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01Ene/14

Copyright (International Organisations) Order 31st day of January 2014

The Minister responsible for intellectual property, in exercise of the powers conferred by section 203 of the Copyright and Designs Act 2004, makes the following Order:

Citation

1.-This Order may be cited as the Copyright (International Organisations) Order 2014.

 

International organisations

2.-It is declared that it is expedient that section 203 of the Act should apply to the

following international organisations:

(a) United Nations;

(b) Specialized Agencies of the United Nations;

(c) Caribbean Community;

(d) Organization of American States.

 

 

Made this 31st day of January 2014

Minister of Home Affairs

01Ene/14

Ley de la Propiedad Industrial. De los secretos industriales

Ley de la Propiedad Industrial. De los secretos industriales (artículos 163-169)

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación de 1 de julio de 2020)

A continuación se transcriben algunos artículos relativos a la propiedad industrial, que pueden ser de interés en el ámbito informático.

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I.- Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

Esta Ley tiene por objeto:

I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

II.- Regular los secretos industriales;
III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;
IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y                                                                                     V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

Artículo 5.-

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios, marcas, marcas colectivas o marcas de certificación; publicar nombres comerciales; así como inscribir sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación; estimar o declarar la notoriedad o fama de marcas; emitir las declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas y autorizar el uso de las mismas, y las demás que le otorga esta Ley y su Reglamento para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;                                                                                           XVII.- Establecer las reglas para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica;

Artículo 10.-

La persona Titular de la Dirección General expedirá las reglas y especificaciones para la presentación de solicitudes en medios físicos o virtuales, así como los procedimientos, criterios, lineamientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad
jurídica de los particulares, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial.

En el caso de los medios virtuales establecerá las reglas para la gestión de trámites y la conservación de derechos de propiedad industrial a través de medios de comunicación electrónica, incluyendo aquéllas relacionadas con su obligatoriedad para determinados trámites o servicios y el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación de los particulares que el Instituto reconozca.

Capítulo II.- Reglas Generales

Artículo 15.-

Para efectos de esta Ley, los documentos presentados a través de medios de
comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.

Artículo 19.-

El Instituto notificará a través de la Gaceta todas las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita, relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones nacionales, así como los relativos a la conservación de derechos.
En los trámites presentados a través de los medios de comunicación electrónica, las notificaciones se realizarán de conformidad con las reglas y especificaciones que se establezcan en el Acuerdo emitido por la persona Titular de la Dirección General para tal efecto.
El Instituto tomará las medidas necesarias para evitar la divulgación de la solicitud y sus anexos en los expedientes que se encuentren en el supuesto del artículo 24 de esta Ley.
Las notificaciones en los procedimientos de declaración administrativa previstos en el Título Sexto de esta Ley se practicarán conforme a lo establecido en el Capítulo III de dicho Título.

Artículo 22.-

El registro de los derechos de propiedad industrial será público, a excepción de las solicitudes que tengan carácter confidencial, y contendrá los expedientes relacionados con los derechos que protege esta Ley.
La publicidad se hará efectiva mediante la consulta directa a sus archivos o a las bases de datos existentes, la cual se facilitará mediante su puesta a disposición en medios de comunicación electrónica, con carácter gratuito.

TÍTULO SEGUNDO.- DE LA INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Capítulo II.- De las Patentes

Artículo 47.-

No se considerarán invenciones, en particular:

V.- Los programas de computación;

Capítulo V.- De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

Artículo 83.-

Será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido explotado comercialmente en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando éste haya sido explotado comercialmente, de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se haya presentado ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que fue explotado comercialmente, en forma ordinaria y por primera vez, por el solicitante.
Solo será registrable el esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes, entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, si la combinación en su conjunto se considera original en los términos de la fracción IV del artículo 84 de esta Ley y satisfaga las condiciones señaladas en el párrafo anterior, respecto de su comercialización.

Artículo 84.-

Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por:
I.- Circuito integrado, al producto, en su forma final o intermedia, en el que uno de los elementos que lo integran, por lo menos, sea activo y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
II.- Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;
III.- Esquema de trazado protegido: el esquema de trazado de circuito integrado que haya cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Capítulo, y
IV.- Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuito integrado que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Artículo 85.-

Además de los requisitos señalados en el artículo 94 de esta Ley, la solicitud de registro deberá contener:
I.- La manifestación bajo protesta de decir verdad, de la fecha y lugar de la primera explotación comercial ordinaria del esquema de trazado en alguna parte del mundo, o de que éste no ha sido explotado;
II.- Una descripción para la comprensión del esquema de trazado;
III.- La indicación de la función electrónica que realice el circuito integrado al que se incorpora el esquema de trazado;
IV.- La reivindicación de la denominación del esquema de trazado seguido de las palabras “Tal como se ha referido e ilustrado”, y
V.- Una reproducción gráfica o fotográfica del esquema de trazado.
El solicitante podrá excluir las partes de la reproducción gráfica o fotográfica relativas a la forma de fabricación del circuito integrado, siempre y cuando las partes presentadas sean suficientes para permitir
la identificación del esquema de trazado.

Artículo 86.-

El registro de un esquema de trazado se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 94, 104, 105, 106, 110, 116, 117, 119 y 120 de esta Ley.

Artículo 87.-

El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeto al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.

Artículo 88.-

El derecho exclusivo de explotación del esquema de trazado protegido confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que, sin su consentimiento:
I.- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido o cualquiera de sus partes que se considere original por sí misma, en los términos de la fracción IV del artículo 84 de esta Ley, por incorporación en un circuito integrado o en cualquier otra forma, y
II.- Importen, vendan o distribuyan, en cualquier forma, para fines comerciales:
a) El esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que, a su vez, incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

Artículo 89.-

El titular del registro de un esquema de trazado podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a un tercero que, antes de su otorgamiento, haya explotado sin su consentimiento dicho esquema de trazado, siempre y cuando la explotación se haya realizado con posterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud de registro y el esquema de trazado protegido o el circuito integrado al que éste se incorpore, ostente las siglas “M” o “T”, acompañado del nombre del titular, en forma completa o abreviada, o como éste sea generalmente conocido.

Artículo 90.-

El registro de un esquema de trazado no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:
I.- Sin autorización del titular, con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza, reproduzca un esquema de trazado protegido;
II.- Cree un esquema de trazado que cumpla con la exigencia de originalidad, sobre la base de la evaluación o el análisis de un esquema de trazado protegido, en los términos de la fracción I de este artículo.
El creador del segundo esquema de trazado podrá llevar a cabo cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 88 de esta Ley, respecto del esquema de trazado por él creado, sin la autorización del titular del primer esquema de trazado protegido;
III.- En forma independiente y con anterioridad a la publicación del registro en la Gaceta, haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido. Quien trate de prevalerse de esta excepción en un procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá la carga de la prueba;
IV.- Realice cualquiera de los actos a que se refiere la fracción II del artículo 88 de esta Ley, sin la autorización del titular, después de que hayan sido introducidos lícitamente en el comercio, en México o en cualquier parte del mundo, por el titular o con su consentimiento, respecto de:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que, a su vez, incorpore un esquema de trazado protegido, y
V.- Sin autorización del titular, venda o distribuya, en cualquier forma, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, siempre y cuando, la persona que realice u ordene tales actos no sepa y no tuviere motivos razonables para saber, al adquirir dicho circuito, que éste incorpora un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.
El tercero de buena fe estará obligado al pago de una regalía razonable, similar a la que correspondería bajo una licencia libremente negociada, a partir del momento en que reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado protegido fue reproducido ilícitamente, para agotar el inventario
existente o los pedidos hechos con anterioridad a la notificación del aviso.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

TÍTULO TERCERO.- DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Capítulo Único

Artículo 163.-

Para efectos de este Título, se entenderá por:
I.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y
II.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.

Artículo 164.-

No se considerará apropiación indebida:
I.- El descubrimiento o la creación independientes de la información que se reclame como un secreto industrial;
II.- La observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial, o
III.- La adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial.

Artículo 165.-

La persona que ejerza el control legal del secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.
En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos,  asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que incluyan, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 166.-

Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de divulgarlo, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal, o de su usuario autorizado.

Artículo 167.-

La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, se considerará responsable en los términos
de esta Ley.
También será responsable la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Artículo 168.-

La información requerida para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes quedará protegida en los términos de la legislación aplicable o, en su caso, de los Tratados Internacionales.

Artículo 169.-

En cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con un secreto industrial o en donde se requiera que alguno de los interesados divulgue un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias, a petición de parte o de oficio, para impedir su divulgación no autorizada a terceros ajenos a la controversia y garantizar su confidencialidad.
Ningún interesado podrá divulgar o usar el secreto industrial.
Quedan incluidos en el supuesto anterior, además de las partes, sus representantes o autorizados para oír y recibir notificaciones; los funcionarios judiciales o administrativos; los testigos, peritos o cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial o administrativo, relacionado con un secreto industrial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho proceso.

TÍTULO CUARTO.- DE LAS MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Capítulo I.- De las Marcas

Artículo 170.-

Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Artículo 171.-

Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 172.-

Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;
VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y
VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

Artículo 173.-

No serán registrables como marca:
I.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; así como aquéllas que carezcan de distintividad;
II.- Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquéllas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;
III.- Los hologramas que sean del dominio público y aquéllos que carezcan de distintividad;
IV.- Los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.
Quedan incluidos en este supuesto, los signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;
V.- Las letras, los dígitos o su nombre, así como los colores aislados, a menos que estén combinados
o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;
VI.- La traducción, la transliteración, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
VII.- Los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos
internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal
de los mismos;
VIII.- Los signos que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
IX.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
X.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes; los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.
Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;
XI.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o a las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la
fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a éstos o a los protegidos por las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;
XII.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios,
sin el consentimiento del propietario;
XIII.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.
Tampoco será registrable la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento expreso, o de quien tenga el derecho correspondiente;
XIV.- Los nombres o denominaciones idénticos o semejantes en grado de confusión al título de una obra literaria o artística, así como la reproducción o imitación de elementos contenidos en ella, cuando dicha obra tenga tal relevancia o reconocimiento que el signo solicitado pueda ser susceptible de engañar al público o inducir a error por hacer creer infundadamente que existe alguna relación o asociación entre éste y la obra, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
No será registrable como marca la reproducción, total o parcial, de una obra literaria o artística, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.
Tampoco serán registrables como marca las reservas de derechos vigentes, excepto cuando el registro sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste;
XV.- Los signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales, susceptibles de engañar al público o inducir a error.
Se entenderán como tales, aquéllos que constituyan indicaciones falsas o engañosas sobre la naturaleza, composición, cualidades o el origen empresarial o gubernamental, de los productos o servicios que pretenden distinguir;
XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:
a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;
XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;
XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios.
Quedan incluidos en este supuesto aquéllos que sean idénticos a una marca registrada o en trámite del mismo titular, que distinga productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se
pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
XX.- El nombre propio, apellido, apodo o apelativo de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;
XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y                                                     XXII.- Los signos solicitados de mala fe.                                                                Se entenderá por mala fe, entre otros casos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.
Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad.
Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.
Para efectos de las fracciones XVIII y XX del presente artículo, quedan incluidos los registros o publicaciones a los que se refiere el artículo 237 de esta Ley.

Artículo 174.-

No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:
I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y
II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.
La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquélla semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.
Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado
de la marca registrada.

Artículo 175.-

El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:
I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los cinco años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá
tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste;
II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.
Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley, y
III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Artículo 176.-

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos
determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento de esta Ley.
Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

Artículo 177.-

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que distinga, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.
Para distinguir posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Artículo 178.-

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por períodos de la misma duración.
Al momento de solicitar el registro de una marca, así como al momento de su renovación, el interesado declarará bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libre de engaño o mala fe.
En caso de que las autoridades competentes determinen que dicho producto o servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo.

Capítulo II.- De las Marcas Colectivas y de Certificación

Artículo 179.-

Podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos
posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Artículo 180.-

Los miembros de la asociación o sociedad, titular de la marca colectiva, podrán usar junto a ésta el término “Marca Colectiva Registrada”.

Artículo 181.-

Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:
I.- El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca;
II.- La representación gráfica o imagen de la marca;
III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
IV.- Las características o cualidades comunes de los productos o servicios;
V.- Los procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado;
VI.- La indicación de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad;
VII.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
VIII.- Las sanciones en caso de incumplimiento de las reglas de uso;
IX.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y
X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.
En el caso de la fracción IX del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos frente a terceros.

Artículo 182.-

La marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad.
Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 183.-

Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular, tales como:
I.- Los componentes de los productos y servicios;
II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados y los servicios prestados;
III.- La calidad, procesos u otras características de los productos y servicios; o
IV.- El origen geográfico de los productos y servicios, entre otros.
El titular de la marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características establecidas en las fracciones I a IV del presente artículo, conforme a lo establecido en las reglas de uso.

Artículo 184.-

La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u
otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 185.-

Podrá solicitar el registro cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquélla certifica.
Cuando la marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, solo podrán solicitar el registro:
I.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación;
II.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y
III.- Los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

Artículo 186.-

La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de sus reglas de uso, en las que se indique:
I.- Los productos o servicios específicos a certificar con la marca;
II.- La representación gráfica e imagen de la marca;
III.- Las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros;
IV.- El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas señaladas en la fracción anterior;
V.- Las modalidades y periodicidad de los controles de calidad;
VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
VII.- La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
VIII.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
IX.- En su caso, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional que apliquen, y
X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.
En el caso de la fracción VIII del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos frente a terceros.

Artículo 187.-

La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.
Las marcas de certificación se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 188.-

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso.
Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación el término “Marca de Certificación Registrada”.

Artículo 189.-

El registro de una marca de certificación será cancelado cuando su titular:
I.- No controle o no pueda ejercer legítimamente el control sobre el uso de la marca;
II.- Se involucre en la producción o en la comercialización de cualquier producto o servicio al que se aplique la marca;
III.- Permita el uso de la marca para fines distintos a la certificación, o
IV.- Se niegue de manera discriminatoria a certificar o continuar certificando los productos o servicios de cualquier persona que mantenga las normas o condiciones que certifique dicha marca.

Capítulo IV.- De los Avisos Comerciales

Artículo 200.-

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.

Artículo 201.-

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 202.-

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro.

Artículo 203.-

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el Reglamento de esta Ley. El registro no amparará en
estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Artículo 204.-

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de su otorgamiento y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Artículo 205.-

Los avisos comerciales se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Capítulo V.- De los Nombres Comerciales

Artículo 206.-

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el
nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Artículo 207.-

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Artículo 208.-

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Artículo 209.-

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no
encontrarse anterioridad procederá la publicación.

Artículo 210.-

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 173 de esta Ley.

Artículo 211.-

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de su otorgamiento y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

Artículo 212.-

En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Artículo 213.-

El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Capítulo VI.- Del Registro de Marcas

Artículo 214.-

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud ante el Instituto con los siguientes datos:
I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;
II.- La representación del signo que constituya la marca.
III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se entenderá que no se ha usado la marca;
IV.- Los productos o servicios específicos en los que se aplicará la marca;
V.- Los elementos sobre los cuales no se solicita protección y que se reproducen en la marca, en términos del artículo 216 de esta Ley;
VI.- La descripción de la marca, cuando proceda;
VII.- La ubicación de uno o más establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando, se haya señalado fecha de primer uso;
VIII.- Cuando se trate de marcas conformadas únicamente por palabras, letras o números previstos por el alfabeto latino internacional, se deberá incluir la manifestación expresa de que en la representación del signo se han usado caracteres estándar. En este caso, se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra;
IX.- Cuando la marca de certificación contenga una indicación geográfica, se deberá incluir su manifestación expresa, y
X.- Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 215.-

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de la tarifa correspondiente.

Artículo 216.-

Constituyen elementos no reservables, aquéllos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.
Los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación.

Artículo 217.-

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas convenidas y firmadas por los solicitantes, las cuales deberán establecer:
I.- El uso, licencia y transmisión de derechos de la marca o, en su caso, para la defensa de la misma;
II.- La cancelación del registro, y
III.- La limitación de productos y servicios.
Cualquiera de los cotitulares podrá iniciar las acciones correspondientes para la defensa de sus derechos, salvo estipulación en contrario en el convenio respectivo.

Artículo 218.-

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que
determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Artículo 219.-

Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, y
II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen.

Artículo 220.-

Si al momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 13, 14, 214 fracciones I, II y IV y 215, de esta Ley, esa será su fecha de presentación. En caso contrario, se tendrá como tal, el día en que dé cumplimiento a dichos requisitos, dentro del plazo legal respectivo.
La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

Artículo 221.-

Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para que cualquier tercero que tenga interés, se
oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 12 y 173 de esta Ley.
Si la oposición se presenta fuera del plazo establecido, ésta será desechada de plano.

Artículo 222.-

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias al orden público o al derecho.

Artículo 223.-

Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con el acreditamiento de personalidad o el pago correspondiente, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan.
En caso de que el oponente no cumpla con el requerimiento o éste se presente fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, la oposición será desechada de plano.
Las oposiciones que se hayan presentado sin cumplir con los requisitos establecidos se notificarán una vez que hayan sido subsanados los requerimientos respectivos.

Artículo 224.-

La oposición al registro o publicación solicitado no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Artículo 225.-

Concluido el plazo de un mes al que se refiere el artículo 221 de esta Ley, se
procederá a realizar el examen de la solicitud.
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe algún impedimento para el registro de la marca, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante.
En caso de presentarse oposición a la solicitud, también se le comunicará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes.
El Instituto otorgará un plazo de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos.
Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Artículo 226.-

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.
El plazo adicional, se contará a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 225 anterior.
La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 227.-

Si el solicitante, a efecto de subsanar los requisitos, impedimentos o anterioridades, modifica la marca; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; o sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud inicial, ésta se sujetará a un nuevo
trámite.
El nuevo trámite deberá:
I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;
II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 214 y 215 de esta Ley y los aplicables de su Reglamento, y
III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 221 de esta Ley.
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquélla en la que se solicite el nuevo trámite.

Artículo 228.-

El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de registro o publicación, en los siguientes casos:
I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos relativos a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusión y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca o aviso comercial registrado o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado.
La suspensión se ordenará de oficio o se solicitará a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa, dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 225 de esta Ley, y
II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.

Artículo 229.-

Transcurrido el plazo de dos meses al que se refiere el artículo 225 de esta Ley, una vez desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen alegatos en un plazo de cinco días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite a dictar la resolución que corresponda.

Artículo 230.-

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.
En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Artículo 231.-

El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro, en el cual se hará constar:
I.- El número de registro de la marca;
II.- El signo que constituye la marca;
III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, indicando la clase a la que corresponden;
IV.- El nombre y domicilio del titular;
V.- La ubicación del establecimiento, en su caso;
VI.- Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida, y de primer uso, en su caso, así como la de expedición;
VII.- Su vigencia, y
VIII.- La circunstancia de que la marca se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.
Solo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma.
Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.

Artículo 232.-

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

Artículo 233.-

La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.
La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.
Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Artículo 234.-

El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:
I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a competencia desleal, que cause distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o  comercialización eficaces de bienes y servicios, y
III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.
La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

Artículo 235.-

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Artículo 236.-

Las leyendas “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de
Certificación Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, solo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Artículo 237.-

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia
del registro.
Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.
El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.
Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.
Cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el Instituto no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 238.-

Vencido el plazo al que se refiere el artículo 237 de esta Ley, sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Capítulo VII.- De las Licencias y Transmisión de Derechos

Artículo 239.-

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, en términos de legislación común.

Artículo 240.-

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el Reglamento de esta Ley.
Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 241.-

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:
I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia, en los términos de la legislación común;
II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas;
III.- Por término de su vigencia, y
IV.- Por orden judicial.

Artículo 242.-

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 243.-

La persona que tenga concedida una licencia salvo estipulación en contrario, podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Artículo 244.-

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Artículo 245.-

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.
Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.
La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante
un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.
Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 246.-

El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:
I.- La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
II.- La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
III.- Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
IV.- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
V.- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios;
VI.- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
VII.- Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
VIII.- Los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;
IX.- Las causales para la terminación del contrato de franquicia, y
X.- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia.
No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario.
Tampoco existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.
Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 247.-

El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.
No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

Artículo 248.-

El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Artículo 249.-

El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.
En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

Artículo 250.-

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
Podrá solicitarse mediante una sola promoción, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos.
El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Artículo 251.-

Cuando exista un gravamen inscrito ante el Instituto, el beneficiario podrá presentar la renovación del registro de una marca, aviso o nombre comercial, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de esta Ley.

Artículo 252.-

Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Artículo 253.-

Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros o solicitudes en trámite de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Artículo 254.-

Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas considere que no existe confusión, podrá presentar el consentimiento expreso por escrito y solicitar que sea disuelta la liga impuesta.
No será aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos.
El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.

Artículo 255.-

Solo se registrará la transmisión de algunas de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas y se solicite la inscripción de ellas a la misma persona.

Artículo 256.-

Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán acreditarse e inscribirse éstas ante el Instituto.

Artículo 257.-

Cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, el Instituto negará la inscripción o anotación que se solicite de una licencia o transmisión de derechos.

Capítulo VIII.- De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros

Artículo 258.-

Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:
I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia;
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registró.
Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;
III.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada en la solicitud;
IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;
V.- El agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular o cualquier otra persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con el titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y
VI.- Se haya obtenido de mala fe.
Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III y IV del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones I, V y VI podrán ejercitarse en cualquier tiempo.
En la resolución que declare la nulidad parcial, el Instituto ordenará se asiente en el título respectivo una anotación marginal, en la cual se harán constar las modificaciones a éste, así como las causas que la originaron.

Artículo 259.-

No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.

Artículo 260.-

El registro caducará en los siguientes casos:
I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley;
II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del
Instituto.
El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y
III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo, en los términos que dispone el artículo 233 de esta Ley.

Artículo 261.-

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Artículo 262.-

El titular de una marca registrada podrá solicitar, en cualquier tiempo, la cancelación voluntaria de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma.

Artículo 263.-

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.
La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro, a la fecha de su otorgamiento.
La declaración de caducidad destruirá los efectos del registro, una vez que la resolución respectiva sea exigible.
La caducidad a la que se refieren las fracciones I y III del artículo 260 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

TÍTULO SEXTO.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

Capítulo II.- De la Inspección

Artículo 354.-

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:
I.- Requerimiento de informes y datos, y
II.- Visitas de inspección.

Artículo 355.-

Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.
El incumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior, sin causa justificada, se sancionará en términos de la fracción I del artículo 388 de esta Ley.

Artículo 356.-

Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.
El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.
Durante el desarrollo de las diligencias, el personal comisionado a las visitas de inspección podrá tomar fotografías, video filmaciones o recabar pruebas con cualquier otro instrumento considerado como admisible, en términos de las disposiciones legales aplicables. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y las demás probanzas recabadas con los instrumentos reconocidos por el presente artículo, podrán ser utilizados por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio. El solicitante de
la visita de inspección podrá proporcionar los medios necesarios para tal efecto.

Artículo 357.-

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo anterior.
Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva, se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente, y se impondrán las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de esta Ley.

Artículo 358.-

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos
relacionados con la actividad de que se trate, ya sea en establecimientos físicos o plataformas digitales.

Artículo 359.-

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar copia de la misma, o no se proporcionan testigos para firmar la misma, dichas circunstancias se asentarán en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 360.-

En las actas se hará constar:
I.- La hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
II.- La calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
III.- El número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
IV.- El nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
V.- El nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
VI.- La mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
VII.- Los datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia, aun cuando dicha circunstancia o hecho no estén contenidos en los puntos del acta de inspección, y la mención de si se han tomado fotografías, realizado video filmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;
VIII.- La declaración del visitado, si quisiera hacerla;
IX.- La mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y
X.- El nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Artículo 361.-

Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Artículo 362.-

Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 386 o 402 de esta Ley, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección.
Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

Artículo 363.-

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Artículo 364.-

El aseguramiento a que se refiere el artículo 362 de esta Ley podrá recaer en:
I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;
II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y
III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.

Artículo 365.-

En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, podrá designarse como depositario al encargado o propietario del establecimiento en el que se encuentren, si éste es fijo.
Si no lo fuere, se designará a la persona o institución que señale el solicitante de la medida, bajo su responsabilidad o, en su caso, los productos se concentrarán en el Instituto.
La mercancía asegurada deberá de estar en todo momento a disposición del Instituto y cualquier cambio de situación de la misma deberá ser comunicado a éste.
Cuando el Instituto requiera la mercancía y ésta no sea proporcionada, el depositario se hará acreedor a la sanción prevista en la fracción I del artículo 388 de esta Ley, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan, salvo causa justificada.

Artículo 366.-

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto otorgará un plazo de quince días contados a partir a que se les dé vista, con el fin de que las partes manifiesten su acuerdo sobre el destino de los bienes asegurados y, en caso de no recibir propuesta alguna, podrá ordenar:
I.- La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando
no se afecte el interés público, o
II.- La destrucción de los mismos, sin compensación alguna.
Lo anterior, sin perjuicio del acuerdo al que pudieran llegar las partes sobre el destino de los bienes asegurados durante la tramitación del procedimiento.

Capítulo III.- De las Notificaciones

Artículo 367.-

En los procedimientos de declaración administrativa, las notificaciones,
emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos, resoluciones administrativas definitivas y demás actos emitidos por el Instituto, podrán realizarse:
I.- Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en las oficinas del Instituto o en el domicilio señalado para tal efecto en el expediente;
II.- Por correo certificado con acuse de recibo o servicios de mensajería;
III.- A través de medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos;
IV.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio de la persona a quien deba notificarse, haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.
Para el caso de procedimientos de declaración administrativa de nulidad, cancelación y caducidad, previo a la notificación por edicto, el solicitante deberá agotar los domicilios señalados por el titular afectado en el expediente de la patente, registro, publicación o autorización respectivo, y
V.- Mediante Gaceta.

Artículo 368.-

Las notificaciones serán personales:
I.- Para emplazar al titular afectado o presunto infractor, y
II.- Cuando el Instituto estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia, deban ser personales, y así lo ordene expresamente.
En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, en donde se haya practicado una visita de inspección, se considerará legalmente realizada la notificación con la persona con la que se entendió la diligencia, en términos del artículo 360 fracción IX de la presente Ley.

Artículo 369.-

Cuando no haya sido posible el emplazamiento a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en aquéllos que obren en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará por edicto, a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará el plazo con que cuenta el titular afectado o presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 370.-

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional.

Artículo 371.-

En el caso de las notificaciones que no deban practicarse de manera personal, se dará prioridad a la notificación por Gaceta.

TÍTULO SÉPTIMO.- DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

Capítulo I.- De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 386.-

Son infracciones administrativas:
I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
II.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, o
d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
III.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
IV.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración de nulidad;
V.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
VI.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos que incorporen una invención patentada, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
VII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
IX.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos amparados por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
X.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar un producto al que se incorpore un diseño industrial registrado, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XI.- Usar un diseño industrial que no difiera en grado significativo o combinaciones de características de un registro de diseño industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;
XIII.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;
XIV.- Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
XV.- Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
XVI.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración correspondiente;
XVII.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
XIX.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a las que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX del artículo 173 de esta Ley; así como aquéllas que sean contrarias al orden público o que contravengan cualquier disposición legal;
XX.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o nombre de dominio o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
XXI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
XXII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado hayan sido alterados;
XXIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;
XXV.- Omitir proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 245 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;
XXVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
XXVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;
XXVIII.- Usar un nombre comercial idéntico o uno semejante en grado de confusión a otro previamente utilizado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;
XXIX.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;
XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la
denominación o indicación en servicios;
XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;
XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida
o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”,
“producido en”, “con fabricación en” u otras similares, y
XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada.

Artículo 387.-

Para efectos del artículo anterior se entenderá por “usar”, de manera enunciativa más no limitativa: el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.

Artículo 388.-

Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:
I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice;
II.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción;
III.- Clausura temporal hasta por noventa días, y
IV.- Clausura definitiva.
Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiera incurrido el infractor, sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición.

Artículo 389.-

Los ingresos por concepto de las multas impuestas por el Instituto se destinarán a cubrir sus gastos de operación.

Artículo 390.-

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 388 de esta Ley, según el caso.
Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, una vez que sea exigible la resolución emitida por el Instituto.

Artículo 391.-

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y se reincida en la infracción,
independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Artículo 392.-

Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:
I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
II.- Las condiciones económicas del infractor, y
III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.
Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora.
Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular.

Artículo 393.-

Las multas que imponga el Instituto serán consideradas créditos fiscales y se recaudarán o, en su caso, ejecutarán por éste, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
El Instituto implementará mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología.

Artículo 394.-

La persona que obstaculice o impida, por sí o por interpósita persona, el procedimiento administrativo de ejecución que ordene el Instituto será acreedor a las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de esta Ley.

Artículo 395.-

Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, o la reparación del daño material a los afectados.

Artículo 396.-

La indemnización por la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado, en términos del artículo 397 de esta Ley.
La indemnización podrá ser reclamada, a elección del titular afectado ante:
I.- El Instituto una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, en los términos de esta Ley, o
II.- Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de esta Ley.

Artículo 397.-

Una vez que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el titular afectado podrá presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente
a éstos, de manera incidental, para lo cual deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
Para determinar el monto de la indemnización se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la infracción al derecho y, a elección del titular afectado, cualquier indicador de valor legítimo presentado por éste, incluyendo:
I.- El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor;
II.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
III.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
IV.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, que no puedan cumplirse por el infractor y que se traduzcan en daños y perjuicios al titular afectado, también podrán ser cuantificadas para efectos de la indemnización correspondiente.

Artículo 398.-

De la reclamación del titular afectado se dará vista al infractor para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere convenientes.
Una vez desahogadas las pruebas y tomando en cuenta las manifestaciones presentadas, el Instituto determinará los daños y perjuicios ocasionados, así como el monto de la indemnización que corresponda.
En la tramitación del incidente al que se refiere el presente artículo, se aplicarán las mismas reglas de los procedimientos de declaración administrativa respecto del ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, previstas en el artículo 333 de esta Ley.

Artículo 399.-

La acción para reclamar los daños y perjuicios causados por las infracciones a esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible.

Artículo 400.-

La ejecución de la resolución del incidente emitida por el Instituto podrá promoverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes.

Artículo 401.-

Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta Ley, así lo hará constar en la resolución que emita.

Capítulo II.- De los Delitos

Artículo 402.-

Son delitos:
I.- Falsificar una marca con fines de especulación comercial.
Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.
Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama;
II.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones;
III.- Divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su control legal o a su usuario autorizado;
V.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin contar con el consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce el
control legal del secreto industrial o su usuario autorizado;
VI.- Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, sin consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado; con el propósito de
causarle perjuicio u obtener un beneficio económico para sí o para un tercero;
VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una denominación de origen protegida que no cuenten con la certificación correspondiente en términos de la Norma Oficial Mexicana aplicable, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.
No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en
términos de la legislación aplicable;
VIII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una indicación geográfica protegida que no cuenten con el certificado de cumplimiento a las reglas de uso
respectivas, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.
No existirá responsabilidad penal cuando no se encuentre acreditado ante el Instituto el responsable de emitir el certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas, en términos de la legislación aplicable.
Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. Los delitos contemplados en las fracciones VII y VIII se perseguirán de oficio o por denuncia.

Artículo 403.-

En el caso de los delitos previstos en las fracciones I, II, VII y VIII del artículo 402 de esta Ley, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a quinientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.
A quien cometa alguno de los delitos señalados en las fracciones III, IV, V o VI del artículo 402 de esta Ley, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de mil a trescientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.

Artículo 404.-

Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.
Los delitos a los que se refiere el presente artículo se perseguirán de oficio.

Artículo 405.-

Para que el Ministerio Público ejercite la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 402, se requerirá que el Instituto en un plazo que no exceda de 30 días hábiles emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que
procedan.

Artículo 406.-

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el
artículo 396 de esta Ley.

01Ene/14

Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un Programa Plurianual de Política del Espectro Radioeléctrico.(Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de marzo de 2012)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN

 

EUROPEA,

 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

 

Considerando lo siguiente:

 

(1) De conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (3), la Comisión podrá presentar propuestas legislativas al Parlamento Europeo y al Consejo con objeto de establecer programas plurianuales para la política del espectro radioeléctrico. Estos programas establecerán las orientaciones políticas y los objetivos para la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro radioeléctrico de conformidad con las disposiciones de las directivas aplicables a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Estas orientaciones políticas y objetivos deben referirse a la disponibilidad y el uso eficiente del espectro necesario para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El programa de política del espectro radioeléctrico (denominado en lo sucesivo “el Programa”) debe respaldar los objetivos y acciones clave presentados en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 sobre la Estrategia Europa 2020 y en la Comunicación de la Comisión de 26 de agosto de 2010 sobre la Agenda Digital para Europa, e incluida entre las 50 acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 11 de noviembre de 2010, titulada “Hacia el Acta del Mercado Único”.

(2) La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del derecho de la Unión en vigor, en particular las Directivas 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (4), 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (5), 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (6), 2002/21/CE, así como la Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (7). La presente Decisión debe entenderse también sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel nacional, en cumplimiento del derecho de la Unión destinada a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual, y del derecho de los Estados miembros de organizar y usar su espectro radioeléctrico con fines de orden público, seguridad pública y defensa.

(3) El espectro es un recurso público fundamental para sectores y servicios esenciales, entre ellos las comunicaciones móviles, inalámbricas de banda ancha y por satélite, la radiodifusión sonora y televisiva, el transporte y la radiolocalización, y aplicaciones tales como alarmas, mandos a distancia, prótesis auditivas, micrófonos y equipos médicos. Contribuye a servicios públicos como los servicios de protección y seguridad, incluida la protección civil, y a actividades científicas, como la meteorología, la observación de la Tierra, la radioastronomía y la investigación espacial. Un acceso fácil al espectro también desempeña una función en la prestación de comunicaciones electrónicas, particularmente para los ciudadanos y las empresas que se encuentran en las zonas menos pobladas o en zonas remotas, como las zonas rurales o las islas. Por consiguiente, las medidas reguladoras en materia de espectro tienen implicaciones para la seguridad, la salud y el interés público, además de implicaciones económicas, culturales, científicas, sociales, ambientales y técnicas.

(4) Debe adoptarse un nuevo enfoque económico y social en lo que respecta a la gestión, asignación y utilización del espectro. Dicho enfoque debe prestar especial atención a la política del espectro, con objeto de garantizar una mayor eficiencia del espectro, una mejor planificación de frecuencias y salvaguardias frente a las conductas contrarias a la competencia.

(5) La planificación estratégica y la armonización del uso del espectro a escala de la Unión deberían mejorar el mercado interior de los servicios y equipos de comunicaciones electrónicas inalámbricas, así como otras políticas de la Unión que requieren el uso de espectro. De esta forma, se generarían nuevas oportunidades de innovación y de creación de empleo y, al mismo tiempo, se contribuiría a la recuperación económica y a la integración social en toda la Unión, respetando a la vez el importante valor social, cultural y económico del espectro.

(6) La armonización de un uso adecuado del espectro también puede ser beneficiosa para la calidad de los servicios prestados mediante las comunicaciones electrónicas y es esencial para la creación de economías de escala que reduzcan tanto el coste de desplegar redes móviles como el de los dispositivos inalámbricos para los consumidores. Con este fin, la Unión necesita un programa estratégico que abarque el mercado interior en todas las políticas de la Unión que implican el uso de espectro, como las de las comunicaciones electrónicas, investigación, desarrollo tecnológico y espacio, transporte, energía y la política audiovisual.

(7) El Programa debe fomentar la competencia y contribuir a sentar las bases de un verdadero mercado único digital.

(8) El Programa debe apoyar en particular la estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta el enorme potencial de los servicios inalámbricos para fomentar una economía basada en el conocimiento, desarrollar y ayudar a los sectores que se basan en las tecnologías de la información y las comunicaciones y reducir la brecha digital. El aumento del uso de los servicios de medios audiovisuales y de los contenidos en línea, en particular, está impulsando la demanda de velocidad y cobertura. Constituye además una acción clave de la Agenda Digital para Europa cuya finalidad es ofrecer acceso a internet de alta velocidad mediante conexiones de banda ancha en la futura economía basada en las redes y el conocimiento, con el ambicioso objetivo de conseguir para todos los europeos cobertura de banda ancha universal. Proporcionar unas velocidades y una capacidad de banda ancha lo más altas posibles, tanto en modo fijo como móvil, contribuye a la realización del objetivo de un mínimo de 30 Mbps para todos antes de 2020 con la mitad de los hogares de la Unión, como mínimo, teniendo acceso de banda ancha con una velocidad de al menos 100 Mbps, y es importante para fomentar el crecimiento económico y la competitividad global y necesario para materializar los beneficios económicos y sociales sostenibles de un mercado único digital. Deben también respaldarse y promoverse otros objetivos sectoriales de la Unión, como un medio ambiente sostenible y la integración económica y social de todos los ciudadanos de la Unión. Dada la importancia que revisten las aplicaciones inalámbricas para la innovación, el Programa representa igualmente una iniciativa fundamental de apoyo a las políticas de la Unión en materia de innovación.

(9) El Programa debe sentar las bases para un desarrollo en el que la Unión pueda asumir el liderazgo con respecto a las velocidades, la movilidad, la cobertura y la capacidad de la banda ancha inalámbrica. Este liderazgo es esencial para establecer un mercado único digital competitivo que actúe como punta de lanza para abrir el mercado interior a todos los ciudadanos de la Unión.

(10) El Programa debe especificar los principios rectores y los objetivos hasta 2015 para los Estados miembros y las instituciones de la Unión, y establecer iniciativas concretas de aplicación. Si bien la gestión del espectro sigue siendo en gran medida competencia nacional, debe ejercerse de conformidad con la legislación de la Unión en vigor y prever medidas para llevar a cabo las políticas de la Unión.

(11) El Programa también debe tener en cuenta la Decisión nº 676/2002/CE y los conocimientos técnicos de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), de modo que las políticas de la Unión que se basan en el espectro y que han sido adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo puedan aplicarse mediante medidas técnicas de ejecución, teniendo en cuenta que tales medidas podrán adoptarse siempre que sea necesario para aplicar políticas de la Unión existentes.

(12) Un acceso fácil al espectro puede requerir tipos innovadores en materia de autorización, como el uso colectivo del espectro o el uso compartido de infraestructuras, la aplicación de los cuales en la Unión puede verse facilitada por la definición de buenas prácticas y el fomento del intercambio de información, así como por la definición de determinadas condiciones comunes o convergentes aplicables al uso del espectro. Las autorizaciones generales, que es el tipo de autorización menos oneroso, revisten especial interés cuando las interferencias no corren el riesgo de entorpecer el desarrollo de otros servicios.

(13) Pese a encontrarse en una fase de desarrollo desde el punto de vista tecnológico, las denominadas “tecnologías cognitivas” deberían examinarse ya más exhaustivamente, permitiendo también el uso compartido basado en la geolocalización.

(14) El comercio de derechos sobre el espectro, junto con unas condiciones flexibles de uso, puede beneficiar sustancialmente el crecimiento económico. Por tanto, las bandas en las que el uso flexible ha sido introducido ya por el derecho de la Unión deberían poderse negociar inmediatamente, con arreglo a la Directiva 2002/21/CE. La puesta en común de las prácticas idóneas en cuanto a las condiciones y procedimientos de autorización para dichas bandas, así como de medidas comunes destinadas a evitar una acumulación de derechos de uso del espectro, que podría conducir a posiciones dominantes o a la no utilización de tales derechos, facilitaría la introducción coordinada de estas medidas por todos los Estados miembros y la adquisición de tales derechos en cualquier parte de la Unión. Cuando sea posible, debe fomentarse el uso colectivo (o compartido) del espectro —entendido como un número indeterminado de usuarios y/o de dispositivos independientes para acceder al espectro en la misma gama de frecuencias, al mismo tiempo y en una zona geográfica determinada con arreglo a una serie de condiciones bien definidas—, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2002/20/CE en lo relativo a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

(15) Tal como se subraya en la Agenda Digital para Europa, la banda ancha inalámbrica constituye un medio importante de aumentar la competencia, las posibilidades de elección de los consumidores y el acceso en las zonas rurales y otras en las que el despliegue de la banda ancha por cable es difícil o económicamente inviable. No obstante, la gestión del espectro puede afectar a la competencia al modificar el papel y el poder de los agentes del mercado, por ejemplo en caso de que los usuarios existentes se beneficien de ventajas competitivas injustificadas. El acceso limitado al espectro, en particular cuando el espectro adecuado escasee, puede obstaculizar la entrada de nuevos servicios o aplicaciones y entorpecer la innovación y la competencia. La adquisición de nuevos derechos de uso del espectro, en particular a través de la transferencia o arrendamiento de espectro o de otras transacciones entre usuarios, y la introducción de nuevos criterios flexibles aplicables al uso del espectro puede tener repercusiones en la actual situación competitiva. Por consiguiente, los Estados miembros deben tomar medidas adecuadas a priori o a posteriori (destinadas, por ejemplo, a modificar derechos existentes, prohibir determinadas adquisiciones de derechos de uso sobre el espectro, imponer condiciones relativas al acaparamiento de espectro y su uso eficiente, similares a las mencionadas en la Directiva 2002/21/CE, limitar la cantidad de espectro disponible para cada empresa o evitar la acumulación excesiva de derechos de uso del espectro), a fin de evitar falseamientos de la competencia, conforme a los principios en que se basan la Directiva 2002/20/CE y la Directiva 87/372/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a las bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad (8) (la Directiva “GSM”).

(16) La creación de un inventario de los usos actuales del espectro, junto con un análisis de las tendencias tecnológicas, las futuras necesidades y demanda de espectro, en particular entre 400 MHz y 6 GHz, debería permitir la identificación de bandas de frecuencia en las que pueden mejorarse la eficiencia y las oportunidades de compartir el espectro en beneficio tanto del sector comercial como del público. La metodología para establecer y mantener el inventario de los usos actuales del espectro debe tener debidamente en cuenta las cargas administrativas con que lastra a las Administraciones y tratar de minimizar dichas cargas. Por tanto, la información que faciliten los Estados miembros de acuerdo con la Decisión 2007/344/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2007, relativa a la disponibilidad armonizada de información sobre el uso del espectro en la Comunidad (9) debe tenerse plenamente en cuenta en el desarrollo del método con el que se establezca el inventario de los usos actuales del espectro.

(17) Las normas armonizadas que contempla la Directiva 1999/5/CE son esenciales para lograr un uso eficiente del espectro y deben tener en cuenta las condiciones de uso compartido definidas en la legislación. Las normas europeas relativas a las redes y equipos eléctricos y electrónicos no radioeléctricos deben también evitar las perturbaciones en el uso del espectro. El impacto acumulado del volumen y la densidad crecientes de los dispositivos y aplicaciones inalámbricos, unido a la diversidad de usos del espectro, supone un desafío para los enfoques actuales de gestión de las interferencias. Convendría por tanto examinar y reevaluar dichos enfoques, conjuntamente con las características de los receptores y unos mecanismos más sofisticados de evitación de interferencias.

(18) Debe permitirse a los Estados miembros, en su caso, introducir medidas de compensación relativas a los costes de migración.

(19) De conformidad con los objetivos de “Una Agenda Digital para Europa”, la banda ancha inalámbrica puede contribuir sustancialmente a la recuperación económica y al crecimiento si se pusiera a disposición espectro suficiente, se concedieran rápidamente los derechos de uso del espectro y se autorizara el comercio para adaptarse a la evolución del mercado. La Agenda Digital para Europa propone ofrecer a todos los ciudadanos de la Unión un acceso a la banda ancha a una velocidad de al menos 30 Mbps de aquí a 2020. Por consiguiente, conviene poner a disposición el espectro que ya ha sido cubierto por las Decisiones de la Comisión de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en dichas Decisiones y, supeditado a la demanda del mercado, efectuar de conformidad con la Directiva 2002/20/CE el proceso de autorización antes del 31 de diciembre de 2012 para las comunicaciones terrestres con objeto de garantizar un acceso fácil a la banda ancha inalámbrica para todos, en particular dentro de las bandas de frecuencia designadas en las Decisiones 2008/411/CE (10), 2008/477/CE (11) y 2009/766/CE (12) de la Comisión. Para complementar los servicios terrestres de banda ancha y garantizar la cobertura de las regiones más remotas de la Unión, un acceso de banda ancha por satélite podría ser una solución rápida y viable.

(20) Conviene establecer unas disposiciones más flexibles para el uso de las frecuencias, en caso necesario, a fin de favorecer la innovación y las conexiones de alta velocidad de banda ancha que permitan a las empresas reducir costes y aumentar su competitividad y posibiliten la creación de nuevos servicios interactivos en línea en los ámbitos, por ejemplo, de la educación, la sanidad y los servicios de interés general.

(21) Tener cerca de 500 millones de personas conectadas a la banda ancha de alta velocidad en Europa contribuiría al desarrollo del mercado interior, creando una masa crítica de usuarios única a escala mundial que ofrecería a todas las regiones nuevas oportunidades, daría a cada usuario un mayor valor y a la Unión la capacidad de ser una economía basada en el conocimiento líder a escala mundial. El rápido despliegue de la banda ancha resulta por ello crucial para el desarrollo de la productividad europea y para la aparición de nuevas y pequeñas empresas que pueden convertirse en líderes en diversos sectores, por ejemplo, la atención sanitaria, la industria manufacturera y el sector de los servicios.

(22) En 2006, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (“ITU”) estimó las necesidades futuras en materia de ancho de banda del espectro para el desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000) y los sistemas IMT avanzados (es decir, las comunicaciones móviles 3G y 4G) entre 1.280 y 1.720 MHz en 2020 para el sector móvil comercial de cada región de la ITU, incluida Europa. Nótese que la cifra inferior (1.280 MHz) es superior a los requisitos de algunos países. Por otra parte, en algunos países el requisito es mayor que la cifra superior (1.720 MHz). Ambas cifras incluyen el espectro que ya se encuentra en uso, o cuyo uso está previsto, para los sistemas pre-IMT, IMT-2000 y sus versiones mejoradas. Si no se libera el espectro necesario, preferiblemente armonizado a nivel mundial, los nuevos servicios y el crecimiento económico se verán obstaculizados por las limitaciones de capacidad de las redes móviles.

(23) La banda de 800 MHz (790-862 MHz) es óptima para la cobertura de zonas amplias mediante servicios inalámbricos de banda ancha. Sobre la base de la armonización de las condiciones técnicas prevista en la Decisión 2010/267/UE, y de la Recomendación de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, para facilitar la obtención del dividendo digital en la Unión Europea (13) en la que se instaba al abandono de la tecnología de transmisión analógica antes del 1 de enero de 2012, y habida cuenta de la rápida evolución de las normativas nacionales, dicha banda debería en principio ponerse a disposición de los servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión de aquí a 2013. A más largo plazo, podría contemplarse también poner a disposición espectro adicional, a la vista de los resultados de un análisis de las tendencias de la tecnología, las futuras necesidades y la demanda de espectro. Considerando la capacidad de la banda de 800 MHz de transmitir a amplias zonas, convendría que los derechos de uso fueran asociados, en su caso, a obligaciones de cobertura.

(24) El aumento de las oportunidades de banda ancha móvil resulta fundamental para dotar al sector cultural de nuevas plataformas de distribución, lo que allanaría el camino para el éxito de un futuro desarrollo del sector.

(25) Los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, pueden superar sus asignaciones actuales sobre una base libre de licencias. La necesidad y viabilidad de ampliar las atribuciones de espectro libre de licencias para sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, a 2,4 GHz y 5 GHz, se deberían evaluar en relación con el inventario de los usos actuales del espectro y de las nuevas necesidades de espectro y dependiendo de la utilización del espectro para otros fines.

(26) Si bien la radiodifusión seguirá siendo una plataforma importante para la distribución del contenido, ya que sigue siendo la plataforma más económica para la distribución masiva, el ancho de banda, tanto fijo como móvil, y otros nuevos servicios ofrecen nuevas oportunidades al sector cultural para diversificar su gama de plataformas de distribución, prestar servicios a la carta y sacar partido del potencial económico del importante aumento en el tráfico de datos.

(27) Con objeto de centrarse en las prioridades del Programa plurianual, los Estados miembros y la Comisión deben cooperar a fin de respaldar y lograr el objetivo de permitir que la Unión asuma le liderazgo en materia de servicios inalámbricos de comunicaciones electrónicas de banda ancha mediante la liberación de suficiente espectro en las bandas más rentables para que esos servicios estén ampliamente disponibles.

(28) Puesto que para desarrollar las comunicaciones de banda ancha en toda la Unión y evitar un falseamiento de la competencia y la fragmentación del mercado entre los Estados miembros es fundamental adoptar un enfoque común y realizar economías de escala, podrían definirse algunas prácticas idóneas en materia de condiciones y procedimientos de autorización de manera concertada entre los Estados miembros y con la Comisión. Estas condiciones y procedimientos podrían referirse a obligaciones en materia de cobertura, al tamaño de los bloques de espectro, al calendario de concesión de derechos, al acceso a operadores de redes móviles virtuales (MVNO) y a la duración de los derechos de uso del espectro. Estas condiciones y procedimientos, que reflejan la importancia del comercio de espectro para mejorar la eficiencia del uso del espectro y desarrollar el mercado interior de los equipos y servicios inalámbricos, deberían aplicarse a las bandas de frecuencia que se atribuyan a las comunicaciones inalámbricas, y para las cuales puedan transferirse o arrendarse derechos de uso.

(29) Otros sectores, como el transporte (sistemas de seguridad, información y gestión), la investigación y desarrollo (I+D), la sanidad electrónica, la inclusión electrónica y, en caso necesario, la protección pública y el socorro en caso de catástrofe, a la vista del aumento del uso de la transmisión de vídeo y de datos para un servicio más rápido y eficaz, podrían necesitar espectro adicional. La optimización de sinergias entre la política del espectro y las actividades de I+D y la realización de estudios de compatibilidad radioeléctrica entre los diferentes usuarios del espectro deberían contribuir a la innovación. Por otra parte, los resultados de la investigación realizada en el contexto del séptimo programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) requieren el examen de las necesidades de espectro de los proyectos que pueden tener un amplio potencial económico o de inversión, en particular para las PYME, como la radiocomunicación cognitiva o la sanidad electrónica. Debería también garantizarse una protección adecuada contra las interferencias perjudiciales, a fin de apoyar las actividades científicas y de I+D.

(30) La estrategia Europa 2020 fija objetivos medioambientales para una economía sostenible, eficiente en cuanto a la energía y competitiva, por ejemplo la mejora de la eficiencia energética en un 20 %. Al sector de las tecnologías de la información y la comunicación le corresponde un papel fundamental, tal como se subraya en la Agenda Digital para Europa. Entre las acciones propuestas cabe citar la aceleración del despliegue en toda la Unión de sistemas inteligentes de gestión de la energía (redes y sistemas de medición inteligentes), utilizando capacidades de comunicación para reducir el consumo de energía, y el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes y de gestión inteligente del tráfico para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el sector del transporte. El uso eficiente de las tecnologías del espectro también podría contribuir a reducir el consumo de energía de los equipos radioeléctricos y a limitar su impacto medioambiental en las zonas rurales y remotas.

(31) Un enfoque coherente en materia de autorización del espectro en la Unión requiere la toma en consideración plena de la protección de la salud pública contra los campos electromagnéticos, que es esencial para el bienestar de los ciudadanos. Aunque está sujeta a la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (14), es esencial garantizar un seguimiento constante de los efectos ionizantes y no ionizantes del uso del espectro en la salud, incluidos los efectos acumulativos en la vida real del uso de diversas frecuencias del espectro por un número creciente de tipos de equipos.

(32) Objetivos esenciales de interés general, como la seguridad de la vida humana, obligan a buscar soluciones técnicas coordinadas para la interconexión de los servicios de seguridad y emergencia de los Estados miembros. Conviene poner a disposición espectro suficiente, sobre una base coherente, para el desarrollo y la libre circulación de servicios y dispositivos de seguridad y el desarrollo de soluciones innovadoras de seguridad y emergencia paneuropeas o interoperables. Hay estudios que han indicado la necesidad de disponer en la Unión de bandas espectrales armonizadas adicionales por debajo de 1 GHz para ofrecer servicios móviles de banda ancha en el campo de la PPDR, en los próximos cinco a diez años.

(33) La regulación del espectro tiene una marcada dimensión transfronteriza o internacional, debido a las características de propagación, a la naturaleza internacional de los mercados dependientes de servicios basados en las radiocomunicaciones, y a la necesidad de evitar interferencias perjudiciales entre los países.

(34) De acuerdo con la jurisprudencia en la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la materia de un acuerdo internacional es en parte competencia de la Unión y en parte competencia de los Estados miembros, es fundamental garantizar una estrecha cooperación entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión. Esa obligación de cooperar, clarificada en una jurisprudencia constante, deriva del principio de unidad en la representación internacional de la Unión y sus Estados miembros.

(35) Asimismo, los Estados miembros pueden necesitar apoyo en relación con la coordinación de frecuencias en las negociaciones bilaterales con países vecinos de la Unión, incluidos los países candidatos y en proceso de adhesión, a fin de cumplir sus obligaciones derivadas de la legislación de la Unión en materia de coordinación de frecuencias. Ello debería contribuir también a evitar interferencias perjudiciales y a mejorar la eficiencia del espectro y la convergencia en el uso del espectro incluso más allá de las fronteras de la Unión.

(36) Para la realización de los objetivos de la presente Decisión es importante reforzar el actual marco institucional de coordinación de la política y gestión del espectro a escala de la Unión e incluir las cuestiones que afectan directamente a dos o más Estados miembros, teniendo plenamente en cuenta la competencia y experiencia de las administraciones nacionales. Reviste igualmente una importancia capital la cooperación y la coordinación entre los organismos de normalización, los centros de investigación y la CEPT.

(37) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La Comisión debería ejercer dichas competencias de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por parte de la Comisión (15).

(38) Dado que los objetivos de la presente Decisión, a saber el establecimiento de un primer programa plurianual de política del espectro radioeléctrico no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acción propuesta pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(39) La Comisión debería informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados obtenidos en la aplicación de la presente Decisión, así como sobre las acciones futuras previstas.

(40) A la hora de elaborar su propuesta, la Comisión ha tenido sumamente en cuenta el dictamen del Grupo de política del espectro radioeléctrico, creado mediante la Decisión 2002/622/CE de la Comisión (16).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Decisión establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico para la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro, con objeto de garantizar el funcionamiento del mercado interior en los ámbitos de actuación de las políticas de la Unión que implican el uso de espectro, como las de las comunicaciones electrónicas, investigación, desarrollo tecnológico y espacio, transporte, energía y la política audiovisual.

La presente Decisión no afectará a la disponibilidad de espectro suficiente para otros ámbitos de las políticas de la Unión como la protección civil y el socorro en caso de catástrofe, y la política común de seguridad y defensa.

2. La presente Decisión no prejuzga la legislación de la Unión vigente, en particular: las Directivas 1999/5/CE, 2002/20/CE y 2002/21/CE, y con arreglo al artículo 6 de la presente Decisión, la Decisión nº 676/2002/CE, ni las medidas adoptadas a escala nacional de conformidad con el derecho de la Unión.

3. La presente Decisión no afectará a las medidas adoptadas a escala nacional, cumpliendo plenamente el derecho de la Unión, que estén destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la regulación de los contenidos y a la política audiovisual.

La presente Decisión se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar sus espectros para fines de orden público y seguridad pública y de defensa. Cuando la presente Decisión, o medidas adoptadas en aplicación de esta, en las bandas de frecuencia mencionadas en el artículo 6 afecten al espectro utilizado por un Estado miembro exclusiva y directamente para su seguridad pública y con fines relacionados con la defensa, el Estado miembro podrá seguir utilizando este espectro de banda de frecuencia para fines de seguridad pública y de defensa hasta que se eliminen progresivamente los sistemas existentes en la banda en la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión o de la medida adoptada en aplicación de esta respectivamente. El Estado miembro deberá notificar debidamente su decisión a la Comisión.

Artículo 2.- Principios reguladores generales

1. Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión de manera transparente, a fin de velar por la aplicación coherente de los siguientes principios reguladores generales en toda la Unión:

a) aplicar el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible, de manera que se maximice la flexibilidad y la eficiencia en el uso del espectro. Este sistema de autorización deberá basarse en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados;

b) fomentar el desarrollo del mercado interior, promoviendo el surgimiento de futuros servicios digitales a escala de la Unión e impulsando la competencia efectiva;

c) promover la competencia y la innovación, teniendo en cuenta la necesidad de evitar interferencias perjudiciales y la necesidad de garantizar la calidad técnica del servicio para facilitar la disponibilidad de servicios de banda ancha y responder eficazmente al aumento del tráfico inalámbrico de datos;

d) definir las condiciones técnicas para el uso del espectro, tomar plenamente en cuenta el derecho pertinente de la Unión, en particular sobre la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos;

e) fomentar la neutralidad de la tecnología y de los servicios en cuanto a los derechos de uso del espectro siempre que sea posible.

2. Para las comunicaciones electrónicas, además de los principios reguladores generales definidos en el apartado 1 del presente artículo, se aplicarán los siguientes principios específicos, con arreglo a los artículos 8 bis, 9, 9 bis y 9 ter de la Directiva 2002/21/CE y con la Decisión nº 676/2002/CE:

a) aplicar la neutralidad tecnológica y de los servicios a los derechos de uso del espectro para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y la transferencia o el alquiler de los derechos de uso de las radiofrecuencias;

b) promocionar la armonización del uso de las radiofrecuencias en toda la Unión, en coherencia con la necesidad de garantizar su uso efectivo y eficiente;

c) facilitar el aumento del tráfico inalámbrico de datos y de servicios de banda ancha fomentando, en particular, la flexibilidad, y promover la innovación, teniendo en cuenta la necesidad de evitar interferencias perjudiciales y de garantizar la calidad técnica del servicio.

Artículo 3.- Objetivos estratégicos

Con el fin de centrarse en las prioridades de la presente Decisión, los Estados miembros y la Comisión cooperarán para sostener y lograr los siguientes objetivos estratégicos:

a) fomentar la gestión y el uso eficaces del espectro para responder mejor a la creciente demanda de uso de frecuencias, reflejando el importante valor social, cultural y económico del espectro;

b) procurar atribuir un espectro adecuado y suficiente lo antes posible, a fin de apoyar los objetivos estratégicos de la Unión y afrontar en las mejores condiciones el aumento de la demanda de tráfico inalámbrico de datos, permitiendo, al mismo tiempo, el desarrollo de servicios comerciales y públicos, y teniendo en cuenta al mismo tiempo objetivos importantes de interés general, como la diversidad cultural y el pluralismo de los medios; a tal fin, deberán hacerse todos los esfuerzos para identificar, basándose en el inventario de los usos del espectro establecido en el artículo 9, al menos 1.200 Mhz de espectro adecuado para 2015 a más tardar. Dicha cifra incluye el espectro en uso en la actualidad;

c) reducir la brecha digital y contribuir a los objetivos de la Agenda Digital para Europa, promoviendo que todos los ciudadanos de la Unión tengan acceso a la banda ancha, con un mínimo de 30 Mbps para 2020, y posibilitando que la Unión tenga la velocidad y la capacidad de banda ancha lo más elevadas posibles;

d) permitir que la Unión asuma el liderazgo en materia de servicios inalámbricos de comunicaciones electrónicas de banda ancha mediante la apertura de suficiente espectro en las bandas más rentables para que esos servicios estén ampliamente disponibles;

e) asegurar oportunidades tanto para el sector comercial como para los servicios públicos mediante un aumento de las capacidades móviles de banda ancha;

f) potenciar la flexibilidad en el uso del espectro, a fin de fomentar la innovación y la inversión, a través de la aplicación coherente de los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios en toda la Unión entre las soluciones tecnológicas que puedan adoptarse y a través de una predictibilidad reglamentaria adecuada, como la que ofrece, por ejemplo, el marco regulador de los servicios de comunicaciones electrónicas, mediante la apertura del espectro armonizado a nuevas tecnologías avanzadas, y la posibilidad de negociar con los derechos sobre el uso del espectro, creando así oportunidades para el desarrollo de futuros servicios a de la Unión;

g) facilitar un acceso fácil al espectro, aprovechando las ventajas que ofrece el sistema de autorizaciones generales para comunicaciones electrónicas con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2002/20/CE;

h) fomentar el uso compartido de infraestructuras pasivas cuando ello resulte proporcionado y no discriminatorio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2002/21/CE;

i) mantener y desarrollar una competencia efectiva, sobre todo en los servicios de comunicaciones electrónicas, intentando evitar mediante medidas a priori o a posteriori una acumulación excesiva de derechos de uso de radiofrecuencias por determinadas empresas que pueda perjudicar significativamente la competencia;

j) reducir la fragmentación y aprovechar plenamente el potencial del mercado interior, a fin de impulsar el crecimiento económico y las economías de escala a nivel de la Unión, a través del refuerzo de la coordinación y la armonización de las condiciones técnicas aplicables al uso y la disponibilidad del espectro, según el caso;

k) evitar las interferencias o perturbaciones perjudiciales debidas, entre otras cosas, a otros dispositivos radioeléctricos o no radioeléctricos, propiciando la elaboración de normas que contribuyan a un uso flexible y eficiente del espectro, y aumentando la inmunidad de los receptores a las interferencias, teniendo en cuenta en particular el impacto acumulado del volumen y la densidad crecientes de los dispositivos y aplicaciones radioeléctricos;

l) promover la accesibilidad a los nuevos productos de consumo y tecnologías con el fin de garantizar el apoyo de los consumidores a la transición a la tecnología digital y el uso eficiente del dividendo digital;

m) reducir la huella de carbono de la Unión mejorando la eficiencia técnica y energética de las redes y los equipos inalámbricos de comunicaciones.

Artículo 4.- Mejora de la eficiencia y la flexibilidad

1. Los Estados miembros impulsarán, en cooperación con la Comisión y cuando proceda, el uso colectivo y el uso compartido del espectro.

Asimismo, impulsarán el desarrollo de las tecnologías existentes y nuevas, por ejemplo la radiocomunicación cognitiva, incluidas las que utilizan “espacios en blanco”.

2. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para incrementar la flexibilidad en el uso del espectro, a fin de fomentar la innovación y la inversión, mediante la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías y la transferencia o el arrendamiento de los derechos de uso sobre el espectro.

3. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán con vistas a impulsar el desarrollo y armonización de normas aplicables a los equipos radioeléctricos y a los equipos terminales de telecomunicaciones, así como a las redes y equipos eléctricos y electrónicos, basadas en caso necesario en mandatos de normalización otorgados por la Comisión a los organismos de normalización pertinentes. También deberá prestarse especial atención a las normas aplicables a los equipos utilizados por personas con discapacidad.

4. Los Estados miembros promoverán las actividades de I+D en nuevas tecnologías como las tecnologías cognitivas y las bases de datos de geolocalización.

5. Los Estados miembros establecerán, cuando proceda, criterios y procedimientos de selección para garantizar los derechos de uso del espectro que favorezcan la competencia, la inversión, el uso eficiente del espectro como bien público y la coexistencia de servicios y dispositivos nuevos y ya existentes.

Los Estados miembros promoverán de forma constante el uso eficiente del espectro en lo que se refiere a las redes, los dispositivos y las aplicaciones.

6. Cuando sea necesario para asegurar el uso eficiente de los derechos de uso sobre el espectro y evitar el acaparamiento del mismo, los Estados miembros podrán considerar la adopción de medidas adecuadas como sanciones financieras, el uso de incentivos tarifarios o la retirada de derechos. Tales medidas deberán adoptarse y aplicarse de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada.

Para los servicios de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros adoptarán antes del 1 de enero de 2013 medidas de asignación y autorización adecuadas para el desarrollo de servicios de banda ancha, con arreglo a la Directiva 2002/20/CE, con objeto de alcanzar la capacidad y las velocidades de banda ancha más elevadas posibles.

8. A fin de evitar una posible fragmentación del mercado interior debida a la divergencia de los criterios y procedimientos de selección aplicables al espectro armonizado atribuidas a los servicios de comunicaciones electrónicas y susceptibles de negociación en todos los Estados miembros, con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y en consonancia con el principio de subsidiariedad, facilitará la identificación y puesta en común de las mejores prácticas sobre las condiciones y procedimientos de autorización y alentará el intercambio de información sobre dicho espectro para aumentar la coherencia en toda la Unión, de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de servicios.

Artículo 5.- Competencia

1. Los Estados miembros fomentarán la competencia efectiva y evitarán falseamientos de la competencia en el mercado interior para los servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo a las Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE.

Asimismo, tendrán en cuenta las cuestiones de competencia cuando concedan derechos de uso del espectro a los usuarios de redes privadas de comunicación electrónica.

2. A los efectos de aplicar el primer párrafo del apartado primero y sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia y de las medidas adoptadas por los Estados miembros para lograr objetivos de interés general con arreglo al artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros podrán adoptar medidas necesarias para, inter alia:

a) limitar la cantidad de espectro sobre la que se conceden derechos de uso a una empresa o imponer condiciones a dichos derechos de uso, como la oferta de acceso mayorista o la itinerancia nacional o regional, en determinadas bandas o en determinados grupos de bandas con características similares, por ejemplo las bandas por debajo de 1 GHz atribuidas a servicios de comunicaciones electrónicas. Estas condiciones suplementarias solo podrán ser impuestas por las autoridades nacionales competentes;

b) reservar, si resulta apropiado por la situación en el mercado nacional, cierta parte de una banda o grupo de bandas de frecuencia para su asignación a nuevos;

c) negarse a conceder nuevos derechos de uso del espectro o a autorizar nuevos usos del espectro en determinadas bandas, o imponer condiciones a la concesión de nuevos derechos de uso o a la autorización de nuevos usos del espectro, para evitar la distorsión de la competencia por cualquier asignación, transferencia o acumulación de derechos de uso de las radiofrecuencias;

d) prohibir o imponer condiciones a las transferencias de derechos de uso del espectro, no sujetas al control nacional o comunitario de las operaciones de concentración, cuando las transferencias puedan perjudicar significativamente la competencia;

e) modificar los derechos existentes, de conformidad con la Directiva 2002/20/CE, cuando sea necesario para corregir a posteriori la distorsión de la competencia por cualquier transferencia o acumulación de derechos de uso de las radiofrecuencias.

3. Cuando los Estados miembros deseen adoptar una de las medidas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, deberán actuar con arreglo a los procedimientos de imposición o modificación de tales condiciones sobre los derechos de uso del espectro que establece la Directiva 2002/20/CE.

4. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos de autorización y selección de los servicios de comunicaciones electrónicas fomenten la competencia efectiva en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas de la Unión.

Artículo 6.- Espectro necesario para comunicaciones inalámbricas de banda ancha

1. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de un espectro suficiente a efectos de cobertura y capacidad en la Unión, a fin de permitir que la Unión disponga de las mayores velocidades de banda ancha del mundo, posibilitando las aplicaciones inalámbricas y el liderazgo europeo en los nuevos servicios a fin de contribuir eficazmente al crecimiento económico y a la realización del objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a la banda ancha a velocidades no inferiores a 30 Mbps de aquí a 2020.

2. Con objeto de fomentar una mayor disponibilidad de los servicios inalámbricos de banda ancha en beneficio de los ciudadanos y los consumidores de la Unión, los Estados miembros harán que todas las bandas queden cubiertas por las Decisiones 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz) y 2009/766/CE (900-1 800 MHz), disponibles bajo las condiciones descritas en dichas Decisiones. En función de la demanda del mercado, los Estados miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización antes del 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de la implantación de servicios existente y bajo condiciones que permitan a los consumidores acceder fácilmente a los servicios inalámbricos de banda ancha.

3. Los Estados miembros fomentarán la modernización constante por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de sus redes para ponerlas al nivel de la tecnología más reciente y más eficiente, con el fin de crear sus propios dividendos de espectro, de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios.

4. Antes del 1 de enero de 2013, los Estados miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización con objeto de permitir el uso de la banda de 800 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas. La Comisión garantizará excepciones específicas hasta el 31 de diciembre de 2015 en los Estados miembros en los que circunstancias excepcionales de índole local o nacional o problemas transfronterizos de coordinación de frecuencias impidan la disponibilidad de la banda, actuando a solicitud debidamente motivada del Estado miembro de que se trate.

Si persistieran problemas transfronterizos de coordinación de frecuencias, debidamente documentados por un Estado miembro, con uno o más países, incluidos los países candidatos o en proceso de adhesión, después del 31 de diciembre de 2015, e impidieran la disponibilidad de la banda de 800 MHz, la Comisión garantizará excepciones anualmente hasta que desaparezcan dichos problemas.

El Estado miembro a quien se conceda la excepción mencionada en los párrafos primero y segundo garantizará que el uso de la banda de 800 MHz no impida la disponibilidad de dicha banda para los servicios de comunicaciones electrónicas que no sean de la difusión en los Estados miembros vecinos.

El presente apartado también se aplicará a los problemas de coordinación del espectro en la República de Chipre derivados de que el Gobierno de Chipre no puede ejercer el control efectivo en parte de su territorio.

5. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, procederán a un seguimiento continuo de las necesidades de capacidad para los servicios de banda ancha inalámbrica. Sobre la base del resultado del análisis mencionado en el artículo 9, apartado 4, la Comisión evaluará y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 1 de enero de 2015, respecto de si existe la necesidad de adoptar medidas para armonizar bandas adicionales de frecuencia.

Los Estados miembros podrán velar por que, si procede y de conformidad con el derecho de la Unión, el coste directo de la migración o de la reasignación del uso del espectro sean adecuadamente compensados de conformidad con el derecho nacional.

6. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, fomentarán el acceso a los servicios de banda ancha utilizando la banda 800 MHz en las zonas remotas y escasamente pobladas, si procede; al realizar esta tarea, los Estados miembros examinarán la forma y, en su caso, adoptarán medidas de tipo técnico y reglamentario para garantizar que la liberación de la banda de 800 MHz no afecte negativamente a los usuarios de servicios de creación de programas y acontecimientos especiales (PMSE).

7. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, evaluará la justificación y la viabilidad de ampliar las atribuciones de espectro libre de licencias para sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local.

8. Los Estados miembros autorizarán la transferencia o el alquiler de derechos de uso del espectro en las bandas armonizadas 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1.710-1.785 MHz, 1.805-1.880 MHz, 1 900-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz, 2.110-2.170 MHz, 2,5-2,69 GHz, y 3,4-3,8 GHz.

9. A fin de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios digitales avanzados, incluida la banda ancha, en particular en las zonas alejadas y poco pobladas, los Estados miembros y la Comisión podrán explorar la disponibilidad de espectro suficiente para la prestación de servicios de banda ancha por satélite que permita acceder a internet.

10. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, examinarán la posibilidad de propagar la disponibilidad y el uso de picocélulas y femtocélulas. Tendrán plenamente en cuenta el potencial de dichas estaciones de base celulares y el uso compartido y exento de licencia del espectro para servir de base para las redes de malla inalámbricas, que pueden desempeñar un papel fundamental en la supresión de la brecha digital.

Artículo 7.- Necesidades de espectro para otras políticas de comunicación inalámbrica

Para apoyar el desarrollo de los medios audiovisuales innovadores y de otros servicios a los ciudadanos de la Unión, teniendo en cuenta los beneficios económicos y sociales de un mercado único digital, los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, garantizarán la disponibilidad de suficiente espectro para la prestación por satélite y terrestre de dichos servicios, si la necesidad está claramente justificada.

Artículo 8.- Necesidades de espectro para otras políticas específicas de la Unión

1. Los Estados miembros y la Comisión velarán por la disponibilidad de espectro y protegerán las radiofrecuencias necesarias para supervisar la atmósfera y la superficie terrestres, permitir el desarrollo y la explotación de aplicaciones espaciales y mejorar los sistemas de transporte, en particular para el sistema civil global de navegación por satélite establecido por el programa Galileo (17), el programa europeo de vigilancia de la tierra (GMES) (18) y los sistemas inteligentes de seguridad en el transporte y de gestión del transporte.

2. En cooperación con los Estados miembros, la Comisión llevará a cabo estudios sobre ahorro de energía en el uso del espectro que contribuya a una política con bajas emisiones de carbono, y estudiarán poner a disposición espectro para las tecnologías inalámbricas con potencial de mejorar el ahorro de energía y la eficiencia energética de otras redes de distribución, como la de abastecimiento de agua, incluidas las redes y los sistemas de medición inteligentes.

3. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, velará por que se garantice la puesta a disposición de espectro suficiente en condiciones armonizadas, a fin de favorecer el desarrollo de servicios de seguridad y la libre circulación de los dispositivos relacionados, así como el desarrollo de soluciones interoperables innovadoras en el ámbito de la protección y la seguridad públicas y de la protección civil y socorro en caso de catástrofe.

4. Los Estados miembros y la Comisión colaborarán con la comunidad científica y académica para determinar las iniciativas de investigación y desarrollo y las aplicaciones innovadoras que pueden tener un impacto socioeconómico importante y/o un potencial de inversión y estudiarán las necesidades de espectro de dichas aplicaciones y, cuando sea necesario, estudiarán la atribución de espectro suficiente a tales aplicaciones en condiciones técnicas armonizadas y con la mínima carga administrativa.

5. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, tratarán de garantizar las bandas de frecuencia necesarias para servicios de creación de programas y acontecimientos especiales, de conformidad con los objetivos de la Unión de mejorar la integración del mercado interior y el acceso a la cultura.

6. Los Estados miembros y la Comisión tratarán de garantizar la disponibilidad de espectro para la identificación por radiofrecuencia (RFID) y otras tecnologías de comunicación inalámbrica en el marco de la “internet de los objetos” (IO), y cooperar para promover el desarrollo de normas y la armonización de la asignación de espectro para la comunicación en el marco de la IO en los Estados miembros.

Artículo 9.- Inventario

1. Se establece un inventario de los usos de espectro existentes (para fines tanto comerciales como públicos).

Los objetivos del inventario serán:

a) permitir identificar bandas de frecuencia en las que pudiera mejorarse la eficiencia de los usos del espectro existentes;

b) ayudar a identificar bandas de frecuencia que pudieran ser adecuadas para la reasignación y las oportunidades de uso compartido del espectro, a fin de apoyar las políticas de la Unión establecidas en la presente Decisión, al tiempo que se tienen en cuenta las necesidades futuras de espectro sobre la base, entre otras cosas, de la demanda de los consumidores y los operadores, y la posibilidad de satisfacer dichas necesidades;

c) ayudar a analizar los diversos tipos de uso del espectro, tanto por los usuarios privados como públicos;

d) ayudar a determinar las bandas de frecuencia que podrían atribuirse o reatribuirse para mejorar su eficiencia, promover la innovación y reforzar la competencia en el mercado interior, estudiar nuevas vías para compartir el espectro, en beneficio tanto de los usuarios privados como públicos, teniendo en cuenta al mismo tiempo el posible impacto positivo y negativo en los usuarios actuales de la atribución o reatribución de tales bandas y de bandas adyacentes.

2. Con el fin de garantizar la aplicación uniforme del apartado 1 del presente ártículo, la Comisión, teniendo debidamente en cuenta las posiciones del Grupo de política del espectro radioeléctrico adoptará los siguientes actos de ejecución antes del 1 de julio de 2013:

a) desarrollar modalidades prácticas y formatos uniformes para la recopilación y suministro de datos por parte de los Estados miembros a la Comisión sobre los usos del espectro existentes, siempre que se observen las normas en materia de protección de la confidencialidad empresarial que figuran en el artículo 8 de la Decisión nº 676/2002/CE y el derecho de los Estados miembros a no comunicar información confidencial, teniendo en cuenta el objetivo de reducir al mínimo la carga administrativa y las obligaciones que tienen los Estados miembros en virtud de otras disposiciones de derecho de la Unión, en particular la obligación de facilitar información específica;

b) desarrollar una metodología para analizar las tendencias, necesidades futuras y demanda de tecnología en relación con el espectro en los ámbitos de las políticas de la Unión cubiertos por la presente Decisión, en particular en el campo de los servicios que podrían operar con frecuencias en la gama de frecuencias desde los 400 MHz a 6 GHz, a fin de identificar usos del espectro importantes en fase de desarrollo o potenciales.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 13, apartado 2.

3. La Comisión administrará el inventario al que se hace referencia en el apartado 1, de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el apartado 2.

4. La Comisión efectuará el análisis de las tendencias, necesidades futuras y demanda de tecnología en relación con el espectro, con arreglo a los actos de ejecución a los que se hace referencia en la letra b) del apartado 2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los resultados de dicho análisis.

Artículo 10.- Negociaciones internacionales

1. En las negociaciones internacionales relacionadas con el espectro deberán aplicarse los principios siguientes:

a) si el objeto de las negociaciones internacionales entra dentro de las competencias de la Unión, la posición de la Unión deberá establecerse con arreglo a su derecho;

b) si el objeto de las negociaciones internacionales recae en parte dentro de las competencias de la Unión y en parte dentro de las competencias de los Estados miembros, la Unión y los Estados miembros procurarán establecer una posición común de conformidad con los requisitos del principio de cooperación sincera;

A efectos de la aplicación de la letra b) del apartado 1, la Unión y los Estados miembros cooperarán de conformidad con el principio de unidad en la representación internacional de la Unión y de sus Estados miembros.

2. Siempre que se le solicite, la Unión asistirá a los Estados miembros con apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas de coordinación del espectro con países vecinos de la Unión, incluidos los países candidatos y en proceso de adhesión, de modo que los Estados miembros afectados puedan respetar sus obligaciones con arreglo al derecho de la Unión. Al prestar dicha ayuda, la Unión utilizará todas sus competencias jurídicas y políticas para fomentar la aplicación de políticas de la Unión.

La Unión también prestará su apoyo a los esfuerzos realizados por terceros países para implantar una gestión del espectro compatible con la de la Unión, a fin de salvaguardar los objetivos de la política del espectro de la Unión.

Al negociar con terceros países en un entorno bilateral o multilateral, los Estados miembros estarán vinculados por las obligaciones que les incumben en virtud del derecho de la Unión. A la hora de firmar o de aceptar de cualquier otro modo cualquier obligación internacional relativa al espectro, los Estados miembros acompañarán su firma o cualquier otro acto de aceptación con una declaración conjunta en la que declaren que respetarán tales acuerdos o compromisos internacionales de conformidad con las obligaciones que les imponen el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 11.- Cooperación entre diversos organismos

1. La Comisión y los Estados miembros cooperarán con vistas a mejorar el marco institucional actual, a fin de estimular la coordinación de la gestión del espectro a escala de la Unión, en particular en asuntos que afecten directamente a dos o más Estados miembros, con objeto de desarrollar el mercado interior y asegurarse de que se alcancen plenamente los objetivos de la política del espectro de la Unión.

2. La Comisión y los Estados miembros fomentarán que los organismos de normalización, la CEPT, el Centro Común de Investigación y todas las partes pertinentes cooperen estrechamente en cuestiones técnicas a fin de promover el uso eficiente del espectro. Con este fin, mantendrán un vínculo coherente entre la gestión del espectro y la normalización, de forma que se mejore el mercado interior.

Artículo 12.- Consulta pública

Siempre que sea adecuado, la Comisión organizará consultas públicas para recabar los puntos de vista de todas las partes interesadas, así como los del público en general, sobre el uso del espectro en la Unión.

Artículo 13.- Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité del espectro radioeléctrico, establecido en virtud de la Decisión nº 676/2002/CE. Este Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 14.- Aplicación de orientaciones de las políticas y objetivos

Los Estados miembros aplicarán las orientaciones de las políticas y los objetivos políticos establecidos en la presente Decisión a más tardar el 1 de julio de 2015, salvo disposición en contrario en la misma.

Artículo 15.- Elaboración de informes y examen de la aplicación

A más tardar el 10 de abril de 2014, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las actividades desarrolladas y las medidas adoptadas de conformidad con la presente Decisión.

Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información necesaria para examinar la aplicación de la presente Decisión.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, la Comisión procederá a examinar la aplicación de la presente Decisión.

Artículo 16.- Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 17.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

 

Hecho en Estrasburgo, el 14 de marzo de 2012.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente, M. SCHULZ

Por el Consejo

El Presidente, N. WAMMEN

———————————————————————————–

 

(1) DO C 107, de 6.4.2011, p. 53.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 11 de mayo de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y posición del Consejo en primera lectura de 13 de diciembre de 2011 (DO C 46 E de 17.2.2012, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 15 de febrero de 2012 (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(4) DO L 91, de 7.4.1999, p. 10.

(5) DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

(6) DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

(7) DO L 108 de 24.4.2002, p. 1

(8) DO L 196 de 17.7.1987, p. 85.

(9) DO L 129 de 17.5.2007, p. 67.

(10) Decisión 2008/411/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 3 400 -3 800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad (DO L 144 de 4.6.2008, p. 77).

(11) Decisión 2008/477/CE de la Comisión, de 13 de junio de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 2 500 -2 690 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad (DO L 163 de 24.6.2008, p. 37).

(12) Decisión 2009/766/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2009, relativa a la armonización de las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1 800 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios paneuropeos de comunicaciones electrónicas en la Comunidad (DO L 274 de 20.10.2009, p. 32).

(13) DO L 308 de 24.11.2009, p. 24.

(14) DO L 199 de 30.7.1999, p. 59.

(15) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

(16) DO L 198 de 27.7.2002, p. 49.

(17) Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo) (DO L 196 de 24.7.2008, p. 1).

(18) Reglamento (UE) nº 911/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre el programa europeo de vigilancia de la tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) (DO L 276 de 20.10.2010, p. 1).

