EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN  EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en  particular, su artículo 87, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),

Considerando lo siguiente:

(1) La mejora de la seguridad vial constituye uno de los objetivos centrales de la política de transportes de la Unión. La Unión sigue una política de mejora de la seguridad vial con el fin de reducir el número de muertos, heridos y daños materiales. Un elemento importante de esa política es la aplicación coherente de las sanciones por las infracciones de tráfico cometidas en la Unión, que ponen en peligro de forma considerable la seguridad vial.

(2) Sin embargo, debido a la falta de procedimientos adecuados, y no obstante las posibilidades que ofrecen la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (2) y la Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI (3) («las Decisiones Prüm»), las sanciones pecuniarias impuestas por determinadas infracciones de tráfico no suelen aplicarse si dichas infracciones se cometen con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que se cometió la infracción. La presente Directiva tiene por objetivo garantizar que incluso en tales casos se garantice la eficacia de la investigación de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

(3) En su Comunicación de 20 de julio de 2010, titulada «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020», la Comisión destacaba que el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para establecer las condiciones encaminadas a conseguir una reducción considerable del número de fallecidos y heridos. El Consejo, en sus conclusiones de 2 de diciembre de 2010 sobre la seguridad vial, pidió asimismo que se examinara la conveniencia de que los Estados miembros reforzaran aún más el cumplimiento de las normas de tráfico y, si procede, a escala de la Unión. El Consejo pidió a la Comisión que examinase la posibilidad de armonizar, en su caso, las normas de tráfico en la Unión. En el futuro, la Comisión debe evaluar, por tanto, la necesidad de proponer otras medidas para facilitar la ejecución transfronteriza en relación con las infracciones de tráfico, en particular las relativas a accidentes de tráfico graves.

(4) Conviene fomentar asimismo una mayor convergencia de las medidas de control entre los Estados miembros y que la Comisión examine, a este respecto, la necesidad de elaborar normas comunes para el equipamiento automático destinado a los controles de seguridad vial.

(5) Conviene sensibilizar más a los ciudadanos de la Unión sobre las normas de seguridad vial vigentes en los distintos Estados miembros y sobre la aplicación de la presente Directiva, en particular mediante medidas adecuadas que aseguren que se ofrece suficiente información sobre las consecuencias de no respetar las normas de seguridad vial cuando se circula por un Estado miembro diferente del Estado miembro de matriculación.

(6) Para mejorar la seguridad vial en toda la Unión y garantizar el mismo trato a los conductores infractores, tanto residentes como no residentes, debe facilitarse la aplicación de la normativa con independencia del Estado miembro de matriculación del vehículo. Para ello, debe instaurarse un sistema de intercambio transfronterizo de información para determinados tipos de infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, con independencia de su carácter administrativo o penal con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate, que dé acceso al Estado miembro de la infracción a los datos de matriculación de vehículos del Estado miembro de matriculación.

(7) Un intercambio transfronterizo más eficiente de datos de matriculación de vehículos que facilite la identificación de los sospechosos de haber cometido una infracción de tráfico en materia de seguridad vial puede contribuir a potenciar efecto disuasorio y a inducir un comportamiento más prudente de la parte del conductor de un vehículo registrado en un Estado miembro que no sea el Estado de la infracción, evitando así la mortalidad por accidentes de tráfico.

(8) Las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en la presente Directiva no reciben un trato homogéneo en los Estados miembros. En algunos Estados miembros, dichas infracciones se tipifican como infracciones «administrativas» en virtud del Derecho nacional, mientras que en otros como infracciones «penales». La presente Directiva debe aplicarse con independencia de la tipificación de dichas infracciones con arreglo al Derecho nacional.

(9) En el marco de las Decisiones Prüm, los Estados miembros se conceden recíprocamente el derecho de acceso a sus datos de matriculación de vehículos con el fin de mejorar el intercambio de información y de acelerar los procedimientos vigentes. La presente Directiva debe incluir, en la medida de lo posible, las disposiciones sobre especificaciones técnicas y sobre la disponibilidad de un intercambio automático de datos establecidas en las Decisiones Prüm.

(10) Las aplicaciones informáticas existentes deben constituir la base para el intercambio de datos con arreglo a la presente Directiva y, al mismo tiempo, facilitar la transmisión de informes de los Estados miembros a la Comisión. Tales aplicaciones deben establecer el intercambio rápido, seguro y confidencial entre los Estados miembros de determinados datos de matriculación de los vehículos. Debe aprovecharse la aplicación informática del Sistema Europeo de Información sobre Vehículos y Permisos de Conducción (Eucaris), que es obligatoria para los Estados miembros en virtud de las Decisiones Prüm, por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos. La Comisión debe informar sobre la evaluación del funcionamiento de las aplicaciones informáticas utilizadas a efectos de la presente Directiva.

(11) El uso de las aplicaciones informáticas mencionadas debe limitarse a los procedimientos utilizados para el intercambio de información entre los puntos de contacto nacionales de los Estados miembros. Los procedimientos y los procesos automatizados en que vaya a usarse la información quedan al margen del ámbito de tales aplicaciones.

(12) La Estrategia de gestión de la información para la seguridad interior de la UE tiene por objeto hallar las soluciones más sencillas, fáciles de seguir y rentables para el intercambio de datos.

(13) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ponerse en contacto con el propietario, el titular del vehículo o cualquier otra persona identificada como presunto autor de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial, para informarle de los procedimientos aplicables y de las consecuencias jurídicas de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de la infracción. Al hacerlo, los Estados miembros deben contemplar la posibilidad de enviar la información sobre infracciones en materia de seguridad vial en la lengua del documento de matriculación del vehículo o en la lengua que con mayor probabilidad pueda comprender la persona de que se trate, a fin de garantizar que entiende bien la información que se le comunica. Los Estados miembros deben aplicar los procedimientos adecuados para garantizar que se informa únicamente a la persona interesada y no a un tercero. A tal efecto, los Estados miembros deben emplear modalidades similares a las adoptadas cuando efectúan el seguimiento de tales infracciones, incluidas, cuando proceda, medios tales como envíos certificados. Ello permitirá que dicha persona reaccione ante esa información de un modo adecuado, concretamente solicitando información adicional, pagando la multa o ejerciendo sus derechos a la defensa, especialmente en caso de error en la identidad. Las actuaciones ulteriores se regulan en los instrumentos jurídicos aplicables, incluidos los instrumentos relativos a asistencia y reconocimiento mutuos, por ejemplo la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (4).

(14) Los Estados miembros deben contemplar la posibilidad de proporcionar una traducción equivalente por lo que respecta a la carta de información enviada por el Estado miembro de la infracción, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (5).

(15) Con el fin de aplicar una política de seguridad vial encaminada a conseguir un alto nivel de protección de todos los usuarios de la red viaria de la Unión, y teniendo en cuenta la amplia diversidad de circunstancias existentes en la Unión, los Estados miembros deben actuar, sin perjuicio de otras políticas y legislaciones más rigurosas, para garantizar una mayor convergencia de las normas de tráfico y su aplicación entre Estados miembros. En el marco de su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva, la Comisión debe examinar la necesidad de elaborar normas comunes con el fin de establecer métodos, prácticas y normas mínimas comparables a escala de la Unión, teniendo en cuenta la cooperación internacional y los acuerdos existentes en el ámbito de la seguridad vial, en particular la Convención de Viena sobre la circulación vial, de 8 de noviembre de 1968.

(16) En el marco de su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros, la Comisión debe examinar la necesidad de establecer criterios comunes para los procedimientos de seguimiento que deben aplicar los Estados miembros cuando no se abone el pago de una sanción pecuniaria, de conformidad con las normas y procedimientos de los Estados miembros. En este informe, la Comisión debe abordar asuntos tales como los procedimientos de transmisión, entre las autoridades competentes de los Estados miembros, de la resolución firme de imponer una sanción o sanción pecuniaria, así como el reconocimiento y ejecución de la resolución firme.

(17) En la preparación de la revisión de la presente Directiva, la Comisión debe consultar a todas las partes interesadas pertinentes, tales como las autoridades o los organismos encargados de la aplicación de la seguridad vial y su normativa, las asociaciones de víctimas y otras organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de la seguridad vial.

(18) El refuerzo de la cooperación entre autoridades encargadas del cumplimiento de la ley debe llevar aparejado el respeto de los derechos fundamentales, y en particular del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, garantizados mediante regímenes especiales de protección de datos que tengan particularmente en cuenta la naturaleza específica del acceso transfronterizo a bases de datos en red. Es necesario que las aplicaciones informáticas que se establezcan permitan que el intercambio de información se realice en condiciones seguras y garanticen la confidencialidad de los datos transmitidos. Los datos recogidos en virtud de la presente Directiva no deben utilizarse con fines distintos de los estipulados en la misma. Los Estados miembros deben cumplir las obligaciones relativas a las condiciones de utilización y conservación temporal de los datos.

(19) Dado que los datos relacionados con la identidad de un infractor son datos personales, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (6). Sin perjuicio de la observancia de los requisitos de procedimiento en caso de recurso y de los mecanismos correspondientes del Estado miembro de que se trate, los interesados deben ser informados oportunamente, al recibir la notificación de la infracción, de sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como del plazo legal máximo de conservación de dichos datos, y deben tener derecho a que se rectifiquen los datos personales incorrectos o a que se suprima sin demora cualquier dato que se haya registrado ilegalmente.

(20) Debe posibilitarse la participación de terceros países en el intercambio de datos de matriculación de vehículos, a condición de que hayan celebrado un acuerdo con la Unión en tal sentido. Dicho acuerdo debe incluir las necesarias disposiciones en materia de protección de datos.

(21) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en especial, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como se contempla en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

(22) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio de artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.

(23) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(24) A fin de alcanzar el objetivo del intercambio de información entre los Estados miembros por medios interoperables, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la toma en consideración de los cambios importantes en la Decisión 2008/615/JAI y la Decisión 2008/616/JAI o cuando así lo requieran actos jurídicos de la Unión directamente relacionados con la actualización del anexo I. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(25) Con arreglo al punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (7), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(26) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un elevado nivel de protección para todos los usuarios de la red viaria en la Unión, al facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial que se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en que se cometió la infracción, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(27) El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen tras ser consultado (8).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1.-Objeto

La presente Directiva tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección para todos los usuarios de la vía pública en la Unión, al facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y la consiguiente aplicación de sanciones, cuando dichas infracciones se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en que se cometió la infracción.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a las siguientes infracciones de tráfico en materia de seguridad vial:

a) exceso de velocidad;

b) no utilización del cinturón de seguridad;

c) no detención ante un semáforo en rojo;

d) conducción en estado de embriaguez;

e) conducción bajo los efectos de drogas;

f) no utilización del casco de protección;

g) circulación por un carril prohibido;

h) utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.

Artículo 3.- Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «vehículo»: todo vehículo de motor, incluidas las motocicletas, utilizado normalmente para el transporte de personas o bienes por carretera;

b) «Estado miembro de la infracción»: el Estado miembro en el que se cometió la infracción;

c) «Estado miembro de matriculación»: el Estado miembro en el que está matriculado el vehículo con el que se cometió la infracción;

d) «exceso de velocidad»: la superación de los límites de velocidad vigentes en el Estado miembro de la infracción para la carretera y el tipo de vehículo de que se trate;

e) «no utilización del cinturón de seguridad»: el incumplimiento de la obligación de usar el cinturón de seguridad o de utilizar un dispositivo de retención para niños con arreglo a la Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos (9) y al Derecho del Estado miembro de la infracción;

f) «no detención ante un semáforo en rojo»: la no detención ante un semáforo en rojo o cualquier otra señal de detención pertinente, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

g) «conducción en estado de embriaguez»: la conducción bajo los efectos del alcohol, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

h) «conducción bajo los efectos de drogas»: la conducción bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias con efectos similares, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

i) «no utilización del casco de protección»: la no utilización de un casco de protección, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

j) «circulación por un carril prohibido»: la utilización ilegal de una parte de la calzada, como el arcén, el carril reservado a los transportes públicos o un carril cerrado de manera temporal por motivos de congestión del tráfico o de obras públicas, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

k) «utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción»: la utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

l) «punto de contacto nacional»: la autoridad competente designada para el intercambio de datos de matriculación de vehículos;

m) «búsqueda automatizada»: un procedimiento de acceso en red para consultar las bases de datos de uno, varios o todos los Estados miembros o países participantes;

n) «titular del vehículo»: la persona a cuyo nombre está matriculado el vehículo, según la define el Derecho del Estado miembro de matriculación.

Artículo 4.- Procedimiento para el intercambio de datos entre Estados miembros

1. A los fines de la investigación de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en el artículo 2, los Estados miembros permitirán a los puntos de contacto nacionales de otros Estados miembros a que se refiere el apartado 3 del presente artículo acceder a los siguientes datos de matriculación de vehículos, con posibilidad de efectuar búsquedas automatizadas:

a) datos relativos a los vehículos, y

b) datos relativos a los propietarios o titulares del vehículo.

Los datos contemplados en las letras a) y b) que sean necesarios para llevar a cabo la búsqueda se atendrán a lo dispuesto en el anexo I.

2. Cualquier búsqueda en forma de solicitud saliente será efectuada por el punto de contacto nacional del Estado miembro de la infracción a partir de un número de matrícula completo.

Dichas búsquedas se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos descritos en el capítulo 3 del anexo de la Decisión 2008/616/JAI, salvo en lo referente al capítulo 3, punto 1, del anexo de la Decisión 2008/616/JAI, al que se aplicará el anexo I de la presente Directiva.

El Estado miembro de la infracción empleará, al amparo de la presente Directiva, los datos obtenidos para establecer quién es la persona responsable de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en los artículos 2 y 3.

3. A los fines del intercambio de los datos a que se refiere el apartado 1, cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional. Las competencias de los puntos de contacto nacionales se regirán por la normativa aplicable del Estado miembro de que se trate.

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que el intercambio de información se efectúe por medios electrónicos interoperables sin intercambio de datos con otras bases de datos. Los Estados miembros velarán por que el intercambio de información se lleve a cabo de manera rentable y segura, y garantizarán la seguridad y protección de los datos transmitidos, en la medida de lo posible a través de aplicaciones informáticas existentes, como la concebida específicamente a los fines del artículo 12 de la Decisión 2008/615/JAI y las versiones modificadas de dichas aplicaciones, de acuerdo con el anexo I de la presente Directiva y el capítulo 3, puntos 2 y 3, de la Decisión 2008/616/JAI. Las versiones modificadas de las aplicaciones informáticas ofrecerán tanto el modo de intercambio en línea en tiempo real como el modo de intercambio por lotes, que servirá para el intercambio de múltiples solicitudes o respuestas en un solo mensaje.

5. Cada Estado miembro asumirá sus costes derivados de la administración, utilización y mantenimiento de las aplicaciones informáticas a que se refiere el apartado 4.

Artículo 5.- Carta de información sobre la infracción de tráfico en materia de seguridad vial

1. El Estado miembro de la infracción decidirá si incoa o no procedimientos derivados de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en el artículo 2.

En caso de que el Estado miembro de la infracción decida incoar dichos procedimientos, informará debidamente, de conformidad con su legislación nacional, al propietario, al titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunta autora de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial.

Esta información incluirá, según proceda conforme a su legislación nacional, las consecuencias jurídicas de la infracción en el territorio del Estado miembro de la infracción con arreglo a su Derecho.

2. Al enviar la carta de información al propietario, al titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunto autor de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial, el Estado miembro de la infracción incluirá, con arreglo a su Derecho, toda información pertinente, en particular la naturaleza de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial a que se refiere el artículo 2, el lugar, la fecha y la hora en que se  cometió, el título de las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, así como la sanción y, si procede, los datos relativos al dispositivo empleado para detectar la infracción. A tal efecto, el Estado miembro de la infracción podrá utilizar la plantilla que figura en el anexo II.

3. En caso de que el Estado miembro de la infracción decida incoar procedimientos derivados de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial a que se refiere el artículo 2, el Estado miembro de la infracción, con vistas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, enviará la carta de información en la lengua del documento de matriculación, si se tiene acceso al mismo, o en una de las lenguas oficiales del Estado de matriculación.

Artículo 6.- Transmisión de informes de los Estados miembros a la Comisión

Los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe preliminar a más tardar el de 7 de noviembre de 2014. Asimismo, enviarán un informe completo a la Comisión a más tardar el de 6 de mayo de 2016 y cada dos años a partir de esa fecha.

En el informe completo se indicará el número de búsquedas automatizadas efectuadas por el Estado miembro de la infracción destinadas al punto de contacto del Estado miembro de matriculación, a raíz de infracciones cometidas en su territorio, junto con el tipo de infracciones para las que se presentaron solicitudes y el número de solicitudes fallidas.

El informe completo incluirá asimismo una descripción de la situación a nivel nacional respecto del seguimiento dado a las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, sobre la base de la proporción de tales infracciones que han dado lugar a cartas de información.

Artículo 7.- Protección de datos

1. Se aplicarán a los datos personales tratados en el marco de la presente Directiva las disposiciones sobre protección de datos establecidas en la Decisión Marco 2008/977/JAI.

2. En particular, cada Estado miembro velará por que, en un plazo adecuado, los datos personales tratados en virtud de la presente Directiva se rectifiquen cuando sean incorrectos, se supriman o se bloqueen si ya no se requieren, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Decisión Marco 2008/977/JAI, y por que se fije un plazo límite para la conservación de los datos de conformidad con el artículo 9 de dicha Decisión Marco.

Los Estados miembros velarán asimismo por que todos los datos personales tratados con arreglo a la presente Directiva se utilicen solo para los fines contemplados en el artículo 1, y por que los interesados tengan los derechos de información, de acceso, de rectificación, supresión y bloqueo, de compensación y a disponer de vías de recurso jurisdiccional iguales a los adoptados en la legislación nacional en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Se aplicarán asimismo a los datos personales tratados en el marco de la presente Directiva todas las disposiciones pertinentes sobre protección de datos establecidas en las Decisiones Prüm.

3. Toda persona interesada tendrá derecho a obtener información de cuáles son sus datos personales registrados en el Estado miembro de matriculación transmitidos al Estado miembro de la infracción, incluida la fecha de la solicitud y la autoridad competente del Estado miembro de la infracción.

Artículo 8.- Información a los usuarios de la red viaria de la Unión

1. La Comisión dará a conocer en su sitio web una síntesis, en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, de las normas vigentes en los Estados miembros en el ámbito regulado por la presente Directiva. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión la información relativa a tales normas.

2. Los Estados miembros ofrecerán a los usuarios de la red viaria la información necesaria sobre las normas aplicables en sus territorios y las medidas de desarrollo de la presente Directiva en colaboración, entre otras organizaciones, con los organismos de seguridad vial, las organizaciones no gubernamentales que operan en el ámbito de la seguridad vial y los clubes del automóvil.

Artículo 9.- Actos delegados

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10 en lo referente a la actualización del anexo I a la vista del progreso técnico, con el fin de tener en cuenta los cambios importantes en la Decisión 2008/615/JAI y la Decisión 2008/616/JAI o cuando así lo requieran actos jurídicos de la Unión directamente relacionados con la actualización del anexo I.

Artículo 10.- Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. La delegación de poderes mencionada en el artículo 9 se otorga a la Comisión por un período de cinco años a partir del de 6 de noviembre de 2011. La Comisión elaborará un informe sobre esa delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 9 podrá ser revocada, en cualquier momento, por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 11.- Revisión de la Directiva

A más tardar el de 7 de noviembre de 2016, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros. En su informe la Comisión se centrará, en particular, en los siguientes aspectos y presentará, si procede, propuestas para abordarlos:

– una valoración sobre si conviene añadir otras infracciones de tráfico en materia de seguridad vial al ámbito de la presente Directiva,

– una valoración de la eficacia de la presente Directiva en la reducción del número de víctimas mortales en las carreteras de la Unión, en particular si la eficacia de la presente Directiva se ve afectada por su ámbito territorial,

– una evaluación de la necesidad de elaborar normas comunes relativas al equipamiento automático de control y a los procedimientos. Se pide a la Comisión, en este contexto, que elabore a escala de la Unión directrices de seguridad vial en el marco de la política común de transporte para asegurar una mayor convergencia en la aplicación de las normas de tráfico en materia de seguridad vial por parte de los Estados miembros mediante métodos y prácticas comparables. Dichas directrices deberán cubrir al menos las infracciones por no respetar límites de velocidad, conducir en estado de embriaguez, no hacer uso del cinturón de seguridad y no detenerse ante un semáforo en rojo,

– una valoración de la necesidad de reforzar la ejecución de sanciones contra las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y proponer criterios comunes relativos a los procedimientos de seguimiento en caso de impago de una sanción pecuniaria, en el marco de todas las políticas pertinentes de la Unión, incluida la política común de transporte,

– las posibilidades de armonizar las normas de tráfico cuando proceda,

– una valoración de las aplicaciones informáticas mencionadas en el artículo 4, apartado 4, con vistas a asegurar una aplicación adecuada de la presente Directiva y a garantizar un intercambio efectivo, rápido, seguro y confidencial de determinados datos de matriculación de los vehículos.

Artículo 12.- Incorporación al Derecho nacional

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el de 7 de noviembre de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones principales de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 13.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el 25 de octubre de 2011.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. BUZEK

Por el Consejo

El Presidente

M. DOWGIELEWICZ

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(1) Posición del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2008 (DO C 45 E de 23.2.2010, p. 149) y Posición del Consejo en primera lectura de 17 de marzo de 2011 (DO C 136 E de 6.5.2011, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2011 y Decisión del Consejo de 29 de septiembre de 2011.

(2) DO L 210 de 6.8.2008, p. 1.

(3) DO L 210 de 6.8.2008, p. 12.

(4) DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.

(5) DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.

(6) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

(7) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

(8) DO C 310 de 5.12.2008, p. 9. 

(9) DO L 373 de 31.12.1991, p. 26.

Määrus kehtestatakse «Avaliku teabe seaduse» §　43⁹　lõike　1 punkti　3 alusel.

1. peatükk.- ÜLDSÄTTED　

§ 1.　Reguleerimisala

Määrus sätestab aadressiandmete süsteemi, sealhulgas koha-aadresside määramise ja esitamise, aadressiandmete töötlemise ja aadressiteenuste osutamise ühtsed põhimõtted.

§ 2.　Aadressiandmete süsteem

(1) Aadressiandmete süsteemi (edaspidi ADS) eesmärk on tagada aadressiobjektide ühene identifitseerimine nii nende asukohas kui ka erinevates andmekogudes ning muuta võrreldavaks erineval ajal ja eri põhimõtetel esitatud koha-aadressid. Ühtlasi on ADS-i ülesandeks tagada ka koha-aadresside määramise ja aadressiandmete töötlemise funktsioonide ühetaoline korraldus.

(2) Aadressiandmete süsteem on andmekogude pidamist kindlustav süsteem, mis koosneb kesksest tehnoloogilisest lahendusest (edaspidi ADS-i haldussüsteem) koos selle juurde kuuluvate liidestega aadressiandmete töötlemiseks ja aadressiteenuste osutamiseks, aadressiandmeid töötlevatest andmekogudest ning aadressikujule, koha-aadressi määramisele, aadressiandmete vastutavatele töötlejatele, ADS-i haldussüsteemi vastutavale töötlejale, aadressiteenustele ja aadresside töötlemisele esitatavatest nõuetest.

2. peatükk.- AADRESSIANDMED JA KOHA-AADRESSI MÄÄRAMINE NING ESITAMINE　

§ 3.　Aadressiandmed

(1) Aadressiandmed käesoleva määruse tähenduses on andmed, mille abil kirjeldatakse ning määratakse aadressiobjekti asukoht.

(2) Aadress on objekti asukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis.

(3) Aadressiobjekt on maaga seotud objekt (näiteks haldusüksus, tänav, hoone, rajatis, maaüksus, kaitsealune objekt, maardla jne), millele on määratud aadress. Aadressiobjekt ei saa oma asukohta muuta ning tema aadress võib muutuda vaid siis, kui toimuvad aadressisüsteemi ümberkorraldused (näiteks haldus- ja asustusjaotuse muudatused, tänavate ümbernimetamine, aadressiobjekti piiride või kuju muutumine jms).

(4) Unikaalaadress on koha-aadress, mille tekstilis-numbriline kuju on unikaalne samaliigiliste unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide lõikes. Mitmel sama liiki unikaalaadressi nõudval aadressiobjektil ei või olla sama koha-aadress.

(5) Unikaalaadressi nõudvad aadressiobjektid on haldus- ja asustusüksused, aadressikohad, elamud, eluruume sisaldavad hooned, juriidiliste isikute asukohahooned, postisüsteemi kuuluvad hooned ja eelnimetatud hoonete adresseeritavad osad, tiheasustuses või detailplaneeringu kohustusega alal asuvad maaüksused, maaüksused, mille koha-aadress sisaldab liikluspinna nime või väikekoha nime.

(6) Mitteametlikud aadressiandmed on aadressiandmed, mida ei kasutata koha-aadressides ning mis ei osale aadresside normaliseerimises, kuid mida kasutatakse inimeste omavahelises suhtluses objekti asukoha leidmisel. Mitteametlikud aadressiandmed võivad olla seostatud üksikobjektiga (näiteks hoonega) või ka piirkonnaga (näiteks asum, mida ei ole Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaatorisse kantud).

(7) Normaliseeritud aadress on ADS-i haldussüsteemi poolt standardiseeritud aadress, mis vastab §-des 5–11 toodud nõuetele.

(8) Ruumiaadress on aadressiobjekti arvutuslik (analüütiline) aadress, mis saadakse aadressiobjekti ruumikujude ja haldus- ning asustusüksuste ruumikujude analüüsimisel. Ruumiaadress koosneb haldus- ning asustusüksuste nimedest koos liigisõnadega ning vastavatest ruumilise osakaalu protsentidest 0,01% täpsusega.

(9) Aadressiandmete muudatussündmus on lõikes 10 loetletud aadressiobjekti andmete sisestamine, muutmine või kustutamine aadressiandmete vastutava töötleja poolt peetavas aadressiobjektide andmeid töötlevas andmekogus (edaspidi aadressiobjekti andmeid töötlev andmekogu).

(10) Aadressiandmete muudatussündmusest peab aadressiandmete vastutav töötleja teavitama ADS-i haldussüsteemi vastutavat töötlejat ning edastama talle aadressiobjekti kohta järgmised andmed:
1) kohanimi või koha-aadress normaliseeritud kujul või kui koha-aadress ei ole normaliseeritud, siis koha-aadress normaliseerimata kujul;
2) aadressiobjekti liik (vastavalt ADS-i haldussüsteemis hallatavale aadressiobjekti liikide klassifikaatorile);
3) aadressipunkti x- ja y-koordinaadid;
4) ruumikuju andmed (kui ruumikuju on olemas);
5) aadressiobjekti unikaalne tehniline identifikaator objekti andmeid töötlevas andmekogus;
6) aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaeg;
7) kohanime või koha-aadressi määramise või kehtetuks tunnistamise õiguslik alus ja õigusliku aluse vastuvõtmise kuupäev;
8) aadressiobjekti andmete kehtivuse algus ja andmete kehtetuks tunnistamise korral kehtivuse lõpu kuupäev;
9) esitajakood.

