Tratado de la OMPI de 20 de diciembre de 1996 sobre Derechos de Autor (WCT) (1) (2)

Preámbulo

Las Partes Contratantes

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas,

Destacando la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para la creación literaria y artística,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1.- Relación con el Convenio de Berna

(1) El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado.

(2) Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

(3) En adelante, se entenderá por “Convenio de Berna” el Acta de París, de 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

(4) Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna. (3)　

Artículo 2.- Ámbito de la protección del derecho de autor

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 3.- Aplicación de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna

Las Partes Contratantes aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en el presente Tratado. (4)　

Artículo 4.- Programas de ordenador

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna . Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. (5)　

Artículo 5.- Compilaciones de datos (bases de datos)

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.  (6)　

Artículo 6.- Derecho de distribución

(1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor. (7)　

Artículo 7.- Derecho de alquiler

(1) Los autores de:

(i) programas de ordenador;

(ii) obras cinematográficas; y

(iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes,

gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

(2) El párrafo 1) no será aplicable:

(i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y

(ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción.

(3) No obstante lo dispuesto en el　párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores. (8) (9)　

Artículo 8.- Derecho de comunicación al público

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter,1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. (10)　

Artículo 9.- Duración de la protección para las obras fotográficas

Respecto de las obras fotográficas, las Partes Contratantes no aplicarán las disposiciones del Artículo 7.4) del Convenio de Berna.

Artículo 10.- Limitaciones y excepciones

(1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

(2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. (11)　

Artículo 11.- Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

Artículo 12.- Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

(1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna:

(i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;

(ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

(2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos” la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra. (12)　

Artículo 13.- Aplicación en el tiempo

Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna a toda la protección contemplada en el presente Tratado.

Artículo 14.- Disposiciones sobre la observancia de los derechos

(1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.

(2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Artículo 15.- Asamblea

(1)

(a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea.

(b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante “OMPI”) que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.

(2)

(a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.

(b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 17.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente Tratado.

(c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.

(3)

(a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.

(b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.

(4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.

(5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Artículo 16.- Oficina Internacional

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Artículo 17.- Elegibilidad para ser parte en el Tratado

(1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.

(2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.

(3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.

Artículo 18.- Derechos y obligaciones en virtud del Tratado

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente Tratado.

Artículo 19.- Firma del Tratado

Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Artículo 20.- Entrada en vigor del Tratado

El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

Artículo 21.- Fecha efectiva para ser parte en el Tratado

El presente Tratado vinculará:

(i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 20 a partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;

(ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;

(iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;

(iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 22.- No admisión de reservas al Tratado

No se admitirá reserva alguna al presente Tratado.

Artículo 23.- Denuncia del Tratado

Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Artículo 24.- Idiomas del Tratado

(1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

(2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por “parte interesada” todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Artículo 25.- Depositario

El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado.

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^{(1) Entrada en vigor:  6 de marzo de 2002.}

Las declaraciones concertadas de la Conferencia Diplomática (que adoptó el Tratado) relativas a ciertas disposiciones del WCT, se reproducen como notas de pie de página de las disposiciones correspondientes.

^{(2) Este Tratado fue adoptado por la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.}

(3) 1 Declaración concertada respecto del Artículo 1.4):　El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.

(4) 2 Declaración concertada respecto del Artículo 3: Queda entendido que al aplicar el Artículo 3 del presente Tratado, la expresión “país de la Unión” en los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna se entenderá como si fuera una referencia a una Parte Contratante del presente Tratado, en la aplicación de aquellos Artículos del Convenio de Berna relativos a la protección prevista en el presente Tratado. También queda entendido que la expresión “países que no pertenezcan a la Unión” de esos Artículos del Convenio de Berna en las mismas circunstancias, se entenderá como si fuera una referencia a un país que no es Parte Contratante en el presente Tratado, y que “el presente Convenio” en los Artículos 2.8), 2bis.2), 3, 4, y 5 del Convenio de Berna se entenderá como una referencia al Convenio de Berna y al presente Tratado. Finalmente, queda entendido que una referencia en los Artículos 3 a 6 del Convenio de Berna a un “nacional de alguno de los países de la Unión” se entenderá, en el caso de estos Artículos aplicados al presente Tratado respecto de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante en el presente Tratado, a un nacional de alguno de los países que sea miembro de esa Organización.

(5) Declaración concertada respecto del Artículo 4: El ámbito de la protección de los programas de ordenador en virtud del Artículo 4 del presente Tratado, leído junto con el Artículo 2, está en conformidad con el Artículo 2 del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

(6) Declaración concertada respecto del Artículo 5: El ámbito de la protección de las compilaciones de datos (bases de datos) en virtud del Artículo 5 del presente Tratado, leído junto con el Artículo 2, está en conformidad con el Artículo 2 del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

(7) Declaración concertada respecto de los Artículos 6 y 7: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y “originales y copias” sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles.

(8) Declaración concertada respecto de los Artículos 6 y 7: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y “originales y copias” sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles.

(9) Declaración concertada respecto del Artículo 7: Queda entendido que la obligación en virtud del Artículo 7.1) no exige que una Parte Contratante prevea un derecho exclusivo de alquiler comercial a aquellos autores que, en virtud de la legislación de la Parte Contratante, no gocen de derechos respecto de los fonogramas. Queda entendido que esta obligación está en conformidad con el Artículo 14.4) del Acuerdo sobre los ADPIC.

(10) Declaración concertada respecto del Artículo 8: Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el Artículo 8 impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11bis.2).

(11) Declaración concertada respecto del Artículo 10: Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital.

También queda entendido que el Artículo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.

^{(12) Declaración concertada respecto del Artículo 12: Queda entendido que la referencia a “una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna” incluye tanto los derechos exclusivos como los derechos de remuneración.Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se basarán en el presente Artículo para establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tuvieran el efecto de imponer formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio de Berna o del presente Tratado, y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el ejercicio de derechos en virtud del presente Tratado.}

(1) Jeder Mensch hat das Recht, über die Erhebung und weitere Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten und auf Einsicht in amtliche Unterlagen, soweit diese solche Daten enthalten.

(2) Diese Rechte dürfen nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, soweit überwiegende Interessen der Allgemeinheit es erfordern.

Decreto Supremo nº 779 que aprueba el Reglamento del Registro de Banco de Datos Personales a cargo de Organismos Públicos (Diario Oficial de Chile 11 noviembre 2.000)

DECRETO Nº 779/2000, del MINISTERIO DE JUSTICIA, SUBSECRETARIA DE JUSTICIA.

Publicado en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 2000

APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE BANCOS DE DATOS PERSONALES A CARGO DE ORGANISMOS PUBLICOS

Santiago, 24 de agosto de 2000.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 779.- Vistos: El artículo 32 nº 8 de la Constitución Política de la República y el artículo 22°
de la ley nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Decreto:
Apruébase el siguiente Reglamento del Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de
Organismos Públicos.

Artículo 1°.- El Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro de los Bancos de
Datos Personales a cargo de Organismos Públicos, en el cual se inscribirán todos los bancos de
datos personales que de acuerdo con la ley respectiva lleven las autoridades, órganos del
Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política de la República y los
comprendidos en el inciso segundo del artículo 1° de la ley nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

TITULO I. De las Inscripciones en el Registro de Bancos de Datos Personales

Artículo 2°.– Los organismos señalados en el artículo primero de este Reglamento deberán
requerir su inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales ante las Oficinas del
Servicio de Registro Civil e Identificación habilitadas para estos efectos o en el respectivo sitio en
Internet del Servicio, o de cualquier otra forma que el Servicio determine.
Las inscripciones que sean requeridas a través del sitio en Internet del Servicio, estarán sujetas a
las confirmaciones y medidas de seguridad que la institución determine conforme a las normas
legales pertinentes.

Artículo 3°.- La inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales deberá contener, a lo
menos, las siguientes menciones:
1.-El nombre del banco de datos personales;
2.-El organismo público responsable del banco de datos personales respectivo;
3.-El RUT correspondiente al organismo público;
4.-El fundamento jurídico de la existencia del banco de datos personales;
5.-La finalidad del banco de datos;
6.-El o los tipos de datos almacenados en dicho banco, y
7.-Una descripción del universo de personas que comprende.

Artículo 4°.- El Servicio de Registro Civil e Identificación otorgará al organismo público
responsable de bancos de datos personales una certificación que indique a lo menos, el nombre
y el RUT de dicho organismo, la individualización de cada uno de los bancos que se encuentren
inscritos bajo su nombre en el respectivo Registro a la fecha de emisión del certificado y la fecha
en que fueron registrados.

Artículo 5°.- Mediante resolución del Director Nacional se fijará el procedimiento de inscripción de los bancos de datos personales a cargo de los organismos citados en el artículo primero del
presente reglamento.

TITULO II. De las Obligaciones de los Organismos Públicos Responsables de Bancos de Datos Personales

Artículo 6°.- Los organismos públicos que a la fecha de entrada en vigencia del presente
Reglamento mantengan bancos de datos personales, deberán proceder a su inscripción en el
Registro de que trata este reglamento, dentro del plazo de tres meses, contados desde igual
fecha.
Los organismos públicos que se hagan responsables de nuevos bancos de datos personales,
deberán proceder a su inscripción, dentro del plazo de 15 días contados desde que se inicien
las actividades del respectivo banco de datos.
Toda modificación que se refiera a los bancos de datos personales ya registrados, deberá
sujetarse a lo establecido en el artículo 9° del presente reglamento.

TITULO III. De los Informes

Artículo 7°.– El Servicio de Registro Civil e Identificación otorgará, por medios electrónicos, a todo el que lo solicite, un informe en el cual conste el nombre de un determinado banco de datos
personales, las menciones acerca de la información que contiene y el nombre del organismo
público responsable de su registro.

TITULO IV. De las Correcciones y las Modificaciones

Artículo 8°.- Cualquier corrección relativa a errores u omisiones de una inscripción, será requerida
por el propio organismo responsable de dicha inscripción en el Registro de Bancos de Datos
Personales, debiendo efectuarse de las formas establecidas en el artículo 2° del presente
reglamento.

Artículo 9°.– Cualquier modificación de una inscripción, será requerida por el propio organismo
responsable de dicha inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales, en el plazo de
quince días contados desde que se produzca, debiendo efectuarse en alguna de las formas
establecidas en el artículo 2° del presente reglamento.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la
República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages:
Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen
Der Deutsche Bundestag hat in seiner 227. Sitzung am 18. Juni 2009 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie – Drucksache 16/13411 – den von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen – Drucksache 16/12850 – das folgende Gesetz beschlossen:

ARTIKEL 1

Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten in Kommunikationsnetzen (Zugangserschwerungsgesetz – ZugErschwG)

§ 1 Sperrliste

(1) Das Bundeskriminalamt führt eine Liste über vollqualifizierte Domainnamen, Internetprotokoll-Adressen und Zieladressen von Telemedienangeboten, die Kinderpornographie nach § 184b des Strafgesetzbuchs enthalten oder deren Zweck darin besteht, auf derartige Telemedienangebote zu verweisen (Sperrliste). Es stellt den Diensteanbietern im Sinne des § 2 täglich zu einem diesen mitzuteilenden Zeitpunkt eine aktuelle Sperrliste zur Verfügung.

(2) Die Aufnahme in die Sperrliste erfolgt nur, soweit zulässige Maßnahmen, die auf die Löschung des Telemedienangebots abzielen, nicht oder nicht in angemessener Zeit erfolgversprechend sind. Bevor das Telemedienangebot eines Diensteanbieters, der in einem anderen Staat im Geltungsbereich der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr”, ABl. L 178 vom 17. 7. 2000, S. 1) niedergelassen ist, in die Sperrliste aufgenommen wird, ist das Verfahren nach § 3 Absatz 5 Satz 2 des Telemediengesetzes durchzuführen. In Staaten ausserhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinie darf das Telemedienangebot sofort in die Sperrliste aufgenommen werden, wenn nach Einschätzung des Bundeskriminalamts davon auszugehen ist, dass in dem betroffenen Staat andere Maßnahmen, insbesondere Mitteilungen an die für den polizeilichen Informationsaustausch zuständigen Stellen, nicht oder nicht in angemessener Zeit zu einer Löschung des Telemedienangebots führen.

(3) Wird ein Telemedienangebot erstmals oder erneut in die Sperrliste aufgenommen, soll das Bundeskriminalamt in der Regel dem Diensteanbieter, der dieses Telemedienangebot als eigene Information im Sinne des § 7 Absatz 1 des Telemediengesetzes zur Nutzung bereithält, sowie dem Diensteanbieter, der dieses Telemedienangebot nach § 10 des Telemediengesetzes für einen Nutzer speichert, die Aufnahme und den Grund hierfür mitteilen, sofern der Diensteanbieter mit zumutbarem Aufwand zu ermitteln ist. Hat ein solcher Diensteanbieter seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland, unterrichtet das Bundeskriminalamt die für den polizeilichen Informationsaustausch mit anderen Staaten zuständige Stelle in dem betreffenden Staat, soweit eine Mitteilung nicht bereits nach Absatz 2 erfolgt ist.

§ 2 Zugangserschwerung

(1) Diensteanbieter nach § 8 des Telemediengesetzes, die den Zugang zur Nutzung von Informationen über ein Kommunikationsnetz für mindestens 10 000 Teilnehmer oder sonstige Nutzungsberechtigte ermöglichen, haben geeignete und zumutbare technische Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu Telemedienangeboten, die in der Sperrliste aufgeführt sind, zu erschweren. Dies gilt nicht, wenn Diensteanbieter ausschließlich solche Zugänge anbieten, bei denen Maßnahmen nach Satz 1 bereits von anderen Anbietern durchgeführt werden oder wenn Diensteanbieter, die Internetzugänge nicht für die Öffentlichkeit anbieten, selbst vergleichbar wirksame Sperrmaßnahmen einsetzen.

(2) Für die Sperrung dürfen vollqualifizierte Domainnamen, Internetprotokoll-Adressen und Zieladressen von Telemedienangeboten verwendet werden. Die Sperrung erfolgt mindestens auf der Ebene der vollqualifizierten Domainnamen, deren Auflösung in die zugehörigen Internetprotokoll-Adressen unterbleibt.

(3) Die Diensteanbieter haben die Maßnahmen unverzüglich zu ergreifen, spätestens jedoch innerhalb von sechs Stunden, nachdem das Bundeskriminalamt die aktuelle Sperrliste zur Verfügung gestellt hat.

§ 3 Sicherung der Sperrliste

Diensteanbieter nach § 2 haben die Sperrliste durch geeignete Maßnahmen gegen Kenntnisnahme durch Dritte, die an der Umsetzung der Sperrung nicht beteiligt sind, zu sichern.

§ 4 Stoppmeldung

Diensteanbieter nach § 2 leiten Nutzeranfragen, durch die in der Sperrliste aufgeführte Telemedienangebote abgerufen werden sollen, auf ein von ihnen betriebenes Telemedienangebot (Stoppmeldung) um, das die Nutzer über die Gründe der Sperrung sowie eine Kontaktmöglichkeit zum Bundeskriminalamt informiert. Die Ausgestaltung bestimmt das Bundeskriminalamt.

§ 5 Verkehrs- und Nutzungsdaten

Verkehrs- und Nutzungsdaten, die auf Grund der Zugangserschwerung bei der Umleitung auf die Stopp-Meldung anfallen, dürfen nicht für Zwecke der Strafverfolgung verwendet werden.

§ 6 Aufstellung

Diensteanbieter nach § 2 übermitteln dem Bundeskriminalamt wöchentlich eine anonymisierte Aufstellung über die Anzahl der Zugriffsversuche pro Stunde auf die in der Sperrliste aufgeführten Telemedienangebote.

§ 7 Zivilrechtliche Ansprüche

(1) Diensteanbieter nach § 2 haften nur, wenn und soweit sie die Sperrliste durch Maßnahmen nach den §§ 2 bis 4 schuldhaft nicht ordnungsgemäß umsetzen.

(2) Zivilrechtliche Ansprüche gegen Diensteanbieter nach § 2, mit den zur Umsetzung dieses Gesetzes geschaffenen technischen Vorkehrungen Sperrungen vorzunehmen, sind ausgeschlossen.

§ 8 Dokumentations- und Auskunftspflichten des Bundeskriminalamts

(1) Das Bundeskriminalamt ist verpflichtet, Unterlagen vorzuhalten, mit denen der Nachweis geführt werden kann, dass die in der Sperrliste aufgeführten Einträge zum Zeitpunkt ihrer Bewertung durch das Bundeskriminalamt die Voraussetzungen nach § 1 erfüllten.

(2) Das Bundeskriminalamt erteilt Diensteanbietern im Sinne des Telemediengesetzes, die ein berechtigtes Interesse darlegen, auf Anfrage Auskunft darüber, ob und in welchem Zeitraum ein Telemedienangebot in der Sperrliste enthalten ist oder war.

§ 9 Expertengremium

Beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird ein unabhängiges Expertengremium gebildet, das aus 5 Mitgliedern besteht. Die Mitglieder werden vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bis zum 31. Dezember 2012 bestellt. Die Mehrheit der Mitglieder muss die Befähigung zum Richteramt haben. Die Mitglieder sind berechtigt, die Sperrliste beim Bundeskriminalamt jederzeit einzusehen. Das Gremium überprüft mindestens quartalsweise auf der Basis einer relevanten Anzahl von Stichproben, ob die Einträge auf der Sperrliste die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 erfüllen. Stellt es mit Mehrheit fest, dass ein aufgeführtes Telemedienangebot diese Voraussetzung nicht erfüllt, muss das Bundeskriminalamt dieses Telemedienangebot bei der nächsten Aktualisierung aus der Sperrliste entfernen.

§ 10 Technische Richtlinie

In welcher Form und nach welchem Verfahren die Sperrliste und die Aufstellung nach § 6 zur Verfügung gestellt werden, regelt das Bundeskriminalamt unter Beteiligung der Diensteanbieter in einer technischen Richtlinie.

§ 11 Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird durch die §§ 2 und 4 eingeschränkt. Hierdurch sind Telekommunikationsvorgänge im Sinne des § 88 Absatz 3 Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes betroffen.

§ 12 Verwaltungsrechtsweg

Für Streitigkeiten über die Aufnahme eines Telemedienangebotes in die Sperrliste ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

§ 13 Bußgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 4 eine Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift oder
2. entgegen § 3 die Sperrliste nicht, nicht richtig oder nicht vollständig sichert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

Artikel 2 Änderung des Telekommunikationsgesetzes

Das Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 96 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter “und verwenden” werden gestrichen und nach dem Wort “Abschnitt” die Wörter “oder in § 2 oder § 4 des Zugangserschwerungsgesetzes” eingefügt.’

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:

“Diese Verkehrsdaten dürfen nur verwendet werden, soweit dies für die in Satz 1 genannten oder durch andere gesetzliche Vorschriften begründeten Zwecke oder zum Aufbau weiterer Verbindungen erforderlich ist. Im Übrigen sind Verkehrsdaten vom Diensteanbieter nach Beendigung der Verbindung unverzüglich zu löschen.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

“(2) Eine über Absatz 1 hinausgehende Erhebung oder Verwendung der Verkehrsdaten ist unzulässig.”

2. § 149 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 16 wird nach der Angabe “§ 96 Abs. 2 die Angabe “Satz 1” gestrichen und werden vor dem Wort “verwendet” die Wörter “erhebt oder” eingefügt.

b) In Nummer 17 werden die Wörter “§ 96 Abs. 2 Satz 2” durch die Wörter “§ 96 Abs. 1 Satz 3” ersetzt.

ARTIKEL 3

Evaluierung

Die Bundesregierung erstattet dem Bundestag innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten Bericht über die Anwendung dieses Gesetzes. Hierbei sind die Erfahrungen des Expertengremiums nach § 9 des Zugangserschwerungsgesetzes mit einzubeziehen.

ARTIKEL 4

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
(2) Artikel 1 § 13 tritt sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft.
(3) Artikel 1 dieses Gesetzes tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

III Jornadas de Protección de Datos Sociales de la Comunidad de Madrid. Organizadas por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

Madrid, España, 29 de noviembre de 2002.

Ponencias:

Los regímenes jurídicos de prestación de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, por el Ilmo. Sr. D. José María Alonso Seco. Viceconsejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

La protección de datos como derecho fundamental. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, por el Ilmo. Sr. D. Antonio Troncoso Reigada. Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Principios de la protección de datos. Sus características en el ámbito de los servicios sociales. Derechos reconocidos a los ciudadanos, por la Sra. Dña. Carmen Martínez Martínez. Directora del Registro y la Inspección de la APDCM.

Figura del responsable de ficheros. Obligaciones. Medidas de seguridad a adoptar en el tratamiento de datos, por el Sr. D. Ángel Igualada Menor. Consultor responsable del área de Sanidad y Servicios Sociales de la APDCM.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 171/1999, 27 SEPTIEMBRE 1999

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 3.759/96, promovido por don Italo Nelli, representado por la Procuradora doña Isabel Díaz Solano y asistido por la Letrada doña Cecilia Pérez Raya, contra la Sentencia de 18 de julio de 1996, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimatoria del recurso de casación contra la Sentencia 22 de febrero de 1995, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 18 de octubre de 1996, doña Isabel Díaz Solano, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Italo Nelli, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la que se hace mérito en el encabezamiento.

2. Los hechos que se desprenden de la demanda y las actuaciones remitidas por los órganos judiciales son, en síntesis, los siguientes:

a) A raíz de la solicitud de intervención del teléfono núm. 58.38.73 efectuada por la Comisaría de Policía de Fuengirola el 14 de noviembre de 1990 al Juzgado de Instrucción núm. 3 de la misma ciudad, su autorización en Auto de la misma fecha, así como la de las prórrogas de la intervención -Autos de 12 de diciembre 1990 y 15 de enero 1991- y a partir de los datos que a través de ellas y de la vigilancia del recurrente se obtuvieron, el día 29 de enero de 1991 se interceptó el vehículo que éste conducía -Ford Fiesta matrícula de Cádiz-, ocupándosele dinero -1.200.000 pesetas.- y otros efectos y procediéndose a su detención.

b) La detención tuvo lugar a raíz de los siguientes hechos, observados por la fuerza policial en el curso de la vigilancia a que estaban siendo sometidas otras personas conectadas con don Italo Nelli: el día 29 de enero de 1991 fue observado cómo don Italo Nelli, conduciendo el vehículo Ford Fiesta, CA-3466-AD, llegaba a villa Las Yucas en la urbanización Cortijo de Mazas, introduciéndose en la misma. A los diez minutos apareció otra persona, identificada como don Dieter Ernst, quien portaba un envoltorio de plástico de color claro que entró también en villa Las Yucas, saliendo a los pocos minutos sin dicho envoltorio. Pasado un cuarto de hora aproximadamente, don Italo Nelli salió de la casa portando un envoltorio de las mismas características. Por ello, se decidió su detención una vez se alejaba conduciendo el vehículo en el que había llegado.

c) Por oficio de la misma Comisaría dirigido el 30 de enero de 1991 al Juzgado de Instrucción de guardia (el núm. 4) de Fuengirola, se solicitó mandamiento de entrada y registro en el domicilio de doña María Belén Izquierdo Pintos, quien convivía con don Italo Nelli. El Juzgado de Instrucción núm. 4 incoó diligencias indeterminadas 9/91 y por Auto de 30 de enero de 1991 autorizó la entrada y registro solicitados.

d) En el acta de la entrada y registro del domicilio consta la incautación de unos 200 grs. de cocaína, 300 grs. de hachís, 12.500.000 liras y 65.000 ptas., así como boletas de cambio de divisas italianas, papeles manuscritos con operaciones y cuentas, balanza de precisión, dos esnifadores, un secador de pelo en cuyo interior se encontraba una bolsa de plástico con siete rollos de papel adhesivo, dieciséis cartuchos calibre 38 marca Speer, dos molinillos para prensar con restos de sustancia blanquecina, un tubo de vidrio con restos de sustancia blanquecina y otros utensilios de similares características.

e) Igualmente se solicitó la entrada y registro de la casa sita en Vega de Oro de don Piero Solaroli, que mantenía contactos con el detenido y que también estaba sometido a vigilancia. Al encontrarse al lado del coche Volkswagen Polo SV-370780 una bolsa de plástico con botes de pegamento, restos de sustancia blanquecina y otros productos utilizados habitualmente para camuflar la droga, se procedió a desmontar y registrar exhaustivamente el vehículo en las dependencias policiales, encontrándose dos envoltorios de plástico conteniendo cocaína (780 grs.). Se detuvo a don Piero Solaroli.

f) La Sentencia de la Audiencia Provincial condenó al recurrente, junto a don Piero Solaroli, como coautor de un delito contra la salud pública, de sustancia gravemente nociva para la salud y en cantidad de notoria importancia, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y multa de 101.000.000 de pesetas, con un mes de arresto sustitutorio si no hiciere efectiva la multa en el término de cinco audiencias, accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena privativa de libertad, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales.

g) Don Italo Nelli interpuso recurso de casación alegando siete motivos: uno por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 L.E.Crim., y seis por vulneración de derechos fundamentales, al amparo del art. 5.4 L.O.P.J. Todos ellos fueron desestimados por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

3. Las pretensiones del recurrente se centran en las posibles vulneraciones del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.), del derecho al Juez predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.), del derecho de defensa y a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.).

a) La infracción alegada del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.) se habría producido por una serie de irregularidades que afectan tanto al primer Auto de autorización de la intervención telefónica como a los posteriores de prórroga de la misma:

1) Respecto del Auto de intervención se señala la falta de determinación del alcance objetivo de la intervención -personas afectadas y delito investigado-, de los indicios en que se fundamenta el presunto delito, así como de la ponderación de los intereses en conflicto; por lo tanto, carece de la motivación exigible en cuanto expresión de la proporcionalidad de una medida restrictiva de un derecho fundamental.

2) Respecto del Auto de prórroga de 12 de diciembre se afirma la falta de adveración de las cintas por el Secretario Judicial e irregularidades en su aportación al Juzgado, dado que se presentaron dos cassettes magnetofónicas y no las cintas originales. Asimismo se señala que no se tomaron en consideración los indicios delictivos necesarios para continuar la medida de intervención telefónica, afirmándose expresamente la falta de materialización de las sospechas hasta el momento de la solicitud de prórroga, y, por último, que ni siquiera se especificó el delito que se seguía investigando.

3) De estas irregularidades se deriva la nulidad de los Autos y la prohibición constitucional de valorar las pruebas obtenidas directa o indirectamente de las intervenciones telefónicas. Aunque el Tribunal de instancia ni siquiera hizo referencia a esta alegación, el Tribunal de casación la tuvo en cuenta al rechazar el motivo.

b) Infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.). Con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, se entiende que el Auto de 30 de enero de 1991 dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuengirola, que autorizó la entrada y registro en el domicilio del recurrente, lesiona tal derecho al adolecer de los siguientes vicios:

1) Falta de exteriorización de los “indicios” (art. 546 L.E.Crim.) que podrían justificar la entrada y registro en el domicilio, pues la solicitud policial sólo aduce meras sospechas sin referencia a datos externos que pudieran ser apreciados por el Juez; ello determina la ausencia de motivación y la consecuente imposibilidad de conocer las razones por las que el órgano judicial autorizó la diligencia. Esta crítica se dirige no sólo contra el propio Auto judicial -impreso, desprovisto de la más mínima argumentación y que ni tan siquiera recoge en su parte dispositiva el delito que se pretendía perseguir-, sino también contra el oficio de la Policía en el que se formuló la petición del mandamiento judicial -al que se califica de fórmula estereotipada, oscuro, genérico y falto de contenido-.

2) Ausencia de la ponderación exigible, de conformidad con el criterio de la proporcionalidad, para que una medida restrictiva de un derecho fundamental pueda considerarse legítima teniendo en cuenta su duración, extensión y las circunstancias del caso, especialmente la naturaleza del delito, su gravedad y su propia trascendencia social.

3) Ausencia de control judicial en la ejecución de la medida. No se precisa en la solicitud de autorización del Grupo policial la urgencia que lo hiciere necesario, ni aparece la firma del Secretario judicial -cuya intervención era preceptiva en virtud del art. 569 L.E.Crim. en su antigua redacción, vigente en aquellas fechas- ni la de la propia Autoridad judicial (folio 63); no consta, por último, la diligencia de entrega ni la hora en que se autorizó el registro para poder comprobar si fue llevado a cabo bajo el amparo judicial.

4) La ausencia de autorización y control judicial no podría sustituirse por la existencia de un delito flagrante, puesto que al ser detenido el recurrente no se le ocupó droga sino sólo dinero, lo que queda corroborado por la propia actuación de los funcionarios judiciales, quienes conscientes de ello solicitaron los respectivos mandamientos judiciales.

5) De todo ello se deduce no sólo la nulidad de la diligencia de entrada y registro, sino la de las pruebas obtenidas directa o indirectamente a partir de ella.

c) Infracción del derecho al Juez predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.). El Auto que autorizó la entrada y registro domiciliario fue dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuengirola -en el marco de unas diligencias indeterminadas incoadas por el mismo-, no siendo competente al efecto y, por tanto, no siendo el Juez predeterminado por la ley, dado que previamente se habían incoado diligencias previas por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de la misma ciudad, circunstancia que constaba en la solicitud policial. De conformidad con las normas procesales aplicables, resultaba competente el Juzgado de Instrucción núm. 3 (arts. 8 y ss. L.E.Crim.), ya que no constaba imposibilidad alguna para que dicha resolución fuera dictada por este órgano.

d) Infracción del derecho a la defensa y a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 C.E.):

1) En virtud de las irregularidades cometidas en la detención del recurrente que le impidieron ejercitar el derecho a la defensa (art. 118 L.E.Crim.), al no ser informado de sus derechos (art. 520 L.E.Crim.) en el primer momento de la detención, sino dos días después. Consta en las actuaciones que el recurrente fue detenido a las 16 horas y cincuenta minutos del día 29 de enero de 1991, en tanto que la información de derechos fue realizada a las 12 horas y treinta minutos del día 31 de enero de 1991, cuando ya se había realizado la entrada y registro.

2) Como consecuencia de las irregularidades cometidas en el registro. En particular, en virtud de la ausencia de notificación del Auto que autorizó la entrada y registro en el domicilio, trastero y vehículo (art. 566 L.E.Crim.), su verificación sin la presencia del recurrente o representante familiar, al haberse llevado a cabo estando éste detenido, ni la del Secretario judicial (art. 569 L.E.Crim.).

3) Deriva esta infracción constitucional, asimismo, de la verificación del registro del vehículo, matrícula SV-370780, de propiedad del coimputado, don Piero Solaroli, donde se encontraron 780 grs. de cocaína, sin las garantías inherentes exigibles (SSTS de 7 de febrero de 1994, 21 de abril de 1995; STC 303/1993); en concreto: la ausencia de información de dicho registro a los detenidos, la ausencia de intervención judicial en el mismo y la falta de contradicción generada por la ausencia de los detenidos en su verificación. Tales exigencias sólo pueden ser excepcionadas cuando concurran razones de urgencia y necesidad para la intervención policial (STC 303/1993), ausentes en el caso examinado, ya que don Italo Nelli y don Piero Solaroli se encontraban detenidos. En consecuencia, el registro fue nulo y carece de todo valor probatorio en cuanto acto de recogida de elementos y efectos del delito.

4) La vulneración de este derecho fundamental es consecuencia, por último, de la ausencia de contradicción respecto a la prueba de cargo de las intervenciones telefónicas. Con invocación de la doctrina del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos se esgrimen los siguientes vicios: falta de reconocimiento de las voces grabadas por sus presuntos autores; ausencia de prueba pericial para la identificación de las voces; ausencia de control judicial de las cintas, dado que no se le presentaron al órgano judicial las cintas originales, sino unas cassetes parciales y seleccionadas policialmente; las cintas y su transcripción no fueron cotejadas por el Secretario judicial, habiendo sido solicitada su adveración por el Ministerio Fiscal, ni tampoco se procedió a su lectura ni a su audición en el plenario. A consecuencia de todo ello, el elemento de prueba adolece de toda garantía y ha de ser considerada prueba prohibida e ilícitamente obtenida, y, por tanto, nula (art. 11.1 L.O.P.J.) por infringir no sólo el art. 18.3 sino además el art. 24.2 C.E.

e) Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). Todas las anteriores lesiones de derechos fundamentales determinan que tanto el Juez de Instrucción y la Audiencia Provincial de Málaga como la Sala Segunda del Tribunal Supremo hayan quebrantado este derecho al no aplicar las normas citadas como infringidas y, por tanto, por no haber obtenido el recurrente una resolución fundada en Derecho y no haber impedido paralelamente la indefensión del recurrente.

f) Infracción del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.):

1) Las pruebas de cargo utilizadas por los órganos judiciales no fueron obtenidas con las garantías constitucionales exigibles, dado que, como se ha argumentado, se obtuvieron con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a la inviolabilidad del domicilio. La tenencia de la droga encontrada en el domicilio del recurrente (180 grs. de cocaína y 300 grs. de hachís) no puede considerarse probada, ni a través de las pruebas directamente obtenidas mediante la intervención telefónica y el registro efectuado, ni a través de pruebas derivadas de las mismas por afectarles también la ilegitimidad constitucional de la intervención telefónica y el registro.

2) Tampoco existieron otras pruebas independientes, constitucionalmente legítimas, que sustentaran la existencia de estos hechos.

3) No existió prueba de cargo de la que inferir de forma suficiente y racional los elementos que permiten la subsunción de los hechos en el subtipo agravado, tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia [art. 344 bis a) 3º C.P. de 1973]. La aplicación del subtipo agravado se sustenta en la consideración de los coimputados Sres. Nelli y Solaroli como coautores, procediéndose, en consecuencia, a sumar las cantidades de droga encontradas tanto en el domicilio de Sr. Nelli como en el coche del Sr. Solaroli.

En primer término, no existió prueba de los elementos objetivos de la coautoría, en particular, del acuerdo entre ambos y de la intervención del Sr. Nelli en la ejecución del plan común. A estos efectos no basta la acreditación de que se conocieran o tuvieran relación. La Sentencia de instancia afirma la existencia de indicios, pero no explicita cuáles sean, de forma que no es posible entender acreditada la suficiencia y racionalidad de la inferencia realizada. De otra parte, aunque existieran estos indicios no podrían utilizarse como prueba de cargo por quedar afectados, en aplicación de la teoría del árbol envenado, de la ilicitud de la intervención telefónica y del registro.

En segundo término, no existió prueba sobre el elemento subjetivo necesario para la aplicación del subtipo agravado, esto es, del conocimiento de la cantidad de notoria importancia de la droga, que requiere el conocimiento, por parte del Sr. Nelli, de la existencia de la cantidad de droga poseída por el Sr. Solaroli. Al considerarse probado mediante prueba indiciaria, era preceptiva la exteriorización de los indicios y del proceso lógico que conducen racionalmente a considerar probada la concurrencia del conocimiento.

Por último, tampoco quedó acreditado el grado de pureza de las sustancias intervenidas al no haberse realizado la correspondiente prueba al efecto, constituyendo una circunstancia relevante para la aplicación del subtipo agravado, puesto que éste ha de fundamentarse no sólo en la cantidad de droga, sino también en la cualidad de la misma.

4. Por providencia de 23 de enero de 1996, la Sección acordó solicitar de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga las actuaciones correspondientes a la causa antes de pronunciarse sobre su admisión.

5. Una vez recibidas las actuaciones, la Sección, por providencia de 4 de junio de 1997, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procediesen, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC], dándoles vista al efecto de las actuaciones.

6. La representación del recurrente, en escrito registrado el 27 de junio de 1997, cumplimentando el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC, sostiene no sólo la necesidad de un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal sobre las vulneraciones alegadas, dado que la demanda se sustenta en la jurisprudencia constitucional aplicable, entre otros, sobre el derecho a la presunción de inocencia, sino la estimación de la demanda misma y el reconocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Insiste en la aplicabilidad de la doctrina sentada en la STC 303/1993.

7. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 30 de junio de 1997 y, en cumplimiento, igualmente, del trámite previsto en el art. 50.3 LOTC, interesó la inadmisión a trámite de la demanda en virtud de la carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte de este Tribunal [art. 50.1 c) LOTC].

a) En primer término, se sostiene la inexistencia de ninguna infracción autónoma del derecho a la tutela judicial efectiva, dado que, este derecho constituye una “fórmula genérica”, de la que son manifestaciones específicas las garantías del art. 24.2 C.E., y en cierto modo, toda violación de un derecho fundamental atribuible a un órgano judicial conlleva la vulneración del mismo.

b) Igualmente y por similares razones se sostiene la inexistencia de vulneraciones del derecho a un proceso con todas las garantías que han de reconducirse a “los requisitos de las intervenciones telefónicas y de la entrada y registro”.

c) Carece de forma manifiesta de contenido la referencia al Juez ordinario predeterminado por la ley, pues los defectos alegados podrán constituir irregularidades procesales pero no afectan al derecho invocado.

d) En cuarto lugar, respecto de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones se entiende que las intervenciones telefónicas y las entradas y registros tuvieron escasa incidencia en la Sentencia condenatoria. De forma que con independencia del juicio que merezca la intervención telefónica, no fue el único ni principal elemento incriminatorio, pues en la argumentación de las condenas “ofrece mucha mayor fuerza” el seguimiento policial efectuado y los registros, que sí quedaron cubiertos por el Auto que acordó la entrada y registro. En relación con ellos se sostiene que la falta de presencia del imputado en los mismos aun suponiendo infracción de normas procesales carece de relevancia constitucional, pues incluso el imputado llegó a reconocer que la droga intervenida le pertenecía.

e) Finalmente, respecto del derecho a la presunción de inocencia en relación con los elementos del tipo agravado, afirma que el razonamiento lógico por el que llega el Tribunal al convencimiento de la existencia de concierto previo “aunque conciso, ha de considerarse respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia”.

8. Por providencia de 28 de julio de 1997, la Sección acordó admitir a trámite la demanda, y obrando ya en la Sala testimonio de las actuaciones correspondientes, dirigir comunicaciones a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga para que, en el plazo de diez días, emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente, para su posible comparecencia en el proceso de amparo constitucional.

9. Por providencia 13 de octubre de 1997, la Sección acordó dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que, de conformidad con lo establecido en el art. 52.1 LOTC, realizasen las alegaciones que estimasen pertinentes.

10. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 5 de noviembre de 1997 y cumplimentando el trámite de alegaciones, interesa la desestimación del amparo, con idénticos argumentos a los esgrimidos en trámite de informe de conformidad con el art. 50.3 LOTC, a los que añade, en primer término, la adecuación constitucional de los Autos de intervención y prórroga de la misma al estar suficientemente motivados, expresar los indicios de la existencia de un delito de tráfico de drogas y la proporcionalidad que el sacrificio del derecho fundamental exige. En segundo lugar, sostiene que las irregularidades producidas en la ejecución del registro -falta de presencia del imputado y del Secretario Judicial- constituyen meros defectos procesales que ni generaron indefensión ni tienen relevancia constitucional. Por último, se entiende que la existencia de concierto entre los acusados, que permitió subsumir los hechos en el tipo agravado, se sustenta en un razonamiento respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia toda vez que se parte de un hecho cierto, cual es la intervención de la droga, en cantidad que permitía excluir su destino para el consumo, y, en consecuencia, afirmar que su finalidad era el tráfico.

11. Por escrito registrado el 11 de noviembre de 1997, la representación del recurrente, en trámite de alegaciones, ratificó la demanda en toda su extensión, insistiendo en las vulneraciones de derechos constitucionales en ella aducidas y en sus fundamentos.

12. La Sección, en providencia 28 de julio de 1997, acordó abrir pieza separada de suspensión y, en virtud de lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder plazo común de tres días al recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimasen pertinente en relación con dicha suspensión. Por Auto de 29 de septiembre de 1997, acordó la suspensión de la Sentencia solicitada en lo que se refiere a la pena de prisión y accesorias, así como al arresto sustitutorio, en su caso, y denegarla en lo atinente a la pena de multa y a las costas procesales.

13. Por providencia de 23 de septiembre de 1999, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso el demandante de amparo denuncia la vulneración de sus derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.), al Juez predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.), a la defensa y a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.).

Comenzaremos el enjuiciamiento de las alegaciones traídas a este proceso constitucional por las referidas a dos lesiones relativamente autónomas de las demás. La primera es la pretendida infracción del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que se achaca a la intervención del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuengirola en la emisión del Auto de registro del domicilio del recurrente, cuando al haberse incoado previamente diligencias por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de la misma ciudad, la competencia para autorizar el registro correspondía, según el recurrente, a este último. La segunda es la relativa a la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, que se habría producido ante la ausencia de inmediata información de los derechos que le asistían al ser detenido como prescribe el art. 520 L.E.Crim., pues desde que se le detuvo hasta que se le instruyó de sus derechos transcurrieron más de cuarenta y tres horas.

2. La vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley ha de ser desestimada, pues a la luz de la constante jurisprudencia de este Tribunal, las cuestiones relativas a la competencia entre órganos judiciales son ajenas al contenido de dicho derecho. Este únicamente “exige, en primer término, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. … exige también que la composición del órgano judicial venga determinada por Ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente” (SSTC 43/1987, fundamento jurídico 2º; 6/1996, fundamento jurídico 2º; 6/1997, fundamento jurídico 3º; 64/1997, fundamento jurídico 2º; 238/1998, fundamento jurídico 3º, entre otras muchas).

Pero no cabe confundir el contenido del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley con el derecho a que las normas sobre distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un determinado sentido; pues, en todo caso, la interpretación de las normas que regulan la competencia y, por consiguiente, la determinación de cuál sea el órgano competente, son cuestiones que corresponden en exclusiva a los propios Tribunales de la jurisdicción ordinaria y los criterios de aplicación de la delimitación de competencias entre distintos órganos jurisdiccionales no es por sí sola materia que sea objeto del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (SSTC 43/1984, fundamento jurídico 2º; 43/1985, fundamento jurídico 1º; 93/1988, fundamento jurídico 2º; en sentido similar 49/1999, fundamento jurídico 2º).

Desde esta perspectiva, ha de negarse la vulneración aducida, ya que el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuengirola es un órgano jurisdiccional dotado de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación y, en ningún caso, su régimen orgánico y procesal permite calificarlo de órgano especial o excepcional. Por tanto, aun cuando se hubiera producido alguna irregularidad procesal, dudosa en todo caso, dado que dicho Juzgado era el que estaba de guardia el día en que se solicitó el registro, ésta en nada afectaría al derecho invocado, como, por otra parte, ya argumentó la Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en su fundamento jurídico octavo.

3. Tampoco puede compartirse la vulneración pretendida del derecho a un proceso con todas las garantías debido a la ausencia de la inmediatez requerida en la información del motivo de su detención y en la instrucción de los derechos que le asistían, al posteriormente acusado, en su detención policial. Resulta pertinente precisar que el recurrente no aduce lesión de los derechos reconocidos en el art. 17 C.E., ni tampoco afirma que no se verificara dicha información e instrucción por parte de la fuerza policial que procedió a su detención. En realidad, la irregularidad aducida y producida, consistió en mantener al detenido más de cuarenta y tres horas sin proceder de la forma requerida tanto por el art. 520 L.E.Crim., como por el art. 17.3 C.E., pues finalmente se informó del motivo de la detención y de sus derechos al recurrente -como consta en autos-, si bien de forma tardía.

Pues bien, aunque en hipótesis no cabe negar que tan tardía información de sus derechos haya podido vulnerar el derecho a la libertad personal del recurrente (art. 17.3 C.E.), sin embargo, éste nada alega al respecto sino que centra su denuncia y sus alegaciones únicamente en las posibles repercusiones que este hecho haya podido tener en las garantías procesales. Desde esta perspectiva, procede la desestimación de este motivo de amparo, ya que, de un lado, la vulneración denunciada no es imputable de forma directa e inmediata a los órganos judiciales, y, de otro, para generar una lesión, desde la perspectiva constitucional, del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías es necesario que tal irregularidad haya ocasionado indefensión material en el sentido de un efectivo menoscabo de las posibilidades de defensa del procesado.

En efecto, como este Tribunal declaró en la STC 107/1985 (fundamento jurídico 1º), la infracción de las garantías en la detención policial, “sólo podría ser relevante en este proceso constitucional en la medida en que las irregularidades de este modo aducidas hubieran incidido en las resoluciones judiciales impugnadas. De ser ciertas, la ilegalidad en la detención del actor, y la consiguiente vulneración de los derechos enunciados en el núm. 3.° del art. 17, nunca podrían ser imputadas de modo ‘inmediato y directo’ (art. 44.1 LOTC) a las resoluciones de los juzgadores a quo, ante quienes no se buscó directamente reparación de tales presuntas violaciones en el procedimiento ordinario, pretensión que, ciertamente, bien pudo haber hecho valer el hoy demandante por las vías jurisdiccionales adecuadas” [en sentido parecido, STC 21/1997, fundamento jurídico 5 b)].

De otra parte, tanto desde la perspectiva del carácter instrumental de los derechos y garantías reconocidos al detenido respecto de la salvaguardia del derecho a un proceso con todas las garantías, como desde la óptica de la exclusiva dimensión constitucional de las infracciones que afecten al mismo en tanto en cuanto hayan generado indefensión material, ha de negarse toda relevancia constitucional de esta infracción en el derecho invocado por el recurrente. Pues si la “materialidad de esa indefensión … exige una relevante y definitiva privación de las facultades de alegación, prueba y contradicción que desequilibre la posición del imputado” (STC 14/1999, fundamento jurídico 6º), en el curso de las cuarenta y tres horas que precedieron a la diligencia de instrucción de los derechos al detenido no se produjo ninguna declaración del mismo, de forma que no se alega ni se observa en qué medida pudo afectar a sus posibilidades de defensa el, ciertamente, dilatado plazo en el que el recurrente estuvo en las dependencias policiales sin que la fuerza policial cumpliera con los deberes constitucionalmente asignados.

Cuestión distinta es la posible incidencia constitucional de la ejecución del registro del domicilio del recurrente, mientras estaba detenido, sin serle comunicado ni estar presente en el mismo, en el derecho a la inviolabilidad del domicilio o en el derecho a un proceso con todas las garantías derivado de la valoración de las pruebas obtenidas en dicho registro. Esta es una cuestión que será enjuiciada con posterioridad.

4. A la autorización y práctica de la intervención telefónica de la línea conectada al domicilio del recurrente, así como a la incorporación al proceso del resultado de la misma, atribuye el demandante de amparo un buen número de irregularidades que, en su opinión, provocaron directamente no sólo la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones, sino también la del derecho a un proceso con todas las garantías e, indirectamente, la del derecho a la presunción de inocencia al haberse utilizado para sustentar su condena las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante la intervención telefónica.