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Decisión del Consejo 94/824/CE , de 22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mu

Decisión del Consejo 94/824/CE , de 22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. (DO L 349 de 31.12.1994, p. 201/202).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (1) y, en particular, el apartado 7 de su artículo 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que se ha firmado en nombre de la Comunidad el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, “OMC”); que el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, “Acuerdo ADPIC”), anexo al Acuerdo OMC, contiene disposiciones detalladas sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, cuya finalidad consiste en establecer normas internacionales en este sector para promover el comercio internacional y evitar las distorsiones y fricciones comerciales debidas a la falta de una protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual;

Considerando que, para asegurarse de que toda la legislación comunitaria pertinente es plenamente conforme al Acuerdo ADPIC, la Comunidad debe adoptar determinadas medidas en relación con los actos comunitarios vigentes en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual; que estas medidas entrañan, en algunos casos, la modificación o reforma de actos comunitarios; que estas medidas implican modificar o completar actos comunitarios vigentes;

Considerando que la Directiva 87/54/CEE atañe a la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores; que los artículos 35 a 38 del Acuerdo ADPIC establecen las obligaciones de los Miembros de la OMC en materia de protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados; que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 y con el artículo 3 del Acuerdo ADPIC, la Comunidad debe garantizar que los nacionales de todos los restantes Miembros de la OMC disfrutan de dicha protección y de la concesión del trato nacional; que es, por consiguiente necesario ampliar la protección otorgada por la Directiva 87/54/CEE a los nacionales de los Miembros de la OMC sin ninguna exigencia de reciprocidad; que conviene utilizar con este fin el procedimiento del apartado 7 del artículo 3 de la citada Directiva,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:


Artículo 1

Los Estados miembros concederán la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores dispuesta por la Directiva 87/54/CEE del modo siguiente:

a) las personas físicas que sean nacionales de un miembro del Acuerdo por el que se crea la OMC, o estén domiciliadas en su territorio, recibirán el trato de nacionales de un Estado miembro;

b) las personas físicas o jurídicas con un establecimiento real y efectivo para la elaboración de topografías o la producción de circuitos integrados en el territorio de un miembro del Acuerdo por el que se crea la OMC tendrán la consideración de personas físicas o jurídicas con un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de un Estado miembro.

Artículo 2

1. La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 1995.

2. Será aplicable a partir del 1 de enero de 1996.

3. En la fecha de aplicación de la presente Decisión quedarán derogadas las disposiciones de la Decisión 90/510/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativa a la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a personas de determinados países y territorios (2) que ampliaban la protección otorgada por la Directiva 87/54/CEE a países o territorios que son parte en el Acuerdo por el que se crea la OMC.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.

Por el Consejo

El Presidente

H. SEEHOFER

———————————————————————————————–
(1) DO nº L 24 de 27. 1. 1987, p. 36.(2) DO nº L 285 de 17. 10. 1990, p. 29. Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 93/17/CEE (DO nº L 11 de 19. 1. 1993, p. 22.)

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret no 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement auto

Décret no 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d'informations nominatives du bureau national SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé gestion électronique de documents”.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé SIRENE ;

Vu le décret no 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er. – Le bureau national SIRENE créé par le décret du 23 mars 1995 susvisé est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé ” gestion électronique de documents “ (GED) des informations concernant des signes physiques en tant qu'éléments de signalement, qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS), ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 2. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense, Alain Richard

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l

Décret nº 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004.

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;

Vu la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 décembre 2006 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 septembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier. Dispositions modifiant le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 1er. – Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2. – L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

” Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

” Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour. “

Article 3. – Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

” Article 6-1. – I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.

Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

II. – La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. “

Article 4. – I. – Aux troisième et sixième alinéas de l’article 8, aux premiers alinéas des articles 15, 28 et 30, aux articles 42 et 45, au premier alinéa de l’article 53, au deuxième alinéa de l’article 66, au dernier alinéa de l’article 73, au premier alinéa de l’article 75, à l’article 76 et au dernier alinéa de l’article 78, les mots : ” lettre recommandée avec demande d'avis de réception “ sont remplacés par les mots : ” lettre remise contre signature “.

II. – A l’article 55, les mots : ” lettre recommandée avec accusé de réception ” sont remplacés par les mots : ” lettre remise contre signature “.

III. – Au second alinéa de l’article 86, les mots : ” sous pli recommandé sans avis de réception “ sont remplacés par les mots : ” par lettre remise contre signature “.

Article 5. – L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

” Article 16. – I. – Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l’article 29 de la même loi.

” II. – Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :

” 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;

” 2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

” 3° Le ou les services chargés de la mise en œuvre du traitement ;

” 4° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès indirect prévu à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

” 5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

” 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

” 7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements. “

Article 6. – Le titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

” Chapitre VI

” Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement

” Article 41-1. – Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel demandant une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre du troisième alinéa de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée présente sa demande selon les modalités prévues aux articles 7 à 11 et 15 à 19 du présent décret.

” La demande d'autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du récépissé de déclaration prévue au I de l’article 23 de la même loi. “

Article 7. – Au second alinéa de l’article 75, le mot : ” national “ est remplacé par le mot : “métropolitain”.

Article 8. – L’article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :

” Article 81. – I. – Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l’article 39 ou du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).

” II. – Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). “

Article 9. – L’article 82 est abrogé.

Article 10. – Le deuxième alinéa de l’article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :

” Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent. “

Article 11. – Après l’article 87, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :

” Article 87-1. – I. – Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné au I de l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :

” La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

” II. – Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :

” Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé. “

Article 12. – Au second alinéa de l’article 89, les mots : ” et après accord du procureur de la République ” sont supprimés.

Article 13. – I. – Les titres VI, VII et VIII deviennent respectivement les titres VIII, IX et X.

II. – L’article 92 est abrogé.

III. – Les articles 90 et 91 deviennent respectivement les articles 110 et 111 et les articles 93 à 100 deviennent respectivement les articles 112 à 119.

Article 14. – Après l’article 89, il est inséré un titre VI dont l'intitulé est ainsi rédigé :

” TITRE VI. DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES

” Chapitre Ier. L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements

” Article 90. – Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.

” Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.

” Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

” Article 91. – Les informations figurant au 7° du I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l’article 90, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :

” 1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;

” 2° La nature des données transférées ;

” 3° La finalité du transfert envisagé ;

” 4° La ou les catégories de destinataires des données ;

” 5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :

” a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l’article 108, il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;

” b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 68 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l’article 69 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.

” Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l’article 94.

” Chapitre II. Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

” Section 1. Dispositions communes

” Article 92. – Les demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

” Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49 et 50, le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

” Article 93. – Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

” Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

” Article 94. – Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.

” Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

” Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.

” Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

” Article 95. – Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.

” Section 2. Dispositions particulières au droit d'opposition

” Article 96. – Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'intéressé est mis en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses.

” Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, l'intéressé est mis en mesure d'exercer son droit d'opposition avant la fin de la collecte des données le concernant.

” Article 97. – Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.

” Section 3. Disposition particulière au droit d'accès direct

” Article 98. – La demande d'accès peut être effectuée par écrit.

” Lorsque le responsable du traitement permet la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.

” Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.

” Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.

” Section 4. Dispositions particulières au droit de rectification

” Article 99. – Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.

” Article 100. – Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille. “

Article 15. – Après l’article 100, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

” TITRE VII. DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

” Chapitre Ier. ” Formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel

” Article 101. – Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10° du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :

” 1° Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;

” 2° La ou les finalités générales du transfert ;

” 3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;

” 4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;

” 5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;

” 6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.

” Article 102. – Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l’article 108 et qu'il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1° à 6° de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l’article 101, laquelle de ces exceptions il invoque.

” Article 103. – Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l'avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l’article 101, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

” La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III de l’article 25 de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l’article 28 de la même loi.

” Article 104. – Les informations prévues aux articles 101 à 103 sont adressées à la commission dans les conditions prévues à l’article 8.

” Article 105. – Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en œuvre d'un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101 à 103, y compris pour les transferts de données issues d'un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II ou du III de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d'un traitement autorisé en application du II de l’article 25 de la même loi.

” Le responsable d'un traitement visé au III de l’article 22 de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.

” Article 106. – En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101 à 103, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l’article 8.

” Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l’article 91 que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.

” Chapitre II. Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes

” Article 107. – Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.

” Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.

” Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.

” La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.

” Article 108. – La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

” Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.

” Article 109. – Lorsque les avis émis en application de l'avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l'objet d'une dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l’article 83. “

Article 16. – I. – L’article 111 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 4°, les mots : ” 61 et 89 ” sont remplacés par les mots : ” 61 et 87-1 “ ;

2° Il est ajouté les alinéas suivants :

” 8° Au premier alinéa de l’article 94, les mots : “dans le délai de deux mois” sont remplacés par les mots : “dans le délai de trois mois” ;

” 9° A l’article 100, les mots : “par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille” sont remplacés par les mots : “par tous moyens”. “

II. – A l’article 113, les mots : ” L’article R. 555-1 du code de justice administrative est applicable ” sont remplacés par les mots : ” Les articles R. 555-1 et R. 55-2 du code de justice administrative sont applicables “.

Article 17. – Dans l'intitulé du décret, les mots : ” , modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 sont supprimés.

Chapitre II. Dispositions finales

Article 18. – Au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire), il est inséré, après l’article R. 555-1, un article R. 555-2 ainsi rédigé :

” Article R. 555-2. – Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l’article 39 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l’article L. 521-3. “

Article 19. – Le décret nº 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l’article 35 (alinéa 2) de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.

Article 20. – Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21. – Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Par le Premier ministre : Dominique de VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal CLÉMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense, Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry BRETON

Le ministre de l'outre-mer, François BAROIN

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo», al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 16 de junio de 2004 sobre las comun

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo”, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 16 de junio de 2004 sobre las comunicaciones comerciales no solicitadas o “spam” (DOUE C 318, 22/12/2004) (2004/C 318/08).

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Vista la Comunicación de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las comunicaciones comerciales no solicitadas o “spam” (COM(2004) 28 final),

Vista la decisión de la Comisión Europea, de 22 de enero de 2004, de consultarle, de conformidad con el primer párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la decisión de su Presidente de 5 de abril de 2004 de encargar a la Comisión de Cultura y Educación la elaboración de un dictamen sobre este asunto,

Visto su Dictamen sobre el “Seguimiento al plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales” y la “Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión no 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales” (CDR 140/2002 fin) (1),

Visto su Dictamen sobre la “Adopción de un programa plurianual (2003-2005) para el seguimiento de eEurope, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información (MODINIS)” (CDR 252/2002 fin) (2),

Visto su Dictamen sobre el “Informe de evaluación comparativa de la acción eEurope 2002” (COM(2002) 62 final) y “eEurope 2005: Una sociedad de la información para todos” (CDR 136/2002 fin) (3),

Visto su Dictamen sobre “Un marco común para la firma electrónica” (CDR 332/98 fin) (4),

Visto su Dictamen sobre el “Sexto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones” (CDR 52/2001 fin) (5),

Visto su Dictamen sobre el “Seguimiento del Libro Verde sobre la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información acompañada de una propuesta de Recomendación del Consejo” y la “adopción de un plan de acción para fomentar la seguridad en la utilización de Internet” (CDR 54/98 fin) (6),

Visto su Dictamen sobre una “Iniciativa europea de comercio electrónico” (CDR 350/97 fin) (7),

Visto su Dictamen sobre la “Seguridad de las redes y de la información: Propuesta para un enfoque político europeo” (CDR 257/2001 fin) (8),

Visto su Dictamen sobre la “Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos – eEurope 2002” (COM(2000) 890 final) (CDR 88/2001 fin) (9),

Visto su proyecto de Dictamen (CDR 69/2004 rev. 1) aprobado por la Comisión de Cultura y Educación el 5 de abril de 2004 (ponente: Sra. KEMP, Miembro del Consejo de Berkshire Occidental (UK-PPE);

Considerando que:

1) las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico, también denominadas “spam”, han alcanzado proporciones inquietantes, habiendo aumentado desde el 7 % del tráfico mundial de correo electrónico que se calculaba que representaba en 2001 hasta el 50 % actual,

2) el “spam” constituye no sólo un problema en términos de intimidad, fraude a los consumidores,
protección de los menores y dignidad humana, sino que también constituye una amenaza de
carácter comercial que genera costes suplementarios para las empresas y pérdida de productividad, a la vez que amenaza con socavar la confianza de los consumidores,

3) la UE aprobó en julio de 2002 la Directiva 2002/58/CE sobre la intimidad y las comunicaciones
electrónicas, que introdujo el principio del “registro de inclusión” para el correo electrónico, y que el plazo para su aplicación expiró el 31 de octubre de 2003,

4) aunque se trata de un primer paso, la legislación no será suficiente por sí sola para luchar contra el problema del “spam” y que se necesitan más medidas para garantizar que esta Directiva surte los
efectos deseados, ha aprobado por unanimidad en su 55º Pleno celebrado los días 16 y 17 de junio de 2004 (sesión del 16 de junio) el presente

Dictamen.

1. Observaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

1.1. coincide con la Comisión en que el “spam” es uno de los retos principales con que se enfrenta actualmente Internet, lo cual requiere no sólo una aplicación eficaz de las normas y la cooperación internacional, sino también soluciones de autorregulación y carácter técnico por parte de la industria, así como la sensibilización de la sociedad;

1.2. valora positivamente los continuos esfuerzos desplegados por la Comisión para animar a los Estados miembros a que adapten su Derecho nacional a la Directiva 2002/58/CE sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas –así como la asistencia ofrecida a los Estados miembros por la Comisión–, a la vez que espera que esta asistencia se amplíe también a los países candidatos a la adhesión tras la ampliación de mayo de 2004;

1.3. señala que el correo no solicitado está dando pie a una falta de confianza en las redes informáticas y que el volumen en el tráfico de correo electrónico está ralentizando los sistemas. Se trata de una cuestión transfronteriza e internacional, y el CDR considera que el éxito de la política comunitaria pasa exclusivamente por el acuerdo y la cooperación con las organizaciones internacionales y las demás potencias mundiales;

1.4. lamenta que la Comisión no reconozca la capacidad de interacción de los entes locales y regionales con sus sociedades y el público en general, e insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta la ayuda que los entes locales y regionales pueden prestar en la lucha contra el correo no solicitado;

1.5. hace hincapié en que los entes locales y regionales pueden actuar de muchas maneras distintas para hacer frente al “spam”. Estos entes desempeñan una función de sensibilización y divulgación informativa gracias a su proximidad a ciudadanos, organizaciones y empresas;

1.6. señala que ya ha propuesto la adopción de medidas para informar a los escolares tanto sobre los aspectos de seguridad de la sociedad de información como de las consecuencias de los delitos informáticos;

1.7. recuerda que los entes locales y regionales desempeñan una función de protección pública en su sentido más amplio;

1.8. admite que los entes locales y regionales asumen un importante papel a la hora de garantizar un desarrollo equilibrado entre el conocimiento y la sociedad de información en la Unión Europea –especialmente tras la ampliación– a fin de impulsar la cohesión económica y social en las regiones,
ciudades y barrios de toda Europa. Los entes locales y regionales se hallan en una situación única para asegurar el acceso más amplio posible a las acciones comunitarias, con especial hincapié en los grupos desfavorecidos;

1.9. reconoce que la administración local y regional asume la responsabilidad no sólo de desarrollar unos servicios públicos electrónicos en red, sino también de promover el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida (al considerarse la cultura digital una nueva cualificación básica) y la asistencia sanitaria. Las administraciones locales y regionales participan también a la hora de fomentar la seguridad de la información, desarrollar una cultura en red y servicios de contenido turístico, mejorar el acceso a los servicios en red y, naturalmente, potenciar la interoperabilidad de los procesos, tanto dentro de la administración como entre las organizaciones en general. Por lo tanto, el CDR estima que es crucial disponer de una comunicación electrónica efectiva y libre de trabas.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

2.1. solicita que se haga hincapié en lograr la participación de los países candidatos. Internet no reconoce las fronteras tradicionales entre los países y, por lo tanto, las medidas adoptadas en el ámbito europeo no deben limitarse a la participación de los Estados miembros de la UE. Las repercusiones de la falta de información sobre la seguridad de los sistemas y las redes en las regiones menos desarrolladas de Europa puede ahondar la brecha digital entre éstas y las regiones más desarrolladas y seguras;

2.2. propone que se realice un esfuerzo para garantizar un mayor compromiso por parte de los principales fabricantes mundiales de software para que investiguen la seguridad de las redes y la información, y estudien su inmediata aplicación práctica.

La seguridad ha de ser una cuestión prioritaria de los proveedores de servicios y accesos que operen en Europa en el sector de las telecomunicaciones, y se deben ampliar los vínculos con otras actividades y organizaciones fuera de la UE;

2.3. insta a la Comisión a que recurra a la capacidad de que disponen los entes locales y regionales para comunicarse con los ciudadanos en el ámbito local. Por ejemplo, las bibliotecas, centros comunitarios y otros edificios municipales brindan una gran oportunidad para sensibilizar y ofrecer acceso público a la información. Estas instalaciones ofrecen un contacto directo con el público, incluidos los grupos desfavorecidos;

2.4. sugiere que muchos de los problemas relacionados con el uso seguro de Internet podrían resolverse a escala local, en particular mediante un intenso esfuerzo educativo destinado a
sensibilizar sobre esta materia. Los entes locales y regionales pueden hacer pública toda la información relativa a la lucha contra el correo no solicitado;

2.5. propone que las escuelas, en el marco de sus obligaciones educativas, promuevan la sensibilización concreta de los jóvenes sobre los aspectos de la sociedad de la información
relacionados con la seguridad;

2.6. propone que los entes locales y regionales recurran a sus contactos con organizaciones empresariales para animarlas a emprender acciones positivas contra el “spam”;

2.7. quiere destacar también la importancia que reviste la cooperación dentro de la UE y, en particular, el papel que desempeña el nivel de gobierno local y regional para garantizar
esta cooperación.

Bruselas, 16 de junio de 2004.

El Presidente del Comité de las Regiones, Peter STRAUB

———————————————————————————————

(1) DO C 73 de 26.3.2003, p. 34.

(2) DO C 128 de 29.5.2003, p. 19.

(3) DO C 128 de 29.5.2003, p. 14.

(4) DO C 93 de 6.4.1999, p. 33.

(5) DO C 19 22.1.2002, p. 1

(6) DO C 251 de 10.8.1998, p. 51.

(7) DO C 180 de 11.6.1998, p. 19.

(8) DO C 107 de 3.5.2002, p. 89.

(9) DO C 107 de 3.5.2002, p. 85.

01Ene/14

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Según las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el principio del reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión, puesto que un mayor reconocimiento mutuo y la necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la cooperación entre las autoridades competentes y la protección judicial de los derechos individuales.

(2) El 29 de noviembre de 2000 el Consejo, de conformidad con las conclusiones de Tampere, adoptó un Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (3). En la introducción del programa se afirma que el reconocimiento mutuo “debe permitir que se refuerce la cooperación entre Estados miembros, así como la protección de los derechos de las personas”.

(3) La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El grado de reconocimiento mutuo depende en gran medida de una serie de parámetros, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definición de normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

(4) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino también todos los participantes en el proceso penal consideren las resoluciones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en la adecuación de las normas de los otros Estados miembros, sino también en que dichas normas se aplican correctamente.

(5) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “la Carta”) y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, “el CEDH“) consagran el derecho a un juicio equitativo. El artículo 48, apartado 2, de la Carta garantiza el respeto de los derechos de la defensa.

(6) El artículo 6 de la Carta y el artículo 5 del CEDH consagran el derecho a la libertad y la seguridad de las personas. La limitación de este derecho no puede ir más allá de lo permitido de conformidad con el artículo 5 del CEDH y según se infiere de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(7) Aunque todos los Estados miembros son partes en el CEDH, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí solo, ello no siempre aporta el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros.

(8) El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas sobre la protección de las garantías y los derechos procesales derivados de la Carta y del CEDH.

(9) El artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone el establecimiento de normas mínimas aplicables en los Estados miembros a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza. El artículo 82, apartado 2, párrafo segundo, letra b), menciona “los derechos de las personas durante el proceso penal” entre los ámbitos en los que pueden establecerse normas mínimas.

(10) Las normas mínimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez debe propiciar una cooperación judicial más eficaz en un clima de confianza recíproca. Deben establecerse tales normas mínimas comunes en el ámbito de la información en los procesos penales.

(11) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una resolución sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales (denominado en lo sucesivo “el plan de trabajo”) (4). Adoptando un enfoque gradual, el plan de trabajo abogó por la adopción de medidas relativas al derecho a la interpretación y a la traducción (medida A), al derecho a la información sobre los derechos e información sobre los cargos (medida B), el derecho al asesoramiento jurídico y justicia gratuita (medida C), el derecho de una persona detenida a comunicarse con sus familiares, con su empleador y con las autoridades consulares (medida D), y a las salvaguardias especiales para las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables (medida E). En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es meramente indicativo, por lo que puede modificarse en función de las prioridades. El plan de trabajo se ha concebido para funcionar como un todo indisociable, de modo que solo cuando todos sus componentes se hayan puesto en práctica se percibirán plenamente sus beneficios.

(12) El 11 de diciembre de 2009 el Consejo Europeo acogió favorablemente el plan de trabajo y lo incorporó al programa de Estocolmo [Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (5) (punto 2.4)]. El Consejo Europeo subrayó el carácter no exhaustivo del plan de trabajo e invitó a la Comisión a examinar nuevos elementos de los derechos procesales mínimos de las personas sospechosas y acusadas, y a evaluar la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunción de inocencia, para fomentar una mejor cooperación en ese ámbito.

(13) La primera medida que se aprobó en virtud del plan de trabajo, la medida A, fue la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (6).

(14) La presente Directiva guarda relación con la medida B del plan de trabajo. Establece normas mínimas comunes de aplicación en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, con vistas a mejorar la confianza recíproca entre los Estados miembros. La presente Directiva se fundamenta en los derechos recogidos en la Carta, y en particular en sus artículos 6, 47 y 48, desarrollando lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del CEDH según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la presente Directiva el término “acusación” se utiliza para describir el mismo concepto a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del CEDH.

(15) En su Comunicación de 20 de abril de 2010 titulada “Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos; Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo”, la Comisión anunció la presentación de una propuesta sobre información sobre derechos e información sobre los cargos en 2010.

(16) La presente Directiva debe aplicarse a las personas sospechosas y acusadas, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad.

(17) En algunos Estados miembros una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal es competente para imponer sanciones cuando se trata de infracciones relativamente menores. Ese puede ser el caso, por ejemplo, en relación con infracciones de tráfico cometidas a gran escala, y que puedan ser detectadas como consecuencia de un control de tráfico. En ese tipo de situaciones no sería razonable exigir a la autoridad competente que garantice todos los derechos protegidos por la presente Directiva. En caso de que la legislación de un Estado miembro prevea la imposición de una sanción para infracciones menores por parte de una autoridad de ese tipo, y exista o el derecho de recurso o, en su defecto, la posibilidad de remitir el caso a un tribunal con competencia en materia penal, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos ante dicho tribunal a raíz del recurso o la remisión en cuestión.

(18) El derecho a la información sobre los derechos procesales (que se infiere de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) debe quedar explícitamente establecido en la presente Directiva.

(19) Las autoridades competentes deben informar a las personas sospechosas o acusadas con prontitud, ya sea oralmente o por escrito, de los derechos, previstos con arreglo al Derecho nacional, que son esenciales para salvaguardar un proceso justo, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva. Con objeto de que esos derechos puedan ejercerse de manera práctica y efectiva, dicha información debe proporcionarse con prontitud durante el proceso y, a más tardar, antes del primer interrogatorio oficial de la persona sospechosa o acusada por parte de la policía o de otra autoridad competente.

(20) En la presente Directiva se establecen normas mínimas respecto a la información sobre los derechos de las personas sospechosas o acusadas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la información que se debe proporcionar sobre otros derechos procesales derivados de la Carta, el CEDH, el Derecho nacional y la legislación aplicable de la Unión según la interpretación de los órganos jurisdiccionales competentes. Una vez que se haya proporcionado la información sobre un determinado derecho, las autoridades competentes no deben estar obligadas a repetirlo, a menos que así lo exijan las circunstancias específicas del caso o las normas específicas establecidas en la legislación nacional.

(21) Cuando la presente Directiva se refiera a personas sospechosas o acusadas detenidas o privadas de libertad, ello debe entenderse como cualquier situación en la que, durante un proceso penal, una persona sospechosa o acusada se ve privada de su libertad en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c), del CEDH, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(22) Cuando se detenga o prive de libertad a una persona sospechosa o acusada, se le debe dar información sobre los derechos procesales aplicables mediante una declaración de derechos redactada en términos fácilmente inteligibles para ayudarle a que comprenda realmente sus derechos. Dicha declaración de derechos debe proporcionarse con prontitud a toda persona detenida cuando se vea privada de libertad a raíz de la intervención de las autoridades policiales en el contexto de un proceso penal. Debe incluir información básica relativa a las posibilidades de impugnar la legalidad de la detención, obtener una revisión de la misma o solicitar la libertad provisional, siempre que tal derecho exista en la legislación nacional. A fin de ayudar a los Estados miembros a elaborar esa declaración de derechos, en el anexo I figura un modelo de declaración. Se trata de un modelo indicativo que puede ser objeto de revisión en el contexto del informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva y también cuando hayan entrado en vigor todas las medidas del plan de trabajo. La declaración de derechos puede incluir otros derechos procesales aplicables en los Estados miembros.

(23) Cada Estado miembro determina en su Derecho nacional las condiciones y normas específicas relativas al derecho de las personas sospechosas o acusadas de informar a otra persona acerca de la detención o privación de libertad. Tal como se establece en el plan de trabajo, el ejercicio de este derecho no debe perjudicar al curso normal de los procesos penales.

(24) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la seguridad de las personas retenidas en centros de detención.

(25) Los Estados miembros deben garantizar que, al facilitar información de conformidad con la presente Directiva, la persona sospechosa o acusada tenga acceso, cuando sea necesario, a la interpretación y la traducción en una lengua que comprenda, de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 2010/64/UE.

(26) Al proporcionar a la persona sospechosa o acusada información con arreglo a lo establecido en la presente Directiva, las autoridades competentes deben prestar especial atención a las personas que no puedan comprender el contenido o el significado de la información, debido, por ejemplo, a su corta edad o a su condición mental o física.

(27) Las personas acusadas de haber cometido una infracción penal deben recibir toda la información necesaria sobre la acusación para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento.

(28) Debe facilitarse con prontitud a la persona sospechosa o acusada la información acerca de la infracción penal que se sospecha ha cometido o de cuya comisión se le acusa, a más tardar antes de su primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad competente, y sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones en curso. Debe facilitarse una descripción de los hechos constitutivos de infracción penal incluyendo, si se conocen, el lugar y la hora así como la posible tipificación jurídica, de forma suficientemente detallada, teniendo en cuenta la fase del proceso penal en la que se facilite esa descripción, a fin de salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa.

(29) Si, durante el proceso penal, los detalles de la acusación cambian hasta el punto de afectar sustancialmente a la posición de la persona sospechosa o acusada, esta debe ser informada de ello cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del proceso y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa.

(30) Los documentos y, si procede, fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo, que resulten fundamentales para impugnar de forma efectiva la legalidad de la detención o privación de libertad de una persona sospechosa o acusada, con arreglo a la legislación nacional, deben ponerse a disposición de esta o de su abogado a más tardar antes del momento en que una autoridad judicial competente deba decidir sobre la legalidad de la detención o privación de libertad de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del CEDH, y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo del derecho a impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

(31) A efectos de la presente Directiva, el acceso a las pruebas materiales, tal como las define la legislación nacional, ya sean favorables o desfavorables para la persona sospechosa o acusada y que obren en poder de las autoridades competentes responsables del expediente penal específico, debe incluir el acceso a materiales como, por ejemplo, documentos y, si procede, fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo. Las autoridades competentes pueden recoger dichos materiales en un archivo de expedientes o conservarlos de cualquier modo adecuado de conformidad con la legislación nacional.

(32) El acceso a las pruebas materiales, ya sean favorables o desfavorables a la persona sospechosa o acusada, que obren en poder de las autoridades competentes, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva, puede ser denegado, de conformidad con la legislación nacional, cuando dicho acceso pueda dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o, cuando la denegación del acceso es estrictamente necesaria para defender un interés público importante. La denegación de dicho acceso debe sopesarse con los derechos de la defensa de la persona sospechosa o acusada, teniendo en cuenta las distintas fases del proceso penal. Las limitaciones a dicho acceso deben interpretarse de forma estricta y conforme al principio del derecho a un juicio equitativo, con arreglo al CEDH y a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(33) El derecho de acceso a los materiales del expediente se entiende sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la protección de los datos personales y el paradero de testigos protegidos.

(34) El acceso a los materiales del expediente, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, debe ofrecerse de forma gratuita, sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales que exijan el pago de tasas por la copia de documentos del expediente o por los costes de envío de los materiales a la persona interesada o a su abogado.

(35) Cuando se proporcione información con arreglo a la presente Directiva, las autoridades competentes deben hacerlo constar de conformidad con los procedimientos de registro en vigor según la legislación nacional, sin ninguna obligación adicional de introducir nuevos mecanismos ni aumentar las cargas administrativas.

(36) Una persona sospechosa o acusada, o su abogado, debe tener derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información contemplada o determinados materiales del expediente con arreglo a la presente Directiva, o bien se hayan negado a hacerlo. Este derecho no conlleva para los Estados miembros la obligación de prever un procedimiento específico de recurso, un mecanismo o procedimiento de reclamación aparte mediante el cual pueda impugnarse ese hecho.

(37) Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en cuanto a la organización del poder judicial en la Unión, los Estados miembros deben facilitar o fomentar la formación adecuada a los funcionarios competentes respecto a los objetivos de la presente Directiva.

(38) Los Estados miembros deben emprender todas las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva. Para lograr una aplicación práctica y efectiva de algunas de las disposiciones, como la obligación de proporcionar a la persona sospechosa o acusada información sobre sus derechos en un lenguaje sencillo y accesible, pueden utilizarse diversos medios, entre ellos medidas no legislativas como la adecuada formación de las autoridades competentes o la redacción de la declaración de derechos en un lenguaje sencillo y no técnico que pueda ser fácilmente comprendido por una persona lega carente de conocimientos de Derecho procesal penal.

(39) El derecho a la información escrita sobre los derechos en el momento de la detención previstos en la presente Directiva se debe también aplicar, mutatis mutandis, a las personas detenidas a efectos de la ejecución de una orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (7).  A fin de ayudar a los Estados miembros a elaborar una declaración de derechos para dichas personas, en el anexo II figura un modelo. Se trata de un modelo indicativo que puede ser objeto de revisión en el contexto del informe de la Comisión sobre la aplicación de la presente Directiva y también cuando hayan entrado en vigor todas las medidas del plan de trabajo.

(40) La presente Directiva debe establecer normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en ella para proporcionar un mayor nivel de protección también en situaciones no explícitamente contempladas en la presente Directiva. El nivel de protección nunca debe ser inferior al de las normas contempladas en el CEDH, tal como se interpretan en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(41) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta. En particular, la presente Directiva aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa. Debe ser aplicada en consecuencia.

(42) Las disposiciones de la presente Directiva, que correspondan a los derechos garantizados por el CEDH, deben interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, con arreglo a su interpretación por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(43) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer normas mínimas comunes sobre el derecho a la información en los procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(44) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros han notificado su voluntad de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(45) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1.- Objeto

La presente Directiva establece normas relativas al derecho de las personas sospechosas o acusadas a recibir información sobre sus derechos en los procesos penales y sobre las acusaciones formuladas contra ellas. Establece también el derecho a la información sobre sus derechos de las personas objeto de la ejecución de una orden de detención europea.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplica desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si la persona sospechosa o acusada ha cometido o no la infracción penal, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.

2. En caso de que la legislación de un Estado miembro prevea la imposición de sanciones por infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanción pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, la presente Directiva solo se aplicará al proceso ante dicho tribunal a raíz del recurso en cuestión.

Artículo 3.- Derecho a la información sobre los derechos

1. Los Estados miembros garantizarán que las personas sospechosas o acusadas reciban con prontitud información acerca, como mínimo, de los siguientes derechos procesales según se apliquen con arreglo a la legislación nacional, a fin de permitir su ejercicio efectivo:

a) el derecho a tener acceso a un abogado;

b) el eventual derecho a recibir asistencia letrada gratuita y las condiciones para obtenerla;

c) el derecho a ser informado de la acusación, de conformidad con el artículo 6;

d) el derecho a interpretación y traducción;

e) el derecho a permanecer en silencio.

2. Los Estados miembros garantizarán que la información establecida en el apartado 1 se proporcione verbalmente o por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables.

Artículo 4.- Declaración sobre los derechos en el momento de la detención

1. Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad reciba con prontitud una declaración de derechos escrita. Se le dará ocasión de leer la declaración de derechos y se le permitirá conservarla en su poder durante todo el tiempo que dure la privación de libertad.

2. Además de la información que figura en el artículo 3, la declaración de derechos a la que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo contendrá información acerca de los siguientes derechos, tal como se apliquen con arreglo a la legislación nacional:

a) el derecho de acceso a los materiales del expediente;

b) el derecho a informar a las autoridades consulares y a una persona;

c) el derecho de acceso a atención médica urgente, y

d) el máximo número de horas o días que una persona sospechosa o acusada puede estar privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial.

3. La declaración de derechos contendrá, asimismo, información básica relativa a las posibilidades, con arreglo a la legislación nacional, de impugnación de la legalidad de la detención, obtención de una revisión de la misma, o solicitud de la libertad provisional.

4. La declaración de derechos se redactará en términos sencillos y accesibles. En el anexo I figura un modelo indicativo de tal declaración.

5. Los Estados miembros garantizarán que la persona sospechosa o acusada reciba una declaración de derechos escrita en una lengua que comprenda. Cuando no se disponga de la declaración de derechos en la lengua apropiada, se informará a la persona sospechosa o acusada de sus derechos oralmente, en una lengua que comprenda. Posteriormente se le deberá entregar, sin demora indebida, una declaración de derechos en una lengua que comprenda.

Artículo 5.- Declaración sobre los derechos en el marco del procedimiento de la orden de detención europea

1. Los Estados miembros garantizarán que toda persona que sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención europea reciba con prontitud una declaración de derechos adecuada que contenga información sobre sus derechos de conformidad con la legislación de aplicación de la Decisión Marco 2002/584/JAI en el Estado miembro que la ejecuta.

2. La declaración de derechos estará redactada en un lenguaje sencillo y accesible. Un modelo indicativo de tal declaración figura en el anexo II.

Artículo 6.- Derecho a recibir información sobre la acusación

1. Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada reciba información sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido.

Esta información se facilitará con prontitud y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa.

Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad sea informada de los motivos de su detención o privación de libertad, incluida la infracción penal que se sospecha que ha cometido o de la que se le acusa.

3. Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal, se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada.

4. Los Estados miembros garantizarán que se informe con prontitud a la persona sospechosa o acusada sobre cualquier cambio que se produzca en la información facilitada de conformidad con el presente artículo cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del procedimiento.

Artículo 7.- Derecho de acceso a los materiales del expediente

1. Cuando una persona sea objeto de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad.

2. Los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el acceso a los materiales mencionados en el apartado 2 se concederá con la debida antelación que permita el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa y a más tardar en el momento en que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal. Si llegan a poder de las autoridades competentes más pruebas materiales, se concederá acceso a las mismas con la debida antelación para que puedan ser estudiadas.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio para el derecho a un juicio equitativo, podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como en los casos en que se corre el riesgo de perjudicar una investigación en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal. Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, sea un tribunal quien adopte la decisión de denegar el acceso a determinados materiales con arreglo al presente apartado o, por lo menos, que dicha decisión se someta a control judicial.

5. El acceso en virtud del presente artículo se facilitará gratuitamente.

Artículo 8.- Verificación y recursos

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se proporcione a la persona sospechosa o acusada información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 a 6, ello se haga constar mediante el procedimiento de registro conforme a la legislación del Estado miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros garantizarán que la persona sospechosa o acusada, o su abogado, tenga derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información de conformidad con la presente Directiva o se hayan negado a hacerlo.

Artículo 9.-Formación

Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización del sistema judicial en la Unión, los Estados miembros exigirán a las personas encargadas de la formación de los jueces, fiscales y personal policial y judicial que intervienen en los procesos penales que ofrezcan la formación adecuada con respecto a los objetivos de la presente Directiva.

Artículo 10.- No regresión

Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de que limita cualquier derecho o garantía procesal que estén reconocidos al amparo de la Carta, del CEDH y de otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que garanticen un nivel de protección más elevado, ni de que es una excepción a dichos derechos y garantías procesales.

Artículo 11.- Incorporación al Derecho nacional

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 2 de junio de 2014.

2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión el texto de dichas medidas.

3. Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 12.- Informe

A más tardar el 2 de junio de 2015, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluará en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

Artículo 13.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

 

Hecho en Estrasburgo, el 22 de mayo de 2012.

Por el Parlamento Europeo, El Presidente M. SCHULZ

Por el Consejo, El Presidente N. WAMMEN

——————————————————————————————————————- 

(1) DO C 54 de 19.2.2011, p. 48.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de abril de 2012.

(3) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

(4) DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.

(5) DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

(6) DO L 280 de 26.10.2010, p. 1

(7) DO L 190 de 18.7.2002, p. 1

01Ene/14

Access to Information Act 2005. (Uganda Gazette nº 42 Volume XCVIII dated 19th July, 2005).

An Act to provide for the right of access to information pursuant to article 41 of the Constitution; to prescribe the classes of information referred to in that article; theprocedure for obtaining access to that information, and for related matters.

PART I .- PRELIMINARY.

 

1.- Short title and commencement.

(1) This Act may be cited as the Access to Information Act, 2005.

(2) This Act shall come into force on a day to be appointed by the Minister by statutory instrument and different days may be appointed for the commencement of different provisions.

(3) The Minister shall in any case ensure that the whole of the Act comes into forcewithin the current financial year.

 

2.- Application.

(1) This Act applies to all information and records of Government ministries, departments, local governments, statutory corporations and bodies, commissions and other Government organs and agencies, unless specifically exempted by this Act.

(2) This Act does not apply to:

(a) Cabinet records and those of its committees;

(b) records of court proceedings before the conclusion of the case; or

(3) Nothing in this Act detracts from the provisions of any other written law giving a right of access to the record of a public body.

3.- Purpose of Act.

The purpose of this Act is :

(a) to promote an efficient, effective, transparent and accountable Government;

(b) to give effect to article 41 of the Constitution by providing the right of access to information held by organs of the State, other than exempt records and information;

(c) to protect persons disclosing evidence of contravention of the law, maladministration or corruption in Government bodies;

(d) to promote transparency and accountability in all organs of the State by providing the public with timely, accessible and accurate information; and

(e) to empower the public to effectively scrutinise and participate in Government decisions that affect them.

4.- Interpretation.

In this Act, unless the context otherwise requires :

“court” means the Chief Magistrates. Court or the High Court;

“currency point” means the value specified in relation to a currency point in the Schedule;

“information” includes written, visual, aural and electronic information;

“information officer” means the Chief executive of a public body;

“manual” means the manual of functions of, and index of records held by a public body, compiled under section 7;

“Minister” means the Minister to whom the functions of the Minister under this Act have for the time being been assigned by the President;

“prescribed” means prescribed by regulations made under section 47;

“privacy” means the right of a person to keep his or her matters and relationships secret;

“proprietary information” means information relating to any manufacturing process, trade secret, trademark, copyright, patent or formula protected by law or by International Treaty to which Uganda is a party;

“public body” includes a government, ministry, department, statutory corporation, authority or commission;

“record” means any recorded information, in any format, including an electronic format in the possession or control of a public body, whether or not that body created it;

“relevant authority” means the Minister responsible for that public body or the person designated in writing by that Minister;

“request for access” means a request for access to a record of a public body under section 11;

“Rules Committee” means the Rules Committee established by section 40 of the Judicature Act;

“security” means the protection of Uganda against threats such as crime, criminals and attacks by foreign countries;

“sovereignty” means the supremacy of the state;

“third party” in relation to a request for access, means any person, including but not limited, to the government of a foreign state, an international organisation or an organ of that government or organisation, other than :

(a) the person requesting the record; and

(b) a public body.

 

PART II .- ACCESS TO INFORMATION AND RECORDS.

 

5.- Right of access.

(1) Every citizen has a right of access to information and records in the possession of the State or any public body, except where the release of the information is likely to prejudice the security or sovereignty of the State or interfere with the right to the privacy of any other person.

(2) For the avoidance of doubt, information and records to which a person is entitled to have access under this Act shall be accurate and upto date so far as is practicable.

6.- Access to information and records.

A person´s right of access is, subject to this Act, not affected by :

(a) any reason the person gives for requesting access; or

(b) the information officer´s belief as to what the person´s reasons are for requesting access.

7.- Manual of functions and index of records of public body.

(1) Within six months after the commencement of this section or the coming into existence of a public body, the information officer of the public body shall compile a manual containing :

(a) a description of the public body and the functions of the public body;

(b) the postal and street address, phone and fax number and electronic mail address of the information officer of the body and of every deputy information officer;

(c) the address of the established office of the public body at which the public may make requests and obtain information;

(d) sufficient detail, including the nature of all formal and informal procedures available to facilitate a request for access;

(e) a description of the subjects on which the body holds records and the categories of records held on each subject;

(f) the most recent notice published under section 8, if any, regarding the categories of records of the body which are available without a person having to request access under this Act;

(g) a description of the services available to members of the public from the body and how to gain access to those services;

(h) a description of any arrangement or provision for a person by consultation, making representations or otherwise, to participate in or influence :

(i) the formulation of policy; or

(ii) the exercise of the powers or performance of duties, by the body;

(i) a description of all remedies available in respect of an act or a failure to act by the body; and

(j) such other information as may be prescribed.

(2) A public body shall update and publish its manual at least once in every two years.

(3) Each manual shall be made available as prescribed.

 

8.- Disclosure and automatic availability of certain records.

An information officer shall, once in every two years, publish a description of :

(a) the categories of records of the public body that are automatically available without a person having to request access under this Act, including the categories available :

(i) for inspection under a written law other than this Act;

(ii) for purchase or copying from the public body; and

(iii)from the public body free of charge; and

(b) how to obtain access to those records.

 

9.- Information in directory.

The Minister shall ensure the publication in every directory issued for general use by the public, of the postal and street address, phone and fax number and electronic mail address of the information officer of every public body.

10.- Information officers

For the purposes of this Act, the Chief Executive of each public body shall be responsible for ensuring that records of the public body are accessible under this Act.

11.- Form of request.

(1) A request for access to a record or information shall be in writing in the prescribed form to the information officer of the public body in control of the record or information required and shall provide sufficient details to enable an experienced employee of the body to identify the record or information.

(2) The form for a request of access prescribed under subsection (1) shall require the person requesting access :

(a) to provide sufficient particulars to enable the information officer to identify :

(i) the record or records requested; and

(ii) the person requesting the information;

(b) to indicate which applicable form of access referred to in section 20(2) is required;

(c) to specify the address of the person requesting the information; and

(d) if the request is made on behalf of a person, to state the capacity in which the person requesting the information is making the request.

(3) A person who, because of illiteracy or disability is unable to make a request for access in accordance with subsection (1) may make that request orally.

(4) The information officer of a public body to whom an oral request is made under subsection (3) shall reduce the request to writing in the prescribed form and shall provide a copy of the written request to the person requesting access.

12.- Duty to assist persons

(1) Where a person informs the information officer :

(a) that he or she wishes to make a request for access to a record of the public body of that information officer; or

(b) that he or she wishes to make a request for access to a record of another public body, the information officer shall render such reasonable assistance, free of charge, as is necessary to enable that person to comply with section 11.

(2) Where a person makes a request for access that does not comply with section 11, the information officer shall not refuse the request because of that non-compliance unless the information officer has :

(a) notified that person of an intention to refuse the request and stated in the notice :

(i) the reasons for the contemplated refusal; and

(ii) that the information officer or other official identified by the information officer would assist that person in order to make the request in a form that would remove the reasons for refusal;

(b) given the person a reasonable opportunity to seek the assistance referred to in paragraph (a)(ii);

(c) as far as reasonably possible, furnished the person requesting access with any information, including information about the records, other than information under Part III that would assist the making of the request in that form; and

(c) given the person a reasonable opportunity to confirm the request or to alter it to comply with section 11.

(3) When computing any period referred to in section 15(1), the period commencing on the date on which notice is given under subsection (2) and ending on the date on which the person confirms or alters the request for access concerned shall be disregarded.

(4) Where it is apparent, on receipt of a request for access, that the request should have been made to another public body, the information officer of the public body receiving the request shall :

(a) render any assistance necessary to enable the person requesting access to make the request to the information officer of the appropriate public body; or

(b) transfer the request in accordance with section 13, to the appropriate information officer, whichever will result in the request being dealt with sooner.

13.- Transfer of request.

(1) Where a request for access is made to the information officer of a public body in respect of which :

(a) the record is not in the possession or under the control of that body but is in the possession of another public body; or

(b) the subject matter of the record is more closely connected with the functions of another public body than those of the public body of the information officer to whom the request is made, the information officer to whom the request is made shall, as soon as reasonably possible but in any event within twenty one days after the request is received :

(i) transfer the request to the information officer of the other public body; and

(ii) if the public body of the information officer to whom the request is made is in possession of the record and considers it is helpful to do so to enable the information officer of the other public body to deal with the request, send the record or a copy of the record to that information officer.

(2) Upon the transfer of a request for access, the information officer making the transfer shall immediately notify the person requesting access of –

(a) the transfer;

(b) the reasons for the transfer; and

(c) the period within which the request shall be dealt with.

 

14.- Records that cannot be found or do not exist.

(1) Where a request for access is made to the information officer of a public body in respect of which :

(a) the record is not in the possession or under the control of the public body of that information officer and the information officer does not know which public body has possession or control of the record; or

(b) all reasonable steps have been taken to find the record requested; and

(c) there are reasonable grounds for believing that the record :

(i) is in the possession of the public body but cannot be found; or

(ii) does not exist, the information officer shall, in writing, notify the person that it is not possible to give access to that record.

(2) The notice referred to in subsection (1) shall give a full account of all steps taken to find the record in question or to determine whether the record exists, as the case may be, including all communications with every person who conducted the search on behalf of the information officer.

(3) For the purposes of this Act, the notice under subsection (1) is to be regarded as a decision to refuse a request for access to the record.

(4) Where, after notice is given under subsection (1), the record in question is found, the person requesting access shall be given access to the record unless access is refused on a ground for refusal under Part III.

15.- Deferral of access.

(1) Where the information officer determines that access may be granted to a record, but that record :

(a) is to be published within ninety days after the receipt or transfer of the request or such further period as is reasonably necessary for printing the record for the purpose of publishing it;

(b) is required by law to be published but is yet to be published; or

(c) has been prepared for submission to a public body, public officer or a particular person but is yet to be submitted, the information officer my defer giving access to the record.

(2) Where access to a record is deferred under subsection (l), the information officer shall notify the person concerned :

(a) that he or she may, within twenty one days after that notice is given, make representations to the information officer why the record is required before the publication or submission; and

(b) of the likely period for which access is to be deferred.

(3) Where a person makes representation under subsection (2)(a), the information officer shall, after due consideration of those representations, grant the request for access only if there are reasonable grounds for believing that the person will suffer substantial prejudice if access to the record is deferred for the period referred to in subsection (2)(b).

16.- Decision on request and notice

(1) The information officer to whom a request for access is made or transferred shall, subject to section 17, as soon as reasonably possible, be in any event, within twenty one days after the request is received :

(a) determine in accordance with this Act, whether to grant the request; and

(b) notify the person requesting the access of the decision and, if the person stated as required by section 11(2)(b), that he or she wishes to be informed of the decision in any other manner, inform him or her in that manner if it is reasonable possible.

(2) Where the request for access is granted, the notice under subsection (1)(b) shall state.

(a) the fee, if any, to be paid upon access;

(b) the form in which the access will be given; and

(c) that the person requesting access may lodge an internal appeal or an application with the court, as the case may be, against the access fee to be paid or the form of access granted and the procedure, including the period, for lodging the internal application or appeal, as the case may be.

(3) Where the request for access is refused, the notice under subsection (1)(b) shall :

(a) state adequate reasons for the refusal, including the provisions of this Act relied upon;

(b) exclude from any reasons stated under paragraph (a), any reference to the content of the record; and

(c) state that the person may lodge an internal appeal or an application with the Court, as the case may be, against the refusal of the request and the procedure, including the period, for lodging the internal application or appeal as the case may be.

17.- Extension of period to deal with request.

(1) The information officer to whom a request for access has been made or transferred, may extend the period of twenty one days referred to in section 16(1), in this section referred to as the “original period”, once for a further period of not more than twenty one days, if  :

(a) the request is for a large number of records or requires a search through a large number of records and compliance with the original period would unreasonably interfere with the activities of the public body concerned;

(b) the request requires a search for records in, or collection of the records from, an office of the public body not situated in the same city, town or location as the office of the information officer that cannot reasonably be completed within the original period;

(c) more than one of the circumstances contemplated in paragraphs (a) and (b) exist in respect of the request, making compliance with the original period not reasonably possible; or

(d) the person requesting for the record consents in writing to the extension.

(2) Where a period is extended under subsection (1), the information officer shall, as soon as reasonably possible, but in any case within twenty one days, after the request is received or transferred, notify the person requesting the record of the extension.

(3) A notice given under subsection (2) shall state :

(a) the period of the extension;

(b) adequate reasons for the extension, including the provisions of this Act relied upon; and

(c) that the person may lodge an internal appeal or an application with a court, as the case may be, against the extension, and the procedure, including the period, for lodging the internal appeal or application, as the case may be.

18.- Deemed refusal of request.

Where an information officer fails to give the decision on a request for access to the person concerned within the period contemplated under section 16, the information officer is, for the purposes of this Act, regarded as having refused the request.

19.- Severability

(1) Where a request for access is made for a record containing information which is required or authorized or to be refused under Part III, then every part or the record, which does not contain any such information shall be disclosed notwithstanding any other provision of this Act.

(2) Where a request for access to :

(a) a part of a record is granted; and

(b) the other part of the record is refused, in accordance with subsection (1), section 16(2), applies to paragraph (a) of this subsection and section 16(3) to paragraph (b) of this subsection.

20.- Access and forms of access.

(1) Where a person has been notified under section 16(1) that the request for access has been granted, that person shall, subject to subsections (3) and (10) :

(a) where an access fee is payable, upon payment of that fee; or

(b) where no access fee is payable, immediately, be given access in the applicable forms referred to in subsection (2) as the person indicated in the request for access.

(2) The forms of access to a record in respect of which a request of access has been granted are :

(a) if the record is in written or printed form, by supplying a copy of the record or by making arrangements for the inspection of the record;

(b) if the record is not in written or printed form :

(i) in the case of a record from which visual images or printed transcriptions of those images are capable of being reproduced by means of equipment which is ordinarily available to the public body concerned, by making arrangements to view those images or be supplied with copies or transcriptions of them;

(ii) in the case of a record in which words or information are recorded in a manner that they are capable of being reproduced in the form of sound by equipment which is ordinarily available to the public body concerned :

(aa) by making arrangements to hear those sounds; or

(ab) if the public body is capable of producing a written or printed transcription of those sounds by the use of equipment which is ordinarily available to it, by supplying that transcription;

(iii)in the case of a record which is held on computer, or in electronic or machinereadable form, and from which the public body concerned is capable of producing a printed copy of :

(aa) the record, or a part of it; or

(ab) information derived from the record, by using computer equipment and expertise ordinarily available to the public body, by supplying such a copy;

(iv) in the case of a record available or capable of being made available in computer readable form, by supplying a copy in that form; or

(v) in any other case, by supplying a copy of the record.

(3) Where a person has requested access in a particular form, access shall, subject to section 18, be given in that form, unless to do so would –

(a) interfere unreasonably with the effective administration of the public body concerned;

(b) be detrimental to the preservation of the record; or

(c) amount to an infringement of copyright not owned by the State or the public body concerned.

(4) Where a person has requested access in a particular form and for a reason referred to in subsection (3), access in that form is refused but access is given in another form, the fee charged may not exceed what would have been charged if the person had been given access in the form requested.

(5) Where a person with a disability is prevented by that disability from reading, viewing or listening to the record concerned in the form in which it is held by the public body concerned, the information officer shall, if that person so requests, take reasonable steps to make the record available in a form in which it is capable of being read, viewed or heard by that person.

(6) Where access to a record is to be given to a person with a disability and the person requests that access to be given in an alternative format, a copy of the record shall be given in an alternative format :

(a) immediately, if the record exists in the alternative format that is acceptable to that person; or

(b) within a reasonable period to allow the public body to prepare or cause to be prepared the alternative format, unless the making of the alternative format is considered outrageously expensive compared to the information required.

(7) Where a record is made available in accordance with subsection (5), the person shall not be required to pay an access fee which is more than the fee which that person would have been required to pay, but for the disability.

(8) Where a record is made available in terms of this section to a person for inspection, viewing or hearing, that person may make copies of, or transcribe the record using his or her equipment, unless to do so would.

(a) interfere unreasonably with the effective administration of the public body concerned;

(b) be detrimental to the preservation of the record; or

(c) amount to an infringement of copyright not owned by the State or the public body concerned.

(9) Where this section requires the supply to a person of a copy of a record, the copy shall, if so requested by that person, be supplied by posting it to that person.

(10) Where an internal appeal or an application to the court, as the case may be, is lodged against the granting of a request for access to a record, access to the record may be given only when the decision to grant the request is finally confirmed.

21.- Access to health or other records.

An information officer shall refuse access to health records, the disclosure of which would constitute an invasion of personal privacy.

22.- Preservation of records.

Where the information officer receives a request for access to records or information, he or she shall ensure that the records or information concerned are properly preserved until the request is met and where there is an appeal, until all the procedures for appeal are exhausted.

 

PART III .- EXEMPTION FROM ACCESS

 

23.- Interpretation.

A provision of this Part under which a request for access to a record shall or may or may not be refused, may not be construed as :

(a) limited in its application in any other such provision of this Part in terms of which a request for access to a record shall or may or may not be refused; and

(b) not applying to a particular record by reason that another provision of this Part also applies to that record.

24.- Access subject to conditions

(1) a person is entitled to access information or a record of a public body if that person complies with all the requirements of this Act relating to a request for access to that information or record; and access to that information or record is not prohibited by this Part.

(2) A request made under subsection (1) may be for information or records containing personal information relating to the person requesting the information.

25.- Cabinet Minutes and those of its Committees

(1) Subject to subsection (2), cabinet minutes shall not be accessible to any person other than an authorized public officer.

(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister may, from time to time by regulations made under section 47, prescribe the categories of records which shall or may be released after the expiration of seven years, fourteen years, and twenty one years respectively after the record came into existence.

26.- Protection of information relating to privacy of the person.

(1) Subject to subsection (2), an information officer may refuse a request for access if its disclosure would involve the unreasonable disclosure of personal information about a person, including a deceased individual.

(3) A person may be granted access to a record referred to in subsection (1) in so far as the record consists of information :

(a) about a person who has consented in writing to its disclosure to the person requesting the record;

(b) that was given to the public body by the person to whom it relates and the person was informed by or on behalf of the public body, before it is given, that the information belongs to a class of information that would or might be made available to the public;

(c) already publicly available;

(d) about a person who is deceased and the person requesting the information is :

(i) the person's next of kin; or

(ii) making the request with the written consent of the person's next of kin; or

(e) about a person who is or was an official of a public body and which relates to the position or functions of the person, including, but not limited to :

(i) the fact that the person is or was an official of that public body;

(ii) the title, work address, work phone number and other similar particulars of the person;

(iii) the classification, salary scale or remuneration and responsibilities of the position held or services performed by the person; and

(iv) the name of the person on a record prepared by the person in the course of employment.

27.- Protection of commercial information of third party.

(1) Subject to subsection (2), the information officer shall refuse a request for access to a record if the record contains :

(a) proprietary information as defined in section 4;

(b) scientific or technical information, the disclosure of which is likely to cause harm to the interests or proper functioning of the public body; or

(c) information supplied in confidence by a third party, the disclosure of which could reasonably be expected :

(i) to put that third party at a disadvantage in contractual or commercial negotiations; or

(ii) to prejudice that third party in commercial competition.

(2) A record may not be refused under subsection (1) insofar as it consists of information –

(a) already publicly available;

(b) about a third party who has consented in writing to its disclosure to the person requesting for it; or

(c) about the results of any product, environmental or other investigation supplied to or by, or carried out by or on behalf of a public body and its disclosure would reveal a serious public safety, public health or environmental risk.

28.- Protection of certain confidential information.

(1) Subject to subsection (2), an information officer :

(a) shall refuse a request for access if the disclosure of the record would constitute an action for breach of a duty of confidence owed to a third party in terms of an agreement; or

(b) may refuse a request for access to a record of the body if the record consists of information that was supplied in confidence by a third party :

(i) the disclosure of which could reasonably be expected to prejudice the future supply of similar information, or information from the same source; and

(ii) if it is in the public interest that similar information, or information from the same source, should continue to be supplied.

(2) A record may not be refused under subsection (1) insofar as it consists of information :

(a) already publicly available; or

(b) about the third party concerned that has consented in writing to its disclosure to the person requesting it.

29.- Protection of safety of persons and property.

An information officer :

(a) shall refuse a request for access if the disclosure of the record could reasonably be expected to endanger the life or physical safety of a person; or

(b) may refuse a request for access to a record of the body if the disclosure of the record is likely to prejudice or impair :

(i) the security of .

(aa) a building, structure or system, including, but not limited to a computer or communication system;

(bb) a means of transport; or

(cc) any other property; or

(ii) methods, systems, plans or procedures for the protection of :

(aa) a person in accordance with a witness protection scheme;

(bb) the safety of the public or any part of the public;

(cc) the security of property referred to in subparagraph (b)(i).

 

30.- Protection of law enforcement and legal proceedings.

(1) An information officer :

(a) shall refuse a request for access to a record if access to that record would deprive a person of a right to a fair trial;

(b) may refuse a request for access if :

(i) the record contains methods, techniques, procedures or guidelines for :

(aa) the prevention, detection, curtailment or investigation of a contravention or possible contravention of the law; or

(bb) the prosecution of alleged offenders, and the disclosure of those methods, techniques, procedures or guidelines could reasonably be expected to prejudice the effectiveness of those methods, techniques, procedures or guidelines, or lead to the circumvention of the law or facilitate the commission of an offence;

(ii) the prosecution of an alleged offender is being prepared or about to commence or pending and the disclosure of the record could reasonably be expected :

(aa) to impede that prosecution; or

(bb) to result in a miscarriage of justice in that prosecution; or

(iii) the disclosure of the record is likely to :

(aa) prejudice the investigation of a contravention or possible contravention of the law which is about to commence or is in progress or, if it has been suspended or terminated, is likely to be resumed;

(bb) reveal, or enable a person to ascertain, the identity of a confidential source of information in relation to the enforcement or administration of the law;

(cc) result in the intimidation or coercion of a witness, or a person who might be or has been called as a witness, in criminal proceedings or other proceedings to enforce the law;

(dd) facilitate the commission of a contravention of the law, including, but not limited to, subject to subsection (2), escape from lawful detention; or

(ee) prejudice or impair the fairness of a trial or the impartiality of an adjudication.

(2) A record may not be refused under subsection (l)(b)(iii)(dd) insofar as it consists of information about the general conditions of detention of persons in custody.

31.- Protection of records privileged from production in legal proceedings.

An information officer shall refuse a request for access if the record is privileged from production in legal proceedings unless the person entitled to the privilege has waived the privilege.

32.- Defence, security and international relations.

(1) An information officer may refuse a request for access to a record of the body if its disclosure:

(a) is likely to prejudice the defence, security or sovereignty of Uganda;

(b) subject to subsection (3), is likely to prejudice the international relations of Uganda; or

(c) would reveal information supplied in confidence by or on behalf of another State or an international organisation.

(2) A record may not be refused under subsection (l)(b) if it came into existence more than twenty years before the request.

(3) A record contemplated under subsection (1), without limiting the general effect of that subsection, includes a record containing information –

(a) relating to military tactics or strategy or military exercise or operations undertaken in preparation of hostilities or in connection with the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities;

(b) relating to the quality, characteristics, capabilities, vulnerabilities or deployment of :

(i) weapons or any other equipment used for the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities; or

(ii) anything being designed, developed, produced or considered for use as weapons or such other equipment;

(c) relating to the characteristics, capabilities, vulnerabilities, performance, potential, deployment or functions of :

(i) any military force, unit or personnel; or

(ii) any body or person responsible for the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities;

(d) held for the purposes of intelligence relating to :

(i) the defense of Uganda;

(ii) the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities; or

(iii) another state or an international organisation used by or on behalf of Uganda in the process of deliberation and consultation in the conduct of international affairs;

(e) on methods of, and scientific or technical equipment for, collecting, assessing or handling information referred to in paragraph (d),

(f) on the identity of a confidential source and any other source of information referred to in paragraph (d);

(g) on the positions adopted or to be adopted by Uganda, another state or an international organisation for the purpose of present or future international negotiations; or

(h) that constitutes diplomatic correspondence exchanged with another state or an international organisation or official correspondence exchanged with diplomatic missions of Uganda.

33.- Operations of public bodies.

(1) An information officer may refuse a request for access :

(a) if the record contains –

(i) an opinion, advice, report or recommendation obtained or prepared; or

(ii) an account of a consultation, discussion or deliberation that has occurred, including, but limited to, minutes of a meeting, for the purpose of assisting to take a decision in the exercise of a power or performance of a duty conferred or imposed by law; or

(b) if the disclosure of the record could reasonably be expected to frustrate the deliberative process in a public body or between public bodies by inhibiting the :

(i) communication of an opinion, advice, report or recommendation; or

(ii) conduct of a consultation, discussion or deliberation.

(2) A record may not be refused under subsection (1) if the record came into existence more than ten years before the request concerned.

34.- Mandatory disclosure in public interest.

Notwithstanding any other provision in this Part, an information officer shall grant a request for access to a record of the public body otherwise prohibited under this Part if :

(a) the disclosure of the record would reveal evidence of –

(i) a substantial contravention of, or failure to comply with the law; or

(ii) an imminent or serious public safety, public health or environmental risk; and

(b) the public interest in the disclosure of the record is greater than the harm contemplated in the provision in question.

PART IV .- THIRD PARTY INTERVENTION.

 

35.- Notice to third parties.

(1) Where an information officer intends to disclose any record requested for, that contains or that might contain –

(a) trade secrets of a third party;

(b) financial, commercial, scientific, or technical information that is confidential information supplied to the public body by the third party;

(c) information the disclosure of which could result in material financial loss or gain, prejudice the competitive position of the third party or interfere with contractual or other negotiations of the third party, the information officer shall, if the third party can be located, within twenty one days after the request is received, give written notice to the third party of the request and the intention to disclose the record.

(2) The third party to whom a notice is required to be given under subsection (2) may waive the requirement and where the third party consents to the disclosure, the third party shall be deemed to have waived the requirement.

(3) A notice given under subsection (1) shall include :

(a) the intention of the information officer to release the record;

(b) a description of the content of the record, that it belongs to and was supplied by or relates to the third party; and

(c) that the third party may, within twenty days after the notice, make representation as to why the record should not be disclosed.

(4) The information officer may extend the period prescribed by subsection (3)(c) if the time limit prescribed by section 17 is extended but the extension under this subsection shall not exceed the extension under section 17.

36.- Representation by third party.

(1) The third party to whom notice is given under section 35 shall make the representation within the period stated in the notice; and the information officer shall, within twenty one days of the notice, make a decision whether or not go give access to the record.

(2) The representation made under subsection (1) shall be given in writing unless the information officer provides otherwise.

(3) The information officer shall give the third party notice of the decision made under subsection (1) and the notice shall include a statement :

(a) that the third a party is entitled to request for a review of the decision; and

(b) that the person who requested for access will be given access unless a review is requested.

PART V .- COMPLAINTS AND APPEALS.

 

37.- Complaints to Chief Magistrate

A person may lodge a complaint with the Chief Magistrate, against the decision of an information officer :

(a) to refuse a request for access; or

(b) taken under section 17(1) or 20(3), in relation to that person.

 

38.- Appeal to court

A person aggrieved by the decision of the Chief Magistrate under section 35, may, within twenty one days after the decision is communicated to him or her, appeal to the High Court against the decision of the Chief Magistrate.

39.- Procedure

The Rules Committee shall, within six months after the commencement of this Act, makes rules of procedure for the courts to regulate the procedure in respect of applications made under sections 35 and 40.

40.- Disclosure of records by court.

(1) Notwithstanding this Act or any other law, a court hearing an appeal against a decision, may examine any record of a public body to which this Act applies, and no such record may be withheld from the court on any grounds except whenever access to information is expressly prohibited by this Act or any other law.

(2) The court may not disclose to any person, including the parties to the proceedings concerned, other than the public body referred to in subsection (1) :

(a) any record of a public body which, on a request for access, may have been refused under this Act,

(b) if the information officer of a public body or the Inspector General of Government in refusing to grant access to a record refused to confirm or deny the existence or non-existence of the record, any information as to whether the record exists.

(3) The court under subsection (1) may :

(a) receive representation ex parte;

(b) conduct hearings in camera; and

(c) prohibit the publication of such information in relation to the proceedings as the court determines, including information in relation to the parties to the proceedings and the contents or orders made by the court in the proceedings.

41.- Civil proceedings.

(1) For the purposes of this Part, proceedings on application are civil proceedings.

(2) The rules of evidence applicable in civil proceedings apply to proceedings in an application under this Part.

(3) The burden of establishing that :

(a) the refusal of a request for access; or

(b) any decision taken under this Act complies with the provisions of this Act rests on the party claiming that it complies.

42.- Decision of court.

The court hearing an application under section 37 may, in addition to any other order, grant an order .

(a) confirming, amending or setting aside the decision which is the subject of the application concerned;

(b) requiring an information officer to grant or deny access to a record of a public body;

(c) requiring the information officer or relevant authority of a public body to take such action or to refrain from taking such action as the court considers necessary within a period mentioned in the order;

(d) granting an interim or specific relief, a declaratory order or compensation; or

(e) as to costs.

 

PART IV .- MISCELLANEOUS.

 

43.- Annual report.

(1) Each Minister shall submit an annual report to Parliament on requests for access to records or information made to public bodies under his or her ministry in relation to the relevant year, and shall indicate whether access was given or not and if access was not given, state reasons for the denial.

(2) For avoidance of doubt, the annual report referred to in subsection (1) may be included in the annual policy statement of the Ministry.

44.- Protection of persons releasing information

(1) No person shall be subject to any legal, administrative or employment-related sanction, regardless of any breach of a legal or employment obligation, for releasing information on wrongdoing, or information which would disclose a serious threat to health, safety or the environment, as long as that person acted in good faith and in the reasonable belief that the information was substantially true and disclosed evidence of wrongdoing or a serious threat to health, safety or the environment.

(2) For purposes of subsection (1), wrongdoing includes the commission of a criminal offence, failure to comply with a legal obligation, a miscarriage of justice, corruption or dishonesty, or maladministration regarding a public body.

45.- Protection of officers.

A public officer, information officer or other person acting on the directions of such a person is not subject to any civil or criminal liability for any act done or omitted to be done in good faith in the exercise or performance of any power or duty under this Act.

46.- Offences.

A person who with intent to deny a right of access under this Act :

(a) destroys, damages or alters a record;

(b) conceals a record; or

(c) falsifies a record or makes a false record, commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding two hundred and forty currency points or imprisonment not exceeding three year or both.

47.- Regulations.

(1) The Minister may, by statutory instrument, make regulations for :

(a) anymatter which is required or permitted by this Act to be prescribed;

(b) any matter relating to the fees including the procedures and guidelines for determining when such fees should be waived or reduced;

(c) any notice required by this Act;

(d) forms for requests and places at which forms may be obtained;

(e) uniform criteria to be applied by the information officer when deciding which categories of records are to be made available under section 8; and

(f) prescribing the categories of information that an information officer may refuse to grant access to under sections 29,30,32, and 33;

(g) any administrative or procedural matter necessary to give effect to this Act.

(2) The fee for access to be prescribed by regulations under this section shall be a fee representing the actual cost of retrieval and reproduction of the information.

(3) The Minister may prescribe in the regulations for the contravention of any of the regulations, any penalty not exceeding two hundred and forty currency points or imprisonment for a period not exceeding three years or both.

48.- Power of Minister to amend Schedule.

The Minister may, by statutory instrument, with the approval of Cabinet, amend the Schedule.

SCHEDULE

 

Section 3.- CURRENCY POINT

One currency point is equivalent to twenty thousand Uganda Shillings.

01Ene/14

Act on the Protection of Privacy and Data Security in Telecommunications 565

Act on the Protection of Privacy and Data Security in Telecommunications 565/1999. Issued in Helsinki on 22 April 1999

According to a decision of Parliament the following is enacted:

Chapter 1. General provisions

Section 1. Purpose of the Act

The purpose of this Act is to promote the data security of public telecommunications and the protection of the privacy and the legitimate interests of sub-scribers and users in telecommunications.

Section 2. Scope of application

The provisions of this Act shall be applied to public telecommunications and to telecommunications operated by means of public telecommunications services as well as to the provision of subscriber directories. The processing of personal data in telecommunications shall be governed by specific provisions on the processing of personal data unless otherwise provided for in this Act.

The ministry shall decide in more detail, taking into account the technical possibilities and the reasonableness of costs caused to telecommunications operators, on the application of this Act to telecommunications carried out in public analogous mobile networks.

This Act shall be applied to telecommunications from or to a telecommunications network other than a public telecommunications network through the latter network if the telecommunications network other than a public telecommunications network has been connected as part of a public telecommunications network or to a subscription of a public telecommunications network. Section 4 of this Act shall, however, be applied to all telecommunications.

This Act shall not be applied to television and radio broadcasting.

 Section 3. Definitions

In this Act:

1) telecommunications, public telecommunications, a telecommunications network, a telecommunications service and a subscription shall have the meanings provided for them in the Telecommunications Markets Act (1997/396);

2) personal data shall mean all entries describing a person or his characteristics or personal circumstances relating to an identifiable natural person or his family or to those living in his household;

3) a telecommunications operator small mean a natural or legal person that offers for public use services referred to in the Telecommunications Markets Act and belonging to telecommunications and provided by itself;

4) the data security of telecommunications small mean the confidentiality, integrity and usability of information transmitted with telecommunications ensured by the telecommunications operator though administrative and technical measures;

5) a subscriber small mean a natural or legal person that is party to a contract with a telecommunications operator for the supply of telecommunications services or to whom or which the rights of a subscriber have been transferred under the terms of a contract on telecommunications services; the provisions of this Act on a subscriber shall, however, be applied to the natural or legal person that is liable to pay all or part of the telecommunications bill for telecommunications services used from a subscription in his possession;

6) a user shall mean a natural person using telecommunications services;

7) identification information shall mean the number of the subscription of a subscriber or user or other identification or information created or stored in the course of making a call;

8) the processing of identification information shall mean the collections, storage, Organisation, use, submission, maintenance, alteration, combination, protection, erasure and destruction of identification information as well as other measures generally directed at information;

9) a telecommunications bill shall mean a bill containing fees charged by a telecommunications operator for services belonging to telecommunications;

10) presentation of calling line identification shall mean a technical function which will allow the user to identify the calling subscription or service;

11) the identification of a switched connection shall mean a technical function allowing the user to identify the subscription or service to which the call is routed;

12) a directory of subscribers shall mean a generally available directory of subscribers and another printed or electronic directory or list of addresses containing personal data on the subscribers or other data on subscribers or users collected and maintained by the operator of directory services; as well as

13) the ministry shall mean the Ministry of Transport and Communications unless otherwise provided for by Decree.

Chapter 2. Data security of telecommunications

Section 4. Confidentiality of telecommunications

Telecommunications shall be confidential unless it is meant to be received by the public. No one who has received or otherwise learned of a confidential telecommunications message not meant for him may, without justification, disclose the contents of the telecommunications message or make use of his knowledge of the contents or existence of the telecommunications message.

Section 5. Coding of telecommunications

The user and the subscriber shall have the right to code their telecommunications message in the way they wish utilising the technical possibilities available thereto.

Decoding systems of a protective code shall be governed by the provisions of sections 25, 39 and 45 of the Telecommunications Markets Act.

Section 6. Duties of a telecommunications operator

A telecommunications operator shall safeguard the data security of telecommunications operated by it. Telecommunications operators shall, where necessary, in conjunction with other telecommunications operators, ensure a level of security that is sufficient with regard to technical development and reasonable as to its costs.

A telecommunications operator shall inform its subscribers of any special risks relating to the security of its telecommunications services as well as of any possibilities for their elimination and of the costs of the measures involved.

The ministry shall, where necessary, decide on factors to be taken into account in the evaluation of the reasonableness of the costs and the adequacy of the level of security.

Section 7. Secrecy obligation

No one who is or has been employed by a telecommunications operator may unlawfully disclose information regarding the content of a telecommunications message or the identification information of parties to telecommunications that has come to his knowledge in connection with his task unless otherwise provided for in chapter 3.

The secrecy obligation referred to in paragraph 1 shall also apply to an authorised telecommunications contractor referred to in section 12 of the Telecommunications Markets Act as well as to a person who is or has been employed by a telecommunications contractor.

Section 8. Preparation for exceptional circumstances

A telecommunications operator shall ensure the data security of its telecommunications operations also in exceptional circumstances by participating in readiness planning for emergency situations and by advance planning of operations to be carded out in exceptional circumstances and through other measures.

If the tasks resulting from paragraph 1 require measures that clearly differ from telecommunications services to be considered ordinary and which entail considerable additional costs, such additional costs may be reimbursed from State funds unless the costs incurred thereby are paid to the telecommunications operator by the party ordering the measure in question.

The ministry shall decide in more detail on the application of paragraph 1.

Chapter 3. Processing of identification information

Section 9. Erasure and alteration of identification information

Upon the termination of a call, a telecommunications operator shall erase or alter the identification information that has been created when establishing the call and stored by the telecommunications operator so that the parties to the telecommunications may not be identified unless otherwise provided for in this chapter.

Section 10. Processing of identification information for billing

 For the purpose of determining telecommunications bills and interconnection payments, a telecommunications operator may process subscriber identification information relating to:

1) the number, identification or type of terminal telecommunications equipment;

2) the number or other identification of the called subscription;

3) the starting time or date of the call; as well as

4) the form and duration of the call as well as the data volume transferred during it as well as other identification information necessary to determine the fee.

A telecommunications operator may process identification information relating to the determination of the telecommunications bill for a maximum period of three years after the telecommunications bill has been paid in full, however, not longer than the payment of the telecommunications bill may be collected unless otherwise provided for elsewhere. The obligation of a telecommunications operator to store identification information relating to the determination of a telecommunications bill shall be provided for by Decree.

Section 11. Processing of identification information in the marketing of telecommunications services

Upon the consent of the subscriber, a telecommunications operator may, during the period referred to in section 10, paragraph 2, process the identification information for the purpose of marketing its telecommunications services or its other services directly relating thereto in connection with the production of which the identification information has been created.

Section 12. Processing of identification information by a telecommunications operator

During the period referred to in section 10, paragraph 2, a telecommunications operator may itself process and submit to another telecommunications operator identification information for the purpose of duties relating to billing, the maintenance and development of the telecommunications network and services as well as the prevention and investigation of fraud.

The identification information may only be processed by persons employed by a telecommunications operator or authorised for this task by telecommunications operators who handle tasks relating to billing or the maintenance and development of the telecommunications network or telecommunications services, the prevention or investigation of fraud, customer service and marketing referred to in section 11, and only to the extent necessary for the performance of these duties.

The persons referred to in paragraph 2 and authorised by telecommunications operators shall be governed by the provisions on the processing of identification information.

Further provisions on the processing of identification information in the supply of backup services shall be issued by Decree.

Section 13. Itemisation of calls

A telecommunications operator may not submit an itemisation of the numbers or other identification information on calls established from a subscription unless otherwise provided for below in this section.If a subscriber requests an itemisation of the calls covered by a telecommunications bill, the telecommunications operator shall submit the itemisation without disclosing the last three digits of the identification information of the calls unless otherwise provided for in paragraph 3.

Upon the request of the subscriber, the telecommunications operator shall submit a complete written itemisation of the numbers of calls if:

1) the calls have been established to another subscription which results in fees charged in connection with a telecommunications bills but which are not telecommunications fees; or

2) the telecommunications bill is more than double compared to the previous corresponding billing period.

The telecommunications operator may give the subscriber an itemisation only for the period that the subscription has been in the possession of the subscriber.

If the identification information does not consist of digits only, further provisions on the itemisation of the identification information of calls shall be issued by Decree.

Section 14. Calling line identification

A telecommunications operator offering calling line identification in a fixed or mobile telephone network shall ensure that the calling user has the possibility free of charge to eliminate the calling-line identification in voice telephony services on a per-call basis. The subscriber shall also have the possibility to eliminate the calling-line identification from calls made from his subscription also on a per-line basis.

A telecommunications operator offering a fixed telephone network or mobile telephone network subscription shall ensure that a subscriber receiving a call to a subscription offered by the telecommunications operator has the possibility, in the voice telephony services of his subscription:

1) to eliminate calling-line identification free of charge; as well as

2) to reject incoming calls where the calling-line identification has been eliminated.

If the services referred to in this section are not offered in other than fixed or mobile telephone networks, the ministry shall, where necessary, decide further on the referred to in this section that shall have to be offered in the other networks referred to through the cooperation of telecommunications operators.

Section 15. Connected line identification

A telecommunications operator offering connected line identification shall ensure that the called subscriber has the possibility, free of charge, to eliminate the presentation of the connected line number or identification to the calling user.

Section 16. Automatic call forwarding

A telecommunications operator shall offer the user the possibility, free of charge, to eliminate automatic call forwarding to the subscription of the user by a third party.

Section 17. Use of identification services

The functions referred to in sections 14 – 16 shall be implemented so that they can be taken into use by simple means as further provided for by Decree.

The telecommunications operators shall inform the users and subscribers of the offering and use of identification services.

Section 18. Submission of identification information to an authority

Without prejudice to the secrecy obligation provided for in section 7, the police shall be entitled to obtain:

1) upon the consent of the injured party and the party in possession of the subscription, identification information about calls made to a subscription necessary for the investigation of a crime referred to in chapter 16, section 9a, chapter 17, section 13, subparagraph 2 or chapter 24, section 3 a of the Penal Code (1889/39); as well as

2) upon the consent of the subscriber, identification information relating to messages sent from a mobile telephone to the extent that this is necessary to investigate a crime through which the mobile phone or the subscription used therein is, without justification, in the possession of another.

Without prejudice to the provisions of section 7 or the contents of a contract concluded by the subscriber with the telecommunications operator on the confidentiality of identification information, the telecommunications operator may give the police that has received an emergency call, a rescue authority and to other authorities receiving emergency messages identification information on the subscription regarding the user of which an emergency call has been made. In addition to the number and other identification information of the subscription, the identification information given may also include information on the installation address, subscriber and user of the subscription as well as information on the location of the support station through which an emergency call made from a mobile telephone has been routed to the public telecommunications network.

The right of an authority to obtain identification information for the pre-trial investigation of comes shall be governed by the Coercive Criminal Investigation Means Act (1987/450).

Chapter 4. Directories of subscribers and telecommunications in direct marketing

Section 19. Submission of directory information and the provision of subscriber directories

Without prejudice to provisions on the submission of subscriber directory information elsewhere, telecommunications operators may submit information notified by the subscriber for publication in a subscriber directory for its publication in another subscriber directory. The provider of a subscriber directory shall have the right to maintain and provide subscriber directories.

The transfer of personal data to outside the territory of the Member States of the European Union and the European Economic Area shall be governed by specific provisions thereon.

Section 20. Subscriber directories

Only information necessary to identify a subscriber or a user may be published in a subscriber directory unless the particular party has given his unambiguous consent to the publication of additional information.

The subscriber and the user shall, free of charge, be entitled to:

1) demand that his personal data in a subscriber directory be omitted or corrected;

2) forbid the use of his personal data in a subscriber directory for direct marketing; as well as to

3) demand that his street or postal address be omitted in part or that the personal data published do not indicate his or her sex.

The telecommunications operator shall ensure that the demands and alterations of the subscriber or user relating to information referred to in paragraphs 1 and 2 are further conveyed to the parties to whom it has submitted this information for its publication in a subscriber directory. The telecommunications operator and the party to whom the telecommunications operator has submitted the information referred to above shall agree on the submission of the demands of the subscriber or user concerning this information.

Section 21. Telecommunications in direct marketing

Telecommunications may not be used for direct marketing without the prior consent of the subscriber if the calls to the called subscriber are made by means of automated calling systems or facsimile machines unless otherwise decided by the ministry under paragraph 4.

Without prejudice to the provisions of paragraph 1, telecommunications may be used for direct marketing by means of automatic systems if a subscriber who is not a natural person has not forbidden it unless otherwise decided by the ministry under paragraph 4. However, a telefax may be used for direct marketing to a subscriber who is not a natural person.

Telecommunications used for the purposes of direct marketing to a natural person by other means than those referred to in paragraph 1 shall be allowed unless expressly forbidden by him. The subscriber must have a way of forbidding the direct marketing referred to in this subparagraph free of charge.

The ministry shall, where necessary, taking into account the functionality and security of the telecommunications network and telecommunications services as well as the reasonableness of obligations ensuing on the providers of direct marketing, decide in more detail on the means of telecommunications which:

1) would be allowed in telecommunications referred to in paragraph 1 without the consent of the subscriber provided, however, that the subscriber is able to forbid or prevent the telecommunications referred to in this subparagraph; as well as which

2) in telecommunications referred to in paragraph 2 require the prior consent of the subscriber.

Direct marketing directed at a consumer shall further be governed by the provisions of the Consumer Protection Act (1978/38).

Section 22. Availability of refusals to accept regarding direct marketing

The ministry shall, where necessary, decide in more detail on ways in which the refusals referred to in section 20, paragraph 2, subparagraph 2 and section 21 shall be held available to those providing direct marketing.

Chapter 5. Supervision, coercive measures and consequences

Section 23. Guidance and supervision

The general guidance and supervision of telecommunications shall belong to the ministry. It shall, in cooperation with the Telecommunications Administration Centre, the data protection authorities, telecommunications operators, the industry manufacturing telecommunications equipment and organisations representing the users promote the protection of privacy in telecommunications and the security of telecommunications.

It shall be the function of the Telecommunications Administration Centre to

1) supervise compliance with this Act and with provisions and orders issued thereunder unless otherwise provided for in paragraph 3; as well as to

2) where necessary, issue technical orders on the operations of telecommunications operators as well as on equipping telecommunications terminal equipment, telecommunications networks and telecommunications services in the manner required by this Act.

It shall be the function of the Data Ombudsman to supervise compliance with the night of the subscriber to forbid the activities referred to in sections 20 and 21 as well as compliance with the requirement of the prior consent of the subscriber referred to in the said sections.

