Decreto nº 221

La Sexagésima legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I.- Principios y Definiciones

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal, en los términos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.
Esta ley se aplicará en estricto apego al Artículo segundo de la Constitución Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación.

Artículo 2º.- Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Comité de Información: La instancia que coadyuvará con el Instituto y los sujetos obligados para el mejor cumplimiento de esta Ley;

II. Datos personales: Toda la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físico o mental y las preferencias sexuales;

III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los sujetos obligados y los servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

IV. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, o bien aquella que por una obligación legal deban generar;

V. Información Pública de Oficio: La información que los sujetos obligados deban tener a disposición del público para su consulta en los términos de esta Ley;

VI. Información reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 17 y 19 de esta Ley;

VII. Información confidencial: La información en poder de los sujetos obligados cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los servidores públicos que la deban conocer en razón de sus funciones, así como la información relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad, conforme a lo establecido por esta Ley;

VIII. Instituto: El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública;

IX. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca;

X. Órganos autónomos: El Instituto Estatal Electoral, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los demás que por disposición de la ley se les otorgue autonomía;

XI. Servidores públicos: Los señalados en la Constitución del Estado y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca;

XII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado;

XIII. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Estado y Municipios de Oaxaca;

XIV. Unidades de Enlace: Las áreas responsables de tramitar las solicitudes de acceso a la información de acuerdo con el procedimiento señalado en esta Ley; y

XV. Versión Pública: Documento en el que se testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir el acceso al resto de ésta.

Artículo 4º.- Son objetivos de esta Ley:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de información oportuna, verificable, inteligible y relevante que generan los sujetos obligados, a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la corrupción;

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;

IV. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible;

V. Mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y en la evaluación de las políticas públicas;

VI. Mejorar el manejo, organización, clasificación y archivo de los documentos; y uso de la información pública; y

VII. Contribuir a la consolidación de la democracia y la plena vigencia del estado de
derecho.

Artículo 5º.- La interpretación de esta Ley, se hará conforme a los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los Tratados y Convenios Internacionales en la materia, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. Se deberá favorecer la elaboración de versiones públicas para el caso de información que tenga datos personales o información reservada.

Capítulo II.-De los Sujetos Obligados

Artículo 6º.- Para efectos de esta Ley son sujetos obligados:

I. El Poder Ejecutivo del Estado;

II. Las administraciones públicas estatal y municipales, incluyendo a los organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales o municipales;

III. El Poder Legislativo del Estado y sus Órganos de auditoría y fiscalización, cualquiera que sea su denominación;

IV. El Poder Judicial del Estado y el Tribunal Estatal Electoral;

V. Los Órganos Autónomos del Estado, incluyendo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas; y

VI. Las Juntas en materia del trabajo.
Las personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos o presten servicios públicos concesionados, estarán obligados a entregar la información relacionada con dichos recursos o servicios, a través del sujeto obligado que supervise estas actividades.

Artículo 7º.- Los sujetos obligados deberán:

I. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, incluso los procesos deliberativos;

II. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental;

III. Tener disponible la información pública de oficio a que se refiere el Artículo 9º y garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley;

IV. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información de acuerdo a las reglas de esta Ley y los criterios emitidos por el Instituto;

V. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de protección adecuados a que se refiere el capítulo correspondiente;

VI. Permitir el acceso de los particulares a sus datos personales, y en su caso, realizar las acciones de corrección, cancelación o eliminación que correspondan;

VII. Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;

VIII. Permitir que el Instituto pueda tener acceso a toda la información gubernamental y los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de la Ley;

IX. Cumplir cabalmente las resoluciones del Instituto y apoyarlo en el desempeño de sus funciones; y

X. Las demás que se deriven de esta Ley.

Artículo 8º.– El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo Estatal, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca; los Municipios, los Órganos Constitucionales Autónomos y los Tribunales Administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer reglamentos o acuerdos de carácter general, que coadyuven para proporcionar a los particulares un procedimiento más eficiente y expedito de acceso a la información, de conformidad con los principios establecidos en esta Ley y los lineamientos expedidos por el Instituto.

Capítulo III.- Información Pública de Oficio

Artículo 9º.- Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los términos del Reglamento Interno y los lineamientos que expida el Instituto, la siguiente información:

I. Su estructura orgánica;

II. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;

III. Las facultades y atribuciones de cada sujeto obligado; así como las de cada unidad administrativa que conforme su estructura;

IV. El directorio de servidores públicos por área, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes que incluya nombre, profesión, cargo, domicilio legal, teléfono oficial, y en su caso, correo electrónico, con las excepciones previstas por esta Ley;

V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación;

VI. El nombre, domicilio legal y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados del Comité de Información y de la Unidad de Enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la información;

VII. El Programa Operativo Anual;

VIII. Las metas y objetivos de los sujetos obligados y las unidades administrativas que las conformen ajustados a sus programas operativos; y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las unidades responsables, así como los avances físico y financiero para cada una de las metas;

IX. Los servicios y trámites que ofrecen, describiendo requisitos y formatos requeridos;

X. La información sobre el presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado;

XI. La deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto y legislación aplicable;

XII. El listado de la información pública, ejercicio a que se refiere, área que la resguarda y medio de difusión;

XIII. Los resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Contraloría, los órganos de control internos o el órgano de auditoría y fiscalización del Legislativo, que contenga lo siguiente:
a) El número y tipo de auditoría realizada en el ejercicio presupuestario respectivo;
b) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión; y
c) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

XIV. Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los sujetos obligados;

XV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales;

XVI. Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados, debiendo especificar su objeto y el nombre o razón social del titular;

XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;
b) El monto;
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato; y
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

XVIII. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;

XIX. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana de que dispongan; y

XX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los sujetos obligados deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.

Artículo 10.- La información a que se refiere el Artículo 9º deberá estar a disposición del público, a través de medios electrónicos de comunicación. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones.
Los sujetos obligados deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, como también su integración en línea, en los términos que dispongan los lineamientos que al respecto expida el Instituto.

Artículo 11.- El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales como lo establece esta Ley.

Artículo 12.- Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas con registro estatal al Instituto Estatal Electoral, así como las auditorias y verificaciones que ordene dicho Instituto, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo.
Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Estatal Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales.

Artículo 13.- Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Artículo 14.- Además de lo señalado en el Artículo 9º, el Poder Legislativo deberá hacer pública la siguiente información:

I. Los nombres, fotografía y currículum de los diputados propietarios y suplentes;

II. Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones;

III. La Agenda Legislativa;

IV. Las iniciativas de ley, decreto, acuerdos o cualquier otra disposición de carácter general, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turne, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

V. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados;

VI. El Diario de los Debates, su versión estenográfica o su análogo; y

VII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica.

Artículo 15.- Además de lo señalado en el Artículo 9º, el Poder Judicial deberá hacer pública la siguiente información:

I. Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deberán incluir, al menos, asuntos ingresados, concluidos y existencia, por órgano jurisdiccional y agregados por todo el Poder Judicial; sanciones disciplinarias identificando al personal sancionado; el número de sentencias dictadas, y en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas;

II. Las listas de acuerdos;

III. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales, el proceso de selección una vez concluidos y los resultados de los mismos;

IV. Los perfiles y formas de evaluación del personal jurisdiccional y administrativo; y

V. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante.

Artículo 16.- Además de lo señalado en el Artículo 9º, los municipios deberán hacer pública la siguiente información:

I. Estadísticas e indicadores del desempeño de sus órganos de gobierno, dependencias y entidades paramunicipales;

II. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos;

III. El Plan de Desarrollo Municipal;

IV. Los indicadores de calidad de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos;

V. Las resoluciones y acuerdos aprobados por los Ayuntamientos;

VI. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar;

VII. Las actas de sesiones de cabildo;

VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles, con los inventarios actualizados;

IX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse la información sobre la ejecución de las aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado por el propio Municipio;

X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales administrados por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;

XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; y

XII. El marco normativo y regulatorio completo del Municipio.
En los Municipios con una población indígena significativa procurarán que existan los mecanismos para que la información a que se refiere este Artículo y el 9º esté disponible en las lenguas indígenas correspondientes, utilizando los medios que permitan su comunicación en forma comprensible para todos.

Capítulo IV.- Información reservada y confidencial

Artículo 17.- Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión:

I. Ponga en riesgo la seguridad nacional, estatal o municipal;

II. Afecte la conducción de las negociaciones que el Estado realice con otras Entidades Federativas o la Federación, que sean de evidente beneficio social para el Estado;

III. La información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado a los sujetos obligados;

IV. Dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del Estado;

V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona;

VI. Pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado; y

VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Artículo 18.- La información a que se refiere el Artículo anterior sólo podrá ser clasificada como reservada mediante resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse la probabilidad de dañar el interés público protegido.
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Artículo 19.- También se considerará como información reservada:

I. La que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial o reservada;

II. Las actuaciones relativas a la investigación de hechos delictuosos y las actuaciones del proceso penal en los casos y por los motivos previstos por la ley;

III. Los expedientes judiciales, arbitrales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; y

IV. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva.

Artículo 20.- La información clasificada como reservada según los Artículos 17 y 19, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de diez años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva.
El Instituto establecerá los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada.
Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto la ampliación del periodo de reserva por cinco años mas, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 21.- Los sujetos obligados, a través de su titular o de su órgano de gobierno, serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y los lineamientos expedidos por el Instituto.

Artículo 22.- Los sujetos obligados elaborarán semestralmente por rubros temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho índice deberá indicar la oficina que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y en su caso, las partes de los documentos que se reservan. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
El titular de cada sujeto obligado deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

Artículo 23.- Se considera como información confidencial aquella que se refiere a la vida privada y los datos personales. Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ellas los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.

Artículo 24.- Como información confidencial se considerará:

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados;

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión y cuya divulgación no esté prevista en una ley;
No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público;

III. La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, profesional, fiduciario o fiscal, en los términos de las leyes respectivas;

IV. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual; y

V. Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados a presentarlas, salvo cuando éstos autoricen su difusión.

Artículo 25.- En los fideicomisos públicos constituidos por un sujeto obligado o que administren recursos públicos, corresponderá al fideicomitente dar cumplimiento a las solicitudes de información.

Artículo 26.- Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados información confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial o reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya
información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del titular de la información confidencial.

Artículo 27.– La información clasificada como reservada o confidencial, como caso de excepción, será puesta a disposición de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo soliciten, mediante resolución debidamente fundada y motivada, que corresponda a la investigación de un hecho delictuoso o al trámite de un proceso judicial. Estos casos solo operarán cuando dicha información resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en la investigación o en el juicio correspondiente. Esta información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente respectivo.

Capítulo V.- Gestión documental y Archivos

Artículo 28.- Los sujetos obligados deberán preservar los documentos en archivos administrativos organizados y actualizados, de conformidad con las disposiciones de este capítulo y demás disposiciones aplicables.

Artículo 29.- En el manejo de los documentos, los sujetos obligados deberán observar los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y conservación.

Artículo 30.- Los sujetos obligados contarán con responsables para los archivos de trámite, concentración, y en su caso, histórico, quienes elaborarán los instrumentos de control y consulta que permitan la correcta y adecuada organización, descripción, localización y conservación de documentos, que incluyan al menos:
a) El cuadro general de clasificación archivística;
b) El catálogo de disposición documental; y
c) Los inventarios documentales: general, de transferencia y de baja.

Artículo 31.- Las áreas encargadas del archivo de los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y Municipios, establecerán los lineamientos específicos en materia de organización de archivos administrativos que no tengan el carácter de históricos. Las disposiciones deberán tomar en consideración las normas archivísticas internacionalmente reconocidas.

Artículo 32.- Los sujetos obligados deberán indicar en las series documentales si se trata de documentos reservados o confidenciales. Adicionalmente deberán generar y publicar en medios electrónicos de acceso remoto un índice público por serie documental, el cual deberá actualizarse trimestralmente. En su caso, deberá indicar la clasificación por serie documental.

Artículo 33.- Cuando un sujeto obligado inicie el procedimiento de baja documental de documentos o expedientes clasificados como reservados, deberá notificarlo al Instituto para que éste, dentro de un plazo de 30 días, opine si procede o no su baja.

Artículo 34.- La autoridad en materia de archivos emitirá criterios para la administración de documentos electrónicos que aseguren su disponibilidad, integridad y autenticidad, de conformidad con los estándares internacionales.

TÍTULO SEGUNDO.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Capítulo Único

Artículo 35.- Los sujetos obligados al tratar los sistemas de datos deberán observar los principios de consentimiento, información previa, licitud, calidad de la información, confidencialidad y seguridad, así como garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y cancelación.

Artículo 36.- Los sujetos obligados serán responsables de la protección de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Instituto o la instancia competente;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación; y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 37.- Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de los individuos a que haga referencia la información.

Artículo 38.- No se requerirá el consentimiento del titular para proporcionar sus datos personales en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en la ley, siempre que no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;

II. Cuando se transmitan entre sujetos obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de sus facultades;

III. Cuando exista una solicitud u orden de autoridad en materia de procuración o administración de justicia;

IV. A terceros, cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propósitos distintos a aquellos para los cuales se les hubieren transmitido; y

V. En los demás casos que establezcan las leyes.

Artículo 39.- Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sistemas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto o de las instancias competentes, quienes mantendrán un listado actualizado de los sistemas de datos personales.

Artículo 40.- Sólo los interesados o sus representantes, podrán solicitar y obtener gratuitamente, previa acreditación ante la Unidad de Enlace correspondiente, el acceso, rectificación o cancelación de la información de sus datos de carácter personal que obren en los sistemas de datos personales de los sujetos obligados.
La entrega, modificación o cancelación de dicha información, se realizará en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Este plazo podrá ser ampliado por una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando lo justifiquen las circunstancias del caso.

Artículo 41.- En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los sistemas de datos personales del sujeto obligado y éste considere improcedente la solicitud de acceso, rectificación o cancelación, se deberá emitir una resolución fundada y motivada al respecto. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, así como ante la omisión de respuesta a las solicitudes en los plazos establecidos, procederá la impugnación correspondiente.

Artículo 42.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud, que implique la entrega de datos, respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor de doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo a las tarifas
aplicables para las solicitudes de acceso a la información pública.

TÍTULO TERCERO.- DE LAS UNIDADES DE ENLACE, DE LOS COMITÉS DE INFORMACIÓN Y DEL INSTITUTO

Capítulo I.- Unidades de enlace

Artículo 43.- Los sujetos obligados contarán con una Unidad de Enlace que se integrará por un titular y los servidores públicos que se determinen.

Artículo 44.- La Unidad de Enlace tendrá las funciones siguientes:

I. Recabar y difundir la información a que se refiere el Artículo 9º, además de propiciar que las unidades administrativas la actualicen periódicamente;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, presentadas ante el sujeto obligado;

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso, rectificación y/o cancelación de datos personales, así como darles seguimiento hasta la entrega de la respuesta, haciendo entretanto el correspondiente resguardo;

IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, y en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información que solicitan;

V. Realizar los trámites internos de cada dependencia o entidad, necesarios para entregar la información solicitada;

VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;

VII. Proponer al Comité de Información los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

VIII. Apoyar al Comité de Información en el desempeño de sus funciones;

IX. Integrar y enviar todos los informes que requiera el Instituto al sujeto obligado en materia del ejercicio de acceso a la información;

X. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y actualizarlo mensualmente detallando sus resultados y costos, haciéndolo del conocimiento del titular del sujeto obligado y del Instituto;

XI. Recibir los recursos de revisión presentados por los particulares y remitirlos al Instituto dentro de los tres días siguientes a su recepción; y

XII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.

Capítulo II.- Comités de Información

Artículo 45.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Órganos Autónomos y los Municipios, contarán respectivamente con un Comité de Información, el cual se integrará conforme los acuerdos internos que para tal efecto emitan ellos mismos.

Artículo 46.- Compete al Comité de Información:

I. Diseñar e implantar el sistema de información en el área de su competencia;

II. Coordinar, supervisar y evaluar que las acciones de las Unidades de Enlace, tendientes a proporcionar la información prevista en esta Ley, se ajusten a la normatividad aplicable;

III. Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

IV. Realizar las acciones necesarias para garantizar la protección de los datos personales;

V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el Instituto o por la instancia competente, según corresponda;

VI. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de cada una de las unidades administrativas que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los archivos;

VII. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y del personal adscrito a las Unidades de Enlace en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; y

VIII. Celebrar los convenios de colaboración pertinentes para el adecuado cumplimiento de las atribuciones de las Unidades de Enlace.

Capítulo III.- Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

Artículo 47.- El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública es un Organismo Público Autónomo en su funcionamiento e independiente en su operación y decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa o defectos de las solicitudes de acceso a la Información y
proteger los datos personales en poder de los sujetos obligados. Tendrá competencia en todo el Estado de Oaxaca.

Artículo 48.- El Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos otorgará al Instituto los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones. Los recursos previstos para el Instituto no podrán ser inferiores en términos reales a los asignados en el ejercicio fiscal anterior, excepto cuando corresponda a una reducción generalizada del gasto para todas las dependencias y entidades públicas, o cuando el Instituto no presente los informes del ejercicio presupuestal que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Artículo 49.- El Instituto se integrará con tres Comisionados, de los cuales uno será el Presidente.
El Gobernador del Estado propondrá por ternas a los Comisionados y el Congreso los elegirá con el voto de la mayoría de los diputados presentes. De la misma forma designará al Comisionado que deba presidir el Instituto.
Durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo actividades docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 50.- Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones de la Constitución Federal, de la Estatal y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por delito que merezca pena corporal.

Artículo 51.- Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano y residente en el Estado;

II. Tener por lo menos, treinta años de edad al día de su elección;

III. Contar con cédula profesional a nivel licenciatura como mínimo;

IV. Haberse desempeñado en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley; y

V. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

Artículo 52.- El Presidente del Instituto tendrá la representación legal del mismo y durará en su encargo de Comisionado Presidente un periodo de dos años, y podrá ser reelecto por el Congreso del Estado hasta por dos ocasiones.
En caso de renuncia, separación o fallecimiento del Presidente, el Congreso del Estado designará de entre los restantes a quien deba presidir el organismo, mismo que cumplirá el periodo respectivo. Así mismo el Congreso del Estado elegirá al nuevo Comisionado, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 49 de esta Ley.

Artículo 53.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar en el orden administrativo esta Ley;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes, así como vigilar el cumplimiento de sus resoluciones tomando las medidas necesarias;

III. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial;

IV. Coadyuvar con los sujetos obligados en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades;

V. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para que den cumplimiento a lo concerniente a la información pública de oficio;

VI. Evaluar la actuación de los sujetos obligados, mediante la práctica de visitas de inspección periódicas o a través de los medios que considere adecuados. Al efecto requerirá, recibirá, analizará y sistematizará los informes que deberán enviarle los sujetos obligados, con el fin de conocer el estado del ejercicio del acceso a la información en el Estado;

VII. Proporcionar apoyo técnico a los sujetos obligados en la elaboración y ejecución de sus programas de información;

VIII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos personales;

IX. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en posesión de los sujetos obligados;

X. Revisar, modificar o revocar las clasificaciones de información hechas por los sujetos obligados;

XI. Hacer del conocimiento de los órganos internos de control de los sujetos obligados, los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a esta Ley y su Reglamento.
Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control y que hayan causado estado deberán ser notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual;

XII. Diseñar, promover, y en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información y protección de datos personales;

XIII. Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla;

XIV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XV. Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población emplear la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados;

XVI. Instruir la elaboración de guías que expliquen los procedimientos y trámites que deban realizarse ante los sujetos obligados y ante el Instituto;

XVII. Celebrar convenios, acuerdos o programas, respecto de la materia de esta ley, con los sujetos obligados, con la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, y sus órganos de transparencia y acceso a la información, con organismos nacionales e internacionales y la sociedad civil;

XVIII. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales;

XIX. Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación;

XX. Expedir los lineamientos generales en materia de acceso a la información que serán de observancia obligatoria para todos los sujetos obligados;

XXI. Designar a los servidores públicos a su cargo;

XXII. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Finanzas para que lo integre al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

XXIII. Coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones que señala la ley en materia de información pública de oficio, para los Municipios que lo soliciten; y

XXIV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento Interior y cualquier otra disposición aplicable.

Artículo 54.-  El Instituto rendirá anualmente en el mes de febrero, un informe público al Congreso del Estado sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan los sujetos obligados, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado así como su resultado, su tiempo de respuesta, el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto, el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.

Artículo 55.- Todos los servidores públicos que integren la planta del Instituto, son trabajadores de confianza, debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan, sujetándose a las responsabilidades que señalan esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Las relaciones laborales generadas entre el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y su personal, se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatal que regula las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado.
Dicho personal quedará incorporado al régimen del Fondo de Pensiones del Estado.

Artículo 56.- Forman el patrimonio del Instituto:

I. Los ingresos que perciba conforme al Presupuesto de Egresos del Estado;

II. Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que los gobiernos federal, estatal o municipal le aporten para la realización de su objeto;

III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares nacionales o internacionales;

IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; y

V. Todos los demás ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por cualquier otro medio legal.

TÍTULO CUARTO.- ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I.- Del procedimiento de acceso a la información

Artículo 57.- En ningún caso la entrega de información pública estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno, salvo en el caso de la información confidencial y protección de datos personales, en términos de la presente Ley.

Artículo 58.- Cualquier persona, por si, o por medio de su representante podrá presentar, ante la Unidad de Enlace, una solicitud de acceso a la información verbalmente, mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto ya sea vía electrónica o personalmente. La solicitud deberá contener:

I. El nombre y nacionalidad del solicitante así como domicilio o medio para recibir notificaciones;

II. La descripción clara y precisa de la información que solicita, así como los datos que faciliten su búsqueda y localización; y

III. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas, correo electrónico u otro tipo de medio.
En caso de que el interesado sea persona moral se deberá comprobar además, su legal constitución y que quien formula la petición en su nombre es su legítimo representante.
Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare.
En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por concluida la solicitud. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el Artículo 64.

Artículo 59.- Las Unidades de Enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, la Unidad de Enlace deberá orientar debidamente al particular sobre el sujeto obligado competente.
Si la solicitud es presentada ante una oficina distinta a la Unidad de Enlace, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la Unidad de Enlace.

Artículo 60.- Las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas. Los costos de la reproducción y envío de la información solicitadas serán cubiertas por el solicitante. Los derechos por la expedición de copias certificadas y los materiales de reproducción estarán fijados en las leyes respectivas y deberán ser accesibles a los solicitantes.

Artículo 61.- La Unidad de Enlace será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante; es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley.
Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de dar respuesta a las solicitudes de información.

Artículo 62.- Los sujetos sólo estarán obligados a entregar la información relativa a documentos que se encuentren en sus archivos. La entrega de información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados. La obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.
En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles mediante acceso remoto o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 63.- La Unidad de Enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Artículo 64.- Toda solicitud de información presentada en los términos de la presente Ley, deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados desde la presentación de ésta.
Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando no sea posible reunir la información solicitada. La Unidad de Enlace deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.
En el caso de las solicitudes que generen pago de derechos, la información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad de Enlace le haya notificado al solicitante la disponibilidad de ésta, siempre que éste compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 65.- La falta de respuesta a una solicitud presentada por escrito, en el plazo señalado en el Artículo 64, se entenderá resuelta en sentido positivo, salvo que los documentos en cuestión sean reservados, confidenciales o inexistentes, por lo que el sujeto obligado deberá darle al solicitante acceso a la información en un periodo de tiempo no mayor a los 10 días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la
reproducción del material informativo.

