DECRETO SUPREMO nº 06-94-TCC

Aprueban el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo nº 013-93/TCC, de fecha 28 de abril de 1993, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones;

Que la Ley nº 26206, promulgada el 2 de julio de 1993, agrega como segundo párrafo del Artículo 43 del Decreto Legislativo nº 702 modificado por el Decreto Ley nº 26095, el siguiente texto: «Los servicios portadores serán considerados necesariamente servicios públicos»;

Que la Ley nº 26285, promulgada el 12 de enero de 1994, establece disposiciones sobre los Servicios Públicos de Telecomunicaciones;

Que estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario se apruebe el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones;

De conformidad con el numeral 8 del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y Decreto Ley nº 25862;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, que consta de doscientos cuarentaicinco (245) Artículos y doce (12) Disposiciones Transitorias y Finales, comprendidos en cinco (5) SECCIÓNes y diecisiete (17) Títulos, y un Anexo sobre Glosario de Términos, cuyo instrumento forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Deróganse las disposiciones que se opongan al Reglamento que aprueba el artículo precedente.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción y entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los oncedías del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

DANTE CORDOVA BLANCO

Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones

NORMAS PRELIMINARES

Artículo 1º.- El presente Reglamento establece las disposiciones generales para la prestación de los servicios de Telecomunicaciones, la administración del espectro radioeléctrico, la normalización y homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones y la regulación del mercado de servicios, a fin de que éstos se lleven a cabo cumpliendo los objetivos y principios establecidos en la Ley de Telecomunicaciones.

Artículo 2º.- El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción está facultado para dictar los reglamentos específicos y demás disposiciones complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones y del presente Reglamento.

La prestación de teleservicios o servicios finales públicos de telecomunicaciones, será reglamentada por el Ministerio a propuesta de OSIPTEL.

Artículo 3º.- Para efectos de este Reglamento, entiéndase por:

· Ley : La Ley de Telecomunicaciones;

· Reglamento : El presente Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones;

· Ministerio : El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

· OSIPTEL : El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones;

· Dirección : La Dirección General de Telecomunicaciones;

· FITEL : Fondo de Inversión de Telecomunicaciones.

Asimismo, cuando se haga referencia a un artículo sin indicar a continuación el dispositivo al cual pertenece, se entenderá referido al presente Reglamento.

Artículo 4º.- El Ministerio podrá establecer el procedimiento para las audiencias públicas que prevé este Reglamento en los artículos 5º, 17º, 24º y 137º, en el documento de convocatoria respectivo.

Artículo 5º.- El Glosario de Términos contenido en el Anexo forma parte integrante del Reglamento.

Las ampliaciones de los términos contenidos en el Glosario serán aprobadas por el Titular del Ministerio y las modificaciones a las definiciones de dichos términos se efectuarán mediante Decreto Supremo y previa audiencia pública cuando el Ministerio o, el OSIPTEL en el caso de servicios públicos, consideren necesario recoger aportes de personas e instituciones especializadas.

Los términos no contenidos en dicho Glosario que se utilizan en el presente Reglamento tendrán el significado adoptado por el Convenio Internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

SECCIÓN PRIMERA.- DE LAS NORMAS GENERALES

Artículo 6º.- Los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia. A tal efecto están prohibidas las prácticas empresariales restrictivas de la leal competencia, entendiéndose por tales, entre otros, los acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

Los titulares de concesiones y autorizaciones, en ningún caso podrán aplicar prácticas monopólicas restrictivas de la libre competencia, que impidan una competencia sobre bases equitativas con otros titulares de concesiones y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones.

Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de Servicios de Portadores de Larga Distancia Nacional e Internacional, se ajustarán a lo establecido en la Ley nº 26285.

Artículo 7º.- El principio de servicio con equidad, obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a extender el servicio a toda el área de concesión o autorización, promoviendo la integración de los lugares más apartados de los centros urbanos. Los contratos de concesión o las autorizaciones que se otorguen, especificarán la aplicación del principio de servicio con equidad, al establecer las áreas de cobertura.

Artículo 8º.- El acceso a la utilización y prestación de los servicios de telecomunicaciones está sujeto al principio de no discriminación; por lo tanto, las empresas prestadoras de dichos servicios, de acuerdo a la oferta disponible, no pueden negar el servicio a ninguna persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones establecidas para dicho servicio.

Artículo 9º.- Por el principio de neutralidad, el concesionario de un servicio de telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que tiene una posición dominante en el mercado, está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el acceso a la interconexión o afectar la calidad del servicio.

Artículo 10º.- Se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones, cuando deliberadamente una persona que no es quien cursa la comunicación ni es el destinatario, sustrae, intercepta, interfiere, cambia o altera su texto, desvía su curso, publica, utiliza, trata de conocer o facilitar que él mismo u otra persona, conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación.

Las personas que en razón de su función tienen conocimiento o acceso al contenido de una comunicación cursada a través de los servicios públicos de telecomunicaciones, están obligadas a preservar la inviolabilidad y el secreto de la misma.

Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, están obligados a adoptar las medidas más idóneas para garantizar la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones cursadas a través de tales servicios.

Artículo 11º.- Los titulares de concesiones o autorizaciones de servicios públicos o privados de telecomunicaciones están obligados a realizar programas de capacitación y entrenamiento para asegurar la idoneidad de su personal encargado de la operación y mantenimiento de los equipos así como del desarrollo de la ingeniería del servicio, debiendo poner tales Programas en conocimiento del Ministerio, o del OSIPTEL si se trata de concesionarios que prestan servicios públicos de telecomunicaciones.

Artículo 12º.- Los servicios públicos de telecomunicaciones, tienen preeminencia sobre los servicios privados de telecomunicaciones. Este principio es aplicable en todos los actos de otorgamiento de concesiones, autorizaciones, asignación de frecuencias y, en general, en todas aquellas situaciones en las que la autoridad de telecomunicaciones tiene que decidir, de manera excluyente, entre ambas clases de servicios.

Artículo 13º.- El abonado titular de un servicio público de telecomunicaciones, es responsable del uso que se haga del mismo.

Artículo 14º.- El Ministerio en su calidad de representante del Estado ante las organizaciones internacionales de telecomunicaciones, podrá delegar su representación en casos específicos.

Artículo 15º.- Las personas naturales o jurídicas autorizadas para operar servicios privados de radiocomunicación, en lugares donde no funcionan servicios públicos de telecomunicaciones, están obligadas a cursar mensajes de las autoridades o de terceros, cuando sea necesario proteger la vida humana, mantener el orden público, garantizar la seguridad de los recursos naturales y de los bienes públicos o privados.

En tal caso, se debe preservar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que curse, por lo que será de aplicación lo previsto en el artículo 10º.

Artículo 16º.- En los estados de excepción contemplados en la Constitución y declarados conforme a Ley, todos los operadores de servicios portadores y teleservicios o servicios finales deben otorgar prioridad a la transmisión de voz y data, necesaria para los medios de comunicación de los Sistemas de Defensa Nacional y Defensa Civil.

En caso de guerra exterior, declarada conforme a ley, el Consejo de Defensa Nacional a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, podrá asumir el control directo de los servicios de telecomunicaciones, así como dictar disposiciones de tipo operativo.

Para atender dichos requerimientos, el operador del servicio de telecomunicaciones podrá suspender o restringir parte de los servicios autorizados, en coordinación previa con el Ministerio y los Sistemas de Defensa Nacional y Civil.

Para dichos fines, el Ministerio comunicará a los órganos competentes de los Sistemas de Defensa precitados, las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias que otorga, así como sus cancelaciones.

Artículo 17º.- El Plan Nacional de Telecomunicaciones es el documento que contiene los planes técnicos fundamentales que sobre la base del principio de integración de redes, sistemas y servicios, establece las pautas y lineamientos técnicos básicos que aseguran la integración e implementación de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.

Es elaborado por el Ministerio y aprobado por Resolución Suprema refrendada por el Titular del Ministerio. Su actualización o revisión debe realizarse obligatoriamente en períodos no mayores de cinco (5) años. El Ministerio podrá convocar a audiencia pública previamente a la aprobación de las modificaciones del citado Plan, a fin de recoger los aportes de las personas o entidades especializadas.

Los planes nacionales de desarrollo de las telecomunicaciones deberán elaborarse tomando en cuenta el citado Plan.

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

TÍTULO I.- DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Artículo 18º.- De conformidad con el Artículo 8º de la Ley, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en:

1. Servicios Portadores

2. Teleservicios, también llamados Servicios Finales

3. Servicios de Difusión

4. Servicios de Valor Añadido

Para efecto del citado artículo 8º de la Ley, se entiende por Red Digital Integrada de Servicios y Sistemas, a la red que mediante la aplicación de tecnologías digitales permite la integración de todos los servicios en una red única.

Artículo 19º.- De conformidad con el Artículo 9º de la Ley, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en:

1. Públicos

2. Privados

3. De radiodifusión: Privados de interés público.

Artículo 20º.- Son Servicios Públicos aquellos cuyo uso está a disposición del público en general a cambio de una contraprestación tarifaria, sin discriminación alguna, dentro de las posibilidades de oferta técnica que ofrecen los operadores.

Los Servicios Portadores son necesariamente públicos. Los Teleservicios, los Servicios de Difusión y los de Valor Añadido pueden ser públicos.

Artículo 21º.- Son Servicios Privados aquellos que han sido establecidos por una persona natural o jurídica para satisfacer, estrictamente, sus propias necesidades de comunicación dentro del territorio nacional, salvo los casos previstos en los artículos 15º y 16º.

No podrá clasificarse como servicio privado aquel que es ofrecido a terceros a cambio de una contraprestación que tenga relación con el servicio, sea ésta directa o indirecta.

Los Teleservicios, los Servicios de Difusión y los Servicios de Valor Añadido pueden ser privados.

Artículo 22º.- Para efectos del Artículo 41º de la Ley, considerase como conjunto económico al grupo de empresas que tienen como socio principal a una misma persona natural o jurídica, la cual es titular directo o indirecto de por lo menos el 51% de las acciones, participaciones o de los derechos que otorguen el control efectivo sobre los integrantes del grupo empresarial, ya sea que éstos estén constituidos como filiales o subsidiarias de la persona jurídica principal, cuando corresponda.

Artículo 23º.- El Ministerio podrá incluir dentro del marco de la Clasificación General establecida en los artículos 8º y 9º de la Ley, aquellos servicios no considerados en el Reglamento y los que surjan en el futuro como consecuencia del avance científico y tecnológico.

Artículo 24º.- El derecho de iniciativa de los particulares para proponer la regulación y correspondiente clasificación de nuevos servicios, se ejerce presentando una solicitud conteniendo la siguiente información:

1. Descripción del servicio y su clasificación según su uso y naturaleza.

2. Propuesta de normas técnicas.

3. Propuesta de normas administrativas.

El Ministerio, en caso que lo crea conveniente, podrá convocar a audiencia pública para ventilar las propuestas antes indicadas.

El Ministerio expedirá Resolución dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud o a partir de la fecha de realizada la audiencia pública si fuera el caso. Vencido este plazo sin que se haya expedido Resolución, el interesado podrá considerar que su proposición ha sido denegada o esperará el pronunciamiento del Ministerio.

Artículo 25º.- Están exceptuados de la clasificación de servicios de la Ley, del presente Reglamento y de los Reglamentos específicos que se dicten, las telecomunicaciones instaladas dentro de un mismo inmueble que no utilizan el espectro radioeléctrico y no tienen conexión con redes exteriores.

También están exceptuados de la clasificación, aquellos servicios cuyos equipos, utilizando el espectro radioeléctrico, no transmiten con una potencia superior a 10 milivatios (mW) en antena (potencia efectiva irradiada).

Artículo 26º.- Los servicios y sus equipos comprendidos dentro del ámbito establecido en el artículo anterior, gozan de autorización de carácter general a partir de la vigencia del Reglamento.

TÍTULO II.- DE LOS SERVICIOS PORTADORES

Artículo 27º.- Los Servicios Portadores son aquellos que utilizando la infraestructura del sistema portador, tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las señales de comunicaciones, constituyendo el principal medio de interconexión entre los servicios y redes de telecomunicaciones.

Artículo 28º.- El sistema portador es el conjunto de medios de transmisión y conmutación que constituyen una red abierta a nivel nacional o internacional que tienen la facultad de proporcionar la capacidad y calidad suficiente para el transporte de señales de telecomunicaciones y para la interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones.

La interconexión entre redes operadas por diferentes concesionarios de distintos servicios públicos de telecomunicaciones, dentro del ámbito de una misma área urbana, será materia de acuerdo entre las empresas prestadoras de las redes que se interconectan.

Artículo 29º.- Las señales transportadas por el sistema portador deberán cumplir con las normas técnicas nacionales aprobadas por el Ministerio, según el servicio de que se trate.

Artículo 30º.- Las modalidades que pueden adoptar los servicios portadores son:

Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los puntos de terminación de red. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios portadores para:

servicios de conmutación de datos por paquetes, servicios de conmutación de circuitos, servicio telefónico o servicio télex.

Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, el servicio de arrendamiento de circuitos del tipo punto a punto, y punto a multipuntos.

Artículo 31º.- El arrendamiento de circuitos para comunicaciones de larga distancia nacional o internacional a través de satélites, para los demás servicios portadores, teleservicios públicos o privados, servicios de difusión y servicios de valor añadido, se efectuarán necesariamente a través de los servicios portadores otorgados en concesión.

Las personas naturales o jurídicas autorizadas a prestar un servicio de radiodifusión, pueden acceder directamente a los circuitos a través de satélites, mediante la utilización de segmentos espaciales, debiendo solicitar la autorización de la Dirección para el uso del segmento terrestre.

Artículo 32º.- Los Servicios Portadores, por su ámbito de acción, pueden ser:

1. Portadores locales.

2. Portadores de larga distancia nacional

3. Portadores de larga distancia internacional

Cada una de estas modalidades requiere de concesión expresa para su prestación

Artículo 33º.- Servicios Portadores Locales son aquellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones, e interconectan redes y servicios públicos de telecomunicaciones de distintos operadores en una misma área urbana.

Los servicios portadores locales también tienen la facultad para proporcionar la capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones de servicios privados en una misma área urbana.

Artículo 34º.- Servicios Portadores de larga distancia nacional son aquellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones e interconectan redes y servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.

Artículo 35º.- Servicios Portadores de larga distancia internacional son aquellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones, originadas y terminadas en el país, hacia o desde el ámbito internacional.

Artículo 36º.- Los concesionarios de los Servicios Portadores Locales, de larga distancia Nacionales e Internacionales, tendrán la facultad para proporcionar los enlaces de entrada y salida locales, nacional e internacional, según corresponda, en la medida que sea técnicamente factible, según las disponibilidades existentes y de acuerdo a las necesidades de los servicios, sin discriminar a los usuarios.

Artículo 37º.- Los concesionarios de Servicios Portadores y Servicios Finales localizados en zonas fronterizas del país, con autorización previa del Ministerio y en coordinación con OSIPTEL, podrán celebrar convenios de interconexión de carácter especial con empresas operadoras de estos mismos servicios localizadas en zonas fronterizas del país vecino.

SUB-TÍTULO I.- DE LA CLASIFICACIÓN

Artículo 38º.- Los Teleservicios o Servicios Finales se clasifican en:

1. Públicos

2. Privados

Por la modalidad de operación, los Teleservicios Públicos o Privados pueden ser:

1. Fijos

2. Móviles

Artículo 39º.- El Servicio Fijo, es aquel servicio prestado por redes o sistemas instalados en puntos fijos.

Artículo 40º.- El Servicio Fijo se clasifica en:

1. Fijo Terrestre

2. Fijo Aeronáutico, y

3. Fijo por Satélite.

Artículo 41º.- El Servicio Fijo Terrestre es aquel servicio prestado por estaciones terminales y redes o sistemas instalados en puntos fijos en tierra.

Artículo 42.- El Servicio Fijo Aeronáutico es aquel servicio prestado por estaciones terminales instaladas en los aeropuertos con el propósito de cursar tráfico relativo a datos de navegación aérea, preparación y seguridad de los vuelos, informe sobre cargas, pasajeros y demás informaciones relativas al servicio de aeropuertos.

Artículo 43º.- El Servicio Fijo por Satélite es el servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados, utilizando uno o más sistemas satelitales; en algunos casos este servicio incluye enlaces entre satélites.

Artículo 44º.- El Servicio Móvil, es aquel servicio prestado por estaciones radioeléctricas fijas con estaciones móviles y portátiles.

Artículo 45º.- El Servicio Móvil se clasifica en:

1. Móvil Terrestre.

2. Móvil Aeronáutico.

3. Móvil Marítimo.

4. Móvil por Satélite

Artículo 46º.- El Servicio Móvil Terrestre, es aquel servicio prestado por estaciones fijas terrestres con estaciones móviles sobre vehículos terrestres, o con estaciones portátiles.

Artículo 47º.- El Servicio Móvil Aeronáutico, es el servicio prestado entre estaciones fijas aeronáuticas con estaciones móviles y portátiles en aeronaves en vuelo o que realizan maniobras en aeropuertos, así como entre éstas y las estaciones portátiles del personal de los aeropuertos a cargo del control del tráfico aéreo.

Artículo 48º.- El Servicio Móvil Marítimo es el servicio prestado entre estaciones costeras con estaciones en barco o embarcaciones de cualquier índole; está destinado a establecer comunicación entre estos últimos y los puertos y estaciones costeras, con el fin de cursar tráfico radiotelefónico y radiotelegráfico de naturaleza distinta al de radionavegación marítima.

Este servicio comprende también las facilidades de radiocomunicación de embarcaciones que operan en los lagos y ríos.

Artículo 49º.- El Servicio Móvil por Satélite es el servicio entre estaciones terrenas móviles con una o varias estaciones espaciales, o entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio, o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones espaciales.

Servicio Telefónico.- Es el que permite a los usuarios la conversación telefónica en tiempo real, en ambos sentidos de transmisión, a través de la red de telecomunicaciones.

Servicio Télex.- Es el que permite la comunicación interactiva de textos entre abonados mediante aparatos teleimpresores, que se comunican entre sí a través de una red télex, mediante la transmisión de datos convenientemente codificados.

Servicio Telegráfico (Telegramas).- Es el que permite la transmisión de mensajes escritos para ser entregados al destinatario.

Servicio de Buscapersonas.- En su modalidad unidireccional: Es el que permite al abonado recibir un aviso por radio, por medio de un equipo radioeléctrico portátil utilizado en una determinada zona. Este aviso puede ser un mensaje verbal o de una presentación visual codificada.

En su modalidad bidireccional: Es aquel que permite al abonado recibir un aviso por radio por medio de un equipo radioeléctrico portátil utilizado en una determinada zona, el mismo que puede ser un mensaje verbal o una presentación visual codificada. Adicionalmente permite enviar un aviso de confirmación de recepción del mensaje o enviar un mensaje corto, entre otros.

Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado).- Es el que permite a los abonados cursar señales de voz y datos, individuales o de grupo, mediante el uso de canales múltiples de radiocomunicación cuya asignación se realiza en forma automática.

Servicio de Conmutación para Transmisión de Datos.- Es el que utilizando una red propia permite a los abonados comunicaciones individuales en forma de datos entre equipos informáticos situados en lugares diferentes.

Servicio Multimedios.- Es el servicio de telecomunicaciones que además brinda servicios de informática y servicios audiovisuales, convergentes en un sistema, una banda o un dispositivo, con fines de negocio, seguridad, entretenimiento, entre otros.

Servicio de Comunicaciones Personales.- Es el servicio que utilizando Sistemas de Comunicaciones Personales (PCS) permite brindar servicios de telecomunicaciones móviles que mediante un terminal asociado al abonado posibilitan comunicaciones en todo momento dentro del área de concesión.

Servicios Móviles por Satélite.- Son servicios móviles de telecomunicaciones que se brindan mediante terminales portátiles, utilizando satélites.

Cualquier otro que, el Ministerio clasifique como tal mediante Resolución Ministerial.

Artículo 51º.- El Servicio Telefónico, por la forma en que se presta, puede ser: Fijo o Móvil.

Artículo 52º.- El Servicio Telefónico Fijo llamado también servicio telefónico básico, es aquel que se presta a través de una red fija, no expuesta a movimiento o alteración.

Artículo 53º.- El Servicio Telefónico Móvil es aquel que se presta a través del medio radioeléctrico en las bandas específicamente determinadas por el Ministerio, mediante terminales móviles que se pueden transportar de un lugar a otro dentro del área de servicio de la empresa operadora la misma que se encuentra configurada en células.

Artículo 54º.– La concesión del servicio telefónico podrá facultar al concesionario, a prestar el servicio a través de terceros subcontratistas, en la modalidad de teléfonos monederos, teléfonos comunitarios y cabinas públicas.

Artículo 55º.- El Servicio Telefónico, según su ámbito de prestación, puede ser:

Local.- Permite la comunicación de los usuarios dentro de una misma área de servicio determinada. Este servicio puede ser:

a. Urbano.- Es el establecido entre usuarios dentro de los límites de una ciudad o centro poblado determinado en la concesión respectiva.

b. Rural.- Es el establecido entre usuarios de una área no urbana determinada en la concesión respectiva, interconectando al servicio telefónico urbano del área de servicio local concedido.

De Larga Distancia Nacional.- Permite la comunicación de los usuarios dentro del territorio nacional.

De Larga Distancia Internacional.- Es aquel que permite la comunicación de los usuarios del territorio peruano con los usuarios de otros países.

Artículo 56º.- El Servicio Telefónico se presta bajo las siguientes modalidades:

Abonados.

Teléfonos públicos fijos o móviles, mediante puestos telefónicos, terminales fijos o móviles, cabinas o locutorios públicos, o teléfonos monederos.

Artículo 57º.- Para la prestación de cada uno de los teleservicios contemplados en el presente Sub-Título se requiere previamente del otorgamiento de la concesión respectiva, conforme a las normas del Reglamento.

Los servicios de teléfonos públicos a que se refiere el numeral 2 del artículo 56º, podrán ser otorgados en concesión a operadores independientes distintos de los concesionarios que prestan los servicios de telefonía fija o móvil.

La prestación del Servicio Telefónico de Larga Distancia, tanto nacional como internacional, se efectuará utilizando los servicios portadores brindados por empresas concesionarias autorizadas expresamente para tal fin.

Artículo 58º.- El Servicio Telefónico prestado desde puestos telefónicos, cabinas o locutorios públicos, teléfonos monederos, opera dentro del área de concesión del servicio, ya sea por intermedio de telefonistas o por aparatos terminales accionados por monedas, fichas o tarjetas.

El contrato de concesión considerará el Plan Mínimo de Expansión de los teléfonos comprendidos en el presente artículo.

Si la instalación de teléfonos públicos correspondiente al Plan de Expansión de la concesionaria de la telefonía fija no estuviese atendido según lo previsto, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a la concesionaria una o más líneas de uso comercial con la finalidad de instalar para su explotación directa teléfonos públicos desde puestos telefónicos, cabinas o locutorios públicos, en un área determinada de la concesión. Los teléfonos públicos que se instalen bajo esta modalidad, se reconocerán como parte del Plan Mínimo que la concesionaria de la telefonía fija se hubiere obligado a cumplir.

Si la concesionaria no estuviese en condiciones de acceder a lo solicitado, comunicará al solicitante las alternativas técnicas de solución para hacer posible la instalación de los teléfonos públicos solicitados.

Si el solicitante no se encontrara conforme o si transcurriese treinta (30) días de presentada su solicitud sin recibir respuesta del concesionario, podrá recurrir al OSIPTEL, quien emitirá un pronunciamiento de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta lo informado por la concesionaria y la documentación sustentatoria del solicitante, la Resolución se emitirá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud a OSIPTEL.

El OSIPTEL regulará las relaciones entre el concesionario del teleservicio y el operador independiente.

Artículo 59.- Toda área de servicio telefónico local deberá contar con puestos telefónicos, cabinas o locutorios públicos y teléfonos monederos de uso público, con acceso al servicio de larga distancia nacional e internacional.

Artículo 60º.- Los operadores del servicio telefónico local, llevarán un registro de solicitudes para la instalación de líneas telefónicas por orden cronológico.

Artículo 61º.- La prestación del servicio telefónico está sujeto a un contrato que suscribirán el concesionario y el abonado, de acuerdo a cláusulas generales de contratación aprobadas por el OSIPTEL y publicadas en la guía de abonados.

Artículo 62º.- Los servicios telefónicos deberán operar frente al usuario como un sistema integrado de servicios, independientemente de que exista más de un operador que los preste.

Artículo 63º.- Es obligación de los concesionarios de servicios de telefonía fija y télex, publicar por lo menos cada dos (02) años, una guía de abonados de su área de servicio. Asimismo, los concesionarios deberán publicar suplementos de guía anualmente, en los años que no corresponda publicar una guía de abonados, conteniendo los nuevos abonados y cambios de números.

Artículo 64º.- El abonado, si lo desea, puede solicitar su exclusión de la relación consignada por la guía de abonados. La solicitud deberá ser por escrito.

Artículo 65º.- Las disposiciones sobre Teleservicios Públicos, contenidas en los artículos 60º, 61º y 62º, son de aplicación, en lo pertinente, a los demás servicios públicos de telecomunicaciones.

SUB-TÍTULO III.- DE LOS TELESERVICIOS PRIVADOS

Artículo 66º.- Los Teleservicios Privados, pueden ser:

· Teleservicios privados que utilizan medios alámbricos u ópticos. Estos a su vez pueden

ser: línea física, cables, cables coaxiales y fibra óptica.

· Teleservicios privados que no utilizan medios alámbricos u ópticos, denominados también privados de radiocomunicación.

CAPÍTULO I.- DE LOS TELESERVICIOS PRIVADOS QUE UTILIZAN MEDIOS ALAMBRICOS U OPTICOS

Artículo 67º.- Los Teleservicios Privados que utilizan medios alámbricos u ópticos se encuentran dentro del ámbito del artículo 41º de la Ley. En los casos que para estos servicios se requiera atravesar calles, avenidas, plazas u otros lugares públicos, para hacer posible la comunicación privada, se utilizarán las facilidades de telecomunicaciones de los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, quienes están obligados a otorgarlas en cuanto ellas sean técnicamente factibles.

Artículo 68º.- Las normas del Capítulo siguiente son de aplicación, en lo que resulte pertinente, a los Teleservicios Privados que utilizan medios alámbricos u ópticos.

CAPÍTULO II.- DE LOS TELESERVICIOS PRIVADOS QUE NO UTILIZAN MEDIOS ALAMBRICOS U OPTICOS

Artículo 69º.- Se considera Teleservicios Privados que no utilizan medios alámbricos u ópticos, denominados también Privados de Radiocomunicación, a los siguientes:

1. Servicio Fijo Privado.

2. Servicio Móvil Privado.

3. Servicio de Radionavegación.

4. Servicio de Canales Omnibus (Banda Ciudadana).

5. Servicio de Radioaficionados.

6. Servicio Espacial.

7. Otros servicios de Radiocomunicaciones que se definen en el Sub Capítulo VI del presente Capítulo II.

8. Cualquier otro que el Ministerio clasifique como tal mediante Resolución Ministerial.

Los Teleservicios Privados mencionados, además de sujetarse al Reglamento, están regulados por el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y demás Reglamentos específicos que apruebe el Ministerio.

SUB-CAPÍTULO I.- De los Servicios Fijo y Móvil Privados

Artículo 70º.- Las definiciones de los servicios Fijo Privado y Móvil Privado son las mismas que se establecen en los artículos 39º y 44º.

SUB-CAPÍTULO II.- Del Servicio de Radionavegación

Artículo 71º.- El Servicio de Radionavegación es aquel que permite determinar la posición, velocidad, orientación, mantenimiento en ruta u otras características de una aeronave o embarcación o la obtención de información relativa a estos parámetros, empleando ondas radioeléctricas.

Artículo 72º.- El Servicio de Radionavegación puede adoptar las siguientes modalidades:

· Radionavegación Aeronáutica.- Esta referido a las aeronaves. En el servicio de radionavegación aeronáutica por satélite, las estaciones que captan las señales están ubicadas a bordo de las aeronaves.

· Radionavegación Marítima.- Esta referido a las embarcaciones. En el servicio de radionavegación marítima por satélite, las estaciones que captan las señales están ubicadas a bordo de embarcaciones.

SUB-CAPÍTULO III.- Del Servicio de Canales Omnibus

Artículo 73º.- El Servicio de Canales Omnibus es una forma particular de servicio de radiocomunicaciones realizado mediante equipos de potencia limitada, que trabajan en frecuencias comunes, sin derecho a protección contra interferencias, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

SUB-CAPÍTULO IV.- Del Servicio de Radioaficionados

Artículo 74º.- El servicio de radiaficionados es una forma particular del servicio de radiocomunicación, con fines de intercomunicación, entretenimiento, experimentación e investigación. El Estado fomenta esta actividad y está sujeta a control.

Artículo 75º.- Los operadores del servicio de radioaficionados están categorizados en la forma siguiente:

Categoría Novicio : Aquellos que están autorizados para operar estaciones de Clase «C», en las siguientes bandas de servicios de radioaficionados: Banda de 160, 80, 6 y 2 metros, y el segmento de la banda de 40 metros, comprendido entre 7,100 y 7,150 KHz y con las limitaciones que señale su Reglamento específico.

Categoría Intermedia : Aquellos que están autorizados para operar estaciones de Clase «B», en las siguientes bandas del servicio de radioaficionados: Banda de 160, 80, 40, 10, 6 y 2 metros, y los segmentos de las bandas de 20 metros, comprendidos entre 14000 y 14200 kHz, y de 15 metros comprendidos entre 21000 y 21250 KHz, y con las limitaciones que señale su Reglamento específico.

Categoría Superior : Aquellos que están autorizados para operar estaciones de Clase «A» en todas las bandas asignadas al servicio de radioaficionados y con las limitaciones que señale su Reglamento específico.

Artículo 76º.- Las estaciones del servicio de radioaficionados se clasifican, de acuerdo a la potencia de salida, en:

1. CLASE «A»: Aquellas cuya potencia no exceda de 1000 vatios (RMS)

2. CLASE «B»: Aquellas cuya potencia no exceda de 250 vatios (RMS)

3. CLASE «C»: Aquellas cuya potencia no exceda de 100 vatios (RMS).

SUB-CAPÍTULO V.- Del Servicio Espacial

Artículo 77º.- El Servicio Espacial es una forma particular de servicio de radiocomunicación que permite establecer comunicaciones entre estaciones terrenas y estaciones espaciales y viceversa, cuando las señales son retransmitidas por estaciones espaciales.

Artículo 78º.- Los Servicios Espaciales se clasifican en:

1. Investigación Espacial,

2. Operaciones Espaciales, y

3. Meteorología por Satélite.

Artículo 79º.- El Servicio de Investigación Espacial es el servicio que utiliza vehículos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación científica o tecnológica.

Artículo 80º.- El Servicio de Operaciones Espaciales es el servicio de radiocomunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial. Estas funciones son normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione la estación espacial.

Artículo 81º.- El Servicio de Meteorología por Satélite es el servicio de exploración de la tierra con fines metereológicos a través de satélites.

SUB-CAPÍTULO VI.- Otros Servicios de Radiocomunicaciones

Artículo 82º.- Otros servicios de radiocomunicaciones son:

1. Emisiones de Frecuencia Patrón y de Señales Horarias,

2. Radioastronomía,

3. Ayuda a la Meteorología,

4. Radiolocalización.

5. Cualquier otro servicio que el Ministerio clasifique como tal mediante Resolución Ministerial.

Artículo 83º.- El Servicio de Emisiones de Frecuencia Patrón y de Señales Horarias se emplea para la transmisión de frecuencias específicas o de señales horarias o de ambas, cuando éstas son de reconocida y elevada precisión. Los fines a los que están destinados son científicos, técnicos y actividades similares relacionadas con la operación de estaciones radioeléctricas.

Artículo 84º.- El Servicio de Radioastronomía es el servicio que se utiliza para la determinación de datos y parámetros científicos relacionados con la Astronomía y cuyo fin es el progreso de la ciencia en general.

Artículo 85º.- El Servicio de Ayuda a la Meteorología está constituido por facilidades de radiocomunicación, destinadas a la transmisión de resultados de observaciones metereológicas realizadas por instituciones especializadas.

Artículo 86º.- El Servicio de Radiolocalización es el servicio destinado a la determinación de parámetros relativos a la ubicación y posición de objetos fijos o móviles, que emiten energía electromagnética.

TÍTULO IV.- DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN

Artículo 87º.- Los Servicios de Difusión se caracterizan porque la comunicación se realiza en

un solo sentido, desde uno o más puntos de transmisión hacia varios puntos de recepción.

Quien recibe la comunicación lo hace libremente, captando lo que sea de su interés.

Artículo 88º.- Los Servicios de Difusión se clasifican en:

1. Públicos de Difusión,

2. Privados de Difusión, y

3. De Radiodifusión: Privados de Interés Público

Distribución de Radiodifusión por Cable.

1. De música ambiental.

2. Cualquier otro que el Ministerio clasifique como tal mediante Resolución Ministerial.

Artículo 90º.- El Servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable es aquel que distribuye señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y u ondas radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema de distribución, dentro del área de concesión.

Artículo 91º.- El servicio de música ambiental está constituido por facilidades de telecomunicaciones destinadas a la transmisión de música.

SUB TÍTULO II.- DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE DIFUSION

Artículo 92º.- Llámase Servicio Privado de Difusión al servicio establecido por una persona natural o jurídica para satisfacer sus propias necesidades de difusión dentro de un área delimitada.

Artículo 93º.- El servicio de circuito cerrado de televisión es un Servicio Privado de Difusión, que consiste en la transmisión de señales en banda base de televisión a través de medios físicos u ondas radioeléctricas, cuando el caso lo requiera, utilizando bandas exclusivas para el transporte de la señal. Si para este servicio se requiere utilizar potencias superiores a diez milivatios (10 mW) en antena (potencia efectiva irradiada), es preciso obtener autorización para el uso del espectro radioeléctrico.

SUB TÍTULO III.- DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN: PRIVADOS DE INTERES PUBLICO

Artículo 94º.- El Servicio de Radiodifusión: Privado de Interés Público, se caracteriza porque sus emisiones están destinadas a ser recibidas directamente por el público en general. El servicio de radiodifusión puede ser sonoro o por televisión, y por la modalidad de operación de la estación, transmisora o retransmisora.

Artículo 95º.- Toda estación transmisora del Servicio de Radiodifusión está conformada por los estudios donde se generan las señales de transmisión, la planta transmisora, sistema irradiante y enlace auxiliar, físico o radioeléctrico.

Aquella estación transmisora de Frecuencia Modulada (FM) o de televisión (UHF,VHF) que cubre sólo un área de servicio determinada será denominada Estación Local.