If a matter being handled by the Telecommunications Administration Centre relates to a procedure which may violate the provisions of the Personal Data Act, the Telecommunications Administration Centre may, for that part, refer the matter to be handled in accordance with the Personal Data Act.

Section 24. Right to information

Without prejudice to the provisions on secrecy elsewhere, the ministry, the Telecommunications Administration Centre and the Data Ombudsman shall, for the purpose of attending to the functions provided for in section 23, have the right to receive from telecommunications operators and their consortia, the owners and holders of telecommunications networks, telecommunications contractors, publishers of subscriber directories and providers of direct marketing referred to in this Act, the necessary information on their operations referred to in this Act.

Section 25. Coercive measures

Anyone who violates this Act or provisions or orders issued thereunder may be ordered by the Telecommunications Administration Centre to rectify his error or omission. The decision may be enforced by a conditional fine or by a threat that all or part of the operations be suspended or that the omission be ordered rectified at the cost of the party in question.

The costs for a measure ordered done shall be paid from State funds and collected from the neglecting party using the procedure provided for in the Act on the Collection of Taxes and Charges through Execution (1961/367).

Section 26. Breach of confidentiality

Punishment for breach of the confidentiality provided for in section 7 shall be sentenced in accordance with chapter 38, section 1 or 2 of the Penal Code unless the act is punishable in accordance with chapter 40, section 5 of the Penal Code or subject to a more severe punishment elsewhere in the law.

Punishment for breach of the confidentiality provided for in section 4, paragraph 2 shall be sentenced in accordance with chapter 38, section 2, paragraph 2 of the Penal Code unless the act is punishable in accordance with chapter 40, section 5 of the Penal Code or subject to a more severe punishment elsewhere than in chapter 38, section 1 of the Penal Code.

Section 27. Violation of the provisions on the protection of privacy in telecommunications and the security of telecommunications

Anyone who wilfully

1) neglects to attend to the security of telecommunications referred to in section 6, paragraph 1,

2) processes identification information in violation of the provisions of sections 9 through 13 or

3) uses telecommunications for direct marketing in violation of section 21 shall, unless the act is subject to a more severe punishment provided for elsewhere, be sentenced for a violation of the provisions on the protection of privacy in telecommunications and the security of telecommunications to a fine.

A punishment shall not be ordered if the breach is minor.

Chapter 6. Miscellaneous provisions

Section 28. Appeal

A decision of the Telecommunications Administration Centre issued under this Act may be appealed in accordance with the provisions of the Act on the Application of Administrative Law (1996/586). In its decision, the Telecommunications Administration Centre may order that the decision shall be complied with before it has become final. However, the appeal authority may forbid its enforcement until the appeal has been decided.

Section 29. Further provisions

Further provisions on the implementation of this Act shall be issued by Decree.

Chapter 7. Provisions on entry into force and transitory provisions

Section 30. Entry into force

This Act shall enter into force on 1 July 1999.

Measures necessary for the implementation of this Act may be taken prior to its entry into force.

Section 31. Transitory provision

If the processing of identification information referred to in section 11 has been started prior to the entry into force of this Act, it may be continued notwithstanding this Act. In this case, the subscribers shall be notified of the processing of the identification information and, unless they inform otherwise within one month, they shall be deemed to have consented to the processing of the information.

01Ene/14

Fizisko personu datu aizsardzibas likums (ar grozijumiem, kas speka ar 18.07.2012)

Fizisko personu datu aizsardzibas likums (ar grozijumiem, kas speka ar 18.07.2012)

 

I nodala.- Visparigie noteikumi

1.pants. Ša likuma merkis ir aizsargat fizisko personu pamattiesibas un brivibas, it ipaši privatas dzives neaizskaramibu, attieciba uz fiziskas personas datu (turpmak – personas dati) apstradi.

2.pants. Likuma ir lietoti šadi termini:

datu subjekts.- fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificet;

datu subjekta piekrišana.- datu subjekta brivi, neparprotami izteikts gribas apliecinajums, ar kuru datu subjekts atlauj apstradat savus personas datus atbilstoši parzina sniegtajai informacijai saskana ar ša likuma 8.pantu;

personas dati.- jebkada informacija, kas attiecas uz identificetu vai identificejamu fizisko personu;

personas datu apstrade.- jebkuras ar personas datiem veiktas darbibas, ieskaitot datu vakšanu, registrešanu, ievadišanu, glabašanu, sakartošanu, parveidošanu, izmantošanu, nodošanu, parraidišanu un izpaušanu, blokešanu vai dzešanu;

personas datu apstrades sistema.- jebkada forma fikseta strukturizeta personas datu kopa, kas ir pieejama, ieverojot attiecigus personu identificejošus kriterijus;

personas datu operators.- parzina pilnvarota persona, kas veic personas datu apstradi parzina uzdevuma;

personas datu sanemejs.- fiziska vai juridiska persona, kurai tiek izpausti personas dati;

sensitivi personas dati.- personas dati, kas norada personas rasi, etnisko izcelsmi, religisko, filozofisko un politisko parliecibu, dalibu arodbiedribas, ka ari sniedz informaciju par personas veselibu vai seksualo dzivi;

parzinis.- fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldibu institucija, kura nosaka personas datu apstrades merkus un apstrades lidzeklus, ka ari atbild par personas datu apstradi saskana ar šo likumu;

treša persona.- jebkura fiziska vai juridiska persona, iznemot datu subjektu, parzini, personas datu operatoru un personas, kuras tieši pilnvarojis parzinis vai personas datu operators;

personas identifikacijas kods.- numurs, kas tiek pieškirts datu subjekta identifikacijai.

 

3.pants. 
(1) Šis likums, ieverojot šaja panta noteiktos iznemumus, attiecas uz visu veidu personas datu apstradi un jebkuru fizisko vai juridisko personu, ja:

parzinis ir registrets Latvijas Republika;

datu apstrade tiek veikta arpus Latvijas Republikas robežam teritorijas, kas pieder Latvijas Republikai saskana ar starptautiskajiem ligumiem;

Latvijas Republika atrodas aprikojums, kas tiek izmantots personas datu apstradei, iznemot gadijumus, kad aprikojums tiek izmantots tikai personas datu parraidei caur Latvijas Republikas teritoriju.

(2) Ša panta pirmas dalas 3.punkta minetajos gadijumos parzinis iecel pilnvaroto personu, kas ir atbildiga par ša likuma ieverošanu.

(3) Šis likums neattiecas uz personas datu apstradi, ko fiziskas personas veic personiskam vai majas un gimenes vajadzibam, turklat personas dati netiek izpaus­ti trešajam personam.

 

4.pants. To personas datu aizsardzibu, kuri atziti par valsts noslepuma objektiem, reglamente šis likums, ieverojot iznemumus, kas noteikti likuma “Par valsts noslepumu”.

 

5.pants.
(1) Ša likuma 7., 8., 9. un 11.pants netiek piemerots, ja personas dati ir apstradati žurnalistiskam vajadzibam saskana ar likumu “Par presi un citiem masu informacijas lidzekliem”, makslinieciskam vai literaram vajadzibam un ja likuma nav noteikts citadi.

(2) Ša panta pirmas dalas noteikumus piemero, ieverojot personas tiesibas uz privatas dzives neaizskaramibu un varda brivibu.

 

II nodala.- Visparigie personas datu apstrades principi

6.pants. Ikvienai fiziskajai personai ir tiesibas uz savu personas datu aizsardzibu.

7.pants. Personas datu apstrade ir atlauta tikai tad, ja likuma nav noteikts citadi un ja ir vismaz viens no šadiem nosacijumiem:

ir datu subjekta piekrišana;

datu apstrade izriet no datu subjekta ligumsaistibam vai, ieverojot datu subjekta lugumu, datu apstrade nepieciešama, lai noslegtu attiecigu ligumu;

datu apstrade nepieciešama parzinim likuma noteikto pienakumu veikšanai;

datu apstrade nepieciešama, lai aizsargatu datu subjekta vitali svarigas intereses, taja skaita dzivibu un veselibu;

datu apstrade nepieciešama, lai nodrošinatu sabiedribas interešu ieverošanu vai realizetu publiskas varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti parzinim vai parraiditi trešajai personai;

datu apstrade ir nepieciešama, lai, ieverojot datu subjekta pamattiesibas un brivibas, realizetu parzina vai tas trešas personas likumiskas intereses, kurai personas dati atklati.

 

8.pants. 
(1) Iegustot personas datus no datu subjekta, parzinim ir pienakums sniegt datu subjektam šadu informaciju, ja vien ta jau nav datu subjekta riciba:

parzina un personas datu operatora nosaukums vai vards un uzvards, ka ari adrese;

paredzetais personas datu apstrades merkis un pamatojums.

(2) Pec datu subjekta pieprasijuma parzinim ir pienakums sniegt ari šadu informaciju:

iespejamie personas datu sanemeji;

datu subjekta tiesibas pieklut saviem personas datiem un izdarit tajos labojumus;

vai atbildes sniegšana ir obligata vai brivpratiga, ka ari iespejamas sekas par atbildes nesniegšanu.

(3) Ša panta pirma dala netiek piemerota, ja likums lauj veikt personas datu apstradi, neatklajot tas merki.

 

9.pants. 
(1) Ja personas dati nav ieguti no datu subjekta, parzinim ir pienakums, ievacot vai pirmo reizi izpaužot šadus personas datus trešajam personam, sniegt datu subjektam šadu informaciju:

parzina un personas datu operatora nosaukums vai vards un uzvards, ka ari adrese;

paredzetais personas datu apstrades merkis.

(2) Pec datu subjekta pieprasijuma parzinim ir pienakums sniegt ari šadu informaciju:

iespejamie personas datu sanemeji;

personas datu kategorijas un datu ieguves avots;

datu subjekta tiesibas pieklut saviem personas datiem un izdarit tajos labojumus.

(3) Ša panta pirma un otra dala netiek piemerota, ja:

likums paredz personas datu apstradi, neinformejot par to datu subjektu;

apstradajot personas datus zinatniskiem, vesturiskiem vai statistiskiem petijumiem vai nacionala dokumentara mantojuma veidošanai, datu subjektu informešana prasa nesamerigas pules vai ir neiespejama.

 

10.pants. 
(1) Lai aizsargatu datu subjekta intereses, parzinis nodrošina:

godpratigu un likumigu personas datu apstradi;

personas datu apstradi tikai atbilstoši paredzetajam merkim un tam nepieciešamaja apjoma;

tadu personas datu glabašanas veidu, kas datu subjektu lauj identificet attieciga laikposma, kurš neparsniedz paredzetajam datu apstrades merkim noteikto laikposmu;

personas datu pareizibu un to savlaicigu atjaunošanu, labošanu vai dzešanu, ja personas dati ir nepilnigi vai neprecizi saskana ar personas datu apstrades merki.

(2) Personas datu apstrade sakotneji neparedzetiem merkiem ir pielaujama, ja ta neparkapj datu subjekta tiesibas un tiek veikta zinatnisku vai statistisku petijumu vajadzibam tikai atbilstoši ša likuma 9.panta un 10.panta pirmaja dala minetajiem nosacijumiem.

(3) Ša panta pirmas dalas 3. un 4.punkts neattiecas uz personas datu apstradi nacionala dokumentara mantojuma veidošanai normativajos aktos noteiktaja kartiba.

(4) Personas datu apstrade sakotneji neparedzetiem merkiem kriminaltiesibu joma ir pielaujama:

lai noverstu, atklatu, izmekletu noziedzigu nodarijumu un veiktu kriminalvajašanu vai izpilditu kriminalsodu;

lai personas datus izmantotu administrativaja vai civillietas tiesvediba, ka ari ar likumu pilnvarotu valsts instituciju amatpersonu darbiba, ja ta saistita ar noziedzigu nodarijumu noveršanu, atklašanu, izmeklešanu vai kriminalvajašanu, vai kriminalsodu izpildi;

lai noverstu tuliteju butisku sabiedriskas drošibas apdraudejumu;

ja datu subjekts devis piekrišanu datu apstradei.

 

11.pants. Sensitivo personas datu apstrade ir aizliegta, iznemot gadijumus, kad:

datu subjekts ir devis rakstveida piekrišanu savu sensitivo datu apstradei;

speciala personas datu apstrade, neprasot datu subjekta piekrišanu, ir paredzeta normativajos aktos, kas regule darba tiesiskas attiecibas, un šie normativie akti garante personas datu aizsardzibu;

personas datu apstrade ir nepieciešama, lai aizsargatu datu subjekta vai citas personas dzivibu un veselibu, un datu subjekts tiesiski vai fiziski nav spejigs dot savu piekrišanu;

personas datu apstrade ir nepieciešama, lai sasniegtu likumigus nekomercialus sabiedrisko organizaciju un to apvienibu merkus, ja ši datu apstrade ir saistita tikai ar šo organizaciju vai to apvienibu biedriem un personas dati netiek nodoti trešajam personam;

personas datu apstrade ir nepieciešama arstniecibas vajadzibam, veselibas aprupes pakalpojumu sniegšanai vai to administrešanai un zalu un medicinisko iericu izplatišanai vai to administrešanai;

apstrade attiecas uz tadiem personas datiem, kuri ir nepieciešami fiziskas vai juridiskas personas tiesibu vai likumisko interešu aizsardzibai tiesa;

personas datu apstrade ir nepieciešama socialas palidzibas sniegšanai un to veic socialas palidzibas pakalpojumu sniedzejs;

personas datu apstrade ir nepieciešama nacionala dokumentara mantojuma veidošanai, un to veic Latvijas Nacionalais arhivs un akreditets privatais arhivs;

personas datu apstrade ir nepieciešama statistiskiem petijumiem, ko veic Centrala statistikas parvalde;

apstrade attiecas uz tadiem personas datiem, kurus datu subjekts pats ir publiskojis;

personas datu apstrade ir nepieciešama, pildot valsts parvaldes funkcijas vai veidojot likuma noteiktas valsts informacijas sistemas;

personas datu apstrade nepieciešama fiziskas vai juridiskas personas tiesibu vai likumisko interešu aizsardzibai, pieprasot atlidzibu saskana ar apdrošinašanas ligumu;

atbilstoši Pacientu tiesibu likumam petijuma izmanto mediciniskajos dokumentos fiksetos pacienta datus.

 

12.pants. Personas datus, kuri attiecas uz noziedzigiem nodarijumiem, sodamibu kriminallietas un administrativo parkapumu lietas, ka ari uz tiesas nolemumu vai tiesas lietas materialiem, drikst apstradat tikai likuma noteiktas personas un likuma noteiktajos gadijumos.

 

13.pants. 
(1) Parzinim ir pienakums likuma noteiktajos gadijumos izpaust personas datus valsts un pašvaldibu amatpersonam. Parzinis izpauž personas datus tikai tam valsts un pašvaldibu amatpersonam, kuras pirms datu izpaušanas ir identificejis.

(2) Personas datus var izpaust, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu vai vienošanos, noradot datu izmantošanas merki, ja likuma nav noteikts citadi. Personas datu pieprasijuma noradama informacija, kas lauj identificet datu pieprasitaju un datu subjektu, ka ari pieprasamo personas datu apjoms.

(3) Sanemtos personas datus drikst izmantot tikai paredzetajiem merkiem.

 

13.1 pants. Personas identifikacijas kodus drikst apstradat viena no šadiem gadijumiem:

ir sanemta datu subjekta piekrišana;

identifikacijas kodu apstrade izriet no personas datu apstrades merka;

identifikacijas kodu apstrade nepieciešama turpmakas datu subjekta anonimitates nodrošinašanai;

ir sanemta Datu valsts inspekcijas rakstveida atlauja.

 

14.pants. 
(1) Personas datu apstradi parzinis var uzticet personas datu operatoram, nosledzot rakstveida ligumu.

(2) Personas datu operators vinam uzticetos personas datus drikst apstradat tikai liguma noraditaja apjoma, atbilstoši taja paredzetajiem merkiem un saskana ar parzina noradijumiem, ja tie nav pretruna ar normativajiem aktiem.

(3) Personas datu operators pirms personas datu apstrades sakšanas veic parzina noraditos drošibas pasakumus personas datu apstrades sistemas aizsardzibai atbilstoši ša likuma prasibam.

 

III nodala.- Datu subjekta tiesibas

15.pants. 
(1) Papildus ša likuma 8. un 9.panta minetajam tiesibam datu subjektam ir tiesibas iegut visu informaciju, kas par vinu savakta jebkura personas datu apstrades sistema, ja vien šo informaciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionalas drošibas, aizsardzibas un kriminaltiesibu joma, ka ari noluka nodrošinat valsts finanšu intereses nodoklu lietas vai finanšu tirgus dalibnieku uzraudzibu un makroekonomisko analizi.

(2) Datu subjektam ir tiesibas iegut informaciju par tam fiziskajam vai juridiskajam personam, kuras noteikta laikposma no parzina ir sanemušas informaciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamaja informacija aizliegts ieklaut valsts institucijas, kuras ir kriminalprocesa virzitaji, operativas darbibas subjekti, vai citas institucijas, par kuram likums aizliedz šadas zinas izpaust.

(3) Datu subjektam ir tiesibas pieprasit ari šadu informaciju:

parzina nosaukums vai vards un uzvards, ka ari adrese;

personas datu apstrades merkis, apjoms un veids;

datums, kad datu subjekta personas datos pedejo reizi izdariti labojumi, dati dzesti vai bloketi;

personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šis zinas izpaust;

automatizetas apstrades sistemas izmantotas apstrades metodes, par kuru piemerošanu tiek pienemti individuali automatizeti lemumi.

(4) Datu subjektam ir tiesibas meneša laika no attieciga pieprasijuma iesniegšanas dienas (ne biežak ka divas reizes gada) bez maksas sanemt rakstveida šaja panta mineto informaciju.

 

16.pants. 
(1) Datu subjektam ir tiesibas pieprasit, lai vina personas datus papildina vai izlabo, ka ari partrauc to apstradi vai iznicina tos, ja personas dati ir nepilnigi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumigi apstradati vai ari tie vairs nav nepieciešami vakšanas merkim. Ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati ir nepilnigi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumigi apstradati vai ari tie vairs nav nepieciešami vakšanas merkim, parzina pienakums ir nekavejoties noverst šo nepilnibu vai parkapumu un par to pazinot trešajam personam, kas iepriekš ir sanemušas apstradatos datus.

(2) (Izslegta ar 01.03.2007. likumu.)

(3) Datu subjektam ir tiesibas meneša laika no attieciga pieprasijuma iesniegšanas dienas sanemt rakstveida parzina pamatotu atbildi par pieprasijuma izskatišanu.

 

17.pants. Ša likuma 15. un 16.pantu nepiemero, ja apstradatie dati tiek izmantoti tikai zinatnisku un statistisku petijumu vajadzibam vai nacionala dokumentara mantojuma veidošanai saskana ar normativajiem aktiem un, pamatojoties uz tiem, attieciba uz datu subjektu netiek veiktas nekadas darbibas un netiek pienemti nekadi lemumi.

 

18.pants. Ja datu subjekts apstrid individualu lemumu, kas pienemts, pamatojoties tikai uz automatizeti apstradatiem datiem, un rada, groza, konstate vai izbeidz tiesiskas attiecibas, parzinim ir pienakums to parskatit. Parzinis var atteikties parskatit šadu lemumu, ja tas pienemts, pamatojoties uz likumu vai ligumu, kas noslegts ar datu subjektu.

 

19.pants. Datu subjekts var aizliegt savu personas datu apstradi komercialiem merkiem, ša likuma 7.panta 6.punkta minetajos gadijumos, izmantošanai informacijas sabiedribas pakalpojumos, tirgus un sabiedriska viedokla petijumos, genealogiskajos petijumos, iznemot gadijumus, kad likumos ir noteikts citadi.

 

20.pants. Ja parzinis nepilda šaja likuma noteiktos pienakumus, datu subjektam ir tiesibas apstridet Datu valsts inspekcija parzina atteikumu sniegt ša likuma 15.panta mineto informaciju vai veikt ša likuma 16.panta minetas darbibas, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka parzinis atsakas pildit vai nepilda tam ar likumu noteiktos pienakumus.

 

III1 nodala.- Datu subjekta tiesibas attieciba uz personas datu apstradi Eirojusta un Eiropas Policijas biroja

20.1 pants. Datu subjektam ir tiesibas iesniegt pieprasijumu Datu valsts inspekcijai par savu personas datu apstradi vai par savu personas datu apstrades parbaudi Eirojusta vai Eiropas Policijas biroja.

20.2 pants. Datu valsts inspekcija, sanemot ša likuma 20.1 panta mineto pieprasijumu, nekavejoties, bet ne velak ka meneša laika no ta sanemšanas dienas parsuta pieprasijumu attiecigi Eirojustam vai Eiropas Policijas birojam izskatišanai un informe par to datu subjektu.

 

IV nodala.- Personas datu apstrades registrešana un aizsardziba

21.pants. 
(1) Visas valsts un pašvaldibu institucijas, fiziskas un juridiskas personas, kas veic vai velas uzsakt personas datu apstradi, registre to šaja likuma noteiktaja kartiba.

(2) Šaja likuma noteikta registracijas kartiba neattiecas uz personas datu apstradi:

gramatvedibas un personala uzskaites merkiem;

valsts vai pašvaldibu informacijas sistemas, kuras savaktie personas dati ir publiski pieejami;

žurnalistiskiem merkiem saskana ar likumu “Par presi un citiem masu informacijas lidzekliem”;

dokumentu un arhiva parvaldibai saskana ar Arhivu likumu;

ja to veic religiskas organizacijas;

ja parzinis likuma noteiktaja kartiba ir registrejis personas datu aizsardzibas specialistu;

ja personas datu apstradi veic saskana ar ša likuma 7.panta 1., 2.punktu vai 13.1 pantu;

to veic zinatnisku, statistisku un genealogisku petijumu vajadzibam.

(3) Ša panta otras dalas 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8.punkta minetos iznemumus nepiemero, ja:

personas datus paredzets nodot uz valsti, kas nav Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalsts;

personas datus paredzets apstradat saistiba ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, tirgus vai sabiedriska viedokla petijumiem, personala atlasi vai personala novertešanu ka komercdarbibas veidu, izlozem vai loterijam;

veic informacijas par personas veselibu apstradi;

personas datu apstrade attiecas uz noziedzigiem nodarijumiem, sodamibu kriminallietas un administrativo parkapumu lietas.

 

21.1 pants. 
(1) Parzinis var neregistret personas datu apstradi, ja vinš noriko personas datu aizsardzibas specialistu. Personas datu aizsardzibas specialists nav personas datu operators.

(2) Par personas datu aizsardzibas specialistu noriko fizisko personu, kurai ir augstaka izglitiba tiesibu zinatnu, informacijas tehnologiju vai lidziga joma un kura ir apmacita Ministru kabineta noteiktaja kartiba.

(3) Parzinis pieškir personas datu aizsardzibas specialistam nepieciešamos lidzeklus, nodrošina nepieciešamo informaciju un darba laika ietvaros paredz laiku, lai vinš varetu veikt ari datu aizsardzibas specialista pienakumus.

(4) Parzinis registre personas datu aizsardzibas specialistu Datu valsts inspekcija.

(5) Personas datu aizsardzibas specialistu registrs ir publiski pieejams. Par personas datu aizsardzibas specialistu registra norada šadu informaciju:

personas vards, uzvards, kontaktinformacija (adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese);

terminš, uz kadu persona ir norikota;

personas datu apstrades vietu un zinas par iespejam sanemt ša likuma 22.panta pirmaja dala mineto informaciju.

(6) Datu valsts inspekcija atliek personas datu aizsardzibas specialista registraciju, ja nav sniegta visa ša panta piektaja dala mineta informacija.

(7) Datu valsts inspekcija neregistre personas datu aizsardzibas specialistu, ja:

vinš neatbilst šaja likuma izvirzitajam prasibam;

iestajies kads no ša likuma 22.panta sestaja dala minetajiem gadijumiem.

(8) Datu valsts inspekcija izsledz personas datu aizsardzibas specialistu no registra šados gadijumos, ja:

ir sanemts parzina iesniegums par izslegšanu no personas datu apstrades registra;

meneša laika pec personas datu aizsardzibas specialista registracijas parzinis nav iesniedzis iesniegumu ari par personas datu apstrades izslegšanu no personas datu apstrades registra.

(9) Datu valsts inspekcija lemumu par personas datu aizsardzibas specialista registraciju pienem 15 dienu laika pec visas ša panta piektaja dala minetas informacijas iesniegšanas Datu valsts inspekcijai.

(10) Datu valsts inspekcija var izslegt personas datu aizsardzibas specialistu no registra un pieprasit personas datu apstrades registraciju saskana ar ša likuma 22.pantu, ja Datu valsts inspekcija personas datu aizsardzibas specialista parzina esošo personas datu apstrade konstate ša likuma parkapumus.

 

21.2 pants. 
(1) Personas datu aizsardzibas specialists organize, kontrole un uzrauga parzina veiktas personas datu apstrades atbilstibu likuma prasibam.

(2) Personas datu aizsardzibas specialists veido registru, kura ieklauj ša likuma 22.panta pirmaja dala mineto informaciju (iznemot ta paša panta pirmas dalas 10. un 11.punkta mineto informaciju), ko bez maksas sniedz datu subjektam vai Datu valsts inspekcijai pec to pieprasijuma.

(3) Personas datu aizsardzibas specialista pienakums ir saglabat un bez tiesiska pamata neizpaust personas datus ari pec darba tiesisko vai dienesta attiecibu izbeigšanas.

(4) Personas datu aizsardzibas specialists katru gadu sagatavo gada parskatu par savu darbibu un iesniedz to parzinim.

 

22.pants. 
(1) Ša likuma 21.panta minetas institucijas un personas, kas velas uzsakt personas datu apstradi, iesniedz Datu valsts inspekcijai registracijas iesniegumu, kura ir ieklauta šada informacija:

parzina vards, uzvards, personas kods (juridiskajai personai .- nosaukums un registracijas numurs), adrese un talruna numurs;

personas datu operatora (ja tads ir) vards, uzvards, personas kods (juridiskajai personai .- nosaukums un registracijas numurs), adrese un talruna numurs;

personas datu apstrades tiesiskais pamats;

personas datu veidi un personas datu apstrades merki;

datu subjektu kategorijas;

personas datu sanemeju kategorijas;

paredzetais personas datu apstrades veids;

planotais personas datu iegušanas veids;

personas datu apstrades vieta;

informacijas resursu vai tehnisko resursu turetajs, ka ari atbildigais par informacijas sistemas drošibu;

tehniskie un organizatoriskie pasakumi, kas nodrošina personas datu aizsardzibu;

kadi personas dati tiks nodoti citam valstim, kas nav Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalstis.

(2) Datu valsts inspekcija identifice to personas datu apstradi, kur iespejami riski datu subjektu tiesibam un brivibam. Šadai personas datu apstradei nosaka pirmsregistracijas parbaudi.

(3) Registrejot personas datu apstradi, Datu valsts inspekcija izsniedz parzinim vai vina pilnvarotai personai personas datu apstrades registracijas apliecibu.

(4) Pirms izmainu izdarišanas personas datu apstrade šis izmainas registre Datu valsts inspekcija, iznemot ša panta pirmas dalas 11.punkta mineto informaciju.

(5) Ja mainas personas datu apstrades tehniskie un organizatoriskie pasakumi, kas butiski ietekme personas datu apstrades aizsardzibu, informacija par to gada laika jaiesniedz Datu valsts inspekcijai.

(6) Ja mainas parzinis vai parzina darbiba tiek izbeigta, vinš iesniedz Datu valsts inspekcijai iesniegumu par personas datu apstrades izslegšanu no personas datu apstrades registra.

(7) Datu valsts inspekcija pienem lemumu par parzina izslegšanu no personas datu apstrades registra, ka ari anule personas datu apstrades registracijas apliecibu, ja:

parzinis nav noversis parkapumus Datu valsts inspekcijas noraditaja termina;

parzinis meneša laika pec izmainu izdarišanas personas datu apstrade nav iesniedzis iesniegumu par izmainu izdarišanu personas datu apstrade vai nav iesniedzis ša panta sestaja dala mineto iesniegumu.

(8) Ministru kabinets nosaka šadu iesniegumu veidlapu paraugus:

personas datu apstrades registracijas iesniegums;

iesniegums par izmainu izdarišanu personas datu apstrade;

personas datu aizsardzibas specialista registracijas iesniegums;

iesniegums par personas datu apstrades izslegšanu no personas datu apstrades registra;

iesniegums par personas datu aizsardzibas specialista izslegšanu no Datu valsts inspekcijas registra.

(9) Par katru personas datu apstrades registraciju vai ša panta ceturtaja dala mineto izmainu registraciju maksajama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktaja kartiba un apmera.

 

23.pants. 
(1) Datu valsts inspekcija atliek personas datu apstrades registraciju vai lemuma pienemšanu par izmainu izdarišanu personas datu apstrade, ja:

personas datu apstrades registracijas iesnieguma konstateti trukumi;

nav sniegta visa ša likuma 22.panta pirmaja dala noradita informacija;

nav samaksata valsts nodeva.

(2) Datu valsts inspekcija neregistre personas datu apstradi vai pienem lemumu par atteikumu izdarit izmainas personas datu apstrade, ja:

Datu valsts inspekcijas konstatetie un pazinotie trukumi nav noversti 30 dienu laika;

personas datu apstrades registracijas iesniegumu vai iesniegumu par izmainu izdarišanu personas datu apstrade iesniegusi persona, kura nav uzskatama par parzini ša likuma izpratne;

parbaudot personas datu apstradi, konstateti normativo aktu parkapumi personas datu aizsardzibas joma.

(3) Iesniedzot dokumentus atkartoti pec šaja likuma noradita termina dokumentos konstateto trukumu noveršanai, šaja likuma paredzeto valsts nodevu maksa atkartoti.

(4) Ša panta otras dalas 2.punkta minetajos gadijumos valsts nodevu atmaksa saskana ar Datu valsts inspekcijas lemumu.

 

24.pants. 
(1) Datu valsts inspekcija personas datu apstrades registra ieklauj ša likuma 22.panta pirmaja un ceturtaja dala mineto informaciju, iznemot informaciju, kas mineta ta pirmas dalas 10. un 11.punkta. Registrs ir publiski pieejams.

(2) Ša panta pirmaja dala minetaja registra neieklauj informaciju par registreto personas datu apstradi, kuru reglamente likums “Par valsts noslepumu” un Operativas darbibas likums.

 

24.1 pants. Ša likuma 21.1 panta piektaja dala un 24.panta pirmaja dala minetie registri ir personas datu apstrades uzraudzibas informacijas sistemas sastavdala. Personas datu apstrades uzraudzibas informacijas sistema ir valsts informacijas sistema, kuras darbibu organize un vada Datu valsts inspekcija.

25.pants. 
(1) Parzina un personas datu operatora pienakums ir lietot nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos lidzeklus, lai aizsargatu personas datus un noverstu to nelikumigu apstradi.

(2) Parzinis kontrole ievadito personas datu veidu un ievadišanas laiku un ir atbildigs par to personu ricibu, kuras veic personas datu apstradi.

 

26.pants. 
(1) Personas datu apstrades aizsardzibas obligatas tehniskas un organizatoriskas prasibas nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts un pašvaldibu institucijas reizi divos gados iesniedz Datu valsts inspekcijai audita atzinumu par personas datu apstradi, ietverot taja ari riska analizi, un parskatu par informacijas drošibas joma veiktajiem pasakumiem. Prasibas audita atzinumam nosaka Ministru kabinets.

(3) (Izslegta ar 12.06.2009. likumu.)

(4) (Izslegta ar 12.06.2009. likumu.)

 

27.pants. 
(1) Fiziskas personas, kuras tiek iesaistitas personas datu apstrade, rakstveida apnemas saglabat un nelikumigi neizpaust personas datus. Šo personu pienakums ir neizpaust personas datus ari pec darba tiesisko vai citu liguma noteikto attiecibu izbeigšanas.

(2) Parzina pienakums ir veikt ša panta pirmaja dala mineto personu uzskaiti.

(3) Apstradajot personas datus, personas datu operatoram jaievero parzina noradijumi.

 

28.pants. 
(1) Personas datus var nodot citai valstij, kas nav Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalsts, ja ši valsts nodrošina tadu datu aizsardzibas pakapi, kas atbilst attiecigajai Latvija speka esošajai datu aizsardzibas pakapei.

(2) Iznemumi ša panta pirmaja dala mineto prasibu pildišana ir pielaujami, ja parzinis apnemas veikt uzraudzibu par attiecigu aizsardzibas pasakumu veikšanu un tiek ieverots vismaz viens no šadiem nosacijumiem:

ir datu subjekta piekrišana;

datu nodošana ir nepieciešama, lai izpilditu vienošanos starp datu subjektu un parzini, personas dati nododami saskana ar datu subjekta ligumsaistibam vai ari , ieverojot datu subjekta lugumu, datu nodošana nepieciešama, lai noslegtu ligumu;

datu nodošana ir nepieciešama un noteikta kartiba pieprasita saskana ar svarigam valsts un sabiedriskajam interesem vai ir nepieciešama tiesvediba;

datu nodošana ir nepieciešama, lai aizsargatu datu subjekta dzivibu un veselibu;

datu nodošana attiecas uz publiskiem vai publiski pieejama registra uzkratiem personas datiem.

(3) Personas datu aizsardzibas pakapes novertejumu saskana ar ša panta pirmo dalu veic Datu valsts inspekcija un sniedz rakstveida piekrišanu personas datu nodošanai.

(4) Lai parzinis saskana ar ša panta otro dalu varetu uzraudzit attiecigo aizsardzibas pasakumu veikšanu, parzinis un personas datu sanemejs nosledz ligumu par personas datu nodošanu. Nosacijumus, kas obligati ieklaujami liguma par personas datu nodošanu, nosaka Ministru kabinets. Ligumu par personas datu nodošanu nesledz starptautiskas sadarbibas, nacionalas drošibas un kriminaltiesibu joma.

(5) Personas datus var nodot citai Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalstij, ja ši valsts nodrošina tadu datu aizsardzibas pakapi, kas atbilst attiecigajai Latvija speka esošajai datu aizsardzibas pakapei.

(6) Nododot personas datus citai valstij vai starptautiskai organizacijai, pazino par attiecigajiem personas datu apstradei paredzetajiem ierobežojumiem, ja vien tie nav ieklauti ša panta ceturtaja dala minetaja liguma.

 

29.pants. 
(1) Personas datu aizsardzibas uzraudzibu veic Datu valsts inspekcija, kas atrodas Tieslietu ministrijas parraudziba, darbojas neatkarigi un patstavigi, izpildot normativajos aktos noteiktas funkcijas, pienem lemumus un izdod administrativos aktus saskana ar likumu. Datu valsts inspekcija ir valsts parvaldes iestade, kuras funkcijas, tiesibas un pienakumus nosaka likums. Datu valsts inspekciju vada direktors, kuru iecel amata un atbrivo no amata Ministru kabinets pec tieslietu ministra priekšlikuma.

(2) Datu valsts inspekcija darbojas saskana ar nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets. Datu valsts inspekcija katru gadu sniedz Ministru kabinetam zinojumu par savu darbibu un publice to laikraksta “Latvijas Vestnesis”.

(3) Datu valsts inspekcijas pienakumi personas datu aizsardzibas joma ir šadi:

nodrošinat valsti personas datu apstrades atbilstibu ša likuma prasibam;

pienemt lemumus un izskatit sudzibas, kas saistitas ar personas datu aizsardzibu;

registret personas datu apstradi;

ierosinat un veikt darbibas, kas verstas uz efektivaku personas datu aizsardzibu, un sniegt atzinumus par valsts un pašvaldibu instituciju veidojamo personas datu apstrades sistemu atbilstibu normativo aktu prasibam;

(izslegts ar 21.06.2012. likumu);

(izslegts ar 12.06.2009. likumu).

(4) Datu valsts inspekcijas tiesibas personas datu aizsardzibas joma ir šadas:

normativajos aktos noteiktaja kartiba bez maksas sanemt no fiziskajam un juridiskajam personam inspekcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informaciju;

veikt personas datu apstrades parbaudi;

pieprasit datu blokešanu, kludainu vai nelikumigi iegutu datu izdzešanu vai iznicinašanu, noteikt pastavigu vai pagaidu aizliegumu datu apstradei;

iesniegt tiesa prasibu par ša likuma parkapumiem;

anulet personas datu apstrades registracijas apliecibu, ja, parbaudot personas datu apstradi, konstateti parkapumi;

likuma noteiktaja kartiba uzlikt administrativos sodus par parkapumiem personas datu apstrade;

veikt parbaudi, lai noteiktu personas datu apstrades atbilstibu normativo aktu prasibam gadijumos, kad parzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informaciju un sanemts attiecigs iesniegums no datu subjekta.

 

30.pants. 
(1) Lai izpilditu ša likuma 29.panta trešaja dala minetos pienakumus, Datu valsts inspekcijas direktoram un vina pilnvarotajiem Datu valsts inspekcijas darbiniekiem ir tiesibas:

brivi apmeklet jebkuras nedzivojamas telpas, kuras atrodas personas datu apstradi, un parzina parstavja klatbutne veikt nepieciešamo parbaudi vai citus pasakumus, lai noteiktu personas datu apstrades procesa atbilstibu likumam;

pieprasit rakstveida vai mutvardu paskaidrojumu no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas saistita ar personas datu apstradi;

pieprasit, lai tiek uzraditi dokumenti un sniegta cita informacija, kas attiecas uz parbaudamo personas datu apstradi;

pieprasit personas datu apstrades, jebkuras tas iekartas vai informacijas neseja parbaudi un noteikt ekspertizi parbaudamo jautajumu izpetei;

ja nepieciešams, savu pienakumu izpildes nodrošinašanai pieaicinat tiesibaizsardzibas iestažu darbiniekus vai citus specialistus;

ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt tiesibaizsardzibas iestadem materialus vainigo personu saukšanai pie atbildibas;

sastadit protokolu par administrativo parkapumu personas datu apstrade.

(2) Registrešana un parbaudes iesaistitie Datu valsts inspekcijas darbinieki nodrošina registracijas un parbaužu gaita iegutas informacijas neizpaušanu, iznemot publiski pieejamo informaciju. Šis aizliegums ir speka ari pec tam, kad darbinieks beidzis pildit amata pienakumus.

 

30.1 pants. 
(1) Datu valsts inspekcija ir nacionala uzraudzibas iestade, kas veic Šengenas informacijas sistemas nacionalas dalas uzraudzibu un parbauda, vai Šengenas informacijas sistema ieklauto personas datu apstrade netiek parkaptas datu subjekta tiesibas.

(2) Datu valsts inspekcija uzrauga, lai personas datu apstrade, kas tiek veikta sadarbiba ar Eiropas Policijas biroju, tiktu ieveroti normativajos aktos noteiktie personas datu apstrades nosacijumi.

 

31.pants. 
(1) Datu valsts inspekcijas amatpersonas izdoto administrativo aktu vai faktisko ricibu var apstridet Datu valsts inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administrativo aktu vai faktisko ricibu, ka ari lemumu par apstrideto administrativo aktu vai faktisko ricibu var parsudzet tiesa likuma noteiktaja kartiba.

(2) Datu valsts inspekcijas direktora vai citas amatpersonas lemuma par datu blokešanu, datu apstrades pastavigu vai pagaidu aizliegumu apstridešana un parsudzešana neaptur ša lemuma darbibu, iznemot gadijumus, kad ta tiek aptureta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatitaja lemumu.

 

32.pants. Ja, parkapjot šo likumu, personai nodarits kaitejums vai raditi zaudejumi, tai ir tiesibas sanemt atbilstigu atlidzinajumu.

 

Parejas noteikumi

1. Ša likuma IV nodala “Personas datu apstrades sistemas registrešana un aizsardziba” stajas speka 2001.gada 1.janvari.

2. Ša likuma 21.panta minetas institucijas un personas, kuras darbibu uzsakušas pirms ša likuma stašanas speka, registrejas Datu valsts inspekcija lidz 2003.gada 1.martam. Neregistreto sistemu darbiba pec ša termina izbeidzama.

3. Grozijumi 4.panta stajas speka 2003.gada 1.julija, bet grozijumi (2002.gada 24.oktobra redakcija) 29.panta pirmaja dala stajas speka 2004.gada 1.janvari.

4. Personas datu apstrades sistemas, kuras lidz 2002.gada 28.novembrim likums neuzlika par pienakumu registret Datu valsts inspekcija, tiek registretas lidz 2003.gada 1.julijam.

5. Parzini, kuri ir registrejuši personas datu apstrades sistemas lidz 2007.gada 1.septembrim, lidz 2008.gada 1.martam bez maksas iesniedz Datu valsts inspekcijai papildu informaciju, lai nodrošinatu informacijas par personas datu apstradi atbilstibu ša likuma 22.panta noteiktajam prasibam.

6. Datu valsts inspekcija lidz 2008.gada 1.martam izsledz no personas datu apstrades registra tas registretas personas datu apstrades sistemas, kuras ieklauto personas datu registraciju šis likums neparedz, ka ari tad, ja ir iestajies kads no ša likuma 22.panta sestaja dala paredzetajiem gadijumiem.

7. Datu valsts inspekcija lidz 2010.gada 31.decembrim izsledz no personas datu apstrades registra tas registretas personas datu apstrades, kuru registraciju šis likums neparedz.

 

Informativa atsauce uz Eiropas Savienibas direktivu

Likuma ieklautas tiesibu normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktivas 95/46/EK par personu aizsardzibu attieciba uz personas datu apstradi un šadu datu brivu apriti.

Likums Saeima pienemts 2000.gada 23.marta.

Valsts prezidente V.Vike-Freiberga
Riga 2000.gada 6.aprili

01Ene/14

Legislacion Informatica de Decreto Supremo nº 02-94-JUS, Texto Único ordenado de la Ley de Normas Generales de Procediminetos Administrativos, de 28 de enero de 1994 (Publicado el 31 de enero de 1994)

Decreto Supremo número 02-94-JUS, Texto Único ordenado de la Ley de Normas Generales de Procediminetos Administrativos, de 28 de enero de 1994 (Publicado el 31 de enero de 1994)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


CONSIDERANDO :

Que por Decreto Ley número 26.111, Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, se modificó el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo número 006-67-SC, así como se estableció su nueva denominación;

Que el Artículo 9º del Decreto Ley número 26.111, establece que el Poder Ejecutivo aprobará el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

SE DECRETA :

Artículo 1º.- Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos que consta de 114 artículos y dos disposiciones complementarias.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República

FERNANDO VEGA SANTA GADEA, Ministro de Justicia.

CAPÍTULO I . DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- En la aplicación de las leyes toda autoridad del Estado, en su respectivo ámbito, deberá cumplir con los principios a que se refiere el presente Título Preliminar, salvo disposición legal expresa en contrario.

Artículo II.- Ninguna autoridad del Estado dejará de resolver por deficiencia del ordenamiento jurídico las cuestiones que se les propongan, debiendo acudir a los principios de este Título Preliminar.

Artículo III.- En todo acto o procedimiento debe observarse el ordenamiento legal vigente.

Cuando una norma de Derecho Público condiciona el ejercicio de un derecho a hechos anteriores, sólo se tienen en cuenta los iniciados con posterioridad a la referida norma.

Artículo IV.- Toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte.

Artículo V.- Toda autoridad del Estado debe cumplir con los plazos señalados por la ley y no podrá exigir requisitos que no estén establecidos en los dispositivos legales vigentes.

Artículo VI.- Las resoluciones que pongan fin a un procedimiento no judicial podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante la acción a que se refiere el Artículo 486º numeral 6) del Decreto Legislativo número 768, Código Procesal Civil, sin perjuicio de la acción de garantía constitucional ante el Tribunal Constitucional contra la norma legal que ampara la resolución.

Artículo VII.- El presente Título Preliminar se aplica por extensión a todo procedimiento fuera del ámbito del Poder Judicial. (Capítulo incorporado de conformidad con el Artículo 1º de la Ley número 26.654)

CAPÍTULO II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1º
.- La presente Ley rige la actuación de orden administrativo de las entidades de la Administración Pública, siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto.

En consecuencia se aplica a :

Los procesos administrativos que se siguen ante las diversas entidades de la Administración Pública que resuelven cuestiones contenciosas entre dos o más particulares, entre éstos y la Administración Pública o entre entidades de esta última;

Los actos administrativos inherentes a las funciones propias de la Administración Pública que se inician de oficio, tales como inspecciones, fiscalizaciones y otras acciones de supervisión;

Los procedimientos para la enajenación o adquisición de bienes y servicios por o para el Estado y los referidos al otorgamiento de concesiones para obras de infraestructura y de servicios públicos, a que se refiere el numeral 2.2 del inciso c) del Artículo 21º del Decreto Legislativo número 757 – ” Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada”, y

El derecho de petición consagrado en el numeral 20) del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, regulado por la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo número 006-67-SC.

Asimismo, se aplica a los procedimientos administrativos a que se refiere el Título IV del Decreto Legislativo número 757 – “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada”, así como a los procedimientos tributarios, en los aspectos en que no se haya previsto una disposición específica en las normas legales correspondientes.

En ningún caso se aplica a los procedimientos internos de la Administración Pública, destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.

Para los fines a que se contrae este artículo, la Administración Pública comprende a los ministerios, instituciones y organismos públicos descentralizados, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, los organismos constitucionalmente autónomos, y las empresas u otras entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos, incluidas las universidades públicas y privadas.

Artículo 2º .- Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver, por deficiencia de las leyes, las cuestiones que se les proponga; en este caso acudirán a las fuentes supletorias del derecho administrativo.

Artículo 3º .- El proceso administrativo puede ser promovido de oficio por el órgano competente o a instancia de parte interesada.

Artículo 4º .- Cualquier persona con capacidad jurídica puede presentarse ante la autoridad administrativa para obtener la declaración, reconocimiento o concesión de un derecho, el ejercicio de una facultad, la constancia de un hecho, o formular legítima oposición.

Artículo 5º .- Frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo y directo, procede la interposición de una reclamación para que se revoque o modifique el acto impugnado y se suspendan sus efectos.

Artículo 6º .- Para que el simple interés pueda justificar la titularidad del reclamante, se precisa que sea directo, personal, actual y probado.

El interés puede ser material o moral.

Artículo 7º .- Las personas naturales y jurídicas podrán presentar una petición o interponer un reclamo aduciendo el interés de la sociedad.

Artículo 8º .– Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante la acción contencioso-administrativa a que se refiere el Artículo 148º de la Constitución Política del Estado.

Para tal efecto, se pone fin al procedimiento administrativo :

Con la resolución expedida por un órgano que no esté sometido a subordinación jerárquica en la vía administrativa o cuando se produzca el silencio administrativo previsto en el Artículo 87º, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o

Con la resolución expedida o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne la resolución de un órgano sometido a subordinación jerárquica; o

Con la resolución expedida o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el primer párrafo del Artículo 100º de la presente ley; o

Con la declaratoria de nulidad de las resoluciones administrativas que hayan quedado consentidas, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 110º de la presente ley. (Modificado por Ley número 26.810)

Artículo 9º .- La tramitación de los procedimientos administrativos contemplados en los incisos b) y d) del Artículo 1º de la presente Ley, es gratuita.

Sólo procederá el cobro de los derechos de tramitación de procedimientos administrativos por parte de las entidades de la Administración Pública, cuando esté autorizado por Ley y conste en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad correspondiente, los mismos que serán establecidos conforme a lo prescrito en el Artículo 30º del Decreto Legislativo número 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. En ningún caso el monto de los derechos de tramitación podrá exceder anualmente de una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1º de enero del mismo ejercicio gravable.

Artículo 10º .- Los servidores públicos están obligados a desempeñar sus funciones con la más absoluta imparcialidad, emitir los dictámenes e informes y expedir las resoluciones, ciñéndose a las normas establecidas.

TÍTULO PRIMERO. DE LOS SUJETOS DEL PROCESO


CAPÍTULO I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA


Artículo 11º .- El órgano administrativo se abstendrá de seguir conociendo un proceso y lo remitirá al Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 13º de la Ley Orgánica de ese Poder, cuando se suscite una cuestión litigiosa entre dos particulares sobre determinadas relaciones de derecho privado, que precisen ser esclarecidas previamente antes del pronunciamiento administrativo.

La resolución inhibitoria que se dicte será elevada en consulta al superior jerárquico, aún cuando no medie apelación. Si se confirma la resolución inhibitoria, será comunicada al Procurador Público para que, previa resolución ministerial que lo autorice, se apersone ante el Juez, si conviniera a los intereses del Estado.

Artículo 12º .- La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos originarios, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las disposiciones legales.

Artículo 13º .- La incompetencia puede declararse de oficio o a instancia de los interesados.

El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente.

Artículo 14º .- En el caso de suscitarse conflicto negativo de atribuciones se elevará el expediente al órgano inmediato superior para que resuelva la competencia. Esta decisión es irrecurrible.

Artículo 15º .- El órgano que se considere competente requerirá de inhibición al que está conociendo del asunto, quien, si estuviere de acuerdo, enviará lo actuado al funcionario requiriente para que continúe el trámite. En caso de sostener su competencia el funcionario requerido, remitirá lo actuado al superior inmediato para que la dirima.

Artículo 16º .- En todo caso de conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dictará resolución en el plazo de ocho días.

CAPÍTULO II. ABSTENCIÓN


Artículo 17º .- La autoridad o funcionario que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo de la petición o reclamo puedan influir en el sentido de la resolución, deberá abstenerse de resolver o intervenir en los siguientes casos:

Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los interesados o con sus representantes o mandatarios.

Si ha tenido intervención como abogado, perito o testigo en el mismo proceso.

Si la resolución por expedirse le pudiera favorecer directa y personalmente.
El superior jerárquico podrá disponer de oficio, o a pedido de los interesados, la abstención del funcionario incurso en alguna de las causales a que se refiere el presente Artículo. En este mismo acto designará al funcionario que continuará conociendo del asunto.

Artículo 18º .- La no abstención podrá dar lugar a que se declare la nulidad de la resolución, pero sólo en el caso de que se hubieran violado manifiestamente las normas legales, o se hubiera incurrido en error de interpretación de las pruebas. Tanto en este caso como en el de confirmatoria, el superior ordenará la apertura del procedimiento disciplinario contra el funcionario que no se hubiese abstenido de intervenir.

Artículo 19º .- El funcionario que se abstenga de resolver o intervenir en un asunto determinado, remitirá el expediente a su superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes de haberlo recibido para que, sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención.

Artículo 20º .- Contra la resolución expedida en esta materia no se concederá recurso impugnativo, salvo la posibilidad de alegar la no abstención como fundamento del recurso administrativo contra la resolución final.

CAPÍTULO III. DE LOS INTERESADOS


Artículo 21º .- Tendrán capacidad procesal ante la Administración Pública las personas que gozan de capacidad conforme a las leyes.

Artículo 22º .- Las personas jurídicas podrán intervenir en el proceso a través de sus representantes legales, quienes deberán actuar premunidos de los respectivos poderes.

Artículo 23º .- Para la tramitación ordinaria de los procesos administrativos se requiere poder general, el cual se formalizará mediante simple carta poder.

Para el desistimiento de la petición o reclamo, la renuncia de derechos o el cobro de dinero, se requiere poder especial en el que deberá señalarse expresamente el acto o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial se formalizará mediante documento privado con firma legalizada ante notario o funcionario público autorizado para el efecto.

Artículo 24º .- Si durante la tramitación de un proceso se advierte la existencia de interesados que no hayan comparecido, se comunicará a dichas personas la tramitación del expediente.

Artículo 25º .- Los interesados están facultados para facilitar a las entidades de la Administración Pública los informes y otros documentos vinculados a sus peticiones o reclamos, que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento correspondiente.

Artículo 26º .- Nadie estará obligado a comparecer personalmente a una repartición pública, salvo que tal obligación emanase de la ley. En la citación se hará constar el objeto de la comparecencia.

CAPÍTULO IV. RESPONSABILIDAD


Artículo 27º .- Las personas a quienes los funcionarios o servidores públicos soliciten un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja para favorecer, realizar u omitir un trámite, ya sea en cumplimiento o en violación de sus funciones, podrán denunciar tales hechos, indistinta o conjuntamente, al órgano de control interno de la entidad respectiva o al Ministerio Público, de conformidad con los Artículos 11º, 12º y 13º del Decreto Legislativo número 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

Los funcionarios o servidores públicos que soliciten o acepten tal donativo, promesa o cualquier otra ventaja serán sancionados disciplinariamente con destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso h) del Artículo 28º del Decreto Legislativo número 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, previo proceso administrativo.

Artículo 28º .- Los funcionarios y servidores públicos que incumplan las disposiciones contenidas en la presente Ley incurrirán en falta disciplinaria que será sancionada conforme a lo dispuesto en el Artículo 26º del Decreto Legislativo número 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Los interesados podrán interponer, indistinta o conjuntamente, la queja a que se refiere el Artículo 105º de la presente Ley, dirigirse al órgano de control interno de la entidad respectiva, o interponer el recurso de queja ante el Fiscal de la Nación previsto en el Artículo 67º del Decreto Legislativo número 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar.

Artículo 29º .- El contenido de un expediente administrativo es intangible. No podrán introducirse enmendaduras o raspaduras, entrelineados ni añadiduras, de ninguna clase, en los documentos administrativos, una vez que éstos hayan sido firmados por el funcionario competente. De ser necesario, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones que se hubieran producido. Tampoco se podrá desglosar ni sustituir página alguna, ni alterar la foliación, salvo autorización por escrito de la autoridad competente.

La infracción de esta norma determina la aplicación de las sanciones previstas en los dos artículos anteriores, según su gravedad.

Artículo 30º .- Si en la tramitación del proceso un particular se valiera de instrumentos falsos o adulterados, o de cualquier otro medio de engaño para conseguir ventaja para sí o para un tercero o representado, en agravio del Estado, se aplicará, en la misma resolución que declare la nulidad, las sanciones administrativas que señalen las leyes, sin perjuicio de ordenarse la interposición de la acción penal que corresponda.

Artículo 31º .- La Presidencia del Consejo de Ministros designará al organismo que, en coordinación con las Comisiones de Procesos Administrativos de las entidades de la Administración Pública, organizará y actualizará en forma permanente un registro de las sanciones de destitución que se hayan aplicado a los servidores y funcionarios públicos, con el objeto de impedir su reingreso a la carrera administrativa durante el período de inhabilitación a que refiere el Artículo 30º del Decreto Legislativo número 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

TÍTULO SEGUNDO. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA


CAPÍTULO I. DEL PROCESO ADMINISTRATIVO


Artículo 32º .- El proceso administrativo se regirá por los principios de simplicidad, celeridad y eficacia.

Estos principios servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.

Asimismo serán aplicables los principios generales previstos en el Artículo 2º de la Ley número 25.035, Ley de Simplificación Administrativa.

Artículo 33º .- Los documentos, formularios y expedientes administrativos, se uniformarán en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúna iguales características.

Artículo 34º .- En todas las oficinas administrativas se informará al público acerca de los fines, competencia y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios, así como sobre la tramitación de expedientes, diagramas de procedimiento, organigramas, indicación sobre localización de dependencias y horarios de trabajo.

Artículo 35º.- Cuando los órganos administrativos, deban resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, se podrá emplear formularios impresos y otros métodos que permitan el rápido despacho de los asuntos.

Artículo 36º .- No podrá organizarse sino un sólo expediente para la solución de un mismo caso.

Cualquier escrito deberá hacer referencia al expediente de la materia.

Artículo 37º .- El expediente deberá iniciarse ante el órgano que es competente para resolver el asunto de que se trate. Ese órgano recabará de los otros órganos o de los organismos autónomos a los que competa algún género de intervención en el asunto cuántos informes, autorizaciones y acuerdos sean precisos, sin perjuicio del derecho de los interesados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los documentos oportunos.

CAPÍTULO II. DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS


Artículo 38º .- Los actos administrativos se producirán por el órgano competente mediante los procedimientos que estuvieren establecidos. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines de aquellos.

Artículo 39º .- Todas las resoluciones serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Artículo 40º .- Los actos administrativos producirán sus efectos desde el día siguiente de su notificación o publicación, salvo que el propio acto señale una fecha posterior.

Artículo 41º .- Los efectos del acto administrativo quedarán suspendidos durante el tiempo que en dicho acto se determine, a partir del día siguiente de su notificación o publicación.

Artículo 42º .- Los actos administrativos en los que tenga interés una pluralidad de sujetos, serán notificados en el domicilio legal señalado por éstos.

Artículo 43º .- Son nulos de pleno derecho los actos administrativos :

Dictados por órgano incompetente.

Contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico.

Dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y de la forma prescrita por la ley.

Artículo 44º .- La nulidad será declarada por la autoridad superior que conozca de la apelación interpuesta por el interesado.

Artículo 45º .- La invalidez de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento, siempre que estén vinculados a él.

Artículo 46º .- Cuando en cualquier momento del proceso se advierta que los interesados no hubieran cumplido con todos los requisitos necesarios, la Administración podrá, de oficio, notificarlos, para que dentro de un plazo prudencial puedan subsanar las omisiones.

CAPÍTULO III. TERMINOS Y PLAZOS


Artículo 47º .- Los términos y plazos establecidos para la tramitación de los procedimientos administrativos se entienden como máximos, y obligan a las autoridades y los funcionarios competentes, así como a los interesados.

Artículo 48º .- La autoridad competente podrá otorgar prórroga de los plazos establecidos para la actuación de las pruebas, cuando así lo soliciten los interesados, o para la evacuación de informes o dictámenes cuando lo pidan los funcionarios. Para ambos casos la prórroga se concederá cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros.

Artículo 49º .- Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Artículo 50º .- Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los feriados. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente a aquél en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

A los términos establecidos en esta Ley se agregará el de la distancia.

Artículo 51º .- No podrá exceder de treinta (30) días el plazo que transcurra desde que se inicie un procedimiento administrativo hasta aquél en que se dicte resolución, salvo en los casos en que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento demande una duración mayor.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN


Artículo 52º – Los interesados o sus apoderados en un expediente administrativo tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información de las oficinas correspondientes.

Artículo 53º .- Las informaciones que se suministren serán claras y sucintas y versarán sobre hechos y situaciones o estados de tramitación o comunicación de expedientes. Si la información se hace por escrito, se dejará copia en el expediente.

Artículo 54º .- Las informaciones verbales, que se emitan por los funcionarios tendrán exclusivamente carácter ilustrativo para quienes las soliciten y no producirán efectos procesales.

Artículo 55º .- Los interesados que son parte en el proceso podrán solicitar que se les expida copia literal certificada de actuaciones contenidas en el expediente. Las copias certificadas de resoluciones sólo podrán ser expedidas cuando hayan sido previamente notificadas.

También podrán solicitarlas los que sin haber intervenido en el proceso acrediten ser titulares de derechos o de intereses que pudieran ser afectados por el acto administrativo.

Artículo 56º .- Las entidades de la Administración Pública no podrán exigir a los interesados la presentación de documentos originales, copias de los mismos legalizadas notarialmente o traducciones oficiales, para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos. Para el efecto, bastará la presentación de copias o traducciones simples, sin perjuicio de las acciones de fiscalización posterior que realicen dichas entidades.

Los interesados serán responsables de la autenticidad de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, que presenten a las entidades de la Administración Pública. En el caso de las traducciones, dicha responsabilidad alcanza solidariamente al traductor.

CAPÍTULO V. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS


Artículo 57º .- En cada dependencia administrativa se llevará un registro de recepción y control de documentos, en el que se anotará el número que corresponde al expediente que se inicia, con expresión de la naturaleza del pedido, fecha de presentación, nombre de los interesados y oficina remitente, en su caso, o dependencia a la que se envía para su trámite.

En el mismo día en que se practique el asiento, se remitirá el documento a la sección o servicio que corresponde.

Artículo 58º .- El expediente administrativo empezará con el primer escrito del interesado o con la orden del funcionario competente, cuando se inicia de oficio; y se seguirán agregando al expediente, por estricto orden cronológico, los documentos, escritos y demás actuados, debidamente foliados, cuidando de formar con todos ellos un solo cuerpo. La foliación deberá hacerse con números y letras.

Cada expediente llevará una carátula con los datos inherentes al procedimiento.

Artículo 59º .- Las peticiones deberán ser presentadas ante la autoridad administrativa competente.

Los interesados que residan fuera de la capital de la República podrán presentar sus peticiones por intermedio de las autoridades políticas o de los órganos delegados de los distintos ministerios, las que serán remitidas a la autoridad administrativa correspondiente, dentro de las veinticuatro horas.

Artículo 60º .- Los interesados podrán remitir sus escritos y peticiones por medio de correo certificado a la autoridades administrativa competente, la que designará en su registro el número del certificado y la fecha de recepción.

TÍTULO TERCERO. DEL PROCEDIMIENTO


CAPÍTULO I. INICIACIÓN


Artículo 61º .- El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior o a petición del interesado.

Artículo 62º .- Todo escrito que presente el interesado debe contener los siguientes datos y requisitos:

Nombre, apellido, domicilio y número de libreta electoral o carnet de extranjería del interesado; y en su caso, los de la persona que lo represente.

Nombre, apellido, domicilio y número de Libreta Electoral o carnet de extranjería del interesado, y en su caso, los de la persona que lo represente.

La petición concretamente expresada y los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya.

Lugar, fecha y firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

Dependencia o autoridad a la que se dirige.

Artículo 63º .- Todo escrito se presentará en papel simple acompañado de una copia que le será devuelta al interesado con el correspondiente sello de recepción, salvo en los casos en que la ley o el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) exija un mayor número de copias.

Artículo 64º .- Las Oficinas de Trámite Documentario de las entidades de la Administración Pública están obligadas a recibir las solicitudes o formularios para la realización de los procedimientos administrativos que se presenten sin cumplir con los correspondientes requisitos, bajo condición de ser subsanado el defecto u omisión en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, anotándose en el escrito y en la copia dicha circunstancia. Transcurrido el plazo antes indicado sin que el defecto u omisión fuera subsanado, el documento se tendrá por no presentado y será devuelto al interesado.

Artículo 65º .- Ninguna oficina pública podrá exigir como condición para admitir la presentación de un escrito que se acompañe al mismo, recibos, constancias o certificaciones de pagos que no tengan relación directa e inmediata con el objeto de la solicitud.

Artículo 66º .- Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales o precautorias que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que se expida, pero sólo si cuenta con elementos de juicio suficientes para ello.

No se podrán dictar medidas provisionales o precautorias que puedan causar perjuicios a los interesados.

Artículo 67º .- El Jefe de Sección o dependencia donde se inicie o se tramite cualquier expediente, bien por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde conexión.

Contra la resolución de acumulación no procede recurso alguno.

CAPÍTULO II. TRAMITACIÓN


Artículo 68º .- El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del proceso deberá ser superado por el funcionario competente, sin necesidad de petición de parte, quien además, determinará la norma aplicable al reclamo, aún cuando no haya sido invocada o la cita legal fuese errónea.

Artículo 69º .- Para dar al procedimiento la mayor rapidez se observarán las siguientes reglas :

a) En la tramitación de los asuntos se guardará el orden de ingreso, en cuanto sea posible, dándose cuenta de los motivos de demora en la oportunidad que señale la Ley.

b) Podrá disponerse en una sola providencia el cumplimiento de todos los trámites que por su naturaleza corresponda.

c) Se observarán puntualmente los términos establecidos, evitándose entorpecimientos o demoras originadas por diligencias innecesarias.

d) Al solicitar los trámites que deben ser cumplidos por otras entidades y organismos de la propia administración, deberá consignarse en la comunicación cursada, el plazo legal establecido.

e) Los trámites a cargo de los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de sesenta (60) días calendario, a partir de la notificación, salvo el caso de que por ley especial se fije plazo distinto. La autoridad competente podrá conceder un plazo extraordinario, que no exceda de seis (6) meses.

Artículo 70º .- Cuando los interesados no cumplan con realizar los trámites a los que se refiere el inciso e) del artículo anterior en el plazo máximo de tres meses, incurrirán en abandono del procedimiento administrativo.

Artículo 71º .- Los empleados y funcionarios que por razón de licencia, vacaciones u otros motivos se alejen de su centro de trabajo, deberán entregar obligatoriamente a su reemplazante, los documentos y expedientes que corran a su cargo. En ningún caso podrán interrumpirse la tramitación de los expedientes por las razones anteriormente expuestas.

Artículo 72º .- Los jefes o funcionarios que tuvieren a su cargo el despacho de los asuntos serán responsables de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para que no sufran retraso, disponiendo lo conveniente para eliminar toda anormalidad en la tramitación de expedientes y en el despacho con el público.

Artículo 73º .- A efecto de la resolución del expediente se solicitarán los dictámenes y/o informes que se juzguen absolutamente necesarios para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver. Al ordenarse la expedición de un dictamen y/o informe se expresará la materia sobre la que se solicita opinión o investigación.

Artículo 74º .- Los informes y/o dictámenes serán sucintos y deberán contener necesaria y exclusivamente los datos y opiniones que se hayan requerido al informante.

Los informes y dictámenes serán evacuados en el plazo de ocho días, salvo disposición legal, o de la autoridad superior, que permite otro mayor.

Artículo 75º .- El órgano encargado de resolver el proceso podrá notificar a las entidades a que se refiere el Artículo 7º de la presente Ley, para que informen si lo tienen por conveniente, sobre las cuestiones que afecten al interés que representan.

Artículo 76º .- Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del expediente acordará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta (30) días, ni inferior a diez (10), a fin de que puedan practicarse las que juzguen pertinentes.

Se actuarán solamente las pruebas instrumentales, periciales y de inspección, que tengan pertinencia con la cuestión que se discute, y su actuación se sujetará a los reglamentos y principios del procedimiento administrativo.

Artículo 77º .- Los gastos que ocasione la actuación de la prueba serán de cargo de los interesados en el proceso.

Las excepciones a esta regla serán las que se señale, en cada caso, dentro de un régimen especial.

Artículo 78º .– Concluida la etapa de la prueba los interesados podrán presentar por escrito un informe haciendo un resumen de las actuaciones realizadas y proponiendo conclusiones.

CAPÍTULO III. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES


Artículo 79º .- Las comunicaciones entre los órganos administrativos se efectuarán en lo posible directamente, evitándose la intervención de órganos que no fueran necesarios. Cuando alguna autoridad u órgano deba tener conocimiento de la comunicación se le enviará copia de la misma.

Artículo 80º .- Las notificaciones serán cursadas por el órgano que dictó el acto o acuerdo, empleándose cualquier medio como oficio, carta o telegrama, siempre que permita tener constancia de su recepción.

Artículo 81º .- La notificación de resoluciones se practicará a más tardar dentro del plazo de diez (10) días, a partir de su expedición y la cédula deberá contener su texto íntegro.

Artículo 82º .- La notificación defectuosa surtirá efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta haberla recibido, si no hay prueba en contrario. Asimismo se le tendrá por bien notificado si se presume que el interesado tuvo conocimiento de su contenido.

En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, se ordenará se rehaga subsanando las omisiones en que se hubiese incurrido

Artículo 83º .- De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación en el domicilio señalado, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado.

CAPÍTULO IV. FIN DEL PROCESO

Artículo 84º .- Pondrán fin al proceso, la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la instancia y la declaración de caducidad.

Artículo 85º .- La resolución decidirá sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso y deberá ser obligatoriamente motivada, salvo que se incorpore a ella el texto de los informes o dictámenes que la sustente.

Artículo 86º .- Cuando las resoluciones se expidan por delegación se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán como dictadas por la autoridad que la haya conferido.

Artículo 87º .- Transcurridos los treinta (30) días a que se refiere el Artículo 51º de la presente Ley sin que se hubiera expedido resolución, el interesado podrá considerar denegada su petición o reclamo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública. En ambos casos el interesado podrá reclamar en queja para denunciar dicha demora, la cual se tramitará conforme a los dispuesto en los artículos 105º al 108º de esta Ley.

Artículo 88º .- Si en el proceso hubiera dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a quien lo hubiere formulado.

Artículo 89º .- Tanto el desistimiento como la renuncia se harán por escrito con firma legalizada por el funcionario superior de la dependencia administrativa que conoce del proceso.

Artículo 90º .- La administración aceptará el desistimiento o la renuncia, salvo que sea de interés público la continuación del proceso.

Artículo 91º .- Cuando no exista disposición específica sobre la caducidad o sobre el abandono en leyes especiales o reglamentos dentro de cuyo régimen se esté tramitando un proceso, el órgano administrativo competente declarará el abandono si el interesado incumple algún trámite y pasan además treinta (30) días, más el término de la distancia, desde que fuera requerido para hacerlo, salvo que sea de interés público la continuación del proceso.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES

Artículo 92º .- Las resoluciones que ponen fin al proceso serán ejecutadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 104º.

Artículo 93º .- Para el cumplimiento de sus resoluciones la Administración Pública dictará las medidas del caso, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 94º .- Cuando así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determinen, la Administración Pública podrá, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Asimismo podrá ejecutar en forma subsidiaria los actos que no sean esencialmente personales del obligado.

Para este efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el primer parágrafo del Artículo 70º.

Artículo 95º .- Si los actos fueran de cumplimiento personal y no fueren ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular judicialmente.

 

TÍTULO CUARTO. RECURSOS Y NULIDAD DE RESOLUCIONES


CAPÍTULO I. RECURSOS IMPUGNATIVOS


Artículo 96º .-
El error material de una resolución podrá ser rectificado de oficio en cualquier momento cuando perjudique intereses del Estado y a pedido de parte sólo cuando sea formulado dentro del plazo de impugnación de una resolución.

Artículo 97º .- Los recursos impugnativos contra las resoluciones que se expidan son:

a) Reconsideración;

b) Apelación;

c) Revisión.

Artículo 98º .- El Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó la primera resolución impugnada, debiendo necesariamente sustentarse en nueva prueba instrumental. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del Recurso de Apelación.

El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Apelación correspondiente o la demanda judicial cuando se trate de un órgano que no esté sometido a subordinación jerárquica, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública. (Modificado por Ley número 26.810)

Artículo 99º. – El Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió la resolución para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.

Artículo 100º .- Excepcionalmente hay lugar a la interposición de un Recurso de Revisión ante una tercera instancia si las dos anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional.

El Recurso de Revisión se interpondrá dentro del término de quince (15) días y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado su recurso a efectos de interponer la demanda judicial correspondiente, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública. (Modificado por Ley número 26.810)

Artículo 101º .- El escrito de interposición del recurso deberá expresar:

a) Funcionario o dependencia a quien se dirige;

b) Nombre y domicilio del recurrente para el efecto de las notificaciones;

c) El acto del que se recurre y la razón de su impugnación;

d) Lugar, fecha y firma;

e) Firma del letrado en los lugares en que la defensa sea cautiva;

Las demás particularidades exigidas en su caso por disposiciones especiales.

Artículo 102º .- Los recursos impugnativos se ejercitarán por una sola vez en cada proceso y nunca simultáneamente.

Artículo 103º .- El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

Artículo 104º .- La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad a quien compete resolverlo podrá suspender de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la resolución recurrida, si existen razones atendibles para ello.

CAPÍTULO II. QUEJA


Artículo 105º .-
En cualquier estado del proceso, el interesado podrá reclamar en queja contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización o infracción de los plazos respectivamente señalados.

Artículo 106º .- La queja se presentará al superior jerárquico de la autoridad o funcionario que tenga a su cargo la tramitación del asunto, citándose el precepto infringido.

Artículo 107º .- La queja será resuelta en el término de tres días previo informe escrito del funcionario a que se refiere la queja, pero sin suspender la tramitación del expediente principal. El informe será emitido dentro de las 48 horas.

Artículo 108º .- Si el superior jerárquico advierte que el funcionario quejado carece de imparcialidad para resolver el proceso, al declarar fundada la queja podrá disponer que otro funcionario de igual jerarquía asuma el conocimiento del asunto.

CAPÍTULO III. NULIDAD DE RESOLUCIONES


Artículo 109º .- En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 43º podrá declararse de oficio la nulidad de resoluciones administrativas, aún cuando hayan quedado consentidas, siempre que agravien al interés público.

En caso haya caducado el plazo correspondiente, el Estado deberá interponer la acción de nulidad ante el poder judicial. Dicha acción es imprescriptible, salvo ley expresa en contrario. (Modificado por Ley 26.960).

Artículo 110º .- La nulidad a que se refiere el artículo anterior deberá ser declarada por el funcionario jerárquicamente superior al que expidió la resolución que se anula. Si se tratara de Resolución Suprema, la nulidad se declarará también por Resolución Suprema.

La facultad de la Administración Pública para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a los seis (3) años, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas. (Modificado por Ley 26.960).

Artículo 111º .- No es aplicable lo dispuesto en el Artículo 109º, cuando se trata de resoluciones expedidas por tribunales o consejos regidos por leyes especiales, casos en los que se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 112º .- Si las resoluciones que expidan los órganos a que se refiere el artículo anterior, hubieran infringido manifiestamente la ley en agravio del interés público, podrán ser impugnadas por el propio Estado en la vía judicial, previa Resolución Suprema autoritativa.

DISPOSICIONES FINALES


Artículo 113º .-
La presente Ley atañe a los actos administrativos, o sea a las decisiones de las autoridades u órganos de la Administración Pública que, en ejercicio de sus propias funciones, resuelven sobre intereses, obligaciones o derechos de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas.

Artículo 114º .- La presente Ley debe aplicarse y cumplirse teniendo en cuenta que sus reglas tienen por objeto crear las garantías, trámites y recursos destinados a asegurar el procedimiento anterior a la acción que los interesados pueden hacer valer ante el Poder Judicial, siempre y cuando agoten, previamente, la vía administrativa; y por tanto cautela igualmente el Derecho de la Administración Pública, dándole la oportunidad de encausar el trámite y su resolución conforme a derecho. Por consiguiente, ningún asunto de carácter administrativo podrá ser llevado a la vía judicial sin el cumplimiento previo de este procedimiento, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 13º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS


PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
.- El derecho de petición, en lo que atañe a las entidades a que se refiere el último párrafo del Artículo 1º de la presente Ley, es el derecho que tiene toda persona a solicitar un pronunciamiento de la Administración Pública sobre asuntos cuya tramitación no está específicamente regulada en la presente Ley ni en los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Para el efecto, se entiende por autoridad competente al titular de la entidad correspondiente al asunto materia de la solicitud.

Las solicitudes estarán sujetas a lo prescrito en los Artículos 51º y 87º de la presente Ley. Este derecho se agota en la vía administrativa.

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Los principios de simplificación administrativa contenidos en los Artículos 28º, 29º, 31º, 32º y 33º del Decreto Legislativo número 757, alcanzan a los organismos constitucionalmente autónomos y las universidades públicas y privadas, de tal modo que deberán ser aplicados por dichas entidades para la determinación de sus trámites y requisitos.

TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 87º de la presente Ley, las entidades que forman parte de la Administración Pública, conforme al último párrafo del Artículo 1º de esta Ley, aplicarán el silencio administrativo positivo en aquellos supuestos contemplados en el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo número 070-89-PCM y normas modificatorias. (Disposición agregada por la Ley número 26594).

01Ene/14

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion für ein Landesinformationsfreiheitsgesetz vom 7. April 2008

Landesgesetz zur Einführung des Rechts auf Informationszugang

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1.- Landesgesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen (Landesinformationsfreiheitsgesetz – LIFG –)

Abschnitt 1.- Allgemeine Bestimmungen

§ 1.- Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu amtlichen Informationen zu gewähren und die Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Es soll die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und Bürger verbessern und damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern.

§ 2.- Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Verwaltungstätigkeit ausüben.

(2) Behörde ist jede Stelle im Sinne des § 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

(3) Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde.

(4) Dieses Gesetz gilt für den Landtag, den Rechnungshof sowie die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

§ 3.- Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. amtliche Informationen alle dienstlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu;

2. Dritte diejenigen, über die personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen.

Abschnitt 2.- Informationsrecht und Verfahren

§ 4.- Informationsrecht

(1) Jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts hat gegenüber den in § 2 genannten Behörden nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zugang zu den dort vorhandenen amtlichen Informationen. Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit.

(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

§ 5.- Antragund und Verfahren

(1) Der Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen amtlichen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich, mündlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form bei der Behörde, die über die begehrten amtlichen Informationen verfügt, gestellt werden. In den Fällen des § 2 Abs. 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient; im Fall der Beleihung besteht der Anspruch gegenüber der oder dem Beliehenen. Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne von § 3 Nr. 2, muss er begründet werden. Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen gelten die §§ 17 bis 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(2) Die Behörde kann die amtliche Information durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise zugänglich machen. Kann die amtliche Information in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft werden, kann sich die Behörde auf deren Angabe beschränken. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs begehrt, darf nur dann eine andere Art bestimmt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt; als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der amtlichen Information zu überprüfen.

(3) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen Informationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. Entsprechendes gilt, wenn sich die Antragstellerin oder der Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen einverstanden erklärt.

(4) Die amtliche Information soll unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Antragstellung, zugänglich gemacht werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist zulässig, soweit eine Antragsbearbeitung innerhalb der in Satz 1 genannten Frist insbesondere wegen Umfang oder Komplexität der begehrten amtlichen Information oder der Beteiligung Dritter nach § 6 nicht möglich ist. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und die Gründe hierfür schriftlich zu informieren. § 7 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 6.- Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) Die Behörde gibt Dritten, deren Belange durch den Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben können.

(2) Die Entscheidung über den Antrag nach § 5 Abs. 1 ergeht schriftlich und ist auch der oder dem Dritten bekannt zu geben; § 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung der oder dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet wurde und seit der Bekanntgabe der Anordnung an die Dritte oder den Dritten zwei Wochen verstrichen sind; § 8 gilt entsprechend.

§ 7.- Ablehnung des Antrags

(1) Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Antrags nach § 5 hat innerhalb der in § 5 Abs. 4 genannten Frist zu erfolgen und ist schriftlich zu begründen. Wurde der Antrag mündlich gestellt, ist eine schriftliche Begründung nur erforderlich, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller dies ausdrücklich verlangt.

(2) Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller auch mitzuteilen, ob die amtliche Information zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise zugänglich gemacht werden kann. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber zu belehren, bei welcher Stelle und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden kann.

(3) Ist die Gewährung des Informationszugangs von der Einwilligung einer oder eines Dritten abhängig, gilt diese als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch die Behörde vorliegt.

(4) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, insbesondere wenn die amtliche Information der Antragstellerin oder dem Antragsteller bereits zugänglich gemacht worden ist.

§ 8.- Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch und Klage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getroffen wurde.

Abschnitt 3.- Schutzbestimmungen

§ 9.- Schutz öf fentlicher Belange

(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit und solange

1. das Bekanntwerden der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen auf die inter- und supranationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land, die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit haben kann,

2. die Bekanntgabe der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen auf den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs- oder Strafvollstreckungsverfahrens oder den Verfahrensablauf eines anhängigen Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens hätte,

3. das Bekanntwerden der amtlichen Information die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, der sonstigen für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, der Staatsanwaltschaften oder der Behörden des Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden, beeinträchtigen würde,

4. die amtliche Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Anweisung zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung/VSA) Rheinland-Pfalz geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegt,

5. das Bekanntwerden der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen auf die Kontroll- und Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs-, Regulierungs- und Sparkassenaufsichtsbehörden haben könnte,

6. das Bekanntwerden der amtlichen Information den wirtschaftlichen Interessen des Landes oder der der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 oder der natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts nach § 2 Abs. 3 schaden könnte,

7. bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information das Interesse der oder des Dritten an einer vertraulichen Behandlung zum Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fortbesteht.

(2) Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht gegenüber der Verfassungsschutzbehörde des Landes.

§ 10.- Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der amtlichen Information der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

§ 11.- Schut z des geistigen Eigentums und von Betriebs – und Geschäftsgeheimnissen

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. Zugang zu Betriebsoder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit die oder der Betroffene eingewilligt hat.

§ 12.- Schutz personenbezogener Daten

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der amtlichen Information personenbezogene Daten Dritter offenbart würden, es sei denn,

1. die oder der Dritte hat eingewilligt,

2. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt.

War die oder der Dritte als Gutachterin oder Gutachter, als Sachverständige oder Sachverständiger oder in vergleichbarer Weise in einem Verfahren tätig, schließt das Bekanntwerden der personenbezogenen Daten den Informationszugang nicht aus, wenn sich die Angabe auf Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer beschränkt und der Übermittlung nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen.

Das Gleiche gilt für personenbezogene Daten von Beschäftigten der Behörde, die in amtlicher Funktion an dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt haben.

Abschnitt 4.- Schlussbestimmungen

§ 13.- Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind Gebühren zu erheben. Dies gilt nicht für die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte und die Einsichtnahme in amtliche Informationen vor Ort. Eine Gebührenpflicht entfällt auch, soweit ein Antrag auf Informationszugang abgelehnt wird. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass das Recht auf Informationszugang wirksam in Anspruch genommen werden kann.

(2) Auslagen sind zu erstatten; sie dürfen die tatsächlichen Kosten nicht überschreiten.

(3) Die Höhe der erstattungsfähigen Kosten bemisst sich nach den im Allgemeinen Gebührenverzeichnis festgelegten Kostensätzen.

§ 14.- Veröffentlichungspflichten

Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen. Organisationspläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen. Soweit möglich, hat die Veröffentlichung in elektronischer Form zu erfolgen.

§ 15.- Evaluierung und Bericht

Die Landesregierung überprüft unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet drei Jahre nach seinem Inkrafttreten dem Landtag.

Artikel 2.- Änderung des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen

Das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 2. März 2006 (GVBl. S. 56), BS 219-1, wird wie folgt geändert:

In § 13 Abs. 2 werden die Worte “Personenbezogene Daten” durch die Worte “Die Angaben über die Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten der Flurstücke (Eigentumsangaben)” ersetzt und folgender neue Satz 2 angefügt:

“Sonstige personenbezogene Geobasisinformationen dürfen übermittelt werden, es sei denn, bei einer Übermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs werden im Einzelfall erkennbar überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt.”

Artikel 3.- Änderung des Landesarchivgesetzes

Das Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990 (GVBl. S. 277), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GVBl. S. 98), BS 224-10, wird wie folgt geändert:

§ 3 wird wie folgt geändert:

1. Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

“Die Darlegung eines berechtigten Interesses ist nicht erforderlich, soweit für Unterlagen vor Übergabe an das öffentliche Archiv bereits ein Zugang nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz gewährt worden ist.”