Artículo 66.- Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas, incluyendo en su caso, la información entregada, serán públicas. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de medios electrónicos de comunicación.

Artículo 67.- Las Unidades de Enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes ofensivas o cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona.

Capítulo II.- Del Recurso de Revisión

ARTICULO 68.- El recurso de revisión regulado en esta Ley es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
El solicitante a quien se le haya notificado la negativa de acceso a la información o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Enlace que haya conocido del asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La Unidad de Enlace deberá remitirlo al Instituto dentro de los tres días
siguientes a su recepción.

Artículo 69.- El recurso procederá en los mismos términos cuando:

I. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;

II. El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;

III. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega;

IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud; y

V. Habiendo operado la afirmativa ficta, haya transcurrido el término de diez días hábiles sin que le sea proporcionada la información solicitada al particular.

Artículo 70.- El Instituto suplirá las deficiencias en los recursos interpuestos por los particulares.

Artículo 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante legal en su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones;

II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la interposición del recurso, con la fecha de notificación;

III. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución que se impugna;

IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución impugnados;

V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución reclamada;

VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la expresión del lugar y fecha del escrito; y

VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que se consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto.

Artículo 72.- El Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

I. Interpuesto el recurso, el Comisionado a quien toque conocer del asunto decidirá sobre su admisión dentro del plazo de tres días. En caso de encontrarlo procedente requerirá a la Unidad de Enlace respectiva, para que en un término de cinco días hábiles rinda un informe por escrito al que deberán acompañarse las constancias que apoyen el informe.
Si no se requiriere desahogo de pruebas, el Comisionado presentará al Pleno un proyecto de resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del informe;

II. Si el recurrente ofrece medios de prueba, se señalará fecha y hora para su desahogo en audiencia pública dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del informe rendido por la Unidad de Enlace. Una vez desahogadas las pruebas y expresados los alegatos correspondientes, el Comisionado presentará al Pleno el proyecto de resolución.
Se admitirán todos los medios de prueba, salvo la confesional a cargo de los sujetos obligados;

III. Durante el procedimiento se suplirá la deficiencia de la queja a favor del recurrente y se garantizará que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita sus alegatos;

IV. El Pleno resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución;

V. Las resoluciones del Pleno serán públicas; y

VI. El trámite de los asuntos corresponderá por turno a los Comisionados, en los términos que disponga el Reglamento Interior del Instituto.
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por el Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente.

Artículo 73. Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;

II. Confirmar la resolución impugnada; o

III. Revocar o modificar la resolución impugnada y ordenar al sujeto obligado que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales, que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.
En caso de afirmativa ficta, verificar que la información no se encuentre en los supuestos de reservada o confidencial, y ordenar la entrega parcial o total dependiendo del caso, sin costo para el recurrente.
Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.
Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control del sujeto obligado responsable para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda.

Artículo 74.- El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea presentado en forma extemporánea;

II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva;

III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un sujeto obligado; o

IV. Se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente ante diversa autoridad, que tenga por objeto modificar, revocar o confirmar la resolución impugnada.

Artículo 75.- El recurso será sobreseído cuando:

I. El recurrente se desista expresamente;

II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;

III. Cuando admitido el recurso, aparezca alguna causal de improcedencia, o

IV. El sujeto obligado modifique o revoque a satisfacción del recurrente el acto o resolución antes de decidirse en definitiva por el Instituto, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 76.- Las resoluciones del Instituto serán definitivas para los sujetos obligados.
Los particulares podrán impugnarlas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá una vez agotado el recurso de revisión que prevé esta Ley.

TÍTULO QUINTO.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 77.- Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley;

III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta Ley;

IV. Clasificar como reservada con dolo, información que no cumple con las características señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información de los Comités de información o del Instituto;

V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley;

VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso;

VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada mediante resolución del Instituto o Judicial; y

VIII. No remitir al Instituto el recurso de revisión presentado ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado.

Artículo 78.- La responsabilidad a que se refiere el Artículo anterior o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
La infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VI y VIII del Artículo anterior, serán consideradas como graves para efectos de su sanción.

Artículo 79.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 21 de julio de 2008, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con las modalidades que establecen los Artículos siguientes.

SEGUNDO.- La publicación de la información a que se refiere el Artículo 9º deberá completarse, a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la Ley.

TERCERO.- Los titulares de los sujetos obligados, deberán designar la Unidad de Enlace a más tardar 30 días después de publicada la Ley y los Comités de Información referidos en esta Ley, deberán conformarse a más tardar, 60 días después y en el mismo plazo deberán iniciar funciones. La conformación de las estructuras a que se refiere esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios
asignados, por lo que no deberán implicar erogaciones adicionales.

CUARTO.- La elección de los comisionados se realizará a más tardar a la entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO.- El Instituto expedirá su reglamento interior dentro de los treinta días naturales después de elegidos los comisionados, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. En dicho Reglamento se regularán los plazos, términos y procedimientos concernientes al Recurso de Revisión.
En lo no previsto se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

SEXTO.- Los sujetos obligados deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere esta Ley, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor de la misma. El plazo establecido sólo obliga a los Municipios con población superior a setenta mil habitantes.

SEPTIMO.- Los sujetos obligados deberán completar la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

OCTAVO.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para realizar las adecuaciones presupuestales que procedan a efecto de que el Instituto pueda iniciar sus funciones en el plazo establecido en esta Ley.

NOVENO.- Los Municipios con población menor a setenta mil habitantes, tendrán el carácter de sujetos obligados en la medida que cuenten con los recursos materiales y presupuestarios suficientes para el cumplimiento de la presente Ley, correspondiendo al Instituto dictar los lineamientos generales para la incorporación de los Municipios al régimen prescrito por este ordenamiento.

DECIMO.- El Congreso del Estado procederá a realizar las adecuaciones a las leyes, decretos y demás ordenamientos vigentes que se relacionen con la aplicación de esta Ley.

DECIMO PRIMERO.- Se abroga la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 16 de septiembre de 2006.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, 28 de febrero de 2008.

DIP. JORGE OCTAVIO GUERRERO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
 
DIP. WILFREDO FIDEL VÁSQUEZ LÓPEZ
SECRETARIO
 
DIP. DANIEL GURRIÓN MATÍAS
SECRETARIO
 
Por lo tanto mando que se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 28 de Febrero del 2008.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
LIC. ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ.
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
ING. TEOFILO MANUEL GARCIA CORPUS.

Y lo comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
«EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ»

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 28 de febrero del 2008.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
ING. TEOFILO MANUEL GARCIA CORPUS.

NOTA: Las presentes firmas corresponden al Decreto nº 221, aprobado por la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se aprueba la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA.

PREAMBLE
WE THE PEOPLE OF THE CO-OPERATIVE OF GUYANA,
the proud heirs of the indomitable spirit and unconquerable will of our forefathers who by their sacrifices, their blood and their labour made rich and fertile and bequeathed to us as our inalienable patrimony for all time this green land of Guyana,
SALUTING the epic struggles waged by our forefathers for freedom, justice and human dignity and their relentless hostility to imperialist and colonial domination and all other forms and manifestations of oppression;
ACCLAIMING those immortal leaders who in the vanguard of battle kept aloft in the banner of freedom by the
example of their courage, their fortitude and their martyrdom, whose names and deeds being forever enshrined in our hearts we forever respect, honour and revere;
INSPIRED by the glorious victory of 26th May, 1966, when after centuries of heroic resistance and revolutionary endeavor we liberated ourselves from colonial bondage, won political independence and became free to mold our own destiny;
CONSCIOUS of the fact that to bring about conditions necessary for the full flowering of the creative genius of the people of Guyana formal political sovereignty must be complemented by economic independence and cultural emancipation;
HAVING ESTABLISHED the Republic on 23rd February, 1970, to reinforce our determination to chart an independent course of development in conformity with our historical experience, our cultural heritage and our common aspirations;
PLEDGED to defend our national sovereignty, to respect human dignity and to cherish and uphold the principles of freedom, equality and democracy and all other fundamental human rights;
DEDICATED to the principle that the people of Guyana are entitled as of right to enjoy the highest possible standard of living and quality of life consistent with their work and the possibilities of the country's resources;
CONVINCED that the organisation of the State and society on socialist principles is the only means of ensuring social and economic justice for all of the people of Guyana; and, therefore,
BEING MOTIVATED and guided by the principles of socialism;
BEING OPPOSED to all social, economic and political systems which permit the exploitation of man by man; and
ACKNOWLEDGING our common purpose of national cohesion and our common destiny as one people and one nation,
DO SOLEMNLY RESOLVE to establish the State on foundations of social and economic justice, and accordingly by popular consensus, after full, free and open discussion, debate and participation,
DO ADOPT the following

CONSTITUTION OF THE CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA

PART 1. GENERAL PRINCIPLES

CHAPTER I. THE STATE AND THE CONSTITUTION

CHAPTER II. PRINCIPLES AND BASES OF THE POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEM

CHAPTER III. FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL

40.

1. Every person in Guyana is entitled to the basic right to a happy, creative and productive life, free from hunger, disease, ignorance and want. That right includes the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his rave, place of origin, political opinions, colour, creed or sex, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely:

a) life, liberty, security of the person and the protection of the law.
b) freedom of conscience, of expression and of assembly and association; and
c) protection for the privacy of his home and other property and from deprivation of property with out compensation.

2. The provisions of Title 1 of Part 2 shall have effect for the purpose of affording protection to the aforesaid fundamental rights and freedoms of the individual subject to such limitations of that protection as are contained in those provisions, being limitations designed to ensure that the enjoyment of the said rights and freedoms by any individual does not prejudice the rights and freedoms of others of the public interest.

CHAPTER IV. CITIZENSHIP

CHAPTER V. SUPREME ORGANS OF DEMOCRATIC POWER

CHAPTER VI. PARLIAMENT

CHAPTER VII. LOCAL DEMOCRACY

CHAPTER VIII. THE SUPREME CONGRESS OF THE PEOPLE

CHAPTER IX. THE PRESIDENT

CHAPTER X. THE EXECUTIVE

CHAPTER XI. THE JUDICATURE

CHAPTER XII. THE SERVICE OF COMMISSIONS

PART 2. SPECIFIC RULES

TITLE 1. PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL

138.

1. No person shall be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of an offense under the law of Guyana of which he has been convicted.

2. Without prejudice to any liability for a contravention of any other law with respect to the use of force in such cases as are hereinafter mentioned, a person shall not be regarded as having been deprived of his life in contravention of this article if he dies as the result of the use of force to such extent as is reasonably justifiable in the circumstances of the case:
a) for the defense of any person from violence of for the defense of property;
b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
c) for the purpose of suppressing a riot, insurrection or mutiny; or
d) in order to prevent the commission by that person of a criminal offense, or if he dies as the result of a lawful act of war.

139.

1. No person shall be deprived of his personal liberty save as may be authorised by law in any of the following cases, that is to say:
a) in execution of the sentence or order of a court, whether established for Guyana or some other country, in respect of a criminal offense of which he has been convicted;
b) in execution of an order of the High Court of the Court of Appeal of such other court as may be prescribed by Parliament punishing him for contempt of any such court or of another court or tribunal;
c) in execution of the order of a court made to secure the fulfillment of any obligation imposed on him by law;
d) for the purpose of bringing him before a court in execution of the order of a court;
e) upon reasonable suspicion of his having committed, or being about to commit, a criminal offense under the law of Guyana;
f) in the case of a person who has not attained the age of eighteen years, under the order of a court or with the consent of his parent or guardian, for the purpose of his education or welfare;
g) for the purpose of preventing the spread of an infectious or contagious disease;
h) in the case of a person who is, or is reasonably suspected to be, or unsound mind, addicted to drugs or alcohol, or a vagrant, for the purpose of his care or treatment or the protection of the community;
i) for the purpose of preventing the unlawful entry of that person into Guyana, or for the purpose of effecting expulsion, extradition or other lawful removal of that person from Guyana or for the purpose of restricting that person while he is being conveyed through Guyana in the course of his extradition or removal as a convicted prisoner from one country to another;
j) to such extent as may be necessary in the execution of a lawful order requiring that person to remain within a specified area within Guyana or prohibiting him from being within such an area, or to such extent as may be reasonably justifiable for the taking of proceedings against that person with a view to the making of any such order or relating to such an order after it has been made or to such extent as may be reasonably justifiable for restraining that person during any visit that he is permitted to make to any part of Guyana in which, in consequence of any such order, his presence would otherwise be unlawful;
k) subject to the provisions of the next following paragraph, for the purposes of his preventive detention;
l) for the purpose of hi being called up for national service.

2.

a) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless a tribunal established for the purposes of this paragraph has reported before the expiration of the said period of three months that there is, in its opinion, sufficient cause for such detention.
b) The references in subparagraph (a) to a period of three months include references to any lesser period that amount in the aggregate to three months:
Provided that no two such lesser periods shall be aggregated for this purpose if the period between the expiration of the first and the commencement of the second is more that one month.
c) A person who has been detained by virtue of the provision s of any law providing for preventive detention and who has been released from detention in consequence of a report of tribunal established for the purposes of this paragraph that there is, in its opinion, insufficient cause for his detention shall not be again detained by virtue of such provisions within the period of six months from his release on the same grounds as he was originally detained.
d) For the purposes of subparagraph (c) a person shall be deemed to have been detained on the same grounds as he was originally detained unless a tribunal established as aforesaid has reported that, in its opinion, there appear prima facie, to be new and reasonable grounds for the detention (but the giving of any such report shall be without prejudice to the provisions of subparagraph (a).
e) A tribunal established for the purposes of this paragraph shall be established by law and shall consist of persons who are Judges of the Supreme Court of Judicature or who are qualified to be appointed as Puisne Judges of the High Court.

3. Any person who is arrested or detained shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands, of the reasons for his arrest of detention and shall be permitted, at his own expense, to retain and instruct without delay a legal adviser of his own choice, being a person entitled to practice in Guyana as an attorney-at-law, and to hold communication with him.

4. any person who is arrested or detained:
a) for the purpose of bringing him before a court in execution of the order of the court; or
b) upon reasonable suspicion of his having committed or being about to commit a criminal offense, and who is not released, shall be brought before a court as soon as is reasonably practicable; and if any person arrested or detained upon reasonable suspicion of his having committed or being about to commit a criminal offense is not tried within a reasonable time, thin, without prejudice to any further proceedings which may be brought against him, he shall be released either unconditionally or upon reasonable conditions, including in particular such conditions as are reasonably necessary to ensure that he appears at a later date for trial or for proceedings preliminary to trial.

5. Any person who is unlawfully arrested or detained by any other person shall be entitled to compensation therefor from that other person.

6. Nothing in the provisions of paragraphs (3) and (4) shall apply to any person arrested or detained by virtue of the provisions of any law providing for preventive detention except in so far as the provisions of the said paragraph (3) require that he shall be permitted to retain and instruct a legal adviser and to hold communication with him.

140

1. No person shall be held in slavery or servitude

2. No person shall be required to perform forced labour.

3. For the purposes of this article, the expression «forced labour» does not include
a) any labour required in consequence of the sentence or order of a court;
b) any labour required of any person while he is lawfully detained that, though not required in consequence of the sentence or order of a court, is reasonably necessary in the interests of hygiene or for the maintenance of the place at which he is detained;
c) any labour required of a member of a disciplined force in pursuance of his duties as such or, in the case of a person who has conscientious objections to service as a member of a naval, military or air force, any labour that person is required by law to perform in place of such service; or
d) any labour required during any period when Guyana is at war or in the event of any hurricane, earthquake, flood, fire or other like calamity that threatens the life or well-being of the community to the extent that the requiring of such labour is reasonably justifiable, in the circumstances of any situation arising or existing during that period or as a result of that calamity, for the purpose of dealing with that situation.

141.

1. No person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or other treatment.

2. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question authorises the infliction of any punishment of the administration of any treatment that was lawful in Guyana immediately before the commencement of this Constitution.

142.

1. No property of any description shall be compulsory taken possession of, and no interest in or right over property of any description shall be compulsory acquired, except by or under the authority of a written law which provides for compensation for the property of any interest in or right over property so possessed or acquired and either fixes the amount of compensation of specifies the principles on which the compensation or specifies the principles on which the compensation is to be determined and given and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate.

2. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of the preceding paragraph

a) to the extent that the law in question makes provision for the taking of possession or acquisition of any property–
I) in satisfaction of any tax, duty, rate, cess or other impost;
II) by way of penalty for breach of the law, whether under civil process or after conviction of a criminal offense under the law of Guyana;
III) as an incident of a lease, tenancy, mortgage, charge, bill of sale, pledge, contract, grant, permission or license;
IV) in the execution of judgments or orders of a court in proceedings for the determination of civil rights or obligations;
V) in circumstances where it is reasonably necessary so to do because the property is in a dangerous state or injurious to the health of human beings, animals or plants;
VI) in consequence of any law with respect to the limitations of actions;
VII) for so long only as may be necessary for the purposes of any examination, investigation, trial or inquiry or, in the case of land, for the purposes of the carrying our thereon of work of social conservation or the conservation of other natural resources or work relating to agricultural development or improvement;
VIII) which is not beneficially occupied or which, if it is beneficially occupied or which, if it is beneficially occupied, is not so occupied by the holder of the title to the land or by any member of his family; or
IX) in consequence of any law requiring an employer to remunerate his employee during any period of compulsory national service which the employee has undertaken; or

(b) to the extent that the law in question makes provision for the taking of possession or acquisition of
I) property of the Amerindians of Guyana for the purpose of its care, protection and management or any right, title or interest held by any person in or over any lands situate in an Amerindian District, Area or Village established under the Amerindian Act for the purpose of effecting the termination or transfer thereof for the benefit of an Amerindian community;
II) Enemy property;
III) property of a deceased person, a person of unsound mind or a person who has not attained the age of eighteen years, for the purpose of its administration for the benefit of the persons entitled to the beneficial interest therein;
IV) property of a person adjudged insolvent of a body corporate in liquidation, for the purpose of its administration for the benefit of the creditors of the insolent person or body corporate and, subject thereto, for the benefit of other persons entitled to the beneficial interest in the property;
V) property subject to a trust, for the purpose of vesting the property in persons appointed as trustees under the instrument creating the trust of by a court or, by order of a court for the purpose of giving effect to the trust; or
VI) property to be used by the State for the purpose of providing, maintaining and managing any place of education, where the property was being used as a place of education at any time during 1976 and prior to the coming into operation of the law in question.

3. Nothing in this article shall be construed as affecting the making or operation of any law
I) so far as it provides for the orderly marketing or production or growth or extraction of any agricultural product or mineral or any article or thing prepared for market or manufactured therefor or for the reasonable restriction of the use of any property in the interest of safeguarding the interests of others of the protection of tenants, licenses or others having rights in or over such property;
II) so far as it provides for the making of contributions compulsory by workers to any industrial scheme or workers' organisation intended to work or provide for the benefit or welfare of such workers or of their fellow workers or of any relatives and dependents of any of them; or
III) for the compulsory taking of possession in the public interest of any property of the compulsory acquisition in the public interest of any interest in or fight over property, where that property, interest or right is held by a body corporate established directly by law for public purposes in which moneys provided by Parliament of by any Legislature previously established for the territory of Guyana have been invested.

143.

1. Except with his own consent, no person shall be subjected to the search of his person or his property or the entry by others on his premises.

2. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision
a) that is reasonably required in the interests of defense, public safety, public order, public morality, public health, town or country planning, the development or utilisation of any other property in such manner as to promote the public benefit;
b) that is reasonably required for the purpose of protecting the rights or freedoms of other persons;
c) that authorises an officer of agent of the Government of Guyana, or of a local democratic organ or of a body corporate established directly by law for public purposes to enter on the premises of any person in order to inspect those premises or anything thereon for the purpose of any tax, duty, rate, cess or other impost or in order to carry out work connected with any property that is lawfully connected with any property that is lawfully on those premises and that belongs to that Government, local democratic organ or body corporate, as the case may be, or for the purpose of obtaining of verifying information required for compiling national statistics or required for the purposes of planning, management and development of the national economy; or
d) that authorises, for the purpose of enforcing the judgment or order of a court in any proceedings, the entry upon any premises by order of a court.

144.

1. If any person is charged with a criminal offense, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

2. It shall be the duty of a court to ascertain the truth in every case provided that every person who is charged with a criminal offense
a) shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty;
b) shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands and in detail, of the nature of the offense charged;
c) shall be permitted to defend himself before the court in person or by legal representative of his own choice;
e) shall be afforded facilities to examine in person or by his legal representative the witnesses called by the prosecution before the court and to obtain the attendance and carry out the examination of witnesses to testify on his behalf before the court on the same conditions as those applying to witnesses called by the prosecution; and
f) shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he cannot understand the language used at the trial of the charge, and, except with his consent, the trial shall not take place in his absence unless he so conducts himself as to render the continuance of the proceedings in his presence impracticable and the court has ordered him to be removed and the trial to proceed in his absence or he fails without reasonable excuse (the proof whereof shall lie on him) to attend court.

3. When a person is tried for any criminal offense, the accused person or any person authorised by him in that behalf shall, if he so requires and subject to payment of such reasonable fee as may be prescribed by law, be given within a reasonable time after judgment a copy for the use of the accused person of any record of the proceedings made by or on behalf of the court.

4. No person shall be held to be guilty of a criminal offense on account of any act or omission that did not, at the time it took place, constitute such an offense, and no penalty shall be imposed for any criminal offense that is more severe in degree or nature that the most severe penalty that might have been imposed for that offense at the time when it was committed.

5. No person who shows that he has been tried by a competent court for a criminal offense and either convicted of acquitted shall again be tried for that offense or for any other criminal offense of which he could have been convicted at the trial for that offense, save upon the order of a superior court in the course of appeal proceedings relating to the conviction or acquittal.

6. No person shall be tried for a criminal offense if he shows that he has been granted a pardon for that offense.

7. No person who is tried for a criminal offense shall be compelled to give evidence at the trial.

8. Any court of other tribunal prescribed by law for the determination of the existence or extent of any civil right or obligation shall be established by law and shall be independent and impartial; and where proceedings for such a determination are instituted by any person before such a court or other tribunal, the case shall be given a fair hearing within a reasonable time.

9. Except with the agreement of all the parties thereto, all proceedings of every court and proceedings for the determination of the existence or extent of any civil right or obligation before any other tribunal, including the announcement of the decision of the court or other tribunal, shall be held in public.

10. Nothing in the preceding paragraph shall prevent the court of other tribunal from excluding from the proceedings persons other than the parties thereto and their legal representatives to such extent as the court or other tribunal
a) may by law be empowered so to do and may consider necessary or expedient in circumstances where publicity would prejudice the interests of justice or in interlocutory proceedings or in the interests of decency, public morality, the welfare of persons under the age of eighteen years or the protection of the private lives of persons concerned in the proceedings; or
b) may by law be empowered or required so to do in the interests of defense, public safety or public order.

11. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of–
a) paragraph (2) (a) to the extent that the law in question imposes upon any person charged with a criminal offense the burden of proving particular facts;
b) paragraph (2) (e) to the extent that the law in question imposes conditions that must be satisfied if witnesses called to testify on behalf of an accused person are to be paid their expenses out of public funds; or
c) paragraph (5) to the extent that the law in question authorises a court to try a member of a disciplined force for a criminal offense notwithstanding any trial and conviction or acquittal of that member under the disciplinary law of that force, so, however, that any court so trying such a member and convicting him shall, in sentencing him to any punishment, take into account any punishment awarded him under that disciplinary law.

12. In the case of any person who is held in lawful detention, the provisions of paragraph (1), paragraph (2) (d) and a criminal offense under the law regulating the discipline of persons held in such detention.