El análisis de estas irregularidades desde la perspectiva de los derechos invocados requiere un breve recordatorio de la jurisprudencia constitucional con el objeto de diferenciar las consecuencias que las mismas pueden tener en los derechos constitucionales. A tal efecto, ha de ponerse en cuestión la afirmación del recurrente de que las irregularidades cometidas en la intervención telefónica generaron no sólo la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, sino también de forma refleja y automática la del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. No es correcto sostener que toda prueba obtenida mediante la intervención telefónica queda sometida a la prohibición constitucional de valoración que a toda prueba obtenida con vulneración de derechos constitucionales le atañe.

En efecto, aunque del análisis de la intervención telefónica realizada resultara la confirmación de la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones, ello no supondría de forma paralela y automática la lesión de la prohibición de valoración de todas las pruebas derivadas de las intervenciones. Pues si bien es cierto que desde la STC 114/1984 se ha venido afirmando por este Tribunal la prohibición de valorar las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (además SSTC 107/1985, 64/1986, 80/1991), no solo en lo que atañe a los resultados directos de la intervención, sino a “cualquier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios” (SSTC 49/1996, fundamento jurídico 3º), aunque derive indirectamente de aquélla (SSTC 85/1994, fundamento jurídico 5º; 86/1995, fundamento jurídico 3º; 181/1995, fundamento jurídico 4º; 54/1996, fundamento jurídico 8º), no es menos cierto que este Tribunal ha profundizado recientemente en las excepciones, ya admitidas por la anterior doctrina.

Así, de conformidad con la más reciente doctrina constitucional, es lícita la valoración de pruebas que, aunque se encuentren conectadas desde una perspectiva natural con “el hecho constitutivo de la vulneración del derecho fundamental por derivar del conocimiento adquirido a partir del mismo”, puedan considerarse jurídicamente independientes (SSTC 86/1995, fundamento jurídico 4º; 54/1996, fundamento jurídico 6º; 81/1998, fundamento jurídico 4º).

En el desarrollo de estas excepciones, ha precisado este Tribunal las razones que avalan la independencia jurídica de unas pruebas respecto de otras. La razón fundamental reside en que las pruebas derivadas son desde su consideración intrínseca constitucionalmente legítimas, pues ellas no se han obtenido mediante la vulneración de ningún derecho fundamental; por lo tanto, no puede entenderse que su incorporación al proceso implique lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (STC 81/1998, fundamento jurídico 4º). En efecto, en la medida en que la información obtenida a través de las intervenciones telefónicas puede ser incorporada al proceso como medio autónomo de prueba, bien por sí mismo -audición de las cintas-, bien a través de su transcripción mecanográfica -como documentación de un acto sumarial previo-, bien a través de las declaraciones testificales de los funcionarios policiales que escucharon las conversaciones intervenidas (SSTC 121/1998, fundamento jurídico 5º; 151/1998, fundamento jurídico 4º), para que las pruebas derivadas puedan quedar afectadas por la prohibición constitucional de valoración de pruebas ilícitas es preciso que la ilegitimidad de las pruebas originales se transmita a las derivadas (SSTC 81/1998, fundamento jurídico 4º; 121/1998, fundamento jurídico 6º).

Esta transmisión se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad cuya presencia resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho (SSTC 81/1998, fundamento jurídico 4º; 121/1998, fundamento jurídico 5º; 49/1999, fundamento jurídico 14). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad (SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, 49/1999).

En consecuencia, procede examinar, en primer término, si se produjeron las irregularidades aducidas por el recurrente en el desarrollo de las intervenciones telefónicas, para, en segundo lugar, y en caso de afirmarse su existencia, analizar si la ilicitud de las pruebas directamente obtenidas mediante ellas se transmite a las que derivan del conocimiento adquirido a través de ellas, de forma tal que pueda afirmarse igualmente la prohibición de su valoración en el proceso.

5. La vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones se imputa al Auto de autorización judicial y a los de prórroga de la intervención. Así, respecto del primero, se alega la falta de determinación del alcance objetivo de la intervención -personas y delito investigado-, la ausencia de los indicios en que se fundamenta la existencia del delito y de la ponderación de los intereses en conflicto, derivándose de todo ello la falta de motivación exigible al mismo en cuanto exteriorización del enjuiciamiento de la proporcionalidad de la medida restrictiva del derecho fundamental. En lo que al primer Auto de prórroga concierne, se afirma, de nuevo, la falta de indicios necesarios, y consiguientemente de ponderación, para continuar la medida, pues, de un lado, las irregularidades en el control judicial de la ejecución -no aportar cintas originales, falta de adveración de su contenido por el Secretario Judicial-, avalan la ausencia de control y conocimiento judicial de su resultado y, de otro, la propia solicitud policial afirmaba la falta de materialización de las sospechas hasta el momento de la solicitud de prórroga.

Pues bien, ha de darse la razón al recurrente en cuanto a que alguna de las irregularidades aducidas, caso de haberse producido, generarían la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones. De la síntesis de la jurisprudencia constitucional (SSTC 114/1984, 85/1994, 86/1995, 181/1985, 49/1996, 54/1996, 81/1998, 121/1998, 151/1998, 49/1999) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –casos Klass (Sentencia 6 de septiembre de 1978), Malone (Sentencia 2 de agosto de 1984), Kruslin y Huvig (Sentencia 24 de abril de 1990), Haldford (Sentencia 25 de marzo de 1998), Klopp (Sentencia 25 de marzo de 1998) y Valenzuela (Sentencia 30 de julio de 1998)–, deriva que una medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede entenderse constitucionalmente legítima desde la perspectiva de este derecho fundamental si, en primer lugar, está legalmente prevista con suficiente precisión –principio de legalidad formal y material– (STC 49/1999, fundamento jurídico 4º); si, en segundo lugar, se autoriza por autoridad judicial en el marco de un proceso (STC 49/1999, fundamento jurídico 6º); y, en tercer lugar, si se realiza con estricta observancia del principio de proporcionalidad (STC 49/1999, fundamento jurídico 7º); es decir, si la medida se autoriza por ser necesaria para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como -entre otros-, para la defensa del orden y prevención de delitos calificables de infracciones punibles graves, y es idónea e imprescindible para la investigación de los mismos (ATC 344/1990; SSTC 85/1994, fundamento jurídico 3º; 181/1995, fundamento jurídico 5º; 49/1996, fundamento jurídico 3º; 54/1996, fundamentos jurídicos 7º y 8º; 123/1997, fundamento jurídico 4º; Sentencias del T.E.D.H. casos Huvig y Kruslin, y Valenzuela) y existen indicios sobre el hecho constitutivo de delito y sobre la conexión con el mismo de las personas investigadas.

No se requiere que la resolución judicial explicite el juicio de proporcionalidad pero sí que aporte los elementos necesarios para que ese juicio pueda llevarse a cabo posteriormente atendiendo a los fines legítimos y a las circunstancias concretas concurrentes en cada momento (SSTC 160/1994, 50/1995, 181/1995, 49/1996, 54/1996)

Concretamente, afecta a la legitimidad de la decisión la falta de necesidad estricta de la medida; ésta puede ser constitucionalmente ilegítima bien porque los conocimientos que pueden ser obtenidos carecen de relevancia respecto de la investigación del hecho delictivo o respecto de la conexión de las personas investigadas, o bien porque pudieran obtenerse a través de otras medidas menos gravosas de los derechos fundamentales en litigio, lo que conllevaría la afirmación de su cualidad de prescindible (SSTC 54/1996, fundamento jurídico 8º; 49/1999, fundamentos jurídicos 7º y 8º).

Incide también en la legitimidad de la intervención, la falta de expresión o exteriorización tanto de la existencia de los presupuestos materiales de la intervención –investigación, delito grave, conexión de las personas con los hechos– como de la necesidad de la medida –razones y finalidad perseguida– (STC 54/1996, fundamento jurídico 8º); y todo ello es exigible, asimismo, respecto de las decisiones de mantenimiento de la medida, en cuyo caso, además, deben ponderarse las concretas circunstancias concurrentes en cada momento y el conocimiento adquirido a través de la ejecución de las medidas inicialmente previstas (SSTC 181/1995, fundamento jurídico 6º; 49/1999, fundamento jurídico 11).

La ejecución de la intervención telefónica debe atenerse a los estrictos términos de la autorización tanto en cuanto a los límites materiales o temporales de la misma como a las condiciones de su autorización (SSTC 85/1994, fundamento jurídico 3º; 86/1995, fundamento jurídico 3º; 49/1996, fundamento jurídico 3º; 121/1998, fundamento jurídico 5º) y, finalmente, debe llevarse a cabo bajo control judicial (por todas SSTC 49/1996, fundamento jurídico 3º; 121/1998, fundamento jurídico 5º; 151/1998, fundamento jurídico 4º).

6. Aplicando esta razón de decidir al caso enjuiciado no pueden compartirse las pretensiones del recurrente de que se hayan producido todas las irregularidades que se aducen, ni de que todas ellas impliquen vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Procede, en primer término, recordar que, aun utilizando la no recomendable forma del impreso, una resolución puede estar motivada si, integrada incluso con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios a efectos de considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (STC 200/1997, fundamento jurídico 4º). Para poder precisar si en este caso la resolución está suficientemente motivada resulta conveniente transcribir tanto la solicitud policial como el Auto de 14 de noviembre:

a) El Auto de 14 de noviembre tiene el siguiente tenor literal:

“HECHOS:

ÚNICO.- Que en la fecha arriba indicada se presentó en este Juzgado, en funciones de Guardia oficio de la COMISARÍA DE FUENGIROLA, por el cual se solicitaba la intervención del número de teléfono que constaba en el mismo, alegando los motivos que avalan dicha petición basados en la investigación de unos hechos supuestamente delictivos.-/ FUNDAMENTOS JURÍDICOS/ ÚNICO.- Que el art. 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones telefónicas salvo por resolución judicial se disponga lo contrario siendo así que en el presente supuesto existiendo sospechas fundadas de la comisión de un posible delito, resulta procedente para el esclarecimiento del mismo, así como la identificación de las personas responsables y demás circunstancias de interés, adoptar tal medida, en aplicación analógica de los artículos 572, 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.-/ PARTE DISPOSITIVA/ Intervéngase el teléfono Nº 58-38-73 a nombre de Mª Belén IZQUIERDO PINTO durante el plazo de UN MES; dándose cuenta del resultado de la escucha; líbrese a tal efecto oficio a la Delegación de Telefónica de esta Ciudad, haciéndole saber la obligación de informar a este Juzgado de cuantas llamadas maliciosas efectuaren durante dicho plazo al mismo …”.

b) La solicitud policial de igual fecha dice:

“Por gestiones que vienen realizándose en colaboración con el Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada de Policía Judicial de Málaga, se ha teniendo (sic) conocimiento que el teléfono 58-38-73, viene siendo utilizado por un individuo apodado ‘Italo’, de nacionalidad italiana, miembro de un grupo internacional dedicado al tráfico de estupefacientes, concretamente ‘cocaína’, y a través del mismo contacta con otros miembros del grupo./ Dicho teléfono figura a nombre de María Belén IZQUIERDO PINTOS, nacida el 24-3-58, con domicilio en esta localidad, Plaza de los Niños, número 3, 3º C./ Por todo lo anterior, se solicita de V.I., si a bien lo tiene, el oportuno mandamiento para intervenir dicho teléfono, cuya observación se efectuará en esta Dependencia, y de cuyo resultado se dará cuenta a su Autoridad.”.

7. Pues bien, de la lectura conjunta del Auto de 14 de noviembre y la solicitud policial a la que se remite, resulta, en primer término, que la solicitud policial no ofrece dudas de que la persona investigada como usuario del teléfono es la persona apodada “Italo”. Por tanto, ha de entenderse que expresa el alcance subjetivo de la medida, cuya relevancia constitucional ha sido declarada por este Tribunal (SSTC 49/1996, fundamento jurídico 3º; 54/1996 fundamento jurídico 6º).

En segundo lugar, tampoco puede cuestionarse la exteriorización del delito investigado, pues la solicitud policial se refiere al tráfico de estupefacientes, y, en concreto, a la existencia de un grupo internacional dedicado al mismo, del que sería miembro el investigado. En relación con ello, hay que afirmar la legitimidad constitucionalidad del fin perseguido: investigación de un delito de tráfico de drogas cuyas características hemos reconocido que pueden justificar este tipo de medidas [SSTC 37/1989, fundamento jurídico 4º; 32/1994 fundamento jurídico 5º; 207/1996, fundamento jurídico 4º A); 49/1999, fundamento jurídico 8º].

En tercer lugar, se determina la fuerza policial que llevará a cabo la misma, el Grupo Local de la Policía Judicial de la Comisaría de Fuengirola, el alcance temporal de la medida, un mes, y la obligación de informar al Juzgado en dicho plazo.

Finalmente se afirma la idoneidad de la medida de intervención telefónica para obtener información sobre los contactos con otros miembros del grupo.

8. Sin embargo, ha de darse la razón al demandante en cuanto a que el Auto de intervención no contiene una motivación suficiente, ya que no constan en él los hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y de la conexión del investigado con el mismo.

a) En efecto, el juicio sobre legitimidad constitucional de la medida exige verificar, si la decisión judicial “apreció razonadamente la conexión entre el sujeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado (existencia del presupuesto habilitante), para analizar después, si el Juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad e imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público”, pues la conexión “entre la causa justificativa de la limitación pretendida -la averiguación de un delito- y el sujeto afectado por ésta -aquél de quien se presume que pueda resultar autor o partícipe del delito investigado o pueda hallarse relacionado con él- es un prius lógico del juicio de proporcionalidad” (STC 49/1999, fundamento jurídico 8º).

La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas, que, como ha sostenido recientemente este Tribunal, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que “precisan, para que puedan entenderse fundadas, hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control, y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona” (STC 49/1999, fundamento jurídico 8º). Estas sospechas han de fundarse en “datos fácticos o indicios”, en “buenas razones” o “fuertes presunciones” (Sentencias del T.E.D.H. caso Klass, caso Ludi, Sentencia de 15 de junio de 1992), o en los términos en los que se expresa el actual art. 579 L.E.Crim. en “indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa” (art. 579.1), o “indicios de responsabilidad criminal” (art. 579.3).

Se trata, en consecuencia, de analizar si el Auto de 14 de noviembre integrado con los datos obrantes en la solicitud policial (STC 200/1997, fundamento jurídico 4º; 49/1999, fundamento jurídico 10), evidencia la toma en consideración del Juez de elementos de convicción que constituyan algo más que “meras suposiciones o conjeturas” de la existencia de un delito o su posible comisión, así como de “que las conversaciones que se mantuvieran a través de la línea telefónica indicada eran medio útil de averiguación del delito”; en consecuencia, la ponderación de datos “objetivos que permitieran pensar que dicha línea era utilizada por las personas sospechosas de su comisión o por quienes con ellas se relacionaban, y que, por lo tanto, no se trataba de una investigación meramente prospectiva. En otras palabras, el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos (Caso Klass, núm. 51)” (STC 49/1999, fundamento jurídico 8º).

b) En el Auto de autorización de la intervención telefónica integrado con la solicitud policial no se exteriorizan datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito ni de la conexión del investigado con el mismo. Pues no consta cuál es el sustento de la sospecha de la existencia misma del delito investigado, tráfico de cocaína a través de un grupo internacional, ni el fundamento de la sospecha de la pertenencia del recurrente al mismo.

Como único apoyo de la existencia de hechos objetivos ajenos a la creencia subjetiva de quienes solicitan la autorización aparece la mención de haber realizado gestiones conjuntas con el Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada de Policía Judicial de Málaga y que, en el curso de las mismas, se ha obtenido la información de que el teléfono es utilizado por don Italo para contactar con otros miembros del grupo. Se trata de una afirmación, que sólo puede ser tenida en cuenta a los efectos de dejar constancia de la existencia de una previa investigación, antes de solicitar la intervención telefónica, pero no evidencia ni en qué consistió ni cuál fue su resultado; por tanto, no se deducen de ella ni los datos concretos en que se sustenta la concurrencia del hecho delictivo ni la conexión de don Italo Nelli con el mismo, pues ni se especifican otras personas de las que se tenga constancia también de su pertenencia al grupo, ni se aporta documentación sobre antecedentes policiales o hechos delictivos concretos previos que se pudieran estar investigando.

En consecuencia, el Auto de autorización contiene una motivación insuficiente al no incorporar, aunque existieran, las fundadas razones que permitirían entender que el órgano judicial ponderó los indicios sobre la existencia del delito y la relación del recurrente con el mismo, y que, por tanto, valoró la concurrencia del presupuesto legal habilitante para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones como prius lógico de la ponderación misma del carácter necesario, adecuado y proporcionado de la intervención telefónica solicitada.

c) Esta conclusión ha de hacerse extensiva a los Autos de prórroga de 12 de diciembre de 1990 y de 15 de enero de 1991. Como este Tribunal ha señalado, las condiciones de legitimidad de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones afectan también a las resoluciones de prórroga, y respecto de ellas, además ha de tenerse en cuenta que “la motivación ha de atender a las circunstancias concretas concurrentes en cada momento que legitiman la restricción del derecho aún cuando sólo sea para poner de manifiesto la persistencia de las mismas razones que, en su día, determinaron la decisión, pues sólo así pueden ser conocidas y supervisadas” (STC 181/1995, fundamento jurídico 6º). A estos efectos no es suficiente una motivación tácita o una integración “de la motivación de la prórroga por aquella que se ofreció en el momento inicial. La necesidad de control judicial de la limitación del derecho fundamental exige aquí, cuando menos, que el Juez conozca los resultados de la intervención acordada para, a su vista, ratificar o alzar el medio de investigación utilizado” (STC 49/1999, fundamento jurídico 11).

Así, igualmente lesivo del derecho al secreto de las comunicaciones es el Auto de prórroga de 12 de diciembre 1990, pues expresa como fundamento del mantenimiento de la medida la subsistencia de las razones que avalaron la autorización, a pesar de que hasta el momento de la solicitud no se habían materializado dichas sospechas. Por tanto, si estas razones han sido consideradas insuficientes de cara a la legitimidad de la autorización de la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones, con igual motivo han de considerarse insuficientes para fundamentar su mantenimiento.

A idéntica conclusión ha de llegarse desde la perspectiva de la existencia del deficiente control judicial de la intervención en el tiempo en que ésta se verificó (STC 49/1998, fundamento jurídico 5º). Pues, ciertamente, no constan en fechas previas a la solicitud de prórroga, actas de entrega, transcripción, adveración o registro de las cintas originales. Por consiguiente, ha de concluirse la ausencia de control judicial en la ejecución de la intervención y que este Auto de prórroga se dictó sin valorar los resultados de la intervención, por cuanto no consta que el Juez tuviera acceso a los mismos.

Por último, tampoco puede entenderse legítimo el Auto de prórroga de 15 de enero de 1991, pues, aunque en la solicitud de idéntica fecha sí se expresan nuevos hechos o circunstancias objetivas calificables de indicios, que permitirían avalar su legitimidad si se tratara de analizar dicho Auto como decisión de autorización inicial, sin embargo, los datos se conocen a través de la intervención telefónica, que ya duraba dos meses, cuya ilegitimidad constitucional acaba de ser declarada. Por tanto, como es el conocimiento directo obtenido por las intervenciones telefónicas el que sustenta la existencia de los indicios, ha de entenderse que este Auto de prórroga es igualmente lesivo del derecho al secreto de las comunicaciones.

d) En resumen, los Autos de autorización y prórroga lesionaron el derecho al secreto de las comunicaciones del recurrente al contener una insuficiente motivación, en virtud de la falta de exteriorización de los indicios delictivos. Igualmente lesiva del derecho al secreto de las comunicaciones es la ejecución de la intervención telefónica sin control judicial.

9. El recurrente alega, en un segundo bloque, la infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, entendiendo que la entrada y registro de su domicilio adoleció de defectos que afectan a la legitimidad de su autorización y ejecución, de forma que ha de entenderse que el registro es nulo, así como también serían nulas las pruebas obtenidas directa o indirectamente a partir del mismo.

En particular, respecto del Auto de 30 de enero de 1991 se sostiene, de forma paralela a lo alegado respecto de los Autos de autorización y prórroga de la intervención telefónica, que no exterioriza los indicios delictivos que podían justificarlo, ni el delito a perseguir, como tampoco constan en la solicitud policial. Igualmente, se afirma la falta de ponderación exigible de conformidad con el criterio de la proporcionalidad de una medida restrictiva de un derecho fundamental. Esta ausencia total de una autorización judicial adecuada no podría sustituirse por la existencia de un delito flagrante, que no concurría, dado que no se ocupó droga al recurrente al ser detenido. Respecto de la ejecución del registro se sostiene la ausencia de control judicial, la ausencia del Secretario judicial durante el mismo, así como la del investigado que, en esos momentos, estaba detenido en comisaría.

De forma previa al análisis de la concurrencia fáctica de los defectos aducidos y de la relevancia constitucional de los mismos, resulta necesario precisar el concepto constitucional de domicilio y las circunstancias en las que se desarrolló el registro, con el objeto de enmarcarlo en el ámbito normativo idóneo y delimitar, entonces, de manera adecuada los requisitos necesarios para afirmar la legitimidad constitucional tanto de su autorización como de su ejecución. Al respecto debe tenerse en cuenta que la Audiencia Provincial sostiene que los defectos aducidos en nada afectan al derecho invocado, dado que se trataba de un delito flagrante y la droga se encontró no en el domicilio, sino en un trastero y en un vehículo, en tanto que el Tribunal Supremo afirma que difícilmente puede estimarse que un vehículo de motor sea domicilio, aunque entiende que los registros de vehículos quedan sometidos al régimen de requisitos legales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

a) Según consta en el Acta correspondiente, el registro del domicilio de don Italo Nelli fue llevado a cabo el día 30 de enero de 1991 en presencia de dos testigos y de la titular del mismo y compañera sentimental del recurrente, doña Belén Izquierdo. Consta que en él se encontraron, entre otros efectos, en el dormitorio-salón un trozo de sustancia verde, que resultó ser hachís, y en el garaje del edificio y trastero correspondiente un secador de pelo en el que, una vez desmontado, se encontró una bolsa con una sustancia blanquecina que resultó ser cocaína.

b) Pues bien, a los efectos del derecho a la inviolabilidad del domicilio, ha de entenderse, de conformidad con la doctrina constitucional (SSTC 22/1984, fundamento jurídico 5º; 137/1985, fundamento jurídico 2º; 50/1995, fundamento jurídico 5º; 126/1995; 94/1999, fundamento jurídico 5º) que el garaje y trastero en el que se encontró la cocaína forman parte del domicilio del recurrente. En efecto, si este derecho fundamental de la persona se ha establecido “para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública” y, por tanto, si “el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima” (STC 22/1984, fundamento jurídico 5º), es evidente que el garaje o trastero forma parte del domicilio, pues ha de entenderse que se trata de un lugar dependiente de la voluntad de su titular a los efectos de la privacidad y de la exclusión de terceros.

En orden al análisis de la inviolabilidad del domicilio es suficiente esta precisión, sin necesidad de analizar si un vehículo aparcado en el garaje de una vivienda particular constituye o no domicilio a los efectos de este derecho, dado que en el caso enjuiciado el vehículo en el que se encontró el otro paquete con cocaína se registró en el marco de otra decisión judicial de autorización de injerencia en el domicilio del coimputado don Piero Solaroli, en cuyo garaje se encontraba dicho vehículo.

c) El art. 18.2 C.E. dispone que la entrada y registro en el domicilio sólo puede realizarse sin autorización judicial en caso de que exista consentimiento del titular o delito flagrante. De forma que si pudiera fundamentarse la concurrencia de un delito flagrante no sería necesaria autorización judicial, y, por tanto, la carencia de los requisitos de legitimidad de ésta no conllevaría la ilegitimidad constitucional del registro. Sin embargo, ha de otorgarse la razón al recurrente en cuanto a la inexistencia de un delito flagrante, pues, de conformidad con la STC 341/1993 (fundamento jurídico 3º), “no puede entenderse, … a los fines del art. 18.2 C.E., sino como la situación fáctica en la que queda excusada aquella autorización judicial, precisamente porque la comisión del delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable una inmediata intervención”.

De manera que, aunque la detención del recurrente se produjera de forma inmediata tras la percepción sensorial directa de los policías que efectuaban su seguimiento, de un episodio que puede calificarse de flagrante delito, sin embargo, la flagrancia del mismo cesó, y, en todo caso, la exigencia de una inmediata intervención ni existió, ni fue estimada por la fuerza policial actuante; puesto que, de un lado, ésto es lo que se deduce de que la policía solicitara autorización judicial para el registro, y, de otro, habiendo sido detenido don Italo Nelli en la tarde del día 29 de enero y verificándose éste entre las doce horas y treinta minutos y las trece horas y treinta minutos del día 30 de enero, es evidente que no se verificó de forma inmediata.

10. En consecuencia, se trataba de proceder a un registro que sólo puede considerarse legítimo en la medida en que haya sido autorizado judicialmente. A la luz de la jurisprudencia constitucional, dicha resolución judicial de autorización constituye un mecanismo de orden preventivo para la protección del derecho (SSTC 160/1991, fundamento jurídico 8º), de forma que lejos del automatismo formal en la concesión, la autorización debe expresar la ponderación de las circunstancias y los intereses, público y privado, en conflicto (SSTC 160/1991, fundamento jurídico 8º; 50/1995, fundamento jurídico 5º) “para decidir en definitiva si merece el sacrificio de éste, con la limitación consiguiente del derecho fundamental” (STC 50/1995, fundamento jurídico 5º).

Por tanto, la autorización judicial a la que se refiere el art. 18.2 C.E. ha de estar motivada (SSTC 290/1994, fundamento jurídico 3º; 50/1995, fundamento jurídico 5º; 126/1995, fundamento jurídico 3º; 41/1998, fundamento jurídico 34), como única forma de verificación de la existencia de ponderación judicial exigida como garantía de la excepcionalidad de la injerencia permitida por el art. 18.2 C.E. y, en todo caso, como garantía de la proporcionalidad de la restricción de todo derecho fundamental. Consecuencia de ello, es que la autorización judicial debe estar fundada en un fin constitucionalmente legítimo (STC 41/1998, fundamento jurídico 34) y el registro ha de ser adecuado e imprescindible para alcanzarlo (por todas SSTC 55/1996, 161/1997, 61/1998).

Desde esta perspectiva, ha de concluirse la existencia de una resolución judicial motivada, en cuanto, por sí misma y con complemento de la solicitud policial, exterioriza los extremos necesarios para delimitar su alcance de forma espacial, temporal y subjetiva, su finalidad, y el carácter necesario y adecuado para lograr ésta. En efecto, constan los datos del domicilio a registrar y de su titular; la necesidad de realizarlo en horas “de día”; que la autorización se concede y se delega su ejecución en la “Autoridad solicitante”; la existencia de una investigación en curso por delito de tráfico de estupefacientes, en el curso de la cual se ha detenido a don Italo Nelli a quien se intervino dinero, documentación falsa y restos de cocaína, y quien vive en el domicilio respecto del cual se pide la autorización para el registro; y, por último, consta la finalidad de la diligencia: “acceder a la vivienda por si hubiera sustancias estupefacientes, dinero y documentación falsa”.

A esta conclusión no puede oponerse, como sostiene el recurrente, la inexistencia de indicios que justifiquen el registro, ni la ausencia de ponderación de la proporcionalidad de la medida. De un lado, los indicios resultan de la investigación previa llevada a cabo y de las circunstancias de la detención del recurrente. El demandante de amparo estaba siendo sometido a vigilancia por la policía, de forma que los funcionarios encargados de la misma observaron un incidente en el que éste intervino con otras dos personas, tras el cual procedieron a la detención de don Italo Nelli, cuando se alejaba en su coche de la finca en la que tuvo lugar. De manera que tanto el incidente en sí, motivo de la detención, como los objetos encontrados al recurrente en el vehículo que conducía en el momento de la detención, constituyen indicios suficientes para fundar la existencia del delito de tráfico de estupefacientes.

La existencia de los indicios que fundamentan el registro, aunque obtenidos en el curso de una investigación en la que se procedió a la intervención de un teléfono, que se acaba de valorar como lesiva del derecho al secreto de las comunicaciones, no resulta afectada por esta lesión, pues el conocimiento adquirido en dicha intervención era muy genérico y sólo dio lugar a que se sometiera a vigilancia a don Italo Nelli; por ello, no puede entenderse determinante ni del conocimiento de los hechos que motivaron la detención, ni de las circunstancias de la misma (STC 81/1998, fundamentos jurídicos 5º y 6º).

De otra parte, en la medida en que el tráfico de drogas es valorado por nuestro Ordenamiento como un delito grave y, dado que la finalidad del registro era la obtención de los efectos del delito o de otros objetos que pudieran estar conectados con él, ha de entenderse que la finalidad de la persecución de un delito grave es susceptible de legitimar la limitación de la inviolabilidad domiciliaria, y que la necesidad y adecuación del registro respecto de ella no pueden cuestionarse toda vez que se trataba del domicilio del recurrente. La proporcionalidad de la medida, que como hemos reiterado no tiene por qué hacerlo el Juez en el Auto de autorización, resulta suficiente a tenor de los datos contenidos en dicho Auto.

11. Por último, en este orden de cuestiones, no puede compartirse la afirmación de la demanda de que la ausencia del Secretario Judicial en la ejecución del registro, así como la del recurrente, detenido en comisaría, generen la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En primer término, la ausencia del investigado en la práctica del registro es constitucionalmente irrelevante, dado que sí estuvo presente doña Belén Izquierdo, titular del domicilio. Y la ausencia del Secretario Judicial constituye, en su caso, una irregularidad procesal que, desde la perspectiva constitucional, no afecta al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Como ha declarado este Tribunal en reiteradas ocasiones “[u]na vez obtenido el mandamiento judicial, la forma en que la entrada y registro se practiquen, las incidencias que en su curso puedan producirse y los excesos o defectos en que incurran quienes lo hacen, se mueven siempre en otra dimensión, el plano de la legalidad. En ésta, por medio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 569) no en la Constitución, se exige la presencia del Secretario Judicial para tal diligencia probatoria. Por ello, su ausencia no afecta a la inviolabilidad del domicilio, para entrar en el cual basta la orden judicial (SSTC 290/1994 y 309/1994; AATC 349/1988, 184/1993 y 223/1994), ni tampoco a la efectividad de la tutela judicial en sus diferentes facetas (SSTC 349/1988 y 184/1993). En definitiva, el incumplimiento de la norma procesal donde se impone ese requisito no transciende al plano de la constitucionalidad y sus efectos se producen en el ámbito de la validez y eficacia de los medios de prueba” (SSTC 133/1995, fundamento jurídico 4º; 94/1999, fundamento jurídico 3º).

Por tanto, aunque en la fecha en la que se verificó el registro -enero de 1991- la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigía la presencia del Secretario Judicial en la práctica del registro, esta irregularidad no afecta, desde la perspectiva constitucional, al derecho fundamental invocado. Como tampoco afectan al derecho a un proceso con todas las garantías ni esta irregularidad, ni la ausencia de notificación del Auto de autorización de entrada y registro, requisitos todos ellos que se mueven en el plano de la legalidad ordinaria, sin trascendencia en el plano constitucional, y cuyos efectos se producen, en su caso, en el ámbito de la validez y eficacia de los medios de prueba.

12. En un tercer bloque de vulneraciones agrupa el recurrente las que afectarían al derecho a un proceso con todas las garantías. Respecto de ellas sólo resta por analizar la ausencia del imputado o su Abogado en el registro de su domicilio, las que aduce en relación con el registro del vehículo del coimputado don Piero Solaroli, en el curso del cual se encontró el otro paquete con cocaína, y las que se conectan con la forma de incorporación al proceso del resultado de la intervención telefónica.

En primer término, se afirma la falta de intervención judicial y de los detenidos en el registro del vehículo de don Piero Solaroli y, por tanto, la ausencia de contradicción en su verificación y en la recogida de los elementos probatorios. De esta forma, no pudiendo excepcionarse estos requisitos por razones de urgencia o necesidad, ausentes en el caso, ha de entenderse que el registro fue nulo y que carece de todo valor probatorio.

El registro del vehículo, que se encontraba en el garaje del domicilio de don Piero Solaroli, fue practicado en las dependencias policiales a las que fue llevado para poder desmontarlo, y, aunque en el momento del registro del domicilio estaba presente su titular, ciertamente no lo estuvo cuando los mecánicos de la policía procedieron a su verificación, como tampoco estuvo ni el recurrente, ni su Abogado, ni la autoridad judicial. Por ello, como se declaró en la STC 303/1993 (fundamento jurídico 5º), el acta que da fe de las circunstancias del mismo no puede considerarse prueba, ya que no concurría la nota de urgencia que hubiera podido permitir que la ausencia del titular del vehículo, máxime cuando se encontraba ya detenido, no tuviera consecuencias a tal efecto. Así pues, dado que “las exigencias legales establecidas para la recogida judicial de efectos del delito siempre que no concurran los referidos impedimentos de urgencia o necesidad, también deben ser cumplidas por la Policía judicial” y en la medida en que la ejecución del registro del vehículo se llevó a cabo sin estar presente ni su titular ni el recurrente, carece de valor probatorio el resultado de esta actuación policial (STC 303/1993, fundamento jurídico 5º).

Ahora bien, el hecho de que la práctica de dicha diligencia sin intervención judicial y sin contradicción pueda afectar al derecho a un proceso con todas las garantías, no significa automáticamente que el resultado de la misma no pueda ser incorporado al proceso por vías distintas a la propia acta (específicamente STC 303/1993, fundamento jurídico 5º, en relación con otras pruebas preconstituidas, SSTC 36/1995, fundamento jurídico 2º; 200/1996, fundamento jurídico 2º; 40/1997, fundamento jurídico 2º; 153/1997, fundamento jurídico 5º; 115/1998, fundamento jurídico 3º). De manera que en la medida en que se incorporó al proceso a través de las declaraciones de los policías que llevaron a cabo el mismo realizadas en el juicio oral con todas las garantías, incluida la de contradicción, como evidencia la lectura del acta de la vista, ha de entenderse que la incorrecta práctica de la diligencia de registro del vehículo no generó indefensión material, y, por tanto, no es lesiva del derecho a un proceso con todas las garantías.

A idéntica conclusión y sobre la base de idénticos fundamentos, ha de llegarse en relación con la ausencia del demandante de amparo en el registro de su domicilio, pues también en este caso, en el que según queda dicho no se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el resultado del mismo se incorporó al proceso mediante las declaraciones de los policías que lo llevaron a cabo, durante el juicio oral con todas las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de defensa del demandante de amparo.

13. Se alegan, también, una serie de vicios que evidenciarían la ausencia de control judicial en la incorporación al proceso del resultado de la intervención telefónica: no se presentaron al Juzgado las cintas originales, se seleccionaron por la fuerza policial y las cintas y su transcripción carecen de adveración del Secretario judicial. Todo ello, así como su falta de audición y lectura en la vista oral, generó la lesión de la garantía de contradicción en la incorporación del resultado de la intervención telefónica y en la práctica de la prueba durante la vista oral. Pues bien, ha de darse la razón al recurrente tanto en la existencia de los vicios alegados, como en la relevancia constitucional de los mismos.

Se produce la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías cuando se utiliza como prueba el contenido de las conversaciones intervenidas, si su incorporación tiene lugar de forma irregular, siempre que los defectos impliquen ausencia o deficiente control judicial de la medida; es decir, en la entrega y selección de las cintas grabadas, en la custodia de los originales o en la transcripción de su contenido (STC 121/1998, fundamento jurídico 5º; 151/1998, fundamento jurídico 4º; 49/1999, fundamentos jurídicos 12 y 13). Pues “elementales exigencias del derecho de defensa y contradicción -art. 24.2 C.E.- exigen que, con intervención de los afectados, se incorporen a las actuaciones, como elementos de debate, y eventualmente de prueba, todos aquellos pasajes que se consideren precisos para sustentar las diversas hipótesis –acusatorias, de defensa– que se contraponen en la investigación para así posibilitar equitativamente el debate previo a la apertura del juicio oral y finalmente el desarrollo del propio juicio. De esta última exigencia se deriva la necesidad de poner a disposición del Juez de instrucción la totalidad de las comunicaciones intervenidas cuando su contenido, más allá de ser fuente de conocimiento, se pretende utilizar como medio de prueba en el juicio oral. Sólo de esta forma podrá la defensa participar en la selección judicial de las conversaciones ‘de interés’ para sus pretensiones” (STC 49/1999, fundamento jurídico 13).

Por consiguiente, en la medida en que ciertamente no constan en autos actas de entrega, registro y cotejo de las transcripciones, como tampoco que los originales de las cintas estuvieran a disposición del Juez de instrucción en todo momento, ni que se hayan aportado en su integridad al proceso, y dado que, efectivamente, se valoraron como prueba de cargo, a pesar de no haber sido ni leídas, ni audicionadas en la vista oral, ha de concluirse que se vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías del recurrente, por haber sido incorporadas y ponderadas sin respeto de las más mínimas exigencias inherentes a las garantías de defensa y contradicción.

14. El demandante de amparo funda la infracción del derecho a la presunción de inocencia básicamente en tres razones: en primer lugar, en haberse utilizado como pruebas las que derivan directa o indirectamente de la intervención telefónica y de los registros que se practicaron con vulneración de derechos fundamentales. Ello afectaría a la tenencia de la droga encontrada en el domicilio de don Italo Nelli, y a los hechos indiciarios necesarios para inferir de forma suficiente y racional los elementos –objetivos y subjetivos– que permiten la subsunción del suceso en el subtipo agravado, tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia. En segundo lugar, en la inexistencia de otras pruebas independientes que sustenten los hechos probados –la tenencia de la droga, los elementos de la coautoría–. Y, por último, la inexistencia de prueba respecto del grado de pureza de las sustancias intervenidas, lo que impediría la subsunción de los hechos en el tipo agravado.

Para dar respuesta a esta pretensión resulta necesario determinar, en primer lugar, si la Sentencia condenatoria utilizó como prueba de cargo la obtenida por medio de las intervenciones telefónicas, a pesar de que tanto su obtención con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones cuanto su incorporación de su resultado al proceso sin control judicial y sin respeto de la garantía de contradicción, impedían su ponderación como pruebas capaces de enervar de forma legítima la presunción de inocencia.

Pues bien, la respuesta a este interrogante debe ser positiva. La Sentencia de la Audiencia Provincial (fundamento jurídico 2º), aunque de forma muy sintética y esquemática, al exteriorizar las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, se refiere a que éstos derivan, “del resultado de la investigación policial previa a la incautación de la droga”, “de las intervenciones telefónicas”, de las declaraciones de los agentes de policía en el juicio oral, quienes relataron lo observado por percepción sensorial directa sobre “la relación previa entre los acusados Italo y Piero, la llegada el día 29-1-1991 de Dieter Ernst a Villa Las Yucas en la Urbanización Cortijo de Mazas de Torremolinos con una bolsa de plástico que luego porta al salir Italo Nelli, negando este extremo Dieter Ernst desmentido por los agentes, bolsa que contenía abundante cantidad de dinero”; igualmente, de las declaraciones en el juicio oral en relación con el resultado de los registros –“los agentes ratifican en el acto del juicio el resultado de los registros”; por último, se afirma que “la cantidad de sustancia estupefaciente intervenida evidencia que se destinaba al tráfico, en ausencia de indicios exculpatorios o de explicaciones coherentes de los acusados”: las pruebas obtenidas mediante las intervenciones telefónicas fueron, pues, utilizadas como prueba de cargo.

15. Con todo, esta constatación no conduce automáticamente a la conclusión de que efectivamente la Sentencia recurrida ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, ya que la Audiencia Provincial no sustentó la condena exclusivamente en las intervenciones telefónicas, sino que, como deriva de la lectura del acta de la vista oral y se reflejó mínimamente en dicha Sentencia, la decisión judicial se basó también y fundamentalmente en las declaraciones de los distintos policías que intervinieron durante todo el proceso de investigación, detención de los acusados y registros.

La existencia de otras pruebas constitucionalmente legítimas junto a las relativas a las escuchas telefónicas, obliga, de acuerdo con nuestra jurisprudencia (SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, 49/1999, 94/1999 y 139/1999), a posponer la decisión acerca de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia al examen de dos extremos interrelacionados: en primer lugar, debe indagarse si estas pruebas resultan o no jurídicamente independientes de las pruebas aquejadas de ilicitud constitucional y, en el supuesto que así sea, deberá determinarse si, excluidas las intervenciones telefónicas, del resto de las pruebas podían inferirse de forma no arbitraria y suficientemente sólida todos los hechos que, declarados probados, pueden sustentar la condena del recurrente.

Para determinar si la prohibición de valoración de las escuchas telefónicas se extiende también a las demás pruebas “habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad)”. Como se acaba de recordar en el fundamento jurídico 4º, esta conexión resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho (SSTC 81/1998, fundamento jurídico 4º; 121/1998, fundamento jurídico 5º; 49/1999, fundamento jurídico 14).

De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad (SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, 49/1999). En el supuesto de que esta conexión de antijuridicidad no existiese, para poder valorar la prueba refleja debería indagarse todavía si concurre alguno de los hechos cuya erradicación resulta una necesidad esencial para la tutela del derecho al secreto de las comunicaciones como puede ser la intencionalidad o la negligencia grave en la actuación pública relativa a la intervención telefónica (STC 81/1981).

Con todo, como hemos reiterado en las citadas Sentencias, la determinación de la existencia del nexo de antijuridicidad entre la prueba originaria y la derivada constituye “un juicio de experiencia acerca del grado de conexión que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestionada … que, en principio, corresponde a los Jueces y Tribunales ordinarios, [en tanto que] el examen de este Tribunal ha de ceñirse a la comprobación de la razonabilidad del mismo” (SSTC 81/1989, fundamento jurídico 5º; 49/1999, fundamento jurídico 14º, y 139/1999, fundamento jurídico 5º). Lo mismo cabe decir respecto de la apreciación acerca de si el acervo probatorio restante, tras la depuración de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, es suficiente para sustentar la condena: esta es también una tarea que corresponde en primer lugar a los Jueces y Tribunales ordinarios. Por ello, en la doctrina citada, cuando los Tribunales ordinarios no han declarado la inexistencia de conexión de antijuridicidad (SSTC 49/1999 y 139/1999, por contraste con la 81/1998) o cuando han efectuado una valoración conjunta de toda la prueba (STC 49/1999), este Tribunal se ha limitado declarar la vulneración del derecho sustantivo al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio y a anular las Sentencias condenatorias retrotrayendo las actuaciones para que fueran los órganos judiciales los que resolvieran acerca de la existencia o no de conexión de antijuridicidad entre las pruebas rechazadas y las restantes y sobre la suficiencia de éstas últimas para sustentar la condena.

Como se declaró en la STC 81/1999, “establecido el canon en virtud del cual los Tribunales competentes han de determinar si las pruebas derivadas son o no constitucionalmente legítimas termina nuestra jurisdicción, sin que podamos determinar ahora si se ha vulnerado o no la presunción de inocencia, cosa que todavía corresponde declarar a los Tribunales ordinarios”.

16. Sin embargo, en el presente caso la claridad meridiana de los datos aportados al presente proceso y en especial los que se desprenden de las Sentencias recurridas permite a este Tribunal ejercer directamente su control de constitucionalidad sin necesidad de reenvío.

En efecto, no cabe duda de que, respecto de la conexión natural, entre la intervención telefónica y los sucesos posteriores a aquélla el nexo reside en el hecho de que a raíz de los datos que ésta aporta, la fuerza policial decide genéricamente el seguimiento y vigilancia de don Italo Nelli y del coimputado don Piero Solaroli, siendo este seguimiento el que permitió observar a los policías el incidente del día 29 de enero, motivo directo de su detención. De forma que, dadas las circunstancias del caso, la observación y seguimiento de que el recurrente era objeto, y en virtud de la irrelevancia de los datos obtenidos a través de la intervención telefónica, no puede entenderse irrazonable la conclusión de que el conocimiento derivado de la intervención telefónica no fue indispensable ni determinante por sí solo de la ocupación de la droga. En un supuesto que guarda una evidente semejanza con el aquí enjuiciado, este Tribunal admitió la razonabilidad del juicio de experiencia que llevó al Tribunal Supremo a admitir la pertinencia de la referida prueba derivada (STC 81/1998).

De otra parte, también resulta palmario que tampoco las necesidades de tutela del derecho al secreto de las comunicaciones obligan a declarar la prohibición de valoración de las pruebas reflejas. Pues, de un lado, ha de excluirse tanto la intencionalidad como la negligencia grave en la actuación pública en la intervención telefónica, por lo que debemos situarnos en el ámbito del error, “frente al que las necesidades de disuasión no pueden reputarse indispensables desde la perspectiva de la tutela del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. Y, de otro, tampoco la entidad objetiva de la vulneración cometida “hace pensar que la exclusión del conocimiento obtenido mediante la intervención de las comunicaciones resulte necesaria para la efectividad del derecho”, pues se trata de una injerencia llevada a cabo con una autorización judicial insuficientemente motivada, pero no carente de todo punto de ella. Por tanto, al igual que se declaró en la STC 81/1998 (fundamento jurídico 6º) “en este caso, la necesidad de tutela inherente al derecho al secreto de las comunicaciones quedó satisfecha con la prohibición de valoración de la prueba directamente constitutiva de la lesión”.

Finalmente, debe advertirse que, como queda dicho, de la simple lectura de las Sentencias recurridas se deduce sin dificultad que, dada la declarada irrelevancia de los datos obtenidos mediante las intervenciones telefónicas, la condena en realidad se sustentó exclusivamente en los resultados obtenidos de las declaraciones de los policías que efectuaron el seguimiento de los encausados y los registros domiciliarios y esta prueba, que sustenta la condena, no incurre, como también se ha dicho, en ninguna prohibición de valoración desde la perspectiva constitucional.

Por consiguiente, desde nuestro limitado control constitucional puede admitirse que existió prueba de cargo, legítimamente obtenida, de la que deriva razonablemente la existencia de los hechos probados y la condena del demandante de amparo por el tipo agravado de tráfico de estupefacientes.

17. La demanda de amparo pretende, también, que se habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto los órganos judiciales no repararon las lesiones de los derechos fundamentales que se estimaban lesionados. Esta pretensión, sólo puede ser estimada en lo que se refiere a la no reparación por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a un proceso con todas las garantías, generadas ambas por las irregularidades cometidas en el curso de la intervención telefónica realizada.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1º Declarar vulnerados los derechos al secreto de las comunicaciones, al proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva.

2º Desestimar la demanda de amparo en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Resolución 45/1997, de 17 de marzo de 1997, de la Secretaría de la función Pública

Incorpórase la tecnología de firma digital a los procesos de información del sector público.