2. Dem Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort “waren” folgende Worte angefügt:

“oder für die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 vorliegen”.

Artikel 4.- Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des zweiten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.

 

01Ene/14

Ley 19.223 Relativa a Delitos Informáticos

Artículo 1º

 El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo.

Artículo 2º

 El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.

Artículo 3º

 El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Artículo 4º

 El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 28 de Mayo de 1993.- ENRIQUE KRAUSS RUSQUE, Vicepresidente de la República.- Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Vd.  para su conocimiento.-

Saluda atentamente a Vd., Martita Worner Tapia, Subsecretario de Justicia.

01Ene/14

Landesdatenschutzgesetz Bayern. Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 23. Juli 1993 (GVBl. Bayern nº 19 vom 30. Juli 1993, S. 498), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes vom 25. Oktober 2000 (Inkrafttreten zum

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:

 

Erster Abschnitt.- Allgemeine Bestimmungen

 

Artikel 1.- Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, die einzelnen davor zu schützen, daß sie bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen in unzulässiger Weise in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden.

 

Artikel 2.- Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes – ausgenommen der Sechste Abschnitt – gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Behörden, Gerichte und sonstige öffentliche Stellen des Freistaates Bayern, der Gemeinden, Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

(2)

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und an denen – ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen –

1.- eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts beteiligt sind, oder2.außer einer oder mehrerer der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts auch eine oder mehrere der in § 2 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Vereinigungen beteiligt sind, wenn sie keine öffentlichen Stellen des Bundes gemäß § 2 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes sind.

2.- Beteiligt sich eine Vereinigung des privaten Rechts, auf die dieses Gesetz nach Satz 1 Anwendung findent an einer weiteren Vereinigung des privaten Rechts, so findet Satz 1 entsprechende Anwendung.

(3) Für personenbezogene Daten in automatisierten Dateien, die ausschließlich aus verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend erstellt und nach ihrer verarbeitungstechnischen Nutzung automatisch gelöscht werden, gelten von den Vorschriften dieses Gesetzes nur die Artikel 5, 7, 17 Abs. 4, Artikel 25, 29 bis 31, 32 Abs. 1 bis 3, Artikel 33 und 37.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für die Ausübung des Begnadigungsrechts.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für den Landtag nur, soweit er in Verwaltungsangelegenheiten tätig wird.

(6) In bezug auf Gerichte und den Obersten Rechnungshof gelten der Vierte und Fünfte Abschnitt sowie Artikel 9 nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz oder über Verfahren der Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

(9) Dieses Gesetz läßt die Verpflichtung zur Wahrung der in § 203 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs genannten Geheimnisse unberührt.

 

Artikel 3.- Öffentliche Stellen, die am Wettbewerb teilnehmen

(1)

1.- Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten für sie sowie für ihre Zusammenschlüsse und Verbände die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes mit Ausnahme des Zweiten Abschnitts.

2.- Artikel 2 Abs. 7 bleibt unberührt.

3.-. Für die Durchführung und die Kontrolle des Datenschutzes gelten an Stelle der §§ 4d bis 4g und 38 des Bundesdatenschutzgesetzes die Artikel 9 und 25 bis 33.

(2)

1.- Soweit öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten für sie die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Versicherungsunternehmen anzuwenden sind. 

2.- Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sowie für ihre Zusammenschlüsse und Verbände gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Kreditinstitute anzuwenden sind.

3.- Artikel 2 Abs. 7 bleibt unberührt.

(3) Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern unterliegt den Vorschriften dieses Gesetzes auch, soweit sie am Wettbewerb teilnimmt.

 

Artikel 4.- Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen (Betroffene).

(2)

1.- Öffentliche Stellen im Sinn dieses Gesetzes sind die in Artikel 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Stellen und Vereinigungen.

2.- Öffentliche Stellen im Sinn der Artikel 18 und 24 sind darüber hinaus die öffentlichen Stellen des Bundes gemäß § 2 des Bundesdatenschutzgesetzes und der anderen Länder nach § 2 des Bundesdatenschutzgesetzes und der jeweils maßgeblichen Landesdatenschutzgesetze.

3.- Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter Satz 1 oder 2 fallen.

4.-Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle.

(3)

Eine Datei ist

1.- eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder

2.- jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (nicht automatisierte Datei).

Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können.

(4)

1.- Akten sind alle sonstigen amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienenden Unterlagen; dazu zählen auch Bild- und Tonträger.

2.- Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über Betroffene.

(6)

I.-Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten.

II.- Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren:

1.- Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,

2.- Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten,

3.-Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Daten an Dritte in der Weise, daßa)die Daten durch die speichernde Stelle an Dritte weitergegeben werden oderb)Dritte Daten einsehen oder abrufen, die von der speichernden Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehalten werden,

4.- Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5.-Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

(7) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, insbesondere die Weitergabe von Daten innerhalb der speichernden Stelle an Teile derselben Stelle mit anderen Aufgaben oder anderem örtlichem Zuständigkeitsbereich.

(8) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, daß die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.

(9) Speichernde Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst speichert oder durch andere im Auftrag speichern läßt.

(10)

1.- Dritte sind alle Personen oder Stellen außerhalb der speichernden Stelle.

2.- Dritte sind nicht die Betroffenen sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

 

Artikel 5.- Datengeheimnis

1.- Den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personem ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis)

2.- Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

 

Artikel 6.- Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag

(1)

1.- Werden personenbezogene Daten durch andere Stellen im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt, bleibt der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich.

2.- Die im Zweiten Abschnitt genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(2)

1.-Auftragnehmer sind unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihnen getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen.

2.- Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, die technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind.

3.-Der Auftraggeber hat sich soweit erforderlich von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen beim Auftragnehmer zu überzeugen.

(3)

1.-Ist eine öffentliche Stelle Auftragnehmer, so gelten für sie nur die Artikel 5, 7, 25, 29 bis 31, 32 Abs. 1 bis 3, Artikel 33 und 37.

2.- Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nutzen.

3.-Ist er der Ansicht, daß eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen.

(4)

1.-Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

2.-Ist eine schriftliche Auftragserteilung nach Absatz 2 Satz 2 nicht möglich, so ist diese unverzüglich nachzuholen.

 

Artikel 7.- Technische und organisatorische Maßnahmen

(1)

1.-Öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten.

2.-Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten geeignet sind,

1.- Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren (Zugangskontrolle),

2.- zu verhindern, daß Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Datenträgerkontrolle),

3.- die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern (Speicherkontrolle),

4.-zu verhindern, daß Datenverarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung von Unbefugten genutzt werden können (Benutzerkontrolle),

5.- zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können (Zugriffskontrolle),

6.- zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt werden können (Übermittlungskontrolle),

7.- zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle),

8.- zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),

9.- zu verhindern, daß bei der Übertragung personenbezogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können (Transportkontrolle),

10.-die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, daß sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle).

 

Artikel 8.- Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist.

(2)

I.- Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, daß die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann.

II.- Hierzu haben sie schriftlich festzulegen:

1- .die Aufgaben, zu deren Erfüllung personenbezogene Daten verarbeitet werden und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

2.- die Datenempfänger,

3.- die Art der zu übermittelnden Daten,

4.- die nach Artikel 7 erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen.

(3)

1.- Die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs beurteilt sich nach den für die Erhebung und Übermittlung geltenden Vorschriften.

2.- Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Empfänger.

3.- Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlaß besteht.

4.-[1] Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, daß die Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann.

5.-[1] Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufs oder der Übermittlung des Gesamtbestands.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die allen, sei es ohne oder nach besonderer Zulassung, zur Benutzung offenstehen.

 

Zweiter Abschnitt.- Schutzrechte

 

Artikel 9.- Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Jeder kann sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit dem Vorbringen wenden, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen in seinen Rechten verletzt worden zu sein.

 

Artikel 10.- Auskunft und Benachrichtigung

(1)

I.- Die speichernde Stelle hat den Betroffenen auf Antrag Auskunft zu erteilen über

1..- die zur Person gespeicherten Daten,

2.- den Zweck und die Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung,

3.- die Herkunft der Daten und die Empfänger übermittelter Daten, soweit diese Angaben gespeichert sind,

4.- die Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen,

5.- im Fall des Artikel 6 Abs. 1 bis 3 die Auftragnehmer,

6.- im Fall des Artikel 15 Abs. 6 den strukturierten Ablauf der automatisierten Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten und die dabei herangezogenen Entscheidungskriterien.

II.- Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen.

(2) Für die Auskunft werden Kosten nicht erhoben, es sei denn, daß mit der Auskunftserteilung ein besonderer Verwaltungsaufwand verbunden ist.

(3)

1.- In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden.

2.-Sind die personenbezogenen Daten nicht in automatisierten Dateien gespeichert, so wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht.

3.- Die speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(4)

1.- Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, an Polizeidienststellen, an Behörden der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, an Verfassungsschutzbehörden, an den Bundesnachrichtendienst, an den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, an andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, so ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

2.- Für die Versagung der Zustimmung durch Behörden des Freistaates Bayern gilt Absatz 5 entsprechend.

(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1.- die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben der Gefahrenabwehr oder die Verfolgung von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder berufsrechtlichen Vergehen gefährden würde,

2.- die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, die Sicherheit des Staates, die Landesverteidigung oder ein wichtiges wirtschaftliches oder finanzielles Interesse des Freistaates Bayern, eines anderen Landes, des Bundes oder der Europäischen Union – einschließlich Währungs-, Haushalts- und Steuerangelegenheiten – gefährden würde oder

3.- personenbezogene Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der überwiegenden berechtigten Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

(6)

1.- Die Ablehnung der Auskunftserteilung durch Behörden der Staatsanwaltschaft, durch Justizvollzugsanstalten und Behörden der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, bedarf keiner Begründung.

2.- Die Ablehnung der Auskunftserteilung durch sonstige öffentliche Stellen bedarf keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.

3.- In den Fällen der Sätze 1 und 2 ist der Betroffene darauf hinzuweisen, daß er sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann.

(7)

1.- Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die Staatskanzlei, die Staatsministerien, die sonstigen obersten Dienststellen des Staates oder die obersten Aufsichtsbehörden jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich im Einzelfall feststellen, daß dadurch die Sicherheit des Freistaates Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes gefährdet würde.

2.- Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(8)

I.- Werden in einer Datei zur Person Betroffener Daten gespeichert, die weder von den Betroffenen mit ihrer Kenntnis erhoben noch von ihnen mitgeteilt worden sind, so hat die speichernde Stelle die Betroffenen von der Tatsache der Speicherung zu benachrichtigen und dabei die Art der Daten sowie die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Speicherung zu nennen; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

II.- Die Benachrichtigung erfolgt zum Zeitpunkt der Speicherung oder im Fall einer beabsichtigten Übermittlung spätestens mit deren Durchführung.

III- Dienen die Daten der Erstellung einer beabsichtigten Mitteilung an Betroffene, kann die Benachrichtigung mit dieser Mitteilung verbunden werden.

IV.-Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn

1.- eine Rechtsvorschrift die Speicherung der personenbezogenen Daten ausdrücklich vorsieht,

2.- die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Tatsache der Speicherung erlangt haben, oder

3.- die Benachrichtigung der Betroffenen unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

V.- Absatz 5 gilt entsprechend

(9)

1.- Die Absätze 1 bis 8 gelten für Gerichte nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

2.- Absatz 6 Satz 3 und Absatz 7 gelten für den Obersten Rechnungshof nur, soweit er in Verwaltungsangelegenheiten tätig wird.

3.- Absatz 8 gilt nicht für Behörden der Staatsanwaltschaft, für Justizvollzugsanstalten, für Führungsaufsichtsstellen und für Stellen der Gerichts- und Bewährungshilfe.

Artikel 11.- Berichtigung

1.- Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.

2.- Wird bei personenbezogenen Daten in Akten festgestellt, daß sie unrichtig sind, oder wird Richtigkeit vom Betroffenen bestritten, so ist dies in den Akten zu wermeken oder auf sonstige Weise festzuhalten.

 

Artikel 12.- Löschung, Sperrung

(1) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu löschen, wenn

1.- ihre Speicherung unzulässig ist oder

2.- ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu sperren, wenn

1.- ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen läßt oder

2.- eine Löschung nach Absatz 1 wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(3)

1.- Personenbezogene Daten in Akten sind zu sperren, wenn die speichernde Stelle im Einzelfall feststellt, daß ihre Speicherung unzulässig ist.

2.- Stellt die speichernde Stelle im Einzelfall fest, daß der gesamte Akt ausschließlich unzulässig gespeicherte Daten enthält, so sind die personenbezogenen Daten zu löschen.

(4)

1.- Personenbezogene Daten in Akten sind ferner zu sperren, wenn die speichernde Stelle im Einzelfall feststellt, daß ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden.

2.- Stellt die speichernde Stelle im Einzelfall fest, daß der gesamte Akt zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, sind die personenbezogenen Daten zu löschen.

(5) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß durch eine Löschung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden.

(6) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn

1.es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der speichernden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerläßlich oder zur W- ahrnehmung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen oder zur Rechnungsprüfung erforderlich ist und

2.- die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

(7) Daten, die wegen Unzulässigkeit der Speicherung gesperrt sind, dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nicht mehr übermittelt oder genutzt werden, es sei denn, daß dies zur Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen oder zur Rechnungsprüfung erforderlich ist.

(8) Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv zur Übernahme anzubieten, ist eine Löschung erst zulässig, nachdem die Unterlagen dem öffentlichen Archiv angeboten worden sind und von diesem nicht als archivwürdig übernommen worden sind oder über die Übernahme nicht fristgerecht (Artikel 6 Abs. 4 Bayerisches Archivgesetz oder auf Grund der entsprechenden Festlegungen der Träger von Archiven sonstiger öffentlicher Stellen nach Abschnitt III des Bayerischen Archivgesetzes) entschieden worden ist.

 

Artikel 13.- Benachrichtigung nach Datenübermittlung

Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, denen diese Daten übermittelt wurden, es sei denn, dass die Verständigung sich als unmöglich erweist oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.

 

Artikel 14.- Schadensersatz

(1)

1.- Fügt eine öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist ihr Träger dem Betroffenen zum Ersatz dieses Schadens verpflichtet.

2.- Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die öffentliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat.

(2)

1.- Fügt eine öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige automatisierte Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie dem Betroffenen unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

2.- Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.

3.- Der Anspruch ist insgesamt bis zu einem Betrag in Höhe von 125.000 Euro begrenzt.

4.- Ist auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 125.000 Euro übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.

5.- Sind bei einer Datei mehrere Stellen speicherungsberechtigt und sind Geschädigte nicht in der Lage, die speichernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(3) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(4)

1.- Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

2.- Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(5) Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weiterem Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder nach denen andere für den Schaden verantwortlich sind, bleiben unberührt.

(6) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen.

 

Dritter Abschnitt.- Rechtsgrundlagen der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

 

Artikel 15.- Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, wenn

1.- dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder2.der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Wird eine Einwilligung eingeholt, so sind Betroffene auf den Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, auf die Empfänger vorgesehener Übermittlungen sowie unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung verweigern können.

(3)

1.- Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.

2.-Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegen solche besonderen Umstände auch dann vor, wenn der bestimmte Forschungszweck durch die Schriftform erheblich beeinträchtigt würde.

3.- In diesem Fall sind der Hinweis gemäß Absatz 2 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des wissenschaftlichen Forschungszwecks ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4) Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

(5)

1.- Widersprechen Betroffene schriftlich einer bestimmten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und ergibt eine Abwägung im Einzelfall, dass das schutzwürdige Interesse eines Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der öffentlichen Stelle an der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten überwiegt, so dürfen insoweit personenbezogene Daten nicht erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

2.- Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung anordnet.

(6)

1.- Entscheidungen, die für Betroffene eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung oder Nutzung zum Zweck der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale gestützt werden.

2.- Satz 1 gilt nicht, soweit

1.- eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht,

2.- damit dem Begehren der Betroffenen stattgegeben wird, oder

3.- den Betroffenen die Tatsache einer Entscheidung nach Satz 1 mitgeteilt wird und ihnen Gelegenheit gegeben wird, ihren Standpunkt geltend zu machen; die öffentliche Stelle ist verpflichtet, nach Eingang der Stellungnahme ihre Entscheidung erneut zu prüfen.

(7)

I.- Das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder Sexualleben, ist über die Vorschriften dieses Abschnitts hinaus nur zulässig, wenn

1.- eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht,

2.- die Betroffenen eingewilligt haben, wobei sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss,

3.- es zum Schutz lebenswichtiger Interessen Betroffener oder Dritter erforderlich ist, sofern die Betroffenen aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,

4.- es sich um Daten handelt, die Betroffene offenkundig öffentlich gemacht haben,

5.- es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist,

6.- es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinn des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinn des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,

7.- es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,

8.- es erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten der öffentlichen Stellen auf dem Gebiet des Dienst- und Arbeitsrechts Rechnung zu tragen, oder

9.- es zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen.

II.- Artikel 20 bleibt unberührt.

(8)

1.- Die Absätze 5 bis 7 gelten für Strafgerichte nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

2.- Die Absätze 5 bis 7 gelten nicht für Behörden der Staatsanwaltschaft, für Justizvollzugsanstalten, für Führungsaufsichtsstellen und für Stellen der Gerichts- und Bewährungshilfe.

 

Artikel 16.- Erhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der erhebenden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist.

(2)

I.- Personenbezogene Daten, die nicht aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden, sind beim Betroffenen mit seiner Kenntnis zu erheben.

II.- Personenbezogene Daten dürfen bei Dritten nur erhoben werden, wenn

1.- eine Rechtsvorschrift eine solche Erhebung vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2.-

a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder im Einzelfall eine solche Erhebung erforderlich macht oder

b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde oder keinen Erfolg verspricht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, oder

3.- die Daten nach Artikel 18 Abs. 1 oder einer anderen Rechtsvorschrift von einer öffentlichen Stelle an die erhebende Stelle übermittelt werden dürfen.

III.- Werden Daten beim Betroffenen ohne seine Kenntnis erhoben, gelten die Nummem 1 und 2 Buchst. a des Satzes 2 entsprechend.

(3)

1.- Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist der Erhebungszweck ihm gegenüber anzugeben.

2.- Werden sie beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen.

3.- Auf Verlangen ist der Betroffene über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

4.- Bei einer Datenerhebung auf schriftlichem Weg ist die Rechtsvorschrift stets anzugeben.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

 

Artikel 17.- Verarbeitung und Nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn

1.- es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

2.- es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind; ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 ist das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten für andere Zwecke zulässig, wenn

1.- eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange bestimmt,

2.- der Betroffene eingewilligt hat,

3.- offensichtlich ist, daß es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, daß er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung hierzu verweigern würde,

4.- die Daten für den anderen Zweck auf Grund einer durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunfts- oder Meldepflicht beim Betroffenen erhoben werden dürfen und der Betroffene dieser Pflicht nicht nachgekommen ist,

5.- Angaben des Betroffenen überprüft werden sollen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

6.- Angaben des Betroffenen zur Erlangung von finanziellen Leistungen öffentlicher Stellen mit anderen derartigen Angaben verglichen werden sollen,

7.- es zur Entscheidung über die Verleihung von staatlichen Orden oder Ehrenzeichen oder von sonstigen staatlichen Ehrungen erforderlich ist,

8.- die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die speichernde Stelle die Daten veröffentlichen dürfte,

9.- es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,

10.- es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinn des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinn des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist oder

11.- es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(3)

1.- Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen, der Erstellung von Geschäftsstatistiken, der Rechnungsprüfung, der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die speichernde Stelle oder der Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren der Datenverarbeitung dient.

2.- Das gilt auch für die Verarbeitung und Nutzung zu Ausbildungs- oder Prüfungszwecken durch die speichernde Stelle, soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten in automatisierten Dateien im Sinn des Artikel 2 Abs. 3 sowie personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt werden.

(5)

1.- Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1 bis 3 durch Weitergabe innerhalb der speichernden Stelle genutzt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Weitergabe auch dieser Daten zulässig, soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder Dritter entgegenstehen.

2.- Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Verarbeitung dieser Daten ist nur zulässig, soweit die Daten auch hierfür hätten weitergegeben werden dürfen.

 

Artikel 18.- Datenübermittlung an öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden oder der empfangenden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und für Zwecke erfolgt, für die eine Nutzung nach Artikel 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 zulässig wäre.

(2)

1.- Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

2.- Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung.

3.- In diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, daß besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

4.- Artikel 8 Abs. 3 bleibt unberührt.

(3)

1.- Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind.

2.- Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn für diese Zwecke eine Nutzung nach Artikel 17 Abs. 2 bis 4 zulässig wäre.

(4)

1.- Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder Dritter entgegenstehen.

2.- Eine Nutzung oder Verarbeitung dieser Daten durch den Empfänger ist nur zulässig, soweit die Daten auch hierfür hätten übermittelt werden dürfen.

 

Artikel 19.- Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1.- sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach Artikel 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 zulassen würden oder

2.- die nicht-öffentliche Stelle ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß der Übermittlung hat.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(3)

1.- In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten.

2.- Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, daß er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, wenn die Unterrichtung wegen der Art der personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen nicht geboten erscheint, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Freistaates Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes Nachteile bereiten würde.

(4)

1.- Die nicht-öffentliche Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind.

2.- Sie ist von der übermittelnden Stelle darauf hinzuweisen.

3.- Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 auch für die anderen Zwecke zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

 

Artikel 20.- Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung von Artikel 18 zulässig, wenn sichergestellt ist, daß bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.

 

Artikel 21.- Datenübermittlung an Stellen im Ausland

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder an Organe und Einrichtungen der Europäischen Union gelten Artikel 18 Abs. 1, Artikel 22 und 23 sowie für die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Artikel 19 Abs. 1 und 3, soweit nicht besondere Rechtsvorschriften anzuwenden sind.

(2)

I.- Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen gelten Artikel 19 Abs. 1 und 3, Artikel 22 und 23 entsprechend nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5, soweit nicht besondere Rechtsvorschriften anzuwenden sind.

II.- Die Datenübermittlung ist nur zulässig, wenn das Drittland oder die über- oder zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet.

III.- Die Angemessenheit des Datenschutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei Datenübermittlungen von Bedeutung sind; insbesondere werden die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung oder Nutzung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die in dem Drittland geltenden Rechtsvorschriften sowie die dort geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt.

IV.- Ist kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet, so ist die Übermittlung nur zulässig, wenn

1.- die Betroffenen ihre Einwilligung gegeben haben,

2.- die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der übermittelnden Stelle und den Betroffenen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung der Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,

3.- die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im Interesse Betroffener von der übermittelnden Stelle mit einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden soll,

4.- die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,

5.- die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen Betroffener erforderlich ist,

6.- die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind oder

7.- die empfangende Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen Rechte vorweist; diese Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln ergeben.

V.- Datenübermittlungen, die nach Satz 4 Nr. 7 vorgenommen werden, sind dem Staarsminiterium des Innem mitzuteilen.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(4) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden.

 

Artikel 21a.- Videobeobachtung und Videoaufzeichnung (Videoüberwachung)

(1)

I.- Mit Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen sind die Erhebung (Videobeobachtung) und die Speicherung (Videoaufzeichnung) personenbezogener Daten zulässig, wenn dies im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich ist,

1.- um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich im Bereich öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, von Dienstgebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in d- eren unmittelbarer Nähe aufhalten, oder2.um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, Dienstgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen zu schützen.

2.- Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden.

(2) Die Videoüberwachung und die erhebende Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Daten dürfen für den Zweck verarbeitet und genutzt werden, für den sie erhoben worden sind, für einen anderen Zweck nur, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über die Tatsache der Speicherung entsprechend Artikel 10 Abs. 8 zu benachrichtigen.

(5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind spätestens drei Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.

(6)

1.- Artikel 26 bis 28 gelten für die Videoaufzeichnung entsprechend.

2.- Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten rechtzeitig vor dem Einsatz einer Videoaufzeichnung neben den in Artikel 26 Abs. 3 Satz 1 genannten Beschreibungen die räumliche Ausdehnung und Dauer der Videoaufzeichnung, die Maßnahmen nach Abs. 2 und die vorgesehenen Auswertungen mitzuteilen.

 

Artikel 22.- Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen

1.- Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen  Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person oder Stelle in Ausübung  ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen von der speichemden Stelle nur für den Zwech verarbeitet oder genutzt weden, für den sie erhalten hat.

2.- Für einen anderen Zweck fürfen die Daten nur verarbeitet oder genutzt weden, wenn sie von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person oder Stelle auch für diesen Zweck übermittelt werden dürften und die zur Verschwiegenheit verpflichtete Person oder Stelle in die Zwechänderung eingewillig hat.

3.- Die Übermittlung an eine nicht-öffentliche Stelle ist darüber hinaus nur zulässig, wenn die zur Verschiegenheit verpflichtete Person oder Stelle eingewillig hat.

 

Artikel 23.- Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt werden.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als öffentliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, übermittelte Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten oder zu nutzen und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten.

(3)

1.- Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist.

2.- Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können.

3.- Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn der Betroffene eingewilligt hat oder dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerläßlich ist.

 

Artikel 24.- Rechtsverordnungsermächtigung für Datenübermittlungen

1.- Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung für bestimmte Sachgebiete die Voraussetzungen näher regeln, unter denen personenbezogene Daten an öffentliche Stellen und an nich-öffentliche Stellen übermittelt werden dürfen.

2.- Dabei sind die schutzwürdigen Belange der Betroffenen, berechtigte Interessen Dritter und die Belange einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung miteinander abzuwägen.

3.- In der Rechtsverodnung sind die für die übermittlung bestimmten Daten, deren Empfänger der Zweck der übermittlung zu bezeichnen.

 

Vierter Abschnitt.- Durchführung des Datenschutzes bei öffentlichen Stellen

 

Artikel 25.- Sicherstellung des Datenschutzes, behördliche Datenschutzbeauftragte [2]

(1) Die Staatskanzlei, die Staatsministerien und die sonstigen obersten Dienststellen des Staates, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie die privatrechtlichen Vereinigungen, auf die dieses Gesetz gemäß Artikel 2 Abs. 2 Anwendung findet, haben für ihren Bereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen.

(2)

1.- Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten mit Hilfe von automatisierten Verfahren verarbeiten oder nutzen, haben einen ihrer Beschäftigten zum behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

2.- Mehrere öffentliche Stellen können gemeinsam einen ihrer Beschäftigten bestellen; bei Staatsbehörden kann die Bestellung auch durch eine höhere Behörde erfolgen.

(3)

1.- Die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind in dieser Eigenschaft der Leitung der öffentlichen Stelle oder deren ständigen Vertretung unmittelbar zu unterstellen; bei obersten Dienstbehörden können sie auch dem Ministerialdirektor (Amtschef), in Gemeinden einem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied unterstellt werden.

2.- Sie sind in ihrer Eigenschaft als behördliche Datenschutzbeauftragte weisungsfrei.

3.- Sie können sich in Zweifelsfällen unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.

4.- Sie dürfen wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden.

5.- Sie sind im erforderlichen Umfang von der Erfüllung sonstiger dienstlicher Aufgaben freizustellen.

6.-Die Beschäftigten öffentlicher Stellen können sich in Angelegenheiten des Datenschutzes an ihre behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden.

(4)

1.- Die behördlichen Datenschutzbeauftragten haben die Aufgabe, auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz in der öffentlichen Stelle hinzuwirken.

2.- Sie können die zur Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz erforderliche Einsicht in Dateien und Akten der öffentlichen Stelle nehmen, soweit nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen; sie dürfen Akten mit personenbezogenen Daten, die dem Arztgeheimnis unterliegen, Akten über die Sicherheitsüberprüfung und nicht in Dateien geführte Personalakten nur mit Einwilligung der Betroffenen einsehen.

3.- Sie sind zur Verschwiegenheit über Personen verpflichtet, die ihnen in ihrer Eigenschaft als behördliche Datenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst, soweit sie nicht davon durch diese Personen befreit werden.

 

Artikel 26 [3].- Datenschutzrechtliche Freigabe automatisierter Verfahren

(1)

1.- Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, bedarf der vorherigen schriftlichen Freigabe durch die das Verfahren einsetzende öffentliche Stelle.

2.- Eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Satz 1 ist nicht erforderlich für Verfahren, welche durch den Vorstand der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern bereits datenschutzrechtlich freigegeben worden sind, soweit diese Verfahren unverändert übernommen werden; das Gleiche gilt bei öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern für Verfahren, welche durch das fachlich zuständige Staatsministerium oder die von ihm ermächtigte öffentliche Stelle für den landesweiten Einsatz datenschutzrechtlich freigegeben worden sind.

3.- Für wesentliche Änderungen von Verfahren gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Die datenschutzrechtliche Freigabe hat folgende Angaben zu enthalten:

1.- Bezeichnung des Verfahrens,

2.- Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung,

3.- Art der gespeicherten Daten,

4.- Kreis der Betroffenen,

5.- Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger,

6.- Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der Löschung,

7.- verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen,

8.- im Fall des Artikel 6 Abs. 1 bis 3 die Auftragnehmer,

9.- Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer.

(3)

1.- Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen Änderung eines automatisierten Verfahrens eine Verfahrensbeschreibung mit den in Absatz 2 aufgeführten Angaben zur Verfügung zu stellen; zugleich ist eine allgemeine Beschreibung der Art der für das Verfahren eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 7 und 8 beizugeben.

2.- Die behördlichen Datenschutzbeauftragten erteilen die datenschutzrechtliche Freigabe, soweit nicht schon eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 vorliegt.

3.- Wird ihren datenschutzrechtlichen Einwendungen nicht Rechnung getragen, so legen sie die Entscheidung über die datenschutzrechtliche Freigabe den Personen vor, denen sie nach Artikel 25 Abs. 3 Satz 1 unterstellt sind; bei den in Artikel 15 Abs. 7 genannten Daten haben sie zuvor eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz einzuholen.

 

Artikel 27 [4].- Verfahrensverzeichnis

(1) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten führen ein Verzeichnis der bei der öffentlichen Stelle eingesetzten und datenschutzrechtlich freigegebenen automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(2) In dem Verzeichnis sind für jedes automatisierte Verfahren die in Artikel 26 Abs. 2 genannten Angaben fest zu halten.

(3)

2.- Das Verfahrensverzeichnis kann von jedem kostenfrei eingesehen werden.

2.- Dies gilt nicht bei Behörden der Staatsanwaltschaft, bei Justizvollzugsanstalten, bei Führungsaufsichtsstellen, bei Stellen der Gerichts- und Bewährungshilfe und bei Behörden der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern.

3.- Artikel 10 Abs. 5 gilt entsprechend.

 

Artikel 28.- Rechtsverordnungsermächtigungen

(1)

I.- Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zur Ausgestaltung der datenschutzrechtlichen Freigabe und des Verfahrensverzeichnisses zu regeln, insbesondere zum Zweck der Vereinfachung der Verfahren und zur Entlastung der öffentlichen Stellen.

II.- Die Staatsregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

1.- für automatisierte Verfahren, die dem internen Verwaltungsablauf dienen, wie Registraturverfahren, ausschließlich der Erstellung von Texten dienende Verfahren, Kommunikationsverzeichnisse und Anschriftenverzeichnisse für die Versendung an die Betroffenen,

2.- für automatisierte Verfahren, die ausschließlich Zwecken der Datensicherung und Datenschutzkontrolle dienen, und

3.- für automatisierte Verfahren, deren einziger Zweck das Führen eines Registers ist, das auf Grund einer Rechtsvorschrift zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht, keine Freigabe und Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis erforderlich sind.

(2)

1.- Die Bestellung behördlicher Datenschutzbeauftragter, die datenschutzrechtliche Freigabe und die Führung eines Verfahrensverzeichnisses sind nicht erforderlich, wenn in öffentlichen Stellen ausschließlich automatisierte Verfahren eingesetzt werden, von denen unter Berücksichtigung der erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Daten eine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der Betroffenen unwahrscheinlich ist.

2.- Die Staatsministerien regeln für ihren Geschäftsbereich und für die unter ihrer Aufsicht stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch Rechtsverordnung, bei welchen öffentlichen Stellen die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind.

3.- In der Rechtsverordnung sind die in Artikel 26 Abs. 2 genannten Angaben fest zu halten; diese Angaben sind nicht erforderlich für automatisierte Verfahren, die dem internen Verwaltungsablauf dienen, wie Registraturverfahren, ausschließlich der Erstellung von Texten dienende Verfahren, Kommunikationsverzeichnisse und Anschriftenverzeichnisse für die Versendung an die Betroffenen.

 

Fünfter Abschnitt.- Landesbeauftragter für den Datenschutz

 

Artikel 29.- Ernennung und Rechtsstellung

(1)

1.- Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung einen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

2.- Die Ernennung, Entlassung und Abberufung erfolgt durch den Präsidenten des Landtags.

3.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist Beamter auf Zeit und wird für die Dauer von sechs Jahren berufen.

4.- Wiederwahl ist zulässig.

5.- Vor Ablauf seiner Amtszeit kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz auf seinen Antrag entlassen werden; ohne seine Zustimmung kann er vor Ablauf seiner Amtszeit nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des Landtags abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt.

(2)

1.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amts unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen; er kann sich jederzeit an den Landtag wenden.

2.- Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtags.

3.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist oberste Dienstbehörde im Sinn des § 96 der Strafprozeßordnung und des Artikel 6 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes; die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Schriftstücken sowie die Zeugenaussage bedürfen der Zustimmung des Präsidenten des Landtags.

(3)

1.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bedient sich einer Geschäftsstelle, die beim Landtag eingerichtet wird; Verwaltungsangelegenheiten der Geschäftsstelle werden vom Landtagsamt wahrgenommen, soweit sie nicht der Zuständigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen.

2.- Die Stellen sind im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu besetzen.

3.- Die Mitarbeiter können, falls sie mit der beabsichtigten Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden.

4.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist Dienstvorgesetzter dieser Mitarbeiter.

5.- Sie sind in ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz nur an seine Weisungen gebunden und unterstehen ausschließlich seiner Dienstaufsicht.

(4) Die Personal- und Sachmittel der Geschäftsstelle werden im Einzelplan des Landtags gesondert ausgewiesen.

 

Artikel 30.- Aufgaben

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert bei den öffentlichen Stellen die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz.

(2)

1.- Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung.

2.- Akten über die Sicherheitsprüfung unterliegen seiner Kontrolle nicht, wenn Betroffene der Kontrolle der auf sie bezogenen Daten widersprochen haben.

3.- Unbeschadet des Kontrollrechts des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterrichtet die speichernde Stelle die Betroffenen in allgemeiner Form über das ihnen zustehende Widerspruchsrecht.

4.- Der Widerspruch ist schriftlich gegenüber der speichernden Stelle zu erklären.

(3) Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz erstreckt sich nicht auf personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommission nach Artikel 2 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz unterliegen, es sei denn, die Kommission ersucht den Landesbeauftragten für den Datenschutz, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen und in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten.

(4)

1.- Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz über die Erhebung personenbezogener Daten durch Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Straftaten ist erst nach Abschluß des Strafverfahrens zulässig.

2.- Sie erstreckt sich nicht auf eine Datenerhebung, die gerichtlich überprüft wurde.

3.- Die Sätze 1 und 2 gelten für die Strafvollstreckung entsprechend.

(5)

1.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem Landtag und der Staatsregierung alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit.

2.- Er gibt dabei auch einen Überblick über die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 7 und regt Verbesserungen des Datenschutzes an.

3.- Der Bericht ist in der Datenschutzkommission vorzuberaten.

(6) Der Landtag oder die Staatsregierung können den Landesbeauftragten für den Datenschutz ersuchen, bestimmte Vorgänge aus seinem Aufgabenbereich zu überprüfen.

(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Landesamt für Datenschutzaufsicht tauschen regelmäßig die in Erfüllung ihrer Aufgaben gewonnenen Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig bei ihrer Aufgabenwahrnehmung.

 

Artikel 31 [5].- Beanstandungen

(1)

1.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beanstandet festgestellte Verstöße gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz und fordert ihre Behebung in angemessener Frist.

2.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz verständigt von der Beanstandung die nach Artikel 25 Abs. 1 für die Sicherstellung des Datenschutzes verantwortliche Stelle.

3.- Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen, verständigt er darüber hinaus auch die Aufsichtsbehörde.

(2)

1.- Wird die Beanstandung nicht behoben, so fordert der Landesbeauftragte für den Datenschutz von der für die Sicherstellung des Datenschutzes nach Artikel 25 Abs. 1 verantwortlichen Stelle binnen angemessener Frist geeignete Maßnahmen.

2.- Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

3.- Hat dies nach Ablauf dieser Frist keinen Erfolg, verständigt er den Landtag und die Staatsregierung.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von einer Beanstandung absehen, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen behobene Mängel handelt.

 

Artikel 32.- Unterstützung durch die öffentlichen Stellen

(1)

1.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist von allen öffentlichen Stellen in der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

2.- Ihm sind alle zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte zu geben und auf Anforderung alle Unterlagen über die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zur Einsicht vorzulegen.

3.- Er hat ungehinderten Zutritt zu allen Diensträumen, in denen öffentliche Stellen Daten erheben, verarbeiten oder nutzen.

(2) 

I.- Für

1.- Einrichtungen der Rechtspflege, soweit sie strafverfolgend, strafvollstreckend oder strafvollziehend tätig werden,

2.- Behörden, soweit sie Steuern verwalten oder strafverfolgend oder in Bußgeldverfahren tätig werden und3.Polizei und Verfassungsschutzbehörden gilt Absatz 1 nur gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz selbst und gegenüber den von ihm schriftlich besonders damit Beauftragten. 

II.- Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 1 gelten für diese Stellen nicht, soweit das jeweils zuständige Staatsministerium im Einzelfall feststellt, daß die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des Freistaates Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes gefährden würde.

(3) Die Staatskanzlei und die Staatsministerien unterrichten den Landesbeauftragten für den Datenschutz rechtzeitig über Entwürfe von Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Freistaates Bayern sowie über Planungen bedeutender Automationsvorhaben, sofern sie die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betreffen.

(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die nach Artikel 27 zu führenden Verfahrensverzeichnisse dem Landesbeauftragten für den Datenschutz auf Anforderung zuzuleiten.

 

Artikel 33.- Datenschutzkommission

(1)

I.- Beim Landtag wird eine Datenschutzkommission gebildet.

II.- Sie besteht aus zehn Mitgliedern.

III.- Der Landtag bestellt sechs Mitglieder aus seiner Mitte nach Maßgabe der Stärke seiner Fraktionen; dabei wird das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers angewandt.

IV.- Für Fraktionen, die hiernach nicht zum Zuge kommen, kann der Landtag jeweils ein weiteres Mitglied bestellen, auch wenn sich dadurch die Zahl der Mitglieder nach Satz 2 erhöht.

V.- Ferner bestellt der Landtag jeweils ein weiteres Mitglied auf Vorschlag

1- .der Staatsregierung,

2.- der kommunalen Spitzenverbände,

3.- des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen aus dem Bereich der gesetzlichen Sozialversicherungsträger und

4.- des Verbands freier Berufe e. V. in Bayern.

VI.- Für Mitglied der Datenschutzkommission wird zugleich ein stellvertretendes Mitglied bestellt.

(2) Die Mitglieder der Datenschutzkommission werden für fünf Jahre, die Mitglieder des Landtags für die Wahldauer des Landtags bestellt; sie sind in ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

(3)

1.- Die Datenschutzkommission unterstützt den Landesbeauftragten für den Datenschutz in seiner Arbeit.

2.- Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4)

1.- Die Datenschutzkommission tritt auf Antrag jedes ihrer Mitglieder oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz zusammen.

2.- Den Vorsitz führt ein Mitglied des Landtags.

(5)

1.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt an allen Sitzungen teil.

2.- Er verständigt die Datenschutzkommission von Beanstandungen nach Artikel 31 Abs. 1.

3.- Vor Maßnahmen nach Artikel 31 Abs. 2 ist der Datenschutzkommission Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(6)

1.- Die Mitglieder der Datenschutzkommission haben, auch nach ihrem Ausscheiden, über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.

2.- Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(7) Die Mitglieder der Datenschutzkommission erhalten vom Landesbeauftragten für den Datenschutz Reisekostenvergütung in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

 

Sechster Abschnitt.- Aufsichtsbehörde für den Datenschutz bei nicht-öffentlichen Stellen

 

Artikel 34.- Landesamt für Datenschutzaufsicht

(1) Zuständige Aufsichtsbehörde gemäß § 38 Abs. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes für die Kontrolle der Durchführung des Datenschutzes im Anwendungsbereich des Dritten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht.

(2) Sitz des Landesamts für Datenschutzaufsicht ist Ansbach.

 

Artikel 35.- Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde

(1)

1.- Der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht ist Beamter auf Zeit und wird durch die Staatsregierung für die Dauer von fünf Jahren ernannt.

2.- Die Wiederernennung ist zulässig.

3.- Zum Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht kann nur ernannt werden, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt und über die erforderliche Verwaltungserfahrung verfügt.

4.- Wird ein Beamter oder ein Richter auf Lebenszeit von der Staatsregierung zum Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht ernannt, gilt er für die Dauer der Amtszeit als ohne Bezüge beurlaubt.

5.- Der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf der Amtszeit nur entlassen werden, wenn eine entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt.

(2)

1.- Der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht ist in Ausübung des Amts unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

2.- Für die Ausübung der Dienstaufsicht gegenüber dem Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht gelten die für den Präsidenten des Obersten Rechnungshofs anzuwendenden Vorschriften entsprechend.

3.- Das Landesamt für Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinn des § 96 der Strafprozessordnung und des Artikel 6 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes.

(3)

1.- Die Haushaltsmittel des Landesamts für Datenschutzaufsicht werden im Einzelplan des Staatsministeriums des Innern gesondert ausgewiesen.

2.- Die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) durch das Landesamt für Datenschutzaufsicht bestimmt sich nach dem Kostengesetz.

 

Artikel 36.- (aufgehoben)

 

Siebter Abschnitt.- Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift, Schlußvorschriften

 

Artikel 37.- Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift

(1) Mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro kann belegt werden, wer unbefugt von diesem Gesetz oder von nach Artikel 2 Abs. 7 diesem Gesetz vorgehenden Rechtsvorschriften geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,

1.- speichert, verändert oder übermittelt,

2.- zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder

3.- abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft.

(2) Ferner kann mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro belegt werden, wer

1.- die Übermittlung von durch dieses Gesetz oder durch nach Artikel 2 Abs. 7 diesem Gesetz vorgehenden Rechtsvorschriften geschützten personenbezogenen Daten, die nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,

2.- entgegen Artikel 19 Abs. 4 Satz 1, Artikel 22 Satz 1 oder Artikel 23 Abs. 1 die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt oder

3.- entgegen Artikel 23 Abs. 3 Satz 3 die in Artikel 23 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.

(3)

1.- Wer eine der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2.- Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

3.-Antragsberechtigt sind die Betroffenen, die speichernde öffentliche Stelle und der Landesbeauftragte für den Datenschutz.

 

Artikel 38.- (aufgehoben)

 

Artikel 39.- Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen

1.-  Dieses Gesetz tritt am 1. März 1994 in Kraft.

2.-  (aufgehoben)

3.-  (aufgehoben)

4.- Abweichend von Satz 1 treten Artikel 8 Abs. 3 Sätze 4 und 5 erst am 1. März 1995 in Kraflt.

 

München, den 23. Juli 1993

Der Bayerische Ministerpräsident
Dr. Edmund Stoiber

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Fußnoten

[1] Absatz 3 Satz 4, 5 in Kraft mit Wirkung vom 1. März 1995

[2] Artikel 25 in Kraft mit Wirkung vom 1. März 2001

[3] Artikel 26 in Kraft mit Wirkung vom 1. März 2001

[4] Artikel 27 in Kraft mit Wirkung vom 1. März 2001

[5] Artikel 31 in Kraft mit Wirkung vom 1. März 2001

01Ene/14

Legislacion Informatica de Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 20 settembre 2006.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 20 settembre 2006.
Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 maggio 2006 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Emanuele Calò, nei confronti della Casa di cura S. Camillo s.r.l., con il quale l'interessata, la quale si era sottoposta ad un intervento chirurgico svolto in “videolaparoscopia” presso tale casa di cura, ha ribadito la richiesta- già avanzata con istanza formulata in riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali e rimasta priva di riscontro- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano registrati sulla videocassetta in questione; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 27 giugno 2006 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 5 giugno 2006 con la quale Casa di cura San Camillo s.r.l. ha sostenuto di essere tenuta unicamente, ai sensi dell'art. 92 del Codice, a fornire o a consentire la visione all'interessato, o a soggetto da questi delegato, di una copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera, obbligo cui la resistente avrebbe, come non contestato dalla ricorrente, ottemperato prontamente; rilevato che la resistente ha altresì sostenuto che, essendo la riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente facoltativa per la struttura sanitaria (e perciò non inserita nella cartella clinica), la pretesa della ricorrente di ottenerne la consegna sarebbe quindi “arbitraria, oltre che illegittima”; rilevato, infine, che il titolare del trattamento (che ha fornito anche gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento) ha sostenuto che, essendo stati registrati sulla videocassetta in questione vari interventi chirurgici eseguiti anche su altri pazienti, la consegna del relativo supporto violerebbe la riservatezza dei dati personali degli stessi, pur dichiarandosi comunque disponibile a far “visionare” la medesima videocassetta dalla ricorrente o da persona delegata, previo appuntamento, presso la stessa struttura sanitaria;

VISTA la nota inviata il 6 giugno 2006 con la quale la ricorrente ha contestato le deduzioni formulate dalla controparte sostenendo che, se pur rientra nella facoltà della struttura sanitaria la decisione di eseguire l'intervento in “videolaparoscopia”, una volta che siano stati registrati su apposito video i dati personali del soggetto interessato, quest'ultimo ha il diritto di accedervi ed il titolare ha, quindi, l'obbligo e non la facoltà di consentirne l'accesso; rilevato che la ricorrente ha sostenuto, inoltre, come non sia rilevante che sulla videocassetta siano riprodotti anche i dati personali di altri soggetti parimenti sottoposti ad intervento chirurgico, in quanto il titolare del trattamento ben potrebbe estrapolare la parte relativa all'intervento chirurgico subito dalla ricorrente e metterla a sua disposizione;

VISTA la nota inviata il 12 luglio 2006 con la quale la resistente, nel riportarsi al precedente scritto difensivo, ha sostenuto di essere “nella impossibilità materiale di estrapolare dalla cassetta de quo la ripresa relativa all'intervento di che trattasi, poiché, come in precedenza già chiarito, nella stessa sono filmati interventi chirurgici riguardanti altri pazienti”;

RILEVATO che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell'interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che l'art. 92, comma 2, del Codice, la cui applicabilità è stata invocata dalla resistente nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica da parte di persone diverse dall'interessato, il quale, invece, ha, ai sensi dell'art. 7 del Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito nel corso del procedimento un positivo riscontro alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso ordinando alla resistente di mettere a disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano registrati sulla videocassetta in questione, previo oscuramento delle immagini relative a terzi (profilo per il quale non risulta comprovata l'asserita impossibilità materiale), entro e non oltre il 31 ottobre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, la comunicazione dei dati in questione, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, potrà essere effettuata da parte della struttura sanitaria resistente “solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare”;

RICORDATO tuttavia che, pur essendo l'esercizio del diritto di accesso in termini generali gratuito (quando risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato), in presenza di una richiesta di riprodurre dati personali su uno speciale supporto (quale, nel caso di specie, la videocassetta contenente un filmato che deve essere messa a disposizione nelle sole parti relative all'interessato), ai sensi della determinazione generale del Garante n. 14 del 23 dicembre 2004 in G.U. dell'8 marzo 2005, n. 55, (documento web n. 1104892), il titolare del trattamento può chiedere all'interessato un contributo spese, nella misura massima di 20 euro;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Casa di cura San Camillo s.r.l. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano, entro il termine del 31 ottobre 2006, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Casa di cura San Camillo s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE, Pizzetti

IL RELATORE, Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE, Buttarelli

01Ene/14

Legislacion Informatica de Brasil. Lei nº 10.176, de 11 janeiro 2001. Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitiv

Lei nº 10.176, de 11 janeiro 2001. Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Artigo 1º.- Os arts. 3º, 4º e 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem, a:

I – bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;

II – bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo.

§ 1º Revogado.

§ 2º Para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação de desempenho e preço.”

“Artigo 4º As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei nº 8.191, de 11 de junho de 1991.

§ 1º A. O benefício de isenção estende-se até 31 de dezembro de 2000 e, a partir dessa data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observados os seguintes percentuais:

I – redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2001;

II – redução de noventa por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002;

III – redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003;

IV – redução de oitenta por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2004;

V – redução de setenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2005;

VI – redução de setenta por cento do imposto devido, de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, quando será extinto.

§ 1º B. (VETADO)

§ 1º C. Os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação produzidos de acordo com processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo, condicionados à apresentação de proposta de projeto ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

§ 1º O Poder Executivo definirá a relação dos bens de que trata o § 1oC, respeitado o disposto no Artigo 16A desta Lei, a ser apresentada no prazo de trinta dias, contado da publicação desta Lei, com base em proposta conjunta dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e Tecnologia e da Integração Nacional.

§ 2º Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo de cento e vinte dias, contado da data da solicitação fundada da empresa interessada, devendo ser publicados em portaria interministerial os processos aprovados, bem como os motivos determinantes do indeferimento.

§ 3º São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens de que trata este artigo.

§ 4o A apresentação do projeto de que trata o § 1º C não implica, no momento da entrega, análise do seu conteúdo, ressalvada a verificação de adequação ao processo produtivo básico, servindo entretanto de referência para a avaliação dos relatórios de que trata o § 9º do Artigo 11.”

“Artigo 9º Na hipótese do não cumprimento das exigências desta Lei, ou da não aprovação dos relatórios referidos no § 9º do Artigo 11 desta Lei, poderá ser suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.

Parágrafo único. Na eventualidade de os investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento previstos no Artigo 11 não atingirem, em um determinado ano, o mínimo fixado, o residual será aplicado no fundo de que trata o inciso III do § 1º do mesmo artigo, atualizado e acrescido de doze por cento.”

 

Artigo 2º O Artigo 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no Artigo 4o desta Lei, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, no mínimo cinco por cento de seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta Lei, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de que trata o § 1º C do Artigo 4º .

§ 1º No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no caput deste artigo deverão ser aplicados como segue:

I – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo comitê de que trata o § 5º deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento;

II – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal situado nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, credenciados pelo comitê de que trata o § 5º deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula oito por cento;

III – sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula cinco por cento.

§ 2º Os recursos de que trata o inciso III do § 1o destinam-se, exclusivamente, à promoção de projetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, inclusive em segurança da informação.

§ 3º Percentagem não inferior a trinta por cento dos recursos referidos no inciso II do § 1º será destinada a universidades, faculdades, entidades de ensino e centro ou institutos de pesquisa, criados ou mantidos pelo Poder Público Federal, Distrital ou Estadual, com sede ou estabelecimento principal na região a que o recurso se destina.

§ 4º (VETADO)

§ 5º (VETADO)

§ 6º Os investimentos de que trata este artigo serão reduzidos nos seguintes percentuais:

I – em cinco por cento, de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001;

II – em dez por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002;

III – em quinze por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003;

IV – em vinte por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2004;

V – em vinte e cinco por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2005;

VI – em trinta por cento, de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009.

§ 7º Tratando-se de investimentos relacionados à comercialização de bens de informática e automação produzidos nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste, a redução prevista no § 6º obedecerá aos seguintes percentuais:

I – em três por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002;

II – em oito por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003;

III – em treze por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2004;

IV – em dezoito por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2005;

V – em vinte e três por cento, de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009.

§ 8º A redução de que tratam os §§ 6º e 7º deverá ocorrer de modo proporcional dentre as formas de investimento previstas neste artigo.

§ 9º As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder Executivo demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nesta Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no projeto elaborado e dos respectivos resultados alcançados.

§ 10. O comitê mencionado no § 5º deste artigo aprovará a consolidação dos relatórios de que trata o § 9º.

§ 11. O disposto no § 1º não se aplica às empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior a cinco milhões de Unidades Fiscais de Referência – Ufir.

§ 12. O Ministério da Ciência e Tecnologia divulgará, anualmente, o total dos recursos financeiros aplicados pelas empresas beneficiárias nas instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas, em cumprimento ao disposto no § 1º.”

 

Artigo 3º.- O Artigo 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º……………………………………………………….
………………………………………………………………….

§ 3º Para fazer jus aos benefícios previstos neste artigo, as empresas que tenham como finalidade a produção de bens e serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no mínimo cinco por cento do seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta Lei, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada à Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa e ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

I – revogado;

II – vetado.

§ 4º No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no § 3º deverão ser aplicados como segue:

I – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal na Amazônia Ocidental, credenciadas pelo comitê de que trata o § 6º deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento;

II – sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula cinco por cento.

§ 5º Percentagem não inferior a cinqüenta por cento dos recursos de que trata o inciso II do § 4º será destinada a universidades, faculdades, entidades de ensino ou centros ou institutos de pesquisas, criados ou mantidos pelo Poder Público.

§ 6º Os recursos de que trata o inciso II do § 4º serão geridos por comitê próprio, do qual participarão representantes do governo, de empresas, instituições de ensino superior e institutos de pesquisa do setor.

§ 7º As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder Executivo demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nesta Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no projeto elaborado e dos respectivos resultados alcançados.

§ 8º O comitê mencionado no § 6º aprovará a consolidação dos relatórios de que trata o § 7º.

§ 9º Na hipótese do não cumprimento das exigências deste artigo, ou da não aprovação dos relatórios referidos no § 8º, poderá ser suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.

§ 10. Na eventualidade de os investimentos em atividades da pesquisa e desenvolvimento previstos neste artigo não atingirem, em um determinado ano, o mínimo fixado, o residual será aplicado no fundo de que trata o inciso II do § 4º deste artigo, atualizado e acrescido de doze por cento.

§ 11. O disposto no § 4º deste artigo não se aplica às empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior a cinco milhões de Unidades Fiscais de Referência – Ufir.

§ 12. O Ministério da Ciência e Tecnologia divulgará, anualmente, o total dos recursos financeiros aplicados pelas empresas beneficiárias nas instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas, em cumprimento ao disposto no § 4º deste artigo.”

 

Artigo 4º.- O § 6º do Artigo 7o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei no 1.435, de 16 de dezembro de 1975, e pela Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 7º ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………

§ 6º Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo de cento e vinte dias, contado da data da solicitação fundada da empresa interessada, devendo ser indicados em portaria interministerial os processos aprovados, bem como os motivos determinantes do indeferimento. ……………………………………………………………………..”

 

Artigo 5º.- A Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte Artigo 16 A:

“Artigo 16 A. Para os efeitos desta Lei, consideram-se bens e serviços de informática e automação:

I – componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos insumos de natureza eletrônica;

II – máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;

III – programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software);

IV – serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III.

§ 1º O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os constantes da seguinte relação, que poderá ser ampliada em decorrência de inovações tecnológicas, elaborada conforme nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias – SH:

I – toca-discos, eletrofones, toca-fitas (leitores de cassetes) e outros aparelhos de reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som, da posição 8519;

II – gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som, mesmo com dispositivo de reprodução de som incorporado, da posição 8520;

III – aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, da posição 8521;

IV – partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados aos aparelhos das posições 8519 a 8521, da posição 8522;

V – suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, da posição 8523;

VI – discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, gravados, incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de discos, da posição 8524;

VII – câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders), da posição 8525;

VIII – aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com relógio, da posição 8527, exceto receptores pessoais de radiomensagem;

IX – aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens; monitores e projetores, de vídeo, da posição 8528;

X – partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8526 a 8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders) (8525), da posição 8529;

XI – tubos de raios catódicos para receptores de televisão, da posição 8540;

XII – aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas e tubos, de luz-relâmpago (flash), para fotografia, da posição 9006;

XIII – câmeras e projetores cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados, da posição 9007;

XIV – aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução, da posição 9008;

XV – aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia, da posição 9009;

XVI – aparelhos de relojoaria e suas partes, do capítulo 91.

§ 2ºÉ o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos benefícios de que trata esta Lei dos seguintes produtos:

I – terminais portáteis de telefonia celular;

II – monitores de vídeo, próprios para operar com as máquinas, equipamentos ou dispositivos a que se refere o inciso II do caput deste artigo.”

 

Artigo 6º.- São assegurados os benefícios da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, com a redação dada por esta Lei, à fabricação de terminais portáteis de telefonia celular e monitores de vídeo pelas empresas que tenham projetos aprovados sob o regime daquele diploma legal até a data de publicação desta Lei.

 

Artigo 7º.- Para efeitos da concessão dos incentivos de que trata a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, os produtos especificados no § 2º do Artigo 16 A da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, introduzido pelo Artigo 5º desta Lei, são considerados bens de informática.

 

Artigo 8º.- Para fazer jus aos benefícios previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e na Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, as empresas deverão implantar sistema de qualidade, na forma definida pelo Poder Executivo, e implantar programa de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, nos termos da legislação vigente aplicável. (Regulamentos: Decreto nº 3.800, de 20.4.2001 e Decreto nº 4.401, de 1º.10.2002)

 

Artigo 9º.- O Poder Executivo regulamentará, em até sessenta dias contados da data de vigência desta Lei, o procedimento para fixação do processo produtivo básico referido no § 6º do Artigo 7º do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 1975, pela Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e por esta Lei, e nº§ 2º do Artigo 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, introduzido pelo Artigo 1º desta Lei.

 

Artigo 10.- (VETADO)

 

Artigo 11º. Para os bens de informática e automação produzidos nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste, mediante projetos aprovados a contar da data de publicação desta Lei, o benefício da isenção de que trata a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, estende-se até 31 de dezembro de 2003 e, após essa data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observados os seguintes percentuais: (Regulamento)

I – redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2004;

II – redução de noventa por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2005;

III – redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, quando será extinto.

Parágrafo único. O disposto neste artigo, a partir de 1º de janeiro de 2003, não se aplica às unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), as quais passarão a usufruir do benefício da isenção do Imposto Sobre os Produtos Industrializados – IPI até 31 de dezembro de 2005 e, a partir dessa data, fica convertido em redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, quando será extinto.

Parágrafo único. O disposto neste artigo, a partir de 1º de janeiro de 2003, não se aplica às unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), as quais passarão a usufruir do benefício da isenção do Imposto Sobre os Produtos Industrializados – IPI até 31 de dezembro de 2005 e, a partir dessa data, fica convertido em redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, quando será extinto. (Redação dada pela Lei nº 10.664, de 22.4.2003)

 

Artigo 12.- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias, contado da data da sua publicação.

 

Artigo 13.– Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, exceto os arts. 2º, 3º e 4º, que entram em vigor noventa dias depois da referida publicação.

 

Artigo 14. Revogam-se os arts. 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 15 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Brasília, 11 de janeiro de 2001; 180o da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides Lopes Tápias
Ronaldo Mota Sardenberg

01Ene/14

Legislacion Informatica de Decreto dell´Agenzia Entrante 10 maggio 2006.

Decreto dell´Agenzia Entrante 10 maggio 2006.

DECRETO 10 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate Modalità operative di registrazione telematica degli atti giudiziari ed approvazione delle relative specifiche tecniche.
(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17-05-2006- Suppl. Ordinario n.122)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Visto l'Articolo 73 dello stesso decreto concernente la procedura per la registrazione degli atti giudiziari ed in particolare il comma 2 che ha previsto la trasmissione dei relativi documenti secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed in particolare gli articoli 10, comma 1 lettera c), 13, comma 3 e 67 commi 1 e 4-bis;

Visti l'Articolo 15, comma 2, e l'Articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; Visto l'Articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento dei tributi e delle altre entrate con mezzi diversi dal contante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'Articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con cui sono state rese operative, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001;

Considerata la necessità di disciplinare la procedura che consente la trasmissione per via telematica degli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, ai fini della registrazione;

Decreta:

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “servizio telematico”: il sistema informatico di connessione che consente alle Amministrazioni giudiziaria e finanziaria di poter reciprocamente trasmettere e ricevere dati e documenti relativi agli atti giudiziari, ai fini della registrazione;

b) “modello informatico”: l'insieme dei dati, ivi compresi il testo, concernenti le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, nonchÉ le altre informazioni necessarie per eseguirne la registrazione;

c) “adempimento”: la registrazione degli atti giudiziari individuati dall'Articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

d) “allegati”: altri atti o documenti assunti a base degli atti giudiziari, da assoggettare all'imposta di registro;

e) “utenti”: i funzionari addetti agli uffici dell'amministrazione giudiziaria, che adempiono a quanto previsto dall'Articolo 10, lettera c) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) “file”: l'archivio elettronico predisposto e trasmesso periodicamente dal Ministero della giustizia all'Agenzia delle entrate, contenente i modelli informatici relativi
ad uno o piu' atti giudiziari, ai fini della registrazione.

Articolo 2. Approvazione del modello informatico e delle regole di trasmissione

1. É approvato il modello informatico descritto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. Sono approvate le regole tecniche per la trasmissione degli atti giudiziari riportate nell'allegato 2.

3. Entrambi gli allegati di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, sulla base di protocolli d'intesa tra le amministrazioni interessate.

Articolo 3. Registrazione telematica degli atti giudiziari

1. In osservanza dell'obbligo previsto dall'Articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, gli utenti richiedono la registrazione degli atti giudiziari mediante invio per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto dall'Articolo 13, commi 1 e 3, del predetto testo unico dell'imposta di registro, del modello informatico unitamente agli eventuali allegati individuati dagli utenti medesimi.

2. Il testo degli eventuali documenti assunti a base degli atti giudiziari, diversi dagli allegati trasmessi con il modello informatico, sono inviati agli uffici dell'Agenzia delle entrate, su richiesta di questi ultimi.

3. I documenti di cui al comma 2 possono, ove possibile, essere inviati per via telematica o consultati a distanza.

Articolo 4. Controlli di trasmissione

1. La trasmissione si considera non effettuata qualora il file cui si riferisce risulti non elaborabile, in quanto non conforme alle regole tecniche di cui all'allegato 2.

2. La trasmissione si considera non effettuata relativamente al singolo atto, qualora questo risulti già trasmesso o le informazioni in esso contenute non rispondano ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Articolo 5. Ricevute di trasmissione dei file

1. L'Agenzia delle entrate attesta l'esito dell'invio dei file contenenti i dati per l'esecuzione dell'adempimento, mediante apposita comunicazione resa disponibile agli utenti per via telematica, nella quale sono indicati:

a) l'identificativo del file inviato dagli utenti,

b) il numero di protocollo attribuito al file dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate,

c) la data e l'ora di ricezione del file,

d) il numero degli atti contenuti nel file.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 4, l'Agenzia delle entrate comunica il rifiuto del file.

Articolo 6. Adempimenti connessi alla registrazione

1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a liquidare le imposte e a eseguire la registrazione degli atti giudiziari, rende noto per via telematica, entro il termine di cui all'Articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, l'ammontare delle imposte dovute, ai fini del pagamento delle stesse.

2. Gli uffici giudiziari, ad esclusione dei casi previsti dall'Articolo 54, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, trasmettono alle parti costituite l'avviso di deposito del provvedimento e, ove pervenuti per via telematica entro il termine indicato al comma 1, l'ammontare delle imposte dovute e gli eventuali estremi necessari per eseguire il relativo pagamento, cosi' come indicati dall'Agenzia delle entrate.

3. I dati della liquidazione delle imposte sono resi noti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e il loro inserimento nel registro di cancelleria, reso disponibile per via telematica nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2000, n. 123.

4. Rimangono salvi gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente in capo agli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7. Esecuzione della registrazione per via telematica

1. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha eseguito la registrazione, rende disponibile per via telematica agli utenti un'attestazione che tiene luogo delle annotazioni di cui all'Articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, contenente l'identificativo attribuito all'atto dal Ministero della giustizia, nonchÉ il numero di protocollo e gli estremi di registrazione attribuiti all'atto dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

2. In esecuzione della disposizione di cui all'Articolo 73, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la comunicazione agli utenti dei dati di cui al comma 1 É effettuata entro dieci giorni:

a) dall'accettazione del modello informatico, nei casi di imposta prenotata a debito, a norma dell'Articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) dal pagamento, negli altri casi.

3. Gli utenti annotano in calce o a margine dell'originale dell'atto in possesso del loro ufficio la data, il numero di registrazione, la somma dovuta e versata indicati nell'attestazione di cui al comma 1. L'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere apposta anche sugli eventuali allegati.

Articolo 8. Disposizioni di attuazione e graduale attivazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, a decorrere dal 1° giugno 2006, limitatamente ai decreti ingiuntivi esecutivi senza allegati ovvero con allegati già registrati, con esclusione dei decreti ingiuntivi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, emessi a partire dalla suddetta data dai Tribunali di Bologna e Genova.

2. A decorrere dal 1° settembre 2006 le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle sentenze di rigetto dell'appello, soggette a tassazione fissa, e ai decreti ingiuntivi esecutivi senza allegati ovvero con allegati già registrati, con esclusione dei decreti ingiuntivi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, emessi dalla predetta data rispettivamente dalla Corte d'appello di Roma e dal Tribunale di Roma.

3. Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico che impediscano il rispetto dei termini fissati per gli adempimenti da assolvere, gli utenti, in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, richiedono la registrazione degli atti giudiziari secondo le previgenti modalità. Detti malfunzionamenti devono essere certificati e tempestivamente comunicati dalla competente struttura centrale del Ministero della giustizia all'Agenzia delle entrate, o viceversa, in relazione alla pertinenza del malfunzionamento occorso.

4. Con successivi decreti dirigenziali, l'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, dispone la progressiva estensione delle modalità di registrazione, oggetto del presente decreto alle restanti tipologie di atti giudiziari e per ulteriori aree geografiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2006

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara Il Direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia Papa

01Ene/14

Lei n.º 47/2013 de 10 de julho. Procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, que define o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei nº 47/2013 de 10 de julho

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, que define o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º.- Objeto

A presente lei procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, que define o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes de infraestruturas de comunicações eletrónicas, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, por forma a conformá -lo com os seguintes diplomas:

a) Lei nº 9/2009, de 4 de março, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e a Diretiva nº 2006/100/CE, do Conselho, de 20 de novembro, que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto;

b) Lei nº 99/2009, de 4 de setembro, que aprova o regime quadro das contraordenações do setor das comunicações, alterada pela Lei nº 46/2011, de 24 de junho;

c) Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, que estabelece os princípios e as regras necessários para simplificar o livre acesso e exercício das atividades de serviços e transpõe a Diretiva nº 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro;

d) Decreto-Lei nº 92/2011, de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico do Sistema de Regulação de Acesso a Profissões (SRAP).

Artigo 2º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio

Os artigos 19º, 27º, 37º, 38º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 49º, 56º, 57º, 67º, 68º, 69º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 83º, 86º, 88º, 89º, 90º e 96º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, passam a ter a seguinte redação:

Artigo 19º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .-  A pedido das empresas de comunicações eletrónicas, ou de qualquer das entidades referidas no artigo 2º, o ICP-ANACOM deve avaliar e decidir, num caso concreto, sobre a adequação do valor da remuneração solicitada face à regra estabelecida no nº 1, nos termos do artigo 10º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

4 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Artigo 27º

[…]

1 .-  (Anterior corpo do artigo.)

2 .-  Os requisitos constantes do presente capítulo aplicam -se integralmente às empresas e aos profissionais que exerçam as atividades nele referidas em território nacional, em regime de livre prestação de serviços, excetuados os que claramente não resultem aplicáveis, pela sua própria natureza, a prestações ocasionais e esporádicas.

Artigo 37º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos nas respetivas associações públicas de natureza profissional no seguimento do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, por reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas na alínea anterior;

c) Os cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas na alínea a), que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia a Ordem dos Engenheiros ou a Ordem dos Engenheiros Técnicos, conforme aplicável, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

2 .-  As associações públicas de natureza profissional referidas no número anterior devem disponibilizar ao ICP-ANACOM, nos termos a acordar, informação relativa aos técnicos que consideram habilitados para realizar projetos ITUR.

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Artigo 38º

[…]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, de duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo 44º

Artigo 41º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) As pessoas singulares que disponham das qualificações referidas na alínea a) do nº 1 do artigo 37º e cuja associação pública de natureza profissional lhes reconheça habilitação adequada para o efeito, ou qualificações equivalentes, reconhecidas nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, ou no seguimento da receção da declaração prévia a que se refere o artigo 5º da mesma lei;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) Detentores de qualificação de dupla certificação, obtida por via das modalidades de educação e formação do Sistema Nacional de Qualificações, que integrem as unidades de formação de curta duração ITUR que respeitam os conteúdos definidos no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP–ANACOM;

ii) Técnicos de áreas de formação de eletricidade e energia e de eletrónica e automação, que tenham frequentado com aproveitamento as unidades de formação de curta duração ITUR integradas no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

iii) Cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas nas primeiras partes das subalíneas anteriores que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia o ICP-ANACOM, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto;

c) (Revogada.)

2 .-  (Revogado.)

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 42º.- Título profissional de instalador ITUR habilitado pelo ICP-ANACOM

1 .-  O exercício, em território nacional, da profissão de instalador ITUR por técnico referido nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior depende da posse de título profissional válido, emitido pelo ICP–ANACOM.

2 .-  Em caso de reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior, obtidas fora de Portugal por cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, o título profissional é emitido com a decisão de deferimento proferida nos termos do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

3 .-  Fora dos casos previstos no número anterior, o ICP-ANACOM dispõe de 20 dias para decidir sobre a emissão do título profissional, após a regular entrega do respetivo pedido, instruído com certificado de qualificações, após o que se considera aquele tacitamente deferido, valendo como título profissional, para todos os efeitos legais, os comprovativos de submissão do pedido e do pagamento da respetiva taxa.

4 .-  As referências legislativas a instaladores ITUR habilitados pelo ICP-ANACOM devem entender -se como abrangendo também os profissionais referidos na subalínea iii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior, exceto quando o contrário resulte da norma em causa.

Artigo 43º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Manter atualizada a informação relativa ao seu título profissional, emitido pelo ICP-ANACOM, nos casos aplicáveis;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação, disponibilizando -o ao promotor da obra, ao diretor da obra e ao diretor de fiscalização da obra, ao ICP-ANACOM e ao proprietário ou, no caso de conjunto de edifícios, à respetiva administração;

e) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, de duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo seguinte.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 44º.- Formação de projetistas e instaladores ITUR

1 .-  A formação para obtenção em Portugal das qualificações referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 41º e a formação contínua a que se referem a alínea d) do artigo 38º e a alínea e) do nº 1 do artigo anterior são ministradas por entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, identificadas no nº 1 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, nas quais se incluem as entidades certificadas nos termos do artigo seguinte.

2 .-  Os cursos de formação ministrados pelas entidades referidas no número anterior devem respeitar as unidades de formação de curta duração ITUR previstas no Catálogo Nacional de Qualificações.

Artigo 45º.- Certificação de entidades formadoras de projetistas e instaladores ITUR

1 .-  A certificação de entidades privadas formadoras para projetistas e instaladores ITUR segue os trâmites da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, com as seguintes adaptações:

a) A entidade competente para a certificação é o ICP–ANACOM;

b) As entidades formadoras devem cumprir as obrigações previstas no artigo 49º;

c) O procedimento de revogação da certificação segue os termos do artigo 94º -A;

d) Outros requisitos específicos, em complemento ou derrogação dos requisitos constantes da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da formação profissional, das comunicações e da educação, observado o disposto no nº 4.

2 .-  A certificação das entidades formadoras referidas no número anterior, expressa ou tácita, é comunicada por meio eletrónico ao serviço central competente do ministério responsável pela área da formação profissional, no prazo de 10 dias.

3 .-  O procedimento de certificação tem início após o pagamento das taxas devidas pela entidade formadora certificada, aquando da apresentação do pedido de certificação.

4 .-  Os critérios de determinação do preenchimento dos requisitos técnicos materiais e das qualificações técnicas do pessoal, a constar da portaria referida na alínea d) do nº 1, são propostos pelo ICP-ANACOM, em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação, I. P., que coordena as ofertas educativas e formativas de dupla certificação e o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como com o serviço competente do ministério responsável pela área da formação profissional.

Artigo 49º.- Obrigações da entidade formadora de projetistas e instaladores ITUR

Constituem obrigações da entidade formadora de projetistas e instaladores ITUR:

a) Ministrar cursos de formação ITUR, incluindo de formação contínua, observado o disposto no artigo 44º;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Assegurar que os formadores dos cursos referidos na alínea a) estão devidamente habilitados;

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Facultar ao ICP-ANACOM informação relativa aos formandos com e sem aproveitamento, por curso ministrado, no prazo máximo de 15 dias após o termo do mesmo;

f) Comunicar previamente ao ICP-ANACOM a realização de cada ação de formação, com indicação dos respetivos, local, data e hora.

Artigo 56º

[…]

1 .-  Estão sujeitos a taxas os procedimentos de:

a) Emissão de título profissional de instalador ITUR habilitado pelo ICP-ANACOM;

b) Certificação das entidades formadoras de projetistas e instaladores ITUR.

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .-  Os montantes das taxas referidas no nº 1 são determinados em função dos custos administrativos decorrentes do tipo de procedimento em causa.

Artigo 57º

[…]

1 .-  (Anterior corpo do artigo.)

2 .-  Os requisitos constantes do presente capítulo aplicam -se integralmente às empresas e aos profissionais que exerçam as atividades nele referidas em território nacional, em regime de livre prestação de serviços, excetuados os que claramente não resultem aplicáveis, pela sua própria natureza, a prestações ocasionais e esporádicas.

Artigo 67º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos nas respetivas associações públicas de natureza profissional no seguimento do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, por reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas na alínea anterior;

c) Os cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas na alínea a), que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia a Ordem dos Engenheiros ou a Ordem dos Engenheiros Técnicos, conforme aplicável, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto;

d) Outros técnicos que se encontrem inscritos no ICP–ANACOM como projetistas ITED à data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei.

2 .-  Os projetistas ITED referidos na alínea d) do número anterior apenas se encontram habilitados a subscrever projetos ITED em edifícios com uma estimativa orçamental global da obra até à classe 2, nos termos do regime jurídico de acesso e exercício da atividade da construção.

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .-  As associações públicas de natureza profissional referidas nas alíneas a) a c) do nº 1 devem disponibilizar ao ICP-ANACOM, nos termos a acordar, informação relativa aos técnicos que consideram habilitados para realizar projetos ITED.

5 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 68º.- Título profissional de projetista ITED habilitado pelo ICP-ANACOM

1 .-  O exercício em território nacional da profissão de projetista ITED, por técnico referido na alínea d) do nº 1 do artigo anterior, depende da posse de título profissional válido, emitido pelo ICP-ANACOM.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 69º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, de duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo 77º

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 74º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) As pessoas singulares que disponham das qualificações referidas na alínea a) do nº 1 do artigo 67º e cuja associação pública de natureza profissional lhes reconheça habilitação adequada para o efeito, ou qualificações equivalentes, reconhecidas nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, ou no seguimento da receção da declaração prévia a que se refere o artigo 5º da mesma lei;

b) As pessoas singulares que disponham das seguintes habilitações:

i) Detentores de qualificação de dupla certificação, obtida por via das modalidades de educação e formação do Sistema Nacional de Qualificações, que integrem as unidades de formação de curta duração ITED que respeitam os conteúdos definidos no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

ii) Técnicos de áreas de formação de eletricidade e energia e de eletrónica e automação, que tenham frequentado com aproveitamento as unidades de formação de curta duração ITED integradas no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

iii) Cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas nas primeiras partes das subalíneas anteriores, que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia o ICP-ANACOM, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 75º.- Título profissional de instalador ITED habilitado pelo ICP-ANACOM

1 .-  O exercício, em território nacional, da profissão de instalador ITED, por técnico referido nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior depende da posse de título profissional válido, emitido pelo ICP–ANACOM.

2 .-  Em caso de reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior obtidas fora de Portugal por cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, o título profissional é emitido com a decisão de deferimento proferida nos termos do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

3 .-  Fora dos casos previstos no número anterior, o ICP-ANACOM dispõe de 20 dias para decidir sobre a emissão do título profissional, após a regular entrega do respetivo pedido, instruído com certificado de qualificações, após o que se considera aquele tacitamente deferido, valendo como título profissional, para todos os efeitos legais, os comprovativos de submissão do pedido e do pagamento da respetiva taxa.

4 .-  As referências legislativas a instaladores ITED habilitados pelo ICP-ANACOM devem entender -se como abrangendo também os profissionais referidos na subalínea iii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior, exceto quando o contrário resulte da norma em causa.

Artigo 76º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Manter atualizada a informação relativa ao seu título profissional, emitido pelo ICP-ANACOM, nos casos aplicáveis;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação, disponibilizando -o ao dono da obra, ao diretor da obra e diretor de fiscalização da obra, ao proprietário ou à administração do edifício e ao ICP–ANACOM;

e) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, com duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo seguinte.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 77º.- Formação habilitante de projetistas e instaladores ITED

1 .-  A formação para obtenção em Portugal das qualificações referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 74º e a formação contínua a que se referem a alínea d) do nº 1 do artigo 69º e a alínea e) do nº 1 do artigo anterior são ministradas por entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, identificadas no nº 1 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, nas quais se incluem as entidades certificadas nos termos do artigo seguinte.

2 .-  Os cursos de formação ministrados pelas entidades referidas no número anterior devem respeitar as unidades de formação de curta duração ITED previstas no Catálogo Nacional de Qualificações.

Artigo 78º.- Certificação de entidades formadoras de projetistas e instaladores ITED

1 .-  A certificação de entidades privadas formadoras para projetistas e instaladores ITED segue os trâmites da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, com as seguintes adaptações:

a) A entidade competente para a certificação é o ICP–ANACOM;

b) As entidades formadoras devem cumprir as obrigações previstas no artigo seguinte;

c) O procedimento de revogação da certificação segue os termos do artigo 94º -A;

d) Outros requisitos específicos, em complemento ou derrogação dos requisitos constantes da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da formação profissional, das comunicações e da educação, observado o disposto no nº 4.

2 .-  A certificação de entidades formadoras referidas no número anterior, expressa ou tácita, é comunicada por meio eletrónico ao serviço central competente do ministério responsável pela área da formação profissional no prazo de 10 dias.

3 .-  O procedimento de certificação tem início após o pagamento das taxas devidas pela entidade formadora certificada, aquando da apresentação do pedido de certificação.

4 .-  Os critérios de determinação do preenchimento dos requisitos técnicos materiais e das qualificações técnicas do pessoal a constar da portaria referida na alínea d) do nº 1 são propostos pelo ICP-ANACOM, em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação, I. P., que coordena as ofertas educativas e formativas de dupla certificação e o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como com o serviço competente do ministério responsável pela área da formação profissional.

Artigo 79º.- Obrigações da entidade formadora de projetistas e instaladores ITED

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Ministrar cursos de formação ITED, incluindo de formação contínua, observado o disposto no artigo 77º;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Assegurar que os formadores dos cursos referidos na alínea a) estão devidamente habilitados;

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Facultar ao ICP-ANACOM informação relativa aos formandos com e sem aproveitamento, por curso ministrado, no prazo máximo de 15 dias após o termo do mesmo;

f) Comunicar previamente ao ICP-ANACOM a realização de cada ação de formação, com indicação dos respetivos, local, data e hora.

Artigo 80º

[…]

Os encargos inerentes ao projeto e à instalação das ITED são da responsabilidade do dono da obra.

Artigo 83º.- Alteração de infraestruturas em edifícios

1 .-  A alteração das infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente para a instalação de fibra ótica, deve ser precedida de projeto técnico simplificado, elaborado por projetista, e instalada por instalador, devidamente habilitados, de acordo com o manual ITED.

2 .-  Para efeitos do disposto no número anterior, o projetista e o instalador devem emitir termos de responsabilidade e entregá -los ao dono de obra ou à administração do condomínio, aos condóminos requerentes da instalação e ao ICP-ANACOM, no prazo de 10 dias a contar da respetiva conclusão.

Artigo 86º

[…]

1 .-  Estão sujeitos a taxas os procedimentos de:

a) Emissão de título profissional de instalador ITED habilitado pelo ICP-ANACOM;

b) Certificação das entidades formadoras de projetistas e instaladores ITED.

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .-  Os montantes das taxas referidas no nº 1 são determinados em função dos custos administrativos decorrentes do tipo de procedimento em causa.

Artigo 88º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .-  Para efeitos da fiscalização do cumprimento das obrigações legais, regulamentares e técnicas decorrentes do regime previsto nos capítulos V e VI, devem as câmaras municipais facultar ao ICP-ANACOM o acesso aos processos de controlo prévio previstos no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, que envolvam infraestruturas e redes de comunicações eletrónicas.

Artigo 89º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q) (Revogada.)

r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t) (Revogada.)

u) A realização de cursos de formação, incluindo de formação contínua, em desrespeito pelo disposto no nº 2 do artigo 44º, bem como a sua realização por entidades não certificadas nos termos do artigo 45º;

v) (Revogada.)

x) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 49º;

z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l) (Revogada.)

m) (Revogada.)

n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p) (Revogada.)

q) A realização de cursos de formação, incluindo de formação contínua, em desrespeito pelo disposto no nº 2 do artigo 77º, bem como a sua realização por entidades não certificadas nos termos do artigo 78º;

r) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 79º;

s) A alteração das infraestruturas de telecomunicações em edifícios, em desrespeito do regime fixado no artigo 83º;

t) (Revogada.)

u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .-  São contraordenações graves as previstas nas alíneas d) e i) do nº 1, nas alíneas h), j) e aa) do nº 2 e nas alíneas g) e h) do nº 3.

6 .-  São contraordenações muito graves as previstas nas alíneas a), b), c), e), f), g), h), j), l), m), n), o), p), q) e r) do nº 1, nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), i), n), o), r), s), u), x), z) e bb) do nº 2, nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), j), n), o), q), r), s), u) e v) do nº 3 e no nº 4.

7 .-  As contraordenações graves previstas no nº 1 são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 500 a € 7500;

b) Se praticadas por microempresa, de € 1000 a € 10 000;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 2000 a € 25 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 4000 a € 50 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 10 000 a € 1 000 000.

8 .-  As contraordenações muito graves previstas no nº 1, bem como as previstas no nº 4, se relativas a matéria constante dos capítulos II, III e IV, são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 1000 a € 20 000;

b) Se praticadas por microempresa, de € 2000 a € 50 000;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 6000 a € 150 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 10 000 a € 450 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 20 000 a € 5 000 000.

9 .-  As contraordenações graves previstas nos n.os 2 e 3 são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 500 a € 5000;

b) Se praticadas por microempresa, de € 750 a € 7500;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 1500 a € 15 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 3000 a € 50 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 7500 a € 250 000.

10 .-  As contraordenações muito graves previstas nos n.os 2 e 3, bem como as previstas no nº 4, se relativas a matéria constante dos capítulos V e VI, são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 1000 a € 10 000;

b) Se praticadas por microempresa, de € 1500 a € 15 000;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 4000 a € 50 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 8000 a € 250 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 16 000 a € 1 000 000.

11 .-  (Anterior nº 7.)

12 .-  (Anterior nº 8.)

13 .-  Nas contraordenações previstas na presente lei são puníveis a tentativa e a negligência, nos termos previstos no artigo 4º da Lei nº 99/2009, de 4 de setembro, que aprova o regime aplicável às contraordenações do setor das comunicações, alterada pela Lei nº 46/2011, de 24 de junho.

14 .-  (Anterior nº 10.)

Artigo 90º

[…]

1 .-  (Anterior proémio do artigo.)

a) [Anterior alínea a) do proémio do artigo.]

b) Interdição do exercício da respetiva atividade, até ao máximo de dois anos, nas contraordenações previstas nas alíneas e), n), o), primeira parte da alínea s), u) e x) do nº 2 e e), i), j), o), q) e u) do nº 3, ambos do artigo anterior;

c) Privação do direito de participar em concursos ou arrematações promovidos no âmbito do presente Decreto-Lei e da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, até ao máximo de dois anos, nas contraordenações previstas nas alíneas f), g), h), o) e r) do nº 1 e f) e i) do nº 2, ambos do artigo anterior.

2 .-  Sem prejuízo do disposto na alínea a) do número anterior, consideram -se perdidos a favor do Estado os objetos, equipamentos ou dispositivos ilícitos que tenham sido cautelar ou provisoriamente apreendidos e que, após notificação aos interessados, não tenham sido reclamados no prazo de 60 dias.

3 .-  Os objetos, equipamentos ou dispositivos ilícitos perdidos a favor do Estado, nos termos da alínea a) do nº 1 ou do número anterior, revertem para o ICP–ANACOM, que lhes dá o destino que julgar adequado.

4 .-  O ICP-ANACOM suspende o título profissional por ele atribuído, sempre que, nos termos da alínea b) do nº 1, ao seu titular seja aplicada a sanção acessória de interdição do exercício da respetiva atividade, pelo mesmo período.

5 .-  No caso de suspensão do título profissional, o infrator é notificado para proceder, voluntariamente, à sua entrega no ICP-ANACOM, sob pena de o mesmo ser apreendido.

Artigo 96º

[…]

1 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Publicitar e comunicar ao ICP-ANACOM, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Decreto-Lei, as instruções técnicas previstas no nº 1 do artigo 11º, aplicáveis à construção ou a qualquer intervenção sobre as infraestruturas.

2 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

Artigo 3º.- Aditamento ao Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio

São aditados ao Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, os artigos 94º -A, 106º -A, 107º -A e 108º -A, com a seguinte redação:

“Artigo 94º -A.- Falsidade de elemento comprovativo dos requisitos de emissão do título profissional e incumprimento

1 .-  Quando se verifique a falsidade de qualquer elemento comprovativo dos requisitos para a emissão do título profissional, este é revogado e o infrator notificado para proceder, voluntariamente, à sua entrega no ICP–ANACOM, sob pena de o mesmo ser apreendido.

2 .-  Sem prejuízo de outros mecanismos sancionatórios aplicáveis, em caso de incumprimento grave ou reiterado, pelos projetistas ITED ou instaladores ITUR ou ITED habilitados pelo ICP-ANACOM e pelas entidades formadoras ITUR e ITED certificadas, das obrigações previstas nos artigos 43º, 49º, 69º, 76º e 79º, pode o ICP-ANACOM proceder à suspensão, até um máximo de seis meses, ou à revogação, total ou parcial, do título profissional ou da certificação, consoante a gravidade da infração e a intensidade da culpa.

3 .-  A decisão de suspensão ou revogação a que se refere o número anterior observa o disposto no Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente no que se refere à audiência prévia dos interessados.

4 .-  Em caso de revogação, não pode ser emitido novo título antes de decorridos seis meses sobre a data em que a mesma teve lugar.

5 .-  Nas situações referidas no nº 2, o infrator é notificado para proceder, voluntariamente, à entrega do título profissional no ICP-ANACOM, sob pena de o mesmo ser apreendido.

Artigo 106º -A.- Divulgação de informação relativa às ITUR e às ITED

Compete ao ICP-ANACOM disponibilizar no seu sítio na Internet a seguinte informação:

a) Projetistas ITED e instaladores ITUR e ITED com título profissional válido emitido pelo ICP-ANACOM;

b) Projetistas e instaladores, não incluídos na alínea anterior, a operar em território nacional;

c) Entidades formadoras certificadas;

d) Instalações certificadas.

Artigo 107º -A.- Desmaterialização dos procedimentos

1 .-  Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações e as notificações previstas no presente Decreto-Lei e o envio de documentos, de requerimentos ou de informações entre prestadores de serviços e autoridades competentes são realizados por via eletrónica através do balcão único eletrónico dos serviços ou por qualquer outro meio legalmente admissível, excetuadas as formalidades realizadas através do sistema informático referido no artigo 8º -A do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

2 .-  O disposto no número anterior não prejudica a tramitação de procedimentos no SIC, nos termos dos capítulos II, III e IV, devendo este sistema ser acessível a partir do balcão único eletrónico dos serviços.

3 .-  O disposto no nº 1 não é aplicável às comunicações, notificações e demais atos processuais no âmbito dos procedimentos contraordenacionais.

4 .-  Sempre que os sistemas informáticos referidos no nº 1 não estejam disponíveis, as formalidades a praticar nos termos do presente Decreto-Lei devem ser realizadas por qualquer outro meio legalmente admissível.

Artigo 108º -A.- Cooperação administrativa

Para efeitos do presente Decreto-Lei, as autoridades competentes participam na cooperação administrativa, no âmbito dos procedimentos relativos a prestadores e profissionais provenientes de outros Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, nos termos do disposto no capítulo VI do Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, e do nº 2 do artigo 51º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, nomeadamente através do Sistema de Informação do Mercado Interno.”

Artigo 4º.- Alteração sistemática ao Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio

A secção V do capítulo V do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, passa a ter a seguinte epígrafe: “Entidades formadoras ITUR”.

Artigo 5º.- Disposições transitórias

1 .-  O comprovativo de inscrição válida de projetista ITED ou de instalador ITUR ou ITED no ICP-ANACOM, à data de entrada em vigor da presente lei, vale, para todos os efeitos legais, como título profissional para os técnicos referidos nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 41º, na alínea d) do nº 1 do artigo 67º e nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 74º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, na redação dada pela presente lei.

2 .-  As entidades formadoras ITUR e ITED registadas no ICP-ANACOM, à data de entrada em vigor da presente lei, para o exercício de determinada atividade de formação profissional, consideram -se certificadas para o exercício dessa mesma atividade nos termos do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, na redação resultante da presente lei, devendo o ICP-ANACOM comunicar por meio eletrónico ao serviço central competente do ministério responsável pela formação profissional a sua identificação, no prazo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor da presente lei.

3 .-  Até à alteração da Portaria nº 851/2010, de 6 de setembro, com vista à sua conformação com a Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, e com o Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, aplica -se à certificação de entidades formadoras ITUR e ITED, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 46º a 48º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro.

4 .-  Até que esteja disponível o balcão único eletrónico dos serviços referido no artigo 107º -A do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro, aditado pela presente lei, as comunicações e as notificações que devam realizar -se através do mesmo nos termos daquele artigo efetuam -se através de endereço de correio eletrónico único criado para o efeito pelo ICP-ANACOM, a indicar no respetivo sítio da Internet.

Artigo 6º.- Norma revogatória

São revogados o nº 2 do artigo 39º, a alínea c) do nº 1 e o nº 2 do artigo 41º, o nº 2 do artigo 43º, os artigos 46º a 48º, o nº 2 do artigo 68º, o nº 2 do artigo 70º, o nº 2 do artigo 76º, os artigos 82º e 84º, as alíneas q), t) e v) do nº 2 e as alíneas l), m), p) e t) do nº 3, ambos do artigo 89º, o nº 8 do artigo 91º e os artigos 92º, 93º e 94º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro.

Artigo 7º.- Republicação

É republicado em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, o Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, com a redação atual.

Artigo 8º.- Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação.

Aprovada em 24 de maio de 2013.

A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

Promulgada em 26 de junho de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 1 de julho de 2013.

O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO (a que se refere o artigo 7º).- Republicação do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio

CAPÍTULO I.- Objeto, princípios e definições

Artigo 1º.- Objeto

1 .-  O presente Decreto-Lei estabelece o regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios.

2 .-  O disposto no presente Decreto-Lei não prejudica o regime aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, nomeadamente as disposições que, por força da mesma, são aplicáveis ao acesso a condutas, postes, outras instalações e locais detidos pela concessionária do serviço público de telecomunicações.

3 .-  À concessionária do serviço público de telecomunicações não se aplica o regime previsto no capítulo III do presente Decreto-Lei, continuando a reger -se pelo regime disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, no que respeita ao acesso a condutas, postes, outras instalações e locais por aquela detidos.

4 .-  O regime previsto no presente Decreto-Lei não se aplica às redes privativas dos órgãos políticos de soberania, do Ministério da Defesa Nacional, ou sob sua responsabilidade, às redes das forças e serviços de segurança, de emergência e de proteção civil, sem prejuízo da possibilidade de estas entidades, querendo, poderem disponibilizar acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que detenham, nos termos previstos no presente Decreto-Lei.

Artigo 2º.- Âmbito de aplicação

As disposições dos capítulos II, III e IV aplicam -se:

a) Ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais;

b) A todas as entidades sujeitas à tutela ou superintendência de órgãos do Estado, das Regiões Autónomas ou das autarquias locais, que exerçam funções administrativas, revistam ou não caráter empresarial, bem como às empresas públicas e às concessionárias, nomeadamente as que atuem na área das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água, de saneamento e de transporte e distribuição de gás e de eletricidade;

c) A outras entidades que detenham ou explorem infraestruturas que se integrem no domínio público do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais;

d) Às empresas de comunicações eletrónicas e às entidades que detenham infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas utilizadas pelas primeiras no exercício da sua atividade, nos termos previstos no artigo 2º do Decreto-Lei nº 258/2009, de 25 de setembro.

Artigo 3º.- Definições

1 .-  Para os efeitos do disposto no presente Decreto-Lei, entende -se por:

a) “Acesso” a disponibilização de infraestruturas físicas, incluindo edifícios, condutas, postes, caixas, câmaras de visita, armários e instalações para alojamento, instalação e remoção de sistemas de transmissão, equipamentos ou recursos de redes de comunicações eletrónicas, bem como para a realização de intervenções corretivas e desobstruções;

b) “Armário de telecomunicações de edifício (ATE)” o dispositivo de acesso restrito onde se encontram alojados os repartidores gerais que permitem a interligação entre as redes de edifício e as redes das empresas de comunicações eletrónicas ou as provenientes das infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios (ITUR);

c) “Conjunto de edifícios” o conjunto de edifícios contíguos funcionalmente ligados entre si pela existência de partes comuns afetas ao uso de todas ou algumas unidades ou fogos que os compõem, independentemente de estarem ou não constituídos em regime de propriedade horizontal;

d) “Conduta” o tubo ou conjunto de tubos, geralmente subterrâneos, ou dispostos ao longo de vias de comunicações, que suportam, acondicionam e protegem outros tubos (subcondutas) ou cabos de comunicações eletrónicas;

e) “Direito de passagem” a faculdade de aceder e utilizar bens do domínio público para construção, instalação, alteração e reparação de infraestrutura apta ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas ou para reparação de cabos, sistemas, equipamentos ou quaisquer outros recursos ou elementos de redes de comunicações eletrónicas;

f) "Empresa de comunicações eletrónicas” a entidade que, nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, oferece redes ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público;

g) “Fogo” a fração de um edifício que forma uma unidade independente, esteja ou não o edifício constituído em regime de propriedade horizontal;

h) “Infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas” a rede de tubagens, postes, condutas, caixas, câmaras de visita, armários ou edifícios, respetivos acessórios e quaisquer infraestruturas associadas que sejam passíveis de ser utilizadas para o alojamento ou manutenção de cabos de comunicações eletrónicas, equipamentos ou quaisquer recursos de redes de comunicações, bem como dispositivos de derivação, juntas ou outros equipamentos necessários à transmissão de comunicações eletrónicas naquelas redes;

i) “Instalador” a pessoa singular ou coletiva habilitada a proceder à instalação e alteração de infraestruturas de telecomunicações, de acordo com os projetos, bem como executar trabalhos de conservação das mesmas em loteamentos, urbanizações, edifícios e conjuntos de edifícios, nos termos do presente Decreto-Lei;

j) “Instrução técnica” o conjunto de regras e procedimentos previstos nos capítulos II e III do presente Decreto-Lei relativos à elaboração dos projetos e à instalação das infraestruturas aptas para alojamento de redes de comunicações eletrónicas ou à instalação de redes em infraestruturas já existentes, estabelecidas pela entidade a quem cabe a sua administração e gestão;

l) “Manual ITED” o conjunto das prescrições técnicas de projeto, instalação e ensaio, bem como das especificações técnicas de materiais, dispositivos e equipamentos, que constituem as infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED), a aprovar pelo ICP-ANACOM;

m) “Manual ITUR” o conjunto das prescrições técnicas de projeto, instalação e ensaio, bem como das especificações técnicas de materiais, dispositivos e equipamentos, que constituem as ITUR, a aprovar pelo ICP-ANACOM;

n) “Obras” a construção, reconstrução, alteração, reparação, conservação, restauro, adaptação e beneficiação de imóveis bem como das infraestruturas abrangidas pelo presente Decreto-Lei;

o) “Projetista” a pessoa singular ou coletiva habilitada a proceder à elaboração de projetos de instalação e alteração de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios, nos termos do presente Decreto-Lei;

p) “Projeto técnico simplificado” o projeto técnico, no âmbito do ITED, respeitante apenas à tecnologia que se pretende instalar;

q) “Rede de comunicações eletrónicas” os sistemas de transmissão e, se for o caso, os equipamentos de comutação ou encaminhamento e os demais recursos que permitem o envio de sinais por cabo, meios radioelétricos, meios óticos ou por outros meios eletromagnéticos, incluindo as redes de satélites, as redes terrestres fixas (com comutação de circuitos ou de pacotes, incluindo a Internet) e móveis, os sistemas de cabos de eletricidade, na medida em que sejam utilizados para a transmissão de sinais, as redes utilizadas para a radiodifusão sonora e televisiva e as redes de televisão por cabo, independentemente do tipo de informação transmitida;

r) “Rede de tubagens ou tubagem” o conjunto de tubos, calhas, caminhos de cabos, caixas e armários destinados à passagem de cabos e ao alojamento de dispositivos e equipamentos;

s) Rede pública de comunicações eletrónicas” a rede de comunicações eletrónicas utilizada total ou parcialmente para o fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público;

t) “Remuneração do acesso” o valor a pagar pelas empresas de comunicações eletrónicas acessíveis ao público pela utilização das infraestruturas instaladas aptas para alojamento de redes de comunicações eletrónicas, para efeitos de instalação, alojamento, reparação e remoção de cabos;

u) “Repartidor geral de edifício (RGE)” o dispositivo conforme com o regulamento de infraestruturas telefónicas de assinante (RITA), aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 25/87, de 8 de abril, com funções idênticas ao ATE;

v) “Sistemas de cablagem tipo A” os sistemas de cablagem, incluindo antenas, para a receção e distribuição de sinais sonoros e televisivos por via hertziana terrestre;

x) “Sistema de informação centralizado (SIC)” o sistema que assegura a disponibilização de informação relativa às infraestruturas de comunicações eletrónicas, nos termos do artigo 24º

2 .-  Para efeitos da alínea h) do número anterior, nas infraestruturas associadas incluem -se ramais de acesso a edifícios e restantes infraestruturas que forem indispensáveis à instalação, remoção, manutenção ou reparação de cabos de comunicações eletrónicas nas condutas e subcondutas.

Artigo 4º.- Princípios gerais

1 .-  O regime previsto no presente Decreto-Lei obedece aos princípios da concorrência, do acesso aberto, da igualdade e não discriminação, da eficiência, da transparência, da neutralidade tecnológica e da não subsidiação cruzada entre setores.

2 .-  O ICP-ANACOM deve, no âmbito de aplicação do presente Decreto-Lei, e em matérias de interesse comum, cooperar, sempre que necessário, com as autoridades e serviços competentes, nomeadamente com as entidades reguladoras setoriais.

CAPÍTULO II.- Construção e ampliação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

 

Artigo 5º.- Expropriações, servidões e direitos de passagem das empresas de comunicações eletrónicas

1 .-  Às empresas de comunicações eletrónicas são garantidos, no âmbito do presente Decreto-Lei, os direitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 24º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

2 .-  O disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 24º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, é aplicável à atribuição dos direitos referidos no número anterior, nos termos dessa lei.

3 .-  A atribuição dos direitos de passagem, a que se refere o nº 1, é efetuada através de licença, nos termos do artigo seguinte e do regime legal aplicável aos bens do domínio público.

Artigo 6º.- Procedimentos para a atribuição de direitos de passagem em domínio público às empresas de comunicações eletrónicas

1 .-  Compete às entidades referidas no artigo 2º estabelecer regulamentos contendo os procedimentos para a atribuição de direitos de passagem em domínio público, previsto no artigo anterior, se for o caso, incluindo as instruções técnicas referidas no artigo 11º, as quais devem obedecer aos princípios estabelecidos nos n.os 3 e 4 do artigo 24º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

2 .-  Os procedimentos para a atribuição de direitos de passagem em bens do domínio público sob gestão das entidades referidas no artigo 2º, a estabelecer nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 24º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, devem conter:

a) Os elementos que devem instruir o pedido para a construção e instalação de infraestruturas, bem como a entidade a quem o mesmo deve ser dirigido;

b) As disposições relativas à reserva de espaço em condutas e outras infraestruturas para administração e utilização pela entidade administradora do bem dominial ou pela entidade por esta designada, quando aplicável;

c) As obrigações de reparação de infraestruturas que sejam danificadas em consequência da intervenção para instalação e ou reparação de tubos, cabos, condutas, caixas de visita, postes, equipamentos e outros recursos;

d) As cauções ou outra garantia de reposição do local onde foi promovida a instalação de infraestruturas nas suas condições normais de utilização;

e) Os procedimentos de desobstrução de infraestruturas;

f) As regras relativas ao anúncio prévio destinado a captar a adesão à intervenção a realizar de outras empresas de comunicações eletrónicas que, na mesma área, pretendam instalar infraestruturas de suporte a sistemas e equipamentos das suas redes.

3 .-  As entidades responsáveis pela fixação dos procedimentos para a atribuição dos direitos de passagem devem assegurar a sua disponibilização no SIC a que se refere o capítulo IV.

4 .-  Os procedimentos para a atribuição dos direitos de passagem a estabelecer pelas entidades concessionárias previstas na alínea b) do artigo 2º, relativamente a bens do domínio público que estejam sob sua gestão, carecem de prévia aprovação da entidade concedente, a qual deve ser proferida no prazo máximo de 20 dias a contar da sua receção.

5 .-  Caso o prazo referido no número anterior seja excedido sem que tenha havido qualquer decisão, consideram–se os respetivos procedimentos aprovados.

6 .-  O procedimento de atribuição de direitos de passagem relativamente a bens integrados no domínio público municipal é instruído em conformidade com o presente artigo e em simultâneo com a comunicação prévia prevista no artigo seguinte, correspondendo a não rejeição desta à atribuição do direito de passagem.

Artigo 7º.- Procedimento de controlo prévio de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a construção por empresas de comunicações eletrónicas de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, fora do âmbito das operações de loteamento, de urbanização ou edificação, regem -se pelo presente decreto–lei, bem como pelo procedimento de comunicação prévia previsto nos artigos 35º, 36º e 36º -A do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com as devidas adaptações, excecionando -se deste regime:

a) A instalação e funcionamento das infraestruturas sujeitas a autorização municipal nos termos do Decreto-Lei nº 11/2003, de 18 de janeiro;

b) As obras necessárias para evitar situações que ponham em causa a saúde e a segurança públicas, bem como as obras para a reparação de avarias ou resolução de desobstruções.

2 .-  Nos casos referidos na alínea b) do número anterior, deve a empresa proceder, no dia útil seguinte, à comunicação ao município da realização das obras, pelos meios de comunicação disponíveis e que se mostrarem mais adequados.

3 .-  No prazo máximo de 20 dias a contar da receção da comunicação prévia referida no nº 1, pode a câmara municipal, por escrito e de forma fundamentada:

a) Determinar o adiamento da instalação e funcionamento das infraestruturas pelas referidas empresas, por um período máximo de 30 dias, quando, por motivos de planeamento e de execução das obras, pretenda condicionar a intervenção à obrigação de a anunciar de modo que outras empresas manifestem a sua intenção de aderir à intervenção;

b) Rejeitar a realização da obra quando existam infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, pertencentes ao domínio público, nas quais exista capacidade disponível que permita satisfazer as necessidades da empresa requerente.

4 .-  Quando a câmara municipal tenha determinado a obrigação referida na alínea a) do número anterior, pode estabelecer, no ato de anúncio referido na mesma alínea, um impedimento temporário de realização de obra para instalação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas na área abrangida, durante um período que não pode exceder um ano.

5 .-  O impedimento referido no número anterior pode ser igualmente determinado pela câmara municipal nos casos de anúncios de realização de obras previstos no artigo 9º

6 .-  Os municípios devem assegurar a disponibilização no SIC das determinações que tenham proferido nos termos do nº 3.

7 .-  Os elementos instrutórios que devem ser apresentados com a comunicação prévia prevista no nº 1 são fixados por portaria a publicar nos termos do nº 4 do artigo 9º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

Artigo 8º.- Obrigações das empresas de comunicações eletrónicas perante os municípios

Quando efetuem obras no domínio público municipal, as empresas de comunicações eletrónicas ficam obrigadas:

a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização coletiva, quando existentes;

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em consequência da intervenção.

Artigo 9º.- Publicitação de realização de obras de construção ou ampliação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  Salvo nas situações previstas no capítulo V, sempre que projetem a realização de obras que viabilizem a construção ou ampliação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, as entidades referidas no artigo 2º devem tornar pública essa intenção, de forma a permitir que as empresas de comunicações eletrónicas se associem à obra projetada.

2 .-  As empresas de comunicações eletrónicas podem associar -se às obras projetadas tendo em vista, designadamente, a construção ou ampliação, de forma isolada ou conjunta, de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas.

3 .-  O anúncio de realização de obras previsto no nº 1 deve ser disponibilizado no SIC, pelas respetivas entidades promotoras, com a antecedência mínima de 20 dias em relação à data de início da sua execução, de acordo com o previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 25º

4 .-  Para efeitos do disposto no presente artigo, as entidades devem disponibilizar no SIC as características da intervenção a realizar, o prazo previsto para a sua execução, os encargos e outras condições a observar, bem como o prazo para adesão à obra a realizar, ponto de contacto para a obtenção de esclarecimentos e eventuais disposições preclusivas de futuras intervenções na área visada pela notificação.

5 .-  O prazo para adesão à obra a realizar referido no número anterior não pode ser inferior a 15 dias a contar da data do anúncio referido no nº 1.

6 .-  As empresas de comunicações eletrónicas que pretendam associar -se à intervenção notificada devem, durante o prazo referido no número anterior, solicitar à entidade promotora da intervenção a associação à obra a realizar.

7 .-  Nos casos em que, para assegurar o cumprimento de obrigações de serviço público, o prazo de execução da obra não seja compatível com os prazos previstos nos números anteriores, as entidades referidas no artigo 2º podem reduzir os prazos de anúncio e de recolha de manifestações de interesse, assegurando que, após a conclusão da intervenção, esta seja publicitada para efeitos de subsequente acesso por empresas de comunicações eletrónicas.

8 .-  A publicitação da realização de obras previstas no presente artigo não exonera as respetivas entidades promotoras das obrigações de acesso fixadas no capítulo III.

Artigo 10º.- Custos associados à construção ou ampliação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  As empresas de comunicações eletrónicas devem suportar a quota -parte do custo de investimento da obra, correspondente ao diferencial de custos de investimento que a sua associação vier a originar.

2 .-  O disposto no número anterior não prejudica o direito de acesso à infraestrutura, nos termos do presente Decreto-Lei, devendo a remuneração desse acesso ter em conta o montante já incorrido pela empresa de comunicações com o investimento feito na obra.

Artigo 11º.- Instruções técnicas aplicáveis à construção ou ampliação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  Compete às entidades referidas no artigo 2º, quando o considerem justificado, fixar e manter atualizadas instruções técnicas aplicáveis à construção ou ampliação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, as quais devem ser publicitadas no SIC.

2 .-  As instruções técnicas devem ter em consideração as especificidades das infraestruturas a que se destinam e promover soluções técnicas e de segurança mais apropriadas para efeitos de instalação, reparação, manutenção, remoção e interligação dos equipamentos e sistemas de rede, assegurando o cumprimento dos princípios estabelecidos no artigo 4º

3 .-  O ICP-ANACOM pode, sempre que considerar justificado, emitir orientações aplicáveis à definição das instruções técnicas previstas no número anterior.

Artigo 12º.- Taxas pela utilização e aproveitamento do domínio público e privado

1 .-  Pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de infraestruturas aptas ao alojamento de comunicações eletrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento.

2 .-  As autarquias locais, com observância do princípio da igualdade e da não discriminação, podem optar por não cobrar a taxa a que se refere o número anterior, tendo em vista a promoção do desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas, não podendo nesse caso, em sua substituição ou complemento, aplicar e cobrar quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações.

3 .-  À utilização do domínio público e privado do Estado e das Regiões Autónomas é aplicável o disposto no nº 4 do artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

CAPÍTULO III.- Acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

 

Artigo 13º.- Direito de acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  As entidades referidas no artigo 2º estão obrigadas a assegurar às empresas de comunicações eletrónicas o acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que detenham ou cuja gestão lhes incumba.

2 .-  O acesso referido no número anterior deve ser assegurado em condições de igualdade, transparência e não discriminação, mediante condições remuneratórias orientadas para os custos, nos termos do artigo 19º

3 .-  Os procedimentos para a obtenção do direito de acesso devem ser céleres, transparentes e adequadamente publicitados, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 20 dias após a efetiva receção do pedido de acesso, nos termos do nº 2 do artigo 20º

4 .-  Pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais é devida a taxa a que se refere o artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, encargo, preço ou remuneração.

5 .-  Aos casos referidos no número anterior não é aplicável o disposto no artigo 19º do presente Decreto-Lei.

Artigo 14º.- Proibição de utilização exclusiva das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  São proibidas e nulas as cláusulas contratuais que prevejam a ocupação em exclusivo por uma empresa de comunicações eletrónicas ou por uma das entidades referidas no artigo 2º, ou por ambas em conjunto, das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas.

2 .-  O disposto no número anterior não prejudica que as entidades referidas no artigo 2º possam prever reserva de espaço para uso próprio nas infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, construídas e a construir, desde que tal reserva esteja devidamente fundamentada.

Artigo 15º.- Recusa de acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

As entidades referidas no artigo 2º só podem recusar o acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que detenham ou estejam sob a sua gestão, de forma devidamente fundamentada, nas seguintes situações:

a) Quando seja tecnicamente inviável o alojamento de redes de comunicações eletrónicas nas infraestruturas em causa;

b) Quando a utilização das infraestruturas pelas empresas de comunicações eletrónicas inviabilize o fim principal para que aquelas foram instaladas, ponha em causa a segurança de pessoas ou bens ou venha a causar sério risco de incumprimento, pelas entidades referidas no artigo 2º, de regras legais, regulamentares ou técnicas em matéria de obrigações de serviço público a que a respetiva prestação de serviço se encontre sujeita;

c) Quando não haja espaço disponível em consequência do seu estado de ocupação ou da necessidade de assegurar espaço para uso próprio, nos termos do nº 2 do artigo anterior, ou para intervenções de manutenção e reparação.

Artigo 16º.- Procedimentos em caso de recusa de acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  Quando, num caso concreto, uma entidade referida no artigo 2º tenha recusado o acesso a infraestrutura, pode ser solicitada, por qualquer das partes envolvidas, a intervenção do ICP-ANACOM para proferir decisão vinculativa sobre a matéria.

2 .-  O pedido de intervenção referido no número anterior deve identificar as infraestruturas a verificar, o seu traçado e afetação principal, bem como quaisquer outros elementos considerados relevantes para a avaliação da possibilidade de utilização das infraestruturas em causa para o alojamento de redes de comunicações eletrónicas.

3 .-  Compete ao ICP-ANACOM decidir sobre a possibilidade de, nas infraestruturas em questão, serem alojadas redes de comunicações eletrónicas, devendo, para o efeito, ouvir a entidade detentora das infraestruturas e a respetiva entidade reguladora setorial, quando existente, bem como, sempre que o pedido seja apresentado por terceiros, o requerente.

4 .-  Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade reguladora setorial deve pronunciar -se no prazo máximo improrrogável de 15 dias, correspondendo a não emissão de parecer dentro deste prazo à emissão de parecer favorável.

5 .-  Quando a decisão do ICP-ANACOM seja, total ou parcialmente, contrária ao parecer da entidade reguladora setorial, emitido nos termos do número anterior, aquela deve ser devidamente fundamentada, justificando especificamente as razões para o não acolhimento das conclusões constantes daquele parecer.

6 .-  Ao procedimento previsto nos números anteriores aplica -se, com as necessárias adaptações, o regime de resolução de litígios previsto no artigo 10º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

7 .-  Em fase anterior à recusa de acesso podem as entidades referidas no artigo 2º, numa situação concreta, solicitar a intervenção do ICP-ANACOM quando tenham dúvidas sobre a aplicabilidade de algum dos fundamentos de recusa previstos no artigo 15º

Artigo 17º.- Obrigações gerais das entidades detentoras das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

As entidades referidas no artigo 2º que detenham a posse ou a gestão de infraestruturas aptas a alojar redes de comunicações eletrónicas estão sujeitas às seguintes obrigações, nos termos do presente Decreto-Lei:

a) Informar o ICP-ANACOM sobre as infraestruturas aptas a alojar redes de comunicações eletrónicas que detenham ou cuja gestão lhes incumba;

b) Elaborar cadastro com informação georreferenciada das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, nos termos previstos no capítulo IV;

c) Elaborar e publicitar os procedimentos e condições de acesso e utilização das referidas infraestruturas, nos termos do previsto nos artigos 18º, 19º e 21º;

d) Dar resposta aos pedidos de acesso às respetivas infraestruturas, nos termos do artigo 20º;

e) Dar resposta a pedidos de informação sobre as respetivas infraestruturas, nos termos do nº 4 do artigo 24º

Artigo 18º.- Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  As entidades sujeitas ao dever de acesso devem elaborar e disponibilizar no SIC regras relativas aos procedimentos e condições para o acesso e utilização das infraestruturas, que devem conter, entre outros, os seguintes elementos:

a) A entidade a quem devem ser dirigidos os pedidos de acesso e utilização para instalação, manutenção e reparação de redes de comunicações eletrónicas a alojar nessas infraestruturas, bem como os órgãos ou pontos de contacto a quem devem dirigir -se para esse efeito;

b) Os elementos que devem instruir o pedido;

c) Os prazos dos direitos de acesso e utilização, os procedimentos e as condições de renovação de tais direitos;

d) As condições contratuais tipo aplicáveis, os formulários e a descrição de elementos e informações que devem constar do processo;

e) As condições remuneratórias aplicáveis ao acesso e utilização das infraestruturas;

f) As instruções técnicas estabelecidas para a utilização das infraestruturas;

g) As sanções por incumprimento ou utilização indevida das infraestruturas;

h) Outras exigências que condicionem a atribuição de direitos de utilização.

2 .-  Os procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização, a estabelecer pelas entidades concessionárias previstas na alínea b) do artigo 2º, carecem de prévia aprovação da entidade concedente, a qual deve ser proferida no prazo máximo de 20 dias a contar da sua receção.

3 .-  Caso o prazo referido no número anterior seja excedido sem que tenha havido qualquer decisão, consideram-se os respetivos procedimentos e condições aprovados.

Artigo 19º.- Remuneração do acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  A remuneração pelo acesso e utilização das infraestruturas detidas pelas entidades referidas no artigo 2º deve ser orientada para os custos, atendendo aos custos decorrentes da construção, manutenção, reparação e melhoramento das infraestruturas em questão.

2 .-  O disposto no número anterior não se aplica à remuneração pelo acesso e utilização das ITUR públicas, a qual se rege pelo disposto no artigo 34º

3 .-  A pedido das empresas de comunicações eletrónicas, ou de qualquer das entidades referidas no artigo 2º, o ICP-ANACOM deve avaliar e decidir, num caso concreto, sobre a adequação do valor da remuneração solicitada face à regra estabelecida no nº 1, nos termos do artigo 10º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

4 .-  Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade gestora da infraestrutura deve facultar ao ICP-ANACOM elementos demonstrativos da adequação da remuneração solicitada, bem como todos os elementos que por este lhe sejam pedidos para a avaliação daquela adequação.

5 .-  Nos casos a que se refere o nº 3, sempre que esteja em causa o acesso a infraestruturas detidas por entidade sujeita a regulação, o ICP-ANACOM deve consultar a respetiva entidade reguladora setorial, a qual deve pronunciar-se no prazo máximo improrrogável de 15 dias, correspondendo a não emissão de parecer dentro deste prazo à emissão de parecer favorável.

6 .-  Quando a decisão do ICP-ANACOM seja, total ou parcialmente, contrária ao parecer da entidade reguladora setorial emitido nos termos do número anterior, aquela deve ser devidamente fundamentada, justificando especificamente as razões para o não acolhimento das conclusões constantes daquele parecer.

Artigo 20º.- Pedidos de acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  As empresas de comunicações eletrónicas que pretendam instalar as respetivas redes em infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, detidas ou geridas pelas entidades referidas no artigo 2º, devem efetuar o pedido de acesso junto da entidade responsável pela administração das mesmas.

2 .-  Qualquer pedido de acesso para utilização de infraestruturas referidas no número anterior deve ser apreciado e respondido no prazo máximo de 20 dias após a sua efetiva receção por parte da entidade competente para a administração e gestão das infraestruturas, considerando-se o pedido aceite quando, decorrido aquele prazo, não seja proferida decisão expressa.

3 .-  Em caso de deferimento do pedido de acesso, a empresa de comunicações eletrónicas beneficiária deve, obrigatoriamente, concluir a instalação dos sistemas e equipamentos no prazo de quatro meses, sob pena de caducidade do direito de acesso respetivo.

Artigo 21º.- Instruções técnicas para instalação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  As entidades referidas no artigo 2º podem elaborar e publicitar instruções técnicas a que se encontra sujeita a instalação de equipamentos e sistemas de redes de comunicações eletrónicas nas infraestruturas que detenham ou estejam sob a sua gestão.

2 .-  A elaboração de instruções técnicas deve ter em consideração as especificidades das infraestruturas a que se destinam e promover as soluções técnicas e de segurança mais apropriadas à instalação, reparação, manutenção, desmontagem e interligação de equipamentos e sistemas de redes de comunicações eletrónicas.

3 .-  O ICP-ANACOM pode, sempre que considerar justificado, emitir orientações aplicáveis à definição das instruções técnicas previstas no presente artigo.

Artigo 22º.- Utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas

1 .-  As empresas de comunicações eletrónicas devem utilizar de forma efetiva e eficiente as infraestruturas afetas ao alojamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das redes de comunicações eletrónicas que exploram.

2 .-  Sem prejuízo das condições contratuais estabelecidas, é permitido às empresas de comunicações eletrónicas a substituição de sistemas, equipamentos e demais recursos alojados nas infraestruturas a que se refere o número anterior por outros tecnologicamente mais avançados e mais eficientes desde que tal substituição não se traduza num aumento da capacidade ocupada.

3 .-  As empresas de comunicações eletrónicas estão obrigadas, suportando os respetivos custos, à remoção de cabos, equipamentos ou quaisquer elementos das suas redes que não estejam a ser efetivamente utilizados e cuja utilização não esteja prevista no período de um ano seguinte, sempre que as infraestruturas em causa sejam necessárias para satisfazer as necessidades da entidade que detém ou gere as referidas infraestruturas ou para alojar elementos de rede de outras empresas de comunicações eletrónicas que nisso tenham demonstrado interesse.

4 .-  Quando as empresas de comunicações eletrónicas não procedam à remoção dos elementos de rede nos termos previstos no número anterior, a entidade gestora das infraestruturas ou, com o acordo desta, a empresa de comunicações eletrónicas interessada, pode, no prazo de 30 dias contados a partir da data do pedido de desocupação, proceder à remoção dos referidos elementos, suportando os custos dessa intervenção, sem prejuízo da responsabilização da empresa obrigada à sua execução.

5 .-  Sem prejuízo do direito de recurso aos tribunais, o ICP-ANACOM pode, por decisão vinculativa, solucionar os diferendos decorrentes da aplicação das regras previstas no presente artigo que lhe sejam submetidos por empresas de comunicações eletrónicas ou pelas entidades detentoras das infraestruturas utilizadas.

6 .-  À resolução dos diferendos referidos no número anterior aplicam -se, com as necessárias adaptações, o procedimento de resolução de litígios previsto no artigo 10º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

7 .-  Sempre que esteja em causa o acesso a infraestruturas detidas por entidade sujeita a regulação, a decisão a que se refere o nº 5 deve ser precedida de parecer da entidade reguladora setorial respetiva, a qual deve pronunciar-se no prazo máximo improrrogável de 15 dias, correspondendo a não emissão de parecer dentro deste prazo à emissão de parecer favorável.

8 .-  Quando a decisão do ICP-ANACOM seja, total ou parcialmente, contrária ao parecer da entidade reguladora setorial, emitido nos termos do número anterior, aquela deve ser devidamente fundamentada, justificando especificamente as razões para o não acolhimento das conclusões constantes daquele parecer.

Artigo 23º.- Partilha de locais e recursos pelas empresas de comunicações eletrónicas

1 .-  As empresas de comunicações eletrónicas devem promover, entre si, a celebração de acordos com vista à partilha dos locais e dos recursos instalados ou a instalar, nos termos do artigo 25º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

2 .-  Os acordos celebrados entre empresas de comunicações eletrónicas com vista à partilha de condutas, postes, câmaras de visita, locais e recursos, instalados ou a instalar, devem ser comunicados ao ICP-ANACOM no prazo de 10 dias após a sua celebração.

3 .-  Quando em consequência do estado de ocupação das infraestruturas já construídas estas não possam alojar outros equipamentos ou recursos de redes e, por razões relacionadas com a proteção do ambiente, a saúde ou segurança públicas, o património cultural, o ordenamento do território e a defesa da paisagem urbana e rural, não existam alternativas viáveis à instalação de novas infraestruturas, pode o ICP-ANACOM determinar a partilha de recursos caso tal seja tecnicamente viável e não prejudique o bom funcionamento dos recursos existentes, nos termos do nº 2 do artigo 25º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

4 .-  As decisões do ICP-ANACOM referidas no número anterior podem ter como destinatárias qualquer das entidades referidas no artigo 2º, bem como as empresas de comunicações eletrónicas que já estejam instaladas naquelas infraestruturas.

5 .-  As determinações emitidas ao abrigo do nº 3 podem incluir normas de repartição de custos.

6 .-  Nos casos de partilha, o ICP-ANACOM pode adotar medidas condicionantes do funcionamento dos recursos a instalar, designadamente uma limitação dos níveis máximos de potência de emissão.

CAPÍTULO IV.- Sistema de informação centralizado (SIC)

Artigo 24º.- Dever de elaboração e manutenção de cadastro

1 .-  As entidades referidas no artigo 2º que detenham infraestruturas aptas a alojar redes de comunicações eletrónicas, as empresas de comunicações eletrónicas, bem como as entidades que detenham infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que sejam utilizadas por estas, devem elaborar, possuir e manter permanentemente atualizado um cadastro do qual conste informação descritiva e georreferenciada das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, nomeadamente condutas, caixas, câmaras de visita, e infraestruturas associadas.

2 .-  Do cadastro referido no número anterior devem constar, nos termos a concretizar pelo ICP-ANACOM, os seguintes elementos mínimos:

a) Localização, georreferenciação, traçado e afetação principal;

b) Características técnicas mais relevantes, incluindo dimensão, tipo de infraestruturas e de utilização.

3 .-  As entidades referidas no nº 1 devem elaborar e disponibilizar no SIC as informações referidas no número anterior nos termos e com o formato definido pelo ICP–ANACOM.

4 .-  As entidades referidas no artigo 2º estão obrigadas a:

a) Responder de forma célere e não discriminatória, num prazo não superior a 10 dias, a pedidos de informação por parte das empresas de comunicações eletrónicas interessadas, designando elementos de contacto para este efeito;

b) Fornecer às empresas de comunicações eletrónicas interessadas informação esclarecedora, designadamente com indicações precisas sobre a localização e a existência de capacidade disponível nas infraestruturas existentes, sempre que for solicitada, num prazo máximo de 10 dias.

5 .-  Em caso de dúvida sobre a aptidão das infraestruturas para o alojamento de redes de comunicações eletrónicas, compete ao ICP-ANACOM, a pedido das entidades referidas no nº 1, decidir sobre a sua inclusão no cadastro, tendo em conta os fundamentos por aquelas apresentados e a utilidade das infraestruturas em causa no contexto do desenvolvimento de redes de acesso de comunicações eletrónicas, nomeadamente na ligação dos utilizadores finais às redes core.

6 .-  A existência de infraestruturas não cadastradas não prejudica o direito de acesso às mesmas nos termos fixados no presente Decreto-Lei.

7 .-  Sempre que esteja em causa o acesso a infraestruturas detidas por entidade sujeita a regulação, a decisão a que se refere o nº 5 deve ser precedida de parecer da entidade reguladora setorial respetiva, a qual deve pronunciar-se no prazo máximo improrrogável de 15 dias, correspondendo a não emissão de parecer dentro deste prazo à emissão de parecer favorável.

8 .-  Quando a decisão do ICP-ANACOM seja, total ou parcialmente, contrária ao parecer da entidade reguladora setorial, emitido nos termos do número anterior, aquela deve ser devidamente fundamentada, justificando especificamente as razões para o não acolhimento das conclusões constantes daquele parecer.

Artigo 25º.- Informação disponível no SIC

1 .-  Competem ao ICP-ANACOM a conceção, a gestão e a manutenção, acessibilidade e disponibilidade do SIC, assegurando a disponibilização da seguinte informação:

a) Procedimentos e condições de que depende a atribuição dos direitos de passagem previstos no artigo 6º;

b) Anúncios da construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas nos termos previstos no nº 6 do artigo 7º e no artigo 9º;

c) Cadastro contendo informação georreferenciada, completa e integrada de todas as infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas detidas pelas entidades referidas no nº 1 do artigo 24º, incluindo as ITUR públicas a que se refere o artigo 31º;

d) Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização de cada uma das infraestruturas referidas na alínea anterior.

2 .-  As entidades referidas no nº 1 do artigo 24º devem assegurar a permanente atualização das informações previstas nos números anteriores e, sempre que lhes seja solicitado, prestar ao ICP-ANACOM todos os esclarecimentos e elementos necessários com vista à sua introdução no SIC.

3 .-  As informações que em cada momento constam do SIC vinculam as entidades responsáveis pela sua elaboração e disponibilização.

4 .-  Compete ao ICP-ANACOM, após o procedimento de consulta nos termos do artigo 8º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, definir o formato sob o qual devem ser disponibilizados os elementos no SIC.

5 .-  O SIC deve prever a interligação com os sistemas de disponibilização de informação sobre infraestruturas a que as empresas de comunicações eletrónicas estão obrigadas nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, e das medidas do ICP-ANACOM adotadas ao abrigo daquela, tendo em vista a não duplicação de procedimentos de envio de informação sobre infraestruturas aplicáveis às empresas.

Artigo 26º.- Acesso ao SIC

1 .-  O SIC assenta num princípio de partilha de informação e de reciprocidade, a ele podendo aceder as entidades que assegurem o cumprimento das obrigações necessárias à inclusão das informações naquele sistema, nos termos previstos no presente Decreto-Lei.

2 .-  A informação do SIC é disponibilizada através de uma rede eletrónica privativa à qual podem aceder, remotamente, as entidades indicadas no artigo 2º, as empresas de comunicações eletrónicas e, ainda, as entidades reguladoras setoriais, que, cumprindo as condições previstas no número anterior, quando estas lhes sejam aplicáveis, obtenham credenciais de acesso junto do ICP-ANACOM, sem prejuízo do disposto na Lei nº 46/2007, de 24 de agosto.

3 .-  Compete ao Gabinete Nacional de Segurança pronunciar -se, com base na avaliação dos fundamentos apresentados pelas entidades gestoras das infraestruturas incluídas no SIC, sobre quais as informações que devem ser classificadas como confidenciais ou reservadas, devendo o ICP-ANACOM, ouvida a entidade gestora das infraestruturas e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), decidir da classificação a atribuir às referidas informações.

4 .-  É proibida a obtenção de remuneração, por via direta ou indireta, pela reutilização dos documentos ou informações do SIC.

CAPÍTULO V.- Infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios (ITUR)

 

SECÇÃO I.- Disposições gerais relativas às ITUR

Artigo 27º.- Objeto do capítulo V

1 .-  O presente capítulo estabelece o regime de instalação das ITUR e respetivas ligações às redes públicas de comunicações eletrónicas, bem como o regime de avaliação de conformidade de equipamentos, materiais e infraestruturas.

2 .-  Os requisitos constantes do presente capítulo aplicam -se integralmente às empresas e aos profissionais que exerçam as atividades nele referidas em território nacional, em regime de livre prestação de serviços, excetuados os que claramente não resultem aplicáveis, pela sua própria natureza, a prestações ocasionais e esporádicas.

Artigo 28º.- Constituição das ITUR

As ITUR são constituídas por:

a) Espaços para a instalação de tubagem, cabos, caixas e câmaras de visita, armários para repartidores de edifício e para instalação de equipamentos e outros dispositivos;

b) Rede de tubagens ou tubagem para a instalação dos diversos cabos, equipamentos e outros dispositivos, incluindo, nomeadamente, armários de telecomunicações, caixas e câmaras de visita;

c) Cablagem, nomeadamente, em par de cobre, em cabo coaxial e em fibra ótica para ligação às redes públicas de comunicações;

d) Sistemas de cablagem do tipo A;

e) Instalações elétricas de suporte a equipamentos e sistema de terra;

f) Sistemas de cablagem para uso exclusivo do loteamento, urbanização ou conjunto de edifícios, nomeadamente domótica, videoportaria e sistemas de segurança.

Artigo 29º.- Infraestruturas obrigatórias nos loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios

1 .-  Nos loteamentos e urbanizações é obrigatória, de acordo com o previsto no presente capítulo e no manual ITUR, a instalação das seguintes infraestruturas:

a) Espaços para a instalação de tubagem, cabos, equipamentos e outros dispositivos, incluindo, nomeadamente, armários de telecomunicações, caixas e câmaras de visita;

b) Rede de tubagens ou tubagem para a instalação dos diversos cabos, equipamentos e outros dispositivos.

2 .-  Nos conjuntos de edifícios, além da infraestrutura referida no número anterior, é ainda obrigatória a instalação de cablagem em par de cobre, em cabo coaxial e em fibra ótica para ligação às redes públicas de comunicações eletrónicas, bem como instalações elétricas de suporte a equipamentos e sistemas de terra.

3 .-  No projeto, na instalação e na utilização das infraestruturas de telecomunicações deve ser assegurado o sigilo das comunicações, a segurança e a não interferência entre as infraestruturas de cablagem instaladas.

4 .-  O cumprimento das obrigações previstas no presente artigo recai sobre o promotor da operação urbanística.

Artigo 30º.- Princípios gerais relativos às ITUR

1 .-  É obrigatória a utilização das ITUR já instaladas sempre que as mesmas permitam suportar os serviços a prestar e as tecnologias a disponibilizar.

2 .-  A ocupação de espaços e tubagens deve ser dimensionada pelo projetista para as necessidades de comunicações e para o número de utilizadores previsíveis do loteamento, urbanização ou conjunto de edifícios, bem como para permitir a utilização dos mesmos por mais de um operador.

3 .-  É interdita a ocupação dos espaços e tubagens por qualquer meio que não se justifique, tendo em conta os serviços a prestar e a tecnologia a disponibilizar.

4 .-  O cumprimento do disposto no número anterior recai sobre o promotor da operação urbanística, o instalador, a empresa de comunicações eletrónicas ou, quando aplicável, sobre a administração ou o proprietário do conjunto de edifícios.

SECÇÃO II.- Regime de propriedade, gestão e acesso das ITUR

Artigo 31º.- Propriedade, gestão e conservação das ITUR públicas

1 .-  As ITUR referidas no nº 1 do artigo 29º integram o domínio municipal, cabendo aos respetivos municípios a sua gestão e conservação, em conformidade com as normas fixadas no presente Decreto-Lei.

2 .-  Para efeitos do número anterior, o proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o prédio sobre o qual recai a operação urbanística cedem gratuitamente ao município as ITUR nele instaladas, nos termos do artigo 44º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

3 .-  Para os efeitos do número anterior, o requerente deve assinalar as ITUR em planta a entregar com o pedido de licenciamento ou comunicação prévia.

4 .-  As ITUR cedidas ao município integram -se no domínio municipal através de instrumento próprio a realizar pelo notário privativo da câmara municipal no prazo previsto no nº 1 do artigo 36º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

5 .-  Os municípios podem atribuir a uma entidade autónoma, por si selecionada nos termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, os poderes de gestão e conservação das ITUR que lhes tenham sido cedidas em conformidade com os números anteriores.

6 .-  O ICP-ANACOM pode emitir orientações genéricas enformadoras dos procedimentos de seleção referidos no número anterior.

7 .-  Os procedimentos que venham a ser definidos pelos municípios para permitirem o acesso às ITUR pelas empresas de comunicações eletrónicas devem ser transparentes, céleres, não discriminatórios e adequadamente publicitados, devendo as condições aplicáveis ao exercício do direito de acesso obedecer aos princípios da transparência e da não discriminação, nos termos do capítulo III.

8 .-  Os procedimentos referidos no número anterior são obrigatoriamente aplicáveis pelas entidades a quem os municípios deleguem a gestão e conservação das ITUR nos termos do nº 5.

9 .-  A conservação da cablagem instalada pelas empresas de comunicações eletrónicas é da sua responsabilidade, devendo para esse fim os municípios, ou as entidades por si designadas, permitir -lhes o acesso.

Artigo 32º.- Propriedade, gestão, conservação e alteração das ITUR privadas

1 .-  As ITUR que integram conjuntos de edifícios são detidas em compropriedade por todos os proprietários, cabendo -lhes a si, ou à respetiva administração, caso exista, a sua gestão e conservação, em conformidade com o regime jurídico da propriedade horizontal e com o presente Decreto-Lei.

2 .-  As administrações ou os proprietários dos conjuntos de edifícios, consoante se encontrem ou não em regime de propriedade horizontal, devem zelar pelo bom estado de conservação, segurança e funcionamento das ITUR, suportando os encargos decorrentes da reparação de avarias, sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo seguinte.

3 .-  Os proprietários ou as administrações dos conjuntos de edifícios só podem opor -se à instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para uso individual por qualquer proprietário, condómino, arrendatário ou ocupante legal nos seguintes casos:

a) Quando, após comunicação desta intenção por parte de um proprietário, condómino, arrendatário ou ocupante legal, procederem à instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para uso coletivo que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia no prazo de 60 dias;

b) Quando o conjunto de edifícios já disponha de uma infraestrutura de telecomunicações para uso coletivo que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia.

4 .-  Nas situações em que os proprietários ou as administrações dos conjuntos de edifícios decidam não proceder à instalação da infraestrutura de telecomunicações referida na alínea a) do número anterior ou em que decorrido o prazo previsto na mesma alínea a referida infraestrutura de telecomunicações não esteja disponível, e caso sobre eles não recaia o encargo de suportar os custos decorrentes da alteração a efetuar sobre a infraestrutura existente, os proprietários ou a administração do conjunto de edifícios só se podem opor à realização da alteração pretendida mediante deliberação de oposição de proprietários ou condóminos que representem pelo menos dois terços do capital investido.

Artigo 33º.- Acesso aberto às ITUR

1 .-  Os promotores das obras, os municípios e as entidades por si designadas nos termos do artigo 31º, bem como os proprietários e as administrações dos conjuntos de edifícios estão obrigados a garantir o acesso aberto, não discriminatório e transparente das empresas de comunicações eletrónicas às ITUR, para efeitos de instalação, conservação, reparação e alteração, nos termos do presente Decreto-Lei, sem prejuízo do direito à reparação por eventuais prejuízos daí resultantes.

2 .-  O acesso e a utilização, pelas empresas de comunicações eletrónicas, às ITUR privadas não pode ser condicionado à exigência de pagamento de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza por parte do proprietários e administrações dos conjuntos de edifícios.

3 .-  São proibidas e nulas as cláusulas contratuais que prevejam a exclusividade de acesso às ITUR instaladas, sendo obrigatoriamente resolvidos ou reduzidos os contratos que hajam sido celebrados em momento anterior ao da entrada em vigor do presente Decreto-Lei e que contenham cláusulas de exclusividade no acesso às ITUR.

4 .-  No caso de a entidade gestora das ITUR públicas ser, simultaneamente, uma entidade que presta serviços de comunicações eletrónicas, esta apenas pode iniciar a prestação de serviços aos clientes abrangidos pela ITUR que gere a partir do momento em que tenha procedido à publicação das condições previstas no presente artigo e nos n.os 7 e 8 do artigo 31º.

Artigo 34º.- Remuneração pelo acesso às ITUR públicas

Pela instalação de cablagem e pela ocupação das ITUR públicas é apenas devida a taxa prevista no artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, aplicando-se o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 13º do presente Decreto-Lei.

SECÇÃO III.- Projetos técnicos de ITUR

Artigo 35º.- Obrigatoriedade de projeto técnico de ITUR

A instalação das ITUR obedece a um projeto técnico elaborado por um projetista, de acordo com o disposto no presente capítulo e no manual ITUR.

Artigo 36º.- Termo de responsabilidade pelo projeto ITUR

1 .-  Os projetos técnicos a que alude o artigo anterior devem ser instruídos com declaração dos projetistas legalmente habilitados que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis.

2 .-  A declaração a que alude o presente artigo reveste a natureza de um termo de responsabilidade dispensando a apreciação prévia dos projetos por parte dos serviços municipais.

3 .-  Compete ao ICP-ANACOM aprovar o modelo do termo de responsabilidade a que se refere o presente artigo.

Artigo 37º.- Qualificação do projetista ITUR

1 .-  Podem ser projetistas ITUR:

a) Os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos em associações públicas de natureza profissional que, nos termos da lei que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, se considerem habilitados para o efeito;

b) Os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos nas respetivas associações públicas de natureza profissional no seguimento do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, por reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas na alínea anterior;

c) Os cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas na alínea a), que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia a Ordem dos Engenheiros ou a Ordem dos Engenheiros Técnicos, conforme aplicável, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

2 .-  As associações públicas de natureza profissional referidas no número anterior devem disponibilizar ao ICP-ANACOM, nos termos a acordar, informação relativa aos técnicos que consideram habilitados para realizar projetos ITUR.

3 .-  Compete às associações públicas de natureza profissional assegurar que os técnicos nelas inscritos e habilitados para efeitos do presente Decreto-Lei como técnicos ITUR atualizem os respetivos conhecimentos.

Artigo 38º.- Obrigações do projetista ITUR

Constituem obrigações do projetista ITUR:

a) Elaborar os projetos de acordo com o artigo seguinte e as normas técnicas aplicáveis;

b) Disponibilizar ao promotor da obra e ao ICP-ANACOM o termo de responsabilidade referido no artigo 36º;

c) Assegurar, por si ou por seu mandatário, o acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra o andamento dos trabalhos e a qualidade de execução da mesma, bem como a confirmação final, obrigatória, no respetivo livro, de que a instalação se encontra de acordo com o projeto;

d) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, de duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo 44º.

 

Artigo 39º.- Elementos do projeto técnico ITUR

1 .-  O projeto técnico ITUR deve incluir obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Informação identificadora do projetista ITUR que assume a responsabilidade pelo projeto, nos termos do artigo 36º, nomeadamente com indicação do número de inscrição em associação pública de natureza profissional;

b) Identificação da operação de loteamento, obra de urbanização, ou conjunto de edifícios a que se destina, nomeadamente da sua finalidade;

c) Memória descritiva contendo, nomeadamente:

i) Descrição genérica da solução adotada com vista à satisfação das disposições legais e regulamentares em vigor;

ii) Indicação das características dos materiais, dos elementos de construção, dos sistemas, equipamentos e redes associadas às instalações técnicas;

iii) Pressupostos que foram considerados, nomeadamente as características dos interfaces técnicos de acesso de redes públicas de comunicações eletrónicas;

iv) Características técnicas a que devem obedecer os equipamentos, materiais e componentes que irão ser utilizados na infraestrutura;

d) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicação da natureza e quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra;

e) Orçamento baseado na espécie e quantidade de trabalhos constantes das medições;

f) Outros elementos estruturantes do projeto, nomeadamente fichas técnicas, plantas topográficas, esquemas da rede de tubagem e cablagem, quadros de dimensionamento, cálculos de níveis de sinal, esquemas de instalação elétrica e terras das infraestruturas, análise das especificidades das ligações às infraestruturas de telecomunicações das empresas de comunicações eletrónicas.

2 .-  (Revogado.)

 

SECÇÃO IV.- Instalação das ITUR

Artigo 40º.- Instalador ITUR

1 .-  A instalação e a conservação das ITUR devem ser efetuadas por instalador habilitado nos termos e condições previstas no presente capítulo.

2 .-  Compete ao promotor da obra escolher o instalador.

 

Artigo 41º.- Qualificações do instalador ITUR

1 .-  Podem ser instaladores ITUR:

a) As pessoas singulares que disponham das qualificações referidas na alínea a) do nº 1 do artigo 37º e cuja associação pública de natureza profissional lhes reconheça habilitação adequada para o efeito, ou qualificações equivalentes, reconhecidas nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, ou no seguimento da receção da declaração prévia a que se refere o artigo 5º da mesma lei;

b) As pessoas singulares que disponham das seguintes habilitações:

i) Detentores de qualificação de dupla certificação, obtida por via das modalidades de educação e formação do Sistema Nacional de Qualificações, que integrem as unidades de formação de curta duração ITUR que respeitam os conteúdos definidos no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

ii) Técnicos de áreas de formação de eletricidade e energia e de eletrónica e automação, que tenham frequentado com aproveitamento as unidades de formação de curta duração ITUR integradas no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

iii) Cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas nas primeiras partes das subalíneas anteriores que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia o ICP-ANACOM, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto;

c) (Revogada).

2 .-  (Revogado.)

3 .-  Compete às associações públicas de natureza profissional assegurar que os técnicos nelas inscritos e habilitados para efeitos do presente Decreto-Lei como técnicos ITUR atualizem os respetivos conhecimentos, competindo-lhes ainda disponibilizar ao ICP-ANACOM informação relativa aos técnicos que considerem habilitados para serem instaladores ITUR, nos termos previstos no nº 2 do artigo 37º, com as devidas adaptações.

Artigo 42º.- Título profissional de instalador ITUR habilitado pelo ICP-ANACOM

1 .-  O exercício, em território nacional, da profissão de instalador ITUR por técnico referido nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior depende da posse de título profissional válido, emitido pelo ICP-ANACOM.

2 .-  Em caso de reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior, obtidas fora de Portugal por cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, o título profissional é emitido com a decisão de deferimento proferida nos termos do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

3 .-  Fora dos casos previstos no número anterior, o ICP-ANACOM dispõe de 20 dias para decidir sobre a emissão do título profissional, após a regular entrega do respetivo pedido, instruído com certificado de qualificações, após o que se considera aquele tacitamente deferido, valendo como título profissional, para todos os efeitos legais, os comprovativos de submissão do pedido e do pagamento da respetiva taxa.

4 .-  As referências legislativas a instaladores ITUR habilitados pelo ICP-ANACOM devem entender-se como abrangendo também os profissionais referidos na subalínea iii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior, exceto quando o contrário resulte da norma em causa.

Artigo 43º.- Obrigações do instalador ITUR

1 .-  Constituem obrigações dos instaladores ITUR:

a) Manter atualizada a informação relativa ao seu título profissional, emitido pelo ICP-ANACOM, nos casos aplicáveis;

b) Utilizar nas instalações apenas equipamentos e materiais que estejam em conformidade com os requisitos técnicos e legais aplicáveis;

c) Instalar as infraestruturas de telecomunicações de acordo com o projeto e com as normas técnicas aplicáveis;

d) Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação, disponibilizando -o ao promotor da obra, ao diretor da obra e ao diretor de fiscalização da obra, ao ICP-ANACOM e ao proprietário ou, no caso de conjunto de edifícios, à respetiva administração;

e) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, de duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo seguinte.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  Compete ao ICP-ANACOM aprovar o modelo de termo de responsabilidade a que se refere a alínea d) do nº 1.

4 .-  A ligação das ITUR às redes públicas de comunicações só pode ser efetuada após a emissão do termo de responsabilidade de execução da instalação.

SECÇÃO V.- Entidades formadoras ITUR

Artigo 44º.- Formação de projetistas e instaladores ITUR

1 .-  A formação para obtenção em Portugal das qualificações referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 41º e a formação contínua a que se referem a alínea d) do artigo 38º e a alínea e) do nº 1 do artigo anterior são ministradas por entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, identificadas no nº 1 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, nas quais se incluem as entidades certificadas nos termos do artigo seguinte.

2 .-  Os cursos de formação ministrados pelas entidades referidas no número anterior devem respeitar as unidades de formação de curta duração ITUR previstas no Catálogo Nacional de Qualificações.

Artigo 45º.- Certificação de entidades formadoras de projetistas e instaladores ITUR

1 .-  A certificação de entidades privadas formadoras para projetistas e instaladores ITUR segue os trâmites da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, com as seguintes adaptações:

a) A entidade competente para a certificação é o ICP-ANACOM;

b) As entidades formadoras devem cumprir as obrigações previstas no artigo 49º;

c) O procedimento de revogação da certificação segue os termos do artigo 94º -A;

d) Outros requisitos específicos, em complemento ou derrogação dos requisitos constantes da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da formação profissional, das comunicações e da educação, observado o disposto no nº 4.

2 .-  A certificação das entidades formadoras referidas no número anterior, expressa ou tácita, é comunicada por meio eletrónico ao serviço central competente do ministério responsável pela área da formação profissional, no prazo de 10 dias.

3 .-  O procedimento de certificação tem início após o pagamento das taxas devidas pela entidade formadora certificada, aquando da apresentação do pedido de certificação.

4 .-  Os critérios de determinação do preenchimento dos requisitos técnicos materiais e das qualificações técnicas do pessoal, a constar da portaria referida na alínea d) do nº 1, são propostos pelo ICP-ANACOM, em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação, I. P., que coordena as ofertas educativas e formativas de dupla certificação e o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como com o serviço competente do ministério responsável pela área da formação profissional.

Artigo 46º.- Regime do registo de entidades formadoras de instaladores ITUR

(Revogado.)

 

Artigo 47º.- Revogação do registo de entidades formadoras de instaladores ITUR

(Revogado.)

 

Artigo 48º.- Alterações ao registo de entidades formadoras de instaladores ITUR

(Revogado.)

 

Artigo 49º.- Obrigações da entidade formadora de projetistas e instaladores ITUR

Constituem obrigações da entidade formadora de projetistas e instaladores ITUR:

a) Ministrar cursos de formação ITUR, incluindo de formação contínua, observado o disposto no artigo 44º;

b) Utilizar apenas os equipamentos e instalações que correspondam aos requisitos definidos pelo ICP-ANACOM;

c) Assegurar que os formadores dos cursos referidos na alínea a) estão devidamente habilitados;

d) Assegurar a calibração periódica dos equipamentos, de acordo com as instruções dos respetivos fabricantes, documentado em plano de calibração;

e) Facultar ao ICP-ANACOM informação relativa aos formandos com e sem aproveitamento, por curso ministrado, no prazo máximo de 15 dias após o termo do mesmo;

f) Comunicar previamente ao ICP-ANACOM a realização de cada ação de formação, com indicação dos respetivos, local, data e hora.

SECÇÃO VI.- Alteração de infraestruturas de telecomunicações em ITUR privadas

 

Artigo 50º.- Condições para a alteração de infraestruturas de telecomunicações em ITUR privadas

1 .-  A alteração das ITUR privadas, nomeadamente para a instalação de fibra ótica, deve ser precedida de projeto técnico simplificado, elaborado por projetista e executado por instalador devidamente habilitados, de acordo com o manual ITUR.

2 .-  Nos casos referidos no número anterior, o projetista e o instalador devem emitir termos de responsabilidade e entregá -los ao dono da obra ou administração do conjunto de edifícios, aos proprietários, arrendatários, condóminos ou utilizadores legais requerentes da instalação e ao ICP-ANACOM, no prazo de 10 dias a contar da respetiva conclusão.

SECÇÃO VII.- Avaliação de conformidade de equipamentos e infraestruturas das ITUR

 

Artigo 51º.- Requisitos de conformidade de equipamentos e infraestruturas das ITUR

1 .-  A todos os equipamentos, dispositivos e materiais utilizados nas ITUR são aplicáveis os seguintes requisitos de proteção:

a) Os relativos à saúde e à segurança do utilizador ou de qualquer outra pessoa, incluindo os contidos no Decreto-Lei nº 6/2008, de 10 de janeiro, no que se refere aos requisitos de segurança, e demais legislação aplicável;

b) Os contidos no Decreto-Lei nº 325/2007, de 28 de setembro, no que se refere à compatibilidade eletromagnética, e demais legislação aplicável.

2 .-  A instalação das ITUR deve respeitar:

a) Os parâmetros como tal definidos nas especificações técnicas dos interfaces de acesso às redes públicas de comunicações eletrónicas;

b) Os guias de instalação dos fabricantes dos materiais, dispositivos e equipamentos;

c) As regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão, aprovadas pela Portaria nº 949 -A/2006, de 11 de setembro.

Artigo 52º.- Responsabilidade sobre a conformidade de equipamentos das ITUR

1 .-  A demonstração da conformidade dos equipamentos, dispositivos e materiais a utilizar nas ITUR com os requisitos aplicáveis é da responsabilidade dos seus fabricantes ou dos seus representantes sediados na União Europeia.

2 .-  No caso de o fabricante ou o seu representante não estar sediado na União Europeia, a responsabilidade constante do número anterior recai sobre a pessoa que proceder à importação direta de equipamento.

3 .-  Os fabricantes, seus representantes ou a pessoa responsável pela sua colocação no mercado devem manter toda a informação respeitante aos equipamentos, dispositivos e materiais à disposição do ICP-ANACOM por um período não inferior a 10 anos após a colocação no mercado do último exemplar em causa.

Artigo 53º.- Procedimento de avaliação de conformidade de equipamentos, dispositivos e materiais das ITUR

A avaliação de conformidade dos equipamentos, dispositivos e materiais com os requisitos aplicáveis constantes do nº 1 do artigo 51º pode ser demonstrada através dos procedimentos previstos na legislação relativa à compatibilidade eletromagnética e à proteção à saúde e segurança nos equipamentos elétricos.

Artigo 54º.- Fiscalização de equipamentos e infraestruturas das ITUR

Compete ao ICP-ANACOM proceder à recolha, periódica, de forma aleatória e em qualquer ponto do circuito de distribuição, de amostra adequada aos equipamentos, dispositivos e materiais colocados no mercado a fim de avaliar da sua conformidade com os requisitos aplicáveis e com a informação constante dos respetivos certificados e declarações de conformidade.

Artigo 55º.- Requisitos dos materiais das ITUR

Os materiais utilizados nas ITUR devem obedecer às especificações técnicas constantes do manual ITUR.

SECÇÃO VIII.- Taxas relativas às ITUR

Artigo 56º.- Taxas devidas ao ICP-ANACOM no âmbito das ITUR

1 .-  Estão sujeitos a taxas os procedimentos de:

a) Emissão de título profissional de instalador ITUR habilitado pelo ICP-ANACOM;

b) Certificação das entidades formadoras de projetistas e instaladores ITUR.

2 .-  Os montantes das taxas referidas no número anterior são fixados por portaria do membro do Governo responsável pela área das comunicações, constituindo receita do ICP-ANACOM.

3 .-  Os montantes das taxas referidas no nº 1 são determinados em função dos custos administrativos decorrentes do tipo de procedimento em causa.

CAPÍTULO VI.- Infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED)

 

SECÇÃO I.- Disposições gerais relativas às ITED

Artigo 57º.- Objeto do capítulo VI

1 .-  O presente capítulo fixa o regime de instalação das ITED e respetivas ligações às redes públicas de comunicações eletrónicas, bem como o regime da avaliação de conformidade de equipamentos, materiais e infraestrutura.

2 .-  Os requisitos constantes do presente capítulo aplicam -se integralmente às empresas e aos profissionais que exerçam as atividades nele referidas em território nacional, em regime de livre prestação de serviços, excetuados os que claramente não resultem aplicáveis, pela sua própria natureza, a prestações ocasionais e esporádicas.

Artigo 58º.- Constituição das ITED

As ITED são constituídas por:

a) Espaços para instalação de tubagem;

b) Redes de tubagem necessárias para a instalação dos diversos equipamentos, cabos e outros dispositivos;

c) Sistemas de cablagem em pares de cobre, em cabo coaxial, para distribuição de sinais sonoros e televisivos dos tipos A (por via hertziana terrestre) e do B (por via satélite), incluindo em ambos os casos as respetivas antenas, e em fibra ótica, constituídas pela rede coletiva e pela rede individual de cabos, para ligação às redes públicas de comunicações;

d) Sistemas de cablagem do tipo A;

e) Instalações elétricas de suporte a equipamentos e sistema de terra;

f) Sistemas de cablagem para uso exclusivo do edifício, nomeadamente domótica, videoportaria e sistemas de segurança.

Artigo 59º.- Infraestruturas obrigatórias nos edifícios

1 .-  Nos edifícios é obrigatória a instalação das seguintes infraestruturas:

a) Espaços para instalação de tubagem;

b) Redes de tubagem necessárias para a instalação dos diversos equipamentos, cabos e outros dispositivos;

c) Sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo A e em fibra ótica;

d) Instalações elétricas de suporte a equipamentos e sistemas de terra.

2 .-  A obrigatoriedade de instalação dos sistemas de distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo A, por via hertziana terrestre, é aplicável aos edifícios com dois ou mais fogos.

3 .-  No projeto, na instalação e na utilização das ITED deve ser assegurado o sigilo das comunicações, a segurança e a não interferência entre as infraestruturas de cablagem instaladas.

4 .-  O cumprimento das obrigações previstas no presente artigo recai sobre o dono da obra.

Artigo 60º.- Exceções ao princípio da obrigatoriedade

Excetuam-se do disposto no presente capítulo os edifícios que, em razão da sua natureza e finalidade específica, apresentem uma remota probabilidade de vir a necessitar de infraestruturas de comunicações eletrónicas, desde que devidamente fundamentado e acompanhado por declaração de responsabilidade do projetista.

Artigo 61º.- Princípios gerais relativos às ITED

1 .-  É obrigatória a utilização das infraestruturas de telecomunicações já instaladas sempre que as mesmas permitam suportar os serviços a prestar e a tecnologia a disponibilizar.

2 .-  A instalação e utilização de infraestruturas para uso coletivo têm preferência relativamente à instalação e utilização de infraestruturas para uso individual.

3 .-  A ocupação de espaços e tubagens deve ser dimensionada pelo projetista para as necessidades de comunicações e para o número de utilizadores previsíveis do edifício.

4 .-  É interdita a ocupação dos espaços e tubagens por qualquer meio que não se justifique, tendo em conta os serviços a prestar e a tecnologia a disponibilizar.

5 .-  O cumprimento do disposto no número anterior recai sobre o dono da obra, o instalador, a empresa de comunicações eletrónicas ou, quando aplicável, sobre a administração do edifício.

SECÇÃO II.- Regime de propriedade, gestão e acesso das ITED

Artigo 62º.- Propriedade, gestão e conservação das ITED

1 .-  As ITED pertencem ao proprietário do edifício.

2 .-  As ITED que nos termos do regime da propriedade horizontal integrem as partes comuns dos edifícios são detidas em compropriedade por todos os condóminos, cabendo a sua gestão e conservação às respetivas administrações dos edifícios.

3 .-  As ITED que integram cada fração autónoma são da propriedade exclusiva do respetivo condómino.

Artigo 63º.- Acesso aberto às ITED

1 .-  Os proprietários e as administrações dos edifícios estão obrigados a garantir o acesso aberto, não discriminatório e transparente das empresas de comunicações eletrónicas às ITED, para efeitos de instalação, conservação, reparação e alteração nos termos do presente Decreto-Lei, sem prejuízo do direito à reparação por eventuais prejuízos daí resultantes.

2 .-  O acesso às ITED que integram as partes comuns dos edifícios nos termos do número anterior não pode ser condicionado ao pagamento de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza por parte dos proprietários ou administrações dos edifícios.

3 .-  São proibidas e nulas as cláusulas contratuais que prevejam a exclusividade de acesso às ITED instaladas, sendo obrigatoriamente resolvidos ou reduzidos os contratos que hajam sido celebrados em momento anterior ao da entrada em vigor do presente Decreto-Lei e que contenham cláusulas de exclusividade no acesso às ITED.

4 .-  As empresas de comunicações eletrónicas que já se encontrem a prestar serviços num determinado edifício não podem, por qualquer modo, direta ou indiretamente, dificultar ou impedir a utilização das ITED por parte de outras empresas de comunicações eletrónicas.

Artigo 64º.- Condições para a alteração das infraestruturas de telecomunicações instaladas em ITED

1 .-  Os proprietários ou as administrações dos edifícios só podem opor -se à instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para uso individual por qualquer condómino, arrendatário ou ocupante legal nos seguintes casos:

a) Quando, após comunicação desta intenção por parte de um condómino, arrendatário ou ocupante legal, procederem à instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para uso coletivo que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia no prazo de 60 dias;

b) Quando o edifício já disponha de uma infraestrutura de telecomunicações para uso coletivo que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia.

2 .-  Nas situações em que os proprietários ou as administrações dos edifícios decidam não proceder à instalação da infraestrutura de telecomunicações referida na alínea a) do número anterior ou em que decorrido o prazo previsto na mesma alínea a referida infraestrutura de telecomunicações não esteja disponível, e caso sobre eles não recaia o encargo de suportar os custos decorrentes da alteração a efetuar sobre a infraestrutura existente, os proprietários ou a administração do edifício só se podem opor à realização da alteração pretendida mediante deliberação de oposição de condóminos que representem pelo menos dois terços do capital investido.

3 .-  Para efeitos do regime previsto no presente artigo, a assembleia de condóminos que apreciar a proposta de alteração da infraestrutura deve ser convocada, nos termos previstos no Código Civil, pelo condómino interessado ou em representação do arrendatário ou ocupante legal que pretende aceder ao serviço de comunicações eletrónicas acessíveis ao público.

4 .-  Nas situações em que a proposta de alteração da infraestrutura seja comunicada à administração do edifício depois da convocação de uma reunião da assembleia de condóminos, deve a mesma ser aditada à ordem de trabalhos e para esse efeito notificada aos convocados, até cinco dias antes da data da reunião.

5 .-  É obrigatória a desmontagem da infraestrutura de telecomunicações para uso individual sempre que cumulativamente:

a) Seja instalada infraestrutura de telecomunicações para uso coletivo que permita assegurar a mesma tecnologia e os mesmos serviços da infraestrutura individual;

b) Seja comprovada a existência de danos para terceiros, causados pela instalação efetuada.

SECÇÃO III.- Projetos técnicos de ITED

Artigo 65º.- Obrigatoriedade de projeto técnico de ITED

1 .-  A instalação das ITED definidas no artigo 58º obedece a um projeto técnico elaborado por um projetista, de acordo com o disposto no presente Decreto-Lei e no manual ITED.

2 .-  A instalação de infraestruturas de telecomunicações promovida pelos serviços ou organismos da administração direta ou indireta do Estado, no exercício de competência estabelecida por lei, rege -se pelo presente Decreto-Lei.

3 .-  O ICP-ANACOM pode publicar modelos de projetos técnicos a serem seguidos em determinados tipos de instalação.

Artigo 66º.- Termo de responsabilidade pelo projeto ITED

1 .-  Os projetos técnicos a que alude o artigo anterior devem ser instruídos com declaração dos projetistas legalmente habilitados que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis.

2 .-  A declaração a que alude o presente artigo reveste a natureza de um termo de responsabilidade, dispensando a apreciação prévia dos projetos por parte dos serviços municipais.

3 .-  Compete ao ICP-ANACOM aprovar o modelo do termo de responsabilidade a que se refere o presente artigo.

Artigo 67º.- Qualificação do projetista ITED

1 .-  Podem ser projetistas ITED:

a) Os engenheiros e os engenheiros técnicos, inscritos em associações públicas de natureza profissional que, nos termos da lei que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, se considerem habilitados para o efeito;

b) Os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos nas respetivas associações públicas de natureza profissional no seguimento do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, por reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas na alínea anterior;

c) Os cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas na alínea a), que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia a Ordem dos Engenheiros ou a Ordem dos Engenheiros Técnicos, conforme aplicável, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto;

d) Outros técnicos que se encontrem inscritos no ICP-ANACOM como projetistas ITED à data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei.

2 .-  Os projetistas ITED referidos na alínea d) do número anterior apenas se encontram habilitados a subscrever projetos ITED em edifícios com uma estimativa orçamental global da obra até à classe 2, nos termos do regime jurídico de acesso e exercício da atividade da construção.

3 .-  (Revogado.)

4 .-  As associações públicas de natureza profissional referidas nas alíneas a) a c) do nº 1 devem disponibilizar ao ICP-ANACOM, nos termos a acordar, informação relativa aos técnicos que consideram habilitados para realizar projetos ITED.

5 .-  Compete às associações públicas de natureza profissional assegurar que os técnicos nelas inscritos e habilitados para efeitos do presente Decreto-Lei como técnicos ITED atualizem os respetivos conhecimentos.

Artigo 68º.- Título profissional de projetista ITED habilitado pelo ICP-ANACOM

1 .-  O exercício em território nacional da profissão de projetista ITED, por técnico referido na alínea d) do nº 1 do artigo anterior, depende da posse de título profissional válido, emitido pelo ICP-ANACOM.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  (Revogado.)

 

Artigo 69º.- Obrigações do projetista ITED

1 .-  Constituem obrigações do projetista ITED:

a) Elaborar projetos de acordo com o artigo 70º e as normas técnicas aplicáveis;

b) Disponibilizar ao dono da obra e ao ICP-ANACOM o termo de responsabilidade previsto no artigo 66º;

c) Assegurar, por si ou por seu mandatário, o acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra o andamento dos trabalhos e a qualidade de execução da mesma, bem como a confirmação final, obrigatória, no respetivo livro, de que a instalação se encontra de acordo com o projeto;

d) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, de duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo 77º

2 .-  (Revogado.)

 

Artigo 70º.- Elementos do projeto técnico ITED

1 .-  O projeto técnico ITED deve incluir obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Informação identificadora do projetista ITED que assume a responsabilidade pelo projeto, nos termos do artigo 66º, nomeadamente com indicação do número de inscrição em associação pública de natureza profissional;

b) Identificação do edifício a que se destina, nomeadamente a sua finalidade;

c) Memória descritiva contendo, nomeadamente:

i) Descrição genérica da solução adotada com vista à satisfação das disposições legais e regulamentares em vigor;

ii) Indicação das características dos materiais, dos elementos de construção, dos sistemas, equipamentos e redes associadas às instalações técnicas;

iii) Pressupostos que foram considerados, nomeadamente as características dos interfaces técnicos de acesso de redes públicas de comunicações eletrónicas;

iv) Características técnicas a que devem obedecer os equipamentos, materiais e componentes que irão ser utilizados na infraestrutura;

d) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicação da natureza e quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra;

e) Orçamento baseado na espécie e quantidade de trabalhos constantes das medições;

f) Outros elementos estruturantes do projeto, nomeadamente fichas técnicas, plantas topográficas, esquemas da rede de tubagem e cablagem, quadros de dimensionamento, cálculos de níveis de sinal, esquemas de instalação elétrica e terras das infraestruturas, análise das especificidades das ligações às infraestruturas de telecomunicações das empresas de comunicações eletrónicas.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  O ICP-ANACOM pode publicar modelos de projetos técnicos a serem seguidos em determinados tipos de instalação.

Artigo 71º.- ITED abrangida em processo de licenciamento ou de comunicação prévia

Sempre que a instalação das infraestruturas de telecomunicações a que se refere o artigo 58º se incluir no âmbito de controlo prévio da operação urbanística, nomeadamente de processo de licenciamento ou de comunicação prévia, é aplicável o regime dos projetos das especialidades previsto no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

Artigo 72º.- ITED não abrangida em processo de licenciamento ou de comunicação prévia

Quando a instalação das infraestruturas de telecomunicações a que se refere o artigo 58º não se incluir no âmbito de controlo prévio da operação urbanística, nomeadamente de processo de licenciamento ou de comunicação prévia nos termos do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, os projetos técnicos devem ficar na posse e sob a responsabilidade do proprietário ou da administração do edifício, ficando estes obrigados à sua exibição para efeitos de fiscalização.

SECÇÃO IV.- Instalação das ITED

Artigo 73º.- Instalador ITED

1 .-  A instalação, a alteração e a conservação das ITED devem ser efetuadas por instalador habilitado nos termos e condições previstos no presente capítulo.

2 .-  Compete ao dono da obra escolher o instalador.

 

Artigo 74º.- Qualificações do instalador ITED

1 .-  Podem ser instaladores ITED:

a) As pessoas singulares que disponham das qualificações referidas na alínea a) do nº 1 do artigo 67º e cuja associação pública de natureza profissional lhes reconheça habilitação adequada para o efeito, ou qualificações equivalentes, reconhecidas nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, ou no seguimento da receção da declaração prévia a que se refere o artigo 5º da mesma lei;

b) As pessoas singulares que disponham das seguintes habilitações:

i) Detentores de qualificação de dupla certificação, obtida por via das modalidades de educação e formação do Sistema Nacional de Qualificações, que integrem as unidades de formação de curta duração ITED que respeitam os conteúdos definidos no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

ii) Técnicos de áreas de formação de eletricidade e energia e de eletrónica e automação, que tenham frequentado com aproveitamento as unidades de formação de curta duração ITED integradas no Catálogo Nacional de Qualificações, ou qualificação equiparada reconhecida nos termos do procedimento constante do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, tramitado perante o ICP-ANACOM;

iii) Cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com qualificações, obtidas fora de Portugal, equivalentes às referidas nas primeiras partes das subalíneas anteriores, que aqui pretendam exercer a atividade profissional em regime de livre prestação de serviços e para tanto informem mediante declaração prévia o ICP-ANACOM, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

2 .-  Compete às associações públicas de natureza profissional assegurar que os técnicos nelas inscritos e habilitados para efeitos do presente Decreto-Lei como técnicos ITED atualizem os respetivos conhecimentos, competindo-lhes ainda disponibilizar ao ICP-ANACOM informação relativa aos técnicos que considerem habilitados para serem instaladores ITED, nos termos previstos no nº 4 do artigo 67º, com as devidas adaptações.

Artigo 75º.- Título profissional de instalador ITED habilitado pelo ICP-ANACOM

1 .-  O exercício, em território nacional, da profissão de instalador ITED, por técnico referido nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior depende da posse de título profissional válido, emitido pelo ICP-ANACOM.

2 .-  Em caso de reconhecimento de qualificações equivalentes às referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior obtidas fora de Portugal por cidadãos de Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, o título profissional é emitido com a decisão de deferimento proferida nos termos do artigo 47º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto.

3 .-  Fora dos casos previstos no número anterior, o ICP-ANACOM dispõe de 20 dias para decidir sobre a emissão do título profissional, após a regular entrega do respetivo pedido, instruído com certificado de qualificações, após o que se considera aquele tacitamente deferido, valendo como título profissional, para todos os efeitos legais, os comprovativos de submissão do pedido e do pagamento da respetiva taxa.

4 .-  As referências legislativas a instaladores ITED habilitados pelo ICP-ANACOM devem entender-se como abrangendo também os profissionais referidos na subalínea iii) da alínea b) do nº 1 do artigo anterior, exceto quando o contrário resulte da norma em causa.

Artigo 76º.- Obrigações do instalador ITED

1 .-  Constituem obrigações dos instaladores ITED:

a) Manter atualizada a informação relativa ao seu título profissional, emitido pelo ICP-ANACOM, nos casos aplicáveis;

b) Empregar nas instalações apenas equipamentos e materiais que estejam em conformidade com os requisitos técnicos e legais aplicáveis;

c) Instalar as infraestruturas de telecomunicações de acordo com o projeto e com as normas técnicas aplicáveis;

d) Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação, disponibilizando -o ao dono da obra, ao diretor da obra e diretor de fiscalização da obra, ao proprietário ou à administração do edifício e ao ICP-ANACOM;

e) Frequentar ação de formação contínua de atualização científica e técnica, em cada período de três anos, com duração correspondente a, pelo menos, 50 horas, em entidade formadora referida no artigo seguinte.

2 .-  (Revogado.)

3 .-  Compete ao ICP-ANACOM aprovar o modelo de termo de responsabilidade a que se refere a alínea d) do nº 1.

4 .-  A ligação das ITED às redes públicas de comunicações só pode ser efetuada após a emissão do termo de responsabilidade de execução da instalação.

SECÇÃO V.- Entidades formadoras ITED

Artigo 77º.- Formação habilitante de projetistas e instaladores ITED

1 .-  A formação para obtenção em Portugal das qualificações referidas nas subalíneas i) e ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 74º e a formação contínua a que se referem a alínea d) do nº 1 do artigo 69º e a alínea e) do nº 1 do artigo anterior são ministradas por entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, identificadas no nº 1 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, nas quais se incluem as entidades certificadas nos termos do artigo seguinte.

2 .-  Os cursos de formação ministrados pelas entidades referidas no número anterior devem respeitar as unidades de formação de curta duração ITED previstas no Catálogo Nacional de Qualificações.

Artigo 78º.- Certificação de entidades formadoras de projetistas e instaladores ITED

1 .-  A certificação de entidades privadas formadoras para projetistas e instaladores ITED segue os trâmites da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, com as seguintes adaptações:

a) A entidade competente para a certificação é o ICP-ANACOM;

b) As entidades formadoras devem cumprir as obrigações previstas no artigo seguinte;

c) O procedimento de revogação da certificação segue os termos do artigo 94º -A;

d) Outros requisitos específicos, em complemento ou derrogação dos requisitos constantes da portaria que regula a certificação de entidades formadoras, são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da formação profissional, das comunicações e da educação, observado o disposto no nº 4.

2 .-  A certificação de entidades formadoras referidas no número anterior, expressa ou tácita, é comunicada por meio eletrónico ao serviço central competente do ministério responsável pela área da formação profissional no prazo de 10 dias.

3 .-  O procedimento de certificação tem início após o pagamento das taxas devidas pela entidade formadora certificada, aquando da apresentação do pedido de certificação.

4 .-  Os critérios de determinação do preenchimento dos requisitos técnicos materiais e das qualificações técnicas do pessoal a constar da portaria referida na alínea d) do nº 1, são propostos pelo ICP-ANACOM, em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação, I. P., que coordena as ofertas educativas e formativas de dupla certificação e o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como com o serviço competente do ministério responsável pela área da formação profissional.

Artigo 79º.- Obrigações da entidade formadora de projetistas e instaladores ITED

Constituem obrigações da entidade formadora ITED:

a) Ministrar cursos de formação ITED, incluindo de formação contínua, observado o disposto no artigo 77º;

b) Utilizar apenas os equipamentos e instalações que correspondam aos requisitos definidos pelo ICP-ANACOM;

c) Assegurar que os formadores dos cursos referidos na alínea a) estão devidamente habilitados;

d) Assegurar a calibração periódica dos equipamentos, de acordo com as instruções dos respetivos fabricantes, documentado em plano de calibração;

e) Facultar ao ICP-ANACOM informação relativa aos formandos com e sem aproveitamento, por curso ministrado, no prazo máximo de 15 dias após o termo do mesmo;

f) Comunicar previamente ao ICP-ANACOM a realização de cada ação de formação, com indicação dos respetivos, local, data e hora.

Artigo 80º.- Encargos de projeto e instalação das ITED

Os encargos inerentes ao projeto e à instalação das ITED são da responsabilidade do dono da obra.

Artigo 81º.- Autorização de utilização do edifício

O projetista e o instalador ITED participam na vistoria que precede a autorização de utilização do edifício sempre que para tal sejam convocados pela câmara municipal, nos termos do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

Artigo 82º.- Divulgação de informação relativa às ITED

(Revogado.)

 

SECÇÃO VI.- ITED dos edifícios construídos

Artigo 83º.- Alteração de infraestruturas em edifícios

1 .-  A alteração das infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente para a instalação de fibra ótica, deve ser precedida de projeto técnico simplificado, elaborado por projetista, e instalada por instalador, devidamente habilitados, de acordo com o manual ITED.

2 .-  Para efeitos do disposto no número anterior, o projetista e o instalador devem emitir termos de responsabilidade e entregá -los ao dono de obra ou à administração do condomínio, aos condóminos requerentes da instalação e ao ICP-ANACOM, no prazo de 10 dias a contar da respetiva conclusão.

Artigo 84º.- Alteração de infraestruturas em edifícios sem certificado ITED

(Revogado.)

 

SECÇÃO VII.- Avaliação de conformidade de equipamentos das ITED

Artigo 85º.- Regime aplicável à avaliação de conformidade de equipamentos das ITED

À avaliação de conformidade dos equipamentos, dispositivos e materiais utilizados em infraestruturas de telecomunicações em edifícios é aplicável o regime previsto nos artigos 51º a 55º

SECÇÃO VIII.- Taxas relativas às ITED

Artigo 86º.- Taxas devidas ao ICP-ANACOM no âmbito das ITED

1 .-  Estão sujeitos a taxas os procedimentos de:

a) Emissão de título profissional de instalador ITED habilitado pelo ICP-ANACOM;

b) Certificação das entidades formadoras de projetistas e instaladores ITED.

2 .-  Os montantes das taxas referidas no número anterior são fixados por portaria do membro do Governo responsável pela área das comunicações, constituindo receita do ICP-ANACOM.

3 .-  Os montantes das taxas referidas no nº 1 são determinados em função dos custos administrativos decorrentes do tipo de procedimento em causa.

CAPÍTULO VII.- Fiscalização e regime sancionatório

Artigo 87º.- Prestação de informações

1 .-  As entidades abrangidas pelo âmbito do presente Decreto-Lei devem prestar ao ICP-ANACOM todas as informações relacionadas com a sua atividade relativa às obrigações previstas no presente Decreto-Lei.

2 .-  Para efeitos do número anterior, as entidades devem identificar, de forma fundamentada, as informações que consideram confidenciais e devem juntar, caso se justifique, uma cópia não confidencial dos documentos em que se contenham tais informações.

3 .-  Os pedidos de informações do ICP-ANACOM devem obedecer a princípios de adequação e de proporcionalidade ao fim a que se destinam e devem ser devidamente fundamentados.

4 .-  As informações solicitadas devem ser prestadas dentro dos prazos, na forma e com o grau de pormenor especificados no pedido de informação do ICP-ANACOM, podendo ser estabelecidas as condições e a periodicidade do seu envio.

Artigo 88º.- Fiscalização do cumprimento do presente Decreto-Lei

1 .-  Compete ao ICP-ANACOM a fiscalização do cumprimento do disposto no presente Decreto-Lei, através dos seus agentes de fiscalização ou de mandatários devidamente credenciados pelo conselho de administração, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades.

2 .-  Os encargos decorrentes da realização de diligências de fiscalização para verificação do cumprimento das obrigações previstas nos capítulos V e VI, nomeadamente vistorias, análise de projeto, emissão de pareceres e ensaios de materiais, são suportados pelos agentes responsáveis pelas não conformidades detetadas com as normas legais ou técnicas aplicáveis.

3 .-  Para efeitos da fiscalização do cumprimento das obrigações legais, regulamentares e técnicas decorrentes do regime previsto nos capítulos V e VI, devem as câmaras municipais facultar ao ICP-ANACOM o acesso aos processos de controlo prévio previstos no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, que envolvam infraestruturas e redes de comunicações eletrónicas.

Artigo 89º.- Contraordenações e coimas

1 .-  Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, no âmbito do regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e ao SIC, constituem contraordenações:

a) O incumprimento das disposições relativas aos procedimentos de atribuição de direitos de passagem em domínio público estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 6º;

b) O incumprimento da obrigação de disponibilizar no SIC a informação prevista no nº 6 do artigo 7º;

c) O incumprimento da obrigação estabelecida nos n.os 1 e 3 do artigo 9º;

d) A inobservância da obrigação de publicitar e manter atualizadas as instruções técnicas nos termos do nº 1 do artigo 11º;

e) O incumprimento das obrigações de acesso estipuladas no artigo 13º;

f) O incumprimento das decisões proferidas pelo ICP-ANACOM nos termos do artigo 16º;

g) O incumprimento das obrigações das entidades detentoras das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas estabelecidas no artigo 17º;

h) O incumprimento das decisões proferidas pelo ICP-ANACOM nos termos do nº 3 do artigo 19º, bem como da obrigação prevista no nº 4 do artigo 19º;

i) O incumprimento da obrigação de publicitar e manter atualizadas instruções técnicas prevista no nº 1 do artigo 21º;

j) A violação da obrigação de remoção de cabos, equipamentos ou quaisquer elementos de rede, prevista no nº 3 do artigo 22º;

l) O incumprimento das decisões proferidas pelo ICP-ANACOM relativas aos diferendos previstos no nº 5 do artigo 22º;

m) A violação da obrigação de comunicação dos acordos com vista à partilha de infraestruturas, prevista no nº 2 do artigo 23º e no artigo 98º;

n) A inobservância das determinações de partilha de recursos previstas nos n.os 3 e 5 do artigo 23º, bem como das medidas condicionantes previstas no nº 6 do mesmo artigo;

o) O não cumprimento das obrigações estabelecidas nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 24º bem como o incumprimento das decisões do ICP-ANACOM proferidas nos termos do nº 5 do artigo 24º;

p) A inobservância das obrigações previstas nos n.os 3 do artigo 24º e 2 do artigo 25º;

q) A obtenção de remuneração pela reutilização dos documentos ou informações do SIC, em violação do nº 4 do artigo 26º;

r) Não cumprimento das obrigações de informação previstas no artigo 96º, nos termos e prazos estabelecidos.

2 .-  Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, no âmbito do regime ITUR constituem contraordenações:

a) A não instalação das infraestruturas obrigatórias previstas nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 29º;

b) A não instalação das infraestruturas obrigatórias previstas no nº 2 do artigo 29º;

c) O incumprimento, em fase de projeto, instalação ou utilização da infraestrutura, das obrigações de sigilo das comunicações, segurança ou não interferência entre as infraestruturas de cablagem instaladas, como previsto no nº 3 do artigo 29º;

d) O incumprimento da obrigação de utilização da infraestrutura instalada nas situações previstas no nº 1 do artigo 30º;

e) A ocupação de espaços e tubagens em desrespeito pelo disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 30º;

f) A definição de procedimentos de acesso às ITUR e das condições aplicáveis ao exercício do direito de acesso, em desrespeito do regime previsto nos n.os 7 e 8 do artigo 31º;

g) O incumprimento da obrigação de acesso fixada no nº 9 do artigo 31º;

h) A oposição à instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para uso individual fora das situações previstas na alínea a) ou b) do nº 3 e no nº 4 do artigo 32º;

i) A violação das obrigações nos termos e condições previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 33º;

j) A exigência de pagamento ou de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza, por parte dos proprietários e administrações dos conjuntos de edifícios para permitir o acesso às ITUR privadas, em violação do regime previsto no nº 2 do artigo 33º;

l) (Revogada.)

m) (Revogada.)

n) O incumprimento da obrigação de disponibilização de informação ao ICP-ANACOM, nos termos previstos no nº 2 do artigo 37º;

o) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 38º;

p) (Revogada.)

q) (Revogada.)

r) A instalação e conservação de infraestruturas ITUR por entidade não habilitada para o efeito, em desrespeito do regime previsto no nº 1 do artigo 40º;

s) O incumprimento pelo instalador das obrigações previstas no nº 1 do artigo 43º e o incumprimento pelo promotor, pelo proprietário, pela administração do conjunto de edifícios e pela empresa de comunicações eletrónicas da obrigação prevista no nº 4 do artigo 43º;

t) (Revogada.)

u) A realização de cursos de formação, incluindo de formação contínua, em desrespeito pelo disposto no nº 2 do artigo 44º, bem como a sua realização por entidades não certificadas nos termos do artigo 45º;

v) (Revogada.)

x) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 49º;

z) A colocação no mercado e a instalação de equipamentos, dispositivos e materiais em desconformidade com o disposto no artigo 51º;

aa) O incumprimento das obrigações de disponibilização da informação previstas no nº 3 do artigo 52º;

bb) A alteração ou a construção de infraestruturas em ITUR em desrespeito do regime previsto nos n.os 1 a 4 do artigo 100º.

3 .-  Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, no âmbito do regime ITED constituem contraordenações:

a) A não instalação das infraestruturas obrigatórias previstas nas alíneas a) a d) do nº 1 do artigo 59º;

b) O incumprimento da obrigação de instalação das infraestruturas previstas no nº 2 do artigo 59º;

c) O incumprimento, em fase de projeto, instalação ou utilização da infraestrutura, das obrigações de sigilo das comunicações, segurança ou não interferência entre as infraestruturas de cablagem instaladas, como previsto no nº 3 do artigo 59º;

d) O incumprimento da obrigação de utilização da infraestrutura instalada nas situações previstas no nº 1 do artigo 61º;

e) A ocupação de espaços e tubagens em desrespeito pelo disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 61º;

f) A violação da obrigação de acesso nos termos e condições previstos no nº 1 do artigo 63º, bem como a violação pelas empresas de comunicações eletrónicas do disposto no nº 4 do mesmo artigo;

g) A exigência de pagamento ou de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza, por parte dos proprietários e administrações dos edifícios para permitir o acesso às ITED, em violação do regime previsto no nº 2 do artigo 63º;

h) A oposição à instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para uso individual fora das situações previstas nas alíneas a) e b) do nº 1 e no nº 2 do artigo 64º;

i) O incumprimento da obrigação de disponibilização de informação ao ICP-ANACOM, nos termos previstos no nº 4 do artigo 67º;

j) O incumprimento das obrigações previstas no nº 1 do artigo 69º;

l) (Revogada.)

m) (Revogada.)

n) A instalação, a alteração e a conservação de infraestruturas ITED por entidade não habilitada para o efeito, em desrespeito do regime previsto no nº 1 do artigo 73º;

o) O incumprimento pelo instalador das obrigações previstas no nº 1 do artigo 76º e o incumprimento pelo dono da obra e pela empresa de comunicações eletrónicas do nº 4 do artigo 76º;

p) (Revogada.)

q) A realização de cursos de formação, incluindo de formação contínua, em desrespeito pelo disposto no nº 2 do artigo 77º, bem como a sua realização por entidades não certificadas nos termos do artigo 78º;

r) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 79º;

s) A alteração das infraestruturas de telecomunicações em edifícios, em desrespeito do regime fixado no artigo 83º;

t) (Revogada.)

u) O incumprimento das obrigações de disponibilização da informação previstas no nº 3 do artigo 52º, bem como a colocação no mercado de equipamentos, dispositivos e materiais em desconformidade com o disposto no artigo 51º, todos por remissão do artigo 85º;

v) O incumprimento das obrigações fixadas no artigo 104º para a alteração de infraestruturas em edifícios construídos.

4 .-  Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, constituem ainda contraordenações:

a) O não cumprimento das obrigações de informação previstas no artigo 87º, nos termos e prazos estabelecidos pelo ICP-ANACOM;

b) O incumprimento dos procedimentos de avaliação das ITED e das ITUR aprovados pelo ICP-ANACOM ao abrigo do artigo 105º;

c) O incumprimento das ordens, mandatos e decisões proferidos pelo ICP-ANACOM no exercício das competências previstas no presente Decreto-Lei.

5 .-  São contraordenações graves as previstas nas alíneas d) e i) do nº 1, nas alíneas h), j) e aa) do nº 2 e nas alíneas g) e h) do nº 3.

6 .-  São contraordenações muito graves as previstas nas alíneas a), b), c), e), f), g), h), j), l), m), n), o), p), q) e r) do nº 1, nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), i), n), o), r), s), u), x), z) e bb) do nº 2, nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), j), n), o), q), r), s), u) e v) do nº 3 e no nº 4.

7 .-  As contraordenações graves previstas no nº 1 são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 500 a € 7500;

b) Se praticadas por microempresa, de € 1000 a € 10 000;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 2000 a € 25 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 4000 a € 50 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 10 000 a € 1 000 000.

8 .-  As contraordenações muito graves previstas no nº 1, bem como as previstas no nº 4, se relativas a matéria constante dos capítulos II, III e IV, são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 1000 a € 20 000;

b) Se praticadas por microempresa, de € 2000 a € 50 000;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 6000 a € 150 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 10 000 a € 450 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 20 000 a € 5 000 000.

9 .-  As contraordenações graves previstas nos n.os 2 e 3 são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 500 a € 5000;

b) Se praticadas por microempresa, de € 750 a € 7500;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 1500 a € 15 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 3000 a € 50 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 7500 a € 250 000.

10 .-  As contraordenações muito graves previstas nos n.os 2 e 3, bem como as previstas no nº 4, se relativas a matéria constante dos capítulos V e VI, são puníveis com as seguintes coimas:

a) Se praticadas por pessoa singular, de € 1000 a € 10 000;

b) Se praticadas por microempresa, de € 1500 a € 15 000;

c) Se praticadas por pequena empresa, de € 4000 a € 50 000;

d) Se praticadas por média empresa, de € 8000 a € 250 000;

e) Se praticadas por grande empresa, de € 16 000 a € 1 000 000.

11 .-  Sem prejuízo da aplicação do regime da responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas, as autarquias locais encontram -se sujeitas ao regime contraordenacional previsto no presente Decreto-Lei.

12 .-  Sempre que a contraordenação resulte da omissão do cumprimento de um dever jurídico ou de uma ordem emanada do ICP-ANACOM, a aplicação das sanções não dispensa o infrator do cumprimento do dever ou da ordem se este ainda for possível.

13 .-  Nas contraordenações previstas na presente lei são puníveis a tentativa e a negligência, nos termos previstos no artigo 4º da Lei nº 99/2009, de 4 de setembro, de 4 de setembro, que aprova o regime aplicável às contraordenações do setor das comunicações, alterada pela Lei nº 46/2011, de 24 de junho.

14 .-  O disposto no presente Decreto-Lei não prejudica o regime de contraordenações previstas no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

Artigo 90º.- Sanções acessórias

1 .-  Para além das coimas fixadas no artigo anterior, podem ainda ser aplicadas, sempre que a gravidade da infração e a culpa do agente o justifique, as seguintes sanções acessórias:

a) Perda a favor do Estado de objetos, equipamentos e dispositivos ilícitos na contraordenação prevista na alínea z) do nº 2 do artigo anterior;

b) Interdição do exercício da respetiva atividade, até ao máximo de dois anos, nas contraordenações previstas nas alíneas e), n), o), primeira parte da alínea s), u) e x) do nº 2 e e), i), j), o), q) e u) do nº 3, ambos do artigo anterior;

c) Privação do direito de participar em concursos ou arrematações promovidos no âmbito do presente Decreto-Lei e da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, até ao máximo de dois anos, nas contraordenações previstas nas alíneas f), g), h), o) e r) do nº 1 e f) e i) do nº 2, ambos do artigo anterior.

2 .-  Sem prejuízo do disposto na alínea a) do número anterior, consideram -se perdidos a favor do Estado os objetos, equipamentos ou dispositivos ilícitos que tenham sido cautelar ou provisoriamente apreendidos e que, após notificação aos interessados, não tenham sido reclamados no prazo de 60 dias.

3 .-  Os objetos, equipamentos ou dispositivos ilícitos perdidos a favor do Estado, nos termos da alínea a) do nº 1 ou do número anterior, revertem para o ICP-ANACOM, que lhes dá o destino que julgar adequado.

4 .-  O ICP-ANACOM suspende o título profissional por ele atribuído, sempre que, nos termos da alínea b) do nº 1, ao seu titular seja aplicada a sanção acessória de interdição do exercício da respetiva atividade, pelo mesmo período.

5 .-  No caso de suspensão do título profissional, o infrator é notificado para proceder, voluntariamente, à sua entrega no ICP-ANACOM, sob pena de o mesmo ser apreendido.

Artigo 91º.- Processamento e aplicação das contraordenações

1 .-  A aplicação das coimas e sanções acessórias previstas no presente Decreto-Lei bem como o arquivamento dos processos de contraordenação são da competência do conselho de administração do ICP-ANACOM.

2 .-  A instauração dos processos de contraordenação é da competência do conselho de administração do ICP-ANACOM, cabendo a instrução dos mesmos aos respetivos serviços.

3 .-  As competências previstas nos números anteriores podem ser delegadas.

4 .-  O ICP-ANACOM e os municípios colaboram na fiscalização do cumprimento das obrigações constantes do presente Decreto-Lei, no âmbito das respetivas atribuições.

5 .-  Sempre que estejam em causa contraordenações no domínio de operações cujo controlo caiba às autarquias locais, podem estes participar ao ICP-ANACOM a prática das respetivas infrações.

6 .-  O montante das coimas reverte para o Estado em 60 % e para o ICP-ANACOM em 40 %.

7 .-  Caso o processo de contraordenação tenha sido instaurado na sequência de participação por parte de uma das autarquias locais, nos termos do nº 5, o montante das coimas reverte para o Estado em 60 %, para o ICP-ANACOM em 20 % e para a autarquia local em 20 %.

8 .-  (Revogado.)

 

Artigo 92º.- Notificações em processo contraordenacional

(Revogado.)

 

Artigo 93º.- Auto de notícia

(Revogado.)

 

Artigo 94º.- Perda a favor do Estado

(Revogado.)

 

Artigo 94º -A.- Falsidade de elemento comprovativo dos requisitos de emissão do título profissional e incumprimento

1 .-  Quando se verifique a falsidade de qualquer elemento comprovativo dos requisitos para a emissão do título profissional, este é revogado e o infrator notificado para proceder, voluntariamente, à sua entrega no ICP-ANACOM, sob pena de o mesmo ser apreendido.

2 .-  Sem prejuízo de outros mecanismos sancionatórios aplicáveis, em caso de incumprimento grave ou reiterado, pelos projetistas ITED ou instaladores ITUR ou ITED habilitados pelo ICP-ANACOM e pelas entidades formadoras ITUR e ITED certificadas, das obrigações previstas nos artigos 43º, 49º, 69º, 76º e 79º, pode o ICP-ANACOM proceder à suspensão, até um máximo de seis meses, ou à revogação, total ou parcial, do título profissional ou da certificação, consoante a gravidade da infração e a intensidade da culpa.

3 .-  A decisão de suspensão ou revogação a que se refere o número anterior observa o disposto no Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente no que se refere à audiência prévia dos interessados.

4 .-  Em caso de revogação, não pode ser emitido novo título antes de decorridos seis meses sobre a data em que a mesma teve lugar.

5 .-  Nas situações referidas no nº 2, o infrator é notificado para proceder, voluntariamente, à entrega do título profissional no ICP-ANACOM, sob pena de o mesmo ser apreendido.

CAPÍTULO VIII.- Disposições transitórias e finais

SECÇÃO I.- Disposições transitórias relativas aos capítulos II, III e IV

Artigo 95º.- Fixação dos elementos que instruem a comunicação prévia

A portaria a que se refere o nº 7 do artigo 7º deve ser emitida no prazo máximo de 30 dias após a data da publicação do presente Decreto-Lei.

Artigo 96º.- Obrigações de informação

1 .-  As entidades referidas no artigo 2º devem:

a) Elaborar, publicitar e comunicar ao ICP-ANACOM, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação do presente Decreto-Lei, os procedimentos e condições relativos à atribuição dos direitos de passagem previstos no artigo 6º;

b) Publicitar e comunicar ao ICP-ANACOM, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Decreto-Lei, as instruções técnicas previstas no nº 1 do artigo 11º, aplicáveis à construção ou a qualquer intervenção sobre as infraestruturas.

2 .-  As entidades referidas no artigo 2º do presente Decreto-Lei devem, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Decreto-Lei:

a) Comunicar ao ICP-ANACOM:

i) As infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que detenham ou cuja gestão lhes incumba, nos termos previstos na alínea a) do artigo 17º;

ii) As entidades e pontos de contacto junto dos quais devem ser solicitadas as informações sobre infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas e apresentados pedidos de acesso e utilização daquelas infraestruturas;

b) Publicitar e comunicar ao ICP-ANACOM os procedimentos e condições de acesso e utilização das infraestruturas aptas a alojar redes de comunicações eletrónicas, nos termos da alínea c) do artigo 17º;

c) Publicitar e comunicar ao ICP-ANACOM as instruções técnicas previstas no nº 1 do artigo 21º, aplicáveis à instalação de equipamentos e sistemas de redes de comunicações eletrónicas nas infraestruturas que detêm;

d) Comunicar ao ICP-ANACOM quais as empresas de comunicações eletrónicas que à data da publicação do presente Decreto-Lei se encontram já instaladas nas infraestruturas cuja gestão lhes incumba.

3 .-  No prazo máximo de um ano após a data da definição dos elementos previstos no artigo 99º, as entidades referidas no artigo 2º, as empresas de comunicações eletrónicas e as entidades que detenham infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que sejam utilizadas por estas devem disponibilizar no SIC toda a informação prevista no artigo 25º

4 .-  Enquanto o SIC não estiver em funcionamento, os anúncios de realização de obras previstos no nº 1 do artigo 9º devem ser comunicados ao ICP-ANACOM, que fica obrigado a divulgá -los simplificadamente no seu sítio na Internet, com indicação da entidade promotora e do ponto de contacto.

Artigo 97º.- Regime transitório de aplicação à concessionária do serviço público de telecomunicações

1 .-  Até à implementação efetiva do SIC, o ICP-ANACOM, enquanto autoridade reguladora nacional, adapta os termos de disponibilização de informação sobre o acesso a condutas, postes, outras instalações e locais por parte da concessionária do serviço público de telecomunicações, por si emitidos ao abrigo do nº 4 do artigo 26º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, de maneira a coordená-los com o SIC.

2 .-  O disposto no número anterior não afasta a aplicabilidade do regime previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, em matéria de análise de mercados, identificação de empresas com poder de mercado significativo e consequente imposição de obrigações.

Artigo 98º.- Comunicação de acordos de partilha

No prazo máximo de 30 dias após a data da publicação do presente Decreto-Lei, as empresas de comunicações eletrónicas devem dar cumprimento à obrigação de comunicação prevista no nº 2 do artigo 23º, relativamente aos acordos que já tenham celebrado com outras empresas com vista à partilha de condutas, locais ou recursos, instalados ou a instalar.

Artigo 99º.- Regras para implementação do SIC

No prazo de 60 dias a contar da data da publicação do presente Decreto-Lei, o ICP-ANACOM deve concretizar os elementos mínimos referidos no nº 2 do artigo 24º, bem como os termos e formato da informação referidos nos n.os 3 do artigo 24º e 4 do artigo 25º.

 

SECÇÃO II.- Disposições transitórias relativas aos capítulos V e VI

Artigo 100º.- Aplicação do regime às ITUR

1 .-  Até 30 dias após a publicação do aviso previsto no nº 2 do artigo 106º, no que se refere ao manual ITUR, as alterações a efetuar nas infraestruturas de telecomunicações em ITUR privadas, nomeadamente para a instalação de fibra ótica, devem prever espaço para a instalação de equipamento e cablagem de fibra ótica, respetiva entrada e ligação a infraestruturas de telecomunicações já existentes por mais de uma empresa de comunicações eletrónicas.

2 .-  Para efeitos do número anterior, devem existir as interligações com espaços adequados à passagem do número de cabos de fibra ótica necessários, adaptados ao número de edifícios existentes.

3 .-  O regime previsto nos números anteriores aplica-se igualmente às ITUR privadas cujos processos de licenciamento, autorização ou comunicação prévia venham a ser entregues nos serviços camarários após a data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei e até 30 dias após a data de publicação do aviso previsto no nº 2 do artigo 106º, no que se refere ao manual ITUR.

4 .-  As ITUR públicas cujos processos de licenciamento, autorização ou comunicação prévia venham a ser entregues nos serviços camarários após a data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei e até 30 dias após a data de publicação do aviso previsto no nº 2 do artigo 106º, no que se refere ao manual ITUR, devem possuir tubagem devidamente adaptada à instalação de cablagem de fibra ótica, bem como de cablagem de pares de cobre e coaxial, por mais de uma empresa de comunicações eletrónicas.

5 .-  O regime relativo ao projeto e à instalação das ITUR previsto no capítulo V é obrigatório para as operações de loteamento e obras de urbanização cujos processos venham a ser entregues nos serviços camarários 30 dias após a data de publicação do aviso a que se refere o nº 2 do artigo 106º relativo ao manual ITUR, sem prejuízo das obrigações previstas nos n.os 3 e 4 do presente artigo.

Artigo 101º.- Acordos com associações públicas de natureza profissional

No prazo de 30 dias contados da data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei, o ICP-ANACOM e as associações públicas de natureza profissional devem acordar os termos da disponibilização da informação prevista nos n.os 2 do artigo 37º e 4 do artigo 67º.

 

Artigo 102º.- Aplicação do regime às ITED

Até à publicação do aviso previsto no nº 2 do artigo 106º, no que se refere ao manual ITED, aos projetos de ITED que venham a ser entregues nos serviços camarários após a entrada em vigor do presente Decreto-Lei nos termos do regime da edificação e da urbanização, aplica-se o manual ITED em vigor.

Artigo 103º.- Atualização de técnicos ITED

1 .-  Todos os técnicos ITED inscritos no ICP-ANACOM à data de publicação do presente Decreto-Lei devem realizar ações de formação, em entidades para tal devidamente habilitadas e a designar pelo ICP-ANACOM, tendo em vista assegurar a necessária atualização de conhecimentos face ao disposto no presente Decreto-Lei.

2 .-  Compete às associações públicas de natureza profissional assegurar que os técnicos nelas inscritos e habilitados para efeitos do presente Decreto-Lei como técnicos ITED atualizem os respetivos conhecimentos.

3 .-  As ações de formação previstas nos números anteriores devem ser realizadas no prazo de um ano após a data de publicação do aviso previsto no nº 2 do artigo 106º.

4 .-  Os técnicos ITED não abrangidos por associação pública de natureza profissional devem, dentro do prazo estabelecido no número anterior, fazer prova junto do ICP-ANACOM de que procederam à realização das ações de formação mencionadas, sob pena de revogação da respetiva inscrição.

Artigo 104º.- Adaptação dos edifícios construídos à fibra ótica

1 .-  As alterações a efetuar nos edifícios já construídos devem obrigatoriamente poder suportar a entrada e passagem de cablagem em fibra ótica de várias empresas de comunicações eletrónicas e respetiva ligação a infraestruturas de telecomunicações existentes, devendo o primeiro operador a aceder ao edifício para instalar esse tipo de infraestruturas assegurar o seguinte:

a) A instalação de toda a coluna montante do edifício com capacidade adequada ao fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas à totalidade do número de frações do edifício;

b) A existência de pontos de ligação de cliente que permitam a cada empresa de comunicações eletrónicas efetuar a ligação a cada fração por meios próprios, ligando-se à coluna montante;

c) A possibilidade de partilha da infraestrutura instalada, independentemente do tipo de estrutura de rede, por outras empresas de comunicações eletrónicas que pretendam oferecer serviços de comunicações eletrónicas baseados na tecnologia de fibra ótica.

2 .-  Para efeito do disposto na alínea c) do número anterior, o ponto de partilha deve ser localizado no interior do edifício, dentro ou junto do repartidor geral do edifício.

3 .-  Se, por motivos técnicos, não for possível observar o disposto no número anterior, as empresas de comunicações eletrónicas devem encontrar uma solução alternativa, nomeadamente através da localização do ponto de partilha num outro local do edifício ou na entrada do edifício, na caixa de acesso às infraestruturas de comunicações eletrónicas ou ainda através da utilização do ponto de partilha coletivo da urbanização.

4 .-  A partilha de infraestruturas de comunicações eletrónicas entre empresas de comunicações eletrónicas é efetuada em termos de reciprocidade e de acordo com os princípios de transparência, não discriminação e orientação para os custos, considerando nomeadamente o incremento de custos incorridos pela empresa de comunicações eletrónicas na instalação de uma infraestrutura partilhável, nos seguintes termos:

a) O primeiro operador a aceder ao edifício suporta integralmente o custo da construção da infraestrutura, tal como definida nos números anteriores;

b) O segundo operador a aceder ao edifício pode ligar-se à infraestrutura desenvolvida pelo primeiro pagando a este último 50 % do custo por si incorrido e os seguintes operadores podem também ligar -se à mesma infraestrutura suportando os custos na proporção que lhes corresponder.

5 .-  A forma de cálculo dos custos referidos no número anterior, a forma de pagamento entre operadores, designadamente a responsabilidade pela gestão do relacionamento entre os operadores e os condomínios, bem como todos os demais aspetos necessários à concretização do disposto no presente artigo são aprovados por portaria do membro do Governo responsável pela área das comunicações eletrónicas.

6 .-  O regime previsto no nº 1 é obrigatório para os edifícios cujos projetos venham a ser entregues nos serviços camarários 30 dias após a data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei e até à data de publicação do aviso previsto no nº 2 do artigo 106º.

 

Artigo 105º.- Avaliação das ITUR e das ITED

Compete ao ICP-ANACOM, após procedimento geral de consulta nos termos do artigo 8º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, a aprovação dos procedimentos de avaliação das ITUR e das ITED, as quais são de cumprimento obrigatório pelos instaladores.

SECÇÃO III.- Disposições finais

Artigo 106º.- Aprovação dos manuais ITUR e ITED

1 .-  Os manuais ITUR e ITED são aprovados, após procedimento geral de consulta nos termos do artigo 8º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, por deliberação do conselho de administração do ICP-ANACOM, a qual é publicada na 2.ª série do Diário da República.

2 .-  Os manuais referidos no número anterior são obrigatoriamente disponibilizados no sítio da Internet do ICP-ANACOM, devendo este facto ser publicitado em aviso publicado na 2.ª série do Diário da República.

Artigo 106º -A.- Divulgação de informação relativa às ITUR e às ITED

Compete ao ICP-ANACOM disponibilizar no seu sítio na Internet a seguinte informação:

a) Projetistas ITED e instaladores ITUR e ITED com título profissional válido emitido pelo ICP-ANACOM;

b) Projetistas e instaladores, não incluídos na alínea anterior, a operar em território nacional;

c) Entidades formadoras certificadas;

d) Instalações certificadas.

 

Artigo 107º.- Contagem de prazos

À contagem dos prazos administrativos previstos no presente Decreto-Lei aplicam-se as regras constantes do artigo 72º do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 107º -A.- Desmaterialização dos procedimentos

1 .-  Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações e as notificações previstas no presente Decreto-Lei e o envio de documentos, de requerimentos ou de informações entre prestadores de serviços e autoridades competentes são realizados por via eletrónica através do balcão único eletrónico dos serviços ou por qualquer outro meio legalmente admissível, excetuadas as formalidades realizadas através do sistema informático referido no artigo 8º -A do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro.

2 .-  O disposto no número anterior não prejudica a tramitação de procedimentos no SIC, nos termos dos capítulos II, III e IV, devendo este sistema ser acessível a partir do balcão único eletrónico dos serviços.

3 .-  O disposto no nº 1 não é aplicável às comunicações, notificações e demais atos processuais no âmbito dos procedimentos contraordenacionais.

4 .-  Sempre que os sistemas informáticos referidos no nº 1 não estejam disponíveis, as formalidades a praticar nos termos do presente Decreto-Lei devem ser realizadas por qualquer outro meio legalmente admissível.

Artigo 108º.- Apresentação de documentos disponíveis na Internet

Sempre que os documentos cuja apresentação é exigida pelo presente Decreto-Lei estejam disponíveis na Internet, podem as pessoas ou entidades que estão obrigadas a apresentá -los indicar ao ICP-ANACOM o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta.

Artigo 108º -A.- Cooperação administrativa

Para efeitos do presente Decreto-Lei, as autoridades competentes participam na cooperação administrativa, no âmbito dos procedimentos relativos a prestadores e profissionais provenientes de outros Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, nos termos do disposto no capítulo VI do Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, e do nº 2 do artigo 51º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei nº 41/2012, de 28 de agosto, nomeadamente através do Sistema de Informação do Mercado Interno.

 

Artigo 109º.- Norma revogatória

1 .-  São revogados:

a) O Decreto-Lei nº 59/2000, de 19 de abril;

b) O Decreto-Lei nº 68/2005, de 15 de março;

c) Os n.os 5 a 7 do artigo 19º e 5 a 7 do artigo 26º da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro.

2 .-  As regras e procedimentos publicados ao abrigo e em cumprimento do Decreto-Lei nº 59/2000, de 19 de abril, mantêm -se em vigor até que sejam substituídos por outros publicados ao abrigo do presente Decreto-Lei.

 

Artigo 110º.- Entrada em vigor

1 .-  O presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

2 .-  O certificado de conformidade da instalação de infraestruturas de telecomunicações em edifícios prevista no Decreto-Lei nº 59/2000, de 19 de abril, não é exigido para efeitos de atribuição de autorização de utilização dos edifícios, cujos procedimentos respetivos se encontrem pendentes à data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Italia. Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2005.

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2005.

Ministro per l'innovazione e le Tecnologie. Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione (Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2005, n. 35).

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 406, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza – area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998 – 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante “delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca”;

Visto il documento programmatico del Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante “Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell'informazione nella legislatura” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2002;

Visto l'articolo 29, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

Visto l'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

Considerato l'avviso del Ministro per la funzione pubblica, ai sensi della disposizione di reciproco raccordo, contenuta sia nella delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro Lucio Stanca, sia in quella al Ministro Mario Baccini;

Vista la direttiva del Ministro per l'attuazione del programma di Governo in data 27 dicembre 2004, recante “Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività
amministrativa e la gestione”;

Considerato che la predetta direttiva prevede che i Ministri, nel fissare le priorità politiche delle rispettive Amministrazioni, tengano conto “ai fini della ottimizzazione delle risorse umane e
finanziarie, dell'obiettivo dí digitalizzazione della pubblica Amministrazione, secondo le linee guida emanate in materia dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie”;

E m a n a

La seguente direttiva:

Premessa

La presente direttiva é indirizzata a tutte le Amministrazioni dello Stato e a tutti gli Enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. Per le Regioni e gli Enti locali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa, e sarà oggetto di successivo atto di indirizzo ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria per il 2002). Puó rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le precedenti direttive (1) e gli altri atti di indirizzo in materia di digitalizzazione, emanati anche in relazione a specifici settori, devono, comunque, intendersi validi ed efficaci e costituiscono parte integrante delle seguenti disposizioni.

1. Stato di attuazione degli obiettivi di digitalizzazione (2)

La rilevazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di legislatura nella pubblica amministrazione ha evidenziato il raggiungimento di significativi risultati. Permangono, peraltro, disomogeneità tra le diverse amministrazioni.

In particolare si segnalano di seguito i principali risultati conseguiti e le maggiori criticità da affrontare:

a) circa il 50% dei servizi prioritari sono disponibili on-line, altri sono disponibili solo parzialmente.

Per quelli rispetto ai quali si registrano criticità le Amministrazioni dovranno effettuare un'analisi puntuale dei motivi di ritardo, e produrre un piano al fine di accelerarne la realizzazione. é in ogni caso opportuno attivare la verifica della soddisfazione dell'utente;

b) sono state distribuite oltre 1,6 milioni di carte di firma digitale. Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha distribuito oltre 23.000 smart card ad
altrettanti funzionari pubblici, con le quali vengono firmati digitalmente ogni giorno circa 3.000 mandati di pagamento. É necessario rivedere le procedure amministrative al fine di estendere
rapidamente l'utilizzo della firma digitale;

c) l'utilizzo della posta elettronica é sensibilmente aumentato nelle comunicazioni interne alla Pubblica Amministrazione. Poiché il completamento dell'Indice PA (elenco di tutti gli uffici pubblici con casella di posta elettronica a disposizione del pubblico), attualmente in corso di predisposizione ad opera del CNIPA, costituirà certamente un incentivo all'uso di tale strumento, si invitano le Amministrazioni che non abbiano ancora ottemperato all'invio dei dati ad attivarsi in tal senso con la massima urgenza garantendo, altresí, il tempestivo e costante aggiornamento dei dati stessi;

d) sempre nel settore della posta elettronica, va segnalato che molte amministrazioni hanno avviato iniziative per accrescere l'efficienza e ridurre i costi di proprie attività sostituendo ad operazioni materiali il ricorso a comunicazioni elettroniche. In questo ambito si colloca anche l'iniziativa denominata @P@(3), finalizzata a cofinanziare specifici progetti delle Amministrazioni. É allo studio la possibilità di rilanciare il progetto per ulteriori iniziative di razionalizzazione e risparmi;

e) attualmente 25 milioni di impegni e mandati di pagamento sono on line. Nel corso del 2004 si é, infatti, esteso l'uso del Sicoge a quasi tutte le amministrazioni centrali (coprendo quasi il 100% dei
capitoli di spesa delle stesse). Inoltre é stata automatizzata anche la gestione degli ordini di accreditamento che, a partire da giugno, comporta la gestione telematica di circa 175 mila ordini di
accreditamento annuali; occorre peró ancora estendere tali sistemi alle contabilità speciali;

f) le competenze informatiche acquisite dal personale pubblico sono molto diffuse; i dati sulla formazione a distanza (e-learning) indicano una crescita superiore al 60% sebbene permanga poco
rilevante il numero delle certificazioni tipo ECDL o equivalenti;

g) l'accesso on-line all'iter delle pratiche mostra difficoltà legate al notevole impatto organizzativo. É comunque in crescita la diffusione del protocollo informatizzato, prerequisito della trasparenza amministrativa. Nei settori nei quali é maggiore l'esigenza dei cittadini, ad es. fisco e previdenza, sono pienamente operativi call center utilizzabili anche per verificare lo stato delle pratiche e risolvere i problemi connessi. Per le Amministrazioni che non abbiano ancora completato l'automazione della gestione documentale e del protocollo informatico si segnala che il CNIPA propone tale servizio in modalità ASP (4);

h) non sono ancora presenti in tutti gli uffici i necessari strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti.

Azioni conseguenti. Piani di recupero

Ogni Amministrazione dovrà verificare al proprio interno lo stato di attuazione degli obiettivi di legislatura, i motivi del mancato o parziale raggiungimento, e predisporre un Piano di recupero che ne consenta il conseguimento nei tempi stabiliti.

Detti Piani di recupero costituiranno parte integrante del Piano esecutivo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il 2005 da trasmettere al CNIPA entro il 31 gennaio del 2005, redatto secondo le modalità stabilite al punto 6 della direttiva del 18 dicembre 2003.

2. La seconda fase della digitalizzazione della P.A.

Gli anni 2001-2004 hanno rappresentato la prima fase della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nella quale l'impegno del Governo e delle amministrazioni é stato rivolto,
soprattutto, al riorientamento ai servizi, allo sviluppo delle infrastrutture di base, alla diffusione di competenze informatiche e di una crescente familiarità con gli strumenti informatici tra i dipendenti e, nel periodo piú recente, all'attivazione di siti web come canali di informazione ed in alcuni casi di erogazione di servizi on line agli utenti. In questa fase si é, quindi, pervenuti ad una maggiore diffusione, negli uffici e nei processi di lavoro, dell'uso delle ICT.

Le basi di questo importante processo di crescita sono state consapevolmente tracciate non solo e non tanto in disposizioni legislative, quanto – piuttosto – innescando un circuito virtuoso “definizione di obiettivi – attuazione – controllo” nelle amministrazioni, sostenuto anche attraverso il cofinanziamento di iniziative di innovazione proposte dalle stesse amministrazioni, sia centrali (attraverso deliberazioni del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione) che locali (programma di e-Government).

Nel frattempo, come noto, sono stati disciplinati singoli strumenti e specifici istituti che connotano la digitalizzazione dell'Amministrazione (firma digitale, protocollo informatico, posta elettronica certificata, Carta d'identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi, ecc.). Questa prima importante fase della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione puó essere considerata conclusa. Infatti, sulla base del patrimonio di esperienze maturate, ha preso corpo la definizione di una nuova
cornice normativa, che induce le amministrazioni a non adottare gli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali “possibilità aggiuntive” dell'azione amministrativa, ma a sostituire gli strumenti e le modalità tradizionali di rapporto con gli utenti e di svolgimento delle
attività interne. É ora il momento di attivare la seconda fase, che dovrà essere improntata alla piena valorizzazione degli investimenti già realizzati, alla razionalizzazione del sistema nel suo complesso,
alla interoperabilità tra le amministrazioni, alla effettiva ed ampia transizione verso modalità di erogazione dei servizi on line e, infine, al raccordo pieno tra digitalizzazione, organizzazione,
processi e servizi al pubblico.

Questo passaggio dalla prima alla seconda fase della digitalizzazione trova la sua cornice normativa nell'approvazione di due riforme organiche che costituiranno la base per l'evoluzione dell'e-Government nei prossimi anni.

La prima riforma é contenuta nel decreto legislativo sul Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, ormai vicino alla definitiva adozione e che sostituirà, nello spirito di una visione
pienamente condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali, la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni. Il nuovo sistema raccorderà tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e
locali.

La seconda riforma é costituita dal “Codice dell'Amministrazione digitale”(5), che darà un assetto unitario ed organico al complesso di diritti dei cittadini e delle imprese, agli istituti giuridici ed
ai doveri delle amministrazioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

La prossima approvazione del decreto legislativo costituisce l'inizio di una seconda fase della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in quanto rende obbligatoria l'innovazione nella
Pubblica Amministrazione nel modo piú naturale: da una parte dando ai cittadini il diritto di interagire sempre, ovunque e verso qualunque amministrazione attraverso la rete; dall'altra, stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.

Nuovi principi

I decreti legislativi concernenti il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) e il Codice dell'Amministrazione digitale forniranno l'adeguato supporto normativo in materia di dematerializzazione dei documenti, di comunicazione elettronica, di interazione a distanza, di circolarità e standardizzazione dei dati, di multicanalità, di accessibilità, di nuove competenze professionali.

In relazione a tali nuovi principi, le Amministrazioni pubbliche, anche con il supporto del CNIPA, dovranno, nel corso dell'anno 2005, porre in essere tutte le azioni di competenza per cogliere appieno le opportunità offerte dai nuovi strumenti.

In tale contesto, sarà necessario perseguire una piena integrazione degli interventi di digitalizzazione con le politiche di riforma delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento alla semplificazione delle procedure e dell'organizzazione amministrativa ed alla formazione del personale. In particolare, le amministrazioni, nel programmare i loro interventi di digitalizzazione, dovranno segnalare al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministro per l'innovazione e le tecnologie sia le opportunita/necessità di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle regolamentazioni interne, sia i fabbisogni di nuove competenze, ai fini della adozione degli interventi
conseguenti.

Settori di intervento

Le seguenti aree costituiscono settori di intervento essenziali alla realizzazione della seconda fase della digitalizzazione. Essi richiedono uno sforzo sinergico da parte delle singole Amministrazioni al fine di dare esecuzione alle azioni previste dalla normativa vigente e per la realizzazione delle quali il CNIPA ha impegnato le proprie risorse ed avviato le necessarie attività progettuali.

Comunicazione elettronica

Nel rammentare la direttiva concernente l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni (6), nonché le norme relative all'utilizzo della firma digitale, si fa presente che sono
di prossima definitiva approvazione le disposizioni necessarie per assicurare piena validità giuridica alle comunicazioni per via elettronica (7), sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia tra
amministrazioni diverse, sia, infine, tra amministrazioni, cittadini e imprese.

Di conseguenza diviene necessario riorganizzare il lavoro all'interno delle amministrazioni per sviluppare l'uso degli strumenti telematici, sostenendo minori oneri per la spedizione e l'archiviazione con notevoli vantaggi di velocità dell'azione amministrativa.

Rete Internazionale delle pubbliche amministrazioni

Per avvalersi dei previsti finanziamenti del CNIPA, le Amministrazioni che necessitano di connettività internazionale dovranno sottoscrivere i contratti di fornitura con l'aggiudicatario
entro il primo trimestre del 2005.

Sistema pubblico di connettività e cooperazione

Nelle more dell'attuazione del nuovo sistema, le Amministrazioni dovranno pianificare la migrazione dalla Rete Unitaria verso il nuovo Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) presentando al CNIPA i relativi piani entro il 2005, al fine di non superare il termine di sei mesi dalla data del contratto quadro che sarà stipulato dal CNIPA.

Carta nazionale dei servizi (CNS)

Sono ormai definite con decreto dei Ministri dell'Interno, per l'innovazione e tecnologie, dell'economia e delle finanze, datato 9 dicembre 2004, (8) le regole tecniche sulla CNS; le amministrazioni dovranno, pertanto, programmare l'emissione della CNS in sostituzione di altri strumenti di accesso ai servizi sino ad ora realizzati, tenendo comunque presente che, ai sensi della normativa vigente, ogni Amministrazione deve, comunque, garantire l'accesso ai propri servizi
da parte dei titolari di CNS.

Al fine di promuoverne la diffusione il CNIPA definirà un contratto quadro per la fornitura di CNS al quale le pubbliche amministrazioni potranno aderire.

Servizi on line agli utenti

Si conferma la priorità di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi on line per cittadini ed imprese, per migliorare il servizio e ridurre i costi. Le amministrazioni dovranno, pertanto, curare la
realizzazione e la promozione di servizi interattivi, assicurando, nel contempo, la possibilità di accesso attraverso una pluralità di canali (internet, telefonia mobile, telefonia fissa, tv digitale),
ciascuno facoltativamente fruibile dagli utenti.

In tale ottica le amministrazioni dovranno collaborare per integrare i procedimenti di rispettiva competenza, al fine di agevolare gli adempimenti richiesti alle imprese e accrescere l'efficienza nelle aree che coinvolgono piú amministrazioni, attraverso la definizione e l'attuazione di accordi per la
partecipazione al sistema di cooperazione attuato nell'ambito del Sistema per i servizi integrati alle imprese (www.impresa.gov.it)

Gestione documentale

Le amministrazioni dovranno porre in atto tutte le misure previste dalla normativa in materia di gestione documentale eventualmente avvalendosi dei servizi resi disponibili dal CNIPA nell'ambito
dell'iniziativa Servizio di gestione del Protocollo Informatico e gestione documentale in modalità ASP.

3. Risparmi e razionalizzazione

L'art. 1, commi da 192 a 196, della legge finanziaria per il 2005 introduce nuovi modelli di comportamento per le pubbliche amministrazioni finalizzati alla razionalizzazione dei processi
operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa.

La sua attuazione avverrà attraverso l'emanazione di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che individueranno le aree prioritarie e l'ambito soggettivo di intervento, al fine di
predisporre un programma strutturale per l'informatica pubblica e la sua contestuale razionalizzazione, mantenendo l'attuale impulso all'innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative, evitando, altresí, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa informatica e, al contrario, producendo economie.

Ció sarà possibile utilizzando le nuove modalità di approvvigionamento dei servizi che semplificano le incombenze delle singole amministrazioni, anche assumendo come modello di riferimento quello dei servizi ASP.

Per la migliore attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria é auspicabile un'attiva collaborazione con il CNIPA da parte delle Amministrazioni che potranno contribuire a
determinarne gli ambiti di azione, effettuando una accurata analisi della propria situazione in rapporto all'utilizzo delle ICT al fine di individuare:

i casi di duplicazione o ridondanza di sistemi e strutture informatiche, sui quali sia possibile intervenire per razionalizzare e conseguire economie gestionali;

i casi in cui sia possibile ed opportuno utilizzare soluzioni condivise o soluzioni già adottate in altre amministrazioni.

É da sottolineare la possibilità di conseguire economie anche attraverso l'applicazione della Direttiva inerente l'acquisizione del software (9), da effettuarsi attraverso una valutazione comparativa che tenga anche conto di prodotti disponibili in riuso od a codice sorgente aperto. éall'uopo disponibile una proposta di metodologia di valutazione messa a punto dal CNIPA.

Nell'ambito delle iniziative tendenti alla razionalizzazione ed al risparmio, particolare importanza assume l'adozione della tecnologia “Voice over IP”, che consente di trasportare le conversazioni vocali via Internet o su reti per trasmissione dati che operano in modo analogo ad Internet, impiegando router e server di rete in luogo di centrali telefoniche e centralini. I centralini, pertanto, vengono sostituiti da server, utilizzando, di norma, il cablaggio esistente ed eliminando cosí costose duplicazioni.

L'adozione di questa tecnologia consente di ricorrere ad un collegamento unico per qualsiasi tipo di comunicazione (voce, dati e immagini), attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete
Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni, che sono state progettate per un trasporto di qualità per ciascuna delle indicate tipologie di comunicazioni. I vantaggi concreti potenzialmente derivanti dall'adozione del Voip consistono in una notevole riduzione delle spese di telefonia, oltre che delle spese di gestione e manutenzione, a parità di qualità del servizio, grazie:

all'azzeramento dei costi delle conversazioni all'interno delle amministrazioni nonché alla riduzione dei costi delle chiamate verso l'esterno;

alla riduzione dei costi di gestione per l'impiego di un unico cablaggio e di impianti della stessa tipologia per voce e dati;

all'azzeramento dei costi legati agli spostamenti delle connessioni telefoniche del personale che possono essere realizzati con un semplice comando via software.

Le pubbliche amministrazioni con contratti in scadenza a breve in questo settore dovranno valutare, prima del rinnovo dei contratti stessi, la convenienza del passaggio alle nuove tecnologie, anche
avvalendosi dell'apposito centro di competenza, all'uopo istituito presso il CNIPA che potrà fornire, anche, supporto alla pianificazione dell'introduzione della tecnologia Voip ed alla sostituzione degli impianti esistenti, da programmare nell'arco di tre anni.

4 Ruolo della dirigenza

Per la realizzazione dei citati obiettivi e per il successo della seconda fase di digitalizzazione dell'Amministrazione, appare necessario il piú ampio coinvolgimento dei dirigenti ai quali dovranno essere, conseguentemente, assegnati corrispondenti obiettivi da realizzare nel corso dell'anno.

Tale coinvolgimento dovrà mirare ad ottenere, da parte della dirigenza, non soltanto il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche a suscitare un atteggiamento propositivo per la definizione dei programmi strategici delle singole Amministrazioni.

Ogni dirigente di vertice delle strutture in cui si articola ciascuna amministrazione dovrà essere responsabilizzato per la definizione e per il raggiungimento di precisi obiettivi nei settori indicati dalla presente direttiva, indicando i conseguenti risparmi e le esigenze di formazione del personale.

Appare, infatti, indispensabile curare che, attraverso un adeguato programma di formazione tecnica, giuridica e organizzativa, sia assicurato un livello di conoscenza tale da porre la dirigenza in
condizione di essere essa stessa motore del cambiamento in atto nell'agire dell'Amministrazione.

Roma, 4 gennaio 2005

Il Ministro: Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2005

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 1, foglio n. 380

—————————————————————————————

(1) Direttiva del 21 dicembre 2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2002, n. 30;
Direttiva del 20 dicembre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003 n. 52.
Direttiva del 18 dicembre 2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2004, n. 28.

(2) Obiettivi digitalizzazione per la legislatura indicati nelle
“Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell'Informazione” pubblicate sul sito http://www.innovazione.gov.it:

Servizi online ai cittadini e alle imprese

1. Tutti i servizi “prioritari” disponibili on-line.

2. 30 milioni di Carte di Identità Elettroniche e Carte Nazionali dei Servizi distribuite.

3. 1 milione di firme digitali diffuse entro il 2003. Efficienza interna della Pubblica amministrazione

4. 50% della spesa per beni e servizi tramite eProcurement.

5. Tutta la posta interna alla Pubblica Amministrazione via e-mail.

6. Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line. Valorizzazione delle Risorse Umane

7. Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili.

8. 1/3 della formazione erogata via e-Learning Trasparenza.

9. 2/3 degli uffici della Pubblica Amministrazione con accesso on-line all'iter delle pratiche da parte dei cittadini.

Qualità.

10. Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema di soddisfazione dell'utente.

(3) Progetto approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione il 18 marzo 2003 pubblicato sul sito wwv.cnipa.gov.it

(4) ASP (Application Service Provider): servizi resi disponibili in rete per le amministrazioni, le quali possono acquisirli senza dover sviluppare soluzioni proprie e senza acquistare hardware e licenze software.

(5) Lo schema di decreto legislativo, recante il codice dell'Amministrazione digitale, é stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004.

(6) Direttiva del 27 novembre 2003 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2004, n. 8.

(7) Schema di decreto del Presidente della Repubblica sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2004.

(8) Decreto pubblicato sui siti: www.innovazione.gov.it e http://www.cnipa.gov.it

(9) Direttiva del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2004 n. 31.

01Ene/14

Legislación de Colombia. Ley 1273 de 5 de enero de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas q

 

El CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1º. Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado “De la Protección de la información y de los datos”, del siguiente tenor:  

 

CAPITULO PRIMERO.- De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos 

 

Artículo 269 A. ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO.

El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 269 B. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O RED DE TELECOMUNICACIÓN.

El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.

 

Artículo 269 C. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS.

El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses.

 

Artículo 269 D. DAÑO INFORMÁTICO.

El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 269 E. USO DE SOFTWARE MALICIOSO.

El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 269 F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES.

El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique p emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 269 G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS PERSONALES.

El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. la pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.

 

Artículo 269 H. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA

Las penas imponible de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones 

3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

5. Obteniendo provecho para si o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales.

 

CAPITULO SEGUNDO.- De las atentados informáticos y otras infracciones 

Artículo 269 I. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES.

El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código.

 

Artículo 269 J: TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS.

El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa.

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad.

 

Artículo 2. Adiciónese al artículo 58 del Código Penal con un numeral 17, así: 

Articulo 58 CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILlDAD. Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 

( …) 

17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos ó telemáticos.

 

Artículo 3. Adiciónese al artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con un numeral 6, así:

 

Articulo 37. DE LOS JUECES MUNICIPALES. los jueces penales municipales conocen:

( … ) 

6. De los delitos contenidos en el titulo VII Bis.

 

Artículo 4. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el texto del artículo 195 del Código Penal.

 

El Presidente del Honorable Senado de la República

Hernán Andrade Serrano

 

El secretario general del honorable senado de la república

Emilio Ramón Otero Dajud

 

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes

German Varón Cotrino

 

El Secretario General de la Honorable Cámara de representantes

 Jesús Alfonso Rodríguez Camargo

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

 Publíquese y cúmplase

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de enero de 2009 

 

El Ministro del Interior y de justicia, 

Fabio Valencia Cossio 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia Décret n° 2006-326 du 15 mars 2006 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle et à la gestion des accès dans certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Décret nº 2006-326 du 15 mars 2006 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle et à la gestion des accès dans certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 88-227 du 11 mars 1988, la loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 et la Loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale applicable à Mayotte en application de l'article 75 de la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1. Est autorisée la mise en oeuvre par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, comportant des données biométriques, dénommé ” AX7003 “.

Article 2. Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° Le contrôle des personnes habilitées à pénétrer dans certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense situés à l'intérieur d'une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;

2° La gestion et la conservation, pour une durée limitée, des données intéressant ces personnes.

Article 3. I. – Les catégories de données s'appliquant aux personnes mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'un enregistrement sont relatives :

1° A leur identité :

a) Nom patronymique ou d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Adresse du domicile, matricule, grade, fonction et service affectation ;

c) Photographie prise de face et empreinte digitale de l'index.

2° A l'autorisation d'accès qui leur est délivrée :

a) Type, niveau et date de la décision d'habilitation ;

b) Liste des accès autorisés à certains locaux ;

c) Date d'établissement, période de validité, numéro et catégorie du badge d'accès ;

d) Mouvements d'entrée et de sortie de la zone protégée et à l'intérieur de celle-ci.

3° Aux incidents dans lesquels elles sont impliquées : nature et date de constatation du non-respect d'une autorisation d'accès.

II. – Le traitement permet de mémoriser des données liées aux dysfonctionnements techniques du système de contrôle des accès.

Article 4. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les données incluses dans le traitement automatisé l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Article 5. Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données du traitement :

1° Le directeur, les directeurs adjoints, le chef du bureau affaires générales, l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;

2° Les détenteurs d'une autorisation d'accès à certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 3 intéressant leur personne.

Article 6. Les données sont conservées pendant une durée maximum d'une année après soit la date de péremption, soit celle de retrait de l'autorisation d'accès, à l'exception d'une part des données biométriques qui sont détruites le jour même de l'une ou l'autre de ces deux dates et d'autre part des données relatives aux incidents ou dysfonctionnements mentionnés respectivement au 3° du I et au II de l'article 3, dont il est conservé mémoire pendant les deux mois suivant la date de leur constatation.

Article 7. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement automatisé de données prévu par le présent décret.

Article 8. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

Article 9. La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2006.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

01Ene/14

Ley nº 18.383 de 17 de octubre de 2008. Atentado contra la regularidad de las Telecomunicaciones. Modificación del artículo 217 del Código Penal (Publicada en el Diario Oficial de 31 de octubre de 2008, nº 27602).

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

 

DECRETAN:

 

Artículo único.- 

Sustitúyese el texto del artículo 217 del Código Penal por el siguiente:

“Artículo 217. (Atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones).- El que, de cualquier manera, atentare contra la regularidad de las telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Se considera agravante especial de este delito, la sustracción, el daño o la destrucción de instalaciones destinadas a las prestaciones del servicio de telecomunicaciones”.

 

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de octubre de 2008.

 

UBERFIL HERNÁNDEZ, 1er. Vicepresidente.

 

Marti Dalgalarrondo Añón, Secretario.

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

 

Montevideo, 17 de octubre de 2008.

 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se sustituye el artículo 217 del Código Penal, referido al atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones.

 

TABARÉ VÁZQUEZ.
MARÍA SIMON.
DANIEL MARTÍNEZ.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 13 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi de la dosimétrie opérationnelle des personnes militaires et civiles soumises aux rayonnements ionisants dans les différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale.

Arrêté du 13 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi de la dosimétrie opérationnelle des personnes militaires et civiles soumises aux rayonnements ionisants dans les différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code du travail ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants dit ” décret population ” ;

Vu le décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dit ” décret travailleurs ” ;

Vu le décret nº 2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2006 portant le numéro 1207076,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ” DOSIVIEW ” mis en oeuvre par le bureau nucléaire/environnement/hygiène, sécurité et des conditions de travail et dont la finalité principale est le suivi de la dosimétrie opérationnelle des personnes (militaires et civiles) soumises aux rayonnements ionisants dans les différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité de l'intervenant (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone, trigramme), du médecin de prévention (nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie), de l'entreprise (nom, siège social, catégorie professionnelle, nº SIRET, nº SIREN, numéros de téléphone et de télécopie) ;

– au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

– à la vie professionnelle de l'intervenant (numéro de matricule marine, fonction, type de contrat, habilitation en radioprotection) ;

– aux déplacements de l'intervenant (date et heure de début et de fin d'exposition, zones d'exposition, durée d'exposition, validité de l'autorisation de l'accès en zone) ;

– à la dosimétrie (doses réglementaire et opérationnelle, cumul de doses, caractéristiques de l'intervention, numéro de carte de suivi médical, dates des anthropogammamétries, date de la visite médicale, aptitude et inaptitude médicale, classement en catégorie A ou B).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de la personne.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– le personnel des services médicaux ;

– le médecin de prévention ;

– la société privée DCN (pour les seules informations concernant son personnel) ;

– les personnes compétentes en radioprotection des différentes unités ;

– le chef d'organisme, pour les données statistiques ;

– le chef d'entreprise, pour connaître la dosimétrie opérationnelle de son personnel travaillant sur les sites à caractère nucléaire de la marine nationale ;

– l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des chefs d'organisme des différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement.

Toutefois, lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Article 6. Le chef du bureau nucléaire/environnement/hygiène, sécurité et des conditions de travail et les chefs d'organismes des unités dans lesquelles est mise en place cette application sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central des systèmes d'information de la marine, G. Poulain

01Ene/14

Legislación Argentina. Ley 2.514 de 27 de agosto de 2009, que implementa medidas tecnológicas y educativas en la provincia de La Pampa, destinadas a prevenir riesgo de uso de internet en niños, niñas y adolescentes. (Boletín Oficial nº 2.859 de 25 de sept

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA CON FUERZA DE

 

LEY:

 

Artículo 1°.- OBJETO.

La presente Ley tiene como objeto implementar medidas tecnológicas y educativas en la provincia de La Pampa, destinadas a prevenir los riesgos del uso de Internet en niños, niñas y adolescentes, a fin de contribuir a evitar su exposición a contenidos inadecuados y la comunicación con desconocidos.

 

Artículo 2°.- DEFINICIONES.

Definición de riesgos del uso de Internet. A los fines de la presente Ley se consideran “riesgos del uso de Internet”:

 

a) Riesgos relacionados con la información.

– Acceso a información poco fiable y falsa.

– Acceso de los niños a información inapropiada y nociva.

– Acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita.

 

b) Riesgos relacionados con la comunicación interpersonal.

– Recepción de “mensajes basura”. En ocasiones su contenido es de naturaleza sexual. Acoso a través del e-mail con mensajes que atentan contra su intimidad.

– Pérdida de intimidad. Al participar en los foros, blogs, entre otros, se puede proporcionar información personal,

familiar o de terceras personas a gente desconocida.

– Especialmente en los Chats, o sistemas de mensajería se puede entrar en contacto con personas que utilizan

identidades falsas.

 

c) Riesgos relacionados con actividades con repercusión económica.

– Estafas que se realizan por Internet.

– Compras inducidas por una publicidad abusiva.

– Compras por menores sin autorización paterna y materna.

– Robos.

– Apuestas on line.

 

d) Riesgos relacionados con actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual.

– Descarga de programas o música con copyright (piratería musical) o software para desactivar sistemas de protección de los productos digitales, difusión de estos materiales a personas conocidas.

 

e) Riesgos relacionados con las adicciones. – IAD, (Internet Addiction Disorder).

Se considera que una persona tiene adicción a Internet cuando de manera habitual es incapaz de controlar; el tiempo que está conectado a Internet, relegando las obligaciones familiares, escolares y sociales.

– Juegos on line: El usuario de productos de azar no necesita trasladarse a un establecimiento determinado; accede al servicio desde su casa, su trabajo o en la calle. Esta variación del juego social al juego individual es una de las principales causas que fomentan la aparición de la enfermedad denominada ludopatía.

 

Artículo 3°.- FILTROS DE CONTENIDO.

Los establecimientos comerciales, educativos, y de toda otra índole, que en jurisdicción de la provincia de La Pampa brinden el servicio de acceso a Internet, deben instalar en todas sus computadoras, y/o solicitar a sus respectivos proveedores (ISP), software para filtrar sitios y contenidos clasificados como intolerantes,

xenófobos, pornográficos, violentos, vinculados al uso de drogas, al juego on line, o con lenguaje

considerado inconveniente para menores.

 

Artículo 4°.- ACTIVACIÓN A CLIENTES MENORES DE EDAD.

El titular o responsable del establecimiento debe activar los filtros que se mencionan en el artículo 3° de la presente Ley, en sus equipos de computación cuando los usuarios/as de los mismos sean menores de 18

(dieciocho) años de edad.

 

Articulo 5°.- CONTROL.

Los municipios que adhieran a la presente, en forma coordinada con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad tendrán a su cargo el control de cumplimiento de lo prescripto en esta Ley. También deberá exigirse a los propietarios y/o responsables de los establecimientos habilitados, la exhibición de cartelería y cualquier otro medio gráfico que permita informar a los asistentes de manera clara e inequívoca sobre las limitaciones de acceso a sitios no permitidos.-

 

Articulo 6°.- EDUCACIÓN.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y Educación, implementará medidas de orden tecnológico y educativo a fin de prevenir los riesgos del uso de Internet y promover el uso de sus ventajas educativas y sociales, incorporando para ello contenidos educativos específicos a los ámbitos de la educación primaria, secundaria y de formación docente. En un mismo sentido, se realizarán campañas educativas, preventivas a

través de los principales medios masivos de comunicación audiovisuales de la provincia de La Pampa, orientadas a niños, niñas, adolescentes, madres y padres, y adultos/as responsables en general.

 

Articulo 7°.- REGLAMENTACIÓN.

Esta Ley deberá ser reglamentada dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo, mediante la reglamentación, establecerse cuáles serán los medios técnicos para la filtración de las páginas o sitios virtuales de contenido “pornográfico, violencia y/o discriminatorio que se utilizarán en los establecimientos mencionados en el artículo 3° de la presente; como asimismo las sanciones

correspondientes a su incumplimiento.-

 

Artículo 8º.- CLÁUSULA TRANSITORIA.

Hasta tanto el Poder Ejecutivo establezca cuáles serán los medios técnicos con que se filtrarán en las computadoras de acceso al público los sitios y páginas virtuales de contenidos previstos en el artículo 3º de la presente Ley, y salvo otro medio más eficaz, se deberá activar la protección que en tal sentido brinda el proveedor de Internet del que se valga el establecimiento.

 

Artículo 9º.-

Invítase a Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a las disposiciones descriptas en la presente Ley.

 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil nueve.

 

C.P.N. Luis Alberto CAMPO, Vicegobernador Presidente Cámara de Diputados Provincia de La Pampa

Lic. Pablo Daniel MACCIONE, Secretario Legislativo Cámara de Diputados

Provincia de La Pampa.-

 

EXPEDIENTE nº 9737/09.-

Santa Rosa, 9 de Septiembre de 2009

 

POR TANTO:

Téngase por LEY de la Provincia; Dése al

Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.-

 

DECRETO Nº 2093/09.-

C.P.N. Oscar Mario JORGE – Gobernador de La Pampa.

Dr. César Ignacio RODRIGUEZ, Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad

Néstor Anselmo TORRES, Ministro de Cultura y Educación.

 

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN: 9 de Septiembre de 2009.

Registrada la presente Ley, bajo el número DOS MIL QUINIENTOS CATORCE (2.514).

Raúl Eduardo ORTIZ, Secretario General de la Gobernación. 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 7 juin 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des formations.

Arrêté du 7 juin 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des formations.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mars 2006 portant le numéro 1132041,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, au service des moyens généraux du secrétariat général pour l'administration, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion du BFM” mis en oeuvre par le bureau de la formation et du management informatique et dont la finalité principale est la gestion des formations assurées par le centre.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité du stagiaire et du formateur (nom, prénoms) ;

– à la vie professionnelle du stagiaire et du formateur (grade, affectation, numéro de téléphone) ;

– à la formation (nature, type, durée, date de la session, calendrier des sessions, lieu, nom du formateur assurant la session, critères d'évaluation, coût, imputation budgétaire).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées cinq ans.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les personnels du centre de formation à l'informatique ;

– les correspondants formation des états-majors, directions ou services concernés par le traitement ;

– les sociétés ;

– les stagiaires et les formateurs.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du service des moyens généraux, sous-direction des systèmes d'information, d'administration et de gestion, bureau de la formation et du management informatique, 14, rue Saint-Dominique, 00455 Armées.

Article 6. Le chef du service des moyens généraux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, G. de Lavernhe

01Ene/14

Ley 28.186, de 12 de febrero de 2004, que establece los alcances del decreto legislativo nº 681mediante el cual se regula el uso de Tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información. (Promulgada el 4 de marzo de 2004 y Publicada en e

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO

La Comisión Permanente del Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley siguiente

LEY QUE ESTABLECE LOS ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 681 MEDIANTE EL CUAL SE REGULA ELUSO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN MATERIA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 1º.- Conservación de documentos con contenido tributario

No podrán destruirse, aun cuando se hubieran conservado mediante microformas, de acuerdo al Decreto Legislativo nº 681, normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, los originales de los documentos, información y antecedentes de las operaciones o situaciones tributarias así como toda otra documentación relacionada con hechos que determinen tributación, mientras el tributo no esté prescrito.

ARTÍCULO 2º.- Norma derogatoria

Derógase el segundo párrafo del artículo 66º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo nº 054-99-EF.

ARTÍCULO 3º.-Vigencia

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de febrero de dos mil cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA, Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO, Presidente del Consejo de Ministros 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Brasil. Instrução CVM nº 382, 28 de janeiro de 2003

Instrução CVM nº 382, 28 de janeiro de 2003

Estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários, em pregão e em sistemas eletrônicos de negociação e de registro de operações em bolsas de valores e de bolsas de mercadorias e futuros e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS . CVM, torna público que o Colegiado, em sessão realizada nesta data, com fundamento no Artigo 18, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, RESOLVEU baixar a seguinte Instrução:

ÂMBITO E FINALIDADE

Artigo 1º.- Esta Instrução estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários, em pregão e em sistemas eletrônicos de negociação e de registro de operações em bolsas de valores ou em bolsas de mercadorias e futuros.

DEFINIÇÕES

Artigo 2º.- Considera-se, para os efeitos desta Instrução:

I – Bolsa(s): bolsa(s) de valores e bolsa(s) de mercadorias e futuros, indistintamente;

II – Corretora de Valores: a sociedade habilitada a negociar ou registrar operações com valores mobiliários por conta própria ou por conta de terceiros em bolsa e entidades de balcão organizado;

III – Corretora de Mercadorias: a sociedade constituída para negociação e registro de operações com valores mobiliários negociados em bolsa de mercadorias e futuros;

IV – Corretora(s): indistintamente, abrange as corretoras de valores e corretoras de mercadorias;

V – Operador especial: pessoa natural ou firma individual detentora de título da bolsa, habilitada a atuar nos seus recintos de pregão e nos sistemas eletrônicos de negociação e de registro de operações, executando operações por conta própria e por conta de corretoras, desde que autorizadas pela bolsa;

VI – Entidade de Balcão Organizado: pessoa jurídica que administra sistema eletrônico de negociações e de registros de operações ocorridas com valores mobiliários;

VII – Comitente ou Cliente: a pessoa natural ou jurídica, e as demais entidades autorizadas a negociar com valores mobiliários, em nome das quais as operações com valores mobiliários são efetuadas;

VIII – Câmara de Liquidação: câmara ou prestador de serviços de registro, compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, integrante do Sistema Brasileiro de Pagamentos – SPB;

IX – Membro de Compensação ou Agente de Compensação: a pessoa jurídica, instituição financeira ou a ela equiparada, responsável perante aqueles a quem presta serviços e perante a câmara de liquidação pela compensação e liquidação das operações com valores mobiliários sob sua responsabilidade;

X – Ordem: ato mediante o qual o cliente determina a uma corretora que compre ou venda valores mobiliários, ou registre operação, em seu nome e nas condições que especificar;

XI – Oferta: ato mediante o qual a corretora ou o operador especial apregoa ou registra a intenção de comprar ou vender valores mobiliários;

XII – Pessoa Vinculada: é a pessoa natural ou jurídica, de que trata o Artigo 14 desta Instrução; e

XIII – Sociedade integrante de Conglomerado financeiro: Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil integrante de grupo de fato ou de direito constituído por um conjunto de instituições financeiras.

REGRAS DE CONDUTA

Artigo 3º.- As bolsas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas corretoras no relacionamento com seus clientes e com os demais participantes do mercado, atendendo aos seguintes princípios:

I – probidade na condução das atividades;

II – zelo pela integridade do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de depósito de garantias;

III – diligência no cumprimento de ordens e na especificação de comitentes;

IV – diligência no controle das posições dos clientes na custódia, com a conciliação periódica entre:

(i) ordens executadas;

(ii) posições constantes em extratos e demonstrativos de movimentação fornecidos pela entidade prestadora de serviços de custódia; e

(iii) posições fornecidas pelas câmaras de liquidação;

V – capacitação para desempenho das atividades;

VI – obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações necessárias ao cumprimento de ordens, inclusive sobre riscos envolvidos nas operações do mercado;

VII – adoção de providências no sentido de evitar a realização de operações em situação de conflito de interesses e assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes; e

VIII – suprir seus clientes, em tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados.

§ 1º As informações de que trata este artigo devem ser fornecidas ao cliente antes do início de suas operações.

§ 2º As regras de conduta a que se refere este artigo devem ser enviadas à CVM com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da sua implementação para sua aprovação.

§ 3º A inobservância dos princípios descritos neste artigo por parte das corretoras constitui infração de natureza grave para efeito do disposto no Artigo 11, § 3º, da Lei nº 6.385/76.

§ 4º As bolsas serão responsáveis pela fiscalização das corretoras quanto à observância dos princípios referidos nos incisos I a VIII deste artigo.

DIRETOR RESPONSÁVEL

Artigo 4º.- As corretoras devem indicar à bolsa de que seja associada e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução e nos regulamentos operacionais e cadastrais.

Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio.

CONTAS CORRENTES

Artigo 5º.- As corretoras devem manter registro de todas as movimentações financeiras de seus clientes em contas correntes não movimentáveis por cheques.

Parágrafo único. Os valores financeiros correspondentes às movimentações de que trata este artigo transitarão de forma segregada dos recursos próprios das corretoras em conta bancária específica mantida pela corretora exclusivamente para este fim.

RECEBIMENTO, CUMPRIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ORDENS E DE NEGÓCIOS

Artigo 6º.- Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as corretoras e os demais participantes do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou sistemas de negociação e de registro de operações devem estabelecer e submeter à prévia aprovação das bolsas, as regras e parâmetros de atuação relativos, no mínimo:

I – ao tipo de ordens, horário para o seu recebimento, forma de emissão, prazo de validade, procedimentos de recusa, registro, cumprimento, distribuição e cancelamento; e

II – à forma e aos critérios para atendimento das ordens recebidas e distribuição dos negócios realizados.

§ 1º As regras relativas ao recebimento, cumprimento e distribuição de ordens e de negócios devem ser entregues aos clientes antes do início de suas operações.

§ 2º Em qualquer hipótese, o registro de ordens na corretora deve sempre conter o horário de recebimento das ordens e a identificação do cliente que as tenha emitido com a sua numeração sequencial de forma cronológica.

Artigo 7º.- As corretoras poderão cumprir ordens para sua carteira própria ou para as carteiras de seus clientes, sendo-lhes facultado, mediante contrato específico, contratar outras corretoras ou operadores especiais para o seu cumprimento, observado o disposto nos arts. 9º e 12.

§ 1º Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para cumprimento deve ser determinada por critério cronológico, sendo que as ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas à corretora devem sempre ter prioridade em relação àquelas emitidas por pessoas vinculadas.

§ 2º Somente as ordens que sejam passíveis de cumprimento no momento da efetivação de um negócio, ou seja aquelas cujo preço especificado pelo cliente for compatível com o preço de mercado, concorrerão em sua distribuição.

CADASTRO E DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E OPERADORES ESPECIAIS

Artigo 8º.- As corretoras devem cadastrar seus clientes e manter os cadastros atualizados, junto às bolsas, às câmaras de compensação e liquidação e às entidades prestadoras de serviços de escrituração e custódia, permitindo a perfeita identificação e qualificação dos mesmos.