13. Nothing contained in paragraph (2) (d) shall be construed as entitling a person to legal representation at public expense but, subject thereto, it shall be the duty of the State to ensure that every person charged with a criminal offense is given a fair trial and accordingly to make provision for legal aid to be given in suitable cases.

14. In this article, «criminal offense» means a criminal offense under the law of Guyana.

145.

1. Except with his own consent, no person shall be hindered in the enjoyment of his of conscience, and for the purposes of this article the said freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and both in public and in private, to manifest and propagate his religion or belief in worship, teaching, practice and observance.

2. No religious community shall be prevented from providing religious instruction for persons of that community.

3. Except with his own consent (or, if he is a person who has not attained the age of eighteen years, the consent of his guardian), no person attending any place of education shall be required to receive religious instruction or to take part in or attend any religious ceremony or observance if that instruction, ceremony or observance relates to a religion which is not his own.

4. No person shall be compelled to take any oath which is contrary to his religion or belief or to take any oath in a manner which is contrary to his religion or belief.

5. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provisions

a) which is reasonably required
I) in the interests of defense, public safety, public order, public morality or public health; or
II) for the purpose of protecting the rights and freedoms of other persons, including the right to observe and practice any religion with out the unsolicited intervention of members of any other religion; or

b) with respect to standards or qualifications to be required in relation to places of education including any instruction (not being religious instruction) given at such places.

6. References in this article to a religion shall be construed as including references to a religious denomination, and cognate expressions shall be construed accordingly.

146.

1. Except with his own consent, no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of expression, that is to say, freedom to hold opinions without interference, freedom to receive ideas and information without interference, freedom to communicate ideas and information without interference and freedom from interference with his correspondence.

2. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision
a) that is reasonably required in the interests of defense, public safety, public order, public morality or public health;
b) that is reasonably required for the purpose of protecting the reputation, rights, and freedoms of other persons or the private lives of persons concerned in legal proceedings, preventing the disclosure of information received in confidence, maintaining the authority and independence of the courts, regulating the technical administration or the technical operation of telephony, telegraphy, posts, wireless broadcasting or television, or ensuring fairness and balance in the dissemination of information to the public; or
c) that imposes restrictions upon public officers or officers of any corporate body established on behalf of the public or owned by or on behalf of the Government of Guyana.

147.

1. Except with his own consent, no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of assembly and association, that is to say, his right to assemble freely and associate with other persons and in particular to form or belong to political parties or to form or belong to trade unions or other associations for the protection of his interests.

2. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision
a) that is reasonably required in the interests of defence, public safety, public order, public morality or public health; or
b) that is reasonably required for the purpose or protecting the rights or freedoms of other persons; or
c) that imposes restrictions upon public officers; or
d) that imposes an obligation on workers to become contributors to any industrial scheme or workers' organisation intended to work or provide for the benefit or welfare of such workers or of their fellow workers or of any relatives and dependents of any of them.

148.

1. No person shall be deprived of his freedom of movement, that is to say, the right to move freely throughout Guyana, the right to reside in any part of Guyana, the right to enter Guyana, the right to leave Guyana and immunity from expulsion from Guyana.

2. Any restriction on a person's freedom of movement that is involved in his lawful detention shall not be held to be inconsistent with or in contravention of this article.

3. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision
a) for the imposition of restrictions on the movement or residence within Guyana of any person or on any person's right to leave Guyana that are reasonably required in the interests of defence, public safety or public order or for the purpose of preventing the subversion of democratic institutions in Guyana;
b) for the imposition of restriction on the movement or residence within Guyana or on the right to leave Guyana of persons generally or any class of persons that are reasonably required in the interests of defence, public safety, public order, public morality or public health or for the purpose of preventing the subversion of democratic institutions in Guyana;
c) for the imposition of restrictions on the acquisition or use of land or other property in Guyana;
d) for the imposition of restrictions, by order of a court, on the movement or residence, within Guyana of any person or on any person's rights to leave Guyana either in consequence of his having been found guilty of a criminal offence under the laws of Guyana of for the purpose of ensuring that he appears before a court at a later date for trial for such a criminal offence or for proceedings preliminary to trial or for proceedings relating to his extradition or lawful removal from Guyana;
e) for the imposition of restrictions on the freedom of movement of persons who are not citizens of Guyana;
f) for the imposition of restrictions upon the movement or residence within Guyana or on the right to leave Guyana of public officers;

g) for the removal of persons from Guyana
I) to be tried or punished in some other country for a criminal offence under the law of that country; or
II) to undergo imprisonment in some other country in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Guyana of which he has been convicted; or
III) to be detained in an institution in some other country for the purpose of giving effect to the order of a court made in pursuance of a law of Guyana relating to the treatment of offenders under a specified age; or
IV) to be detained for care or treatment in a hospital or other institution in pursuance of a law of Guyana relating to persons suffering from defect or disease of the mind; or

h) for the imposition of restrictions on the right of any person to leave Guyana that are reasonably required in order to secure the fulfillment of any obligations imposed on that person by law.

4. The provisions of article 151 shall apply in relation to a person whose freedom of movement is restricted by virtue of such a provision as is referred to in paragraph (3)(a) as they apply in relation to a person whose freedom of movement is restricted by virtue of such a provision as is referred to in article 150 (2).

149.

1. Subject to the provisions of this article
a) no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect; and
b) no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority.

2. In this article the expression «discriminatory» means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour or creed whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not afforded to persons of another such description.

3. Paragraph (1) (a) shall not apply to any law so far as that law makes provision
a) with respect to persons who are not citizens of Guyana;
b) with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law; or
c) whereby persons of any such description as is mentioned in the preceding paragraph may be subjected to any disability or restriction or may be accorded any privilege or advantage which, having regard to its nature and to special circumstances pertaining to those persons or to persons of any other such description, is reasonably justifiable.

4. Nothing contained in any law shall be he'd to be inconsistent with or in contravention of paragraph (1) (a) to the extent that it makes provision with respect to standards or qualifications (not being standards or qualifications specifically relating to race, place of origin, political opinion, colour or creed) to be required of any person who is appointed to any office in the public service, any office in a disciplined force, or any office in the service of a local democratic organ or of a body corporate established by any law for public purposes.

5. Paragraph (1) (b) shall not apply to anything which is expressly or by necessary implication authorised to be done by any such provision of law as is referred to in either of the two preceding paragraphs.

6. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be he'd to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision
a) whereby persons of any such description as is mentioned in paragraph (2) may be subjected to any restriction on the rights and freedoms guaranteed by articles 143, 145, 146, 147 and 148, being such a restriction as is authorised by article 143 (2), article 145 (5), article 146 (2), article 147 (2), or article 148 (3), other than sub-paragraph (c) thereof, as the case may be;
b) for the appropriation of revenue or other funds of Guyana; or
c) for the protection, well-being or advancement of the Ameridians of Guyana.

7. Paragraph (1) (b) shall not affected any discretion relating to the institution, conduct or discontinuance of civil or criminal proceedings in any court that is vested in any person by or under this Constitution or any other law.

150.

1. This article applies to any period when
a) Guyana is at war; or
b) there is in force a proclamation (in this article referred to as a «proclamation of emergency») made by the President declaring that a state of public emergency exists for the purposes of this article; or
c) there is in force a resolution of the National Assembly, in favour of which there were cast the votes of not fewer that two-thirds of all the elected members, declaring that democratic institutions in Guyana are threatened by subversion.

2. Nothing contained in or done under the authority of any laws shall be held to be inconsistent with or in contravention of article 139, 140 (2) or 143, any provision of article 144 other than paragraph (4) thereof, or any provision of articles 145 to 149 (inclusive) to the extent that the law in question makes in relation to any period to which this article applies provision, or authorises the doing during any such period of anything, which is reasonably justifiable in the circumstances of any situation arising or existing during that period for the purpose of dealing with that situation.

3.

a) Where any proclamation of emergency has been made, copies thereof shall as soon as practicable be laid before the National Assembly, and if, by reason of its adjournment or the prorogation of Parliament, the Assembly is not due to meet within five days the President shall, by proclamation, summon the Assembly to meet within five days, and the Assembly shall accordingly meet and sit upon the day appointed by the proclamation and shall continue to sit and act as if it had stood adjourned or Parliament had stood prorogued to that day.
b) A proclamation of emergency shall, unless it is sooner revoked by the President, cease to be in force at the expiration of a period of fourteen days beginning on the date on which it was made or such longer period as may be provided under the next following subparagraph, but without prejudice to the making of another proclamation of emergency at or before the end of the period.
c) If at any time while a proclamation of emergency is in force (including any time while it is in force by virtue of the provisions of this subparagraph) a resolution is passed by the Assembly approving its continuance in force for a further period, not exceeding six months, beginning on the date on which it would otherwise expire, the proclamation shall, if not sooner revoked, continue in force for that further period.

4. A resolution such as is referred to in paragraph (1) (c) shall, unless it is sooner revoked by a resolution of the Assembly, ceased to be in force at the expiration of two years beginning on the date on which it was passed or such shorter period as may be specified therein, but with out prejudice to the passing of another resolution by the Assembly in the manner prescribed by that paragraph at or before the end of that period.

151.

1. where any person is lawfully detained by virtue of such a provision as is referred to in article 150 (2), or the movement or residence within Guyana of any person or any person's right to leave Guyana is (otherwise than by order of a court) lawfully restricted by virtue of such a provision as aforesaid, his case shall be reviewed by a tribunal established for the purposes of this article not later than three months from the commencement of the detention or restriction and thereafter not later that six months from the date on which his case was last reviewed as aforesaid.

2. On any review by a tribunal in pursuance of the preceding paragraph of the case of any person the tribunal may make recommendations concerning the necessity or expedience of continuing the detention or restriction to the authority by whom it was ordered but, unless it is otherwise provided by laws, that authority shall not be obliged to act in accordance with any such recommendation.

3. A tribunal established for the purpose of this article shall be so established by law and constituted in such manner as to secure appointed by the Chancellor from among persons entitled to practise in Guyana as attorney-at-law.

152.

1. Except in proceedings commenced before the expiration of a periods of six months from the commencement of this Constitution, with respect to a law made under the Guyana Independence Order 166 and the Constitution annexed thereto, nothing contained in or done under the authority of any written law shall be held to be inconsistent with or in contravention of any provision of articles 138 to 149 (inclusive) to the extent that the law in question
a) is a law (in this article referred to as «an existing law») that had effect as part of the law of Guyana immediately before the commencement of this Constitution, and has continued to have effect as part of the law of Guyana at all times since that day;
b) repeals and re-enacts an existing law without alteration; or
c) alters an existing law and does not thereby render that law inconsistent with any provision of the said articles 138 to 149 in a manner in which, or to an extent to which, it was not previously so inconsistent.

2. In subparagraph (c) of the preceding paragraph the reference to altering an existing law includes references to repealing it and re-enacting it with modifications of making different provisions in lieu thereof, and to modifying it; and in the preceding paragraph «written law» includes any instrument having the force of law and in this and the preceding paragraph references to the repeal and re-enactment of an existing law shall be construed accordingly.

3. In relation to any person who is a member of a disciplined force raised under a law in force in Guyana, nothing contained in or done under the authority of the disciplinary law of that force shall be held to be inconsistent with or in contravention of any of the provisions of this Title, other than articles 138, 140, 141.

4. In relation to any person who is a member of a disciplined force raised otherwise than as aforesaid and lawfully present in Guyana, nothing contained in or done under the authority of the disciplinary law of that force shall be held to be inconsistent with or in contravention of any of the provisions of this Title.

153.

1. Subject to the provisions of paragraph (6), if any person alleges that any of the provisions of articles 138 to 51 (inclusive) has been, is being or is likely to be contravened in relation to him (or, in the case of a person who is detained, or any other person alleges such a contravention in relation to the detained person), then, without prejudice to any other action with respect to the same matter which is lawfully available, that person (or that other person) may apply to the High Court for redress.

2. The High Court shall have original jurisdiction
a) to hear and determine any application made by any person in pursuance of the preceding paragraph;
b) to determine any question arising in the case of any person which is referred to it in pursuance of the next following paragraph, and may make such orders, issue such writs and give such directions as it may consider appropriate for the purpose of enforcing or securing the enforcement of any of the provisions of articles 138 to 151 (inclusive):
Provided that the High Court shall not exercise its powers under this paragraph if it is satisfied that adequate means of redress are or have been available to the person concerned under any other law.

3. If in any proceedings in any court subordinate to the High Court any question arises as to the contravention of any of the provisions of articles 138 to 151 (inclusive), the person presiding in that court shall refer the question to the High Court unless, in his opinion the raising of the question is merely frivolous or vexatious.

4. Where any question is referred to the High Court in pursuance of paragraph (3), the High Court shall give its decision upon the question and the court in which the question arose shall dispose of the case in accordance with that decision or, if that decision is the subject of an appeal under this Constitution to the Court of Appeal, in accordance with the decision of the Court of Appeal.

5. Parliament may confer upon the High Court such powers in addition to those conferred by this article as may appear to Parliament to be necessary or desirable for the purpose of enabling the High Court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by this article.

6. Parliament may make provision with respect to the practice and procedure
a) of the High Court in relation to the jurisdiction and powers conferred upon it by or under this article;
b) of the High Court and the Court of Appeal in relation to appeals to the Court of Appeal from decisions of the High Court in the exercise of such jurisdiction;
c) of subordinate courts in relation to references to the High Court under paragraph (3),
including with respect to the time within which any application, reference or appeal shall or may be made or brought; and, subject to any provision so made, provision may be made with respect to the matters aforesaid by rules of the court.

154. In this Title, unless the context otherwise requires
«contravention», in relation to any requirement, includes a failure to comply with that requirement, and cognate expressions shall be construed accordingly;
«court» means any court of law having jurisdiction in Guyana other than a court established by a disciplinary law and, in articles 138 and 140, a court established by a disciplinary law;
«disciplinary law» means a law regulating the discipline of any disciplined force;
«disciplinary force» means
a) any group of persons functioning whether wholly or partially as a naval, military, para-military or air force;
b) a police force;
c) a prison service; or
d) a fire service;
«legal representative», in relation to any court or other tribunal, means a person entitled to practise as an attorney-at-law before such court or tribunal;
«member», in relation to a disciplined force, includes any person who, under the law regulating the discipline of hat force, is subject to that discipline; and
«national service» means service in any disciplined force a principal purpose of which is the training of people with a view to advancing the economic development of Guyana.

TITLE 2. PARLIAMENT

TITLE 3. THE SUPREME CONGRESS OF THE PEOPLE

TITLE 4. THE PRESIDENT

TITLE 5. THE EXECUTIVE

TITLE 6. THE JUDICATURE

TITLE 7. THE SERVICE COMMISSIONS

TITLE 8. FINANCE

TITLE 9. MISCELLANEOUS

TITLE 10. INTERPRETATION

228.

1. Where any person has vacated any office established by this Constitution (including any office established under article 100, 124, and 125) he may, if qualified, again be appointed, elected or otherwise selected to hold that office in accordance with the provisions of this Constitution.

2. Where by this Constitution a power is conferred upon any person or authority to make any appointment to any public office, a person may be appointed to that office notwithstanding that some other person may be holding that office, when that other person is on leave of absence pending relinquishment of the office; and where two or more persons are holding the same office by reason of an appointment made in pursuance of this paragraph, then for the purposes of any function conferred upon the holder of that office the person last appointed shall be deemed to be the sole holder of the office.
3. The preceding paragraph shall have effect in relation to the office of any Judge of the Supreme Court of Judicature or the Clerk or Deputy Clerk or the National Assembly as if that office were a public office.

229.

1. Any person who is appointed or elected to or otherwise selected for any office established by this Constitution (including any office established under article 100, 124 or 125) may resign from that office and, save as otherwise provided by articles 156 (1) , 157 and 178 (1), shall do so by writing under his hand addressed to the person or authority by whom he was appointed, elected or selected.

2. The resignation of any person from any such office as aforesaid signified by writing under his hand shall take effect when the writing signifying the resignation is received by the person or authority to whom it is addressed or by any person authorised by that person or authority to receive it or employed to assist that person in the performance of the functions of his office.

230.

Where by this Constitution a person is required to vacate an office when he attains an age prescribed by or under the provisions of this Constitution nothing done by him in the performance of the functions of that office shall be invalid by reason only that he has attained the age so prescribed.

231.

 Where by this Constitution the President of any other person or authority is required to perform any function in accordance with the advice or recommendation or, or after consultation with, another person or authority, or not to make an appointment without the concurrence of another person or authority, the question whether the President or that other person or authority, the question whether the President or that other person or authority has received or acted in accordance with such advice or recommendation, or whether such consultation has taken place, or whether the appointment has received such concurrence, shall not be enquired into in any court.

232.

1. In this Constitution, except as otherwise provided or required by the context
«alien» means a person who is not a Commonwealth citizen, a British protected person or a citizen of the Republic of Ireland;
«attorney-at-law» means a person having a general right of audience in the Supreme Court of Judicature;
«Commissioner of Police» means the officer, however styled, commanding the Police Force;
«the Commonwealth» means Guyana and any country to which article 47 applies and any dependency of any such country;
«court» means any court of law in Guyana;
«elected member of the National Assembly» means any person elected as a member of the National Assembly pursuant to the provisions of paragraph (2) or (3) or (4) of article 60 or article 160 (2);
«election» means an election of members to serve in the National Assembly, the National Congress of Local Democratic Organs or other elected body established by or under this Constitution, as the case may be;
«financial year» means any period of twelve months beginning on the first day of January in any year or such other date as Parliament may prescribe;
«Guyana» includes, in relation to any period before the day on which this Constitution commences, or anything done before that day, Guyana as it was before that day as well as the former Colony of British Guiana;
«law» includes any instrument having the force of law and any unwritten rule of law and «lawful» and «lawfully» shall be construed accordingly;
«local democratic organ» means any local government authority;
«oath» includes affirmation;
«oath of office» means, in relation to any office, the oath for the due execution of that office set out in the Schedule to this Constitution or such other oath in that behalf as may be prescribed by Parliament;
«Parliament» means the Parliament of Guyana;
«the Police Force» means the Police Force established by the Police Act and includes any other police force established by or under an Act of Parliament to succeed to or to supplement the functions of that Force but does not include any police force forming part of any naval, military or air force or any police force established by any local democratic organ;
«public office» means an office of emolument in the public service;
«public officer» means the holder of any public office and includes any person appointed to act in any such office;
«the public service» means, subject to the provisions of paragraph (5), the service of the Government of Guyana in a civil capacity;
«regional democratic council» means the local democratic organ for any region established under article 72;
«session» means, in relation to the National Assembly and the Supreme Congress of the People, the sittings of the Assembly or of the Congress, as the case may be, commencing when it first meets after this Constitution comes into force or after the prorogation of dissolution of Parliament or the Congress, as the case may e, at any time and terminating when Parliament or the Congress, as he case may be, is prorogued or is dissolved without having been prorogued;
«sitting» means, in relation to the National Assembly and the Supreme Congress of the People, a period during which the Assembly or the Congress, as the case may be, is sitting continuously without adjournment and includes any period during which the Assembly or the Congress, as the case may be, is in committee and
«the State» means the Co-operative Republic of Guyana.

2. In this Constitution, unless it is otherwise provided or required by the context
a) a reference to power to make appointments to any office shall be construed as including a reference to power to make appointments on promotion and transfer and to confirm appointments and to power to appoint a person to act in or perform the functions of that office at any time when the office is vacant or the holder thereof is unable (whether by reason of absence or infirmity of mind or body or any other cause) to perform the functions of that office; and
b) a reference to the holder of an office by the term designated his office shall be construed as including a reference to any person for the rime being lawfully acting in or performing the functions of that office.

3. Where by this Constitution any person is directed, or power is conferred on any person or authority to appoint or elect a person , to perform the functions of an office if the holder thereof is unable to perform those functions, the validity of any performance of those functions by the person so directed or of any appointment or election made in exercise of that power shall not be called in question in any court on the ground that the holder of the office was not or is not unable to perform the functions of the office.

4. For the purposes of this Constitution, a person shall not be considered to hold a public office by reason only that he is in receipt of a pension or other like allowance in respect of public service.

5. In this Constitution references to the public service shall not be construed as including service in
a) the office of President, Minister, Attorney General, Parliamentary Secretary, Speaker, Deputy Speaker, Minority Leader, Ombudsman, or member of the National Assembly or of the Supreme Congress of the People or of the National Congress of Local Democratic Organs;
b) the office of a member of any Commission established by this Constitution;
c) the office of a member of any board, committee or other similar body (whether incorporated or not) established by any law in force in Guyana;
d) the office of any Judge of the Supreme Court of Judicature or Clerk or Deputy Clerk of the National Assembly except for the purposes of the next following paragraph and save as otherwise provided in any other provision of this Constitution; or
e) any body of persons organised as a national service within the meaning of article 154.

6. References in this Constitution to the power to remove a public officer from his office shall be construed as including references to any power conferred by any law to require or permit that officer to retire from the public service:
Provided that
a) nothing in this paragraph shall be construed as conferring on any person or authority power to require a Judge of the Supreme Court of Judicature, the Director of Public Prosecutions, the Commissioner of Police, the Auditor General or the Clerk or Deputy Clerk of the National Assembly to retire from his office; and
b) any power conferred by any law to permit a person to retire from the public service shall, in the case of any public officer who may be removed from office by some person or authority other than a Commission established by this Constitution, vest in the Commission that, if he were to retire, would be the appropriate Commission in relation to him for the purposes of article 214.

7. Any provision in this Constitution that vests in any person or authority the power to remove any public officer from his office shall be without prejudice to the power of any person or authority to abolish that office or to any law providing for the compulsory retirement of public officers generally or any class of public officers on attaining an age specified by or under that law, and, in the case of the Public Service Commission, the Teaching Service Commission and the Police Service Commission, shall be without prejudice to power hereby conferred on the President to remove any such officer from his officer from his office in the public interest.

8. subject to article 226 (6), no provision of this Constitution that any person or authority shall not be subject to the direction or control of any other person or authority in the exercise of any functions shall be construed as precluding a court from exercising jurisdiction in relation to any question whether that person or authority has exercised those functions in accordance with this Constitution or any other law.

9. The Interpretation and General Clauses Act as in force immediately before the commencement of this Constitution, shall apply, with the necessary adaptations, for the purpose of interpreting this Constitution and otherwise in relation thereto as it applied for the purpose of interpreting, and in relation to, any Act in force immediately before such commencement, and in such application shall have effect as if it formed part of this Constitution

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2003 ha aprovat la següent:

llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals

Exposició de motius

Aquesta Llei té per objectiu regular el tractament que tant persones o entitats privades com l'Administració pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones físiques.

Aquesta regulació persegueix tres objectius fonamentals: primer, aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut per la Constitució al seu article 14; segon, que aquesta protecció no impliqui l'establiment d'obligacions excessives que puguin impedir o dificultar greument les activitats econòmiques, administratives o de gestió de les entitats públiques i privades andorranes; tercer, aproximar la legislació andorrana a les normatives del nostre entorn en aquesta matèria. Amb la regulació que conté aquesta Llei s'ha cercat l'equilibri entre aquests tres principis.

La regulació del tractament de dades personals no és desconeguda en el nostre país. Així, el Reglament sobre el banc de dades del sector públic, aprovat l'any 1976, ja establia tota una sèrie de previsions per al tractament de dades personals, tot i que limitava el camp d'acció a la utilització de les dades dels administrats en el sector públic.