(11) Aadressiandmed on avalikud, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.　Aadressikoht

(1) Aadressikoht on:
1) tee «Teeseaduse» § 2 tähenduses (näiteks tänav, allee, põik, väljak, plats jne) (edaspidi liikluspind), mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Aadressikoha nime võib määrata ka tee lõigule;
2) asustusüksusest väiksem aadressiobjekt (näiteks paik, kant, piirkond, aiandusühistu, suvilaühistu, garaažiühistu jne) (edaspidi väikekoht), mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Väikekohas asuv tee võib olla kasutuses aadressikohana (ehk liikluspinnana).

(2) Liikluspinna kohanimi peab sisaldama liigisõna (näiteks tänav, tee, allee, põik, väljak, plats jne). Väikekoha kohanimes võib liigisõna (näiteks paik, kant, piirkond, külaosa, aiandusühistu, suvilaühistu, garaažiühistu) puududa.

(3) Aadressikohale määratakse kohanimi «Kohanimeseaduses» sätestatu kohaselt. Aadressikohale kohanime määraja on kohalik omavalitsus, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 5.　Koha-aadress

(1) Koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest lähtuv aadressiobjekti tekstilis-numbriline kirje või tunnus. Ühele objektile võib määrata mitu koha-aadressi. Ühele objektile määratud koha-aadressid on paralleelaadressid. Paralleelaadressid on võrdsed.

(2) Koha-aadressi komponendid on:
1) maakonna nimi;
2) omavalitsusüksuse (vald, omavalitsuslik linn) nimi;
3) asustusüksuse (alev, alevik, küla, vallasisene linn, vallasisene alev) või linnaosa nimi;
4) lähiaadress.

(3) Koha-aadressi komponentides ei esitata osavalda ega asumit.

(4) Lähiaadress on koha-aadressi osa. Lähiaadress koosneb väikekoha olemasolul selle nimest koos liigisõnaga, aadressiobjekti nimest või liikluspinna nimest, liikluspinna liigisõnast ja erilisandist. Lähiaadress ei või koosneda ainult erilisandist.

(5) Erilisand on lähiaadressi osa, mis koosneb aadressinumbrist (numberlisand) ning vajadusel sellele lisatavast tähest (tähtlisand). Erilisandis on lubatud numbrite ja tähtede eraldajana kasutada kaldkriipsu ja sidekriipsu.

§ 6.　Maaüksuse koha-aadress

(1) Maaüksuse koha-aadress koosneb § 5 lõikes 2 loetletud komponentidest.

(2) Kui maaüksus asub mitmes asustusüksuses, siis määratakse neist koha-aadressis ainult üks. Koha-aadressi määratavaks asustusüksuseks valitakse kas maaüksusel asuva ehitise (või muu aadressiobjekti) asukohajärgne asustusüksus või asustusüksus, kus asub kõige suurem osa selle maaüksuse territooriumist. Käesolevas lõikes sätestatu kehtib ka siis, kui maaüksus asub mitmes linnaosas või riiklikus kohanimeregistris aadressikohana registreeritud väikekohas.

(3) Maaüksuse lähiaadressi komponendid on:
1) maaüksuse nimi;
2) liikluspinna nimi koos liikluspinna liigisõnaga, millele lisatakse krundinumber;
3) väikekoha olemasolul väikekoha nimi koos väikekoha liigisõnaga, millele lisatakse krundinumber;
4) kui väikekoht sisaldab liikluspinda, siis väikekoha nimi koos liigisõnaga ja liikluspinna nimi koos liigisõnaga, millele lisatakse krundinumber.

(4) Maaüksuse nimi peab olema omastavas käändes (näiteks Niidu, Ülase, Kuke talu), välja arvatud maatüki või sellel paikneva objekti liiki märkiv liigisõna (näiteks alajaam, sadam, mets, park, tänav vms).

(5) Maaüksuse nimi ei või sisaldada liikluspinna liigisõna lühendit. Maaüksuse nime kuju peab olema selgelt eristuv lõike 3 punktide 2 ja 4 kohaselt määratavast lähiaadressist.

(6) Liikluspinna teenindamiseks moodustatavale maaüksusele määratakse nimi, mis peab sisaldama liikluspinna kohanime täiskujul. Väikekohas asuva liikluspinna teenindamiseks moodustatavale maaüksusele määratakse nimi, mis peab sisaldama väikekoha kohanime täiskujul ja liikluspinna kohanime täiskujul. Vajadusel võib liikluspinna teenindamiseks moodustatava maaüksuse nimi sisaldada erilisandeid. Väikekoha nimele ega liikluspinna liigisõnale ei või vahetult järgneda numbrit.

(7) Aadressikoha nime ja liigisõna ning krundinumbri vahele jäetakse üks tühik (näiteks Tamme tee 2, Pikk tn 10, Porgandi AÜ 28).

(8) Tähtlisandite kasutamisel maaüksuse lähiaadressis lähtutakse § 11 lõigetes 8 ja 9 toodud nõuetest.

(9) Kui maaüksusel asub ainult üks paarismaja, ridaelamu, kärgelamu, vaipelamu, ridagaraaži boks või muu hoone osa ning kui hoonet on ehitustehniliselt võimalik osadeks jagada, võib krundinumbrile lisada ka vastava hooneosa või hooneosa boksinumbri analoogselt § 7 lõikes 4 toodud nõuetele (näiteks Krookuse tn 2/4, Krookuse tn 2/5, Krookuse tn 2/6), samuti võib maaüksused ja neil asuvad hooneosad adresseerida lõike 3 punktide 2 kuni 4 kohaselt.

(10) Maaüksuse koha-aadressis ei esitata korterinumbreid ega teisi hooneosade koha-aadressi erilisandeid.

§ 7.　Hoone koha-aadress

(1) Hoone koha-aadress koosneb maaüksuse koha-aadressi komponentidest (§ 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 3 nimetatud andmed) ja hoone eristamiseks vajalikest erilisanditest. Tähtlisandid määratakse § 11 lõigetes 8 ja 9 toodud nõuete kohaselt.

(2) Kui maaüksusel asuvad ainult unikaalaadressi mittenõudvad hooned või kui maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hoone, siis moodustub kõikide sellel maaüksusel asuvate hoonete koha-aadress ainult vastava maaüksuse koha-aadressi komponentidest (§ 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 3 nimetatud andmed) ja sellele ei lisata erilisandeid.

(3) Kui maaüksusel on lähiaadress mitme liikluspinna järgi, siis üldjuhul määratakse sellel maaüksusel asuva hoone lähiaadress ainult ühe (peasissekäigu poolse) liikluspinna järgi. Kui hoonele määratakse lähiaadressid mitme liikluspinna järgi, siis peavad kõik hoone lähiaadressid sisalduma ka maaüksuse koha-aadressis.

(4) Kui maaüksusel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, siis moodustub hoone koha-aadress vastava maaüksuse koha-aadressi komponentidest (§ 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 3 nimetatud andmed) ja erilisandist, milleks on hoone järjekorranumber ning vajaduse korral sellele järgnev täht, kusjuures majanumbri ja erilisandiks oleva numbri vahel on tühikuteta kaldkriips (näide 1: maaüksusel lähiaadressiga Pargi tn 3 asub kolm hoonet Pargi tn 3/1, Pargi tn 3/2, Pargi tn 3/3; näide 2: maaüksusel lähiaadressiga Tööstuse tn 10 asub 5 hoonet: Tööstuse tn 10/a, Tööstuse tn 10/b, Tööstuse tn 10/c, Tööstuse tn 10/d, Tööstuse tn 10/e). Edaspidi määratavate hoone koha-aadresside puhul on soovitatav ühel maaüksusel asuvate hoonete eristamiseks tähtlisandeid vältida.

(5) Kui maaüksuse koha-aadress koosneb mitmest paralleelaadressist, on lubatud ka mitme hoone korral kasutada erinevaid lähiaadresse (näiteks kui maaüksuse lähiaadress on Suvila tn 10 // Lehtpuu tn 16 ning sellel maaüksusel asub kaks unikaalaadressi nõudvat hoonet, siis võib ühe hoone lähiaadressina kasutada Suvila tn 10, teise hoone lähiaadressina Lehtpuu tn 16).

(6) Hoone koha-aadressis ei esitata korterinumbreid ega teisi hooneosade lähiaadressi erilisandeid.

§ 8.　Korteri ja muu hooneosa koha-aadress

(1) Korteri ja muu hooneosa koha-aadress koosneb maaüksuse ja hoone koha-aadressi komponentidest (§ 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 3 ning § 7 lõikes 1 nimetatud andmed) ning hooneosa eristamiseks vajalikest erilisanditest. Käesoleva määruse jõustumisest alates ei või korterite ja teiste hooneosade määratavate koha-aadressi komponentide eristajana kasutada tähtlisandeid ega nimesid.

(2) Kui hoone koosneb ainult unikaalaadressi mittenõudvatest hooneosadest või kui hoones on ainult üks unikaalaadressi nõudev hooneosa, siis moodustub kõikide adresseerimist vajavate hooneosade koha-aadress ainult vastava hoone koha-aadressi komponentidest (§ 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 3 ning § 7 lõikes 1 nimetatud andmed) ja sellele ei lisata erilisandeid.

(3) Unikaalaadressi mittenõudvatele hooneosadele ei pea koha-aadressi määrama.

(4) Kui maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hooneosa ja samal maaüksusel ei asu teisi unikaalaadressi nõudvaid hooneid, siis määratakse selle hooneosa koha-aadress vastavalt § 6 lõikes 10 sätestatule.

(5) Kui hoones asuvad korterid või muud koha-aadressi vajavad ruumid (välja arvatud lõikes 4 käsitletud hooneosad), siis lisatakse nende number hoone numbrile ilma tühikuteta sidekriipsu järel (näiteks Kaasiku tn 3-65, Pae tee 87-9/2).

(6) Kui hoone koosneb ridaelamu, kärgelamu, vaipelamu, paarismaja, ridagaraaži või muu sellise ehitise boksidest, siis boksi number lisatakse hoone numbrile ilma tühikuteta kaldkriipsu järel (näiteks Tamme tn 3/10, Tamme tn 3/12). Kui hoone paikneb erinevatel maaüksustel, antakse maaüksusele koha-aadress vastavalt § 6 lõikes 9 sätestatule.

§ 9.　Koha-aadressi määramine ja esitamine

(1) Koha-aadressi määraja määrab haldus- ja asustusjaotuse ning aadressikohtade järgi maaüksuse koha-aadressi ja maaüksuse koha-aadressi järgi sellel maaüksusel asuva ehitise koha-aadressi. Kui maaüksus moodustatakse pärast ehitisele koha-aadressi määramist, määratakse maaüksuse koha-aadress ehitise koha-aadressi järgi.

(2) Koha-aadressi määraja tagab:
1) koha-aadresside määramise ja esitamise vastavalt §-des 5–11 toodud nõuetele;
2) koha-aadresside järjepidevuse;
3) maaüksuse koha-aadressi ja sellel asuva ehitise koha-aadressi kooskõla;
4) unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide koha-aadresside unikaalsuse;
5) ADS-i haldussüsteemi tuvastatud ebakorrektselt määratud koha-aadressi parandamise.

(3) Koha-aadressi komponendid esitatakse kas üldisemalt täpsema suunas või vastupidi. Paragrahvi 5 lõike 2 punktides 1–3 toodud komponendid tuleb esitada koos liigisõnaga.

(4) Unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide korral on lähiaadressi määramine kohustuslik.

(5) Hajaasustuses võib lähiaadressi jätta määramata, kui ei ole tegu unikaalaadressi nõudva objektiga.

(6) Koha-aadressi ja koha-aadressis sisalduvaid kohanimesid võib esitada nii täis- kui ka lühikujul. Nimede lühikujud peavad olema esitatud vastavalt §-s 11 toodud nõuetele.

(7) Lõikes 6 nimetatud kohanime täiskuju on koha-aadressis kasutatava kohanime ametlik kuju, mis ei sisalda lühendeid.

(8) Lõikes 6 nimetatud kohanime lühikuju on koha-aadressis kasutatava kohanime ametlik kuju, mis sisaldab lühendeid.

(9) Eesti haldus- ja asustusüksuste nimede esitamisel koha-aadressis on lubatud esitada vaid Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaatoris (edaspidi EHAK) esinevat nimekuju, mille lühendamine ei ole lubatud. Kõik Eesti haldus- ja asustusüksuste objektid kirjutatakse koos liigisõnaga (näiteks Mõisaküla linn, Kukulinna küla, Tsirguliina alevik, Kesklinna linnaosa). Rööpnimede kasutamisel tuleb lähtuda «Kohanimeseaduse» § 14 lõikes 3 sätestatust (näiteks Dirhami/Derhamni küla).

(10) Muude kohanimede esitamisel koha-aadressis on lubatud esitada üksnes ametlikku nimekuju vastavalt «Kohanimeseaduse» §-le 14.

§ 10.　Paralleelaadresside esitamine

(1) Paralleelaadresside olemasolul tuleb esitada kõik määratud koha-aadressid.

(2) Paralleelaadresside eraldajaks on topeltkaldkriips, mille ette ja taha jäetakse tühikud (näiteks: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kapteni tn 4 // Pärnu maakond, Pärnu linn, Sadama tn 5).

(3) Sama haldus- ja asustuskuuluvusega paralleelaadresside esitamisel võib jätta haldus- ja asustusüksused igal järgneval esitamisel välja kirjutamata, moodustades lähiaadressidest loetelu, kusjuures lähiaadresside eraldajana kasutatakse topeltkaldkriipsu, mille ette ja taha jäetakse tühikud (näiteks Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Mooni tn 2 // Lille tn 10).

(4) Sama tänavanimega paralleelaadresside esinemisel võib igal järgneval esinemisel jätta tänavanime välja kirjutamata, moodustades tänavanime järele numbriosadest loetelu, kusjuures numbriosade eraldajana kasutatakse topeltkaldkriipsu, mille ette ja taha jäetakse tühikud (näiteks Aia tn 1 // 3 // 5).

§ 11.　Isikunime, tähtlisandi, numbri, eraldaja ja lühendi kasutamine koha-aadressis

(1) Isiku järgi määratud aadressikoha nimes, milles esineb eesnimi, võib selle asendada initsiaalidega, kusjuures initsiaalide ja perekonnanime vahele pannakse punkt ning punkti ja järgneva nime vahele jäetakse tühik (näiteks A. Weizenbergi tänav, F. R. Faehlmanni pst, F. R. Kreutzwaldi põik, E. Särgava allee, E. Vilde tee), samuti kirjutatakse välja tiitel selle täiskujul (näiteks N. von Glehni tänav).

(2) Aadressikoha nimes kirjutatakse kõik sõnad suure algustähega, välja arvatud liigisõna (näiteks tänav, tee, põik, väljak jms), mis on väikese algustähega (näiteks Suur-Karja tänav, Väikese Illimari tänav, Pikk jalg, Vana turg, Vilu tee).

(3) Aadressikoha nimes, kus esineb sidekriipsuga hargtäiend ja nimetuum (näiteks Suur-Karja tänav, Hiiu-Maleva tänav), enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta ja kõik sõnad kirjutatakse suure algustähega, välja arvatud liigisõna, mis on väikese algustähega.

(4) Aadressikoha nimi ei või lõppeda numbriga (näiteks ei või aadressikoha nimi esineda järgmisel kujul: Sigula 7 AÜ, Paemurru 3. tn, Pargi 2. põik). Aadressikoha nimes kasutatakse araabia numbreid.

(5) Numbrilise liikluspinna nime puhul (näiteks 1. liin) jäetakse pärast punkti tühik ja liigisõna («liin») kirjutatakse väikese algustähega.

(6) Nummerdatud liikluspinna nime korral jäetakse pärast numbrit ja punkti tühik, seejärel kirjutatakse liikluspinna nimi suure algustähega ja liigisõna väikese algustähega (näiteks 3. Roheline tn, 2. Tartu põik).

(7) Aadressikoha nimes ei kasutata tähtlisandit.

(8) Koha-aadressis kasutatakse aadressinumbrina araabia numbreid, mille tähtlisandiks võib olla eesti-ladina tähestiku väiketäht (näiteks Tamme tn 28a, Tööstuse tn 10/b), mis järgneb numbrile või kaldkriipsule tühikuta.

(9) Koha-aadressis ei kasutata tähtlisanditena tähti i, l, o, š, ž, w, õ, ä, ö, ü.

(10) Koha-aadressi komponentide eraldajana kasutatakse koma, kui nad esitatakse ühes reas. Eraldi real esitades (näiteks ümbrikul, kirja päises vm) eraldusmärke ei kasutata.

(11) Koha-aadressis ei kasutata sümboleid, mida ei ole käesolevas määruses kirjeldatud (näiteks ei kasutata koolonit, ülakoma, võrdlusmärki või jutumärki).

(12) Üldjuhul kirjutatakse aadressikoha nimetuum ja liigisõna lahku (näiteks Pikk tänav). Erandlikult kirjutatakse tänavanimedes nimetuum ja liigisõna kokku siis, kui tuum on muutumatu sõna ja üksi iseseisva sõnakujuna ei esine (näiteks Kesktänav, Ringtee, Ringpuiestee, Umbtänav). Erandlikult kirjutatakse kokku ka haruldased liigisõnad (näiteks Tõnismägi, Olevimägi, Saiakang, Trepimägi, Suur Rannavärav, Väike Rannavärav). Nimetuumaga kokku kirjutatud liigisõna ei lühendata (näiteks Toompuiestee, Moora umbtänav).

(13) Kõik liikluspindade liigisõnad (näiteks tee, allee, põik, väljak, plats jne) kirjutatakse täielikult välja, erandiks on «maantee», «puiestee» ja «tänav», mille puhul on lubatud kasutada vastavaid punktita lühendeid väikeste tähtedega «mnt», «pst» ja «tn» (näiteks Kaskede pst, Pargi tn).

(14) Kõik väikekohtade liigisõnad kirjutatakse täielikult välja, erandiks on «aiandusühistu», «suvilaühistu», «garaažiühistu», mille puhul on lubatud kasutada vastavaid punktita lühendeid suurte tähtedega «AÜ», «SÜ», «GÜ».

3. peatükk.- AADRESSIANDMETE SÜSTEEMI PIDAMINE JA AADRESSITEENUSED　

§ 12.　ADS-i keskne tehnoloogiline lahendus

(1) ADS-i keskne tehnoloogiline lahendus on ADS-i haldussüsteem, mis sisaldab:
1) kõikide aadressiobjektide kohta järgmisi andmeid – kohanimesid, koha-aadresse, liike, aadressipunktide koordinaate, aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaegu, aadressiandmete õigusliku aluse infot, aadressiobjektide oleku infot, koha-aadressi oleku infot, ruumiaadresse, ruumikujusid ja ruumikujudega seotud metaandmeid, algset ehk peamist koopiat normaliseeritud koha-aadressidest ning mitteametlikke aadressiandmeid;
2) kõikide EHAK-i objektide ja aadressikohtade kohta järgmisi andmeid – kohanimesid, liike, ruumikujusid, aadressipunktide koordinaate ja ruumikujudega seotud metaandmeid.

(2) ADS-i haldussüsteemi abil on võimalik teostada aadressiandmete teisendamist. Aadressiandmete teisendamine on aadressiobjekti erinevatel ajavahemikel kehtinud kohanime või koha-aadressi väljastamine aadressiteenuste kaudu vastavalt § 15 lõike 2 punkti 1 alusel tekkivatele ning ADS-i haldussüsteemi poolt säilitatavatele seostele.

(3) Aadressiandmeid töötleva andmekogu ja infosüsteemi pidaja ning koha-aadressi määraja on kohustatud aadressiandmete määramiseks ja töötlemiseks kasutama ADS-i haldussüsteemi.

(4) ADS-i haldussüsteem määrab koha-aadressile unikaalse tehnilise identifikaatori (edaspidi ADR_ID). ADR_ID unikaalsuse tagamiseks võetakse järgarv ADS-i haldussüsteemi sekventsist.

(5) Aadressiobjektide ühene identifitseerimine tagatakse konkreetseid aadressiobjektide andmeid töötlevas andmekogus.

(6) Aadressiandmete muudatussündmust aadressiobjektide andmeid töötlevas andmekogus ei loeta ametlikuks enne, kui § 3 lõikes 10 loetletud andmed on ADS-i haldussüsteemi edastatud ning saadud ADS-i haldussüsteemist kinnitus muudatussündmuse kohta koos ADR_ID-ga.

(7) Aadressiandmeid töötlev avalikes huvides peetav andmekogu ja infosüsteem kasutavad ADS-i haldussüsteemis olevaid aadressiandmeid alusandmetena.

§ 13.　ADS-i haldussüsteemi vastutav töötleja

(1) ADS-i haldussüsteemi vastutav töötleja käesoleva määruse tähenduses on maakatastri volitatud töötleja.

(2) ADS-i haldussüsteemi vastutav töötleja:
1) tagab infosüsteemi toimimise ning pärast ADS-i käivitamise hetke üksnes korrektsete koha-aadresside esitamise võimaluse ADS-i haldussüsteemi;
2) registreerib ADS-i haldussüsteemi poolt osutatavad aadressiteenused riigi infosüsteemi haldussüsteemis;
3) avab kodanikele osutatavad aadressiteenused Kodanikuportaalis;
4) tagab EHAK-i objektide ja aadressikohtade kohanimede, liikide, aadressipunktide ruumikujude ja ruumikujudega seotud metaandmete hoidmise ja väljastamise;
5) tagab aadressiobjektide koha-aadresside, liikide, ruumiaadresside, ruumikujude, aadressipunktide ja ruumikujudega seotud metaandmete hoidmise ja koha-aadresside väljastamise normaliseeritud kujul;
6) peab aadressiobjektide liikide klassifikaatorit;
7) teostab aadressiandmete ja aadressiobjektide ruumiandmete analüüsitöid ning loob koha-aadresside ja aadressiobjektide vahel seosed;
8) toodab aadressiobjektide ruumiaadresse;
9) tuvastab ebakorrektselt määratud aadressid ning teavitab nendest vastavat aadressiandmete vastutavat töötlejat ja koha-aadressi määrajat;
10) tuvastab EHAK-i objektide ja aadressikohtade andmete muudatustest tulenevate koha-aadresside muudatuste vajadused ning teavitab nendest vastavat aadressiandmete vastutavat töötlejat ja koha-aadressi määrajat;
11) pakub koha-aadressi määrajale ja aadressiandmete vastutavale töötlejale suunatud aadressiteenuseid koha-aadresside määramiseks ja töötlemiseks ning koha-aadressi määrajale ja aadressiandmete töötlejale suunatud teenuseid aadressiandmete kasutamiseks;
12) tagab ADS-i haldussüsteemi käivitamise hetkest ajalooliste aadresside seoste kättesaadavuse.

(3) Kui koha-aadressi määraja või aadressiandmete töötleja eirab andmete esitamise või kasutamise reegleid, on ADS-i haldussüsteemi vastutaval töötlejal õigus sulgeda vastava kasutaja ligipääs ADS-i haldussüsteemile.

(4) Koha-aadresside lühendamise ADS-i haldussüsteemi poolt ja lühendatud kujul väljastamise teostab ADS-i haldussüsteemi vastutav töötleja.

§ 14.　Aadressiandmete töötleja

Aadressiandmete töötleja käesoleva määruse tähenduses on andmekogu vastutav või volitatud töötleja, kelle andmekogus toimub aadressiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, nende kohta päringute teostamine, nendest väljavõtete tegemine, aadressiandmete kasutamine, üleandmine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

§ 15.　Aadressiandmete vastutav töötleja

(1) Aadressiandmete vastutav töötleja käesoleva määruse tähenduses on aadressiobjektide andmeid töötleva andmekogu vastutav või volitatud töötleja.

(2) Aadressiandmete vastutav töötleja:
1) tagab aadresside järjepidevuse (tagab seoste tekkimise kehtivate ja ajalooliste aadresside vahel);
2) tagab aadressiandmete muudatussündmuste kättesaadavuse (s.t avab vajalikud aadressiteenused) ja järjepidevuse info kättesaadavuse läbi ADS-i haldussüsteemi teistele aadressiandmeid töötlevatele andmekogudele ja infosüsteemidele;
3) teostab ja korraldab aadressiandmete korrastustoiminguid vastavalt õigusaktides sätestatule ja §-des 5–11 toodud nõuetele kooskõlastatult koha-aadressi määrajaga;
4) teostab aadressiandmete kaasajastamise toiminguid, kui uuenevad EHAK-i objektide või aadressikohtade andmed, ning vajadusel teavitab koha-aadressi määrajat vastavatest toimingutest.

(3) Aadressiandmete vastutavateks töötlejateks on:
1) Maa-amet «Maakatastriseaduse» § 2 punkti 3 ja § 14¹ tähenduses defineeritud kaartidele kantavate objektide, millele õigusaktidest tulenevalt määratakse koha-aadresse, ning ADS-i haldussüsteemi osas;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehitiste osas;
3) Siseministeerium kohanimede osas;
4) Maanteeamet teede osas;
5) Muinsuskaitseamet kultuurimälestiste osas, mis ei ole ehitised;
6) Statistikaamet EHAK-i objektide koodide osas;
7) ADS-i haldussüsteemi vastutav töötleja mitteametlike aadressiandmete osas;
8) Veeteede Amet sadamate osas.

§ 16.　Aadressiteenused

(1) Aadressiteenus käesoleva määruse tähenduses on mis tahes aadressiandmetega seotud toiming, sealhulgas aadressiobjekti asukoha määramine, kindlas haldus- ja asustusüksuses aadressiobjekti leidmine, koha-aadressi sisestamine andmekogusse ja muutmine andmekogus vastavalt aadressiandmete vastutava töötleja poolt kehtestatud reeglitele.

(2) Andmekihi aadressiteenused realiseeritakse infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) teenusena.

(3) Koha-aadresside normaliseerimiseks töötab ADS-i haldussüsteemi vastutav töötleja välja X-tee normaliseerimisteenuse.

(4) Koha-aadresside normaliseerija käesoleva määruse tähenduses on koha-aadressi kontrolli tarkvaraline abivahend, mis lihtsustab koha-aadresside omavahelist seostamist, võimaldades korrigeerida õigekirjavigu, normeerida lühendeid, kontrollida, kas sisestatud koha-aadress on olemas ja kas ta vastab käesolevas määruses sätestatud koha-aadressi määramise ja esitamise reeglitele.

(5) Kasutaja põhjendatud nõudmise korral on X-tee haldaja kohustatud avama mitme andmekoguga seotud X-tee komplekspäringu.

(6) ADS-i haldussüsteemi osutatavad teenused on tasuta.

§ 17.　Aadressiteenuste kasutamine

(1) Aadressiteenuste kasutamise eelduseks on teenust kasutava asutuse andmekogu või infosüsteemi liidestamine X-teega, kodanike puhul kodaniku identifitseerimine Kodanikuportaalis.

(2) Teenust kasutava asutuse andmekogu või infosüsteem kasutab aadressiteenuseid vastavalt oma volitustele X-tee kaudu või laeb XML-formaadis esitatud aadressiandmed oma andmekogusse või infosüsteemi.