Artigo 9º.- Os dados do cadastro a que faz referência o artigo anterior deve conter, no mínimo, as informações previstas no §1º, Artigo 3º, da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999.

§ 1º No caso de investidores institucionais, residentes ou não residentes, o cadastro deverá, adicionalmente, conter os nomes das pessoas autorizadas a emitir ordens, e, conforme o caso, dos administradores da instituição ou responsáveis pela administração da carteira no País, bem como do representante legal ou responsável pela custódia dos seus valores mobiliários no País.

§ 2º As corretoras só podem efetuar alteração do endereço constante do cadastro mediante ordem expressa e escrita do cliente, acompanhada do correspondente comprovante de endereço.

§ 3º É permitido às corretoras manter o cadastro de seus clientes mediante sistema informatizado, desde que observadas as disposições contidas nesta Instrução.

§ 4º Caso a instituição integre um conglomerado financeiro, desde que observadas as disposições contidas nesta Instrução e assegurado o acesso remoto aos dados cadastrais por meio eletrônico ou sistema de acesso instantâneo, admitir-se-á a manutenção de cadastro único de clientes existentes no conglomerado, devendo as informações adicionais ser completadas pelos clientes e mantidas na corretora, ou em dependências do conglomerado financeiro, e obtidas pela sociedade corretora quando solicitadas pela CVM.

§ 5º Entende-se por cadastro único dos clientes, o armazenamento de toda e qualquer informação ou documentação cadastral para a utilização de modo compartilhado entre os integrantes do conglomerado financeiro.

§ 6º Mediante prévia aprovação da CVM, no caso de operações especiais em bolsa, assim consideradas aquelas precedidas de captação de ordens pulverizadas de pequeno valor por meio de agências bancárias ou nas suas dependências no País, os dados cadastrais dos comitentes ficarão arquivados na sociedade corretora ou na distribuidora, dispensando-se, nessa hipótese, o cadastro nos sistemas das bolsas.

§ 7º Será condição para exame pela CVM do requerimento relativo às operações especiais referidas no parágrafo anterior, a previsão quanto à responsabilidade e à forma de ressarcimento aos clientes na hipótese de dano resultante das operações.

§ 8º As operações a que se refere os §§ 6º e 7º serão registradas, na bolsa em que se realizar, em nome da instituição intermediadora, em conta especial.

Artigo 10.- Do cadastro a que se refere o Artigo 8º, ou de documento a ele acostado, deve constar declaração, datada e assinada pelo cliente ou por procurador devidamente constituído, se for o caso, de que:

I – são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;

II – se compromete a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais;

III – opera por conta própria, e se autoriza ou não a execução de ordens por procurador, devidamente identificado;

IV – opera por conta de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento e de carteiras administradas;

V – é, ou não, pessoa vinculada à corretora nos termos do Artigo 14 desta Instrução;

VI – não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

VII – por expressa opção, se for o caso, suas ordens serão transmitidas exclusivamente por escrito;

VIII – tem conhecimento do disposto nesta Instrução, das regras de atuação da corretora, das normas referentes ao fundo de garantia, e das normas operacionais editadas pelas bolsas e pela câmara de liquidação cujas cópias recebeu e mantém em seu poder; e

IX – autoriza as corretoras, caso existam débitos pendentes em seu nome, a liquidar, em bolsa ou em câmara de compensação e liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações, ou que estejam em poder da corretora, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Artigo 11.– As corretoras devem instituir procedimentos de controle adequados à comprovação do atendimento aos dispostos nos arts. 8º e 9º, mantendo todos os documentos relativos às operações com valores mobiliários, inclusive no caso de ordens pulverizadas, em sua sede social ou na sede do conglomerado financeiro de que façam parte e à disposição da CVM, das bolsas e dos clientes, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da realização do negócio.

VEDAÇÕES

Artigo 12.- É vedado:

I – às corretoras:

a) utilizar contas correntes coletivas, exceto para os casos de contas conjuntas com até 2 (dois) titulares;

b) aceitar ou cumprir ordens de clientes que não estejam previamente cadastrados; e

c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;

II – aos operadores especiais, cumprir ordens emanadas diretamente dos clientes de corretoras.

Artigo 13. As corretoras e os demais integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários somente poderão abrir contas, aceitar ordens de compra e venda ou efetuar transferências de valores mobiliários transmitidas por procuração, se os procuradores estiverem identificados na documentação cadastral como procuradores constituídos.

Parágrafo único. Caberá aos clientes informar a eventual revogação do mandato.

OPERAÇÕES POR PESSOAS VINCULADAS E OPERADORES ESPECIAIS

Artigo 14.- As pessoas vinculadas a determinada corretora somente poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.

§ 1º – Serão considerados pessoas vinculadas, dentre outros:

empregados, operadores e prepostos da corretora;

agentes autônomos por ela credenciados;

sócios ou acionistas da corretora, pessoas físicas ou jurídicas, que detenham controle direto ou indireto e os detentores de função de direção ou administração;

cônjuge ou companheiro e filhos menores de alguma das pessoas mencionadas nas alíneas anteriores;

sociedade controladora e controlada; e

no caso de corretora integrante de conglomerado financeiro, também serão considerados pessoa vinculada os sócios, diretores, administradores e empregados das empresas integrantes de conglomerado, bem como as carteiras próprias destas empresas.

§ 2º Equiparam-se às operações e ordens realizadas por pessoas vinculadas à corretora, para os efeitos desta Instrução, aquelas destinadas à carteira própria da corretora.

§ 3º Não se consideram negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as pessoas mencionadas neste artigo, desde que tais fundos não sejam exclusivos, nem as decisões de negociação do administrador possam ser influenciadas pelos cotistas.

§ 4º No caso de corretora que não opere diretamente nos recintos ou sistemas de negociação das bolsas, as pessoas a ela vinculadas poderão emitir suas ordens para outras corretoras, destacando tal condição no respectivo contrato.

Artigo 15.- Os operadores especiais podem negociar diretamente em pregão e em sistema eletrônico de negociação e de registro de operações e, somente podem registrar as suas operações por intermédio do membro ou agente de compensação a que estiverem vinculados por contrato.

REPASSE DE OPERAÇÕES

Artigo 16.- Caberá às bolsas o estabelecimento de regras e procedimentos para o repasse de operações realizadas em qualquer dos seus sistemas.

§ 1º As regras referidas no caput deste artigo deverão prever, dentre outros, os procedimentos de constituição do vínculo de repasse, e a forma de identificação e registro das operações deles decorrentes.

§ 2º As regras referidas no caput deste artigo deverão ser submetidas à CVM para aprovação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação a sua implementação.

§ 3º Em qualquer hipótese, o repasse apenas será permitido quando houver contrato específico entre as corretoras e, se for o caso, operadores especiais envolvidos.

§ 4º As operações objeto de repasse devem ser identificadas em conta corrente específica mantida entre as corretoras e, se for o caso, operadores especiais envolvidos, sempre por meio do uso dos códigos identificadores dos clientes.

TIPOS DE ORDEM

Artigo 17.– As bolsas devem regulamentar os tipos de ordens e de ofertas aceitos em seus recintos ou sistemas de negociação, em norma específica submetida à prévia aprovação da CVM, observado o disposto nos arts. 6º e 7º.

Parágrafo único. No caso de a CVM não se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento das regras referidas no caput deste artigo, as mesmas presumir-se-ão aprovadas.

PAGAMENTOS E RECEBIMENTO DE VALORES PELA CORRETORA

Artigo 18º. As corretoras, sempre que efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações realizadas, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:

I – o número da conta-corrente do cliente junto à corretora ou ao intermediário; e

II – quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: “exclusivamente para crédito na conta do favorecido original”, anulando-se a cláusula “à sua ordem”.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, no que couber, aos casos de recebimento, pela corretora, de quaisquer valores de seus clientes.

PROCEDIMENTOS DE AUTO-REGULAÇÃO

Artigo 19.- Compete às bolsas, como órgãos auxiliares da CVM, fiscalizar as atividades dos seus membros e baixar as normas complementares necessárias à execução do disposto nesta Instrução.

§1º As bolsas manterão à disposição da CVM os dados e informações obtidos com as atividades de fiscalização por elas desenvolvidas.

§2º Sempre que, no exercício de sua atividade de fiscalização, as entidades mencionadas no caput deste artigo, verificarem indícios de ocorrência de ilícitos, deverão efetuar imediata comunicação à CVM.

APLICAÇÃO A OUTRAS ENTIDADES

Artigo 20.- As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades de balcão organizado, aos associados das bolsas de mercadorias e de futuros, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, inclusive as instituições autorizadas a prestar serviços de registro, compensação, liquidação ou custódia de valores mobiliários.

ADAPTAÇÃO A ESTA INSTRUÇÃO

Artigo 21.– As bolsas, as entidades de balcão organizado, as sociedades membros das bolsas de mercadorias e futuros, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários deverão adaptar-se aos preceitos desta Instrução, nos seguintes prazos:

I – as bolsas terão 60 (sessenta) dias, contados da entrada em vigor desta Instrução, para encaminhar à CVM regras previstas nos arts. 3º, 16, 17 e 19, §1º, bem como para baixar as normas complementares a esta Instrução;

II – as entidades de balcão organizado terão 120 (cento e vinte) dias, contados da entrada em vigor desta Instrução, para encaminhar à CVM regras previstas nos arts. 3º, 16, 17 e 19, §1º, bem como para baixar as normas complementares a esta Instrução; e

III – as corretoras, os operadores especiais, e os demais participantes que atuem diretamente nos recintos ou sistemas de negociação e de registro de operações das bolsas terão 30 (trinta) dias contados da data da aprovação pela CVM das regras de atuação para elaborar as regras previstas nos arts. 6º, 7º, 8º e 9º, desta Instrução.

Parágrafo único. Enquanto as regras a que se referem os Incisos I, II e III não forem aprovadas pelas bolsas, pelas corretoras e pela CVM, deverão ser observadas as disposições contidas na Instrução CVM nº 220, de 15 de setembro de 1994.

Artigo 22. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no Artigo 11, § 3º, da Lei nº 6.385/76, a infração às normas contidas nos arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 12; 13; 14; 15; 18 e 21;

Artigo 23.- O descumprimento do disposto nos arts. 8º, 9º, 10 e 11 constitui hipótese de infração de natureza objetiva, sujeita a rito sumário de processo administrativo.

Artigo 24.- Fica revogada a Instrução CVM nº 220, de 1994, a partir da entrada em vigor desta Instrução.

Artigo 25.- Esta Instrução entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.

Original assinado por

LUIZ LEONARDO CANTIDIANO
Presidente

01Ene/14

Ley 3.794 de 25 de octubre de 2001, Procedimiento de la acción de Habeas Data

LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE MISIONES SANCIONA CON FUERZA DE LEY

PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA

CAPÍTULO I

Artículo 1º.- Se hallan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, los registros, archivos, bases o bancos de datos de organismos públicos de la provincia o de particulares, destinados a dar informes o susceptibles de generar información, con asiento en el territorio provincial o que generen hechos o actos que se exterioricen o pudieren tener efectos en él, comprendidos en las definiciones contenidas en el Artículo 2º de la Ley Nacional nº 25.326.

Artículo 2º.- Toda persona física o jurídica puede interponer acción de hábeas data para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados, destinados a proporcionar informes o susceptibles de generar información. En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido, la persona afectada podrá exigir su rectificación, actualización, confidencialidad o supresión.

Artículo 3º.- La acción de hábeas data podrá ser ejercida por la persona afectada, tutores, curadores o el padre o madre que ejerzan la patria potestad en el caso de los menores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado. Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales o apoderados que éstas designen al efecto.

Artículo 4º.- La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos y de los privados destinados a proveer informes o susceptibles de generar información.

Artículo 5º.- Será competente para entender en esta acción, el juez del domicilio del actor, el del domicilio del demandado, el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor. Entenderá en la acción de hábeas data cualquier juez de primera instancia de la provincia, sin distinción de fueros, circunscripciones y sin consideración del turno.

Artículo 6º.- No se admitirán la recusación sin causa, excepciones previas, incidentes y recursos, salvo los de apelación previstos en los Artículos 12 y 19 de la presente ley.

Artículo 7º.- Los archivos o bancos de datos que se encuentren autorizados para operar en la provincia y que suministren datos sobre personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma o generen hechos o actos cuyos efectos o consecuencias se desarrollen en el territorio provincial, deberán constituir domicilio a todos los efectos legales y procesales, en el territorio de la provincia de Misiones.

Artículo 8º.- La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario del mismo. En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que, en el archivo, registro o banco de datos individualizado, obra información referida a su persona, los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, violatoria de su intimidad u honor, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la ley. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio, cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, violatorio de su intimidad u honor, falso o inexacto, de la información de que se trate. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los párrafos primero y segundo, debe ser amplio.

Artículo 9º.- El accionante deberá acompañar con la demanda la prueba instrumental de que disponga o la individualizará si no la tuviera en su poder, con indicación precisa del lugar donde se encuentra. En el mismo acto se ofrecerá toda la prueba de que intente valerse.

Artículo 10.- El juez deberá pronunciarse sobre su procedencia formal en el término de dos (2) días. Admitida la acción, el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos, la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá, asimismo, solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente. El plazo para contestar el informe será establecido por el juez, no pudiendo superar los cinco (5) días.

Artículo 11.- Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información requerida, salvo el caso en que pudiera afectar el secreto de las fuentes de información periodística. La confidencialidad de la fuente de información periodística no impide el derecho del afectado de hacer corregir o suprimir los datos erróneos, falsos, discriminatorios, violatorios de su intimidad u honor, que obren en los registros periodísticos.

Artículo 12.- Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, contempladas en el Artículo 17 de la Ley Nacional nº 25.326 o norma que la reemplace en el futuro o por una ley específica, deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados, asegurando el mantenimiento de su confidencialidad. El juez de la causa evaluará con criterio restrictivo toda oposición al envío de la información sustentada en las causas de excepción mencionadas precedentemente. La resolución judicial que insista en la remisión de los datos será apelable dentro del segundo día de notificada. El recurso se interpondrá fundado. La apelación será denegada o concedida, en ambos casos, dentro del segundo día. En caso de ser concedida, será elevada en el transcurso del mismo día.

Artículo 13.- Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquéllas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los Artículos 13 a 15 de la Ley Nacional nº 25.326 o norma que en el futurola reemplace. Deberá también, acompañar la documentación que entienda corresponder.

Artículo 14.- Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres (3) días, ampliar el objeto de la demanda, solicitando la supresión, rectificación,confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres (3) días.

Artículo 15.- De haberse ofrecido prueba, se fijará audiencia para su producción dentro del tercer día de vencidos los plazos establecidos en el Artículo anterior.

Artículo 16.- En caso de que el requerido manifestare que no existe en el registro o banco de datos información sobre el accionante y éste acreditare la verosimilitud de su existencia, el juez podrá ordenar su secuestro. En caso que se comprobare la existencia de la información, ello dará lugar a la aplicación, por el juez, de las sanciones previstas en el Artículo 18 incisos b) y c) y Artículo 22.

Artículo 17.- Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo y, en el supuesto del Artículo 14, luego de contestada la ampliación y habiendo sido producida, en su caso, la prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. En el caso de estimarse procedente la acción, la sentencia ordenará que la información sea suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, según corresponda, estableciendo el plazo para su cumplimiento. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control, que deberá llevar un registro al efecto.

Artículo 18.- En caso de incumplirse con la sentencia y sin perjuicio de la ejecución forzosa y de responsabilidad penal en que incurriese el responsable, el juez podrá disponer, a pedido de parte: a) la aplicación de astreintes cuando el condenado fuere un registro o banco de datos privado; b) la aplicación de multas de tipo personal cuando el condenado fuere un registro o banco de datos público. La multa será aplicada al titular o responsable del organismo del cual dependa el registro o banco de datos y será graduada entre un mínimo igual al monto de una remuneración mensual y hasta un máximo de un monto equivalente a cinco remuneraciones mensuales del funcionario; c) la clausura del registro o banco de datos.

Artículo 19.- La apelación contra la sentencia deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la misma. En caso de que proceda, se concederá al solo efecto devolutivo, dándosele traslado a la otra parte por el mismo plazo. Contestada la vista o vencido el término otorgado, el juez deberá elevar las actuaciones al tribunal de alzada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

Artículo 20.- Se aplicarán supletoriamente, las disposiciones que rigen el proceso de amparo común y el procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

CAPÍTULO II

Artículo 21.- El Ministerio de Gobierno será el órgano de control, con las funciones y atribuciones contenidas en el Artículo 29 de la Ley Nacional nº 25.326. A él le compete habilitar un registro en el que deberán inscribirse todos los archivos, registros, bases o bancos de datos comprendidos en el Artículo 1, en el que se deberá asentar, como mínimo, la información contemplada en el Artículo 21 inciso 2) de la Ley Nacional nº 25.326.

Artículo 22.- Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en caso de responsables o usuarios de bancos de datos públicos, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($1.000) a cien mil pesos ($100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. Para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, se observarán las normas de procedimiento administrativo aplicables.

CAPÍTULO III

Artículo 23.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su promulgación.

Artículo 24.- Los archivos, registros, bases o bancos de datos, destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el registro que se habilite conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el presente régimen, dentro del plazo que al efecto establezca la reglamentación.

Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Posadas, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil uno.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 28 juillet 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des membres des corps militaires de contrôle et à l'administration du personnel militaire et civil en service au contrôle général des armées.

Arrêté du 28 juillet 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des membres des corps militaires de contrôle et à l'administration du personnel militaire et civil en service au contrôle général des armées.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juillet 2005 portant le numéro 1059317,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, au contrôle général des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion du personnel” mis en oeuvre par le bureau ressources humaines et dont la finalité principale est la gestion des membres des corps militaires de contrôle et l'administration du personnel militaire et civil en service au contrôle général des armées.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresses -postale et professionnelle de courrier électronique-, numéro de téléphone, photographie) ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint -nom, prénoms, date et lieu de naissance-, enfants -nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe-) ;

– à la situation militaire (numéro matricule, armée, corps, grade, spécialité) ;

– à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, certificats, qualifications, distinctions, titres de guerre, décorations, langues étrangères connues, formation professionnelle -nature et date des cours, stages ou autres actions de formation-) ;

– à la vie professionnelle (identifiant défense, recrutement, statut -fonctionnaire et ouvrier d'Etat-, date d'affectation, contrat -durée, date de fin de contrat-, grades, échelons, position administrative, congés et permissions, absences et motifs d'absences, numéro et date d'expiration de la carte de circulation SNCF, niveau d'habilitation et date d'échéance, notations, avancement) ;

– à la santé (calendrier des visites médicales).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la rupture du lien du militaire ou de l'agent avec le contrôle général des armées.

La conservation des données à caractère personnel relatives aux motifs d'absences est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel ainsi enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les agents chargés des opérations administratives concernant les intéressés ;

– les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

– les directions des personnels militaires et civils ;

– les membres des corps d'inspection.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du contrôle général des armées (bureau ressources humaines, sections corps de contrôle, personnel militaire et personnel civil), 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.

Article 6. Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées, D. Conort

01Ene/14

Ley 7.261 de 31 de agosto de 2004, de creación del Registro de Empresas Privadas de Información de Deudores (REPID) (B.O. 15 octubre de 2004)

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de

 

L E Y:

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Provincia de Mendoza, el Registro de Empresas Privadas de Información de Deudores (R.E.P.l.D.).

 

Artículo 2º.- A efectos de la aplicación de la presente ley se establece que:

 

a) Será responsable de archivo, registro, base o banco de datos: la persona física o de existencia ideal, pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

 

b) Será empresa privada de información de deudores: toda persona física o de existencia ideal que suministre, a título gratuito u oneroso, información que contenga antecedentes comerciales, financieros y/o bancarios, contenida en archivos, registros, banco o base de datos.

 

c) Será información sensible: información que contenga antecedentes comerciales, financieros y/o bancarios de cualquier persona física o jurídica que tenga domicilio o sucursal en la Provincia de Mendoza, haya sido ésta entregada a algún usuario de datos o no.

 

d) Será titular de los datos: toda persona física o persona de existencia ideal, con domicilio legal, delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.

 

e) Será usuario de datos: toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de información sensible, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

 

f) Será aportante de información: toda persona física o jurídica que aporte información a responsables de archivo, registro, base o banco de datos y/o a cualquier empresa privada de información de deudores.

 

g) Será informado: toda persona física o jurídica que sea considerada en carácter de deudor moroso por responsables de archivo, registro, base o banco de datos y/o a cualquier empresa privada de información de deudores.

 

Artículo 3º – Será obligatoria la inscripción en el registro creado en el Artículo 1º, para todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley.

 

Artículo 4º – El único uso permitido de la información sensible es el análisis de riesgo comercial y/o crediticio, quedando los usuarios de datos, respecto a éstos, sujetos a las siguientes condiciones:

 

a) Prohibición de ceder, a cualquier título, los datos sensibles obtenidos.

 

b) Obligación de confidencialidad.

 

c) Arbitrar los medios para que sean administrados con la mayor reserva, individualizándose a los responsables con acceso a los mismos.

 

Artículo 5º – Las personas enunciadas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, deberán requerir a todo aportante y/o usuario de datos, como mínimo, lo siguiente:

 

a) Constancia del número de CUIT o CUIL.

 

b) Inscripción ante la Dirección General de Rentas.

 

c) Declaración jurada del destino de la información.

 

La información obtenida deberá conservarse en un archivo debidamente individualizado y actualizado.

 

Cuando fuesen usuarios de datos habituales, bastará con una sola declaración jurada, respecto al uso de toda la información sensible a que accedan, siempre que la misma tenga un fin idéntico.

 

Artículo 6º – Son objetivos de la presente ley:

 

a) Controlar el cumplimiento de los requisitos para el suministro de información sensible suministrada por las empresas encuadradas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto por Ley Nacional nº 25.326.

 

b) Suministrar a los titulares de datos y/o usuarios de datos, sean personas físicas o jurídicas, una vía ágil de reclamo en caso de suministro de información sensible errónea.

c) Velar por la calidad, certeza y genuinidad de la información contenida en archivos, registros, bases o bancos de datos.

 

Artículo 7º – El organismo de aplicación de la presente ley será la Dirección de Fiscalización y Control y Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía, y serán sus funciones y atribuciones:

 

a) Constituir y administrar el registro creado en el Artículo 1º de la presente ley, determinando para ello los requisitos indispensables para que las personas a que hace referencia el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, puedan desarrollar su actividad en la Provincia de Mendoza, otorgando el certificado de registro correspondiente.

 

b) Establecer las normas que deben cumplir las empresas registradas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso precedente, a efectos de que las mismas provean un servicio de información que cumpla con los objetivos detallados en el Artículo 6º.

 

c) Llevar a cabo controles acerca de la calidad y veracidad de la información suministrada por las empresas registradas.

 

d) Establecer los montos que deban abonar las empresas involucradas en concepto de inscripción, mantenimiento de registro, inspección y toda otra tarea que el organismo de aplicación entienda necesaria a los fines del efectivo cumplimiento de la presente ley.

 

e) Sancionar a las personas encuadradas en el Artículo 2º, incisos a), b), e) y f) de la presente ley, en caso de perjuicios a los informados, ocasionados por información errónea, mal uso de la misma o por violaciones a las prescripciones contenidas en la presente ley.

 

f) Ordenar a las personas encuadradas en el Artículo 2º, incisos a), b), e) y f) de la presente ley, la modificación de información errónea o inexacta, con expresa indicación de la disposición.

 

g) Difundir, por los medios que considere idóneos, las resoluciones adoptadas en el marco de la presente ley, con cargo al responsable del error, equívoco o infracción.

 

h) Establecer disposiciones a fin de alcanzar los objetivos planteados en la presente ley.

 

Artículo 8º – Las personas enunciadas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, serán responsables de la veracidad de la información de su base de datos. Deberán tomar todos los recaudos necesarios respecto a la información que le incorporan, quedando a su criterio las acciones a tomar contra un aportante que brinde información errónea o que no actualice en tiempo y forma la misma o no la rectifique cuando corresponda.

 

Asimismo, deberán llevar un registro detallado de los aportantes de información.

 

Artículo 9º – A la información habitual que suministran las personas enunciadas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, deberán agregar indefectiblemente una categorización de los morosos, conforme establezca el organismo de aplicación, a cuyo efecto cada registro deberá contener, por lo menos, la siguiente información:

 

a) Fecha de origen de la obligación u operación comercial original.

 

b) Fecha de pago o vencimiento de la obligación.

 

c) Antigüedad de la mora.

 

d) Fecha de origen de la mora.

 

e) En caso de pagos en cuotas, número de la cuota o cuotas en mora, con indicación del total de cuotas pactadas.

 

f) Causal de la mora, en cuyo caso se deberá detallar, como mínimo, lo siguiente:

 

-Si el informado es titular, co-titular, garante o co-garante del crédito por el que está en mora.

-Si la mora es consecuencia de retenciones no abonadas por su empleador o agente de retención, con indicación del mismo.

 

g) Garantía del crédito por el que registra la mora.

 

Artículo 10.- Aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, sólo podrán efectuar incorporaciones a su base de datos si se cumplen los siguientes requisitos:

 

a) Poseer copia de la documentación que dio origen a la operación.

 

b) La información suministrada por aportante o usuarios de datos, debe estar firmado por un responsable debidamente acreditado como tal.

 

c) La información respecto a la mora, debe estar respaldada por la documentación en la que conste la situación.

 

d) Los que dispongan oportunamente el organismo de aplicación.

 

Artículo 11 – Queda expresamente prohibido a las personas enunciadas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley:

 

a) Cobrar por la información suministrada a un informado, siempre que ésta sea referida a él mismo.

b) Establecer condiciones a los usuarios de datos que impliquen cualquier forma de compromiso a no otorgar crédito a informados, por el sólo hecho de revestir en esta condición.

 

Artículo 12 – Las personas enunciadas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, cuando realicen cobranzas de deudas cuyo titular sea un usuario de datos o un aportante, deberán informar a éste de tal hecho dentro de las veinticuatro (24) horas de realizada la cobranza y proceder a la modificación de la base en el mismo lapso de tiempo, asentando la novedad. Asimismo, los aportantes y/o usuarios de datos deben notificar a las personas enunciadas en el Artículo 2º, incisos a) y b) de la presente ley, cuando realicen cobranzas de informados, dentro de las veinticuatro (24) horas de realizada la cobranza, para que dicha novedad sea inmediatamente registrada por éstos.

 

Artículo 13 – Toda persona puede solicitar información al organismo de aplicación relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

 

Artículo 14 – Queda expresamente prohibido a los aportantes de información suministrar datos que no estén expresamente indicados en el documento que da origen a la transacción, o en documentos anexos y/o que no cuenten con la conformidad por escrito de las partes involucradas, en especial lo relativo a pagos parciales, a cuentas de mayor monto, intereses (tipos, forma de cálculo, vencimiento y demás aspectos de los mismos), gastos administrativos, gestiones de cobranzas y toda otra información que el organismo de aplicación entienda que deba ser incluida en la documentación y previamente pactada entre las partes.

 

Artículo 15 – Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con las siguientes penas, las que no son excluyentes, y se aplicarán en función a la gravedad y consecuencia de la falta, debiendo tomarse en cuenta los antecedentes y reincidencias:

 

a) Apercibimiento.

b) Multa.

c) Clausura temporaria.

d) Clausura definitiva.

 

El importe de las multas oscilará entre los valores establecidos conforme al inciso b), del Artículo 57 de la Ley nº 5547.

 

Artículo 16 – La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

 

Artículo 17 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Dada en el recinto de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza,  a los treinta y un días del mes de agosto del año dos cuatro.

 

Mauricio Suárez – Luis Alfonso Petri – Raúl Horacio Vicchi – Jorge Manzitti

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Délibération n° 2006-198 du 14 septembre 2006 portant avis sur le projet d'arrêté créant, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers, enregistrées dans le système de contrôle des départs des transporteurs aériens.

Délibération nº 2006-198 du 14 septembre 2006 portant avis sur le projet d'arrêté créant, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers, enregistrées dans le système de contrôle des départs des transporteurs aériens.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par le ministère de l'intérieur d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers, enregistrées dans le système de contrôle des départs des transporteurs aériens, en application de l'article 7 de la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive nº 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 26 ;

Vu l'article 7 de la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Emet l'avis suivant :

La commission a été saisie, le 18 juillet 2006, par le ministère de l'intérieur d'un dossier de formalités préalables accompagné d'un projet d'arrêté portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers, enregistrées dans le système de contrôle des départs des transporteurs aériens, dénommé “fichier des passagers aériens” (FPA), en application de l'article 7 de la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

La commission constate que ce traitement a pour finalités l'amélioration du contrôle aux frontières, la lutte contre l'immigration clandestine et la prévention et la répression des actes de terrorisme.

Ce traitement relève de l'article 26-I (1° et 2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La commission relève que le ministère de l'intérieur distingue, à juste titre, dans l'annexe II du projet d'arrêté, les services ayant accès à l'application, d'une part, au titre du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine et, d'autre part, au titre de la lutte contre le terrorisme. Cette liste n'appelle pas de remarques particulières de la commission.

La commission constate que l'interconnexion, prévue à l'article 7-III de la loi du 23 janvier 2006, conduit à une vérification systématique des données parvenues au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police de l'air et des frontières) au titre du FPA par rapport au fichier des personnes recherchées (FPR) et au système d'information Schengen (SIS). La mention “connu” ou “inconnu” est alors ajoutée au fichier FPA pour chaque voyageur.

La commission observe, cependant, que la mention “connu” ou “inconnu” figurant dans le FPA ne sera pas mise à jour. Or cette notion peut être évolutive dans le temps. La CNIL demande, par conséquent, que l'effacement de cette mention “connu” ou “inconnu” intervienne dans un délai de vingt-quatre heures, par un dispositif technique similaire à celui mis en oeuvre pour bloquer l'accès des agents chargés de l'immigration, afin d'éviter le maintien d'informations périmées au sein du FPA. Par ailleurs, la commission rappelle que les services chargés de la lutte contre le terrorisme disposent d'un accès direct au FPR.

La commission estime que l'exercice du droit d'accès prévu par l'article 6 du projet d'arrêté sera dépourvu d'effet si l'arrêté n'est pas publié et donc le traitement non connu.

La commission demande à être saisie, préalablement à leur diffusion, des modèles de notes d'information destinées aux passagers concernés. Elle rappelle que celles-ci devront préciser les destinataires des informations recueillies, les finalités de ce recueil obligatoire et les modalités des droits d'accès et de rectification.

Dans l'hypothèse où l'arrêté, en application de l'article 3 du projet de décret fixant à titre expérimental les modalités de transmission au ministère de l'intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens, ne serait pas publié, le sens de l'avis de la commission à publier à l'appui de ce décret est favorable.

Le président, A. Türk

01Ene/14

Ley de Burós de Información Crediticia nº 13 de 29 septiembre 2005 (Registro Oficial 127 de 18 de octubre de 2005)

 

EL CONGRESO NACIONAL CONSIDERANDO:

Que el artículo 81 de la Constitución Política de la República, establece que el Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad;

Que es necesario dictar una ley que permita a las instituciones del sistema financiero, a las del sistema de seguros privados, a las del sistema nacional de seguridad social y a las del sector real de la economía, contar con información completa que les permita tomar adecuadas decisiones de riesgo, con la finalidad de proteger los intereses de los depositantes y del público en general;

Que es fundamental proteger el derecho de los titulares de la información de crédito respecto a que ésta sea correcta y veraz, y, en adición, que no lesione su derecho constitucional a la intimidad personal o familiar; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:

 

LEY DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA

TÍTULO I.-  DE LOS BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA

 

Artículo 1.– Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de los burós de información crediticia, cuya actividad exclusiva será la prestación de los servicios de referencia crediticia.

 

Artículo 2.- Para efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como:

burós de información crediticia (burós).- Son las sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la prestación de servicios de referencias crediticias del titular de la información crediticia.

Titular de la información crediticia.- Es la persona, natural o jurídica, a la que se refiere la información de riesgos crediticios.

Fuentes de información.- Son las personas que, debido a sus actividades poseen información de riesgos crediticios.

Cliente de los burós de información crediticia.– Es toda persona legalmente autorizada que contrata con los burós la prestación de servicios de referencias crediticias.

Información prohibida.- Es aquella que, por lesionar el derecho a la intimidad personal o familiar garantizado por la constitución Política de la República, los burós no pueden recolectar, almacenar, organizar, interconectar en sus bases de datos o, en general, incluir en un reporte de riesgos.

Base de datos.- Es el conjunto de información de riesgos crediticios, administrada por los burós, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, organización, almacenamiento, sistematización, seguridades o acceso.

Información de Riesgos Crediticios.- Es aquella relacionada con obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, contractuales, de seguros privados y de seguridad social, de una persona natural o jurídica, pública o privada, que sirva para identificarla adecuadamente y determinar sus niveles de endeudamiento y en general de riesgos crediticios.

 

Artículo 3.- Los servicios de referencias crediticias, sólo podrán ser prestados por los burós autorizados para operar por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Los burós se constituirán como sociedades anónimas, cuyo objeto social exclusivo debe ser la prestación de servicios de referencias crediticias. En su denominación se incluirá obligatoriamente la frase: “Buró de Información Crediticia”.

La aprobación de la constitución de los burós, que conlleva el permiso de operación, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros, a cuyo control y vigilancia estarán sometidos en forma exclusiva.

Para aprobar la constitución de un Buró la Superintendencia de Bancos y Seguros calificará la idoneidad, responsabilidad y solvencia de los accionistas, haciendo uso de las mismas normas legales y reglamentarias aplicables a la calificación que hace de los accionistas de instituciones financieras.

Igual calificación sobre idoneidad, responsabilidad y solvencia será necesaria para la transferencia de acciones de un Buró, en forma previa a su iinscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, siendo aplicables, para este efecto, las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Los clientes de un Buró y las instituciones del sistema financiero sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, no podrán directa ni indirectamente, ni a ningún título, ser accionistas, socios o miembros de los burós de información crediticia.

 

Artículo 4.- El capital social mínimo requerido para la constitución de los burós, deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de su constitución. Su cuantía será fijada por resolución general de la Superintendencia de Bancos y Seguros; pero en ningún caso será inferior a cien mil dólares de los Estados Unidos de América.

 

TÍTULO II.- DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA

Artículo 5.- La información de riesgos que obtengan y mantengan los burós tendrá por exclusiva finalidad destinarla a la prestación del servicio de referencias crediticias y deberán mantenerla en el país.

La información histórica crediticia requerida sobre personas naturales y jurídicas, no podrá exceder de 6 años, por tanto, a los burós de información crediticia les está prohibido expresamente recabar y proporcionar información anterior a este límite.

Sólo con el conocimiento pleno y la autorización previa del titular de la información crediticia, en cada operación, los burós de crédito podrán obtener y mantener en sus archivos la nueva información crediticia distinta de aquella proveniente de la Central de Riesgos. En este caso, los clientes de los burós pondrán en conocimiento de los titulares de la información crediticia, lo siguiente:

a) La existencia de las bases de datos que administran los burós, su finalidad y los potenciales destinatarios de la información

b) La identidad y dirección de los burós que recepten la información

c) Las posibles consecuencias del uso de la información y,

d) Los derechos que les asisten.

El Buró de crédito que obtenga y archive esa información, con la simple solicitud del titular de la información y sin ningún otro trámite obligatoriamente, deberá entregársela tantas y cuantas veces la requiera, de forma irrestricta y totalmente gratuita.

La información crediticia será ilícita, exacta y veraz, de forma tal que responda a la situación real de su titular en determinado momento. En cada reporte los burós deberán especificar la fecha a la que corresponde la información.

Los titulares de información crediticia pueden proporcionar directamente a los burós su propia información, en cuyo caso los burós deberán informarles previamente lo señalado en las letras a), b), c) y d) de este artículo.

La información proveniente de la Central de Riesgos, no requiere autorización.

 

Artículo 6.- Los burós solo podrán recolectar, acopiar, almacenar, actualizar, grabar, organizar, sistematizar, elaborar, seleccionar, confrontar, interconectar en sus bases de datos, información referente al riesgo crediticio.

En consecuencia, no podrán manejar la siguiente información:

a) Aquella que, por afectar el derecho a la intimidad personal o familiar, lesione las garantías previstas en los numerales 8, 11 y 21 del artículo 23 de la constitución Política de la República, a través de la difusión de características físicas, morales o emocionales de una persona o cualquier otra información relacionada con circunstancias de su vida afectiva o familiar, hábitos personales y de consumo, ideologías, opiniones Políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físico o psicológico, vida sexual o información ggenética; así como toda violación a las garantías previstas por las leyes, tratados y convenios internacionales; y,

b) La información que de conformidad con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se encuentre protegida por el sigilo bancario, así como la información del patrimonio personal y familiar, las cuales solo pueden ser entregadas por expresa orden judicial.

El Buró no podrá recolectar, procesar o difundir la información prohibida expresamente en este artículo, aunque cuente con la autorización del titular de la información en todo caso, quien se considere afectado por la violación del presente artículo podrá iniciar las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

 

Artículo 7.- Los burós sólo podrán prestar servicios de referencias crediticias a clientes debidamente identificados.

Solo podrán ser clientes de los burós de información crediticia:

a) Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros;

b) Las personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades legalmente autorizadas y que otorguen crédito; y,

c) Las personas naturales que se dediquen a actividades económicas, que cuenten con el Registro Único de Contribuyentes actualizado y que otorguen crédito.

Los burós no podrán comercializar a título universal sus bases de datos ni entregar toda la información crediticia contenida en las mismas, ni podrán dar a conocer esta información por medios de comunicación colectiva tales como radio, prensa, televisión u otros medios.

 

TÍTULO III.- DE LA DEFENSA DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA

Artículo 8.- Los clientes de los burós y cualquier otra persona que por diversas causas lleguen a tener acceso a reportes emitidos por los burós (incluyendo a funcionarios, empleados, agentes, entre otros), deberán obligatoriamente guardar confidencialidad sobre la información contenida en ellos, siendo prohibido utilizarla para fines distintos del análisis de riesgo crediticio.

Quien empleare o divulgare indebidamente la información contenida en un reporte de crédito o alterare la información proporcionada por la fuente, estará sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 201 del Código Penal, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades civiles a las que hubiere lugar.

 

Artículo 9.- El titular de la información crediticia tendrá derecho a:

a) Conocer si en la base de datos de un Buró existe información sobre sí mismo y acceder a ella sin restricción alguna; y,

b) Exigir de la fuente de información crediticia, la rectificación de la información ilegal, inexacta o errónea y comunicarla al Buró para que éste, de ser el caso, la rectifique.

Dentro del plazo de quince días desde la presentación de la solicitud, las fuentes de información crediticia obligatoriamente la rresolverán, por escrito, admitiéndola o rechazándola motivadamente y poniendo en conocimiento de los burós autorizados para operar. Hasta tanto, sin perjuicio de continuar incluyÈndola en los reportes de riesgos que emitan, los burós anunciar·n que la información materia de la solicitud está siendo revisada a pedido del titular.

Si se concluye que la información materia de impugnación del titular es ilegal, inexacta o errónea, el Buró, por cuenta de la fuente de información crediticia, inmediatamente enviará comunicaciones rectificatorias a todos quienes hubieren recibido reportes conteniéndola.

 

Artículo 10.- Los burós y las fuentes de información crediticia serán legalmente responsables por los daños ocasionados al titular como consecuencia de la transmisión de información ilegal, inexacta o errónea y, por tanto, no estarán exonerados alegando ausencia de dolo o de culpa.

La responsabilidad de las fuentes es entregar información a los burós de manera exacta y legal; la responsabilidad de los burós es reportarla sin alteración o modificación alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, en los procesos promovidos contra los burós, Èstos podrán pedir que se cite También con la demanda a la o las fuentes de las que hubieren obtenido la información crediticia materia del proceso, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 94 del Código de Procedimiento Civil.

También responder·n por los daños causados al titular de la información crediticia, quienes utilicen dolosa o culposamente informaciones o reportes provenientes de los burós. El afectado podrá demandar indemnización, cuando la información errónea no ha sido rectificada por los burós.

 

TÍTULO IV.- DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 11.- Corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros imponer sanciones administrativas y disponer medidas correctivas a los burós que infrinjan las disposiciones de esta Ley y las normas emitidas por la Junta Bancaria.

 

Artículo 12.- Son infracciones administrativas:

a) Cualquier violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 6 de esta Ley; y,

b) El desconocimiento de cualquiera de los derechos de los titulares de la información crediticia determinados en esta Ley.

 

Artículo 13.- En caso de que un Buró violare las disposiciones de esta Ley o de la normativa expedida por la Junta Bancaria o no acatare las instrucciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ésta impondrá las siguientes sanciones:

a) Multas de entre tres mil y veinte mil dólares por cada caso;

b) En caso de reincidencia, suspensión por hasta seis meses del permiso de operación; y,

c) Si es nuevamente reincidente, cancelación del permiso de operación, lo que conlleva la orden de disolver y liquidar al respectivo Buró.

 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las personas naturales y jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades vinculadas a las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, no podrán directa ni indirectamente ni a ningún título, ser accionistas, socios o miembros de los burós de información crediticia.

 

SEGUNDA.- Cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros tuviere noticias de que otras personas naturales o jurídicas, distintas a los burós, han realizado o están realizando operaciones reservadas a éstos, efectuará las investigaciones del caso de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y de ser necesario ordenará la suspensión inmediata de dichas operaciones, para cuyo efecto podrá contar con el auxilio de la fuerza pública. El Superintendente de Bancos y Seguros pondr· los hechos en conocimiento del Ministerio público.

TERCERA.- Corresponde a la Junta Bancaria dictar las normas de car·cter general para la organización, funcionamiento, control y demás aspectos relacionados con los burós, incluyendo su liquidación.

 

CUARTA.- En todo lo no previsto en esta Ley, regirán supletoriamente la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Compañias y otras leyes aplicables.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

 

PRIMERA.- Los burós de información crediticia creados al amparo de las normas emitidas por la Junta Bancaria, deberán ajustar sus estatutos sociales, su organización y funcionamiento a lo previsto en esta Ley, en el plazo de noventa días contados desde su publicación en el Registro Oficial; caso contrario, la Superintendencia de Bancos y Seguros ordenará de oficio su disolución y liquidación.

 

SEGUNDA.- Los clientes de los burós de información crediticia que actualmente sean accionistas de los mismos, deberán efectuar la respectiva desinversión dentro de los ciento ochenta días contados desde la publicación de esta Ley en el Registro Oficial.

 

ARTÍCULO FINAL.– La presente Ley entrar· en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte y nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques.

Décret nº 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 227-23 et 410-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 45 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment son article 24 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Article 1. Les articles R. 20-44-27 à R. 20-44-33 du code des postes et des communications électroniques constituent la section 1 intitulée ” Numérotation “ du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie

Article 2. Il est créé, au même chapitre, une section 2 intitulée ” Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet “ ainsi rédigée :

” Section 2


” Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet


” Paragraphe 1er


” Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national

” Art. R. 20-44-34. – Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques sont dénommées “offices d'enregistrement.

” Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées “bureau d'enregistrement.

” Art. R. 20-44-35. – Chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant notamment, s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application de l'article R. 20-44-36.

” Art. R. 20-44-36. – La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :

” – les règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine ;

” – les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;

” – les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics ;

” – les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;

” – les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

” – la mise en place de procédures de règlement des différends ;

” – les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

” – la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.

” Art. R. 20-44-37. – Chaque office est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine.

” Art. R. 20-44-38. – La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.

” Art. R. 20-44-39. – Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

” Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.

” Art. R. 20-44-40. – Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.

” La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

” Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.

” Art. R. 20-44-41. – Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation.

” Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée.

” Paragraphe 2


” Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national

” Art. R. 20-44-42. – Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe.

” Art. R. 20-44-43. – I. – Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

” II. – Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.

” III. – Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.

” IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :

” – par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;

” – par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.

” Art. R. 20-44-44. – Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.

” Art. R. 20-44-45. – Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

” Art. R. 20-44-46. – Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

” Art. R. 20-44-47. – Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal.

” Paragraphe 3


” Rôles des offices et bureaux d'enregistrement

” Art. R. 20-44-48. – Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

” Art. R. 20-44-49. – Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.

” Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.

” Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :

” – lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques;

” – en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.

” Art. R. 20-44-50. – L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.

” Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.

” Paragraphe 4


” Dispositions particulières

” Art. R. 20-44-51. – Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. “

Article 3. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2007.

 

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

01Ene/14

Ley del Sistema Nacional Ecuatoriano de Registro de Datos Públicos de 24 de marzo de 2010 (Suplemento Registro Oficial nº 162 de 31 de marzo de 2010).

Quito, 24 de marzo de 2010

Señor Luis Fernando Badiño

Director del Registro Oficial, Enc.

Ciudad

De mi consideración:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS.

En sesión de 18 de marzo de 2010, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el articulo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS;

para que se sirva publicarla en el Registro Oficial.

Atentamente,

Dr. Francisco Vergara O., Secretario General.

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución vigente señala que la República del Ecuador es un Estado Constituciónal de Derechos y Justicia, lo que da cuenta de la enorme importancia que se otorga a los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza;

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución, determina que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en ella, lo cual implica la obligación estatal de adecuar formal y materialmente, las leyes y normas de inferior jerarquía a la Constitución y los instrumentos internacionales, e implementar las normas que sean necesarias para garantizar la dignidad del ser humano;

Que, el artículo 18 en su numeral segundo establece que es derecho de todas las personas el acceso a la información generada en instituciones públicas, o privadas que manejen fondos públicos o realicen funciones públicas. Además del derecho de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;

Que, el artículo 66 numerales 19 y 28 garantizan los derechos a la identidad personal y colectiva y a la protección de datos de carácter personal, el cual incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección;

Que, la misma disposición constituciona en su numeral 26 garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas; cuya conformación, transferencia y consolidación jurídica, requiere de un registro fiable;

Que, la misma norma. constitucional, en su numeral vigésimo quinto, establece el derecho de las personas a acceder a servicios públicos de calidad para, lo cual se requiere una debida estructuración institucional, quegarantice los derechos de las personas y contribuya a brindar servicios de calidad, con efifiencia, eficacia y buen trato;

Que, el artículo 85, numeral primero, de la Constitución establece que las políticas públícas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientará a hacer efectivo el buen vivir;

Que, el artículo 92 de la Carta Magna, dispone que toda persona tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico;

Que, la Primera Disposición Transitoria, numeral octavo, del mismo cuerpo normativo, establece que en el plazo de trescientos sesenta días, se aprobará la ley que organice los registros de datos, en particular los registros: civil, de la propiedad y mercantil y que en todos los casos se establecerá sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales;

Que, la Constitución del Ecuador, en su artículo 265 establece que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre la Función Ejecutiva y las municipalidades;

Que, en el Plan Nacional de Descentralización promulgado mediante Decreto Ejecutivo 1616, se establece en su punto 4, sección segunda, que el Gobierno Nacional mantendrá la fijación de políticas y normas nacionales para mejoramiento de catastros, como parte del sistema nacional de catastros y la· prestación de asistencia técnica a los municipios, Registro de la Propiedad con los catastros de las municipalidades; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral sexto del articulo 120 de la Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

(Sustituyese el término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

CAPÍTULO I.- FINALIDAD, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Finalidad y Objeto.– La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros.

(Sustitúyese el término Registro de Datos Públicos por Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos

El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente ley rige para las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias u usuarios de los registros públicos.

CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

(Sustitúyese el término Registro de Datos Públicos por Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos

Artículo 3.- Obligatoriedad.- En la ley relativa a cada uno de los Registros o en las disposiciones legales de cada materia, se determinará los hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; así como la obligación de las registradoras o registradores a la certificación y publicidad de los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley.

Los datos públicos registrales deben ser completos, accesibles, en formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables, y pertinentes en relación al ámbito y fines de su inscripción.

La información que el Estado entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos.

(Derogase el artículo 3 en base a la Disposición Derogatoria Tercera de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 4.- Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.

Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción legal.

La Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos establecerá los casos en los que deba rendirse caución.

(Sustituyese el término Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos por Dirección Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 5.- Publicidad.– El Estado, de conformidad con la Ley, pondrá en conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos, la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos.

Artículo 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal. El acceso a estos datos, solo será posible cuando quien los requiera se encuentre debidamente legitimado, conforme a los parámetros previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su respectivo reglamento y demás normativa emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales.

Al amparo de esta Ley, para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas cualquier solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará del mismo y consignar sus datos básicos de identidad, tales como nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el titular de la información pueda ejercer.

La Directora o Director Nacional de Registros Públicos, definirá los demás datos que integran el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad. (Nueva redacción dada por la Disposición Reformatoria Segunda, apartado f de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 7.- Presunción de legalidad.- La certificación registral da fe pública, investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por decisión judicial.

Artículo 8.- Rectificabilidad.- Los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que la ley señale.

CAPÍTULO III.- NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS REGISTROS PÚBLICOS

Artículo 9.- De las certificaciones.- La certificación registral, constituye documento público y se expedirá a petición de la interesada o interesado, por disposición administrativa u orden judicial.

Artículo 10.- Precedencia.- El último registro de un dato público prevalece sobre lo anteriores o sobre otros datos no registrados, con las excepciones que la ley disponga.

Artículo 11.- Valor Probatorio.- La información de los datos públicos registrales legalmente certificados, constituye prueba. Se podrá certificar toda clase de asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente señala.

(Sustituyese el término datos públicos registrales por la expresión datos públicos y datos personales registrables, de acuerdo con lo estipulado en la Disposición Reformatoria 1.e de la Ley Orgánica de Protección de Datos)

Artículo 12.- Medios Tecnológicos.- El Estado, a través del ministerio sectorial con competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá las políticas y principios para la organización y  coordinación de las acciones de intercambio de información y de bases de datos entre los organismos e instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el ministerio sectorial de las telecómunicaciones y de la sociedad de la información.

Artículo 13.- De los registros de datos públicos.- Son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil. Societario. Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual, y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes vigentes.

Los Registros ,son dependencias públicas. desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los terminos de la presente ley, y sujetos al control, auditoria y vigilancia dela Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información pública, conforme se determine en el Reglamento que expida la Dirección Nacional ..

(Sustituyese el término registro de datos públicos por Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda 1.c de la Ley Orgánica de Protección de Datos

Artículo 14.- Funcionamiento de los registros públicos.– Los registros públicos y demás oficinas que manejeninformación relacionada con el objeto de esta Ley administrarán sus bases de datos en coordinación con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Sus atribuciones, responsabilidades y funciones serán determinadas por la ley pertinente a cada registro y por el Reglamento a la presente ley.

Artículo 15.- Administración de registros.- Los registros, llevarán la infomación de modo digitalizado, con soporte físico, en la forma determinada por la presente ley y en la nonmativa pertinente para cada registro, en lo que respecta a:

1.- Registro Civil: Llevará su registro bajo el sistema de información personal;

2.- Registro de la Propiedad: Llevará su registro bajo el sistema de información cronológica, personal y real; y,

3.- Registro Mercantil: Llevará su registro bajo el sistema de infonnación cronológica, real y personal.

En los demás registros, según corresponda, se aplicará lo dispuesto en los numerales antes descritos.

Artículo 16.- Folio Personal.- Es el sistema de anotación de hechos y actos jurídicos que se lleva de acuerdo a la persona que los causa o sobre quien recae. En este sistema la o el responsable del registro procederá a registrar: nombres, apellidos y datos del titular de la información y en el caso del registro de la propiedad, la descripción del inmueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, y el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de certificados; y en el caso de registro mercantil y civil, el nacimiento o creación de la persona, todas las modificaciones del estado civil o societarias y su muerte o extinción.

Artículo 17.- Folio Real.- Es el sistema de anotación de actos jurídicos que se llevan de acuerdo al objeto del que trata el registro. La información consistirá en la descripción del inmueble o mueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular y el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, y las constancias de solicitudes de certificados.

Artículo 18.- Folio Cronológico.- Es el registro de los titulos, actos y documentos cuya inscripción se solicita, que se efectúa de acuerdo al orden en que esta petición ocurre. Este sistema incluye al menos un libro índice y un repertorio, en ellos se asentarán todos los datos referentes a la persona, inmueble o mueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular y el título causal. los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones. y las constancias de solicitudes de certificados; asi como en el caso de las personas jurídicas las modificaciones y todo acto societario que se presente.

Artículo 19.- Registro de la Propiedad.- De conformidad con la Constitución de la República., el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de; Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional.

Los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y facultades del Registro Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos disponga su creación y funcionamiento.

Las Registradoras o Registradores de la propiedad deberán ser de nacionalidad ecuatoriana, abogadas o abogados y acreditar ejercicio profesional por un perípdo mínimo de 3 anos y los demás requisitos que la ley prevé para el ejercicio del servicio público y Ley del Registro. El concurso de méritos y oposición será ors;mizado y ejecutado por la municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana. Una vez concluido el proceso, la Alcaldesa o Alcalde procederá al nombramiento del postulante que mayor puntuación hubiere obtenido, por un periodo fijo de 4 anos, quien podrá ser reelegida o reelegido por una sola vez.

Las Registradoras o Registradores podrán ser destituidas ó destituidos de sus cargos por incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobado, de conformidad con la presente ley, su reglamento y las demás normas que regulen el servicio público.

También podrán ser destituidos en los casos en los que impidan o dificulten la conformación y funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, de conformidad con el reglamento de la presente ley.

Artículo 20.- Registro Mercantil.- Los registros mercantiles serán organizados y administrados por la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para la conformación e integración al sistema.

Para ser Registradora o Registrador Mercantil se cumplirán los mismos requisitos que para ser Registradora o Registrador de la Propiedad inmueble y serán designadas mediante concurso público de oposición y méritos, por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos. El nombramiento se hará por un periodo fijo de 4 años que podrá ser reelegida o reelegido por una sola vez.

Corresponde a la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos autorizar la creación, supresión o unificación de oficinas registrales, acorde a la realidad comercial, provincial y cantonal.

Artículo 21.- Cambio de información en registros o bases de datos.- La o el titular de los datos podrá exigir las modificaciones en registros o bases de datos cuando dichas modificaciones no violen una disposición legal, una orden judicial o administrativa. La rectificación o supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos de terceras o terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente resolución administrativa o sentencia judicial.

Artículo 22.- Control Cruzado.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se encargará de organizar un sistema interconexión cruzado entre los registros público y privado que en la actualidad o en el futuro administren bases de datos públicos de acuerdo a lo establecido en esta Ley y en su Reglamento.

Artículo 23.- Sistema Informático.- el sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos, y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información adecuado que reciba. capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos registrados.

El Sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los registros y entidades, estatal y del mismo se podrán  conceder licencias de uso estatal y del mismo se podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que correspondan con las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 24.- Interconexión.– Para la debida aplicación del sistema de control cruzado nacional. los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse buscando la simpliticación de procesos y el debido control de la información de las instituciones competentes.

El sistema de control cruzado implica un conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que interactúan y se retroalimentan.

Artículo 25.- Información física y electrónica.- Para efectos de la sistematización e interconexión del registro de datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la información en soporte fisico como determinan las diferentes normas de registro,  los distintos registros deberán transferir la información a formato digitalizado.

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos definirá el sistema inforrmático para el manejo y administración de registros y bases de datos, el cual regirá en todos los registros del país.

Artículo 26.- Seguridad.- Toda base informática de datos debe con su respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estanderes técnicos y plan de contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública.

Artículo 27.– Responsabilidad del manejo de las licencias.- Las Registradoras o Registradores y máximas autoridades a quienes se autoriza el manejo de las licencias para el acceso a los registros de datos autorizados por la Ley, serán las o los responsables directos administrativa, civil y penalmente por el mal uso de las mismas.

CAPÍTULO IV.- DEL SISTEMA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

(Sustituyese el término Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos por Dirección Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

(Sustituyese el término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 28.- Creación, finalidades y objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos públicos.- Créase el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos con la finalidad de proteger los derechos constituidos. los que se constituyan , modifiquen, extingan y publiciten por efectos de la inscripción de los hechos. actos y/o contratos determinados por la presente Ley y las leyes y normas de registros; y con el objeto de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos. En el caso de que entidades privadas posean información que por su naturaleza sea pública. serán incorporadas a este sistema.

(Sustituyese el término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 29.- Conformación,- El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos estará conformado por los registros: civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica. vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual y todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieren y administren por disposición legal información registral de carácter público.

Será presidido por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, con las facultades que se determinan en la presente Ley y su respectivo reglamento.

(Sustituyese el término Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos por Dirección Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

(Sustituyese el término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 30.- La Dirección Nacional de Registro de Datos públicos.– Créase la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Su máxima autoridad y representante legal será la Directora o Director Nacional, designada o designado por la Ministra o Ministro. Su sede será la ciudad de Quito. tendrá jurisdicción nacional, y podrá establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional.

(Sustituyese el término Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos por Dirección Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

(Sustituyese el término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 31.- Atribuciones y facultades.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

1. Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus finalidades y objetivos;

2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema;

3. Elaborar el presupuesto de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;

4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros. las poi íticas públicas a las que se refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas;

5. Consolidar. estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del Sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea conforme ésta se produzca;

6. Definir los programas informáticos y los demás aspectos técnicos que todas las dependencias de registro de datos públicos deberán implementar para el sistema interconectado y control cruzado de datos, y mantenerlo en correcto funcionamiento;

7. Vigilar y controlar la correcta administración de la actividad registral;

8. Sancionar de conformidad con la ley que regula a la servidora o servidor público, el incumplimiento de los deberes y obligaciones de las registradoras o registradores;

9. Disponer que los datos generados en cada oficina registral sean ingresados a una misma base de datos, en el lenguaje y plataforma determinados por la autoridad;

10. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores el establecimiento, en los respectivos Consulados, de un sistema de información registral interconectado que facilite su utilización en el exterior por parte de las o los migrantes;

11. Promover, organizar y ejecutar programas de capacitación de las registradoras o registradores públicos y demás personal de los registros;

12. Promover la realización de estudios e investigaciones en materia registral;

13. Celebrar convenios de cooperación técnica nacional e internacional para mejorar la calidad del servicio registral; y,

(Suprimese del numeral 13 del artículo 31 lo siguiente: “y” en base a la Disposición Reformatoria Segunda 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

14. Controlar y supervisar que las entidades pertenecientes el Sistema Nacional de Registros Públicos incorporen mecanismos de protección de datos personales, así como dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su reglamento de aplicación y demás normativa que la Autoridad de Protección de Datos Personales dicte para el efecto.

15. Tratar datos procedentes del Sistema Nacional de Registros Públicos o de cualquier otra fuente, para realizar procesos de analítica de datos, con el objeto de prestar servicios al sector público al sector privado y a personas en general, así como genera productos, reportes, informes o estudios, entre otros. Se utilizarán medidas adecuadas que garanticen el derecho a la protección de datos personales y su uso en todas las etapas del tratamiento, como por ejemplo, técnicas de disociación de datos, y

16. Las demás que determine la presente ley y su reglamento.

(Reenumerar el numeral 14 del artículo 31 por numeral 16, en base a la Disposición Reformatoria Segunda 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

(Sustituyese el término Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos por Dirección Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

(Incorporados los apartados 14 y 15, en el artículo 31 antes del numeral 14, de acuerdo con la Disposición Reformatoria Segunda 2 a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos).

(Sustituyese el término Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos por Sistema Nacional de Registros Públicos, en base a la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 32.- Requisitos para ser Directora o Director Nacional de Registro.- Para ser Directora o Director se requiere:

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano;

2. Tener título profesional de abogada o abogado;

3. Demostrar experiencia en el ejercicio profesional por un período mínimo de 5‘años;

4. Encontrarse libre de inhabilidades para ejercer un cargo público; y,

5. Las demás que determina la ley para el servicio público.

CAPÍTULO V.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 33.- Aranceles.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá anualmente el valor de los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las cuantías de los actos a celebrarse, documentos de registro y jurisdicción territorial.

En el caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio de cada cantón el que con base en el respectivo estudio técnico financiero, establecerá anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación que preste.

Artículo 34.- Del Financiamiento de la Dirección Nacional de Registro de Datos públicos.– La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos financiará su presupuesto con los siguientes ingresos:

a) Los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado;

b) Los legados, donaciones, transferencias y otros recursos provenientes de instituciones públicas y privadas, así como de la cooperación internacional aceptados de acuerdo a ley;

c) Los aranceles que generen y recauden los Registros Mercantiles; y,

d) Los ingresos propios generados por las publicaciones que realice.

Artículo 35.- Destino de los aranceles que cobran los Registros de la Propiedad Inmueble, Mercantil, y las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos públicos.- Los Registros de la Propiedad Inmuebles y Mercantil se financiarán con el cobro de los aranceles por los servicios de registro, y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los respectivos municipios, y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en su orden. Los aranceles que cobren las demás entidades públicas y privadas por la administración de sus bases de datos públicos, se mantendrán como parte de sus respectivos presupuestos.

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos constituirá un fondo de compensación para los Registros que lo requieran.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Constituyen normas supletorias de la presente Ley, las disposiciones de la Ley de Registro, Código Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y Reglamentos aplicables, mientras no se opongan a la presente ley.

SEGUNDA.- Será información pública los nombres de las propietarias o propietarios, tenedoras o tenedores, beneficiarias o beneficiarios y todas o todos aquellas o aquellos que sean titulares de algún derecho sobre acciones, participaciones, partes beneficiarias o cualquier otro título societario generado por una sociedad comercial, mercantil, civil, o de cualquier otra especie. Esta información será de carácter público y podrá ser solicitada mediante petición motivada de su requerimiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-  El personal que actualmente trabaja en los registros de la propiedad y mercantil, continuará prestando sus servicios en las dependencias públicas creadas en su lugar, por lo que dicho cambio no conlleva despido intempestivo. En los casos de renuncia voluntaria o despido, los Registradores de la Propiedad Mercantil tendrán la obligación de liquidar a sus trabajadoras o trabajadores, con base en su tiempo de servicio y de conformidad con las Normas del Código de Trabajo.

Las funcionarias o funcionarios que se requieran en las funciones registrales bajo competencia de las municipalidades y del gobierno central, respectivamente, estarán sujetos a la ley que regule el servicio público.

SEGUNDA.- Las Registradoras o Registradores de la Propiedad y Mercantil, seguirán cumpliendo sus funciones de registro hasta que de conformidad con la presente ley, sean legalmente reemplazadas o reemplazados.

No se devolverá la caución rendida por los registradores hasta que no se haya suscrito la respectiva acta de entrega recepción del registro.

TERCERA.- Dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, los municipios y la Directora o Director Nacional del Registro de Datos Públicos deberá ejecutar el proceso de concurso público de merecimientos y oposición, nombramientos de los nuevos registradores de la propiedad y mercantiles. Dentro del mismo plazo organizarán la infraestructura física y tecnológica de las oficinas en las que funcionará el nuevo Registro de la Propiedad y su respectivo traspaso, para cuyo efecto elaborará un cronograma de transición que deberá contar con la colaboración del registrador/a saliente. En este mismo lapso, de así acordarse o requerirse, el municipio dispondrá la valoración de activos y su liquidación respectiva.

CUARTA.- Los Registros de la Propiedad, Societario, Civil y Mercantil que mantengan digitalizados sus registros deberán mudar sus bases de datos al nuevo sistema, para lo cual la Dirección Nacional asignará los fondos para la creación y unificación del sistema informático nacional de registro de datos públicos.

QUINTA.- En el plazo de 3 años de la publicación de la presente ley en el Registro Oficial, previa evaluación técnica, económico-financiera y legal, la Dirección Nacional establecerá el/los programas informáticos requeridos los mismos que deberán tener perfecta interconexión que permita recibir, capturar, archivar, custodiar, enviar, intercambiar, reproducir, verificar o procesar la información de los Registros Públicos, dejando apertura en el sistema sobre la interconexión con las demás instituciones señaladas, a fin de garantizar el control cruzado de información.

SEXTA.- En el plazo máximo de 3 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, todo registro de la propiedad, societario, mercantil o civil que hasta la fecha mantenga su información y registros de forma física, deberá ser transformado a formato digital con las características y condiciones definidas por el Director Nacional, para lo cual se asignarán los fondos pertinentes y se proveerán los programas informáticos necesarios. Esta omisión será sancionada con la destitución del correspondiente funcionario por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos.

SÉPTIMA.- Las instituciones del Sector Público que posean información pública como: el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Tránsito, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Policía Nacional, Comisión de Tránsito de Guayas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Municipios, Función Judicial, entre otras, deberán integrarse paulatinamente al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dentro del plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de que cualquier institución que estuviese en la obligación de interconectarse en virtud de la presente ley, no lo hiciere, la máxima autoridad de la referida institución podrá ser destituida por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos.

OCTAVA.- Los Organismos, Instituciones y entidades privadas que posean información determinada como pública por esta Ley y su reglamento, deberán transferir dicha información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, de manera progresiva en plazo de tres años a partir de la vigencia de esta ley.

NOVENA.– La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el plazo máximo de sesenta días contados a partir de su posesión, dictará la tabla de aranceles de los registros a los que se refiere la presente ley.

DÉCIMA.- El Ministerio de Relaciones Laborales, en el plazo de ciento veinte días emitirá la Tabla de Remuneraciones de los Registradores de la Propiedad, Mercantil y de los titulares de los demás registros que integren el sistema, como también de los funcionarios públicos que laboren en las oficinas de registro.

DÉCIMO PRIMERA.- Los plazos señalados en las disposiciones transitorias, podrán ser extendidos hasta máximo 90 días, por una sola vez, por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos y siempre que se justifique razonadamente.

DECIMO SEGUNDA.– Los programas informáticos que actualmente utilicen los registros de la propiedad inmueble y mercantil, se seguirán utilizando hasta que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos elabore el nuevo programa informático sin que esto le signifique ningún costo a las municipalidades y a la Función Ejecutiva.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS

PRIMERA.– Derógase todas las disposiciones generales y especiales que se opongan a la presente ley. Las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre las que se opongan.

SEGUNDA.- De la Codificación de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 312 de 5 de noviembre de 1999

l. Derógase el artículo 444.

2. Sustitúyase el artículo 443, por el siguiente:

“Artículo 443.- El Superintendente de Compañías podrá suministrar información relativa a una compañía determinada, a pedido de cualquier persona. La información se concretará a los documentos señalados en los artículos 20.b) y 23. b), o datos contenidos en ellos.

Los informes de los administradores, de auditoria externa y los informes de los comisarios de aquellas compañías que se encuentren registradas en el mercado de valores o que coticen en bolsa sus acciones, podrán ser requeridos por cualquier persona interesada.

La Superintendencia podrá pedir que la compañia actualice la información a la que se refieren los Artículos 20 y 23 o realizar en los libros de la compañía exámenes necesarios para lograr tal actualización o comprobar la exactitud de los datos que le hubieren sido suministrados.”.

TERCERA.- A la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el Registro Oficial 250 de 23 de enero del 2001, refórmase:

En el Artículo 45 inciso quinto elimínase la frase: “la misma que se mantendrá con carácter reservado”.

En el Artículo 65 elimínase la frase: “la que tendrá el carácter de reservado”.

CUARTA.– A la Ley de Registro, publicada en el Registro Oficial 150 de 28 de octubre de 1966:

1. Derógase los articula: 3, 4, Xl.

2. Sustitúyase la letra b) del artículo 11, por el siguiente: Llevar un inventario de los Registros. libros y demás documentos pertenecientes a la oficina. debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dentro de los primeros quince dias del mes de enero de cada año. “,

3. En el artículo 14 sustitúyase la frase “en el Artículo 4 de esta Ley” por la siguiente: “en la Ley que regula el servicio público”.

4. En el artículo 1) sustitúyase la frase: “cincuenta a quinientos sucres” por la siguiente: “un salario básico del trabajador en general”.

5. En el artículo 16 sustitúyase la frase “Las Cortes Superiores en sus respectivos distritos” por la siguiente: “La autoridad municipal en sus respectivos cantones, o la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en su caso,”.

6. En el artículo 18 elimínase las frases: “Serán rubricadas todas sus páginas por el Juez del Cantón o por el primero de eños en aqueños en que hayan más de uno” y “Juez correspondiente y el”.

7. En el artículo 29 sustitúyase “730” por “706” y en el segundo inciso sustitúyase “733” por “709”.

8. En el artículo 42 sustitúyase “734” por “710”.

9. En el artículo 44 sustitúyase “2449” por “2334“.

10. En el artículo 54, sustitúyase la frase: “una multa de diez a cien sucres” por “las sanciones determinadas por el Código Orgánico de la Función Judicial”.

11. En el articulo 56A sustitúyase la frase: “Corte Superior del distrito” por “autoridad municipal del cantón o distrito correspondiente”.

QUINTA.– Derógase el Decreto Supremo nº 748, publicado en el Registro Oficial 179 de 24 de septiembre de 1976.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil diez.

Fernando Cordero Cueva, Presidente.

Dr. Francisco Vergara O., Secretario General.

CERTIFICO que la Asamblea Nacional discutió y aprobó la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, en primer debate el 25 de, septiembre de 2009, en segundo debate el 24 de noviembre de 2009 y el 26 de enero de 2010 y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente de la República el 18 de marzo de 2010.

Quito. 24 de marzo de 2010.

Dr. Francisco Vergara O., Secretario General.

01Ene/14

Leyes de Protección de Datos de los Estados Mexicanos

Estado de Aguascalientes

Decreto nº 111 de 30 de junio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. (Publicada P.O.E. 03 de julio de 2017).

Estado de Baja California

Ley de 26 de julio de 2017, de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California. (Publicada en el Periódico Oficial nº 38, Sección III, de fecha 18 de agosto de 2017, Tomo CXXIV.)

Estado de Baja California Sur

Decreto nº 2461 de 29 de junio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California Sur.

Estado de Campeche

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios-09/07/2012

Decreto nº 198 de 21 de julio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Campeche. (P.O. 26 de julio de 2017)

Estado de Chiapas

Decreto nº 239 de 17 de agosto de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas. (Periódico Oficial nº 315 2a. Sección, miercoles 30 de agosto de 2017).

Estado de Chihuahua

Decreto nº 1208/2013 X P.E. de 30 de enero de 2013, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. (Ley Publicada en el Periódico Oficial del estado nº 51 del 28 de junio de 2013).

Estado de Ciudad de México, antiguo Distrito Federal

Decreto de 27 de agosto de 2008, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Distrito Federal,  -27/08/2008 (Gaceta Oficial del Distrito Federal nº 434, 3 octubre 2008) (Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014).

Estado de Coahuila de Zaragoza

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila -17/06/2008 (Periódico Oficial del Estado de Coahuila 2 septiembre 2008)

Decreto nº 906, de 8 de julio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza (Ley publicada en el Periódico Oficial, el viernes 21 de julio de 2017) (Fe de erratas, P.O. martes 8 de agosto de 2017).

Estado de Colima

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima -14/06/2003 (Periódico Oficial “El Estado de Colima”, Suplemento nº 1, Periódico nº 27, 21 junio 2003)

Decreto nº 330 de 25 de julio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Colima (Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” nº 48 de 26 de julio de 2017).

Estado de Durango

Decreto nº 514 de 13 de junio de 2013, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales de Estado de Durango-13/06/2013. (Publicado en el Periódico Oficial 97 de fecha 5 de diciembre de 2013) (Fecha de última reforma P.O. 104 bis de 28 de diciembre de 2014)

Estado de Guanajuato

Decreto nº 206 de 19 de mayo de 2006, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Persolanes en posesion de sujetos obligados para el Estado de Guanajuato. (Ultima reforma publicada P.O. nº 112, Segunda Parte, 14-07-2017)

Estado de Guerrero

Ley nº 466 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Guerrero.

Estado de Hidalgo

Decreto nº 205 de 21 de julio de 2017, que expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Hidalgo. (Ley publicada en el Periódico Oficial, el 24 de Julio de 2017).
(Última reforma publicada en el Periódico Oficial, del 20 de noviembre de 2017).

Estado de Jalisco

Decreto nº 26420/LXI/17 de 26 de julio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de suejtos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y reforma y deroga diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. (El Estado de Jalisco. Periódico Oficial, miércoles 26 de julio de 2017)

Estado de México

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México-14/08/2012. (Abrogada por Decreto 209, publicado el 30 de mayo 2017).

Estado de Michoacán

Estado de Morelos

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos- 11/08/2003 (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 27 agosto de 2003).

Ley de 14 de Julio de 2017, de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. (Periódico Oficial 5516 “Tierra y Libertad”, de 26 de julio de 2017).

Estado de Nayarit

Estado de Nuevo León

Decreto nº 256 de 30 de junio de 2008, por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. (Ley publicada en el Periódico Oficial, nº 96, del sábado 19 de julio de 2008).(Última reforma P.O. 161 del 21 de diciembre de 2015).

Estado de Oaxaca

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca -07/08/2008 (Periódico Oficial Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 23 agosto 2008)

Estado de Puebla

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de Puebla-01/08/2013

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, publicada 2l 26 de julio de 2017

Estado de Querétaro de Arteaga

Ley de 14 de junio de 2017, de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Querétaro.

Estado de Quintana Roo

Ley de 30 de mayo de 2017, de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. (Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 04 de Julio de 2017).

Estado de San Luis Potosí

Decreto nº 0675 de 7 de juliod e 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. (Ley publicada en la Edición Extraordinario del Periódico Oficial del Estado, el Miércoles 19 de Julio de 2017).

Estado de Sinaloa

Decreto nº 206 de 20 de julio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sinaloa. (Publicado en el P.O. nº 094 Edición Vespertina del 26 de Julio de 2017).

Estado de Sonora

Ley nº 192 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sonora. (Ley publicada B.O. 13-Octubre-2017)

Decreto nº 170 que reforma el artículo Quinto Transitorio y deroga la fracción III del artículo 134 y los artículos Tercero y Cuarto Transitorios. (B.O. nº 30 Sección IV de fecha 13 de Octubre de 2017).

Estado de Tabasco

Decreto nº 110 de 16 de agosto de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. (Publicado en el suplemento B al P.O. 7827 de 9 de septiembre de 2017).

Estado de Tamaulipas

Decreto nº LXIII-225 de 6 de julio de 2017, mediante el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado De Tamaulipas. (Publicado en el Periódico Oficial Anexo al nº 99 de fecha 17 de agosto de 2017).

Estado de Tlaxcala

Decreto nº 91 de 14 de diciembre de 2006, por el que se expide la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala -14/12/2006 (Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala de 12 de enero de 2007)

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley nº 581 para la tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz-26/09/2012. ( Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día martes 2 de octubre del año 2012).

Estado de Yucatán

Decreto nº 503 de 11 de julio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. (Publicado en el Diario Oficial del gobierno del Estado el 17 de julio de 2017)-

Estado de Zacatecas

Decreto nº 175 de 27 de junio de 2017, por el que se expide la Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. (Ley publicada en el Suplemento 5 al Número 56 del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado 15 de julio de 2017).

01Ene/14

LEY 12/1989, DE 9 DE MAYO, SOBRE LA FUNCIÓN ESTADÍSTICA PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

TÍTULO PRIMERO. DE LAS ESTADÍSTICAS Y SU RÉGIMEN

Capítulo primero. Principios generales de la función estadística pública

Artículo 4

1. La recogida de datos con fines estadísticos se ajustará a los principios de secreto, transparencia, especialidad y proporcionalidad.

2. A fin de garantizar el secreto estadístico, además de observarse las prescripciones contenidas en el capítulo III del presente título, los servicios estadísticos estarán obligados a adoptar las medidas organizativas y técnicas necesarias para proteger la información

3. En aplicación del principio de transparencia, los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener plena información, y los servicios estadísticos obligación de proporcionarla, sobre la protección que se dispensa a los datos obtenidos y la finalidad con la que se recaban

4.En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos recogidos para la elaboración de estadísticas se destinen a los fines que justificaron la obtención de los mismos.

5. En virtud del principio de proporcionalidad, se observará el criterio de crrespondencia entre la cuantía de la información que se solciita y los resultados que de su tratamiento se pretende obtener.

Artículo 7

1. Se establecerán por Ley las estadísticas para cuya elaboración se exijan con carácter obligatorio.

2. La Ley que regule estas estadísticas tratará, al menos, los siguientes aspectos esenciales:

a) Los organismos que deben intervenir en su elaboración

b) El enunciado de sus fines y la descripción general de su contenido

c) El colectivo de personas y el ámbito territorial de referencia.

d) La estimación de los créditos presupuestarios necesarios para su financiación.

Capítulo II. De la recogida de datos

Artículo 10

1. Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España

2. Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatorio como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos.

3. La misma obligación incumbe a todas las instituciones y entidades públicas de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Cuando para la realización de estadísticas sea precisa la utilización de datos obrantes en fuentes administrativas, los órganos, autoridades y funcionarios encargados de su custodia prestarán la más rápida y ágil colaboración a los servicios estadísticos.

4. Podrán exceptuarse de lo establecido en el apartado anterior, los organismos públicos que custodien o manejen datos relativos a las necesidades de la seguridad del Estado y la defensa nacional.

En cuanto a los datos de naturaleza tributaria, se estará a lo dispuesto en la legislación específica reguladora de la materia.

Artículo 11

1. Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico, y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo.

2. En todo caso, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar.

Artículo 12

1. La información se solicitará siempre directamente a las personas o entidades que proceda, ya sea mediante correo, visita personal de agentes debidamente acreditados o cualquier otro modo que asegure la comunicación directa de aquellos con los servicios estadísticos o sus agentes.

2. La información requerida podrá facilitarse por escrito, mediante soportes magnéticos o usando otros procedimientos que permitan su tratamiento informático, siempre de acuerdo con lo previsto en las normas que regulen cada estadística en particular.

3. Los gastos ocasionados a los informantes por los envíos y comunicaciones a que dé lugar la realización de estadísticas para fines estatales, se sufragarán con cargo a los presupuestos de los servicios estadísticos.    

Capítulo III. Del secreto estadístico

Artículo 13

1. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas.

2. Se entiende que son datos personales los referentes a personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de los mismos.

3. El secreto estadístico obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún caso los datos personales cualquiera que sea su origen.

Artículo 14

1. El secreto estadístico será aplicado en las mismas condiciones establecidas en el presente capítulo frente a todas las administraciones y organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, salvo lo establecido en el artículo siguiente,

2. Queda prohibida la utilización para finalidades distintas de las estadísticas de los datos personales obtenidos directamente de los informantes por los servicios estadísticos.

Artículo 15

1. La comunicación a efectos estadísticos entre las administraciones y organismos públicos de los datos personales protegidos por el secreto estadístico sólo será posible si se dan los siguientes requisitos, que habrán de ser comprobados por el servicio u órgano que los tenga por custodia:

a) Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones fundamentalmente estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de que los datos sean cedidos.

b) Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas

c) Que los servicios destinatarios de la información dispongan de los medios necesarios para preservar el secreto estadístico.

2. La comunicación a efectos no estadísticos entre las administraciones y organismos públicos de la información que obra en los registros públicos, no estará sujeta al secreto estadístico, sino a la legislación específica que en cada caso sea de aplicación.

Artículo 16

1. No quedarán amparados por el secreto estadístico los directorios que no contengan más datos que las simples relaciones de establecimientos, empresas, explotaciones u organismos de cualquier clase, en cuanto aludan a su denominación, emplazamiento, actividad y el intervalo de tamaño al que pertenece.

2. El dato sobre el intervalo de tamaño sólo podrá difundirse si la unidad informante no manifiesta expresamente su disconformidad

3. Los servicios estadísticos harán constar esta excepción a la preservación del secreto estadístico en los instrumentos de recogida de la información

4. Los interesados tendrán derecho de acceso a los datos personales que figuren en los directorios estadísticos no amparados por el secreto y a obtener la rectificación de los errores que contengan.

5. Las normas de desarrollo de la presente Ley establecerán los requisitos necesarios para el ejercicio del derecho de acceso y rectificación a que se refiere el apartado anterior de este artículo, así como las condiciones que habrán de tenerse en cuenta en la difusión de los directorios no amparados por el secreto estadístico.

Artículo 17

1. Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico

2.  A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entiende por personal estadístico el dependiente de los servicios estadísticos a que aluden los título II y III de la presente Ley.

3. Quedarán también obligados por el deber de preservar el secreto estadístico cuantas personas, físicas o jurídicas, tengan conocimiento de datos amparados por aquél con ocasión de su participación con carácter eventual en cualquiera de las fases del proceso estadístico en virtud de contrato, acuerdo o Convenio de cualquier género.

4. El deber de guardar el secreto estadístico se mantendrá aun después de que las personas obligadas a preservarlo concluyan sus actividades profesionales o su vinculación a los servicios estadísticos.

Artículo 18

1. Los datos que sirvan para la identificación inmediata de los informantes se destruirán cuando su conservación ya no sea necesaria para el desarrollo de las operaciones estadísticas.

2. En todo caso, los datos aludidos en el apartado anterior se guardarán bajo claves, precintos o depósitos especiales.

Artículo 19

1. La obligación de guardar el secreto estadístico se iniciará desde el momento en que se obtenga la información por él amparada.

2. La información a que se refiere el apartado anterior no podrá ser públicamente consultada sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de su obtención.

3. Excepcionalmente, y siempre que hubieran transcurrido, al menos, veinticinco años desde que se recibió la información por los servicios estadísticos, podrán ser facilitados datos protegidos por el secreto estadístico a quienes, en el marco del procedimiento que se determine reglamentariamente acrediten un legítimo interés.

4. En el caso de los datos relativos a personas jurídicas, las normas reglamentarias, atendidas las peculiaridades de cada encuesta, podrán disponer períodos menores de duración del secreto, nunca inferiores a quince años.

Capítulo IV. La difusión y conservación de la información estadística

Artículo 20

1. Los resultados de las estadísticas para fines estatales se harán públicos por los servicios responsables de la elaboración de las mismas y habrán de ser ampliamente difundidos   

2. Los resultados de las estadísticas para fines estatales tendrán carácter oficial desde el momento en que se hagan públicos.

3. El personal de los servicios responsables de la elaboración de estadísticas para fines estatales tiene obligación de guardar reserva respecto de los resultados de las mismas, parciales o totales, provisionales o definitivos, de los que conozca por razón de su trabajo profesional, hasta tanto se hayan hecho públicos oficialmente.