Tenint en compte aquest precedent, la regulació establerta en aquesta Llei conté una previsió específica relativa al tractament de dades per part de l'Administració andorrana i inclou altres qüestions que s'han considerat fonamentals en la regulació del tractament de dades personals.

Així, el capítol primer de la Llei regula l'àmbit territorial i material, amb identificació de les matèries que, per la seva especificitat, s'han d'excloure del seu àmbit d'aplicació; el capítol segon defineix els principis fonamentals aplicables a qualsevol tractament de dades personals; el capítol tercer, els requisits específics aplicables al tractament de dades personals per part d'entitats privades; el capítol quart, els requisits específics per al tractament de dades personals per part d'entitats públiques; el capítol cinquè, les infraccions i sancions que es deriven de l'incompliment de la Llei; el capítol sisè, els requisits aplicables a les comunicacions internacionals de dades personals; el capítol setè, l'autoritat pública encarregada de vetllar pel compliment de la Llei; i, finalment, s'estableixen les disposicions de caràcter transitori, addicionals i finals que faciliten el compliment de la Llei.

Capítol primer.- Objectiu, àmbit de la Llei i exclusions

Article 1.- Objectiu

Aquesta Llei té per objectiu protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

Aquesta Llei és aplicable a les dades de caràcter personal que siguin susceptibles de tractament i a qualsevol ús posterior d'aquestes dades.

Article 3.- Definicions

A l'efecte d'aquesta Llei s'entén per:

1. Dades personals: tota informació relativa o vinculada a persones físiques identificades o identificables.

2. Tractament de dades personals: tota operació aplicada o realitzada sobre dades personals, sigui o no sigui de forma automatitzada.

3. Fitxer de dades personals: conjunt estructurat i organitzat de dades personals, qualsevol que sigui la seva forma o modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.

4. Responsable del tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que decideix sobre el tractament de dades personals i els mitjans que es destinaran a tal tractament, i que vetlla perquè les finalitats que es pretén assolir amb el tractament es corresponguin amb les concretades en la norma o en la decisió de creació del fitxer.

5. Prestador de serveis de dades personals: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que tracta les dades per compte del responsable del tractament, o que accedeix a les dades personals per a la prestació d'un servei a favor i sota el control del responsable del tractament, sempre que no utilitzi les dades a què tingui accés per a finalitats pròpies, o que no les faci servir més enllà de les instruccions rebudes o per a finalitats diferents del servei que ha de prestar a favor del responsable.

6. Persona interessada: persona física a la qual corresponen les dades de caràcter personal objecte de tractament.

7. Registres públics: tots els fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals sigui una entitat pública, als quals les persones interessades estan obligades a facilitar les seves dades a efectes d'inscripció o a altres efectes.

8. Registres públics accessibles: registres públics als quals qualsevol ciutadà o entitat, tant pública com privada, hi pot tenir accés.

9. Comunicació de dades: qualsevol cessió de dades de caràcter personal que el responsable del tractament dugui a terme en favor d'un tercer destinatari de les dades, sempre que les dades siguin utilitzades pel destinatari per a les finalitats que els són pròpies, incloent-hi qualsevol accés que el destinatari pugui tenir a les dades sota el control del responsable del tractament.

10. Destinatari: tercera persona, física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que tingui accés a una comunicació de dades.11. Dades sensibles: dades referents a opinions polítiques, creences religioses, pertanyença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic de les persones interessades.

12. Fitxers de naturalesa privada: fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals és una persona física o una persona jurídica de naturalesa privada o una societat pública sotmesa al dret privat.

13. Fitxers de naturalesa pública: fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals és l'Administració pública.

14. Comunicació internacional de dades: tota comunicació de dades, o tot accés a les dades per part d'un prestador de serveis de dades personals, quan els destinataris de la comunicació o els prestadors de serveis estiguin domiciliats a l'estranger, o emprin mitjans de tractament de dades personals ubicats a l'estranger per a la comunicació de les dades o per a la prestació del servei.

15. Normes de creació de fitxers de naturalesa pública: decrets aprovats i publicats per l'Administració general o, en el cas dels comuns, les disposicions que siguin aplicables d'acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, destinats a regular la creació, la modificació o la supressió de fitxers de naturalesa pública, d'acord amb els requisits establerts en els articles 30 i 31 d'aquesta Llei.

Article 4.- Àmbit territorial

Aquesta Llei s'aplica a la creació de fitxers i al tractament de dades personals per responsables de tractament domiciliats al Principat d'Andorra, o constituïts conforme a les lleis del Principat d'Andorra.

Igualment, aquesta Llei és aplicable als tractaments de dades realitzats per responsables de tractament no domiciliats al Principat o no constituïts conforme a les lleis del Principat d'Andorra, quan facin servir mitjans de tractament ubicats en el territori del Principat.

Article 5.- Exclusió de matèries

Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei el tractament de dades personals relatives a les matèries següents:

Seguretat de l'Estat

Investigació i prevenció d'infraccions penals

Article 6.- Fitxers particulars

Queden fora de l'àmbit d'aquesta Llei els tractaments de dades personals quan el responsable del tractament sigui una persona física, i destini les dades a finalitats exclusivament particulars, com ara les agendes personals o els directoris personals d'adreces i dades de contacte de persones interessades relacionats amb la persona física responsable del tractament.

Article 7.- Dades de persones físiques vinculades a la seva activitat empresarial, professional o comercial

Queden fora de l'àmbit de la Llei les dades de persones físiques vinculades a la seva activitat empresarial, professional o comercial, en les circumstàncies següents:

a) Dades de personal de persones jurídiques o d'establiments comercials o professionals, quan la informació vinculada a la persona física es refereixi únicament a la seva pertinença a l'empresa o a l'establiment, o a la seva qualitat professional en el si de l'empresa o l'establiment.

b) Dades de persones físiques pertanyents a col·lectius professionals, sempre que les dades es refereixin únicament a l'activitat professional de la persona i a la seva pertinença a un col·lectiu professional determinat.

c) Dades de professionals autònoms o d'establiments professionals o comercials, quan les dades es refereixin únicament a la seva activitat professional o comercial.

Article 8.- Aplicació supletòria de la Llei

Aquesta Llei s'aplica, amb caràcter subsidiari, a allò que no estigui regulat en la normativa aplicable a registres públics i en la normativa aplicable al secret bancari. En cas de contradicció entre aquesta Llei de dades personals i les normatives específiques esmentades, prevalen aquestes últimes, que en cap cas s'han d'entendre derogades per aquesta Llei qualificada de protecció de dades personals.

Article 9.- Secret professional

Aquesta Llei s'aplica amb caràcter addicional a les normes reguladores del secret professional, per a les activitats i professions sotmeses a aquesta obligació, normes reguladores que en cap cas s'han d'entendre derogades per aquesta Llei.

Capítol segon.- Principis aplicables al tractament de dades personals

Secció primera.- Principi general

Article 10.- Adequació a la llei

Únicament són lícits els tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin conforme el que disposa aquesta Llei.

Secció segona.- Qualitat de les dades

Article 11.- Requisits generals de tot tractament

Els tractaments de dades personals només els poden dur a terme els responsables del tractament, si reuneixen els requisits següents:

a) Que el tractament sigui realitzat per a les finalitats previstes, en la norma o en la decisió de creació dels fitxers de dades personals.

b) Que les dades objecte de tractament es corresponguin amb les dades personals reals de les persones interessades, i que, a aquests efectes, es prenguin mesures per actualitzar-les o suprimirles.

c) Que les dades siguin conservades durant els terminis màxims que, d'acord amb la normativa vigent, siguin aplicables i, en qualsevol cas, durant el termini màxim que sigui necessari per a la finalitat prevista per al seu tractament.

D'acord amb la legislació específica, i atesos els valors històrics o científics, s'ha d'establir per reglament el procediment pel qual es decideixi el manteniment íntegre de determinades dades.

Article 12.- Confidencialitat i seguretat

Els responsables de tractament han d'establir les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que siguin objecte de tractament.

Si la totalitat o una part del tractament s'encarrega a prestadors de serveis de dades personals, correspon al responsable del tractament la responsabilitat que els prestadors tinguin establertes mesures tècniques i d'organització suficients per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades objecte del servei. A aquest efecte, els responsables del tractament han d'exigir als prestadors de serveis de dades personals l'establiment de les mesures tècniques i d'organització que el responsable de tractament consideri mínimes, sempre que aquestes mesures mínimes es corresponguin amb les que el mateix responsable tingui establertes per a tractaments de dades pròpies i de naturalesa anàloga als que siguin objecte del servei.

Secció tercera.- Dret d'informació

Article 13.- Obtenció de dades de la persona interessada

En el moment de la recollida de les dades, la persona interessada té dret a ser informada, per part del responsable del tractament, de les circumstàncies següents:

a) Identitat del responsable del tractament.

b) Finalitat del tractament de les dades sol·licitades.

c) Destinataris o tipus de destinataris de les dades.

d) Drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i com pot exercir-los.

e) Del seu dret a no atorgar el consentiment per al tractament de les dades, i de les conseqüències de no atorgar-lo.

Article 14.- Excepcions al dret d'informació

Els responsables del tractament no estan obligats a facilitar la informació indicada en l'article anterior quan s'hagi inclòs en les normes de creació de fitxers de naturalesa pública previstes en l'article 30.

Article 15.- Dret d'oposició

Qualsevol persona interessada té dret a oposar-se que les seves dades siguin objecte de tractament per part d'un responsable de tractament, quan aquest no hagi obtingut les dades directament de la mateixa persona interessada.

A aquests efectes, quan un destinatari de dades de caràcter personal sigui objecte d'una comunicació de dades, i dintre d'un període màxim de quinze dies a comptar del moment en què rebi les dades, ha d'informar les persones interessades de les quals hagi rebut les dades de les circumstàncies següents:

a) Identitat del nou responsable del tractament.

b) Identitat de la persona física o jurídica de la qual el responsable ha rebut les dades.

c) Finalitat del tractament de les dades obtingudes.

d) Destinataris o tipus de destinataris de les dades.

e) Drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i com pot exercir-los.

Dintre d'un termini màxim d'un mes des del moment en què les persones interessades hagin estat informades de les circumstàncies anteriors, aquestes persones poden exercir el seu dret d'oposició, sol·licitant al nou responsable del tractament la supressió de les seves dades. Si al final d'aquest termini no han exercit el seu dret d'oposició, s'entén que consenten al tractament per part del nou responsable.

Article 16.- Excepcions al dret d'oposició

L'article 15 no és aplicable quan la comunicació de dades tingui lloc en alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan la comunicació de dades es faci entre entitats de naturalesa pública, i aquesta comunicació s'estableixi en les normes de creació de fitxers de naturalesa pública previstes en l'article 30.

b) Quan la comunicació de dades sigui necessària per al compliment de les finalitats i funcions dels registres públics.

c) Quan la comunicació de dades es faci en compliment d'una norma vigent, o per al compliment d'una norma vigent.

d) Quan la comunicació de les dades sigui necessària per al compliment d'obligacions contractuals establertes entre la persona interessada i el responsable del tractament, o sigui necessària per al compliment, desenvolupament i control d'altres relacions jurídiques que puguin existir entre la persona interessada i el responsable del tractament.

e) Quan la comunicació sigui necessària per preservar l'interès vital de la persona interessada.

f) Quan la comunicació sigui requerida per una ordre judicial.

Secció quarta.- Legitimació per al tractament

Article 17.- Consentiment

El tractament de dades personals només el poden dur a terme els responsables del tractament amb el consentiment inequívoc de les persones interessades.

Article 18.- Excepcions al consentiment

El consentiment de les persones interessades per al tractament de les dades no és necessari si s'esdevé alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan el tractament de dades correspongui a entitats de naturalesa pública, sempre que el tractament es faci dintre dels límits establerts en l'apartat a) de l'article 11.

b) Quan el tractament de dades sigui necessari per al compliment de les finalitats i les funcions dels registres públics, conforme a la seva normativa.

c) Quan el tractament de les dades es faci d'acord amb una norma vigent.

d) Quan les dades objecte de tractament hagin estat obtingudes de registres públics accessibles.

e) Quan el tractament de les dades sigui necessari per al compliment d'obligacions contractuals establertes entre la persona interessada i el responsable del tractament, o bé sigui necessari per al compliment, desenvolupament i control d'altres relacions jurídiques que puguin existir entre la persona interessada i el responsable del tractament.

f) Quan el tractament sigui necessari per preservar l'interès vital de la persona interessada.

g) Quan el tractament sigui realitzat exclusivament amb finalitats històriques o científiques, o d'expressió artística o literària.

Article 19.- Dades sensibles

Les dades sensibles només poden ser objecte de tractament o de comunicació amb el consentiment exprés de la persona interessada. Queda prohibida la creació de fitxers amb la finalitat exclusiva de recollir o tractar dades sensibles relatives a opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic de les persones.

Article 20.- Excepcions al consentiment exprés per a dades sensibles

El consentiment exprés de la persona interessada per al tractament o la comunicació de dades sensibles no és necessari si s'esdevé alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan el tractament o la comunicació de dades sensibles es facin per o entre entitats de naturalesa pública, siguin estrictament necessaris per al compliment de les seves funcions i finalitats legítimes, i es puguin incloure en les normes de creació de fitxers de naturalesa pública previstes en l'article 30.

b) Quan el tractament o la comunicació de dades sensibles siguin necessaris per al compliment de les finalitats i funcions dels registres públics, conforme a la seva normativa.

c) Quan sigui necessari per preservar l'interès vital de la persona afectada.

d) Quan les dades s'hagin obtingut de registres públics accessibles.e) En relació al tractament de dades sensibles relatives a la salut, quan el tractament o la comunicació siguin fets per professionals mèdics, sanitaris o de treball social, i siguin necessaris per al diagnosi i el tractament mèdic o l'assistència sanitària o social.

f) En relació al tractament de dades sensibles relatives a la salut, quan el tractament o la comunicació siguin necessaris per a la realització d'estudis epidemiològics o per a la prevenció i tractament d'epidèmies.

Article 21.- Fitxers relatius a infraccions i sancions penals o administratives

Només poden crear fitxers relatius a infraccions i sancions penals o administratives les entitats públiques judicials o administratives que, conforme a una norma vigent, tinguin la capacitat d'imposar sancions administratives o de resoldre procediments judicials de naturalesa penal.

Secció cinquena.- Drets de les persones interessades

Article 22.- Dret d'accés

Qualsevol persona interessada té dret a ser informada pel responsable del tractament de les seves dades que són objecte de tractament. El responsable només pot denegar aquest dret d'accés en els supòsits previstos en aquesta Llei.

El responsable, si no li correspon denegar l'accés a les dades, ha d'informar la persona interessada dins un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar del moment en què el responsable rebi la sol·licitud de la persona interessada.

El responsable ha de facilitar la informació a través dels mitjans que consideri més oportuns, ja sigui mitjançant la visualització directa de les dades, ja sigui per enviament en format imprès, ja sigui per qualsevol altra via que consideri convenient.

En qualsevol cas, tota denegació a l'accés a les dades, ha d'estar motivada i serà susceptible d'ésser recorreguda davant la jurisdicció competent.

Article 23.- Dret de rectificació

Qualsevol persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que les dades que són objecte de tractament siguin corregides, si són errònies.

El responsable només pot denegar aquest dret de rectificació en els supòsits previstos en aquesta Llei.

Per a l'exercici del dret de rectificació, el responsable pot sol·licitar a la persona interessada que aporti els documents necessaris per acreditar la correcció i la realitat de les noves dades, i pot rebutjar la sol·licitud si aquests documents no són aportats per la persona interessada o no acrediten la realitat de les noves dades.

En qualsevol cas, el responsable del tractament ha de comunicar a la persona interessada la denegació de la sol·licitud, o la correcció efectiva de les dades, dintre d'un període màxim d'un mes, a comptar del moment en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, si la sol·licitud ja va acompanyada de tots els documents necessaris per comprovar la realitat i la correcció de les noves dades, o a comptar del moment en què el responsable rebi la totalitat d'aquests documents.

En qualsevol cas, tota denegació de la sol·licitud ha d'estar motivada i serà susceptible d'ésserrecorreguda davant la jurisdicció competent.

Article 24.- Dret de supressió

Qualsevol persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que les dades que són objecte de tractament siguin suprimides.

El responsable pot denegar aquest dret de supressió en els supòsits següents:

a) Quan la conservació de les dades sigui necessària per al responsable del tractament, d'acord amb una norma vigent.

b) Quan la conservació sigui necessària per al compliment de les finalitats legítimes del responsable del fitxer, dintre dels terminis màxims establerts a l'apartat c) de l'article 11.

c) Quan la conservació sigui necessària en virtut de les relacions jurídiques o obligacions contractuals existents entre la persona interessada i el responsable del fitxer, o per al cas de possibles reclamacions judicials o extrajudicials o obligacions administratives derivades d'aquestes relacions jurídiques o obligacions contractuals.

El responsable del fitxer disposa d'un termini màxim d'un mes, a comptar del moment en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, per comunicar-li la supressió efectiva de les dades o la denegació de la seva sol·licitud, si s'escau alguna de les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior.

En qualsevol cas, davant de la denegació de la sol·licitud, que ha d'estar motivada, l'interessat podrà efectuar recurs contra dita decisió davant la jurisdicció competent.

Article 25.- Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició

L'exercici dels drets recollits en els articles 15, 22, 23 i 24, no pot sotmetre's, per part del responsable del fitxer, a cap formalitat, ni al pagament per la persona interessada de les despeses que hi puguin correspondre.

Article 26.- Dret a indemnització

Les sancions previstes en el capítol cinquè d'aquesta Llei s'entenen sense perjudici de la responsabilitat civil en què pugui incórrer un responsable del tractament en cas d'incompliment de la Llei.

Capítol tercer.- Fitxers de naturalesa privada

Article 27.- Obligació d'inscripció

Les persones físiques o les persones jurídiques de naturalesa privada que siguin responsables detractament de dades, han d'inscriure els fitxers de dades personals sota el seu control en el registre públic gestionat per l'autoritat de control indicada en el capítol setè. La persona responsable ha d'inscriure el fitxer abans de crear-lo.

Article 28.- Contingut de la inscripció

En el moment de la inscripció, el responsable del fitxer ha de subministrar la informació següent a l'autoritat de control:

a) Nom i adreça del responsable del tractament.

b) Estructura del fitxer.

c) Finalitat del tractament de les dades.

d) Tipus de dades objecte de tractament.

e) Fonts de les quals s'obtindran les dades.

f) Durada de conservació de les dades.

g) Destinataris o categories de destinataris a qui es preveu comunicar les dades.

h) Comunicacions internacionals de dades previstes.

i) Una descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquin al tractament del fitxer, d'acord amb l'article 12 d'aquesta Llei.

Article 29.- Actualització de la inscripció

Igualment, si després de la primera inscripció es produeixen modificacions en la informació subministrada a l'autoritat de control conforme a l'article 28, el responsable ha d'informar d'aquests canvis a la referida autoritat de control en el moment en què es produeixin, per a la constància registral corresponent.

Capítol quart.- Fitxers de naturalesa pública

Article 30.- Normes de creació de fitxers

La creació, modificació o supressió de fitxers de naturalesa pública s'ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l'entitat pública responsable del seu tractament, i que ha de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer.

No és necessària l'aprovació d'una norma de creació de fitxer de naturalesa pública per a fitxers de dades personals sota el control d'entitats de naturalesa pública relatius a registres públics que disposin de normativa pròpia, ni tampoc els que fan referència a matèries excloses de l'àmbit d'aquesta Llei, d'acord amb l'article 5.

Article 31.- Contingut de les normes de creació

Les normes de creació o modificació de fitxers de naturalesa pública han de contenir, com a mínim, la informació següent:

a) Finalitat del tractament del fitxer.

b) Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal.

c) Tipologia de dades que contindrà el fitxer.

d) Comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar.

e) Altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer.

f) Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant els quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició.

g) Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquin al tractament del fitxer, d'acord amb l'article 12.

Article 32.- Excepcions a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició

Els responsables de fitxers de naturalesa pública poden rebutjar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició per les persones interessades quan considerin que pugui posar en perill:

a) La seguretat pública.

b) Les actuacions administratives destinades a assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

c) La prevenció o persecució d'infraccions administratives.

d) La prevenció o persecució d'infraccions penals.

e) L'interès públic o del mateix interessat.

Capítol cinquè.- Infraccions i sancions

Article 33.- Infraccions i sancions per a fitxers de naturalesa privada

L'incompliment d'aquesta Llei per part de les persones físiques o de persones jurídiques de naturalesa privada és objecte de sanció administrativa. El primer incompliment per part d'un responsable de fitxer se sanciona amb multa d'un import màxim de 50.000 euros, i els incompliments subsegüents en què pugui incórrer el mateix responsable se sancionen amb una multa d'un import màxim de 100.000 euros.

La quantia de la sanció la fixa l'autoritat de control, tenint en compte els criteris següents:

a) Les circumstàncies concretes de la infracció.

b) La gravetat de l'incompliment.

c) El nombre de persones afectades.

d) Els perjudicis causats a les persones interessades.

e) La reincidència.

Article 34.- Infraccions i sancions per a fitxers de naturalesa pública

El procediment i les sancions que cal aplicar en cas d'incompliment d'aquesta Llei per part d'entitats públiques són els establerts en les disposicions reguladores dels règims disciplinaris. A aquests efectes, la capacitat de sancionar correspon a l'autoritat de control establerta en el capítol setè d'aquesta Llei, sense perjudici dels recursos administratius previstos al Codi de l'Administració o de la tutela judicial que correspongui a les persones interessades.Capítol sisè. Comunicació internacional de dades

Article 35.- Requisits per a la comunicació internacional de dades

No es poden efectuar comunicacions internacionals de dades quan el país de destinació de les dades no estableixi, en la seva normativa vigent, un nivell de protecció per a dades de caràcter personal equivalent, com a mínim, al que està establert en aquesta Llei.

Article 36.- Països amb protecció equivalent

S'entén que tenen un nivell de protecció equivalent a aquesta Llei:

a) Els països que siguin membres de la Unió Europea.

b) Els països declarats per la Comissió de les Comunitats Europees com a països amb protecció equivalent.

c) Els països declarats per l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Article 37.- Excepcions

La prohibició establerta en l'article 35 d'aquesta Llei no s'aplica quan la comunicació internacional:

a) Es faci amb el consentiment inequívoc de la persona interessada.

b) Es faci d'acord amb convenis internacionals dels quals el Principat d'Andorra sigui part.

c) Es faci a efectes d'auxili judicial internacional, o per al reconeixement, l'exercici o la defensa d'un dret en el marc d'un procediment judicial.

d) Es faci per a la prevenció o diagnosi mèdiques, assistència sanitària, prevenció o diagnosi social o per l'interès vital de la persona interessada.

e) Es faci amb motiu de remeses bancàries o transferències de diners.

f) Sigui necessària per a l'establiment, l'execució, el compliment o el control de relacions jurídiques o obligacions contractuals entre la persona interessada i el responsable del fitxer.

g) Sigui necessària per preservar l'interès públic.

h) Sigui de dades que provinguin de registres públics o es faci en compliment de les funcions i finalitats dels registres públics.

Capítol setè.- Autoritat de control

Article 38.- Creació de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades

Es crea l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent de les Administracions públiques i amb plena capacitat d'obrar.

Article 39.- Composició i finançament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades estarà integrada per:

a) El cap de l'Agència de Protecció de Dades.

b) Dos inspectors, que dependran del cap de l'Agència.El cap de l'Agència i els inspectors de Protecció de Dades seran designats pel Consell General, per majoria qualificada de dues terceres parts en primera votació; si en una primera votació no s'assoleix la majoria requerida anteriorment, queden elegits els candidats que, en una segona votació, obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta.