4. peatükk.- MÄÄRUSE RAKENDAMINE　

§ 18.　Rakendussätted

(1) Alates käesoleva määruse jõustumisest määratavad koha-aadressid peavad olema määratud kooskõlas §-dega 5–11.

(2) Riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude pidajad peavad oma infosüsteemid käesoleva määruse § 12 lõikega 3 vastavusse viima hiljemalt 1. jaanuariks 2009. a.

(3) Paragrahvi 15 lõikes 3 nimetatud aadressiandmete vastutavad töötlejad annavad ADS-i haldussüsteemi vastutavale töötlejale üle oma andmekogus olevad § 3 lõikes 10 loetletud aadressiandmed hiljemalt 1. jaanuariks 2009. a.

(4) Maakatastris registreeritud maaüksuste (katastriüksuste) koha-aadressid viiakse koha-aadressi määraja poolt vastavusse §-des 5–11 toodud nõuetega hiljemalt 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. Objektiivsete takistuste ilmnemisel võib seda tähtaega vastava ajakava esitamisel pikendada 24 kuuni alates käesoleva määruse jõustumisest.

(5) «Riiklikus ehitisregistris» registreeritud hoonete ja hooneosade koha-aadressid viiakse koha-aadressi määrajate poolt vastavusse §-des 5–11 toodud nõuetega 24 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. Objektiivsete takistuste ilmnemisel võib seda tähtaega vastava ajakava esitamisel pikendada 36 kuuni alates käesoleva määruse jõustumisest.

(6) ADS-i haldussüsteemi käivitamise hetkeks loetakse 1. jaanuari 2009. a kell 00:00.

(7) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

Do Not Call Register Act 2006

Act Nº 88 of 2006 as amended

Amendments: Act nº 8, 46, 103 of 2010. Act nº 169 of 2012.

Amendments up to Act No. 169 of 2012

An Act to establish a Do Not Call Register, and for other purposes

Part 1.-Introduction

1.- Short title

This Act may be cited as the Do Not Call Register Act 2006.

2.- Commencement

(1) Each provision of this Act specified in column 1 of the table commences, or is taken to have commenced, in accordance with column 2 of the table. Any other statement in column 2 has effect according to its terms.

(2) Column 3 of the table contains additional information that is not part of this Act. Information in this column may be added to or edited in any published version of this Act.

3.- Simplified outline

The following is a simplified outline of this Act:

* Unsolicited telemarketing calls must not be made to a number registered on the Do Not Call Register.

* Unsolicited marketing faxes must not be sent to a number registered on the Do Not Call Register.

* The main remedies for breaches of this Act are civil penalties and injunctions.

4.- Definitions

In this Act:

account includes:

(a) a free account; and

(b) a pre-paid account; and

(c) anything that may reasonably be regarded as the equivalent of an account.

ACMA means the Australian Communications and Media Authority.

acquire, when used in relation to goods or services, has the same meaning as in the Competition and Consumer Act 2010.

agency includes:

(a) an armed force; and

(b) a police force.

Australia, when used in a geographical sense, includes the eligible Territories.

Australian number means a number that is:

(a) specified in the numbering plan referred to in section 455 of the Telecommunications Act 1997; and

(b) for use in connection with the supply of carriage services to the public in Australia (within the meaning of that section).

authorise:

(a) when used in relation to the making of a telemarketing call-has a meaning affected by clause 6 of Schedule 1; or

(b) when used in relation to the sending of a marketing fax-has a meaning affected by clause 6 of Schedule 1A.

authorised officer means:

(a) the Chair of the ACMA; or

(b) a member of the staff of the ACMA appointed under clause 8 of Schedule 3.

business includes a venture or concern in trade or commerce, whether or not conducted on a regular, repetitive or continuous basis.

business number means an Australian number other than a number that is used, or maintained, exclusively or primarily for private or domestic purposes.

candidate means a person who has been nominated as a candidate under:

(a) the Commonwealth Electoral Act 1918; or

(b) a law of a State or Territory that deals with electoral matters.

carriage service has the same meaning as in the Telecommunications Act 1997.

cause:

(a) when used in relation to the making of a telemarketing call-has a meaning affected by subsection 11(9); or

(b) when used in relation to the sending of a marketing fax-has a meaning affected by subsection 12B(10).

civil contravention means a contravention of a civil penalty provision.

civil penalty order means an order under subsection 24(1).

civil penalty provision means any of the following provisions:

(a) subsection 11(1);

(b) subsection 11(7);

(c) subsection 12(1);

(d) subsection 12(2);

(da) subsection 12B(1);

(db) subsection 12B(8);

(dc) subsection 12C(1);

(dd) subsection 12C(2);

(e) a provision of the regulations that is declared to be a civil penalty provision in accordance with paragraph 44(2)(c).

consent, when used in relation to the making of a telemarketing call or the sending of a marketing fax, has the meaning given by Schedule 2.

contracted service provider means the person (if any) who keeps the Do Not Call Register as mentioned in paragraph 13(1)(b).

data processing device has the same meaning as in the Telecommunications Act 1997.

dealing with:

(a) when used in relation to a telemarketing call-includes retrieving the call from a voicemail system or similar system; or

(b) when used in relation to a marketing fax-includes:

(i) printing the fax; and

(ii) retrieving the fax from a device or a computer system.

designated marketing fax has the meaning given by Schedule 1A.

designated telemarketing call has the meaning given by Schedule 1.

director includes a member of the governing body of an organisation.

Do Not Call Register means the register kept under section 13.

educational institution includes:

(a) a pre-school; and

(b) a school; and

(c) a college; and

(d) a university.

eligible Territory means:

(a) the Territory of Christmas Island; or

(b) the Territory of Cocos (Keeling) Islands; or

(c) an external Territory prescribed for the purposes of section 8.

emergency service number has the same meaning as in the Telecommunications Act 1997.

employee:

(a) when used in clause 4 of Schedule 1-has a meaning affected by clause 7 of Schedule 1; or

(b) when used in clause 4 of Schedule 1A-has a meaning affected by clause 7 of Schedule 1A.

employer:

(a) when used in clause 4 of Schedule 1-has a meaning affected by clause 7 of Schedule 1; or

(b) when used in clause 4 of Schedule 1A-has a meaning affected by clause 7 of Schedule 1A.

evidential burden, in relation to a matter, means the burden of adducing or pointing to evidence that suggests a reasonable possibility that the matter exists or does not exist.

fax has a meaning affected by section 5A.

Federal Court means the Federal Court of Australia.

goods has the same meaning as in the Competition and Consumer Act 2010.

government body means:

(a) a department of the Commonwealth, a State or a Territory; or

(b) an agency, authority or instrumentality of the Commonwealth, a State or a Territory; or

(c) a department of the government of a foreign country; or

(d) an agency, authority or instrumentality of the government of a foreign country; or

(e) a department of the government of a part of a foreign country; or

(f) an agency, authority or instrumentality of the government of a part of a foreign country.

infringement notice means an infringement notice under clause 2 of Schedule 3.

international convention means:

(a) a convention to which Australia is a party; or

(b) an agreement between Australia and a foreign country.

investment means any mode of application of money or other property for the purpose of gaining a return (whether by way of income, capital gain or any other form of return).

make includes attempt to make.

marketing fax has the meaning given by section 5B.

mistake means reasonable mistake of fact.

nominee has the meaning given by section 39.

organisation includes:

(a) a body corporate; and

(b) a partnership; and

(c) a government body; and

(d) a court or tribunal; and

(e) an unincorporated body or association.

Express references in this Act to organisations do not imply that references in this Act to persons do not include bodies politic or corporate.

penalty unit has the meaning given by section 4AA of the Crimes Act 1914.

person includes a partnership.

publish includes:

(a) publish on the internet; and

(b) publish to the public or a section of the public.

registered charity means an entity that is registered under the Australian Charities and Not-for-profits Commission Act 2012 as the type of entity mentioned in column 1 of item 1 of the table in subsection 25-5(5) of that Act.

registered political party means a political party, or a branch or division of a political party, that is registered under:

(a) the Commonwealth Electoral Act 1918; or

(b) a law of a State or Territory that deals with electoral matters.

relevant account-holder, in relation to an Australian number, means:

(a) if an individual or organisation is solely responsible for the relevant account-the individual or organisation; or

(b) if 2 or more individuals and/or organisations are jointly responsible for the relevant account-any of those individuals or organisations.

send includes attempt to send.

services has the same meaning as in the Competition and Consumer Act 2010.

supply:

(a) when used in relation to goods or services-has the same meaning as in the Competition and Consumer Act 2010; or

(b) when used in relation to land-includes transfer; or

(c) when used in relation to an interest in land-includes transfer or create.

telemarketing call has the meaning given by section 5.

voice call means:

(a) a voice call within the ordinary meaning of that expression; or

(b) a call that involves a recorded or synthetic voice; or

(c) if a call covered by paragraph (a) or (b) is not practical for a particular recipient with a disability (for example, because the recipient has a hearing impairment)-a call that is equivalent to a call covered by either of those paragraphs;

whether or not the recipient responds by way of pressing buttons on a telephone handset or similar thing.

5.- Telemarketing calls

Basic definition

(1) For the purposes of this Act, a telemarketing call is a voice call to an Australian number, where, having regard to:

(a) the content of the call; and

(b) the presentational aspects of the call; and

(c) the content that can be obtained using the numbers, URLs or contact information (if any) mentioned in the call; and

(d) if the number from which the call is made is disclosed to the recipient (whether by calling line identification or otherwise)-the content (if any) that can be obtained by calling that number;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the call is:

(e) to offer to supply goods or services; or

(f) to advertise or promote goods or services; or

(g) to advertise or promote a supplier, or prospective supplier, of goods or services; or

(h) to offer to supply land or an interest in land; or

(i) to advertise or promote land or an interest in land; or

(j) to advertise or promote a supplier, or prospective supplier, of land or an interest in land; or

(k) to offer to provide a business opportunity or investment opportunity; or

(l) to advertise or promote a business opportunity or investment opportunity; or

(m) to advertise or promote a provider, or prospective provider, of a business opportunity or investment opportunity; or

(n) to solicit donations; or

(o) a purpose specified in the regulations.

(2) For the purposes of paragraphs (1)(e) to (m), it is immaterial whether the goods, services, land, interest or opportunity exists.

(3) For the purposes of paragraphs (1)(e) to (m), it is immaterial whether it is lawful to acquire the goods, services, land or interest or take up the opportunity.

(4) Either of the following:

(a) the supplier or prospective supplier mentioned in paragraph (1)(g) or (j);

(b) the provider or prospective provider mentioned in paragraph (1)(m);

may be the individual or organisation who made the call or authorised the making of the call.

(5) Paragraphs (1)(e) to (o) are to be read independently of each other.

(6) Subsection (1) has effect subject to subsection (7).

Excluded calls-regulations

(7) The regulations may provide that a specified kind of voice call is not a telemarketing call for the purposes of this Act.

5A.- Faxes

A reference in this Act to a fax is a reference to a fax, whether or not:

(a) the fax is a facsimile of a physical document; or

(b) the fax was created by computer software; or

(c) the sending of the fax involves the use of:

(i) a fax machine; or

(ii) a fax server; or

(iii) a fax gateway; or

(iv) a mail-to-fax system; or

(v) equipment specified in the regulations; or

(vi) a system specified in the regulations.

5B.- Marketing faxes

Basic definition

(1) For the purposes of this Act, a marketing fax is a fax sent to an Australian number, where, having regard to:

(a) the content of the fax; and

(b) the presentational aspects of the fax; and

(c) the content that can be obtained using the numbers, URLs or contact information (if any) mentioned in the fax;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the fax is:

(d) to offer to supply goods or services; or

(e) to advertise or promote goods or services; or

(f) to advertise or promote a supplier, or prospective supplier, of goods or services; or

(g) to offer to supply land or an interest in land; or

(h) to advertise or promote land or an interest in land; or

(i) to advertise or promote a supplier, or prospective supplier, of land or an interest in land; or

(j) to offer to provide a business opportunity or investment opportunity; or

(k) to advertise or promote a business opportunity or investment opportunity; or

(l) to advertise or promote a provider, or prospective provider, of a business opportunity or investment opportunity; or

(m) to solicit donations; or

(n) a purpose specified in the regulations.

(2) For the purposes of paragraphs (1)(d) to (l), it is immaterial whether the goods, services, land, interest or opportunity exists.

(3) For the purposes of paragraphs (1)(d) to (l), it is immaterial whether it is lawful to acquire the goods, services, land or interest or take up the opportunity.

(4) Either of the following:

(a) the supplier or prospective supplier mentioned in paragraph (1)(f) or (i);

(b) the provider or prospective provider mentioned in paragraph (1)(l);

may be the individual or organisation who sent the fax or authorised the sending of the fax.

(5) Paragraphs (1)(d) to (n) are to be read independently of each other.

(6) Subsection (1) has effect subject to subsection (7).

Excluded faxes-regulations

(7) The regulations may provide that a specified kind of fax is not a marketing fax for the purposes of this Act.

6.- Continuity of partnerships

For the purposes of this Act, a change in the composition of a partnership does not affect the continuity of the partnership.

7.- Crown to be bound

(1) This Act binds the Crown in each of its capacities.

(2) This Act does not make the Crown liable to a pecuniary penalty or to be prosecuted for an offence.

(3) The protection in subsection (2) does not apply to an authority of the Crown.

8.- Extension to external Territories

This Act extends to:

(a) the Territory of Christmas Island; and

(b) the Territory of Cocos (Keeling) Islands; and

(c) such other external Territories (if any) as are prescribed.

9.- Extra-territorial application

Unless the contrary intention appears, this Act extends to acts, omissions, matters and things outside Australia.

Part 2.-Rules about making telemarketing calls

10.- Simplified outline

The following is a simplified outline of this Part:

* Unsolicited telemarketing calls must not be made to a number registered on the Do Not Call Register.

* Agreements for the making of telemarketing calls must require compliance with this Act.

11.- Unsolicited telemarketing calls must not be made to a number registered on the Do Not Call Register

(1) A person must not make, or cause to be made, a telemarketing call to an Australian number if:

(a) the number is registered on the Do Not Call Register; and

(b) the call is not a designated telemarketing call.

(2) Subsection (1) does not apply if:

(a) the relevant account-holder; or

(b) a nominee of the relevant account-holder;

consented to the making of the call.

(3) Subsection (1) does not apply if:

(a) the number was included on a list that was submitted by the person under subsection 19(1); and

(b) during the 30-day period ending at the end of the day on which the call was made:

(i) the person received information under paragraph 19(2)(d) in response to the submission of the list, but that information did not state that the number was registered on the Do Not Call Register; or

(ii) the person was informed under paragraph 19(2)(e), in response to the submission of the list, that the number was not registered on the Do Not Call Register; or

(iii) under paragraph 19(2)(f), in response to the submission of the list, the person was given a list that included the number.

For the purposes of this subsection, a list may consist of a single Australian number.

(4) Subsection (1) does not apply if the person made the call, or caused the call to be made, by mistake.

(5) Subsection (1) does not apply if the person took reasonable precautions, and exercised due diligence, to avoid the contravention.

(6) A person who wishes to rely on subsection (2), (3), (4) or (5) bears an evidential burden in relation to that matter.

Ancillary contraventions

(7) A person must not:

(a) aid, abet, counsel or procure a contravention of subsection (1); or

(b) induce, whether by threats or promises or otherwise, a contravention of subsection (1); or

(c) be in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, a contravention of subsection (1); or

(d) conspire with others to effect a contravention of subsection (1).

Civil penalty provisions

(8) Subsections (1) and (7) are civil penalty provisions.

Extended meaning of cause

(9) For the purposes of this section, if:

(a) a person (the first person) enters into a contract or arrangement, or arrives at an understanding, with another person; and

(b) under the contract, arrangement or understanding, the other person undertakes to make, or to cause any or all of the employees or agents of the other person to make, telemarketing calls; and

(c) the other person, or an employee or agent of the other person, gives effect to the contract, arrangement or understanding by making a telemarketing call;

the first person is taken to have caused the telemarketing call to be made.

(10) Paragraph (9)(a) applies to contracts or arrangements entered into, or understandings arrived at, before, at or after the commencement of this section.

12.- Agreements for the making of telemarketing calls must require compliance with this Act

(1) A person (the first person) must not enter into a contract or arrangement, or arrive at an understanding, with another person, if:

(a) under the contract, arrangement or understanding, the other person undertakes to:

(i) make telemarketing calls; or

(ii) cause any or all of the employees or agents of the other person to make telemarketing calls; and

(b) there is a reasonable likelihood that some or all of those calls will be made to Australian numbers that, under section 14, are eligible to be entered on the Do Not Call Register; and

(c) the contract, arrangement or understanding does not contain an express provision to the effect that the other person will:

(i) in any case-comply with this Act; and

(ii) if subparagraph (a)(ii) applies-take all reasonable steps to ensure that the employees and agents of the other person comply with this Act;

in relation to the making of telemarketing calls covered by the contract, arrangement or understanding.

Ancillary contraventions

(2) A person must not:

(a) aid, abet, counsel or procure a contravention of subsection (1); or

(b) induce, whether by threats or promises or otherwise, a contravention of subsection (1); or

(c) be in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, a contravention of subsection (1); or

(d) conspire with others to effect a contravention of subsection (1).

Civil penalty provisions

(3) Subsections (1) and (2) are civil penalty provisions.

Validity of contracts, arrangements or understandings

(4) A failure to comply with subsection (1) does not affect the validity of any contract, arrangement or understanding.

Part 2A.-Rules about sending marketing faxes

12A.- Simplified outline

The following is a simplified outline of this Part:

* Unsolicited marketing faxes must not be sent to a number registered on the Do Not Call Register.

* Agreements for the sending of marketing faxes must require compliance with this Act.

12B.- Unsolicited marketing faxes must not be sent to a number registered on the Do Not Call Register

(1) A person must not send, or cause to be sent, a marketing fax to an Australian number if:

(a) the number is registered on the Do Not Call Register; and

(b) the fax is not a designated marketing fax.

(2) Subsection (1) does not apply if:

(a) the relevant account-holder; or

(b) a nominee of the relevant account-holder;

consented to the sending of the fax.

(3) Subsection (1) does not apply if:

(a) the number was included on a list that was submitted by the person under subsection 19(1); and

(b) during the 30-day period ending at the end of the day on which the fax was sent:

(i) the person received information under paragraph 19(2)(d) in response to the submission of the list, but that information did not state that the number was registered on the Do Not Call Register; or

(ii) the person was informed under paragraph 19(2)(e), in response to the submission of the list, that the number was not registered on the Do Not Call Register; or

(iii) under paragraph 19(2)(f), in response to the submission of the list, the person was given a list that included the number.

For the purposes of this subsection, a list may consist of a single Australian number.

(5) Subsection (1) does not apply if the person sent the fax, or caused the fax to be sent, by mistake.

(6) Subsection (1) does not apply if the person took reasonable precautions, and exercised due diligence, to avoid the contravention.

(7) A person who wishes to rely on subsection (2), (3), (5) or (6) bears an evidential burden in relation to that matter.

Ancillary contraventions

(8) A person must not:

(a) aid, abet, counsel or procure a contravention of subsection (1); or

(b) induce, whether by threats or promises or otherwise, a contravention of subsection (1); or

(c) be in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, a contravention of subsection (1); or

(d) conspire with others to effect a contravention of subsection (1).

Civil penalty provisions

(9) Subsections (1) and (8) are civil penalty provisions.

Extended meaning of cause

(10) For the purposes of this section, if:

(a) a person (the first person) enters into a contract or arrangement, or arrives at an understanding, with another person; and

(b) under the contract, arrangement or understanding, the other person undertakes to send, or to cause any or all of the employees or agents of the other person to send, marketing faxes; and

(c) the other person, or an employee or agent of the other person, gives effect to the contract, arrangement or understanding by sending a marketing fax;

the first person is taken to have caused the marketing fax to be sent.

(11) Paragraph (10)(a) applies to contracts or arrangements entered into, or understandings arrived at, before, at or after the commencement of this section.

12C.- Agreements for the sending of marketing faxes must require compliance with this Act

(1) A person (the first person) must not enter into a contract or arrangement, or arrive at an understanding, with another person, if:

(a) under the contract, arrangement or understanding, the other person undertakes to:

(i) send marketing faxes; or

(ii) cause any or all of the employees or agents of the other person to send marketing faxes; and

(b) there is a reasonable likelihood that some or all of those faxes will be sent to Australian numbers that, under section 14, are eligible to be entered on the Do Not Call Register; and

(c) the contract, arrangement or understanding does not contain an express provision to the effect that the other person will:

(i) in any case-comply with this Act; and

(ii) if subparagraph (a)(ii) applies-take all reasonable steps to ensure that the employees and agents of the other person comply with this Act;

in relation to the sending of marketing faxes covered by the contract, arrangement or understanding.

Ancillary contraventions

(2) A person must not:

(a) aid, abet, counsel or procure a contravention of subsection (1); or

(b) induce, whether by threats or promises or otherwise, a contravention of subsection (1); or

(c) be in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, a contravention of subsection (1); or

(d) conspire with others to effect a contravention of subsection (1).

Civil penalty provisions

(3) Subsections (1) and (2) are civil penalty provisions.

Validity of contracts, arrangements or understandings

(4) A failure to comply with subsection (1) does not affect the validity of any contract, arrangement or understanding.

Part 3.-Do Not Call Register

13.- Do Not Call Register

(1) The ACMA must:

(a) keep; or

(b) arrange for another person (the contracted service provider) to keep, on behalf of the ACMA;

a register of Australian numbers for the purposes of this Act.

(2) The register is to be known as the Do Not Call Register.

(3) The register is to be kept in electronic form.

(4) The register is not a legislative instrument.

(5) The ACMA must begin to comply with subsection (1) as soon as practicable after the commencement of this section.

(6) For the purposes of the Privacy Act 1988, the primary purpose of the Do Not Call Register is to facilitate:

(a) the prohibition, under section 11, of unsolicited telemarketing calls (other than designated telemarketing calls); and

(b) the prohibition, under section 12B, of unsolicited marketing faxes (other than designated marketing faxes).

14.- Eligibility for registration

An Australian number is eligible to be entered on the Do Not Call Register if:

(a) it is used or maintained primarily for private or domestic purposes; or

(b) it is used or maintained exclusively for transmitting and/or receiving faxes; or

(c) it is used or maintained exclusively for use by a government body; or

(d) it is an emergency service number.

15.- Applications for registration

An application for an Australian number to be entered on the Do Not Call Register:

(a) may be made by:

(i) the relevant account-holder; or

(ii) a nominee of the relevant account-holder; and

(b) is to be made to:

(i) if the Do Not Call Register is kept by the ACMA-the ACMA; or

(ii) if the Do Not Call Register is kept by the contracted service provider-the contracted service provider on behalf of the ACMA; and

(c) is to be in the applicable form (if any) specified in a determination under subsection 18(1); and

(d) is to be made in the applicable manner (if any) specified in a determination under subsection 18(1).

16.- Registration

If:

(a) an application is made for an Australian number to be entered on the Do Not Call Register; and

(b) the applicant satisfies:

(i) if the Do Not Call Register is kept by the ACMA-the ACMA; or

(ii) if the Do Not Call Register is kept by the contracted service provider-the contracted service provider on behalf of the ACMA;

that the number is eligible to be entered on the Do Not Call Register; then:

(c) if the Do Not Call Register is kept by the ACMA-the ACMA; or

(d) if the Do Not Call Register is kept by the contracted service provider-the contracted service provider on behalf of the ACMA;

must enter the number on the Do Not Call Register.

17.- Duration of registration

(1) The registration of an Australian number on the Do Not Call Register:

(a) takes effect when it is entered on the Do Not Call Register; and

(b) remains in force for:

(i) 3 years; or

(ii) if a longer period is specified in an instrument in force under subsection (1A)-that longer period;

unless sooner removed from the Do Not Call Register in accordance with a determination under subsection 18(1).

(1A) The Minister may, by legislative instrument, specify a period for the purposes of subparagraph (1)(b)(ii).

(2) If the registration of an Australian number on the Do Not Call Register ceases to be in force, this Act does not prevent the number from being re-registered on the Do Not Call Register.

(3) If an Australian number is removed from the Do Not Call Register, this Act does not prevent the number from being re-registered on the Do Not Call Register.

18.- Administration of the Do Not Call Register-determinations

(1) The ACMA may make a determination that makes provision for and in relation to any or all of the following:

(a) the form of applications for Australian numbers to be entered on the Do Not Call Register;

(b) the manner in which such applications are to be made;

(c) the manner in which entries are to be made on the Do Not Call Register;

(d) the correction of entries in the Do Not Call Register;

(e) the removal of entries from the Do Not Call Register;

(f) any other matter relating to the administration or operation of the Do Not Call Register.

(2) A determination under subsection (1) is a legislative instrument.

(3) A determination under subsection (1) is to be an instrument of a legislative character.

19.- Access to the Do Not Call Register

(1) A person (the access-seeker) who wishes to access the Do Not Call Register may submit a list of Australian numbers to:

(a) if the Do Not Call Register is kept by the ACMA-the ACMA; or

(b) if the Do Not Call Register is kept by the contracted service provider-the contracted service provider on behalf of the ACMA.

For this purpose, a list may consist of a single Australian number.

(2) If the access-seeker has paid the applicable fee (if any) determined under subsection 21(1), then:

(a) if the Do Not Call Register is kept by the ACMA-the ACMA; or

(b) if the Do Not Call Register is kept by the contracted service provider-the contracted service provider on behalf of the ACMA; must:

(c) check the Australian numbers on the access-seeker's list against the Australian numbers registered on the Do Not Call Register; and

(d) if the access-seeker requests the ACMA or the contracted service provider, as the case may be, to do so-inform the access-seeker which numbers (if any) on the access-seeker's list are registered on the Do Not Call Register; and

(e) if the access-seeker requests the ACMA or the contracted service provider, as the case may be, to do so-inform the access-seeker which numbers (if any) on the access-seeker's list are not registered on the Do Not Call Register; and

(f) if the access-seeker requests the ACMA or the contracted service provider, as the case may be, to do so-return the access-seeker's list, modified by the deletion of the numbers

(if any) registered on the Do Not Call Register.

(4) A submission under subsection (1) is to be made in the applicable manner (if any) specified in a determination under subsection 20(1).

20.- Access-determinations

(1) The ACMA may make a determination that makes provision for and in relation to any or all of the following:

(a) the manner in which a submission under subsection 19(1) is to be made;

(b) the manner in which information under paragraph 19(2)(d) or (e) is to be given;

(c) the manner in which a list is to be returned under paragraph 19(2)(f);

(d) any other matter relating to access to the Do Not Call Register.

Determinations

(2) A determination under subsection (1) is a legislative instrument.

(3) A determination under subsection (1) is to be an instrument of a legislative character.

21.- Access-fees

(1) The ACMA may make a determination that makes provision for and in relation to either or both of the following:

(a) fees payable for services provided under subsection 19(2);

(b) refunds of fees for those services.

Exemptions

(2) The ACMA may make a determination that makes provision for and in relation to exemptions from fees for services provided under subsection 19(2).

(3) The Minister may make a determination that makes provision for and in relation to exemptions from fees for services provided under subsection 19(2).

(4) If one or more determinations are in force under subsection (3), a determination under subsection (2) has no effect except to the extent to which it makes provision for and in relation to exemptions that are in addition to exemptions dealt with by the determinations under subsection (3).

Other matters

(5) A fee must not be such as to amount to taxation.

(6) A fee is payable to the ACMA on behalf of the Commonwealth.

(7) Section 60 of the Australian Communications and Media Authority Act 2005 does not apply in relation to services provided under subsection 19(2).

Determinations

(8) A determination under subsection (1), (2) or (3) is a legislative instrument.

(9) A determination under subsection (1), (2), or (3) is to be an instrument of a legislative character.

22.- Application of the Privacy Act 1988 to the contracted service provider

(1) For the purposes of the Privacy Act 1988, if the Do Not Call Register is kept by the contracted service provider under a contract:

(a) the keeping of the Do Not Call Register by the contracted service provider; and

(b) the operation of the Do Not Call Register by the contracted service provider; and

(c) the performance of a function, or the exercise of a power, by the contracted service provider under:

(i) this Part; or

(ii) a determination under this Part;

is taken to be the provision of a service to the ACMA under the contract.

(2) Subsection (1) is enacted for the avoidance of doubt.

Part 4.-Civil penalties

23.- Simplified outline

The following is a simplified outline of this Part:

* Pecuniary penalties are payable for contraventions of civil penalty provisions.

* Proceedings for the recovery of penalties are to be instituted in the Federal Court or the Federal Magistrates Court.

24.- Civil penalty orders

(1) If the Federal Court or the Federal Magistrates Court is satisfied that a person has contravened a civil penalty provision, the court may, on the application of the ACMA, order the person to pay to the Commonwealth a pecuniary penalty.

(2) An order under subsection (1) is to be known as a civil penalty order.

Determining pecuniary penalty

(3) In determining the pecuniary penalty, the court must have regard to all relevant matters, including:

(a) the nature and extent of the contravention; and

(b) the nature and extent of any loss or damage suffered as a result of the contravention; and

(c) the circumstances in which the contravention took place; and

(d) whether the person has previously been found by a court in proceedings under this Act to have engaged in any similar conduct; and

(e) if the court considers that it is appropriate to do so-whether the person has previously been found by a court in a foreign country to have engaged in any similar conduct.

Civil enforcement of penalty

(4) The pecuniary penalty is a civil debt payable to the Commonwealth. The Commonwealth may enforce the civil penalty order as if it were an order made in civil proceedings against the person to recover a debt due by the person. The debt arising from the order is taken to be a judgment debt.

25.- Maximum penalties for contravention of civil penalty provisions

(1) The maximum penalty payable under subsection 24(1) by a person in respect of a contravention of a civil penalty provision depends on:

(a) whether the person has a prior record in relation to the civil penalty provision (see subsection (2)); and

(b) whether the person is a body corporate; and

(c) whether the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8).

Prior record

(2) If:

(a) on a particular day (the first day), the Federal Court or the Federal Magistrates Court makes a civil penalty order against a person in respect of a contravention of a particular civil penalty provision; and

(b) that is the first occasion on which a court makes a civil penalty order against the person in respect of a contravention of the civil penalty provision;

then, for the purposes of determining the penalty payable under subsection 24(1) by the person in respect of a contravention of the civil penalty provision that occurs after the first day, the person has a prior record in relation to the civil penalty provision.

Maximum penalty payable by body corporate-no prior record

(3) If a body corporate does not have a prior record in relation to a particular civil penalty provision:

(a) the penalty payable under subsection 24(1) by the body corporate in respect of a contravention of the civil penalty provision must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-100 penalty units; or

(ii) in any other case-50 penalty units; and

(b) if the Federal Court or the Federal Magistrates Court finds that the body corporate has, on a particular day, committed 2 or more contraventions of the civil penalty provision-the total of the penalties payable under subsection 24(1) by the body corporate in respect of those contraventions must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-2,000 penalty units; or

(ii) in any other case-1,000 penalty units.

Maximum penalty payable by a person other than a body corporate-no prior record

(4) If a person other than a body corporate does not have a prior record in relation to a particular civil penalty provision:

(a) the penalty payable under subsection 24(1) by the person in respect of a contravention of the civil penalty provision must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-20 penalty units; or

(ii) in any other case-10 penalty units; and

(b) if the Federal Court or the Federal Magistrates Court finds that the person has, on a particular day, committed 2 or more contraventions of the civil penalty provision-the total of the penalties payable under subsection 24(1) by the person in respect of those contraventions must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-400 penalty units; or

(ii) in any other case-200 penalty units.

Maximum penalty payable by body corporate-prior record

(5) If a body corporate has a prior record in relation to a particular civil penalty provision:

(a) the penalty payable under subsection 24(1) by the body corporate in respect of a contravention of the civil penalty provision must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-500 penalty units; or

(ii) in any other case-250 penalty units; and

(b) if the Federal Court or the Federal Magistrates Court finds that the body corporate has, on a particular day, committed 2 or more contraventions of the civil penalty provision-the total of the penalties payable under subsection 24(1) by the body corporate in respect of those contraventions must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-10,000 penalty units; or

(ii) in any other case-5,000 penalty units.

Maximum penalty payable by a person other than a body corporate-prior record

(6) If a person other than a body corporate has a prior record in relation to a particular civil penalty provision:

(a) the penalty payable under subsection 24(1) by the person in respect of a contravention of the civil penalty provision must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-100 penalty units; or

(ii) in any other case-50 penalty units; and

(b) if the Federal Court or the Federal Magistrates Court finds that the person has, on a particular day, committed 2 or more contraventions of the civil penalty provision-the total of the penalties payable under subsection 24(1) by the person in respect of those contraventions must not exceed:

(i) if the civil penalty provision is subsection 11(1) or (7) or 12B(1) or (8)-2,000 penalty units; or

(ii) in any other case-1,000 penalty units.

26.- 2 or more proceedings may be heard together

The Federal Court or the Federal Magistrates Court may direct that 2 or more proceedings for civil penalty orders are to be heard together.

27.- Time limit for application for an order

Proceedings for a civil penalty order may be started no later than 6 years after the contravention.

28.- Civil evidence and procedure rules for civil penalty orders

The Federal Court or the Federal Magistrates Court must apply the rules of evidence and procedure for civil matters when hearing proceedings for a civil penalty order.

29.- Criminal proceedings not to be brought for contravention of civil penalty provisions

Criminal proceedings do not lie against a person only because the person has contravened a civil penalty provision.

30.- Ancillary orders-compensation

(1) If:

(a) in one or more proceedings under section 24, the Federal Court or the Federal Magistrates Court finds that a person (the perpetrator) has contravened one or more civil penalty provisions; and

(b) the court is satisfied that another person (the victim) has suffered loss or damage as a result of any or all of those contraventions;

the court may, on the application of the ACMA or the victim, make an order that the court considers appropriate directing the perpetrator to compensate the victim.

(2) In determining whether a person (the victim) has suffered loss or damage as a result of one or more contraventions by another person of section 11 in relation to the making of one or more telemarketing calls, and in assessing the amount of compensation payable, the court may have regard to the following:

(a) the extent to which any expenses incurred by the victim are attributable to dealing with the calls;

(b) the effect of dealing with the calls on the victim's ability to carry on business or other activities;

(c) any damage to the reputation of the victim's business that is attributable to dealing with the calls;

(d) any loss of business opportunities suffered by the victim as a result of dealing with the calls;

(e) any other matters that the court considers relevant.

(2A) In determining whether a person (the victim) has suffered loss or damage as a result of one or more contraventions by another person of section 12B in relation to the sending of one or more marketing faxes, and in assessing the amount of compensation payable, the court may have regard to the following:

(a) the extent to which any expenses incurred by the victim are attributable to dealing with the faxes;

(b) the effect of dealing with the faxes on the victim's ability to carry on business or other activities;

(c) any damage to the reputation of the victim's business that is attributable to dealing with the faxes;

(d) any loss of business opportunities suffered by the victim as a result of dealing with the faxes;

(e) any other matters that the court considers relevant.

(3) The Federal Court or the Federal Magistrates Court may make an order under subsection (1), whether or not it makes a civil penalty order.

(4) An application under subsection (1) may be made at any time within 6 years after the contravention concerned.

31.- Ancillary orders-recovery of financial benefit

(1) If:

(a) in one or more proceedings under section 24, the Federal Court or the Federal Magistrates Court finds that a person has contravened one or more civil penalty provisions; and

(b) the court is satisfied that the person has obtained (whether directly or indirectly) a financial benefit that is reasonably attributable to any or all of those contraventions;

the court may, on the application of the ACMA, make an order directing the person to pay to the Commonwealth an amount up to the amount of the financial benefit.

(2) The Federal Court or the Federal Magistrates Court may make an order under subsection (1), whether or not it makes a civil penalty order.

(3) An application under subsection (1) may be made at any time within 6 years after the contravention concerned.

32.- Schedule 3 (infringement notices)

Schedule 3 has effect.

Part 5.-Injunctions

33.- Simplified outline

The following is a simplified outline of this Part:

* The Federal Court or the Federal Magistrates Court may grant injunctions in relation to contraventions of civil penalty provisions.

34.- Injunctions

Restraining injunctions

(1) If a person has engaged, is engaging or is proposing to engage, in any conduct in contravention of a civil penalty provision, the Federal Court or the Federal Magistrates Court may, on the application of the ACMA, grant an injunction:

(a) restraining the person from engaging in the conduct; and

(b) if, in the court's opinion, it is desirable to do so-requiring the person to do something.

Performance injunctions

(2) If:

(a) a person has refused or failed, or is refusing or failing, or is proposing to refuse or fail, to do an act or thing; and

(b) the refusal or failure was, is or would be a contravention of a civil penalty provision;

the Federal Court or the Federal Magistrates Court may, on the application of the ACMA, grant an injunction requiring the person to do that act or thing.

35.- Interim injunctions

Grant of interim injunction

(1) If an application is made to the Federal Court or the Federal Magistrates Court for an injunction under section 34, the court may, before considering the application, grant an interim injunction restraining a person from engaging in conduct of a kind referred to in that section.

No undertakings as to damages

(2) The Federal Court or the Federal Magistrates Court is not to require an applicant for an injunction under section 34, as a condition of granting an interim injunction, to give any undertakings as to damages.

36.- Discharge etc. of injunctions

The Federal Court or the Federal Magistrates Court may discharge or vary an injunction granted by it under this Part.

37.- Certain limits on granting injunctions not to apply

Restraining injunctions

(1) The power of the Federal Court or the Federal Magistrates Court under this Part to grant an injunction restraining a person from engaging in conduct of a particular kind may be exercised:

(a) if the court is satisfied that the person has engaged in conduct of that kind-whether or not it appears to the court that the person intends to engage again, or to continue to engage, in conduct of that kind; or

(b) if it appears to the court that, if an injunction is not granted, it is likely that the person will engage in conduct of that kind-whether or not the person has previously engaged in conduct of that kind and whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any person if the person engages in conduct of that kind.

Performance injunctions

(2) The power of the Federal Court or the Federal Magistrates Court to grant an injunction requiring a person to do an act or thing may be exercised:

(a) if the court is satisfied that the person has refused or failed to do that act or thing-whether or not it appears to the court that the person intends to refuse or fail again, or to continue to refuse or fail, to do that act or thing; or

(b) if it appears to the court that, if an injunction is not granted, it is likely that the person will refuse or fail to do that act or thing-whether or not the person has previously refused or failed to do that act or thing and whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any person if the person refuses or fails to do that act or thing.

38.- Other powers of the Federal Court or the Federal Magistrates Court unaffected

The powers conferred on the Federal Court or the Federal Magistrates Court under this Part are in addition to, and not instead of, any other powers of the court, whether conferred by this Act or otherwise.

Part 6.-Miscellaneous

39.- Nominees

Nomination by relevant account-holder

(1) For the purposes of the application of this Act to an Australian number, if:

(a) the relevant account-holder has nominated an individual in relation to the number; and

(b) the nomination has not been withdrawn;

the individual is a nominee of the relevant account-holder.

(2) A nomination, or a withdrawal of a nomination, must be in writing.

(3) This Act does not prevent 2 or more individuals from being nominated in relation to the same Australian number.

Deemed nominee

(4) The regulations may provide that, for the purposes of the application of this Act to an Australian number, an individual is taken to be a nominee of the relevant account-holder in the circumstances specified in the regulations.

Principles of agency not limited

(5) References in this Act to a nominee do not, by implication, limit the application of the principles of agency to a matter arising under this Act.

40.- Formal warnings-breach of civil penalty provision

The ACMA may issue a formal warning if a person contravenes a civil penalty provision.

41.- Additional ACMA functions

The ACMA has the following functions:

(a) to conduct and/or co-ordinate community education programs about unsolicited telemarketing calls and unsolicited marketing faxes, in consultation with relevant industry and consumer groups and government agencies;

(b) to conduct and/or commission research into issues relating to unsolicited telemarketing calls and unsolicited marketing faxes;

(c) to liaise with regulatory and other relevant bodies overseas about co-operative arrangements for the prohibition or regulation of unsolicited telemarketing calls and unsolicited marketing faxes.

42.- Operation of State and Territory laws

This Act is not intended to exclude or limit the operation of a law of a State or Territory to the extent that the law is capable of operating concurrently with this Act.

43 Implied freedom of political communication

This Act does not apply to the extent (if any) that it would infringe any constitutional doctrine of implied freedom of political communication.

44.- Giving effect to international conventions

(1) The regulations may make provision for and in relation to giving effect to an international convention that deals with telemarketing calls or marketing faxes.

(2) Regulations made for the purposes of subsection (1) may:

(a) vest the Federal Court or the Federal Magistrates Court with jurisdiction in a matter or matters arising under the regulations; and

(b) prescribe penalties, not exceeding a fine of 50 penalty units, for offences against the regulations; and

(c) declare that a specified provision of the regulations is a civil penalty provision for the purposes of this Act.

45.- Review of operation of Act

(1) The Minister must cause to be conducted a review of the operation of:

(a) this Act; and

(b) the Telecommunications Act 1997 to the extent to which that Act relates to this Act; and

(c) Part 6 of the Telecommunications Act 1997 to the extent to which that Part relates to telemarketing activities (within the meaning of that Part).

(2) A review under subsection (1) must be conducted:

(a) before the end of the period of 3 years after the commencement of this section; or

(b) as soon as practicable after the end of that 3-year period.

(3) The Minister must cause to be prepared a report of a review under subsection (1).

(4) The Minister must cause copies of a report to be tabled in each House of the Parliament within 15 sittings days of that House after the completion of the preparation of the report.

46.- Regulations

The Governor-General may make regulations prescribing matters:

(a) required or permitted to be prescribed by this Act; or

(b) necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.

Schedule 1-Designated telemarketing calls

1.- Object

The object of this Schedule is to define the expression designated telemarketing call.

2.- Government bodies and charities

For the purposes of this Act, a telemarketing call is a designated telemarketing call if:

(a) the making of the call is authorised by either of the following bodies:

(i) a government body;

(ii) a registered charity; and

(b) if the call relates to goods or services-the body is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(c) the call is not of a kind specified in the regulations.

3.- Political parties, independent members of parliament, candidates etc.

Political parties

(1) For the purposes of this Act, a telemarketing call is a designated telemarketing call if:

(a) the making of the call is authorised by a registered political party; and

(b) having regard to:

(i) the content of the call; and

(ii) the presentational aspects of the call;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the call is:

(iii) to conduct fund-raising for electoral purposes; or

(iv) to conduct fund-raising for political purposes; and

(c) if the call relates to goods or services-the registered political party is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(d) the call is not of a kind specified in the regulations.

Independent members of parliament etc.

(2) For the purposes of this Act, a telemarketing call is a designated telemarketing call if:

(a) the making of the call is authorised by a person who is a member of:

(i) the Parliament of the Commonwealth; or

(ii) the parliament of a State; or

(iii) the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory; or

(iv) the Legislative Assembly of the Northern Territory; or

(v) the Legislative Assembly of Norfolk Island; or

(vi) a local governing body established by or under a law of a State or a Territory;

and who is not affiliated with any registered political party; and

(b) having regard to:

(i) the content of the call; and

(ii) the presentational aspects of the call;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the call is:

(iii) to conduct fund-raising for electoral purposes; or

(iv) to conduct fund-raising for political purposes; and

(c) if the call relates to goods or services-the person is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(d) the call is not of a kind specified in the regulations.

Candidates

(3) For the purposes of this Act, a telemarketing call is a designated telemarketing call if:

(a) the making of the call is authorised by a person who is a candidate in an election for:

(i) the House of Representatives; or

(ii) the Senate; or

(iii) a house of the parliament of a State; or

(iv) the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory; or

(v) the Legislative Assembly of the Northern Territory; or

(vi) the Legislative Assembly of Norfolk Island; or

(vii) a local governing body established by or under a law of a State or a Territory; and

(b) having regard to:

(i) the content of the call; and

(ii) the presentational aspects of the call;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the call is:

(iii) to conduct fund-raising for electoral purposes; or

(iv) to conduct fund-raising for political purposes; and

(c) if the call relates to goods or services-the person is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(d) the call is not of a kind specified in the regulations.

4.- Educational institutions

Relevant account-holder is a householder

(1) For the purposes of this Act, a telemarketing call is a designated telemarketing call if:

(a) the making of the call is authorised by an educational institution; and

(b) the call is made to a number that is used or maintained primarily for the private or domestic purposes of the relevant account-holder and/or members of the relevant account-holder's household; and

(c) either or both of the following subparagraphs apply:

(i) the relevant account-holder is, or has been, enrolled as a student in that institution;

(ii) a member or former member of the relevant account-holder's household is, or has been, enrolled as a student in that institution; and

(d) if the call relates to goods or services-the institution is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(e) the call is not of a kind specified in the regulations.

Relevant account-holder is an employer

(2) For the purposes of this Act, a telemarketing call is a designated telemarketing call if:

(a) the making of the call is authorised by an educational institution; and

(b) the relevant account-holder is the employer of an employee; and

(c) the call is made to a number that is used or maintained primarily for the private or domestic purposes of the employee and/or members of the employee's household; and

(d) either or both of the following subparagraphs apply:

(i) the employee is, or has been, enrolled as a student in that institution;

(ii) a member or former member of the employee's household is, or has been, enrolled as a student in that institution; and

(e) if the call relates to goods or services-the institution is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(f) the call is not of a kind specified in the regulations.

5.- Regulations

The regulations may provide that a specified kind of telemarketing call is a designated telemarketing call for the purposes of this Act.

6.- Authorising the making of telemarketing calls

Attribution of authorisation to organisation

(1) For the purposes of this Schedule (including subclause (2)), if:

(a) an individual authorises the making of a telemarketing call; and

(b) the individual does so on behalf of an organisation; then:

(c) the organisation is taken to authorise the making of the call; and

(d) the individual is taken not to authorise the making of the call.

Self-authorisation

(2) For the purposes of this Schedule, if:

(a) a telemarketing call is made by an individual or organisation; and

(b) the making of the call is not authorised by any other individual or organisation;

the first-mentioned individual or organisation is taken to authorise the making of the call.

7.- Extended meaning of employee and employer

Member of the executive body of a body corporate

(1) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the executive body (whether described as the board of directors or otherwise) of a body corporate, the individual is taken to be an employee of the body corporate.

Contractor

(2) For the purposes of clause 4, if an individual works under a contract that is wholly or principally for the labour of the individual, the individual is taken to be an employee of the other party to the contract.

Member of parliament

(3) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Parliament of the Commonwealth, the individual is taken to be an employee of the Commonwealth.

(4) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the parliament of a State, the individual is taken to be an employee of the State.

(5) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory, the individual is taken to be an employee of the Australian Capital Territory.

(6) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Legislative Assembly of the Northern Territory, the individual is taken to be an employee of the Northern Territory.

(7) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Legislative Assembly of Norfolk Island, the individual is taken to be an employee of Norfolk Island.

Member of local governing body

(8) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of a local governing body established by or under a law of a State or Territory, the individual is taken to be an employee of that body.

Officeholder etc.

(9) For the purposes of clause 4, if an individual:

(a) holds, or performs the duties of, an appointment, office or position under the Constitution or under a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory; or

(b) is otherwise in the service of the Commonwealth, of a State or of a Territory (including service as a member of the Defence Force or as a member of a police force);

the individual is taken to be an employee of the Commonwealth, the State or the Territory, as the case requires.

Schedule 1A.-Designated marketing faxes

1.- Object

The object of this Schedule is to define the expression designated marketing fax.

2.- Government bodies and charities

For the purposes of this Act, a marketing fax is a designated marketing fax if:

(a) the sending of the fax is authorised by either of the following bodies:

(i) a government body;

(ii) a registered charity; and

(b) if the fax relates to goods or services-the body is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(c) the fax is not of a kind specified in the regulations.

3.- Political parties, independent members of parliament, candidates etc.

Political parties

(1) For the purposes of this Act, a marketing fax is a designated marketing fax if:

(a) the sending of the fax is authorised by a registered political party; and

(b) having regard to:

(i) the content of the fax; and

(ii) the presentational aspects of the fax;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the fax is:

(iii) to conduct fund-raising for electoral purposes; or

(iv) to conduct fund-raising for political purposes; and

(c) if the fax relates to goods or services-the registered political party is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(d) the fax is not of a kind specified in the regulations.

Independent members of parliament etc.

(2) For the purposes of this Act, a marketing fax is a designated marketing fax if:

(a) the sending of the fax is authorised by a person who is a member of:

(i) the Parliament of the Commonwealth; or

(ii) the parliament of a State; or

(iii) the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory; or

(iv) the Legislative Assembly of the Northern Territory; or

(v) the Legislative Assembly of Norfolk Island; or

(vi) a local governing body established by or under a law of a State or a Territory;

and who is not affiliated with any registered political party; and

(b) having regard to:

(i) the content of the fax; and

(ii) the presentational aspects of the fax;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the fax is:

(iii) to conduct fund-raising for electoral purposes; or

(iv) to conduct fund-raising for political purposes; and

(c) if the fax relates to goods or services-the person is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(d) the fax is not of a kind specified in the regulations.

Candidates

(3) For the purposes of this Act, a marketing fax is a designated marketing fax if:

(a) the sending of the fax is authorised by a person who is a candidate in an election for:

(i) the House of Representatives; or

(ii) the Senate; or

(iii) a house of the parliament of a State; or

(iv) the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory; or

(v) the Legislative Assembly of the Northern Territory; or

(vi) the Legislative Assembly of Norfolk Island; or

(vii) a local governing body established by or under a law of a State or a Territory; and

(b) having regard to:

(i) the content of the fax; and

(ii) the presentational aspects of the fax;

it would be concluded that the purpose, or one of the purposes, of the fax is:

(iii) to conduct fund-raising for electoral purposes; or

(iv) to conduct fund-raising for political purposes; and

(c) if the fax relates to goods or services-the person is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(d) the fax is not of a kind specified in the regulations.

4.- Educational institutions

Relevant account-holder is a householder

(1) For the purposes of this Act, a marketing fax is a designated marketing fax if:

(a) the sending of the fax is authorised by an educational institution; and

(b) the fax is sent to a number that is used or maintained primarily for the private or domestic purposes of the relevant account-holder and/or members of the relevant account-holder's household; and

(c) either or both of the following subparagraphs apply:

(i) the relevant account-holder is, or has been, enrolled as a student in that institution;

(ii) a member or former member of the relevant account-holder's household is, or has been, enrolled as a student in that institution; and

(d) if the fax relates to goods or services-the institution is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(e) the fax is not of a kind specified in the regulations.

Relevant account-holder is an employer

(2) For the purposes of this Act, a marketing fax is a designated marketing fax if:

(a) the sending of the fax is authorised by an educational institution; and

(b) the relevant account-holder is the employer of an employee; and

(c) the fax is sent to a number that is used or maintained primarily for the private or domestic purposes of the employee and/or members of the employee's household; and

(d) either or both of the following subparagraphs apply:

(i) the employee is, or has been, enrolled as a student in that institution;

(ii) a member or former member of the employee's household is, or has been, enrolled as a student in that institution; and

(e) if the fax relates to goods or services-the institution is the supplier, or prospective supplier, of the goods or services; and

(f) the fax is not of a kind specified in the regulations.

5.- Regulations

The regulations may provide that a specified kind of marketing fax is a designated marketing fax for the purposes of this Act.

6.- Authorising the sending of marketing faxes

Attribution of authorisation to organisation

(1) For the purposes of this Schedule (including subclause (2)), if:

(a) an individual authorises the sending of a marketing fax; and

(b) the individual does so on behalf of an organisation; then:

(c) the organisation is taken to authorise the sending of the fax; and

(d) the individual is taken not to authorise the sending of the fax.

Self-authorisation

(2) For the purposes of this Schedule, if:

(a) a marketing fax is sent by an individual or organisation; and

(b) the sending of the fax is not authorised by any other individual or organisation;

the first-mentioned individual or organisation is taken to authorise the sending of the fax.

7.- Extended meaning of employee and employer

Member of the executive body of a body corporate

(1) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the executive body (whether described as the board of directors or otherwise) of a body corporate, the individual is taken to be an employee of the body corporate.

Contractor

(2) For the purposes of clause 4, if an individual works under a contract that is wholly or principally for the labour of the individual, the individual is taken to be an employee of the other party to the contract.

Member of parliament

(3) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Parliament of the Commonwealth, the individual is taken to be an employee of the Commonwealth.

(4) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the parliament of a State, the individual is taken to be an employee of the State.

(5) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Legislative Assembly for the Australian Capital Territory, the individual is taken to be an employee of the Australian Capital Territory.

(6) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Legislative Assembly of the Northern Territory, the individual is taken to be an employee of the Northern Territory.

(7) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of the Legislative Assembly of Norfolk Island, the individual is taken to be an employee of Norfolk Island.

Member of local governing body

(8) For the purposes of clause 4, if an individual is a member of a local governing body established by or under a law of a State or Territory, the individual is taken to be an employee of that body.

Officeholder etc.

(9) For the purposes of clause 4, if an individual:

(a) holds, or performs the duties of, an appointment, office or position under the Constitution or under a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory; or

(b) is otherwise in the service of the Commonwealth, of a State or of a Territory (including service as a member of the Defence Force or as a member of a police force);

the individual is taken to be an employee of the Commonwealth, the State or the Territory, as the case requires.

Schedule 2.-Consent

1.- Object

The object of this Schedule is to define the expression consent when used in relation to the making of a telemarketing call or the sending of a marketing fax.

2.- Basic definition

For the purposes of this Act, consent means:

(a) express consent; or

(b) consent that can reasonably be inferred from:

(i) the conduct; and

(ii) the business and other relationships;

of the individual or organisation concerned.

3.- Duration of express consent

For the purposes of this Act, if:

(a) express consent is given; and

(b) the consent is not expressed to be for a specified period or for an indefinite period;

the consent is taken to have been withdrawn at the end of the period of 3 months beginning on the day on which the consent was given.