Artículo 96º.- Toda estación Retransmisora del Servicio de Radiodifusión, está conformada por el conjunto de instalaciones y equipos que no generan señales de telecomunicaciones propias.

Las señales que irradian serán recibidas desde la estación transmisora o retransmisora, que pertenezca al mismo titular de la autorización o a un tercero.

El conjunto de estación transmisora con estaciones retransmisoras que conforman una red, con alcance nacional o regional, constituyen una Cadena.

Artículo 97º.- El Servicio de Radiodifusión requiere autorización expresa y previa para su prestación, así como el establecimiento y operación de las estaciones retransmisoras, denominadas igualmente estaciones repetidoras.

Artículo 98º.- La asignación de frecuencias de operación de las estaciones de radiodifusión la efectúa la Dirección, de acuerdo al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y los convenios internacionales suscritos por el país.

Artículo 99º.- Según los fines que persiguen los Servicios de Radiodifusión, éstos se clasifican en:

Radiodifusión Educativa.- Es aquella cuya programación está destinada a difundir fundamentalmente contenidos educativos, culturales, científicos, formativos, e informativos de la persona, así como tecnológicos, transmitiendo conocimientos y conductas que relieven los valores sociales y personales. Este servicio se presta por personas jurídicas sin fines de lucro.

En aplicación del artículo 44º de la Ley, la prestación de este servicio no está obligada al pago de la tasa por explotación comercial.

En la prestación de este servicio no se podrán transmitir ningún tipo de avisos comerciales.

Radiodifusión Comercial.- Es aquella cuya programación de carácter comercial, puede tener contenidos de carácter cultural, informativo, de recreación o de cualquier otro género.

Este servicio se presta con fines comerciales.

Este servicio se presta por personas naturales o jurídicas con fines de lucro.

Artículo 100º.- El Servicio de Radiodifusión por Satélite es el servicio de difusión en el cual las señales de comunicación son emitidas o retransmitidas desde una estación terrena hacia una estación espacial para su difusión.

Esta puede ser:

Radiodifusión Directa por Satélite.- Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales (satélites) están destinadas a la recepción directa por el público en general.

Radiodifusión apoyado por un servicio fijo por Satélite.- Cuando la señal enviada mediante el satélite es captada en una estación terrena de comunicaciones por satélite para ser difundida en forma convencional al público en general.

Artículo 101º.- El uso de circuitos para la radiodifusión a través de satélites, se rige exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 189º.

TÍTULO V.- DE LOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Artículo 102º.- Son Servicios de Valor Añadido los siguientes:

Facsímil en la forma de almacenamiento y retransmisión de fax.- Es el servicio de circulares de fax, el de conversión gráfico a texto y texto a formato fax.

Videotex.- Es el servicio interactivo que se presta por la red de telecomunicaciones y que permite la visualización de textos o gráficos por medio de un dispositivo situado en el domicilio del usuario.

Teletex.- Es el servicio que difunde información en forma de texto a diversos usuarios tales como noticias, información de bolsa, entre otros.

Teletexto.- Es el servicio que consiste en insertar información de un texto en la trama de la señal de televisión y es distribuido a través de radiodifusión.

Teleacción.- Es el servicio que emplea mensajes cortos y que requiere velocidades de transmisión muy bajas entre el usuario y la red de telecomunicaciones.

Telemando.- Es el servicio mediante el cual se actúa desde un dispositivo de control distante sobre el sistema supervisado para modificar las condiciones en que se encuentra.

Telealarma.- Es el servicio mediante el cual se genera una señal eléctrica hacia un dispositivo de control distante, cada vez que las condiciones del sistema supervisado se modifican, de forma que se apartan de un margen permitido.

Almacenamiento y Retransmisión de Datos.- Es el servicio que, a través de la red pública de telecomunicaciones, permite el intercambio de mensajes entre terminales de usuarios empleando medios de almacenamiento y retransmisión. Es decir, permite el intercambio en tiempo diferido de mensajes entre usuarios geográficamente dispersos.

Teleproceso y Procesamiento de Datos.- Es el servicio interactivo que a través de la red pública de telecomunicaciones permite el procesamiento de datos e intercambio de mensajes a distancia entre terminales de usuarios geográficamente dispersos.

Mensajería Interpersonal (Correo Electrónico en todas sus modalidades).- Es el servicio que permite a los usuarios enviar mensajes a uno o más destinatarios y recibir mensajes a través de redes de telecomunicaciones, empleando una combinación de técnicas de almacenamiento y de retransmisión de datos, para la recuperación del mensaje por el usuario final.

Las modalidades que puede adoptar este servicio son:

· Correo Electrónico (X.400): Es la mensajería interpersonal que usa las normas internacionales X.400 del CCITT.

· Transmisión electrónica de documentos (EDI): Es la mensajería interpersonal que usa las normas de comunicación EDIFACT.

· Transferencia electrónica de fondos.

· Correo electrónico de voz: Es la mensajería interpersonal que a través de la digitalización, almacena la voz como archivo digital y la transfiere a otra localidad para su recepción por el destinatario.

· Otros que determine el Ministerio

Mensajería de Voz.- Es el servicio de transmisión de un mensaje verbal. A petición del solicitante (abonado o no), una operadora trasmite un breve mensaje ya sea llamando a uno a varios números telefónicos a una hora determinada, ya sea respondiendo a la llamada de una persona determinada (abonado o no).

Servicio de Consulta.- Es el servicio interactivo que proporciona la capacidad de acceder a la información almacenada en centros de bases de datos. Esta información se enviará al usuario únicamente a petición. La información puede consultarse individualmente el momento en que debe comenzar la secuencia de información deseada encontrándose, bajo el control del usuario.

Servicio de conmutación de datos por paquetes.- Es el servicio que sin utilizar redes propias, fracciona de acuerdo a una secuencia o trama, las señales de datos en tamaño normalizado denominados paquetes, utilizando las normas X.25 y X.75 de la CCITT.

Este servicio puede incluir modalidades de nuevas tecnologías similares.

Queda excluido de éste servicio el tráfico de voz en tiempo real.

Cualquier otro que el Ministerio clasifique como tal mediante Resolución Ministerial.

Artículo 103º.- Los Servicios de Valor Añadido sólo podrán cursar tráfico internacional a través de las redes de los concesionarios de los servicios portadores.

Artículo 104º.- A efecto de lo dispuesto en el artículo 33º de la Ley, precísase que la instalación y operación de una red propia, en los casos que fuera estrictamente necesario y sólo como complemento a la red pública que usa como soporte básico para la prestación exclusiva de servicios de valor añadido, requiere el otorgamiento previo de una autorización especial equivalente al del otorgamiento de un Servicio Privado de Radiocomunicación, expedida por la Dirección.

Dicha autorización no se otorgará si en el lugar donde se va a instalar la red propia, existen servicios portadores o teleservicios públicos que pueden atender los requerimientos para la prestación del servicio de valor añadido.

Artículo 105º.- El Ministerio está facultado para suspender la prestación de servicios de Valor Añadido, cuando su operación cause perjuicio a la red de telecomunicaciones.

TÍTULO VI.- DE LAS NORMAS GENERALES DE INTERCONEXIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 106º.- La interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones entre sí, es de interés público y social y, por tanto, es obligatoria. La interconexión es una condición esencial de la concesión.

Artículo 107º.– Los concesionarios para prestar servicios públicos de telecomunicaciones, están obligados a aplicar los diseños de arquitectura de red abierta orientada hacia el establecimiento de una red digital integrada de servicios y sistemas, que facilite la interconexión.

Artículo 108º.- La interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones debe realizarse de acuerdo con el principio de igualdad de acceso, en virtud del cual los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones están obligados a interconectarse, acordando aspectos técnicos, económicos, tarifarios, de mercado de servicios y otros, en condiciones de igualdad para todo operador de servicios de la misma naturaleza que lo solicite.

La red de los servicios públicos de telecomunicaciones no necesariamente debe estar interconectada a las redes privadas de telecomunicaciones. Está prohibida la interconexión de servicios privados entre sí.

Artículo 109º.- Los acuerdos de interconexión deben constar por escrito y deben estar en armonía con los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso. Su ejecución debe realizarse en los términos y condiciones negociados de buena fe entre las partes.

Los contratos de interconexión deben sujetarse a lo establecido por la Ley, al Reglamento, los reglamentos específicos, los planes técnicos fundamentales contenidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, así como a las disposiciones que dicte el OSIPTEL.

Dichos contratos deberán contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:

· Capacidad de interconexión y sus previsiones para el futuro, que permita que el tráfico de señales entre las redes tenga calidad razonable.

· Puntos de conexión de las redes.

· Fechas y períodos en los cuales se realizará la interconexión.

· Características de las señales transmitidas o recibidas incluyendo arreglos de encaminamiento, transmisión, sincronización, señalización, numeración, tarifas y calidad de servicio y seguridad de telecomunicaciones.

· Garantías por ambas partes, tendientes a mantener la calidad de los servicios prestados mediante las redes interconectadas.

· Condiciones tarifarias y económicas de la interconexión, teniendo en cuenta entre otros aspectos, costos y un margen razonable de utilidad.

· Fechas o períodos de revisión de las condiciones del contrato.

OSIPTEL a pedido de cualquiera de las partes puede participar en las negociaciones a fin de coadyuvar al entendimiento y acuerdo de éstas. Asimismo, debe adoptar las medidas necesarias para que las partes cumplan con los plazos antes señalados.

Artículo 110º.- El período de negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de interconexión no puede ser superior de sesenta (60) días calendario, salvo que por razones justificadas cualquiera de los interesados solicite a OSIPTEL un plazo adicional.

La empresa a la que se solicita la interconexión presentará a OSIPTEL, para su pronunciamiento, cada contrato de interconexión que pretenda celebrar, con una anticipación no menor de noventa (90) días calendario a la fecha de entrada en vigencia prevista en dicho contrato. En caso contrario, la entrada en vigencia propuesta se entenderá prorrogada por el tiempo que fuera necesario a fin que el tiempo que medie entre ésta y la fecha de presentación del contrato, sea el antes señalado.

Antes de la fecha de entrada en vigencia del referido contrato de interconexión, OSIPTEL deberá emitir su pronunciamiento, expresando su conformidad o formulando las disposiciones técnicas que serán obligatoriamente incorporadas al contrato.

Artículo 111º.- Si vencido el plazo referido en el primer párrafo del artículo anterior las partes no se hubieran puesto de acuerdo en los términos y condiciones de la interconexión, OSIPTEL, a solicitud de una de las partes o de ambas, dictará las normas específicas a las que se sujetará ésta, incluyendo los cargos de interconexión respectivos.

La solicitud o solicitudes serán presentadas adjuntando la información sustentatoria, sin perjuicio que OSIPTEL les requiera la presentación de información adicional.

OSIPTEL, remitirá a las partes el proyecto de Mandato de interconexión, a fin que éstas formulen sus comentarios u objeciones dentro del plazo que para tal fin fije OSIPTEL, el cual no podrá ser inferior a 10 días calendario.

El mandato de interconexión debe emitirse en un plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la presentación de la solicitud a que se refiere el primer párrafo y es de cumplimiento obligatorio.

Artículo 112º.- La empresa a la que se solicita la interconexión queda relevada de su obligación de negociar o celebrar un contrato de interconexión en caso que:

· La interconexión no esté contemplada por la Ley o sus reglamentos.

· Cuando a juicio del OSIPTEL, se ponga en peligro la vida o seguridad de las personas o se cause daño a las instalaciones y equipos de la empresa a la que se le solicita la interconexión.

· Cuando las condiciones técnicas existentes no sean adecuadas. En este caso, el OSIPTEL podrá señalar un plazo prudencial para que el concesionario que brinda las facilidades de interconexión, haga las previsiones técnicas del caso con las especificaciones de calidad que se requiera.

SECCIÓN TERCERA.- DE LAS CONCESIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS Y DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

TÍTULO I.- DE LAS DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 113º.- El Ministerio atenderá las solicitudes de concesión y autorización teniendo en cuenta el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 114º.- Las solicitudes relativas a la obtención y/o modificación de concesiones, autorizaciones, renovaciones, permisos, licencias y aquellas relativas al canon, tasas y derechos, fijación de tarifas o de mecanismos para su determinación no tienen el beneficio del silencio administrativo positivo. Los interesados una vez vencidos los plazos respectivos, pueden tener por denegadas sus peticiones o esperar el pronunciamiento del Ministerio.

Artículo 115º.- El Ministerio tiene la obligación de efectuar un análisis integral de las solicitudes que se presenten para prestar servicios de telecomunicaciones, a fin que las concesiones y autorizaciones se otorguen a aquellos solicitantes que presenten proyectos que mejor contribuyan a los fines de las comunicaciones, principalmente a la integración, pacificación, desarrollo y transmisión de cultura. En tal sentido, la fecha de presentación de la solicitud sólo otorga prelación o preferencia en el análisis de la solicitud y del proyecto, más no confiere derechos adicionales.

Artículo 116º.- El Ministerio no otorgará la concesión o autorización solicitada cuando:

El otorgamiento de la concesión o autorización ponga en peligro real o potencial la seguridad nacional o vaya en contra del interés público.

El solicitante no tenga la suficiente capacidad técnica y económica para ejecutar el proyecto presentado y en especial el plan de expansión de los servicios que ha solicitado, tratándose de servicios públicos.

Al solicitante o a alguno de los socios tratándose de personas jurídicas, se le hubiera sancionado con la cancelación de alguna concesión o autorización del servicio de telecomunicaciones y no haya transcurrido dos (02) años desde la fecha en que la Resolución de cancelación quedó firme administrativamente.

No será de aplicación esta limitación cuando la causal de cancelación fuera la falta de pago de la tasa por explotación comercial del servicio o del canon, en cuyo caso el otorgamiento de la concesión o autorización se sujeta a lo dispuesto en el artículo 117º.

Se ponga en peligro real o potencial el cumplimiento de los fines de las telecomunicaciones como mecanismo de integración, pacificación, desarrollo y como vehículo de cultura.

El solicitante estuviera incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

El solicitante no hubiera cumplido con pagos que resulten exigibles respecto de derechos, tasas y canon por alguna concesión o autorización que se le hubiera otorgado.

Al solicitante se le hubiere sancionado con multa, y no haya cumplido con el pago previo de la misma, siempre que está resultara exigible.

Otras que se contemplen en la Ley y el Reglamento.

Artículo 117º.- Si la cancelación de la concesión o de la autorización se realizó por la falta de pago de la tasa anual por la explotación del servicio o del canon anual por el uso del espectro radioeléctrico, el pago de estos conceptos será requisito indispensable para que se otorgue una nueva concesión o autorización.

Artículo 118º.- El contrato de concesión y la Resolución de autorización deberán contener, entre otros, las características técnicas específicas de operación de los servicios autorizados y el plazo para realizar la instalación de los mismos, así como los sistemas que sean necesarios para la prestación del servicio.

Los titulares de concesiones y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones no podrán modificar las características técnicas de operación de los servicios respectivos sin previa autorización del Ministerio.

En el contrato de concesión se podrá establecer los mecanismos para el tratamiento de las modificaciones técnicas que requiera introducir el concesionario.

Artículo 119º.- Los titulares de concesiones o autorizaciones deberán brindar al Ministerio y a OSIPTEL todas las facilidades necesarias para que éstos cumplan con sus funciones de inspección y verificación, permitiendo, entre otros, las visitas a sus locales, instalaciones y revisión de equipos y documentos si fuera necesario.

Asimismo, deberán proporcionar la información que el Ministerio y OSIPTEL les soliciten respecto de materias de su competencia en la forma y plazo para su presentación que éstos indiquen. Ello sin perjuicio de la obligación de presentar la información adicional que requieran para el análisis de casos específicos.

Artículo 120º.- Las autorizaciones, permisos y licencias de los servicios de telecomunicaciones son intransferibles total o parcialmente, salvo autorización previa y expresa del Ministerio, siempre que hayan transcurrido cinco (05) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

Las concesiones son intransferibles total o parcialmente, salvo autorización previa y expresa del Ministerio, siempre que hayan transcurrido dos (02) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, y que hubiese cumplido con el plan mínimo de expansión señalado en el contrato para el período transcurrido entre la entrada en vigencia de la concesión y la fecha de presentación de la solicitud.

El incumplimiento de esta norma produce la resolución de pleno derecho del contrato de concesión o la anulación automática de las autorizaciones, permisos y licencias correspondientes.

Aprobada la transferencia, el adquirente asumirá de pleno derecho todas las obligaciones del titular.

Toda transferencia de acciones o participaciones con derecho a voto que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social de la empresa concesionaria será comunicada al Ministerio, dentro de los diez (10) días siguientes de efectuada la transferencia.

En los casos de transformación, fusión o escisión de sociedades, la empresa titular del derecho solicitará la transferencia de la concesión o autorización al órgano competente del Ministerio, quien evaluará la solicitud de acuerdo a los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

La transferencia de concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones se autorizará por Resolución Viceministerial correspondiente.

Artículo 121º.- Las empresas extranjeras, para dedicarse a prestar u operar un servicio de telecomunicaciones, deberán domiciliar en el país o nombrar a un representante legal domiciliado en el país.

Artículo 121º-A.- Las solicitudes de modificación de Plan Mínimo de Expansión, cambio de estaciones radioeléctricas, asignación de frecuencias adicionales y otras características técnicas de la concesión otorgada, serán resueltas por Resolución Viceministerial correspondiente, para lo cual las concesionarias previamente deberán cumplir con presentar la información requerida.

TÍTULO II.- DE LAS CONCESIONES

Artículo 122º.- Los servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerio.

Artículo 123º.- Las concesiones se otorgarán a solicitud de parte o mediante concurso público de ofertas.

Artículo 124º.- El otorgamiento de la concesión se efectuará obligatoriamente por concurso público de ofertas cuando:

· En una determinada localidad o área de servicio, exista restricción en la disponibilidad de frecuencias o banda de frecuencia disponible, para la prestación de un determinado servicio público de telecomunicaciones.

· Se señale en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

· Se restrinja el número de concesionarios de un determinado servicio público al amparo del artículo 70º de la Ley debido a restricciones técnicas basadas en recursos escasos.

Artículo 125º.- La suscripción del contrato de concesión se realizará dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario de publicada la Resolución de otorgamiento de concesión. Para tal efecto deberá cumplir con presentar Carta Fianza, el pago por derecho de concesión, pago del canon si corresponde, así como el pago de la publicación de la Resolución Ministerial.

Artículo 126º.- No podrán ser concesionarios las personas prohibidas de contratar con el Estado por mandato legal o de autoridad competente.

Artículo 127º.- Una misma concesión puede comprender la facultad de prestar más de un servicio público de telecomunicaciones, así como la autorización para el uso del espectro radioeléctrico y los permisos y licencias para instalar y operar equipos de radiocomunicación, los cuales deben constar en forma expresa y detallada en el contrato respectivo, de lo contrario no se consideraran comprendidos en el mismo.

Artículo 128º.- Son derechos del concesionario, principalmente los siguientes:

· Prestar el servicio y percibir del usuario, como retribución por los servicios que presta, la tarifa que se fije siguiendo la metodología pactada en el contrato de concesión.

· Transferir excepcionalmente la concesión a otra persona, previa autorización expresa del Ministerio.

· Subcontratar en los casos específicos que se determine en el contrato de concesión.

· Verificar que sus abonados o usuarios no hagan mal uso de los servicios que les preste.

Si de tal verificación se desprendiese un uso fraudulento o indebido, pondrá tales hechos en conocimiento del OSIPTEL, para que éste adopte las medidas necesarias para hacer cesar la irregularidad. Cuando no sea posible la intervención inmediata del OSIPTEL, el concesionario podrá proceder cautelarmente a desconectar de la red cualquier aparato, equipo, dispositivo o sistema que afecte gravemente o produzca daños muy graves en sus redes de telecomunicaciones. De ello dará cuenta, en el plazo máximo de 48 horas, al Ministerio y al OSIPTEL.

Los demás que se pacten en el contrato de concesión o que se deriven de la Ley y del Reglamento.

Artículo 129º.- Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes:

· Instalar, operar y administrar el servicio de acuerdo a los términos, condiciones y plazos previstos en el contrato de concesión.

· Instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se otorga en concesión.

· Prestar las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones por la explotación del servicio, en la forma y montos señalados en el contrato de concesión.

· Prestar el servicio en forma ininterrumpida, salvo caso fortuito o fuerza mayor, en las que se dará preferencia a comunicaciones de emergencia.

· Otorgar las garantías que le exija el Ministerio para el cumplimiento del contrato, de la Ley y del Reglamento.

· Establecer una vía expeditiva para atender los reclamos de los usuarios en los términos y plazos que fije el OSIPTEL.

· Pagar oportunamente los derechos, tasas, canon y demás obligaciones que origine la concesión.

· Proporcionar al Ministerio y al OSIPTEL la información que éstos le soliciten, y en general brindar las facilidades para efectuar sus labores de inspección y verificación.

· Adoptar las medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones.

· Informar a OSIPTEL de cualquier cambio o modificación referente a acuerdos con el usuario, condiciones de interconexión o modificaciones de tarifas.

Las demás que se establezcan en el contrato de concesión o en los Reglamentos respectivos.

Artículo 130º.- El contrato de concesión debe ser escrito y contener fundamentalmente lo siguiente:

· Identificación de las partes.

· Objeto de la concesión y los servicios específicos que autoriza a prestar.

· Plazo de duración de la concesión.

· Plazo máximo y servicios comprendidos en el período de concurrencia limitada, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley nº 26285.

· Derechos y obligaciones del concesionario.

· Plan mínimo de expansión del servicio

· Compromiso de cumplimiento de las características técnicas de las instalaciones que se especifiquen en los planes técnicos fundamentales.

· Compromiso de no instalar, salvo traslados internos, equipos de segundo uso y el de contratar el suministro de bienes o la prestación de servicios mediante procedimientos que garanticen la competencia de ofertas. El contrato fijará los límites cuantitativos que sean necesarios.

· Casos específicos en que puede permitirse la subcontratación.

· Área de cobertura del servicio.

· Compatibilidad de las distintas generaciones de equipos terminales que una vez homologados, pueden conectarse.

· Plazos y cronogramas para la instalación de los equipos e iniciación del servicio.

· Características y procedimientos que han de seguirse para conectar al servicio los terminales homologados.

· Obligación de contar con contabilidad separada en virtud del principio de neutralidad, en el caso de prestar varios servicios en su área de concesión.

· Mecanismos tarifarios; condiciones y cumplimiento de los objetivos de calidad del servicio; reglas de interconexión de servicios y sus obligaciones, que serán normadas por OSIPTEL.

· Garantías que otorga el concesionario para el cumplimiento de las obligaciones que asume mediante el contrato de concesión.

· Causales de resolución del contrato de concesión.

· Penalidades.

Artículo 131º.- Las sanciones administrativas establecidas en la Ley y el Reglamento se aplicarán independientemente de las penalidades que por incumplimiento se pacten en el contrato de concesión.

Artículo 132º.- En el contrato de concesión se establecerá en forma específica el plazo para que el concesionario inicie la prestación del servicio de telecomunicaciones concedido. Dicho plazo no está sujeto a prórroga.

Artículo 133º.- Vencido el plazo indicado conforme al artículo anterior sin haberse iniciado la prestación del servicio de telecomunicaciones concedido, se producirá de pleno derecho la resolución del contrato de concesión.

Artículo 134º.- La concesión termina por las siguientes causales:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de la concesión. En este caso la Resolución opera de pleno derecho.

2. Acuerdo mutuo de las partes.

Artículo 135º.- El contrato de concesión se resuelve por:

· Incumplimiento del plazo pactado para iniciar la prestación del servicio. Si el contrato de concesión comprende varios servicios, la resolución opera sólo respecto al servicio cuyo plazo para iniciar su prestación se hubiera incumplido.

· Incumplimiento del pago de la tasa anual por la explotación comercial del servicio durante dos (02) años calendario consecutivos.

· Incumplimiento del pago del canon anual por la utilización del espectro radioeléctrico por dos (02) años calendario consecutivos.

· Incumplimiento de otras obligaciones contraídas por el concesionario, cuando hayan sido expresamente convenidas como causal de resolución del contrato.

· Suspensión de la prestación del servicio sin autorización del Ministerio, salvo que ésta se produzca por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados y calificados como tales por el Ministerio.

El procedimiento para hacer efectiva la resolución se establecerá en el contrato de concesión; en su defecto opera de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio formalice tal situación mediante Resolución que será publicada en el Diario Oficial El Peruano.

SUB-TÍTULO I.- DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN A SOLICITUD DE PARTE

Artículo 136º.- La solicitud para el otorgamiento de una concesión debe dirigirse al Ministerio, adjuntando la siguiente información y documentación:

En el caso de personas jurídicas: Copia del Testimonio de constitución social inscrito conforme a Ley o, del instrumento que corresponda tratándose de empresas extranjeras y, copia del poder de su representante legal, certificadas por Fedatario de la Dirección. Tratándose de personas naturales: copia del documento de identidad, igualmente certificada.

Datos personales del solicitante. Tratándose de personas jurídicas deben comprender a los socios o accionistas que posean acciones o participaciones con derecho a voto, que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social de la misma. Dicha información será proporcionada mediante el formulario correspondiente.

Declaración Jurada del solicitante, y en su caso de los socios o accionistas participaciones con derecho a voto, que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social de la empresa solicitante, de no hallarse impedidos de contratar con el Estado ni estar incursos en las limitaciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

Perfil del proyecto técnico para la prestación del servicio solicitado, autorizado por ingeniero colegiado de la especialidad.

Proyección de la inversión prevista para los primeros cinco (05) años y monto de la inversión inicial a ser ejecutado durante el primer año. Para efectos del pago de los derechos de concesión y obligaciones del solicitante que se estipule en el contrato respectivo, la inversión inicial no podrá ser menor del diez por ciento (10 %) de la prevista para los primeros cinco años.

Artículo 137º.- Presentada la solicitud, se verificará que ella contenga o esté acompañada de la información y documentación señalados en el artículo anterior.

En caso que falte alguno de los requisitos, se notificará al solicitante para que, dentro del plazo máximo de siete (07) días calendario, cumpla con subsanar la omisión, anotándose esta circunstancia en la solicitud presentada.

Si dentro del término antes indicado el solicitante no hubiera subsanado las omisiones, la solicitud se considerará como no presentada, y se pondrán a disposición del interesado los documentos presentados. El Ministerio podrá eliminar dicha documentación si transcurrido cuarentaicinco (45) días calendario desde su presentación no hubieran sido recabados por el solicitante.

Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, el órgano competente del Ministerio mandará a publicar un extracto de la solicitud por una sola vez en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación nacional. El solicitante deberá efectuar la publicación dentro de los diez (10) días calendario a partir de la fecha del acto administrativo que dispuso la publicación; en caso contrario, la solicitud quedará automáticamente denegada, no siendo necesario expedir ninguna Resolución.

Una vez publicado el extracto correspondiente, El Ministerio puede disponer que la solicitud se ventile en Audiencia Pública, publicando para tal efecto en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, un aviso que contenga la convocatoria a la Audiencia Pública y el lugar, día y hora de su realización.

Si el órgano competente del Ministerio luego de la evaluación integral de la solicitud considera procedente el pedido, emitirá su informe proponiendo el otorgamiento de la concesión y elevará el expediente al Viceministro de Comunicaciones para su conformidad, quien a su vez dará cuenta al Titular del Ministerio para su aprobación definitiva.

Si el órgano competente del Ministerio, considera improcedente la solicitud, emitirá el informe respectivo y previa conformidad del Viceministro de Comunicaciones, denegará la solicitud para el otorgamiento de la concesión.

Dentro del plazo de sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción del informe de la Dirección, el Titular del Ministerio, de considerar procedente la solicitud aprobará el contrato de concesión y designará al o los funcionarios que deben suscribir el contrato en representación del Estado.

El interesado cubrirá los gastos que irrogue la publicación de la Resolución Ministerial correspondiente en el Diario Oficial El Peruano, en la oportunidad señalada en el Artículo 125º del Reglamento.

Artículo 138.- Contra las Resoluciones que se expidan conforme al artículo anterior, podrán interponerse los recursos impugnativos que contempla la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

SUB-TÍTULO II.- DEL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS

Artículo 139º.- La elaboración de las bases y la conducción del Concurso Público de Ofertas están a cargo del órgano competente del Ministerio.

La aprobación de las bases y la conformación del Comité de Recepción y Evaluación de Ofertas compete al Viceministro de Comunicaciones.

Por disposición expresa el Ministerio podrá a casos específicos, encargar a otra entidad las funciones a que se refieren los párrafos precedentes.

Artículo 140º.- La convocatoria deberá contener obligatoriamente lo siguiente:

1. Denominación de la entidad que convoca.

2. Objeto del concurso.

3. Número del concurso que se convoca.

4. Oficina donde los interesados puedan inscribirse y recabar información.

5. Descripción esquemática de la metodología del concurso.

6. Precio de venta de las bases.

7. Día, hora y local donde se efectuará la recepción de documentos de la propuesta.

8. Otros que la Dirección considere técnicamente necesarios.

Artículo 141º.- La convocatoria a Concurso Público de Ofertas se publicará obligatoriamente, por dos (2) veces consecutivas, en el Diario Oficial «El Peruano» y en uno de los diarios de circulación nacional.

Artículo 142º.- Las bases del concurso público contendrán obligatoriamente lo siguiente:

· Cronograma del concurso.

· Objeto del concurso.

· Documentos requeridos para la calificación de postores.

· Área de concesión.

· Plazos.

· Obligación, en su caso, de presentar un perfil del proyecto técnico del servicio a instalar, autorizado por un ingeniero colegiado de la especialidad.

· Descripción de los principales parámetros técnicos y características del servicio, precisando las normas técnicas obligatorias aplicables a este servicio.

· Descripción de los componentes básicos de la estructura tarifaria y criterios de aplicación.

· Anteproyecto de contrato de concesión.

· Garantías, entre las que figurará la carta fianza bancaria de seriedad de oferta y montos correspondientes que constituirán los concursantes y el ganador del concurso, respectivamente.

· Documentación que deberá presentar el concursante ganador para la celebración del contrato de concesión.

· Cronograma de ejecución del proyecto.

· Monto base de la oferta en dinero.

· Criterios y pautas para la evaluación de las ofertas.

· Otra información que la Dirección estime técnicamente necesaria a fin de evaluar la oferta.

Artículo 143º.- Las bases determinarán el trámite específico a seguirse y se elaborarán de acuerdo a la naturaleza de los servicios que se concursan.

TÍTULO III.- DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 144º.- Los Servicios de Radiodifusión : Privados de Interés Público, se prestan previo otorgamiento de la autorización respectiva mediante Resolución del Viceministro de Comunicaciones.

Artículo 145º.- La autorización, salvo los servicios de canales ómnibus (banda ciudadana) y radioaficionados que por sus particulares características tienen un tratamiento especial, comprende el establecimiento, instalación, operación, explotación y el uso del espectro radioeléctrico de ser necesario.

Adicionalmente a la autorización, para la operación de servicios de radiocomunicación, se requiere previamente la expedición de la licencia correspondiente.

Artículo 146º.- El titular de la autorización del servicio de Radiodifusión deberá cumplir con el pago por derecho de autorización, del canon y por la publicación de la Resolución, dentro de los treinta (30) días de publicada la misma.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya cumplido la referida obligación, la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo correspondiente.

Tratándose de los Teleservicios Privados, el pago por derecho de autorización y del canon deberán ser acreditados adjuntando a su solicitud el recibo correspondiente.

Artículo 147º.- La autorización se concede por el plazo máximo de diez (10) años tratándose de Servicios de Radiodifusión, y por el plazo máximo de cinco (05) años para el caso de teleservicios privados y de difusión privados.

Artículo 148º.- Presentada la solicitud para el otorgamiento de las autorizaciones con todos los requisitos establecidos en este Reglamento, se aplicará en lo pertinente, el procedimiento establecido en el segundo, tercero, cuarto, y sexto párrafos del artículo 137º.

Dentro de los noventa (90) días a partir de la presentación del informe respectivo y cumplidos todos los requisitos establecidos al efecto, la autoridad competente procederá a expedir resolución autoritativa, en caso que los informes técnicos y legal correspondientes fueran favorables.

Transcurrido el referido plazo, si no se ha expedido Resolución pronunciándose sobre la solicitud, el peticionario podrá considerarla denegada, sin perjuicio de esperar elpronunciamiento del Ministerio.

Artículo 149º.- Son derechos del titular de la autorización, principalmente los siguientes:

1. Explotar el servicio.

2. Transferir excepcionalmente la autorización a otra persona natural o jurídica previa autorización expresa del Ministerio.

3. Los demás que se establezcan en la autorización o en el Reglamento Técnico Específico.

Artículo 150º.- Son obligaciones del titular de la autorización, principalmente las siguientes:

1. Instalar y operar el servicio de acuerdo a los términos, condiciones y plazos previstos en la autorización.

2. Prestar el servicio en forma ininterrumpida, salvo situaciones excepcionales debidas a caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas.

3. Pagar oportunamente los derechos, tasas y canon, que correspondan.

Artículo 151º.- La autorización queda sin efecto por las siguientes causales:

· En el caso de los servicios de radiodifusión, por incumplimiento del titular de la autorización, de sus obligaciones durante el período de instalación y prueba, de acuerdo al artículo 164º.

· Incumplimiento del pago de la tasa anual por la explotación comercial por dos (02) años calendario consecutivos.

· Incumplimiento del pago del canon anual por la utilización del espectro radioeléctrico por dos (02) años calendario consecutivos.

· Suspensión de las operaciones sin autorización del Ministerio, durante tres (03) meses continuos o, en el caso de las autorizaciones del servicio de radiodifusión durante cinco (05) meses alternados en el lapso de un (01) año calendario.

· Renuncia por parte del titular de la autorización.

· Vencimiento del plazo de vigencia de la autorización.

La autorización quedará sin efecto de pleno derecho y por tanto no requerirá de declaración de la autoridad, salvo en el caso comprendido en los numerales 1 y 4 del presente artículo, que requiere para su formalización, la expedición de la Resolución de la autoridad que otorgó la autorización respectiva.

SUB TÍTULO I.- DE LAS AUTORIZACIONES PARA SERVICIOS DE DIFUSION PRIVADOS

Artículo 152º.- Para obtener autorizaciones para establecer servicios de difusión privados, se cumplirá lo establecido en el Artículo 153º y se seguirá el procedimiento contenido en el Artículo 148º.