Són designats per un període de quatre anys, designació que podrà renovar-se al final de cada període.

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades es finançarà exclusivament de les partides pressupostàries que cada any estableixi per al seu funcionament el pressupost del Consell General.

Article 40.- Potestats de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades

Són potestats de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades:

a) Vetllar pel compliment d'aquesta Llei.

b) Gestionar el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals.

c) Publicar anualment la llista de països amb protecció equivalent, conforme al que estableix l'article 36 d'aquesta Llei.

d) Exercir la potestat inspectora i de sanció per a les infraccions que es tipifiquen en el capítol cinquè d'aquesta Llei.

e) Proposar les millores en la normativa de protecció de dades personals que consideri convenients.

f) Elaborar una memòria anual relativa a la seva activitat i als resultats que se'n derivin. La memòria anual és pública.

Article 41.- Potestat d'inspecció

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de competència d'inspecció. Els responsables de fitxers estan obligats a subministrar als inspectors de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades tota la informació que els sigui sol·licitada, i també a facilitar-los l'accés a les seves dependències i als recursos informàtics o d'altre tipus destinats al tractament de les dades quan els ho sol·licitin en l'exercici d'aquesta facultat de control.

En qualsevol cas, l'activitat inspectora només podrà ésser duta a terme amb la corresponent autorització del cap de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que haurà de contenir la informació obligatòria que reglamentàriament s'estableixi. Els responsables de fitxers tindran dret a exigir als inspectors aquesta autorització, i podran denegar la inspecció lícitament si aquesta autorització no els és exhibida, o si no conté la informació obligatòria que reglamentàriament s'estableixi.

La inspecció la pot iniciar l'Agència Andorrana de Protecció de Dades a iniciativa pròpia o bé a sol·licitud de qualsevol persona interessada que consideri que els seus drets han estat afectats o que un responsable de tractament ha incomplert les obligacions que s'estableixen en aquesta Llei.

Article 42.- Potestat de sancionar

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de la capacitat d'imposar les sancions que es preveuen en el capítol cinquè d'aquesta Llei, d'acord amb el procediment establert en el Codi de l'Administració.

En qualsevol cas, correspondrà als inspectors de l'Agència Andorrana de Protecció de Dadesremetre al cap de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades les propostes de sancions que es derivin de les seves inspeccions, i al cap resoldre aquestes propostes decidint si s'escau iniciar o no el corresponent procediment sancionador.

Article 43.- Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals

Es crea el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals, relatiu a les inscripcions de fitxers establertes en els articles del 27 al 29 d'aquesta Llei, amb el contingut i característiques que reglamentàriament s'estableixi.

Correspon a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades gestionar el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals conforme als següents criteris:

a) Correspondrà als inspectors de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades:

Revisar les sol·licituds d'inscripció de fitxers i d'actualització d'inscripció de fitxers que s'adrecin a l'Agència, i verificar si contenen els requisits establerts en els articles 28 i 29 d'aquesta Llei i en la corresponent normativa reglamentària.

Proposar al cap de l'Agència l'acceptació o no de les sol·licituds rebudes i, cas de proposar que siguin rebutjades, detallar-ne els motius.

b) Correspondrà al cap de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades resoldre les propostes d'acceptació o de rebuig d'inscripció, i informar-ne als corresponents responsables de fitxers, amb indicació detallada dels motius de la seva decisió.

El Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals és d'accés públic general i gratuït, i cal preveure la possibilitat d'accés a la informació continguda en aquest Registre Públic per mitjans telemàtics.

Article 44.- Actuació conforme al Codi de l'Administració

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades adequarà en tot moment la seva actuació al Codi de l'Administració, les resolucions de la qual seran impugnables conforme al que s'estableix en aital corpus legislatiu.

Disposicions addicional, transitòries, derogatòria i final

Disposició addicional.- Desenvolupament reglamentari

S'encomana al Govern d'Andorra de dictar, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor, els reglaments necessaris per al desenvolupament d'aquesta Llei qualificada, i en especial els referents a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Disposició transitòria primera.- Aprovació i publicació de normes de creació de fitxers de naturalesa pública

Les entitats públiques disposen d'un termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei per aprovar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra els decrets previstos en l'article 30 que afectin fitxers de naturalesa pública existents abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició transitòria segona.- Inscripció de fitxers

Les persones físiques i les persones jurídiques de naturalesa privada que estiguin obligades a inscriure fitxers de dades personals sota el seu control, disposen d'un termini de sis mesos per procedir a la inscripció dels fitxers de naturalesa privada existents abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. El termini de sis mesos s'inicia a la data de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra de la normativa de desenvolupament que es preveu en la disposició transitòria tercera.

Disposició transitòria tercera. Normativa reguladora del Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals

Dintre d'un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el ministeri encarregat del Comerç ha d'aprovar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la normativa de desenvolupament que reguli el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals, inclosos els models de formularis que els responsables de fitxers hauran d'emprar per procedir a la inscripció, així com els mitjans a través dels quals es podrà accedir a la informació inclosa en aquest Registre Públic.

Disposició transitòria quarta.- Control del compliment de la Llei fins a l'inici d'activitat de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades

La designació del cap i dels inspectors de l'Agència de Protecció de Dades, així com l'aprovació dels mitjans i dels recursos econòmics i d'altra naturalesa necessaris per al funcionament d'aquesta Agència, han de tenir lloc en el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació dels reglaments relatius a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades establerts en la disposició addicional. Fins que l'Agència no estigui en funcionament les potestats establertes en els articles del 40 al 43 d'aquesta Llei seran exercides per les autoritats de control següents:

a) Fitxers de naturalesa privada: el ministeri encarregat de Comerç

b) Fitxers de naturalesa pública:

El ministeri de la Presidència, per als fitxers de naturalesa pública els responsables dels quals siguin l'Administració general o les entitats parapúbliques o de dret públic.

Els comuns, per als fitxers de naturalesa pública els responsables dels quals siguin els mateixos comuns.

El Consell Superior de la Justícia, per als fitxers de naturalesa pública els responsables dels quals siguin les entitats públiques integrades dintre de l'Administració de Justícia.

Disposició derogatòria. – Reglament sobre el banc de dades del sector públic i altres normes

Queda derogada tota disposició que s'oposi a aquesta Llei qualificada de dades personals, i en especial el Reglament sobre el banc de dades del sector públic de l'any 1976.

Disposició final.- Entrada en vigor de la Llei

Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.Casa de la Vall, 18 de desembre del 2003

Francesc Areny Casal, Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília

President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra　

2000/38885        TS 3ª sec. 6ª , S 31-10-2000, rec. 6188/1996. Pte: González Navarro, Francisco

RESUMEN

Con desestimación del recurso de casación entablado, la Sala declara que la Dirección General de Tráfico, hoy parte recurrida, obró correctamente al denegar la información que le fue solicitada por la sociedad actora, acerca de la titularidad y cargas de diversos vehículos registrados, según expedientes de matriculaciones ya terminados. Pone para ello la Sala en relación la LRJPA y la LORTAD, concluyendo que en el supuesto enjuiciado no concurren los requisitos necesarios para que el titular de un fichero o base de datos pueda cederlos a un tercero. Por un lado, el consentimiento previo del afectado, no consta haya sido pedido, ni menos dado; por otro, no concurre la condición de que la cesión se relacione con el cumplimiento de los fines del cedente, en este caso Tráfico, pues no tiene entre sus fines el de servir los intereses particulares de la mercantil anónima recurrente, máxime cuando los fines que ésta invoca se reconducen a la pura conveniencia de evitarse molestias o ahorrar gastos al cliente al que sirve; y por último, porque la cesión no se relaciona con los fines del cesionario. Añade asimismo que no concurre ninguna de las excepciones que la LORTAD prevé a la necesidad del previo consentimiento del afectado, pues los datos de que se trata no llegaron al registro de vehículos de la Dirección General procedentes de una fuente accesible al público o de algún Registro público, sino de una relación personal y directa con los titulares de esos vehículos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente:

«Fallamos.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo, sin costas».

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia la representación procesal de D. Manuel y de la entidad «Grupo I., S.A.» presentó escrito ante la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, preparando recurso de casación contra la misma. Por Providencia de 15 de julio de 1996 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la parte recurrente, se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara.

CUARTO.- Teniendo por interpuesto recurso de casación por esta Sala, se da traslado a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalice escrito de oposición.

QUINTO.- Por la parte recurrida se presenta el escrito de oposición al recurso interpuesto, en el que impugna los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedente.

SEXTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día diecinueve de octubre de dos mil, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

En virtud del escrito presentado por el representante legal del «Grupo I., S.A.», se dictó providencia por la que se requirió al Procurador Sr. Peñalver Garcerán, a fin de que compareciera en el presente recurso de casación para representar a la parte recurrente. Trámite que fue evacuado por el Procurador Sr. Peñalver Garceran.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco González Navarro, que expresa el parecer de la Sala.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A. En este recurso de casación, que se ha tramitado ante nuestra Sala con el número 6188/96, el «Grupo I., S.A.», debidamente representado por procurador y asistido por letrado, impugna la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía (Sala de lo contencioso-administrativo, con sede en Málaga) de tres de junio de mil novecientos noventa y seis, dictada en el proceso 519/1994.

B. En ese proceso contencioso-administrativo, el «Grupo I., S.A.» impugnaba el acuerdo del Director General de Tráfico, de 29 de noviembre de 1993, confirmatorio de la resolución del Jefe Provincial de Tráfico de Málaga, de 26 de mayo de ese mismo año, que le denegó la solicitud de que se le expidiera «nota informativa sobre titularidad y cargas de todos los vehículos registrados, según expedientes de matriculaciones ya terminados, a nombre de D. Antonio, con DNI .., domiciliado en Málaga -…4, calle E., número …6, y [de] D. Francisco, con DNI …, domiciliado en Málaga- [la petición, en este caso, omite la calle; no así el distrito postal] …9».

C. La sentencia de la Sala de instancia, desestimatoria de la demanda, ha sido impugnada en casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo en un único motivo, al amparo del artículo 95.1.4 LJ, por infracción del artículo 37.7 LRJPA, y también del artículo 7 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (que, en adelante, citaremos por el acrónimo con que habitualmente se le designa: LORTAD).

Únicamente ha comparecido ante nuestra Sala como parte recurrida el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, que ha formalizado en su momento el correspondiente escrito de oposición.

Una precisión debemos hacer acerca del hecho de que, habiendo como hay otros dos interesados cuáles son los propietarios de los vehículos sobre los que se pide información -por ser personas afectadas en el sentido que esta expresión tiene en la LORTAD-, únicamente haya comparecido el Abogado del Estado. Creemos necesario decir que la no comparecencia de los mismos -en el caso que nos ocupa- encuentra su explicación en el hecho de que no fueron llamados a la causa en ningún momento. Es cierto que nadie -ni en la instancia, ni ante nosotros- ha llamado la atención sobre ello y que, como luego se verá, ninguna consecuencia ha tenido ni va a tener aquí esa falta de puesta en su conocimiento de las actuaciones. Sin embargo, nuestra Sala se encuentra en el deber de advertir que con esta omisión se ha cometido una infracción que, podría haber causado indefensión a aquéllos lo que, en su caso, hubiera determinado la nulidad de actuaciones.

SEGUNDO.-A. En trance ya de analizar el único motivo invocado por la sociedad anónima recurrente, debemos empezar recordando que la expresión «dato personal» no es sinónima de «dato de carácter personal», y ello porque no siempre un dato personal es un dato de carácter personal, y porque, además, hay datos de carácter personal que no son datos personales.

En principio, los datos de carácter personal son de tres clases:

a) Datos personales «stricto sensu», que son aquellos datos existenciales que pueden ser asociados a una persona determinada o determinable (nacimiento, muerte, matrimonio, domicilio, y análogos), los datos referentes a la actividad profesional, al patrimonio, a la pertenencia a una confesión religiosa, a un partido político, las enfermedades, etc.etc.

b) La «información sobre las condiciones materiales», concepto que quedaría englobado dentro de la ambigua frase empleada por el artículo 3, letra a) LORTAD: «cualquier información».

c) Evaluaciones y apreciaciones que puedan figurar en el fichero y que hagan referencia al afectado.

Pues bien, desde el punto de vista de la protección de que gozan los datos de carácter personal -y, consecuentemente, la persona concernida o afectada por los mismos- los datos de carácter personal son de dos clases: datos accesibles al público y datos no accesibles al público. De la primera clase son aquéllos que aparecen recogidos en bases de datos públicas, tales como repertorios de jurisprudencia, listas telefónicas, etc. y cuya publicidad no éste vetada o restringida por ninguna norma limitativa (para más detalle cfr. art. 1.3 del Real decreto 1332/1994, de 20 de junio).

El problema que aquí se ha planteado es muy simple: saber si los datos sobre los que «Grupo I., S.A.» solicita información que figura en la base de datos de la Dirección General de tráfico y que conciernen a D. Antonio y D. Francisco son datos de carácter personal y si, aun siéndolo, son datos accesibles al público.

B. Anticipamos ya la respuesta, cuyo porqué razonaremos a continuación: los datos sobre los que pidió información la sociedad recurrente son de carácter personal y no son datos accesibles al público.

a. Que son datos de carácter personal es innegable porque la información solicitada encaja sin mayor dificultad en el significante «cualquier información» que emplea el artículo 3. a) LORTAD: «A los efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables». Y si leemos la solicitud se comprueba que esos datos que se quieren conocer conciernen o afectan a dos personas físicas -los señores D. Antonio y D. Francisco-, cuyos documentos de identidad se especifican, como también sus respectivos domicilios (con la omisión advertida antes, en relación con D. Francisco), y esos datos hacen referencia a la titularidad y cargas de todos los vehículos registrados a nombre de esos señores.

Es evidente, por tanto, que los datos de que se trata son datos de carácter personal a los efectos de la LORTAD. Y se confirma que D. Antonio y D. Francisco son personas concernidas o afectadas por la información pedida, lo que hacía necesario que se les hubiera llamado a la causa en aplicación de lo que previene el artículo 29.2.a) LJ de 1956 (que hoy es el artículo 21.1. letra a) LJ de 1998). Repetimos que esto es así, pero que, en el caso, y a la vista de lo resuelto por la Sala de instancia, y que aquí vamos a confirmar, esa omisión, que aún siendo procesal tiene trascendencia sustantiva, va a carecer de trascendencia; de haber tenido que ser nuestra sentencia estimatoria del recurso -ya decimos que no lo va a ser- la omisión hubiera sido muy grave pues determinaría la nulidad del las actuaciones por la indefensión que hubiera resultado para esas personas.

b. Veamos ahora porqué esos datos no son accesibles al público, y porqué, en consecuencia, la Dirección General de Tráfico obró correctamente al denegar la información solicitada por «Grupo I., S.A.».

Por lo pronto hay que decir que el artículo 37.7 LRJPA que considera infringido la sociedad anónima recurrente hay que ponerlo en relación con el artículo 11, LORTAD, en el que se trata de lo que esa ley llama -con terminología criticable, y criticada- «cesión de datos», y que la nueva LORTAD de 13 de diciembre de 1999 prefiere denominar «comunicación de datos», regulada en el que es también el artículo 11 de esta otra ley. Conectar la LRJPA con la LORTAD es sin duda conveniente porque ese artículo 37 LRJPA que invoca el recurrente trata de Registros [públicos] y el de vehículos de la Dirección General de tráfico tiene esa condición; y no sólo es conveniente sino también necesaria porque una y otra ley, aun habiendo sido tramitadas casi al mismo tiempo [la LORTAD se publicó en el BOE de 31 de octubre de 1992, y la LRJPA en el BOE de 27 de noviembre de 1992] se desconocieron recíprocamente.

Pues bien, en el artículo 11, LORTAD se empieza diciendo, en lo que aquí ahora importa, lo siguiente:

«1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado».

Tres requisitos son, por tanto, necesarios para que el titular de un fichero o base de datos pueda cederlos (o comunicarlos) a un tercero: consentimiento previo del afectado [que en este caso no consta que haya sido pedido; mucho menos que haya sido dado]; que la cesión se relacione con el cumplimiento de los fines del cedente [que es la Dirección General de Tráfico, y que evidentemente no tiene entre sus fines el de servir los intereses particulares de «Grupo I., S.A.», máxime cuando los fines que esta invoca son los que inmediatamente diremos],y que la cesión se relacione también con los fines del cesionario. Es necesario detenernos un momento en este tercer requisito.

Puso ya de relieve ante la Sala de instancia el Abogado del Estado, en el fundamento 3º de su contestación a la demanda, «El verdadero móvil de la demanda aparece confesado en el escrito de redacción de la misma, y no es otro que pretender que sea la Administración la que supla la inactividad de la actora en sus relaciones contractuales con terceros a fin de reducir los costes de la actividad (así, F.J.VI, penúltimo párrafo: «…. y que de otra forma resultaría de mucho mayor coste obtener la misma información para las personas legítimamente interesadas, como sería el seguimiento personal y concreto de las personas afectadas para averiguar las matrículas de los vehículos que utilizan….» . Es patente que, aunque la cesión pretendida puede guardar relación en este caso con la actividad de la empresa (lo que tendrá que ser razonado y probado, no bastando con la mera invocación del nombre societario) resulta más que evidente que la pura conveniencia del peticionario de evitarse molestia s o de ahorrar gastos al cliente no puede servir de base para determinar la obligación de la Administración de comunicar los datos que posee en sus bases automatizadas.

Cierto es -debemos añadir- que ese mismo artículo 11, LORTAD prevé determinadas excepciones a la necesidad del previo consentimiento del afectado (cfr. número 2), pero ninguna de ellas es aquí aplicable. En efecto: ninguna ley prevé lo contrario (excepción a), los datos de que se trata no han llegado al registro de vehículos de la Dirección General procedentes de una fuente accesible al público, sino de una relación personal y directa con los titulares de esos vehículos (sería la excepción b), y así sucesivamente las excepciones c), d), e) y f) que tampoco son de aplicación, resultando innecesario transcribirlas aquí. La previsión contenida en el artículo 19.3 LORTAD -comunicación de datos a ficheros privados- tampoco es aquí aplicable porque, lo diremos nuevamente, los datos del Registro de vehículos que se piden no han sido tomados de Registros públicos.

Con lo dicho basta y sobra para rechazar el motivo invocado. Y por ello lo rechazamos.

Debemos decir todavía que esta Sala no ignora que los Registros de la Dirección General de tráfico, entre ellos el de vehículos, fueron adaptados a la LORTAD por una Orden ministerial del que entonces era Ministerio de Justicia e Interior que aparece publicada en el BOE de 27 de julio de 1994. Tampoco desconoce nuestra Sala el contenido del anexo que acompaña a dicha orden y las previsiones de cesiones que para cada registro se prevén, como tampoco ignoramos lo que prevé el artículo 19.1 LORTAD sobre la eficacia normativa de esas previsiones de acceso contenidas en las disposiciones [sic] de creación del fichero. Pero dado que la disposición y el anexo que la acompaña, correspondientes al organismo de cuya actuación aquí se trata, son posteriores a los hechos, resulta innecesario examinarlos aquí.

TERCERO.- Rechazado, como aquí ha sido, el único motivo invocado por la sociedad anónima recurrente, procede imponerle las costas de este recurso de casación aplicando lo establecido en el artículo 102.2 LJ.

En virtud de lo expuesto.

 F A L L O

Primero.- No hay lugar al recurso de casación interpuesto por «Grupo I., S.A.» contra la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía (Sala de lo contencioso-administrativo, con sede en Málaga) de tres de junio de mil novecientos noventa y seis, dictada en el proceso 519/1994.

Segundo.- Imponemos las costas a la sociedad anónima recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Francisco José Hernando Santiago.- Pedro Antonio Mateos García.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Jesús Ernesto Peces Morate.- José Manuel Sieira Míguez.- Enrique Lecumberri Martí.- Francisco González Navarro.

 Publicación.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, D. Francisco Gonzalez Navarro, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.

NORMATIVA APLICADA

• L 30/1992 26-11-92.  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común :

art. 37.7

• LO 5/1992 29-10-92.  Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal :

art. 7,  art. 11

• RD 1332/1994 20-06-94.  Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal :

art. 1.3

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article 1er

* La loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques est modifiée comme suit:

1) A l’article 5, le paragraphe (1) (a) est remplacé comme suit:

«(1) (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite ou génère dans le cadre de la fourniture de services des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de six mois à compter de la date de la communication. L’obligation de conserver inclut la conservation des données relatives aux appels téléphoniques infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet) dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus. Ce règlement peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires.»

2) Au paragraphe (2) de l’article 5, le libellé du premier tiret est remplacé comme suit:

«– ordonnés par les autorités judiciaires agissant au titre de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales visées au paragraphe (1) (a), ou»

3) A l’article 9, le paragraphe (1) (a) est remplacé comme suit:

«(1) (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite ou génère dans le cadre de la fourniture de services des données de localisation autres que des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de six mois à compter de la date de la communication. L’obligation de conserver inclut la conservation des données relatives aux appels téléphoniques infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet) dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés. Pour l’application du présent paragraphe, une seule information de localisation est requise par communication ou appel. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données de localisation autres que les données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus. Ce règlement peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires.»

4) Le paragraphe (2) de l’article 9 est remplacé comme suit:

«(2) Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que de telles données soient conservées pendant la période prévue au paragraphe (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités judiciaires agissant au titre de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.»

5) Il est ajouté un article 5-1 nouveau, libellé comme suit:

«Article 5-1.

(1) Les données conservées au titre des articles 5 et 9 sont soumises aux exigences prévues aux articles 22 et 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(2) Les données sont détruites lorsque la durée de conservation prend fin, à l’exception des données auxquelles on a pu légalement accéder et qui ont été préservées.»

6) Il est ajouté un article 5-2 nouveau, libellé comme suit:

«Article 5-2.

(1) La Commission nationale pour la protection des données transmet annuellement à la Commission de l’Union européenne des statistiques sur la conservation de données au titre des articles 5 et 9.

A cet effet les fournisseurs de services ou opérateurs conservent et continuent à la Commission nationale, sur demande de celle-ci, les informations comprenant notamment:

– les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la législation nationale applicable,

– le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission,

– les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites.

(2) Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.»

Article 2. A l’alinéa 1er du paragraphe (1) de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle, les termes «6 mois» sont remplacés par les termes «un an».

Article 3. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceuxque la chose concerne.

Le Ministre des Communications Cabasson, le 24 juillet 2010.

et des Médias, Henri

Le Ministre de la Justice, François Biltgen

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,

saaledes som den er lydende ifølge siden foretagne Ændringer, senest Grundlovsbestemmelse af 27de Mai 2010.

Norges Riges Grundlov

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1.- Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 2.- Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.

　　Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

(Grlbest. 21. juli 1851, 3 aug 1897, 1 nov 1956 kunngjort 22 nov 1956, 4 mai 1964 kunngjort 29 mai 1964).

B. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie.

§ 3.- Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har erhvervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves af Kongen.

(Grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550, 2 feb 2006 kunngjort ved res. mars 2006 Nr. 270).

§ 4.- Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

§ 5.- Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

§ 6.- Arvefølgen er lineal, saaledes at kun i lovligt Ægteskab født Barn af Dronning eller Konge, eller af en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere Linje gaar foran den fjernere og den ældre i Linjen foran den yngre.

　　Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.

　　Dog tilkommer Arveret ikke nogen som ikke er født i ret nedstigende Linje fra den sidst regjerende Dronning eller Konge eller dennes Søster eller Broder, eller selv er dennes Søster eller Broder.