4.- Consent may not be inferred from the publication of an Australian number

For the purposes of the application of this Act to an Australian number, consent of:

(a) the relevant account-holder; or

(b) a nominee of the relevant account-holder;

may not be inferred from the mere fact that the number has been published.

5.- Regulations about consent

(1) The regulations may provide that, for the purposes of the application of this Act to an Australian number, the consent of:

(a) the relevant account-holder; or

(b) a nominee of the relevant account-holder;

may not be inferred in the circumstances specified in the regulations.

(2) The regulations may provide that, for the purposes of the application of this Act to an Australian number, the consent of:

(a) the relevant account-holder; or

(b) a nominee of the relevant account-holder;

may be inferred in the circumstances specified in the regulations.

7.- Determinations about consent-marketing faxes sent to business numbers

(1) The ACMA may, by legislative instrument, determine that, for the purposes of the application of this Act to a marketing fax sent to a business number, the consent of the relevant account-holder may not be inferred in the circumstances specified in the determination.

(2) The ACMA may, by legislative instrument, determine that, for the purposes of the application of this Act to a marketing fax sent to a business number, the consent of the relevant account-holder may be inferred in the circumstances specified in the determination.

(3) Before making a determination under subclause (1) or (2), the ACMA must consult the Minister.

(4) Before making a determination under subclause (1) or (2), the ACMA must:

(a) publish on its website a notice:

(i) setting out a draft of the determination; and

(ii) inviting persons to make submissions to the ACMA about the draft determination within 14 days after the notice is published; and

(b) consider any submissions received within the 14-day period.

(5) Subsection 33(3) of the Acts Interpretation Act 1901 applies to a power conferred on the ACMA by subclause (1) or (2). However, if a variation of a determination under subclause (1) or (2) is a variation of a minor nature, the ACMA is not required to comply with subclause (3) or (4) in relation to the variation.

(6) If a determination under subclause (1) or (2) of this clause is inconsistent with regulations made for the purposes of clause 5, the determination has no effect to the extent of the inconsistency.

Schedule 3.-Infringement notices

1.- Object

The object of this Schedule is to set up a system of infringement notices for contraventions of civil penalty provisions as an alternative to the institution of proceedings in the Federal Court or the Federal Magistrates Court.

2.- When an infringement notice can be given

(1) If an authorised officer has reasonable grounds to believe that a person has, on a particular day, committed one or more contraventions of a particular civil penalty provision, the authorised officer may give to the person an infringement notice relating to those contraventions.

(2) An infringement notice must be given within 12 months after the day on which the civil contraventions are alleged to have taken place.

(2A) Subclause (2) does not apply to a contravention of subsection 12(1) or (2) or 12C(1) or (2).

(3) This clause does not authorise the giving of 2 or more infringement notices to a person in relation to contraventions of a particular civil penalty provision that allegedly occurred on the same day.

3.- Matters to be included in an infringement notice

(1) An infringement notice must:

(a) set out the name of the person to whom the notice is given; and

(b) set out the name of the authorised officer who gave the notice; and

(c) either:

(i) set out brief details of each of the alleged civil contraventions; or

(ii) be accompanied by one or more data processing devices that contain, in electronic form, brief details of each of the alleged civil contraventions; and

(d) contain a statement to the effect that the matter or matters will not be dealt with by the Federal Court or the Federal Magistrates Court if the penalty specified in the notice is paid to the ACMA, on behalf of the Commonwealth, within:

(i) 28 days after the notice is given; or

(ii) if the ACMA allows a longer period-that longer period; and

(e) give an explanation of how payment of the penalty is to be made; and

(f) set out such other matters (if any) as are specified by the regulations.

(2) For the purposes of paragraph (1)(c), the brief details must include the following information in relation to each alleged civil contravention:

(a) the date of the alleged contravention;

(b) the civil penalty provision that was allegedly contravened.

(3) Subparagraph (1)(c)(ii) does not authorise the inclusion of information in a data processing device unless, at the time the infringement notice was given, it was reasonable to expect that the information would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference.

(4) This clause does not limit the operation of the Electronic Transactions Act 1999.

4.- Amount of penalty

Infringement notice given to a body corporate

(1) The penalty to be specified in an infringement notice given to a body corporate must be a pecuniary penalty equal to the number of penalty units worked out using the table:

Infringement notice given to a person other than a body corporate

(2) The penalty to be specified in an infringement notice given to a person other than a body corporate must be a pecuniary penalty equal to the number of penalty units worked out using the table:

5.- Withdrawal of an infringement notice

(1) This clause applies if an infringement notice is given to a person.

(2) An authorised officer may, by written notice (the withdrawal notice) given to the person, withdraw the infringement notice.

(3) To be effective, the withdrawal notice must be given to the person within 28 days after the infringement notice was given.

Refund of penalty if infringement notice withdrawn

(4) If:

(a) the penalty specified in the infringement notice is paid; and

(b) the infringement notice is withdrawn after the penalty is paid;

the Commonwealth is liable to refund the penalty.

6.- What happens if the penalty is paid

(1) This clause applies if:

(a) an infringement notice relating to one or more alleged civil contraventions is given to a person; and

(b) the penalty is paid in accordance with the infringement notice; and

(c) the infringement notice is not withdrawn.

(2) Any liability of the person for the alleged civil contraventions is discharged.

(3) Proceedings under Part 4 may not be brought against the person for the alleged civil contraventions.

7.- Effect of this Schedule on civil proceedings

This Schedule does not:

(a) require an infringement notice to be given in relation to an alleged civil contravention; or

(b) affect the liability of a person to have proceedings under Part 4 brought against the person for an alleged civil contravention if:

(i) the person does not comply with an infringement notice relating to the contravention; or

(ii) an infringement notice relating to the contravention is not given to the person; or

(iii) an infringement notice relating to the contravention is given to the person and subsequently withdrawn; or

(c) limit the Federal Court's or the Federal Magistrates Court's discretion to determine the amount of a penalty to be imposed on a person who is found in proceedings under Part 4 to have committed a civil contravention.

8.- Appointment of authorised officer

The ACMA may, by writing, appoint a member of the staff of the ACMA as an authorised officer for the purposes of this Schedule.

9.- Regulations

The regulations may make further provision in relation to infringement notices.

Act on provision of information society services 458/2002.

Chapter 1. Scope of application and definitions

Section 1. Scope

This act shall prescribe for matters relating to provision of information society services, in particular, for freedom to provide services, for the obligation by service providers to give information, for meeting formal requirements on contracts electronically and for exempting service providers acting as intermediaries from liability.

Section 2. Information society services

In this act, information society services shall refer to services provided:

1) as distance services, i.e. without the parties being present at the same time;

2) electronically, i.e. by sending and receiving services via devices handling information electronically or via storage of information so that only cables, a radio connection, optical equipment or other electro-magnetic equipment are used for sending, transmitting and receiving services;

3) as data transfers requested personally by recipients of services; and

4) usually against a payment.

Section 3. Other definitions

For the purposes of this act:

1) service provider means any natural or legal person who provides information society services;

2) state of establishment means any state where a service provider in fact pursues an economic activity using a fixed establishment;

3) recipient of the service means any natural or legal person who, for professional ends or otherwise, uses information society services, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible;

4) regulated profession means any profession within the meaning of Article 1(d) of Council Directive 89/48/EEC on a general system for the recognition of highereducation diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration or of Article 1(f) of Council Directive 92/51/EEC on a second general system for recognition of professional education and training to supplement the said Directive;

5) co-ordinated field means the requirements laid down in Member States' legal systems which service providers must comply with when commencing and continuing their operations, such as requirements concerning:

a) qualifications, authorisation, registration or notification to the authorities;

b) procedures, advertising and other marketing, the quality and content of the service, contracts or the liability of the service provider.

Section 4. Restrictions on the scope

This act shall not apply to:

1) taxation;

2) issues included in the scope of application of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and of Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the
telecommunications sector;

3) activities of notaries public and of corresponding professionals which include the use of public authority;

4) activities of an attorney or a legal counsel in court;

5) lottery operations against payment.

Sections 5 and 6 of this act shall not be applied to:

1) copyright, neighbouring rights, industrial property rights or the rights referred to in Council Directive 87/54/EEC on the legal protection of topographies of semiconductor products and in Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of databases;

2) issue of electronic money when some of the waivers prescribed in Article 8 (1) of Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions has been applied to an issuer by a Member State;

3) advertising of units of undertakings for collective investment in transferable securities referred to in Article 44(2) of Council Directive 85/11/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS);

4) issues relating to freedom of establishment, free provision of insurance and to the law applicable on contracts of insurance prescribed in Articles 7 and 8 of the Second Council Directive 88/357/EEC on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance; in Article 4 of the Second Council Directive 90/619/EEC on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services; in Article 30 and Title IV of the Third Council Directive 92/49/EEC on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance; and in Title IV of the Third Council Directive 92/96/EEC on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance;

5) freedom of the parties to choose the law applicable to contract;

6) contractual obligations in consumer contracts;

7) mandatory provisions of the law in a state where the property is located regarding the form of a contract when the right to the property is established or transferred by contract;

8) permissibility of unsolicited commercial e-mail communication.

Chapter 2. Freedom to provide information society services

Section 5. Freedom to provide services

No requirements, falling within the co-ordinated field, which restrict provision of information society services in Finland, must be imposed on service providers established in another state of the European Economic Area. However, a court or some other competent authority may restrict provision of certain services in accordance with its powers, separately prescribed, if:

1) restrictions are necessary to maintain public order or security, to safeguard public health or to protect consumers;

2) restrictions are directed at services which damage the objectives referred to in point 1 or may seriously endanger their attainment; and

3) restrictions are in proportion to the objective.

Restrictions must not be implemented before the Member State where the service provider is established, has been asked to take action in the matter, but the Member State of establishment has not implemented the action or the action has not been sufficient. In addition, the Commission of the European Communities and the Member State where the service provider is established, must be notified of the restrictions before their implementation.

In urgent cases, restrictions may be implemented, the provisions in Section 2 notwithstanding. The Commission of the European Communities and the Member State where the service provider is established, must be notified immediately of the restrictions and of the reasons why the case is considered urgent.

The provisions in paragraphs 2 and 3 shall not apply to crime investigation or when hearing the case in court.

Section 6. Observance of the Finnish law

Competent authorities in Finland must supervise that the service providers established in Finland observe the Finnish law in the co-ordinated field also when provision of services is solely or mainly directed at another Member State within the European Economic Area.

Chapter 3. Information requirements, and electronic orders and contracts

Section 7. General information to be provided

In addition to the provisions elsewhere in the law on obligations to give information, service providers must have at least the following information easily, immediately and continuously available to the recipients of the services and to the authorities:

1) the service provider's name, geographical address in the state of establishment, email address and other contact information through which the service provider may be contacted quickly, directly and effectively;

2) the trade register or any other corresponding public register where the service provider has possibly been entered and the service provider's company and corporate ID or any other corresponding identification in the said register;

3) the contact information for the appropriate supervising authority if pursuit of the operations requires a licence or registration;

4) the VAT identification if the service provider is pursuing operations subject to VAT.

In addition to the provisions in paragraph 1, service providers which practise a regulated profession must have available the following information:

1) any professional body or a corresponding association to which the service provider belongs;

2) the occupational title and the Member State where it was awarded;

3) a reference to the professional code of conduct applicable in the state of establishment and as to where and how it is accessible.

If information on the prices of goods or services are supplied when providing information society services, they must be supplied clearly and unambiguously. The information must indicate whether VAT and delivery charges are included in the price. There are separate provisions on notifying a price of consumer goods and services.

Section 8. Obligation to give information when placing an order

In addition to the provisions elsewhere in the law on obligations to give information, the service providers must, before the recipient of the service places an order, have available to him/her clear and easy to understand information at least on the following matters:

1) technical stages when concluding a contract;

2) whether the service provider is storing the contract concluded and whether it is accessible to the other party;

3) technical means which may be used to identify and correct errors of entry before placing an order;

4) languages which may be used to conclude a contract;

5) codes of conduct concerning the matter, observed by the service provider, and where and how they are electronically accessible.

The provisions of paragraph 1 shall not be applied to contracts concluded by solely using e-mail or a corresponding personal method of communication. A contract may deviate from the provisions of paragraph 1 unless the consumer is a party to the contract.

Section 9. Supply of contractual terms

Service providers must supply recipients of services with contractual terms so that the recipients may store and reproduce them.

Section 10. Order and acknowledgement of receipt

If an order is placed using technical means, service providers must immediately electronically notify receipt of the order. There is no need to supply an acknowledgement of receipt if the ordered goods or services are delivered electronically without delay.

Appropriate, effective and easy to use technical means must be made available by service providers to recipients of services allowing them to identify and correct entry errors before placing an order.

The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not be applied to contracts concluded by solely using e-mail or a corresponding personal method of communication. A contract may deviate from the provisions of paragraph 1 and 2 unless the consumer is a party to the contract.

Section 11. The time of receipt

The order and the acknowledgement of receipt, referred to in Section 10 above, is regarded as received when it is available to the party it was addressed to.

Section 12. Meeting the formal requirements on a contract electronically

If a contract must be concluded in writing according to the law, this requirement is also met by an electronic contract with contents that cannot be unilaterally altered, and which remain accessible to the parties. If a contract must be signed according to the law, the separate provisions on electronic signatures shall be applied. The provisions of this paragraph shall correspondingly apply to notifications and other measures by the parties relating to the contractual relation which according to the law must be in writing or signed.

If a notification relating to a contract must be supplied verifiably according to the law, this requirement may also be met by such an electronic method with which it can be demonstrated that the recipient has received the notification.

The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not be applied to a contract concerning a property deal or any other transfer of a property or a contract relating to family or estate law.

Chapter 4. Exempting service providers, acting as intermediaries, from liability

Section 13. Exemption from liability in data transmission services and communication network services

When an information society service is provided, which consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, the service provider is not liable for the content or transfer of the information transmitted if he/she:

1) does not initiate the transmission;

2) does not select the receiver of the transmission; and

3) does not select or modify the information contained in the transmission.

The acts of transmission and of provision of access referred to in paragraph 1 include the automatic, intermediate and transient storage of the information transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network, and provided that the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission.

Section 14. Exemption from liability when caching the information

When an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, the service provider is not liable for the automatic, intermediate and temporary storage of that information, performed for the sole purpose of making more efficient the information's onward transmission to other recipients of the service upon their request, if he/she:

1) does not modify the information;

2) complies with the conditions on access to the information;

3) complies with rules regarding the updating of the information, specified in a manner widely recognised and used by industry;

4) does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain data on the use of the information; and

5) acts expeditiously to remove or to disable access to the information it has stored upon obtaining actual knowledge of the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed from the network, or access to it has been disabled, or that a court or an administrative authority has ordered such removal or disablement.

Section 15. Exemption from liability in hosting services

When an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient (content producer) of the service, the service provider is not liable for the information stored or transmitted at the request of a recipient of the service if he/she acts expeditiously to disable access to the information stored:

1) upon obtaining knowledge of the order concerning it by a court or if it concerns violation of copyright or neighbouring right upon obtaining the notification referred to in Section 22;

2) upon otherwise obtaining actual knowledge of the fact that the stored information is clearly contrary to Section 8 of Chapter 11 or Section 18 of Chapter 17 of the Penal Code (39/1889).

The provisions in paragraph 1 shall not apply if the content producer is acting under the authority or the control of the service provider.

Section 16. An order to disable access to information

On application by a public prosecutor or a person in charge of inquiries or on application by a party whose right the matter concerns, a court may order the service provider, referred to in Section 15, to disable access to the information stored by him/her if the information is clearly such that keeping its content available to the public or its transmission is prescribed punishable or as a basis for civil liability. The court must urgently process the application. The application cannot be approved
without reserving for the service provider and the content producer an opportunity to be consulted except if the consultation cannot be arranged as quickly as the urgency of the matter so necessarily requires.

A court order must also be made known to the content producer. If the content producer is not known, the court may order the service provider to take care of notification.

An order ceases to be in effect unless charges are raised for an offence based on the content or transmission of information referred to in the order or, when concerning a liability, action is brought within three months of issuing the order. On request by a public prosecutor, by a complainant or by an interested party within the time limit referred to above, the court may extend this time limit by a maximum of three months.

The service provider and the content producer have the right to apply for reversal of the order in the court where the order was issued. When dealing with a matter concerning reversal of the order, the Act (307/1986) of the general court of first instance on dealing with non-contentious civil cases shall be observed. However, the court takes care of the necessary procedures to hear a public prosecutor. The reversal must be applied for within 14 days of the date when the applicant was notified of the order. The information must not be made available again when the hearing of the case
concerning the reversal is pending unless otherwise ordered by the court dealing with the case. A public prosecutor has also the right to appeal the decision that reversed the order.

Section 17. Competent court

The application referred to in Section 16 above shall be heard by the court of the service provider's domicile. However, the application may also be heard by the court in Helsinki. A chairman of the court alone may also constitute a quorum.

Section 18. Legal safeguards of the content producer

If the service provider has prevented access to information under paragraph 1(2) of Section 15, he/she must immediately notify the content producer of this in writing or electronically so that the content of the notification cannot be unilaterally altered and that it remains accessible to the parties.

The notification must state the reason for prevention as well as information on the right of the content producer to bring the matter for a court hearing. The notification must be made in the mother tongue of the content producer, in Finnish or in Swedish. The notification may also be made in another language agreed with the content producer.

The content producer has the right to bring the matter concerning prevention to be heard by the court referred to in Section 17 within 14 days from the receipt of the notification referred to in paragraph 1. The provisions of paragraph 4 of Section 16 shall be observed during the hearing of the case concerning prevention.

Section 19. Obligation by the service provider to take action to implement a decision by the authorities

The provisions of Sections 13-15 on the service provider's exemption from liability shall have no effect on the service provider's obligation, under any other law, to take necessary action to implement an order or a decision by a court or by any other competent authority.

Chapter 5. Notification procedure

Section 20. Prevention of access to material infringing copyright or neighbouring right

A holder of copyright or his/her representative may request the service provider referred to in Section 15 to prevent access to material infringing copyright as prescribed in this Section and in Sections 22-24. The same applies to a holder of neighbouring right and his/her representative if it concerns material infringing this right.

A request must be presented to the content producer whose material the request concerns. If the content producer cannot be identified or if he/she does not remove the material or prevent access to it expeditiously, the request may be submitted to the service provider by notification prescribed in Section 22.

Section 21. Service provider's contact point

The service provider must give a contact point where the notification referred to in Section 22 and the response referred to in Section 23 may be delivered. The contact information of the contact point must be easily and continuously accessible.

Section 22. Form and content of the notification

The notification must be made in writing or electronically so that the content of the notification cannot be unilaterally altered and that it remains available to the parties.

The notification must include:

1) the name and contact information of the notifying party;

2) an itemisation of the material, for which prevention of access is requested, and details of the location of the material;

3) confirmation by the notifying party that the material which the request concerns is, in his/her sincere opinion, illegally accessible in the communication network;

4) information concerning the fact that the notifying party has in vain submitted his/her request to the content producer or that the content producer could not be identified;

5) confirmation by the notifying party that he/she is the holder of copyright or neighbouring right or entitled to act on behalf of the holder of the right;

6) signature by the notifying party.

The notification, which does not meet the requirements in paragraph 1, is invalid. If the shortcomings in the notification solely concern the information referred to in paragraph 1(2), the service provider must, however, take reasonable steps to contact the notifying party and to let him/her know the shortcomings discovered.

Section 23. Notification to the content producer and the plea

The service provider must immediately notify the content producer of prevention of access to the material supplied by him/her and to supply the content producer with a copy of the notification on the basis of which prevention was made.

If the content producer considers that prevention is groundless, he/she may get the material returned by delivering to the notifying party a plea in writing or electronically, as prescribed in Section 22, within 14 days of receiving the notification. A copy of the plea must be delivered to the service provider. The plea must include:

1) the name and contact information of the content producer;

2) the facts and other reasons under which prevention is considered groundless;

3) an itemisation of the material for which prevention is considered groundless;

4) signature by the content producer.

Section 24. Returning the material

If the plea, meeting the requirements of Section 23, is delivered within the time limit, the service provider must not prevent the material specified in the plea from being returned and kept available unless otherwise provided by an agreement between the service provider and the content producer or by an order or decision by a court or by any other authority.

Section 25. Liability to compensate

He/she who gives false information in the notification referred to in Section 22 or in the plea referred to in Section 23, is liable to compensate for the damage caused.

However, there is no liability to compensate or it may be adjusted if the notifying party had reasonable grounds to assume that the information is correct or if the false information is only of minor significance, when taking into account the entire content of the notification or the plea.

Chapter 6. Supervision and sanctions

Section 26. Supervision and the supervising authority's right to obtain information

Compliance with Sections 7-10 and Section 21 of this Act shall be supervised by the Communications Regulatory Authority. In addition, the provisions of the Consumer Protection Act (38/1978) on the supervisory authority of the Consumer Ombudsman shall be in force regarding supervision of compliance with Sections 7-10 of the Act.

The Communications Regulatory Authority and the Consumer Ombudsman must have an appropriate co-operative relationship between themselves.

The secrecy provisions notwithstanding, the service provider must, on request, give the Communications Regulatory Authority any necessary information for supervision.

The Act on the Consumer Agency (1056/1998) shall prescribe for the Consumer Ombudsman's right to obtain information.

Section 27. Administrative coercive means

If the service provider defaults on the obligation prescribed in Sections 7-10, Section 21 or paragraph 2 of Section 26, the Communications Regulatory Authority may request the service provider to meet the obligation within the time limit. The Communications Regulatory Authority may impose a penalty payment as a sanction for the request as prescribed by the Penalty Payment Act (1113/1990).

If the service provider acts contrary to the provisions of the Consumer Protection Act when violating the provisions of Sections 7-10, the separate provisions on coercive means shall be in force.

Chapter 7. Entry into force

Entry into force

This Act shall enter into force on 1 July 2002.

Decreto Ley número 25.868 de 6 de noviembre de 1992. Ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (INDECOPI). En las normas donde figure ITINTEC debe entenderse como INDECOPI. (Publicado el 24 de noviembre de 1992).

Modificado por Decreto Ley 26.116 publicado el 30 de diciembre de 1992, Decreto Legislativo número 788 publicado el 31 de diciembre de 1994 y por Decreto Legislativo número 807 publicado el 24 de abril de 1996.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:

El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Ha dado el Decreto Ley siguiente:

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Artículo 1º.- Créase el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como organismo dependiente del Ministerio de Industria Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa. Rige su funcionamiento de acuerdo a las disposiciones que contiene el presente Decreto Ley.

TÍTULO I. DE LA FINALIDAD Y DOMICILIO

Artículo 2º.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger:

a) el mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores;

b) los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo estipula el artículo 30 del presente Decreto Ley;

c) la calidad de los productos, y

d) otros que se le asignen.

Artículo 3º.- El INDECOPI tiene su sede en la ciudad de Lima, y podrá establecer oficinas en el territorio de la República.

TÍTULO II. DEL DIRECTORIO

Artículo 4º.- El Directorio es el órgano máximo del INDECOPI. Está integrado por tres Miembros, dos en representación del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, los que serán designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Turismo Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Son funciones del Directorio:

– Aprobar las políticas de administración del INDECOPI;
– Designar al Gerente General del INDECOPI;
– Designar a los miembros del Consejo Consultivo, a los miembros de las Comisiones y a sus Secretarios Técnicos, a los Secretario Técnicos del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, así como a los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capítulos II y III del Título V del presente Decreto Ley. Para la elección de los miembros de las Comisiones y de los Jefes de Oficina contará con la opinión que emita el Consejo Consultivo; (Modificado por el Artículo 59º Decreto Legislativo número 807).
– Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del INDECOPI, en el marco de las normas contenidas en el presente Decreto Ley y en su reglamento. (Modificado por el Artículo 59º Decreto Legislativo número 807).
– Crear o desactivar, así como modificar el régimen de las Gerencias y Subgerencias de la institución. (Agregado por el Artículo 59º Decreto Legislativo número 807)
– Otras que se le encomienden. (Agregado por el Artículo 59º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 5º.- El Presidente del Directorio del INDECOPI será designado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, entre uno de los representantes de ese Sector, por un período de cinco años, y sólo podrá ser removido del cargo por las causales a que se refiere el artículo 15 del presente Decreto Ley. En ausencia o impedimento temporal es reemplazado por uno de los Directores, conforme lo establezca el Reglamento.

Son funciones del Presidente:

– Convocar y presidir las sesiones del Directorio y representar al INDECOPI en los actos públicos y privados de la institución.
– Proponer a las autoridades pertinentes del Gobierno la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Ley;
– Representar al INDECOPI ante los organismos de cooperación técnica internacional, coordinando las acciones que realice al efecto con el Secretario Ejecutivo de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la Presidencia;
– Supervisar la marcha institucional, y
– Otras que se le encomiende.

TÍTULO III. DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 6º.- El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del INDECOPI. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia. En su designación deberá buscarse que sus integrantes representen distintos sectores de la actividad pública y privada que guardan relación con el rol y funciones de INDECOPI y que reflejen pluralidad de perspectivas.

(Modificado por el Artículo 60º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 7º.- Son funciones del Consejo Consultivo:

– Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del INDECOPI someta a su consideración;
recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado para la adopción de medidas destinadas a proteger los derechos a que se refiere el artículo 2;
– Asesorar al Presidente del INDECOPI en las gestiones que lleve a cabo ante los organismos de cooperación técnica internacional, coordinando las acciones que realice con el Secretario Ejecutivo de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la Presidencia;
– Proponer la adopción de políticas orientadas a la consecución de los fines del INDECOPI;
– Emitir opinión, a solicitud del Directorio, en la designación de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, los miembros de las Comisiones y los Jefes de Oficina. (Modificado por el Artículo 60º Decreto Legislativo número 807).
– Proponer al Directorio del INDECOPI ternas para la designación de los Presidentes y demás miembros de las Comisiones y sus correspondientes suplentes, así como de los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capítulos II y III del Título V del presente Decreto Ley, y
– Otras que se le encomiende.

Artículo 8º.- El Consejo Consultivo será presidido por el Presidente del Directorio del INDECOPI y estará integrado por un número no menor a seis y no mayor a doce miembros. La designación de sus integrantes así como la determinación del número de miembros corresponde al Directorio del INDECOPI. (Modificado por el Artículo 60º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 9º.- El Consejo Consultivo elegirá entre uno de sus miembros, a su Vice-Presidente.

TÍTULO IV. DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Artículo 10º.- El INDECOPI cuenta con un Organo de Control Interno, encargado de supervisar la gestión económica y financiera de la Institución, así como la conducta funcional de sus funcionarios. (Modificado por el Artículo 3º Decreto Legislativo número 788).

TÍTULO V. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL

CAPÍTULO I. DEL TRIBUNAL

Artículo 11º.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual está constituido por dos Salas: la Sala de Defensa de la Competencia, que conocerá de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Comisiones del INDECOPI y la Sala de la Propiedad Intelectual, que conocerá de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Oficinas del INDECOPI. Cada Sala contará con el apoyo de un Secretario Técnico, que será designado por el Directorio.

La Sala de Propiedad Intelectual está integrada por cuatro vocales y la Sala de Defensa de la Competencia por seis vocales, todos ellos designados por Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales a propuesta del Directorio el que tomará en consideración la opinión del Consejo Consultivo. Los vocales reunidos en Sala Plena elegirán de su seno un Presidente y un Vicepresidente por un período de un año. Asimismo, cada Sala elegirá a un Presidente y Vicepresidente de Sala por el mismo lapso. Los Vicepresidentes podrán sustituir a los Presidentes en casos de ausencia o impedimento. Los cargos son ejercidos por un período de un año, siendo posible la reelección.

En caso de ausencia o impedimento de algún vocal, un vocal de una Sala podrá ser también reemplazado por un vocal de la otra para completar el quórum necesario.

Con la periodicidad que determine el Presidente del Tribunal, o cuando las necesidades funcionales lo exijan o lo soliciten al menos tres vocales o el Directorio del INDECOPI, se producirá la reunión de Sala Plena del Tribunal con la asistencia de los vocales integrantes de ambas Salas. Las funciones del Secretario Técnico, en el caso de Sala Plena, serán ejercidas por el Secretario Técnico de la Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal. El quórum para la reunión de Sala Plena es de siete vocales, tomando las decisiones por mayoría simple de los vocales asistentes, teniendo el Presidente del Tribunal voto dirimente. La Sala Plena se reunirá para:

a) Dictar directivas para la determinación de las competencias entre los distintos órganos funcionales.

b) Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los órganos funcionales.

c) Designar al Presidente del Tribunal.

d) Dictar directivas de orden procesal.

e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento.

(Modificado por el Artículo 47º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 12º.- Son requisitos para ser designado miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ser profesional titulado con no menos de cinco años de experiencia profesional y con reconocida solvencia moral. El cargo de vocal del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo completo o a tiempo parcial, según establezca el Directorio en cada caso. (Modificado por el Artículo 47º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 13º.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual tiene las siguientes funciones:

a) conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como de los derechos de la propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el artículo 2º del presente Decreto Ley;

b) conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones a que se refiere el inciso anterior;

c) recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante las autoridades pertinentes del Gobierno para la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos a que se refiere el artículo 2º del presente Decreto Ley; y

d) (Derogado por el Artículo 47º Decreto Legislativo número 807).

e) recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones en caso de ser necesario.

Artículo 14º.- La Sala de Propiedad Intelectual requiere la concurrencia de tres vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones por dos votos conformes. El Presidente de la Sala tiene voto dirimente en caso de empate.

La Sala de Defensa de la Competencia requiere la concurrencia de cuatro vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones por tres votos conformes. El Presidente de la Sala tiene voto dirimente en caso de empate.

Las audiencias son públicas, salvo que la Sala considere que el caso amerita reserva porque podría vulnerarse el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas en el proceso. (Modificado por el Artículo 48º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 15º.– Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual podrán ser removidos de sus cargos por incurrir en negligencia, incompetencia o inmoralidad.

No obstante por tratarse de un cargo de confianza podrán ser removidos sin expresión de causa, siempre que se cuente con la opinión favorable del Directorio y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y del Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. (Modificado por el Artículo 3º Decreto Legislativo número 788).

Artículo 16º.- En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos funcionales del INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la vía administrativa. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Ley, se entiende que queda agotada la vía administrativa solamente cuando se obtiene la correspondiente resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Artículo 17º.- Las resoluciones que expida el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República a que se refiere el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Las resoluciones emitidas por las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado interponga los recursos impugnatorios que la ley le otorga. Unicamente se suspenderá la ejecución de lo resuelto por algún órgano funcional del INDECOPI cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia o la Corte Suprema del Poder Judicial, de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución impugnada. (Modificado por el Artículo 64º Decreto Legislativo número 807).

CAPÍTULO II. DE LAS COMISIONES

Artículo 18º.- El INDECOPI tiene siete Comisiones destinadas a la protección de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como a facilitar a los agentes económicos el acceso, permanencia y salida del mercado, que son las siguientes:

a) Comisión de Libre Competencia;

b) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios;

c) Comisión de Protección al Consumidor;

d) Comisión de Represión de la Competencia Desleal;

e) Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales;

f) Comisión de Salida del Mercado; y

g) Comisión de Acceso al Mercado.

(Modificado por el Artículo 49º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 19º.- Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes características:

a) tienen autonomía técnica y funcional, y se rigen por las normas legales por medio de las cuales se crearon y sus modificatorias, en lo que no se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ley;

b) resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la adopción de medidas correctivas y la imposición de las sanciones correspondientes;

c) están integradas por seis miembros, uno de los cuales la preside; (Modificado por el Artículo 49º Decreto Legislativo número 807).

d) eligen a su Presidente y Vice Presidente;

e) (Derogado por el Art. 49º del Decreto Legislativo número 807)

f) para sesionar válidamente requieren la presencia de tres de sus miembros;

g) aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente, y

h) cuentan con una Secretaría Técnica que les sirve de enlace con la estructura orgánica administrativa del INDECOPI.

Artículo 20º.- Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente Capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

a) son designados por el Directorio del INDECOPI, previa opinión del Consejo Consultivo; (Modificado por el Artículo 49º Decreto Legislativo número 807).

b) ejercen sus cargos por tiempo indeterminado;

c) el cargo de Presidente es ejercido por un año, transcurrido el cual quien detente el cargo puede ser reelegido, siendo el límite máximo para el ejercicio del cargo cinco años consecutivos; (Modificado por el Artículo 49º Decreto Legislativo número 807).

d) deben ser personas que han cursado estudios superiores, con reconocida experiencia en la especialidad, además de contar con los requisitos establecidos en las leyes que regulan las correspondientes materias. (Modificado por el Artículo 4º Decreto Legislativo número 788).

Artículo 21º.– Corresponde a la Comisión de Libre Competencia velar por el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo número701. (Modificado por el Artículo 4º Decreto Legislativo número 788 y 49º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 22º.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el «dumping» y los subsidios, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo número133-91-EF y sus normas modificatorias.

Artículo 23º.- Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor aprobada por el Decreto Legislativo número716. Para el efecto, asume las funciones que se refieren los artículos 38 y 42 de dicha norma legal.

Artículo 24º.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo número691, así como velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley 26122. (Modificado por el Artículo 3º Decreto Legislativo número 788 y por el Artículo 53º del Decreto Legislativo número 807).

Artículo 25º.– (Derogado por el Artículo 5º Decreto Legislativo número 788)

Artículo 26º.- Corresponde a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales aprobar las Normas Técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre metrología legal, así como calificar y autorizar a las empresas e instituciones a fin de facultarlas para ejercer las funciones de certificación de calidad de los productos y de su conformidad con normas técnicas, asumiendo para el efecto las funciones de la Comisión creada por el artículo 3º del Decreto Legislativo número 658. Asimismo, le corresponde velar por la defensa de las normas referidas al libre comercio, y pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones que establecen restricciones paraarancelarias y sobre las que contravengan lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 668 y el artículo 4 del Decreto Ley número 25.629.

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es el Organismo Nacional de Normalización y Acreditación.

Corresponde, adicionalmente, a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, aprobar las normas técincas para los equipos, software u otros medios que se utilicen para el proceso de micrograbación para la optención de microformas tanto en la modalidad de microfilm como del documento informático, así como otorgar certificados de cumplimiento de estas normas y de idoneidad técnica a quien acredite contar con los medios técnicos adecuados; de conformidad con el Decreto Legislativo número 681, normas modificatorias y complementarias.

(Modificado por el Artículo 53º del Decreto Legislativo número 807, penúltimo párrafo agregado por el Artículo 50º Decreto Legislativo número 807 y último párrafo agregado por el Artículo 8º de la Ley 26.612).

Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos número 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto Legislativo número 776 y la Ley número 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo.

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.

En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el pronunciamiento de la Comisión se realizará a través de un informe que será elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Concejo de Ministros a fin de que éste adopte las medidas que correspondan.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales a que se refiere el artículo anterior. (Agregado por el Artículo 50º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 27º.– Las resoluciones de las Comisiones que pongan fin a la instancia podrán ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Secretario Técnico de la Comisión podrá apersonarse, en los procedimientos iniciados o impulsados de oficio, ante el Tribunal a fin de sustentar y defender las resoluciones que hubiese dictado su Comisión en las apelaciones que se hubieran planteado contra ellas. Dicha defensa se ejercerá en aquellos casos en que la Comisión respectiva lo considere necesario y será ejercida por el Secretario Técnico o la persona que éste designe. (Modificado por el Artículo 49º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 28º.- Los procesos que se sigan ante las Comisiones a que se refiere el presente Capítulo pueden ser iniciados por las Secretarías Técnicas de oficio y por los interesados o perjudicados, o por representantes de las asociaciones o entidades gremiales de los afectados.

Artículo 29º.- Los casos en que se presente conflicto de competencia entre dos o más Comisiones se resolverá conforme a lo prescrito en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

En caso de asuntos cuya materia no sea de competencia de la Comisión ante la cual se acciona sino de otra de la Comisiones a que se refiere el presente Capítulo, la Comisión referida se inhibirá de conocer sobre el asunto y lo remitirá sin más trámite a la Comisión pertinente para su resolución.

CAPÍTULO III. DE LAS OFICINAS

Artículo 30º.- El INDECOPI tiene tres Oficinas destinadas a la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, que son las siguientes:

a) La Oficina de Signos Distintivos;

b) La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías; y

c) La Oficina de Derechos de Autor.

(Modificado por el Artículo 58º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 31º.- Las Oficinas a que se refiere el artículo anterior tienen las siguientes características:

a) tienen autonomía técnica, funcional y administrativa, conforme a las normas legales por medio de las cuales se crearon;

b) resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la imposición de las sanciones correspondientes;

c) están a cargo de un Jefe, y

d) pueden contar con jefaturas para las distintas áreas funcionales de su competencia, conforme a lo que establezca el Reglamento.

Artículo 32º.- Los Jefes de las Oficinas a que se refiere el presente Capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

a) son designados por el Directorio del INDECOPI, previa opinión del Consejo Consultivo; (Modificado por el Artículo 58º Decreto Legislativo número 807).

b) ejercen sus cargos por tiempo indefinido;

c) deben haber cursado estudios superiores, con reconocida experiencia en la especialidad, además de contar con los requisitos establecidos en las leyes que regulan las correspondientes materias, y; (Modificado por el Artículo 4º Decreto Legislativo número 788).

d) sirven de enlace con la estructura orgánica administrativa del INDECOPI.

Artículo 33º.- Corresponde a la Oficina de Signos Distintivos llevar el registro de marcas, nombres comerciales, lemas y denominaciones de origen o geográficas, así como proteger los derechos derivados de dicho registro.

Artículo 34º.- Corresponde a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías llevar los registros de patentes, modelos industriales, diseños o dibujos industriales, variedades vegetales, biotecnología y otras nuevas tecnologías. así como proteger los derechos derivados de dicho registro. Asimismo, está encargada de difundir los adelantos tecnológicos. (Modificado por el Artículo 4º Decreto Legislativo número 788).

Artículo 35º.- (Derogado por el Artículo 5º Decreto Legislativo número 788)

Artículo 36º.- (Derogado por el Artículo 55º Decreto Legislativo número 807)

Artículo 37º.- Corresponde a la Oficina de Derechos de Autor cautelar, proteger y registrar los derechos de autor y derechos conexos sobre obras artísticas en todas sus manifestaciones y sobre software, así como mantener el depósito legal intangible. Asimismo, lleva el registro de las asociaciones autorales.

Artículo 38º.- Las resoluciones de las Oficinas a que se refiere el presente capítulo podrán ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Jefe de Oficina podrá apersonarse, en los procedimientos iniciados o impulsados de oficio, ante el Tribunal a fin de sustentar y defender las resoluciones que hubiese dictado en las apelaciones que se hubieran planteado contra ellas. Dicha defensa se ejercerá en aquellos casos en que el Jefe de Oficina respectivo lo considere necesario y será ejercida por el Jefe de Oficina o por la persona que éste designe. (Modificado por el Artículo 58º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 39º.- Los casos en que se presente conflicto de competencias entre dos o más Oficinas se resolverán conforme a lo prescrito en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

En caso de asuntos cuya materia no sea de competencia de la Oficina ante la cual se acciona si no de otra de las Oficinas a que se refiere el presente Capítulo, la Oficina referida se inhibirá de conocer sobre el asunto y lo remitirá sin más trámite a la Oficina pertinente para su resolución.

Artículo 40º.- En los casos en que un determinado derecho sobre la propiedad intelectual en cualquiera de sus manifestaciones haya sido registrado en dos o más de las Oficinas a que se refiere el presente Capítulo, se determinará la preferencia del derecho según la prioridad en el tiempo de la inscripción.

TÍTULO VI. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I. DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 41º.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo y administrativo de la institución de cuya administración responde ante el Directorio del INDECOPI.

Artículo 42º.- Son funciones de la Gerencia General del INDECOPI:

a) dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de las diferentes dependencias administrativas;

b) coordinar las acciones de las diferentes dependencias funcionales y prestarles el apoyo que requieran para su funcionamiento;

c) ejercer la representación legal de la institución;

d) administrar los recursos económicos y presupuestales;

e) designar, promover, suspender y remover al personal administrativo; y

f) las demás que se le encargue por acuerdo del directorio.

Artículo 43º.- Las funciones de la Gerencia General son apoyadas por las Gerencias del INDECOPI.

CAPÍTULO II. DE LAS GERENCIAS

Artículo 44º.- El INDECOPI cuenta con cuatro Gerencias que dependen directamente del Gerente General, que son las siguientes:

a) La Gerencia de Administración, Finanzas y Apoyo a los Organos Funcionales, de la cual dependen administrativamente los Secretarios Técnicos de las Comisiones, así como los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capítulos II y III del Título V del presente Decreto Ley. Sus funciones están referidas a las acciones necesarias para lograr el normal funcionamiento del INDECOPI.

b) La Gerencia de Informática y Sistemas, cuyas funciones están orientadas a prestar apoyo a los órganos funcionales del INDECOPI en todo lo relacionado con información computarizada.

c) La Gerencia de Relaciones Internacionales, cuyas funciones están referidas a realizar el seguimiento de las acciones de los organismos internacionales en materias de competencia del INDECOPI, y evaluar los acuerdos internacionales vigentes a fin de recomendar la incorporación del país a los mismos.

d) La Gerencia Legal, cuyas funciones están referidas a prestar el apoyo legal requerido por todos los órganos funcionales y administrativos del INDECOPI.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, el Directorio se encuentra facultado para crear nuevas Gerencias y Subgerencias, así como para desactivarlas o modificar su régimen, de acuerdo con las necesidades de la institución, y siempre dentro del marco de lo que dispongan las normas presupuestarias. (Ultimo párrafo agregado por el Artículo 61º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 45º.- Las funciones específicas de cada una de las Gerencias a que se refiere el artículo anterior se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Ley y en los acuerdos que sobre el particular tome el directorio del INDECOPI. (Modificado por el Artículo 62º Decreto Legislativo número 807).

CAPÍTULO III. DE LAS SECRETARIAS TECNICAS

Artículo 46º.- Cada una de las Comisiones a que se refiere el Capítulo II del Título V del presente Decreto Ley, cuenta con una Secretaría Técnica que le sirve de órgano de enlace con la estructura orgánica administrativa del INDECOPI.

Cada una de las Secretarías Técnicas a que se refiere el párrafo anterior depende funcionalmente de su correspondiente Comisión y está a cargo de una o más personas, designadas por el Directorio del INDECOPI, teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión respectiva.

En caso de ausencia o impedimento de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá sus funciones la persona que la Comisión designe para el efecto, quien actuará como Secretario Técnico encargado. Dicha encargatura no podrá comprender un período superior a un mes. Luego de dicho plazo corresponde al Directorio de INDECOPI designar a la persona que ejerza el cargo. Este artículo es también aplicable a los Secretarios Técnicos del Tribunal, en lo que fuera pertinente. (Modificado por el Artículo 51º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 47º.- Son funciones de las Secretarías Técnicas:

a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás órganos funcionales y administrativos del INDECOPI;

b) Iniciar de oficio los procedimientos o procesos que se sigan ante su respectiva Comisión cuando considere que el caso lo amerita, o cuando la Comisión así lo disponga;

c) Realizar las investigaciones requeridas para que las Comisiones cuenten con los elementos de juicio necesarios para emitir la resolución correspondiente, conforme a sus respectivas normas legales de creación;

d) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de creación; y

e) Otras que se le encomienden.

TÍTULO VII. DEL REGIMEN ECONOMICO Y LABORAL

Artículo 48º.- Son recursos del INDECOPI:

a) los derechos de tramitación de procedimientos ante las Comisiones y Oficinas, de ser el caso;

b) los derechos de registro de propiedad intelectual;

c) los montos que recaude por concepto de multas;

d) los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional;

e) los legados y donaciones que reciba, y

f) los recursos que se le transfieran conforme a Ley.

Artículo 49º.- Todos los cargos que desempeñan las personas que laboran en el INDECOPI son remunerados, con excepción de los miembros del Consejo Consultivo. El pago de la remuneración a que se refiere el párrafo anterior procede siempre que no se trate de funcionarios o servidores públicos que desempeñan otros empleos o cargos remunerados por el Estado. En este último caso perciben una dieta, conforme a lo que establezca el Reglamento del presente Decreto Ley. (Modificado por el Artículo 49º Decreto Legislativo número 807).

Artículo 50º.– Los trabajadores del INDECOPI están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

En consecuencia, se rigen por lo establecido en la Ley número 4.916 y sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y conexas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- En aplicación y conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Ley, quedan modificados los Decretos Legislativos números 71, 171, 570, 577, 658, 691, 701, 716; el artículo 78 de la Ley número13.714; el Decreto Ley número25.595; los Decretos Supremos números 61-62-ED, 095-85-EFC, 009-87-ED, 133-91-EF; las Resoluciones Supremas números 090-81-ITI/IND y 175-88-ICTI/IND; la Resolución Jefatural número12-87-BNP y la Resolución Directoral número001-89-DIGDA-BNP.

SEGUNDA.- El INDECOPI queda comprendido dentro de los alcances de las disposiciones sobre seguridad jurídica en materia administrativa contenidas en el Título IV del Decreto Legislativo número757, Ley Marco para el Crecimiento para la Inversión Privada, con excepción de sus artículos 24, 25, 26 y 32. En consecuencia, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI debe ser aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

TERCERA.- Cuando las normas legales por medio de las cuales se hayan creado las Comisiones y Oficinas a que se refiere el Título V del presente Decreto Ley no hayan previsto plazos especiales para la realización de los procedimientos y procesos de su competencia, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

CUARTA.- Por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se transferirá al INDECOPI los recursos económicos, saldos presupuestales, bienes patrimoniales y acervo documentario del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas -ITINTEC, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Ley número25.818, que declara en disolución y liquidación a dicho Instituto.

QUINTA.- El Reglamento del presente Decreto Ley se aprobará por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

DISPOSICION TRANSITORIA

ÚNICA.- Los miembros de las Comisiones a que se refiere el Capítulo II del Título V del presente Decreto Ley que se encuentren ejerciendo dichos cargos a la fecha de entrada en vigencia de esta norma legal, continuarán en funciones hasta que se realice la nueva designación conforme a lo establecido en el inciso f) del artículo 5.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Deróguese el artículo 46º del Decreto Legislativo número716, el artículo 3º del Decreto Ley número25629, y toda otra norma legal que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Ley.

SEGUNDA.- El presente Decreto Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:

§　1.- Grundsätze der Informationszugangsfreiheit

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu in den Behörden vorhandenen Informationen sowie die Verbreitung dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen.

(2) Jede natürliche und juristische Person des Privatrechts hat Anspruch auf Zugang zu den bei einer Behörde vorhandenen Informationen. Dies gilt für Personenvereinigungen entsprechend.

(3) Besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht bleiben unberührt. Bei zulässigem Informationsantrag gilt das Prinzip der Amtsverschwiegenheit nicht.

(4) Der Informationszugang nach diesem Gesetz umfasst nicht das Recht zur Weiterverwendung erhaltener Informationen zu gewerblichen Zwecken.

§　2.- Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung in Form von Schrift, Bild, Ton oder in sonstigen Daten;

2. Informationsträger: alle Medien, die Informationen in Schrift-, Bild-, Ton- oder automatisierter oder in sonstiger Form speichern können.

Nicht hierunter fallen Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen und die spätestens nach dessen Abschluss vernichtet werden.

§　3.- Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften über den Zugang zu Informationen gelten für die Behörden des Landes, der Landkreise, der Ämter und Gemeinden, für die sonstigen Körperschaften, rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie für den Landtag, soweit er Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, auch, wenn diese Bundesrecht oder Recht der Europäischen Gemeinschaften ausführen.

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle nach § 1 Abs. 3 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes .

(3) Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt oder dieser Person die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen wurde oder an denen eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit einer Mehrheit der Anteile oder Stimmen beteiligt sind. .

(4) Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind nicht

1. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der Rechtspflege oder aufgrund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhängigkeit tätig werden sowie Disziplinarbehörden,

2. der Landesrechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird.

§　4.- Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs

(1) Die Behörde hat nach Wahl des Antragstellers schriftlich oder mündlich Auskunft zu erteilen oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten. Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die Behörde auf Verlangen des Antragstellers maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung.

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Informationsträger anderer öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Behörde auf diese Tatsache hin und teilt dem Antragsteller die für die Entscheidung über den Informationszugang zuständige Stelle mit.

(3) Die Behörde stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Die Behörde stellt dem Antragsteller auf Verlangen Kopien zur Verfügung.

(4) Handelt es sich um Informationen, die bereits öffentlich und barrierearm zugänglich sind, ist ein Anspruch ausgeschlossen, sofern die Behörde dem Antragsteller in einer entsprechenden Verweisungsmitteilung die Fundstelle angibt.

§　5.- Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit und solange

1. das Bekanntwerden der Informationen dem Wohl des Landes, den inter- und supranationalen Beziehungen, den Beziehungen zum Bund oder zu einem Land schwerwiegende Nachteile bereiten oder die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit schädigen würde,

2. durch die Bekanntgabe der Informationen der Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs- oder Strafvollstreckungsverfahrens gefährdet oder der Verfahrensablauf eines anhängigen Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens erheblich beeinträchtigt würde,

3. durch die Bekanntgabe der Informationen Angaben und Mitteilungen von Behörden, die nicht dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, offenbart würden und die Behörden in die Offenbarung nicht eingewilligt haben oder von einer Einwilligung nicht auszugehen ist,

4. das Bekanntwerden der Informationen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden kann.

§　6.- Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung vereitelt würde.

(2) Nicht der unmittelbaren Vorbereitung dienen insbesondere Ergebnisse von Beweiserhebungen und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

(3) Nicht zugänglich sind Protokolle vertraulicher Beratungen.

(4) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, wenn das Bekanntwerden des Inhaltes der Informationen die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung beeinträchtigt.

(5) Informationen, die nach den Absätzen 1 und 3 nicht gewährt werden konnten, sind spätestens nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu machen. Dies gilt hinsichtlich Absatz 3 nur für Ergebnisprotokolle.

(6) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, wenn zu befürchten ist, dass durch das Bekanntwerden der Informationen der Erfolg behördlicher Maßnahmen, insbesondere von Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen, von ordnungsbehördlichen Anordnungen oder Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung, gefährdet oder vereitelt sowie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der betroffenen Behörde erheblich beeinträchtigt würde.

§　7.- Schutz personenbezogener Daten

Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Informationen personenbezogene Daten offenbart werden, es sei denn,

1. die Betroffenen willigen ein,

2. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt,

3. die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder schwerwiegender Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner geboten,

4. die Einholung der Einwilligung des Betroffenen ist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, und es ist offensichtlich, dass die Offenbarung im Interesse des Betroffenen liegt,

5. der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Informationen geltend und überwiegende schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen stehen der Offenbarung nicht entgegen.

§　8.- Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht oder durch die Übermittlung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und der Betroffene nicht eingewilligt hat. Dies gilt auch für das Land, die kommunalen Körperschaften sowie für Unternehmen und Einrichtungen, die von kommunalen Körperschaften nach den Vorschriften der Kommunalverfassung in einer Rechtsform des privaten oder öffentlichen Rechts geführt werden, bei der Teilnahme am Wirtschaftsverkehr.

§　9.- Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) In den Fällen der §§ 7 und 8 gibt die Behörde einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann.

(2) Die Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu geben. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. § 12 Absatz 2 gilt entsprechend.

§　10.- Antragstellung

(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift an die Behörde zu richten, bei der die begehrten Informationen vorhanden sind. Im Fall des § 3 Abs. 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

(2) Im Antrag sind die begehrten Informationen zu umschreiben. Sofern dem Antragsteller Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat ihn die Behörde zu beraten.

(3) Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen. Sind die Informationen bei der Behörde, bei der der Antrag gestellt worden ist, nicht oder nicht vollständig vorhanden, hat diese Behörde dem Antragsteller hinsichtlich der fehlenden Informationen unverzüglich die zuständige Behörde zu benennen, soweit ihr dies bekannt ist.

(4) Bei Anträgen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Anträge), sowie bei Anträgen von mehr als 50 Personen, die das gleiche Informationsinteresse verfolgen, gelten die §§ 17 bis 19 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, kann die Aufforderung ortsüblich bekannt gemacht werden.

(5) Soweit und solange Informationen aufgrund der §§ 5 bis 8 nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen.

§　11.- Bescheidung des Antrags

(1) Der Antrag ist unverzüglich, spätestens jedoch nach Ablauf einer Frist von einem Monat, im Fall der Beteiligung eines Dritten (§ 9 Absatz 1) spätestens zwei Monate nach Stellung eines ordnungsgemäßen Antrags zu bescheiden. Der Antragsteller ist über die Beteiligung eines Dritten schriftlich zu informieren.

(2) Soweit Umfang oder Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigen, kann die Frist des Absatzes 1 auf bis zu drei Monate verlängert werden. Der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich zu informieren.

(3) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur teilweise, ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen Informationen und ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist.

§　12.- Ablehnung des Antrags, Rechtsweg

(1) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, hat sie hierfür die Gründe und darüber hinaus mitzuteilen, ob und wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist. Auf die Möglichkeit von Widerspruch und Verpflichtungsklage sowie Anrufung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit ist dabei hinzuweisen.

(2) Gegen die Ablehnung sind Widerspruch und Verpflichtungsklage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getroffen worden ist.

§　13.- Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind Gebühren und Auslagen zu erheben. Dies gilt nicht für die Erteilung einfacher Auskünfte. Auslagen sind zu erstatten; sie dürfen die tatsächlichen Kosten nicht überschreiten.

(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, für Amtshandlungen nach Absatz 1 die Gebührentatbestände und die Höhe der Gebühren sowie der Auslagen durch Rechtsverordnung zu bestimmen.

§　14.- Anrufung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und der Rechtsaufsicht

Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist, hat das Recht auf Anrufung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit. Die Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes über die Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz finden für den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit entsprechende Anwendung. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist zugleich Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit. Die Vorschriften über den gerichtlichen Rechtsschutz und die Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bleiben unberührt.