SUB TÍTULO II.- DE LAS AUTORIZACIONES PARA TELESERVICIOS PRIVADOS

Artículo 153º.- Para obtener autorización para establecer teleservicios privados, excepto el servicio de radioaficionados, se requiere presentar solicitud al Ministerio, acompañando la siguiente información y documentación:

· En el caso de personas jurídicas: Copia del Testimonio de constitución social inscrito conforme a Ley o, del instrumento que corresponda tratándose de empresas extranjeras y, copia del poder de su representante legal, certificadas por Fedatario de la Dirección. Tratándose de personas naturales: copia del documento de identidad, igualmente certificada.

· Datos del solicitante contenidos en el formulario que les será proporcionado por la Dirección.

· Perfil del proyecto técnico del servicio a instalar, incluyendo una memoria descriptiva de los equipos a emplear, sea de servicio de radiocomunicación o de servicios que usan medios alámbricos u ópticos. Dicho perfil estará autorizado por un ingeniero colegiado de la especialidad.

· Hoja de información técnica de las estaciones radioeléctricas en formato proporcionado por la Dirección, para el caso de los servicios de radiocomunicación.

· Copia certificada por el fedatario de la Dirección, de las tarjetas de propiedad de vehículos terrestres, matrículas de embarcaciones y aeronaves, cuando se trata de servicios de radiocomunicación móviles terrestre, marítimo y aeronáutico, respectivamente.

· Fotocopia del Manual de Instrucción, incluyendo el diagrama circuital y especificaciones técnicas de los equipos a instalar.

· Inversión proyectada para los primeros tres (03) años y monto previsto para la inversión inicial a ser ejecutado durante el primer año, que involucra el proyecto.

Otros requisitos que se establezcan en los Reglamentos específicos y normas técnicas de estos servicios.

SUB TÍTULO III.- DE LAS AUTORIZACIONES PARA SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS

Artículo 154º.- La autorización para establecer servicios de radioaficionados será solicitada y otorgada de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Específico del Servicio de Radioaficionados

SUB TÍTULO IV.- DE LAS AUTORIZACIONES PARA SERVICIOS DE RADIODIFUSION

Artículo 155º.- Las autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgarán a solicitud de parte o, alternativamente, cuando el Ministerio lo considere necesario y para los casos que oportunamente señale, mediante concurso público de ofertas.

Las bases y conducción del concurso público de ofertas se regirá por lo dispuesto en los artículos 139º al 143º, en lo que corresponda.

Artículo 156º.- Los servicios de radiodifusión educativa, gozarán de una atención preferencial en su tramitación y resolución.

Tienen tratamiento especial las solicitudes de autorización para prestar servicio de radiodifusión en zonas fronterizas cuyas emisiones tengan una potencia superior a un kilovatio (1 kW)

Artículo 157º.- Cualquier modificación en la titularidad de acciones de empresas titulares de autorizaciones de servicios de radiodifusión, deberán ser puestas en conocimiento del Ministerio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de transferencia.

Artículo 158º.- Para efectos del artículo 23º de la Ley, entiéndase como «localidad», a la extensión de la superficie en donde es posible la recepción de las señales emitidas por una determinada estación de radiodifusión, utilizando receptores comerciales comunes con un nivel de señal de calidad buena, según la definición aprobada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Artículo 159º.- El otorgamiento de una autorización para radiodifusión no incluye la autorización de uso del espectro radioeléctrico, ni los permisos y licencias para instalar otros equipos de radiocomunicación, salvo que estén expresamente comprendidos en la autorización.

Artículo 160º.- La aplicación al titular de la autorización de sanciones previstas en la Ley y en el Reglamento, no exime a éste de la responsabilidad de cumplimiento de sus obligaciones en la prestación del servicio, siempre y cuando no se trate de la cancelación de la autorización.

Artículo 161º.- Para obtener autorización para prestar servicios de radiodifusión, se requiere presentar una solicitud al Ministerio acompañando la siguiente información y documentación:

· En el caso de personas jurídicas: Copia del Testimonio de constitución social inscrito conforme a Ley o, del instrumento que corresponda tratándose de empresas extranjeras y, copia del poder de su representante legal, certificadas por Fedatario de la Dirección. Tratándose de personas naturales: copia del documento de identidad, igualmente certificada.

· Datos del solicitante contenidos en el formulario que le será proporcionado por la Dirección.

· Declaración jurada de no estar incurso en la prohibición del artículo 23º de la Ley.

Igualmente, dicha declaración será presentada por los socios de las empresas solicitantes.

· Perfil del proyecto técnico del servicio a implementar, incluyendo una memoria descriptiva de los equipos a emplear, conforme a las indicaciones del Reglamento Técnico Específico de este servicio. Dicho perfil debe ser autorizado por un ingeniero colegiado de la especialidad.

· Plano a escala 1/100,000 de las localidades en las que se va a establecer el servicio, indicando la ubicación de los estudios y de las plantas transmisoras, las coordenadas geográficas de las antenas en grados, minutos y segundos y diagramas de irradiación de las antenas.

· Planos arquitectónicos a escala 1/50 del estudio y planta transmisora, graficándose la ubicación de los equipos por instalar.

· Inversión proyectada que involucra el proyecto para los primeros tres (03) años y, monto de la inversión inicial a ser ejecutada durante el primer año.

Otros documentos o información que se establezcan en el Reglamento Técnico Específico de este servicio.

Artículo 162º.- Otorgada la autorización para prestar servicios de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba dentro del cual el titular instalará los equipos requeridos para la prestación del servicio autorizado y se realizarán las pruebas de funcionamiento respectivas.

El período de instalación y prueba tiene una duración improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la Resolución de autorización.

Dentro de tal plazo y hasta antes de los sesenta (60) días calendario previos a la terminación del período de prueba, el titular de la autorización está obligado a dar aviso a la Dirección a fin que verifique el estado de las instalaciones y practique las pruebas de funcionamiento respectivas.

Dicha inspección podrá efectuarse por técnicos del Ministerio o por una Entidad Inspectora autorizada.

Artículo 163º.- Realizada la inspección y a mérito del informe del técnico del Ministerio o de la Entidad Inspectora autorizada responsable de la misma, el Ministerio podrá:

· Efectuar recomendaciones técnicas, en cuyo caso fijará fecha para una nueva inspección dentro del período de prueba.

· Expedir la correspondiente licencia, si las instalaciones hubieran concluido y las pruebas de funcionamiento hubieran resultado satisfactorias.

Artículo 164º.- El Ministerio dejará sin efecto la autorización además de lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento, en los siguientes casos:

· Si dentro del período de prueba el titular de la autorización no hubiera solicitado la inspección en el plazo previsto.

· Si hubiera vencido el período de prueba y la inspección no se hubiera efectuado por causas imputables al titular de la autorización.

· Si las pruebas de funcionamiento no fueran satisfactorias o si habiendo vencido el período de prueba, el titular de la autorización no hubiera cumplido con realizar las instalaciones de los equipos.

Artículo 165º.- Los gastos de viaje y viáticos en que incurra el Ministerio para efectuar las inspecciones técnicas antes señaladas serán asumidas por el titular de la autorización respectiva, debiendo ser canceladas por éste antes de la fecha señalada por el Ministerio para practicar la inspección. Para tal efecto por Resolución del Ministerio se fijará la escala correspondiente por Departamentos.

Artículo 166º.- La Dirección pondrá en conocimiento de las Municipalidades correspondientes, las autorizaciones y cancelaciones relativas a la prestación de servicios de radiodifusión, para efectos de la aplicación de las normas sobre Licencias Municipales de Funcionamiento.

TÍTULO IV.- DE LOS PERMISOS

Artículo 167º.- Los titulares de una autorización para prestar servicios de radiocomunicación, tienen derecho a recibir del Ministerio, tantos permisos como el caso requiera para la instalación de cada estación autorizada.

Artículo 168º.- El permiso de instalación puede incorporarse en la Resolución de autorización.

Si así no se hiciese, los permisos se expedirán dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la vigencia de la autorización, en los formularios aprobados para cada clase de servicio, donde el titular consignará la información técnica y operativa necesaria para el control técnico y estadístico de los equipos e instalaciones.

Artículo 169º.- Las características técnicas de operación de los servicios contenidas en los permisos de instalación, podrán modificarse a solicitud del titular de la autorización correspondiente.

TÍTULO V.- DE LAS LICENCIAS

Artículo 170º.- Los titulares de una autorización para prestar un servicio de radiocomunicación, tienen derecho a recibir del Ministerio, una o más licencias para iniciar la operación de los servicios autorizados.

Las características técnicas de operación contenidas en la licencia podrán ser modificadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 171º.- Las licencias se expedirán siempre que la instalación de los equipos y las pruebas de funcionamiento hubieran resultado satisfactorias .

Artículo 172º.- Las licencias se expedirán en los formatos aprobados para cada clase de servicio de telecomunicaciones.

Artículo 173º.- El plazo de las licencias no podrá exceder la vigencia de la autorización respectiva.

TÍTULO VI.- DEL REGISTRO PARA SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Artículo 174º.- La instalación, operación y prestación de los servicios de valor añadido no requiere de autorización previa del Ministerio, salvo que se trate de servicios de valor añadido que requieran de redes propias distintas a las de los servicios portadores o teleservicios, los cuales están sujetos al régimen establecido en el Artículo 104º.

Artículo 175º.- Las personas naturales o jurídicas que deseen prestar servicios de valor añadido, deberán inscribirse en un registro que para tal fin llevará el órgano competente del Ministerio. La inscripción deberá efectuarse previamente al inicio de la prestación del servicio respectivo.

La inscripción se realizará presentando una Declaración Jurada a través del formulario que les será proporcionado por el órgano competente del Ministerio, en el que se anotarán entre otros datos, los siguientes:

1. Identificación del titular del servicio.

2. Clase de servicios.

3. Área de cobertura del servicio.

4. Identificación de los equipos a ser utilizados.

La omisión de la inscripción está sujeta a las sanciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 176º.- El Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido será actualizado permanentemente y estará a cargo del órgano competente del Ministerio.

TÍTULO VII.- DE LAS RENOVACIONES

Artículo 177º.- Las concesiones y autorizaciones otorgadas a solicitud de parte o mediante concurso público de ofertas, podrán renovarse al vencimiento de sus respectivos plazos de vigencia según sus propios términos y condiciones.

En el contrato de concesión se pueden establecer mecanismos especiales para la renovación del plazo de concesión, siempre que el período de renovación no exceda el inicialmente pactado.

Artículo 178º.- El titular de una concesión presentarán solicitud de renovación con una anticipación de dos (02) años en relación al plazo de vencimiento; y en el caso de autorizaciones, el titular solicitará la renovación tres (3) meses antes del vencimiento del plazo otorgado.

El contrato de concesión podrá contemplar plazos especiales para solicitar la renovación.

Artículo 179º.- La solicitud de renovación será evaluada teniendo en cuenta si el concesionario cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de concesión, de la Ley, del Reglamento y demás normas que resulten aplicables.

Artículo 180º.- Para la renovación de las concesiones, se aplicará lo dispuesto en el cuarto párrafo y siguientes del artículo 137º.

Artículo 181º.- Las renovaciones se otorgarán con el mismo nivel de Resolución con que se otorgó la concesión o autorización.

En el caso de los servicios de radiodifusión la renovación es automática, previa solicitud del titular.

Artículo 182º.- Es requisito indispensable para la renovación de las concesiones y autorizaciones haber cumplido con todos los pagos de los derechos, tasa anual de la explotación del servicio, canon anual y demás conceptos que se adeude al Ministerio, vinculados a telecomunicaciones.

Tratándose de del servicio de radiodifusión, dicho requisito es de obligatorio cumplimiento para que opere la renovación automática.

TÍTULO VIII.- DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 183º.- Espectro Radioeléctrico es el medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural limitado que forma parte del patrimonio de la nación.

Corresponde al Ministerio la administración, la asignación y el control del espectro de frecuencias radioeléctricas y, en general, cuanto concierne al espectro radioeléctrico.

Artículo 184º.- El Plan Nacional de Asignación de Frecuencias es el documento técnico normativo que contiene los cuadros de atribución de frecuencias a los servicios de telecomunicaciones, así como las normas técnicas generales para la utilización del espectro radioeléctrico, y que para los efectos del presente Reglamento también podrá denominarse Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el mismo que es aprobado por el Ministerio en base a la propuesta técnica de la Dirección.

El Ministerio atribuirá las bandas de frecuencias para la operación de los servicios de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, previa coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las mismas que estarán contenidas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 185º.- Toda estación radioeléctrica está sujeta a una asignación de frecuencia; todo servicio de telecomunicaciones que utilice la radiocomunicación a una atribución de bandas de frecuencias; y toda zona de servicio a una adjudicación de frecuencias.

Artículo 186º.- El uso del espectro radioeléctrico requiere de una concesión o autorización expresa del servicio de telecomunicación correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento.

Artículo 187º.- El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, contendrá los cuadros de atribución para la utilización del espectro radioeléctrico sobre la base de prioridades nacionales.

Dicho Plan indicará la clase y categoría de servicios de telecomunicaciones para cada una de las bandas de frecuencias, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicación, anexo al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, debiendo contemplar las necesidades de los Sistemas de Defensa y Seguridad Nacional. Igualmente, el Plan considerará, para cada localidad del país, la reserva de al menos un canal de televisión en la banda de muy alta frecuencia (VHF) y otro en la banda de ultra alta frecuencia (UHF), para ser asignadas a empresas de dichas localidades de carácter departamental.

Artículo 188º.- Los servicios públicos de telecomunicaciones que emplean estaciones radioeléctricas, tienen bandas de frecuencias específicas reservadas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 189º.- El uso del espectro radioeléctrico para radiodifusión por satélite requiere de autorización de la Dirección. Se dará un tratamiento preferencial en la tramitación de dicha autorización para prestar el servicio de radiodifusión en zonas alejadas de los centros urbanos o deprimidas económicamente. En éste último caso, la Dirección podrá extender de oficio la autorización correspondiente.

Artículo 190º.- En el caso que varios servicios de telecomunicaciones compartan frecuencias, los servicios públicos de telecomunicaciones tendrán prioridad sobre los otros servicios.

Artículo 191º.- La Dirección llevará un Registro Nacional de Frecuencias en el que se inscribirán las asignaciones que haya efectuado.

El Ministerio establecerá el procedimiento y forma de acceso del público a la información de dicho registro, teniendo en cuenta su grado de confidencialidad y la seguridad nacional.

Artículo 192º.- Toda estación radioeléctrica operará sin afectar la calidad ni interferir otros servicios de radiocomunicaciones autorizados. En caso de interferencia perjudicial, el causante está obligado a suspender de inmediato sus operaciones hasta corregir la interferencia a satisfacción del Ministerio.

Artículo 193º.- No son modificables las características de instalación y operación autorizadas para el uso o explotación de frecuencias, la potencia de trasmisión y otros parámetros técnicos relativos al uso del espectro radioeléctrico, si antes no se obtiene la autorización del Ministerio.

Asimismo, está prohibido usar la frecuencia asignada para fines distintos a los autorizados.

Artículo 194º.- Toda estación radioeléctrica que opere en el país está obligada a trasmitir con la potencia, ancho de banda y en la frecuencia o banda autorizada.

Artículo 195.- Está prohibido el uso de estaciones radioléctricas para finalidad diferente a la autorizada, excepto en los siguientes casos:

· En apoyo de los sistemas de defensa nacional o civil, y durante los estados de excepción, de acuerdo al artículo 16º.

· Cuando sea necesario para proteger la vida humana, coadyuvar al mantenimiento del orden público, garantizar la seguridad de los recursos naturales y en general de los bienes públicos y privados, dando cuenta al Ministerio.

Artículo 196º.- El Ministerio podrá cambiar una frecuencia autorizada, procurando no afectar derechos, en los siguientes casos:

1. Prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, cuando lo exija el interés público.

2. Solución de problemas de interferencia perjudicial.

3. Utilización de nuevas tecnologías

4. Cumplimiento de acuerdos internacionales.

5. Modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 197º.- Las estaciones de radiocomunicación y radiodifusión, se identificarán con los indicativos de llamadas asignados. Esta disposición no alcanza a las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento que emitan automáticamente las señales de socorro.

Artículo 198º.- Los aparatos telefónicos, equipos terapéuticos o industriales, motores o generadores, artefactos eléctricos y otros, deberán estar acondicionados de tal manera que se evite en lo posible y dentro de los límites de la tecnología vigente, las interferencias  radioeléctricas que tales equipos puedan ocasionar; en caso contrario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 199º.- Las personas naturales o jurídicas que posean equipos de cualquier naturaleza, están obligadas a eliminar las interferencias radioeléctricas que tales equipos produzcan, en el plazo que al efecto determine el Ministerio. Vencido dicho plazo, de continuar tales interferencias, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley y el Reglamento.

SUB TÍTULO II.- DEL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 200º.- El Ministerio debe velar por el correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico y por la utilización racional de éste.

Artículo 201º.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio deberá:

· Efectuar la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, identificar y localizar las interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones.

· Detectar a las personas que presten servicios de telecomunicaciones en condiciones técnicas distintas a las establecidas por el Ministerio o, sin la correspondiente concesión, autorización, permiso o licencia.

Dichas acciones podrá realizarlas directamente o a través de personas naturales o jurídicas previamente autorizadas, a las que se denominarán «Entidades Inspectoras». Adicionalmente, el Ministerio también podrá encargar a estas entidades la ejecución de las sanciones y la cobranza de las multas que éste imponga a las empresas infractoras.

Artículo 202º.- El Ministerio deberá expedir el Reglamento de las entidades inspectoras, en el que se establecerán los mecanismos y requisitos para su designación, sus derechos y obligaciones, otorgamiento de garantías que respalde el cumplimiento de sus obligaciones, infracciones y sanciones, las pautas generales para su operación y otros aspectos que se consideren pertinentes.

Artículo 203º.- No podrán ser designadas como entidades inspectoras, las personas naturales o jurídicas que:

· Sean titulares de concesiones o autorizaciones para prestar un servicio público de telecomunicaciones o privado de interés público.

· Hubieran sido sancionadas con la cancelación de su designación como entidad inspectora, y no hubieran transcurrido dos (02) años desde que la Resolución que impuso la sanción quedó firme administrativamente. Igualmente quedará impedida la persona jurídica cuyo socio o representante legal estuviera incurso en lo antes señalado.

Artículo 204º.- Para ser designada entidad inspectora se requiere cumplir los siguientes requisitos:

· Presentar Plan de Trabajo, relación del personal técnico calificado, descripción de las instalaciones y el método de ejecución de los trabajos de verificación.

· Acreditar capacidad técnica y económica suficientes para la ejecución del Plan de Trabajo propuesto

· Otorgar garantía para respaldar el cumplimiento oportuno y eficiente de sus obligaciones.

· Otros requisitos que se establezca en el Reglamento que se apruebe de acuerdo con el artículo 202º.

TÍTULO IX.- DE LOS DERECHOS, TASAS Y CANON

SUB TÍTULO I.- DE LOS DERECHOS DE CONCESION Y AUTORIZACION

Artículo 205º.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 55º de la Ley, el derecho por concesión o autorización será el siguiente:

· Autorizaciones para servicios privados y servicios de radiodifusión: dos y medio por mil (2.5 /000) de la inversión inicial prevista para el establecimiento del servicio de telecomunicaciones autorizado.

· Concesiones: dos y medio por mil (2.5 /000) de la inversión inicial prevista para el establecimiento del servicio de telecomunicaciones concedido, salvo el caso de los servicios móviles satelitales, en que se aplicarán los siguientes derechos:

· Un monto equivalente a 810 Unidades Impositivas Tributarias, en caso se le otorgue la exclusividad del uso de la porción de espectro asignado.

· Un monto equivalente a 540 Unidades Impositivas Tributarias, en caso la concesión no otorgue la exclusividad del uso de la porción del espectro asignado.

· En los casos de los numerales 1 y 2, los derechos de concesión o autorización, en ningún caso podrán ser menores a los montos que a continuación se indican:

· Concesiones para servicios públicos de telecomunicaciones y de autorizaciones para servicios de radiodifusión, así como por Renovación de las mismas: una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

· Autorizaciones para servicios privados de telecomunicaciones, así como por Renovación: veinticinco por ciento (25 %) de la UIT.

· Autorización, renovación y cambio de categoría para radioaficionados: dos por ciento (2%) de la UIT.

· La Unidad Impositiva Tributaria aplicable para el cálculo de los derechos, será la vigente a la fecha en que corresponde efectuar el pago.

· El Ministerio podrá establecer en el contrato de concesión correspondiente la forma de pago que considere más adecuada, respetando los montos mínimos establecidos en el presente artículo.

Artículo 206º.- El derecho a pagar por el otorgamiento de concesiones o autorizaciones sujetos a concurso público de ofertas, se calculará en la forma y sobre los montos definidos en las bases respectivas, en función de la mejor oferta.

Artículo 207º.- El derecho por la concesión o autorización se abona por única vez y su pago es requisito indispensable para el inicio de la vigencia de dichos actos jurídicos. Sin perjuicio de lo anterior, el pago de tal derecho es exigible a partir del décimo quinto día calendario del mes siguiente a aquél en el que se otorgó la concesión o autorización, para lo cual se tomará en cuenta la fecha de la suscripción del contrato y la fecha de la Resolución con la que se otorga la autorización.

SUB TÍTULO II.- DE LA TASA POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO

Artículo 208º.- Los titulares de concesiones o autorizaciones, pagarán por concepto de la explotación comercial de los servicios de telecomunicaciones, una tasa anual equivalente a medio por ciento (0.5 %) de sus ingresos brutos facturados y percibidos anualmente.

En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones y para los fines de esta tasa, forma parte de la base de cálculo, los ingresos provenientes de las liquidaciones entre empresas por el tráfico internacional de entrada y salida del país.

Artículo 209º.- Los titulares de concesiones o autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, abonarán con carácter de pago a cuenta de la tasa que en definitiva les corresponda abonar por la explotación comercial del servicio, cuotas mensuales equivalentes al porcentaje fijado en el artículo anterior aplicado sobre los ingresos brutos percibidos durante el mes inmediato anterior al del pago. En el mes de enero de cada año se efectuará la liquidación final, debiéndose abonar la cuota de regularización respectiva. Si quedara saldo a favor del contribuyente podrá aplicarlo a los respectivos pagos a cuenta de los meses siguientes o alternativamente podrá hacer uso de los mecanismos que determine oportunamente el Ministerio.

Conjuntamente con el pago a cuenta mensual, las empresas presentarán al Ministerio una Declaración Jurada en el formato que éste apruebe, la misma que estará sujeta a verificación posterior por parte del personal autorizado por el Ministerio.

La declaración jurada y el pago correspondiente, se efectuarán dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponda el pago a cuenta.

El incumplimiento de los pagos a cuenta y del pago de regularización correspondiente en los plazos establecidos, dará lugar a la aplicación por cada mes de retraso y de manera acumulativa, de las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio fijados por el Banco Central de Reserva, vigentes a la fecha de pago. En este caso opera la mora automática.

SUB TÍTULO III.- DEL CANON POR LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 210º.- El canon anual que deben abonar los titulares de concesiones o autorizaciones por concepto del uso del espectro radioeléctrico, se calcula aplicando los porcentajes que se fijan a continuación sobre la Unidad Impositiva Tributaria vigente al primero de enero del año en que corresponda efectuar el pago.

1. SERVICIOS PORTADORES

Por cada estación terrestre o satelital que utilice sistemas multicanales, por frecuencia de trasmisión y por capacidad instalada del sistema:

Hasta 12 canales 4%

De 13 hasta 24 canales 6%

De 25 hasta 48 canales 8%

De 49 hasta 60 canales 10%

De 61 hasta 120 canales 12%

De 121 hasta 300 canales 14%

De 301 hasta 600 canales 16%

De 601 hasta 960 canales 18%

De 961 a más canales 20%

2. TELESERVICIOS PÚBLICOS

Servicio Telefónico Móvil Celular

El canon anual se paga en función de las frecuencias de estación base de conmutación celular, de acuerdo a lo siguiente:

· Por cada estación base de conmutación celular. 20.0%

· Por cada estación móvil, en función de la capacidad de la central de conmutación respectiva. 0.5%

Servicio Buscapersonas

· Por estación transmisora y por frecuencia 20.0%

Servicio Aeronáutico y Marítimo

· Por estación fija, fija de base y móviles 3.0%

Teleservicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (troncalizado).

· Por cada estación base troncal por canal 20.0%

· Por cada estación repetidora 20.0%

· Por cada estación móvil o portátil en función plan de expansión 0.5%

Servicio Móvil por satélite

· Por Mhz. asignado 166%

· Por cada estación móvil 0.5%

Para el enlace entre la estación terrena y el satélite:

· Por Mhz. asignado 0.5%

En caso que la asignación no fuere múltiplo exacto en Mhz, el pago por el excedente será calculado proporcionalmente

3. SERVICIO PÚBLICO DE DIFUSIÓN

Servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable

· Sistema MMDS por canal 20.0%

4. TELESERVICIOS PRIVADOS

Servicio de Radiocomunicación Privada

(1) Aeronáutico y Marítimo:

· Por estación fija, fija de base y móvil:

· Por estación y por frecuencia 10.0%

(2) Terrestre:

· Por estación fija y fija de base y por bloque horario

· Por estación ubicada en localidades donde no existe servicio público de telecomunicaciones 40.0%

· Por estación móvil 10.0%

(3) Por cada estación que utilice sistemas multicanales, por frecuencia de transmisión y por capacidad instalada del sistema:

a) Por cada estación que utilice sistema multicanales analógicos

Hasta 12 canales 40.0%

De 13 hasta 24 canales 60.0%

De 25 hasta 48 canales 80.0%

De 49 hasta 60 canales 100.0%

De 61 hasta 120 canales 120.0%

De 121 hasta 300 canales 140.0%

De 301 hasta 600 canales 160.0%

De 601 hasta 960 canales 180.0%

De 961 a más canales 200.0%

b) Por cada estación que utilice sistemas de transmisión digitales:

· Por Mhz. asignado 1,200%

En caso que la asignación no fuera múltiplo exacto en Mhz, el pago por el excedente será calculado proporcionalmente.

(4) Servicio fijo por satélite:

· Por estación transmisor 100.0%

Servicio no sujetos a protección:

· Servicio canales ómnibus por estación (banda ciudadana) 10.0%

Servicio fijo que utilice tecnología espectro ensanchado

· Por estación fija punto a punto o punto a multipunto 20.0%

· Por el conjunto de estaciones conformantes de una red local dentro de una misma área cerrada (LAN) 50.0%

Teleservicio Móvil de canales Múltiples de Selección Automática (troncalizado)

· Por cada estación base troncal por canal 48%

· Por cada estación repetidora 48%

· Por cada estación móvil o portátil 10%

Servicio de Radioaficionados

· Categoría Superior 3.0%

· Categoría Intermedio 2.0%

· Categoría Novicio 1.0%

Servicio de Radiodifusión: Privados de Interés Público

a. Por Servicio de Difusión

Radiodifusión por Televisión

En VHF por cada estación:

Hasta 1.0 kw de potencia 50.0%

De 1.1 kW a 5.0 kW de potencia 60.0%

De 5.1 kW a 10.0 kW de potencia 70.0%

De 10.1 kW a 20.0 kW de potencia 85.0%

De 20.1 kW a más 100.0%

En UHF por cada estación:

Hasta 1.0 kw de potencia 30.0%

De 1.1 kW a 5.0 kW de potencia 40.0%

De 5.1 kW a 10.0 kW de potencia 50.0%

De 10.1 kW a 20.0 kW de potencia 65.0%

De 20.1 kW a más 80.0%

Radiodifusión sonora.

Por estación:

Hasta 1.0 kw de potencia 10.0%

De 1.1 kW a 5.0 kW de potencia 15.0%

De 5.1 kW a 10.0 kW de potencia 20.0%

De 10.1 kW a 20.0 kW de potencia 25.0%

De 20.1 kW a más 30.0%

Por los enlaces auxiliares fijos terrestres de radiodifusión sonora y por televisión:

· Por estación y frecuencia de transmisión 36.0%

Por los enlaces auxiliares móviles terrestres de radiodifusión sonora y de televisión:

· Por estación y frecuencia de transmisión 6.0%

Por enlaces satelitales

· Por estación transmisora 50.0%

En el caso de las estaciones de radiodifusión ubicadas en localidades fronterizas, abonarán por concepto el 50% de los montos fijados en los párrafos precedentes, según la potencia de operación que les corresponda.

Artículo 211º.- Tratándose de teleservicios privados, cuando una estación radioeléctrica fija terrestre esté ubicada en un lugar donde existe servicio público de telecomunicaciones, el canon se calculará en base a la tarifa del servicio público telefónico de larga distancia nacional vigente al primero (01) de enero del año en que corresponde efectuar el pago. Para tal efecto, pagará por cada bloque de una hora, el equivalente a 1,800 minutos al costo de una tarifa de persona a persona.

Artículo 212º.- No están afectos al pago del canon anual por el uso del espectro radioeléctrico, las estaciones radioeléctricas operadas por entidades del Gobierno Central, definidas como tales en la leyes presupuestales, las estaciones del servicio de radiodifusión del Estado, ni las estaciones radioeléctricas de los servicios de radionavegación aeronáutica y marítima.

Tratándose de estaciones de teleservicio privado, autorizadas a instituciones de interés social, éstas pagarán por concepto de canon anual el uno por ciento (1%) de la Unidad Impositiva Tributaria por estación.

Se considera instituciones de interés social, a las entidades públicas o privadas sin fines de lucro, dedicadas a las actividades de beneficencia pública, socorro, salud o educación, previa calificación de la Dirección.

Artículo 213º.- Conforme a lo establecido en el artículo 44º de la Ley, el servicio de radiodifusión educativa abonará por concepto de canon por uso del espectro radioeléctrico, el cincuenta por ciento (50%) del canon correspondiente al servicio de radiodifusión, fijado en los artículos 210º y 211º. Para gozar de este beneficio, se requiere obtener la calificación previa de la Dirección.

Artículo 214º.- El Ministerio publicará oportunamente en el diario oficial El Peruano, los montos correspondientes al canon anual calculados en función del valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 01 de enero de cada año.

Artículo 215º.- El pago del canon anual se efectuará por adelantado en el mes de febrero de cada año. Vencido este plazo se aplicarán por cada mes de retraso y de manera acumulativa, las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio fijados por el Banco Central de Reserva, vigentes a la fecha de pago.

Artículo 216º.- En casos de concesiones y autorizaciones para prestar servicios de telecomunicaciones otorgadas durante el transcurso del año, el canon anual será pagado proporcionalmente a tantos dozavos como meses faltaran para la terminación del año, computados a partir de la fecha de la expedición de la autorización. Para este efecto, se computará como período mensual cualquier número de días comprendidos dentro del mes calendario. Asimismo, dicho pago será abonado dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al otorgamiento de la concesión o autorización. Transcurrido dicho plazo se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

SUB TÍTULO IV.- DEL DERECHO ESPECIAL DESTINADO AL FONDO DE INVERSIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 217° .- El aporte establecido en el artículo 12 de la ley, a cargo de las empresas prestadoras de servicios portadores y teleservicios públicos, constituye un derecho especial que se deriva de la explotación de la concesión otorgada por el Estado para la prestación de tales servicios.

Dicho derecho es del uno por ciento (1.0 %) aplicable sobre el monto total anual de los ingresos brutos facturados y percibidos correspondientes a cada ejercicio deducido el Impuesto General a las Ventas u otros impuestos con similares efectos. Para tal efecto, también forma parte de la base de cálculo, los ingresos provenientes de las liquidaciones entre empresas por el tráfico internacional de entrada y salida del país.

Artículo 218º.- Los concesionarios abonarán con carácter de pago a cuenta del aporte que en definitiva les corresponda abonar por concepto del derecho especial, cuotas mensuales equivalentes al uno por ciento (1.0 %) de sus ingresos brutos facturados y percibidos durante el mes anterior.

En el mes de enero de cada año se efectuará la liquidación final, debiéndose abonar la cuota de regularización respectiva. Si quedara saldo a favor del aportante éste podrá aplicarlo a los respectivos pagos a cuenta de los meses siguientes o, alternativamente podrá hacer uso de los mecanismos que determine oportunamente el Ministerio.

Conjuntamente con el pago a cuenta mensual, las empresas presentarán al OSIPTEL una declaración jurada en el formato que éste apruebe. Asimismo, el pago de regularización debe efectuarse a OSIPTEL, de conformidad con las normas que éste apruebe.

La declaración jurada y el pago correspondiente, se efectuarán dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponde el pago a cuenta.

Vencido este plazo, pagarán por cada mes de retraso y de manera acumulativa, las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio fijados por el Banco Central de Reserva, vigentes a la fecha de pago.

Artículo 219º.- Como administrador del FITEL, el OSIPTEL no podrá usar para gastos propios ni como fuente para su financiamiento los recursos del Fondo.

OSIPTEL, aprobará las normas que regulen el funcionamiento del FITEL, de acuerdo a las políticas que señale el Ministerio.

TÍTULO X.- DE LA NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 220º.- El objetivo de la homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones, es asegurar el adecuado cumplimiento de las especificaciones técnicas a que éstos deben sujetarse para prevenir daños a las redes que se conecten, evitar interferencias a otros servicios de telecomunicaciones y garantizar la seguridad del usuario.

Artículo 221º.- Los equipos o aparatos de telecomunicaciones que se conecten a la red pública o se utilicen para realizar emisiones radioeléctricas, para su comercialización, uso y operación, estarán previamente homologados, para lo cual el solicitante cumplirá con los requisitos que la Dirección establezca.

Las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones comunicarán a la Dirección, la relación de equipos con sus características técnicas que pueden conectarse a su red, la que debe actualizarse periódicamente.

Artículo 222º.- Para su comercialización, los equipos que utilicen el espectro radioeléctrico y que trasmitan en una potencia igual o inferior a 10 milivatios (mW) en antena (potencia efectiva irradiada), también deben estar previamente homologados.

Artículo 223º.- El Ministerio podrá encargar a terceros la realización de las pruebas necesarias para la normalización y homologación de equipos o aparatos de cada especialidad, de acuerdo a especificaciones técnicas que elaborará teniendo en cuenta las normas técnicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La persona o personas encargadas de tales pruebas serán designadas a solicitud de parte o mediante concurso público y serán denominadas «Entidades Verificadoras».

La designación se hará por plazo determinado, renovable.

Artículo 224º.- Para la designación de «Entidades Verificadoras» resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 203º y 204º.

Artículo 225º.- La Dirección expedirá un Certificado de Homologación en base al informe escrito favorable de la «Entidad Verificadora», que acreditará que el equipo o aparato homologado cumple las especificaciones técnicas establecidas en base al Reglamento.

Artículo 226º.- Los operadores de servicios de telecomunicaciones están obligados a conectar a sus redes o sistemas, los equipos terminales que los usuarios adquieran o arrienden a terceros, siempre y cuando sean compatibles y hayan sido debidamente homologados, por lo que no podrán obligar a los suscriptores a adquirir sus equipos, ni otros bienes o servicios como condición para proporcionarles el servicio solicitado.