　　Naar en til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins fødes, skal hendes eller hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førstholdende Storthing og antegnes i dets Protokol.

　　For dem som ere fødte tidligere end Aaret 1971, gjælder dog denne Grundlovs § 6 saaledes som den blev vedtagen den 18de November 1905. For dem som ere fødte tidligere end Aaret 1990 gjælder ligevel at Mand gaar foran Kvinde.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 7.- Er ingen arveberettiget Prinsesse eller Prins til, kan Kongen foreslaa sin Efterfølger for Storthinget, der har Ret til at bestemme Valget, hvis Kongens Forslag ikke bifaldes.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 8.- Kongens Myndighetsalder fastsættes ved Lov.

　　Saasnart Kongen har opnaaet den lovbestemte Alder, erklærer han sig offentligen at være myndig.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 9.- Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Ed: » Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! «

　　 Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet, og gjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing.

(Grlbest. 19 aug 1908).

§ 10.- (Opphevet ved grlbest. 14 mars 1908.)

§ 11.- Kongen skal bo inden Riget og maa ikke uden Storthingets Samtykke opholde sig udenfor Riget længere end sex Maaneder ad Gangen, medmindre han for sin Person vil have tabt Ret til Kronen.

　　  Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil to Trediedele af Stemmerne udfordres.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 19 aug 1908).

§ 12.- Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.

　　  Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion.

　　 Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordentlige Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Medlemmer af Storthinget.

　　 Ægtefæller, Forældre og Børn eller to Søskende maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet.

(Grlbest. 5 juni 1873, 30 juni 1891, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 8 apr 1916 kunngjort 28 apr 1916, 5 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919, 15 apr 1975 kunngjort 2 mai 1975, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 13.- Under Kongens Reiser inden Riget kan han overdrage Rigets Bestyrelse til Statsraadet. Dette skal føre Regjeringen i Kongens Navn og paa hans Vegne. Det skal ubrødelig efterleve, saavel denne Grundlovs Bestemmelser, som de særskilte dermed overensstemmende Forskrifter, som Kongen i Instruktion meddeler.

　　  Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning, hvorved, i Tilfælde at Stemmerne ere lige, Statsministeren eller, i dennes Fraværelse, det første af de tilstedeværende Medlemmer af Statsraadet har tvende Stemmer.

　　  Om de Sager, som Statsraadet saaledes afgjør, har det at give Indberetning til Kongen.

(Grlbest. 5 juni 1873, 30 juni 1891, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 18 aug 1911).

§ 14.- Kongen kan beskikke Statssekretærer til at bistaa Statsraadets Medlemmer under Udførelsen af deres Forretninger udenfor Statsraadet. Den enkelte Statssekretær handler paa Vegne af det Medlem af Statsraadet, til hvem han er knyttet, i den Udstrækning Vedkommende bestemmer.

(Opphevet ved grlbest. 30 juni 1891, tilføyd ved grlbest. 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976, endret ved grlbest. 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 15.- Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til at indlevere sin Ansøgning om Afsked, efter at Storthinget har fattet Beslutning om Mistillid til vedkommende Statsraad alene eller til det samlede Statsraad.

　　 Kongen er forbunden at indvilge slig Ansøgning om Afsked.

　　 Naar Storthinget har fattet Beslutning om Mistillid, kunne bare de Forretninger udføres, som ere nødvendige for en forsvarlig Embedsførsel.

(Opphevet ved beslutn. 18 nov 1905, tilføyd ved grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 364).

§ 16.- Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.

§ 17.- Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaa Handel, Told, Næringsveie og Politi; dog maa de ikke stride mot Konstitutionen og de (saaledes som efterfølgende §§ 76, 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget givne Love. De gjælde provisorisk til næste Storthing.

(Grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 18.-  Kongen lader i Almindelighed indkræve de Skatter, og Afgifter, som Storthinget paalægger.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 19.- Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres paa den af Storthinget bestemte og for Almenvæsenet nyttigste Maade.

§ 20.- Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere, efterat Dom er falden. Forbryderen har Valget, om han vil modtage Kongens Naade, eller underkaste sig den ham tildømte Straf.

　　  I de Sager som af Storthinget foranstaltes anlagte for Rigsretten, kan ingen anden Benaadning, end Fritagelse for idømt Livsstraf, finde Sted, medmindre Storthinget har givet sit Samtykke dertil.

(Grlbest. 29 nov 1862, 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 364).

§ 21.- Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved Lov fritages for denne Pligt. De kongelige Prinser maa ei beklæde civile Embeder.

(Grlbest. 28 juni 1889, 30 juni 1891, beslutn. 18 nov 1905 og grlbest. 26 mars 1980 kunngjort 2 mai 1980).

§ 22.- Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer samt Statssekretærene kunne, uden foregaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat han derom har hørt Statsraadets Betænkning. Det samme gjælder for de Embedsmænd, som ere ansatte ved Statsraadets Kontorer eller ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet, civile og geistlige Overøvrigheds-Personer, Regimenters og andre militære Korpsers Chefer, Kommandanter i Fæstninger og Høistbefalende paa Krigsskibe. Hvorvidt Pension bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd, afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele af deres forhen havte Gage.

　　 Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kongen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men de maa ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres Vilje, forflyttes.

　　 Alle Embedsmænd kunne, uden foregaaende Dom, afskediges, naar de have naaet en ved Lov fastsat Aldersgrænse. Det kan bestemmes ved Lov at visse Embedsmænd, der ei ere Dommere, kunne udnævnes paa Aaremaal.

(Grlbest. 5 juni 1873, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 18 aug 1911, grlbest. 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976, grlbest. 7 apr 1992 kunngjort ved res. 8 mai 1992 Nr. 317).

§ 23.- Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Statsraadets Medlemmer eller Statssekretærerne.

　　　Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.

(Grlbest. 11 mai 1920 kunngjort 21 mai 1920, grlbest. 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976).

§ 24.- Kongen vælger og afskediger, efter eget Godtbefindende, sin Hofstat og sine Hofbetjente.

§ 25.- Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

　　　Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 14 mars 1908 og 29 okt 1917 kunngjort 9 nov 1917).

§ 26.- Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og modtage Gesandter.

　　 Traktater angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksættelse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, blive først bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 29 okt 1917 kunngjort 9 nov 1917, 26 mars mars 1931 kunngjort 10 apr 1931, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 27.- Alle Statsraadets Medlemmer skulle, naar de ikke have lovligt Forfald, være nærværende i Statsraadet, og maa ingen Beslutning tages der, naar ikke over det halve Antal Medlemmer ere tilstede.

　　  Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaa Statskirken.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 15 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919).

§ 28.-  Forestillinger om Embeders Besættelse og andre Sager af Vigtighed skulle foredrages i Statsraadet af det Medlem, til hvis Fag de høre, og Sagerne af ham expederes overensstemmende med den, i Statsraadet, fattede Beslutning. Dog kunne egentlige militære Kommando-Sager i saadan Udstrækning, som Kongen bestemmer, undtages fra Behandling i Statsraad.

(Grlbest. 24 mars 1911).

§ 29.- Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde og foredrage de Sager som henhøre under hans Fag, skulle disse foredrages af en anden Statsraad, som Kongen dertil konstituerer.

　　 Hindres saa mange ved lovligt Forfald fra at møde, at ikke flere end Halvparten af det bestemte Antal Medlemmer ere tilstede, skulle andre Mænd eller Kvinder i fornødent Antal konstitueres til at tage Sæde i Statsraadet.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 1 mars 1922 kunngjort 10 mars 1922).

§ 30.- I Statsraadet føres Protokol over alle de Sager, som der forhandles. De diplomatiske Sager, som i Statsraadet besluttes hemmeligholdte, indføres i en egen Protokol. Paa samme Maade forholdes med de militære Kommando-Sager, som i Statsraadet besluttes hemmeligholdte.

　　  Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til med Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen er forbunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte Beslutning efter sit eget Omdømme.

　　  Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.

(Grlbest. 24 mars 1911, 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 364, 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 Nr. 823).

§ 31.- Alle af Kongen udfærdigede Beslutninger skulle, for at blive gyldige, kontrasigneres. I militære Kommando-Sager kontrasigneres Beslutningerne af den, som har foredraget Sagerne, men ellers af Statsministeren eller, om han ikke har været tilstede, af det første af Statsraadets tilstedeværende Medlemmer.

(Grlbest. 5 juni 1873, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 15 aug 1911).

§ 32.- De Beslutninger, som tages af Regjeringen under Kongens Fraværelse, udfærdiges i Kongens Navn og undertegnes af Statsraadet.

(Grlbest. 5 juni 1873, 30 juni 1891, beslutn. 18 nov 1905).

§ 33.- (Opphevet ved grlbest. 12 aug/24 okt 1908.)

§ 34.- Kongen giver Bestemmelser om Titler for dem som til Kronen ere arveberettigede.

(Grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 35.- Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er hun eller han berettiget til at tage Sæde i Statsraadet, dog uden Stemme eller Ansvar.

(Grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 36.-  En til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins maa ei gifte sig uden Kongens Tilladelse. Ei heller maa hun eller han modtage nogen anden Krone eller Regjering uden Kongens og Storthingets Samtykke; til Storthingets Samtykke udfordres to Trediedele af Stemmerne.

　　  Handler hun eller han herimod, taber Vedkommende saavel som Efterkommerne Retten til Norges Trone.

(Grlbest. 19 aug 1908 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 37.- De kongelige Prinser og Prinsesser skulle, for deres Personer, ikke svare for Andre end Kongen, eller hvem han, til Dommer over dem, forordner.

§ 38.- (Opphevet ved beslutn. 18 nov 1905.)

§ 39.-  Dør Kongen og Tronfølgeren endnu er umyndig, skal Statsraadet strax udstede Indkaldelse af Storthinget.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 40.-  Indtil Storthinget er forsamlet og har anordnet Regjeringen under Kongens Mindreaarighed, forestaar Statsraadet Rigets Bestyrelse, med Iagttagelse af Grundloven.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 41.- Er Kongen fraværende fra Riget uden at være i Feldt, eller er han saa syg, at han ikke kan varetage Regjeringen, skal den til Tronen nærmest Arveberettigede, saafremt han har opnaaet den for Kongen fastsatte Myndighedsalder, forestaa Regjeringen som Kongemagtens midlertidige Udøver. I modsat Fald forestaar Statsraadet Rigets Bestyrelse.

(Grlbest. 10 jan 1863, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 42.- (Opphevet ved beslutn. 18 nov 1905.)

§ 43.- Valget af Formyndere, som skulle bestyre Regjeringen for den umyndige Konge, skal foretages af Storthinget.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 44.- Den Prinsesse eller Prins, som i de udi § 41 anførte Tilfælde forestaar Regjeringen, skal for Storthinget skriftlig aflægge følgende Ed: » Jeg lover og sværger at ville forestaa Regjeringen i Overensstemmelse med Konstitutionen og Lovene, saa sandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! «.

　　  Holdes ei Storthinget paa den Tid, nedlægges Eden i Statsraadet, og tilstilles siden næste Storthing.

　　  Den Prinsesse eller Prins, som een Gang har aflagt Eden, gjentager den ikke senere.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 19 aug 1908, 8 apr 1910 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 45.- Saasnart deres Statsstyrelse ophører, skulle de aflægge Kongen og Storthinget Regnskab for samme.

§ 46.-  Efterlade Vedkommende, i Overensstemmelse med § 39, strax at sammenkalde Storthinget, da paaligger det Høiesteret, som en ubetinget Pligt, saasnart fire Uger ere forløbne, at foranstalte denne Sammenkaldelse.

(Beslutn. 18 nov 1905).

§ 47.- Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør, hvis begge Forældrene ere døde, og ingen af dem derom har efterladt nogen skriftlig Bestemmelse, fastsættes af Storthinget.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 11 juni 1951 kunngjort 22 juni 1951, 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 48.- Er Kongestammen uddød, og ingen Tronfølger udkaaret, da skal en ny Dronning eller Konge vælges af Storthinget. Imidlertid forholdes med den udøvende Magt efter 40de §.

(Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.

§ 49.- Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.

(Grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 50.- Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, som senest i det Aar, Valgthinget holdes, have fyldt 18 Aar.

　　 I hvilken Udstrækning dog norske Borgere, som paa Valgdagen ere bosatte udenfor Riget men opfylde foranstaaende Betingelser, ere stemmeberettigede, fastsættes ved Lov.

　　 Regler om Stemmeret for ellers stemmeberettigede Personer som paa Valgdagen aabenbart lide af alvorlig sjælelig Svækkelse eller nedsat Bevidsthed, kunne fastsættes ved Lov.

(Grlbest. ved lov 2 juni 1821, grlbest. 4 juli 1884, 30 apr 1898, 1 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 23 okt 1920 kunngjort 6 nov 1920, 11 mai 1928 kunngjort 29 mai 1928, 5 juni 1946 kunngjort 13 juni 1946, 24 nov 1967 kunngjort 15 des 1967, 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972, 23 nov 1978 kunngjort 22 des 1978, 17 jan 1980 kunngjort 15 feb 1980, 26 mai 2006 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 765, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 51.- Regler om Mandtalsførselen og om de Stemmeberettigedes Indførsel i Mandtallet fastsættes ved lov.

(Grlbest. 28 juni 1889 og 16 des 1899).

§ 52.- (Opphevet ved grlbest. 26 okt 1954 kunngjort 12 nov 1954.)

§ 53.- Stemmeret tabes:

a. ved Domfældelse for strafbare Handlinger overensstemmende med, hvad derom i Lov bestemmes;

b. ved at gaa i fremmed Magts Tjeneste uden Regjeringens Samtykke;

(Grlbest. 6 juni 1877, 16 mars 1887, 22 mai 1902, 26 okt 1954 kunngjort 12 nov 1954, bokstav c opphevet ved grlbest. 23 apr 1959 kunngjort 15 mai 1959, bokstav e opphevet ved grlbest. 17 jan 1980 kunngjort 15 feb 1980, bokstav d opphevet ved grlbest. 23 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 766).

§ 54.– Valgthingene holdes hvert fjerde Aar. De skulle være tilendebragte inden September Maaneds Udgang.

(Grlbest. 13 aug 1857, 24 apr 1869, 11 juni 1898, 25 mai 1905, 8 juni 1907, 5 apr 1938 kunngjort 22 apr 1938, 10 feb 1959 kunngjort 27 feb 1959).

§ 55.– Valgthingene bestyres paa den Maade, som ved Lov fastsættes. Stridigheder om Stemmeret afgjøres af Valgstyret, hvis Kjendelse kan indankes for Storthinget.

(Grlbest. 16 des 1899 og 25 mai 1905).

§ 56.– (Opphevet ved grlbest. 23 mars 1972.)

§ 57.–  Det Antal Storthingsrepræsentanter, som bliver at vælge, bestemmes til 169.

　　　Riget inddeles i 19 Valgdistrikter.

　　　150 af Storthingsrepræsentanterne blive at vælge som Distriktsrepræsentanter og de øvrige 19 som Udjævningsrepræsentanter.

　　　Ethvert Valgdistrikt skal have 1 Udjævningsmandat.

　　　Det Antal Storthingsrepræsentanter, som bliver at vælge fra hvert Valgdistrikt, bestemmes paa Grundlag af en Beregning af Forholdet mellem hvert Distrikts Antal Indvaanere samt Areal, og det hele Riges Antal Indvaanere samt Areal, naar hver Indvaaner giver 1 Point og hver Kvadratkilometer giver 1,8 Point. Beregningen bliver at foretage hvert ottende Aar.

　　　Nærmere Bestemmelser om Rigets Inddeling i Valgdistrikter og Storthingsmandaternes Fordeling paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov.

(Grlbest. 26 nov 1859, 25 juni 1866, 6 juni 1878, 22 nov 1902, 25 mai 1905, 13 mars 1907, 26 juni 1917 kunngjort 6 juli 1917, 26 nov 1919 kunngjort 5 des 1919, 9 nov 1923 kunngjort 23 nov 1923, 26 nov 1952 kunngjort 12 des 1952, 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972, 30 mai 1984 kunngjort ved res. 27 juli 1984 Nr. 1479, 10 mai 1988 kunngjort ved res. 10 juni 1988 Nr. 455 og 26 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 767).

§ 58.– Valgthingene afholdes særskilt for hver Kommune. Paa Valgthingene stemmes der direkte paa Storthingsrepræsentanter med Varamænd for det hele Valgdistrikt.

(Grlbest. 26 nov 1859, 26 mai 1866, 6 juni 1878, 1 juli 1884, 22 nov 1902, 25 mai 1905, 26 juni 1917 kunngjort 6 juli 1917, 26 nov 1919 kunngjort 5 des 1919, 9 nov 1923 kunngjort 23 nov 1923, 26 nov 1952 kunngjort 12 des 1952, 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972, 30 mai 1984 kunngjort ved res. 27 juli 1984 Nr. 1479, 10 mai 1988 kunngjort ved res. 10 juni 1988 Nr. 455 og 26 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 768).

§ 59.– Valget af Distriktsrepræsentanter foregaar som Forholdstalsvalg, og Mandaterne fordeles mellem Partierne efter nedenstaaende Regler.

　　　De sammenlagte Stemmetal for hvert Parti inden de enkelte Valgdistrikter blive at dele med 1,4; 3; 5 og 7 og saaledes videre indtil Stemmetalet er delt saa mange Gange som det Antal Mandater vedkommende Parti kan forventes at faa. Det Parti, der efter det Foranstaaende faar den største Kvotient, tildeles det første Mandat, medens det næste Mandat tilfalder det Parti, der har den næst største Kvotient, og saaledes videre, indtil alle Mandater ere fordelede.

　　　Listeforbund er ikke tilladt.

　　　Udjævningsmandaterne fordeles mellem de i Udjævning deltagende Partier paa Grundlag af Forholdet mellem de sammenlagte Stemmetal for de enkelte Partier i det hele Rige i det Øiemed at opnaa størst mulig Forholdsmessighed Partierne imellem. Ved en tilsvarende Anvendelse for det hele Rige og for de i Udjævningen deltagende Partier af Reglerne om Fordelingen af Distriktsmandaterne angives, hvor mange Storthingsmandater hvert Parti ialt skal have. Partierne faar sig derefter tildelt saa mange Udjævningsmandater, at de tilsammen med de allerede tildelede Distriktsmandater udgjøre et saa stort Antal Storthingsmandater som vedkommende Parti efter den foranstaaende Angivelse skal have. Har et Parti allerede ved Fordelingen af Distriktsmandaterne faaet et større Antal Mandater, end hvad det efter foranstaaende Angivelse skal have, skal der foretages ny Fordeling af Udjævningsmandaterne udelukkende mellem de øvrige Partier, saaledes at der bortsees fra det Stemmetal og de Distriktsmandater, som det først nævnte Parti har opnaaet.

　　　Intet Parti kan tildeles noget Udjævningsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

　　　Nærmere Bestemmelser om Fordelingen af Partiernes Udjævningsmandater paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov.

(Grlbest. ved lov 8 feb 1816, grlbest. 9 mai 1842, 25 mai 1905, 12 apr 1907, 3 juli 1913 kunngjort 13 juli 1917, 26 nov 1919 kunngjort 5 des 1919, 9 nov 1923 kunngjort 23 nov 1923, 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972, 10 mai 1988 kunngjort ved res. 10 juni 1988 Nr. 455 og 26 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 769).

§ 60.– Hvorvidt og under hvilke Former de Stemmeberettigede kunne afgive deres Stemmesedler uden personligt Fremmøde paa Valgthingene bestemmes ved Lov.

(Grlbest. 20 juni 1896, 25 mai 1905, 8 mars 1929 kunngjort 23 mars 1929, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 61.– Ingen kan vælges til Repræsentant uden at være stemmeberettiget.

(Grlbest. 25 mai 1905, 1 juli 1913 kunngjort 7 juli 1913, 27 jan 1948 kunngjort 6 feb 1948, 26 nov 1952 kunngjort 12 des 1952, 24 nov 1967 kunngjort 15 des 1967, 26 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 770, 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 Nr. 824).

§ 62.– De Tjenestemænd, der ere ansatte ved Statsraadets Kontorer, Statssekretærerne og de politiske Raadgivere dog undtagne, kunne ikke vælges til Repræsentanter. Det samme gjælder Høiesterets Medlemmer, og Tjenestemænd, der ere ansatte ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet.

　　 Statsraadets Medlemmer kunne ikke møde paa Storthinget som Repræsentanter, saalænge de have Sæde i Statsraadet. Ei heller kunne Statssekretærerne møde som Repræsentanter, saalænge de beklæde deres Embeder, og de politiske Raadgivere ved Statsraadets Kontorer kunne ikke møde paa Storthinget, saalænge de indehave deres Stillinger.

(Grlbest. 1 juli 1913 kunngjort 7 juli 1913, 11 mai 1928 kunngjort 29 mai 1928, 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976 og 26 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 771).

§ 63.–  Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at modtage Valget, medmindre:

a. Han er valgt udenfor det Valgdistrikt, indenfor hvilket han er stemmeberettiget.

b. Han har mødt som Repræsentant paa alle Storthing efter forrige Valg.

d. Han er Medlem af et politisk Parti, og han er valgt paa en Valgliste der ikke udgaar fra dette Parti.

Regler for inden hvilken Tid og paa hvilken Maade den som har Ret til at negte Valg, skal gjøre denne Ret gjældende, fastsættes ved Lov.

　　  Det skal ligeledes ved Lov bestemmes, inden hvilken Tid og paa hvilken Maade En, som vælges til Repræsentant for to eller flere Valgdistrikter, skal afgive Erklæring om, hvilket Valg han vil modtage.

(Grlbest. 24 apr 1869, 1 juli 1884, 25 mai 1905, 26 nov 1919 kunngjort 5 des 1919, 24 juni 1938 kunngjort 15 juli 1938, 26 nov 1952 kunngjort 12 des 1952, 30 mai 1984 kunngjort ved res. 27 juli 1984 Nr. 1479, 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550, 7 apr 1992 kunngjort ved res. 8 mai 1992 Nr. 317, 26 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 Nr. 772 (bokstav c opphevet), 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 64.– De valgte Repræsentanter forsynes med Fuldmagter, hvis Lovlighed bedømmes af Storthinget.

(Grlbest. 25 mai 1905).

§ 65.– Enhver Repræsentant og indkaldt Varamand erholder af Statskassen Godtgjørelse bestemt ved Lov for Reiseomkostninger til og fra Storthinget og fra Storthinget til sit Hjem og tilbage igjen under Ferier af mindst 14 Dages Varighed.

　　  Desuden tilkommer han Godtgjørelse ligeledes bestemt ved Lov for Deltagelse i Storthinget.

(Grlbest. 8 apr 1910, 6 nov 1991 kunngjort 5 des 1919, 15 okt 1926 kunngjort 26 okt 1923 og 27 mai 1986 kunngjort ved res. 13 juni 1986 Nr. 1279).

§ 66.– Repræsentanterne ere paa deres Reise til og fra Storthinget, samt under deres Ophold der, befriede fra personlig Heftelse, medmindre de gribes i offentlige Forbrydelser, ei heller kunne de udenfor Storthingets Forsamlinger drages til Ansvar for deres der ytrede Meninger. Efter den der vedtagne Orden er Enhver pligtig at rette sig.

§ 67.– De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter udgjøre Kongeriget Norges　Storthing.

§ 68.– Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag i Oktober Maaned hvert Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.

(Grlbest. 13 aug 1857, 24 apr 1869, 11 juni 1898, 8 juni 1907, 10 feb 1959 kunngjort 27 feb 1959, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 69.– Naar Storthinget ikke er samlet, kan det sammenkaldes af Kongen dersom han finder det fornødent.