§　15.- Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, 10. Juli 2006

Der Ministerpräsident, Dr. Harald Ringstorff

Der Innenminister, Dr. Gottfried Timm

Ley 279 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia de 7 de marzo

……………………………………………………………………………………………………………..

ARTÍCULO 95. TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los término que establezca la ley.

De acuerdo con la Resolución de 12 de noviembre de 1.999, cabe extender asiento de presentación de los documentos notariales, judiciales y administrativos que se reciben  en los Registros por vía telemática y con firma electrónica. Los documentos remitidos  por vía telemática y con firma electrónica avanzada ofrecen iguales o superiores niveles  de garantía de autenticidad. El Registrador practicará el asiento de presentación en el  momento en que se procede a la apertura del correo recibido en el día. Igualmente, cabe  extender asiento de presentación de los documentos privados inscribibles que se  reciban en los Registros por vía telemática y con firma electrónica. Asimismo, los documentos presentados de conformidad con los puntos anteriores son susceptibles de calificación en inscripción. La función calificadora del Registrador no queda alterada, tanto en el aspecto sustantivo como en el formal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º.- É instituído o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – Funttel, de natureza contábil, com o objetivo de estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações, nos termos do Artigo 77 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

Artigo 2º.- O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações será administrado por um Conselho Gestor e terá como agentes financeiros o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Empresa Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.

§ 1º　O Conselho Gestor será constituído pelos seguintes membros:

I. – um representante do Ministério das Comunicações;

II .– um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;

III. – um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV .– um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;

V .– um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

VI .– um representante da Empresa Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.

§ 2º　Cabe ao Poder Executivo nomear os membros do Conselho Gestor do Funttel, devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de até noventa dias a partir da publicação desta Lei.

§ 3º　O Conselho Gestor será presidido pelo representante do Ministério das Comunicações e decidirá por maioria absoluta.

§ 4º　O mandato e a forma de investidura dos conselheiros serão definidos em regulamento.

§ 5º　Os agentes financeiros prestarão contas da execução orçamentária e financeira do Fundo ao Conselho Gestor.

§ 6º　Será definida na regulamentação a forma de repasse dos recursos pelos agentes financeiros para a execução dos projetos aprovados.

§ 7º　Os membros do Conselho Gestor não serão remunerados pela atividade exercida no Conselho.

§ 8º　O Ministério das Comunicações prestará ao Conselho todo o apoio técnico, administrativo e financeiro.

§ 9º　As despesas operacionais de planejamento, prospecção, análise e estruturação de operações, contratação, aplicação de recursos, acompanhamento de operações contratadas, avaliação de operações e divulgação de resultados, necessárias à implantação e manutenção das atividades do Funttel, não poderão ultrapassar o montante correspondente a 5% (cinco por cento) dos recursos arrecadados anualmente.(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001)

Artigo 3º.- Compete ao Conselho Gestor:

I .– aprovar as normas de aplicação de recursos do Fundo em programas, projetos e atividades prioritárias na área de telecomunicações, em consonância com o disposto no Artigo 1º desta Lei;

II .– aprovar, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano de Aplicação de Recursos submetido pelos agentes financeiros e pela Fundação CPQd;

III .– submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do Funttel, para inclusão no projeto de lei orçamentária anual a que se refere o § 5º do Artigo 165 da Constituição Federal, observados os objetivos definidos no Artigo 1º desta Lei, as políticas de desenvolvimento tecnológico fixadas pelos Poderes Executivo e Legislativo e a existência de linhas de crédito;

IV .– prestar conta da execução orçamentária e financeira do Funttel;

V .– propor a regulamentação dos dispositivos desta Lei, no âmbito de sua competência;

VI .– aprovar seu regimento interno;

VII .– decidir sobre outros assuntos de interesse do Funttel.

Artigo 4º.- Constituem receitas do Fundo:

I .– dotações consignadas na lei orçamentária anual e seus créditos adicionais;

II .–　(VETADO)

III .– contribuição de meio por cento sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, nos regimes público e privado, excluindo-se, para determinação da base de cálculo, as vendas canceladas, os descontos concedidos, o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), a contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

IV .– contribuição de um por cento devida pelas instituições autorizadas na forma da lei, sobre a arrecadação bruta de eventos participativos realizados por meio de ligações telefônicas;

V .– o produto de rendimento de aplicações do próprio Fundo;

VI .– o produto da remuneração de recursos repassados aos agentes aplicadores;

VII. – doações;

VIII .– outras que lhe vierem a ser destinadas.

Parágrafo único.- O patrimônio inicial do Funttel será constituído mediante a transferência de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) oriundos do Fistel.

Artigo 5º　(VETADO)

Artigo 6º.- Os recursos do Fundo serão aplicados exclusivamente no interesse do setor de telecomunicações.

§ 1º　A partir de 1º de agosto de 2001, vinte por cento dos recursos do Fundo serão alocados diretamente à Fundação CPQd.

§ 2º　A partir de 1 de agosto de 2002, é facultado ao Conselho Gestor alterar o percentual definido no § 1^o, levando em consideração a necessidade de recursos para preservação da capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fundação CPQd, nos termos do Artigo 190 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

§ 3º　Os recursos referidos nos §§ 1º e 2º serão aplicados sob a forma não reembolsável.

§ 4º　A Fundação CPQd apresentará, anualmente, para apreciação do Conselho Gestor, relatório de execução dos Planos de Aplicação de Recursos, na forma que dispuser a regulamentação.

§ 5º　(VETADO)

§ 6º　As contas dos usuários de serviços de telecomunicações deverão indicar, em separado, o valor da contribuição ao Funttel referente aos serviços faturados.

§ 7º　(VETADO)

Artigo 7º.- Os recursos destinados ao Funttel, não utilizados até o final do exercício, apurados no balanço anual, serão transferidos como crédito do mesmo Fundo no exercício seguinte.

Artigo 8º.- O Poder Executivo expedirá a regulamentação necessária ao pleno cumprimento desta Lei no prazo de noventa dias.

Artigo 9º.- Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua publicação.

Brasília, 28  de novembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
Alcides Lopes tápias
Pimenta da Veiga
Ronaldo Mota Sardenberg

LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL

(BOE nº 157, de 2 de julio; corrección de errores en BOE de 4 de noviembre)

LIBRO III. DEL RÉGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

TÍTULO III. De las actuaciones judiciales

CAPÍTULO PRIMERO.- DE LA ORALIDAD, PUBLICIDAD Y LENGUA OFICIAL 

En su Artículo 230 otorga validez y eficacia como documentos originales a los documentos electrónicos, indicando:

Artículo 230.1. «Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, y demás leyes que resulten de aplicación.

Artículo 230.2. Los documento emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes procesales.

Artículo 230.3. – Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.

Artículo 230.4. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate.

Artículo 230.5. – Reglamentariamente se determinará por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento, de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

  Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.

 Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre si para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial 

Lei nº 46/2011 de 24 de Junho, cria o tribunal de competência especializada para propriedade intelectual e o tribunal de competência especializada para a concorrência, regulação e supervisão e procede à 15.ª alteração à Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, que aprova a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, à 4.ª alteração à Lei nº 18/2003, de 11 de Junho, que aprova o Regime Jurídico da Concorrência, à 5.ª alteração à Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, que aprova a Lei das Comunicações Electrónicas, à 2.ª alteração à Lei nº 25/2008, de 5 de Junho, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, à 7.ª alteração à Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, que aprova a Lei de Organização e Financiamento dos Tribunais Judiciais, à 1.ª alteração à Lei nº 99/2009, de 4 de Setembro, que aprova o regime quadro das ordenações do sector das comunicações, à 23.ª alteração ao Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, que aprova o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, à 15.ª alteração ao Decreto-Lei nº 94 -B/98, de 17 de Abril, que regula as condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia, ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro, ao Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, à 2.ª alteração ao Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de Maio, que estabelece o regime jurídico aplicável aos contratos à distância relativos a serviços financeiros celebrados com consumidores, e à 2.ª alteração ao Decreto-Lei nº 144/2006, de 31 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I.- Alteração à Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judicias

Artigo 1º.- Alteração à Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro

Os artigos 34º, 51º, 57º, 78º e 89º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, alterada pela Lei nº 101/99, de 26 de Julho, pelos Decretos-Leis n.os 323/2001, de 17 de Dezembro, e 38/2003, de 8 de Março, pela Lei nº 105/2003, de 10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 53/2004, de 18 de Março, pela Lei nº 42/2005, de 29 de Agosto, pelos Decretos-Leis n.os 76 -A/2006, de 29 de Março, 8/2007, de 17 de Janeiro, e 303/2007, de 24 de Agosto, pelas Leis n.os 52/2008, de 28 de Agosto, e 115/2009, de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei nº 295/2009, de 13 de Outubro, e pelas Leis n.os 40/2010 e 43/2010, ambas de 3 de Setembro, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 34º

[…]

1 .- (Actual corpo do artigo.)

2 .- As causas referidas nos artigos 89º, 89º -A e 89º -B são distribuídas sempre à mesma secção cível.

Artigo 51º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- Sempre que o volume ou complexidade do serviço o justifique, podem ser criadas secções sociais, de família e menores e de comércio, propriedade intelectual e da concorrência, regulação e supervisão.

3 .- Quando não existirem secções em matéria social, de família e menores ou de comércio, propriedade intelectual e da concorrência, regulação e supervisão, por não se verificar a situação excepcional referida no número anterior, cabe ao tribunal da Relação da sede do distrito judicial ou, consoante os casos, do distrito mais próximo, onde existam tais secções, julgar os recursos das decisões nas respectivas matérias.

Artigo 57º

[…]

1 .- É aplicável aos tribunais da Relação, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 37º

2 .- (Revogado.)

Artigo 78º

[…]

Podem ser criados os seguintes tribunais de competência especializada:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Da propriedade intelectual;

g) Da concorrência, regulação e supervisão;

h) [Anterior alínea f).]

i) [Anterior alínea g).]

Artigo 89º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) (Revogada.)

g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) (Revogada.)

i) Acções de dissolução de sociedade anónima europeia;

j) Acções de dissolução de sociedades gestoras de participações sociais;

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) (Revogada.)

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) (Revogada).

3 .- A competência a que se refere o nº 1 abrange os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões.»

Artigo 2º.- Aditamento à Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro

São aditados à Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, na presente redacção, os artigos 89º -A e 89º -B, com a seguinte redacção:

«Artigo 89º -A.- Competência

1 .- Compete ao tribunal da propriedade intelectual conhecer das questões relativas a:

a) Acções em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos;

b) Acções em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei;

c) Acções de nulidade e de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial;

d) Recursos de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros actos que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial;

e) Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em processo de contra -ordenação;

f) Acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre nomes de domínio na Internet;

g) Recursos das decisões da Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT, que registem, recusem o registo ou removam um nome de domínio de.PT;

h) Acções em que a causa de pedir verse sobre firmas ou denominações sociais;

i) Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado relativas à admissibilidade de firmas e denominações no âmbito do regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas;

j) Acções em que a causa de pedir verse sobre a prática de actos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial;

l) Medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da protecção de direitos de propriedade intelectual e de direitos de autor.

2 .- A competência a que se refere o número anterior abrange os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões.

Artigo 89º -B.- Competência

1 .- Compete ao tribunal da concorrência, regulação e supervisão conhecer das questões relativas a recurso, revisão e execução das decisões, despachos e demais medidas em processo de contra -ordenação legalmente susceptíveis de impugnação:

a) Da Autoridade da Concorrência (AdC);

b) Da Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM);

c) Do Banco de Portugal (BP);

d) Da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);

e) Da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC);

f) Do Instituto de Seguros de Portugal (ISP);

g) Das demais entidades administrativas independentes com funções de regulação e supervisão.

2 .- Compete ainda ao tribunal da concorrência, regulação e supervisão conhecer das questões relativas a recurso, revisão e execução:

a) Das decisões da AdC proferidas em procedimentos administrativos a que se refere o regime jurídico da concorrência, bem como da decisão ministerial prevista no artigo 34º do Decreto-Lei nº 10/2003, de 18 de Janeiro;

b) Das demais decisões da AdC que admitam recurso, nos termos previstos no regime jurídico da concorrência.

3 .- As competências referidas nos números anteriores abrangem os respectivos incidentes e apensos.»

Artigo 3º.- Alteração à organização sistemática da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro

Na secção III do capítulo V da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, são introduzidas as seguintes alterações:

a) É aditada uma subsecção com a seguinte designação:

«Subsecção VII, ‘Tribunal da propriedade intelectual’», que inclui o artigo 89º -A;

b) É aditada uma subsecção com a seguinte designação: «Subsecção VIII, ‘Tribunal da concorrência, regulação e supervisão’», que inclui o artigo 89º -B;

c) As subsecções VII, VIII e IX são renumeradas, passando a secções IX, X e XI, respectivamente.

Artigo 4º.- Alteração à Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto

Os artigos 42º, 57º, 74º, 110º, 121º e 122º da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, alterada pelas Leis n.os 103/2009, de 11 de Setembro, e 115/2009, de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei nº 295/2009, de 13 de Outubro, pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de Abril, 40/2010 e 43/2011, de 3 de Setembro, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 42º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- As causas referidas nos artigos 121º, 122º e 122º -A são distribuídas sempre à mesma secção cível.

Artigo 57º

[…]

1 .- Os tribunais da Relação compreendem secções em matéria cível, em matéria penal, em matéria social, em matéria de família e menores e em matéria de comércio, propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 .- A existência de secções em matéria social, de família e menores e de comércio, propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão, depende do volume ou da complexidade do serviço.

3 .- Quando não existirem secções em matéria social, de família e menores ou de comércio, propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão, por não se verificar a situação excepcional referida no número anterior, cabe ao tribunal da Relação da sede do distrito judicial ou, consoante os casos, do distrito mais

próximo, onde existam tais secções, julgar os recursos das decisões nas respectivas matérias.

Artigo 74º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Concorrência, regulação e supervisão;

g) [Anterior alínea f).]

h) [Anterior alínea g).]

i) [Anterior alínea h).]

j) [Anterior alínea i).]

l) [Anterior alínea j).]

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .- Os juízos referidos nas alíneas j) e l) do nº 2 podem ainda desdobrar -se, quando o volume ou a complexidade do serviço o justifiquem, em três níveis de especialização judicial, nos termos do artigo 127º

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 110º.- Competência

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Julgar os recursos das decisões das autoridades administrativas em processos de contra -ordenação, salvo os recursos expressamente atribuídos ao juízo da propriedade intelectual no artigo 122º e ao juízo da concorrência, regulação e supervisão no artigo 122º -A, e salvo o disposto nos artigos 119º, 121º, 123º, 132º e 133º, quando existam, na comarca, os respectivos juízos de competência especializada;

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 121º.- Competência

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) (Revogada).

3 .- A competência a que se refere o nº 1 abrange os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões.

4 .- (Revogado.)

5 .- (Revogado.)

Artigo 122º.- Competência

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Acções em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Recursos de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros actos que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial;

e) Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em processo de contra -ordenação;

f) (Revogada.)

g) Acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre nomes de domínio na Internet;

h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l) Acções em que a causa de pedir verse sobre a prática de actos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial;

m) Medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da protecção de direitos de propriedade intelectual e direitos de autor.

2 .- A competência a que se refere o número anterior abrange os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões.

3 .- (Revogado.)«

Artigo 5º.- Aditamento à Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto

É aditado à Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, na presente redacção, o artigo 122º -A, com a seguinte redacção:

«Artigo 122º -A.- Competência

1 .- Compete aos juízos da concorrência, regulação e supervisão conhecer das questões relativas a recurso, revisão e execução das decisões, despachos e demais medidas em processo de contra -ordenação legalmente susceptíveis de impugnação:

a) Da Autoridade da Concorrência (AdC);

b) Da Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM);

c) Do Banco de Portugal (BP);

d) Da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);

e) Da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC);

f) Do Instituto de Seguros de Portugal (ISP);

g) Das demais entidades administrativas independentes com funções de regulação e supervisão.

2 .- Compete ainda aos juízos da concorrência, regulação e supervisão conhecer das questões relativas a recurso, revisão e execução:

a) Das decisões da AdC proferidas em procedimentos administrativos a que se refere o regime jurídico da concorrência, bem como da decisão ministerial prevista no artigo 34º do Decreto-Lei nº 10/2003, de 18 de Janeiro;

b) Das demais decisões da AdC que admitam recurso, nos termos previstos no regime jurídico da concorrência. 3 .- As competências referidas nos números anteriores abrangem os respectivos incidentes e apensos.»

Artigo 6º.- Alteração à organização sistemática da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto

Na secção V do capítulo V da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, são introduzidas as seguintes alterações:

a) É aditada uma subsecção com a seguinte designação:

«Subsecção VI, ‘Juízos da concorrência, regulação e supervisão’», que inclui o artigo 122º -A;

b) As subsecções VI, VII e VIII são renumeradas, passando a secções VII, VIII e IX, respectivamente.

CAPÍTULO II.- Outras alterações

Artigo 7º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro

O artigo 229º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 246/95, de 14 de Setembro, 232/96, de 5 de Dezembro, 222/99, de 22 de Junho, 250/2000, de 13 de Outubro, 285/2001, de 3 de Novembro, 201/2002, de 26 de Setembro, 319/2002, de 28 de Dezembro, 252/2003, de 17 de Outubro, 145/2006, de 31 de Julho, 104/2007, de 3 de Abril, 357 -A/2007, de 31 de Outubro, 1/2008, de 3 de Janeiro, 126/2008, de 21 de Julho, e 211 -A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 162/2009, de 20 de Julho, pela Lei nº 94/2009, de 1 de Setembro, pelos Decretos -Leis n.os 317/2009, de 30 de Outubro, 52/2010, de 26 de Maio, e 71/2010, de 18 de Junho, pela Lei nº 36/2010, de 2 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 140 -A/2010, de 30 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 229º

[…]

O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para conhecer o recurso, a revisão e a execução das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelo Banco de Portugal, em processo de contra-ordenação.»

Artigo 8º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 94 -B/98, de 17 de Abril

O artigo 231º do Decreto-Lei nº 94 -B/98, de 17 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 8 -C/2002, de 11 de Janeiro (anteriormente publicado como Decreto-Lei nº 8 -A/2002), 169/2002, de 25 de Julho, 72 -A/2003, de 14 de Abril, 90/2003, de 30 de Abril, 251/2003, de 14 de Outubro, 76 -A/2006, de 29 de Março, 145/2006, de 31 de Julho, 291/2007, de 21 de Agosto, 357 -A/2007, de 31 de Outubro, 72/2008, de 16 de Abril, e 211 -A/2008, de 3 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 2/2009, de 5 de Janeiro, pela Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, e pelo Decreto-Lei nº 52/2010, de 26 de Maio, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 231º

[…]

O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para conhecer o recurso, a revisão e a execução das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelas autoridades administrativas em processo de contra -ordenação.»

Artigo 9º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro

O artigo 417º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 61/2002, de 20 de Março, 38/2003, de 8 de Março, e 107/2003, de 4 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 357 -A/2007, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 211 -A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, pelos Decretos -Leis n.os 185/2009, de 12 de Agosto, 49/2010, de 19 de Maio, 52/2010, de 26 de Maio, e 71/2010, de 18 de Junho, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 417º

[…]

O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para conhecer o recurso, a revisão e a execução das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pela CMVM, em processo de contra -ordenação.»

Artigo 10º.- Alteração à Lei nº 18/2003, de 11 de Junho

Os artigos 50º, 52º, 54º e 55º da Lei nº 18/2003, de 11 de Junho, que aprova o regime jurídico da concorrência, alterado pelos Decretos -Leis n.os 219/2006, de 2 de Novembro, e 18/2008, de 29 de Janeiro, e pela Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 50º.- Tribunal competente e efeitos

1 .- Das decisões proferidas pela autoridade que determinem a aplicação de coimas ou de outras sanções previstas na lei cabe recurso para o tribunal da concorrência, regulação e supervisão, com efeito suspensivo.

2 .- Das demais decisões, despachos ou outras medidas adoptadas pela autoridade cabe recurso para o mesmo tribunal, com efeito meramente devolutivo, nos termos e limites fixados no nº 2 do artigo 55º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro.

Artigo 52º.- Recurso das decisões do tribunal da concorrência, regulação e supervisão

1 .- As decisões do tribunal da concorrência, regulação e supervisão que admitam recurso, nos termos previstos no regime geral das contra -ordenações, são impugnáveis junto do tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal da concorrência, regulação e supervisão, que decide em última instância.

2 .- Dos acórdãos proferidos pelo tribunal da Relação não cabe recurso ordinário.

Artigo 54º.- Tribunal competente e efeitos do recurso

1 .- Das decisões da autoridade proferidas em procedimentos administrativos a que se refere a presente lei, bem como da decisão ministerial prevista no artigo 34º do Decreto-Lei nº 10/2003, de 18 de Janeiro, cabe recurso para o tribunal da concorrência, regulação e supervisão, a ser tramitado como acção administrativa especial.

2 .- O recurso previsto no número anterior tem efeito meramente devolutivo, salvo se lhe for atribuído, exclusiva ou cumulativamente com outras medidas provisórias, o efeito suspensivo por via do decretamento de medidas provisórias.

Artigo 55º.- Recurso das decisões do tribunal da concorrência, regulação e supervisão

1 .- Das decisões proferidas pelo tribunal da concorrência, regulação e supervisão nas acções administrativas a que se refere a presente secção cabe recurso jurisdicional para o tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal da concorrência, regulação e supervisão e deste, limitado à matéria de direito, para o Supremo Tribunal de Justiça.

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «

Artigo 11º.- Alteração ao Código da Propriedade Industrial

Os artigos 40º e 46º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 318/2007, de 26 de Setembro, 360/2007, de 2 de Novembro, e 143/2008, de 25 de Julho, e pelas Leis n.os 16/2008, de 1 de Abril, e 52/2008, de 28 de Agosto, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 40º

[…]

1 .- Para os recursos previstos no artigo anterior é competente o tribunal de propriedade intelectual.

2 .- Para os efeitos previstos nos artigos 80º a 92º do Regulamento (CE) nº 6/2002, do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, e nos artigos 95º a 105º do Regulamento (CE) nº 207/2009, do Conselho, de 26 de Fevereiro, é competente o tribunal de propriedade intelectual.

Artigo 46º.- Recurso da decisão judicial

1 .- Da sentença proferida cabe recurso, nos termos da lei geral do processo civil, para o tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual, sem prejuízo do disposto no nº 3 do presente artigo

2 .- As decisões do tribunal de propriedade intelectual que admitam recurso, nos termos previstos no regime geral das contra –ordenações e nos artigos 80º a 92º do Regulamento (CE) nº 6/2002, do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, e nos artigos 95º a 105º do Regulamento (CE) nº 207/2009, do Conselho, de 26 de Fevereiro, são impugnáveis junto do tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual.

3 .- (Anterior nº 2.)«

Artigo 12º.- Alteração à Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro

Os artigos 13º e 116º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei nº 176/2007, de 8 de Maio, pela Lei nº 35/2008, de 28 de Julho, pelo Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio, e pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de Setembro, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 13º

[…]

1 .- As decisões, despachos ou outras medidas, adoptadas pela ARN no âmbito de processos de contra-ordenação decorrentes da aplicação do regime jurídico das comunicações electrónicas, são impugnáveis junto do tribunal da concorrência, regulação e supervisão.

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 .- As decisões do tribunal da concorrência, regulação e supervisão que admitam recurso, nos termos previstos no regime geral das contra -ordenações, são impugnáveis junto do tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal da concorrência, regulação e supervisão.

13 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 116º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .- Dos actos da ARN praticados ao abrigo do presente artigo cabe recurso para o tribunal da concorrência, regulação e supervisão, quando praticados no âmbito de um processo de contra -ordenação, e para os tribunais administrativos, nos restantes casos.»

Artigo 13º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de Maio

O artigo 38º do regime jurídico aplicável aos contratos à distância relativos a serviços financeiros celebrados com consumidores, previsto no Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de Maio, e alterado pelo Decreto-Lei nº 317/2009, de 30 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 38º

[…]

O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para conhecer o recurso, a revisão e a execução das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas em processo de contra -ordenação instaurado nos termos do presente título.»

Artigo 14º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 144/2006, de 31 de Julho

O artigo 94º do regime jurídico da mediação de seguros e resseguros, previsto no Decreto-Lei nº 144/2006, de 31 de Julho, e alterado pelo Decreto-Lei nº 359/2007, de 2 de Novembro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 94º

[…]

O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para conhecer o recurso, a revisão e a execução das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelo Instituto de Seguros de Portugal, em processo de contra -ordenação.»

Artigo 15º.- Alteração à Lei nº 25/2008, de 5 de Junho

O artigo 57º da Lei nº 25/2008, de 5 de Junho, alterada pelo Decreto-Lei nº 317/2009, de 30 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 57º

[…]

1 .- O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para o recurso, a revisão e a execução de qualquer decisão proferida em processo de contra –ordenação por uma autoridade de supervisão das entidades financeiras.

2 .- No caso da aplicação de decisões referidas no número anterior em processos de contra -ordenação em que seja arguida uma entidade não financeira, o tribunal competente é o tribunal da concorrência, regulação e supervisão.»

Artigo 16º.- Alteração à Lei nº 99/2009, de 4 de Setembro

O artigo 32º do regime quadro das contra -ordenações do sector das comunicações, aprovado pela Lei nº 99/2009, de 4 de Setembro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 32º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- As decisões, despachos ou outras medidas adoptadas pelo ICP -ANACOM no âmbito de processos de contra –ordenação são impugnáveis para o tribunal da concorrência, regulação e supervisão.

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «

Artigo 17º.- Tramitação electrónica dos processos

1 .- A tramitação dos processos da competência do tribunal da propriedade intelectual é efectuada por via electrónica nos termos do artigo 138º -A do Código de Processo Civil.

2 .- A tramitação dos processos da competência do tribunal da concorrência, regulação e supervisão é efectuada igualmente por via electrónica, nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, devendo as disposições processuais relativas a actos dos magistrados e das secretarias judiciais ser objecto das adaptações práticas que se revelem necessárias.

Artigo 18º.- Fixação de competência

A competência dos actuais tribunais mantém -se para os processos neles pendentes à data da instalação dos novos tribunais.

Artigo 19º.- Norma revogatória

São revogados:

a) O nº 2 do artigo 57º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, os n.os 4 e 5 do artigo 121º, o nº 3 do artigo 122º e os artigos 167º e 168º da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto;

b) As alíneas f) e h) do nº 1 e a alínea a) do nº 2 do artigo 89º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, e a alínea f) do nº 1 do artigo 122º da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto;

c) A alínea c) do nº 2 do artigo 89º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, e a alínea b) do nº 2 do artigo 121º da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto.

Artigo 20º.- Produção de efeitos

1 .- A presente lei produz efeitos a partir da data da instalação do tribunal da propriedade intelectual e do tribunal da concorrência, regulação e supervisão, nos termos dos números seguintes.