VISTO el Decreto Nº 660 del 24 de Junio de 1996, el Decreto Nº 998 del 30 de Agosto de 1996, el Acta de fecha 30 de Diciembre de 1996 del SUBCOMITE DE CRIPTOGRAFIA Y FIRMA DIGITAL, integrante del COMITE DE USUARIOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES (C.U.P.I.), y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las acciones asignadas a la competencia de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se encuentran las de promover el estudio y el análisis del valor legal de los documentos electrónicos y el de los sistemas tendientes a resguardar la seguridad y la privacidad de la información contenida en medios electrónicos, como así también las de proponer las medidas y dictar las normas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Que en virtud de la competencia atribuida por el Decreto Nº 660/96, modificado por el Artículo 2º del Decreto Nº 998/96, la Dirección Nacional de Coordinación e Integración Tecnológica de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha participado en el Subcomité de Criptografía y Firma Digital, creado en Julio de 1996 e integrado por funcionarios de distintos organismos de la Administración Pública Nacional, cuya misión ha sido analizar y proponer medidas relacionadas con la incorporación de la tecnología de firma digital a los procesos de información del sector público, y los aspectos legales vinculados.

Que como resultado de dicho análisis, se elaboró el documento por el cual se aprobaron las conclusiones finales acerca de las pautas técnicas a tener en cuenta en una normativa de firma digital, que figura en el Anexo a la presente, el que debe ser utilizado como base fundamental para una normativa útil y eficiente para la difusión del empleo de la firma digital en el sector público.

Que la Administración Pública Nacional no puede permanecer ajena a los avances tecnológicos y al empleo de los nuevos medios que provee el mercado, especialmente cuando contribuyen a aumentar la productividad de sus organismos, a optimizar el manejo de la información y reducir los costos de almacenamiento y el traslado de papel.

Que la tecnología necesaria para otorgar seguridad a los documentos digitales, así como el intercambio de información digital, se encuentra actualmente disponible, habiendo alcanzado un razonable grado de confiabilidad y seguridad.

Que resulta conveniente brindar el marco normativo que favorezca el empleo y difusión de aquellas tecnologías en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que es competencia de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictar el marco regulatorio para el establecimiento de las políticas sobre tecnologías referidas a informática, teleinformática, tecnologías multimedios, instalaciones y comunicaciones asociadas y otros medios y sistemas electrónicos, conforme a lo establecido en el Anexo II del Decreto Nº 660/96, modificado por el Artículo 2º del Decreto Nº 998/96.

Por ello,

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

Artículo 1º Adherir y adoptar como propias las conclusiones aprobadas mediante el acta de fecha 30 de Diciembre de 1996 por el SUBCOMITE DE CRIPTOGRAFIA Y FIRMA DIGITAL DEL COMITE DE USUARIOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES (C.U.P.I.), y que como Anexo es parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º Autorizar al empleo en el ámbito de la Administración Pública Nacional de la tecnología enunciada en el Anexo aludido en el artículo precedente, para la promoción y difusión del documento y firma digitales, en los términos y con los alcances allí definidos.

Artículo 3º Comuníquese, publíquese conjuntamente con su Anexo, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. – Claudia E. Bello.

ANEXO

CONCLUSIONES FINALES DEL SUBCOMITE DE CRIPTOGRAFIA Y FIRMA DIGITAL ACERCA DE LAS PAUTAS TECNICAS EN MATERIA DE NORMATIVA DE FIRMA DIGITAL, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 1996

ACTA

En Buenos Aires, a los treinta días de diciembre de 1996, en el Salón de Comisiones del Banco Central de la República Argentina, se reunieron los integrantes del Subcomité de Criptografía y Firma Digital, con el fin de aprobar las conclusiones finales acerca de las pautas técnicas que deberían tenerse en cuenta en la normativa de firma digital. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba el documento que se agrega como Anexo.

Las conclusiones aludidas serán remitidas al Comité de Usuarios de Procesamiento de Imágenes (C.U.P.I.) para su posterior conocimiento.

No siendo para más, firman los presentes en el lugar y fecha indicados en el ancabezamiento a las 14,00 hs.:

Viviana ALMADA

Armando CARRATALA

Beatriz GARCIA

Andrés HAL

María P. PRANDINI

Alejandro ROMAN

Raúl P. SARDU

Hugo SCOLNIK

Julio A. TULIAN

Alejandro G. VAL

Luis YANUZZIO

NORMATIVA SOBRE FIRMA DIGITAL

OBJETIVOS

1. Normar la equiparación de la firma digital a la firma ológrafa para permitir la digitalización y despapelización de los circuitos administrativos del Estado.

2. Crear las condiciones para el uso confiable del documento digital suscripto digitalmente en el ámbito del Sector Público.

3. Reducir el riesgo de fraude en la utilización de documentos digitales al suscribirlos digitalmente.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de elevar la productividad del Estado, simplificando sus sistemas administrativos y de gestión y mejorando su transparencia, propicia la introducción de mecanismos informáticos a tal fin. Estos mecanismos informáticos, como por ejemplo el correo electrónico y la gestión de formularios electrónicos (workflow) utilizan al documento digital (mensaje, registro o archivo informático) como principal medio de almacenamiento y transporte de la información.

Ciertos procedimientos administrativos manejan documentos cuya información debe ser oponible a terceros. Al informatizar dichos procedimientos, se impone a su vez que los documentos digitales producidos en consecuencia, sean también oponibles a terceros. Esto sólo puede lograrse mediante el empleo de la firma digital sustentada por un marco normativo apropiado que equipare la firma digital a la firma ológrafa.

REQUISITOS DE LA NORMATIVA

De los documentos digitales oponibles a terceros

La oponibilidad frente a terceros de un documento digital requiere simultáneamente de la identificación del autor y la garantía de integridad de su contenido, lo cual únicamente puede lograrse mediante la firma digital y según mecanismos apropiados.

Consecuencias de la omisión en la normativa del requisito de utilización de firma digital a través de mecanismos apropiados: La ausencia de esta precisión acarreará la falta de garantía suficiente de la identificación del autor y la integridad del contenido del documento, por lo que la utilización de otros mecanismos que no brinden la misma garantía, imposibilitarían que la documentación fuera oponible a terceros.

De la equiparación de la firma digital a la firma ológrafa

Este punto constituye la esencia de la normativa, al permitir que quienes opten por utilizar documentos digitales suscriptos digitalmente obtengan garantías legales similares a las que brinda la firma ológrafa sobre el soporte papel.

La firma ológrafa permite simultáneamente identificar a su autor así como imputarle la autoría del texto que precede a la misma. Por ello, el mecanismo de firma digital a ser utilizado deberá cumplir con estos requisitos básicos de, simultáneamente identificar al autor, y asegurar la integridad del contenido.

Consecuencias de la omisión de equiparar la firma digital a la firma ológrafa: Sin esta equiparación en la normativa, el documento digital suscripto digitalmente no sería oponible a terceros, imposibilitándose así las iniciativas de modernización tecnológica, informatización y despapelización del Estado.

De la elección de la criptografía asimétrica como medio para instrumentar la firma digital

La criptografía asimétrica (también denominada de clave pública) constituye el único método actualmente capaz de implementar la firma digital, pues cumple con las características esenciales de la firma ológrafa, es decir que permite simultáneamente identificar en forma inequívoca al autor y verificar indubitablemente que el mensaje no ha sido alterado desde el momento de su firma (integridad), en la medida en que se hayan tomado todos los recaudos necesarios para una buena implementación.

El mecanismo de clave pública es el único que no requiere la divulgación de la clave privada (secreta) utilizada por el firmante para suscribir o comprobar la firma digital de un documento, por lo que constituye el único sistema capaz de dar lugar a una firma digital que, en el marco de una adecuada normativa, sea oponible a terceros.

Consecuencias de la omisión del requerimiento de criptografía de clave pública en la normativa: En la actualidad, para documentos digitales, ningún otro mecanismo permite simultáneamente identificar en forma inequívoca al autor y verificar que el mensaje no ha sido alterado desde el momento de su firma (integridad), con lo cual la firma digital no podría equipararse con la ológrafa y el documento digital no sería oponible a terceros de omitirse la metodología de criptografía de clave pública (asimétrica) en la regulación legal.

De las autoridades certificantes de claves públicas y de los certificados de clave pública

La autoridad certificante de claves públicas certifica la correspondencia entre una clave pública y la persona física o jurídica titular de la misma, mediante la emisión de un certificado de clave pública. Este certificado permite identificar inequívocamente al firmante del documento digital, evitando así la posibilidad del repudio.

Consecuencias de la omisión del requerimiento de autoridades certificantes de claves públicas y de certificados de clave pública: Al no poder asociar una clave pública con su titular, no sería posible identificar inequívocamente al firmante de un documento digital, por lo que el documento sería repudiable y el sistema carecería de confiabilidad.

Aspectos a tener en cuenta para elaborar la normativa:

En cuanto a las autoridades certificantes:

– Enunciar los requisitos que debe reunir una entidad para actuar como autoridad certificante.

– Establecer las causales de revocación o suspensión de la licencia de una autoridad certificante.

– Establecer en todos los casos la publicidad de sus procedimientos de modo de permitir su conocimiento por terceros.

– Establecer las bases de control a través de auditorías, a fin de evaluar la gestión de las autoridades certificantes.

– Determinar los alcances de la responsabilidad por la actuación de las partes involucradas (autoridades certificantes, titulares de pares de claves, y organismos de contralor).

En cuanto a los certificados de clave pública:

– Enunciar los requisitos de normalización de acuerdo a estándares internacionales.

– Determinar las condiciones de vigencia de los certificados de clave pública (emisión, aceptación, revocación, suspensión y expiración).

– Establecer los derechos y obligaciones del suscriptor y de la autoridad certificante emisora.

– Establecer los requisitos de publicación de los certificados y las listas de certificados revocados o suspendidos.

Justificación de mencionar en la normativa a un único mecanismo de firma digital:

El objetivo en la redacción de una normativa de esta especie debe ser el contemplar estándares tecnológicos de mínima que aseguren la determinación de la autoría de la firma digital y la inalterabilidad del contenido del documento digital así suscripto.

La propuesta de utilizar criptografía de clave pública no es restrictiva por las siguientes razones:

– Aunque en el futuro se desarrollen otros mecanismos para implementar firmas digitales, las futuras normativas que los implementen no tienen necesariamente que invalidar el de clave pública, de la misma manera que la normativa que se propone no invalidará la utilización de la firma ológrafa.

– Una normativa de este alcance no debe hacer referencia a una tecnología en particular. El mecanismo de clave pública no es una tecnología, sino una familia de métodos matemáticos (algoritmos) que admiten distintas implementaciones tanto en hardware como en software. De la misma manera, la implementación de la firma ológrafa no se relaciona con el tipo de papel utilizado.

– El requerimiento de clave pública no es restrictivo puesto que especifica a una familia de algoritmos criptográficos y no a uno en particular, permitiendo la utilización posterior de nuevos algoritmos mas eficientes a medida que sean descubiertos y probados.

– Los mecanismos criptográficos simétricos por su naturaleza, requieren que la misma clave secreta sea utilizada para encriptar como para desencriptar un documento. Al necesariamente tener que compartir la clave secreta, la misma deja de serlo por lo que cualquier documento digital, “firmado” digitalmente por medio de un mecanismo criptográfico simétrico, sería pasible de repudio. De hecho no existe ninguna posibilidad lógica de implementar la firma digital basada en mecanismos criptográficos simétiricos. Como consecuencia, para evitar el problema del repudio, en 1977 se idearon los mecanismos criptográficos asimétricos (también denominados “de clave pública”) que emplean DOS (2) claves distintas pero íntimamente relacionadas: la clave privada, que se mantiene secreta, nunca se divulga y se utiliza para firmar documentos digitales, y la clave pública que se publica y se utiliza para verificar las firmas basadas en la correspondiente clave privada.

– El Comité de Seguridad de la Información de la Sección de Ciencia y Tecnología de la Asociación de Abogados de los E.E.U.U. (“Information Security Committee, Science & Technology Section, American Bar Association”) en su Normativa de Firma Digital recomienda la utilización del mecanismo de clave pública como única alternativa para otorgarle a la firma digital el tratamiento de la firma ológrafa. Dicho Comité está integrado por representantes de los siguientes organismos gubernamentales:

– Canada Department of Justice (Departamento de Justicia de Canadá)

– Commonwealth of Massachusetts (Estado de Massachusetts, EE.UU:)

– Georgia Secretary of State Office (Secretaría de Estado de Georgia, EE.UU.)

– Government of Quebec (Gobierno de Quebec, Canadá)

– Los Angeles County (Condado de Los Angeles, California, EE.UU.)

– NASA North American Space Administration (Administración Norteamericana del Espacio)

– NSA National Security Agency (Administración Nacional de Seguridad, EE.UU.)

– State of Utah (Estado de Utah, EE.UU.)

– U.S. Department of State (Departamento de Estado EE.UU.)

– U.S. Postal Inspection Service (Servicio de Inspección Postal, EE.UU.)

– U.S. Social Security Administration (Administración de la Seguridad Social de los EE.UU.)

– Utah Attorney General´s Office (Fiscalía del Estado de Utah, EE.UU.)

y de las siguientes instituciones:

– American Society of Notaries Public (Sociedad Americana de Notarios Públicos)

– Chambres des Notaries du Quebec (Cámaras de Comercio de Quebec, Canadá)

– Fedération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique (Federación Nacional de Cámaras de Comercio y de Industria de Bélgica)

– International Law Institute (Instituto Internacional de Leyes)

– International Union of Latin Notaries- Italy (Unión Internacional de Notarios Latinos – Italia)

– National Notary Association (Asociación Nacional de Notarios, EE.UU.)

– Notaries Society of England (Asociación de Notarios de Inglaterra)

– Society of Public Notaries of london (Asociación de Notarios Públicos de Londres, Inglaterra)

– U.S. Council for International Business (Consejo de Comercio Internacional de los EE.UU.)

– Université de Montréal (Universidad de Montreal, Canadá).

– University of Miami Law School (Universidad de Derecho de Miami, Florida, EE.UU.)

– Múltiples estándares internacionales de firma digital requieren el mecanismo de clave pública.

– El mecanismo de clave pública tiene amplia difusión y no está relacionado con ningún proveedor o país en particular.

CONCLUSIONES

La normativa sobre firma digital permitirá:

– la digitalización de cualquier circuito de información,

– la generalización de la utilización de firma digital a través de la adopción de pautas uniformes que permitan verificar la autenticidad e integridad de los documentos digitales que requieran firma para su validez, y

– un menor riesgo de fraude en los documentos digitales suscriptos digitalmente.

Anexo – Firma Digital – Aspectos Técnicos Relevantes

(Fuente: Adaptación de http://www.verisign.com/faqs/nota_faq.html Appendix 1)

La criptografía de clave pública utiliza un par de claves. Cada clave efectúa una transformación unívoca sobre los datos y es función inversa de la otra clave: sólo una clave puede “deshacer” lo que su par ha “hecho”. El poseedor de una clave pública la da a conocer, manteniendo secreta su clave privada. Para enviar un mensaje confidencial, el autor lo codifica (encripta) con la clave pública del receptor. El mensaje encriptado de esa manera sólo puede ser decodificado (desencriptado) con la clave privada del receptor. En sentido inverso, el emisor puede codificar sus datos con su clave privada, o sea que la clave puede ser utilizada en ambas direcciones. Esta es la base de la “firma digital”, ya que si un usuario puede desencriptar un mensaje con la clave pública de una persona, sólo esta última pudo haber usado su clave privada inicialmente para encriptarlo. Partiendo de que sólo el poseedor de la clave privada puede utilizarla, el mensaje encriptado se transforma en una firma digital, es decir un documento que ninguna otra persona pudo haber generado.

Una firma digital se crea aplicando un algoritmo de “hash” (proceso que permite obtener un mensaje de longitud menor a partir de un documento, siendo prácticamente imposible encontrar otro mensaje que genere el mismo resumen) sobre un mensaje de texto. El resultado de este proceso es un digesto o resumen. Luego se encripta el digesto con la clave privada del individuo que envía el mensaje, transformándolo en una firma digital. Esta firma sólo puede ser desencriptada con la clave pública del mismo individuo. El receptor del mensaje desencripta la firma digital y luego recalcula el digesto. Luego éste nuevo digesto es comparado con el digesto del mensaje contenido en la firma. Si ambos coinciden, se concluye que el mensaje no ha sido alterado. Al utilizar la clave pública del emisor para verificar la firma, se comprueba que el texto tiene que haber sido firmado con la clave privada conocida únicamente por el emisor. Este proceso de autenticación se incorporará en todas las aplicaciones consideradas seguras.

Los usuarios de estas tecnologías de firma digital generalmente anexan su clave pública al documento enviado, de manera tal que el receptor no necesita localizar dicha clave en un repositorio de claves públicas. Pero ¿cómo puede el receptor asegurarse de que esa clave pública, o inclusive del directorio público, pertenece realmente a la persona que dice poseerla? ¿Puede un tercero ingresar en la red como un usuario legítimo, esperando y observando como otros, sin saberlo, envían documentos sensibles y/o secretos a una cuenta falsa creada por ese impostor?.

La solución es el certificado de clave pública, una especie de “pasaporte” o identificador digital. El certificado (que contiene la clave pública del usuario) ha sido firmado por alguien confiable: una Autoridad Certificante. El notario público da sustento al proceso de claves públicas dando fe de la identidad del poseedor de la clave pública en la solicitud de aprobación del firmante.

Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DOCE L 114/45 de 8 de mayo de 2003).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(1), y, en particular, su artículo 15,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2002/21/CE (en lo sucesivo denominada “la Directiva marco”), establece un nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones electrónicas que pretende dar respuesta a la tendencia hacia la convergencia incluyendo en su ámbito de aplicación la totalidad de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
El objetivo es ir reduciendo progresivamente la regulación sectorial ex ante a medida que se desarrolle la competencia en el mercado.

(2) La finalidad de la presente Recomendación es identificar los mercados de productos y servicios en los que podría estar justificada la regulación ex ante. No obstante, esta primera Recomendación debe ser coherente con la transición del marco regulador de 1998 al nuevo marco regulador. La Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (2), en lo sucesivo denominada “Directiva de acceso”, y la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (3), en lo sucesivo denominada “Directiva de servicio universal”, indican ya determinadas áreas de mercado que necesitan ser analizadas por las autoridades nacionales de reglamentación además de los mercados enumerados en la presente Recomendación. De conformidad con la Directiva marco, corresponde a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) definir los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio.

(3) Son varias las áreas del sector de las telecomunicaciones sometidas a regulación ex ante con arreglo al marco regulador de 1998. Estas áreas han sido delineadas en las directivas aplicables, pero no son siempre “mercados” en el sentido de la legislación y los usos sobre competencia.
El anexo I de la Directiva marco contiene una lista de áreas del mercado de este tipo que deben incluirse en la versión inicial de la Recomendación.

(4) Según se desprende del título del anexo I de la Directiva marco, todas las áreas de mercado que figuran en él deben incluirse en la versión inicial de la Recomendación para que las ANR puedan efectuar una revisión de las obligaciones existentes impuestas con arreglo al marco
regulador de 1998.

(5) El apartado 1 del artículo 15 de la Directiva marco exige que la Comisión defina los mercados de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia.
Por ello, la Comisión ha definido los mercados (correspondientes a las áreas de mercado enumeradas en el anexo I de la Directiva marco) de conformidad con los principios de dicha legislación.

(6) Hay que considerar en el sector de las comunicaciones electrónicas por lo menos dos grandes tipos de mercados pertinentes: los mercados de servicios o productos suministrados a los usuarios finales (mercados al por menor) y los mercados de los recursos necesarios para que los
operadores suministren tales servicios y productos a los usuarios finales (mercados al por mayor). Dentro de estos dos tipos de mercado, pueden efectuarse nuevas distinciones dependiendo de las características de la oferta y de la demanda.

(7) El punto de partida para la definición y la identificación de los mercados es una caracterización de los mercados al por menor a lo largo de un horizonte temporal dado, teniendo en cuenta las posibilidades de sustitución del lado de la oferta y del lado de la demanda. Tras caracterizar
y definir los mercados al por menor, que son mercados referidos a la oferta y la demanda en relación con los usuarios finales, procede determinar los mercados al por mayor pertinentes, que son los mercados referidos a la oferta y la demanda de productos en relación con un tercero que desea suministrar a los usuarios finales.

(8) Definir los mercados de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia significa que algunas de las áreas de mercado que figuran en el anexo I de la Directiva marco incluyen varios mercados separados sobre la base de las características del lado de la demanda. Tal es el caso de los productos relativos al acceso al por menor a la red telefónica pública en una
ubicación fija y a los servicios telefónicos prestados en una ubicación fija. El área de mercado del anexo I relativa a las líneas arrendadas al por mayor se define como dos mercados separados: el de segmentos de terminación al por mayor y el de segmentos troncales al por mayor sobre la base de sus características tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda.

(9) Al identificar los mercados de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia, se deben aplicar los tres criterios siguientes. El primer criterio es la presencia de obstáculos a la entrada considerables y no transitorios, sean de carácter estructural, legal o reglamentario.
No obstante, dados el carácter dinámico y el funcionamiento de los mercados de comunicaciones
electrónicas, es preciso, a la hora de efectuar un análisis prospectivo para identificar los mercados pertinentes con vistas a una posible regulación ex ante, tomar también en consideración las posibilidades de superar esos obstáculos dentro del horizonte temporal pertinente.
Por consiguiente, el segundo criterio selecciona solamente aquellos mercados cuya estructura no tienda hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. La aplicación de este criterio implica el examen de la situación de la competencia detrás de estos obstáculos a la entrada. El tercer criterio es que la mera aplicación de la legislación sobre competencia no permita hacer frente de manera adecuada a los fallos del mercado en cuestión.

(10) En particular, en lo que se refiere a los obstáculos a la entrada, son dos los tipos de obstáculo pertinentes a efectos de la presente Recomendación: los estructurales y los legales o reglamentarios.

(11) Los obstáculos estructurales derivan de una situación original de la demanda o de los costes que crea unas condiciones asimétricas entre los operadores históricos y los nuevos que dificultan o impiden la entrada en el mercado de estos últimos. Por ejemplo, puede detectarse la existencia de obstáculos estructurales considerables cuando un mercado se caracteriza por unas economías
de escala y/o alcance sustanciales y unos elevados costes hundidos. En este momento, estos obstáculos pueden encontrarse todavía en relación con el despliegue y/o el suministro generalizados de redes de acceso local a ubicaciones fijas. También puede existir un obstáculo estructural afín cuando la prestación de un servicio exija un componente de red que no pueda duplicarse técnicamente, o sólo a un coste que lo haga antieconómico para los competidores.

(12) Los obstáculos legales o reglamentarios no se basan en la situación económica, sino que derivan de medidas legislativas, administrativas o públicas en general que repercuten directamente sobre las condiciones de entrada y/o el posicionamiento de los operadores en el mercado
pertinente. Sirvan de ejemplo los obstáculos legales o reglamentarios que impiden la entrada en el mercado cuando se ha impuesto un límite al número de empresas que tienen acceso al espectro para la prestación de servicios subyacentes. Otro ejemplo de obstáculos legales o reglamentarios son los controles de los precios u otras medidas relacionadas con los precios impuestas a las
empresas, que afectan no sólo a la entrada, sino también al posicionamiento de las empresas en el mercado.

(13) Los obstáculos a la entrada pueden perder también importancia en los mercados impulsados por la innovación y caracterizados por un progreso tecnológico permanente. En estos mercados, las presiones competitivas suelen provenir de las amenazas de innovación procedentes de competidores potenciales aún no presentes en el mercado. En dichos mercados, puede existir una competencia dinámica o a largo plazo entre empresas que no son necesariamente competidoras en
un mercado “estático” ya existente. La presente Recomendación no identifica mercados allí donde no se espera que los obstáculos a la entrada persistan más allá de un período previsible.

(14) Aun cuando un mercado se caracterice por unos considerables obstáculos a la entrada, pueden existir en él otros factores estructurales que le hagan tender hacia una situación de competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. Este puede ser el caso, por
ejemplo, en los mercados donde existe un número de empresas limitado, pero suficiente, con estructuras de costes divergentes y donde la demanda es elástica en relación con los precios. Puede serlo también en un mercado con un exceso de capacidad que permita a las empresas rivales aumentar su producción muy rápidamente en respuesta a cualquier incremento de los precios. En tales mercados, las cuotas de mercado pueden modificarse con el tiempo y/o pueden observarse
reducciones de los precios.

(15) La decisión de incluir a un mercado entre aquellos en los que podría estar justificada una regulación ex ante debe depender también de una evaluación de la suficiencia de la legislación sobre competencia para reducir o suprimir los obstáculos o para restablecer la competencia efectiva.
Además, los mercados nuevos y emergentes, en los que puede constatarse una situación de poder de mercado debida a la ventaja adquirida por el “primero en actuar”, no deben someterse en principio a regulación ex ante.

(16) Cuando se lleven a cabo las revisiones periódicas de los mercados identificados en la presente Recomendación, deben aplicarse los tres criterios. Estos criterios deben aplicarse acumulativamente, de manera que un mercado que no cumpla alguno de ellos no debe ser incluido en las recomendaciones posteriores. Así pues, el que siga considerándose en sucesivas versiones de la Recomendación que está justificada una posible regulación ex ante en un mercado de comunicaciones electrónicas debe depender de la persistencia de unos obstáculos a la entrada considerables, del segundo criterio que mide el dinamismo de la competitividad y, en tercer lugar, de la suficiencia de la legislación sobre competencia para (en ausencia de regulación ex ante) solucionar los fallos del mercado persistentes. Podría asimismo retirarse un mercado de la Recomendación si hubiera pruebas de que existe una competencia sostenible y efectiva en dicho
mercado en la Comunidad, siempre que la supresión de las obligaciones reglamentarias existentes no vaya a reducir la competencia en ese mercado.

(17) En el anexo de la presente Recomendación se indica la relación de cada uno de los mercados que en ella figuran con las áreas de mercado del anexo I de la Directiva marco. A la hora de revisar las obligaciones existentes impuestas al amparo del precedente marco regulador, con el fin de determinar si procede mantenerlas, modificarlas o suprimirlas, las ANR deben efectuar su análisis
sobre la base de los mercados identificados en la presente Recomendación, para cumplir la exigencia de que la definición de los mercados a efectos de la regulación ex ante se base en los principios de la legislación sobre competencia. En tanto las ANR efectúan su primer análisis de mercados con arreglo al nuevo marco regulador, siguen en vigor las obligaciones existentes.

(18) La identificación de un mercado en la presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos con arreglo a la legislación sobre competencia.

(19) La variedad de topologías y tecnologías de red que existe en la Comunidad supone que en algunos casos las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que decidir dónde se sitúan exactamente las fronteras entre los mercados identificados en la Recomendación, o cuáles son los elementos que los componen, ajustándose siempre a los principios de la legislación sobre competencia.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán identificar mercados distintos de los de la Recomendación, siempre que actúen de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco. Ya que la imposición de regulación ex ante en un mercado puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, según se describe en el considerando 38 de la Directiva
marco, la Comisión considera que la identificación de cualquier mercado que difiera de los de la Recomendación es probable que deba someterse al procedimiento apropiado indicado en el artículo 7 de la Directiva marco. La no notificación de un mercado que tenga repercusiones en los intercambios entre Estados miembros puede entrañar la incoación de un procedimiento de infracción. Cualquier mercado que identifiquen las autoridades nacionales de reglamentación debe basarse en la Comunicación de la Comisión sobre la definición de mercado de referencia a efectos de la aplicación de la normativa comunitaria de competencia (4), ser coherente con las Directrices de análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado y satisfacer los tres
criterios antes mencionados. Si una ANR considera que las pautas de la oferta y la demanda pueden justificar una definición alternativa de uno de los mercados que figuran en la presente Recomendación, debe seguir los procedimientos apropiados establecidos en los artículos 6 y 7 de la Directiva marco.

(20) El hecho de que en la presente Recomendación se identifiquen los mercados de productos y servicios en los que puede estar justificada la regulación ex ante no significa que dicha regulación esté justificada siempre ni que deban imponerse en dichos mercados las obligaciones reglamentarias indicadas en las Directivas específicas. No está justificada tal regulación si existe competencia efectiva en esos mercados. En particular, las obligaciones reglamentarias deben ser apropiadas y basarse en la naturaleza del problema detectado, ser proporcionadas y estar justificadas a la luz de los objetivos señalados en la Directiva marco, en particular conseguir un máximo de beneficios para los usuarios, velar por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia, promover una inversión eficiente en materia de infraestructura y fomentar la innovación, y promover un uso y una
gestión eficientes de las radio frecuencias y de los recursos de numeración.

(21) La Comisión examinará el 30 de junio de 2004 a más tardar la necesidad de actualizar la presente Recomendación a la luz de la evolución del mercado.

(22) La presente Recomendación ha sido objeto de una consulta pública y de una consulta con las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales de competencia.

RECOMIENDA:

1. Que al definir los mercados pertinentes de conformidad con el apartado 3 del artículo 15 de la Directiva 2002/21/CE, las autoridades nacionales de reglamentación analicen los mercados de productos y servicios enumerados en el anexo.

2. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 11 de febrero de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN
Miembro de la Comisión

ANEXO

Nivel minorista

1. Acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes residenciales.

2. Acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes no residenciales.

3. Servicios telefónicos locales y/o nacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes residenciales.

4. Servicios telefónicos internacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes residenciales.

5. Servicios telefónicos locales y/o nacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes no residenciales.

6. Servicios telefónicos internacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes no residenciales.
Estos seis mercados se identifican a efectos de análisis en relación con el artículo 17 de la Directiva de servicio universal.
Considerados conjuntamente, los mercados 1 a 6 corresponden al “suministro de la conexión a la red pública de telefonía y uso de la misma en ubicaciones fijas” a que se refiere el apartado 1 del anexo I de la Directiva marco. A este mercado combinado se refiere asimismo el artículo 19 de la Directiva de servicio universal (para la posible imposición de la selección del operador en cada llamada o de la selección del operador).

7. El conjunto mínimo de líneas arrendadas (que incluye los tipos especificados de líneas arrendadas hasta 2 Mb/s inclusive, según lo indicado en el artículo 18 y en el anexo VII de la Directiva de servicio universal).
A este mercado se refiere el apartado 1 del anexo I de la Directiva marco en relación con el artículo 16 de la Directiva de servicio universal (“suministro de líneas arrendadas a usuarios finales”).
Deberá efectuarse un análisis de mercado a efectos del artículo 18 de la Directiva de servicio universal que se refiere a los controles de regulación del conjunto mínimo de líneas arrendadas.

Nivel mayorista

8. Originación de llamadas en la red telefónica pública facilitada en una ubicación fija. A efectos de la presente Recomendación, se considera que la originación de llamadas incluye el transporte de llamadas locales y está delineada de manera coherente con las fronteras delineadas para los mercados de tránsito de llamadas y de terminación de llamadas en la red telefónica pública facilitados en una ubicación fija.
Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE (“establecimiento de llamadas en la red pública de telefonía fija”).

9. Terminación de llamadas en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija.
A efectos de la presente Recomendación, se considera que la terminación de llamadas incluye el transporte de llamadas locales y está delineada de manera coherente con las fronteras delineadas para los mercados de tránsito de llamadas y de originación de llamadas en la red telefónica pública facilitados en una ubicación fija.
Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE (“terminación de llamadas en la red pública de telefonía fija”).

10. Servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija.
A efectos de la presente Recomendación, se considera que los servicios de tránsito están delineados de manera coherente con las fronteras delineadas para los mercados de originación de llamadas y de terminación de llamadas en la red telefónica pública facilitados en una ubicación fija.
Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE (“servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija”).

11. Acceso desagregado al por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles metálicos a efectos de la prestación de servicios de banda ancha y vocales.
Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE y a la Directiva 98/10/CE (“acceso a la red pública de telefonía fija, incluido el acceso desagregado al bucle local”) y al mencionado en el apartado 3 del anexo I de la Directiva marco con respecto al Reglamento (CE) no 2887/2000.

12. Acceso de banda ancha al por mayor.
Este mercado incluye el acceso indirecto que permite la transmisión de datos de banda ancha en ambas direcciones y otros accesos al por mayor facilitados a través de otras infraestructuras, siempre y cuando ofrezcan facilidades equivalentes a las del acceso indirecto. Incluye el “acceso a la red y acceso especial a la red” a que se refiere el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco, pero no el mercado del punto 11 ni el del punto 18.

13. Segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor.

14. Segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor.
Considerados conjuntamente, los mercados al por mayor 13 y 14 corresponden al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE y a la Directiva 98/10/CE (“interconexión de líneas arrendadas”) y al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 92/44/CEE (“suministro al por mayor de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas”).

15. Acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil mencionado (por separado) en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a las Directivas 97/33/CE y 98/10/CE.

16. Terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales.
Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE (“terminación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil”).

17. El mercado nacional al por mayor de itinerancia internacional en redes públicas de telefonía móvil.
Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 4 del anexo I de la Directiva marco.

18. Servicios de transmisión de emisiones difundidas para entregar contenidos difundidos a los usuarios finales.

Nota:
Las autoridades nacionales de reglamentación tienen un margen de apreciación en relación con el análisis del mercado de “acceso condicional a las emisiones de los servicios de televisión y radio digitales” de conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de acceso. El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de acceso prevé que los Estados miembros podrán permitir a sus ANR que revisen el mercado de sistemas de acceso condicional a las emisiones de los servicios de televisión y radio digitales, independientemente de cuál sea el medio de transmisión utilizado.

(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(2) DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

(4) DO C 372 de 9.12.1997, p. 5.

Ley nº 210 de Incorporación de Particulares en la operación y ampliación de los Servicios Públicos de Telecomunicación. (Gaceta nº 231 de 7 de diciembre de 1995)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades;

Ha Dictado

La siguiente:

LEY DE INCORPORACION DE PARTICULARES EN LA OPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 1. Autorízase la creación de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) como una Sociedad Anónima por acciones propiedad del Estado de Nicaragua, a la que se le concede operar los servicios públicos de telecomunicaciones que hasta la fecha opera TELCOR, y que podrá usar para todos los efectos legales y comerciales la sigla “ENITEL”.

Esta sociedad adquirirá personalidad jurídica con la sola entrada en vigencia de la presente Ley, sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Público correspondiente.

Artículo 2. Los Estatutos de ENITEL, contendrán:

1) Nombres y apellidos de las personas que representarán al Estado en la Sociedad.

2) Denominación y domicilio.

3) Objeto de la Empresa y los Servicios que prestará.

4) Composición, funciones y duración de la Junta Directiva.

5) Inventario de los bienes con los que prestará el servicio público de telecomunicaciones.

6) Número, calidad y valor de las acciones.

7) Duración de la Sociedad.

8) Importe del fondo de reserva.

9) La persona que tendrá la representación provisional de ENITEL.

Artículo 3. El patrimonio de ENITEL se integrará con los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos que TELCOR le transmitirá en escritura pública en un plazo de 30 días a partir de la vigencia de esta Ley. Dicha transmisión estará exenta de todo tipo de impuestos y gastos registrales. El traspaso de dominio de estos bienes inmuebles así como las inscripciones y anotaciones existentes sobre los bienes muebles y vehículos se entenderán vigentes a favor de ENITEL, por el solo ministerio de la Ley debiendo el registro correspondiente hacerla efectiva con la sola presentación de la escritura de constitución de la sociedad.

Todas las acciones de ENITEL, serán autorizadas y emitidas a favor del Estado como compensación, por la transferencia de los bienes descritos en el párrafo anterior.

Artículo 4. Mediante licitación pública en las condiciones establecidas en la presente Ley, el Gobierno de Nicaragua queda autorizado para vender hasta el 40% de las acciones de ENITEL, incluyendo el contrato de administración a una Empresa mundialmente reconocida por su experiencia en Telecomunicaciones.

Para determinar el precio base de la licitación para vender las acciones, se utilizará el valor de mercado de las mismas, calculado por una firma o empresa de reconocido prestigio y experiencia en la materia, según técnicas de valuación de uso común en la comunidad financiera internacional.

La única forma y medio de pago admisible será al contado y en dólares norteamericanos al momento de transferir las acciones.

Artículo 5. Si es necesario para respaldar el principal de los Bonos de Pago por Indemnización, el Gobierno de Nicaragua podrá vender un 10% adicional de las acciones de ENITEL propiedad del Estado en un plazo no menor de seis meses a partir de la adjudicación de la licitación indicada en el artículo anterior en la Bolsa de Valores de Nicaragua. La emisión total de Bonos de Pago por Indemnización no será mayor de 650 millones de dólares.

Artículo 6. La única forma de pago admisible para la adquisición de las acciones a los que se refiere el Artículo 5 de esta ley será al contado y en dólares norteamericanos.

Artículo 7. En ningún caso, las acciones del Estado en ENITEL deberán ser inferiores al 39% y tendrá además una acción especial en la Empresa que se llamará acción de control.

Artículo 8. Se requerirá el voto favorable de la acción de control propiedad del Estado para los siguientes asuntos:

1)El aumento o reducción del capital social.

2)El cambio del objeto social.

3)La política de distribución de dividendos.

4)Autorizar la emisión de nuevas acciones.

5)La disolución o fusión de la sociedad. En caso de fusión, el Estado deberá mantener el porcentaje original de acciones que se le otorga por medio de la presente Ley.

6)Para autorizar la venta, donaciones o gravámenes de las acciones del inversionista estratégico.

7)Venta sustancial de activos de ENITEL.

Artículo 9. Se crea el Comité para la incorporación de particulares en la operación y ampliación de los servicios públicos de Telecomunicaciones, que en adelante se llamará el Comité. Este será el organismo encargado de realizar el procedimiento para la precalificación, licitación pública, de la concesión y venta de las acciones de la Empresa ENITEL y estará integrada por:

1)El Presidente de la Junta Directiva de ENITEL.

2)El Ministro de Finanzas.

3)El Ministro de Construcción y Transporte.

4)Un representante de los trabajadores de ENITEL.

5)Un representante de los usuarios nombrado por la Asamblea Nacional de listas solicitada a las organizaciones pertinentes de la sociedad civil.

6)El Ministro de Finanzas, será el Presidente del Comité y el Presidente de la Junta Directiva de ENITEL, será el Secretario Ejecutivo.

Artículo 10. La licitación para la venta de hasta el cuarenta por ciento de las acciones de ENITEL, se llevará a cabo de conformidad con el cumplimiento de las siguientes formalidades:

1)Elaboración de pliegos de cargos y especificaciones por expertos en telecomunicaciones.

2)Precalificación, mediante la publicación (3) tres días consecutivos en dos periódicos de circulación nacional y una publicación extranjera de circulación mundial, de las condiciones de precalificación. Estos avisos se publicarán con (30) treinta días de anticipación e indicará el lugar, fecha y hora en que se hará la recepción de los documentos.

3)Firma de todos los documentos de la transacción por los proponentes; en señal de aceptación de los mismos.

4)Presentación de las ofertas, y sus respectivas fianzas de mantenimiento.

5)Pago de las acciones.

6)Adjudicación de las acciones.

7)Firma de los documentos de traspaso.

Artículo 11. Los requisitos que deben poseer las empresas para pre-calificar son:

1)Experiencia técnica y de gestión, con reputación e imagen como operador en el sector de las telecomunicaciones mundialmente reconocido, para que garantice el desarrollo y la modernización del Sistema Nacional de Telecomunicaciones, para cuyo cumplimiento se establecerán las cláusulas que sean necesarias en los respectivos contratos que deban suscribirse.

2)Solidez económica y financiera que garantice la inversión a efectuar.

Artículo 12. La precalificación deberá sujetarse al siguiente procedimiento:

1)Los Concursantes deberán entregar la información solicitada, en un “Acto Público de Recepción de Información”. Dicho acto contará con la presencia de Notario Público.

2)Los criterios de Evaluación para la calificación de los inversionistas estratégicos concursantes serán los siguientes:

2.1.Experiencia no menor de cinco años de operar sistemas regulados de servicios telefónicos básicos.

2.2.Facturación por servicios mayores de quinientos millones de dólares anuales.

2.3.Tener por lo menos medio millón de Suscriptores (abonados) en operación.

2.4.Capital Accionario no menor de mil millones de dólares.

Artículo 13. Para todos los efectos legales el resultado de esta precalificación, será mediante resolución del Comité. Esta Resolución se notificará a todos los participantes.

Contra esa resolución procede el recurso de revisión el cual deberá presentarse dentro de los tres días hábiles posteriores al plazo de la notificación ante el Presidente de la República quien tendrá quince días para pronunciarse. La interposición del recurso, tendrá efectos suspensivos y con ello se agota la vía administrativa. Las Empresas que resultaron calificadas por COPRITEL en 1994, quedan habilitadas para continuar en las subsiguientes etapas de licitación si se ajustan a los requisitos señalados en los puntos pertinentes de los artículos 10, 11 y 12 de esta Ley.

Artículo 14. Sólo podrán participar en las etapas subsiguientes de la licitación, las empresas que hubiesen pre-calificados. Sin embargo, empresas no precalificadas podrán asociarse con empresas precalificadas, bajo las siguientes condiciones:

1)El socio operador será el representante de todos los miembros del consorcio, y, como tal, tendrá plenos poderes para obligar individual y colectivamente a todos los asociados.

2)Todos los socios del consorcio serán solidariamente responsables para con el Estado, de las obligaciones y responsabilidades derivadas de las actuaciones y contratos en los que sea parte el consorcio. Para estos efectos, cada socio suscribirá el contrato de concesión ratificando esta solidaridad.

3)Los asociados extranjeros deberán inscribirse previamente en el Registro Público. Los Precalificados y los Oferentes se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Nicaragua para los conflictos que pudieran suscitarse con respecto a las bases de esta Licitación, con renuncia a cualquier otro foro o jurisdicción y a cualquier reclamación diplomática.

4)Los consorcios de que trata la presente Ley, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.

5)El Socio operador deberá mantener al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la participación en el consorcio, mientras dure el período de exclusividad. El incumplimiento de lo anterior, dará lugar a la nulidad absoluta de esa transacción.

Artículo 15. Con la notificación de la resolución a que se refiere el Artículo 13, el Comité pondrá a disposición de los candidatos precalificados, los documentos de licitación, el proyecto de contrato de concesión, junto con un documento descriptivo de la situación técnica, económica y financiera de ENITEL.

Se permitirá a los participantes pre-calificados, de la forma más amplia, el examen de los libros y bienes de ENITEL, a fin de que tengan todos los elementos de juicio para la preparación de sus respectivas propuestas.

Artículo 16. Una vez entregados los documentos a que se refiere al artículo anterior, el Comité, convocará al acto de presentación de las ofertas económicas.

Artículo 17. Todos los postores deberán someter al Comité dos semanas antes del acto de presentación de su oferta económica una copia firmada en original de los documentos de licitación y una declaración de aceptar dichos documentos sin condiciones, objeciones o reservas.

Artículo 18. Los Precalificados que hayan cumplido con el artículo anterior, deberán entregar su oferta en un “Acto Público de Recepción de Ofertas” donde se levantará un acta que será suscrita por todos los miembros del Comité y por todos los representantes legales de los Precalificados. El Acta será certificada por Notario Público.

Artículo 19.Los oferentes deberán someter sus ofertas económicas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Solo se admitirá un sobre cerrado por proponente que contendrá:

1)El precio que se ofrece por las acciones en venta de ENITEL.

2)Un documento de pago, expedido por un Banco Comercial previamente aceptado por el Banco Central de Nicaragua, en que dicho Banco Comercial, se compromete a pagar irrevocablemente y al contado, la suma ofrecida en la propuesta. Los términos, condiciones y características de este documento serán establecidos en los documentos de licitación.

Artículo 20. No se aceptará, en ningún caso, otros documentos que no sean los indicados en el artículo anterior, ni podrán los clientes rehacer, modificar, condicionar o enmendar los documentos o acuerdos.

Artículo 21. El oferente ganador será el que cumpla con los siguientes requisitos:

1)Aceptación de las condiciones estipuladas en los documentos de licitación.

2)Presentación de la oferta económica más alta.

3)Presentación de la fianza de mantenimiento de oferta.

El Comité emitirá una resolución, procediendo a la adjudicación de la licitación mediante carta notarial.

Artículo 22. El Estado se reserva en todo momento el derecho de declarar desierta la licitación, o no adjudicarla, dando las razones correspondientes, cuando considere que no están adecuadamente salvaguardados los intereses del Estado, ni se cumplan las expectativas económicas del Gobierno para respaldar los Bonos de Pagos por Indemnización sin que estas decisiones puedan originar reclamos de ninguna naturaleza, ya sea por gastos, honorarios, reembolsos, retribuciones o indemnizaciones, por parte de los Precalificados o de los Oferentes.

Artículo 23. Contra la resolución de adjudicación, cabrá el Recurso de Revisión ante el Presidente de la República, cuya decisión agotará la vía administrativa.

Artículo 24. El Presidente de la República firmará el Contrato de compraventa de las acciones de ENITEL.

Artículo 25. Una vez firmado el Contrato de Compraventa, el Comité entregará al comprador, previo pago, las acciones de ENITEL que le correspondan, debidamente endosadas e inscritas en el Libro de Registro de Acciones de dicha Sociedad con su respectivo contrato de transferencia.

Artículo 26. Para su validez, el contrato de Concesión deberá contener, por lo menos, los siguientes requisitos:

1)El servicio objeto de concesión.

2)Las modalidades de prestación de los servicios.

3)El área de cobertura del servicio.

4)Los criterios para la fijación de tarifas.

5)Plan mínimo de expansión de servicios.

6)La obligación de aceptar interconexiones en los términos que establezca TELCOR, si fuera el caso.

7)El régimen técnico en general y las condiciones de calidad del servicio.

8)Los derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por el incumplimiento del contrato.

9)El plazo para iniciar las operaciones y las obras que se requieren.

10)El monto del derecho a pagar por la obtención de la concesión.

11)El monto de las tasas aplicables según la Ley.

12)Las garantías de fiel cumplimiento y los criterios y procedimientos para su ajuste.

13)El plazo de la concesión.

14)El derecho del Estado de rescatar la concesión cuando el servicio no sea prestado adecuadamente.

15)Las limitaciones y condiciones a la transferencia de la concesión y acciones del concesionario.

16)Las restricciones a la emisión y venta de acciones durante el término de duración de la concesión.

17)Las causas de cancelación del contrato y sus consecuencias y los mecanismos para la adjudicación a un nuevo operador.

18)La regulación del derecho de la concesionaria a recibir una justa indemnización por terminación anticipada del contrato por causa no imputable a ella.

19)Los términos que regirán la reversión de los bienes.

20)La fórmula para la determinación del valor de los bienes, redes y equipos para los efectos de la terminación de la concesión.

21)Los derechos y obligaciones que solo pueden ser modificados por acuerdo de las partes.

Artículo 27. El Gobierno de Nicaragua, además de las facultades que le concede la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, se reserva las siguientes facultades:

1)Practicar inspecciones, evaluaciones e investigaciones sobre ENITEL.

2)Imponer las sanciones previstas en la Ley.

3)Exigir fianza bancaria de fiel cumplimiento de la concesión.

4)Disminuir el alcance de la concesión por incumplimiento de las metas de expansión y calidad del servicio, o por práctica desleal con otras competidoras.

5)Adoptar medidas correctivas en caso de prácticas restrictivas al régimen de libre competencia.

6)Cancelar o suspender temporalmente la concesión.

7)En caso de cancelación, las acciones de las sociedad o el interés social del titular, deberán ser traspasados transitoriamente al Ministerio de Finanzas, y las redes, equipos y demás bienes afectos a la prestación del servicio, deberán ser puestos a disposición del Ente Regulador (TELCOR), a través del Interventor a fin de que se pueda garantizar la continuidad del servicio.

Artículo 28. Si el contrato de concesión es cancelado antes del vencimiento del término, deberá abrirse un nuevo proceso de Licitación para otorgar la nueva concesión.

Artículo 29. Se establece el alcance de la concesión dentro de los siguiente límites:

1)La concesión tendrá un plazo de duración no mayor de veinte (20) años; podrá ser prorrogable, siempre y cuando la empresa concesionaria haya cumplido con la Ley y las condiciones del contrato de concesión, lo solicite con cinco años de anticipación a la fecha de vencimiento y acepte las nuevas condiciones que le imponga el Gobierno de Nicaragua.

2)Se otorga exclusividad temporal en toda Nicaragua para los servicios de Telefonía Básica que comprende Telefonía Local, Larga Distancia Nacional e Internacional y suministros de enlaces de Telex y Telegrafía, por un período de cuatro años.

3)Se otorga licencia para operar la Banda B de Telefonía Celular a ENITEL para prestar este servicio a nivel Nacional.

4)Se autoriza a la empresa a prestar en régimen de libre competencia, mediante licencia otorgada por el Ente Regulador otros servicios, tales como Telefonía Pública, Servicios Telemáticos, Correo Electrónico, Transmisión de Datos, Acceso a Bases de Datos, Servicios de Enlaces Troncalizados, Transmisión de Televisión por Suscripción y Servicios de Radiolocalización de Personas y otros servicios de interés general y especial.

Artículo 30. Al concluir el período de exclusividad para la prestación de servicios otorgado a ENITEL, el Ente Regulador podrá otorgar una o más concesiones a particulares para que compitan con ENITEL mediante Licitación Pública, la que deberá contener por lo menos convocatoria, precalificación, presentación de ofertas, selección y adjudicación. El Ente Regulador deberá reglamentar el procedimiento para esas licitaciones.

Artículo 31. El contrato de concesión establecerá las siguientes obligaciones para la empresa concesionaria:

1)Expandir la red telefónica para alcanzar en diciembre de mil novecientos noventa y ocho, una densidad de seis líneas telefónicas por cada cien habitantes, y para diciembre del año 1999 una densidad de 10 líneas por cada 100 habitantes.

2)La empresa telefónica se obliga a interconectar los equipos terminales de los usuarios que cumplan con las normas técnicas establecidas por el Ente Regulador, así como las redes de otros operadores autorizados.

3)ENITEL establecerá tarifas a un nivel razonable y no discriminatorio, permitiendo la recuperación de costos apropiados

4)Para la tarifa de servicios telefónicos básicos, como el Servicio Local, Larga Distancia y Telefonía Pública, se aplicará el mecanismo de precios topes, mediante el cual el consumo de una canasta básica de llamadas telefónicas por un usuario promedio, irá disminuyendo en términos reales, transfiriendo los beneficios del incremento de productividad de la empresa a los usuarios.

5)Para otros servicios no básicos que presta la empresa concesionaria, las tarifas se regirán por los niveles aprobados por el Ente Regulador, a menos que éste determine que existe una competencia efectiva en el mercado.

6)El contrato de concesión deberá contener los criterios, metas y parámetros específicos para las obligaciones que establece el presente artículo.

7)ENITEL contratará una firma externa de auditores que presentará un informe anual al Ente Regulador y a la Contraloría General de la República de acuerdo a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

Artículo 32. Además de las obligaciones anteriores, el concesionario deberá cumplir con las siguientes metas de expansión y modernización de la red:

1)Teléfonos Públicos y Telefonía Rural:

1.1.El número total de teléfonos públicos debe sobrepasar los 2000 al 31 de diciembre de 1998.

1.2.Deberá estar operando en cada municipio por lo menos un teléfono público al 31 de diciembre de 1998.

1.3.Por lo menos un teléfono público debe estar operando en cada centro de población, comunidad o asentamiento que exceda las 500 personas al 31 de diciembre de 1999.

2)Expansión del servicio de Telefonía Básica:

2.1.El servicio de telefonía básica debe suministrarse en todos los municipios que tengan población de más de mil personas al 31 de diciembre de 1998.

2.2.La densidad del servicio básico debe ser de 6 líneas telefónicas por cada 100 habitantes al 31 de diciembre de 1998 y 10 líneas telefónicas por cada 100 habitantes al 31 de diciembre del año 1999.

3)Tiempo de espera para la instalación del servicio de Telefonía Básica:

Tiempo de espera para la instalación de una línea telefónica en Managua y localidades con servicios:

3.1.Deberá atenderse positivamente al 70% de las solicitudes en menos de 180 días consecutivos al 31 de diciembre de 1997.

3.2.Deberá atenderse positivamente al 80% de las solicitudes en menos de 90 días consecutivos al 31 de diciembre de 1999.

Tiempo de espera para la instalación de una línea telefónica en nuevas áreas del servicio telefónico:

3.3.Deberá atenderse positivamente al 80% de las solicitudes en 30 días consecutivos al 31 de diciembre de 1996.

3.4.Deberá atenderse positivamente al 90% de las solicitudes en 15 días consecutivos al 31 de diciembre de 1999.

4)Mejoramiento de la red:

Todas las centrales telefónicas electromecánicas deberán ser reemplazadas con centrales digitales al 31 de diciembre de 1999.

5)Tiempo de reparación:

El tiempo de reparación de fallas en líneas telefónicas deberá ser de:

5.1.El 80% de fallas reportadas en menos de dos días laborables al 31 de diciembre de 1998.

5.2.El 90% de fallas reportadas en menos de dos días laborables al 31 de diciembre de 1999.

6)Fallas en el servicio:

Las fallas imputables a la Empresa no deberán de pasar de 5 por cada 100 líneas al mes al 31 de diciembre de 1999.

7)Completamiento de llamadas y atención de operadoras:

7.1.Deberá tenerse un completamiento del 60% de llamadas locales, nacionales e internacionales al 31 de diciembre de 1999.

7.2.El tiempo de respuestas de operadoras deberá ser al menos del 90% de llamadas atendidas antes de 10 segundos al 31 de diciembre de 1999.

8)Tono de marcar:

El tono de marcar deberá obtenerse antes de 4 segundos en el 95% de los intentos al 31 de diciembre de 1999.

9)Llamadas que pasan al primer intento:

El 90% de las llamadas locales y de larga distancia deberán pasar al primer intento al 31 de diciembre de 1999.

10)Facturación:

Se deberá proporcionar al usuario una factura detallada por tipo de servicio de acuerdo a estándares internacionales antes del 31 de diciembre de 1999.

Artículo 33. Además el contrato de concesión contendrá las siguientes disposiciones de protección al usuario:

1)Es obligación de ENITEL establecer oficinas de atención a las quejas de los usuarios, las que deberán ser atendidas oportunamente, sin perjuicio del derecho que tiene el usuario de recurrir al Ente Regulador.

TELCOR tomando en cuenta la gravedad de la queja presentada, impondrá la corrección o sanción correspondiente.

2)Es obligación de ENITEL someter a la aprobación del Ente Regulador (TELCOR) un Código de Prácticas Comerciales que regirá su relación con los usuarios.

Artículo 34. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, para los efectos de esta Ley, podrán participar en la adquisición de acciones de ENITEL las siguientes personas:

1)Los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado elegidos directa o indirectamente, los Ministros y Vice Ministros de Estado; los presidentes o directores de Entes Autónomos y Gubernamentales; y los Embajadores de Nicaragua en el Exterior.
2)Las Empresas consultoras, sus accionistas o profesionales encargados de elaborar el estudio técnico económico de los bienes a enajenarse o grabarse.

3)Los funcionarios estatales vinculados directa o indirectamente a los servicios públicos objeto de la transacción.

4)La sociedad en la que sean socios o participen las personas referidas en los numerales anteriores; salvo lo establecido en el Artículo 35 de la presente Ley.

Cualquier acción adquirida transgrediendo las prohibiciones enumeradas en este artículo no tendrá validez alguna y el funcionario que la hubiere adquirido incurrirá en los delitos propios de los funcionarios públicos tipificados en el Código Penal.

Artículo 35. Se autoriza al Gobierno de Nicaragua a vender a los funcionarios, empleados y trabajadores de Telcor y Correos de Nicaragua el diez por ciento (10%) del total de las acciones de ENITEL.

El valor de las acciones que se les vendan se determinara de conformidad al valor en libros contables, acorde al capital social declarado en el pacto social en el momento de su inscripción en el libro de sociedades del registro público mercantil competente.

La tenencia de estas acciones otorgada a los trabajadores les da el derecho de tener un representante en la Junta Directiva de ENITEL, dichas acciones serán distribuidas en forma nominativa.

En ningún caso estas acciones podrán ser vendidas, donadas o gravadas, salvo al estado de Nicaragua y al valor en libro que tengan al momento de la operación.

Se autoriza al Gobierno de Nicaragua donar a los funcionarios, empleados y trabajadores de TELCOR y Correos de Nicaragua el uno por ciento (1%) de las acciones de ENITEL.

Las acciones donadas serán distribuidas en forma nominativa y directamente proporcional en base al numero de años de servicio. En este caso los trabajadores tendrán libertad de disponer de dichas acciones después de 6 (seis) meses de adjudicada la licitación a la empresa o consorcio inversionista.

Artículo 36. La proporción de acciones que cada trabajador tendrá derecho a adquirir, se calculará de acuerdo a la siguiente relación: 60% en base a la antigüedad y 40% en base al último salario.

Artículo 37. Los beneficiarios de la venta de acciones a que se refiere el artículo anterior serán los jubilados y los que al momento de efectuar la venta tenga un año o más de estar laborando. Se exceptúan de estos beneficios los funcionarios nombrados por el Presidente de la República.

Artículo 38. Producto de la venta de las acciones de ENITEL se autoriza al Gobierno de Nicaragua, por intermediario de esta empresa a destinar un capital de 2.5 Millones de dólares para crear el plan de pensión de vejez de los trabajadores del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Ente Regulador), ENITEL y Correos de Nicaragua, el cual deberá ser complementado por la empresa concesionaria.

Artículo 39. ENITEL garantizará la estabilidad laboral de todos los trabajadores en las áreas que les corresponden y asumirá su pasivo laboral.

ENITEL garantizará la libertad sindical de conformidad a lo establecido en la Constitución Política y el Código de Trabajo vigente, por tanto, reconoce y avala a las organizaciones gremiales y sindicales, que gocen de personalidad jurídica. Independiente que los miembros de dichas organizaciones posean acciones del capital social de la empresa.

Mientras no se firmen nuevos convenios colectivos con la empresa, continuarán vigente los beneficios sociales del convenio colectivo suscrito con TELCOR.

Artículo 40. Se define como estabilidad laboral el derecho que tiene cada trabajador de ENITEL, a permanecer en su puesto de trabajo o en otro similar de igual o de superior jerarquía de conformidad a sus aptitudes, capacitación profesional o técnica, siempre y cuando el trabajador cumpla con las responsabilidades laborales que impone su contrato de trabajo, de acuerdo al manual de funciones y procedimientos aprobado por las respectivas instancias y refrendado por el Ministerio del Trabajo, el convenio colectivo, la legislación laboral vigente y cualquier otro tipo de convenio firmado entre TELCOR, y sus trabajadores; respetándosele su contrato individual de trabajo, cargo actual, salario, prestaciones y beneficios sociales, honorarios y ubicación física, durante un período no menor de cuatro años.

Esta permanencia es extensiva aún en todos aquellos casos de reorganización administrativa o de cambio de tecnología.

Artículo 41. ENITEL, deberá mantener programas de capacitación acorde con la modernización tecnológica, para que sus trabajadores puedan adaptarse a la nueva tecnología a fin de garantizar la permanencia del trabajo y no podrá orientar la ejecución de labores de distintas índoles a la calificación establecida en el manual de funciones y procedimientos, el cual se mantendrá actualizado.

Artículo 42. En caso de nuevos cargos y vacantes, ENITEL preferentemente los cubrirá con sus trabajadores, siempre que estos llenen los requisitos necesarios.

Artículo 43. ENITEL, después de la venta a favor de sus trabajadores del porcentaje de acciones establecidos en esta Ley, otorgará a cada trabajador la opción de solicitar la liquidación del remanente de sus prestaciones laborales y sociales en efectivo si lo hubiere para pagar las acciones que los trabajadores están comprando, garantizándoles un nuevo contrato de trabajo, el que deberá contener como mínimo los mismos términos y condiciones del que tenían en el momento de su liquidación.

Aquel trabajador que no haga uso de la opción anterior, continuará con la relación y contratación existente y se le seguirán acumulando sus prestaciones laborales y sociales, no obstante, podrán ser solicitados y liquidados cuando el trabajador lo estime conveniente.

Artículo 44. ENITEL pagará un mes de salario por cada año trabajado conforme el ultimo salario devengado a los trabajadores que se retiren de la institución, hasta un máximo de veinte años de servicios, a excepción de los que se retiren jubilados por vejez o incapacidad permanente del trabajador que se les aplicará hasta veinticuatro años como techo máximo.

Artículo 45. Al momento de la ejecución de la venta del porcentaje de las acciones de ENITEL, a favor de los trabajadores, el Ministerio de Finanzas constituirá a favor de estos un fideicomiso irrevocable, designándose a una institución bancaria escogida en licitación pública como fiduciario, a la que transferirá el Estado, la totalidad de certificados de acciones que representa el diez por ciento (10%) de acciones de ENITEL.

Este fideicomiso se mantendrá en beneficio de los trabajadores activos y de los que se jubilen de TELCOR, Correos de Nicaragua y ENITEL, a partir de la fecha de venta o traspaso de las acciones antes señaladas.

Artículo 46. Para administrar y controlar los ingresos obtenidos por la venta de acciones de ENITEL, se crea un Comité el que estará integrado por:

1)El Ministro de Finanzas, quien lo presidirá;

2)El Presidente del Banco Central de Nicaragua;

3)Dos delegados electos por el pleno de la Asamblea Nacional;

4)Un delegado de la Asociación de Tenedores de Bonos.

Artículo 47. El Comité creado en el artículo anterior tendrá las siguientes responsabilidades:

1)Dictar su propio Reglamento.

2)Organizar y administrar la licitación de adquisición de los Títulos Valores para el respaldo de los Bonos de Pago por Indemnización.

3)Decidir sobre la custodia o fideicomiso de los Títulos obtenidos como garantía de los Bonos de Pago por Indemnización.

4)Asegurar que los fondos serán aprobados y utilizados para los fines permitidos en esta Ley.

5)Administrar el Fideicomiso de los fondos entregados al Banco Central. Esta institución rendirá cuentas bimensualmente sobre el uso, manejo y administración de este fondo.

6)Informar cada seis meses de su gestión a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Económica.

7)Controlar el proceso de redención de bonos, informando cada dos meses en los periódicos de circulación nacional quienes son los beneficiarios.

8)El Comité cesará en sus funciones cuando los ingresos obtenidos por la venta de acciones de ENITEL hayan cumplido su objetivo.

Artículo 48. Salvo los dos millones quinientos mil dólares destinados al plan de pensión de vejez a que se refiere el Artículo 38 de esta Ley y un millón quinientos mil dólares que serán destinados para financiar el edificio de la Asamblea Nacional, el que será diseñado y construido mediante licitación pública; el cien por ciento (100%) restante de los ingresos netos que se obtengan de la venta de las acciones de ENITEL, y el valor de la concesión, servirán para fortalecer el sistema de Compensación de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), los que serán depositados en una cuenta especial en el Banco Central de Nicaragua, separados de los recursos del Banco, y no sujetos a ser integrados dentro del Presupuesto Nacional para financiar gastos del Estado. Estos fondos se destinarán a los siguientes usos:

1)El 80% para avalar el principal de los Bonos de Pago por Indemnización con Bonos Extranjeros, muy seguros y de valor muy definido como garantía del pago a su vencimiento.

2)El 20% para la creación de un fondo para el financiamiento a largo plazo de construcción de viviendas, respaldadas con cédulas hipotecarias muy seguras que servirán como garantía adicional a los Bonos de Pago por Indemnización. Estos recursos serán canalizados a través de las instituciones financieras nacionales.

Los afectados por confiscación o expropiación de su casa de habitación, que obtengan resolución favorable de la Comisión Nacional de Revisiones y sean indemnizados por el Gobierno accederán preferentemente a este fondo, para financiar la construcción de una vivienda.

El afectado podrá pagar hasta el 50% del valor de la vivienda con sus Bonos de Pago por Indemnización, al valor de lo que el Gobierno pagaría para comprar el principal de los títulos valores extranjeros indicados en el numeral 1 y obtener financiamiento con acceso al fondo por el restante 50 por ciento.

La adquisición de los Bonos extranjeros a los que se refiere el numeral 1 se hará por medio de licitación la que deberá ser pública y abierta a los medios de comunicación.

La Asamblea Nacional y la sociedad Nicaragüense deberán ser informadas de cada una de las ofertas recibidas.

Artículo 49. El Banco Central de Nicaragua abrirá una cuenta especial separada de sus operaciones corrientes, la cual será alimentada con los ingresos provenientes de la venta de acciones de ENITEL y por los intereses generados por la colocación de esos recursos en bancos de primera línea.
Estos recursos constituirán un Fondo de Fideicomiso para estos fines, el cual estará administrado por el Comité designado en el Artículo 46 de esta Ley.

Artículo 50. Quedan prohibidos usar estos fondos:

1)Para financiar:

1.1.Gastos Corrientes del Estado;

1.2.Reservas del Estado de Nicaragua.

2)Para intermediar :

2.1.Crédito Personal o de consumo;

2.2.Crédito Comercial;

2.3.Crédito destinado a cancelación de deudas;

2.4.Crédito para efectuar inversiones financieras.

Artículo 51. Los recursos destinados a programas de financiamiento de vivienda serán canalizados a través de las instituciones autorizadas por la Ley. Estos recursos podrán ser otorgados en un período de hasta 15 años de plazo.

En el caso de las viviendas de interés social se establecerá una tasa de interés preferencial.

Artículo 52. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación escrita, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintisiete días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Luis Humberto Guzmán Areas, Presidente de la Asamblea Nacional. Jaime Bonilla López, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.

Managua, treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Violeta Barrios de Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua.

Ley nº 7.978 de Marcas y signos distintivos, del 6 de enero del 2000 (reformada por Ley 8.020 del 6 de setiembre de 2000), publicada en la Gaceta nº 22 del 1 de febrero de 2000.

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 . Objeto

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 2 . Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

Persona: Persona física o jurídica.

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase)

Marca colectiva: Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de certificación: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Indicación geográfica: Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial.

TÍTULO II. MARCAS

CAPÍTULO I. MARCAS EN GENERAL

Artículo 3 . Signos que pueden constituir una marca

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Artículo 4 . Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.

Artículo 5 . Derecho de prioridad

Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.

El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos. Son aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este artículo.

Artículo 6 . Cotitularidad

La cotitularidad de las solicitudes para los efectos del registro correspondiente cuando no exista acuerdo en contrario, se regirá por las siguientes normas:

a) La modificación, la limitación o el desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse en común.

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota; los demás gozarán del derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota.

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar, equitativamente, a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso solo puede concederse de común acuerdo.

f) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo.

g) Cualquier cotitular puede notificar, a los demás, que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda obligación frente a ellos, a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Industrial. La cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus derechos en la solicitud o el registro.

h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de infracción del derecho.

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo no previsto en el presente artículo.

Artículo 7 . Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

e) Un simple color considerado aisladamente.

f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Artículo 8 . Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen protegida.

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 9 . Solicitud de registro

La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del solicitante.

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.

c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.

d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.

e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.

f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.

g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.

h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.

i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.

j) El comprobante de pago de la tasa básica establecida.

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente) Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:

El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.

La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

Artículo 10 . Admisión para el trámite de la solicitud presentada

El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:

a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.

b) Señala una dirección o designa a un representante en el país.

c) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjuntará una reproducción de la marca.

d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.

e) Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica.

Artículo 11 . Modificación y división de la solicitud

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

Artículo 12 . Desistimiento de la solicitud

El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

Artículo 13 . Examen de forma

El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Artículo 14 . Examen de fondo

El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Artículo 15 . Publicaciones de la solicitud

Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.

El aviso que se publique contendrá:

a) Nombre y domicilio del solicitante.

b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.

c) Fecha de la presentación de la solicitud.

d) Número de la solicitud.

e) Marca tal como se haya solicitado.

f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes.

Artículo 16 . Oposición al registro

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

Artículo 17 . Oposición con base en una marca no registrada

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

Artículo 18 . Resolución

Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

Si se resuelve la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Industrial notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si, dentro del mes siguiente a la fecha en que se notificó la resolución, el solicitante no ha pagado la tasa, la resolución quedará sin efecto y el expediente se archivará sin más trámite.

Artículo 19 . Certificado de registro

El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.

CAPÍTULO III. DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 20 . Plazo y renovación del registro

El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

Artículo 21 . Procedimiento de renovación del registro

La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:

a) Nombre y dirección del titular.

b) Número del registro que se renueva.

c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.

d) Una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase.

e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

Artículo 22 . Modificación en la renovación

En una renovación no podrá introducirse ningún cambio en la marca ni ampliarse la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o servicios que la marca distingue.

Artículo 23 . Corrección y limitación del registro

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algún error. No se admitirá la corrección, si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando aparezca inscrito algún derecho relativo a la marca en favor de terceros, la reducción o limitación únicamente se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con la firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consciente en reducir o limitar la lista.

El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida.

Artículo 24 . División del registro

El titular de un registro podrá solicitar, en cualquier momento, que el registro de la marca se divida a fin de separar, en dos o más registros, los productos o servicios de la lista del registro inicial. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial.

El pedido de división devengará la tasa establecida.

CAPÍTULO IV. DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVAS AL REGISTRO

Artículo 25 . Derechos conferidos por el registro

El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Artículo 26 . Limitaciones al derecho sobre la marca

El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.

c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Artículo 27 . Agotamiento del derecho

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca, en productos legítimamente marcados que haya introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, dicho titular u otra persona que tenga el consentimiento del titular, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro y que no causen perjuicio al titular o derechohabiente.

Artículo 28 . Elementos no protegidos en marcas complejas

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Artículo 29 . Adopción de una marca ajena como denominación social

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Artículo 30 . Indicación de procedencia de productos

Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de producción o fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, la relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca usada sobre el producto, cuando no sean la misma persona, sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información al consumidor.

CAPÍTULO V. TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

Artículo 31 . Transferencia de la marca

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley.

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).

a) Nombre de las partes y su dirección.

b) Indicación de la marca.

c) Indicación de la clasificación de la marca.

d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.

e) Valoración del traspaso.

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.

g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder.

h) Pago de la tasa correspondiente.

Artículo 32 . Cambio de nombre del titular

Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:

a) El nombre y la dirección del solicitante.

b) La indicación de los signos y el número de solicitud o registro.

c) La especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre otros cambios.

d) La indicación del nuevo nombre del solicitante.

e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.

f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.

g) El comprobante de cancelación de la tasa correspondiente.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el diario oficial.

Efectuada dicha publicación, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará el certificado correspondiente al cambio o modificación.

Artículo 33 . Transferencia libre de la marca

El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquiriente.

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.

Artículo 34 . Transferencia de marcas junto con la empresa

El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella.

Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrán transferirse con la empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.

Artículo 35 . Licencia de uso de marca

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede conceder la licencia para usarla. Dicha licencia deberá inscribirse para que tenga efectos ante terceros. Si se inscribe, la inscripción devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley.

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes y, si es del caso, debidamente legalizados y autenticados por el cónsul de Costa Rica. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31, de la presente ley.

En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.

b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.

c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.

CAPÍTULO VI. TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 36 . Control de calidad

Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de cualquier persona con interés legítimo y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que el licenciatario use la marca cuando, por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, ocurra o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público consumidor.

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento correspondiente, respetando el debido proceso.

Artículo 37 . Nulidad del registro

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978.

Artículo 38 . Cancelación por generalización de la marca

A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.

b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.

c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

Artículo 39 . Cancelación del registro por falta de uso de la marca

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Artículo 40 . Definición de uso de la marca

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Artículo 41 . Disposiciones relativas al uso de la marca

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

Artículo 42 . Prueba del uso de la marca

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad)

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.

Artículo 43 . Renuncia al registro a pedido del titular

En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Cuando aparezca inscrito algún derecho en favor de un tercero en relación con la marca, la cancelación solo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la cancelación.

TÍTULO III. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Artículo 44 . Protección de las marcas notoriamente conocidas

Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

Artículo 45 . Criterios para reconocer la notoriedad

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

TÍTULO IV. MARCAS COLECTIVAS

Artículo 46 . Disposiciones aplicables

Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 47 . Solicitud de registro de la marca colectiva

La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento para emplearla.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla. También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el reglamento.

Artículo 48 . Examen de la solicitud de la marca colectiva

El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del artículo 47 de la presente ley.

Artículo 49 . Registro y publicación de la marca colectiva

Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas; en él se incluirá una copia del reglamento de empleo de la marca.

Artículo 50 . Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva

Los cambios introducidos en el reglamento de empleo de la marca colectiva serán comunicados por su titular al Registro de la Propiedad Industrial. Se inscribirán en el registro mediante el pago de la tasa establecida en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 51 . Licencia de la marca colectiva

Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su reglamento de empleo.

Artículo 52 . Uso de marca colectiva

El titular de una marca colectiva podrá usar, por sí mismo, la marca siempre que también la utilicen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

El uso de una marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará efectuado por el titular.

Artículo 53 . Nulidad del registro de la marca colectiva

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 u 8 de la presente ley.

b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o el orden público.

c) Si, durante más de un año, la marca colectiva es usada solo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca.

d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que contravenga las disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que resulte susceptible de engañar a los medios comerciales o al público, sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se emplea la marca.

El Registro actuará de oficio y declarará la nulidad, si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe garantizarse la aplicación de los principios del debido proceso y de lo dispuesto en los incisos 1) al 3) del artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978.

TÍTULO V. MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 54 . Disposiciones aplicables

Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 55 . Titularidad de la marca de certificación

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

Artículo 56 . Formalidades para el registro

La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Artículo 57 . Duración del registro

Cuando el titular del registro de la marca de certificación sea un organismo estatal o paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá ser renovado.

El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

Artículo 58 . Uso de la marca de certificación

El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 59 . Gravamen y transferencia de la marca de certificación

Una marca de certificación no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

Artículo 60 . Reserva de la marca de certificación extinguida

Una marca de certificación cuyo registro sea anulado o deje de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

TÍTULO VI. EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

Artículo 61 . Aplicación de las disposiciones sobre marcas

Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

Artículo 62 . Prohibiciones para el registro

No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.

f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Artículo 63 . Alcance de la protección

La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

TÍTULO VII. NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS

CAPÍTULO I. NOMBRES COMERCIALES

Artículo 64 . Adquisición del derecho sobre el nombre comercial

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Artículo 65 . Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Artículo 66 . Protección del nombre comercial

El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.

Artículo 67 . Registro del nombre comercial

El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

Artículo 68 . Procedimiento de registro del nombre comercial

Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.

Artículo 69 . Transferencia del nombre comercial

El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

CAPÍTULO II. EMBLEMAS

Artículo 70 . Protección del emblema

La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

TÍTULO VIII. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPÍTULO I. INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN GENERAL

Artículo 71 . Empleo de indicaciones geográficas

Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

Artículo 72 . Utilización en la publicidad

No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Artículo 73 . Indicaciones relativas al comerciante

Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

CAPÍTULO II. DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 74 . Registro de las denominaciones de origen

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen.

Las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente ley. En su reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

Artículo 75 . Prohibiciones para el registro

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen, un signo que:

a) No se conforme a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 2 de esta ley;

b) Sea contrario a las buenas costumbres o el orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.

c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

Artículo 76 . Solicitud de registro

La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.

b) La denominación de origen cuyo registro se solicita.

c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen.

d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen.

e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen.

La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

Artículo 77 . Procedimiento de registro

La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar que:

a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

b) La denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

Artículo 78 . Concesión del registro

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción correspondiente, indicarán:

a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación.

b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen.

c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen será publicado en el diario oficial.

Artículo 79 . Duración y modificación del registro

El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará en cuanto corresponda al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen.

Artículo 80 . Derecho de empleo de la denominación

Solo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos o servicios indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive los que no estén entre los solicitantes del registro, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos o servicios indicados en el registro.

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella, la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente ley, en cuanto corresponda.

Artículo 81 . Anulación del registro

A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente ley, o bien, que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente ley.

TÍTULO IX. NORMAS COMUNES

CAPÍTULO I. PROCEDIMIENTOS

Artículo 82 . Representación

Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.

Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.

Artículo 83 . Acumulación de pedidos

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando la modificación o corrección sea la misma para todos.

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando el transfiriente y el adquiriente sean los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro.

A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores de este artículo, el peticionante deberá identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 84 . Efectos de la declaración de nulidad

Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se dispongan en la resolución declaratoria de la nulidad.

Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se haya concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que este no se haya beneficiado por la licencia.

Artículo 85 . Abandono de la gestión

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.

CAPÍTULO II. REGISTROS Y PUBLICIDAD

Artículo 86 . Inscripción y publicación de las resoluciones

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y las publicará en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.

Artículo 87 . Consulta de los registros

Los registros de la propiedad industrial son públicos. Cualquier persona podrá obtener copias de ellos mediante el pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Artículo 88 . Consulta de los expedientes

Cualquier persona podrá consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente de una solicitud de registro. Asimismo podrá obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud, mediante el pago de la tasa fijada.

CAPÍTULO III. CLASIFICACIONES

Artículo 89 . Clasificación de productos y servicios

Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 90 . Clasificación de elementos figurativos

Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la Propiedad Industrial aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley Nº 6468, de 18 de setiembre de 1980.

TÍTULO X . REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 91 . Competencia del Registro de la Propiedad Industrial

Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.

Artículo 92 . Impedimentos para la función de registrador

Queda prohibido al registrador y al personal bajo sus órdenes, realizar gestiones directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar imparcialidad estricta en todas sus actuaciones.

La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes.

Artículo 93 . Acceso a los documentos del Registro

Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la Propiedad Industrial no saldrán de la oficina del Registro. Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o las consultas que quieran formular las autoridades o los particulares y exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en la misma oficina, bajo la responsabilidad del Registrador. Las circunstancias anteriores únicamente se excepcionarán cuando medie una orden judicial, fundada debidamente en un proceso y así se requiera.

A pedido de una persona interesada, el registrador podrá devolver algún documento presentado por ella al Registro de la Propiedad Industrial en algún procedimiento, y que no sea necesario conservar. Se devolverá y en el expediente se dejará fotocopia autenticada del documento, la cual será a costa del interesado.

Artículo 94 . Tasas

Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:

a) Por solicitud de registro de una marca: Un veinte por ciento (20%) del salario base. Complementaria por cada clase de la Clasificación de productos o servicios: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.

b) Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial o denominación de origen: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.

c) Por renovación de un registro de marca, por cada clase: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.

d) Recargo por renovación en el plazo de gracia. Dentro del primer mes: treinta por ciento (30%) adicional. Después del primer mes: cien por ciento (100%) adicional.

e) Por cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud de registro de marca: un veinte por ciento (20%) del salario base.

f) Por solicitud de inscripción de cancelación voluntaria del registro o reducción o limitación voluntaria de la lista de productos o servicios: un veinte por ciento (20%) del salario base.

g) Por solicitud de inscripción de una modificación, corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia o licencia de uso: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.

h) Por cada registro fraccionario en caso de división de un registro de marca: un veinte por ciento (20%) del salario base.

i) Por expedición de un duplicado en un certificado de registro: un diez por ciento (10%) del salario base.

El salario base mencionado en este artículo es el fijado en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993.

Artículo 95 . Utilización de los montos recibidos por tasas

Los montos recibidos por tasas serán utilizados para sufragar la totalidad de los gastos anuales que requiera el Registro de la Propiedad Industrial. Si no alcanzan para sufragar todos los gastos, el monto restante deberá ser cubierto por el Registro Nacional. De haber excedente, será entregado al Registro Nacional para cubrir otros gastos de esta última institución.

TÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 96 . Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un mes luego de su publicación.

TRANSITORIO I . Solicitudes en trámite relativas a marcas

Las solicitudes de registro o renovación de marca en trámite a la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior; pero los registros y las renovaciones que se concedan, quedarán sujetos a las disposiciones de este instrumento. Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley.

TRANSITORIO II . Registros en vigencia

Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se regirán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha.

TRANSITORIO III . Acciones iniciadas

Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor esta ley, se proseguirán hasta la resolución, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

TRANSITORIO IV . Instrumentos del artículo 89

Las normas de clasificación indicadas en los párrafos primero y cuarto del artículo 89 anterior lo son ad referéndum; su plena vigencia estará supeditada al cumplimiento de los trámites constitucionales para la aprobación de instrumentos internacionales.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carlos Vargas Pagán

PRESIDENTE

Manuel Ant. Bolaños Salas Rafael Ángel Villalta Loaiza

PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

Juzgado en lo Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires de 6 de noviembre de 2001.

AUTOS: “LEOPOLDO, INES S/ INFRACCION A LOS ARTS. 3 Y 4 LEY 255.”

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2001.-

Y VISTOS:

La presente causa nº 14.726-JC/2001, sumario nº 3001 del registro del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mi cargo, seguida por la presunta comisión de las conductas previstas en los arts. 3 y 4 de la Ley 255 contra INÉS MARÍA LEOPOLDO, argentina, nacida el 15 de enero de 1958 en esta ciudad, D.N.I. nº 11.703.585, de estado civil casada, hija de Osvaldo Jacinto y Esther Olga Merino, de profesión ingeniera electrónica, domiciliada en Billinghurst 2574 piso 4 depto. “A” de esta ciudad y constituido conjuntamente con sus defensores, Dres. Javier López Biscayart y Natalia Barbero, en Presidente Roque Saenz Peña 1219 piso 5, of. 501 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

DE LA QUE RESULTA:

a) Conforme el requerimiento de juicio obrante a fs. 160/163 y ampliación del mismo durante la audiencia (Artículo 381 CPPN en función del Artículo 6 LPC), el objeto del juicio quedó establecido de la siguiente manera: el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Sergio Martín Lapadú, imputa a la epigrafiada la promoción, comercialización y oferta de sorteos y apuestas de distintos juegos (bingo, casino, black jack, etc.) a través del portal denominado “Terra.com.ar”, con la consiguiente promesa de premios no contando con la autorización o licencia pertinente otorgada por Lotería Nacional S.E., ello en forma continua desde el 24/03/2000 hasta el 19/12/2000. De igual manera, el desarrollo de sorteos, apuestas o juegos que, estando permitidos o autorizados por la leyes locales, no lo fueran en el lugar que la ley indica o que de cualquier modo violentaren reglamentaciones al respecto. La imputación comprende la promoción del denominado “Bingo Blitz” y otros juegos proveídos por la firma UPROAR, y el fomento de juegos de casino ofrecidos por “CASINO ON NET” desde un banner de publicidad. La calificación legal que postula es la prevista en los arts. 3 y 4 de la Ley 255.

b) A la hora de los alegatos, tal como se extrae del contenido del acta labrada al efecto y a la que me remito, el Sr. Fiscal mantuvo la acusación oportunamente formulada, mientras que la defensa solicitó la absolución de su prohijada.

c) Haciendo uso de la facultad prevista en el Artículo 409 segundo párrafo del CPPN, el suscripto ha deliberado y decidido que las cuestiones a tratar son las siguientes:1- Sobre la materialidad del hecho.-2- La participación y responsabilidad de la acusada.-3- La calificación legal.-4- Algunas consideraciones sobre el juego on-line o por internet y la libertad de expresión.-6- La sanción a imponer.-

Y CONSIDERANDO:

1) Sobre la materialidad del hecho.
Se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia instaurada por Lotería Nacional S.E., actuando en su representación la Dra. Adriana Edith Manassero, abogada instructora de la subgerencia de Sumarios de la citada entidad.

En su presentación obrante a fs. 2/3, da cuenta de la verificación por parte de la Gerencia de Promociones y Colectas de la entidad, al momento del lanzamiento de un nuevo portal en la web (terra.com) del funcionamiento de un BINGO en la página UPROAR, denominado “BINGO Blitz”. Que luego de sendas intimaciones, a fs. 26 del expediente nº 372.543/00 obra la respuesta de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A., en la que explica que el juego es prestado y administrado por un tercero: la firma UPROAR, y que aquella no ejerce control alguno sobre su funcionamiento.

El sumario administrativo concluye con la formalización de la presente denuncia.
Ésta es ratificada a fs. 10, oportunidad en la que se adjuntan copias certificadas del expediente nº 372.543/00, agregadas a fs. 11/81.A través de una pericia informática practicada por orden del Sr. Fiscal (fs. 83 bis/94), se accedió al portal de ingreso del web site (URL: www.terra.com.ar), constatando la existencia de un banner en el buscador que bajo la rúbrica “Juego en línea”, proponía “jugar ahora” a blackjack, ruleta, tragamonedas y videopoker a través de “Casino on net”;; grabándose en soporte magnético e imprimiéndose en papel todas las páginas iniciales de cada juego, incluyendo los denominados bacará y dados.

El acceso por parte del perito al portal se produjo el 12 de febrero del año en curso. Ahora bien, por un lado el examen practicado por el perito no guarda relación con el encomendado por el titular de la investigación, ni su informe revela idoneidad suficiente para pronunciarse respecto de diversos aspectos atinentes al caso. Basta para ello mencionar que no supo explicar la razón por la cual no coincidía la impresión en papel con el contenido del soporte magnético, en el que no fue posible visualizar el banner de casino on net.

A fs. 102/149 se agrega un escrito presentado por la defensa, adjuntado copias certificadas y traducidas del contrato suscripto en idioma inglés entre UPROAR Ltd. y TELEFÓNICA INTERACTIVA DE CONTENIDOS (actualmente, TERRA NETWORKS S.A.), y del intercambio epistolar a consecuencia de la decisión de quebrar dicho vínculo a raíz de las presentes actuaciones.

Durante la audiencia de juicio, se escuchó el descargo de Inés María Leopoldo, en el que expuso su trayectoria profesional, su relación con los hechos que se le atribuyen, su desconocimiento respecto de la ilegalidad de los juegos proveídos por UPROAR y su comportamiento posterior a la intimación cursada por Lotería Nacional S.E..Precisó que al asumir el control de la compañía le entregaron los contratos vigentes, entre ellos el suscripto por la sede corporativa con UPROAR, y pudo comprobar en él que la empresa asumía ser titular de todos los permisos y derechos, por lo que la relación que los unía era de buena fe; que efectivamente se promovían los juegos, pero que no había apuestas; que los banners o publicidades de entretenimientos se encuentran en todos los portales; que apenas recibieron al nuevo domicilio la intimación, le exigieron a UPROAR la documentación correspondiente, y que al no recibir respuesta la corporación decidió concluir el contrato; y que tiene mil casos de ejemplos de productos que rechazó personalmente, sin tener que pedir permiso a España, por lo que podía tomar la decisión de no implantar un producto en la página; que no lo hizo en este caso porque entendía que estaba perfecto. También manifestó que TERRA solicita permisos a Lotería Nacional cuando desarrolla juegos por premios que superan los $ 6000 (pesos seis mil). En relación a CASINO ON Net dijo que era un producto distinto de aquel, siendo una publicidad externa que se factura. En definitiva, negó la comisión de los hechos y se mostró sorprendida y afligida por la sustanciación de la presente causa.

La prueba producida a posteriori permite sostener fundadamente que se encuentra acreditada la promoción del juego denominado “Bingo blitz” desde el portal de Internet perteneciente a TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. (URL: www.terra.com.ar), durante el período comprendido entre el 24 de marzo y el 19 de diciembre de 2000, con el alcance que habrá de precisarse en los apartados siguientes.

Este criterio se basa en la ratificación del contenido del expediente nº 372.543/00, mediante el testimonio de los funcionarios que intervinieron en su labrado; a saber, Graciela Marino, Adriana Edith Manassero, Ena Silvia Venditto y Alberto Carbone; y la documentación obrante en él, particularmente la de fs. 2/15 que da cuenta del acceso al juego efectuado por Graciela Marino, y la glosada a fs. 54 y siguientes en la que se muestra la forma en que desde el portal de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. se privilegiaba la difusión de los juegos proporcionados por UPROAR entre los usuarios de aquella. De igual manera, la descripción del juego que se desprende de fs. 61/62.La cuestionada promoción no fue negada, en cuanto a su existencia durante el período imputado, por parte de la encausada, por lo que sus manifestaciones y las expuestas por el testigo que ofreciera, Germán Victorio Frassa, se erigen en elementos de juicio insoslayables para el presente análisis, sin perjuicio de la valoración que posteriormente se haga de ellas para la determinación de su trascendencia legal.

En igual sentido, las constancias documentales relacionadas con el vínculo contractual que unía a TERRA NETWORKS S.A. y UPROAR Ltd., contribuyen con aquel objeto, debiendo ponerse de resalto que los convertía en socios privilegiados para el enlace de contenidos, coparticipaban en la efectivización de los premios, y se repartían el 50 % de los ingresos netos (cláusula 13.2) por los contenidos Uproar, al tiempo que TERRA NETWORKS S.A. le abonaba honorarios por la cesión de los derechos de distribución y provisión de contenidos.

En definitiva, la materialidad del hecho bajo análisis no está controvertida y, por el contrario, se verifica con la prueba rendida durante la audiencia. Las quejas sobre la investigación preliminar pronunciadas por la defensa, si bien legítimas, no alcanzan a modificar el criterio afianzado.
Diametralmente opuesta es la conclusión respecto a la acusación formulada en torno a la promoción de juegos de casino en línea, vinculados a CASINO ON NET, regenteado por CASSAVA ENTERPRISES Ltd.. En primer lugar, no existe elemento de juicio alguno que permita sostener que tal conducta se desarrolló en el período contemplado en el requerimiento de juicio ampliado durante el debate, y en realidad que alguna vez se produjera. Si la base de la imputación era, como lo fue, el informe pericial, lo razonable era circunscribirla temporalmente a la fecha en que éste se desarrolló y no a un período anterior. En segundo lugar, la propia defensa se encargo de informar las circunstancias relativas a la promoción publicitaria efectuada en un período distinto del precisado en la imputación, sin que se hayan requerido diligencias persecutorias para sustentarla. Las consideraciones precedentes encuentran ratificación en el testimonio brindado por Martín Gonzalo Noe. En síntesis, el suceso no ha encontrado acreditación durante este proceso, por lo que debe desvincularse definitivamente a la acusada en referencia al mismo.

2) La participación y responsabilidad de la acusada
Sólo debe ser castigado “quien” realiza la acción tipificada como infracción en los tipos incluidos en la Parte Especial del Código Penal o en su igual del Código Contravencional, o bien, quien omite realizar las conductas debidas previstas en ellos.

El legislador local ha establecido en el artículo 1 que se sancionan “conductas que, por acción u omisión, implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos”, delineando claramente así el sentido y objeto del Derecho Contravencional vigente, por lo que ninguna duda cabe que éste observa la manda constitucional inserta en el Artículo 13 inciso 9 CCABA y que la acción resulta fundamento de toda contravención, sin importar sus modos de exteriorización (esto es, que pueda presentarse en forma culposa o dolosa y activa u omisiva).Es indudable entonces que hablamos de conductas humanas y que el tipo legal es únicamente una acción tipificada por el derecho contravencional y relacionada con su idoneidad para lesionar o poner en peligro un bien jurídico que posee la especial protección de aquél. De ello se deduce que la conducta se encuentra en un plano sistemático anterior y que rige plenamente el principio societas delinquere non potest (o bien, universitas delinquere nequit), tal como ocurre mayoritariamente en el derecho penal comparado.

Por su parte, el Artículo 27 del Código Contravencional precisa que quien “actúe en representación de otro/a responde personalmente por la contravención aunque no concurran en él y sí en el representado/a las calidades exigidas por la figura para poder ser sujeto activo de la contravención”.Es decir, requiere que el “representante” (extraneus) lleve adelante la acción u omisión típica, actuando culpable o dolosamente según el caso, para que se le transfieran las calidades requeridas por la norma para ser sujeto activo (intraneus). Tiene que detentar entonces el dominio social del hecho, entendido como “la relación de poder de un sujeto respecto de un determinado ámbito social” (Gracia Martín, “El actuar en lugar de otro en Derecho Penal”, Prensas Universitarias Zaragoza, 1985, Tomo I, pág. 361) en el que se encuentra el bien jurídico protegido, sustituyendo al único habilitado para su infracción.

Empero, la particular redacción de las normas contravencionales determina que no siempre se consignen expresamente aquellos especiales elementos objetivos de autoría que habilitarían la aplicación del instituto, debiendo inferirse de la propia norma a aplicar si nos encontramos frente a una contravención común o especial.

Tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia han interpretado que la previsión legal alcanza, fundamentalmente, a todos aquellos casos donde una persona jurídica detenta las calidades para ser sujeto activo, exigiendo la intervención en carácter de imputados sólo de aquellos que tienen capacidad legal para obligarla y que actúan, en definitiva, por ella. A modo de ejemplo, únicamente puede violar la inhabilitación o ejercer ilegítimamente una actividad aquel a quien se le haya revocado el permiso o licencia o haya sido inhabilitado por la autoridad administrativa -Artículo 48-; o sólo puede omitir la supervisión de un menor el padre, madre o encargado de la guarda, tenencia o custodia -Artículo 50-.Tal es lo que ocurre en la especie. Quien promociona u ofrece los juegos ilegales en esta Ciudad es la empresa TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A., al difundirlos desde su sitio en Internet (www.terra.com.ar) y permitir a través de un enlace o vínculo el acceso a ellos de sus propios usuarios. No obstante, careciendo de capacidad de acción y siendo representada por la acusada, quien por otra parte ha demostrado poseer el dominio social del hecho al extremo de afirmar que podía quitar -y efectivamente hizo- de la página aquellos contenidos que, según su particular criterio, no fueran convenientes para la marcha de los negocios o la imagen de su representada aún cuando ello significara el incumplimiento de contratos refrendados por la empresa titular del grupo corporativo, TERRA NETWORKS S.A., ninguna duda cabe que el hecho puede serle imputado objetivamente. La acusada detentaba el dominio social, en el sentido que tenía el señorío sobre el desarrollo de los acontecimientos, y sólo ella podía consumar el hecho jurídico-penalmente relevante y agredir a través de él al bien jurídico protegido.