Artículo 226º-A.- Las Casas Comercializadoras de equipos y aparatos de Telecomunicaciones están obligadas a inscribirse en el Registro que para tal efecto tiene a su cargo la Dirección. El incumplimiento de esta obligación será considerado como una infracción leve.

Los requisitos para la inscripción serán establecidos por la Dirección.

Las Empresas Comercializadoras registradas remitirán obligatoriamente en forma mensual el listado de las ventas efectuadas, debiendo proporcionar la información y documentación que la Dirección les solicite.

Artículo 226º-B.- Se otorgará Permisos de Internamiento a las Casas Comercializadoras que estén inscritas en el Registro y a las personas naturales y jurídicas que tengan concesión o autorización para prestar servicios de telecomunicaciones otorgadas por el Ministerio. Dichos equipos en principio deben estar homologados, en caso no lo estuvieran éstos no podrán ser utilizados o comercializados hasta que no obtengan el Certificado de Homologación expedido por la Dirección.

Los requisitos para el otorgamiento del Permiso de Internamiento serán establecidos por la Dirección.

TÍTULO XI.- DEL MERCADO DE SERVICIOS

Artículo 227º- Para el ejercicio del derecho del usuario, establecido en el artículo 73º de la Ley, de elegir el operador del servicio de telecomunicaciones respectivo, el Ministerio dictará las disposiciones específicas necesarias.

Artículo 228º.- Los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia observando en lo que corresponda la Ley nº 26285.

Corresponde al OSIPTEL, supervisar el mercado de los servicios de telecomunicaciones y adoptar las medidas correctivas, que serán de cumplimiento obligatorio.

Artículo 229º.- En lo que no esté previsto en la Ley y el Reglamento, en lo referido a la prohibición de las prácticas empresariales restrictivas de la libre competencia, se aplicarán las disposiciones legales vigentes sobre prácticas monopólicas controlistas y restrictivas de la libre competencia.

Artículo 230º.- OSIPTEL está facultado para prestar servicios especializados de carácter extraordinario a las personas naturales o jurídicas que presten servicios de telecomunicaciones.

El Consejo Directivo del OSIPTEL fijará en cada caso la retribución a cobrar y la forma de pago por la prestación de tales servicios. Dichos ingresos constituyen recursos propios del OSIPTEL.

Artículo 231º.- Los plazos y términos para resolver los reclamos de los usuarios a que se refiere el artículo 74º de la Ley, serán fijados por el OSIPTEL.

Artículo 232º.- En aplicación del principio de neutralidad, los concesionarios de servicios portadores y servicios finales de carácter público, que simultáneamente presten otros servicios de telecomunicaciones en libre competencia, deberán llevar contabilidades separadas por las actividades de cada categoría de servicio, según la clasificación establecida en el artículo 8º de la Ley.

SECCIÓN CUARTA.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 233º.- Toda acción u omisión que importe incumplimiento o violación de obligaciones contenidas en la Ley, en el Reglamento o en las normas que se dicten de conformidad con los mismos, y las que se deriven de las respectivas concesiones o autorizaciones, constituye infracción susceptible de ser sancionada administrativamente.

Artículo 234º.- Constituyen infracciones muy graves, además de las tipificadas en el artículo 87 de la Ley, las siguientes:

La oferta de servicios telefónicos para la realización de intentos de llamadas telefónicas originadas en el país, con el fin de obtener una llamada de retorno con tono de invitación a discar, proveniente de una red básica de telecomunicaciones ubicada fuera del territorio nacional.

La contratación con entidades nacionales o extranjeras para canalizar sus comunicaciones telefónicas hacia otros países, sin intervención de los concesionarios del servicio público telefónico local fijo o móvil.

Los infractores directos, así como las personas naturales o jurídicas que participen en las actividades señaladas en el presente artículo serán sancionados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que se pudieran derivar de la comisión de tales actos.

Artículo 235.- Para efectos de la correcta aplicación del artículo 87º de la Ley, precisase que no está comprendido dentro de los alcances del inciso 4), la interceptación que efectúen las entidades autorizadas por el Ministerio, con la finalidad de controlar el correcto uso del espectro radioeléctrico.

Artículo 236º.- Constituyen infracciones graves, además de las tipificadas en el artículo 88 de la Ley, las siguientes:

a. Contratar la transmisión de mensajes comerciales a través de estaciones sonoras o televisivas que no cuenten con la respectiva autorización, permiso o licencia.

b. La adquisición de un servicio de telecomunicaciones a una persona natural o jurídica que no esté autorizada para prestarlo conforme lo establece este Reglamento.

c. No cumplir dentro de los plazos previstos con la inscripción en el Registro correspondiente, del servicio de valor añadido que la persona preste .

d. La violación de normas sustanciales del código de ética y conducta que se apruebe en concordancia con el artículo 28º de la Ley.

e. La realización de actividades relacionadas con los servicios de radiodifusión y de servicios privados de telecomunicaciones, sin la correspondiente autorización, cuando el sujeto infractor opere la estación con potencia de transmisión entre cien (100) y quinientos (500) vatios.

f. La utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas sin la correspondiente autorización, cuando el sujeto infractor opere una estación del servicio de radiodifusión o del servicio privado de telecomunicaciones, con potencia de transmisión entre cien (100) y quinientos (500) vatios.

g. No pago por dos (2) años consecutivos de la tasa de explotación comercial del servicio o del canon anual.

Artículo 237.- Para efectos de la correcta aplicación del artículo 88º de la Ley, precísase lo siguiente:

· La autorización a que se refiere el inciso 3), es la que se requiere para que la estación radioeléctrica opere. En consecuencia los que vendan los indicados equipos o los importen o fabriquen por cuenta de una estación no autorizada, también están incursos en la comisión de la presente infracción.

· Están comprendidas en lo establecido en el inciso 6), las interferencias producidas por defectos de los aparatos o equipos.

Artículo 238º.- Las infracciones serán determinadas, verificadas, evaluadas y sancionadas por la Dirección, para el caso de servicios privados y de radiodifusión; y por la Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones, tratándose de servicios públicos. Para efectos de la imposición de la sanción podrán basarse en las recomendaciones, evaluaciones y verificaciones efectuadas por las entidades inspectoras, previamente autorizadas de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.

Las sanciones se aplicarán a todos los que resulten responsables y a los que se refiere el artículo 86º de la Ley.

En caso que de una misma infracción se derive la aplicación de más de una sanción de multa, se aplicará la que resulte más elevada.

Asimismo, el Ministerio podrá encargar a terceros la ejecución de las sanciones entre ellas las relacionadas al cobro de multas.

Artículo 239º.- Para la mejor aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 90º de la ley, el infractor sancionado debe dejar de realizar los actos que motivan la sanción, a partir del día siguiente de su notificación.

Asimismo, para efectos de determinar el tiempo que el infractor operó irregularmente y aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo del citado artículo, el Ministerio tomará como base la fecha más antigua consignada en los comprobantes de pago o comunicaciones emitidas en relación con la prestación de los servicios de telecomunicaciones, o la fecha en que se detectó su funcionamiento irregular, la que resulte más antigua.

Asimismo, se presume que el infractor operó de manera ininterrumpida desde la fecha que se determine conforme al párrafo anterior hasta la fecha de imposición de la sanción. Corresponde al infractor probar lo contrario.

Artículo 240º.- Cuando se disponga la suspensión provisional de la concesión o autorización, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 96º de la Ley, una vez notificada la Resolución, la empresa sancionada debe dejar de prestar los servicios objeto de la concesión o autorización de manera inmediata. Si así no lo hiciere, el Ministerio podrá cancelar definitivamente la concesión o autorización respectiva.

Artículo 241º.- El monto de la multa, referido a la UIT vigente a la fecha de su imposición, se graduará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a. Repercusión social de la infracción cometida.

b. Número de infracciones cometidas.

Artículo 242º.- Las sanciones administrativas que se impongan, son independientes del cumplimiento de la obligación o de los requisitos exigidos, por ello su aplicación no convalida, exime o reemplaza ninguna exigencia incumplida, ni los daños ni perjuicios causados.

Asimismo, su aplicación se realiza sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran denunciar o interponer la autoridad competente o terceros perjudicados.

Artículo 243º.- Las multas impuestas deberán ser canceladas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su imposición, a cuyo vencimiento se procederá a la cobranza coactiva;

sin perjuicio de la aplicación de los recargos que establezca el Ministerio y de los intereses compensatorios y moratorios que fije el Banco Central de Reserva aplicados sobre el monto insoluto de la multa.

Artículo 244º.- Contra las Resoluciones expedidas imponiendo sanciones conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se pueden interponer recursos impugnativos previstos en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

Artículo 245º.- La aplicación al concesionario de sanciones previstas en la Ley y este Reglamento, con excepción de la de cancelación, no lo exime de su responsabilidad de cumplir con sus obligaciones frente a los usuarios del servicio que presta, o de indemnizarlo conforme a lo pactado o lo establecido por la Ley.

SECCIÓN QUINTA.- DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Los titulares de concesiones o autorizaciones que a la fecha no hubieran cumplido con el pago de las tasas por explotación del servicio y por el uso del espectro radioeléctrico considerado en el Reglamento del Decreto Ley 19020, deberán regularizar su situación hasta el 31 de marzo de 1994. A partir de dicha fecha el Ministerio procederá a la cobranza coactiva, sin perjuicio de sancionar al deudor conforme a lo establecido en los artículos 87º y 88º de la Ley.

SEGUNDA.- Los pagos que se hubieran efectuado a la fecha de publicación del presente Reglamento por concepto de la tasa anual establecida por el Decreto Ley 19020 y sus normas reglamentarias, correspondiente al año 1994, se considerarán como pago a cuenta del canon anual del año 1994. La diferencia, si la hubiere, será abonada dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación del Reglamento.

A partir de la vigencia del presente dispositivo, el pago de la Tasa por Explotación Comercial del Servicio, el Canon por uso del espectro radioeléctrico y el Derecho Especial destinado al FITEL, se efectuarán conforme a las normas contenidas en la Ley y este Reglamento.

TERCERA.- En las zonas del país declaradas en Estado de Emergencia por el Poder Ejecutivo, las empresas prestatarias o concesionarias de servicios de telecomunicaciones, cobrarán a los Institutos Armados y Policía Nacional: i) El 5% de las tarifas vigentes para servicios locales de telecomunicaciones y para enlaces privados de larga distancia, que permitan la comunicación entre las dependencias de tales instituciones ubicadas en dichas zonas y entre éstas y las ubicadas en Lima. ii) El 5% de las tarifas vigentes para dar continuidad al circuito de enlace en la ciudad de Lima, desde el terminal de larga distancia hasta el local solicitado.

Para gozar de dicho tratamiento tarifario preferencial, los Institutos Armados y Policía Nacional deben canalizar sus solicitudes a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien formalizará el pedido ante las empresas concesionarias correspondientes.

CUARTA.- Las concesiones y autorizaciones otorgadas antes de la vigencia del Reglamento que se adecúen a lo dispuesto en la Ley y al presente Reglamento, no están sujetas al pago de los derechos de concesión y autorización referidos en el artículo 205º.

QUINTA.- Los expedientes que se encuentran en trámite y pendientes de resolver a la fecha de publicación del Reglamento, continuarán siendo atendidos conforme a las disposiciones contempladas en el Reglamento.

SEXTA.- En tanto se elabore el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que regula el uso del espectro radioeléctrico, suspéndase por el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación del Reglamento, el trámite de nuevas solicitudes para obtener autorización para iniciarse en la prestación del servicio de radiodifusión sonora o televisiva.

SÉTIMA.- Las empresas que a la fecha de publicación de este reglamento vienen prestando servicios especializados de telecomunicaciones a usuarios comerciales de una misma actividad económica, clasificados como teleservicios o servicios finales, podrán por excepción adecuarse al régimen del presente reglamento presentando una solicitud simple dirigida al Ministerio, detallando la clase y ámbito del servicio que vienen prestando, en base a la cual el Ministerio, dentro del plazo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ley, se otorgará concesión, autorización, permiso y/o licencia que corresponda.

OCTAVA.- Las autoridades políticas, administrativas, judiciales y policiales, deben brindar el apoyo necesario a los funcionarios del Ministerio o a las entidades que éste delegue, para facilitar el cumplimiento de las acciones verificadoras, inspectoras o sancionadoras derivadas del cumplimiento de la Ley y del presente Reglamento.

NOVENA.- Déjense sin efecto las autorizaciones y permisos otorgados para prestar servicios de telecomunicaciones, si sus titulares no hubieran cumplido con instalar los servicios autorizados dentro de los plazos establecidos al efecto o, que estuvieran incursos en el inciso 4) del artículo 151º. Esta disposición opera de pleno derecho, no siendo necesario la expedición de Resolución expresa para cada caso.

DECIMA.- Una Comisión liquidadora cuyos integrantes serán designados mediante Resolución del Titular del Ministerio, se encargará de conducir el proceso de disolución y liquidación, de la Comisión Reguladora de Tarifas de Comunicaciones -CRETCO-, proceso que deberá concluir en un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la instalación de la Comisión, al vencimiento del cual deberá elevar el informe de todo lo actuado al Titular del Ministerio.

El personal de la CRETCO será absorbido por el Ministerio a fin de cubrir las plazas que se encontraran vacantes producto de su proceso de reorganización, salvo que el trabajador opte por su retiro.

DECIMA PRIMERA.- En cumplimiento del artículo 101º de la Ley, autorízase al Ministerio a introducir las modificaciones presupuestales que fueran necesarias a fin que con cargo a los ingresos que perciba por concepto de derechos, tasa y canon, pueda cubrir los costos del control y monitoreo del espectro radioeléctrico, para lo cual podrá contratar a entidades inspectoras o verificadoras, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- Derógase el Decreto Supremo nº 009-74-TC así como todas las normas que se opongan al Reglamento, dejándose a salvo, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, los Reglamentos específicos y Normas Técnicas de los servicios de telecomunicaciones expedidos al amparo del Decreto Ley nº 19020, en tanto no se dicten las normas que los sustituyan.

ANEXO.- GLOSARIO DE TERMINOS

CONCESION

Área geográfica dentro de la cual se permite la explotación de un servicio público de telecomunicaciones por un concesionario.

AREA DE SERVICIO

Área hasta donde llegan con niveles de calidad bueno las señales de telecomunicaciones transmitidas por un concesionario u operador autorizado, según los patrones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS

Facilidad brindada por el concesionario del servicio portador para el establecimiento de un enlace punto a punto para la transmisión de señales de telecomunicaciones. Asimismo, está comprendida la modalidad de arrendamiento de circuitos de punto a multipuntos.

CALIDAD DEL SERVICIO

Es el grado de satisfacción del usuario sobre el servicio que recibe. Cuando se especifica la calidad del servicio, debe considerarse el efecto combinado de las siguientes características del mismo: logística, facilidad de utilización, disponibilidad, confiabilidad, integridad y otros factores específicos de cada servicio.

CENTRAL

Conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de etapas de conmutación, de medios de control y señalización y de otras unidades funcionales en un nodo de la red, que permite la interconexión de líneas de abonado, circuitos de telecomunicaciones y/u otras unidades funcionales según lo requieren los usuarios individuales.

CENTRAL LOCAL

Central en la que terminan las líneas de abonado.

CENTRAL AUTOMATICA

Es la central que permite establecer la comunicación entre usuarios del servicio, sin intervención de la operadora.

CENTRAL MANUAL

Es la central que permite establecer la comunicación entre los usuarios del servicio, mediante la intervención de una o más operadoras.

CIRCUITO DE TELECOMUNICACIONES

Medio de transmisión que permite la comunicación entre dos puntos.

COMUNICACIONES DE EMERGENCIA

Son las comunicaciones orientadas a subsanar el estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, así como las que se realizan para salvaguardar la vida humana.

CONVERSACION EN TIEMPO REAL

Es la comunicación efectuada sin ningún retardo o atraso, salvo el de la propia propagación.

EQUIPO TELETEX

Dispositivo capaz de trasmitir y recibir documentos del servicio de teletex.

EQUIPO TERMINAL

Es el dispositivo en el cual termina un circuito de telecomunicaciones y que permite al usuario

el acceso a la red.

HOMOLOGACION

Comprobación y verificación de la compatibilidad de funcionamiento y operación de un equipo de telecomunicaciones con una red o sistema de telecomunicaciones, de acuerdo a normas técnicas establecidas.

NTERCONEXION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Hacer una conexión entre dos o más equipos y/o redes o sistemas de telecomunicaciones, pertenecientes a diferentes personas naturales o jurídicas, según el correspondiente contrato de interconexión celebrado entre las partes.

LEY DE TELECOMUNICACIONES

Es el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo nº. 013-93/TCC, del 28 de abril de 1993, y su ampliatoria aprobada por Decreto Supremo nº 021-93-TCC del 5 de agosto de 1993.

LINEA

El medio de transmisión entre dos terminaciones de línea. El término puede ser calificado por el tipo del medio usado, por ejemplo:

· Línea metálica . un par de alambres (usualmente de cobre)

· Línea óptica : una fibra óptica (transmisión bidireccional), un par de fibras ópticas (transmisión unidireccional)

LINEA DE ABONADO

Son los circuitos que interconectan los aparatos de abonados a las centrales locales.

LINEA EN SERVICIO

Es una línea que se encuentra conectada de la central al usuario de un servicio.

LUGAR DE PREFERENTE INTERES SOCIAL

Son aquellos lugares que expresamente sean declarados como tales por el Supremo Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

MENSAJE

Es la unidad básica de información, trasmitida por medio de transferencia de mensajes y que comprende un sobre y un contenido. El sobre, se refiere a la información necesaria para que el mensaje pueda ser direccionado y tratado adecuadamente. El contenido, es el mensaje propiamente dicho.

OPERADORA

Persona natural o jurídica que cuenta con concesión, autorización o registro para la explotación de uno o más servicios de telecomunicaciones.

OPERADOR INDEPENDIENTE DE SERVICIOS TELEFONICOS

Es el concesionario del servicio telefónico local, que opera dentro de un área de servicio ya otorgada en concesión para el mismo teleservicio.

PLAN DE EXPANSION MINIMO

Es el programa de instalaciones y ampliaciones de servicios y sistemas, que el concesionario de servicio público de telecomunicaciones se ha comprometido a cumplir, para alcanzar las metas y objetivos convenidos en el contrato de concesión para un período determinado.

PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF)

Documento unificado en el que se recogen las disposiciones de los reglamentos de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, convenios bilaterales y aquellas que el Estado considera apropiadas, para la salvaguarda y el buen uso del espectro radioeléctrico en el país.

PREEMINENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Es el tratamiento preferencial de todo orden, de que gozan los servicios públicos de telecomunicaciones sobre los servicios privados de telecomunicaciones.

PUNTO DE CONEXION

Lugar en el que el equipo del abonado u operador independiente, se conecta a la red del teleservicio local.

RADIO

Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.

RADIOCOMUNICACION

Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

RED O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

La infraestructura o instalación que establece una red de canales o circuitos, para conducir señales de voz, sonidos, datos, textos, imágenes u otras señales de cualquier naturaleza, entre dos o más puntos definidos por medio de un conjunto de líneas físicas, enlaces radioeléctricos ópticos o de cualquier tipo, así como por los dispositivos o equipos de conmutación asociados para tal efecto.

RED PRIVADA DE TELECOMUNICACIONES

Red o sistema de telecomunicaciones, que establece una persona natural o jurídica con su propia infraestructura o, mediante el arrendamiento de canales y/o circuitos de redes públicas de telecomunicaciones, para satisfacer sus propias necesidades de comunicación.

RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES

Red o sistema de telecomunicación establecido y explotado por una o más empresas, con la finalidad específica de ofrecer servicios de telecomunicaciones al público.

RED PUBLICA DE TELEFONIA

Red o sistema de telecomunicaciones establecido y explotado por una o más empresas, con la finalidad específica de ofrecer servicio público telefónico.

SEGMENTO ESPACIAL

Bandas o frecuencias de recepción y/o transmisión, en un satélite de telecomunicaciones para establecer enlaces por satélite.

SEGMENTO TERRESTRE

Infraestructura y servicios requeridos en tierra para establecer un enlace satelital, que comprende la estación o estaciones terrenas, así como las instalaciones necesarias para conectarse con alguna red terrestre de telecomunicaciones privada o pública.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Actividad desarrollada bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, para posibilitar y ofrecer una modalidad específica de telecomunicaciones.

SERVICIOS TELEFONICOS SUPLEMENTARIOS

Son aquellos que proporcionan prestaciones adicionales al servicio telefónico básico, empleando la red telefónica convencional.

SERVICIO TELEFONICO BASICO

Es aquél que proporciona la capacidad completa para la comunicación de voz entre usuarios, incluida la conducción de las señales entre puntos terminales de conexión, así como el cableado y, en forma opcional, el aparato telefónico terminal.

SISTEMA DE TRANSMISION DE ALTA CAPACIDAD

Son los sistemas de transmisión de microondas, fibra óptica, estaciones terrenas vía satélite y otros sistemas de transmisión, que transportan altos volúmenes de información convertidos en señales de telecomunicaciones.

SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS

Conjunto de redes operadas por uno o más concesionarios, que se comportan como red única de telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES

Es toda transmisión y/o emisión y recepción de señales que representan signos, escrituras, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por medios físicos, medios electromagnéticos, medios ópticos, u otros.

TELEFONO PUBLICO MONEDERO

Aparato telefónico terminal disponible al público en general y que son accionados mediante el pago a través de monedas, fichas o tarjetas.

TIEMPO DE LISTA DE ESPERA

Es el período que comprende desde que un potencial abonado solicita o se inscribe ante la empresa concesionaria para acceder como abonado al teleservicio público de que se trate, hasta que se le atiende el pedido.

USUARIO

Persona natural o jurídica que en forma eventual o permanente, tiene acceso a algún servicio público o privado de telecomunicaciones.

ZONA DE SERVICIO (De telefonía móvil)

Zona en la que el abonado del servicio de telefonía móvil, puede ser alcanzado por otro abonado de una red pública sin que éste conozca la posición real. En este caso, una zona de servicio no puede ser mayor que el área de cobertura. 

Délibération nº 2006-229 du 5 octobre 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication (norme simplifiée nº 34).

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 4 ;

Vu la convention nº 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 34-5 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier son article 24 ;

Vu la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés nº 2006-228 du 5 octobre 2006 relative à la mise en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques ;

Après avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

Les conditions d'utilisation des fichiers comprenant des données à caractère personnel à des fins de communication politique sont précisées par une délibération de la CNIL en date du 5 octobre 2006 portant adoption d'une recommandation relative à la mise en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques.

Au regard des formalités préalables prévues par la loi, les traitements mis en oeuvre, notamment à des fins de communication politique, par les partis ou groupements à caractère politique lorsqu'ils concernent des données relatives à leurs membres ou aux personnes qui entretiennent avec eux des contacts réguliers dans le cadre de leur activité politique sont exonérés de déclaration auprès de la CNIL.

La commission considère que les traitements mis en oeuvre à des fins de communication politique constitués à partir des seules informations issues de la liste électorale sont, eux aussi, exonérés de déclaration.

Les autres traitements mis en oeuvre à des fins de communication politique qui ne peuvent bénéficier de ces dérogations doivent être déclarés à la CNIL, y compris lorsqu'il est fait appel à des prestataires extérieurs.

En application de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Les traitements mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.

La commission a déjà adopté le 3 décembre 1991 une norme simplifiée relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication.

Cependant, elle estime nécessaire d'adopter un nouveau texte au regard, notamment, de la modification de la loi du 6 janvier 1978 par la loi du 6 août 2004 et de l'utilisation par les partis, groupements à caractère politique, élus ou candidats, des moyens de communication électronique ;

Décide :

– d'abroger la délibération nº 91-118 du 3 décembre 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication ;

– d'adopter une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les partis, groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives à des fins de communication (norme simplifiée nº 34) dont le contenu est le suivant :

Article 1. Peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements automatisés qui répondent aux conditions définies aux articles suivants.

Article 2. Finalités des traitements.

Les traitements peuvent avoir tout ou partie des finalités suivantes :

– la gestion et l'envoi, y compris sous forme électronique, de toute information faite dans le respect du code électoral et ayant un lien direct avec l'activité politique poursuivie tels que les programmes politiques, les appels d'adhésion ou de financement, les comptes rendus de mandats, les invitations aux réunions, etc. ;

– l'établissement d'études statistiques, à l'exception des sondages d'opinion ;

– l'exécution d'opérations liées au financement des partis ou des opérations électorales, et en particulier la gestion des comptes de campagne et des comptes de partis ou groupements à caractère politique tels que définis par la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990.

Article 3. Origine et nature des données traitées.

Les données à caractère personnel pouvant être traitées dans le cadre de la présente norme sont soit recueillies directement auprès des personnes, y compris par l'intermédiaire de sites web ou de » blogs » mis en oeuvre par le parti, le groupement à caractère politique, l'élu ou le candidat, soit indirectement par l'intermédiaire de fichiers loués dans le respect des dispositions de la loi » informatique et libertés «.

Les données à caractère personnel pouvant être traitées dans le cadre de la présente norme sont :

– nom, nom marital, titre ou fonction, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone fixe ou mobile, adresse électronique, profession ou catégorie socio-professionnelle, centres d'intérêt, montant des dons, date des dons.

Les données traitées dans le cadre d'opérations de communication politique et, le cas échéant, la production, à partir des fichiers utilisés, de sélections de personnes à contacter ne peuvent en aucun cas porter sur des données susceptibles de faire apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, sauf justifications particulières et accord écrit des personnes concernées.

Article 4. Destinataires des données traitées.

Peuvent seuls être destinataires des données à caractère personnel traitées :

– l'élu ou le candidat ou les responsables du parti ou du groupement à caractère politique, qui, dans le cadre de leur fonction au plan national ou local, ont la responsabilité de la mise en oeuvre des traitements correspondant aux finalités définies à l'article 2 et les seuls personnels habilités à gérer ces traitements ;

– les éventuels prestataires chargés de la réalisation des opérations de communication qui doivent être tenus contractuellement aux obligations de sécurité et de respect des droits des personnes.

Article 5. Durée de conservation.

Les données à caractère personnel nécessaires aux traitements définis à l'article 2 peuvent être conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Les données collectées dans le cadre d'opérations de communication mises en oeuvre à l'occasion d'une campagne électorale ne peuvent être conservées à l'issue du scrutin, sauf information préalable des personnes.

Article 6. Information et droits des personnes.

Les personnes dont les données sont traitées doivent avoir été informées de l'identité de celui qui aura procédé à la collecte, de la ou des finalité(s) de cette collecte dont, le cas échéant, l'utilisation des données à des fins de communication politique, du caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse et des conséquences, en cas de défaut de réponse, des destinataires des informations collectées et de l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition.

Les personnes dont les données sont issues d'un fichier loué doivent avoir été mises en mesure de s'opposer par un moyen simple et immédiat à la transmission ou à l'utilisation de leurs données par l'élu, le candidat ou le parti ou groupement à caractère politique à l'origine du message.

Dans le cadre de l'utilisation de moyen de communication par voie électronique, seules les personnes ayant préalablement consenti à être démarchées peuvent recevoir des messages de communication politique.

Les messages envoyés dans le cadre d'opérations de communication politique doivent indiquer aux personnes démarchées les modalités selon lesquelles elles peuvent utilement demander à ne plus recevoir de nouveaux messages.

Ces messages indiquent aux personnes démarchées l'origine des informations utilisées pour leur faire parvenir ce message lorsque les données n'ont pas été recueillies directement par l'élu, le candidat ou le parti ou groupement à caractère politique à l'origine du message.

Article 7. Mesures de sécurité.

Des mesures de sécurité physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité des données à caractère personnel traitées et d'empêcher notamment qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Article 8. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2006.

Le président, A. Türk

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: Whereas it is expedient to have the law on official information; Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Assembly, as follows:

Section 1. This Act is called the «Official Information Act, B.E. 2540 (1997).»

Section 2. This Act shall come into force after ninety days from the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3. All other laws, by-laws, Rules and regulations, insofar as they deal with matters provided herein or are contrary hereto or inconsistent herewith, shall be replaced by this Act.

Section 4. In this Act: «information» means a material which communicates matters, facts, data or anything, whether such communication is made by the nature of such material itself or through any means whatsoever and whether it is arranged in the form of a document, file, report, book, diagramme, map, drawing, photograph, film, visual or sound recording, or recording by a computer or any other method which can be displayed; «official information» means an information in possession or control of a State agency, whether it is the information relating to the operation of the State or the information relating to a private individual; «State agency» means a central administration, provincial administration. local administration, State enterprise, Government agency attached to the National Assembly, Court only in respect of the affairs unassociated with the trial and adjudication of cases, professional supervisory organisation, independent agency of the State and such other agency as prescribed in the Ministerial Regulation; «State official» means a person performing official duty for a State agency; «personal information» means an information relating to all the personal particulars of a person, such as education, financial status, health record, criminal record or employment record, which contain the name of such person or contain a numeric reference, code or such other indications identifying that person as fingerprint. tape or diskette in which a person's sound is recorded, or photograph, and shall also include information relating to personal particulars of the deceased; «Board» means the Official Information Board; «alien» means a natural person who is not of Thai nationality and does not have a residence in Thailand, and the following juristic persons: (1) a company or partnership more than one-half of the capital of which belongs to aliens; provided that a certificate of share to bearer shall be deemed to be held by an alien; (2) an association more than one-half of members of which are aliens; (3) an association or foundation the objects of which are for the benefit of aliens; (4) a juristic person under (1), (2) or (3) or any other juristic person more than one-half of managers or directors of which are aliens. If the juristic person under paragraph one becomes a manager, director, member or owner of the capital of another juristic person, such manager, director, member or owner of the capital shall be deemed an alien.

Section 5. The Prime Minister shall have charge and control of the execution of this Act and shall have the power to issue Ministerial Regulations for the execution of this Act. Such Ministerial Regulation shall come into force upon its publication in the Government Gazette.

Section 6. There shall be established the Office of the Official Information Board in the Office of the Permanent Secretary for the Office of the Prime Minister which shall have the duty to perform technical and administrative works for the Board and the Information Disclosure Tribunals, co-ordinate with State agencies and give advice to private individuals with regard to the execution of this Act.

CHAPTER I.- Information Disclosure

Section 7. A State agency shall at least publish the following official information in the Government Gazette:

(1) the structure and organisation of its operation;

(2) the summary of important powers and duties and operational methods;

(3) a contacting address for the purpose of contacting the State agency in order to request and obtain information or advice;

(4) by- laws, resolutions of the Council of Ministers, regulations, orders, circulars, Rules, work pattern, policies or interpretations only insofar as they are made or issued to have the same force as by-laws and intended to be of general application to private individuals concerned;

(5) such other information as determined by the Board. If any information which has already been published for dissemination in sufficient number is published in the Government Gazette by making reference to such prior published material, it shall be deemed to comply with the provisions of paragraph one. A State agency shall, for dissemination purpose, compile and make available the information under paragraph one for sale, disposal or distribution at its office as it thinks fit.

Section 8. If the information which must be published under section 7 (4) has not yet been published in the Government Gazette, may not be relied on in a manner unfavourable to any person unless such person has had actual knowledge thereof for a reasonable period of time.

Section 9. Subject to section 14 and section 15, a State agency shall make available at least the following official information for public inspection in accordance with the rules and procedure prescribed by the Board:

(1) a result of consideration or a decision which has a direct effect on a private individual including a dissenting opinion and an order relating thereto;

(2) a policy or an interpretation which does not fall within the scope of the requirement of publication in the Government Gazette under section 7 (4);

(3) a work-plan, project and annual expenditure estimate of the year of its preparation;

(4) a manual or order relating to work procedure of State officials which affects the rights and duties of private individuals;

(5) the published material to which a reference is made under section 7 paragraph two;

(6) a concession contract, agreement of a monopolistic nature or joint venture agreement with a private individual for the provision of public services;

(7) a resolution of the Council of Ministers or of such Board, Tribunal, Commission or Committee as established by law or by a resolution of the Council of Ministers; provided that the titles of the technical reports, fact reports or information relied on in such consideration shall also be specified;

(8) such other information as determined by the Board. If any part of the information made available for public inspection under paragraph one is prohibited from disclosure under section 14 or section 15, it shall be deleted, omitted or effected in such other manners whatsoever so as not to disclose such part of the information. A person, whether interested in the matter concerned or not, has the right to inspect or obtain a copy or a certified copy of the information under paragraph one. In an appropriate case, a State agency may, with the approval of the Board, lay down the rules on the collection of fees therefor. For this purpose, regard shall also be had to the making of concession given to persons with low incomes, unless otherwise provided by specific law. The extent to which an alien may enjoy the right under this section shall be provided by the Ministerial Regulation.

Section 10. The provisions of section 7 and section 9 do not affect official information which is required by specific law to be disseminated or disclosed by other means.

Section 11. If any person making a request for any official information other than the official information already published in the Government Gazette or already made available for public inspection or already made available for public studies under section 26 and such request makes a reasonably apprehensible mention of the intended information, the responsible State agency shall provide it to such person within a reasonable period of time, unless the request is made for an excessive amount or frequently without resonable cause. If any official information is in a condition which can be easily damaged. a State agency may request for an extension of the period for its provision or may provide copies thereof in any such condition as to avoid damage thereto. The official information provided by the State agency under paragraph one must be the information already subsisting in the condition ready for distribution without requiring new preparation, analysis, classification, compilation or creation, unless it is the case of transformation into a document from the information recorded in the visual or sound recording system, computer system or any other system as determined by the Board. If the State agency is of the opinion that the request is not for the benefit of trade and is necessary for the protection of the rights and liberties of such person or is beneficial to the public, the State agency may provide such information. The provisions of paragraph three shall not prevent the State agency from creating new official information available to the person making the request if it is consistent with the usual powers and duties of such State agency. The provisions of section 9 paragraph two, paragraph three and paragraph four shall apply mutatis mutandis to the provision of the information under this section.

Section 12.In the case where a person makes a request for official information under section 11, the State agency receiving the request shall, notwithstanding that the requested information is in the control of the central office or a branch office of such agency or in control of other State agency, give advice for the purpose of submitting the request to the State agency exercising the control of such information without delay. If the State agency receiving the reques t is of the opinion that information for which the request is made is the information prepared by another State agency and prohibited from disclosure in accordance with Rule issued under section 16, it shall remit such request to the State agency preparing such information for further considering and making an order.

Section 13. Any person, who considers that a S tate agency fails to publish the information under section 7, fails to make the information available for public inspection under section 9, fails to provide him with the information under section 11, violates or fails to comply with this Act, or delays in performing its duties, or considers that he does not receive convenience without reasonable cause, is entitled to lodge a complaint with the Board, except where it is the case concerning the issuance of an order prohibiting the disclosure of information under section 15 or an order dismissing the objection under section 17 or an order refusing the correction, alteration or deletion of the personal information under section 25. In the case where the complaint is lodged with the Board under paragraph one, the Board shall complete the consideration thereof within thirty days as from the date of the receipt of the complaint. In case of necessity, such period may be extended; provided that, the reason therefor is specified and the total period shall not exceed sixty days.

CHAPTER II.- Information Not Subject to Disclosure

Section 14.Official information which may jeopardise the Royal Institution shall not be disclosed.

Section 15. A State agency or State official may issue an order prohibiting the disclosure of official information falling under any of the following descriptions, having regard to the performance of duties of the State agency under the law, public interests and the interests of the private individuals concerned:

(1) the disclosure thereof will jeopardise the national security, international relations, or national economic or financial security;

(2) the disclosure thereof will result in the decline in the efficiency of law enforcement or failure to achieve its objectives, whether or not it is related to litigation, protection, suppression, verification, inspection, or knowledge of the source of the information;

(3) an opinion or advice given within the State agency with regard to the performance of any act, not including a technical report, fact report or information relied on for giving opinion or recommendation internally;

(4) the disclosure thereof will endanger the life or safety of any person;

(5) a medical report or personal information the disclosure of which will unreasonably encroach upon the right of privacy;

(6) an official information protected by law against disclosure or an information given by a person and intended to be kept undisclosed;

(7) other cases as prescribed in the Royal Decree. An order prohibiting the disclosure of official information may be issued subject to any condition whatsoever, but there shall also be stated therein the type of information and the reasons for non-disclosure. It shall be deemed that the issuance of an order disclosing official information is the exclusive discretion of State officials in consecutive levels of command; provided that, a person who makes a request for the information may appeal to the Information Disclosure Tribunal as provided in this Act.

Section 16. For the sake of practical clarity as to whether or not and on what conditions official information may be disclosed to any person and for the sake of expediency in having measures preventing its leakage, a State agency shall determine measures for the protection of such information in accordance with the Rule on Official Secrets Protection issued by the Council of Ministers.

Section 17. In the case where a State official is of the opinion that the disclosure of any official information may affect the interests of a person, the State official shall notify such person to present an objection within the specified period; provided that, reasonable time shall be given for this purpose which shall not be less than fifteen days as from the date of the receipt of the notification. The person having been notified under paragraph one or a person knowing that the disclosure of any official information may affect his interests has the right to present an objection in writing against such disclosure to the responsible State official.

In the case where there is an objection, the responsible State official shall, without delay, consider the objection and notify the result thereof to the person presenting it. In the case where an order dismissing the objection is made, State officials shall not disclose such information until the period for an appeal under section 18 has elapsed or until the Information Disclosure Tribunal has made a decision permitting the disclosure of such information, as the case may be.

Section 18. In the case where a State official issues an order prohibiting the disclosure of any information under section 14 or section 15 or dismissing the objection of the interested person under section 17, such person may appeal through the Board to the Information Disclosure Tribunal within fifteen days as from the date of the receipt of such order.

Section 19. The consideration, whether by the Board, the Information Disclosure Tribunal or the Court, of the information the disclosure of which is prohibited by an order shall be conducted under the procedure without having such information disclosed to any other person not relevent to the procedure of consideration, and in the case of necessity, the consideration may be conducted in the absence of any party.

Section 20. In disclosing any information the disclosure of which may constitute liability under any law, the State official shall be deemed to he exempt from such liability if he acts in good faith in the following circumstances:

(1) in respect of the information under section 15, where the State official duly proceeds in accordance with the Rule issued under section 16;

(2) in respect of the information under section 15, where the State official of the level specified in the Ministerial Regulation issues an order for a general disclosure or a specific disclosure to any person for securing a benefit of greater importance which relates to public interest, life, body, health or other benefit of a person and such order is reasonable; for this purpose, a restriction or condition may be imposed on the use of such information as appropriate. The disclosure of the information under paragraph one does not constitute a ground for exempting the State agency from liability under the law, if any in such case.

CHAPTER III.- Personal Information

Section 21. For the purpose of this Chapter, «person» means a natural person who is of Thai nationality and a natural person who is not of Thai nationality but has a residence in Thailand.

Section 22. The National Intelligence Agency, the Office of the National Security Council and other State agencies specified in the Ministerial Regulation may. with the approval of the Board, issue the Rules prescribing rules, procedure and conditions for the inapplicability of the provisions of paragraph one (3) of section 23 to personal information in the control of such agencies. Such other State agencies which may be specified in the Ministerial Regulation under paragraph one must be State agencies the operation of which will seriously be obstructed by the disclosure of personal information under section 23 paragraph one (3).

Section 23. A State agency shall take the following actions with regard to the provision of a personal information system:

(1) providing for a personal information system only insofar as it is relevant to and necessary for the achievement of the objectives of the operation of the State agency, and terminating the provision thereof whenever it becomes unnecessary;

(2) making efforts to collect information directly from the person who is the subject thereof, especially in the case where such person's interests will be directly affected;

(3) causing the following information to be published in the Government Gazette and examining and correcting the same regularly: (a) the type of persons in respect of which information has been held; (b) the type of the personal information system; (c) the ordinary nature of the use of the information; (d) the procedure for the inspection of the information of the person who is the subject thereof; (e) the procedure for the making of a request for the correction and alteration of the information; (f) the source of the information;

(4) examining and correcting personal information under its responsibility;

(5) providing an appropriate security system for the personal information system in order to prevent improper use or any use to the prejudice of the person who is the subject of the information. In the case where the information has directly been collected from the person who is the subject thereof, a State agency shall, in advance or simultaneously with the request therefor, notify such person of the purpose for the use of the information, the ordinary nature of its use and whether such case of making the request is one which the information may be given voluntarily or one which it must be given compulsorily under the law.

In the case where the personal information is dispatched to any place which, in consequence thereof, may become known to general members of the public, a State agency must notify the person who is the subject thereof, unless it is carried out in conformity with the ordinary nature of the use of the information.

Section 24. A State agency shall not disclose personal information in its control to other State agencies or other persons without prior or immediate consent given in writing by the person who is the subject thereof except for the disclosure in the following circumstances:

(1) the disclosure to State officials in its own agency for the purpose of using it in accordance with the powers and duties of such agency;

(2) the disclosure in its ordinary use within the objectives of the provision for such personal information system;

(3) the disclosure to State agencies which operate in the field of planning. statistics or censuses and have the duty to keep the personal information undisclosed;

(4) the disclosure for studies and research without mentioning the name or part revealing the identity of the person to whom the personal information is related;

(5) the disclosure to the National Archives Division, Fine Arts Department or other State agencies under section 26 paragraph one for the purpose of evaluating the value of keeping such information;

(6) the disclosure to State officials for the purpose of preventing the violation of law or non-compliance with the law, conducting investigations and inquiries or instituting legal actions of any type whatsoever;

(7) the disclosure necessary for the prevention or elimination of hazards to the life or health of persons;

(8) the disclosure to the Court, State officials, State agencies or persons having the power under the law to make a request for such information;

(9) other cases as prescribed in the Royal Decree; In disclosing the personal information under paragraph one (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9), a list recording the disclosure shall be prepared and attached to such information in accordance with the rules and procedure prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 25. Subject to section 14 and section 15, a person shall have the right to get access to personal information relating to him. When such person makes a request in writing, the State agency in control of such information shall allow him or his authorized representative to inspect or obtain a copy of the same. and section 9 paragraph two and paragraph three shall apply mutatis mutandis. In the case where there exists a reasonable ground to disclose a medical report relating to any person, State officials may disclose it only to doctors entrusted by such person. A person who considers that any part of personal information relating to him is incorrect shall have the right to make a request in writing to the State agency in control of such information to correct, alter or delete that part of information. The State agency shall consider the request and notify its result to such person without delay. In the case where the State agency fails to correct, alter or delete the information pursuant to the request. such person shall have the right to appeal to the Information Disclosure Tribunal within thirty days as from the da!e of the receipt of the notification of the order refusing to correct, alter or delete the same. The appeal shall be submitted through the Board and, in any case, the person who is the subject of the information shall have the right to require the State official to attach his request to the relevant part of the information. Such persons as specified in the Ministerial Regulation shall have the right to take action under section 23, section 24 and this section on behalf of a minor, an incompetent person, a quasi-incompetent person or the deceased person who was the subject of the information.

CHAPTER IV.- Historical information

Section 26. A State agency shall deliver official information, which it does not wish to keep or which is kept beyond the period under paragraph two as from the date of completing such information, to the National Archives Division, Fine Arts Department or other State agencies as specified in the Royal Decree, in order that it is selected for public studies. The period of delivery of the official information under paragraph one shall be classified as follows:

(1) in respect of official information under section 14, seventy-five years;

(2) in respect of official information under section 15, twenty years.

The period under paragraph two may be extended in the following cases:

(1) where the State agency still needs to keep the official information for its own use; provided that, it shall be kept and made available for public studies as agreed upon with the National Archives Division, Fine Arts Department;

(2) where State agency is of the opinion that such official information should not yet be disclosed; provided that, an order extending the period shall be issued for each particular case and such order shall also specify the length of extension which shall not exceed five years each.

The inspection or review of the extension of time in excess of necessity shall be in accordance with the rules and procedure as prescribed in the Ministerial Regulation. The provisions of this section shall not apply to official information the destruction of which is required or allowed to be carried out by State agencies or Slate officials without need to keep it in accordance with the Rule prescribed by the Council of Ministers.

CHAPTER V.- Official Information Board

Section 27. There shall be the Official Information Board consisting of Minister entrusted by the Prime Minister as Chairman, Permanent Secretary for the Office of the Prime Minister, Permanent Secretary for Defence, Permanent Secretary for Agriculture and Co-operatives, Permanent Secretary for Finance, Permanent Secretary for Foreign Affairs, Permanent Secretary for Interior, Permanent Secretary for Commerce. Secretary-General of the Council of State, Secretary-General of the Civil Service Commission, Secretary-General of the National Security Council, Secretary-General of the House of the Representatives, Director of the National Intelligence Agency, Director of the Bureau of the Budget and nine other qualified persons appointed by the Council of Ministers from the public sector and the private sector as members. The Permanent Secretary for the Office of the Prime Minister shall appoint a Government official of the Office of the Permanent Secretary for the Office of the Prime Minister to act as Secretary and two others as Assistant Secretaries.

Section 28. The Board shall have the powers and duties as follows:

(1) to supervise and give advice with regard to the performance of duties of State officials and State agencies for the implementation of this Act;

(2) to give advice to State officials or State agencies with regard to the implementation of this Act as requested;

(3) to give recommendations on the enactment of the Royal Decrees and the issuance of the Ministerial Regulations or the Rules of the Council of Ministers under this Act;

(4) to consider and give opinions on the complaints under section 13;

(5) to submit a report on the implementation of this Act to the Council of Ministers from time to time as appropriate but at least once a year;

(6) to perform other duties provided in this Act; (7) to carry out other acts as entrusted by the Council of Ministers or the Prime Minister.

Section 29. A qualified member appointed under section 27 shall hold office for the term of three years as from the date of appointment. The outgoing qualified member may be re-appointed.

Section 30. In addition to the vacation of office at the expiration of the term. a qualified member appointed under section 27 vacates office upon:

(1) death;

(2) resignation;

(3) being removed by the Council of Ministers by reason of misconduct, improper or dishonest performance of his duties, or incapability;

(4) being a bankrupt;

(5) being an incompetent or quasi-incompetent person;

(6) having been imprisoned by a final judgment to a term of imprisonment, except for an offence committed through negligence or a petty offence.

Section 31. At a meeting of the Board, the presence of not less than one-half of the total number of the members is required to constitute a quorum. The Chairman shall preside over the meeting. If the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform his duties, the members present may elect one among themselves to preside over the meeting. The decision of the meeting shall be by a majority of votes. Each member shall nave one vote. In the case of an equality of votes, the presiding member shall have an additional vote as a casting vote.

Section 32. The Board shall have the power to summon any person to give statements or to furnish an object, document or evidence for its consideration.

Section 33. In the case where a State agency denies that there is such information as requested, whether it is the case under section 11 or section 25, if the person so requesting does not believe that it is true and lodges a complaint v;ith the Board under section 13, the Board shall have the power to inspect the relevant official information and notify the complainant of the result of the inspection. The State agency or State official shall allow the Board or the person entrusted by the Board to inspect the information which is in its or his possession, whether or not it is the information permitted to be disclosed.

Section 34. The Board may appoint a sub-committee for considering any inatter or performing any act as entrusted by the Board, and the provisions of section 31 shall apply muta1is mutandis.

CHAPTER VI.- Information Disclosure Tribunals

Section 35. There shall be Information Disclosure Tribunals in appropriate fields, which are appointed by the Council of Ministers upon the recommendation of the Board, having the power and duty to consider and decide an appeal against an order prohibiting the disclosure of information under section 14 or section 15, order dismissing an objection under section 17 and order refusing the correction, alteration or deletion of personal information under section 25. The appointment of Information Disclosure Tribunals under paragraph one shall be made on the basis of the specialized fields of the official information, such as the fields of national security, national economy and finance or law enforcement.

Section 36. Each Information Disclosure Tribunal consists of such number of persons as necessary, but shall not be less than three persons, and the Government officials appointed by the Board shall act as Secretary and Assistant Secretaries. In considering the information of any State agency, the member of the Information Disclosure Tribunal who is from that State agency shall not participate in such consideration. Members of the Information Disclosure Tribunal shall not be Secretary or Assistant Secretaries.

Section 37. The Board shall consider sending the appeals to the Information Disclosure Tribunals on the basis of their specialization within seven days as from the date of the receipt thereof. The decision of an Information Disclosure Tribunal shall be deemed final. In making the decision, an observation may be made to the Board with regard to appropriate action to be taken by the State agency concerned in any particular case. The provisions of section 13 paragraph two shall apply mutatis mutandis to the consideration of appeals by the Information Disclosure Tribunals.

Section 38. The powers and duties of the Information Disclosure Tribunal in each field, its procedure and quorum shall be in accordance with the Rule prescribed by the Board and published in the Government Gazette.

Section 39. The provisions of section 29, section 30 and section 32 and the penalties in conjunction wi!h such provisions shall apply mutatis mutandis to Information Disclosure Tribunals.

CHAPTER VII.- Penalties

Section 40. Any person who fails to comply with an order of the Board issued under section 32 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine not exceeding five thousand Baht or to both.

Section 41. Any person who violates or fails to comply with the restriction or condition imposed by the State official under section 20 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand Baht or to both.

Transitory Provisions

Section 42. The provisions of section 7, section 8 and section 9 shall not apply to official information having been in existence before the date this Act comes into force. A State agency shall publish the information under paragraph one or make it available for public inspection, as the case may be, in accordance with the rules and procedure prescribed by the Board.

Section 43. The Rule on the National Security Protection, B.E. 2517 (1974), insofar as it deals with the official information, shall continue to be in force to such an extent as not contrary to or inconsistent with this Act, unless otherwise provided in the Rule prescribed by the Council of Ministers under section 16.

General Chavalit Yongchaiyudh

Prime Minister  

En virtud de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se acomete una de las reformas estructurales que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes, con el fin último de reducir la morosidad de las Administraciones Públicas y así contribuir a mejorar la competitividad de las empresas.

Para fortalecer esta necesaria protección del proveedor, se facilita su relación con las Administraciones Públicas favoreciendo el uso de la factura electrónica, su gestión y tramitación telemática, con un mejor control contable de las facturas recibidas por las Administraciones, lo cual permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago de las mismas, sino también, un mejor control del gasto público y del déficit, lo que generará una mayor confianza en las cuentas públicas.

En su artículo 4 la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, prevé la creación de un registro contable, que ha sido objeto de desarrollo por la Orden ministerial HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de marzo.

Para alcanzar estos fines, esta Orden incluye, entre otras medidas dirigidas a mejorar la protección de los proveedores, que cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, disponga de puntos generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente a la oficina contable competente para que desde la misma se pueda remitir al órgano administrativo al que corresponda su tramitación. De este modo habría un punto general de entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, salvo que las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran gratuitamente al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con lo dispuesto en esta Orden. No obstante, aquellas Administraciones Públicas que deseen disponer de su propio Punto General de Entrada, deberán justificar previamente a la realización de cualquier inversión dirigida al establecimiento de su propio punto, su no adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

En uso de la habilitación legal de la disposición final sexta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, la presente orden ministerial determina los requisitos técnicos y funcionales de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas con carácter básico y, en particular, pone en funcionamiento el servicio FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado que servirá como punto de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su registro, así como las normas de adhesión al mismo por parte de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

La presente Orden se estructura en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y un Anexo. El Capítulo I, establece el objeto y ámbito de aplicación de dicha Orden. El Capítulo II, se refiere a las condiciones técnicas que han de cumplir los puntos generales de entradas de facturas electrónicas y el Capítulo III regula las condiciones funcionales que deben observar tales puntos.

La presente Orden tiene carácter básico, salvo lo dispuesto en la disposición adicional primera que tiene carácter exclusivo y se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución Española, siendo aplicable a todas las Administraciones Públicas y entes, organismos y entidades vinculados o dependientes, que deberán ajustarse a las condiciones y requisitos formales y técnicas establecidos en la misma, así como en desarrollo de la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado,　

dispongo:

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto.

La presente Orden tiene por objeto determinar los requisitos técnicos y funcionales de los puntos generales de entradas de facturas electrónicas que puedan crear las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el caso de no adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado según el procedimiento del artículo 9 de esta Orden, así como regular tales requisitos respecto del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Lo previsto en esta Orden será de aplicación a las facturas electrónicas emitidas por los proveedores de bienes y servicios en sus relaciones jurídicas con las Administraciones Públicas en el marco de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del Registro Contable de facturas en el Sector Público.

CAPÍTULO II.- Requisitos técnicos de los Puntos Generales de Entradas de Facturas Electrónicas

Artículo 3.- Presentación de facturas electrónicas.

1. Los proveedores de bienes y servicios que deban remitir una factura electrónica a las Administraciones Públicas y a sus entidades, entes y organismos vinculados o dependientes deberán hacerlo a través de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas que correspondan.

2. La presentación de facturas por el proveedor a través de este servicio, podrá realizarse mediante un representante del proveedor si así lo permite la normativa específica, o en su defecto, la normativa reguladora de las obligaciones de facturación, y en todo caso, de conformidad con lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

3. La presentación de factuormato establecido en el artículo 5 de esta Orden o en el caso de que la firma electrónica en dicha factura no cumpla con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el punto general de entrada de facturas electrónicas la rechazará de forma automática con la correspondiente comunicación al interesado indicando el motivo de dicho rechazo.

Artículo 4.- Procedimiento de remisión de las facturas al correspondiente registro contable de facturas.

1. Las facturas electrónicas presentadas en los puntos generales de entrada de facturas electrónicas, serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente, mediante un servicio proporcionado por dichos puntos a la oficina contable competente para la anotación en el registro contable de la factura. En la factura deberá identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. La información a poner a disposición o a remitir por cada factura será la propia factura electrónica, el número de asiento registral asignado en el registro asociado al punto general de entrada de facturas electrónicas y la fecha y hora de dicho asiento registral.

3. El registro contable de facturas comunicará al punto general de entrada de facturas electrónicas el código de identificación asignado a la factura en dicho registro.

Artículo 5.- Formato de las facturas.

1. A efectos de su tratamiento por los puntos generales de entrada de facturas electrónicas, las facturas se ajustarán a lo establecido en el artículo 5 y en la disposición adicional primera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

2. Será obligatorio el uso de una serie de campos dentro de la propia factura para la correcta remisión a los destinatarios así como cumplir con una serie de especificaciones que se detallan en el Anexo que acompaña a esta Orden.

Artículo 6.- Seguimiento y cambio de situación de la factura.

1. Cuando un proveedor consulte el estado de tramitación de cualquiera de sus facturas, el punto general de entrada de facturas electrónicas correspondiente devolverá el estado que le notifique la oficina contable destinataria directa de la factura electrónica.

2. El proveedor podrá solicitar la retirada de una factura presentada a través del punto general de entrada de facturas electrónicas correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos que, en su caso, establezca la normativa reguladora de las obligaciones de facturación.

Artículo 7.- Interoperabilidad del servicio con los sistemas de facturación de los proveedores.

1. Los puntos generales de entrada de facturas electrónicas proporcionan a los proveedores que deseen automatizar el envío de facturas una interfaz de servicios web, con la cual podrán remitir de forma automática desde sus sistemas de gestión económica las facturas que desean presentar a la Administración a través de aquel servicio.

2. La interfaz permitirá el envío de facturas así como la consulta del estado de las facturas.

CAPÍTULO III.- Requisitos funcionales de los Puntos Generales de Entradas de Facturas electrónicas

Artículo 8.- Establecimiento de los Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas.

1. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.

2. En cumplimiento de la obligación de establecer un punto general de entrada de facturas electrónicas, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el siguiente artículo.

3. Aquellas Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que creen su propio punto general de entrada de facturas electrónicas, deberán ajustarse a lo dispuesto en esta Orden y justificar ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, previamente a la realización de cualquier inversión dirigida al establecimiento de su propio punto de entrada, su no adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En todo caso, se dará publicidad, en sus correspondientes Boletines oficiales de la creación de dichos puntos.

4. Toda factura presentada a través de los puntos generales de entrada de facturas autonómicos o locales producirá una entrada automática en el correspondiente registro electrónico de la Administración Autonómica o de la Entidad local de que se trate, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.

Artículo 9.- Adhesión de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse, por medios telemáticos a través del portal electrónico establecido al efecto por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, a la utilización del FACE, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado que se regula en la disposición adicional primera de la presente Orden. Dicha adhesión, se realizará, en el caso de dicho Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, conforme a las condiciones de uso que se establezcan por resolución del Secretario de Estado de Administraciones Públicas.

Artículo 10.- Asiento Registral en el Registro correspondiente.

1. Las facturas presentadas a través del punto general de entrada de facturas electrónicas que corresponda serán registradas automáticamente en el registro propio del órgano administrativo competente.

Dicho registro proporcionará un justificante de la presentación de la factura ante el mismo que incluirá el número de registro asignado por el registro electrónico correspondiente.

2. La recepción de facturas en el punto general de entrada de facturas electrónicas correspondiente tendrá únicamente los efectos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo.

Artículo 11.- Uso de la información de los Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas.

La información de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas podrá ser utilizada a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.1 de esta Orden. Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado para archivo y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada para la explotación o cesión de la información, salvo por el propio órgano administrativo al que corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria y de su uso para fines estadísticos.

Disposición adicional primera.- Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

1. El Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado denominado FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, se ajustará a las condiciones y requisitos funcionales y técnicos establecidos en la presente Orden con las particularidades que se indican a continuación:

a) Recibirá obligatoriamente todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de acuerdo al ámbito de aplicación establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

b) También recibirá las facturas de entidades, entes y organismos que no perteneciendo al ámbito de la Administración General del Estado, voluntariamente se adhieran al FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

c) Toda factura presentada a través del FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas producirá una entrada automática en el registro electrónico común, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.

d) Proporcionará un servicio automatizado de puesta a disposición de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro.

e) A través del FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas el proveedor podrá consultar el estado de tramitación de sus facturas electrónicas.

El FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado actualizará de forma permanente el catálogo de unidades administrativas implicadas en la gestión de las facturas electrónicas: oficinas contables, órganos gestores y unidades tramitadoras, y de las asociaciones entre ellas. Esta actualización podrá realizarse directamente en dicho servicio o, preferentemente, mediante sincronización a partir de la información que provean al efecto los registros contables de facturas. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales adheridas al FACE Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado estarán obligadas a mantener permanentemente actualizado el catálogo de unidades administrativas implicadas en la gestión de las facturas electrónicas de sus respectivos ámbitos, incluyendo en el mismo la totalidad de organismos involucrados en este proceso. El servicio FACe no admitirá facturas electrónicas que no correspondan a unidades administrativas que no estén convenientemente reflejadas en los catálogos anteriores.

Si las unidades tramitadoras no dispusieran de medios adecuados para el tratamiento de las facturas electrónicas, se lo comunicarán a la oficina contable correspondiente, a efectos de no dar de alta en el catálogo de unidades administrativas del servicio FACe a aquellas unidades tramitadoras que no dispongan de los medios o del sistema de gestión económica que permita la gestión y almacenamiento de las facturas electrónicas.

2. El órgano competente para la gestión, administración y mantenimiento del FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas es la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Corresponde a este centro directivo determinar las condiciones técnicas de uso de dicho Punto General, oído el Consejo Superior de Administración Electrónica, que estarán publicadas en su propio portal electrónico.

No obstante lo anterior, la determinación, en su caso, de las condiciones técnicas normalizadas de las interfaces del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado con otros puntos de entradas de facturas electrónicas, sistemas y plataformas emisores o receptores de las facturas electrónicas, corresponderá conjuntamente a las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, oído el Consejo Superior de Administración Electrónica.

3. La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica publicará la última versión de dicha interfaz en el Centro de Transferencia de Tecnología en la siguiente dirección web: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face. Además proporcionará un entorno de pruebas a los proveedores para que realicen las pruebas que sean necesarias en aras de la integración completa de sus sistemas con este servicio.

4. Se excluye de la presentación obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónica a las facturas electrónicas por importe de hasta 5.000 euros y a las facturas electrónicas emitidas por proveedores a los servicios en el exterior hasta que se haya consolidado el uso de la factura electrónica y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

5. Las facturas presentadas a través del FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas serán registradas automáticamente en el registro electrónico común, de acuerdo con lo señalado en la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común o en el registro electrónico correspondiente a la Administración Pública de que se trate. Dicho servicio proporcionará un justificante de la presentación de la factura ante el mismo que incluirá el número de registro asignado por dicho registro.

Disposición adicional segunda.- No incremento de gasto público.

Las medidas contenidas en esta Orden se atenderán con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.

Disposición transitoria única.- Formato transitorio de las facturas.

En tanto no se apruebe la Orden ministerial a la que se refiere el artículo 5 de esta Orden, las facturas deberán haber sido expedidas en el formato que la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, establece en su disposición adicional segunda y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Disposición final primera.- Aplicación y ejecución de la Orden.

Se habilita al titular de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el ámbito de su competencia, a adoptar las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Orden, especialmente en relación con las condiciones de uso de FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

Disposición final segunda.- Título competencial.

La presente Orden tiene carácter básico salvo lo dispuesto en la disposición adicional primera y se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución Española.

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO.- Campos factura

1. De conformidad con lo señalado en el artículo 5 de esta Orden, se deberá incluir una serie de campos dentro de la propia factura para la correcta remisión a los destinatarios. Algunos de estos campos serán cumplimentados con carácter obligatorio en todas las facturas, y en otros campos, su cumplimentación es opcional, pero en el caso de que se desee informar de los mismos debe utilizarse el campo que se indica.

2. Dentro del documento de factura electrónica será obligatorio, para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final, informar del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable destinatarios. Y opcionalmente, del órgano proponente.

Las unidades deberán ir codificadas bajo la etiqueta de centros administrativos del » » de la factura

El código del centro será el código de dicha unidad en el sistema «Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas DIR3» recogido en el artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).

Ejemplo de XML todos los roles de centros administrativos rellenos: 

POR CUANTO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LINCOLN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA nº 1553/02

Artículo 1º.- Derecho a la información.- Todo persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lincoln, Empresas concesionarias de Servicios Públicos, Juzgado de Faltas Municipal y Concejo Deliberante, en cuanto a su actividad administrativa y legislativa pertinente.

Artículo 2º.- Alcance.- Realizada la solicitud de información debe proveerse toda aquella contenida en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, que se encuentre bajo su posesión y su control.

Artículo 3º.- Definición.- Se considera como información, a los efectos de la presente Ordenanza, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo o legislativo, así como también las actas de las reuniones oficiales de cualquier órgano.

Artículo 4º.- No Obligatoriedad.- El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido.

Artículo 5º.- Límites en el Acceso a la Información.- No se suministrará información en los siguientes supuestos:

Inc. 1) Cuando afecte la intimidad de las personas, ni esté contenida en bases de datos de domicilios y teléfonos.

Inc. 2) De terceros que el Municipio de Lincoln la hubiere obtenido en carácter confidencial.

 
Inc. 3) Cuya publicidad pudiere revelar la estrategia a adoptarse en la defensa a tramitación de una causa judicial, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional.

Inc. 4) Contenida en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de decisión de Autoridad Pública que no formen parte de expedientes.

Inc. 5) Sobre materias exceptuadas por leyes específicas.

Artículo 6º.- Información Parcial.- En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, debe suministrase el resto de la información solicitada.

Artículo 7º.- Gratuidad.- El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la misma. Los costos de reproducción son a cargo del solicitante.

Artículo 8º.- Formalidad.- La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requeriente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. Está prohibido exigir la manifestación del propósito que motiva el pedido. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

Artículo 9º.- Plazos.- Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ordenanza debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Artículo 10º.- Denegatoria Fundada.- La denegación de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada, explicando la norma que ampara la negativa.

Artículo 11º.- Contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a la información solicitada, podrá interponerse acción de amparo.

Artículo 12º.- Responsabilidades.- El funcionario Público o Agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ordenanza, es considerado incurso en Falta Grave.

Artículo 13º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Promulgada, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.

DADA en la Sala de Sesiones a los tres días del mes de Junio del año dos mil dos.
Lincoln, 4 de Junio de 2002. 

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 6 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères (1),

vu l’art. 27, al. 2, let. c, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (2),

arrête:

Section 1.- Dispositions générales

Art. 1.- Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système d’information Tangram du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Art. 2.- But du système Tangram

1. Le système Tangram sert au DFAE à remplir ses tâches dans le domaine de l’affectation du personnel et des transferts.

2.  Il sert à comparer en toute transparence les aptitudes et les compétences des candidats avec les exigences et les conditions-cadre des postes mis au concours, à simplifier le déroulement administratif des transferts et des affectations de personnel et à optimiser ainsi le pourvoi des postes.

Art. 3.- Exploitation

Le système Tangram est exploité par le domaine du Personnel DFAE.

Art. 4.- Structure du système Tangram

1. Le système Tangram comporte deux composantes: Tangram RH et Portail-Tangram.

2. Dans Tangram RH, le domaine du Personnel DFAE peut:

a. traiter les données des employés et celles de leurs personnes accompagnantes et de leurs enfants;

b. établir et publier les avis de mise au concours des postes vacants;

c. évaluer les candidatures et attribuer les postes.

3. Dans Portail-Tangram:

a. les employés peuvent:

1. poser leur candidature aux postes mis au concours par la voie de la procédure d’accès en ligne,

2. consulter les données les concernant et les traiter dans la limite des droits que leur accorde l’art. 8;

b. les supérieurs dont relèvent les postes mis au concours et les titulaires de ces postes peuvent traiter les avis de mise au concours.

Section 2.- Données et traitement des données

Art. 5.- Données personnelles

1. Le système Tangram contient des données sur:

a. les employés suivants:

1. employés du DFAE soumis à la discipline des transferts,

2. personnel de rotation de la Direction du développement et de la coopération,

3. autres employés affectés à l’étranger au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) (3);

b. les personnes accompagnantes et les enfants au sens de l’art. 3, let. d et e, O-OPers-DFAE des employés visés à la let. a.

2. Ces données sont énumérées dans les annexes 1 à 4.

Art. 6.- Origine des données personnelles

1. Dans les annexes 1 et 2, les données énumérées sont statiques, dans les annexes 3 et 4, elles sont dynamiques.

2. Les données statiques au sens des annexes 1 et 2, y compris les données sur la nationalité, sont transférées du système informatisé de gestion du personnel BV Plus au système Tangram par une procédure automatisée, conformément aux art. 26 à 34 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des données personnelles dans l’administration fédérale (4)

Elles ne peuvent pas être modifiées dans le système Tangram.

3. Les données statiques sont actualisées quotidiennement.

4. Les données dynamiques sont saisies comme suit:

a. données au sens de l’annexe 3: par le domaine du Personnel DFAE et les employés concernés;

b. données au sens de l’annexe 4: par le domaine du Personnel DFAE.

5. Les données dynamiques peuvent être modifiées dans le système Tangram.

Art. 7.- Données relatives aux postes

Le système Tangram contient des données sur les postes mis au concours, y compris le nom et le prénom des supérieurs hiérarchiques dont ces postes relèvent. Ces données sont saisies par le domaine du Personnel DFAE, lesdits supérieurs hiérarchiques et les titulaires des postes.

Art. 8.- Droits de traitement et procédure d’accès en ligne

1. Les employés disposent des droits de traitement suivants:

a. données au sens de l’annexe 1: droit de lecture des données les concernant, des donnés concernant leurs personnes accompagnantes et des donnés concernant leurs enfants;

b. données au sens de l’annexe 2: pas de droit de lecture;

c. données au sens de l’annexe 3: droit de traitement des données les concernant, des donnés concernant leurs personnes accompagnantes et des donnés concernant leurs enfants;

d. données au sens de l’annexe 4: ni droit de lecture, ni droit de traitement;

e. données relatives aux postes: droit de lecture.

2. Le domaine du Personnel DFAE a le droit de consulter toutes les données figurant dans le système Tangram et de traiter toutes les données personnelles dynamiques et toutes les données relatives aux postes.

3. Les supérieurs hiérarchiques dont relèvent les postes mis au concours et les titulaires de ces postes ont le droit de traiter les données y relatives.

4. Les employés, les supérieurs hiérarchiques et les titulaires des postes exercent leur droit de traitement par la voie de la procédure d’accès en ligne.

Art. 9.- Gestion du système

1. L’administrateur système gère les systèmes informatiques, les banques de données et les applications. Il planifie, installe et configure l’infrastructure d’information du système Tangram, et veille à la maintenir en bon état de fonctionnement.

2. Le responsable des applications assure l’interface entre les administrateurs système et les utilisateurs. Il est chargé d’assurer la satisfaction des utilisateurs et réalise des études de besoins en vue du développement du système Tangram. Il est rattaché au domaine du Personnel DFAE.

Art. 10.- Octroi d’un droit d’accès individuel

Le responsable des applications octroie un droit d’accès individuel aux collaborateurs du domaine du Personnel DFAE et aux employés, ainsi qu’aux supérieurs hiérarchiques dont relèvent les postes mis au concours et aux titulaires de ces postes.

Il vérifie chaque année si les conditions d’obtention d’un droit d’accès sont remplies.

Section 3.- Protection des données et sécurité des données

Art. 11.- Droit d’accès et droit de rectification

Toute personne dont les données sont saisies dans le système Tangram comme prévu à l’art. 5, al. 1, peut, par écrit et en justifiant de son identité, demander à la Direction des ressources et du réseau extérieur (DRE), domaine du Personnel DFAE, de lui fournir des renseignements sur les données la concernant et de rectifier les données incorrectes.

Art. 12.- Devoirs de diligence

1. Le domaine du Personnel DFAE veille à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

2. Il s’assure que les données saisies dans le système Tangram sont exactes, complètes et mises à jour.

Art. 13.- Sécurité des données

1. La sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (5) et par la section sur la sécurité informatique de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale (6).

2. La DRE édicte un règlement de traitement; ce dernier fixe les mesures organisationnelles et techniques visant à assurer la sécurité des données et règle les modalités de contrôle du traitement des données.

3. Elle prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol.

4. Tout traitement de données doit être protégé au moyen de profils d’utilisateurs individuels et de mots de passe.

Art. 14.- Journalisation

Les accès au système Tangram et les modifications des données qu’il contient sont journalisés en permanence. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant trois ans.

Art. 15.- Surveillance et coordination

1. La DRE exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le système Tangram au sens de la présente ordonnance et des directives qui en découlent.

2. Elle veille au respect de la protection et de la sécurité des données.

Section 4 Conservation, archivage et destruction des données

Art. 16

1. Sont détruites après cinq ans au plus tard:

a. les données relatives aux employés dont le contrat de travail avec le DFAE a été résilié ou qui ne sont plus soumis à la discipline des transferts;

b. les données relatives aux personnes accompagnantes et aux enfants des employés au sens de la lettre a;

c. les données relatives aux personnes accompagnantes et aux enfants qui ne remplissent plus les conditions prévues à l’art. 3, let. d et e, O-OPersDFAE (7).

2. Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (8) et ses prescriptions d’exécution.

Section 5.- Dispositions finales

Art. 17.- Modification du droit en vigueur

L’annexe de l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des données personnelles dans l’administration fédérale (9) est modifiée comme suit:

…

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Annexe 1 (art. 6 et 8) Données statiques au sens de l’art. 8, al. 1, let. a
1. Noms
2. Prénoms
3. Date de naissance
4. Numéro personnel
5. Service d’appartenance
6. Sexe
7. Titre
8. Adresse
9. Mode de communication (fax, téléphone, courriel)
10. Domicile
11. Nationalités
12. Langue maternelle
13. Langue de correspondance
14. Taux d’occupation
15. Fonction/poste
16. Activités accessoires
17. Postes antérieurs
18. Candidatures antérieures
19. Compétences (compétences de direction, personnelles, sociales, transversales ou spécifiques au département)
20. Date de la dernière évaluation des prestations
21. Cours de perfectionnement suivis
22. Noms de la personne accompagnante et des enfants
23. Prénoms des enfants
24. Nationalité(s) de la personne accompagnante et des enfants
25. Date de naissance de la personne accompagnante et des enfants
26. Sexe des enfants Ordonnance Tangram

Annexe 2  (art. 6 et 8) Données statiques au sens de l’art. 8, al. 1, let. b
1. Type de contrat
2. Statut contractuel, y compris date du contrat
3. Date d’acquisition du titre
4. Etat civil
5. Classe de salaire, y compris date d’accession à cette classe de salaire
6. Bande de fonction avec position terminale
7. Résultats de l’évaluation des prestations
8. Date de transfert
9. Date de départ
10. Supérieur/e hiérarchique assurant le rôle d’interlocuteur
11. Sexe de la personne accompagnante
12. Prénom de la personne accompagnante

Annexe 3 (art. 6 et 8) Données dynamiques au sens de l’art. 8, al. 1, let. c
1. Photo (facultative)
2. Volée (année)
3. Type de ménage (commun/séparé)
4. Partenaire travaillant à la Confédération
5. Objectifs professionnels/perfectionnement
6. Postes souhaités
7. Qualifications et spécialisations (formation, expériences, langues, spécialisations géographiques et thématiques)
8. Connaissances linguistiques de la personne accompagnante et des enfants
9. Formation de la personne accompagnante
10. Activité professionnelle de la personne accompagnante
11. Besoins de scolarisation des enfants

Annexe 4 (art. 6 et 8) Données dynamiques au sens de l’art. 8, al. 1, let. d
1. Nationalités antérieures
2. Confession
3. Date prévue de transfert
4. Date prévue de départ

———————————————————————————————-

(1) RS 235.2

(2) RS 172.220.1

(3) RS 172.220.111.343.3

(4) RS 172.220.111.4

(5) RS 235.11

(6) RS 172.010.58

(7) RS 172.220.111.343.3

(8) RS 152.1

(9) RS 172.220.111.4. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- CONTEXTO DE LA PROPUESTA

La presente exposición de motivos presenta en detalle el enfoque del nuevo marco jurídico para la protección de los datos personales en la UE como se establece en la Comunicación COM (2012) 9 final. El marco jurídico consta de dos propuestas legislativas:

– una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), y

– una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las autoridades competentes a efectos de la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos.

La presente exposición de motivos se refiere a esta última propuesta legislativa.

La piedra angular de la legislación vigente de la UE en materia de protección de datos, la Directiva 95/46/CE (1), fue adoptada en 1995 con un doble objetivo: defender el derecho fundamental a la protección de datos y garantizar la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros. Se complementó con varios instrumentos que establecen normas específicas sobre protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal (2) (antiguo tercer pilar), incluida la Decisión Marco 2008/977/JAI (3).

El Consejo Europeo invitó a la Comisión a evaluar el funcionamiento de los instrumentos de la UE en materia de protección de datos y a presentar, en caso necesario, nuevas iniciativas legislativas y no legislativas (4). En su resolución sobre el Programa de Estocolmo, el Parlamento Europeo (5) acogió favorablemente un régimen general de protección de datos en la UE y, entre otras cosas, abogó por la revisión de la Decisión Marco. En su Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo (6), la Comisión subrayó la necesidad de garantizar que el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal se aplique de forma coherente en el contexto de todas las políticas de la UE. El Plan de Acción subrayaba que «en una sociedad global caracterizada por la rapidez del cambio tecnológico, donde el intercambio de información no conoce fronteras, es especialmente importante proteger la intimidad. La Unión debe garantizar la aplicación coherente del derecho fundamental a la protección de datos. Debemos reforzar la posición de la UE en cuanto a la protección de los datos personales en el contexto de todas las políticas de la UE, incluida la represión policial y la prevención de la delincuencia, así como en nuestras relaciones internacionales.».

En su Comunicación titulada «Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea» (7), la Comisión concluyó que la UE necesita una política más integradora y coherente en materia del derecho fundamental de la protección de datos de carácter personal.

La Decisión Marco 2008/977/JAI tiene un ámbito de aplicación limitado, ya que solo se aplica al tratamiento transfronterizo de datos y no a las actividades de tratamiento por parte de las autoridades policiales y judiciales a nivel puramente nacional. Ello puede crear dificultades a las autoridades policiales y otras autoridades competentes en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial. No son siempre capaces de distinguir fácilmente entre el tratamiento meramente nacional y el transfronterizo no de prever si determinados datos personales pueden convertirse en objeto de un intercambio transfronterizo en una fase posterior (véase la sección 2). Además, por su naturaleza y contenido, la Decisión Marco deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para transponer sus disposiciones de Derecho interno. Por otra parte, no contiene ningún mecanismo o grupo consultivo similar al Grupo del artículo 29 que sustente una interpretación común de sus disposiciones, ni establece competencias de ejecución de la Comisión a fin de garantizar un enfoque común en su aplicación.

El artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece el principio según el cual toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal. Además, con el artículo 16, apartado 2, del TFUE, el Tratado de Lisboa introduce una base jurídica específica para la adopción de normas relativas a la protección de los datos personales que también se aplica a la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial. El artículo 8º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra como derecho fundamental la protección de los datos personales. El artículo 16 del TFUE obliga al legislador a establecer normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, también en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial, que comprende tanto el tratamiento de datos personales transfronterizo como el nacional. Ello permitirá que se protejan los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, garantizando al mismo tiempo el intercambio de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Todo ello contribuirá a facilitar la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia en Europa.

Debido a la naturaleza específica del ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, en la Declaración 21 (8) se reconoció que podrían requerirse normas específicas para la protección de datos de carácter personal y la libre circulación de dichos datos en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial que se basen en el artículo 16 del TFUE.

2.- RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Esta iniciativa es el resultado de una amplia consulta con todas las partes interesadas sobre la revisión del actual marco jurídico para la protección de datos de carácter personal, que incluyó dos fases de consulta pública:

– Del 9 de julio al 31 de diciembre de 2009, la Consulta sobre el marco jurídico para el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. La Comisión recibió 168 respuestas, 127 de personas físicas, organizaciones y asociaciones empresariales, y 12 de autoridades públicas. Las respuestas no confidenciales pueden consultarse en el sitio internet de la Comisión (9).

– Del 4 de noviembre de 2010 al 15 de enero de 2011, la Consulta sobre el enfoque global de la Comisión sobre la protección de datos de carácter personal en la Unión Europea. La Comisión recibió 305 respuestas, de las cuales 54 procedían de ciudadanos, 31 de autoridades públicas y 220 de organizaciones privadas, especialmente de asociaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales. Las respuestas no confidenciales pueden consultarse en el sitio internet de la Comisión (10).

Habida cuenta de que dichas consultas se centraron en gran medida en la revisión de la Directiva 95/46/CE, se llevaron a cabo consultas específicas con los servicios con funciones coercitivas; en particular, el 29 de junio de 2010 se organizó un seminario con las autoridades de los Estados miembros sobre la aplicación de las normas de protección de datos a las autoridades públicas, incluso en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial. Además, el 2 de febrero de 2011, la Comisión convocó un seminario con las autoridades de los Estados miembros para debatir sobre la aplicación de la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo y, más en general, cuestiones de protección de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial.

Se consultó a los ciudadanos de la UE mediante un Eurobarómetro realizado en noviembrediciembre de 2010 (11). También se pusieron en marcha varios estudios (12). El «Grupo del Artículo 29″ (13) emitió varios dictámenes y presentó observaciones útiles a la Comisión (14). El Supervisor Europeo de Protección de Datos también emitió un dictamen general sobre los temas planteados en la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2010 (15).

Mediante su Resolución de 6 de julio de 2011 el Parlamento Europeo aprobó un informe que respaldaba el planteamiento de la Comisión para reformar el marco de la protección de datos (16). El 24 de febrero de 2011, el Consejo de la Unión Europea adoptó las conclusiones en las que respalda en términos generales la intención de la Comisión de reformar el marco de la protección de datos, y concuerda con muchos elementos del planteamiento de la Comisión. El Comité Económico y Social Europeo también apoyó el impulso general de la Comisión destinado a garantizar una aplicación más coherente de las normas de protección de datos de la UE en todos los Estados miembros y una revisión adecuada de la Directiva 95/46/CE (17).

De conformidad con su política «Legislar mejor», la Comisión realizó una evaluación de impacto de distintas posibilidades de actuación (18). La evaluación de impacto se basó en tres objetivos estratégicos: mejorar la dimensión de mercado interior de la protección de datos, hacer más efectivo el ejercicio de los derechos de protección de datos por los ciudadanos y crear un marco global y coherente que abarque todos los ámbitos de competencia de la Unión, incluida la cooperación policial y judicial en materia penal. Respecto a este último objetivo en particular, se evaluaron dos opciones estratégicas: una primera que básicamente amplía el ámbito de aplicación de las normas de protección de datos en este campo y aborda las carencias y otras cuestiones planteadas por la Decisión Marco, y una segunda de mayor alcance, con normas muy prescriptivas y estrictas, que también entrañaría la modificación inmediata de todos los demás instrumentos del «antiguo tercer pilar». Una tercera opción «minimalista», basada en gran medida en comunicaciones interpretativas y en medidas de apoyo político, tales como programas de financiación y herramientas técnicas, con una mínima intervención legislativa, no se consideró apropiada para tratar las cuestiones señaladas en este ámbito en relación con la protección de datos.

Con arreglo a la metodología consolidada de la Comisión, cada opción fue evaluada, con ayuda de un grupo director interservicios, en función de su efectividad a la hora de alcanzar los objetivos estratégicos, su impacto económico en los interesados (también sobre el presupuesto de las instituciones de la UE), su impacto social y su incidencia en los derechos fundamentales. No se examinó el impacto en el medio ambiente.

El análisis del impacto global llevó al desarrollo de la opción estratégica preferida, que se ha incorporado en la presente propuesta. Según la evaluación, su ejecución conducirá a un mayor refuerzo de la protección de datos en este ámbito, mediante la inclusión, en particular, del tratamiento de datos a escala nacional, gracias a lo cual también se logrará una mayor seguridad jurídica para las autoridades competentes en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial.

El 9 de septiembre de 2011, el Comité de Evaluación de Impacto (CEI) emitió un dictamen sobre el proyecto de evaluación de impacto. A raíz del dictamen del CEI, se introdujeron en la evaluación de impacto, entre otros, los cambios siguientes:

– se aclararon los objetivos del marco jurídico en vigor (en qué medida se alcanzaron y en qué medida no se lograron), y los objetivos de la reforma prevista;

– en la sección consagrada a la definición de problemas se añadieron más elementos de prueba y explicaciones/aclaraciones adicionales.

La Comisión elaboró también un informe de ejecución relativo a la Decisión Marco 2008/977/JAI, basado en su artículo 29, apartado 2, que se ha de adoptar formando parte del presente paquete de protección de datos (19). Las conclusiones del informe, que se basa en las aportaciones realizadas por los Estados miembros, también se incluyeron en la preparación de la evaluación de impacto.

3.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

3.1.- Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 16, apartado 2, del TFUE, que es una nueva base jurídica específica introducida por el Tratado de Lisboa para la adopción de normas relativas a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, órganos y organismos, y por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y de normas relativas a la libre circulación de estos datos.

La propuesta tiene por objeto garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de los datos en este ámbito, reforzando así la confianza mutua entre las autoridades policiales y judiciales de los distintos Estados miembros y facilitando la libre circulación de datos y la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales.

3.2.- Subsidiariedad y proporcionalidad

Con arreglo al principio de subsidiariedad (artículo 5º, apartado 3, del TUE), la Unión solo debe intervenir en caso de que los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. A la luz de los problemas esbozados anteriormente, el análisis de subsidiariedad indica la necesidad de adoptar iniciativas a escala de la UE en los ámbitos policial y de justicia penal por las razones siguientes:

– El derecho a la protección de datos de carácter personal, consagrado en el artículo 8º de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16, apartado 1, del TFUE, requiere el mismo nivel de protección de datos en toda la Unión. Requiere el mismo nivel de protección para los datos intercambiados y los datos tratados a escala nacional.

– Existe una necesidad creciente de que los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros sometan a tratamiento e intercambien datos a velocidades cada vez mayores con el fin de prevenir y luchar contra el terrorismo y la delincuencia transnacionales. En este contexto, la existencia de normas claras y coherentes en materia de protección de datos a escala de la UE ayudará a fomentar la cooperación entre dichas autoridades.

– Además, existen retos prácticos a la ejecución de la legislación de protección de datos y la necesidad de cooperación entre los Estados miembros y sus autoridades, que tiene que organizarse a escala de la UE para garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión. En determinadas situaciones, la UE es la que está en mejores condiciones para garantizar de forma efectiva y coherente el mismo nivel de protección de los ciudadanos cuando sus datos personales se transfieren a terceros países.

– Por sí solos los Estados miembros no pueden mitigar los problemas que se plantean en la situación actual, especialmente los debidos a la fragmentación de las legislaciones nacionales. Por tanto, existe una necesidad específica de establecer un marco armonizado y coherente que permita una adecuada transferencia de datos personales a través de las fronteras interiores de la UE, al tiempo que se garantiza una protección efectiva a todas las personas físicas en la UE.

– Es probable que las iniciativas legislativas de la UE propuestas sean más efectivas que acciones similares adoptadas a nivel de los Estados miembros debido a la naturaleza y magnitud de los problemas, que no se circunscriben al ámbito de uno o varios Estados miembros.

El principio de proporcionalidad requiere que cualquier intervención tenga una finalidad específica y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. Este principio ha servido de guía en la elaboración de la presente propuesta, desde la identificación y evaluación de las opciones políticas alternativas a la redacción de la propuesta legislativa.

La Directiva es, por consiguiente, el mejor instrumento para garantizar en este ámbito la armonización a nivel de la UE y dejar, al mismo tiempo, a los Estados miembros la flexibilidad necesaria a la hora de aplicar los principios, las normas y sus exenciones a nivel nacional. Dada la complejidad de las normas nacionales vigentes relativas a la protección de datos personales tratados en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal, y habida cuenta del objetivo de armonización global de estas normas por medio de la presente Directiva, la Comisión tendrá que solicitar a los Estados miembros que faciliten documentos explicativos que aclaren la relación existente entre los componentes de la Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición, a fin de poder llevar a cabo su tarea de supervisión de la transposición de la presente Directiva.

3.3.- Resumen de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales

El derecho a la protección de los datos de carácter personal se establece en el artículo 8º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 8º del CEDH. Como subrayó el Tribunal de Justicia de la UE (20), el derecho a la protección de datos de carácter personal no es un derecho absoluto, sino que se ha de considerar en relación con su función en la sociedad (21). La protección de datos está estrechamente vinculada al respeto de la vida privada y familiar establecido en el artículo 7º de la Carta. Ello se refleja en el artículo 1º, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, que establece que los Estados miembros garantizarán la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y en particular del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Otros derechos fundamentales potencialmente afectados y consagrados en la Carta son la prohibición de cualquier tipo de discriminación, y en particular la ejercida por razón de raza, orígenes étnicos, características genéticas, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, discapacidad u orientación sexual (artículo 21); los derechos del niño (artículo 24) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

3.4.- Exposición detallada de la propuesta

3.4.1.- CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

El artículo 1º define el objeto de la Directiva, es decir, las normas relativas al tratamiento de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y fija el doble objetivo de la Directiva, a saber, proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, al tiempo que se garantiza un alto nivel de seguridad pública, y asegurar el intercambio de datos personales entre las autoridades competentes dentro de la Unión.

El artículo 2º define el ámbito de aplicación de la Directiva, que no se limita al tratamiento transfronterizo de datos, sino que se aplica a todas las operaciones de tratamiento efectuadas por «autoridades competentes» (tal como se definen en el artículo 3º, apartado 14), a los efectos de la Directiva. La Directiva no se aplica ni al tratamiento en el ejercicio de una actividad que no esté comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, ni a las operaciones de tratamiento efectuadas por instituciones, órganos y organismos de la Unión, que están sujetas al Reglamento (CE) nº 45/2001 y otras normas específicas.

El artículo 3º incluye las definiciones de los términos utilizados en la Directiva. Mientras que algunas definiciones se han tomado de la Directiva 95/46/CE y la Decisión Marco 2008/977/JAI, otras se modifican, complementadas con elementos adicionales o nuevos. Los nuevos conceptos son los de «violación de datos personales», «datos genéticos» y «datos biométricos», «autoridades competentes» [sobre la base del artículo 87, del TFUE y el artículo 2º, letra h), de la Decisión Marco 2008/977/JAI], y «niño», basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (22).

3.4.2.- CAPÍTULO II – PRINCIPIOS

El artículo 4º establece los principios relativos al tratamiento de datos personales, inspirándose en el artículo 6º de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 3º de la Decisión Marco 2008/977/JAI, aunque adaptándolos al contexto específico de la presente Directiva.

El artículo 5º exige la distinción, en la medida de lo posible, entre datos de carácter personal de diferentes categorías de interesados. Se trata de una nueva disposición, que no figura ni en la Directiva 95/46/CE ni en la Decisión Marco 2008/977/JAI, pero que había sido propuesta por la Comisión en su propuesta original en relación con la Decisión Marco (23). Está inspirada en la Recomendación del Consejo de Europa R (87) 15. Ya existen normas similares para Europol (24) y Eurojust (25).

El artículo 6º sobre los diferentes grados de precisión y fiabilidad refleja el principio 3.2 de la Recomendación del Consejo de Europa R (87) 15. Existen normas similares para Europol, también incluidas en la propuesta de la Comisión relativa a la Decisión Marco (26).

El artículo 7º establece los fundamentos para el tratamiento lícito, cuando resulte necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, sobre la base de la legislación nacional, para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento, con el fin de proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona, o para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad pública. Los demás fundamentos para el tratamiento lícito que figuran en el artículo 7º de la Directiva 95/46/CE no son adecuados para el tratamiento en los ámbitos policial y de la justicia penal.

El artículo 8º establece una prohibición general del tratamiento de categorías especiales de datos personales y las excepciones a esta norma general, inspirándose en el artículo 8º de la Directiva 95/46/CE y añadiendo los datos genéticos, a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (27).

El artículo 9º establece la prohibición de las medidas basadas únicamente en el tratamiento automático de datos personales si no se autorizan por ley, ofreciendo las garantías apropiadas, de conformidad con el artículo 7 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.3.- CAPÍTULO III – DERECHOS DEL INTERESADO

El artículo 10 introduce la obligación de los Estados miembros de ofrecer información de fácil acceso y comprensión, inspirada especialmente en el principio 10 de la Resolución de Madrid relativa a estándares internacionales sobre protección de datos personales y privacidad (28), y obliga a los responsables del tratamiento a establecer procedimientos y mecanismos para facilitar el ejercicio de los derechos del interesado. Ello incluye la obligación de que el ejercicio de los derechos sea en principio gratuito.

En el artículo 11 se especifica la obligación de los Estados miembros de garantizar la información al interesado. Estas obligaciones se fundamentan en los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE, sin que distintos artículos distingan si la información se recoge del interesado o no, y ampliando el espectro de la información que se ha de facilitar. Este artículo establece excepciones a la obligación de informar, cuando tales excepciones sean proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática para el ejercicio de las tareas de las autoridades competentes (de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 17 de la Decisión Marco 2008/977/JAI).

El artículo 12 establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el derecho del interesado a acceder a sus datos personales. Se inspira en el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46/CE, añadiendo nuevos elementos para la información de los interesados (relativos al periodo de conservación, sus derechos de rectificación, supresión o restricción y a presentar una reclamación).

El artículo 13 establece que los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas que restrinjan el derecho de acceso, si así lo exige la naturaleza específica del tratamiento de datos en los ámbitos policial y de la justicia penal, y sobre la información del interesado relativa a una restricción de acceso, de conformidad con el artículo 17, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

El artículo 14 dispone que, cuando se restrinja el acceso directo, el interesado debe ser informado de la posibilidad de recurrir al acceso indirecto a través de la autoridad de control, que debe ejercer el derecho en su nombre y ha de informar al interesado del resultado de sus verificaciones.

El artículo 15 sobre el derecho de rectificación se inspira en el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE; y, por lo que se refiere a las obligaciones en caso de denegación, en el artículo 18, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

El artículo 16 sobre el derecho de supresión se inspira en el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE y, por lo que se refiere a las obligaciones en caso de denegación, en el artículo 18, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977/JAI. Este artículo integra también el derecho a que se marque el tratamiento en determinados casos, sustituyendo el término ambiguo «bloqueo», utilizado en el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 18, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

El artículo 17 sobre la rectificación, supresión y restricción del tratamiento en los procedimientos judiciales aporta precisiones sobre la base del artículo 4, apartado 4, de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.4.- CAPÍTULO IV – RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

3.4.4.1.- SECCIÓN 1 – OBLIGACIONES GENERALES

El artículo 18 describe la obligación del responsable del tratamiento de ajustarse a lo establecido en la presente Directiva y garantizar su cumplimiento, incluida la adopción de políticas y mecanismos a tal efecto.

El artículo 19 establece que los Estados miembros deben velar por que el responsable del tratamiento cumpla las obligaciones que emanan de los principios de la protección de datos desde el diseño y por defecto.

El artículo 20 relativo a los corresponsables del tratamiento aclara su situación por lo que respecta a su relación interna.

El artículo 21 aclara la posición y la obligación de los encargados del tratamiento, inspirándose en parte en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, y añadiendo nuevos elementos, incluido que un encargado que trate datos más allá de las instrucciones del responsable del tratamiento ha de ser considerado corresponsable.

El artículo 22, relativo al tratamiento efectuado bajo la autoridad del responsable y el encargado del tratamiento, se inspira en el artículo 16 de la Directiva 95/46/CE.

El artículo 23 introduce la obligación de que los responsables y encargados del tratamiento conserven la documentación de todos los sistemas y procedimientos de tratamiento que estén bajo su responsabilidad.

El artículo 24 se refiere a la conservación de registros, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977, al tiempo que aporta nuevas precisiones.

El artículo 25 aclara las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento en relación con la cooperación con la autoridad de control.

El artículo 26 se refiere a los casos en que es obligatorio consultar a la autoridad de control antes del tratamiento, inspirado en el artículo 23 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.4.2.- SECCIÓN 2 – SEGURIDAD DE LOS DATOS

El artículo 27, relativo a la seguridad del tratamiento, se inspira en el actual artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, relativo a la seguridad del tratamiento, y en el artículo 22 de la Decisión Marco 2008/977/JAI, por el que se amplían las obligaciones correspondientes a los encargados del tratamiento, con independencia de su contrato con el responsable del tratamiento.

Inspirados en la notificación de la violación de datos personales contemplada en el artículo 4º, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, los artículos 28 y 29 introducen la obligación de notificar las violaciones de datos personales, aclarando y separando las obligaciones de notificar a la autoridad de control (artículo 28) y de comunicar, en determinadas circunstancias, al interesado (artículo 29). El artículo 29 establece también exenciones haciendo referencia al artículo 11, apartado 4.

3.4.4.3.- SECCIÓN 3 – DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El artículo 30 introduce la obligación para el responsable del tratamiento de designar obligatoriamente a un delegado de protección de datos que debe cumplir las tareas que figuran en el artículo 32. Cuando varias autoridades competentes actúen bajo la supervisión de una autoridad central que opere en calidad de responsable del tratamiento, al menos esta autoridad central debe designar a un delegado de protección de datos. El artículo 18, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE contemplaba la posibilidad de que los Estados miembros introdujesen tal requisito en lugar de la obligación de notificación general establecida en dicha Directiva.

El artículo 31 establece la función del delegado de protección de datos.

El artículo 32 establece las tareas del delegado de protección de datos.

3.4.5.- CAPÍTULO V – TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El artículo 33 establece los principios generales para las transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal, incluidas las transferencias ulteriores. Este artículo aclara que las transferencias a terceros países sólo podrán llevarse a cabo si son necesarias para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales.

El artículo 34 establece que se pueden realizar transferencias a cualquier tercer país en relación con el cual la Comisión haya adoptado una decisión de adecuación, con arreglo al Reglamento …./../201X o, más específicamente, en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal, o, en ausencia de tales decisiones, cuando se den las garantías apropiadas. Mientras no existan decisiones de adecuación, la Directiva garantiza que las transferencias pueden seguir llevándose a cabo, siempre que existan las garantías y excepciones adecuadas. Además, la Directiva fija los criterios que deberán tenerse en cuenta para que la Comisión evalúe si existe o no un nivel adecuado de protección y entre ellos se incluyen expresamente el Estado de Derecho, el recurso jurisdiccional y la supervisión independiente. El artículo contempla también la posibilidad de que la Comisión evalúe el nivel de protección que ofrece un territorio o un sector de tratamiento en un tercer país.

Establece también que, en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, será aplicable una decisión general de adecuación adoptada con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 38 del Reglamento general de protección de datos. Alternativamente, la Comisión puede adoptar una decisión de adecuación exclusivamente a los fines de la presente Directiva.

El artículo 35 define las garantías apropiadas que se necesitan antes de efectuar transferencias internacionales, en ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Estas garantías pueden ser invocadas mediante un instrumento jurídicamente vinculante, como un acuerdo internacional. Alternativamente, el responsable del tratamiento puede, sobre la base de una evaluación de las circunstancias que concurran en la transferencia, concluir que existen.

El artículo 36 especifica las excepciones para la transferencia de datos, inspirándose en el artículo 26 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 13 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

El artículo 37 obliga a los Estados miembros a disponer que el responsable del tratamiento informe al destinatario de toda restricción al tratamiento y tome todas las medidas razonables para garantizar que los destinatarios de los datos personales en el tercer país u organización internacional cumplen estas restricciones.

El artículo 38 establece explícitamente mecanismos de cooperación internacional para la protección de los datos personales entre la Comisión y las autoridades de control de terceros países, en particular aquellos que se considere que ofrecen un nivel de protección adecuado, teniendo en cuenta la Recomendación de la OCDE relativa a la cooperación transfronteriza en la aplicación de las legislaciones que protegen la privacidad, de 12 de junio de 2007.

CAPÍTULO VI .– AUTORIDADES NACIONALES DE CONTROL

3.4.5.1.- SECCIÓN 1 – INDEPENDENCIA

Sobre la base del artículo 28, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE y el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/977/JAI, que amplía la misión de las autoridades de control para que contribuyan a la aplicación coherente de la Directiva en toda la Unión, el artículo 39 obliga a los Estados miembros a crear autoridades de control, que pueden ser la creada en virtud del Reglamento general de protección de datos.

El artículo 40, que aplica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (29), aclara las condiciones para la independencia de las autoridades de control, inspirado también en el artículo 44 del Reglamento (CE) nº 45/2001 (30).

El artículo 41 establece las condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control, en aplicación de la jurisprudencia pertinente (31) e inspirado también en el artículo 42, apartados 2 a 6, del Reglamento (CE) nº 45/2001.

El artículo 42 establece las normas relativas a la creación de la autoridad de control, incluidas las condiciones de sus miembros, que han de establecer los Estados miembros por ley.

El artículo 43, relativo al secreto profesional de los miembros y el personal de la autoridad de control, sigue lo dispuesto en el artículo 28, apartado 7, de la Directiva 95/46/CE y el artículo 25, apartado 4, de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.5.2.- SECCIÓN 2 – FUNCIONES Y PODERES

El artículo 44 establece la competencia de las autoridades de control, sobre la base del artículo 28, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE y el artículo 25, apartado 1, DE la Decisión Marco 2008/977/JAI. Cuando ejercen su función jurisdiccional, los órganos jurisdiccionales están exentos de la supervisión por parte de la autoridad de control, aunque no de la aplicación de las normas sustantivas en materia de protección de datos.

El artículo 45 establece la obligación de los Estados miembros de disponer las funciones de la autoridad de control, especialmente la admisión a trámite y la investigación de las reclamaciones y el fomento de la sensibilización de la opinión pública sobre riesgos, normas, garantías y derechos. Cuando se deniegue o restrinja el acceso directo, una función propia de las autoridades de control en el contexto de la presente Directiva es el ejercicio del derecho de acceso por cuenta de los interesados y de verificación de la licitud del tratamiento de datos.

El artículo 46 establece los poderes de la autoridad de control, basándose en el artículo 28, apartado 3, de la Directiva 95/46/CE y el artículo 25, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2008/977/JAI. Inspirado en el artículo 28, apartado 5, de la Directiva 95/46/CE, el artículo 47 obliga a las autoridades de control a elaborar informes anuales de actividad.

3.4.6.- CAPÍTULO VII – COOPERACIÓN Y COHERENCIA

El artículo 48 introduce normas sobre la asistencia mutua obligatoria, mientras que el artículo 28, apartado 6, punto 2, de la Directiva 95/46/CE simplemente establecía una obligación general de cooperar, sin especificar más.

El artículo 49 establece que el Consejo Europeo de Protección de Datos, establecido por el Reglamento general de protección de datos, también ejerce sus funciones en relación con las actividades de tratamiento en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Con el fin de proporcionar apoyo complementario, la Comisión solicitará el asesoramiento de representantes de las autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, así como de representantes de Europol y Eurojust, por medio de un grupo de expertos en los aspectos relacionados con la función coercitiva de la protección de datos.

3.4.7.- CAPÍTULO VIII – RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

Inspirado en el artículo 28, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE, el artículo 50 establece el derecho de todo interesado a presentar una reclamación ante una autoridad de control, y se refiere a cualquier infracción de la Directiva en relación con el reclamante. Asimismo especifica los organismos, organizaciones o asociaciones que pueden presentar una reclamación en nombre del interesado y también en caso de violación de datos personales, con independencia de la reclamación de un interesado.

El artículo 51 se refiere al derecho a un recurso judicial contra una autoridad de control. Se basa en la disposición general del artículo 28, apartado 3, de la Directiva 95/46/CE y establece expresamente que el interesado puede ejercitar acciones judiciales para obligar a la autoridad de control a actuar a raíz de una reclamación.

Basado en el artículo 22 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 20 de la Decisión Marco 2008/977/JAI, el artículo 52 se refiere al derecho a un recurso judicial contra un responsable o encargado del tratamiento.

El artículo 53 introduce normas comunes aplicables a los procedimientos judiciales, incluidos los derechos de los organismos, organizaciones o asociaciones de representar a los interesados ante los órganos jurisdiccionales, y el derecho de las autoridades de control a ejercitar acciones jurisdiccionales. La obligación de los Estados miembros de garantizar la celeridad de las acciones se inspira en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico (32).

El artículo 54 obliga a los Estados miembros a establecer el derecho de indemnización.

Inspirado en el artículo 23 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 19, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977/JAI, amplía este derecho a los perjuicios causados por los encargados del tratamiento y aclara la responsabilidad de los corresponsables y coencargados.

El artículo 55 obliga a los Estados miembros a establecer normas relativas a las sanciones, a sancionar las infracciones de la Directiva, y a garantizar su aplicación.

3.4.8.-  CAPÍTULO IX – ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN

El artículo 56 contiene disposiciones normalizadas para el ejercicio de las delegaciones en consonancia con el artículo 290 del TFUE. Ello permite al legislador delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo (actos cuasi legislativos).

El artículo 57 contiene la disposición relativa al procedimiento del comité necesario para la atribución de competencias de ejecución a la Comisión en los casos en que, de conformidad con el artículo 291 del TFUE, se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Es de aplicación el procedimiento de examen.

3.4.9.- CAPÍTULO X – DISPOSICIONES FINALES

El artículo 58 deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI.

El artículo 59 establece que se mantienen inalteradas las disposiciones específicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de autoridades competentes a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales en actos de la Unión adoptados antes de la fecha de adopción de la presente Directiva que regulen el tratamiento de datos personales o el acceso a los sistemas de información establecidos en el ámbito de aplicación de la misma.

El artículo 60 aclara la relación de la presente Directiva con los acuerdos internacionales celebrados anteriormente por los Estados miembros en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial.

El artículo 61 establece la obligación de la Comisión de evaluar e informar sobre la aplicación de la Directiva, a fin de determinar la necesidad de adaptar a la presente Directiva las disposiciones específicas adoptadas anteriormente contempladas en el artículo 59.

El artículo 62 establece la obligación de los Estados miembros de incorporar la Directiva a sus legislaciones nacionales y de comunicar a la Comisión las disposiciones adoptadas de conformidad con la misma.

El artículo 63 determina la fecha de la entrada en vigor de la Directiva.

El artículo 64 establece los destinatarios de la Directiva.

4.- IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS

La ficha financiera legislativa que acompaña a la propuesta de Reglamento general de protección de datos comprende la incidencia presupuestaria del Reglamento y de la presente Directiva.

2012/0010 (COD). PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 16, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Previa consulta del Supervisor Europeo de Protección de Datos (33),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental. El artículo 8º, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales que le conciernan.

(2) El tratamiento de datos personales está al servicio del hombre; los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera que sea la nacionalidad o residencia de estas personas, respetar las libertades y derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Debe contribuir a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(3) La rápida evolución tecnológica y la globalización han supuesto nuevos retos para la protección de los datos personales. Se ha incrementado de manera espectacular la magnitud del intercambio y la recogida de datos. La tecnología permite que las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de desarrollar sus actividades.

(4) Ello requiere facilitar la libre circulación de datos entre las autoridades competentes en el seno de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, al tiempo que se garantiza un alto nivel de protección de los datos personales. Exige el establecimiento de un marco más sólido y coherente para la protección de datos en la Unión Europea, respaldado por una ejecución estricta.

(5) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (34), se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos personales en los Estados miembros tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, no se aplica al tratamiento de datos personales efectuado «en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario», como las actividades en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial.

(6) La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (35), es aplicable en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial. El ámbito de aplicación de esta Decisión Marco se limita al tratamiento de los datos personales transmitidos o puestos a disposición entre los Estados miembros.

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado de protección de los datos personales de las personas físicas y facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades competentes de los Estados miembros es esencial para garantizar la eficacia de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial. A tal efecto, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, debe ser equivalente en todos los Estados miembros.

La protección efectiva de los datos personales en la Unión no solo requiere la consolidación de los derechos de los interesados y de las obligaciones de quienes tratan dichos datos personales, sino también poderes equivalentes para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos personales en los Estados miembros.

(8) El artículo 16, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que el Parlamento Europeo y el Consejo deben establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal y las normas relativas a la libre circulación de estos datos.

(9) Sobre esta base, el Reglamento UE …../2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), establece las normas generales para proteger a las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos personales y para garantizar la libre circulación de los datos personales en la Unión.

(10) En la Declaración 21 relativa a la protección de los datos de carácter personal en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial, aneja al Acta final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, la Conferencia reconoció que podrían requerirse normas específicas para la protección de datos de carácter personal y la libre circulación de dichos datos en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial que se basen en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en razón de la naturaleza específica de dichos ámbitos.

(11) Por lo tanto, una nueva Directiva debe responder a la naturaleza específica de estos ámbitos y establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.

(12) A fin de garantizar el mismo nivel de protección de las personas a través de derechos exigibles legalmente en toda la Unión y evitar divergencias que dificulten el intercambio de datos personales entre las autoridades competentes, la Directiva debe establecer normas armonizadas para la protección y la libre circulación de los datos personales en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial.

(13) La presente Directiva permite que se tenga en cuenta el principio de acceso público a los documentos oficiales al aplicar las disposiciones de la misma.

(14) La protección otorgada por la presente Directiva atañe a las personas físicas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, en relación con el tratamiento de datos personales.

(15) La protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra y no debe depender de las técnicas utilizadas, pues de lo contrario daría lugar a graves riesgos de elusión. La protección de las personas debe aplicarse al tratamiento automatizado de datos personales, así como a su tratamiento manual, si los datos están contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Los ficheros o conjuntos de ficheros y sus carpetas que no estén estructurados con arreglo a criterios específicos no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. La presente Directiva no debe aplicarse al tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad nacional, o a los datos tratados por instituciones, órganos y organismos de la Unión, tales como Europol o Eurojust.

(16) Los principios de protección deben aplicarse a toda información relativa a una persona identificada o identificable. Para determinar si una persona física es identificable deben tenerse en cuenta todos los medios que razonablemente pudiera utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otro individuo para identificar a dicha persona.

Los principios de protección de datos no deben aplicarse a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado a quien se refieren ya no resulte identificable.

(17) Los datos personales relacionados con la salud deben incluir en particular todos los datos relativos a la salud del interesado; información sobre el registro de la persona para la prestación de servicios sanitarios; información acerca de los pagos o de la admisibilidad para la atención sanitaria con respecto a la persona; un número, símbolo u otro dato asignado a una persona que la identifica de manera unívoca a efectos de salud; cualquier información acerca de la persona recogida durante la prestación de servicios sanitarios a esta; información derivada de las pruebas o los exámenes de una parte del cuerpo o sustancia corporal, incluidas muestras biológicas; identificación de una persona como prestador de asistencia sanitaria a la persona; o cualquier información sobre, por ejemplo, toda enfermedad, discapacidad, riesgo de enfermedades, historia médica, tratamiento clínico, o estado fisiológico o biomédico real del interesado, independientemente de su fuente, como, por ejemplo, cualquier médico u otro profesional de la sanidad, hospital, dispositivo médico, o prueba diagnóstica in vitro.

(18) Todo tratamiento de datos de carácter personal debe efectuarse de forma lícita, justa y transparente en relación con las personas afectadas. En particular, los fines específicos para los que se hayan tratado los datos deben ser explícitos.

(19) Para la prevención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, es necesario que las autoridades competentes conserven y traten datos personales, recogidos en el contexto de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, más allá de ese contexto específico, con el fin de adquirir un mejor conocimiento de las tendencias y fenómenos delictivos, recabar información sobre las redes de delincuencia organizada, y establecer vínculos entre las distintas infracciones detectadas.

(20) Los datos personales no deben ser tratados para fines incompatibles con la finalidad para la que fueron recogidos. Los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines para los que se traten. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos.

(21) El principio de exactitud de los datos debe aplicarse teniendo presente el carácter y finalidad del tratamiento correspondiente. En particular en los procedimientos judiciales, las declaraciones que contienen datos personales se basan en la percepción subjetiva de las personas y, en algunos casos, no siempre son verificables. En consecuencia, el requisito de exactitud no debe relacionarse con la exactitud de una afirmación, sino exclusivamente con el hecho de que se ha formulado una afirmación concreta.

(22) En la interpretación y aplicación de los principios generales relativos al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, se han de tener en cuenta las características específicas del sector, incluidos los objetivos específicos perseguidos.

(23) Es inherente al tratamiento de datos personales en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial que se traten datos personales relativos a diferentes categorías de interesados. Por tanto, en la medida de lo posible, se debe distinguir claramente entre los datos personales de diferentes categorías de interesados tales como los sospechosos, los condenados por una infracción penal, las víctimas y terceros, como los testigos, las personas que posean información o contactos útiles y los cómplices de sospechosos y delincuentes condenados.

(24) En la medida de lo posible, debe distinguirse entre los datos personales en función de su grado de exactitud y fiabilidad. Se debe distinguir entre hechos y apreciaciones personales, con el fin de garantizar tanto la protección de las personas como la calidad y fiabilidad de la información tratada por las autoridades competentes.

(25) Para que sea lícito, el tratamiento de datos personales debe ser necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento, para el cumplimiento de una misión de interés público por una autoridad competente prevista por ley, o con el fin de proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona, o bien para la prevención de una amenaza inminente y grave para la seguridad pública.

(26) Protección específica merecen los datos personales que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos fundamentales o la intimidad, incluidos los datos genéticos. Tales datos no deben ser tratados, a no ser que el tratamiento esté específicamente autorizado por una ley que contemple medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra persona; o se refiera a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.

(27) Toda persona física debe tener derecho a no ser objeto de una medida que se base únicamente en el tratamiento automático si produce un efecto jurídico desfavorable para él, salvo que esté autorizada por ley y sujeta a medidas adecuadas para salvaguardar los intereses legítimos del interesado.

(28) Para poder ejercer sus derechos, cualquier información que se facilite al interesado debe ser fácilmente accesible y fácil de entender, utilizando un lenguaje sencillo y claro.

(29) Deben arbitrarse fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos establecidos en la presente Directiva, incluidos los mecanismos para solicitar de forma gratuita, entre otras cosas, el acceso a los datos, su rectificación y supresión. El responsable del tratamiento debe estar obligado a responder a las solicitudes del interesado sin demora injustificada.

(30) El principio de tratamiento leal exige que el interesado sea informado, entre otras cosas, de la existencia de la operación de tratamiento y sus fines, del plazo de conservación de los datos, de la existencia del derecho de acceso, rectificación o supresión y del derecho a presentar una reclamación. Cuando los datos se obtengan de los interesados, estos también deben ser informados de si están obligados a facilitarlos y de las consecuencias, en caso de que no lo hicieran.

(31) La información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal relativos a los interesados debe ser facilitada a estos últimos en el momento de su recogida, o, si los datos no se recogieran de los interesados, en el momento del registro o en un plazo razonable después de la recogida, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se traten los datos.

(32) Toda persona debe tener el derecho de acceder a los datos recogidos que le conciernan y a ejercer este derecho con facilidad, con el fin de conocer y verificar la licitud del tratamiento. Todo interesado debe, por tanto, tener el derecho de conocer y de que se le comuniquen, en particular, los fines para los que se tratan los datos, el plazo de su conservación, los destinatarios que los reciben, incluso en terceros países. Se debe autorizar a los interesados a recibir una copia de sus datos personales que estén siendo tratados.

(33) Debe permitirse a los Estados miembros adoptar medidas legislativas que retrasen, restrinjan u omitan la información de los interesados o el acceso a sus datos personales en la medida y siempre que dicha restricción total o parcial constituya una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de la persona de que se trate, con el fin de no entorpecer las indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o jurídicos, de no perjudicar la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, de proteger la seguridad pública o la seguridad nacional o de proteger al interesado o los derechos y libertades de otras personas.

(34) Toda denegación o restricción de acceso debe comunicarse por escrito al interesado, incluidas las razones de hecho o de Derecho sobre las que se basa la decisión.

(35) Cuando los Estados miembros hayan adoptado medidas legislativas que restrinjan, total o parcialmente, el derecho de acceso, el interesado debe tener derecho a solicitar que la autoridad nacional de control competente verifique la licitud del tratamiento. El interesado debe ser informado de este derecho. Cuando el acceso sea ejercido por la autoridad de control por cuenta del interesado, este debe ser informado por la autoridad de control, como mínimo, de que se han llevado a cabo las verificaciones necesarias y del resultado en cuanto a la licitud del tratamiento en cuestión.

(36) Toda persona debe tener derecho a que se rectifiquen los datos personales inexactos que le conciernan y a que se supriman, cuando el tratamiento de estos datos no cumpla los principios esenciales establecidos en la presente Directiva. Cuando los datos personales se sometan a tratamiento en el transcurso de investigaciones y procedimientos penales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y restricción del tratamiento pueden ejercerse de conformidad con las normas nacionales relativas a los procedimientos judiciales.

(37) Se debe establecer la responsabilidad general del responsable por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o en su nombre. En particular, el responsable del tratamiento debe garantizar que las operaciones de tratamiento se ajustan a las normas adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

(38) La protección de los derechos y libertades de los interesados con respecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de las oportunas medidas de carácter técnico y organizativo con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. Con objeto de velar por el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva, el responsable debe adoptar las políticas y aplicar las medidas adecuadas que cumplan especialmente los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto.

(39) La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, requieren una atribución clara de las responsabilidades con arreglo a la presente Directiva, incluidos los casos en que un responsable determine los fines, condiciones y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables del tratamiento o cuando el tratamiento se efectúe por cuenta de un responsable.

(40) Con objeto de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, el responsable o el encargado del tratamiento deben documentar las actividades de tratamiento. Los responsables y encargados del tratamiento deben estar obligados a cooperar con la autoridad de control y a difundir esta documentación, previa solicitud, de modo que pueda servir para supervisar las operaciones de tratamiento.

(41) Con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos y libertades de los interesados mediante acciones preventivas, el responsable o encargado del tratamiento deben consultar, en determinados casos, a la autoridad de control antes del tratamiento.

(42) Si no se toman medidas de manera rápida y adecuada, las violaciones de los datos personales pueden entrañar un perjuicio, incluso para la reputación de la persona en cuestión. Por consiguiente, tan pronto como el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una violación, debe notificarla a la autoridad nacional competente. Las personas físicas cuyos datos personales o intimidad puedan verse afectados negativamente por dicha violación deben ser informadas de ello sin demora injustificada para que puedan adoptar las cautelas necesarias. Se debe considerar que una violación afecta negativamente a los datos personales o la intimidad de los interesados cuando conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación de identidad, daños físicos, humillación grave o perjuicio para su reputación en relación con el tratamiento de datos personales.

(43) Al establecer disposiciones de aplicación sobre el formato y los procedimientos aplicables a la notificación de las violaciones de datos personales, conviene tener debidamente en cuenta las circunstancias de la violación, incluyendo si los datos personales habían sido protegidos mediante las medidas técnicas de protección adecuadas, limitando eficazmente la probabilidad de uso indebido. Asimismo, estas normas y procedimientos deben tener en cuenta los intereses legítimos de las autoridades competentes, en los casos en que una comunicación temprana pudiera obstaculizar innecesariamente la investigación de las circunstancias de la violación.

(44) El responsable o el encargado del tratamiento deben designar a una persona que les ayude a supervisar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva. Varias entidades de la autoridad competente pueden designar conjuntamente a un delegado de protección de datos. Los delegados de protección de datos deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y tareas con independencia y eficacia.

(45) Los Estados miembros deben velar por que una transferencia a un tercer país solo se lleve a cabo si es necesaria para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, y si el responsable del tratamiento en el tercer país u organización internacional es una autoridad competente a tenor de la presente Directiva. Puede llevarse a cabo una transferencia en los casos en que la Comisión haya decidido que el tercer país o la organización internacional de que se trate garantizan un nivel adecuado de protección, o cuando se hayan ofrecido unas garantías apropiadas.

(46) La Comisión puede determinar, con efectos para toda la Unión, que algunos terceros países, un territorio o un sector del tratamiento en un tercer país, o una organización internacional ofrecen un nivel adecuado de protección de datos, proporcionando así seguridad jurídica y uniformidad en toda la Unión en lo que se refiere a los terceros países u organizaciones internacionales que se considera aportan tal nivel de protección. En estos casos, se pueden realizar transferencias de datos personales a estos países sin tener que obtener ninguna otra autorización.

(47) En consonancia con los valores fundamentales en los que se basa la Unión, en particular la protección de los derechos humanos, la Comisión debe tener en cuenta en qué medida en dicho tercer país se respeta el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, así como las normas y principios internacionales relativos a los derechos humanos.

(48) La Comisión también debe poder reconocer que un tercer país, un territorio, un sector del tratamiento en un tercer país, o una organización internacional no ofrece un nivel adecuado de protección de datos. En consecuencia, debe prohibirse la transferencia de datos personales a dicho tercer país, salvo cuando se base en un acuerdo internacional, unas garantías apropiadas o una excepción. Deben establecerse los procedimientos para celebrar consultas entre la Comisión y dichos terceros países u organizaciones internacionales. Sin embargo, tal decisión de la Comisión se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de llevar a cabo transferencias sobre la base de garantías apropiadas o de una excepción establecida en la Directiva.

(49) Las transferencias no basadas en dicha decisión de adecuación solo deben permitirse cuando se hayan invocado las garantías apropiadas en un instrumento jurídicamente vinculante que garantice la protección de los datos personales o cuando el responsable o encargado del tratamiento haya evaluado todas las circunstancias que rodean la operación de transferencia de datos o el conjunto de operaciones de transferencia de datos y, basándose en esta evaluación, considere que existen las garantías apropiadas con respecto a la protección de los datos personales. En los casos en que no existan razones para autorizar una transferencia, deben permitirse excepciones, si fuera necesario, para proteger el interés vital del interesado o de otra persona, o para proteger intereses legítimos del interesado en caso de que la legislación del Estado miembro que transfiere los datos personales así lo disponga, o cuando sea indispensable para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer país, o en determinados casos a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, o en casos específicos para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial.

(50) Cuando los datos personales circulan a través de las fronteras se puede poner en mayor riesgo la capacidad de las personas físicas para ejercer los derechos de protección de datos con el fin de protegerse contra la utilización ilícita o la revelación de dichos datos. Al mismo tiempo, es posible que las autoridades de control se vean en la imposibilidad de tramitar reclamaciones o realizar investigaciones relativas a actividades desarrolladas fuera de sus fronteras. Sus esfuerzos por colaborar en el contexto transfronterizo también pueden verse obstaculizados por poderes preventivos o correctores insuficientes y regímenes jurídicos incoherentes. Por tanto, es necesario fomentar una cooperación más estrecha entre las autoridades de control de la protección de datos para ayudarles a intercambiar información con sus homólogos extranjeros.

(51) La creación en los Estados miembros de autoridades de control que ejerzan sus funciones con plena independencia constituye un elemento esencial de la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal. Las autoridades de control deben supervisar la aplicación de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva y contribuir a su aplicación coherente en toda la Unión, con el fin de proteger a las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal. Para ello, las autoridades de supervisión deben cooperar entre sí y con la Comisión.

(52) Los Estados miembros pueden confiar a una autoridad de control ya creada en los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) nº …./2012 la responsabilidad de las funciones que corresponden a las autoridades nacionales de control que han de crearse con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

(53) Se debe autorizar a los Estados miembros a crear más de una autoridad de control con objeto de reflejar su estructura constitucional, organizativa y administrativa. Todas las autoridades de control deben estar dotadas de los recursos financieros y humanos adecuados, los locales y las infraestructuras que sean necesarios para la realización eficaz de sus tareas, en particular las relacionadas con la asistencia recíproca y la cooperación con otras autoridades de control de la Unión.

(54) Las condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control deben establecerse por ley en cada Estado miembro, y disponer, entre otras cosas, que dichos miembros deben ser nombrados por el Parlamento o el Gobierno del Estado miembro, e incluir normas sobre su cualificación personal y función.

(55) Aunque la presente Directiva también se aplica a las actividades de los órganos jurisdiccionales nacionales, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los primeros actúen en ejercicio de su función jurisdiccional, con el fin de garantizar la independencia de los jueces en el desempeño de sus funciones. No obstante, esta excepción debe limitarse estrictamente a verdaderas actividades judiciales en juicios y no debe aplicarse a otras actividades en las que puedan estar implicados los jueces, de conformidad con el Derecho nacional.

(56) Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes de la presente Directiva en toda la Unión, las autoridades de control deben gozar en todos los Estados miembros de las mismas funciones y poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, de intervención jurídicamente vinculante, de decisión y sanción, especialmente en casos de reclamaciones de personas físicas, y la capacidad de litigar.

(57) Cada autoridad de control debe oír las reclamaciones presentadas por cualquier interesado y debe investigar el asunto. La investigación a raíz de una reclamación debe llevarse a cabo, bajo control jurisdiccional, en la medida en que sea adecuada en el caso específico. La autoridad de control debe informar al interesado de la evolución y el resultado de la reclamación en un plazo razonable. Si el caso requiere una mayor investigación o coordinación con otra autoridad de control, se debe facilitar información intermedia al interesado.

(58) Las autoridades de control deben ayudarse en el desempeño de sus funciones y facilitarse ayuda mutua, con el fin de garantizar la aplicación y ejecución coherentes de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

(59) El Consejo Europeo de Protección de Datos creado por el Reglamento (UE) nº …./2012 debe contribuir a la aplicación coherente de la presente Directiva en el conjunto de la Unión, entre otras cosas, asesorando a la Comisión y fomentando la cooperación de las autoridades de control en toda la Unión.

(60) Todo interesado debe tener derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en cualquier Estado miembro y a presentar un recurso judicial si considera que se vulneran sus derechos en el marco de la presente Directiva o en caso de que la autoridad de control no reaccione ante una reclamación o no actúe cuando dicha medida sea necesaria para proteger los derechos del interesado.

(61) Toda entidad, organización o asociación que tenga por objeto proteger los derechos e intereses de los interesados en relación con la protección de sus datos y esté constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro debe tener derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control o ejercer el derecho de recurso judicial, en nombre de los interesados, o a presentar, independientemente de la reclamación de un interesado, su propia reclamación, cuando considere que se ha producido una violación de los datos personales.

(62) Toda persona física o jurídica debe tener derecho a presentar un recurso judicial contra las decisiones de una autoridad de control que le conciernan. Las acciones legales contra una autoridad de control deben ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté establecida la autoridad de control.

(63) Los Estados miembros deben garantizar que las acciones judiciales, para ser eficaces, permitan la rápida adopción de medidas con el fin de corregir o impedir una infracción a la presente Directiva.

(64) Cualquier perjuicio que pueda sufrir una persona como consecuencia de un tratamiento ilícito debe ser compensado por el responsable o el encargado del tratamiento, que pueden quedar exentos de responsabilidad si demuestran que no son responsables del perjuicio, en particular si acreditan la conducta culposa del interesado o en caso de fuerza mayor.

(65) Deben imponerse sanciones a toda persona física o jurídica, ya sean de Derecho público o privado, que no cumpla lo dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros deben asegurarse de que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben tomar todas las medidas para su aplicación.

(66) Con el fin de cumplir los objetivos de la presente Directiva, a saber, proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales y garantizar el libre intercambio de datos personales por parte de las autoridades competentes en la Unión, debe delegarse a la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En particular, los actos delegados deben adoptarse con respecto de las notificaciones de una violación de datos personales a la autoridad de control. Es de especial importancia que la Comisión evacue las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, con expertos inclusive. La Comisión, al preparar y elaborar actos delegados, debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(67) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presente Directiva, se deben conferir competencias de ejecución a la Comisión por lo que respecta a la documentación por parte de los responsables y encargados del tratamiento; la seguridad del tratamiento, especialmente en lo que se refiere a las normas de cifrado; la notificación de una violación de los datos personales a la autoridad de control, y el nivel adecuado de protección que ofrece un tercer país, un territorio, un sector de tratamiento en dicho tercer país o una organización internacional. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (36).

(68) El procedimiento de examen debe emplearse para la adopción de medidas por lo que respecta a la documentación por parte de los responsables y encargados del tratamiento; la seguridad del tratamiento, especialmente en lo que se refiere a las normas de cifrado; la notificación de una violación de los datos personales a la autoridad de control; y el nivel adecuado de protección que ofrece un tercer país, un territorio, un sector de tratamiento en dicho tercer país o una organización internacional, dado que dichos actos son de alcance general.

(69) La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando así lo requieran razones perentorias, en casos debidamente justificados relacionados con un tercer país, un territorio o un sector de tratamiento en ese tercer país, o una organización internacional que no garantice un nivel de protección adecuado.

(70) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales y garantizar el libre intercambio de datos personales por parte de las autoridades competentes en la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala o los efectos de la actuación, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(71) La Decisión Marco 2008/977/JAI debe ser derogada por la presente Directiva.

(72) No deben verse afectadas las disposiciones específicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales en los actos de la Unión que hayan sido adoptados antes de la fecha de adopción de la presente Directiva, que regulan el tratamiento de los datos personales entre los Estados miembros o el acceso de las autoridades designadas de los Estados miembros a los sistemas de información establecidos con arreglo a lo dispuesto en los Tratados. La Comisión debe evaluar la situación con respecto a la relación entre la presente Directiva y los actos adoptados con anterioridad a su fecha de adopción que regulan el tratamiento de los datos personales entre los Estados miembros o el acceso de las autoridades designadas de los Estados miembros a los sistemas de información establecidos con arreglo a lo dispuesto en los Tratados, a fin de evaluar la necesidad de ajustar estas disposiciones específicas a la presente Directiva.

(73) Con el fin de garantizar una protección amplia y coherente de los datos personales en la Unión, los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva deben modificarse en consonancia con lo dispuesto en la misma.

(74) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las normas relativas a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños, y la pornografía infantil, tal como se establecen en la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 (37).

(75) De conformidad con el artículo 6 bis del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las normas establecidas en la presente Directiva solo serán vinculantes para el Reino Unido o Irlanda en la medida en que sean vinculantes para estos Estados normas de la Unión que regulen formas de cooperación judicial en materia penal y de cooperación policial en cuyo marco deban respetarse las disposiciones establecidas basándose en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(76) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 2 bis del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no queda obligada por la presente Directiva ni está sujeta a su aplicación. Dado que la presente Directiva desarrolla el acervo de Schengen en el marco de las disposiciones del título V de la parte tres del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 4 del Protocolo, Dinamarca debe decidir, en un plazo de seis meses a partir de la adopción de la presente Directiva, si lo incorpora a su legislación nacional.

(77) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, como se establece en el Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (38).

(78) Por lo que respecta a Suiza, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, como se establece en el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (39).

(79) Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, como se establece en el Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (40).

(80) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consagrados en el Tratado, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo. Las limitaciones aplicadas a estos derechos son conformes al artículo 52, apartado 1, de la Carta ya que son necesarias para alcanzar objetivos de interés general reconocidos por la Unión o la necesidad de protección de los derechos y libertades de otras personas.

(81) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Con respecto a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de estos documentos está justificada.

(82) La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros regulen el ejercicio de los derechos de los interesados sobre información, acceso, rectificación, supresión y restricción de sus datos personales tratados en el marco de un procedimiento penal, y sus posibles restricciones, en las normas nacionales en materia de enjuiciamiento penal.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto y objetivos

1. La presente Directiva establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.

2. De conformidad con la presente Directiva, los Estados miembros deberán:

a) proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales; y

b) garantizar que el intercambio de datos personales por parte de las autoridades competentes en el interior de la Unión no quede restringido ni prohibido por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes a los fines mencionados en el artículo 1, apartado 1.

2. La presente Directiva se aplicará al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

3. La presente Directiva no se aplicará al tratamiento de datos personales:

a) en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad nacional;

b) por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Artículo 3º.- Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «interesado»: toda persona física identificada o que pueda ser identificada, directa o indirectamente, por medios que puedan ser utilizados razonablemente por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona física o jurídica, en particular mediante un número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos específicos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

2) «datos personales»: toda información relativa a un interesado;

3) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, supresión o destrucción;

4) «restricción de tratamiento»: el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;

5) «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;

6) «responsable del tratamiento»: la autoridad pública competente que sola o conjuntamente con otras determine los fines, condiciones y medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines, condiciones y medios del tratamiento estén determinados por el Derecho de la Unión o la legislación de los Estados miembros, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho de la Unión o por la legislación de los Estados miembros;

7) «encargado del tratamiento»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

8) «destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que reciba comunicación de datos personales;

9) «violación de datos personales»: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción accidental o ilícita, la pérdida, alteración, comunicación no autorizada o el acceso a datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma;

10) «datos genéticos»: todos los datos, con independencia de su tipo, relativos a las características de una persona que sean hereditarias o adquiridas durante el desarrollo prenatal temprano;

11) «datos biométricos»: cualesquiera datos relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;

12) «datos relativos a la salud»: cualquier información que se refiera a la salud física o mental de una persona, o a la asistencia prestada por los servicios de salud a la persona;

13) «niño»: toda persona menor de 18 años;

14) «autoridades competentes»: toda autoridad pública competente para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

15) «autoridad de control»: la autoridad pública establecida por un Estado miembro de acuerdo con el artículo 39.

CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS

Artículo 4º.- Principios relativos al tratamiento de datos personales

Los Estados miembros dispondrán que los datos personales deben ser:

a) tratados de manera lícita y leal;

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines;

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que se traten;

d) exactos y, si fuera necesario, mantenerse actualizados; se deben adoptar todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin demora los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se traten;

e) conservados en una forma que permita identificar al interesado durante un periodo no superior al necesario para los fines para los que se someten a tratamiento;

f) tratados bajo la responsabilidad del responsable del tratamiento, que garantizará el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

Artículo 5º.- Distinción entre diferentes categorías de interesados

1. Los Estados miembros dispondrán que, en la medida de lo posible, el responsable del tratamiento establecerá una distinción clara entre los datos personales de las distintas categorías de interesados, tales como:

a) personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que han cometido o van a cometer una infracción penal;

b) personas condenadas por una infracción penal;

c) víctimas de una infracción penal o personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que pueden ser víctimas de una infracción penal;

d) terceras partes involucradas en una infracción penal como, por ejemplo, personas que puedan ser citadas para testificar en investigaciones relacionadas con infracciones penales o procedimientos penales ulteriores, o personas que puedan facilitar información sobre infracciones penales, o personas de contacto o asociados de una de las personas mencionadas en las letras a) y b); y

e) personas que no entren dentro de ninguna de las categorías contempladas más arriba.

Artículo 6º.- Diferentes grados de exactitud y fiabilidad de los datos personales

1. Los Estados miembros velarán por que, en la medida de lo posible, las diferentes categorías de datos personales objeto de tratamiento se distingan según su grado de exactitud y fiabilidad.

2. Los Estados miembros velarán por que, en la medida de lo posible, los datos personales basados en hechos se distingan de los datos personales basados en apreciaciones personales.

Artículo 7º.- Licitud del tratamiento de datos

Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales solo será lícito en la medida en que sea necesario:

a) para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, basada en la ley, para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1; o

b) para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento, o

c) con el fin de proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona; o

d) a fin de prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública.

Artículo 8º.- Tratamiento de categorías especiales de datos personales

1. Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos o de datos relativos a la salud o a la vida sexual.

2. El apartado 1 no será aplicable cuando:

a) el tratamiento esté autorizado por una ley que establezca garantías apropiadas; o

b) el tratamiento sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona; o

c) el tratamiento ataña a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.

Artículo 9º.- Medidas basadas en la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado

1. Los Estados miembros dispondrán que las medidas que produzcan efectos jurídicos negativos para el interesado o le afecten sustancialmente y que se basen únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos personales del interesado estarán prohibidas, salvo que estén autorizadas por una ley que también establezca medidas para salvaguardar los intereses legítimos del interesado.

2. El tratamiento automatizado de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos personales del interesado no se basará únicamente en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 8º.

CAPÍTULO III.- DERECHOS DEL INTERESADO

Artículo 10.- Modalidades de ejercicio de los derechos del interesado

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento adoptará todas las medidas razonables para dotarse de políticas transparentes y fácilmente accesibles por lo que respecta al tratamiento de datos personales y al ejercicio de los derechos de los interesados.

2. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento facilitará al interesado cualquier información y comunicación relativa al tratamiento de datos personales, en forma inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

3. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento adoptará todas las medidas razonables con miras a establecer procedimientos para facilitar la información contemplada en el artículo 11, y para el ejercicio de los derechos de los interesados contemplados en los artículos 12 a 17.

4. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará al interesado, sin demora injustificada, sobre el curso dado a su solicitud.

5. Los Estados miembros dispondrán que la información y cualquier medida adoptada por el responsable del tratamiento a raíz de una solicitud contemplada en los apartados 3 y 4 serán gratuitas. Cuando las solicitudes sean abusivas, en particular a causa de su carácter repetitivo, su tamaño o su volumen, el responsable del tratamiento podrá cobrar una tasa para facilitar la información o adoptar la medida solicitada, o podrá decidir no adoptar la medida solicitada. En tal caso, la carga de demostrar el carácter abusivo de la solicitud recaerá en el responsable del tratamiento.

Artículo 11.- Información al interesado

1. Cuando se recojan datos personales relativos a un interesado, los Estados miembros velarán por que el responsable del tratamiento tome todas las medidas oportunas para facilitar al interesado, al menos, la siguiente información:

a) la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de protección de datos;

b) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales;

c) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales;

d) la existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado y su rectificación, su supresión o la limitación de su tratamiento;

e) el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control contemplada en el artículo 39 y los datos de contacto de la misma;

f) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en particular en terceros países u organizaciones internacionales;

g) cualquier otra información en la medida en que resulte necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal respecto del interesado, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten los datos personales.

2. Cuando los datos personales se recojan del interesado, el responsable del tratamiento le comunicará, además de la información contemplada en el apartado 1, si el suministro de datos personales es obligatorio o voluntario, así como las posibles consecuencias de que no se faciliten tales datos.

3. El responsable del tratamiento facilitará la información contemplada en el apartado 1:

a) en el momento en que los datos personales se obtengan del interesado, o

b) cuando los datos personales no se recojan del interesado, en el momento del registro o en un plazo razonable después de la recogida, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se traten los datos.

4. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se retrase, limite o exima la puesta a disposición del interesado de la información en la medida y siempre que dicha limitación total o parcial constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de la persona en cuestión:

a) para evitar que se obstaculicen pesquisas, investigaciones o procedimientos jurídicos o de carácter oficial;

b) para evitar que se prejuzgue la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales;

c) para proteger la seguridad pública;

d) para proteger la seguridad nacional;

e) para proteger los derechos y libertades de otras personas.

5. Los Estados miembros podrán determinar las categorías de tratamiento de datos que pueden acogerse, en su totalidad o en parte, a las exenciones del apartado 4.

Artículo 12.- Derecho de acceso del interesado

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen. En caso de que se confirme el tratamiento, el responsable facilitará la siguiente información:

a) los fines del tratamiento;

b) las categorías de datos personales de que se trate;

c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se han comunicado los datos personales, en particular los destinatarios establecidos en terceros países;

d) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales;

e) la existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado;

f) el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los datos de contacto de la misma;

g) la comunicación de los datos personales objeto de tratamiento, así como cualquier información disponible sobre su origen;

2. Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento una copia de los datos personales objeto de tratamiento.

Artículo 13.- Limitaciones al derecho de acceso

1. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se limite, en su totalidad o en parte, el derechos de acceso del interesado en la medida en que dicha limitación parcial o completa constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de la persona de que se trate:

a) para evitar que se obstaculicen pesquisas, investigaciones o procedimientos jurídicos u oficiales;

b) para evitar que se prejuzgue la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) para proteger la seguridad pública;

d) para proteger la seguridad nacional;

e) para proteger los derechos y libertades de otras personas.

2. Los Estados miembros podrán determinar por ley las categorías de tratamiento de datos que pueden acogerse en todo o en parte a las exenciones del apartado 1.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 y 2, los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado sobre cualquier denegación o limitación de acceso, sobre las razones de la denegación y sobre las posibilidades de presentar a la autoridad de control una reclamación e interponer un recurso judicial. La información sobre los fundamentos de hecho o de Derecho en los que se sustenta la decisión podrá omitirse cuando el suministro de dicha información pueda comprometer uno de los fines contemplados en el apartado 1.

4. Los Estados miembros velarán por que el responsable del tratamiento documente los motivos por los que no comunicó los fundamentos de hecho o de Derecho en los que se sustenta la decisión.

Artículo 14.- Modalidades de ejercicio del derecho de acceso

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a solicitar, en particular en los casos contemplados en el artículo 13, que la autoridad de control compruebe la licitud del tratamiento.

2. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará al interesado del derecho a solicitar la intervención de las autoridades de control con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

3. Cuando se ejerza el derecho contemplado en el apartado 1, la autoridad de control informará al interesado, al menos, de que se han llevado a cabo todas las verificaciones necesarias, así como del resultado en lo tocante a la licitud del tratamiento en cuestión.

Artículo 15.- Derecho de rectificación

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales que le conciernen cuando tales datos resulten inexactos. El interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales cuando estos resulten incompletos, en particular mediante una declaración rectificativa.

2. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado sobre cualquier denegación de rectificación, sobre las razones de la denegación y sobre las posibilidades de presentar una reclamación ante la autoridad de control y de interponer un recurso judicial.

Artículo 16.- Derecho de supresión

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernen cuando el tratamiento no cumpla las disposiciones adoptadas con arreglo al artículo 4º, letras a) a e), y a los artículos 7º y 8º de la presente Directiva.

2. El responsable del tratamiento procederá a la supresión sin demora.

3. En lugar de proceder a la supresión, el responsable del tratamiento marcará los datos personales cuando:

a) el interesado impugne su exactitud, durante un plazo que permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de dichos datos;

b) los datos personales hayan de conservarse a efectos probatorios;

c) el interesado se oponga a su supresión y solicite la limitación de su uso.

4. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado de cualquier denegación de la supresión o marcado del tratamiento, las razones de la denegación y las posibilidades de presentar una reclamación ante la autoridad de control y de interponer un recurso judicial.

Artículo 17.- Derechos del interesado en las investigaciones y los procedimientos penales

Los Estados miembros dispondrán que los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento contemplados en los artículos 11 a 16 se ejercerán de conformidad con las normas nacionales de enjuiciamiento cuando los datos personales figuren en una resolución judicial o en un registro tratado en el curso de investigaciones y procedimientos penales.

CAPÍTULO IV.- RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

SECCIÓN 1.- OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 18.- Obligaciones del responsable del tratamiento

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento adoptará políticas e implementará medidas apropiadas para asegurar que el tratamiento de datos personales se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

2. Las medidas previstas en el apartado 1 incluirán, en particular:

a) la conservación de la documentación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23;

b) el cumplimiento de los requisitos en materia de consulta previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26;

c) la implementación de los requisitos en materia de seguridad de los datos establecidos en el artículo 27;

d) la designación de un delegado de protección de datos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.

3. El responsable del tratamiento implementará mecanismos para verificar la eficacia de las medidas contempladas en el apartado 1. Siempre que no sea desproporcionado, estas verificaciones serán llevadas a cabo por auditores independientes internos o externos.

Artículo 19.- Protección de datos desde el diseño y protección de datos por defecto

1. Los Estados miembros dispondrán que, habida cuenta de las técnicas existentes y de los costes asociados a su implementación, el responsable del tratamiento implementará medidas y procedimientos técnicos y organizativos apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y garantice la protección de los derechos del interesado.

2. El responsable del tratamiento implementará mecanismos con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para los fines del tratamiento.

Artículo 20.- Corresponsables del tratamiento

Los Estados miembros dispondrán que cuando un responsable del tratamiento determine, conjuntamente con otros, los fines, las condiciones y los medios del tratamiento de datos personales, los corresponsables deben determinar, de mutuo acuerdo, cuáles son sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular por lo que hace a los procedimientos y mecanismos para el ejercicio de los derechos del interesado.

Artículo 21.- Encargado del tratamiento

1. Los Estados miembros dispondrán que cuando una operación de tratamiento sea llevada a cabo por cuenta de un responsable del tratamiento, este debe elegir un encargado del tratamiento que ofrezca garantías suficientes para implementar medidas y procedimientos técnicos y organizativos apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y asegure la protección de los derechos del interesado.

2. Los Estados miembros dispondrán que la realización del tratamiento por un encargado debe regirse por un acto jurídico que vincule al encargado del tratamiento con el responsable del tratamiento y que disponga, en particular, que el encargado del tratamiento actuará únicamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento, en particular cuando la transferencia de los datos personales utilizados esté prohibida.

3. Si un encargado del tratamiento trata datos personales sin seguir las instrucciones del responsable del tratamiento, el encargado será considerado responsable del tratamiento con respecto a ese tratamiento y estará sujeto a las normas aplicables a los corresponsables del tratamiento establecidas en el artículo 20.

Artículo 22.- Tratamiento bajo la autoridad del responsable y del encargado del tratamiento

Los Estados miembros dispondrán que el encargado del tratamiento, así como cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento, que tenga acceso a datos personales solo podrá someterlos a tratamiento siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento o cuando así lo requiera el Derecho de la Unión o de un Estado miembro.

Artículo 23.- Documentación

1. Los Estados miembros dispondrán que cada responsable y cada encargado del tratamiento conservarán la documentación de todas los procedimientos y sistemas de tratamiento bajo su responsabilidad.

2. La documentación deberá contener, como mínimo, la información siguiente:

a) el nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento o de cualquier corresponsable o coencargado del tratamiento;

b) los fines del tratamiento;

c) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales;

d) las transferencias de datos a un tercer país o a una organización internacional, incluido el nombre de dicho tercer país o de dicha organización internacional.

3. El responsable y el encargado del tratamiento pondrán la documentación a disposición de la autoridad de control, a solicitud de esta.

Artículo 24.- Llevanza de registros

1. Los Estados miembros velarán por que se lleven registros de, al menos, las operaciones de tratamiento siguientes: recogida, alteración, consulta, comunicación, combinación o supresión. Los registros de consulta y comunicación mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la hora de tales operaciones y, en la medida de lo posible, el nombre de la persona que consultó o comunicó datos personales.

2. Los registros se utilizarán únicamente a efectos de comprobación de la licitud del tratamiento y de autocontrol, así como para asegurar la integridad y la seguridad de los datos.

Artículo 25.- Cooperación con la autoridad de control

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable y el encargado del tratamiento cooperarán con la autoridad de control en el desempeño de las funciones de esta, en particular facilitando toda la información necesaria al efecto.

2. Cuando la autoridad de control ejerza los poderes que le son conferidos en virtud de las letras a) y b) del artículo 46, el responsable y el encargado del tratamiento responderán a la autoridad de control dentro de un plazo razonable. La respuesta deberá incluir una descripción de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos, en respuesta a las observaciones formuladas por la autoridad de control.

Artículo 26.- Consulta previa de la autoridad de control

1. Los Estados miembros velarán por que el responsable o el encargado del tratamiento consulten a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento de datos personales que vayan a formar parte de un nuevo sistema de archivo que haya de crearse, cuando:

a) vayan a tratarse categorías especiales de datos contempladas en el artículo 8º;

b) el tipo de tratamiento, en particular cuando se usen tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos, entrañe riesgos específicos para los derechos y libertades fundamentales y, en particular, para la protección de datos personales de los interesados.

2. Los Estados miembros podrán disponer que la autoridad de control establecerá una lista de las operaciones de tratamiento que están sujetas a consulta previa con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

SECCIÓN 2.- SEGURIDAD DE LOS DATOS

Artículo 27.- Seguridad del tratamiento

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable y el encargado del tratamiento implementarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado en relación con los riesgos que entrañe el tratamiento y la naturaleza de los datos que deban protegerse, habida cuenta de las técnicas existentes y de los costes asociados a su implementación.

2. Por lo que hace al tratamiento automatizado de datos, cada Estado miembro dispondrá que el responsable o el encargado del tratamiento, a raíz de una evaluación de los riesgos, implementará medidas destinadas a:

a) denegar el acceso a personas no autorizadas a los equipamientos utilizados para el tratamiento de datos personales (control de acceso a los equipamientos);

b) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o cancelados por personas no autorizadas (control de los soportes de datos);

c) impedir que se introduzcan sin autorización datos personales conservados, o que estos puedan inspeccionarse, modificarse o suprimirse sin autorización (control de la conservación);

d) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas por medio de equipamientos de comunicación de datos (control de los usuarios);

e) garantizar que las personas autorizadas a utilizar un sistema de tratamiento automatizado de datos solo puedan tener acceso a los datos para los que han sido autorizados (control del acceso a los datos);

f) garantizar que sea posible verificar y constatar a qué organismos se han transmitido o pueden transmitirse o a cuya disposición pueden ponerse datos personales mediante equipamientos de comunicación de datos (control de las comunicaciones);

g) garantizar que pueda verificarse y constatarse a posteriori qué datos personales se han introducido en los sistemas de tratamiento automatizado de datos y en qué momento y por qué persona han sido introducidos (control de la introducción);

h) impedir que durante las transferencias de datos personales o durante el transporte de soportes de datos, los datos personales puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimidos sin autorización (control del transporte);

i) garantizar que los sistemas instalados puedan restablecerse en caso de interrupción (recuperación);

j) garantizar que las funciones del sistema no presenten defectos, que los errores de funcionamiento sean señalados (fiabilidad) y que los datos personales almacenados no se degraden por fallos de funcionamiento del sistema (integridad).

3. La Comisión podrá adoptar, en caso necesario, actos de ejecución para especificar los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 a distintas situaciones, en particular normas de cifrado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 57, apartado 2.

Artículo 28.- Notificación de una violación de datos personales a la autoridad de control

1. Los Estados miembros dispondrán que, en caso de violación de datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control sin demora injustificada, y, de ser posible, a más tardar veinticuatro horas después de que haya tenido constancia de ella. Si la notificación no se hace en el plazo de veinticuatro horas, el responsable facilitará a la autoridad de control, previa solicitud, una justificación motivada.

2. El encargado del tratamiento alertará e informará al responsable del tratamiento inmediatamente después de que haya constatado una violación de datos personales.

3. La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, al menos:

a) describir la naturaleza de la violación de datos personales, en particular las categorías y el número de interesados afectados, y las categorías y el número de registros de datos afectados;

b) comunicar la identidad y los datos de contacto del delegado de protección de datos contemplado en el artículo 30 o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información;

c) recomendar medidas tendentes a atenuar los posibles efectos negativos de la violación de datos personales;

d) describir las posibles consecuencias de la violación de datos personales;

e) describir las medidas propuestas o adoptadas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de datos personales.

4. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento documentará cualquier violación de datos personales, indicando su contexto, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Esta documentación deberá permitir a la autoridad de control verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo. Solo incluirá la información necesaria a tal efecto.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, a fin de especificar los criterios y requisitos aplicables a la constatación de la violación de datos contemplada en los apartados 1 y 2 y en relación con las circunstancias particulares en las que se exige a un responsable y un encargado del tratamiento notificar la violación de datos personales.

6. La Comisión podrá definir el formato normalizado de dicha notificación a la autoridad de control, los procedimientos aplicables al requisito de notificación y la forma y las modalidades de la documentación contemplada en el apartado 4, incluidos los plazos para la supresión de la información que figura en ella. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 57, apartado 2.

Artículo 29.- Comunicación de una violación de datos personales al interesado

1. Los Estados miembros dispondrán que, cuando sea probable que la violación de datos personales afecte negativamente a la protección de los datos personales o la privacidad del interesado, el responsable del tratamiento, después de haber procedido a la notificación contemplada en el artículo 28, comunicará al interesado, sin demora injustificada, la violación de datos personales.

2. La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 describirá la naturaleza de la violación de datos personales y contendrá, al menos, la información y las recomendaciones previstas en el artículo 28, apartado 3, letras b) y c).

3. La comunicación de una violación de datos personales al interesado no será necesaria si el responsable del tratamiento demuestra, a satisfacción de la autoridad de control, que ha implementado medidas de protección tecnológica apropiadas y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación. Dichas medidas de protección tecnológica deberán hacer ininteligibles los datos para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos.

4. La comunicación al interesado podrá aplazarse, limitarse u omitirse por los motivos contemplados en el artículo 11, apartado 4.

SECCIÓN 3.- DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 30.- Designación del delegado de protección de datos

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable o el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos.

2. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos, y a su capacidad para ejecutar las tareas contempladas en el artículo 32.

3. El delegado de protección de datos podrá ser designado para varias entidades, teniendo en cuenta la estructura organizativa de la autoridad competente.

Artículo 31.- Función de delegado de protección de datos

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable o el encargado del tratamiento velarán por que el delegado de protección de datos se implique adecuadamente y en su debido momento en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.

2. El responsable o el encargado del tratamiento velarán por que se faciliten al delegado de protección de datos los medios para desempeñar las funciones y tareas contempladas en el artículo 32 con eficacia e independencia, y por que no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

Artículo 32.- Tareas del delegado de protección de datos

Los Estados miembros dispondrán que el responsable o el encargado del tratamiento encomendarán al delegado de protección de datos, como mínimo, las siguientes tareas:

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento de las obligaciones que les incumben de conformidad con las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva, y documentar esta actividad y las respuestas recibidas;

b) supervisar la implementación y aplicación de las políticas relativas a la protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;

c) supervisar la implementación y aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva, en particular por lo que hace a los requisitos relativos a la protección de datos desde el diseño, la protección de datos por defecto y la seguridad de los datos, así como a la información de los interesados y las solicitudes presentadas en el ejercicio de sus derechos en virtud de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva;

d) velar por la conservación de la documentación contemplada en el artículo 23;

e) supervisar la documentación, notificación y comunicación de las violaciones de datos personales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 28 y 29;

f) supervisar la presentación de solicitudes de consulta previa a la autoridad de control, si así se requiere de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26;

g) supervisar la respuesta a las solicitudes de la autoridad de control y, en el marco de la competencia del delegado de protección de datos, cooperar con la autoridad de control a solicitud de esta o a iniciativa propia;

h) actuar como punto de contacto para la autoridad de control sobre las cuestiones relacionadas con el tratamiento y consultar a la autoridad de control, si procede, a iniciativa propia.

CAPÍTULO V.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Artículo 33.- Principios generales de las transferencias de datos personales

Los Estados miembros dispondrán que cualquier transferencia de datos personales por las autoridades competentes que sean o vayan a ser objeto de tratamiento tras su transferencia a un tercer país o a una organización internacional, incluidas las transferencias ulteriores a otro tercer país u otra organización internacional, solo podrá realizarse si:

a) la transferencia es necesaria para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales; y

b) el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo.

Artículo 34.- Transferencias con una decisión de adecuación

1. Los Estados miembros dispondrán que una transferencia de datos personales a un tercer país o una organización internacional podrá realizarse cuando la Comisión haya decidido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (UE) nº …./2012 o de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, que el tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento en ese tercer país, o la organización internacional de que se trate garantizan un nivel de protección adecuado. Dichas transferencias no requerirán nuevas autorizaciones.

2. Cuando no exista una decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (UE) nº …./2012, la Comisión evaluará la adecuación del nivel de protección, tomando en consideración los elementos siguientes:

a) el Estado de Derecho, la legislación pertinente en vigor, tanto general como sectorial, en particular en lo que respecta a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional, el Derecho penal, las medidas de seguridad en vigor en el país de que se trate o aplicables a la organización internacional en cuestión, así como los derechos efectivos y exigibles, incluido el derecho de recurso administrativo y judicial efectivo de los interesados, en particular los residentes en la Unión cuyos datos personales estén siendo transferidos;

b) la existencia y el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades de control independientes en el tercer país u organización internacional de que se trate, encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos, de asistir y asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos y de cooperar con las autoridades de control de la Unión y de los Estados miembros; y

c) los compromisos internacionales asumidos por el tercer país o la organización internacional de que se trate.

3. La Comisión podrá decidir, dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, que un tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer país, o una organización internacional garantizan un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 57, apartado 2.

4. El acto de ejecución especificará su ámbito de aplicación geográfica y sectorial, y, cuando proceda, determinará cuál es la autoridad de control mencionada en el apartado 2, letra b).

5. La Comisión podrá decidir, dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, que un tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer país, o una organización internacional no garantizan un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, en particular en los casos en que la legislación pertinente, tanto general como sectorial, en vigor en el tercer país o aplicable a la organización internacional en cuestión, no garantice derechos efectivos y exigibles, incluido el derecho de recurso administrativo y judicial efectivo de los interesados, en particular aquellos cuyos datos personales estén siendo transferidos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 57, apartado 2, o, en casos de extrema urgencia para personas en lo que respecta a su derecho a la protección de datos personales, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 57, apartado 3.

6. Los Estados miembros velarán por que cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5, esté prohibida toda transferencia de datos personales al tercer país, o a un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer país, o a la organización internacional de que se trate; dicha decisión se entenderá sin perjuicio de las transferencias en virtud del artículo 35, apartado 1, o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36. La Comisión entablará consultas, en su debido momento, con el tercer país o la organización internacional con vistas a poner remedio a la situación resultante de la decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo.

7. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de los terceros países, territorios y sectores de tratamiento de datos en un tercer país o una organización internacional para los que haya decidido que está o no está garantizado un nivel protección adecuado.

8. La Comisión supervisará la aplicación de los actos de ejecución contemplados en los apartados 3 y 5.

Artículo 35.- Transferencias mediante garantías apropiadas

1. Cuando la Comisión no haya adoptado una decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, los Estados miembros dispondrán que podrá tener lugar una transferencia de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional cuando:

a) se hayan aportado garantías apropiadas con respecto a la protección de datos personales en un instrumento jurídicamente vinculante; o

b) el responsable o el encargado del tratamiento hayan evaluado todas las circunstancias que concurren en la transferencia de datos personales y hayan llegado a la conclusión de que existen garantías apropiadas con respecto a la protección de datos personales.

2. La decisión relativa a una transferencia en virtud del apartado 1, letra b), deberá ser adoptada por personal debidamente autorizado. Estas transferencias deberán documentarse y la documentación se pondrá a disposición, previa solicitud, de la autoridad de control.

Artículo 36.- Excepciones

No obstante lo dispuesto en los artículos 34 y 35, los Estados miembros dispondrán que solo podrá procederse a la transferencia de datos personales a un tercer país o una organización internacional en caso de que:

a) la transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona; o

b) la transferencia sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos del interesado cuando así lo disponga el Derecho del Estado miembro que transfiere los datos personales; o

c) la transferencia de los datos sea esencial para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer país; o

d) la transferencia sea necesaria en casos concretos a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales; o

e) la transferencia sea necesaria en casos concretos para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho en un procedimiento judicial relativo a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de una infracción penal o la ejecución de una sanción penal específica.

Artículo 37.- Condiciones específicas para la transferencia de datos personales

Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará al destinatario de los datos personales de cualquier limitación al tratamiento y tomará todas las medidas razonables para garantizar que se cumplan dichas limitaciones.

Artículo 38.- Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales

1. En relación con los terceros países y las organizaciones internacionales, la Comisión y los Estados miembros tomarán medidas apropiadas para:

a) crear mecanismos de cooperación internacional eficaces que faciliten la aplicación de la legislación relativa a la protección de datos personales;

b) prestarse mutuamente asistencia a escala internacional en la aplicación de la legislación relativa a la protección de datos personales, en particular mediante la notificación, la remisión de reclamaciones, la asistencia en las investigaciones y el intercambio de información, a reserva de las garantías apropiadas para la protección de los datos personales y otros derechos y libertades fundamentales;

c) procurar la participación de las partes interesadas pertinentes en los debates y actividades destinados a reforzar la cooperación internacional en la aplicación de la legislación relativa a la protección de datos personales;

d) promover el intercambio y la documentación de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos personales.

2. A efectos de la aplicación del apartado 1, la Comisión tomará medidas apropiadas para impulsar las relaciones con terceros países u organizaciones internacionales y, en particular, sus autoridades de control, cuando haya decidido que garantizan un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 3.

CAPÍTULO VI.- AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

SECCIÓN 1.- INDEPENDENCIA

Artículo 39.- Autoridad de control

1. Cada Estado miembro dispondrá que una o varias autoridades públicas se encargarán de supervisar la aplicación de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y de contribuir a su aplicación coherente en toda la Unión, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán entre sí y con la Comisión.

2. Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades de control creadas en los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº …./2012 asumirán las tareas de la autoridad de control que vaya a crearse de conformidad con el apartado 1.

3. Cuando en un Estado miembro estén establecidas varias autoridades de control, dicho Estado miembro designará la autoridad de control que actuará como punto de contacto único, a fin de favorecer la participación efectiva de dichas autoridades en el Consejo Europeo de Protección de Datos.

Artículo 40.- Independencia

1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad de control actúe con total independencia en el ejercicio de las funciones que le hayan sido encomendadas y de los poderes que le hayan sido conferidos.

2. Cada Estado miembro dispondrá que, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de la autoridad de control no solicitarán ni aceptarán instrucciones de nadie.

3. Los miembros de la autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea incompatible con sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna actividad profesional incompatible, sea o no remunerada.

4. Tras la finalización de su mandato, los miembros de la autoridad de control actuarán con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de cargos y beneficios.

5. Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control disponga en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, así como de las instalaciones e infraestructuras necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones y poderes, en particular aquellos que haya de ejercer en el marco de la asistencia mutua, la cooperación y la participación activa en el Consejo Europeo de Protección de Datos.

6 Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control disponga de su propio personal, que será nombrado por el director de la autoridad de control y estará sujeto a su autoridad.

7. Los Estados miembros velarán por que la autoridad de control esté sujeta a control financiero, sin que ello afecte a su independencia. Los Estados miembros velarán por que la autoridad de control disponga de presupuestos anuales propios. Los presupuestos se harán públicos.

Artículo 41.- Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control

1. Los Estados miembros dispondrán que los miembros de la autoridad de control deben ser nombrados bien por su parlamento bien por su gobierno.

2. Los miembros serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean experiencia y aptitudes acreditadas para el ejercicio de sus funciones.

3. Las funciones de los miembros terminarán a la expiración de su mandato o, en caso de dimisión o jubilación obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Un miembro podrá ser destituido o desposeído de su derecho a pensión u otros beneficios sustitutivos por el órgano jurisdiccional nacional competente si dejara de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiera incurrido en falta grave.

5. Un miembro cuyo mandato expire o que presente su dimisión seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se nombre un nuevo miembro.

Artículo 42.- Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control

Cada Estado miembro dispondrá por ley:

a) el establecimiento y el estatuto de la autoridad de control con arreglo a lo dispuesto en los artículos 39 y 40;

b) las cualificaciones, la experiencia y las aptitudes requeridas para ejercer las funciones de miembro de la autoridad de control;

c) las normas y los procedimientos para el nombramiento de los miembros de la autoridad de control, así como las normas relativas a las actividades u ocupaciones incompatibles con sus funciones;

d) la duración del mandato de los miembros de la autoridad de control, que no será inferior a cuatro años, salvo los primeros nombramientos tras la entrada en vigor de la presente Directiva, algunos de los cuales podrán ser más breves;

e) el carácter renovable o no renovable del mandato de los miembros de la autoridad de control;

f) las reglas y condiciones comunes que rigen las funciones de los miembros y del personal de la autoridad de control;

g) las normas y los procedimientos relativos al cese de las funciones de los miembros de la autoridad de control, en particular cuando hayan dejado de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o incurrieran en falta grave.

Artículo 43.- Secreto profesional

Los Estados miembros dispondrán que los miembros y el personal de la autoridad de control estarán sujetos, tanto durante su mandato como después del mismo, al deber de secreto profesional con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones oficiales.

SECCIÓN 2.- FUNCIONES Y PODERES

Artículo 44.- Competencia

1. Los Estados miembros dispondrán que cada autoridad de control ejercerá, en el territorio de su propio Estado miembro, los poderes que se le confieran de conformidad con la presente Directiva.

2. Los Estados miembros dispondrán que la autoridad de control no será competente para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Artículo 45.- Funciones

1. Los Estados miembros dispondrán que la autoridad de control:

a) supervisará y asegurará la aplicación de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y sus medidas de ejecución;

b) conocerá las reclamaciones presentadas por cualquier interesado o por una asociación que le represente y que esté debidamente autorizada por él de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, investigará, en la medida en que proceda, el asunto e informará al interesado o la asociación sobre el curso y el resultado de la reclamación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control;

c) controlará la licitud del tratamiento de datos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, e informará al interesado, en un plazo razonable, sobre el resultado del control o sobre los motivos por los que no se ha llevado a cabo;

d) prestará asistencia mutua a otras autoridades de control y garantizará la coherencia de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva;

e) llevará a cabo investigaciones, ya sea a iniciativa propia, ya sea a raíz de una reclamación o a solicitud de otra autoridad de control, e informará al interesado en cuestión, si este hubiera presentado una reclamación, del resultado de las investigaciones en un plazo razonable;

f) hará un seguimiento de las novedades de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación;

g) será consultado por las instituciones y los organismos de los Estados miembros sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales;

h) será consultado sobre las operaciones de tratamiento de datos con arreglo al artículo 26;

i) participará en las actividades del Consejo Europeo de Protección de Datos.

2. Cada autoridad de control promoverá la sensibilización del público sobre los riesgos, normas, garantías y derechos relativos al tratamiento de datos personales. Las actividades dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención.

3. La autoridad de control, previa solicitud, asesorará a cualquier interesado en el ejercicio de los derechos que confieren disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y, en su caso, cooperará a tal fin con las autoridades de control de otros Estados miembros.

4. Para las reclamaciones contempladas en el apartado 1, letra b), la autoridad de control facilitará un formulario de reclamaciones que podrá cumplimentarse por vía electrónica, sin excluir otros medios de comunicación.

5. Los Estados miembros dispondrán que el desempeño de las funciones de la autoridad de control será gratuito para el interesado.

6. Cuando las solicitudes sean abusivas, en particular por su carácter repetitivo, la autoridad de control podrá exigir el pago de una tasa o decidir no adoptar las medidas solicitadas por el interesado. La carga de la prueba del carácter abusivo de la solicitud recaerá en la autoridad de control.

Artículo 46.- Poderes

Los Estados miembros dispondrán que cada autoridad de control deberá estar investida, en particular, de:

a) poderes de investigación, como el poder de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;

b) poderes efectivos de intervención, por ejemplo para emitir dictámenes antes de que se lleve a cabo el tratamiento, y garantizar una publicación adecuada de dichos dictámenes, ordenar la limitación, supresión o destrucción de datos, imponer una prohibición temporal o definitiva del tratamiento, formular una advertencia o una amonestación al responsable de la misma, o remitir el asunto a los parlamentos nacionales u otras instituciones políticas;

c) el poder de emprender acciones legales cuando se hayan infringido las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva o de denunciar dichas infracciones a las autoridades judiciales.

Artículo 47.- Informe de actividad

Los Estados miembros dispondrán que cada autoridad de control elaborará un informe anual sobre sus actividades. El informe se pondrá a disposición de la Comisión y el Consejo Europeo de Protección de Datos.

CAPÍTULO VII.- COOPERACIÓN

Artículo 48.- Asistencia mutua

1. Los Estados miembros dispondrán que las autoridades de control se prestarán asistencia mutua a fin de implementar y aplicar las disposiciones adoptada con arreglo a la presente Directiva de forma coherente, y tomarán medidas para asegurar una efectiva cooperación entre sí. La asistencia mutua abarcará, en particular, las solicitudes de información y las medidas de control, como, por ejemplo, las solicitudes para llevar a cabo consultas previas, inspecciones e investigaciones.

2. Los Estados miembros dispondrán que una autoridad de control adoptará todas las medidas apropiadas requeridas para responder a la solicitud de otra autoridad de control.

3. La autoridad de control a la que se haya dirigido una solicitud de asistencia informará a la autoridad de control solicitante de los resultados obtenidos o, en su caso, de los progresos registrados o de las medidas adoptadas para dar curso a su solicitud.

Artículo 49.- Tareas del Consejo Europeo de Protección de Datos

1. El Consejo Europeo de Protección de datos creado por el Reglamento (UE) nº …./2012 ejercerá, dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, las siguientes tareas en relación con el tratamiento de datos:

a) asesorará a la Comisión sobre cualquier cuestión relativa a la protección de datos personales en la Unión, en particular sobre cualquier propuesta de modificación de la presente Directiva;

b) examinará, a solicitud de la Comisión o a iniciativa propia o de uno de sus miembros, cualquier cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y emitirá directrices, recomendaciones y mejores prácticas dirigidas a las autoridades de control, a fin de promover la aplicación coherente de esas disposiciones;

c) examinará la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y mejores prácticas contempladas en la letra b) e informará de ellas periódicamente a la Comisión;

d) emitirá un dictamen destinado a la Comisión sobre el nivel de protección en terceros países u organizaciones internacionales;

e) promoverá la cooperación y los intercambios bilaterales y multilaterales efectivos de información y de prácticas entre las autoridades de control;

f) promoverá programas de formación comunes y facilitará los intercambios de personal entre las autoridades de control, así como, cuando proceda, con las autoridades de control de terceros países o de organizaciones internacionales;

g) promoverá el intercambio de conocimientos y documentación con las autoridades de control de la protección de datos a escala mundial, en particular sobre la legislación y las prácticas en materia de protección de datos.

2. Cuando la Comisión solicite asesoramiento del Consejo Europeo de Protección de Datos podrá fijar un plazo para la prestación de dicho asesoramiento, teniendo en cuenta la urgencia del asunto.

3. El Consejo Europeo de Protección de Datos transmitirá sus dictámenes, directrices, recomendaciones y mejores prácticas a la Comisión y al Comité contemplado en el artículo 57, apartado 1, y los hará públicos.

4. La Comisión informará al Consejo Europeo de Protección de Datos de las medidas que haya adoptado siguiendo los dictámenes, directrices, recomendaciones y mejores prácticas emitidos por dicho Consejo.

CAPÍTULO VIII.- RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

Artículo 50.- Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control

1. Sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales, los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo interesado a presentar una reclamación ante la autoridad de control de cualquier Estado miembro si considera que el tratamiento de sus datos personales no se ajusta a las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

2. Los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo organismo, organización o asociación que tenga por objeto proteger los derechos e intereses de los interesados por lo que se refiere a la protección de sus datos personales, y que haya sido correctamente constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, a presentar una reclamación ante una autoridad de control en cualquier Estado miembro por cuenta de uno o más interesados si considera que los derechos que le asisten en virtud de la presente Directiva han sido vulnerados como consecuencia del tratamiento de datos personales. La organización o asociación deberá estar debidamente autorizada por el interesado o interesados.

3. Los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo organismo, organización o asociación contemplado en el apartado 2, independientemente de la reclamación de un interesado, a presentar una reclamación ante una autoridad de control en cualquier Estado miembro si considera que se ha producido una violación de los datos personales.

Artículo 51.- Derecho a un recurso judicial contra una autoridad de control

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho a un recurso judicial contra las decisiones de una autoridad de control.

2. Cada interesado tendrá derecho a un recurso judicial que obligue a la autoridad de control a dar curso a una reclamación en ausencia de una decisión necesaria para proteger sus derechos, o en caso de que la autoridad de control no informe al interesado en el plazo de tres meses sobre el curso o el resultado de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, letra b).

3. Los Estados miembros dispondrán que las acciones legales contra una autoridad de control deberán ejercitarse antes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté establecida la autoridad de control.

Artículo 52.- Derecho a un recurso judicial contra un responsable o encargado

Sin perjuicio de los recursos administrativos disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a toda persona física a interponer un recurso judicial si considera que sus derechos establecidos en disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales no conforme con esas disposiciones.

Artículo 53.- Normas comunes para los procedimientos judiciales

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo organismo, organización o asociación a que se refiere el artículo 50, apartado 2, a ejercer los derechos contemplados en los artículos 51 y 52 en nombre de uno o más interesados.

2. Las autoridades de control tendrán derecho a litigar y ejercitar acciones ante un órgano jurisdiccional con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva o de garantizar la coherencia de la protección de los datos personales en el territorio de la Unión.

3. Los Estados miembros velarán por que las acciones jurisdiccionales existentes en virtud de la legislación nacional permitan la rápida adopción de medidas, incluso medidas provisionales, destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados.

Artículo 54.- Responsabilidad y derecho a indemnización

1. Los Estados miembros dispondrán que toda persona que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de una operación de tratamiento ilícito o de un acto incompatible con las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva tendrá derecho a recibir del responsable o encargado del tratamiento una indemnización por el perjuicio sufrido.

2. En caso de que participen en el tratamiento más de un responsable o encargado, todos los responsables o encargados serán responsables solidarios del importe total de los daños.

3. El responsable o el encargado del tratamiento podrá ser eximido total o parcialmente de dicha responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha provocado el daño.

Artículo 55.- Sanciones

Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

CAPÍTULO IX.- ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN

Artículo 56.- Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 28, apartado 5, se atribuirá a la Comisión por un periodo de tiempo indeterminado a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 28, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior que en ella se especifique. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud del artículo 28, apartado 5, entrará en vigor únicamente en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan manifestado ninguna objeción en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto al Parlamento Europeo y al Consejo, o en caso de que, antes de que expire ese plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que no formularán ninguna objeción. El plazo se podrá prorrogar dos meses a instancias del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 57.- Procedimiento de Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité se entenderá en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5º del Reglamento (UE) nº 182/2011.

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8º del Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en relación con su artículo 5º.

CAPÍTULO X.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 58.- Derogaciones

1. Queda derogada la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

2. Las referencias a la Decisión Marco derogada a que hace referencia el apartado 1 se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 59.- Relación con actos de la Unión adoptados anteriormente en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial

Las disposiciones específicas relativas a la protección de datos personales en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de autoridades competentes a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales en actos de la Unión adoptados antes de la fecha de adopción de la presente Directiva que regulen el tratamiento de datos personales entre los Estados miembros y el acceso de autoridades designadas de los Estados miembros a los sistemas de información establecidos con arreglo a lo dispuesto en los Tratados en el ámbito de la presente Directiva no se verán afectadas.

Artículo 60.- Relación con acuerdos internacionales celebrados con anterioridad en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial

Los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva se modificarán, en caso necesario, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Artículo 61.- Evaluación

1. La Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva.

2. La Comisión revisará en un plazo de tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva otros actos adoptados por la Unión Europea que regulan el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, en particular los actos adoptados por la Unión a que se refiere el artículo 59, a fin de evaluar la necesidad de aproximarlos a las disposiciones de la presente Directiva, y presentará, en su caso, las propuestas necesarias para modificar dichos actos a fin de garantizar un enfoque coherente de la protección de datos personales en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo informes periódicos sobre la evaluación y revisión de la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. Los primeros informes se presentarán a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. Los siguientes informes se presentarán cada cuatro años. La Comisión presentará, si procede, las propuestas oportunas para modificar la presente Directiva y para adaptar otros instrumentos jurídicos. Dicho informe se hará público.

Artículo 62.- Implementación

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [fecha / dos años después de su entrada en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del xx.xx.201x [fecha / dos años después de su entrada en vigor].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 63.- Entrada en vigor y aplicación

La presente Directiva entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 64.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 25.1.2012

Por el Parlamento Europeo               Por el Consejo

El Presidente                                     El Presidente

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(1) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.