2 .- A revogação do nº 5 do artigo 121º, do nº 3 do artigo 122º, dos artigos 167º e 168º da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, e a prevista na alínea b) do artigo anterior, bem como o disposto no artigo 89º -A, aditado pelo artigo 2º à Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, e a alteração efectuada pelo artigo 11º ao artigo 40º do Código da Propriedade Industrial produzem efeitos com a instalação do tribunal da propriedade intelectual

3 .- A revogação do nº 4 do artigo 121º da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, e a prevista na alínea c) do artigo anterior, bem como o disposto no artigo 89º -B, aditado pelo artigo 2º à Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, no artigo 122º -A, aditado pelo artigo 5º à Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, bem como as alterações previstas no artigo 1º, na parte em que altera o nº 2 do artigo 89º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, bem como nos artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º e 17º da presente lei, produzem efeitos com a instalação do tribunal da concorrência, regulação e supervisão.

Aprovada em 6 de Abril de 2011.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 20 de Maio de 2011.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 9 de Junho de 2011.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Decreto del Presidente del Consejo dei Ministri 2 luglio 2004.

Dipartamento Innovazione e Tecnologie. Competenza in materia di certificatori di firma elettronica. (Gazzetta Ufficiale del 25 Agosto 2004, n. 199).

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante: «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;

Visti l'Articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'Articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Visto l'Articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, che prevede che fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'Articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuino gli
adempimenti previsti presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), già Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante «Regole tecniche per la formazione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;

Visto in particolare l'Articolo 1, comma 1, lettera b) del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, ai sensi del quale per «Dipartimento» deve intendersi «… , il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;»;

Considerato che il CNIPA opera per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, possiede le necessarie professionalità tecniche ed é in grado di garantire altresí una
continuità nell'attività di accreditamento e tenuta dell'albo dei certificatori, già svolta dall'AIPA;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel CNIPA l'«organismo», previsto dal citato Articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, incaricato di tenere l'elenco pubblico dei certificatori e di curare gli adempimenti connessi, ivi compresi quelli relativi all'accreditamento di cui all'Articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Rilevato, altresí che l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, ha determinato la completa operatività dell'elenco di cui al citato Articolo 28 del
decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica n. 445 del 2000;

Decreta:

Articolo 1.

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori e cura gli adempimenti connessi, ivi compresi quelli
relativi all'accreditamento, previsti dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, dagli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.

2. Le domande di accreditamento dei certificatori già pervenute, ai sensi dell'Articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione prima del 28 aprile 2004, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, sono istruite e definite dal Centro stesso.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i relativi adempimenti e verrà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro: Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004

Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 8, foglio n. 369

CONSIDERANDO: Que el cambio cada vez más acelerado de la tecnología informática y de las telecomunicaciones, combinado con el crecimiento exponencial de la interconexión digital de las naciones, está generando una profunda transformación del quehacer humano en todas sus dimensiones, y por ende del orden social y de la economía global;

CONSIDERANDO: Que esta convergencia tecnológica ha revolucionado la forma en la que la sociedad produce, guarda y utiliza la información;

CONSIDERANDO: Que el rápido crecimiento de redes a través de fronteras nacionales ha borrado los límites geopolíticos y económicos entre los que proporcionan, suministran y originan la información, democratizan el acceso de los países y las personas al conocimiento y los mercados globales;

CONSIDERANDO: Que las nuevas tecnologías están transformando las prácticas tradicionales de comercio al permitir la interconexión directa de los sistemas críticos de comercio y sus componentes claves, clientes proveedores, distribuidores y empleados que posibilitan el comercio electrónico en sus diferentes manifestaciones;

CONSIDERANDO: Que el comercio electrónico mundial es responsable de los profundos cambios registrados en la manera de hacer negocios, por lo cual altera la relación entre productores y consumidores de bienes y servicios y estimula la rápida integración de los mercados globales.

Además, en la medida en que crece el comercio electrónico mundial, las empresas buscan una estructura permanente para las transacciones del comercio electrónico avalado y reconocido por los gobiernos nacionales;

CONSIDERANDO: Que el comercio electrónico hace eficientes mercados al aumentar de forma exponencial las opciones y las elecciones que tienen a su disposición proveedores y consumidores, y tiende a facilitar el intercambio entre las partes contratantes de información, prácticas óptimas y de retroacciones en el mercado en tiempo real;

CONSIDERANDO: Que las transacciones de intercambio de bienes, de información y de servicios entre personas naturales y/o jurídicas se beneficiarán enormemente de la eficiencia, seguridad jurídica y alcance global que les otorga el hecho de su realización ordenada y reglamentada sobre los medios digitales de almacenamiento y transporte de datos a través de las redes globales de información;

CONSIDERANDO: Que las instituciones y sistemas reguladores del Estado deben incrementar su productividad y efectividad para garantizar la confianza, protección y seguridad jurídica de las partes involucradas en transacciones económicas electrónicas dentro del ámbito de la globalización tecnológica;

CONSIDERANDO: Que la autenticación y seguridad de documentos y mensajes digitales son fundamentales para asegurar a las partes involucradas que sus transacciones de comercio electrónico se hacen en un ambiente libre de ataques ilegales o infracciones, o que, de darse éstos por excepción, dichas transacciones satisfacen las condiciones necesarias para poder dirimir conflictos, asignar responsabilidades y reparar daños como fuese el caso;

CONSIDERANDO: Que los Códigos Civil y de Comercio de la República Dominicana rigen cuestiones de comercio, contratos y responsabilidad civil, y por ende son el fundamento esencial del comercio electrónico en el país.

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma de documento digital o mensaje de datos, salvo en los siguientes casos:

a) En las obligaciones contraídas por el Estado Dominicano en virtud de convenios o tratados internacionales;

b) En las advertencias escritas que, por disposiciones legales, deban ir necesariamente impresas en ciertos tipos de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo.

Artículo 2.- Definiciones.

Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Comercio electrónico: Toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más documentos digitales o mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial, comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones:

– Toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes, servicios o información;

– Todo acuerdo de distribución;

– Toda operación de representación o mandato comercial;

– De compra de cuentas por cobrar, a precio de descuento (factoring);

– De alquiler o arrendamiento (leasing);

– De construcción de obras;

– De consultoría;

– De ingeniería;

– De concesión de licencias;

– De inversión;

– De financiación;

– De banca;

– De seguros;

– Todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público;

– De empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial;

– De transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea o por carreteras.

b) Documento digital: La información codificada en forma digital sobre un soporte lógico o físico, en la cual se usen métodos electrónicos, fotolitográficos, ópticos o similares que se constituyen en representación de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes;

c) Mensajes de datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;

d) Intercambio electrónico de datos (EDI): La transmisión electrónica de información de una computadora a otra, cuando la información está estructurada conforme a alguna norma técnica convenida al efecto;

e) Iniciador: Toda persona que, al tenor de un mensaje de datos, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado, para enviar o generar dicho mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no lo haya hecho a título de intermediario con respecto a ese mensaje;

f) Destinatario: La persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a título de intermediario con respecto a ese mensaje;

g) Intermediario: Toda persona que, en relación con un determinado mensaje de datos, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él;

h) Sistema de información: Se entenderá por esto todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma documentos digitales o mensajes de datos;

i) Firma digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión;

j) Criptografía: Es la rama de las matemáticas aplicadas y la ciencia informática que se ocupa de la transformación de documentos digitales o mensajes de datos de su representación original a una representación ininteligible e indescifrable que protege y preserva su contenido y forma, y de la recuperación del documento o mensaje de datos original a partir de ésta;

k) Entidad de certificación: Es aquella institución o persona jurídica que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales;

l) Certificado: Es el documento digital emitido y firmado digitalmente por una entidad de certificación, que identifica unívocamente a un suscritor durante el período de vigencia del certificado, y que se constituye en prueba de que dicho suscriptor es fuente u originador del contenido de un documento digital o mensaje de datos que incorpore su certificado asociado;

m) Repositorio: Es un sistema de información para el almacenamiento y recuperación de certificados u otro tipo de información relevante para la expedición y validación de los mismos;

n) Suscriptor: Es la persona que contrata con una entidad de certificación la expedición de un certificado, para que sea nombrada o identificada en él. Esta persona mantiene bajo su estricto y exclusivo control el procedimiento para generar su firma digital;

ñ) Usuario: Es la persona que sin ser suscriptor y sin contratar los servicios de emisión de certificados de una entidad de certificación, puede, sin embargo, validar la integridad y autenticidad de un documento digital o de un mensaje de datos, con base en un certificado del suscriptor originador del mensaje;

o) Revocar un certificado: Finalizar definitivamente el período de validez de un certificado, desde una fecha específica, en adelante;

p) Suspender un certificado: Interrumpir temporalmente el período operacional de un certificado desde una fecha específica, en adelante.

Artículo 3.- Interpretación.

En la interpretación de la presente ley, se tendrán en cuenta las recomendaciones de organismos multilaterales en la materia, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley, y que no estén expresamente resueltas en ningún texto, serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que se inspira, esta ley, incluyendo pero no limitados a:

1. Facilitar el comercio electrónico entre y dentro de las naciones;

2. Validar transacciones entre partes que se hayan realizado por medio de las nuevas tecnologías de información;

3. Promover y apoyar la implantación de nuevas tecnologías;

4. Promover la uniformidad de aplicación de la ley, y

5. Apoyar las prácticas comerciales.

Artículo 4.- Reconocimiento jurídico de los documentos digitales y mensajes de datos.

No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de documento digital o mensaje de datos.

TÍTULO II: APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES Y MENSAJES DE DATOS

Artículo 5.- Constancia por escrito.

Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, dicho requisito quedará satisfecho con un documento digital o mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta y si el documento digital o mensaje de datos cumple con los requisitos de validez establecidos en la presente ley. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.

Artículo 6.- Firma.

Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, se entenderá satisfecho dicho requerimiento en relación con un documento digital o un mensaje de datos, si éste ha sido firmado digitalmente y la firma digital cumple con los requisitos de validez establecidos en la presente ley.

Párrafo.- En toda interacción con entidad pública que requiera de documento firmado, este requisito se podrá satisfacer con uno o más documentos digitales o mensajes de datos que sean firmados digitalmente conforme a los requerimientos contenidos en esta ley. La reglamentación de esta ley especificará en detalle las condiciones para el uso de firma digital, certificados y entidades de certificación en interacciones documentales entre entidades del Estado o entre personas privadas y entes estatales. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.

Artículo 7.- Original.

Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un documento digital o un mensaje de datos, si:

a) Existe una garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez su forma definitiva, como documento digital, mensaje de datos u otra forma;

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona a quien se debe presentar.

Párrafo.- Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso que la información no sea presentada o conservada en su forma original.

Artículo 8.– Integridad del documento digital o mensaje de datos.

Para efectos del artículo anterior, se considerará que la información consignada en un documento digital o mensajes de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso.

Artículo 9.- Admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos digitales y mensajes de datos.

Los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil.

Párrafo.- En las actuaciones administrativas o judiciales no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a ningún tipo de información en forma de documento digital o mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un documento digital o un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.

Artículo 10.- Criterio para valorar aprobatoriamente un documento digital o un mensaje de datos.

Al valorar la fuerza probatoria de un Proyecto de ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. Documento digital o mensaje de datos se tendrá presente la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el documento digital o mensaje, la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su creador o iniciador y cualquier otro factor pertinente.

Artículo 11.- Conservación de los documentos digitales y mensajes de datos.

Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de los documentos digitales y/o mensajes de datos que sean del caso, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta;

2. Que los documentos digitales o mensajes de datos sean conservados en el formato en que se hayan generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que produce con exactitud la información originalmente generada, enviada o recibida;

3. En el caso del mensaje de datos que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino, la fecha y a la hora en que fue enviado o recibido el mensaje, y

4. En el caso de documento digital que se conserve para efectos legales, toda información que permita determinar la fecha y hora en que el documento digital fue entregado para su conservación, la persona o personas que crearon el documento, la persona que entregó el documento y la persona receptora del mismo para conservación.

Párrafo.- La información que tenga por única finalidad facilitar el acceso al documento digital o el envío o recepción de los mensajes de datos no estará sujeta a la obligación de conservación, salvo aquella información asociada con un mensaje de datos que constituya prueba de su transmisión desde su origen hasta su destino, incluyendo pero no limitado al enrutamiento del mensaje dentro de la red de datos respectiva, su número secuencial único y las fechas y horas exactas de recepción y retransmisión e identificadores universales de cada servidor o nodo de comunicaciones que esté involucrado en la transmisión original del mensaje.

Artículo 12.- Conservación de documentos digitales y mensajes de datos a través de terceros.

El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos se podrá realizar a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior.

TÍTULO III

PARTE I: COMUNICACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES Y MENSAJES DE DATOS.

Artículo 13.- Formación y validez de los contratos.

En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un documento digital, un mensaje de datos, o un mensaje de datos portador de un documento digital, como fuere el caso. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más documentos digitales o mensajes de datos.

Artículo 14.- Reconocimiento de los documentos digitales y mensajes de datos por las partes.

En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, o entre las partes firmantes de un documento digital, cuando las hubiere, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de documento digital o mensaje de datos.

Artículo 15.- Comunicación y atribución de documentos digitales.

Un documento digital se puede comunicar entre partes, ya sea por la entrega del documento digital en un medio físico de una parte a la otra, o a través de un mensaje de datos que, adicional a su contenido propio, incluya una representación fiel y verificable del documento digital.

Párrafo.- Se entenderá que un documento digital proviene de aquella persona o personas que firman digitalmente el documento, independientemente del soporte en que se haya gravado dicho documento y de su medio de comunicación. En el caso de transmisión del documento digital por mensaje de datos y ausencia de firma digital interna al documento, se entenderá que el documento digital proviene del iniciador del mensaje de datos conforme al artículo 16 de la presente ley.

Artículo 16.- Atribuciones de un mensaje de datos.

Se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por:

1. El propio iniciador;

2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, o

3. Por un sistema de información programado por el iniciador, o en su nombre, para que opere automáticamente.

Artículo 17.- Presunción del origen de un mensaje de datos.

Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador y, por lo tanto, el destinatario puede obrar en consecuencia, cuando:

1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, y

2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio.

Artículo 18.- Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos recibido.

Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador, o que se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, éste último tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido.

Artículo 19.- Mensaje de datos duplicados.

Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que duplique otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que el nuevo mensaje da datos era un duplicado.

Artículo 20.- Acuse de recibo de mensajes de datos.

Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:

a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o

b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos.

Párrafo I.-Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo.

Párrafo II.- Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero aquél no indicó expresadamente que los efectos del mensaje de datos están condicionados a la recepción del acuse de recibo y, si no se ha recibido acuse en el plazo fijado o convenido, no se ha fijado o convenido ningún plazo, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, a partir del momento del envío o el vencimiento del plazo fijado o convenido, el iniciador:

a) Podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido el acuse del recibo por medio verificable y fijar un nuevo plazo para su recepción, el cual será de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del momento del envío del nuevo mensaje de datos, y

b) De no recibirse acuse de recibo dentro del término señalado en el literal anterior, podrá, dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado o ejercer cualquier otro derecho que pueda tener.

Artículo 21.- Acuse de recibo de documentos digitales.

De la misma manera se podrá acusar recibo de un documento digital mediante:

a) Toda comunicación automatizada o no de la parte receptora del documento digital a la parte que lo entrega directamente o por interpuesta persona debidamente autorizada, y

b) Todo acto de la parte receptora que baste para indicar a la parte que entrega el documento digital que éste ha sido recibido. En el caso de entrega de documentos digitales por medio de mensajes de datos, se tomarán en cuenta las disposiciones del artículo 20 de la presente ley. En dicho caso, el acuse de recibo del documento digital es idéntico al acuse de recibo del mensaje de datos usado para el envío de dicho documento digital.

Artículo 22.- Presunción de recepción de un mensaje de datos.

Cuando el iniciador recibe acuso de recibo del destinatario, se presumirá que este ha recibido el mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se presumirá que es así.

Artículo 23.- Efectos jurídicos.

Los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley únicamente rigen los efectos relacionados con el acuse de recibo. Las consecuencias jurídicas del documento digital o del mensaje de datos se regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jurídico contenido en dicho documento digital o mensaje de datos.

Artículo 24.- Tiempo del envío de un mensaje de datos.

De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste.

Artículo 25.- Tiempo de la recepción de un mensaje de datos.

De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue:

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, la recepción tendrá lugar:

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información designado;

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos.

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario.

Párrafo.- Lo dispuesto en este artículo será aplicable aún cuando el sistema de información esté ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo siguiente.

Artículo 26.- Lugar del envío y recepción del mensaje de datos.

De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento, y se tendrá por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo.

Para los fines del presente artículo:

a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente, o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal;

b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual.

Artículo 27.- Tiempo y lugar de envío y recepción de un documento digital.

Para aquellos documentos digitales que se entreguen en soporte físico, tales como medios magnéticos, medios fotolitográficos de escritura solamente, medios ópticos o similares, el tiempo de envío y recepción y el lugar de envío y recepción del documento digital se determinarán de la misma manera que si el documento hubiese sido entregado en medio físico de papel o similar.

Para aquellos documentos digitales que se entreguen por medio de mensajes de datos, se aplicará la norma especificada en los artículos 25 y 26 de la presente ley.

Artículo 28.- Concesión de derechos o adquisición de obligaciones por medio de documentos digitales o mensajes de datos.

Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o ésta adquiera alguna obligación, y la ley requiera que para que ese acto surta efecto, el derecho o la obligación hayan de transferirse a esa persona mediante el envío o utilización de un documento emitido en papel, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o la obligación se transfiere mediante el envío o utilización de uno o más documentos digitales o mensajes de datos, siempre y cuando se emplee un método confiable parta garantizar la singularidad de ese o esos documentos digitales o mensajes.

Párrafo I.- Para los fines de éste artículo, el nivel de confiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se transfirió el derecho o la obligación y de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente.

Párrafo II.- Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un contrato registrado o del que se haya dejado constancia en un documento emitido en papel, esa norma no dejará de aplicarse a dicho contrato del que se haya dejado constancia en uno o más mensajes de datos por razón de que el contrato conste en ese mensaje o esos mensajes de datos en lugar de constar en documentos emitidos en papel.

PARTE II: COMERCIO ELECTRÓNICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Artículo 29.– Actos relacionados con los contratos de transporte de mercancías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, este capítulo será aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relación con un contrato de trasporte de mercancías, o con su cumplimiento, sin que la lista sea taxativa:

1. Actos relativos a recepción y embarque de mercancías:

a) Indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías;

b) Declaración de la naturaleza o valor de las mercancías;

c) Emisión de un recibo por las mercancías;

d) Confirmación de haberse completado el embarque de las mercancías.

2. Actos relativos al contrato y condiciones de transporte:

a) Notificación a algunas personas de las cláusulas y condiciones del contrato;

b) Comunicación de instrucciones al transportador.

3. Actos relativos a las condiciones de entrega de mercancías:

a) Reclamación de la entrega de las mercancías;

b) Autorización para proceder a la entrega de las mercancías;

c) Notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido.

4. Cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato.

5. Promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona autorizada para reclamar dicha entrega.

6. Concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún derecho sobre mercancías.

7. Adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato.

Párrafo.- En complemento a las disposiciones establecidas en esta ley, para los contratos de transporte de mercancía se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas por el Código de Comercio de la República Dominicana sobre las obligaciones de los comisionistas para los transportes por tierra y por agua y del porteador.

Artículo 30.- Documentos de transporte.

–Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo II del presente artículo, en los casos en que la ley requiera que alguno de los actos enunciados en el artículo 28 de la presente ley se lleve a cabo por escrito o mediante documento emitido en papel, ese requisito quedará satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno o más documentos digitales o mensajes de datos.

Párrafo I.- Lo anterior será aplicable, tanto si el requisito previsto en él está expresado en forma de obligación o si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no se lleve a cabo el acto por escrito o mediante un documento emitido en papel.

Párrafo II.- Cuando se utilicen uno o más documentos digitales o mensajes de datos para llevar a cabo alguno de los actos enunciados en los numerales 6 y 7 del artículo 29, no será válido ningún documento emitido en papel para llevar a cabo cualquiera de estos actos, a menos que se haya puesto fin al uso de documento digital o mensaje de datos para sustituirlo por el de documentos emitidos en papel. Todo documento con soporte en papel que se emita en esas circunstancias deberá contener la declaración en tal sentido. La sustitución de documentos digitales o mensajes de datos por documentos emitidos en papel no afectará los derechos ni las obligaciones de las partes.

Párrafo III.- El artículo 28 de la presente ley y, en particular, el párrafo II de dicho artículo serán aplicables a contratos de transporte de mercancías que estén consignados o de los cuales se haya dejado constancia en papel.

TÍTULO IV: FIRMAS DIGITALES, CERTICADOS Y ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

CAPÍTULO I: DE LAS FIRMAS DIGITALES

Artículo 31.- Atributos de una firma digital.

El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si incorpora los siguientes atributos;

1. Es única a la persona que la usa;

2. Es susceptible de ser verificada;

3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa;

4. Está ligada a la información, documento digital o mensaje al que está asociada, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es invalidada, y

5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 32.- Firma digital segura.

Una firma digital segura es aquélla que puede ser verificada de conformidad con un sistema de procedimiento de seguridad que cumpla con los lineamientos trazados por la presente ley y por su reglamento.

Artículo 33.- Mensajes de datos firmados digitalmente.

Se entenderá que un mensaje de datos ha sido firmado digitalmente si el símbolo o la metodología adoptada por la parte cumple con un procedimiento de autenticación o seguridad establecido por el reglamento de la presente ley.

Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo.

Artículo 34.- Documentos digitales firmados digitalmente.

Se entenderá que un documento digital ha sido firmado digitalmente por una o más partes si el símbolo o la metodología adoptada por cada una de las partes cumplen con un procedimiento de autenticación o seguridad establecido por el reglamento de la presente ley. Cuando una o más firmas digitales hayan sido fijadas en un documento digital, se presume que las partes firmantes tenían la intención de acreditar ese documento digital y de ser vinculadas con el contenido del mismo.

CAPÍTULO II: DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

Artículo 35.- Características y requerimientos de las entidades de certificación.

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, podrán ser entidades de certificación las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero, y las cámaras de comercio y producción que, previa solicitud, sean autorizadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y que cumplan con los requerimientos establecidos en los reglamentos de aplicación dictados con base en las siguientes condiciones:

a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados como entidad de certificación;

b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos establecidos en esta ley;

c) Sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que rijan al efecto, los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido condenadas a pena privativa de libertad; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla. Esta inhabilitación estará vigente por el mismo período que el que la ley penal o administrativa señale para el efecto, y

d) Los certificados de firmas digitales emitidos por entidades de certificación extranjeras podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones de certificados en la ley para la emisión de certificados por parte de las entidades de certificación nacionales, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una entidad de certificación autorizada que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, la regularidad de los detalles del certificados, así como su validez y vigencia. En todo caso, los proveedores de servicios de certificación están sujetos a la normativa nacional en materia de responsabilidad.

Párrafo.- Es atribución de La Junta Monetaria, dentro de sus prerrogativas, normar todo lo atinente a las operaciones y servicios financieros asociados a los medios de pagos electrónicos que realice el sistema financiero nacional, y le corresponde la supervisión de los mismos a La Superintendencia de Bancos, al amparo de la legislación bancaria vigente.

Artículo 36.- Actividades de las entidades de certificación.

Las entidades de certificación autorizadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) en el país, podrán prestar los siguientes servicios, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del órgano regulador para modificar el siguiente listado:

a) Emitir certificados en relación con las firmas digitales de personas naturales o jurídicas;

b) Ofrecer o facilitar los servicios de creación de firmas digitales certificadas;

c) Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la transmisión y recepción de datos;

d) Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho con respecto a los documentos enunciados en los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la presente ley.

Artículo 37.- Auditoria a las entidades de certificación.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) conserva la misma facultad de inspección conferida por la Ley General de Telecomunicaciones, nº 153-98, del 27 de mayo del 1998, y, en caso de modificación expresa de aquel texto, el presente artículo será interpretado de manera que se conforme con la legislación en materia de telecomunicaciones.

Artículo 38.- Manifestación de práctica de la entidad de certificación.

Cada entidad de certificación autorizada publicará, en un repositorio del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) o en el repositorio que el órgano regulador designe, una manifestación de práctica de entidad de certificación que contenga la siguiente información:

a) El nombre dirección y el número telefónico de la entidad de certificación;

b) La clave pública actual de la entidad de certificación;

c) El resultado de la evaluación obtenida por la entidad de certificación en la última auditoria realizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL);

d) Si la autorización para operar como entidad de certificación ha sido revocada o suspendida. En ambos casos se considera revocada o suspendida la clave pública de la entidad de certificación. Este registro deberá incluir igualmente la fecha de la revocación o suspensión para operar;

e) Los límites impuestos a la entidad de certificación en la autorización para operar;

f) Cualquier evento que sustancialmente afecte la capacidad de la entidad de certificación para operar;

g) Cualquier información que se requiera mediante reglamento.

Artículo 39.- Remuneración por la prestación de servicios.

La remuneración por los servicios de las entidades de certificación será establecida libremente por éstas, a menos que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), mediante resolución motivada, determine que, en un caso concreto, no existen en el mercado de servicios las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva y sostenible.

Artículo 40.- Obligaciones de las entidades de certificación.

Las entidades de certificación tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) Emitir certificados conforme a lo solicitado o acordado por el suscriptor;

b) Implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas digitales;

c) Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por el suscriptor;

d) Garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de certificación;

e) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por los suscriptores;

f) Efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo establecido en la presente ley y sus reglamentos;

g) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o judiciales en relación con las firmas digitales y certificados emitidos y, en general, sobre cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración;

h) Actualizar sus elementos técnicos para la generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas, la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes de datos y todo otro servicio autorizado, sujeto a los reglamentos necesarios para garantizar la protección a los consumidores de sus servicios;

i) Facilitar la realización de las auditorias por parte del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL);

j) Publicar en un repositorio su práctica de auditoria de certificación, sujeto a los términos y condiciones dispuestos en los reglamentos.

Artículo 41.- Terminación unilateral.

Salvo acuerdo entre las partes, la entidad de certificación podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con el suscriptor, dando preaviso de un plazo no menor de noventa (90) días. Vencido este término, la entidad de certificación revocará los certificados que se encuentren pendientes de expiración. Igualmente, el suscriptor podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con la entidad de certificación dando preaviso de un plazo no inferior a treinta (30) días.

Artículo 42.- Responsabilidad de la entidad de certificación.

Salvo acuerdo entre las partes, las entidades de certificación responderán por los daños y perjuicios que causen a toda persona.

Artículo 43.- Cesación de actividades por parte de las entidades de certificación.

Las entidades de certificación autorizadas pueden cesar en el ejercicio de sus actividades, previa notificación al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en un plazo no menor de noventa (90) días previo al cese de actividades por parte de la entidad de certificación, sin perjuicio de la facultad del órgano regulador de reglamentar lo necesario para preservar la protección a los consumidores de sus servicios. En la aplicación de este artículo, y en caso de que sea necesaria su interpretación, se tomará en cuenta que subsiste la obligación de garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por el suscriptor.