Debe admitirse que el reproche podría configurarse de la siguiente manera: poseyendo la acusada un status o función derivada de su posición en la empresa, el ingreso ocasional en la órbita de su dominio social del bien jurídico protegido por la ley 255, la instituyó como único sujeto idóneo para garantizar la vigencia del mismo, o en su caso lesionarlo mediante la comisión de alguna de las conductas típicas. Promocionar y ofrecer ilegalmente un juego, en los términos del Artículo 3 de la ley, puede hacerlo cualquiera; ahora, en las especiales circunstancias del caso, la única en condiciones de asumir la calidad de sujeto activo de la acción desarrollada es la acusada, no sólo desde lo formal por ser la representante legal de la persona jurídica titular del dominio sino desde lo sustancial por haber actuado con pleno dominio social, con pleno conocimiento y voluntad para llevar a cabo la acción típica.

La acusada dijo haber revisado los contratos internacionales suscriptos por la “corporación” que eran vinculantes para la filial que preside, como así también haber descartado autónomamente aquellos contenidos inconvenientes para la marcha social, al tiempo de haber recurrido al asesoramiento de cuerpos legales para ello en cuanto recibiera el primer cuestionamiento de Lotería Nacional. Posteriormente, precisó que esta afirmación sólo contemplaba el perfil editorial del portal, y no otras cuestiones como las que son objeto de análisis en el presente caso. De igual manera, dijo saber de la obligación de solicitar autorizaciones previas en relación a promociones especiales, al extremo de señalar un monto dinerario por debajo del cual aquellas no eran exigidas por la autoridad de contralor. Finalmente, no puede soslayarse que ante el progreso de la presente acción, TERRA NETWORKS S.A. concluyó unilateralmente el contrato suscripto con “UPROAR Ltd.” (ver fs. 109/113 y traducción en fs. 130/133), por considerar incumplida su obligación contractual de incluir entre los contenidos cedidos “material alguno factible de infringir cualquier ley”.En este marco, fuera de toda duda razonable, no existe fundamento alguno para explicar por qué TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. se somete pacíficamente a la reglamentación local atinente a la realización de promociones y, al propio tiempo, desconoce flagrantemente la relativa a la promoción y oferta ilegal de juegos de azar (bingo y juegos de casino).Acordado que Inés Leopoldo intervino directamente en los hechos y que lo hizo en representación de “TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A.”, resta hacer referencia al supuesto desconocimiento de la ilegalidad del juego promocionado y ofrecido que gobernaba su accionar. El párrafo antecedente se cierra con una afirmación que implícitamente da respuesta a la incógnita en la que se basaba, y que encuentra íntima relación con la posible existencia de un error de prohibición. Este argumento debe ser descartado por dos razones: la primera por las condiciones socio-culturales de la nombrada, la segunda por el actuar contradictorio puesto de manifiesto supra. La Señora Leopoldo demuestra en el primer aspecto una calidad superlativa que la hace profunda conocedora de las bondades y los inconvenientes que la difusión y el uso de una red de comunicación global supone, como así también de las responsabilidades de los proveedores de servicios en cuanto a los contenidos ilegales y/o nocivos que se ponen a disposición de los millones usuarios del sistema -de hecho, cláusulas insertas en las “condiciones generales de uso del portal” dan cuenta del especial celo de su representada al respecto-.

La segunda razón se sustenta en su propio conocimiento profundo de la reglamentación vigente en materia de promociones, que se relaciona estrechamente con la sapiencia y celo profesional considerada anteriormente. Si entendemos por error de prohibición aquel que “impide exclusivamente la comprensión del carácter y entidad de injusto del acto” (Zaffaroni, Eugenio y ot., “Derecho Penal-Parte General, Ediar, pág. 700) y recae únicamente sobre la antijuridicidad de la conducta y no sobre las circunstancias del hecho, ya por la creencia de haber actuado lícitamente ora por no haberse planteado siquiera la licitud o ilicitud de su hecho (Muñoz Conde, Teoría General del Delito, Temis, pág. 122), las razones precitadas permiten descartar completamente que tal extremo se verifique en la especie. Y aún suponiendo que Leopoldo hubiera creído sinceramente que la “legalidad” del material -juegos promocionales o de casino- dependían exclusivamente de UPROAR Ltd., dejando de lado que los vínculos contractuales con ellas fueron concertados por la sede corporativa, esa falsa creencia era perfectamente evitable de haber actuado diligentemente. Tan fácil como su comportamiento posterior lo demuestra, en la medida que se rechazó por orden de la encausada toda pauta publicitaria que se vinculara con juegos de azar.

Adviértase que al formulársele una segunda imputación vinculada a la publicidad de “Casino on net”, su explicación fue que al practicarse la pericia obrante en autos accidentalmente coincidieron las palabras insertas en el buscador para que apareciera la misma y mediante la utilización de un IP no nacional, dado que tal pauta era hacia el exterior. Sin embargo, la mera sustanciación de la presente causa motivó el rechazo de una segunda campaña publicitaria que incluía la Argentina como destino de visualización.

En síntesis, la responsabilidad primaria en el acatamiento de las leyes vigentes en materia promoción y oferta de juego recae en cabeza de la encausada, en su carácter de representante legal de la persona jurídica que lleva adelante la explotación comercial y facilita a usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos que pone a disposición de éstos, o lo hacen terceros, en su portal de Internet. La pretendida excusa de desviar esa responsabilidad en los usuarios o en los terceros respecto de “la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos” (cláusula 7.2.2 y otras, Condiciones generales de uso del portal), no puede constituir un concepto dogmático -error de prohibición- que impida afianzar el reproche jurídico-contravencional.

3) La calificación legal
El Artículo 3 de la ley 255 sanciona la promoción, el comercio y la oferta de sorteos o juegos que dependan preponderantemente del alea, la suerte o la destreza, careciendo de la autorización, habilitación o licencia para ello. Estos sorteos o juegos pueden ser realizados mediante procedimientos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, informáticos o por cualquier otro; debiendo mediar la promesa de entrega de premios en dinero, bienes muebles o inmuebles, o valores.

En muchos casos, la acción desarrollada por el sujeto activo puede encuadrar en las tres previsiones típicas, más no siempre ello es así. Tal es lo que acontece en el presente caso, donde sólo se atribuye la promoción en un sitio de internet de juegos creados y explotados comercialmente por terceros, mediando una relación contractual entre éstos y quien detenta la calidad de promotor.

Promover, en el sentido técnico-jurídico que contiene la norma prohibitiva, significa “fomentar”, “impulsar” o “promocionar” un ejercicio recreativo sometido a reglas en el que se gana o se pierde, y esta acción para ser típica requiere en primer lugar que pueda ser aprehendido por terceros indeterminados, es decir que el medio utilizado debe ser idóneo para llegar a una pluralidad de personas; luego que las características del juego o sorteos contemple las notas típicas enumeradas por el legislador.

En paralelo, la promoción es sinónimo de oferta, ya que la acción supone la presentación del producto, su exposición; en definitiva, su exteriorización “para que todos lo vean”. Ello se acentúa cuando se pone al alcance de un posible interesado la vía de acceso para acceder al objeto, en este caso el juego o sorteo, promovido.

Por lo demás, retomando los aspectos típicos contemplados en la norma, se exige que lo ofrecido consista en un juego o sorteo que entregue premios en dinero u otros bienes o valores, cuyos resultados dependan del alea, es decir de la casualidad o caso fortuito, o de la destreza o capacidad del competidor. El medio o procedimiento para determinar el triunfador o perdedor del juego, o el agraciado por el sorteo, debe responder a aquella exigencia, es decir que no puede depender de la manipulación o arbitrio de la persona humana, sino en forma preponderante de la suerte o capacidad del participante.

Finalmente, la norma admite cualquier tipo de procedimiento, sin perjuicio de enumerar a modo de ejemplo algunos en particular, entre ellos los procedimientos informáticos. En cuanto a su oferta o promoción, cualquier medio es admisible, aún un sitio de dominio de Internet, que por lo que se verá en el apartado siguiente, es un ámbito más que propicio para difundir la actividad lúdica.
Estos elementos objetivos del tipo se complementan con la inexistencia de la autorización, permiso o habilitación necesaria para su explotación, organización o comercio; aspecto íntimamente vinculado a la reglamentación que rija dichas actividades.

En nuestro medio, las particulares circunstancias institucionales de la Ciudad de Buenos Aires, en lo relativo a su progresiva autonomización, determinan que coexistan normas emitidas por su legislatura destinadas a regir plenamente cuando igual calidad tenga su autonomía institucional, con aquellas regulaciones sancionadas por el Congreso Nacional en el pasado.

La ley 538 establece que quedan sujetos a sus disposiciones todos los juegos de apuesta que se organicen, administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (Artículo 1), y que la regulación, autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de ellos, como así también de las actividades conexas, es competencia exclusiva de la Ciudad (Artículo 2). En relación a su publicidad, exige que la promoción publicitaria se limite a la información básica sobre las modalidades y montos, el destino de su resultado económico, y a la advertencia de las consecuencias de la “ludopatía” (Artículo 12). En cuanto a los “bingos” y “casinos” prohíbe su instalación, respetando las salas de bingo ya existentes y declarando el carácter únicamente estatal que puede tener un casino, vedándose la participación privada en su explotación (arts. 9 y 10). Finalmente, decreta que los juegos de apuesta de otras jurisdicciones sólo pueden ser comercializados en la Ciudad, en los términos de los convenios que se celebren con dichos organismos extrajurisdiccionales y con los alcances previstos en la ley (Artículo 27).Por su parte, la ley 21.961 prohibía en la Capital Federal y demás territorios nacionales, toda propaganda relacionada con loterías, casinos, quinielas, tómbolas, rifas, pronósticos deportivos y/o apuestas de caballos, cualquiera sea el medio que se use para su difusión (Artículo 1), y establece sanciones de multa para sus infractores a aplicarse por los Jueces Nacionales en lo Correccional. Solamente su régimen contravencional, por la sanción de la ley 255, quedó implícitamente derogado (en idéntico sentido, Fallos 322:142).En virtud de la ley 18.226 y el Decreto 598/90, Lotería Nacional Sociedad del Estado tiene a su cargo el poder de policía, administración y explotación de juegos de azar y apuestas mutuas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y la recaudación debe destinarse mejoras sociales y el bien común; manteniendo tal atribución a la fecha, dada la inexistencia del órgano de aplicación previsto en la ley 538 y a la falta de suscripción de los convenios o acuerdos necesarios entre el Gobierno Nacional y el local para el traspaso de esta función.

Por su parte, el decreto 588/98 reglamenta la necesaria obtención de una autorización previa, otorgada por Lotería Nacional Sociedad del Estado, para realizar operatorias promocionales (concursos, sorteos o competencias) que conlleven una elección aleatoria para determinar el ganador (quien puede participar onerosa o promocionalmente) y que se efectúen mediante la utilización de medios masivos de comunicación. Las condiciona a que quien las solicite reúna condiciones de idoneidad, solvencia moral y patrimonial, y cumpla con las exigencias que estipule Lotería Nacional SE. Ésta, a través de la resolución 157/98 y modificatorias, debe otorgar dos autorizaciones: un permiso anual para realizar promociones (Artículo 5), y otro específico de cada promoción, la cual debe ser anoticiada dentro de las 48 horas de producido su lanzamiento (Artículo 7). Ahora bien, las operatorias promocionales son de dos clases: a- Aquellas que no implican la obtención directa de recursos, sin perjuicio del eventual aumento que se obtuviere en las ventas de los productos o servicios que se pretendan promocionar; y b- Aquellas que suponen directa o indirectamente la obtención de recursos por parte del organizador, mensurables pecuniariamente y exclusivamente derivados de la propia operatoria (Artículo 2).

En conclusión, los hechos materialmente acreditados encuadran típicamente en las previsiones del Artículo 3 de la ley 255, consistiendo en la promoción u oferta sin la autorización correspondiente de juegos en los que se prometían premios en dinero, bienes muebles o inmuebles, o valores, y se ejecutaban mediante procedimientos informáticos, dependiendo preponderantemente del alea o suerte.

Debe desecharse que el juego denominado “bingo-blitz” constituya una modalidad promocional en los términos del Decreto 588/98 (ver dictamen de la Gerencia de Promociones y colectas -fs. 63- y el dictamen nº 1061/2000 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos -fs. 65-, expediente 372.543/00 que corre por cuerda), dado que su difusión no perseguía la promoción de un producto o servicio en particular, aún cuando otorgara premios de “Amazon” -ver fs. 54 del expediente que corre por cuerda.

También debe descartarse el argumento que sostiene la defensa respecto de la falta de adecuación típica del juego a los requisitos previstos en el Artículo 2 de la ley 255.En cuanto a este último argumento, a las consideraciones vertidas precedentemente resta agregar que en modo alguno puede suponerse que existía una autorización implícita ya que no se trataba de una modalidad promocional, por lo que carecían de permiso; que el medio utilizado era uno de los enunciados en la norma; y que el premio ofrecido era una “contraprestación que se paga en dinero, valores, bienes o servicios al o a los apostadores que han tomado parte en el juego de apuesta y obtuvieron o produjeron el o los resultados necesarios para adjudicárselo” (Artículo 3 inciso d Ley 538), no interesando su monto al principio de lesividad o de bagatela, ya que el mismo se vincula a la potencialidad lesiva del bien jurídico de la acción llevada a cabo por quien promociona una participación masiva de usuarios y no en función del valor económico en juego para un participante considerado individualmente. Por lo demás, a diferencia de los sostenido por la defensa, sólo era necesario un sorteo posterior entre los ganadores cuando fuera más de uno el que cantara “bingo” en una misma mano -ver fs. 61 del expediente que corre por cuerda-, caso contrario si uno sólo completaba la figura ganadora automáticamente se hacía acreedor al premio, y si nadie ganaba éste se acumulaba con el ofrecido en la mano siguiente. Tampoco es real que el premio consistiera en “puntos virtuales”.Especial consideración merece la supuesta falta de configuración del restante requisito para considerar juego en los términos de la ley a la actividad promocionada, ante la posibilidad de manipulación del sistema informático utilizado para el desarrollo del juego. Resulta extremadamente grave y desagradable que aquel que difunde un juego en el que se promete un premio ponga en duda la legalidad o transparencia del proceso mediante el cual se determina al ganador, ya que si realmente fuera así estaría concientemente participando de un fraude o engaño a las expectativas que él mismo se encarga de generar en sus propios usuarios, y significaría una desleal práctica comercial, impropia del prestigio y perfil institucional sobre el que tanto se enfatizara durante la audiencia.

Por ello, sólo cabe considerar la excusa como un intento poco feliz para eludir el reproche jurídico-contravencional, en la medida que de las propias obligaciones contractuales asumidas se desprende que la sede corporativa de la representada debía “aprobar el diseño e integración de las Marcas de cada parte en las Páginas Compartidas por Ambas Marcas antes del lanzamiento” y “realizar publicidades, auspicios, ventas por comercio electrónico y servicio técnico en todas las instancias del Contenido de Uproar, a menos que Uproar asuma el derecho de llevar a cabo dichas ventas y servicio como se explica en la cláusula 6” (cláusula 5 incisos c y d); que ambas se distribuyen el cumplimiento de los premios (cláusulas 4.h y 5.f), se reparten los ingresos (5.h y 6) y se trasmiten las estadísticas del perfil del jugador de contenidos de Uproar y la base de datos de los mismos (4.l). En suma, el derecho vigente para las partes que dimana de la relación contractual, lejos de está de coincidir con el cuadro exculpatorio ensayado por la defensa.

Finalmente no se erige en requisito típico que la apuesta o participación en el sorteo o juego sea a título oneroso, y la propia ley 538 aclara el punto considerando la apuesta como “el contrato mediante el cual un apostador participa en los juegos de apuesta” (Artículo 3 inciso c”). Corresponde una última consideración relacionada con el cuestionamiento dirigido por la defensa al alegato formulado por el Sr. Fiscal.

Tal como quedara demostrado precedentemente, el contenido del requerimiento de juicio desmiente que la imputación por el Artículo 4 de la Ley 255 haya sido introducida recién en esa instancia procesal, sin perjuicio de la acertada crítica jurídica en cuanto a que ambas normas contemplan supuestos diferentes e inconciliables entre sí; empero la vigencia del principio iura novit curia y la propia actuación de la defensa desautorizan toda presunción de una efectiva afectación al derecho de defensa en juicio. Lo propio ocurre en relación a la supuesta falta de precisión de la imputación, ya que tal defecto sólo alcanza al hecho vinculado a Casino On Net, y el mismo ha influido notoriamente para la decisión a adoptarse, conforme el análisis efectuado en el apartado 1.

4) Algunas consideraciones acerca del juego on-line o por internet y la libertad de expresión

a) Hasta aquí poco se ha dicho con relación al medio tecnológico utilizado para la comisión de los hechos, y los aspectos colaterales que el presente pronunciamiento roza.

Internet es un sistema de intercomunicación global cuya tecnología permite vincular millones de computadores entre sí, y acceder desde cualquier lugar del planeta a la información o servicios que se ofrezcan en ella desde cualquier remoto lugar. Un medio en el que no existen las distancias, no hay límites ni obstáculos lingüísticos; en definitiva, una superautopista de la información que crea una nueva estructura social global, en palabras de Negroponte (citadas por Jorge Galdós en “Responsabilidad Civil e internet…”, JA, 4 de julio de 2001).

Es objeto de debate la posibilidad de regular el “ciberespacio”, cuestión que involucra “toda una visión sociocultural y política del desarrollo tecnológico, la que no puede soslayar que también gravitan intereses económicos sectoriales” (Galdós, ob. cit.); consecuentemente, habrá posturas “hiperlibertarias” (cibernautas), autorregulatorias (Comisión Europea), o regulatorias por cada Nación (doctrinarios, Parlamento Europeo -Comunicación 96-487-, Parlamento Australiano -Broadcasting Services Amendment Act-, Congreso de Estados Unidos -Communications Decency Act-, entre otros).

b) En nuestro país, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 554/97 por el cual declaró de interés nacional el acceso a Internet, y caracterizó a ésta como un fenómeno con una configuración descentralizada, arquitectura abierta, acceso masivo y “autorregulación normativa”. De igual manera, que su carácter interactivo “despeja cualquier intento de manipulación sistemática sobre la opinión de las personas” y que “la libre elección de sus contenidos es condición propia de la democracia”. Posteriormente, dictó el decreto 1279/97 por el cual el servicio de Internet se encuentra “comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social”, citando entre sus fundamentos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos “Reno Attorney General of the Unites States et. Al. v. American Civil Liberties Union et. Al”, aún cuando paradójicamente el citado Tribunal diferenció justamente entre las trasmisiones de radio y televisión e Internet, por la posibilidad de “penetrar sorpresivamente” en los hogares que sólo tienen las primeras. Desde este punto de vista, resulta contradictorio el decreto aún cuando haya dejado a salvo que “una de las características esenciales del servicio INTERNET es su interconectividad, por la cual los usuarios tienen la libertad de elegir la información de su propio interés”.En otro sentido, debe tenerse claro que los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para declarar la inconstitucionalidad de la norma que pretendía regular la trasmisión on line de material obsceno o indecente destinado a los menores, fueron no sólo las características del medio sino fundamentalmente la falta de precisión sobre qué debía entenderse por material o comunicaciones “patentemente ofensivas”, es decir, la vaguedad o ambigüedad de los términos legales; la inaplicabilidad de los precedentes invocados por el gobierno para defender su posición; y la verificación que el teórico beneficio era altamente costoso para el interés de estimular la libertad de expresión en una sociedad democrática, estableciendo que aquel era más teórico que real.

c) Ahora bien, teniendo en cuenta la declaración del Poder Ejecutivo Nacional, y siendo uno de los argumentos esgrimidos por la defensa para cuestionar la legalidad de este proceso, debe recurrirse a la interpretación que, de la citada garantía, hace la CSJN para establecer qué tipo de contenidos y/o servicios encuentran amparo en ella. En tal sentido, sin pretender agotar tan álgida cuestión, consideró que “la libertad de expresión contiene, por lo tanto, la de dar y recibir información” y que el Artículo 13 inciso 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos “al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella 'la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección' (considerando 4° in re “Poncetti de Balbín” y considerandos 7° y 8° del voto del Juez Petracchi en la causa citada)…Que, no obstante, el aludido derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión en el sentido amplio expuesto en el considerando precedente, tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa (Fallos: 119:231; 155:57; 269:189, considerando 4°; 269::195, considerando 5°)” (Fallos 310:523; en concordancia, F: 164:284; 312:114, entre otros).Por lo demás, en paralelo con la facultad de legislar sobre delitos cometidos por medio de la prensa reconocida al Congreso Nacional, es dable reconocer la imposibilidad de someter tales asuntos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales (in re, Fallos 312:1114), ya que en palabras de Vélez Sarsfield “la reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta nunca puede ser un delito, diré así, nacional. El congreso dando leyes de imprenta, sujetaría el juicio a los Tribunales Federales, sacando el delito de su fuero natural” (Bertoni, Eduardo Andrés, “Libertad de expresión en el Estado de Derecho”, Editores del Puerto, pág.150). Si a lo expuesto se suma la exclusiva competencia en materia de juegos de azar (Fallos 322:1143), debe concluirse liminarmente que la justicia de la ciudad posee facultades jurisdiccionales autónomas en relación al medio utilizado -Internet-, en la medida que tampoco podría encuadrarse la relación originada en una operación de comercio internacional (Fallos 323:1535).

Empero, el análisis precedente sería aplicable en la medida que la cuestión debatida signifique una forma de ejercicio de la libertad de expresión por parte de la prensa y no, como parece, un simple acto comercial por parte de una empresa multimedia que, a los efectos de prestar un mejor servicio, propone a sus usuarios una serie de entretenimientos o pasatiempos que, accesoriamente, les permite obtener un beneficio económico. Es la propia acusada quien ha distinguido entre “línea editorial” o contenidos editoriales e informativos de cuestiones publicitarias y servicios anexos. Ha sido ella quien ha ordenado, a consecuencia de la presente, que no se incorporen al portal contenidos vinculados a los juegos de azar, incluso publicidades. Ha sido el ex director comercial de la empresa quien ha distinguido claramente entre publicidades incuestionables de aquellas que pueden ser inconvenientes por su vinculación a actividades ilegales, rechazando en relación a éstas su incorporación inmediata y automática a la carpeta publicitaria del portal.

Es tan ajena a la libertad de expresión o de prensa la presente cuestión, como la publicación de avisos clasificados en el tradicional y ya famoso “rubro 59”, que en la medida que se asocien a actividades ilegales autoriza la persecución penal contra los responsables de los medios gráficos involucrados (en tal sentido, CNCP, Sala IV, causa 254 “Berys, Benjamín y Rosenfeld, Mario s/recurso de casación”, rta. 6/12/1995).Y en este punto vuelve a cobrar relevancia el fallo “Reno” recogido en el Decreto 1279/97, ya que dentro de los precedentes cuya aplicación era propiciada por los defensores de su constitucionalidad se invocaba el fallo “Renton v. Playtime Tetares Inc.” (475 US 41). En éste, “la Corte había sostenido la constitucionalidad de ciertas ordenanzas que prohibían la instalación de cines para adultos en determinados barrios, en el entendimiento de que ellas no se basaban en el 'contenido' del material que se exhibía sino en los 'efectos secundarios' (como el delito y el deterioro de ciertos valores) que su exhibición podía fomentar”. A diferencia de esto, la Communications Decency Act atacaba directamente los contenidos de la expresión y no esos efectos secundarios (Bertoni, Eduardo; ob. cit.), de lo que se desprende que no cualquier reglamentación que limite, aún indirectamente, el derecho a la libertad de expresión es inconstitucional, sino sólo aquella que signifique una indebida invasión del Estado al ámbito de libre ejercicio de los derechos fundamentales. Es tan legítimo perseguir a quien fomente o promocione mediante avisos por la prensa el desarrollo de una actividad ilegal, cualquiera que fuere -desde la venta de drogas o armas hasta la práctica de abortos- como al que, por igual medio, publicita un juego de azar ilegal -sólo será diferente la reacción estatal en función de la mayor gravedad que significa apologizar un delito de consumar una contravención.- Tal ejercicio del poder no calla a la Prensa ni hace que ésta se autocensure, por lo que no se advierten diferencias entre exigir determinados requisitos previos para que una empresa comercial -periodística, multimedial o de cualquier tipo- lance una promoción en la que prometa premios en dinero o bienes, con la decisión de prohibir la promoción de un juego de azar reputado ilegal; y sí son palmarias las distancias entre el pacífico acatamiento a aquellas disposiciones y la inobservancia de la última, pretendiendo aún relacionar su vigencia con la libertad de expresión o con la supervivencia de Internet.

Dado que lo que se pretende con esta restricción son los “efectos secundarios” que su exhibición puede fomentar -afición a las actividades lúdicas (o ludopatía en los términos de la ley 538), y afectación de la recaudación estatal a través del juego legal para destinarlas a obras de bien público-, es ella perfectamente razonable e inocua para la libertad de expresión.

d) Por lo que llevo dicho, entiendo al igual que Falque-Pierrottin, que “el pasar por Internet no bautiza ni da la absolución de ninguna conducta. La conducta deberá ser enjuiciada tal y como lo sería si no se hubiera producido en Internet. Llámese corrupción de menores, pornografía, apología del delito, incitación al consumo de drogas, paidofilia, estafa, a pología del genocidio o del racismo” (citado por Villar Palasi, José Luis, en “Implicaciones Jurídicas de Internet”). Cualquiera sea la tipología, “la punibilidad proveniente del derecho material no se cuestiona. Los comportamientos cuestionables en Internet son tan prohibidos como los son fuera de ella” (Hassemer, Winfried “Oportunidades para la privacidad frente a las nuevas necesidades de control y las tecnologías de la Información”, Nueva Doctrina Penal, Editores del Puerto, Bs. As. 1999 -el destacado me pertenece-).También, que cabe distinguir entre contenidos ilícitos y contenidos nocivos en el sentido señalado por el Parlamento Europeo en la Comunicación 96-487, siendo los primeros “la información o comunicación ilegítima o ilegal porque infringe alguna norma jurídica, apuntando -más que a la protección del orden público- a la tutela de los derechos personales y personalísimos, incluidos los delitos informáticos, tales como la inobservancia de leyes sobre marcas, propiedad intelectual, derechos de autor, publicidad comparativa, fraudes (vgr. con tarjetas de crédito), incitación a las perversiones sexuales (sadomasoquismo, esclavitud, pederastia, zoofilia), tráfico de seres humanos, racismo, o pornografía infantil)” (Galdós, ob. cit.).

El desarrollo precedente sugiere que aún cuando la velocidad del desarrollo tecnológico es sorprendente, la cyber sociedad requiere de regulación eficaz y adecuada para resolver los conflictos que en ella se suscitan y para proteger los derechos fundamentales.

dd) Al tratar sobre la competencia territorial del Tribunal, fue objeto de mención la sentencia del 20 de noviembre de 2000 del Tribunal de Gran Instancia de París, en el que se sancionara a Yahoo por promocionar y vender en su sitio web parafernalia nazi.
Sin perjuicio de haber resuelto la cuestión al tratar las preliminares (Artículo 376 CPPN), dada la insistencia de la defensa sobre el punto corresponde precisar que la particularidad del caso “yahoo” fue el alcance del pronunciamiento, al obligar al portal a impedir que los franceses accedan a una página con sede en otro país, ya que el argumento del rechazo de la declinatoria postulada fue justamente que desde Francia se accedió a los contenidos y, en consecuencia, allí era donde se encontraba alojado el servidor, por lo que para no tornar ilusoria la sentencia debían disponerse filtros o sistemas de bloqueos de acceso, aún cuando estos no garantizaran más que el 80 % de eficacia.

Esta referencia solitaria, en modo alguna significa ignorar la existencia de otros casos judiciales que abonan la postura asumida en tal aspecto -la competencia territorial- por quien suscribe. Vale por caso mencionar el caso de la demanda de Minnesota a un casino de Nevada por juego ilegal en el Estado reclamante; el caso “ENTEL” de Chile, que se trata de la publicación en la página web de ésta de un aviso de ofrecimientos sexuales atribuido a la hija menor de edad del demandante; o el caso “Somm” en Alemania, por el que se condenó al nombrado a un año y diez meses de prisión por permitir el acceso a través de CompuServer/USA a foros de debate de grupos dedicados a la pedofilia, por ser filial de aquella la firma que presidía y por estar motivado en la búsqueda de un beneficio económico. También el caso “Faurisson”, resuelto por el TGI París el 13 de noviembre de 1998. Por lo demás, igual criterio se sostuvo implícitamente en autos “El Sitio.com s/ley 255” -causa nº 4041/2000 del registro del tribunal a mi cargo, donde frente a la denuncia de violación a la ley 24.199 (PRODE) a través del juego denominado “Cancha 13”, se absolvió al acusado.
Ahora bien, en materia de juego on-line, las cuestiones que aquí se discuten son tan trasnacionales como el propio ámbito en que discurren las conductas juzgadas. Desde la posibilidad de cada Estado de aplicar su reglamentación en la materia, hasta las implicancias económicas y de otro tipo que el incremento de la actividad tiene hoy día, son objeto de estudio y propuestas. Basta mencionar al respecto que el juego en línea generará, según “Christiansen Capital Advisors LLC”, $ 6.300 millones en 2003, duplicando los $ 3.100 millones previstos para este año (información difundida en la III Conferencia Anual de Juego y Turismo en el Caribe), y que según un estudio realizado por el Pew Internet and American Life Project, cerca del 5 % de los usuarios de Internet en Estados Unidos alguna vez hizo una apuesta online, y para la cuarta parte se convirtió en un vicio al efectuar apuestas diarias en alguno de los 1.300 sitios que existen en la red (“Las apuestas en Internet, el nuevo vicio americano”, en diario Clarín del día lunes 2 de abril de 2001).

A lo dicho puede sumarse que la ley contra el Terrorismo Financiero aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos prohíbe a los bancos aceptar tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, cheques o todo tipo de depósitos cuyo objetivo sea cubrir apuestas realizadas online, en virtud de informes del FBI y del Departamento de Justicia que indican que existe una conexión concreta entre el juego en internet y el lavado de dinero proveniente de actividades terroristas.

La conclusión inmediata es que, al contrario de lo que pueda parecer, el caso objeto de autos no es un tema menor, dado que se encuentra inmerso en una realidad que por novedosa no deja de ser inquietante.

La acción en reproche, como ha quedado dicho, se circunscribe a la promoción y oferta de juegos online contraviniendo las normas que reglamentan la explotación de juegos de azar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y nada tiene que ver con la libertad de expresión que debe garantizarse cuando se ejerza a través de cualquier medio de comunicación y especialmente por Internet.

Entonces, dado que “el sitio de internet crea un casino virtual dentro de la computadora del usuario” o permite la participación en un juegos no autorizados legalmente -especialmente diseñados por una empresa proveedora extranjera para su difusión en los mercados de habla hispana y portugués a través del portal de TERRA-, no importa el lugar físico donde se instale físicamente el servidor ya que éste no puede convertirse en un escudo contra ley que reprima a aquellos que realicen tales actos ilegales (en idéntico sentido, State of New York v. World Interactive Gaming Corp., nº 404428/98, Supreme Court N.Y.Cty., del 22 de julio de 1999. El juez de Charles Edward Ramos sostuvo que es irrelevante que las apuestas por Internet sean legales en Antigua, dado que el acto de entrar una apuesta y trasmitir la información desde Nueva York vía Internet constituye una actividad de apuestas dentro del citado Estado).

En relación al caso de autos, debe sumarse que los juegos promocionados están dirigidos a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires (idem fallo anterior; concordante “Missouri v. Interactive Gaming Comunnications Corp”, “State of Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc.” ) por un portal de acceso a Internet, cuyo domicilio legal se asienta en el mismo ámbito geográfico.

e) En síntesis, más allá de las notas particulares del medio de comunicación involucrado en autos, no se advierten razones fundadas para dispensar un tratamiento diferenciado en igualdad de circunstancias a los restantes medios de comunicación, sobre los cuales rigen indiscutida y pacíficamente las reglas aplicables al caso. Ello en la medida que se verifica la comisión de una conducta idónea para afectar el bien jurídico protegido; entendido como el monopolio que detenta el Estado para regular, administrar y explotar los juegos de azar, restringiendo el que se desarrolle fuera del marco reglamentario y destinando los fondos que produzca el juego ilegal a las necesidades y exigencia de la beneficencia pública (en concordancia, CSJN Fallos 141:217; Juzgado en lo Contravencional nº 3, causa 3556/00, entre muchos otros).

6) La sanción a imponer.

La “individualización de la pena es, junto a la apreciación de la prueba y a la aplicación del precepto jurídicopenal a los hechos probados, la tercera función autónoma del juez penal y representa la cúspide de su actividad resolutoria. En esa labor, el juez debe liberarse de prejuicios personales, las simpatías y las emociones, y orientar su sentencia exclusivamente conforme a criterios objetivos de valoración.” (Jescheck, pág. 787).El Artículo 24 del Código Contravencional señala las pautas objetivas y subjetivas a considerar para establecer la clase y grado de respuesta estatal a la conducta disvaliosa, en concordancia con el mandato constitucional de respetar el principio de proporcionalidad que, como derivado del principio de culpabilidad, impone que “la pena en ningún caso excede la medida del reproche por el hecho. Así, las circunstancias del hecho y el daño causado, la conducta anterior y posterior a su producción, y las calidades sociales, culturales y económicas de la acusada, deben ser contempladas en su conjunto para seleccionar adecuadamente la sanción a imponer, en aras de convertirlas en razón eficaz para prevenir la reiteración de la conducta y reparar el daño provocado.

En la especie, la calidad de representante de un ente por el que actuara es un aspecto a considerar, dado que propicia la selección de alguna o algunas de las penas previstas en el Artículo 10 que puedan ser soportadas no sólo por el sujeto activo sino también por su representado.

Sin que se entienda como una contradicción con lo sustentado al tratar la cuestión relativa a la participación de la encausada y la vigencia del principio societas delinquere non potest , debe contemplarse al escoger la clase de pena lo afirmado por Brícola (Citado por Terradillos Basoco, Juan en “Derecho Penal de la Empresa”, Edit. Trotta, 1995) en el sentido que cuando se trata de delitos cometidos por administradores en ejecución de directrices de política empresarial o por decisiones de la asamblea, castigar en estos casos sólo al administrador sería dejar impune al centro decisional.

De igual manera, la inmediata decisión de extraer del portal aquellos contenidos generadores de la actuación judicial, también deben ser considerados favorablemente, al igual que la excelente impresión personal obtenida durante el desarrollo del debate, que muestra a la encausada como una persona celosa de su tarea profesional, plenamente responsable y comprometida con los intereses sociales.

En ese marco, y dado el carácter no vinculante de la petición fiscal, resulta adecuada proporcionalmente al caso la aplicación de la pena de multa de pesos cinco mil ($ 5000), a razón de diez (10) días multa de quinientos pesos ($ 500) cada uno, ello en virtud de la extensión temporal de la contravención cometida y en la capacidad económica de la actuante y su representada. Conjuntamente, habrá de imponerse la pena de instrucciones especiales, consistente en el sometimiento a un plan de conducta que reside en la inclusión por el término de dos (2) meses en la página principal de acceso al sector “juegos” del portal de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. -localizado en la URL: www.terra.com.ar-, de un aviso y/o leyenda destacada que advierta a los usuarios del contenido de la ley 255 vigente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las consecuencias perjudiciales de la afición a las actividades lúdicas.

En cuanto a los honorarios de los letrados intervinientes, habrá de diferirse su regulación hasta tanto den cumplimiento a la carga de aportar el bono de ley correspondiente y aportar la clave de identificación tributaria (CUIT).A consecuencia de todo lo expuesto;

RESUELVO:

1) DECLARAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL de este Tribunal en la presente causa nº 14.726-JC/2001.

2) CONDENAR a INÉS MARÍA LEOPOLDO por considerarla autora contravencionalmente responsable, actuando en representación de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A., de la PROMOCION Y OFERTA de juegos de azar -Bingo Blitz- careciendo de autorización legal para ello -Artículo 3, en función del Artículo 2, de la Ley 255;; arts. 1, 5 y 27 del Código Contravencional- a la PENA CONJUNTA de MULTA de PESOS CINCO MIL ($ 5000), a razón de diez (10) días multa de pesos quinientos ($ 500) cada uno, e INSTRUCCIONES ESPECIALES, consistentes en un plan de conducta que reside en la inclusión por el término de dos (2) meses en la página principal de acceso al sector “juegos” del portal de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. -localizado en la URL: www.terra.com.ar- de un aviso y/o leyenda destacada que advierta a los usuarios del contenido de la Ley 255 y de las consecuencias perjudiciales de la adición a las actividades lúdicas (Artículo 12, Ley 538). Con costas.

3) ABSOLVER a INÉS MARÍA LEOPOLDO de la promoción y oferta de juegos de casino prevista en el Artículo 3 de la Ley 255, en relación a la publicidad de “Casino On Net”, que le fuera imputada.

4) Tener presente la reserva de la CUESTIÓN FEDERAL

Notifíquese, tómese razón, oportunamente regúlense los honorarios y, firme que se encuentre, cúmplase con las comunicaciones de rigor y ejecútese.-

FDO.: MARCELO VAZQUEZ, JUEZ

Decisión del Consejo 92/242/CEE, de 31 de marzo de 1992

Decisión del Consejo de 31 de marzo de 1992 relativa a la seguridad de los sistemas de información

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que la Comunidad tiene por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran;

Considerando que la información almacenada, tratada y transmitida por medios electrónicos desempeña un papel cada vez más importante en las actividades económicas y sociales;

Considerando que la implantación de unas comunicaciones globales y eficaces y la generalización del tratamiento electrónico de la información acentúan la necesidad de contar con una protección adecuada de los usuarios;

Considerando que el Parlamento Europeo, en sus deliberaciones y resoluciones, ha subrayado repetidamente la importancia de la seguridad de los sistemas de información;

Considerando que el Comité Económico y Social ha destacado la necesidad de tomar medidas comunitarias sobre los asuntos relacionados con la seguridad de los sistemas de información, particularmente con vistas a las repercusiones de la realización del mercado interior;

Considerando que las acciones llevadas a cabo a nivel nacional, internacional y comunitario representan una buena base;

Considerando que existe una estrecha relación entre las telecomunicaciones, la tecnología de la información, la normalización, el mercado de la información, las políticas de investigación y desarrollo tecnológico y los trabajos ya emprendidos en estos ámbitos por la Comunidad;

Considerando que conviene concertar los esfuerzos apoyándose en los trabajos nacionales e internacionales ya existentes y fomentando la cooperación de los principales interesados; que, por tanto, conviene proceder en el marco de un plan de acción coherente;

Considerando que la complejidad de la seguridad de los sistemas de información requiere el desarrollo de estrategias que permitan la libre circulación de información en el mercado único garantizando al mismo tiempo la seguridad de utilización de los sistemas de información en toda la Comunidad;

Considerando que es responsabilidad de cada Estado miembro tener en cuenta las limitaciones que imponen la seguridad y el orden público;

Considerando que la responsabilidad de los Estados miembros en este ámbito supone un enfoque concertado basado en una estrecha colaboración con altos funcionarios de los Estados miembros;

Considerando que procede establecer una acción que incluya un plan de acción durante un período inicial de 24 meses y crear un Comité de altos funcionarios con un mandato a largo plazo para asesorar a la Comisión sobre las acciones en materia de seguridad de los sistemas de información;

Considerando que se estima necesario un importe de 12 millones de ecus para ejecutar la acción durante un período inicial de 24 meses; que los fondos estimados necesarios para 1992 ascienden a 2 millones de ecus, en el marco de la actual perspectiva financiera;

Considerando que los importes que se deberán comprometer para la financiación del programa para el período siguiente al ejercicio de 1992 tendrán que incluirse en el marco financiero comunitario vigente,

DECIDE:

Artículo 1

Mediante la presente Decisión se adopta una acción, en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información. Dicha acción incluye:

– el desarrollo de estrategias globales para la seguridad de los sistemas de información (plan de acción) durante un período inicial de 24 meses, y

– la creación de un grupo de altos funcionarios, en lo sucesivo denominado ” Comité “, que tendrá la misión a largo plazo de asesorar a la Comisión sobre acciones en materia de seguridad de los sistemas de información.

Artículo 2

1. La Comisión consultará sistemáticamente al Comité sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad de los sistemas de información de las diferentes actividades comunitarias en particular acerca de la definición de estrategias y programas de trabajo.

2. El plan de acción, como se indica en el Anexo, incluirá los trabajos preparatorios relativos a los siguientes temas:

I. Desarrollo de un marco estratégico para la seguridad de los sistemas de información.

II. Definición de las necesidades de los usuarios y de los prestadores de servicios en materia de seguridad de los sistemas de información.

III. Elaboración de soluciones para determinadas necesidades a corto y medio plazo de los usuarios, de los proveedores y prestadores de servicios.

IV. Desarrollo de especificaciones, normalización, evaluación y certificación respecto a la seguridad de los sistemas de información.

V. Innovaciones técnicas y de funcionamiento en materia de seguridad de los sistemas de información.

VI. Puesta en práctica de la seguridad de los sistemas de información.

Artículo 3

1. El importe de los recursos financieros comunitarios considerado necesario para la aplicación de la acción durante un período inicial de 24 meses es de 12 millones de ecus, de los cuales 2 millones de ecus para el período 1991-1992 en el marco de las perspectivas financieras 1988-1992.

Para el período ulterior de aplicación de la acción, el importe deberá insertarse en el marco financiero comunitario vigente.

2. La autoridad presupuestaria determinará los créditos disponibles para cada ejercicio atendiendo a los principios de buena gestión contemplados en el artículo 2 del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Un grupo de expertos independientes evaluará para la Comisión los progresos realizados durante los 24 meses iniciales del plan de acción. El informe de grupo, junto con los comentarios de la Comisión se remitirán al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 5

1. La Comisión será responsable de la ejecución de la acción. Estará asistida por un Comité consultivo compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. El plan de acción se ejecutará de acuerdo con los objetivos establecidos en el artículo 2, que se actualizará cuando sea necesario. El plan establecerá los objetivos pormenorizados y los tipos de medidas que deban tomarse, así como las disposiciones financieras al respecto. La Comisión hará convocatorias de propuestas tomando por base el plan de acción.

3. El plan de acción se llevará a cabo en estrecha colaboración con los sectores interesados y tendrá en cuenta, fomentará y complementará las actividades de normalización europeas e internacionales que se están llevando a cabo en este ámbito.

Artículo 6

1. El procedimiento establecido en el artículo 7 se aplicará a las medidas relativas a la política comunitaria en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información.

2. El procedimiento establecido en el artículo 8 se aplicará:

– a la preparación y actualización del plan de acción a que se refiere el artículo 5;

– al contenido de las convocatorias de propuesta, a la evaluación de las mismas y al importe estimado de la contribución de la Comunidad a las medidas cuando dicho importe supere 200 000 ecus;

– a la cooperación en cualquier actividad emprendida en virtud de la presente Decisión por parte de organizaciones no comunitarias;

– a disposiciones para la difusión, protección y explotación de los resultados de las medidas;

– a las medidas que se tomen para evaluar la acción.

3. Cuando el importe de la contribución comunitaria a las medidas sea inferior o igual a 200 000 ecus, la Comisión consultará al Comité sobre las medidas que vayan a adoptarse e informará al Comité del resultado de su evaluación.

Artículo 7

El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre el proyecto, dentro de un plazo que el presidente podrá determinar según la urgencia de la cuestión, por votación cuando sea necesario.

El dictamen se incluirá en acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a que su posición conste en la misma.

La Comisión tendrá en la mayor cuenta posible el dictamen del Comité e informará a éste de la manera en que se haya tenido en cuenta dicho dictamen.

Artículo 8

El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el Comité se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o a falta de dictamen, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya presentado al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas, excepto en el caso en que el Consejo se haya pronunciado por mayoría simple contra dichas medidas. Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 1992. Por el Consejo

El Presidente

Vitor MARTINS

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(1) DO no C 277 de 5. 11. 1990, p. 18. (2) DO no C 94 de 13. 3. 1992. (3) DO no C 159 de 17. 6. 1991, p. 38.

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ANEXO . ORIENTACIONES PARA UN PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN

El plan de acción tendrá como finalidad la creación de técnicas globales destinadas a proporcionar a los usuarios y a los productores de información almacenada, procesada o transmitida electrónicamente la protección adecuada de los sistemas de información contra amenazas accidentales o deliberadas.

El plan de acción tendrá en cuenta y complementará las actividades en curso a nivel mundial para la normalización en este ámbito.

El plan incluirá las siguientes líneas de actuación:

– desarrollo de un marco estratégico para la seguridad de los sistemas de información;

– definición de las necesidades de los usuarios y de los productores de servicios en materia de seguridad de los sistemas de información;

– elaboración de soluciones para determinadas necesidades a corto y medio plazo de los usuarios, proveedores y prestadores de servicios;

– desarrollo de especificaciones, normalización, evaluación y certificación respecto a la seguridad de los sistemas de información;

– innovaciones técnicas y de funcionamiento en materia de seguridad de los sistemas de información;

– puesta en práctica de la seguridad de los sistemas de información.

El plan de acción será aplicado por la Comisión en estrecha asociación con las acciones afines en los Estados miembros y conjuntamente con las acciones comunitarias de investigación y desarrollo al respecto.

1. Línea de actuación I: creación de un marco estratégico para la seguridad de los sistemas de información

1.1. Problema

La seguridad de los sistemas de información constituye un elemento universalmente necesario en la sociedad moderna. Los servicios de información electrónica exigen una infraestructura segura de telecomunicaciones, con equipos y programas informáticos seguros y una utilización y gestión seguras. Es preciso establecer una estrategia global que tenga en cuenta todos los aspectos de la seguridad de los sistemas de información y evite un planteamiento fragmentado. Toda estrategia referida a la seguridad de la información tratada por medios electrónicos debe reflejar el deseo de cualquier sociedad de actuar con eficacia y a un tiempo protegiéndose en un mundo de rápidos cambios.

1.2. Objetivos

Debe establecerse un marco orientado estratégicamente que ponga en sintonía los objetivos sociales, económicos y políticos con las opciones técnicas, operativas y jurídicas para la Comunidad en un contexto internacional. Es preciso que los protagonistas del sector, mediante la colaboración en el establecimiento de una percepción común y un marco estratégico convenido, encuentren el delicado equilibrio entre las diferentes preocupaciones, objetivos y restricciones. Este es un requisito previo para conciliar intereses y necesidades tanto en la adopción de medidas como en los desarrollos industriales.

1.3. Situación y tendencias

La situación se caracteriza por una creciente conciencia de la necesidad de actuar. No obstante, a falta de una iniciativa de concertación de esfuerzos, cualquier trabajo disperso en diversos sectores crearía probablemente una situación de hecho contradictoria que generaría más problemas jurídicos, sociales y económicos.

1.4. Requisitos, opciones y prioridades

El marco de cooperación tendrá que abordar y examinar el análisis y la gestión de los riesgos asociados con la vulnerabilidad de los servicios de información y afines, la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al empleo abusivo e incorrecto de los ordenadores y las telecomunicaciones, las infraestructuras administrativas, incluidas las políticas de seguridad y su efectiva aplicación por diversas industrias y disciplinas, y las preocupaciones sociales y de protección de la intimidad (por ejemplo, la aplicación de los sistemas de identificación, autentificación, no rechazo y, eventualmente, autorización en un entorno democrático).

Es preciso aportar una orientación clara para la creación de estructuras físicas y lógicas para unos servicios distribuidos de información seguros, normas, orientaciones y definiciones para unos productos y servicios de seguridad garantizados, modelos y prototipos que permitan comprobar la viabilidad de diversas organizaciones administrativas, así como arquitecturas y normas relacionadas con las necesidades de sectores concretos.

Debe concienciarse a los usuarios para fomentar en ellos la preocupación por la seguridad en materia de tecnologías de la información (TI).

2. Línea de actuación II: definición de las necesidades de los usuarios y de los prestadores de servicios en materia de seguridad de los sistemas de información

2.1. Problema

La seguridad de los sistemas de información es un requisito previo intrínseco para la integridad, la fiabilidad de las aplicaciones para empresas, la propiedad intelectual y la confidencialidad. Este hecho dificulta inevitablemente el equilibrio, y en ocasiones hay que hacer una opción entre el compromiso con el libre comercio y el compromiso con la garantía de la intimidad y la propiedad intelectual. Estas opciones y compromisos tienen que basarse en una apreciación completa de las necesidades y de las repercusiones de las distintas opciones para que la seguridad de los sistemas de información pueda darles respuesta.

Los usuarios necesitan funciones de seguridad en los sistemas de información interdependientes con los aspectos técnicos, de funcionamiento y reglamentarios. En consecuencia, una investigación sistemática de las necesidades en materia de seguridad de los sistemas de información constituye un requisito esencial para la elaboración de medidas apropiadas y eficaces.

2.2. Objetivos

Determinar la naturaleza y características de las necesidades de los usuarios y de los prestadores de servicios y su relación con las medidas de seguridad de los sistemas de información.

2.3. Situación y tendencias

Hasta el presente, no se ha emprendido ningún trabajo concertado que permita averiguar cuáles son las necesidades, en rápida evolución y cambio, de los principales interesados en el sector de la seguridad de los sistemas de información. Los Estados miembros de la Comunidad han señalado cuáles son las necesidades en cuanto a la armonización de las actividades nacionales (especialmente de los ” criterios de evaluación de la seguridad de la TI “). Reviste la mayor importancia contar con criterios y normas de evaluación uniformes para el reconocimiento mutuo de los certificados de evaluación.

2.4. Requisitos, opciones y prioridades

Como base para un tratamiento coherente y transparente de las necesidades justificadas de los protagonistas del sector, se considera necesario elaborar una clasificación de las necesidades de los usuarios y de su relación con las medidas de seguridad en los sistemas de información.

Se considera también importante determinar cuáles son las necesidades en cuanto a legislación, reglamentos, y códigos de prácticas a la luz de una valoración de las tendencias de las características y tecnología del servicio, con vistas a encontrar distintas estrategias que permitan cumplir los objetivos mediante disposiciones administrativas, de servicio, operativas y técnicas y a valorar la eficacia, facilidad de uso y costes de las opciones y estrategias alternativas en materia de seguridad de los sistemas de información para los usuarios, los prestadores de servicios y los operadores.

3. Línea de actuación III: soluciones para determinadas necesidades a corto y medio plazo de los usuarios, proveedores y prestadores de servicios

3.1. Problema

En la actualidad es posible proteger adecuadamente los ordenadores del acceso no autorizado desde el exterior mediante ” aislamiento “, es decir, aplicando medidas convencionales de tipo organizativo y físico. Lo mismo cabe decir de las comunicaciones electrónicas dentro de un grupo cerrado de usuarios que trabaje con una red dedicada. La situación es muy distinta si la información la comparten grupos de usuarios o se intercambia a través de una red pública o de acceso general. No se cuenta normalmente con la tecnología, las terminales y los servicios ni con las normas y procedimientos relacionados para ofrecer, en estos casos, una seguridad comparable de los sistemas de información.

3.2. Objetivos

El objetivo debe proporcionar, a corto plazo, soluciones que puedan responder a las necesidades más urgentes de los usuarios, prestadores de servicios y fabricantes. Esto incluye el uso de los criterios de evaluación de seguridad de las TI comunes y debería concebirse de manera abierta hacia futuras necesidades y soluciones.

3.3. Situación y tendencias

Algunos grupos de usuarios han creado técnicas y procedimientos para su uso específico que responden, en particular, a la necesidad de autentificación, integridad y no rechazo. En general, se utilizan tarjetas magnéticas o tarjetas ” inteligentes “. Otros utilizan técnicas criptográficas más o menos perfeccionadas, lo que a menudo implica la creación de ” autoridades ” específicas del grupo de usuarios. Sin embargo, resulta difícil generalizar estas técnicas y métodos para satisfacer las necesidades de un entorno abierto.

La ISO está trabajando sobre una seguridad de los sistemas de información OSI (ISO DIS 7498-2) y el CCITT en el contexto del X400. También es posible insertar segmentos de seguridad en los mensajes. La autenticación, la integridad y el no rechazo se tratan como parte de los mensajes (EDIFACT) y X400 MHS.

En este momento, el marco jurídico del ” Electronic Data Enterchange ” (EDI) se halla aún en fase de concepción. La Cámara de comercio internacional ha publicado unas orientaciones uniformes para el intercambio de datos comerciales a través de las redes de telecomunicación.

Varios países (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos) han elaborado o están elaborando criterios de evaluación de la credibilidad de los productos y sistemas de TI y los correspondientes procedimientos para realizar las evaluaciones. Estos criterios se han coordinado con los fabricantes nacionales y darán lugar a un número creciente de productos y sistemas fiables, partiendo de productos sencillos. El establecimiento de organizaciones nacionales que efectúen las evaluaciones y extiendan certificados vendrá a reforzar esta tendencia.

La mayor parte de los usuarios considera que la legislación sobre confidencialidad es de importancia menos inmediata. En el futuro, sin embargo, es probable que esta situación se modifique a medida que se generalicen los servicios avanzados de comunicación, y en particular los servicios móviles.

3.4. Requisitos, opciones y prioridades

Resulta esencial elaborar lo antes posible los procedimientos, normas, productos y herramientas necesarios para garantizar la seguridad tanto en los sistemas de información (ordenadores y periféricos) como en las redes públicas de comunicaciones. Debe concederse una elevada prioridad a la autentificación, integridad y no rechazo. Deben llevarse a cabo proyectos piloto para comprobar la validez de las soluciones propuestas. Las soluciones a las necesidades principales planteadas por el EDI se estudian en el programa TEDIS, dentro del marco más general de este plan.

4. Línea de actuación IV: desarrollo de las especificaciones, normalización, evaluación y certificación de la seguridad de los sistemas de información

4.1. Problema

Las necesidades de seguridad de los sistemas de información tienen carácter omnipresente y, en consecuencia, adquieren importancia crucial las especificaciones comunes y las normas. La ausencia de normas y especificaciones generalmente aceptadas para la seguridad del TI puede constituir un importante obstáculo para la difusión de los procesos y servicios basados en la información en toda la economía y la sociedad. Es preciso también tomar medidas que permitan acelerar la elaboración y aplicación de la tecnología y las normas en diversas áreas relacionadas con las redes informáticas y de comunicaciones que son de suma importancia para los usuarios, la industria y las administraciones.

4.2. Objetivos

Hay que esforzarse por proporcionar medios para apoyar y ejecutar funciones específicas y de seguridad en las áreas generales de OSI, ONP, RDSI/CBA y gestión de redes. Intrínsecamente relacionados con la normalización y la especificación se encuentran los planteamientos y técnicas necesarios para la verificación, incluida la certificación previa al reconocimiento mutuo. Es preciso fomentar soluciones aceptadas internacionalmente siempre que sea posible. También debería fomentarse el desarrollo y la utilización de sistemas informatizados con funciones de seguridad.

4.3. Situación y tendencias

Los Estados Unidos, en particular, han adoptado importantes iniciativas con respecto al tema de la seguridad de los sistemas de información. En Europa se trata en el contexto de la normalización de la TI y de las telecomunicaciones en el marco del ETSI y el CEN/CELENEC, en preparación de los trabajos del CCITT y la ISO.

Al aumentar el interés por el tema, se intensifica rápidamente el ritmo de los trabajos efectuados en este ámbito en los Estados Unidos, tanto por los vendedores como por los prestadores de servicios. En Europa, Francia, Alemania y el Reino Unido han emprendido actividades semejantes de forma individual, pero está aún lejos de alcanzarse un esfuerzo común comparable al de Estados Unidos.

4.4. Requisitos, opciones y prioridades

En el ámbito de la seguridad de los sistemas de información, la relación entre los aspectos reglamentarios, operativos, administrativos y técnicos es necesariamente muy estrecha. Es preciso que los reglamentos se vean reflejados en las normas y que las disposiciones sobre seguridad de los sistemas de información se atengan de manera verificable a las normas y reglamentos. En varios aspectos, los reglamentos exigen unas especificaciones que se salen del ámbito convencional de la normalización, es decir, que incluyen códigos de práctica. La necesidad de contar con normas y códigos de prácticas se extiende a todas las áreas de la seguridad de los sistemas de información, y es preciso establecer una distinción entre las necesidades de protección que corresponde a los objetivos de seguridad y algunos de los requisitos técnicos que pueden confiarse a los organismos de normalización europeos competentes (CEN/CENELEC/ETSI).

Las especificaciones y las normas deben abordar los temas de: servicios de seguridad de los sistemas de información (autentificación personal y de empresa, protocolos de no rechazo, pruebas electrónicas jurídicamente aceptables, control de la autorización), sus servicios de comunicación (intimidad de la comunicación de imágenes, intimidad en las comunicaciones móviles de voz y datos, protección de las bases de imágenes y datos, seguridad de los servicios integrados), su gestión de la seguridad y la comunicación (sistema de claves públicas/privadas para funcionamiento de redes abiertas, protección de la gestión de redes, protección de los prestadores de servicios) y su certificación (criterios y niveles de garantía, procedimientos de garantía de la seguridad para los sistemas de información seguros).

5. Línea de actuación V: innovaciones técnicas y de funcionamiento en materia de seguridad de los sistemas de información

5.1. Problema

Una investigación y un desarrollo técnico sistemáticos que permitan llegar a soluciones económicamente viables y satisfactorias en la práctica para diversas necesidades de seguridad de la información presentes y futuras constituyen un requisito previo para el desarrollo del mercado de servicios y para la competitividad de la economía europea en conjunto.

Cualquier innovación técnica de la seguridad de los sistemas de información tendrá que incluir tanto los aspectos de seguridad informática como de seguridad de las comunicaciones, ya que la mayor parte de los sistemas actuales son distribuidos y el acceso a tales sistemas se realiza a través de servicios de comunicación.

5.2. Objetivo

Efectuar una investigación y desarrollo tecnológico sistemáticos que permitan dar una solución económicamente viable y satisfactoria en la práctica a una amplia gama de necesidades, presentes y futuras, en cuanto a la seguridad de los sistemas de información.

5.3. Requisitos, opciones y prioridades

Los trabajos sobre seguridad de los sistemas de información deberán abordar las estrategias de desarrollo y aplicación, las correspondientes tecnologías y su integración y verificación.

El trabajo estratégico de investigación y desarrollo tecnológico deberá incluir modelos conceptuales de sistemas seguros (en cuanto a modificaciones no autorizadas y denegación de servicio), modelos de requisitos funcionales, modelos de riesgo y arquitecturas de seguridad.

La investigación y desarrollo tecnológico de orientación tecnólogica deberá incluir la autentificación de usuarios y mensajes (por ejemplo, mediante análisis de voz y firmas electrónicas), interfaces y protocolos técnicos de cifrado, mecanismos de control de acceso y métodos de implantación de sistemas, seguros y verificables.

La verificación y validación de la seguridad del sistema técnico y su aplicabilidad se investigarán mediante proyectos de integración y verificación.

Además de la consolidación y el desarrollo de la tecnología de la seguridad, se precisan diversas medidas complementarias relacionadas con la creación, mantenimiento y aplicación coherente de las normas y validación y certificación de los productos de TI y telecomunicaciones con respecto a sus propiedades de seguridad, incluida la validación de los métodos de diseño e implantación de sistemas.

Se utilizará el tercer programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico para fomentar la realización de proyectos de cooperación a niveles precompetitivo y prenormativo.

6. Línea de actuación VI: puesta en práctica de seguridad para los sistemas de información

6.1. Problema

Dependiendo de la naturaleza exacta de las características de seguridad del sistema de información, habrá que incorporar las funciones necesarias en distintas partes de los sistemas de información, desde terminales y ordenadores, servicios, gestión de redes hasta dispositivos de cifrado, tarjetas ” inteligentes “, claves públicas y privadas, etc. Algunas de ellas podrán ir incorporadas a los soportes lógicos y físicos suministrados por los vendedores, mientras que otras formarán parte de los sistemas distribuidos (por ejemplo, la gestión de la red), estarán en posesión de los usuarios individuales (por ejemplo, las tarjetas inteligentes) o serán suministradas por una organización especializada (por ejemplo, las claves públicas y privadas).

Cabe esperar que la mayor parte de los productos y servicios de seguridad de la información los suministren los vendedores, prestadores de servicios y operadores. Para determinadas funciones, por ejemplo, el suministro de claves públicas y privadas o la autorización de auditorías, puede resultar necesario designar organizaciones apropiadas y efectuar el correspondiente encargo.

Lo mismo cabe decir de la certificación, evaluación y verificación de la calidad del servicio, que son funciones que tendrán que atender organizaciones independientes de los intereses de vendedores, proveedores de servicios y operadores. Estas organizaciones podrían ser privadas o públicas, o contar con la autorización de los gobiernos para actuar por delegación suya.

6.2. Objetivos

Para facilitar un desarrollo armonioso de la aplicación de la seguridad de los sistemas de información en la Comunidad, con vistas a proteger los intereses de la población y las empresas, será necesario elaborar un planteamiento coherente de dicha aplicación. Cuando sea necesario formular encargos a organizaciones independientes, sus funciones y condiciones tendrán que ser definidas, aprobadas y, cuando proceda, incluidas en el marco reglamentario. El objetivo será llegar a un reparto de responsabilidades claramente definido y acordado entre los diferentes interesados a nivel comunitario como requisito previo para el reconocimiento mutuo.

6.3. Situación y tendencias

En la actualidad, la seguridad de los sistemas de información sólo está bien organizada para determinadas áreas y limitada a la satisfacción de necesidades específicas. La organización a nivel europeo rara vez es formal y el reconocimiento mutuo de la verificación y la certificación o existe aún fuera de ciertos grupos cerrados. Al adquirir mayor importancia la seguridad de los sistemas de información, se acentúa la necesidad de definir un planteamiento coherente de la oferta de seguridad de los sistemas de información en Europa e internacionalmente.

6.4. Requisitos, opciones y prioridades

Dado el número de partes interesadas y la estrecha relación con las cuestiones de tipo legal y reglamentario, reviste especial importancia ponerse de acuerdo de antemano sobre los principios que deben regir la oferta de seguridad de los sistemas de información.

En la elaboración de un planteamiento coherente de este tema será necesario abordar aspectos de identificación y especificación de funciones que exigen, por su propia naturaleza, la participación de algún organismo independiente (o la colaboración de más de uno). Entre estas funciones podrían figurar la administración de un sistema de claves públicas/privadas.

Además, es necesario determinar y especificar desde los primeros momentos qué funciones deben confiarse, en aras del interés público, a un organismo independiente (o más de uno en colaboración). Entre ellas podrían figurar, por ejemplo, la auditoría, la garantía de calidad, la verificación, la certificación y funciones análogas.

Decreto 1558/2001 sobre Protección de Datos Personales de 29 de noviembre de 2001(Boletín Oficial número 29797 del 3 de diciembre de 2001).

Apruébase la reglamentación de la Ley número 25.326. Principios generales relativos a la protección de datos. Derechos de los titulares de los datos. Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones.

Buenos Aires 29 de noviembre de 2001.

VISTO el expediente número 128.949/01 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley número 25.326, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 45 de la mencionada Ley establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá reglamentar la misma y establecer el órgano de control a que se refiere su artículo 29 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación.

Que el artículo 46 de la Ley citada establece que la reglamentación fijará el plazo dentro del cual los archivos de datos destinados a proporcionar informes existentes al momento de la sanción de dicha Ley deberán inscribirse en el Registro a que se refiere su artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el régimen establecido en dicha norma.

Que el artículo 31, inciso 2, de la Ley número 25.326 dispone que la reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de sanciones, en los términos que dicha norma establece.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º .Apruébase la reglamentación de la Ley número 25.326 de Protección de los Datos Personales, que como anexo I forma parte del presente.

Artículo 2º. Establécese en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo previsto en el artículo 46 de la Ley número 25.326.

Artículo 3º. Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir a las normas de exclusiva aplicación nacional de esta reglamentación.

Artículo 4º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DE LA RUA.

Chrystian G. Colombo.

Jorge E. De La Rúa.

ANEXO I. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY número 25.326

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- A los efectos de esta reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes, aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.

Artículo 2º.– Sin reglamentar.

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 3º.– Sin reglamentar.

Artículo 4º.- Para determinar la lealtad y buena fe en la obtención de los datos personales, así como el destino que a ellos se asigne, se deberá analizar el procedimiento efectuado para la recolección y, en particular, la información que se haya proporcionado al titular de los datos de acuerdo con el artículo 6º de la Ley número 25.326.

Cuando la obtención o recolección de los datos personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de información y el destino previsto por el responsable o usuario para los datos personales obtenidos.

El dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado debe ser suprimido por el responsable o usuario sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio sobre el cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:

a) legalidad de la recolección o toma de información personal;

b) legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre ellos;

c) legalidad en la cesión propiamente dicha;

d) legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos.

Artículo 5º.- El consentimiento informado es el que está precedido de una explicación, al titular de los datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que se refiere el artículo 6º de la Ley número 25.326.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES establecerá los requisitos para que el consentimiento pueda ser prestado por un medio distinto a la forma escrita, el cual deberá asegurar la autoría e integridad de la declaración.

El consentimiento dado para el tratamiento de datos personales puede ser revocado en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos retroactivos.

A los efectos del artículo 5º, inciso 2 e), de la Ley número 25.326 el concepto de entidad financiera comprende a las personas alcanzadas por la Ley número 21.526 y a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros, las exentidades financieras liquidadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y los sujetos que expresamente incluya la Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley.

No es necesario el consentimiento para la información que se describe en los incisos a), b), c) y d) del artículo 39 de la Ley número 21.526.

En ningún caso se afectará el secreto bancario, quedando prohibida la divulgación de datos relativos a operaciones pasivas que realicen las entidades financieras con sus clientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley número 21.526.

Artículo 6º.- Sin reglamentar.

Artículo 7º.- Sin reglamentar.

Artículo 8º.- Sin reglamentar.

Artículo 9º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES promoverá la cooperación entre sectores públicos y privados para la elaboración e implantación de medidas, prácticas y procedimientos que susciten la confianza en los sistemas de información, así como en sus modalidades de provisión y utilización.

Artículo 10º.- Sin reglamentar.

Artículo 11º.- Al consentimiento para la cesión de los datos le son aplicables las disposiciones previstas en el artículo 5º de la Ley número 25.326 y el artículo 5º de esta reglamentación.

En el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión al público en general, el requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de interés general que motivaron el acceso público irrestricto.

La cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de protección establecidos en la Ley número 25.326. No es necesario acto administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales la que comprende a un grupo colectivo de personas.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES fijará los estándares de seguridad aplicables a los mecanismos de disociación de datos.

El cesionario a que se refiere el artículo 11, inciso 4, de la Ley número 25.326, podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño.

Artículo 12º.- La prohibición de transferir datos personales hacia países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados, no rige cuando el titular de los datos hubiera consentido expresamente la cesión.

No es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos desde un registro público que esté legalmente constituido para facilitar información al público y que esté abierto a la consulta por el público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones legales y reglamentarias para la consulta.

Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las normas de un Estado u organismo internacional. Si llegara a la conclusión de que un Estado u organismo no protege adecuadamente a los datos personales, elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir tal declaración. El proyecto deberá ser refrendado por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país u organismo internacional se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de tratamiento o de los tratamientos previstos, el lugar de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así como las normas profesionales, códigos de conducta y las medidas de seguridad en vigor en dichos lugares, o que resulten aplicables a los organismos internacionales o supranacionales.

Se entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que prevean la protección de datos personales.

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS

Artículo 13º.- Sin reglamentar.

Artículo 14º.- La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley número 25.326, no requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta requerida.

Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinados a la difusión al público en general, las condiciones para el ejercicio del derecho de acceso podrán ser propuestas por el organismo y aprobadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar que los procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en modo alguno las garantías propias de ese derecho.

El derecho de acceso permitirá:

a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro, base o banco de datos;

b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo;

c) solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se obtuvieron sus datos;

d) solicitar las finalidades para las que se recabaron;

e) conocer el destino previsto para los datos personales;

f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley número 25.326.

Vencido el plazo para contestar fijado en el artículo 14, inciso 2 de la Ley número 25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los datos personales y denunciar el hecho ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a los fines del control pertinente de este organismo.

En el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por documento fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal del interesado.

Artículo 15º.- El responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado, debiendo para ello valerse de cualquiera de los medios autorizados en el artículo 15, inciso 3, de la Ley número 25.326, a opción del titular de los datos, o las preferencias que el interesado hubiere expresamente manifestado al interponer el derecho de acceso.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES elaborará un formulario modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados.

Podrán ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los siguientes:

a) visualización en pantalla;

b) informe escrito entregado en el domicilio del requerido;

c) informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente;

d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la información;

e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración e implantación material del archivo, registro, base o banco de datos, ofrecido por el responsable o usuario del mismo.

Artículo 16º.- En las disposiciones de los artículos 16º a 22º y 38º a 43º de la Ley número 25.326 en que se menciona a algunos de los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad, se entiende que tales normas se refieren a todos ellos.

En el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de información suministrada por entidades financieras, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el artículo 5º, inciso 2, de la Ley número 25.326, los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES o a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, según el caso, que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos. Toda modificación debe ser comunicada a través de los mismos medios empleados para la divulgación de la información.

Los responsables o usuarios de archivos o bases de datos públicos de acceso público irrestricto pueden cumplir la notificación a que se refiere el artículo 16, inciso 4, de la Ley número 25.326 mediante la modificación de los datos realizada a través de los mismos medios empleados para su divulgación.

Artículo 17º.– Sin reglamentar.

Artículo 18º.– Sin reglamentar.

Artículo 19º.– Sin reglamentar.

Artículo 20º.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO IV. USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS

Artículo 21º.- El registro e inscripción de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se habilitará una vez publicada esta reglamentación en el Boletín Oficial.

Deben inscribirse los archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y los privados a que se refiere el artículo 1º de esta reglamentación.

A los fines de la inscripción de los archivos, registros, bases y bancos de datos con fines de publicidad, los responsables deben proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 27º, cuarto párrafo, de esta reglamentación.

Artículo 22º.- Sin reglamentar.

Artículo 23º.- Sin reglamentar.

Artículo 24º.- Sin reglamentar.

Artículo 25º.- Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán contener los niveles de seguridad previstos en la Ley número 25.326, esta reglamentación y las normas complementarias que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, como así también las obligaciones que surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la información obtenida.

La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un contrato que vincule al encargado del tratamiento con el responsable o usuario del tratamiento y que disponga, en particular:

a) que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento;

b) que las obligaciones del artículo 9º de la Ley número 25.326 incumben también al encargado del tratamiento.

Artículo 26º.- A los efectos del artículo 26º, inciso 2, de la Ley número 25.326, se consideran datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de créditos en general y toda otra obligación de contenido patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y la calificación a fin de precisar, de manera indubitable, el contenido de la información emitida.

En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26º, inciso 3, de la Ley número 25.326 en tanto el responsable de la base de datos le comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los últimos SEIS (6) meses.

Para apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26º, inciso 4, de la Ley número 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación.

A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26º, inciso 5, de la Ley número 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá restringir el acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de información sobre personas físicas, exigiendo el ingreso del número de documento nacional de identidad o código único de identificación tributaria o laboral del titular de los datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación contractual o comercial previa.

Artículo 27º.- Podrán recopilarse, tratarse y cederse datos con fines de publicidad sin consentimiento de su titular, cuando estén destinados a la formación de perfiles determinados, que categoricen preferencias y comportamientos similares de las personas, siempre que los titulares de los datos sólo se identifiquen por su pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos individuales estrictamente necesarios para formular la oferta a los destinatarios.

Las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros, junto con la Autoridad de Aplicación, implementarán, dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la publicación de esta reglamentación, un sistema de retiro o bloqueo a favor del titular del dato que quiera ser excluido de las bases de datos con fines de publicidad. El retiro podrá ser total o parcial, bloqueando exclusivamente, a requerimiento del titular, el uso de alguno o algunos de los medios de comunicación en particular, como el correo, el teléfono, el correo electrónico u otros.

En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información.

A los fines de garantizar el derecho de información del artículo 13º de la Ley número 25.326, se inscribirán únicamente las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros. Al inscribirse, las cámaras, asociaciones y colegios profesionales deberán acompañar una nómina de sus asociados indicando nombre, apellido y domicilio.

Los responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos con fines de publicidad que no se encuentren adheridos a ningún Código de Conducta, cumplirán el deber de información inscribiéndose en el Registro a que se refiere el artículo 21º de la Ley número 25.326.

Los datos vinculados a la salud sólo podrán ser tratados, a fin de realizar ofertas de bienes y servicios, cuando hubieran sido obtenidos de acuerdo con la Ley número 25.326 y siempre que no causen discriminación, en el contexto de una relación entre el consumidor o usuario y los proveedores de servicios o tratamientos médicos y entidades sin fines de lucro. Estos datos no podrán transferirse a terceros sin el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos. A dicho fin, este último debe recibir una noticia clara del carácter sensible de los datos que proporciona y de que no está obligado a suministrarlos, junto con la información de los artículos 6º y 11º, inciso 1, de la Ley número 25.326 y la mención de su derecho a solicitar el retiro de la base de datos.

Artículo 28º.- Los archivos, registros, bases o bancos de datos mencionados en el artículo 28º de la Ley número 25.326 son responsables y pasibles de las multas previstas en el artículo 31º de la ley citada cuando infrinjan sus disposiciones.

CAPÍTULO V. CONTROL

Artículo 29º.

1. Créase la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en el ámbito de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la Ley número 25.326.

El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus funciones con plena independencia y no estará sujeto a instrucciones.

2. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se integrará con un Director Nacional, Nivel “A” con Función Ejecutiva I, designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el plazo de CUATRO (4) años, debiendo ser seleccionado entre personas con antecedentes en la materia, a cuyo fin facúltase al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o a quien lo sustituya en sus funciones, a efectuar la designación correspondiente, como excepción a lo dispuesto por el ANEXO I del Decreto número 993/91 y sus modificatorios.

La Dirección contará con el personal jerárquico y administrativo que designe el Ministro de Justicia y Derechos Humanos aprovechando los recursos humanos existentes en la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. El personal estará obligado a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal de los que tome conocimiento en el desarrollo de sus funciones.

En el plazo de TREINTA (30) días hábiles posteriores a la asunción de su cargo, el Director Nacional presentará un proyecto de estructura organizativa y reglamentación interna, para su aprobación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y publicación en el Boletín Oficial.

3. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se financiará a través de:

a) lo que recaude en concepto de tasas por los servicios que preste;

b) el producido de las multas previstas en el artículo 31º de la Ley número 25.326;

c) las asignaciones presupuestarias que se incluyan en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional a partir del año 2002.

Transitoriamente, desde la entrada en vigencia de la presente reglamentación y hasta el 31 de diciembre de 2001, el costo de la estructura será afrontado con el crédito presupuestario correspondiente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el año 2001, sin perjuicio de lo dispuesto en los subincisos a) y b) del párrafo anterior.

4. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES contará con un Consejo Consultivo, que se desempeñará “ad honorem”, encargado de asesorar al Director Nacional en los asuntos de importancia, integrado por:

a) un representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;

b) un magistrado del MINISTERIO PUBLICO FISCAL con especialidad en la materia;

c) un representante de los archivos privados destinados a dar información designado por la Cámara que agrupe a las entidades nacionales de información crediticia;

d) un representante de la FEDERACION DE ENTIDADES EMPRESARIAS DE INFORMACIONES COMERCIALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA;

e) un representante del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA;

f) un representante de las empresas dedicadas al objeto previsto en el artículo 27º de la Ley número 25.326, designado por las Cámaras respectivas de común acuerdo, unificando en una persona la representación;

g) un representante del CONSEJO FEDERAL DEL CONSUMO;

h) un representante del IRAM, Instituto Argentino de Normalización, con especialización en el campo de la seguridad informática;

i) un representante de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION;

j) un representante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Invítase a las entidades mencionadas en el presente inciso a que designen los representantes que integrarán el Consejo Consultivo.

5. Son funciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, además de las que surgen de la Ley número 25.326:

a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados;

b) atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley número 25.326;

c) percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que preste;

d) organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y privados previsto en el artículo 21º de la Ley número 25.326;

e) diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación;

f) homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido por el artículo 30º de la Ley número 25.326, previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.

Artículo 30º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES alentará la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada sector, a la correcta aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por la Ley número 25.326 y esta reglamentación.

Las asociaciones de profesionales y las demás organizaciones representantes de otras categorías de responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados, que hayan elaborado proyectos de códigos éticos, o que tengan la intención de modificar o prorrogar códigos nacionales existentes, podrán someterlos a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.

CAPÍTULO VI. SANCIONES

Artículo 31º.

1. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31º de la Ley número 25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.

La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. Se considerará reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley número 25.326 o sus reglamentaciones incurriera en otra de similar naturaleza dentro del término de TRES (3) años, a contar desde la aplicación de la sanción.

2. El producido de las multas a que se refiere el artículo 31º de la Ley número 25.326 se aplicará al financiamiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones: a) La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infrACCIÓNes a las disposiciones de la Ley número 25.326 y sus normas reglamentarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.

b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.

En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.

Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería.

La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resultaren desvirtuados por otras pruebas.

c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.

Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.

Artículo 32º.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO VII. ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Artículos 33º a 46º.- Sin reglamentar.

Portaria Interministerial MC/MCT n.° 147 de 31 de maio de 1995 . Cria o Comitê Gestor Internet do Brasil (CGIbr).

Ministério das Comunicações
Gabinete do Ministro

O Ministro de Estado das Comunicações e o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 87º, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e com o objetivo de assegurar qualidade e eficiência dos serviços ofertados, justa e livre competição entre provedores, e manutenção de padrões de conduta de usuários e provedores, e considerando a necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, resolvem:

Artigo 1º. Criar o Comitê Gestor Internet do Brasil, que terá como atribuições:

I. acompanhar a disponibilização de serviços Internet no país;

II. estabelecer recomendações relativas a: estratégia de implantação e interconexão de redes, análise e seleção de opções tecnológicas, e papéis funcionais de empresas, instituições de educação, pesquisa e desenvolvimento (IEPD);

III. emitir parecer sobre a aplicabilidade de tarifa especial de telecomunicações nos circuitos por linha dedicada, solicitados por IEPDs qualificados;

IV. recomendar padrões, procedimentos técnicos e operacionais e código de ética de uso, para todos os serviços Internet no Brasil;

V. coordenar a atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e o registro de nomes de domínios;

VI. recomendar procedimentos operacionais de gerência de redes;

VII. coletar, organizar e disseminar informações sobre o serviço Internet no Brasil; e

VIII. deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas.

Artigo 2º. O Comitê Gestor será composto pelos seguintes membros, indicados conjuntamente pelo Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia:

I. um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o coordenará;

II. um representante do Ministério das Comunicações;

III. um representante do Sistema Telebrás;

IV. um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq;

V. um representante da Rede Nacional de Pesquisa;

VI. um representante da comunidade acadêmica;

VII. um representante de provedores de serviços;

VIII. um representante da comunidade empresarial; e

IX. um representante da comunidade de usuários do serviço Internet.

Artigo 3º. O mandato dos membros do Comitê Gestor será de dois anos, a partir da data de nomeação.

Parágrafo único: A nomeação dos membros do Comitê Gestor será mediante portaria conjunta do Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sérgio Motta

José Israel Vargas

Decreto 68/2004 de 23 de abril de 2004, que promulga la Ordenanza 1275/2004

VISTO:

La Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Porteña, realizada el día 22 de abril de 2004, según consta en el Acta Nro. 07 del Libro de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante,

Y CONSIDERANDO:

Que en la misma fue sancionada con fuerza de Ordenanza el Proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES

DECRETA:

Artículo 1º. Promulguese la Ordenanza Nro. 1275/2004

Artículo 2º. Comuniquese, publiquese, dese al Registro Municipal y archivese.

Porteña (Cba), 23 de abril de 2004

Arrêté du 22 janvier 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'affiliation rétroactive à la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, des anciens militaires de l'armée de l'air ayant quitté le service sans droits à pension ou solde de réforme.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 89-509 du 18 juillet 1989 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par le commissariat de l'air ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2006 portant le numéro 1186694,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'air, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ” AFFIL ” mis en oeuvre par le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air et dont la finalité est l'affiliation rétroactive à la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, des anciens militaires de l'armée de l'air ayant quitté le service sans droits à pension ou solde de réforme.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) ;

– au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

– à la situation militaire (services [dates de prise d'effet, d'interruption, de radiation, durée du service légal], numéro matricule, numéro d'identification dans l'armée d'appartenance, position militaire à la date de radiation des contrôles [grade, échelle, échelon], services accomplis [pays, dates, durées]) ;

– à la situation économique et financière (indice majoré de solde, montant annuel brut de la dernière solde soumise à retenue pour pension).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à cinq ans à partir de l'ouverture des droits.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

– la caisse régionale d'assurance maladie ;

– le service des pensions des armées ;

– le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air ;

– le centre ” pensions ” du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ;

– la division ” finances ” du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef du centre ” pensions ” du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air, base aérienne 705, 37081 Tours Cedex 2.

Article 6. Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef d'état-major du commandement du soutien des forces aériennes, D. Guignot

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, enacts as follows:

Part 1.- Introductory Provisions

Definitions

1.- In this Act:

“commissioner” means the commissioner appointed under section 37 (1) or 39 (1) of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

“contact information” means information to enable an individual at a place of business to be contacted and includes the name, position name or title, business telephone number, business address, business email or business fax number of the individual;

“credit report” has the same meaning as “report” in section 1 of the Credit Reporting Act;

“credit reporting agency” has the same meaning as “reporting agency” in section 1 of the Credit Reporting Act;

“day” does not include a holiday or a Saturday;

“document” includes

(a) a thing on or by which information is stored, and

(b) a document in electronic or similar form;

“domestic” means related to home or family;

“employee” includes a volunteer;

“employee personal information” means personal information about an individual that is collected, used or disclosed solely for the purposes reasonably required to establish, manage or terminate an employment relationship between the organization and that individual, but does not include personal information that is not about an individual's employment;

“employment” includes working under an unpaid volunteer work relationship;

“federal Act” means the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada);

“investigation” means an investigation related to

(a) a breach of an agreement,

(b) a contravention of an enactment of Canada or a province,

(c) a circumstance or conduct that may result in a remedy or relief being available under an enactment, under the common law or in equity,

(d) the prevention of fraud, or

(e) trading in a security as defined in section 1 of the Securities Act if the investigation is conducted by or on behalf of an organization recognized by the British Columbia Securities Commission to be appropriate for carrying out investigations of trading in securities,

if it is reasonable to believe that the breach, contravention, circumstance, conduct, fraud or improper trading practice in question may occur or may have occurred;

“organization” includes a person, an unincorporated association, a trade union, a trust or a not for profit organization, but does not include

(a) an individual acting in a personal or domestic capacity or acting as an employee,

(b) a public body,

(c) the Provincial Court, the Supreme Court or the Court of Appeal,

(d) the Nisga'a Government, as defined in the Nisga'a Final Agreement, or

(e) a private trust for the benefit of one or more designated individuals who are friends or members of the family of the settlor;

“personal information” means information about an identifiable individual and includes employee personal information but does not include

(a) contact information, or

(b) work product information;

“proceeding” means a civil, a criminal or an administrative proceeding that is related to the allegation of

(a) a breach of an agreement,

(b) a contravention of an enactment of Canada or a province, or

(c) a wrong or a breach of a duty for which a remedy is claimed under an enactment, under the common law or in equity;

“public body” means

(a) a ministry of the government of British Columbia,

(b) an agency, board, commission, corporation, office or other body designated in, or added by regulation to, Schedule 2 of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, or

(c) a local public body as defined in the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

“work product information” means information prepared or collected by an individual or group of individuals as a part of the individual's or group's responsibilities or activities related to the individual's or group's employment or business but does not include personal information about an individual who did not prepare or collect the personal information.

Purpose

2 The purpose of this Act is to govern the collection, use and disclosure of personal information by organizations in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

Application

3 (1) Subject to this section, this Act applies to every organization.

(2) This Act does not apply to the following:

(a) the collection, use or disclosure of personal information, if the collection, use or disclosure is for the personal or domestic purposes of the individual who is collecting, using or disclosing the personal information and for no other purpose;

(b) the collection, use or disclosure of personal information, if the collection, use or disclosure is for journalistic, artistic or literary purposes and for no other purpose;

(c) the collection, use or disclosure of personal information, if the federal Act applies to the collection, use or disclosure of the personal information;

(d) personal information if the Freedom of Information and Protection of Privacy Act applies to the personal information;

(e) personal information in

(i) a court document,

(ii) a document of a judge of the Court of Appeal, Supreme Court or Provincial Court, or a document relating to support services provided to a judge of those courts,

(iii) a document of a master of the Supreme Court,

(iv) a document of a justice of the peace, or

(v) a judicial administration record as defined in Schedule 1 of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(f) personal information in a note, communication or draft decision of the decision maker in an administrative proceeding;

(g) the collection, use or disclosure by a member or officer of the Legislature or Legislative Assembly of personal information that relates to the exercise of the functions of that member or officer;

(h) a document related to a prosecution if all proceedings related to the prosecution have not been completed;

(i) the collection of personal information that has been collected on or before this Act comes into force.

(3) Nothing in this Act affects solicitor-client privilege.

(4) This Act does not limit the information available by law to a party to a proceeding.

(5) If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of another enactment, the provision of this Act prevails unless another Act expressly provides that the other enactment, or a provision of it, applies despite this Act.

Part 2.- General Rules Respecting Protection of Personal Information by Organizations

Compliance with Act

4 (1) In meeting its responsibilities under this Act, an organization must consider what a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

(2) An organization is responsible for personal information under its control, including personal information that is not in the custody of the organization.

(3) An organization must designate one or more individuals to be responsible for ensuring that the organization complies with this Act.

(4) An individual designated under subsection (3) may delegate to another individual the duty conferred by that designation.

(5) An organization must make available to the public

(a) the position name or title of each individual designated under subsection (3) or delegated under subsection (4), and

(b) contact information for each individual referred to in paragraph (a).

Policies and practices

5 An organization must

(a) develop and follow policies and practices that are necessary for the organization to meet the obligations of the organization under this Act,

(b) develop a process to respond to complaints that may arise respecting the application of this Act, and

(c) make information available on request about

(i) the policies and practices referred to in paragraph (a), and

(ii) the complaint process referred to in paragraph (b).

Part 3.-  Consent

Consent required

6 (1) An organization must not

(a) collect personal information about an individual,

(b) use personal information about an individual, or

(c) disclose personal information about an individual.

(2) Subsection (1) does not apply if

(a) the individual gives consent to the collection, use or disclosure,

(b) this Act authorized the collection, use or disclosure is authorized without the consent of the individual, or

(c) this Act deems the collection, use or disclosure to be consented to by the individual.

Provision of consent

7 (1) An individual has not given consent under this Act to an organization unless

(a) the organization has provided the individual with the information required under section 10 (1), and

(b) the individual's consent is provided in accordance with this Act.

(2) An organization must not, as a condition of supplying a product or service, require an individual to consent to the collection, use or disclosure of personal information beyond what is necessary to provide the product or service.

(3) If an organization attempts to obtain consent for collecting, using or disclosing personal information by

(a) providing false or misleading information respecting the collection, use or disclosure of the information, or

(b) using deceptive or misleading practices

any consent provided in those circumstances is not validly given.

Implicit consent

8 (1) An individual is deemed to consent to the collection, use or disclosure of personal information by an organization for a purpose if

(a) at the time the consent is deemed to be given, the purpose would be considered to be obvious to a reasonable person, and

(b) the individual voluntarily provides the personal information to the organization for that purpose.

(2) An individual is deemed to consent to the collection, use or disclosure of personal information for the purpose of his or her enrollment and coverage under an insurance, pension, benefit or similar plan if he or she is a beneficiary or has an interest as an insured under the plan.

(3) An organization may collect, use or disclose personal information about an individual for specified purposes if

(a) the organization provides the individual with a notice, in a form the individual can reasonably be considered to understand, that it intends to collect, use or disclose the individual's personal information for those purposes,

(b) the organization gives the individual a reasonable opportunity to decline within a reasonable time to have his or her personal information collected, used or disclosed for those purposes,

(c) the individual does not decline, within the time allowed under paragraph (b), the proposed collection, use or disclosure, and

(d) the collection, use or disclosure of personal information is reasonable having regard to the sensitivity of the personal information in the circumstances.

(4) Subsection (1) does not authorize an organization to collect, use or disclose personal information for a different purpose than the purpose to which that subsection applies.

Withdrawal of consent

9 (1) Subject to subsections (5) and (6), on giving reasonable notice to the organization, an individual may withdraw consent to the collection, use or disclosure of personal information about the individual at any time.

(2) On receipt of notice referred to in subsection (1), an organization must inform the individual of the likely consequences to the individual of withdrawing his or her consent.

(3) An organization must not prohibit an individual from withdrawing his or her consent to the collection, use or disclosure of personal information related to the individual.

(4) Subject to section 35, if an individual withdraws consent to the collection, use or disclosure of personal information by an organization, the organization must stop collecting, using or disclosing the personal information unless the collection, use or disclosure is permitted without consent under this Act.

(5) An individual may not withdraw consent if withdrawing the consent would frustrate the performance of a legal obligation.

(6) An individual may not withdraw a consent given to a credit reporting agency in the circumstances described in section 12 (1) (g) or 15 (1) (g).

Part 4.-  Collection of Personal Information

Required notification for collection of personal information

10 (1) On or before collecting personal information about an individual from the individual, an organization must disclose to the individual verbally or in writing

(a) the purposes for the collection of the information, and

(b) on request by the individual, the position name or title and the contact information for an officer or employee of the organization who is able to answer the individual's questions about the collection.

(2) On or before collecting personal information about an individual from another organization without the consent of the individual, an organization must provide the other organization with sufficient information regarding the purpose of the collection to allow that other organization to determine whether the disclosure would be in accordance with this Act.

(3) This section does not apply to a collection described in section 8 (1) or (2).

Limitations on collection of personal information

11 Subject to this Act, an organization may collect personal information only for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances and that

(a) fulfill the purposes that the organization discloses under section 10 (1), or

(b) are otherwise permitted under this Act.

Collection of personal information without consent

12 (1) An organization may collect personal information about an individual without consent or from a source other than the individual, if

(a) the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way,

(b) the collection is necessary for the medical treatment of the individual and the individual is unable to give consent,

(c) it is reasonable to expect that the collection with the consent of the individual would compromise the availability or the accuracy of the personal information and the collection is reasonable for an investigation or a proceeding,

(d) the personal information is collected by observation at a performance, a sports meet or a similar event

(i) at which the individual voluntarily appears, and

(ii) that is open to the public,

(e) the personal information is available to the public from a source prescribed for the purposes of this paragraph,

(f) the collection is necessary to determine the individual's suitability

(i) to receive an honour, award or similar benefit, including an honorary degree, scholarship or bursary, or

(ii) to be selected for an athletic or artistic purpose,

(g) the organization is a credit reporting agency that collects the personal information to create a credit report and the individual consents at the time the original collection takes place to the disclosure for this purpose,

(h) the collection is required or authorized by law,

(i) the information was disclosed to the organization under sections 18 to 22, or

(j) the personal information is necessary to facilitate

(i) the collection of a debt owed to the organization, or

(ii) the payment of a debt owed by the organization.

(2) An organization may collect personal information from or on behalf of another organization without consent of the individual to whom the information relates, if

(a) the individual previously consented to the collection of the personal information by the other organization, and

(b) the personal information is disclosed to or collected by the organization solely

(i) for the purposes for which the information was previously collected, and

(ii) to assist that organization to carry out work on behalf of the other organization.

Collection of employee personal information

13 (1) Subject to subsection (2), an organization may collect employee personal information without the consent of the individual.

(2) An organization may not collect employee personal information without the consent of the individual unless

(a) section 12 allows the collection of the employee personal information without consent, or

(b) the collection is reasonable for the purposes of establishing, managing or terminating an employment relationship between the organization and the individual.

(3) An organization must notify an individual that it will be collecting employee personal information about the individual and the purposes for the collection before the organization collects the employee personal information without the consent of the individual.

(4) Subsection (3) does not apply to employee personal information if section 12 allows it to be collected without the consent of the individual.

Part 5.-  Use of Personal

Information Limitations on use of personal information

14 Subject to this Act, an organization may use personal information only for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances and that

(a) fulfill the purposes that the organization discloses under section 10 (1),

(b) for information collected before this Act comes into force, fulfill the purposes for which it was collected, or

(c) are otherwise permitted under this Act.

Use of personal information without consent

15 (1) An organization may use personal information about an individual without the consent of the individual, if

(a) the use is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way,

(b) the use is necessary for the medical treatment of the individual and the individual does not have the legal capacity to give consent,

(c) it is reasonable to expect that the use with the consent of the individual would compromise an investigation or proceeding and the use is reasonable for purposes related to an investigation or a proceeding,

(d) the personal information is collected by observation at a performance, a sports meet or a similar event

(i) at which the individual voluntarily appears, and

(ii) that is open to the public,

(e) the personal information is available to the public from a source prescribed for the purposes of this paragraph,

(f) the use is necessary to determine suitability

(i) to receive an honour, award or similar benefit, including an honorary degree, scholarship or bursary, or

(ii) to be selected for an athletic or artistic purpose,

(g) the personal information is used by a credit reporting agency to create a credit report if the individual consented to the disclosure for this purpose,

(h) the use is required or authorized by law,

(i) the personal information was disclosed to the organization under sections 18 to 22,

(j) the personal information is needed to facilitate

(i) the collection of a debt owed to the organization, or

(ii) the payment of a debt owed by the organization,

(k) a credit reporting agency is permitted to collect the personal information without consent under section 12 and the information is not used by the credit reporting agency for any purpose other than to create a credit report, or

(l) the use is necessary to respond to an emergency that threatens the life, health or security of an individual.

(2) An organization may use personal information collected from or on behalf of another organization without the consent of the individual to whom the information relates, if

(a) the individual consented to the use of the personal information by the other organization, and

(b) the personal information is used by the organization solely

(i) for the purposes for which the information was previously collected, and

(ii) to assist that organization to carry out work on behalf of the other organization.

Use of employee personal information

16 (1) Subject to subsection (2), an organization may use employee personal information without the consent of the individual.

(2) An organization may not use employee personal information without the consent of the individual unless

(a) section 15 allows the use of the employee personal information without consent, or

(b) the use is reasonable for the purposes of establishing, managing or terminating an employment relationship between the organization and the individual.

(3) An organization must notify an individual that it will be using employee personal information about the individual and the purposes for the use before the organization uses the employee personal information without the consent of the individual.

(4) Subsection (3) does not apply to employee personal information if section 15 allows it to be used without the consent of the individual.

Part 6.-  Disclosure of Personal Information

Limitations on disclosure of personal information

17 Subject to this Act, an organization may disclose personal information only for purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the circumstances and that

(a) fulfill the purposes that the organization discloses under section 10 (1),

(b) for information collected before this Act comes into force, fulfill the purposes for which it was collected, or

(c) are otherwise permitted under this Act.

Disclosure of personal information without consent

18 (1) An organization may only disclose personal information about an individual without the consent of the individual, if

(a) the disclosure is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way,

(b) the disclosure is necessary for the medical treatment of the individual and the individual does not have the legal capacity to give consent,

(c) it is reasonable to expect that the disclosure with the consent of the individual would compromise an investigation or proceeding and the disclosure is reasonable for purposes related to an investigation or a proceeding,

(d) the personal information is collected by observation at a performance, a sports meet or a similar event

(i) at which the individual voluntarily appears, and

(ii) that is open to the public,

(e) the personal information is available to the public from a source prescribed for the purposes of this paragraph,

(f) the disclosure is necessary to determine suitability

(i) to receive an honour, award or similar benefit, including an honorary degree, scholarship or bursary, or

(ii) to be selected for an athletic or artistic purpose,

(g) the disclosure is necessary in order to collect a debt owed to the organization or for the organization to repay an individual money owed to them by the organization,

(h) the personal information is disclosed in accordance with a provision of a treaty that

(i) authorizes or requires its disclosure, and

(ii) is made under an enactment of British Columbia or Canada,

(i) the disclosure is for the purpose of complying with a subpoena, warrant or order issued or made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of personal information,

(j) the disclosure is to a public body or a law enforcement agency in Canada, concerning an offence under the laws of Canada or a province, to assist in an investigation, or in the making of a decision to undertake an investigation,

(i) to determine whether the offence has taken place, or

(ii) to prepare for the laying of a charge or the prosecution of the offence,

(k) there are reasonable grounds to believe that compelling circumstances exist that affect the health or safety of any individual and if notice of disclosure is mailed to the last known address of the individual to whom the personal information relates,

(l) the disclosure is for the purpose of contacting next of kin or a friend of an injured, ill or deceased individual,

(m) the disclosure is to a lawyer who is representing the organization,

(n) the disclosure is to an archival institution if the collection of the personal information is reasonable for research or archival purposes,

(o) the disclosure is required or authorized by law, or

(p) the disclosure is in accordance with sections 19 to 22.

(2) An organization may disclose personal information to another organization without consent of the individual to whom the information relates, if

(a) the individual consented to the collection of the personal information by the organization, and

(b) the personal information is disclosed to the other organization solely

(i) for the purposes for which the information was previously collected, and

(ii) to assist the other organization to carry out work on behalf of the first organization.

(3) An organization may disclose personal information to another organization without consent of the individual to whom the information relates, if the organization was authorized by section 12 (2) to collect the personal information from or on behalf of the other organization.

Disclosure of employee personal information

19 (1) Subject to subsection (2), an organization may disclose employee personal information without the consent of the individual.

(2) An organization may not disclose employee personal information without the consent of the individual unless

(a) section 18 allows the disclosure of the employee personal information without consent, or

(b) the disclosure is reasonable for the purposes of establishing, managing or terminating an employment relationship between the organization and the individual.

(3) An organization must notify an individual that it will be disclosing employee personal information about the individual and the purposes for the disclosure before the organization discloses employee personal information about the individual without the consent of the individual.

(4) Subsection (3) does not apply to employee personal information if section 18 allows it to be disclosed without the consent of the individual.

Transfer of personal information in the sale of an organization or its business assets

20 (1) In this section:

“business transaction” means the purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other type of acquisition, disposal or financing of an organization or a portion of an organization or of any of the business or assets of an organization;

“party” means a person or another organization that proceeds with the business transaction.

(2) An organization may disclose personal information about its employees, customers, directors, officers or shareholders without their consent, to a prospective party, if

(a) the personal information is necessary for the prospective party to determine whether to proceed with the business transaction, and

(b) the organization and prospective party have entered into an agreement that requires the prospective party to use or disclose the personal information solely for purposes related to the prospective business transaction.

(3) If an organization proceeds with a business transaction, the organization may disclose, without consent, personal information of employees, customers, directors, officers and shareholders of the organization to a party on condition that

(a) the party must only use or disclose the personal information for the same purposes for which it was collected, used or disclosed by the organization,

(b) the disclosure is only of personal information that relates directly to the part of the organization or its business assets that is covered by the business transaction, and

(c) the employees, customers, directors, officers and shareholders whose personal information is disclosed are notified that

(i) the business transaction has taken place, and

(ii) the personal information about them has been disclosed to the party.

(4) A prospective party may collect and use personal information without the consent of the employees, customers, directors, officers and shareholders of the organization in the circumstances described in subsection (2) if the prospective party complies with the conditions applicable to that prospective party under that subsection.

(5) A party may collect, use and disclose personal information without the consent of the employees, customers, directors, officers and shareholders of the organization in the circumstances described in subsection (3) if the party complies with the conditions applicable to that party under that subsection.

(6) If a business transaction does not proceed or is not completed, a prospective party must destroy or return to the organization any personal information the prospective party collected under subsection (2) about the employees, customers, directors, officers and shareholders of the organization.

(7) This section does not authorize an organization to disclose personal information to a party or prospective party for purposes of a business transaction that does not involve substantial assets of the organization other than this personal information.

(8) A party or prospective party is not authorized by this section to collect, use or disclose personal information that an organization disclosed to it in contravention of subsection (7).

Disclosure for research or statistical purposes

21 (1) An organization may disclose, without the consent of the individual, personal information for a research purpose, including statistical research, only if

(a) the research purpose cannot be accomplished unless the personal information is provided in an individually identifiable form,

(b) the disclosure is on condition that it will not be used to contact persons to ask them to participate in the research,

(c) linkage of the personal information to other information is not harmful to the individuals identified by the personal information and the benefits to be derived from the linkage are clearly in the public interest,

(d) the organization to which the personal information is to be disclosed has signed an agreement to comply with the following:

(i) this Act;

(ii) the policies and procedures relating to the confidentiality of personal information of the organization that collected the personal information;

(iii) security and confidentiality conditions;

(iv) a requirement to remove or destroy individual identifiers at the earliest reasonable opportunity;

(v) prohibition of any subsequent use or disclosure of that personal information in individually identifiable form without the express authorization of the organization that disclosed the personal information, and

(e) it is impracticable for the organization to seek the consent of the individual for the disclosure.

(2) Subsection (1) does not authorize an organization to disclose personal information for market research purposes.

Disclosure for archival or historical purposes

22 An organization may disclose personal information for archival or historical purposes if

(a) a reasonable person would not consider the personal information to be too sensitive to the individual to be disclosed at the proposed time,

(b) the disclosure is for historical research and is in accordance with section 21,

(c) the information is about someone who has been dead for 20 or more years, or

(d) the information is in a record that has been in existence for 100 or more years.

Part 7.-  Access to and Correction of Personal Information

Access to personal information

23 (1) Subject to subsections (2) to (5), on request of an individual, an organization must provide the individual with the following:

(a) the individual's personal information under the control of the organization;

(b) information about the ways in which the personal information referred to in paragraph (a) has been and is being used by the organization;

(c) the names of the individuals and organizations to whom the personal information referred to in paragraph (a) has been disclosed by the organization.

(2) An organization that

(a) is a credit reporting agency, and

(b) receives a request under subsection (1)

must also provide the individual with the names of the sources from which it received the personal information unless it is reasonable to assume the individual can ascertain those sources.

(3) An organization is not required to disclose personal information under subsection (1) in the following circumstances:

(a) the personal information is protected by solicitor-client privilege;

(b) the disclosure of the personal information would reveal confidential commercial information that if disclosed, could, in the opinion of a reasonable person, harm the competitive position of the organization;

(c) the personal information was collected without consent, as allowed under section 12, for the purposes of an investigation and the investigation and associated proceedings and appeals have not been completed;

(d) the organization is a credit reporting agency and the personal information was last disclosed by the agency in a credit report more than 12 months before the request under subsection (1) was made;

(e) the personal information was collected or created by a mediator or arbitrator in the conduct of a mediation or arbitration for which he or she was appointed to act

(i) under a collective agreement,

(ii) under an enactment, or

(iii) by a court.

(4) An organization must not disclose personal information under subsection (1) in the following circumstances:

(a) the disclosure could reasonably be expected to threaten the safety or physical or mental health of an individual other than the individual who made the request;

(b) the disclosure can reasonably be expected to cause immediate or grave harm to the safety or to the physical or mental health of the individual who made the request;

(c) the disclosure would reveal personal information about another individual;

(d) the disclosure would reveal the identity of an individual who has provided personal information about another individual and the individual providing the personal information does not consent to disclosure of his or her identity.

(5) If an organization is able to remove the information referred to in subsection (3) (a), (b) or (c) or (4) from a document that contains personal information about the individual who requested it, the organization must provide the individual with access to the personal information after the information referred to in subsection (3) (a), (b) or (c) or (4) is removed.

Right to request correction of personal information

24 (1) An individual may request an organization to correct an error or omission in the personal information that is

(a) about the individual, and

(b) under the control of the organization.

(2) If an organization is satisfied on reasonable grounds that a request made under subsection (1) should be implemented, the organization must

(a) correct the personal information as soon as reasonably possible, and

(b) send the corrected personal information to each organization to which the personal information was disclosed by the organization during the year before the date the correction was made.

(3) If no correction is made under subsection (2), the organization must annotate the personal information under its control with the correction that was requested but not made.

(4) When an organization is notified under subsection (2) of a correction of personal information, the organization must correct the personal information under its control.

Part 8.-  Administration

Definition

25 In this Part, “applicant” means an individual who makes a request under section 27.

Circumstances in which request may be made

26 An individual may make a request of an organization as permitted under sections 23 or 24.

How to make a request

27 For an individual to obtain access to his or her personal information or to request a correction of his or her personal information, the individual must make a written request that provides sufficient detail to enable the organization, with a reasonable effort, to identify the individual and the personal information or correction being sought.

Duty to assist individual

28 An organization must make a reasonable effort

(a) to assist each applicant,

(b) to respond to each applicant as accurately and completely as reasonably possible, and

(c) unless section 23 (3) or (4) applies, to provide each applicant with

(i) the requested personal information, or

(ii) if the requested personal information cannot be reasonably provided, with a reasonable opportunity to examine the personal information.

Time limit for response

29 (1) Subject to this section, an organization must respond to an applicant not later than

(a) 30 days after receiving the applicant's request, or

(b) the end of an extended time period if the time period is extended under section 31.

(2) If an organization asks the commissioner under section 37 for authorization to disregard a request, the 30 days referred to in subsection (1) of this section does not include the period from the start of the day the request is made under section 37 to the end of the day a decision is made by the commissioner with respect to that application.

(3) If an applicant asks the commissioner under section 46 to review a fee estimate, the 30 days referred to in subsection (1) of this section does not include the period from the start of the day the applicant asks for the review to the end of the day the commissioner makes a decision.

Content of response

30 (1) In a response under section 28, if access to all or part of the personal information requested by the applicant is refused, the organization must tell the applicant,

(a) the reasons for the refusal and the provision of this Act on which the refusal is based,

(b) the name, position title, business address and business telephone number of an officer or employee of the organization who can answer the applicant's questions about the refusal, and

(c) that the applicant may ask for a review under section 47 within 30 days of being notified of the refusal.

(2) Despite subsection (1) (c), the organization may refuse in a response to confirm or deny the existence of personal information collected as part of an investigation.

Extending the time limit for response

31 (1) An organization may extend the time for responding to a request under section 23 for up to an additional 30 days or, with the commissioner's permission, for a longer period if

(a) the applicant does not give enough detail to enable the organization to identify the personal information requested,

(b) a large amount of personal information is requested or must be searched and meeting the time limit would unreasonably interfere with the operations of the organization, or

(c) more time is needed to consult with another organization or public body before the organization is able to decide whether or not to give the applicant access to a requested document.

(2) If the time is extended under subsection (1), the organization must tell the applicant

(a) the reason for the extension,

(b) the time when a response from the organization can be expected, and

(c) the rights of the applicant to complain about the extension and request that an order be made under section 52 (3) (b).

Fees

32 (1) An organization must not charge an individual a fee respecting employee personal information concerning the individual.

(2) An organization may charge an individual who makes a request under section 23 a minimal fee for access to the individual's personal information that is not employee personal information concerning the individual.

(3) If an individual is required by an organization to pay a fee for services provided to the individual to enable the organization to respond to a request under section 23, the organization

(a) must give the applicant a written estimate of the fee before providing the service, and

(b) may require the applicant to pay a deposit for all or part of the fee.

Part 9 .- Care of Personal Information 

Accuracy of personal information

33 An organization must make a reasonable effort to ensure that personal information collected by or on behalf of the organization is accurate and complete, if the personal information

(a) is likely to be used by the organization to make a decision that affects the individual to whom the personal information relates, or

(b) is likely to be disclosed by the organization to another organization.

Protection of personal information

34 An organization must protect personal information in its custody or under its control by making reasonable security arrangements to prevent unauthorized access, collection, use, disclosure, copying, modification or disposal or similar risks.

Retention of personal information

35 (1) Despite subsection (2), if an organization uses an individual's personal information to make a decision that directly affects the individual, the organization must retain that information for at least one year after using it so that the individual has a reasonable opportunity to obtain access to it.

(2) An organization must destroy its documents containing personal information, or remove the means by which the personal information can be associated with particular individuals, as soon as it is reasonable to assume that

(a) the purpose for which that personal information was collected is no longer being served by retention of the personal information, and

(b) retention is no longer necessary for legal or business purposes.

Part 10.- Role of Commissioner 

General powers of commissioner

36 (1) In addition to the commissioner's powers and duties under Part 11 with respect to reviews, the commissioner is responsible for monitoring how this Act is administered to ensure that its purposes are achieved, and may do any of the following:

(a) whether a complaint is received or not, initiate investigations and audits to ensure compliance with any provision of this Act, if the commissioner is satisfied there are reasonable grounds to believe that an organization is not complying with this Act;

(b) make an order described in section 52 (3), whether or not a review is requested;

(c) inform the public about this Act;

(d) receive comments from the public about the administration of this Act;

(e) engage in or commission research into anything affecting the achievement of the purposes of this Act;

(f) comment on the implications for protection of personal information of programs proposed by organizations;

(g) comment on the implications of automated systems for the protection of personal information;

(h) comment on the implications for protection of personal information of the use or disclosure of personal information held by organizations for document linkage;

(i) authorize the collection of personal information by an organization from sources other than the individual to whom the personal information relates;

(j) bring to the attention of an organization any failure of the organization to meet the obligations established by this Act.

(2) Without limiting subsection (1), the commissioner may investigate and attempt to resolve complaints that

(a) a duty imposed by this Act or the regulations has not been performed,

(b) an extension of time for responding to a request is not in accordance with section 29,

(c) a fee required by an organization under this Act is not reasonable,

(d) a correction of personal information requested under section 24 has been refused without justification, and

(e) personal information has been collected, used or disclosed by an organization in contravention of this Act.

Power to authorize organization to disregard requests

37 If asked by an organization, the commissioner may authorize the organization to disregard requests under section 23 or 24 that

(a) would unreasonably interfere with the operations of the organization because of the repetitious or systematic nature of the requests, or

(b) are frivolous or vexatious.

Powers of commissioner in conducting investigations, audits or inquiries

38 (1) In conducting an investigation or an audit under section 36 or an inquiry under section 50 the commissioner has the power, privileges and protection of a commissioner under sections 12, 15 and 16 of the Inquiry Act.

(2) The commissioner may

(a) examine any information in a document, including personal information, and obtain copies or extracts of documents containing information

(i) found in any premises entered under paragraph (c), or

(ii) provided under this Act,

(b) require an individual or an organization to produce documents, and

(c) at any reasonable time, enter any premises, other than a personal residence, occupied by an organization, after satisfying any reasonable security requirements of the organization relating to the premises.

(3) If information to which solicitor-client privilege applies is disclosed by a person to the commissioner at the request of the commissioner, or obtained by or disclosed to the commissioner under subsection (1) or (2) (a) or (b), the solicitor-client privilege is not affected by the way in which the commissioner has received the information.

(4) The commissioner may require an individual to attempt to resolve the individual's dispute with an organization in the way directed by the commissioner before the commissioner begins or continues a review or investigation under this Act of an applicant's complaint against the organization.

(5) Despite any other enactment or any privilege afforded by the law of evidence, an organization must provide to the commissioner any document, or a copy of any document, required under subsection (1) or (2) (a) or (b)

(a) if the commissioner does not specify a period for the purpose, within 10 days of the date of the commissioner's request for the document, or

(b) if the commissioner specifies a period, within the period specified.

(6) If an organization is required to produce a document under subsection (1) or (2) (a) or (b) and it is not practicable to make a copy of the document, the organization must provide access for the commissioner to examine the document at its site.

(7) Subject to subsection (8), after completing a review, investigating a complaint, or conducting an audit, the commissioner must return a document, or a copy of a document, produced by the individual or organization.

(8) On request from an individual or an organization, the commissioner must return a document, or a copy of a document, produced by the individual or organization within 10 days of the date on which the commissioner receives the request.

Evidence in proceedings

39 (1) The commissioner and anyone acting for or under the direction of the commissioner must not give or be compelled to give evidence in a court or in any other proceedings in respect of any information obtained in performing their duties or exercising their powers or functions under this Act, except

(a) in a prosecution for perjury in respect of sworn testimony,

(b) in a prosecution for an offence under this Act, or

(c) in an application for judicial review or an appeal from a decision with respect to that application.

(2) Subsection (1) applies also in respect of evidence of the existence of proceedings conducted before the commissioner.

Protection against libel or slander actions

40 Anything said, any information supplied or any record produced by a person during an investigation or inquiry by the commissioner is privileged in the same manner as if the investigation or inquiry were a proceeding in a court.

Restrictions on disclosure of information by commissioner and staff

41 (1) The commissioner and anyone acting for or under the direction of the commissioner must not disclose any information obtained in performing their duties or exercising their powers and functions under this Act, except as provided in subsections (2) to (5).

(2) The commissioner may disclose, or may authorize anyone acting on behalf of or under the direction of the commissioner to disclose, information that is necessary to

(a) conduct an investigation, audit or inquiry under this Act, or

(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in a report under this Act.

(3) In conducting an investigation, audit or inquiry under this Act and in a report under this Act, the commissioner and anyone acting for or under the direction of the commissioner must take every reasonable precaution to avoid disclosing and must not disclose

(a) any personal information an organization would be required or authorized to refuse to disclose if it were contained in personal information requested under section 27, or

(b) whether information exists, if an organization in refusing to provide access does not indicate whether the information exists.

(4) The commissioner may disclose to the Attorney General information relating to the commission of an offence against an enactment of British Columbia or Canada if the commissioner considers there is evidence of an offence.

(5) The commissioner may disclose, or may authorize anyone acting for or under the direction of the commissioner to disclose, information in the course of a prosecution, application or appeal referred to in section 39.

Protection of commissioner and staff      

42 No proceedings lie against the commissioner, or against a person acting on behalf of or under the direction of the commissioner, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of a duty, power or function under this Part or Part 11.

Delegation by commissioner

43 (1) The commissioner may delegate to any person any duty, power or function of the commissioner under this Act, except the power to delegate under this section.

(2) A delegation under subsection (1) must be in writing and may contain any conditions or restrictions the commissioner considers appropriate.

Annual report of commissioner

44 (1) The commissioner must report annually to the Speaker of the Legislative Assembly on the work of the commissioner's office under this Act.

(2) The Speaker must lay the annual report before the Legislative Assembly as soon as possible.

Part 11.- Reviews and Orders

Definitions

45 In this Part:

“complaint” means a complaint referred to in section 36 (2);

“inquiry” means an inquiry under section 50;

“request” means a request made in writing to the commissioner under section 46 to

(a) resolve a complaint, or

(b) conduct a review;

“review” means a review of a decision, act or failure to act of an organization

(a) respecting access to or the correction of personal information about the individual who requests the review, and

(b) referred to in the request for the review.

Asking for a review

46 (1) An individual who has asked an organization for access to or the correction of their personal information may ask the commissioner to conduct a review of the resulting decision, act or failure to act of the organization.

(2) An individual may make a complaint to the commissioner.

(3) If the commissioner is satisfied that section 38 (4) applies to an individual who has made a request, the commissioner may defer beginning or adjourn the review to allow an attempt to be made under that section to resolve the dispute.

How to ask for a review or make a complaint

47 (1) An individual may ask for a review or make a complaint by delivering a request to the commissioner.

(2) A request must be delivered within

(a) 30 days of the date on which the person making the request is notified of the circumstances on which the request is based, or

(b) a longer period allowed by the commissioner.

(3) The time limit in subsection (2) (a) does not apply to a request respecting

(a) a failure by an organization to respond within a required time period established by this Act, or

(b) a complaint.

Notifying others of review

48 (1) On receiving a request for a review, the commissioner must give a copy of the request to

(a) the organization concerned, and

(b) any other person that the commissioner considers appropriate.

(2) The commissioner may act under subsection (1) on receiving a request respecting a complaint.

Mediation my be authorized

49 The commissioner may authorize a mediator to investigate and to try to settle the matter on which a request is based.

Inquiry by commissioner

50 (1) If a matter is not referred to a mediator or is not settled under section 49, the commissioner may conduct an inquiry and decide all questions of fact and law arising in the course of the inquiry.

(2) An inquiry may be conducted in private.

(3) The individual who makes a request, the organization concerned and any person given a copy of the request must be given an opportunity to make representations to the commissioner during the inquiry.

(4) The commissioner may decide

(a) whether representations are to be made verbally or in writing, and

(b) whether a person is entitled to be present during, to have access to or to comment on representations made to the commissioner by another person.

(5) The individual who makes a request, the organization concerned and any person given a copy of the request may be represented at the inquiry by counsel or by an agent.

(6) If the matter on which a complaint is based is referred under section 49 to a mediator and is not settled by the mediation, the inquiry respecting the complaint must be completed within 30 days of the day on which the mediation ends.

(7) If a complaint is not referred under section 49 to a mediator and the commissioner decides to hold an inquiry respecting the review, the inquiry must be completed within 30 days of the day on which the request is delivered under section 47 (1).

(8) An inquiry respecting a review must be completed within 90 days of the day on which the request is delivered under section 47 (1), unless the commissioner

(a) specifies a later date, and

(b) notifies

(i) the individual who made the request,

(ii) the organization concerned, and

(iii) any person given a copy of the request

of the date specified under paragraph (a).

(9) The period of an adjournment under section 46 (3) must not be included for the purpose of calculating a deadline under subsection (7) or (8) of this section.

Burden of proof

51 At an inquiry into a decision to refuse an individual

(a) access to all or part of the individual's personal information, or

(b) information respecting the collection, use or disclosure of the individual's personal information,

it is up to the organization to prove to the satisfaction of the commissioner that the individual has no right of access to his or her personal information or no right to the information requested respecting the collection, use or disclosure of the individual's personal information.

Commissioner´s  orders

52 (1) On completing an inquiry under section 50, the commissioner must dispose of the issues by making an order under this section.

(2) If the inquiry is into a decision of an organization to give or to refuse to give access to all or part of an individual's personal information, the commissioner must, by order, do one of the following:

(a) require the organization

(i) to give the individual access to all or part of his or her personal information under the control of the organization,

(ii) to disclose to the individual the ways in which the personal information has been used, or

(iii) to disclose to the individual names of the individuals and organizations to whom the personal information has been disclosed by the organization,

if the commissioner determines that the organization is not authorized or required to refuse access by the individual to the personal information;

(b) either confirm the decision of the organization or require the organization to reconsider its decision, if the commissioner determines that the organization is authorized to refuse the individual access to his or her personal information;

(c) require the organization to refuse the individual access to all or part of his or her personal information, if the commissioner determines that the organization is required to refuse that access.

(3) If the inquiry is into a matter not described in subsection (2), the commissioner may, by order, do one or more of the following:

(a) confirm that a duty imposed by this Act or the regulations has been performed or require that a duty imposed by this Act or the regulations be performed;

(b) confirm or reduce the extension of a time limit under section 31;

(c) confirm, excuse or reduce a fee, or order a refund, in the appropriate circumstances;

(d) confirm a decision not to correct personal information or specify how personal information is to be corrected;

(e) require an organization to stop collecting, using or disclosing personal information in contravention of this Act, or confirm a decision of an organization to collect, use or disclose personal information;

(f) require an organization to destroy personal information collected in contravention of this Act.

(4) The commissioner may specify any terms or conditions in an order made under this section.

(5) The commissioner must give a copy of an order made under this section to all of the following:

(a) the individual who made the request;

(b) the organization concerned;

(c) any person given notice under section 48;

(d) the minister responsible for this Act.

Duty to comply with orders

53 (1) Not later than 30 days after being given a copy of an order of the commissioner, the organization concerned must comply with the order unless an application for judicial review of the order is brought before that period ends.

(2) If an application for judicial review is brought before the end of the period referred to in subsection (1), the order of the commissioner is stayed from the date the application is brought until a court orders otherwise.

Part 12.- General Provisions

Protection

54 An organization must not dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee of the organization, or deny that employee a benefit, because

(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has disclosed to the commissioner that the organization or any other person has contravened or is about to contravene this Act,

(b) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has done or stated an intention of doing anything that is required to be done in order to avoid having any person contravene this Act,

(c) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has refused to do or stated an intention of refusing to do anything that is in contravention of this Act, or

(d) the organization believes that an employee will do anything described in paragraph (a), (b) or (c).

Non-retaliation

55 A person who has reasonable grounds to believe that an organization has contravened or is about to contravene a provision of this Act or the regulations and who, in good faith, notifies the commissioner of the particulars of the matter, whether or not the person makes a complaint under section 46 (2), may request that the commissioner keep the person's identity confidential with respect to the notification.

Offences and penalties

56 (1) Subject to subsection (2), an organization or person commits an offence if the organization or person

(a) uses deception or coercion to collect personal information in contravention of this Act,

(b) disposes of personal information with an intent to evade a request for access to the personal information,

(c) obstructs the commissioner or an authorized delegate of the commissioner in the performance of his or her duties or powers under this Act,

(d) knowingly makes a false statement to the commissioner, or knowingly misleads or attempts to mislead the commissioner, in the course of the commissioner's performance of his or her duties or powers under this Act,

(e) contravenes section 54, or

(f) fails to comply with an order made by the commissioner under this Act.

(2) An organization or person that commits an offence under subsection (1) is liable,

(a) if an individual, to a fine of not more than $10 000, and

(b) if a person other than an individual, to a fine of not more than $100 000.

(3) A person or organization is not liable to prosecution for an offence against this or any other Act because the person or organization complies with a requirement of the commissioner under this Act.

(4) Section 5 of the Offence Act does not apply to this Act or the regulations.

Damages for breach of Act

57 (1) If the commissioner has made an order under this Act against an organization and the order has become final as a result of there being no further right of appeal, an individual affected by the order has a cause of action against the organization for damages for actual harm that the individual has suffered as a result of the breach by the organization of obligations under this Act or the regulations.

(2) If an organization has been convicted of an offence under this Act and the conviction has become final as a result of there being no further right of appeal, a person affected by the conduct that gave rise to the offence has a cause of action against the organization convicted of the offence for damages for actual harm that the person has suffered as a result of the conduct.

Power to make regulations

58 (1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations referred to in section 41 of the Interpretation Act.

(2) Without limiting subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may make regulations as follows:

(a) prescribing procedures to be followed in making and responding to requests under this Act;

(b) authorizing the disclosure of personal information relating to the mental or physical health of individuals to medical or other experts to determine, for the purposes of section 23, if disclosure of that information could reasonably be expected to result in grave and immediate harm to the safety of or the mental or physical health of those individuals;

(c) prescribing procedures to be followed or restrictions considered necessary with respect to the disclosure and examination of information referred to in paragraph (b);

(d) prescribing special procedures for giving individuals access to personal information about their mental or physical health;

(e) prescribing the classes of individuals who may act for minors, incompetents, deceased persons or any other individuals under this Act and regulating the manner in which, and the extent to which, any rights or powers of individuals under this Act may be exercised on their behalf;

(f) respecting fees, including circumstances in which fees

(i) are not payable, or

(ii) must not be above a prescribed amount or percentage;

(g) prescribing sources of personal information for the purposes of section 12 (1) (e), 15 (1) (e) or 18 (1) (e);

(h) for any other purpose contemplated by this Act.

(3) A regulation under subsection (2) (b) may

(a) specify categories of experts to whom personal information relating to the mental or physical health of individuals may be disclosed to assess whether its disclosure to other persons could reasonably be expected to result in grave and immediate harm to the safety of or the mental or physical health of those individuals;

(b) impose on members of category of experts obligations respecting the use and disclosure of personal information obtained to make an assessment described in paragraph (a);

(c) provide differently for different categories of experts.

(4) A regulation made under subsection (1) or (2) may provide differently for different organizations, individuals, classes of organizations or classes of individuals.

Review of Act

59 (1) Within 3 years after January 1, 2004, a special committee of the Legislative Assembly must begin a comprehensive review of this Act and must submit a report respecting this Act to the Legislative Assembly within one year after the date of the appointment of the special committee.

(2) At least once every 6 years, a special committee of the Legislative Assembly must act as described in subsection (1).

(3) A report submitted under subsection (1) or (2) may include any recommended amendments to this Act or any other Act.

(4) For the purposes of subsection (2), the first 6 year period begins on the submission of the report under subsection (1) to the Legislative Assembly.

Commencement

60 This Act comes into force on January 1, 2004. 

VISTO las Leyes Nros. 19.928 y 22.049; los Decretos Nros. 62 del 5 de enero de 1990, 1620 del 23 de diciembre de 1996, 554 del 18 de junio de 1997 y 1279 del 25 de noviembre de 1997; y el Expediente nº 12/98, del registro de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley nº 19.928 aprobó el “Acuerdo” con la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITES (INTELSAT).

Que por Ley nº 22.049 se aprobó el “Convenio Constitutivo” y el “Acuerdo de Explotación” de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARITIMAS POR SATÉLITE (INMARSAT).

Que INTELSAT e INMARSAT son organizaciones internacionales, siendo cada uno de los países firmantes de los acuerdos y convenios mencionados Parte de las mismas, ejerciendo una persona pública o privada la representación ante ellas en carácter de Signatario, teniendo la responsabilidad económica, operativa y funcional, como también la de realizar los aportes de capital e inversión que los Signatarios deben efectuar para poder participar de los diversos órganos de gobierno.

Que el Estado Nacional realizó dichos aportes a través de la ex EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONTES (ENTel) mientras ésta mantuvo su función de Signatario.

Que en virtud de lo dispuesto por el Punto 7.8.2. del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto nº 62/90 y modificatorios y del Punto 7.1.3. del Contrato de Transferencia aprobado por Decreto nº 2332 del 8 de noviembre de 1990, los aportes efectuados por la ex EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTel) no fueron transferidos a la Sociedad Prestadora de Servicios Internacionales (S.P.S.I.).

Que, asimismo, el Punto 9.7. del citado Pliego de Bases y Condiciones dispone que “Desde la fecha de la toma de posesión, la SPSI abonará a la Secretaría de Comunicaciones, o directamente por cuenta de ésta si así correspondiere, los nuevos aportes de capital o por cualquier concepto que haya que realizar en INTELSAT e INMARSAT”.

Que en oportunidad de expedirse sobre la propiedad de los aportes realizados antes de la Toma de Posesión por la ex EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTel), la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN dictaminó que los mismos, de conformidad con el marco regulatorio vigente, eran propiedad del Estado Nacional y que la registración en los estados contables debía ser realizada por quien asumiera el carácter de Signatario ante INTELSAT e INMARSAT.

Que a raíz de la solicitud de desdoblamiento de la cuenta de aporte del Signatario efectuado por la empresa TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (TELINTAR), la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN a través del Dictamen nº 020 del 23 de febrero de 1998 se pronunció en el sentido que “…no corresponde reconocer a TELINTAR S.A. la propiedad de los derechos derivados de los aportes de capital efectuados por ella con posterioridad a la fecha de la Toma de Posesión, ya que los mismos son propiedad del Estado Nacional”.

Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto nº 1620/96, la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, es quien ejerce la representación del Estado Nacional ante los organismos y entidades internacionales de telecomunicaciones, junto con las atribuciones de Signatario y Parte ante INTELSAT e INMARSAT.

Que tras el análisis efectuado por los órganos técnicos y de contralor del Gobierno Nacional se desprende claramente que la titularidad de todos los fondos acreditados en las cuentas de las mencionadas organizaciones internacionales corresponde al Estado Nacional, ejerciendo la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACION el carácter de Signatario ante el organismo, representación ésta ejercida con anterioridad por la ex COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.DECRETO nº 1018/1998.

Que, asimismo, los montos originalmente depositados en concepto de capital e inversión generan ingresos que son depositados en la cuenta a nombre del Estado Argentino, correspondiéndole, en consecuencia, también la titularidad sobre los mismos.

Que a los fines del presente decreto, serán utilizados únicamente los saldos acreditados y disponibles en la cuenta a nombre del Signatario Argentino tanto en INTELSAT como en INMARSAT.

Que los fondos arriba señalados se encuentran registrados en la cuenta de capital en el Balance de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que resulta oportuno que la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES asuma la función de administradora de los fondos destinados al financiamiento de un programa especial que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de las comunicaciones telemáticas en nuestro país, mediante la difusión y promoción de INTERNET a través de emprendimientos comunitarios con aplicaciones interactivas y multimediales.

Que, asimismo, resulta beneficioso para este proyecto que la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en forma conjunta sean las instituciones encargadas del diseño e implementación del programa que se crea mediante el presente decreto.

Que la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN es el órgano adecuado para coordinar institucionalmente la colaboración entre el Gobierno Nacional y la mencionada Organización Internacional, así como también las acciones que se deriven de la ejecución de los proyectos diseñados mediante esta colaboración.

Que ello es así en tanto la citada Secretaría representa a la República Argentina ante la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), y por cuanto posee una amplia y reconocida experiencia de colaboración institucional con esta Organización Internacional, mediante programas de asistencia técnica en plena fase de exitosa ejecución.

Que, por tales motivos, es conveniente delegar en la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN la negociación y concreción de un convenio con la mencionada Organización Internacional tendiente al diseño, ejecución y administración de proyectos concretos destinados a la ejecución del programa que por intermedio del presente se constituye.

Que los CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) constituyen un proyecto concreto y cuya iniciativa piloto se encuentra en plena fase de ejecución por parte de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y que representan un modelo cierto y realista para materializar buena parte de los objetivos trazados en este decreto, contribuyendo de este modo a la difusión de INTERNET y de las tecnologías interactivas y multimediáticas entre regiones de baja densidad demográfica o sectores carenciados.

Que los CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS deben ser promovidos por el Estado Nacional bajo criterios de financiamiento autónomo que faciliten el desarrollo de los objetivos del presente decreto y permitan el máximo grado de participación de las instituciones y personas interesadas.

Que el Programa proyectado es consecuente con lo dispuesto en el Decreto nº 554/97, mediante el cual se declara como de “Interés Nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la red mundial INTERNET, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia”, y que tal declaración ha sido lógica consecuencia de los objetivos enunciados en los considerandos del mencionado instrumento, en los cuales puede leerse “Que, en definitiva, el Gobierno Nacional entiende que posee la obligación de promover un servicio universal, especialmente a aquéllos con recursos limitados, que asegure que las escuelas, bibliotecas, centros de atención médica, y áreas rurales, entre otros, se beneficien con INTERNET y que la nueva revolución que representa, constituya uno de los grandes cambios de comienzos del nuevo siglo, con la colaboración del sector privado para asegurar que la red esté constituida de la mejor y más eficiente manera”.

Que en la misma línea se ha inscripto el Decreto nº 1279/97, mediante el que se declara que “… el servicio de INTERNET se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social”.

Que la República Argentina es uno de los miembros candidatos a los “Centros de Excelencia de Telecomunicaciones” que la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) impulsa en todo el mundo a los efectos de generar “fondos semilla” para el desarrollo de recursos humanos y tecnológicos necesarios para la expansión de las telecomunicaciones en el futuro.

Que asimismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 11.672 (t.o. 1997) es facultad del PODER EJECUTIVO NACIONAL destinar excedentes financieros a Rentas Generales, disponiéndose en esta circunstancia una asignación específica para el programa de asistencia a pobladores radicados en zonas inundadas del litoral.

Que la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de origen ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1º de la CONSTITUCION NACIONAL,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º – Créase el Programa para el desarrollo de las comunicaciones telemáticas “[email protected]” en el ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Artículo 2º – El programa creado por el artículo precedente tendrá los siguientes objetivos:

a. Promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en todo el país, procurando el acceso universal a la misma en condiciones de equidad geográfica y social.

b. Estimular el desarrollo de redes nacionales y regionales sobre la base de la infraestructura de telecomunicaciones cuya implementación se propicia.

c. Promover el acceso universal a INTERNET y a la tecnología de la información.

d. Promover en el ámbito nacional la constitución de CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) como medios para el cumplimiento de los objetivos del presente decreto.

Artículo 3º – Créase una unidad de Coordinación en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACION responsable de planificar, dirigir y evaluar la ejecución del programa creado por el presente decreto, facultándose a la mencionada dependencia a designar al coordinador del mencionado proyecto. (Artículo modificado por artículo 7º del Decreto 252/2000 con el siguiente texto: “La SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOVACION PRODUCTIVA de la PRESIDENCIA DE LA NACION será responsable de definir , coordinar y supervisar la ejecución del programa creado por el presente decreto”.)

La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES asistirá como Servicio Administrativo Financiero de apoyo en la implementación del mismo.

Artículo 4º – Facúltase a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a celebrar un convenio de cooperación con la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), destinado al estudio, diseño, ejecución y administración de los proyectos específicos relacionados con el Programa “[email protected]“.

Artículo 5º – Autorízase a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES a transferir los fondos a la UNION INTERNACIONAL de TELECOMUNICACIONES para el financiamiento del programa creado por el presente decreto.

Artículo 6º – Fíjase un aporte al Tesoro Nacional de PESOS DOCE MILLONES ($ 12.000.000), de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 11.672 (t.o. 1997), el que será ingresado al mismo en el plazo que determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Artículo 7º – Como consecuencia de lo dispuesto en los artículos precedentes, modificase el PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el ejercicio 1998 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas, que forman parte del presente artículo.

Artículo 8º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MENEM.

Jorge A. Rodriguez.

Roque B. Fernández.

VISTO los Decretos nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios, nº 78 del 20 de enero de 2000 y sus modificatorios, y el Decreto nº 2085 del 7 de diciembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por el referido Decreto nº 357/02, entre otros aspectos, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, y los objetivos de las unidades organizativas determinadas en dicho organigrama.

Que por el Decreto nº 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Que mediante el Decreto citado en último término en el Visto se asignó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación las competencias referidas a la administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) a los efectos de optimizar el funcionamiento de dicho Dominio, en consonancia con la relevancia y trascendencia de sus objetivos.

Que a raíz de ello, en esta instancia resulta necesario, a los fines de agilizar el óptimo cumplimiento de los nuevos cometidos asignados, crear con dependencia directa de la Subsecretaría Técnica de la citada Secretaría, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet

Que resulta necesaria la cobertura del cargo que por el presente se crea, a los efectos de su inmediata puesta en funciones y la continuidad de sus servicios.

Que por el artículo 7º de la Ley nº 26.546, prorrogada en los términos del Decreto nº 2053/10 y complementada por el Decreto nº 2054/10, se establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la citada Ley nº 26.546 se dispuso que las facultades otorgadas por dicha ley al Jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de responsable político de la administración general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Que mediante el Decreto nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que la persona propuesta reúne los requisitos de idoneidad y experiencia necesarios para cubrir el referido cargo de Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.

Que la cobertura del cargo en cuestión no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, de los artículos 7º y 10 de la Ley nº 26.546, prorrogada en los términos del Decreto nº 2053/10 y complementada por el Decreto nº 2054/10, y de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º.-

Créase en el ámbito de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet, de conformidad con la responsabilidad primaria y acciones que obran en planilla anexa al presente artículo.

Artículo 2º.-

Incorpórase al Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el cargo de Director Nacional de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet con Función Ejecutiva Nivel I del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto nº 2098/08.

Artículo 3º.-

Desígnase Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación al Dr. D. Gustavo Guillermo Justich (D.N.I. nº 18.255.153), Nivel A – Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto nº 2098/08, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del referido decreto, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 14 del referido convenio y a lo establecido por el artículo 7º de la Ley nº 26.546, prorrogada en los términos del Decreto nº 2053/10 y complementada por el Decreto nº 2054/10.

Artículo 4º.-

El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas correspondientes al Programa 20 —Asistencia Legal y Técnica— de la Jurisdicción 20-02 – Secretaría Legal y Técnica.

Artículo 5º.-

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNANDEZ DE KIRCHNER.

Juan M. Abal Medina.

Aníbal F. Randazzo.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º.- Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet. Responsabilidad Primaria

Entender en la administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y en el registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas.

ACCIONES

1. Administrar el Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y el registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas.

2. Registrar los nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas.

3. Entender en la publicidad oficial del registro y renovación de nombres de dominio de Internet y de sus titulares.

4. Entender en la resolución de conflictos que surjan en la registración y respecto a la titularidad de los dominios de Internet.

5. Intervenir en la administración, puesta a disposición y tareas de respaldo y seguridad de las bases de datos utilizadas en forma interactiva por las unidades orgánicas de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.

6. Entender en la ejecución de los planes, programas y proyectos relativos al tema.

7. Intervenir en los procesos de negociación y conclusión de acuerdos y otros instrumentos en la materia.

8. Proponer las medidas necesarias tendientes a lograr armonizar las disposiciones generales y globales que regulan la registración de los nombres de dominio en la República con el derecho interno.

VISTO:

La Ley nº 2399, promulgada por Decreto nº 1696 mediante el cual la Provincia del Neuquén adhiere a la Ley Nacional nº 25.326; y

CONSIDERANDO:

Que es menester el dictado de normas reglamentarias que garanticen su aplicabilidad en el territorio provincial en orden a dar una respuesta eficaz a las demandas de salvaguarda de derechos tan fundamentales como los relativos a los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos y otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados;

Que es necesario reglamentar el Capítulo V de la Ley Nacional nº 25.326 y el Artículo 2º de la Ley nº 2399, disponiendo acerca del órgano de control de dicha norma;

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para dictar el presente conforme el Artículo 134º Inc. 2) de la Constitución Provincial;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN DECRETA:

Artículo 1º: Reglaméntase el Artículo 2º de la Ley Provincial nº 2.399 de la siguiente manera:

“Artículo 2º: El Poder Ejecutivo provincial designará al organismo que actuará como autoridad de aplicación de la presente Ley:

Reglamentación:

Artículo 2º:

1. Créase el Registro Provincial de Datos Personales (REPRODAP) que funcionará como dependencia a nivel de Dirección de la Dirección General de Justicia dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Justicia y Trabajo del Ministerio de Gobierno y Justicia, o del o los organismos que institucionalmente sucedan a éstos.

2. El REPRODAP será el Órgano Provincial de Control de la Ley Nacional nº 25.326 y de las normas que se dicten en su consecuencia”.

Artículo 2º: Reglaméntanse los Artículos 29º, 30º y 31º de la Ley Nacional nº 25.326 de la siguiente manera:

“Artículo 29:

1. El Órgano Provincial de Control contará con el personal jerárquico y administrativo suficiente para el desempeño de sus cometidos aprovechando los recursos humanos existentes en la Administración Pública Provincial.

2. Son funciones del Órgano Provincial de Control, además de las que surgen de la Ley nº 25.326:

a) Dictar normas administrativas, de gestión informática y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados.

b) Atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley nº 25.326.

c) Percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que preste.

d) Organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y privados previsto en el Artículo 21º de la Ley nº 25.326.

e) Diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación.

f) Homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido por el Artículo 30 de la Ley nº 25.326, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.

g) Coordinar su accionar con organismos afines pudiendo a tal efecto celebrar convenios.

h) Promover el dictado de normas o la reforma de la legislación vigente en la materia.

i) Administrar los recursos que se le asignen.

j) Asesorar al Poder Ejecutivo en materias de su incumbencia.

Artículo 30:

1. El Órgano Provincial de Control alentará la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada sector, a la correcta aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por la la Ley nº 25.326 y esta reglamentación.

Artículo 31:

1. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31º de la Ley nº 25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y privados destinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.

2. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

3. Se considerará reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley nº 25.326, sus normas reglamentarias o toda norma que dicte el Órgano Provincial de Control para su aplicación incurriera en otra de similar naturaleza dentro del términos de tres (3) años a contar desde la aplicación de la sanción.

4.- El Procedimiento se regirá por la Ley nº 1284 y por las siguientes normas especiales:

a) El Órgano Provincial de Control iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley nº 25.326 y sus normas reglamentarias, ya sean de oficio o por denuncia.

b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida. En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este Artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resultaren desvirtuados por otras pruebas.

c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse dentro del término de diez días hábiles, prorrogables cuando hayan causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor. Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva.

d) Hasta el vencimiento del plazo para la presentación de los descargos el presunto infractor podrá ofrecer un compromiso para el cese de la conducta que se le reprocha.

e) Dicho ofrecimiento será considerado por la autoridad de aplicación, que podrá convocar a una audiencia verbal o disponer cualquier otra diligencia para mejor proveer. En caso de ser aprobatoria la decisión que se adopte, esta circunstancia será considerada como atenuante, en la graduación de la sanción que corresponda aplicar, pudiendo llegarse a la eximición de las penalidades conforme a las circunstancias del caso.

f) Cuando así lo aconsejen las circunstancias del caso y en cualquier etapa de la actuación administrativa, la autoridad de aplicación de la presente Ley podrá disponer:

a) Que no se innove, respecto a la situación existente.

b) El cese o la abstención de la conducta que infrinjan las normas establecidas en la presente Ley.”