(Grlbest. 24 apr 1869, 8 apr 1916 kunngjort 28 apr 1916 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 70.– (Opphevet ved grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550.)

§ 71.– Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i fire paa hinanden følgende Aar.

(Grlbest. 24 apr 1869, 5 apr 1938 kunngjort 22 apr 1938 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 72.– (Opphevet ved grlbest. 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550.)

§ 73.– Storthinget udnævner en Præsident, fem Vice-Præsidenter og to Sekretærer. Storthing kan ikke holdes, medmindre mindst Halvdelen af dets Medlemmer ere tilstede. Dog kan ikke Grundlovsforslag behandles, medmindre mindst to Trediedele af Storthingets Medlemmer ere tilstede.

(Grlbest. 24 apr 1869, 13 apr 1926 kunngjort 30 apr 1926, 1 juni 1931 kunngjort 5 juni 1931, 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550 og 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 74.– Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kongen eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse.

　　  Naar Storthingets Forhandlinger ere aabnede, have Statsministeren og Statsraaderne Ret til at møde i Storthinget og lige med sammes Medlemmer, dog uden at afgive Stemme, at deltage i de forefaldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes for aabne Døre, men i de Sager, som forhandles for lukkede Døre, kun forsaavidt det af Storthinget maatte tilstedes.

(Grlbest. 24 apr 1869, 1 juli 1884, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 75.– Det tilkommer Storthinget:

a. at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31te December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes;

b. at aabne Laan paa Rigets Kredit;

c. at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;

d. at bevilge de til Statsudgifterne fornødne Pengesummer;

e. at bestemme, hvor meget aarlig skal udbetales Kongen til hans Hofstat, og at fastsætte den kongelige Families Apanage, som dog ikke maa bestaa i faste Eiendomme;

f. at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og alle offentlige Indberetninger og Papirer;

g. at lade sig meddele de Forbund og Traktater, som Kongen paa Statens Vegne har indgaaet med fremmede Magter;

h. at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Statssager, Kongen og den kongelige Familie undtagen; dog gjælder denne Undtagelse ikke for de kongelige Prinser, forsaavidt de maatte beklæde Embeder;

i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister og deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;

k. at udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjennemse Statens Regnskaber og bekjendtgjøre Extrakter af samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle tilstilles disse Revisorer inden sex Maaneder efter Udgangen af det Aar, for hvilket Storthingets Bevilgninger ere givne, samt at træffe Bestemmelser angaaende Ordningen af Decisionsmyndigheden overfor Statens Regnskabsbetjente;

l. at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virke i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger;

m. at naturalisere Fremmede.

(Grlbest. 13 aug 1857, 24 apr 1869, 22 juni 1880, 30 juni 1891, 11 juni 1898, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 8 juni 1907, 24 mars 1911, 8 apr 1916 kunngjort 28 apr 1916, 7 des 1917 kunngjort 14 des 1917, 10 feb 1959 kunngjort 27 feb 1967, 9 feb 1967 kunngjort 23 feb 1967, 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550, 7 juni 1995 kunngjort ved res. 23 juni 1995 Nr. 567, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 76.– Enhver Lov skal først foreslaaes paa Storthinget, enten af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved en Statsraad.

　　  Efter at Forslaget der er antaget, skal ny Deliberation finde Sted i Storthinget, som enten bifalder eller forkaster det. I sidste Tilfælde skal Forslaget, med de af Storthinget tilføiede Anmerkninger, på ny tages i Overveielse af Storthinget, som enten henlægger Forslaget eller antager det med de nævnte Anmerkninger.

　　  Imellem enhver saadan Deliberation maa, i det mindste, tre Dage hengaa.

(Grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 77.– Naar en Lovbeslutning to paa hinanden følgende Gange er bifaldt af Storthinget, sendes den til Kongen med Anmodning om at erholde hans Sanktion.

(Grlbest. 30 juni 1891, 6 juli 1891, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913 og 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 78.– Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov.

　　  Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Storthinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelægges Kongen.

(Grlbest. 24 apr 1869, 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913 og 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 365 (ikr. 1 okt 2009)).

§ 79.– Er en Lovbeslutning bleven uforandret antagen af to Storthing, sammensatte efter to forskjellige paa hinanden følgende Valg og indbyrdes adskilte ved mindst to mellemliggende Storthing, uden at afvigende Lovbeslutning i Mellemtiden fra den første til den sidste Antagelse af noget Storthing er bleven fattet, og den da forelægges Kongen, med Begjæring, at Hans Majestæt ikke vil negte en Lovbeslutning sin Sanktion, som Storthinget efter det modneste Overlæg anser for gavnlig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanktion ikke paafølger inden Storthinget adskilles.

(Grlbest. 24 apr 1869, 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 5 apr 1938 kunngjort 22 apr 1938 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 80.– Storthinget forbliver samlet saalænge det finder det fornødent og indstiller Forhandlingerne naar det har tilendebragt sine Forretninger.

　　  I Overensstemmelse med Regler i den af Storthinget vedtagne Orden, kan Forhandlingerne gjenoptages, men de ophøre senest sidste Søgnedag i September Maaned.

　　  Inden denne Tid meddeler Kongen sin Resolution paa de ikke allerede forinden afgjorte Lovbeslutninger (jfr. §§ 77-79), ved enten at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som han ikke udtrykkeligen antager, ansees som af ham forkastede.

(Grlbest. 24 apr 1869, 12 mars 1908, 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).

§ 81.– Alle Love (de i § 79 undtagne) udfærdiges i Kongens Navn, under Norges Riges Segl, og i følgende Udtryk: » Vi N.N. gjøre vitterligt: at Os er bleven forelagt Storthingets Beslutning, af Dato saalydende: (her følger Beslutningen). Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte samme som Lov, under Vor Haand og Rigets Segl. «

(Grlbest. 27 juni 1908).

§ 82.– Regjeringen skal meddele Storthinget alle de Oplysninger, der ere nødvendige for Behandlingen af de Sager, den fremlægger. Intet Medlem af Statsraadet maa fremlægge urigtige eller vildledende Oplysninger for Storthinget eller dets Organer.

(Opphevet ved grlbest. 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, tilføyd ved grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 364).

§ 83.– Storthinget kan indhente Høiesterets Betænkning over juridiske Gjenstande.

§ 84.– Storthinget holdes for aabne Døre, og dets Forhandlinger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde, hvor det modsatte besluttes ved Stemmeflerhed.

§ 85.– Den der adlyder en Befaling, hvis Hensigt er at forstyrre Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved skyldig i Forræderi mod Fædrenelandet.

D. Om den dømmende Magt.

§ 86.– Rigsretten dømmer i første og sidste Instans i de Sager, som Storthinget anlægger mod Statsraadets, Høiesterets eller Storthingets Medlemmer for strafbart eller andet retstridigt Forhold, naar de have brudt deres konstitutionelle Pligter.

　　  De nærmere Regler om Storthingets Paatale efter denne Paragraf fastsættes ved Lov. Dog kan der ikke sættes kortere Forældelsesfrist end 15 Aar for Adgangen til at gjøre Ansvar gjældende ved Tiltale for Rigsretten.

　　  Dommere i Rigsretten ere 6 Medlemmer valgte af Storthinget og de 5 efter Embedsalder ældste, fast udnævnte Medlemmer af Høiesteret, deriblandt Høiesterets Formand. Storthinget vælger Medlemmerne og Stedfortrædere for 6 Aar. Et Medlem af Statsraadet eller Storthinget kan ikke vælges til Medlem af Rigsretten. I Rigsretten har Høiesterets Formand Forsædet.

　　  Den der har taget Sæde i Rigsretten som valgt af Storthinget, udtræder ikke af Retten, om den Tid, for hvilken han er valgt, udløber før Rigsrettens Behandling af Sagen er tilendebragt. Heller ikke en Høiesteretsdommer, som er Medlem af Rigsretten, udtræder af Retten, selvom han fratræder som Medlem af Høiesteret.

(Grlbest. 19 aug 1908, 25 feb 1911, 15 jan 1932 kunngjort 29 jan 1932, 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 364).

§ 87.– De nærmere Forskrifter om Sammensætningen af Rigsretten og Sagsbehandlingen fastsættes ved Lov.

(Grlbest. 15 jan 1932 kunngjort 29 jan 1932, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270, 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 Nr. 364).

§ 88.– Høiesteret dømmer i sidste Instans. Dog kunne Indskrænkninger i Adgangen til at erholde Høiesterets Afgjørelse bestemmes ved Lov.

　　  Høiesteret skal bestaa af en Formand og mindst fire andre Medlemmer.

(Grlbest. 29 nov 1862, 25 feb 1911 og 13 juni 1938 kunngjort 24 juni 1938).

§ 89.– (Ophevet ved grlbest. 14 des 1920 kunngjort 17 des 1920; jf. grlbest. 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913.)

§ 90.– Høiesterets Domme kunne i intet Tilfælde paaankes.

(Grlbest. 28 feb 1914 kunngjort 6 mars 1914).

§ 91.– Ingen kan beskikkes til Medlem af Høiesteret, førend han er 30 Aar gammel.

E. Almindelige Bestemmelser.

§ 92.– Til Embeder i Staten maa alene udnævnes de norske Borgere, Mænd eller Kvinder, som tale Landets Sprog, samt

a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Statens Undersaatter;

b. eller ere fødte i fremmede Lande af norske Forældre, som paa den Tid ikke vare en anden Stats Undersaatter;

c. eller som herefter opholde sig i Riget i ti Aar;

d. eller som af Storthinget vorde naturaliserede.

        Dog kunne Andre beskikkes til Lærere ved Universitetet og de lærde Skoler, til Læger og til Konsuler paa fremmede Steder.

(Grlbest. 15 juni 1878, 4 juni 1892, 19 mars 1901, 15 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919 og 10 juni 1952 kunngjort 28 juni 1952).

§ 93.– For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.

　　  Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.

(Opphevet ved beslutn. 18 nov 1905, tilføyd ved grlbest. 8 mars 1962 kunngjort 23 mars 1962, endret ved grlbest. 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 94.– En ny almindelig civil og kriminal Lovbog skal foranstaltes udgivet paa første eller, om dette ikke er muligt, paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens nu gjældende Love i Kraft, forsaavidt de ei stride imod denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som imidlertid maatte udgives.

　　  De nuværende permanente Skatter vedblive ligeledes til næste Storthing.

§ 95.– Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller Opreisninger maa bevilges, efterat den nye almindelige Lov er sat i Kraft.

§ 96.– Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.

§ 97.– Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.

§ 98.– Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør ingen Afgifter til Statskassen være forbundne.

§ 99.– Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den Fængslede til Ansvar.

　　  Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed.

§ 100.– Ytringsfrihed bør finde Sted.

　　　Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

　　　Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

　　　Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

　　　Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

　　　Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

(Endret ved grlbest. 30 sep 2004 kunngjort ved res. 29 okt 2004 Nr. 1402, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 271, 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 Nr. 825).

§ 101.– Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.

§ 102.– Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.

§ 103.– Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.

§ 104.– Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes.

§ 105.– Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen.

§ 106.– Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistligheden beneficerede Gods skulle blot anvendes til Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelsers Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn.

(Endret ved grlbest. 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 Nr. 826).

§ 107.– Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves. De nærmere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsættes af det første eller andet følgende Storthing.

§ 108.– Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideikommisser, maa for Eftertiden oprettes.

§ 109.– Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue.

　　　Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Indskrænkninger den bør undergaa, bestemmes ved Lov.

(Grlbest. 12 apr 1907).

§ 110.– Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.

　　　Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov.

(Opphevet ved grlbest. 5 juni 1925 kunngjort 12 juni 1925 jf. grlbest. 15 aug 1911, tilføyd ved ved grlbest. 16 nov 1954 kunngjort 26 nov 1954, endret ved grlbest. 5 mai 1980 kunngjort 30 nov 1980, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 110a.– Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.

(Tilføyd ved grlbest. 21 apr 1988 kunngjort ved res. 27 mai 1988 Nr. 432, endret ved grlbest. 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 Nr. 270).

§ 110b.

　　　　　　 Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

　　　　　　 For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.

　　　　　　 Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.

(Tilføyd ved grlbest. 25 mai 1992 kunngjort ved res. 19 juni 1992 Nr. 463).

§ 110c.– Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.

　　　  Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.

(Tilføyd ved grlbest. 15 juni 1994 kunngjort ved res. 15 juli 1994 Nr. 675).

§ 111.– Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov.

(Grlbest. 21 nov 1905).

§ 112.– Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

　　　En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

(Grlbest. 24 apr 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 24 juni 1946 kunngjort 5 juli 1946 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 Nr. 550).　　 

BUENOS AIRES,

VISTO el expediente número 128.949/01 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley número 25.326 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 45 de la mencionada ley establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá reglamentar la misma y establecer el órgano de control a que se refiere su artículo 29 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación.

Que el artículo 46 de la ley citada establece que la reglamentación fijará el plazo dentro del cual los archivos de datos destinados a proporcionar informes existentes al momento de la sanción de dicha ley deberán inscribirse en el registro a que se refiere su artículo 21 y adecuarse a lo que establece el régimen dispuesto por la ley.

Que el artículo 31º, inciso 2, de la Ley número 25.326 dispone que la reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de sanciones, en los términos que dicha norma establece. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley número 25.326 de Protección de los Datos Personales, conforme al anexo I que forma parte del presente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo previsto en el artículo 46 de la Ley número 25.326.

ARTÍCULO 3º– Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a las normas de exclusiva aplicación nacional de esta reglamentación.

ARTÍCULO 4º.– Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

ANEXO I REGLAMENTACIÓN DE LA LEY número 25.326

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.– A los efectos de esta reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes, aquellos que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.

ARTÍCULO 2º.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO II.  PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS

ARTÍCULO 3º.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4º.- El artículo 4º, inciso 1, de la Ley número 25.326, establece la buena fe en la recolección y el destino adecuado a la finalidad del archivo, registro, base o banco de datos. Para determinar la lealtad y buena fe en la obtención de los datos personales, así como el destino que a ellos se asigne, se deberá analizar el procedimiento efectuado para la recolección y, en particular, la información que se haya proporcionado al titular de los datos de acuerdo con el artículo 6º de la Ley número 25.326. Cuando la obtención o recolección de los datos personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de información y el destino previsto por el responsable o usuario para los datos personales obtenidos. El dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado debe ser suprimido por el responsable o usuario sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio sobre el cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:

a) legalidad de la recolección o toma de información personal;

b) legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre ellos;

c) legalidad en la cesión propiamente dicha;

d) legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, bases o bancos de datos.

ARTÍCULO 5º.– El consentimiento informado es el que está precedido de una explicación, al titular de los datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que se refiere el artículo 6º de la Ley número 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES establecerá los requisitos para que el consentimiento pueda ser prestado por un medio distinto a la forma escrita, el cual deberá asegurar la autoría e integridad de la declaración. El consentimiento dado para el tratamiento de datos personales puede ser revocado en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos retroactivos. A los efectos del artículo 5º, inciso 2 e), de la Ley número 25.326 el concepto de entidad financiera comprende a las personas alcanzadas por la Ley número 21.526 y a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros, los deudores de ex-entidades financieras y los sujetos que expresamente incluya la autoridad de aplicación de la mencionada ley. No es necesario el consentimiento para la información que se describe en los incisos a), b), c) y d) del artículo 39 de la Ley número 21.526. En ningún caso se afectará el secreto bancario, quedando prohibida la divulgación de datos relativos a operaciones pasivas que realicen las entidades financieras con sus clientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley número 21.526.

ARTÍCULO 6º.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7º.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8º.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9º.– La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES promoverá la cooperación entre sectores públicos y privados para la elaboración e implantación de medidas, prácticas y procedimientos que susciten la confianza en los sistemas de información, así como en sus modalidades de provisión y utilización.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.– Al consentimiento para la cesión de los datos le son aplicables las disposiciones previstas en el artículo 5º de la Ley número 25.326 y el artículo 5º de esta reglamentación. En el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión al público en general, el requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de interés general que motivaron el acceso público irrestricto. La cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de protección establecidos en la Ley número 25.326. No es necesario acto administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales la que comprende a un grupo colectivo de personas. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES fijará los estándares de seguridad aplicables a los mecanismos de disociación de datos. El cesionario a que se refiere el artículo 11, inciso 4, de la Ley número 25.326, podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño.

ARTÍCULO 12.- La prohibición de transferir datos personales hacia países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados, no rige cuando el titular de los datos hubiera consentido expresamente la cesión. No es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos desde un registro público que esté legalmente constituido para facilitar información al público y que esté abierto a la consulta por el público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones legales y reglamentarias para la consulta. Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las normas de un Estado u organismo internacional. Si llegara a la conclusión de que un Estado u organismo no protege adecuadamente a los datos personales, elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir tal declaración. El proyecto deberá ser refrendado por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país u organismo internacional se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el lugar de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así como las normas profesionales, códigos de conducta y las medidas de seguridad en vigor en dichos lugares, o que resulten aplicables a los organismos internacionales o supranacionales. Se entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que prevean la protección de datos personales.

CAPÍTULO III.  DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS

ARTÍCULO 13.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14.– La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley número 25.326, no requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el responsable o usuario del archivo, registro, bases o bancos de datos, o de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta requerida. Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinados a la difusión al público en general, las condiciones para el ejercicio del derecho de acceso podrán ser propuestas por el organismo y aprobadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar que los procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en modo alguno las garantías propias de ese derecho. El derecho de acceso permitirá:

a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro, base o bancos de datos;

b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo;

c) solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se obtuvieron sus datos;

d) solicitar las finalidades para las que se recabaron;

e) conocer el destino previsto para los datos personales;

f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley número 25.326. Vencido el plazo para contestar fijado en el artículo 14, inciso 2, de la Ley número 25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los datos personales y denunciar el hecho ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a los fines del control pertinente de este organismo. En el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por documento fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal del interesado.

ARTÍCULO 15.– El responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado, debiendo para ello valerse de cualquiera de los medios autorizados en el artículo 15, inciso 3, de la Ley número 25.326, a opción del titular de los datos, o las preferencias que el interesado hubiere expresamente manifestado al interponer el derecho de acceso. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES elaborará un formulario modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados. Podrán ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los siguientes:

a) visualización en pantalla;

b) informe escrito entregado en el domicilio del requerido;

c) informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente;

d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la información;

e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración e implantación material del archivo, registro, base o banco de datos, ofrecido por el responsable o usuario del mismo.

ARTÍCULO 16.– En las disposiciones de los artículos 16 a 22 y 38 a 43 de la Ley número 25.326 en que se menciona a algunos de los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad, se entiende que tales normas se refieren a todos ellos. En el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de información suministrada por entidades financieras, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el artículo 5º, inciso 2, de la Ley número 25.326, los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE AFJP o a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, según el caso, que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos. Toda modificación debe ser comunicada a través de los mismos medios empleados para la divulgación de la información. Los responsables o usuarios de archivos o bases de datos públicos de acceso público irrestricto pueden cumplir la notificación a que se refiere el artículo 16, inciso 4, de la Ley número 25.326 mediante la modificación de los datos realizada a través de los mismos medios empleados para su divulgación.

ARTÍCULO 17.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 18.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 19.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO IV. USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS

ARTÍCULO 21.– El registro e inscripción de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se habilitará una vez publicada esta reglamentación en el Boletín Oficial. Cuando el archivo, registro, base o banco de datos privado se constituya con el fin de proporcionar información de datos personales dentro de un mismo grupo económico de empresas controladas y controlantes, en los términos de la Ley número 19.550, no será obligatoria la inscripción, sin perjuicio de ser alcanzados por las sanciones previstas en el Capítulo VI de la Ley número 25.326 cuando se verifique la cesión o transferencia de los datos a personas no vinculadas. Esta disposición no alcanzará a las Uniones Transitorias de Empresas. Deben inscribirse los archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y los privados a que se refiere el artículo 1º de esta reglamentación. A los fines de la inscripción de los archivos, registros y bases de datos con fines de publicidad, los responsables deben proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de esta reglamentación.

ARTÍCULO 22.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 23.– Sin reglamentar.

ARTÍCULO 24.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 25.– Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán contener los niveles de seguridad previstos en la Ley número 25.326, esta reglamentación y las normas complementarias que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, como así también las obligaciones que surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la información obtenida. La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un contrato que vincule al encargado del tratamiento con el responsable o usuario del tratamiento y que disponga, en particular:

a) que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento;

b) que las obligaciones del artículo 9º de la Ley número 25.326 incumben también a éste.

ARTÍCULO 26.- A los efectos del artículo 26, inciso 2, de la Ley número 25.326, se consideran datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de créditos en general y toda otra obligación de contenido patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y la calificación a fin de precisar, de manera indubitable, el contenido de la información emitida. En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, inciso 3, de la Ley nº 25.326 en tanto el responsable de la base de datos le comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los últimos SEIS (6) meses. Para apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley número 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo de reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación. A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 5, de la Ley número 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA deberá restringir el acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de información sobre personas físicas, exigiendo el ingreso del número de documento nacional de identidad o código único de identificación tributaria o laboral del titular de los datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación contractual o comercial previa.

ARTÍCULO 27.- Podrán recopilarse, tratarse y cederse datos con fines de publicidad sin consentimiento de su titular, cuando estén destinados a la formación de perfiles determinados, que categoricen preferencias y comportamientos similares de las personas, siempre que los titulares de los datos sólo se identifiquen por su pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos individuales estrictamente necesarios para formular la oferta a los destinatarios. Las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros, junto con la autoridad de aplicación, implementarán, dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la publicación de esta reglamentación, un sistema de retiro o bloqueo a favor del titular del dato que quiera ser excluido de las bases de datos con fines de publicidad. El retiro podrá ser total o parcial, bloqueando exclusivamente, a requerimiento del titular, el uso de alguno o algunos de los medios de comunicación en particular, como el correo, el teléfono, el correo electrónico u otros. En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. A los fines de garantizar el derecho de información del artículo 13 de la Ley número 25.326, se inscribirán únicamente las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros. Al inscribirse, las cámaras, asociaciones y colegios profesionales deberán acompañar una nómina de sus asociados indicando nombre y domicilio. Los responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos con fines de publicidad que no se encuentren adheridos a ningún Código de Conducta, cumplirán el deber de información inscribiéndose en el Registro a que se refiere el artículo 21 de la Ley número 25.326. Podrán tratarse datos sensibles obtenidos legalmente, a los fines de realizar ofertas de bienes y servicios, cuando ello no cause discriminación y de acuerdo a los parámetros que fije la autoridad de aplicación. Estos datos no pueden ser cedidos a terceros sin el consentimiento previo de su titular.

ARTÍCULO 28.- Los archivos, registros, bases o bancos de datos mencionados en el artículo 28 de la Ley número 25.326 son responsables y pasibles de las multas previstas en el artículo 31 de la ley citada cuando infrinjan sus disposiciones.

CAPÍTULO V.  CONTROL

ARTÍCULO 29.-

1. Créase la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en el ámbito de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la Ley número 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES dictará su propio reglamento dentro de los SESENTA (60) días de entrada en vigencia la presente reglamentación, el cual deberá ser aprobado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y publicado en el Boletín Oficial. El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus funciones con plena independencia, no estará sujeto a instrucciones y sus decisiones no son susceptibles de recurso jerárquico.

2. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se integrará inicialmente con un Director Nacional, un Subdirector Nacional y con el personal jerárquico y administrativo que se designe. Facúltase al Ministro de Justicia y Derechos Humanos a efectuar las designaciones correspondientes con carácter transitorio, como excepción a lo dispuesto por el ANEXO I del Decreto número 993/91. En el plazo de TREINTA (30) días hábiles posteriores a la asunción de su cargo, el Director Nacional deberá proponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos un proyecto de su estructura organizativa, debiendo privilegiar el aprovechamiento de los recursos humanos ya existentes en la Administración Pública Nacional. El personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES está obligado a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal de que conozca en el desarrollo de su función.

3. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se financiará a través de: a) lo que recaude en concepto de tasas por los servicios que preste; b) el producido de las multas previstas en el artículo 31 de la Ley número 25.326; c) las asignaciones presupuestarias que se incluyan en las previsiones anuales del gobierno a partir del año 2002. Transitoriamente, desde la entrada en vigencia de la presente reglamentación y hasta el 31 de diciembre de 2001, el costo de la estructura será afrontado con el crédito presupuestario correspondiente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el año 2001, sin perjuicio de lo dispuesto en los subincisos a) y b) del párrafo anterior.

4. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES contará con un Consejo Consultivo, que se desempeñará «ad honorem», encargado de asesorar al Director Nacional en los asuntos de importancia, integrado por: a) un representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;

b) un magistrado del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con especialidad en la materia;

c) un representante de los archivos privados destinados a dar información designado por la cámara que agrupe a las entidades nacionales de información crediticia;

d) un representante del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

e) un representante de las empresas dedicadas al objeto previsto en el artículo 27 de la Ley número 25.326, designado por las Cámaras respectivas de común acuerdo, unificando en una persona la representación;

f) un representante de los usuarios y consumidores, seleccionado del modo que se establezca reglamentariamente;

g) un representante del CONSEJO FEDERAL DEL CONSUMO;

h) un representante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

5. Son funciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, además de las que surgen de la Ley número 25.326 y de las que establezca su reglamento:

a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados;

b) atender las denuncias y reclamaciones interpuestas en relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley número 25.326;

c) percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que preste;

d) organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados previsto en el artículo 21 de la Ley número 25.326;

e) diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación;

f) homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 de la ley 25.326, previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.

ARTÍCULO 30.– La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES alentará la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada sector, a la correcta aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por la Ley número 25.326 y esta reglamentación. Las asociaciones de profesionales y las demás organizaciones representantes de otras categorías de responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados, que hayan elaborado proyectos de códigos éticos, o que tengan la intención de modificar o prorrogar códigos nacionales existentes, pueden someterlos a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.

CAPÍTULO VI.  SANCIONES

ARTÍCULO 31.–

1. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31 de la ley 25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro correspondiente. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. Se considerará reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley número 25.326 o sus reglamentaciones incurriera en otra de similar naturaleza dentro del término de TRES (3) años.

2. El producido de las multas a que se refiere el artículo 31 de la Ley número 25.326 se aplicará al financiamiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:

a) La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley número 25.326 y sus normas reglamentarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.

b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida. En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resultaren desvirtuados por otras pruebas.

c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor. Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.

ARTÍCULO 32.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO VII.  ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

ARTÍCULOS 33 a 46.- Sin reglamentar.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45, obliga a las Administraciones a promover la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desempeño de sus respectivas actividades y competencias.

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, vino a desarrollar el mencionado precepto legal disponiendo que los programas y aplicaciones que se utilicen por los órganos y entidades del ámbito de la Administración General del Estado para el ejercicio de sus respectivas potestades deberán ser objeto de aprobación mediante resolución del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia para resolver el procedimiento, y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Razones de seguridad aconsejan extender esta previsión de aprobación y publicación a todos aquellos casos en que la Agencia Estatal de Administración Tributaria interviene con ocasión de la realización de actuaciones de los particulares con relevante trascendencia jurídica.

Asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, vino a consagrar la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación para tales Administraciones.

El citado texto legal, en su disposición final tercera, establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos sólo será efectivo, respecto de la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir del 31 de diciembre de 2009.

En el ámbito tributario, esta misma filosofía se recoge de forma expresa en el artículo 96 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 82 y siguientes del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

En particular, el aludido Reglamento dispone, en su artículo 84.3, que para el desarrollo de las actividades de asistencia a los obligados tributarios, la Administración Tributaria podrá establecer servicios automatizados, tales como la identificación telemática ante las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria, la participación en procedimientos de enajenación forzosa o la puesta a su disposición de registros electrónicos de apoderamiento o representación.

En el ámbito tributario estatal, un primer paso en la línea que había sido establecida por las normas antes citadas lo supuso la Resolución de 11 de abril de 2001, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios. Esta norma, básicamente, vino a regular la posibilidad de que los obligados tributarios pudieran realizar telemáticamente el pago de sus deudas mediante el procedimiento de cargo en cuentas de su titularidad, abiertas en las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.

Posteriormente, y en esta la misma línea, se extendió la posibilidad de efectuar por medios telemáticos el pago de las deudas correspondientes a autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración, utilizando para ello tarjetas de crédito o débito, mediante la aprobación de la Resolución 1/2003, de 20 de enero, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras, para el pago de deudas correspondientes a autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración contra cuentas mediante el uso de tarjetas de crédito o débito asociadas a estas cuentas. Dicha Resolución preveía, además, la posibilidad de que el titular de la tarjeta, y por tanto ordenante de la operación, no fuera el propio obligado al pago.

La Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General y sus Organismos Públicos, da un paso definitivo al incluir en la plataforma telemática de pago de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la única figura tributaria que aún no lo estaba.

Por último, y con objeto de refundir el procedimiento y requisitos del pago por medios telemáticos, se dictó la Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

La principal novedad introducida por esta Resolución consistía en que, independientemente del procedimiento utilizado para realizar el pago (cargo directo en cuenta o por medio de tarjetas) y el concepto vinculado al mismo, se posibilitó que éste pudiera ser ordenado, en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por una persona distinta del obligado, siempre que la cuenta en la que se produjera el cargo fuese de titularidad del ordenante y el justificante de pago fuera expedido por la Entidad colaboradora a nombre del obligado.

El satisfactorio y seguro funcionamiento que viene evidenciando este procedimiento, unido al deseo de continuar facilitando en lo posible a los obligados tributarios el pago de sus deudas, aconseja dictar una nueva Resolución que establezca la posibilidad de que, en los casos de pagos telemáticos mediante cargo directo en una cuenta de titularidad del obligado al pago, la orden de adeudo también pueda ser realizada por una persona distinta de éste, en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por evidentes razones de seguridad, se establece como requisito imprescindible de esta nueva variedad telemática de pago que el ordenante se encuentre expresamente apoderado por el obligado para la realización de este tipo de operaciones y que dicho apoderamiento figure incorporado al Registro de Apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.

En virtud de lo anterior, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–

La presente Resolución tiene por objeto aprobar y ordenar la publicidad del tratamiento de la información para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria facilite a las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria la identificación telemática de aquellos obligados tributarios y personas que así lo soliciten con ocasión del cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras, o en el curso de algún procedimiento tributario.

En particular, esta Resolución será de aplicación a las operaciones de pago, mediante cargo en cuenta o mediante el uso de tarjetas de crédito o débito, de autoliquidaciones, liquidaciones practicadas por la Administración, tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado y tasas que constituyen recursos de los presupuestos de los Organismos Públicos.

A efectos de los procedimientos previstos en la presente Resolución, la persona que ordena el pago (en adelante, ordenante) a través de la Oficina Virtual de la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.agenciatributaria.es) podrá ser el propio obligado al pago o una persona diferente de éste.

Segundo. Requisitos previos.

1. Para utilizar los procedimientos previstos en la presente Resolución el ordenante del pago deberá:

a) Disponer de un certificado electrónico correspondiente a un sistema de firma electrónica admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Ser titular de una cuenta de cargo que esté abierta en alguna de las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria que se hayan adherido al procedimiento regulado en esta Resolución o bien estar expresamente apoderado por el obligado al pago para ordenar adeudos en una cuenta de titularidad de éste, asimismo abierta en una Entidad colaboradora, respecto del pago de deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En estos supuestos de apoderamiento, obligatoriamente el certificado electrónico utilizado para llevar a cabo la operación de pago deberá ser el correspondiente al apoderado a tal efecto por el obligado al pago.

En todo caso, dicho apoderamiento deberá figurar incorporado al Registro de Apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.

c) En el caso de que el pago se lleve a cabo mediante tarjeta, el ordenante deberá ser necesariamente titular de una tarjeta de crédito o débito emitida por la misma Entidad colaboradora a través de la cual se pretende efectuar el pago.

2. Por su parte, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria preste la asistencia en la identificación a una Entidad colaboradora, ésta deberá:

a) Disponer de un ordenador servidor que permita el establecimiento de comunicaciones telemáticas seguras, con el fin de proporcionar información, en respuesta a solicitudes del ordenador cliente, utilizando el protocolo https.

b) Mantener el servicio diariamente y, salvo en casos de fuerza mayor, de modo ininterrumpido, en una banda horaria que la Agencia Estatal de Administración Tributaria considere suficiente.

c) Tener implantado el dispositivo adecuado que acepte o rechace en tiempo real la solicitud de cargo en cuenta o en la tarjeta.

3. Para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria preste asistencia en el pago telemático de una tasa:

a) Mediante Resolución del Departamento ministerial o del Director o Presidente del Organismo Público correspondiente debe haberse establecido que el pago de la tasa puede llevarse a cabo por medios telemáticos.

b) El desarrollo de la página web del Departamento ministerial u Organismo Público encargado de la gestión de la tasa deberá permitir que el ordenante pueda enlazar con la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. Los pagos que se realicen mediante tarjetas de crédito o débito quedarán sujetos a las condiciones establecidas entre el emisor de la tarjeta y el titular de la misma; en particular, en todo lo referente al límite en el importe de las operaciones.

Tercero. Adhesión al sistema.-

Toda Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria interesada en adherirse al procedimiento que se regula en la presente Resolución deberá comunicarlo al titular del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante escrito de su representante legal o persona especialmente apoderada al efecto (modelo de solicitud en el anexo V).

En dicha comunicación, la Entidad colaboradora indicará expresamente las opciones de pago (cargo en cuenta o mediante el uso de tarjetas) a las que desea adherirse.

En todas aquellas adhesiones que se tramiten a partir de la entrada en vigor de esta Resolución, se entenderá que la adhesión a una opción de pago se extiende a todos los conceptos de ingreso a que se refiere el segundo párrafo del apartado primero.

Una vez recibida la comunicación de adhesión, el Departamento de Recaudación la trasladará al Departamento de Informática Tributaria. Tras comprobar que la Entidad colaboradora cumple los requisitos que se recogen en el apartado segundo de esta Resolución, así como la viabilidad de los procedimientos que se describen en los apartados cuarto y quinto, el Departamento de Informática Tributaria comunicará a la Entidad interesada las condiciones generales para la prestación del servicio, las cuales, una vez aceptadas por la Entidad, determinarán la efectiva adhesión de ésta al sistema.

El Departamento de Informática Tributaria adoptará las medidas que sean necesarias para que el sistema de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria reconozca la adhesión y comunicará ésta al Departamento de Recaudación.

La relación de Entidades colaboradoras adheridas al sistema se reflejará en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de cada una de las opciones de pago posibles.

Cuarto. Procedimiento para el pago mediante cargo en cuenta por medios telemáticos.

1. Autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración.-El ordenante deberá ponerse en comunicación con la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y procederá del modo siguiente:

a) Elegirá la opción «pago de impuestos» de la Oficina Virtual.

b) La aplicación mostrará al ordenante las opciones de pago correspondientes a autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración.

c) Una vez elegida la opción que proceda, la aplicación facilitará al ordenante la posibilidad de seleccionar el pago mediante cargo en cuenta. En ese momento se mostrará un formulario con una serie de datos que el ordenante deberá cumplimentar, en función de la operación que esté realizando. Estos datos figuran en el punto 1 del anexo I o anexo I bis, según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración respectivamente.

En particular, deberá facilitar el código de cuenta cliente en la que deba realizarse el cargo. Con este código se identificará la Entidad colaboradora en la que se realizará la operación, la cual deberá estar adherida, en todo caso, al procedimiento regulado en la presente Resolución.

La cuenta de cargo deberá ser de titularidad del ordenante de la operación. No obstante, cuando la operación de pago no fuera ordenada por el obligado, la cuenta de cargo podrá ser de titularidad de éste, siempre que se cumpla el requisito y condiciones de apoderamiento a que se refiere el apartado segundo.1.b) de la presente Resolución.

d) Una vez cumplimentado, el ordenante enviará el formulario a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmado digitalmente con los datos de creación de firma asociados al certificado de usuario.

Si el ordenante es una persona jurídica se admitirá la firma digital correspondiente a un máximo de dos personas como representantes que, alternativamente, podrán vincular a la persona jurídica ordenante en las operaciones de cargo en la cuenta designada a estos efectos.

e) El sistema de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará los datos recibidos, comunicando al ordenante los errores o defectos que pudieran advertirse.

f) Una vez comprobada la información, la Agencia Estatal de Administración Tributaria enviará al ordenante los datos de la operación a realizar, la dirección electrónica del ordenador servidor de la Entidad colaboradora, el cual procesará la operación de que se trate, y un Código Cifrado de Operación, que sólo la Entidad colaboradora destinataria del cargo podrá verificar y que impedirá la manipulación de los datos de la operación.

El registro de los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria figura en el punto 2 del anexo I o anexo I bis, según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración, respectivamente.

g) El ordenador del ordenante enviará los datos recibidos a la dirección electrónica del ordenador de la Entidad colaboradora, conforme al registro que se especifica en el punto 3 del anexo I o anexo I bis, según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración respectivamente, quedando a la espera de respuesta.

h) La Entidad colaboradora destinataria recibirá los datos y, en caso de admitir la operación, realizará el cargo en la cuenta designada por el ordenante y el abono en la cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, generando el Número de Referencia Completo (NRC) y autorizando la emisión del correspondiente recibo, en el que deberán figurar obligatoriamente los datos identificativos del obligado al pago.

i) La respuesta de la Entidad colaboradora será remitida al ordenante conforme al registro que se especifica en el punto 4 del anexo I o anexo I bis según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración, respectivamente.

En caso de que la operación de cargo resulte aceptada, el código de retorno será «00» y la respuesta contendrá los datos del recibo-justificante de pago (incluido el NRC) que se establecen en el artículo 3.3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si la operación de cargo no resultase aceptada, este campo figurará sin contenido y el código de retorno indicará el motivo del rechazo, para lo que utilizarán los códigos de error que especifique la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con las necesidades de las Entidades colaboradoras. Dichos códigos de error podrán consultarse en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

j) Recibida la respuesta, y en caso de aceptación de la operación de cargo, el programa mostrará automáticamente el NRC generado. En caso de rechazo, se mostrará la descripción del mismo.

En el primer caso, almacenará del mismo modo el NRC y posibilitará la impresión del recibo-justificante de pago emitido.

2. Tasas.-El procedimiento de pago será el siguiente:

a) El ordenante deberá ponerse en comunicación con el Departamento ministerial u Organismo gestor de la tasa cuyo pago se vaya a efectuar, salvo que éste haya dictado una norma que disponga lo contrario.

Dicha comunicación puede realizarse mediante conexión directa con la página web del Departamento ministerial u Organismo correspondiente o a través de la Oficina Virtual de la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Oficina Virtual/Pago de Impuestos/Tasas).

b) Una vez realizada la comunicación, se pedirá al ordenante que consigne los datos necesarios para el pago de la tasa.

c) Comprobado por el sistema de información del Departamento Ministerial u Organismo gestor de la tasa que el ordenante ha cumplimentado correctamente los datos antes citados, se producirá un enlace automático con la opción «Pago de impuestos» de la Oficina Virtual de la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

d) A partir de este momento, se procederá en la forma descrita en el punto 1 de este apartado cuarto, realizándose la conexión con la Entidad colaboradora desde el ordenador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

e) La Entidad colaboradora facilitará el NRC al ordenador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que lo remitirá automáticamente al del Departamento ministerial u Organismo gestor, el cual, previa comprobación del mismo, generará al ordenante un mensaje de confirmación de la presentación y pago de la tasa.

Dicho mensaje de confirmación permitirá al ordenante imprimir el modelo de declaración, el cual (junto con el NRC) justificará la presentación de la declaración y la realización del pago de la tasa.

Los registros correspondientes al formulario a rellenar por el ordenante, los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la orden de cargo en cuenta y la comunicación del NRC por la Entidad colaboradora se recogen en el anexo II.

Quinto. Procedimiento para el pago telemático mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas abiertas en Entidades colaboradoras.

1. Autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración.-El procedimiento se ajustará al recogido en el apartado cuarto.1, con las siguientes salvedades, todas ellas relacionadas con el epígrafe c):

a) En lugar de seleccionar la opción de pago mediante cargo en cuenta, el ordenante deberá elegir la de pago mediante tarjeta.

b) En el formulario a rellenar por el ordenante, en lugar de cumplimentarse los datos relativos al código cuenta cliente, se deberán consignar los datos correspondientes al número de tarjeta de crédito o débito que va a utilizarse para realizar el pago, así como a la fecha de caducidad de dicha tarjeta.

En todo caso, la tarjeta de crédito o débito utilizada para la realización del pago deberá ser de titularidad del ordenante.

Los registros correspondientes al formulario a cumplimentar por el ordenante, los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la orden de pago mediante tarjeta y la comunicación del NRC por la Entidad colaboradora se recogen en el anexo III y anexo III bis, según se trate de autoliquidaciones o de liquidaciones practicadas por la Administración.

2. Tasas.-El procedimiento será idéntico al que establece el apartado cuarto.2, con las siguientes excepciones:

a) En lugar de seleccionar la opción de pago mediante cargo en cuenta, el ordenante deberá elegir la de pago mediante tarjeta.

b) En el formulario que debe rellenar el ordenante, en lugar de consignar los datos relativos al código cuenta cliente, deberá cumplimentar los correspondientes al número de tarjeta de crédito o de débito que va a utilizar para efectuar el pago, así como a la fecha de caducidad de dicha tarjeta.

En todo caso, la tarjeta de crédito o débito utilizada para la realización del pago deberá ser de titularidad del ordenante.

Los registros correspondientes al formulario a cumplimentar por el ordenante, los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la orden de pago mediante tarjeta y la comunicación del NRC por la Entidad colaboradora se encuentran recogidos en el anexo IV.

Sexto. Comprobación de operaciones.-

La Agencia Estatal de Administración Tributaria permitirá que el ordenante, aportando los mismos datos que utilizó en la solicitud de cargo, consulte el resultado de la operación.

La comprobación del resultado de la operación seguirá los procedimientos descritos en los apartados cuarto y quinto de la presente Resolución.

La respuesta a la solicitud de comprobación será el mismo mensaje de confirmación con el NRC obtenido o, en su defecto, la indicación de que no consta el cargo consultado o bien que éste hubiera sido anulado.

Séptimo. Responsabilidad.-

En aquellos casos en los que, en los términos y condiciones previstos en la presente Resolución, el pago sea realizado telemáticamente mediante cargo en cuenta y la orden de pago sea efectuada por una persona distinta del obligado al pago, será responsabilidad exclusiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria comprobar que el ordenante se encuentra expresamente apoderado por el obligado para la realización de la operación, que dicho apoderamiento se encuentra en ese momento vigente e inscrito en el Registro de Apoderamientos que se cita en el apartado segundo.1.b).

La Agencia Estatal de Administración Tributaria no será responsable de la falta de respuesta por parte de la Entidad colaboradora ni de los motivos de rechazo que ésta indicara.

Del mismo modo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria tampoco asumirá responsabilidad por la admisión de la orden de pago por la Entidad colaboradora. En particular, en aquellos casos en los que la Entidad lleve a cabo el cargo en una cuenta cuya titularidad no corresponda al ordenante de la operación o, en los casos de apoderamiento por el obligado al ordenante, cuando dicha Entidad realice el cargo en una cuenta diferente de la enviada a su servidor.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria tampoco responderá de aquellos casos en los que el pago se efectúe mediante tarjetas de crédito o débito cuya titularidad no corresponda al ordenante.

Los formularios que, de acuerdo con los procedimientos previstos en la presente Resolución, sean remitidos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmados digitalmente con los datos de creación de firma asociados a los correspondientes certificados de usuario, serán conservados por ésta de forma íntegra y segura.

Octavo. Órgano responsable del sistema.-

Corresponde al Departamento de Informática Tributaria la programación y supervisión del sistema de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para prestar la asistencia prevista en esta Resolución.

Noveno. Conceptos y definiciones.

1. Los conceptos y definiciones a que se refiere esta Resolución son los recogidos en el anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No obstante lo anterior, los ordenantes de los ingresos podrán utilizar tanto el certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a que se refiere el punto 6 del anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000, como cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos previstos en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de hipertexto utilizado para enviar las páginas web.

3. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure): Variación del HTTP que proporciona seguridad SSL para transacciones en línea a través de Worl Wide Web (www).

4. Código cifrado de operación: Código de autentificación de mensajes (MAC), generado en función de los datos correspondientes a las primeras 128 primeras posiciones del punto 2 de los anexos I, I bis y las 120 primeras posiciones del punto 2 de los anexos II, III, III bis y IV de esta Resolución, conforme a las normas técnicas recogidas en el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones-liquidaciones mensuales de grandes empresas correspondientes a los códigos 111, 320 y 332, si bien el resultado de aplicar el algoritmo DES (Data Encryption Estándar), según la norma del Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (ANSI X9.9-1), es el doble del ahí especificado para la generación de los caracteres de control del NRC.

Décimo. Adhesiones anteriores.-

Se considerarán automáticamente adheridas al procedimiento regulado en la presente Resolución todas las Entidades que lo estaban a los procedimientos establecidos en la Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito y en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General de Estado y sus Organismos Públicos, en los mismos términos y con el mismo alcance con que dichas adhesiones se produjeron en su día.

Undécimo. Aplicabilidad y disposición derogatoria.-

La presente Resolución será aplicable a partir del 1 de julio de 2009, quedando sin efecto desde esa fecha la Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

No obstante, la aplicación del pago mediante cargo en cuenta a través de personas apoderadas a que se refiere el apartado segundo.1.b) quedará condicionada a que cada una de las Entidades colaboradoras adheridas al procedimiento remitan comunicación al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que manifiesten expresamente haber adaptado sus sistemas para llevar a cabo correctamente este tipo de operaciones.

Dicha comunicación deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2009. Si transcurrida esta fecha alguna Entidad no hubiera confirmado la adaptación de sus sistemas, el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar su exclusión de los procedimientos establecidos en la presente Resolución.

Duodécimo. Sustitución del Anexo I de la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.-

El anexo I de la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet queda sustituido por el anexo VI de la presente Resolución.

Madrid, 3 de junio de 2009.-El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo.

ANEXO I.- Pago de autoliquidaciones (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

Pos. = Posición.

N = Numérico.

Long. = Longitud.

An = Alfanumérico.

2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

El MAC de 8 será generado a partir de los datos de las 128 primeras posiciones y constituye el Código Cifrado de Operación.

Los importes se expresarán en céntimos de euro.

3. Registro de orden de cargo

Mediante acuerdo entre la A.E.A.T. y la Entidad colaboradora interesada los datos de los campos 4 en adelante podrán ser transmitidos con un cifrado adicional al realizado por SSL.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

ANEXO I bis.- Pago de liquidaciones practicadas por la Administración (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 128 primeras posiciones.

3. Registro de orden de cargo

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 en adelante se transmitan cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema de este cifrado se acordará entre la Entidad y la A.E.A.T.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora