se reconociera como exacto y auténtico el Resuelto N249 de 17 de junio de 1999 proferido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, que otorga licencia a TV Panamá, S.A., para instalar y operar estaciones de televisión en los canales 31,33,34 y 38 por un período de 5 años; y

6.2 Que se eliminara del expediente por incorrecta, toda la documentación que alude a una licencia provisional con una duración de 6 meses.

7. Sobre el particular, mediante Nota nº. DPER-0951 de 25 de marzo de 2003, el Ente Regulador le indicó al Representante Legal de TV Panamá, S.A., que su petición había sido considerada y decidida en las Resoluciones nº JD-2258 de 7 de agosto de 2000, nº JD-2646 de 21 de febrero de 2001 y nº JD-3445 de 2002, encontrándose el acto administrativo en firme y agotada la vía gubernativa.

9. La Firma Forense Rubio, Álvarez, Solís y Abrego, mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2003, solicitó copia autenticada del original del Resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999, petición que fue atendida mediante Nota nº DPER-1626 de 3 de junio de 2003, en la que se indicó a la Licenciada Anabela Miró Ramírez de dicha Firma que el original del citado Resuelto, reposaba en el Ministerio de Gobierno y Justicia, autoridad administrativa que emitió el acto y por lo tanto la competente para autenticar el documento. …”.

Consideraciones y Decisión del Pleno:

En primer lugar es oportuno recodar, que tal y como indica el señor Director del Ente Regulador de los Servicios Públicos, la petición impetrada consiste en dar carácter auténtico al Resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, así como la eliminación de la información incorrecta, referente a la licencia provisional por espacio de seis (6) meses.

En relación a dicha solicitud, expresa la autoridad acusada que la entidad que él representa reconoció como válido el derecho de concesión otorgado, y a ello agregó que la petición formulada fue resuelta por medio de varias resoluciones, a saber la nº JD-2258 de 7 de agosto de 2000 (que trata sobre lo antes indicado), nº JD-2646 de 21 de febrero de 2001 y nº JD-3445 de 2002.

Para arribar a determinada decisión consideramos prudente referirnos por separado a cada una de las dos peticiones formuladas. Así las cosas, en relación al reconocimiento por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos del Resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, se puede constatar que a través de la resolución JD-2258 proferida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos y en donde, según dicha entidad, se responde a lo pedido, se resuelve “Reconocer para todos los efectos legales la autorización que mediante Resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999, otorgó el Ministerio de Gobierno y Justicia a ‘El Licenciatario’, TV Panamá, S.A., para instalar equipos en los sitios que se detallan e iniciar transmisiones en los siguientes canales de la Banda UHF”. Por lo que se puede verificar que la solicitud en relación a éste punto ha sido acogida y debidamente respondida por la autoridad acusada. (Cfr fj 27 del antecedente).

Otro punto en controversia, es el hecho que el Ente Regulador de los Servicios Públicos remitió al petente a la Dirección de Medios del Ministerio de Gobierno y Justicia para que en dicha institución se efectuara la autenticación de las copias del resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 emitido por esta última. De ello podemos indicar que en atención a lo expresado por el entonces señor Ministro de Gobierno y Justicia, lic Arnulfo Escalona “Es importante señalar que la copia del resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 que reposa en el Ente Regulador de los Servicios Públicos no coincide con el original que consta en el respectivo expediente de la dirección de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia”, la entidad que posee el original de la resolución que el petente solicitó se reconociera, se encuentra físicamente en la ya citada dirección, por lo que, para que una copia se autentique es necesario que se constate con su original, el cual no se encuentra en el Ente Regulador de los Servicios Públicos. Conocida esta situación, el Ente refirió al petente al lugar donde se encontraba la información requerida (original del resuelto), situación ésta que lejos de constituir una violación a la ley, más bien se ajusta a la misma, si se analiza y toma en consideración lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley nº 6 de 2002 que en sus líneas reza:

“Artículo 7: El funcionario receptor tendrá treinta días calendario a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, para contestarla por escrito y, en caso de que ésta no posea el o los documentos o registros solicitados, así lo informará. Si el funcionario tiene conocimiento de que otra institución tiene o pueda tener en su poder dichos documentos o documentos similares, estará obligado a indicárselo al solicitante…”.

Aclarada la primera de las peticiones, procedemos a referirnos a la segunda de ella, la cual versa sobre la “corrección, rectificación y eliminación de cierta información relativa a una supuesta copia de resuelto nº 249 del 17 de junio de 1999, el cual otorga a la sociedad TV PANAMÁ, S.A., licencia provisional para instalar y operar estaciones de televisión…por un período de 6 meses, y así mismo peticionamos se tuviera como Correcto, Exacto y Único aquel documento que establecía la cantidad de (5) años para iniciar operaciones y el cual reposa en la Dirección de Medios del Ministerio de Gobierno y Justicia”. El párrafo antes citado incluye una serie de peticiones que ya han sido resueltas, como es el caso del reconocimiento del citado resuelto, así como también el hecho del por qué se remitió al Ministerio de Gobierno y Justicia para la autenticación del documento.

Al observar la petición nos percatamos que se hace referencia a que el período para instalar e iniciar operaciones es de cinco 5 años y no de seis (6) meses, sin embargo, el reconocimiento o determinación de dicho período de tiempo no es de competencia de este Tribunal de Hábeas Data, así pues, los conflictos de ley que se dan en virtud de las modificaciones o derogaciones de leyes, así como su interpretación y aplicación en el tiempo para las diversas situaciones son del conocimiento de otras esferas a través de otra u otras instituciones jurídicas. Por lo que no es el objetivo de esta acción, determinar si hay que aplicar la ley que habla de 6 meses o la de 5 años.

Lo que sí corresponde determinar a esta Corporación de Justicia, es si procede o no la corrección o eliminación de determinada información. Al respecto, podemos indicar que según el contenido del artículo 17 de la ley de transparencia o libre acceso a la información, se permite a las personas presentar acciones de Hábeas Data cuando la información suministrada sea insuficiente o inexacta, pero en el caso que nos ocupa, la citada ley también permite la corrección y eliminación de determinada información. Lo anterior encuentra asidero jurídico en el artículo 3 de la precitada norma, y el mismo preceptúa lo siguiente:

“Artículo 3: Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado, y a corregir o eliminar información que sea incorrecta, irrelevante, incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes”.

En mérito de lo expuesto, así como del hecho que el Ente Regulador de los Servicios Públicos ha reconocido la información existente en el documento original del resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 proferido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, lo de lugar es que se corrija o elimine la información que se encuentre errada, tomando en consideración lo contenido en dicho resuelto. Es necesario pues, que la información relativa a TV PANAMÁ, S.A., se ponga en concordancia con lo obrante en dicho documento reconocido por la autoridad acusada. Lo antes indicado, constituye una obligación para la entidad del Estado que custodie la información incorrecta, y así deberá hacerlo.

Lo anterior sin dejar de indicar que parte de lo solicitado, ya ha sido realizado por la autoridad acusada.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA SUSTRACCIÓN DE MATERIA sólo en lo concerniente a la petición relativa a que “se reconociera como exacto y auténtico el Resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 proferido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, que otorga licencia a TV Panamá, S.A., para instalar y operar estaciones de televisión” y

CONCEDE la acción de Hábeas Data en lo que se refiere a la “eliminación o corrección de toda la información relativa al resuelto nº 249 de 17 de junio de 1999 reconocido por el Ente Regulador de los Servicios Públicos” y

ORDENA al señor Director de dicha entidad corrija y/o elimine la información incorrecta consistente en la palabra ‘provisional’ visible en el numeral Primero del documento existente en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, así como lo concerniente ‘al otorgamiento de la licencia por un período de seis (6) meses’, visible en el punto cuarto del escrito precitado; palabra y término de tiempo éstos, que no aparecen en el documento original y válido que reposa en el Ministerio de Gobierno y Justicia, en el que no se observa la existencia de la palabra provisional, así como tampoco dicho término de duración de la licencia.

Notifíquese.

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

GRACIELA J. DIXON C.

JORGE FEDERICO LEE

ARTURO HOYOS

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO (Con Salvamento de Voto)

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

WINSTON SPADAFORA FRANCO

JOSÉ A. TROYANO

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

Con todo respeto, paso a exponer mi disentir con la decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la que se concede parcialmente la acción de Hábeas Data promovida por el Licdo. Luis Alberto Pérez, en representación de T.V. PANAMÁ, S. A., en contra del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

En primer lugar, creo que es fundamental expresar que la decisión adoptada en el presente fallo, es abierta e injustificadamente contradictoria con lo resuelto por el Pleno en el fallo de 3 de febrero de 2004 (en el que resolvió una acción idéntica y entre las mismas partes), bajo la ponencia del Magistrado Cigarruista; pues en aquella resolución, se negó la acción de Hábeas Data, al considerar que las pretensiones de la parte actora excedían el alcance y fines de la institución de Hábeas Data.

En efecto, en el fallo de 3 de febrero de 2004, el Pleno señaló:

“En el presente caso, se observa que la pretensión va dirigida, no a que se corrija un error en cuanto a un dato del expediente administrativo de la persona jurídica atribuible a la autoridad que se demanda en este hábeas data, sino que se persigue que este Pleno declare que es válido el documento público que ha sido reconocido por la autoridad demandada como copia auténtica de la copia que reposa en sus archivos y que no hace alusión a la duración de la concesión de la licencia por seis meses; lo que a su vez conlleva la declaratoria de que no es válido el otro documento público, también reconocido como copia auténtica de la copia que reposa en los archivos del Ente Regulador, en donde se hace alusión a la duración de la licencia por seis meses. Por último, se quiere que como consecuencia de ello, se ordene al Ente Regulador que reconozca la validez al documento presentado por el recurrente en su escrito de hábeas corpus (sic) y elimine del expediente administrativo el otro.

Lo anterior no puede ser concedido ni declarado por esta Superioridad por las razones que a continuación se explican.”

Mas adelante en el mismo fallo, se expresa que:

“No obstante comprender lo solicitado, el Pleno no puede ordenarle al Ente Regulador que elimine del archivo uno de los documentos en mención, reconociéndole valor al otro documento que tiene el contenido que más conviene a la recurrente, puesto que a esta Superioridad no le consta cuál de dichos documentos es el correcto o auténtico, en virtud que ambos reposan en el expediente administrativo como fieles copias de las copias que reposan en los archivos del Ente Regulador y porque dicha autoridad tampoco puede darnos fe de ello, al no haber sido expedidos por ella, sino por el Ministerio de Gobierno y Justicia.”

En la misma dirección, la decisión indicaba que:

“Lo cierto es que no es posible que este Pleno pueda aseverara una u otra situación, ni mucho menos declararla jurídicamente a través de esta acción legal, sino que tendrá el administrado perjudicado con la duplicidad de resueltos, que utilizar los mecanismos pertinentes según el ordenamiento jurídico, para que la autoridad competente determine y corrija la incongruencia que le mantiene en estado de incertidumbre jurídica. Los originales o el original deben reposar en los archivos de la autoridad que emite el resuelto en cuestión, o sea el Ministerio de Gobierno y Justicia.”

Por último, resolvió el Pleno en aquella oportunidad, que:

“Como la autoridad demandada no es la idónea para decidir si elimina o no del expediente administrativo de la recurrente un documento público que ha presumido auténtico por ser la copia de la copia autenticada del original emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, no es procedente ordenarle que lo haga y en mérito de ello, corresponde negar la pretensión incoada por TV Panamá, S.A

Por otra parte y como fue explicado, las demás peticiones no pueden ser resueltas por el Pleno puesto que la vía, tanto administrativa como jurisdiccional corresponde a la administración y una vez agotada, a la Sala Tercera de la Corte y no al Pleno a través del hábeas data, puesto que no es la figura legal que permitiría resarcir o enmendar la existencia de una divergencia de derecho de esta índole o naturaleza.”

Por otro lado, en la resolución de la cual ahora me aparto a través del presente salvamento de voto, el Pleno vuelve sobre sus propios pasos y emite una decisión totalmente contraria a lo que arriba citamos, alterando significativamente la finalidad de la acción de hábeas data, v permitiendo que por su conducto, se resuelvan situaciones distantes del derecho a la información, para el que fue diseñada esta institución de garantía.

En segundo lugar la decisión mayoritaria ni siquiera es consistente con la motivación que se hace en el mismo fallo, si tomamos en cuenta que en el párrafo segundo de la página seis (6) del mismo, se señala que: “…, el reconocimiento o determinación de dicho período de tiempo (sic) no es de competencia de este Tribunal de Hábeas Data, así pues, los conflictos de ley que se dan en virtud del as modificaciones o derogaciones de leyes, así como su interpretación y aplicación en el tiempo para las diversas situaciones son del conocimiento de otras esferas a través de otra u otras instituciones Jurídicas.” Pese al reconocimiento anterior, el fallo termina resolviendo contrariamente a lo antes motivado; es decir, dando validez a una de las copias auténticas sobre la otra, sin tener elementos de hecho y base legal que sustente esa decisión.

Así es, en el fallo de fecha 3 de febrero de 2004, el Pleno cita el contenido que difiere en las copias de los dos resueltos nº 249 de 17 de junio de 1999, y concluye que: “Si bien el articulo 3 de la Ley Nº 6 de 2002 establece que toda persona tiene derecho a corregir o eliminar información incorrecta, irrelevante, incompleta o desfasada, también señala que debe hacerlo a través de los mecanismos pertinentes.” No obstante, citando la misma norma (artículo 3 de la Ley nº 6 de 2002), el presente fallo se aboca a ordenar una “corrección”, que antes había considerado improcedente conceder por la vía del Hábeas Data, sin ofrecer mayores razones sobre dicho cambio de criterio en la hermenéutica aplicada a la norma invocada.

Por último, considero que lo correcto en el presente caso, antes que decretar sustracción de materia y conceder la acción de hábeas data, es declarar probada la excepción de cosa juzgada constitucional (art.2630 del C.J), dado la similitud de pretensiones: pues la “corrección a la que la parte actora aspira, no es un tema de acceso a la información, sino un tema de legalidad”, como se le advirtió en el fallo de fecha 3 de febrero de 2004, ya citado; que conlleva actuaciones administrativas susceptibles de ser recurridas por la vía del contencioso administrativo.

Por lo anterior , SALVO MI VOTO.

Fecha, ut. supra.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO.

CARLOS HUMBERTO CUESTAS GÓMEZ. Secretario General.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las Observaciones y Recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP-2948/11); y

Los artículos 54 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, los Jefes de Estado y de Gobierno en diversas oportunidades han expresado su apoyo a continuar con el “fortalecimiento del funcionamiento de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”, para lo cual se seguirá con acciones concretas para lograr, entre otros objetivos, “una mayor adhesión a los instrumentos jurídicos, un efectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos del sistema y el financiamiento adecuado de los órganos del sistema, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias”;

DESTACANDO CON SATISFACCIÓN el progresivo y significativo rendimiento y eficiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones contenciosas, que se ha traducido en una disminución considerable del tiempo para resolver los casos bajo su conocimiento;

DESTACANDO la importancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya celebrado períodos extraordinarios de sesiones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, lo que ha fortalecido considerablemente el acercamiento de la Corte con las instituciones nacionales y la sociedad civil;

RECONOCIENDO la importancia y el carácter constructivo que han tenido las audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y los resultados positivos de las mismas;

DESTACANDO la importancia de las actividades de capacitación realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigidas a funcionarios de los poderes ejecutivos, jueces, defensores públicos y otros operadores de justicia, como una manera de contribuir a un mayor conocimiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos;

VALORANDO la contribución e impacto que tiene la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana tanto a nivel regional como nacional;

PREOCUPADA porque las sentencias y resoluciones de la Corte no están disponibles para todos los habitantes de la región, al no poder estar traducidas a los idiomas oficiales de la Organización, situación que los priva de un acceso efectivo a la jurisprudencia de ésta;

TOMANDO NOTA de la convocatoria de la reunión para el fortalecimiento financiero del sistema interamericano de derechos humanos, organizada por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos y prevista para llevarse a cabo en San Salvador el 8 de junio de 2011; y

CONSCIENTE de las importantes necesidades financieras que enfrenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el adecuado funcionamiento de ésta tal como figura en la “Nota del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los requerimientos presupuestales básicos del Tribunal para el corto, mediano y largo plazo” (CP/CAJP/INF.124/10, 2 de noviembre de 2010),

RESUELVE:

1. Adoptar las Observaciones y Recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP-2948/11) y transmitirlas a dicho órgano.

2. Reiterar que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean parte.

3. Reafirmar el valor esencial de las labores y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la efectiva vigencia y respeto de los derechos humanos en el Hemisferio, el Estado de derecho y la importancia de la difusión efectiva de sus decisiones en todos los Estados Miembros.

4. Disponer que la Secretaría General de la Organización asuma, a partir del ejercicio presupuestal 2012, los costos de traducción a todos los idiomas oficiales que originen las sentencias y resoluciones que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos para así garantizar el pleno acceso de todos los habitantes del Hemisferio a éstas.

5. Reiterar que, con el propósito de que la Corte pueda cumplir cabalmente con la obligación de informar a la Asamblea General sobre el cumplimiento de sus fallos, es necesario que los Estados Parte le brinden oportunamente la información que ésta les requiera.

6. Reafirmar la importancia de:

a) la función consultiva y contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de la jurisprudencia interamericana y el derecho internacional de los derechos humanos;

b) la celebración de períodos extraordinarios de sesiones fuera de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su importancia para la difusión y conocimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y en especial de la labor de la Corte Interamericana;

c) la celebración de audiencias de supervisión del cumplimiento de sentencias, por ser uno de los mecanismos desarrollados más efectivos para avanzar en el cumplimiento de las mismas; y

d) las actividades de capacitación dirigidas a jueces y otros operadores de justicia realizadas por la Corte Interamericana para promocionar la efectiva aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno.

7. Encomendar al Consejo Permanente que continúe la consideración y estudio de los siguientes temas: “Acceso de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (jus standi) y su puesta en práctica”; “Funcionamiento permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo sus repercusiones financieras y presupuestarias”, y “Medios para promover el mejor cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de los Estados Miembros”.

8. Solicitar al Secretario General que busque mecanismos efectivos para asegurar el financiamiento sostenible de la Corte Interamericana a través del Fondo Regular de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

9. Respaldar las iniciativas de fortalecimiento financiero de ambos órganos del sistema interamericano de derechos humanos.

10. Invitar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes que aporten contribuciones voluntarias, sin fines específicos a la Corte Interamericana para que ésta pueda desarrollar sus diversas actividades.

11. Expresar su agradecimiento a Chile, Colombia, Costa Rica y México y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que han realizado contribuciones voluntarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; a los Observadores Permanentes de España y Noruega, que a través de proyectos de cooperación apoyan y financian de manera significativa al Tribunal, así como a la Fundación Konrad Adenauer, que ha brindado cooperación a la Corte en temas de capacitación. 

12. Expresar su agradecimiento a los pueblos y Gobiernos de Perú y del Ecuador, por haber permitido en el transcurso del año 2010 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya celebrado de manera exitosa períodos extraordinarios de sesiones en sus respectivos países y, a los Gobiernos de Panamá, Barbados y Colombia por sus invitaciones para que la Corte celebre períodos de sesiones en sus respectivos países en el transcurso del año 2011.

13. Alentar a los Estados Miembros a que continúen extendiendo invitaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a celebrar períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede.

14. Instar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a que contribuyan al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

15. Instar a los Estados Miembros a que consideren, según sea el caso, la firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema, incluyendo la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.  

§ 1　

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