Artículo 3º.- Toda referencia que efectúa el Decreto Nacional nº 1558/01, reglamentario de la Ley nº 25.326, a la “Dirección Nacional de Protección de Datos Personales”, se entenderá que refiere en el ámbito y en las materias de exclusiva competencia provincial al Órgano Provincial de Control que se crea en el Artículo 1º del presente Decreto.

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y Justicia.

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése intervención al Boletín Oficial y archívese.

SOBISCH – GUTIERREZ.

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra

CONSIDERANDO

l.- Que la Ley nº 729, Ley de Firma Electrónica, publicada en La Gaceta Diario Oficial nº 165 del 30 de agosto de 2010, establece el marco jurídico general para la utilización transparente, confiable y segura de los documentos electrónicos, firma electrónica y la certificación de dicha firma, y que de conformidad con el articulo 38 la misma debe ser reglamentada.

ll.- Que la materia que trata la Ley y el reglamento son de un alto grado de complejidad técnica y de evolución muy rápida, por lo que se requiere un reglamento que permita a través de normas técnicas estar al día con los avances científicos y tecnológicos.

POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

REGLAMENTO DE LA LEY nº 729, LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA

CAPÍTULO l.- PARTE GENERAL

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para la aplicación de la Ley nº 729, “Ley de Firma Electrónica”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial nº 165 del 30 de Agosto del año 2010.

Artículo 2.- El presente Reglamento será de aplicación y de observancia obligatoria para los particulares, servidores públicos, los proveedores de servicios de certificación, y la DGTEC-designada como entidad rectora de acreditación en la Ley 729.

Artículo 3.- Para efectos de aplicación del presente Reglamento se entenderá por:

1. Archivo Confiable de Mensajes de Datos: servicio prestado por un Proveedor de Servicios de Certificación, que tiene como propósito garantizar la autenticidad, integridad, los extremos de conservación temporal y la posterior consulta de un mensaje de datos a través de un repositorio seguro administrado por un Proveedor de Servicios de Certificación.

2. Autoridad de Registro (AR): Entidad delegada por el certificador registrado para la verificación de la identidad de los solicitantes y otras funciones dentro del proceso de expedición y manejo de certificados de firma electrónica certificada. Representa el punto de contacto entre el usuario y el certificador registrado.

3. Autoridad de Certificación (AC) o Entidades de certificación: Son aquellas a las cuales uno o más usuarios han confiado la creación y asignación de certificados de firma electrónica certificada.

4. Clave privada: valor numérico utilizado conjuntamente con un procedimiento matemático conocido, sirven para generar la firma electrónica certificada de un mensaje de datos.

5. Clave pública: valor numérico utilizado para verificar que una firma electrónica certificada fue generada con la clave privada del iniciador y lo identifica con información pública que este ha proporcionado.

6. Certificado de firma electrónica certificada: mensaje de datos firmado por un proveedor de servicios de certificación autorizado que identifica, tanto al Proveedor de Servicios de Certificación que lo expide, como al titular y contiene la clave pública de éste.

7. Certificación Cruzada: Método mediante el cual se realiza el reconocimiento de certificados emitidos por Prestadores de Servicios de Certificación extranjeros. En tales casos es necesario que entidades certificadoras sustancialmente equivalentes reconozcan mutuamente los servicios prestados, de forma que los respectivos usuarios puedan comunicarse entre ellos de manera más eficaz y con mayor confianza en la fiabilidad de los certificados que se emitan.

8. Declaración de Prácticas de Certificación: manifestación del Proveedor de Servicios de Certificación sobre las políticas y procedimientos que aplica para la prestación de sus servicios.

9. DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático.

10. Entidad Rectora de Acreditación de Firma Electrónica: Dirección General de Tecnología, conocida en adelante como Entidad Rectora, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

11. Estampado Cronológico: mensaje de datos firmado por un Proveedor de Servicios de Certificación que sirve para verificar que otro mensaje de datos no ha cambiado en un periodo que comienza en la fecha y hora en que se presta el servicio y termina en la fecha en que la firma del mensaje de datos generado por el proveedor del servicio de estampado, pierde validez.

12. INTEGRIDAD: Propiedad de un documento electrónico que denota que su contenido y características de identificación han permanecido inalterables desde el momento de su emisión, o bien que habiendo sido alterados posteriormente lo fueron con el consentimiento de todas las partes legitimadas.

13. Ley: La Ley de Firma Electrónica, Ley número 729 del primero de julio del año dos mil diez publicada en la Gaceta Diario Oficial nº 165 del treinta de agosto del año dos mil diez.

14. MICROFORMA: Imagen reducida y condensada, o compactada, o digitalizada de un documento, que se encuentra grabado en un medio físico técnicamente idóneo, que le sirve de soporte material portador, mediante un proceso fotoquímico, informático, electrónico, electromagnético, o que emplee alguna tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen se conserve y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos visores o métodos análogos; y pueda ser reproducida en copias impresas, esencialmente iguales al documento original.

15. MICRODUPLICADO: Reproducción exacta del elemento original que contiene microformas, efectuada sobre un soporte material idóneo similar, en el mismo o similar formato, configuración y capacidad de almacenamiento; y con efectos equivalentes.

16. MICROARCHIVO: Conjunto ordenado, codificado y sistematizado de los elementos materiales de soporte o almacenamiento portadores de microformas grabados, provisto de sistemas de índice y medios de recuperación que permiten encontrar, examinar visualmente y reproducir en copias exactas los documentos almacenados como microformas.

17. Proveedor de Servicios de Certificación (PSC): Es aquella persona que está facultada para emitir certificados en relación con las firmas electrónicas certificadas de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, archivo confiable de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas electrónicas certificadas.

18. Repositorio: sistema de información utilizado para almacenar y recuperar certificados y otra información relacionada con los productos o servicios de certificación electrónica.

19. Reglamento: Reglamento de la Ley nº 729 del 30 de Agosto de 2010, publicada en La Gaceta, Diario Oficial nº 165.

20. Titular: Persona a cuyo nombre se expide un certificado de firma electrónica certificada, o es el solicitante de un producto o servicio de certificación electrónica prestado por un Proveedor de Servicios de Certificación acreditado.

CAPÍTULO ll.- DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN GENERAL

Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 y 6 de la Ley, cuando la Ley Sustantiva exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea fiable y resulte igualmente apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje.

La firma electrónica se considerará fiable siempre y cuando:

a) Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al titular;

b) Los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del titular;

c) Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma; y

d) Es posible detectar cualquier alteración de esa información hecha después del momento de la firma.

Los anteriores requisitos se darán por satisfechos cuando se esté en presencia de una firma electrónica certificada y por lo tanto en la emisión intervenga un Proveedor de Servicios de Certificación autorizado por la Entidad Rectora.

Artículo 5.- Las disposiciones y presunciones de la Ley, del presente Reglamento y las normas técnicas, no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública. Tratándose de mensajes de datos firmados electrónicamente con firmas electrónicas certificadas se presume, salvo prueba en contrario, que el mensaje de datos fue firmado por su titular.

Artículo 6.- Con la finalidad de diferenciar el ámbito de aplicación de los mecanismos de firma electrónica, se disponen las siguientes reglas para definir el mecanismo apropiado de conformidad con la actuación o trámite a implementar por medios electrónicos:

6.1.-Aplicación de la firma electrónica: Se podrá utilizar firma electrónica como los mecanismos de nombres de usuario, contraseñas o pines entre otros, en aquellos trámites, procedimientos y actuaciones administrativas que hayan sido clasificados al interior de cada entidad como de riesgo bajó o medio.

6.2.-Aplicación de la firma electrónica certificada: Se deberá utilizar firmas electrónicas certificadas en aquellos trámites, procedimientos y actuaciones administrativas que requieran mitigar riesgos considerados altos en su instrumentación electrónica o dar por satisfechos los atributos exigidos en el artículo 4 del presente reglamento, siempre y cuando:

1. El certificado de firma electrónica sea emitido por un Proveedor de Servicios de Certificación, autorizado para ello por la Entidad Rectora.

2. Dicha firma se pueda verificar con la clave pública que se encuentra en el certificado con relación a firmas electrónicas certificadas, emitido por el Proveedor de Servicios de Certificación.

3. La firma sea emitida dentro del tiempo de validez del certificado, sin que éste haya sido revocado.

4. El mensaje de datos firmado se encuentre dentro de los usos aceptados en la Declaración de Practicas de Certificación, de acuerdo al tipo de certificado.

5. El tipo de certificado de firma electrónica se encuentre autorizado por la Entidad Rectora.

Artículo 8.- Cuando se requiera la conservación de mensajes de datos, esta deberá utilizar el servicio de Archivo confiable de mensaje de datos.

CAPÍTULO lll.- DE LA ENTIDAD RECTORA DE ACREDITACIÓN

Artículo 9.- La Entidad Rectora deberá contar con las instalaciones, sistemas, programas informáticos y los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de la Ley, tendrá las siguientes potestades:

1. Definir a través de normas técnicas el modelo de confianza y aspectos relacionados para la emisión de firmas electrónicas certificadas en territorio nicaragüense.

2. Contratar expertos de conformidad á la ley de la materia. En los contratos respectivos se incorporarán normas sobre probidad administrativa.

3. Practicar inspecciones sobre los proveedores acreditados de servicios de certificación y, a tal efecto, velará porque los requisitos que se observaron al momento de otorgarse la acreditación y las obligaciones que impone la Ley, este Reglamento y las normas técnicas se cumplan durante la vigencia de la acreditación.

4. Dictar normas técnicas, con el objeto de implementar la Ley y su Reglamento, las cuales se publicarán en. La Gaceta, Diario Oficial, sin perjuicio de su publicación en el portal electrónico de la Entidad Rectora; incluyendo las relativas al expediente y notificación electrónica, que deben utilizar las administraciones públicas.

5. Dictar las normas técnicas en coordinación con el Poder Judicial, relacionadas a las formalidades de las actuaciones notariales, expediente judicial y de notificación.

6. Suscribir todos aquellos contratos, propios de su actividad de Entidad Rectora de Acreditación.

7. Determinar e imponer las infracciones, sanciones y multas establecidas en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y penales, que correspondan.

8. Conocer y resolver los Recursos de Revisión. El Recurso de Apelación se presentará ante el Director General de la Entidad Rectora, para que lo eleve y resuelva el Ministro de Hacienda y Crédito Público, lo que agota la vía administrativa.

Artículo 10.- La Entidad Rectora tiene la facultad de realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias.

La inspección ordinaria consiste en la facultad de practicar una visita anual a las instalaciones del proveedor acreditado de servicios de certificación, asimismo requerir, en forma trimestral, información sobre el desarrollo de la actividad.

La inspección extraordinaria será practicada de oficio o por denuncia motivada sobre la prestación del servicio, ordenada por el Director de la Entidad Rectora mediante resolución fundada.

Las inspecciones podrán ser practicadas por medio de funcionarios o peritos especialmente contratados y habilitados para estos fines, los que en el ejercicio de sus funciones podrán requerir al Proveedor de Servicios de Certificación, información adicional a la proporcionada por él.

La información solicitada por la Entidad Rectora deberá ser proporcionada dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de la solicitud, sin perjuicio del otorgamiento de plazos especiales.

Artículo 11.- La Entidad Rectora mantendrá un Registro Administrativo de Proveedores de Servicios de Certificación, de carácter público, el que deberá contener: el número de la resolución que concede la acreditación, el nombre o razón social del Proveedor de Servicios de Certificación, la dirección social, el número de Registro Único de Contribuyente (RUC), el nombre de su Representante Legal, el número de su teléfono, su sitio de dominio electrónico y correo electrónico así como la compañía de seguros con que ha contratado la póliza de seguros que exige la Ley, y el número de la misma; y cualquier otro documento que acredite identificación que crea pertinente la Entidad Rectora.

Este Registro deberá ser actualizado permanentemente, manteniendo un acceso regular y continuo.

CAPÍTULO lV.- DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 12.- Quienes pretendan realizar las actividades propias de los proveedores de servicios de certificación deberán particularizarlas y acreditar ante la Entidad Rectora:

1. Personería jurídica.

Cuando se trate de una entidad extranjera, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Código de Comercio para las sociedades extranjeras que pretendan ejecutar negocios permanentes en territorio nicaragüense.

2. Que los administradores y representantes legales no tengan prohibido el ejercicio del comercio.

3. Declaración de Prácticas de Certificación satisfactoria, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Entidad Rectora.

4. Patrimonio mínimo de 800 salarios mínimos mensuales del sector financiero legales vigentes al momento de la solicitud de autorización, esto en caso de que las actividades a desarrollar por el PSC sean las de una Autoridad de Registro (AR). En el caso en que las actividades que desarrolle el PSC incluyan también las de una Autoridad de Certificación (AC), el patrimonio mínimo que deberá evidenciar será de al menos el mismo monto mínimo que el PSC debe asegurar de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 inciso (b).

5. Constitución de las garantías previstas en este Reglamento.

6. Infraestructura y recursos por lo menos en la forma exigida en el artículo 20 de este Reglamento.

7. Informe inicial de Inspección satisfactorio a juicio de la misma Entidad Rectora.

8. Un mecanismo de ejecución inmediata para revocar los certificados de firma electrónica expedidos a los titulares, a petición de estos o cuando se tenga indicios de que ha ocurrido alguno de los eventos de revocación previstos en la ley, en este Reglamento o en la Declaración de Practicas de Certificación.

9. En caso de tratarse de proveedores de servicios de certificación que requieran o utilicen infraestructura o servicios tecnológicos prestados desde el extranjero, la inspección o auditoria podrá ser realizada por una persona o entidad facultada para realizar este tipo de inspecciones o auditorías en el lugar donde se encuentra la infraestructura, siempre y cuando permita constatar el cumplimiento de lo señalado en el presente Reglamento.

La Entidad Rectora tendrá la facultad de solicitar ampliación o aclaración sobre los puntos que estime conveniente.

Si se solicita autorización para certificaciones cruzadas, se deberán acreditar adicionalmente la entidad o prestador de servicios de certificación reconocida, los certificados reconocidos y el tipo de certificados al cual se remite, la vigencia y los términos del reconocimiento.

Artículo 13.- Son proveedores acreditados de servicios de certificación las personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, domiciliadas en Nicaragua y acreditadas de conformidad con la Ley, este Reglamento, y las normas técnicas, que otorguen certificados de firma electrónica certificada, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.

Artículo 14.- Las normas técnicas que dicte la Entidad Rectora, para la aplicación e implementación del presente Reglamento son de obligatorio cumplimiento para los proveedores acreditados de servicios de certificación y los usuarios de los mismos.

Artículo 15.- Los actos administrativos que impliquen la modificación de normas técnicas para la prestación del servicio, establecerán los plazos en los cuales un proveedor acreditado de servicios de certificación, tiene que adecuarse a las mismas.

El incumplimiento en la adecuación a las nuevas normas, facultará a la Entidad Rectora, a dejar sin efecto la acreditación, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 16.- A petición de parte o de oficio, y con el objeto de crear o modificar las normas técnicas que dicte la Entidad Rectora, la misma podrá iniciar el procedimiento para la elaboración y fijación de dichas normas. La Entidad Rectora podrá fijar conjuntos alternativos de normas técnicas, para la prestación del servicio, con el objeto de permitir el uso de diversas tecnologías y medios electrónicos, en concordancia a la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 17.- La Entidad Rectora definirá el contenido de la Declaración de Prácticas de Certificación, la cual deberá incluir, al menos lo siguiente:

1. Identificación del Proveedor de Servicios de Certificación.

2. Política de manejo de los certificados.

3. Obligaciones del PSC y de los Titulares del certificado y precauciones que deben observar los terceros.

4. Manejo de la información suministrada por los Titulares.

5. Garantías que ofrece para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de sus actividades.

6. Límites de responsabilidad por el ejercicio de su actividad.

7. Tarifas de expedición de certificados y de sus servicios.

8. Procedimientos de seguridad para el manejo de los siguientes eventos:

a)　Cuando la seguridad de la clave privada del PSC se ha visto comprometida.

b)　Cuando el sistema de seguridad del PSC ha sido vulnerado.

c)　Cuando se presenten fallas en el sistema del PSC que comprometa la prestación del servicio.

d)　Cuando los sistemas de cifrado pierdan vigencia por no ofrecer el nivel de seguridad contratados por el titular.

9. El plan de contingencia encaminado a garantizar la continuidad del servicio de certificación.

10. Modelos y minutas de los contratos que utilizarán con los titulares.

11. Política de manejo de otros servicios que fuere a prestar, detallando sus condiciones.

Artículo 18.- Para determinar el patrimonio mínimo del PSC establecido en el artículo 12 numeral 4 del presente reglamento, sólo se tomarán en consideración las cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reserva legal, y se deducirán las pérdidas acumuladas y las del ejercicio en curso.

El patrimonio mínimo deberá acreditarse:

1.　En el caso de personas jurídicas, por medio de estados financieros, con una antigüedad no superior a 6 meses, certificados por el representante legal y auditado por un Contador Público autorizado independiente.

2.　Tratándose de entidades públicas, por medio del proyecto de gastos y de inversión que generará la actividad de certificación, de conformidad con la ley anual del presupuesto general de la república vigente.

3.　Para las sucursales de entidades extranjeras, por medio del capital asignado.

Artículo 19.- El PSC debe contar con seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos:

a)　Ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar en Nicaragua. En caso de no ser posible lo anterior, por una entidad aseguradora del exterior que cuente con la autorización previa de la Superintendencia de Bancos.

b)　Cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los titulares y terceros de buena fe exenta de culpa derivados de errores y omisiones, o de actos de mala fe de los administradores, representantes legales o empleados del PSC en el desarrollo de las actividades para las cuales solicita autorización o cuenta con autorización. Para tal fin se cubrirán los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igual o superior al mayor entre:

.　5000 salarios mínimos mensuales legales del sector financiero por evento, o;

.　El límite de responsabilidad definido en la Declaración de Prácticas de Certificación, que no podrá ser inferior en ninguna caso a su capital social.

c)　Incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado.

d)　Incluir una cláusula que obligue a la entidad aseguradora a informar previamente a la Entidad Rectora, la terminación del contrato o las modificaciones que reduzcan el alcance o monto de la cobertura.

El PSC que pretenda otorgar el reconocimiento cruzado de certificados de firma electrónica, deberá acreditar la cobertura de las garantías requeridas en este reglamento para los perjuicios que puedan causar los certificados reconocidos.

Artículo 20.- En desarrollo de lo previsto en la ley y este Reglamento, el PSC deberá contar con un equipo de personas, una infraestructura física y tecnológica y unos procedimientos y sistemas de seguridad, tales que:

1.　Puedan generar las firmas electrónicas certificadas y todos los servicios para los que soliciten autorización que se encuentran descritos en la Ley y este Reglamento.

2.　Se garantice el cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Prácticas de Certificación.

3.　Se pueda calificar el sistema como confiable de acuerdo con lo señalado en el presente Reglamento.

4.　Los certificados de firma electrónica certificada expedidos por los PSC cumplan con lo previsto en la Ley y en este Reglamento.

5.　Se garantice la existencia de sistemas de seguridad física en sus instalaciones, un monitoreo permanente de toda su planta física, y acceso restringido a los equipos que manejan los sistemas de operación del PSC.

6.　El manejo de la clave privada del PSC esté sometido a un procedimiento propio de seguridad que evite el acceso físico o de otra índole de personal no autorizado.

7.　Cuente con un registro de todas las transacciones realizadas, que permita identificar el autor de cada una de las operaciones.

8.　Los sistemas que cumplan las funciones de certificación sólo sean utilizados con ese propósito y por lo tanto no puedan realizar ninguna otra función.

9.　Todos los sistemas que participen directa o indirectamente en la función de certificación estén protegidos por sistemas y procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel de protección, que deben ser actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos para garantizar la correcta prestación del servicio.

10.　Cuente con Infraestructura de software que permita monitorear el servicio e infraestructura de Hardware y equipos.

11.　Cuente con una plataforma de respaldo o contingencia de la plataforma que garantice la operación continua e ininterrumpida del servicio. Dicho esquema de contingencia será auditado por la Entidad Rectora en el caso de así requerirlo.

12.　Canales de comunicación mínimos para garantizar disponibilidad de la información de los servicios del. PSC.

13.　En caso de tratarse de PSC que requiera o utilice infraestructura o servicios tecnológicos prestados desde el extranjero, todos los requerimientos deberán ser cumplidos tanto en la infraestructura del exterior, así como en el territorio nacional. Para certificar dicha infraestructura la entidad del exterior deberá certificar a través del ente autorizado el cumplimiento de dichos requisitos.

Además se deberán acreditar los siguientes requisitos relativos a la seguridad física, lógica y de la plataforma tecnológica utilizada, que sean determinados por la Entidad Rectora a través de normas técnicas de conformidad con estándares internacionales reconocidos así:

i.　Para la operación en el rol de PSC, y para la Autoridad de Estampado Cronológico, según corresponda.

ii.　Para la verificación del registro público en línea del PSC.

iii.　Para el hardware criptográfico de la raíz del PSC, siempre que corresponda, y para el hardware de la Autoridad de Estampado Cronológico.

iv.　Para la prestación del servicio de estampado cronológico.

v.　Para el dispositivo en el cual se entregarán los certificados y datos privados de firma electrónica certificada ofrecidos por el PSC a sus clientes.

vi.　Para la operación del centro de cómputo, cuando se ofrezca la prestación de servicios de archivo confiable de mensajes de datos.

Lo anterior, sin perjuicio de otras normas técnicas definidas por la Entidad Rectora para la operación del PSC, conforme a estándares nacionales e internacionales.

Artículo 21.- Cuando alguna de las operaciones sea subcontratada a terceros por parte del PSC, les serán aplicables las mismas obligaciones del PSC, según conste en su documentación, o en los contratos.

Cuando quiera que el PSC requiera o utilice infraestructura o servicios tecnológicos prestados por un tercero, los contratos deberán prever que la terminación de los mismos está condicionada a que la entidad haya implementado o contratado una infraestructura o servicio tecnológico que le permita continuar prestando sus servicios sin ningún perjuicio para los titulares. Si la terminación de dichos contratos supone el cese de operaciones, el prestador de infraestructura o servicios no podrá interrumpir sus servicios antes de vencerse el plazo para concluir el proceso previsto en el procedimiento autorizado por la Entidad Rectora. Estos deben ser enviados con los demás documentos de la solicitud de autorización y remitidos cada vez que sean modificados.

Todos los requerimientos del presente Reglamento en materia de infraestructura y recursos del tercero deberán encontrarse debidamente certificados ante la Entidad Rectora.

La contratación de esta infraestructura o servicios no exime al PSC de la presentación de los informes previstos en este Reglamento, los cuales deben incluir los sistemas y elementos de seguridad técnica de dicho prestador.

Artículo 22.- Además de lo previsto en la Ley 729, los PSC deberán:

1.　Comprobar de forma fehaciente por sí o por medio de una persona diferente que actúe en nombre y por cuenta suya, la identidad, datos y cualquier otra información de los titulares de los certificados, que sea relevante para los fines propios de su procedimiento de verificación previo a su expedición.

2.　Mantener a disposición permanente del público la declaración de prácticas de certificación.

3.　Cumplir cabalmente con las políticas de certificación acordadas con el titular y con su Declaración de Prácticas de Certificación.

4.　Informar al titular de los certificados que expide, su nivel de confiabilidad, los límites de responsabilidad, y las obligaciones que el titular asume como usuario del servicio de certificación.

5.　Garantizar la prestación permanente e ininterrumpida de los servicios autorizados, salvo las interrupciones que autorice la Entidad Rectora en circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados.

6.　Informar a la Entidad Rectora de manera inmediata la ocurrencia de cualquier evento establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación, que comprometa la prestación del servicio.

7.　Abstenerse de acceder o almacenar la clave privada del titular.

8.　Mantener actualizado el registro de los certificados revocados. Los PSC serán responsables de los perjuicios que se causen a terceros por incumplimiento de esta obligación.

9.　Garantizar el acceso permanente y eficiente de los titulares y de terceros al repositorio del. PSC.

10.　Disponer de una línea telefónica de atención permanente a titulares y terceros, que permita las consultas y la pronta solicitud de revocación de certificados por los titulares.

11.　Garantizar la confidencialidad de la información que no figure en el certificado.

12.　Conservar la documentación que respalda los certificados emitidos, por el término previsto en la Ley y tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad y la confidencialidad que le sean propias.

13.　Informar en forma inmediata, la suspensión del servicio o revocación de sus certificados.

14.　Capacitar y advertir a los titulares de certificados de firma electrónica certificada, sobre las medidas de seguridad que deben observar para la utilización de estos mecanismos.

15.　Mantener el control exclusivo de su clave privada y establecer las condiciones de seguridad necesarias para que no se divulgue o comprometa.

16.　Remitir oportunamente a la Entidad Rectora la información prevista en este Reglamento.

17.　Remover en el menor término que el procedimiento legal permita, a los administradores o representantes que no puedan ejercer el comercio por prohibición.

18.　Informar a los titulares o terceros que lo soliciten, sobre el tiempo y recursos computacionales requeridos para derivar la clave privada a partir de la clave pública contenida en los certificados en relación con las firmas electrónicas certificadas que expide el PSC.

19.　Mantener actualizada la información registrada en la solicitud de autorización y enviar la información que la Entidad Rectora establezca.

20. Cumplir con las demás instrucciones que establezca la Entidad Rectora.

Artículo 23.- En caso que un PSC cese en la prestación del servicio, deberá notificar oficialmente por escrito o por cualquier medio electrónico habilitado por la Ley tal situación a todos los titulares de los certificados emitidos por él con dos meses de antelación. Dicha notificación deberá ir con copia a la Entidad Rectora.

Artículo 24.- El cese de la actividad del proveedor acreditado de servicios de certificación será registrado como asiento de cancelación de la inscripción de la acreditación por la Entidad Rectora.

Artículo 25.-　El procedimiento de acreditación de los proveedores de servicios de certificación se iniciará por medio de una solicitud presentada a la Entidad Rectora, acompañada del comprobante de pago de los costos de la acreditación y de los antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de acreditación.

En la solicitud que presente el interesado deberá individualizarse debidamente y para ello señalará su nombre o denominación social, su Registro Único de Contribuyente, el nombre y Registro Único de Contribuyente del Representante Legal, su domicilio social, número telefónico y dirección de correo electrónico, aceptando expresamente dicho medio electrónico como forma de comunicación.

Artículo 26.- Recibida la solicitud, la Entidad Rectora procederá a conocer la admisibilidad de la misma, mediante la verificación de los antecedentes requeridos, dentro del plazo de diez días hábiles.

De ser inadmisible la solicitud, se procederá a comunicar al interesado tal situación, el que podrá completar los antecedentes dentro del plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de ser rechazada la solicitud de no cumplirse en tiempo y forma con los requisitos y obligaciones establecidos. Admitida a trámite la solicitud, la Entidad Rectora procederá a un examen sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidas por la Ley, este Reglamento y las normas técnicas para obtener la acreditación.

Artículo 27.- En caso que la Entidad Rectora determine que el proveedor de servicios de certificación no cumple con las normas técnicas fijadas para el desarrollo de la actividad señalará si los incumplimientos son subsanables, y si no afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la Ley para la firma electrónica certificada o para los servicios adicionales de certificación electrónica definidos en este Reglamento.
En caso que los incumplimientos no sean subsanables, la Entidad Rectora procederá a dictar una resolución en la que rechaza la solicitud de acreditación.

Si los incumplimientos son subsanables y no afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la Ley y su Reglamento para la firma electrónica certificada, la Entidad Rectora podrá acreditar temporalmente por un plazo máximo de sesenta días calendario al interesado, previa autorización de un plan de medidas correctivas.

Una vez completados los requisitos exigidos, la Entidad Rectora procederá a acreditar definitivamente al interesado.

Artículo 28.- Durante todo el proceso de acreditación, la Entidad Rectora podrá solicitar documentación adicional o realizar visitas a las instalaciones del interesado, por intermedio de sus funcionarios o por expertos especialmente contratados para dichos fines.

Artículo 29.- Los costos de acreditación serán pagados por el proveedor de servicios de certificación que solicite acreditarse, los que no serán restituidos en el evento de que la acreditación no se conceda por incumplimiento de los requisitos y obligaciones legales y reglamentarias exigidas para el desarrollo de la actividad de certificación como acreditado.

Artículo 30.- La Entidad Rectora podrá dejar sin efecto la acreditación mediante resolución fundada, por las causales previstas en el artículo siguiente.

Artículo 31.- La acreditación de los certificadores se dejará sin efecto por las siguientes causas:

1.　Por solicitud del proveedor acreditado de servicios de certificación, ante la Entidad Rectora con una antelación de al menos dos meses a la fecha del término previsto por el proveedor acreditado de servicios de certificación para que se haga efectiva, indicando el destino que dará a los certificados y a los datos de ellos, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en este Reglamento.

2.　Por pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su acreditación, la que será calificada por los servidores públicos o expertos que la Entidad Rectora ocupe para el cumplimiento de la facultad inspectora.

3.　Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece la Ley, este Reglamento y las normas técnicas.

En los casos de los numerales 2 y 3, la resolución deberá ser adoptada previo traslado de cargos y audiencia del afectado, para lo cual la Entidad Rectora dará un plazo de cinco días hábiles para que éste evacue sus descargos. Recibidos éstos, la Entidad Rectora deberá resolver fundadamente dentro del plazo de quince días hábiles, prorrogables por el mismo período por motivos fundados.

La cancelación de la Acreditación deberá ser publicada en el portal electrónico de la Entidad Rectora.

El aviso deberá señalar que desde esta publicación los certificados quedarán sin efecto, a menos que hayan sido transferidos a otro Proveedor de Servicios de Certificación acreditado.

Artículo 32.- Los certificadores cuya inscripción haya sido cancelada, deberán comunicar inmediatamente este hecho a los titulares de las firmas certificadas por ellos.

CAPÍTULO V.- DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 33.- Los proveedores de servicios de certificación deberán introducir en los certificados de firma electrónica que emitan, los contenidos señalados en el artículo 8 de la Ley 729.

Los atributos adicionales que los proveedores de servicios de certificación introduzcan con la finalidad de incorporar límites al uso del certificado, no deberán dificultar, o impedir la lectura de los contenidos insertos en el mismo que refiere el artículo 8 de la Ley 729, y de su reconocimiento por terceros.

Artículo 34.- Procederá la suspensión de la vigencia del certificado cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

1.　Solicitud del titular del certificado.

2.　Decisión del proveedor de servicios de certificación en virtud de razones técnicas.

El efecto de la suspensión del certificado es el cese temporal de los efectos jurídicos del mismo conforme a los usos que le son propios e impide el uso legítimo del mismo por parte del titular.

La suspensión del certificado terminará por cualquiera de las siguientes causas:

1.　Por la decisión del proveedor de servicios de certificación de revocar el certificado, en los casos previstos en la Ley, el presente Reglamento y las normas técnicas.

2.　Por la decisión del proveedor de servicios de certificación de levantar la suspensión del certificado, una vez que cesen las causas técnicas que la originaron.

3.　Por la decisión del titular del certificado, cuando la suspensión haya sido solicitada por éste.

Artículo 35.- Los certificados de firma electrónica certificada podrán revocarse por:

a) El titular de una firma electrónica certificada, el cual podrá solicitar a los PSC la revocación del mismo. En todo caso, estará obligado a solicitar la revocación en los eventos siguientes:

i)　Por pérdida de la clave privada, en el caso de la tecnología de criptografía asimétrica.

ii)　La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso indebido, en el caso de la tecnología de criptografía asimétrica.

b)　Si el titular no solicita la revocación del certificado en el evento de presentarse las anteriores situaciones, será responsable por las pérdidas o perjuicios en los cuales incurran terceros que confiaron en el contenido del certificado.

c)　Un PSC autorizado revocará un certificado emitido por las razones siguientes:

.A petición del titular o un tercero en su nombre y representación.

.Por muerte del titular

.Por liquidación del titularen el caso de las personas jurídicas.

.Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el certificado es falso.

.La clave privada del PSC o su sistema de seguridad ha sido comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del certificado.

.Por el cese de actividades del PSC, y;

.Por orden judicial o de entidad administrativa competente.

Artículo 36.- El término de la vigencia del certificado de firma electrónica se establece contractualmente entre el titular de la firma electrónica certificada y el Proveedor de Servicios de Certificación o quien haga sus veces.

Artículo 37.- La revocación de un certificado de firma electrónica podrá producirse de oficio o a petición de su titular por la concurrencia de algunas de las causales previstas en la Ley o en este Reglamento. La solicitud de suspensión o revocación, según corresponda, se podrá dirigir al proveedor de servicios de certificación en cualquiera de las formas que prevea su Declaración de prácticas de certificación. La suspensión o revocación del certificado deberá ser comunicada inmediatamente a su titular, sin perjuicio que deba publicarse en el registro de acceso público que señala este Reglamento.

Artículo 38.- La certificación cruzada implica, el reconocimiento de los certificados de firmas electrónicas certificadas emitidas por PSC extranjeras, realizado por PSC autorizadas para tal efecto en Nicaragua, y se hará constar en el certificado expedido por estas últimas:

El efecto del reconocimiento de cada certificado, se limitará a las características propias del tipo de certificado reconocido y por el período de validez del mismo.

Los titulares de los certificados reconocidos y los terceros tendrán idénticos derechos que los titulares y terceros respecto de los certificados propios del PSC que hace el reconocimiento.

CAPÍTULO Vl.- DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Artículo 39.- La Administración Pública deberá administrar los medios que resulten adecuados para la aplicación del artículo 12 de la Ley, en función de los recursos con que cuenten y en el más corto plazo posible.

Los acuerdos administrativos que expida la Administración Pública para la adopción de los artículos 12, 13 y 14 de esta Ley, deberán ajustarse a las normas técnicas emitidas y homologadas por la Entidad Rectora de Acreditación.

Los actos administrativos, formalizados por medio de documentos electrónicos y que consten en decretos o resoluciones, en acuerdos de órganos colegiados, así como la celebración de contratos, la emisión de cualquier otro documento que exprese la voluntad de un órgano o servicio público de la Administración del Estado en ejercicio de sus potestades legales y, en general, todo documento que revista la naturaleza de instrumento público o aquellos que deban producir los efectos jurídicos de éstos, deberán suscribirse mediante firma electrónica certificada.

Artículo 40.- La Entidad Rectora de Acreditación elaborará las normas técnicas que permitan que las comunicaciones por medios electrónicos, efectuadas entre los órganos de la Administración del Estado y de éstos con los ciudadanos, produzcan los efectos jurídicos previstos en la Ley.

Artículo 41.- Cualquier entidad o dependencia de la administración pública, podrá emplear la firma electrónica certificada contenida en un archivo de datos, mediante el uso de medios electrónicos, bajo los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional, autenticidad, confidencialidad, e integridad. Todo ello conforme a las normas técnicas que dicte la Entidad Rectora.

CAPÍTULO Vll.- DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Y EL EXPEDIENTE DIGITAL

Artículo 42.- En el uso de la firma electrónica certificada y el expediente digital, deberá respetarse lo siguiente:

1.　Un sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido; momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

2.　Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recibo, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

3.　Almacenar si existió transmisión y recibo, las fechas, el contenido, el remitente y el destinatario.

4.　Cumplir en sus comunicaciones con los requisitos de seguridad e integridad con proporcionalidad y cumpliendo con las norma técnicas dictadas por la Entidad Rectora. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad.

5.　Deberá acreditar el momento de la puesta a disposición del acto objeto de notificación y del acceso al contenido, con las normas técnicas dictadas por la Entidad Rectora.

6.　Las plataformas de notificación y de gestión de expedientes tendrán en cuenta los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico, según corresponda.

7.　Deberá entenderse que la notificación electrónica ha tenido lugar en cuanto el interesado acceda electrónicamente al contenido o hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición sin que se acceda al contenido, por haber accedido voluntariamente a este sistema de notificación.

8.　Producirá los efectos propios de la notificación personal, el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

La utilización de medios electrónicos en el desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales, que permitan la presentación de documentos, implicará el uso de medios electrónicos para la comunicación y notificación.

Lo referido a la regulación del uso de la firma electrónica y el expediente digital será ampliado en la norma técnica relacionada con el tema.

CAPÍTULO Vlll.- DE LAS SANCIONES Y SU CUMPLIMIENTO

Artículo 43.- Únicamente podrán imponerse las sanciones contenidas en la Ley de Firma Electrónica y por el término señalado en la misma Ley.

Artículo 44.- A efectos de imponer las sanciones a que hubiere lugar la autoridad sancionadora será:

a)　La Entidad Rectora, quien impondrá a los proveedores de servicios de certificación las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones civiles o penales que procedieren y que determinaren las autoridades competentes conforme a las leyes vigentes.

b)　La Entidad Rectora, deberá incoar los procedimientos administrativos correspondientes a fin de determinar la existencia e imputabilidad de las infracciones establecidas en la Ley y, si procediere, la sanción correspondiente.

Artículo 45.- Corresponderá a la Entidad Rectora, la carga de la prueba y su imputabilidad al infractor. Ninguna sanción podrá ser impuesta al margen de un debido proceso, ventilado ante la autoridad competente que garantice al presunto infractor su intervención y defensa desde el inicio del proceso, así como la oportunidad de disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.

Artículo 46.- Cuando la Entidad Rectora, Considere que, de la infracción del proveedor de servicios de certificación, se hubieren originado responsabilidades civiles o hubiere presunción de responsabilidad penal, deberá denunciar el hecho a la Fiscalía General de la República, para que ésta determine el curso a seguir dentro de sus competencias.

Artículo 47.- La Entidad Rectora, en base a los documentos que consten en autos y dentro del término de treinta días hábiles de haber iniciado el procedimiento administrativo sancionador, deberá emitir su resolución final fundamentada sobre el caso, y sea notificada de forma íntegra al proveedor de servicios de certificación.

Artículo 48.- Notificada la resolución anterior al prestador de servicios de certificación, éste podrá hacer uso de los recursos administrativos que contempla la Ley nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Si el prestador de servicios de certificación no hiciere uso de los recursos a que se refiere el presente artículo, se tendrá por firme la resolución.

Artículo 49.- Todas las Resoluciones dictadas conforme a la Ley y el presente Reglamento, estarán contenidas en el Libro de Resoluciones que llevará anualmente la Entidad Rectora, el cual podrá ser llevado de forma impresa o electrónica.

CAPÍTULO lX.- DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 50.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día veinticuatro de Octubre del año dos mil once.　

Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.　

Alberto José Guevara Obregón, Ministro de Hacienda y Crédito Público.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, caput, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Artigo 1º.- O Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Artigo 2º.- Ato do Secretário da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda regulamentará forma e prazo para início da exigência em relação às alterações promovidas por este Decreto.

Artigo 3º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de abril de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF

Guido Mantega　

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessitá ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilitá economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equitá, nonché di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivitá;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Titolo I.- Sviluppo ed equitá

Articolo 1.- Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societá e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le societá e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio é valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio é determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota é fissata al 3 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato é computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione é costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) gli acquisti di partecipazioni in societá controllate;

c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societá di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societá in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilitá ordinaria, con le modalitá stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalitá antielusiva specifica.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Articolo 2.- Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 é ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivitá produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di etá inferiore ai 35 anni”;

b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di etá inferiore ai 35 anni”.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Articolo 3.- Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessitá della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), é aggiunta la seguente:

“o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivitá, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione é subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.”

L'esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.

2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, é istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosí come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, é incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilitá giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, é versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalitá connesse alle attivitá di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

Articolo 4.- Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamitá naturali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: “15, 16 e 16-bis)”;

b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: “15, 16 e 16-bis)”;

c) dopo l'articolo 16, é aggiunto il seguente:

“Articolo 16-bis.- Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unitá immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unitá immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietá comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piú avanzata, sia adatto a favorire la mobilitá interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravitá, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unitá immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unitá immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unitá immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unitá immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivitá commerciale, la detrazione spettante é ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione é cumulabile con le agevolazioni giá previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione é ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unitá immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte é trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unitá immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale é stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalitá di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, e dell'articolo 16-bis)”.

2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: “2010, 2011 e 2012 “ sono sostituite dalle seguenti: “2010 e 2011”;

b) alla lettera a), le parole: “dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2011”;

c) alla lettera b), le parole: “dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2011” e le parole: “giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “giugno 2012”.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012″. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Articolo 5.- Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalitá di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piú riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali giá previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Articolo 6.- Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermitá da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Titolo II.- Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

Articolo 7.- Partecipazione italiana a banche e fondi

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze é incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.

Piena ed intera esecuzione é data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformitá a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.

2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali é autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilitá giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'Articolo 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, é versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 8.- Misure per la stabilitá del sistema creditizio

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, é autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivitá delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'Articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformitá alla normativa europea in materia.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 é effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacitá di fare fronte alle obbligazioni assunte.

3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 é incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sará elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalitá é autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilitá speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unitá di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 é limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacitá di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessitá di mantenere in vigore l'operativitá di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessitá di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.

7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivitá in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, puó escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni giá in essere. Di tale esclusione é data comunicazione alla Commissione europea.

9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puó eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.

10. La garanzia dello Stato puó essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'Articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.

12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivitá computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).

13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puó essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puó eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.

14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosí determinati:

a) per passivitá con durata originaria di almeno 12 mesi, é applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metá del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piú la metá del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'Articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), é computata per la metá;

c) per passivitá con durata originaria inferiore a 12 mesi, é applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 é calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla piú bassa categoria di rating disponibile.

16. In caso di difformitá delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione é quello piú elevato.

17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passivitá emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.

19. La commissione é applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puó variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformitá delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni giá in essere.

21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalitá che assicurano la rapiditá e la riservatezza della comunicazione.

22. La richiesta é presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquiditá, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia giá stata ammessa o per le quali abbia giá fatto richiesta di ammissione.

23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacitá di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

b) la capacitá reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passivitá garantite.

24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:

a) la valutazione della congruitá delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquiditá richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;

c) l'ammontare della garanzia;

d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.

25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalitá che assicurano la rapiditá e la riservatezza della comunicazione.

26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta é presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passivitá garantita, salvo casi di motivata urgenza.

27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilitá della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento é regolarizzato entro i successivi novanta giorni.

28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca é tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca é altresí tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.

29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento é trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.

30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquiditá, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non é richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.

31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passivitá garantite ecceda sia il 5 per cento delle passivitá totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la soliditá e la capacitá di raccolta della banca interessata, é redatto in conformitá dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed é comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.

32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.

33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalitá di attuazione del presente articolo.

34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puó rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquiditá (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalitá di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 9.- Imposte Differite Attive

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56:

1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le seguenti: “- o dei diversi organi competenti per legge -“;

2) dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: “Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivitá per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;”

b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:

“56-bis. La quota delle attivitá per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, é trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente é computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivitá per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societá sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivitá, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, é trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivitá per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

c) al comma 57:

1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite dalle parole “ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter” e le parole “rimborsabile né” sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole “puó essere ceduto ovvero” sono soppresse;

3) nel secondo periodo, dopo le parole “n. 241” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero puó essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;

4) dopo il terzo periodo, é aggiunto il seguente: “L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma é rimborsabile.”;

5) l'ultimo periodo é soppresso.

d) nel comma 58 dopo le parole “modalitá di attuazione” sono aggiunte le parole “dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”.

Titolo III.- Consolidamento dei conti pubblici

Capitolo I.- Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

Articolo 10.- Regime premiale per favorire la trasparenza

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivitá artistica o professionale ovvero attivitá di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivitá di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:

a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attivitá artistica, professionale o di impresa esercitata.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento potrá essere previsto:

a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformitá per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilitá ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresí i seguenti benefici:

a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

5. Con uno o piú provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

7. Il contribuente puó adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale é possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivitá di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, é ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:

a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacitá operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerositá dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivitá svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualitá 2011 ed a quelle successive. Per le attivitá di accertamento effettuate in relazione alle annualitá antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Articolo 11.- Emersione di base imponibile

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero é punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalitá della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies é abrogato.

6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltá dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) é sostituita dalla seguente:

” a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autoritá competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivitá di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”

b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.

8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma le parole “e dei consigli tributari” e le parole “nonché ai relativi consigli tributari” sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola “segnalano” é sostituita dalla seguente: “segnala”, e le parole “Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalle seguenti:“Agenzia delle entrate”;

b) al quarto comma, le parole:“, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola: ” comunicano” é sostituita dalla seguente:“comunica”;

c) all'ottavo comma le parole: “ed il consiglio tributario possono” sono sostituite dalla seguente: “puó”;

d) al nono comma, secondo periodo, le parole: “e dei consigli tributari” sono soppresse.

9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.

10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, é abrogato.

Articolo 12.- Riduzione del limite per la tracciabilitá dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011″.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, é inserito il seguente:

“4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. é fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalitá offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente puó essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari é fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivitá di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o piú convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilitá per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.

4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilitá di una carta di debito;

b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;

c) livello dei costi coerente con finalitá di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;

d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente é offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 é esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non é stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole cosí definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.

Capitolo II.- Disposizioni in materia di maggiori entrate

Articolo 13.- Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria é anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed é applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria é fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitá immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unitá pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unitá ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore é costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore é costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

6. L'aliquota di base dell'imposta é pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota é ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota é ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societá, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unitá immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unitá immobiliare é adibita ad abitazione principale da piú soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 puó essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puó stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unitá immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unitá immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metá dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante é versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivitá di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivitá a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalitá stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012″. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″. Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, é consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo é sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalitá di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:“20 dicembre”. All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivitá”. L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche giá richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, é accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4″;

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

20. La dotazione del fondo di solidarietá per i mutui per l'acquisto della prima casa é incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011″, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”;

b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;

c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.

Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

Articolo 14.- Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 é istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria é il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo é dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo é dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietá tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo é dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietá, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietá e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo é corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa é commisurata alle quantitá e qualitá medie ordinarie di rifiuti prodotti per unitá di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivitá svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unitá immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo é pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili giá denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalitá di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-cittá ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalitá stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unitá immobiliari la superficie assoggettabile al tributo é costituita da quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformitá alla normativa vigente.

11. La tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantitá di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entitá dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa é determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-cittá ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove é ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, é accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche é sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento puó prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piú di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non é effettuata la raccolta, il tributo é dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piú vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa é applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantitá di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale puó deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo é dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autoritá sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attivitá con omogenea potenzialitá di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attivitá produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltá di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivitá viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformitá al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autoritá competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalitá di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione é assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalitá e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. é fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantitá di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio é determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento é effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. É consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivitá organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivitá, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puó inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puó essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltá del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la predetta tariffazione”.

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, é abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

Articolo 15.- Disposizioni in materia di accise

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;

d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.