Artículo 21

1. Los servicios estadísticos podrán facilitar a quien lo solicite:

a) Otras tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de los resultados hechos públicos a los que se refiere el primer apartado del artículo 20, siempre que quede preservado el secreto estadístico.

b) Los datos individuales que no estén amparados por el secreto estadístico porque hayan llegado a ser anónimos hasta tal punto que sea imposible identificar a las unidades informantes

2. La descripción de las características metodológicas de las estadísticas para fines estatales se harán públicas y estarán, en todo caso, a disposición de quien las solicite.

3. Las publicaciones y cualquier otra información estadística que se facilite a los interesados podrán llevar aparejadas la percepción de los precios que legalmente se determinen.

Artículo 22

1. Los servicios estadísticos deberán conservar y custodiar la información obtenida como consecuencia de su propia actividad que seguirá sometida al secreto estadístico en los términos establecidos por la presente Ley aunque se hayan difundido, debidamente elaborados, los resultados estadísticos correspondientes.

2. La conservación de la información no implicará necesariamente la de los soportes originales de la misma, siempre que su contenido se haya trasladado a soportes informáticos o de otra naturaleza

3. Cuando los servicios estadísticos aprecien que la conservación de algún tipo de documentación resulte evidentemente innecesaria, podrán acordar su destrucción una vez cumplidos los trámites que reglamentariamente se determinen.

01Ene/14

Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : ” Le service universel postal et les obligations du service postal ” et comprend les articles L. 1 à L. 3-4 ;

2° Au début de l'article L. 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

” Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.

” Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

” L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. ” ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

” Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret. ” ;

4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

” Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.

” Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 EUR.

” Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.

” Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

” Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit. ” ;

5° Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :

” Art. L. 2-1. – Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.

” Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.

” Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. ” ;

6° L'article L. 3 est ainsi rédigé :

” Art. L. 3. – Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la distribution. ” ;

7° Après l'article L. 3, sont insérés quatre articles L. 3-1 à L. 3-4 ainsi rédigés :

” Art. L. 3-1. – Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales.

” Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

” Art. L. 3-2. – Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :

” a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;

” b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

” c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

” d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.

” Art. L. 3-3. – Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : “France.

” Art. L. 3-4. – Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

” Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service. “

Article 2 

I. – L'intitulé du chapitre Ier de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi rédigé : ” Missions de La Poste et de France Télécom “.

II. – L'article 6 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés un I et un II ainsi rédigés :

” I. – Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

” Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.

” Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :

” – la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;

” – les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

” – les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.

” Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

” II. – Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

” Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21.

” Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

” Un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du présent II. ” ;

2° Les dispositions actuelles constituent un III.

Article 3 

L'article 38 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

” Art. 38. – Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.

” Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.

” Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission. “

Article 4 

Le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

” Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret. “

Article 5 

I. – Dans le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques, l'article L. 4 est abrogé, le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.

II. – Dans le même titre, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :


” Chapitre II
.- ” La régulation des activités postales

” Art. L. 4. – Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.

” Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.

” Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3.

” Art. L. 5. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux.

” A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes.

” Art. L. 5-1. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.

” L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

” La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

” Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

” Art. L. 5-2. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

” 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

” 2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;

” 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;

” 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;

” 5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;

” 6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité ;

” 7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;

” 8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.

” Art. L. 5-3. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3.

” Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

” 1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

” 2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

” a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :

” – l'avertissement ;

” – la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

” – la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

” – le retrait de l'autorisation ;

” b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 EUR, porté à 375 000 EUR en cas de nouvelle violation de la même obligation.

” Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 EUR.

” Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales.

” Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

” L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

” Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

” Art. L. 5-4. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

” Art. L. 5-5. – En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
” L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

” Art. L. 5-6. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

” Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

” Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

” Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas prononcée.

” Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

” Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

” Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

” Art. L. 5-7. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.

” Art. L. 5-8. – Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

” Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

” Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités postales.

” Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

” Art. L. 5-9. – Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité.

” Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

” Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

” Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

” Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

” Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces personnes, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

” Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

” Art. L. 5-10. – Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières. “

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

” Sous-section 3.- Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières

” Art. L. 111-6-3. – Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

” Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. “

Article 6 

Le 3° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

” 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; “.

Article 7 

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : ” des tarifs, “ sont supprimés.

Article 8 

I. – L'article 31 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : ” Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, “ sont supprimés ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : ” , ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux “ ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

” Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants. “

II. – Après l'article 31-1 de la même loi, sont insérés deux articles 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :

” Art. 31-2. – Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.

” Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.

” La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Des instances de concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives.

” Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.

” Art. 31-3. – Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. “

Article 9 

Après le troisième alinéa de l'article 32 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

” Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de plan de l'exploitant public. “

Article 10 

L'article L. 6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

” Art. L. 6. – Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance. “

Article 11 

Le titre VIII du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 17 est ainsi rédigé :

” Art. L. 17. – Est puni d'une amende de 50.000 EUR le fait :

” 1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La Poste ;

” 2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3. ” ;

2° L'article L. 18 est ainsi rédigé :

” Art. L. 18. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

” a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

” b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

” c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

” d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. ” ;

3° L'article L. 19 est ainsi rédigé :

” Art. L. 19. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

” Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ” ;

4° L'article L. 20 est ainsi rédigé :

” Art. L. 20. –

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.

” En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

” II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

” Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
” Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

” La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

” L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

” L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

” III. – La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.

” Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

” Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.

” Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.

” Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. ” ;

5° L'article L. 28 est ainsi rédigé :

” Art. L. 28. – Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. ” ;

6° L'article L. 29 est ainsi rédigé :

” Art. L. 29. – Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15.000 .

” Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.

” Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. “

Article 12 

I. – Les articles L. 15, L. 16, L. 21 à L. 25, L. 27 et L. 36 du même code sont abrogés.

II. – L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :

” Art. L. 30. – Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition. “
III. – A l'article L. 31 du même code, la référence : ” L. 627 du code de la santé publique ” est remplacée par la référence : ” 222-36 du
code pénal “.

IV. – Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du même code deviennent respectivement les articles L. 130, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134 et L. 135 du même code.

V. – Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 125 du même code, les mots : ” le service public des communications électroniques “ sont remplacés par les mots : ” le service public des postes et celui des communications électroniques “.

VI. – L'article L. 126 du même code est ainsi rédigé :

” Art. L. 126. – La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.

” La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité. “

VII. – Le premier alinéa de l'article L. 131 du même code est ainsi rédigé :

” La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. “

VIII. – L'article L. 131 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

” Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. “

IX. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133 du même code, les mots : ” L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : ” L'autorité propose aux ministres compétents “.

X. – L'article L. 135 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : ” des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques “ sont remplacés par les mots : ” des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales ” ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : ” les autorités de régulation des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : ” les autorités de régulation des communications électroniques et des postes ” ;

3° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : ” les évolutions du secteur des communications électroniques “ sont remplacés par les mots : ” les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes ” ;

4° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : ” information sur le secteur des communications électroniques “ sont remplacés par les mots : ” information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes ” ;

5° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

” A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. “

Article 13 

I. – L'article L. 130 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

” L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. ” ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : ” trois “ est remplacé par le mot : ” cinq ” ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : ” l'un ou l'autre des deux alinéas ” sont remplacés par les mots : ” de l'alinéa “.

II. – Les membres de l'autorité visée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.

III. – Dès la publication de la présente loi, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun un membre supplémentaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour un mandat de six ans prolongé jusqu'au 31 décembre de la dernière année de ce mandat.

Article 14 

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : ” Autorité de régulation des télécommunications “ sont remplacés par les mots : ” Autorité de régulation des communications électroniques et des postes “.

Article 15 

Après l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 2-2 ainsi rédigé :

” Art. L. 2-2. – I. – Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.

” La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

” La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.

” Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

” En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

” II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.

” III. – Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées. “

Article 16 

I. –

1. L'article 2 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

” Art. 2. – La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

” La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

” Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. “

2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :

” Art. L. 518-25. – Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.

” A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits d'assurance. ” ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : ” sous la garantie de l'Etat “, sont insérés les mots : ” pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires “, et les mots : ” dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25 ” sont supprimés ;

c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

” La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. “

II. –

1. La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers, y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.

Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment par ses articles L. 312-1 et suivants.

2. Sous réserve des règles propres au Livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la Caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt. A compter de la date du transfert prévu au 1, la Caisse des dépôts et consignations est déchargée de toute responsabilité à raison de la gestion, pour le compte de l'Etat, des biens, droits et obligations transférés.

Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa précédent bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.

3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la Caisse nationale d'épargne.

4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la Caisse nationale d'épargne, ou conclus par la Caisse des dépôts et consignations, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.

5. Les opérations visées au présent II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

7. Au plus tard dans les deux ans qui suivent le transfert prévu au 1, la Cour des comptes élabore un rapport sur la création de l'établissement de crédit visé au 1, sur son fonctionnement et sur les relations de toute nature existant entre cet établissement de crédit et les autres entreprises du groupe La Poste. Ce rapport est transmis au Parlement.

III. –

1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste, notamment à son personnel. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.

2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.

IV. –

1. Dans l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : ” La Poste “ sont remplacés par les mots : ” L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 “ et les mots : ” ou au nom de laquelle “ et ” , dans un de ses établissements “ sont supprimés.

2. Dans le premier alinéa de l'article L. 518-1 du même code, les mots : ” les services financiers de La Poste “ sont remplacés par les mots : ” La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 “. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : ” aux services financiers de La Poste “ sont remplacés par les mots : ” à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 “. Dans le 2° de l'article L. 564-3 du même code, les mots : ” les services financiers de La Poste “ sont remplacés par les mots : ” La Poste “.

3. a) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

– dans le premier alinéa de l'article L. 133-1 et dans le troisième alinéa de l'article L. 141-8, les mots : ” les services financiers de La Poste, “ sont supprimés ;

– dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 312-1, les mots : ” financiers de La Poste ou ” sont supprimés ;

– dans le deuxième alinéa du même article, les mots : ” financiers de La Poste, soit ceux “ sont supprimés ;

– dans le premier alinéa de l'article L. 221-18, les mots : ” des services financiers de La Poste, “ sont supprimés ;

b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : ” ainsi que les services financiers de La Poste ” sont supprimés. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : ” à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste “ sont remplacés par les mots : ” à la Banque de France et aux établissements de crédit “. Les mêmes modifications sont effectuées dans l'article L. 313-6 du code monétaire et financier ;

c) Dans l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2001 (nº 2001-1276 du 28 décembre 2001), les mots : ” et les services financiers de La Poste ” sont supprimés ;

d) Dans l'article 1er de la loi nº 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : ” des services financiers de La Poste “ sont supprimés.

4. Les références aux ” services financiers de La Poste ” sont supprimées dans l'ensemble des textes réglementaires en vigueur.

5. Dans l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : ” la Caisse nationale d'épargne et “ sont supprimés.

6. Dans l'article 1er de la loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : ” , de La Poste “ sont supprimés.

7. Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 16 de cette même loi sont supprimés.

8. a) Sont abrogés :

– le livre III du code des postes et des communications électroniques ;

– la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;

b) Dans l'article L. 163-11 du code monétaire et financier, la référence : ” L. 131-88 “ est remplacée par la référence : ” L. 131-87 “.

9. a) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est intitulé : ” Le chèque bancaire et postal “ et les sous-sections 1 à 12 de la section 1 de ce chapitre en deviennent les sections 1 à 12 ;

b) Dans les articles L. 131-1 et L. 131-85 du même code, les mots : ” la présente section “ sont remplacés par les mots : ” le présent chapitre “ ;

c) Dans les articles L. 131-40, L. 131-86 et L. 131-87 du même code, les mots : ” de la présente section “ sont remplacés par les mots : ” du présent chapitre “.

V. – 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.

Article 17 

Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.

Article 18 

L'article 5 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et des communications électroniques, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.

Article 19 

I. – L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

” Art. L. 7. – La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.

” Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. “

II. – L'article L. 8 du même code est ainsi rédigé :

” Art. L. 8. – Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.

” Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. “

III. – L'article L. 9 du même code est ainsi rédigé :

” Art. L. 9. – Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation. “

IV. – L'article L. 10 du même code est ainsi rédigé :

” Art. L. 10. – Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. “

V. – Les articles L. 11 à L. 13-1 du même code sont abrogés.

VI. – L'intitulé du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : ” Régime de responsabilité applicable aux services postaux “.

Article 20 

L'article L. 14 du même code est abrogé.

Article 21 

L'article L. 26 du même code est ainsi rédigé :

” Art. L. 26. – Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3.750 EUR d'amende. “

Article 22 

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1er de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : ” des fonds, des bijoux “ sont remplacés par les mots : ” des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 EUR, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 EUR, “.

Article 23 

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

” Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. “

Article 24 

Après les mots : ” des gains et rémunérations versés par “, la fin du premier alinéa du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : ” les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. “.

Article 25 

I. – La loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7, les mots : ” son cahier des charges “ sont remplacés par les mots : ” décret en Conseil d'Etat “ ;

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

” Art. 8. – Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'Etat.

” Un décret en Conseil d'Etat fixe également les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. ” ;

3° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : ” des obligations de son cahier des charges “ sont remplacés par les mots : ” de ses obligations législatives et réglementaires “ ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

” Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

4° A l'article 27, les mots : ” prévues en la matière par le cahier des charges “ sont remplacés par les mots : ” réglementaires précisant ses droits et obligations ” ;

5° Le dernier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :

” Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

6° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 est ainsi rédigée :

” Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. “

II. – Dans l'article L. 1334-1 du code de la défense, les mots : ” les articles 5 et 8 “ sont remplacés par les mots : ” l'article 5 “.

Article 26 

A compter du 1er juillet 2006, une commission paritaire formée de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, convoquée la première fois par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé du travail qui en fixe la composition initiale, les règles de fonctionnement provisoires et le premier ordre du jour, se réunit afin de négocier une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires de l'autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

Cette convention collective prévoit les conditions dans lesquelles les employeurs veillent au respect par leurs employés des obligations de secret professionnel imposées aux b et c de l'article L. 3-2 du même code. Ces obligations et les modalités de leur respect sont inscrites dans le règlement intérieur des entreprises soumises à la convention collective.

Article 27 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre Ier devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Dans le livre Ier, les divisions et les intitulés : ” Titre VI. – Distribution postale “, ” Chapitre Ier. – Distribution à domicile “, ” Chapitre II. – Distribution au guichet “, ” Titre VII. – Poste maritime ” sont supprimés ;

3° Le titre VIII du livre Ier devient le titre II du même livre ;

4° L'article L. 126 devient l'article L. 11 ;

5° Dans le titre Ier du livre Ier, il est créé un chapitre V intitulé : ” Prescription “ qui comprend les articles L. 10 et L. 11 ;

6° Le livre IV devient le livre III à compter du transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 et comprend un titre Ier intitulé ” Dispositions communes “ et un titre II reprenant l'intitulé ” Dispositions finales “ figurant déjà dans ce livre, et comprenant les articles L. 128 et L. 129, qui deviennent respectivement les articles L. 140 et L. 141. Le titre Ier comprend les articles L. 125 et L. 130 à L. 135.

Article 28 

Le transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 intervient au plus tard le 1er janvier 2006.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 mai 2005.


Jacques Chirac 
Par le Président de la République :


Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian 

01Ene/14

Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del articulo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. (BOE. 31 diciembre de 1.999)

El presente Real Decreto se justifica por la necesidad de desarrollar el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en su apartado 3 que dice textualmente: “en los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional.  En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma.”

Al llevar a cabo dicho desarrollo han de ponderarse diversos factores.  En primer lugar, las normas de derecho interno ya en vigor que regulan para diversos supuestos los efectos jurídicos de la contratación a distancia y la comunicación telemática (como es el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica), así como la jurisprudencia relativa a esta problemática.  También y ya en el ámbito comunitario habrán de tenerse en cuenta las Directivas relacionadas con esta materia (Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre contratos a distancia) así como la existencia de otros proyectos normativos en este campo (proposición de Directiva en relación con la firma electrónica) y la iniciativa europea sobre comercio electrónico.  Por ello, una norma de desarrollo como la proyectada ha de procurar ser consecuente en relación con los distintos aspectos de la materia ya regulados o en proceso de serio.

El Real Decreto comienza fijando el ámbito objetivo de la norma, por referencia al doble aspecto de contratos con condiciones generales y realizados telefónica o electrónicamente.

Las excepciones recogidas son las previstas en la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación y también las recogidas en la Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, al preverse para estos supuestos un tratamiento específico que deberá darse al poner en conexión el desarrollo de ambas normas. Y, además, se establecen aquellas otras exclusiones de contrato que, aun estando sujetas a la citada Ley, ya cuentan, en virtud de normas concretas que regulan la transparencia del mercado y la supervisión de determinados sectores, con disposiciones sobre la materia objeto del presente Real Decreto (información previa, resolución) que, en todo caso, establecen niveles de protección superiores.  Para ellas, lo único que se establece -por mayor claridad- es la reproducción del último inciso del apartado 3 del artículo 5 de la citada Ley, por razones de coordinación normativa.

La información del contenido de las condiciones generales del contrato se prevé en un doble momento, anterior y posterior a la celebración del contrato, en línea con lo dispuesto en la norma objeto de desarrollo y en concordancia con el contenido de la citada Directiva en materia de contratos a distancia.

La definición de los principios que deben regir la información suministrada se corresponde con el artículo 13.1 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en aplicación del principio de buena fe a que se refiere el artículo 4.2 de la Directiva indicada.

La regulación del ejercicio del derecho de resolución en este Real Decreto se conecta con la información de las condiciones generales y particulares del contrato imponiendo una exoneración de gastos para el adherente en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación de información, todo ello sin perjuicio de la producción de los efectos generales previstos en el ordenamiento para tal caso.

En línea con lo regulado en el artículo 11.3, a) de la Directiva señalada se establece el principio de imputación de la prueba al predisponente, admitiendo la prueba electrónica o telemática de forma acorde con la situación actual desde el plano legislativo y jurisprudencial y los requisitos consagrados en ambos niveles para la producción de efectos interviniendo los medios indicados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de diciembre de 1999,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El presente Real Decreto se aplicará a los contratos a distancia, o sin presencia física simultánea de los contratantes, realizados por vía telefónica, electrónica o telemática, que contengan condiciones generales de la contratación, entendiendo por tales las definidas por la Ley 7/1998, de 13 de abril, y se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes en materia de firma electrónica contenidas en el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de diciembre.

2. El presente Real Decreto no será aplicable a los contratos administrativos, los contratos de trabajo, los de constitución de sociedades, los que regulan relaciones familiares y los contratos sucesorios, como tampoco a los contratos relativos a condiciones generales, que reflejen las disposiciones o los principios de los Convenios internacionales en que el Reino de España sea parte, y los que se refieren a condiciones reguladas específicamente por una disposición legal o administrativa de carácter general, que sean de aplicación obligatoria para los contratantes.

3. Igualmente quedan excluidos los contratos referidos a servicios financieros consistentes en servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva, seguro y reaseguro, bancarios o prestados por entidades sujetas a supervisión prudencial, relativos a fondos de pensiones y a operaciones a plazo y de opción, los celebrados mediante máquinas o locales automáticos, en subasta y los relativos a la construcción y venta de bienes inmuebles y demás relativos a derechos reales sobre los mismos, así como los de arrendamiento de bienes inmuebles regulados por leyes especiales, excepto los arrendamientos de temporada, a los cuales será de aplicación la presente norma.

No obstante, en estos supuestos, deberá quedar constancia documental de la contratación efectuada, ya sea en forma escrita o en registros magnéticos o informáticos, de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso.  A falta de ésta, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma.

4. Las normas contenidas en este Real Decreto son de aplicación siempre que la adhesión a las condiciones generales se haya efectuado en España, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato.

Artículo 2.  Deber de información previa.

Previamente a la celebración del contrato y con la antelación necesaria, como mínimo en los tres días naturales anteriores a aquélla, el predisponente deberá facilitar al adherente, de modo veraz, eficaz y completo, información sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato y remitirle, por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto completo de las condiciones generales.

Artículo 3.  Confirmación documental de la contratación efectuada.

1. Celebrado el contrato, el predisponente deberá enviar al adherente inmediatamente y, a más tardar, en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación por escrito o, a propuesta del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de comunicación empleado y en su propio idioma o en el utilizado por el predisponente para hacer la oferta, relativa a la contratación efectuada donde deberán constar todos los términos de la misma.  A los efectos de lo indicado en este apartado, el predisponente deberá indicar en la información previa a que se refiere el artículo anterior los distintos tipos de soportes entre los que podrá elegir el adherente como medio de recepción de la justificación de la contratación efectuada.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable a los contratos relativos a servicios de tracto único que se ejecutan mediante el empleo de técnicas de comunicación a distancia y cuya facturación sea efectuada por un operador de tales técnicas de comunicación, y sin perjuicio de informar en todo caso al adherente de la dirección del establecimiento del proveedor donde pueda presentar sus reclamaciones y del coste específico y separado de la comunicación y del servicio.

3. Se entiende por soporte duradero cualquier instrumento que permita al consumidor conservar sus informaciones sin que se vea obligado a realizar por sí mismo su almacenamiento, en particular los disquetes informáticos y el disco duro del ordenador del consumidor que almacena los mensajes del correo electrónico.

Artículo 4. Derecho de resolución.

1. Cumplidas las obligaciones a que se refieren los artículos 2 y 3, el adherente dispondrá de un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien.

El ejercicio del derecho a que se refiere este apartado no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite, en cualquier forma admitida en derecho.

2. El plazo para el ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior se computará, en el caso de que el contrato tenga por objeto la entrega de bienes, a partir de su recepción por el adherente, y en los casos de prestaciones de servicios a partir del día de celebración del contrato.

3. Si la información sobre las condiciones generales o la confirmación documental tiene lugar con posterioridad a la entrega de los bienes o a la celebración del contrato, respectivamente, el plazo se computará desde que tales obligaciones queden totalmente cumplidas. En caso de cumplimiento defectuoso o incompleto de la obligación de remitir justificación documental de los términos del contrato a que se refiere el artículo anterior, la acción de resolución no caducará hasta transcurridos tres meses computados en la forma establecida en el apartado anterior.

4. Ejercitado el derecho de resolución el predisponente estará obligado a devolver las cantidades recibidas sin retención alguna inmediatamente y nunca después de treinta días.

5. Queda excluido el derecho de resolución en aquellos casos en que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Artículo 5. Atribución de la carga de la prueba.

1. La carga de la prueba sobra la existencia y contenido de la información previa de las cláusulas del contrato; de la entrega de las condiciones generales; de la justificación documental de la contratación una vez efectuada; de la renuncia expresa al derecho de resolución; así como de la correspondencia entre la información, entrega y justificación documental y el momento de sus respectivos envíos, corresponde al predisponente.

2. A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, cualquier documento que contenga la citada información aun cuando no se haya extendido en soporte papel, como las cintas de grabaciones sonoras, los disquetes y, en particular, los documentos electrónicos y telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, la identificación fiable de los manifestantes, su integridad, la no alteración del contenido de lo manifestado, así como el momento de su emisión y recepción, será aceptada en su caso, como medio de prueba en los términos resultantes de la legislación aplicable.

Para ello, en los casos de contratación electrónica, deberá utilizarse una firma electrónica avanzada que atribuya a los datos consignados en forma electrónica el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/1999, de 1 7 de septiembre, sobre firma electrónica.  En estos casos, al documento electrónico se acompañará una consignación de fecha y hora de remisión y recepción, en su caso.

Disposición final primera.  Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución y será de aplicación en toda España, sin perjuicio de las normas sobre interpretación de los contratos recogidas en la Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y ejecución.

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar, en el marco de sus competencias, cuantas disposiciones de desarrollo y ejecución del presente Real Decreto sean precisas.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia, MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

01Ene/14

Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990, sur la réglamentation des télécomunications

L'assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC en date du 27 décembre 1990,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Article 1er. –

Le livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : “Les télécommunications”.

Article 2. –

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

“Chapitre Ier

Définitions et principes

Article L. 32. – 1° Télécommunication.

“On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

“2° Réseau de télécommunications.

“On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

“3° Points de terminaison.

“On entend par points de terminaison les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès au réseau et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante de ce réseau.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.

“4° Réseau indépendant.

“On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.

“Un réseau indépendant est appelé :

“- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

“- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

“5° Réseau interne.

“On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public – y compris hertzien – ni une propriété tierce.

“6° Services de télécommunications.

“On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

“7° Service téléphonique.

“On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel rentre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

“8° Service télex.

“On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

“9° Service-support.

“On entend par service-support l'exploitation commerciale du simple transport de données, c'est-à-dire d'un service dont l'objet est soit de transmettre, soit de transmettre et acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.

“10° Equipement terminal.

“On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettant d'accéder également à des services de télécommunications.

“11° Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique.

“Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

“Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.

“12° Exigences essentielles.

“On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipement terminaux et la protection des données.

“On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.

“13° Exploitant public.

“On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

“14° Réseau public.

“On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.

Article L. 32-1. – Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des télécommunications veille :

“1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de service de télécommunications ;

“2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'exploitation public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;

“3° A ce que soit respecté, par l'exploitation public et les fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;

“4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Article L. 32-2. – La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications.

“A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code.

“Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.

“Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.

Article L. 32-3. – L'exploitant public, les personnes autorisés à établir un réseau ouvert ou public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.

Article L. 32-4. – Pour l'accomplissement de ses missions, le ministre chargé des télécommunications peut :

“1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;

“2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; il désigne les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.

“Le ministre chargé des télécommunications veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi nº 78- 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.”

Article 3. –

Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : “Régime juridique”.

Article 4. –

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :

“Section 1

Réseaux de télécommunications

Article L. 33. – Les réseaux de télécommunications ne peuvent être établis, quelle que soit la nature des services fournis, que dans les conditions déterminées par la présente section.

“Ne sont pas visées par la présente section :

“1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

“2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi nº 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Article L. 33-1. – I. – Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.

“Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.

Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :

“a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

“b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

“c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

“d) les normes et spécifications du réseau et du service ;

“e) l'utilisation des fréquences allouées ;

“f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

“g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;

“h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;

“i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charge d'accès au réseau public ;

“j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;

“k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.

“II. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

“De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.

“Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

“Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.

“Article L. 33-2. – L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 32-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.

“Le ministre précise par arrêté les conditions dans les quelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de la communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

“Article L. 33-3. – Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article L. 34-9, peuvent être établis librement :

“1° Les réseaux internes ;

“2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

“3) Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.

“Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.

“Article L. 33-4. – La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunications est libre sous réserve, s'il s'agit d'un réseau ouvert au public, d'en faire la déclaration préalable au ministre chargé des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et le contenu de cette déclaration.”

Article 5. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :

“Section 2

“Services de télécommunications

“Article L. 34. – La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.

“Article L. 34-1. – Le service téléphonique entre points fixes et le service télex ne peuvent être fournis que par l'exploitant public.

“Les installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public à titre onéreux, aux services mentionnés au présent article ne peuvent être établies et exploitées que par l'exploitant public.

“Article L. 34-2. – L'exploitant public est autorisé de plein droit à fournir tout service-support dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 7 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.

“La fourniture d'un tel service par une personne autre que l'exploitant public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications, si elle est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui ne sont confiées, et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.

“L'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur :

“a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

“b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;

“c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;

“d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

“e) les conditions d'exploitation nécessaires pour préserver le bon accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public, pour protéger la fourniture exclusive par ce dernier des services mentionnés à l'article L. 34-1 et pour assurer une concurrence loyale ;

“f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.

“Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure de délivrance des autorisations.

“Article L. 34-3. – La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :

“1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;

“2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.

“Article L. 34-4. – La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnées à l'article L. 34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, lorsque l'objet du service est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur ces réseaux, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée reçoivent application.

“Lorsque le service proposé est un service-support, l'autorisation du ministre chargé des télécommunications est soumises aux mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 34-2.

“Article L. 34-5. – La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.

“Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.

“La déclaration et l'autorisation prévue à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement d'informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 34-2 et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.

“Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.

“Article L. 34-6. – Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5, qui comprennent, en proportions égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des télécommunications.

“La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 est consultée sur les questions générales soulevées par l'application de ces articles.

“Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

“Article L. 34-7. – Les autorisations délivrées en application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers.

Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34- 2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.

“Les refus d'autorisation sont motivés.

Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent chapitre ne respecte par les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.

“Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

“1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus ;

“2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

“3° Le retrait de l'autorisation.

Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.

“Les décisions du suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.”

Article 6. –

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :

“Section 3

Equipements terminaux

Article L. 34-9. – Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.

L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.

“Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts ou public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.

“Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.”

Article 7. –

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulée : “Dispositions diverses”. Elle regroupe les articles L. 35 à L. 37 du code.

Article 8. –

L'article L. 37 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.”

II. – Le second alinéa est ainsi rédigé :

“Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.”

Article 9. –

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : “Dispositions pénales”.

Ce chapitre regroupe les articles L. 39 à L. 45 dudit code.

Les articles L. 39 à L. 39-6, L. 40, L. 41 et L. 45 de ce chapitre sont ainsi rédigés :

“Article L. 39. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 6 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

“1° Aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;

“2° Aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes ou le services télex en violation des dispositions de l'article L. 34- 1 ;

“3° Aura fourni ou fait fournir un service-support sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-2 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;

“4° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-3 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;

“5° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sur un réseau établi en application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-4 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

Article L. 39-1. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

“1° Aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;

“2° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-5 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

“Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé une fréquence ou une installation radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée. Sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou les liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, les peines pourront être portées au double.

“Article L. 39-2. – Sera puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 33-1.

“Article L. 39-3. – Sera puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F quiconque aura effectué ou fait effectuer une publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de publicité interdite aux frais du condamné.

“Article L. 39-4. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.

“Article L. 39-5. – En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.

“Article L. 39-6. – En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre.

“Article L. 40. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC du 27 décembre 1990.]

[Dispositions déclarées inséparables des alinéas 1 et 2 de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications résultant de l'article 9 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC du 27 décembre 1990.]

“Article L. 41. – Tout agent de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau autorisé en vertu de l'article L. 33-1 ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret de la correspondance confiée au service auquel il participe est puni des peines mentionnées à l'article 187 du code pénal.

“Article L. 45. – En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le Code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.”

Article 10. – Le titre IV du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. – Les articles L. 87 et L. 88 du code sont abrogés.

II. – L'article L. 89 du code est ainsi rédigé :

“Article L. 89. – Sauf dans les cas visés au 3° de l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.

“Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.”

III. – L'article L. 90 du code est ainsi rédigé :

“Article L. 90. – Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtenir de ce certificat.”

IV. – L'article L. 91 du code est abrogé.

V. – L'alinéa 1er de l'article L. 92 du code est ainsi rédigé :

“Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.”

VI. – A l'article L. 93 du code, les mots : “Le permissionnaire” sont remplacés par les mots : “L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92”.

VII. – L'article L. 94 du code est abrogé.

VIII. – 1° A l'alinéa de l'article L. 95 du code, les mots : “les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature” sont remplacés par les mots : “les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9” ;

2° Le second alinéa de l'article L. 95 du code est abrogé.

IX. – L'article L. 96-1 du code est abrogé.

X. – L'article L. 97 du code est ainsi rédigé :

“Article L. 97. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.”

TITRE II.- DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI nº 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION

Article 11

. – L'article 10 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

“Article 10. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

“1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 31 ;

“2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.”

Article 12. –

L'article 11 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

Article 13. –

L'article 12 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

“Article 12. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services mentionnés aux articles 24, 25 et 31 doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.”

Article 14. –

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : “des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications” sont remplacés par les mots : “du secteur de l'audiovisuel”.

Article 15. –

L'article 23 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

“Article 23. – Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.”

Article 16. –

L'article 24 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

“Article 24. – I. – L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :

“1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

“La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

“2° Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.

“II. – Un décret en Conseil d'Etat définit, pour chaque catégorie de services soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :

“- la production et la diffusion des programmes ;

“- la publicité et le parrainage ;

“- la protection des mineurs ;

“- le droit de réponse ;

“- la sauvegarde du pluralisme.

“Conformément à ces règles, la convention définit les obligations particulières au service considérée ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

“III. – Pour l'application du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41, le titulaire d'un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41.

“L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

“Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2° de l'article 41-3 sont applicables aux titulaires d'un agrément.”

Article 17. –

Les articles 33 et 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont remplacés par les articles 33, 34, 34-1 et 34-2 ainsi rédigés :

“Article 33. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble :

“1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ;

“2° Les règles générales de programmation ;

“3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;

“4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;

“5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 34. – Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

Dans les zones d'habitant dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

“Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

“L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.

“L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323- 9 du code des communes ou prévue par la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :

“1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;

“2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

“3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;

“4° La distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;

“5° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

“Article 34-1. – Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

“La condition de simultanéité prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le programme est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

“Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

“Article 34-2. – Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 34-1 s'ils sont associés à un seul service.

“Les services de télécommunications dont l'objet n'est pas directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.”

Article 18. –

I. – Le troisième alinéa (2°) de l'article 43 de la loi nº 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

“2° Par dérogation aux articles 34 et 34-1 de la présente loi :

“a) l'exploitation des réseaux qui desservent moins de 100 foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne et normalement reçus dans la zone. L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article ;

“b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.”

II. – Le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

“La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.”

 

Article 19. –

Après l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

Article 78-1. – Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F.

“Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

“Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.”

 

Article 20. –

A l'article 100 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : “et de la direction générale des télécommunications” sont supprimés.

TITRE III.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21. –

Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont applicables aux titulaires de ces concessions et autorisations.

Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.

Article 22. –

Jusqu'au 31 décembre 1992, la simple revente de capacités de liaisons louées à l'exploitant public est interdite.

On entend par simple revente de capacités l'exploitation commerciale de liaisons louées à l'exploitant public pour fournir un service-support.

Article 23. –

La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, p$our les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai d'un an à compter de cette date.

Article 24. –

Les réseaux existants à la date de la publication de la présente loi qui entrent dans le champ d'application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.

Article 25. –

I. – Le premier alinéa de l'article 1er de la loi nº 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par une phrase ainsi rédigée :

“Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision.”

II. – Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi nº 66-457 du 2 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

L'offre de raccordement, faite par le propriétaire :

“- soit à une antenne collective,

“- soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, fournissant un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

“et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.”

III. – L'article 2 de la loi nº 66-457 du 2 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

“Article 2. – Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, un quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.”

Article 26. –

Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 27. –

Au premier alinéa de l'article 80 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : “messages de toute nature diffusés à l'antenne” sont remplacés par les mots : “messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage”.

Article 28. –

I. – On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.

Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la fourniture, l'exploitation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :

a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégralité du message transis ;

b) à autorisation préalable du Premier ministre dans les autres cas.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrites la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.

II. – Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aurait soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.

En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

III. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes dans leur domaine de compétence, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République.

Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Ils peuvent procéder, dans ces mêmes lieux, à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels saisis au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

IV. – Les autorisations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.

Article 29. –

I. – Le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est supprimé.

II. – Au début du second alinéa de l'article 9 de cette même loi, les mots : “du quatrième alinéa de l'article 8 de la présente loi” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications”.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 29 décembre 1990.

 

01Ene/14

Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. (BOE  nº93 de 19 de abril de 1999)

La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, ha establecido el marco jurídico aplicable a la utilización de los sistemas de grabación de imágenes y sonidos, como medio del que pueden servirse las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de su misión, encomendada por el art. 104 de la Constitución, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Esta novedosa regulación no sólo tiene por finalidad poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el empleo de estos medios para la prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la custodia de bienes en espacios públicos, sino que su finalidad primordial consiste en establecer las garantías necesarias para que dicha utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos.

Así, las normas contenidas en la citada Ley someten, en primer lugar, la utilización de videocámaras a autorización administrativa previa, si bien el régimen de autorización es distinto según se trate de instalaciones fijas de videocámaras o de videocámaras móviles. En segundo lugar, describen los principios de su utilización, esto es, los principios de idoneidad e intervención mínima. Y en tercer lugar, establecen las garantías precisas en relación con las videograbaciones resultantes.

Dentro del régimen de garantías establecido en la Ley Orgánica 4/1997 tiene un papel clave la Comisión prevista en su art. 3, como órgano consultivo dotado de independencia de la autoridad administrativa competente para otorgar la autorización. La Ley atribuye a esta Comisión el informe previo necesario para la autorización de instalaciones fijas de videocámaras, así como el informe, a posteriori, de la autorización de videocámaras móviles. En ambos casos, si el informe es negativo o condicionante, tiene carácter vinculante.

El mencionado art. 3 establece que la composición y funcionamiento de esta Comisión, cuya presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de que se trate, así como la participación de los municipios en ella, se determinará reglamentariamente.

Otra de las garantías establecidas en la Ley Orgánica 4/1997 es el régimen aplicable a la conservación de las grabaciones, para el cual impone importantes limitaciones, tales como su destrucción en el plazo de un mes, con carácter general, y los derechos de los interesados de acceso y cancelación de las mismas. En este régimen resulta fundamental la responsabilidad atribuida al órgano o autoridad gubernativa que tenga a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas, sobre el ulterior destino de las mismas y en la resolución de las peticiones de acceso o cancelación. El apartado 4 del art. 8 de la Ley Orgánica citada establece que reglamentariamente la Administración competente determinará dicho órgano o autoridad gubernativa.

Así pues, resulta necesario para la aplicación de la Ley Orgánica 4/1997, el desarrollo reglamentario de estas garantías establecidas en la misma.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de abril de 1999,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento

Se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, que a continuación se inserta.

Disposición adicional única. Régimen aplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y disciplina del tráfico

1. La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997 y en la presente disposición.

2. Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de los dispositivos aludidos en el apartado anterior.

3. La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción, identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de ser captada, las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos, así como el órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.

La vigencia de la resolución será indefinida en tanto no varíen las circunstancias que la motivaron.

En el ámbito de la Administración General del Estado la facultad resolutoria recaerá en el Director general de Tráfico.

4. La utilización de medios móviles de captación y reproducción de imágenes, que no requerirá la resolución a la que se refiere el apartado anterior, se adecuará a los principios de utilización y conservación enunciados en el mismo.

5. La custodia y conservación de la grabaciones y la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación a las mismas corresponderá a los órganos que determinen las Administraciones públicas competentes. En el caso de la Administración General del Estado, corresponderá al responsable de los servicios provinciales del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

6. Cuando los medios de captación de imágenes y sonidos a los que se refiere esta disposición resulten complementarios de otros instrumentos destinados a medir con precisión, a los efectos de la disciplina del tráfico, magnitudes tales como la velocidad de circulación de los vehículos a motor, dichos aparatos deberán cumplir los requisitos que, en su caso, prevean las normas metrológicas correspondientes.

7. La utilización de las videocámaras contempladas en esta disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997 y en el presente Reglamento.

En el caso de que dicha utilización se realice por las Unidades de Policía Judicial en sentido estricto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su normativa específica.

Disposición final primera. Desarrollo

El Ministro del Interior podrá dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Reglamento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto y el Reglamento que por éste se aprueba entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCION DE LA LEY ORGANICA 4/1997, DE 4 DE AGOSTO, POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES PUBLICOS

CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Constituye el objeto del presente Reglamento regular el procedimiento de autorización y utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras, con las finalidades previstas en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, establecer la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia, determinar el régimen de conservación y destrucción de las grabaciones, y garantizar el ejercicio por los ciudadanos de los derechos de información, acceso y cancelación en relación con aquéllas.

Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación

1. Lo establecido en este Reglamento no será de aplicación a las instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que éstas se dediquen exclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos.

2. Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilicen instalaciones fijas de videocámaras de las que no sean titulares, y exista, por parte policial, un control y dirección efectiva del proceso completo de captación, grabación, visionado y custodia de las imágenes y sonidos, será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 4/1997, y en este Reglamento.

Cuando concurran las circunstancias de hecho descritas en el párrafo anterior, pero la utilización de las instalaciones fijas de videocámaras tenga como única finalidad garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los inmuebles que se encuentren bajo la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será de aplicación el régimen previsto en el apartado primero de este artículo.

3. Las unidades de Policía Judicial reguladas en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el desempeño de funciones de policía judicial en sentido estricto, realicen captaciones de imágenes y sonidos mediante videocámaras, se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por su normativa específica.

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION Y UTILIZACION

SECCION PRIMERA. Instalaciones fijas de videocámaras

Artículo 3. Solicitud

1. Podrán formular la solicitud:

a) El Subdelegado del Gobierno en la provincia donde no radique la sede de la Delegación del Gobierno. En las provincias donde tenga su sede la Delegación del Gobierno y en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el procedimiento podrá iniciarse de oficio.

b) El Jefe de la Comisaría Provincial de Policía y el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en sus respectivas demarcaciones, por conducto del Subdelegado del Gobierno.

c) En las provincias donde los responsables policiales mencionados en la letra anterior no existan o sean miembros de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia, la solicitud será formulada por sus inmediatos inferiores a través de los mismos cauces procedimentales previstos.

d) El Alcalde o, en su caso, el concejal competente en materia de seguridad ciudadana, respecto a la policía local de su municipio.

2. La solicitud se dirigirá al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate, y deberá contener:

a) La identificación del solicitante. b) Los motivos que la justifican. c) La definición genérica del ámbito físico susceptible de ser grabado. d) La necesidad o no de grabar sonidos con sujeción a las limitaciones legalmente establecidas. e) La cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de las imágenes y sonidos. f) El tipo de cámara y sus condiciones técnicas. g) El período de tiempo en el que se pretenda efectuar las grabaciones.

Artículo 4. Informes

1. El Delegado del Gobierno remitirá de inmediato la solicitud a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente, para que, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la recepción de la misma, emita el informe previsto en el párrafo a) del art. 16 de este Reglamento.

2. Si el informe de la Comisión considera que la solicitud vulnera los criterios del art. 4 de la Ley Orgánica 4/1997, no podrá autorizarse la instalación.

Artículo 5. Resolución

1. En el plazo máximo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, el Delegado del Gobierno notificará la resolución motivada, que tendrá en todo caso carácter revocable e incluirá, como mínimo, todos los extremos aludidos en el apartado 4 del art. 3 de la Ley Orgánica 4/1997.

2. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la autorización se entenderá denegada.

3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

SECCION SEGUNDA. Videocámaras móviles

Artículo 6. Solicitud

1. Podrán formular la solicitud los mandos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el conducto reglamentario y el Alcalde o el concejal competente en materia de seguridad ciudadana, respecto a la policía local de su municipio.

2. La solicitud, que deberá acreditar la necesidad e idoneidad del uso de este tipo de videocámaras, se dirigirá a los órganos señalados en el artículo siguiente.

Artículo 7. Competencia para la autorización

1. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las provincias donde tenga su sede la Delegación del Gobierno, la autorización del uso de videocámaras móviles corresponderá al Delegado del Gobierno.

2. La autorización del uso de videocámaras móviles corresponderá al Subdelegado del Gobierno en aquellas provincias donde no radique la sede de la Delegación del Gobierno.

Artículo 8. Resolución

1. En el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, se notificará la resolución motivada de acuerdo con lo previsto en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1997.

Si la resolución es autorizatoria, se pondrá en conocimiento de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente en el plazo máximo de setenta y dos horas a contar desde su adopción, por cualquier medio telemático, informático o documental que acredite su recepción.

2. Si transcurrido el citado plazo de un mes no se hubiese dictado resolución, la autorización se entenderá desestimada.

3. La resolución del Delegado del Gobierno pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Contra la resolución del Subdelegado del Gobierno podrá interponerse recurso de alzada ante el Delegado del Gobierno.

Artículo 9. Régimen excepcional

En el supuesto previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del art. 5 de la Ley Orgánica 4/1997, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que realicen las grabaciones, lo comunicarán, en el plazo de veinticuatro horas, a la autoridad contemplada en el art. 7 de este Reglamento, y en las siguientes veinticuatro horas le remitirán ineludiblemente un informe motivado al respecto.

Dicha autoridad, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que se realizó la grabación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente, remitiéndose, además, el aludido informe motivado.

SECCION TERCERA. Renovación de autorizaciones

Artículo 10. Solicitud y resolución

1. Las solicitudes de renovación de las autorizaciones para las instalaciones fijas de videocámaras o para la utilización de las móviles se tramitarán y resolverán por el mismo procedimiento que el establecido para las autorizaciones iniciales, si bien su motivación se limitará a las razones que recomienden la renovación.

Sólo procederá el otorgamiento cuando subsistan o se agraven las circunstancias que motivaron el otorgamiento inicial.

2. Las solicitudes de renovación de aquellas autorizaciones que se hayan otorgado por el plazo máximo de un año, deberán formularse con dos meses de antelación a su expiración.

El resto deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la de la fecha de vencimiento de su vigencia, y en caso de ser la autorización inicial por plazo inferior a un mes, con una antelación mínima a la mitad del tiempo autorizado.

3. Si no se formula la solicitud de renovación en los plazos señalados en el apartado anterior, habrá de tramitarse como una nueva autorización.

SECCION CUARTA. Registro de autorizaciones

Artículo 11. Inscripción

1. Cada Delegado del Gobierno creará un Registro en el que consten todas las autorizaciones de las instalaciones fijas de videocámaras, así como, en su caso, las renovaciones de las mismas.

2. La inscripción se efectuará de oficio y en la misma deberán constar, como mínimo, los datos referentes al titular de la autorización, la fecha de la misma, el plazo de vigencia, el ámbito genérico de grabación y el órgano encargado de la custodia, inutilización o destrucción de las grabaciones.

3. El Subdelegado del Gobierno que haya autorizado el uso de videocámaras móviles, deberá comunicar cada resolución autorizatoria, junto con los datos básicos de la misma, al Delegado del Gobierno para su inscripción en el Registro previsto en el apartado 1 de este artículo.

CAPITULO III. COMISIONES DE GARANTIAS DE LA VIDEOVIGILANCIA

Artículo 12. Denominación y naturaleza

1. Las Comisiones a las que se refiere el art. 3 de la Ley Orgánica 4/1997, se denominarán Comisiones de Garantías de la Videovigilancia, debiendo constar a continuación de dicha expresión la denominación oficial de la Comunidad Autónoma donde se constituyen.

2. Las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia son órganos colegiados, de ámbito territorial autonómico, encargados de emitir informes, con el carácter establecido en la Ley Orgánica 4/1997, en materia de autorización de instalación y uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y se reunirán en el lugar que en cada caso determine su Presidente.

Artículo 13. Composición

1. Las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia estarán integradas por:

Presidente: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Vocales: El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Un Abogado del Estado designado por el Director del Servicio Jurídico del Estado de entre los destinados en la localidad donde tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Un representante de la Administración General del Estado, designado por el Secretario de Estado de Seguridad, en razón de sus responsabilidades o pericia profesional.

Un Alcalde representante de los municipios encuadrados en el ámbito de la correspondiente Comunidad Autónoma, designado por la Asociación de municipios de ámbito autonómico con mayor implantación.

Secretario: El Secretario general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente, que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.

2. Podrán asistir, como asesores, expertos en materia de seguridad ciudadana, designados por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.

Artículo 14. Régimen de suplencias

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Presidente del Tribunal Superior de Justicia será sustituido por el Presidente de Sala de la misma sede más antiguo en el cargo.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia será sustituido por el Teniente Fiscal.

3. Los suplentes de los restantes Vocales se designarán, en sus respectivos ámbitos, entre personas de idéntica o similar condición que la de los titulares, por el Director del Servicio Jurídico del Estado, por el Secretario de Estado de Seguridad y por la asociación de municipios de ámbito autonómico con mayor implantación.

4. Los suplentes del Secretario y, en su caso, de los asesores los designará el Delegado del Gobierno correspondiente.

Artículo 15. Régimen de funcionamiento

1. Para la válida constitución y funcionamiento de las Comisiones, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario y la de la mitad, al menos, de los vocales. En ningún caso podrán ser mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante.

2. Los acuerdos se tomaran por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el voto de calidad del Presidente dirimirá la cuestión.

3. Las Comisiones se regirán, en todo lo no previsto en el presente Reglamento, por lo establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Los miembros de las Comisiones devengarán las indemnizaciones por razón del servicio que en cada caso correspondan de acuerdo con la normativa aplicable en el ámbito respectivo.

Artículo 16. Competencias de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia

Corresponde a las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia ejercer las siguientes competencias:

a) Emitir informe preceptivo sobre las solicitudes de instalaciones fijas de videocámaras.

El informe será vinculante cuando considere que la instalación supondría una vulneración de los criterios establecidos en el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1997, en cuyo caso no podrá concederse la autorización solicitada.

También será vinculante el informe, cuando, siendo favorable a la instalación, se condicione a restricciones, limitaciones o prevenciones en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado art. 4, a las cuales deberá sujetarse la autorización solicitada.

b) Ser informada de las resoluciones de autorización de videocámaras móviles y del uso excepcional de las mismas, previstos en el apartado 2 del art. 5 de la Ley Orgánica 4/1997.

c) Ser informada, al menos con periodicidad quincenal, de la utilización que se haga de videocámaras móviles.

d) Recabar en cualquier momento, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el soporte físico de las grabaciones efectuadas por videocámaras móviles y emitir un informe al respecto.

e) Informar, a petición de las autoridades competentes, sobre la adecuación de cualquier registro de imagen y sonido obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios enunciados en el art. 6 de la Ley Orgánica 4/1997.

f) Ordenar la destrucción de las grabaciones cuando, en el ejercicio de sus competencias, constaten el incumplimiento de los criterios y principios establecidos en la Ley Orgánica 4/1997.

g) Requerir de las autoridades responsables la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

h) Formular cuantas recomendaciones estime oportunas en el ámbito de sus competencias.

CAPITULO IV. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS GRABACIONES

Artículo 17. Competencia

Los órganos facultados para formular las solicitudes de instalaciones fijas de videocámaras o de utilización de videocámaras móviles, de conformidad con lo establecido en los arts. 3 y 6 de este Reglamento, tendrán a su cargo la custodia de las grabaciones obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción.

Artículo 18. Destrucción de grabaciones

1. Las grabaciones deberán ser destruidas por la autoridad que tenga encomendada su custodia material conforme a lo previsto en el artículo anterior, en el plazo máximo de un mes a contar desde el mismo día de su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

También se conservarán cautelarmente las grabaciones cuando se interpongan los recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa a que aluden los apartados 2 del art. 23 y 3 del art. 24, hasta la sustanciación de los mismos.

2. La destrucción podrá hacerse efectiva por cualquier modalidad que permita el borrado o inutilización de las grabaciones, o de las imágenes y sonidos concretos que deban ser cancelados.

Artículo 19. Conservación de grabaciones

1. Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, se pondrán a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su captación. Si en ese tiempo no fuese posible redactar el correspondiente atestado, se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se les entregará la grabación, en todo caso en el plazo ineludible de setenta y dos horas desde su realización.

2. Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán de inmediato al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 20. Destrucción de grabaciones ilegales

o del apartado segundo del artículo quinto y en el apartado quinto del artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1997, el responsable de la custodia de las grabaciones deberá destruir de inmediato las imágenes y sonidos así obtenidos.

CAPITULO V. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Artículo 21. Información al público

1. La información al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras será responsabilidad de la autoridad que haya otorgado la autorización, y deberá ser efectiva desde el mismo momento en que se proceda a la utilización de las mismas, debiendo mantenerse actualizada de forma permanente.

2. Dicha información, que no especificará el emplazamiento concreto de las instalaciones fijas de videocámaras, deberá contener en todo caso una descripción genérica de la zona de vigilancia y de las autoridades responsables de la autorización y custodia de las grabaciones.

Artículo 22. Procedimiento de información al público

1. Para informar al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras se utilizará una placa informativa, en la cual figurará el pictograma de una cámara de vídeo, y un panel complementario con el contenido especificado en el artículo anterior.

2. El diseño y formato de la placa informativa y el del panel complementario se ajustará a lo establecido en el anexo al presente Reglamento.

3. Cuando por razones debidamente justificadas no puedan emplearse los medios descritos en los apartados anteriores, se utilizarán cualesquiera otros instrumentos de información para garantizar la efectividad de lo previsto en el apartado primero del artículo noveno de la Ley Orgánica 4/1997.

Artículo 23. Derecho de acceso a las grabaciones

1. Toda persona que considere razonablemente que figura en grabaciones efectuadas con videocámaras, podrá ejercer el derecho de acceso a las mismas, mediante solicitud dirigida a la autoridad encargada de su custodia.

En la solicitud, además de los requisitos generales establecidos en la legislación general del procedimiento administrativo común, deberá constar la identificación del interesado mediante fotografías, preferentemente de cuerpo entero, y en todo caso de la cara, así como el día, hora y lugar en que presumiblemente fue grabada su imagen.

2. La autoridad competente para la custodia de las grabaciones notificará la resolución sobre la petición de acceso, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 9 de la Ley Orgánica 4/1997, en el plazo de diez días a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que de forma expresa se responda a la solicitud de acceso, ésta podrá entenderse estimada.

Si la resolución fuere desestimatoria, se podrá interponer contra la misma recurso de alzada, potestativo de reposición, contencioso-administrativo o, en su caso, el correspondiente conforme a la legislación en materia de régimen local.

3. En el caso de que en el plazo previsto para resolver la solicitud de acceso la grabación haya sido destruida o remitida a las autoridades competentes para sancionar presuntos ilícitos penales o administrativos, se pondrán estas circunstancias en conocimiento del solicitante.

4. Sin perjuicio de cualquier otro sistema de consulta, el sistema ordinario de acceso a las grabaciones será la visualización en pantalla.

Artículo 24. Régimen de cancelación de grabaciones

1. Cuando como resultado del ejercicio del derecho de acceso a la grabación considere el interesado que las imágenes y sonidos no son ajustadas a lo previsto en la Ley Orgánica 4/1997, podrá solicitar a la autoridad de custodia la cancelación de las mismas o ésta acordarla de oficio.

2. La autoridad competente notificará la resolución en el plazo de siete días a contar desde el día de la solicitud.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que de forma expresa se resuelva la solicitud, ésta podrá entenderse estimada a los efectos de la interposición de los recursos mencionados en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 25. Cancelación parcial de imágenes y sonidos

En los casos en que sea procedente la cancelación parcial de las grabaciones, y no sea posible o conveniente su destrucción total, tanto por razones técnicas como por causa del procedimiento o soporte utilizado, el responsable de su custodia procederá, en función de las disponibilidades técnicas, a la distorsión o bloqueo, general o puntual, de las imágenes y, en su caso, de los sonidos, con el fin de impedir su ulterior utilización, sin que ello implique, necesariamente, la supresión o borrado de las restantes imágenes o sonidos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Competencias de las Comunidades Autónomas

Con arreglo a lo prevenido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1997, el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las disposiciones de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de las personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público.

Disposición Adicional Segunda. Especialidades para las Ciudades de Ceuta y Melilla

1. En cada Ciudad se constituirá la correspondiente Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que estará integrada por:

Presidente: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vocales: El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Abogado del Estado que designe el Director del Servicio Jurídico del Estado.

Un representante de la Administración General del Estado, designado por el Secretario de Estado de Seguridad, en razón de sus responsabilidades o pericia profesional.

Un representante de la Ciudad con competencias en materia de seguridad ciudadana.

Secretario: El Secretario general de la Delegación del Gobierno en la respectiva Ciudad, que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.

2. Podrán asistir, como asesores, expertos en materia de seguridad ciudadana, designados por el Delegado del Gobierno en la Ciudad correspondiente, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá delegar la presidencia de las Comisiones de las Ciudades de Ceuta y Melilla en quien él mismo o la Sala de Gobierno del citado Tribunal determine.

4. El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía podrá delegar en cualquier Fiscal destinado en esa Comunidad Autónoma.

5. Todas las referencias que se hacen en el presente Reglamento a la Delegación o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas, comprenden a la Delegación o al Delegado del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición Adicional Tercera. Constitución de las Comisiones

Las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia se constituirán en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento.

Disposición Adicional Cuarta. Supletoriedad

En lo no previsto en materia de procedimiento en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en las normas generales del procedimiento administrativo común.

Disposición Adicional Quinta. Cámaras de protección de instalaciones policiales

No obstante lo establecido en el apartado 1 y en el párrafo segundo del apartado 2 del art. 2 del presente Reglamento, las unidades policiales que pretendan realizar instalaciones fijas de videocámaras, en el exterior de sus inmuebles o de los que se encuentren bajo su vigilancia, exclusivamente para la protección de éstos, lo comunicarán, con carácter previo, a la correspondiente Delegación del Gobierno, junto con un informe descriptivo.

Si el Delegado del Gobierno, en el plazo de siete días, no hace manifestación en contrario, se entenderá concedida la correspondiente autorización.

Disposición Adicional Sexta. Comisiones de Garantías de la Videovigilancia en las Comunidades Autónomas aludidas en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1997

1. En las Comunidades Autónomas a las que se refiere la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1997, podrá existir una única Comisión de Garantías de la Videovigilancia para la instalación de videocámaras por cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en las mismas, previa suscripción del correspondiente convenio de colaboración al efecto entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

2. En el caso de hacerse uso de la facultad prevista en el apartado anterior, formarán parte de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, en todo caso, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que la presidirá, y como vocales, el Fiscal Jefe de dicho Tribunal, dos representantes designados por la Administración General del Estado, dos representantes designados por la Administración autonómica y dos Alcaldes, designados por las dos asociaciones de entidades locales con mayor implantación en el ámbito autonómico.

Podrán asistir, como asesores, expertos en materia de seguridad ciudadana, designados por la Administración autorizante en función de la distribución competencial en esta materia, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Disposición Transitoria Unica. Autorización de las instalaciones ya existentes

Con excepción de lo dispuesto en el apartado 1 y en el párrafo segundo del apartado 2 del art. 2 y en la disposición adicional quinta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan instalaciones fijas de videocámaras con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento y pretendan seguir utilizándolas, deberán, de acuerdo con lo previsto en el mismo, solicitar la correspondiente autorización, que tendrá prioridad en su tramitación.

ANEXO

A) Placa informativa

La placa informativa a la que se refiere el art. 22 de este Reglamento tendrá la misma forma, color, diseño y dimensiones que la señal de indicación general con nomenclatura “S-17”, descrita en el art. 159 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

En la citada placa -en sustitución de la letra “P”- estará dibujado, de forma inalterable, el pictograma de una cámara de video, con la expresión “ZONA VIGILADA”, similar al siguiente:

Tendrá fondo azul y caracteres o pictogramas en blanco.

Significado: indica que la zona, genéricamente descrita en el panel complementario, está vigilada mediante videocámaras.

La ubicación de una placa informativa, con el correspondiente panel complementario, significará que la zona está vigilada en un radio de 500 metros por videocámaras.

B) Panel complementario

El panel complementario al que se refiere el art. 22 de este Reglamento tendrá la misma forma, color, diseño, dimensiones y ubicación que el panel complementario genérico con nomenclatura S-860, descrito en el art. 163 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

Tendrá fondo blanco y caracteres o pictogramas en negro.

En el panel deberá constar, como mínimo, de forma semiinalterable, la zona genérica sujeta a vigilancia y la autoridad responsable de la custodia de las grabaciones.

01Ene/14

Lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Aftale af 19. december 1996 om Danmarks tiltrædelse af konvention om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengenkonventionen) kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 2. Endvidere kan samarbejdsaftale af 19. december 1996 mellem Schengenmedlemslandene og Norge og Island om afskaffelse af personkontrollen ved de fælles grænser ratificeres på Danmarks vegne.

 

§ 2. Bestemmelserne i konventionens afsnit IV (Schengeninformationssystemet) gælder her i landet.

Stk. 2. Rigspolitichefen er den centrale myndighed efter konventionens artikel 108, stk. 1.

Stk. 3. Registertilsynet er tilsynsmyndighed efter konventionens artikel 114 og 128.

 

§ 3. Polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v., der udfører opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41, har ret til at bære tjenestevåben efter konventionens regler.

Stk. 2. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v. under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41.

Stk. 3. Forvolder polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v. under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41 skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatning af justitsministeren.

 

§ 4. Lovens § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for lovens øvrige bestemmelser.

 

§ 5. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan, for så vidt angår § 2, ved kongelig anordning sættes i kraft også for disse landsdele.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

Frank Jensen

 

 

Bilag 1.- KONVENTION OM GENNEMFØRELSE AF SCHENGEN-AFTALEN AF 14. JUNI 1985 MELLEM REGERINGERNE FOR STATERNE I DEN ØKONOMISKE UNION BENELUX, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG DEN FRANSKE REPUBLIK OM GRADVIS OPHÆVELSE AF KONTROLLEN VED DE FÆLLES GRÆNSER

Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, i det følgende benævnt de kontraherende parter,

som henviser til Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser,

som har vedtaget at virkeliggøre målet i denne aftale om at afskaffe kontrollen med persontrafik ved de fælles grænser og at lette transport og varebevægelser,

som tager i betragtning, at traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, som suppleret ved den europæiske fælles akt, fastsætter, at det indre marked indebærer et område uden indre grænser,

som tager i betragtning, at det mål, som de kontraherende parter forfølger, er sammenfaldende med ovennævnte målsætning, for så vidt andet ikke fastsættes i foranstaltninger, der træffes i medfør af traktatens bestemmelser,

som tager i betragtning, at det for at virkeliggøre dette mål er nødvendigt at træffe en række egnede foranstaltninger og etablere et snævert samarbejde mellem de kontraherende parter,

er blevet enige om følgende:

 

AFSNIT I.- Definitioner

 

Artikel 1

I denne konvention forstås ved:

Indre grænser: de kontraherende parters fælles landgrænser samt deres lufthavne for så vidt angår interne flyvninger og søhavne for så vidt angår færgeruter, der udelukkende går til eller fra havne på de kontraherende parters område uden at anløbe havne uden for dette område

Ydre grænser: de kontraherende parters land- og søgrænser samt luft- og søhavne, for så vidt de ikke er indre grænser

Intern flyvning: en flyvning, der udelukkende er påbegyndt i eller går til de kontraherende parters område uden mellemlanding på et tredjelands område

Tredjeland: en stat, som ikke er kontraherende part

Udlænding: en person, der ikke er statsborger i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater

Udlænding, der er indberettet som uønsket: en udlænding, der efter artikel 96 er indberettet til Schengen-informationssystemet som uønsket

Grænseovergangssted: et af de kompetente myndigheder godkendt overgangssted for passage af de ydre grænser

Grænsekontrol: en kontrol ved grænserne, der uagtet andre kontrolgrunde udelukkende foretages på grund af den planlagte grænsepassage

Transportvirksomhed: en fysisk eller juridisk person, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører personbefordring ad luft-, sø- eller landvejen

Opholdstilladelse: en tilladelse af enhver art, der er udstedt af en kontraherende part, og som giver ret til ophold på denne parts område. Midlertidig tilladelse til ophold på en kontraherende parts område med henblik på behandling af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse er ikke omfattet

Asylansøgning: en anmodning afgivet skriftligt, mundtligt eller på anden vis af en udlænding ved en kontraherende parts ydre grænse eller på denne parts område med henblik på at blive anerkendt som flygtning efter Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, samt at få opholdstilladelse som flygtning

Asylansøger: en udlænding, der i medfør af denne konvention har indgivet en asylansøgning, hvorom der endnu ikke er truffet endelig afgørelse

Behandling af en asylansøgning: alle undersøgelses- og beslutningsprocedurer i forbindelse med en asylansøgning samt alle foranstaltninger truffet i tilknytning til de endelige afgørelser, med undtagelse af fastsættelsen af, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen i medfør af denne konvention

 

AFSNIT II.- Ophævelse af kontrollen ved de indre grænser og persontrafik

Kapitel 1.- Passage af de indre grænser

Artikel 2

1. De indre grænser kan alle steder passeres uden personkontrol.

2. Når den offentlige orden eller den nationale sikkerhed kræver det, kan en kontraherende part dog efter samråd med de øvrige kontraherende parter træffe beslutning om, at der i et begrænset tidsrum iværksættes en national grænsekontrol, der er tilpasset forholdene, ved de indre grænser. Hvis det af hensyn til den offentlige orden eller den nationale sikkerhed er påkrævet at handle omgående, træffer den pågældende kontraherende part de nødvendige foranstaltninger og underretter snarest muligt de øvrige kontraherende parter herom.

3. Ophævelsen af personkontrollen ved de indre grænser berører hverken anvendelsen af artikel 22 eller de kompetente myndigheders udøvelse af deres politimæssige beføjelser efter national lovgivning på hele den kontraherende parts område, eller den lovbestemte pligt til at være i besiddelse af, medføre og forevise tilladelser og dokumenter.

4. Varekontrol gennemføres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne konvention.

 

Kapitel 2.- Passage af de ydre grænser

Artikel 3

1. Passage af de ydre grænser kan principielt kun ske ved grænseovergangsstederne og inden for åbningstiden. Nærmere bestemmelser herom såvel som undtagelser og regler for mindre grænsetrafik samt regler for særlige former for skibstrafik som f.eks. lystsejlads og kystfiskeri vedtages af Eksekutivkomiteen.

2. De kontraherende parter forpligter sig til at indføre sanktioner mod uautoriseret passage af de ydre grænser uden for grænseovergangsstederne og uden for åbningstiden.

 

Artikel 4

1. Fra 1993 sikrer de kontraherende parter, at passagerer, der ankommer med fly fra et tredjeland, underkastes personkontrol og kontrol af håndbagage ved indrejsen i den lufthavn, hvortil flyet ankommer fra det pågældende tredjeland, inden de påbegynder en intern flyvning. Passagerer fra interne flyvninger underkastes personkontrol og kontrol af håndbagagen ved udrejsen i den lufthavn, hvorfra flyet afgår til et tredjeland, inden de flyver videre til det pågældende tredjeland.

2. De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til, at kontrollen gennemføres i overensstemmelse med stk. 1.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 berører ikke kontrollen med indskrevet bagage; denne kontrol foretages enten i den endelige ankomstlufthavn eller i den oprindelige afgangslufthavn.

4. Uanset definitionen på indre grænser betragtes lufthavne indtil det tidspunkt, der er fastsat i stk. 1, som ydre grænser for så vidt angår interne flyvninger.

 

Artikel 5

1. En udlænding kan få tilladelse til at indrejse i og opholde sig på de kontraherende parters område i indtil tre måneder, hvis den pågældende opfylder følgende betingelser:

· a) den pågældende skal være i besiddelse af et eller flere gyldige grænsepassagedokumenter, der fastlægges af Eksekutivkomiteen

· b) den pågældende skal være i besiddelse af gyldigt visum, hvis dette kræves

· c) den pågældende skal om nødvendigt forelægge dokumentation for opholdets formål og nærmere omstændigheder og have de nødvendige midler til sit underhold både med hensyn til hele det påtænkte ophold og til hjemrejsen til hjemlandet eller til gennemrejsen til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller være i stand til på lovlig vis at erhverve sig disse midler.

· d) den pågældende må ikke være indberettet som uønsket

· e) den pågældende må ikke udgøre en trussel for en af de kontraherende parters offentlige orden, nationale sikkerhed eller internationale forbindelser

2. En udlænding, der ikke opfylder alle betingelserne, skal nægtes indrejse i de kontraherende parters område, medmindre en kontraherende part finder det nødvendigt at fravige dette princip af humanitære hensyn, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser. I så fald begrænses indrejsetilladelsen til den pågældende kontraherende parts område, og denne skal underrette de øvrige kontraherende parter herom.

Disse regler berører ikke anvendelsen af de særlige bestemmelser i asylretten eller bestemmelserne i artikel 18.

3. En udlænding, der er i besiddelse af en opholdstilladelse eller et returvisum udstedt af en af de kontraherende parter eller om nødvendigt begge dokumenter, skal have tilladelse til gennemrejse, medmindre den pågældende er opført på den nationale liste over uønskede udlændinge af den kontraherende part, ved hvis ydre grænser den pågældende ønsker at indrejse.

 

Artikel 6

1. Grænsetrafikken ved de ydre grænser kontrolleres af de kompetente myndigheder. Kontrollen gennemføres for de kontraherende parters område efter ensartede principper inden for rammerne af den nationale kompetence og den nationale lovgivning og under hensyn til samtlige kontraherende parters interesser.

2. De ensartede principper, jf. stk. 1, er følgende:

· a) Personkontrollen omfatter ikke alene en kontrol af rejsedokumenter og andre betingelser for indrejse, ophold, arbejde og udrejse, men også eftersøgning og forebyggelse af trusler mod den nationale sikkerhed og den offentlige orden i de kontraherende stater. Kontrollen omfatter også motorkøretøjer og genstande, som personer, der passerer grænsen, er i besiddelse af. Den gennemføres af den enkelte kontraherende part i overensstemmelse med denne parts lovgivning, herunder lovgivningens bestemmelser om undersøgelser.

· b) Alle rejsende skal mindst underkastes en kontrol, der gør det muligt at fastslå deres identitet på grundlag af forelagt eller forevist rejselegitimation.

· c) Udlændinge skal ved indrejsen underkastes en indgående kontrol efter litra a).

· d) Ved udrejsen foretages den kontrol, der i alle kontraherende parters interesse er påkrævet ifølge udlændingelovgivningen og med henblik på eftersøgning og forebyggelse af trusler mod de kontraherende parters nationale sikkerhed og offentlige orden. Alle udlændinge skal underkastes denne kontrol.

· e) Hvis en sådan kontrol ikke kan gennemføres som følge af særlige omstændigheder, bør der foretages en prioritering. I denne forbindelse er indrejsekontrol principielt vigtigere end udrejsekontrol.

3. De kompetente myndigheder overvåger de ydre grænser med mobile enheder på strækningerne mellem grænseovergangsstederne, ligesom de overvåger grænseovergangsstederne uden for den normale åbningstid. Denne overvågning gennemføres for ikke at tilskynde nogen til at unddrage sig kontrol ved grænseovergangsstederne. Nærmere bestemmelser for denne overvågning kan om nødvendigt fastsættes af Eksekutivkomiteen.

4. De kontraherende parter forpligter sig til at indsætte tilstrækkeligt og kvalificeret personale til at gennemføre denne kontrol og overvågning af de ydre grænser.

5. Kontrollen ved de ydre grænser skal have et ensartet omfang.

 

Artikel 7

De kontraherende parter yder hinanden gensidig bistand og sikrer et snævert og permanent samarbejde med henblik på en effektiv gennemførelse af kontrol og overvågning. De udveksler navnlig alle relevante og væsentlige oplysninger, dog ikke oplysninger om navngivne enkeltpersoner, medmindre andet er fastsat i denne konvention, ligesom de i videst muligt omfang giver ensartede instrukser til de myndigheder, der udøver kontrol, og fremmer en ensartet uddannelse samt efter- og videreuddannelse af de personer, der udøver kontrol. Dette samarbejde kan tage form af udveksling af forbindelsesofficerer.

 

Artikel 8

Eksekutivkomiteen træffer de nødvendige beslutninger om de praktiske gennemførelsesbestemmelser for kontrollen og overvågningen ved grænserne.

 

Kapitel 3.- Visum

Afdeling 1.- Visum til kortvarige ophold

Artikel 9

1. De kontraherende parter forpligter sig til at føre en fælles politik med hensyn til persontrafik og navnlig visumregler. Med henblik herpå yder de hinanden gensidig bistand. De kontraherende parter forpligter sig til efter fælles aftale at fortsætte harmoniseringen af deres visumpolitik.

2. Fælles visumregler, der på tidspunktet for undertegnelsen af denne konvention eller på et senere tidspunkt efter fælles aftale gælder i alle kontraherende stater for tredjelandsstatsborgere, kan kun ændres efter fælles aftale mellem samtlige kontraherende parter. En kontraherende part kan undtagelsesvis fravige de fælles visumregler over for et tredjeland, når tungtvejende hensyn til national politik kræver en hurtig afgørelse. Den pågældende part skal da forinden konsultere de øvrige kontraherende parter og i sin afgørelse tage hensyn til deres interesser og konsekvenserne af afgørelsen.

 

Artikel 10

1. Der indføres et ensartet visum gældende for alle kontraherende parters område. Dette visum kan udstedes til et ophold af højst tre måneders varighed, jf. dog artikel 11 for så vidt angår gyldighedsperioden.

2. Indtil et sådant visum indføres, anerkender de kontraherende parter de respektive nationale visa, for så vidt de er udstedt på grundlag af de fælles betingelser og kriterier, der gælder ifølge de relevante bestemmelser i dette kapitel.

3. Uanset stk. 1 og 2 forbeholder hver kontraherende part sig ret til at begrænse et visums territoriale gyldighed efter fælles retningslinjer fastlagt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette kapitel.

 

Artikel 11

1. Visummet efter artikel 10 kan udstedes som:

· a) et visum, der er gyldigt for en eller flere indrejser, idet dog hverken varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold må overstige tre måneder pr. halvår regnet fra den første indrejsedato

· b) et transitvisum, der giver indehaveren ret til at rejse en, to eller undtagelsesvis flere gange gennem de kontraherende parters område til et tredjelands område, idet transittiden dog ikke må overstige fem dage.

2. Bestemmelserne i stk. 1 er ikke til hinder for, at en kontraherende part i løbet af det pågældende halvår om nødvendigt udsteder et nyt visum, der kun har gyldighed på vedkommende lands område.

 

Artikel 12

1. Det ensartede visum efter artikel 10, stk. 1, udstedes af de kontraherende parters diplomatiske eller konsulære repræsentationer og eventuelt af de myndigheder, der er udpeget hertil, jf. artikel 17.

2. I princippet er det den kontraherende stat, der er rejsens egentlige bestemmelsessted, der er kompetent til at udstede dette visum. Hvis det ikke er muligt at fastlægge dette bestemmelsessted, er det i princippet de diplomatiske eller konsulære repræsentationer for den kontraherende part, på hvis område første indrejse finder sted, der udsteder visum.

3. Eksekutivkomiteen fastsætter gennemførelsesbestemmelserne herfor, herunder især kriterierne for fastlæggelse af rejsens egentlige bestemmelsessted.

 

Artikel 13

1. Rejsedokumenter, hvis gyldighedsperiode er udløbet, må ikke påtegnes visum.

2. Rejsedokumentet skal have længere gyldighedsperiode end visummet, således at der tages hensyn til, hvor længe visummet kan anvendes. Udlændingen skal have tid til at rejse tilbage til sit hjemland eller indrejse i et tredjeland.

 

Artikel 14

1. Rejsedokumenter, der ikke anerkendes som gyldige af nogen af de kontraherende parter, må ikke påtegnes visum. Hvis rejsedokumentet kun anerkendes som gyldigt af en eller flere af de kontraherende parter, begrænses visummet til denne eller disse kontraherende stater.

2. Hvis rejsedokumentet ikke anerkendes som gyldigt af en eller flere af de kontraherende parter, kan visummet udstedes i form af en indrejsetilladelse.

 

Artikel 15

Visa efter artikel 10 må i princippet kun udstedes, hvis den pågældende udlænding opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).

 

Artikel 16

Finder en kontraherende part det af en af de grunde, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, nødvendigt at fravige princippet efter artikel 15 og udstede visum til en udlænding, der ikke opfylder alle indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, begrænses gyldigheden af dette visum til vedkommende kontraherende parts område, og denne skal underrette de øvrige kontraherende parter herom.

 

Artikel 17

1. Eksekutivkomiteen vedtager fælles regler for behandling af visumansøgninger, påser, at de anvendes korrekt og tilpasser dem til nye situationer og forhold.

2. Eksekutivkomiteen fastlægger desuden, i hvilke tilfælde visum kun må udstedes efter høring af de centrale myndigheder i den kontraherende stat, der har behandlet visumansøgningen, samt eventuelt de øvrige kontraherende parters centrale myndigheder.

3. Eksekutivkomiteen træffer endvidere de nødvendige afgørelser om:

· a) hvilke rejsedokumenter der kan forsynes med visum

· b) hvilke instanser der har kompetence til at udstede visa

· c) på hvilke betingelser visum kan udstedes ved grænsen

· d) hvilken form, hvilket indhold og hvilken gyldighedsperiode disse visa skal have, og hvilket udstedelsesgebyr der skal opkræves

· e) på hvilke betingelser visa efter litra c) og d) kan forlænges eller nægtes under hensyn til samtlige kontraherende parters interesser

· f) på hvilke nærmere betingelser visa kan begrænses territorialt

· g) efter hvilke retningslinjer den fælles liste over uønskede udlændinge, der skal nægtes indrejse, skal opstilles, jf. dog artikel 96.

 

Afdeling 2.- Visum til længerevarende ophold

Artikel 18

Visa til ophold af mere end tre måneders varighed er nationale visa, som den enkelte kontraherende part udsteder ifølge sin egen lovgivning. Et sådant visum giver indehaveren ret til at rejse gennem de øvrige kontraherende parters område til den visumudstedende kontraherende parts område, medmindre den pågældende ikke opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), d) og e), eller er opført på den nationale liste over uønskede personer i den kontraherende stat, hvis område den pågældende ønsker at rejse gennem.

 

Kapitel 4.- Betingelser for udlændinges indrejse og ophold

Artikel 19

1. En udlænding, der er indehaver af et ensartet visum, og som er indrejst lovligt i en af de kontraherende parters område, kan frit færdes på alle kontraherende parters område inden for dette visums gyldighedsperiode, for så vidt den pågældende opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).

2. Indtil det ensartede visum indføres, kan en udlænding, der er indehaver af et visum udstedt af en af de kontraherende parter, og som er indrejst lovligt i en af disse parters område, frit færdes på alle kontraherende parters område inden for dette visums gyldighedsperiode, dog højst i tre måneder regnet fra datoen for første indrejse, for så vidt den pågældende opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på visa, hvis gyldighed er begrænset territorialt efter bestemmelserne i dette afsnits kapitel 3.

4. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 22.

 

Artikel 20

1. En udlænding, der ikke er visumpligtig, kan frit færdes på de kontraherende parters område i højst tre måneder i løbet af en seksmåneders periode regnet fra datoen for første indrejse, for så vidt den pågældende opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at den enkelte kontraherende part under ekstraordinære omstændigheder eller i medfør af en bilateral aftale, der er indgået inden denne konventions ikrafttræden, kan forlænge en udlændings ret til at opholde sig på denne parts område ud over tre måneder.

3. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 22.

 

Artikel 21

1. En udlænding, der er indehaver af en gyldig opholdstilladelse udstedt af en af de kontraherende parter samt et gyldigt rejsedokument, kan frit færdes på de øvrige kontraherende parters område i højst tre måneder, for så vidt de opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c) og e), og ikke er opført på den pågældende kontraherende parts nationale liste over uønskede personer.

2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på en udlænding, der er indehaver af en foreløbig opholdstilladelse udstedt af en af de kontraherende parter og et rejsedokument udstedt af denne kontraherende part.

3. De kontraherende parter meddeler Eksekutivkomiteen en liste over de dokumenter, de udsteder som henholdsvis opholdstilladelse eller foreløbig opholdstilladelse og som rejsedokument efter denne artikel.

4. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 22.

 

Artikel 22

1. En udlænding, der er indrejst lovligt i en af de kontraherende parters område, har på hver enkelt kontraherende parts betingelser pligt til at melde sig til den kontraherende parts kompetente myndigheder, i hvis område den pågældende indrejser. Hver enkelt kontraherende part kan vælge, om udlændinge skal melde sig ved indrejsen eller inde i landet senest tre arbejdsdage efter indrejsen i den pågældende kontraherende parts område.

2. En udlænding, der har bopæl på en af de kontraherende parters område, og som rejser til en anden kontraherende parts område, har meldepligt efter stk. 1.

3. Undtagelser fra stk. 1 og 2 vedtages af hver enkelt kontraherende part og meddeles til Eksekutivkomiteen.

 

Artikel 23

1. En udlænding, som ikke eller ikke længere opfylder de betingelser for tilladelse til kortvarigt ophold, der gælder på en af de kontraherende parters område, skal i princippet straks forlade de kontraherende parters område.

2. En udlænding, der er i besiddelse af en gyldig opholdstilladelse eller en gyldig foreløbig opholdstilladelse udstedt af en anden kontraherende part, skal straks begive sig til denne kontraherende parts område.

3. Hvis den pågældende udlænding ikke udrejser frivilligt, eller hvis det må formodes, at udrejse ikke vil finde sted, eller det af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden er påkrævet, at udlændingen udrejser straks, udsendes udlændingen fra den kontraherende parts område, hvor den pågældende er pågrebet, på betingelserne i vedkommende stats lovgivning. Hvis den pågældende ikke kan udsendes efter denne lovgivning, kan den berørte kontraherende part give den pågældende tilladelse til at opholde sig på denne parts område.

4. Den pågældende udlænding kan udsendes enten til sit hjemland eller til enhver anden stat, hvor den pågældende kan indrejse, navnlig i medfør af de relevante bestemmelser i tilbagetagelsesaftaler, som de kontraherende parter har indgået.

5. Stk. 4 berører ikke de nationale asylretlige bestemmelser, Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, eller bestemmelserne i denne artikels stk. 2 eller denne konventions artikel 33, stk. 1.

 

Artikel 24

Med forbehold af de nærmere kriterier og praktiske vilkår, der fastsættes af Eksekutivkomiteen, udligner de kontraherende parter indbyrdes uligevægten i de udgifter, som udsendelsespligten efter artikel 23 måtte medføre, når udsendelsen ikke kan ske for den pågældende udlændings regning.

 

Kapitel 5.- Opholdstilladelser og indberetninger med henblik på nægtelse af adgang

 

Artikel 25

1. Når en kontraherende part påtænker at udstede opholdstilladelse til en udlænding, der er indberettet som uønsket, konsulterer den først den indberettende kontraherende part, og tager hensyn til denne parts interesser; der vil kun kunne udstedes opholdstilladelse af tungtvejende grunde, navnlig af humanitær karakter eller som følge af internationale forpligtelser.

Hvis opholdstilladelsen udstedes, sletter den indberettende kontraherende part indberetningen af den pågældende, men kan dog opføre vedkommende på sin nationale liste over uønskede personer.

2. Hvis det viser sig, at en udlænding, som er indehaver af en gyldig opholdstilladelse udstedt af en af de kontraherende parter, er indberettet som uønsket, konsulterer den indberettende kontraherende part og den part, der har udstedt opholdstilladelsen, hinanden for at fastslå, om der er tilstrækkeligt grundlag for at inddrage opholdstilladelsen.

Hvis opholdstilladelsen inddrages, sletter den indberettende kontraherende part indberetningen, men kan dog opføre den pågældende på sin nationale liste over uønskede personer.

 

Kapitel 6.- Ledsageforanstaltninger

Artikel 26

1. Med forbehold af de forpligtelser, der følger af Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, forpligter de kontraherende parter sig til at optage følgende regler i deres nationale lovgivning:

· a) Hvis en udlænding nægtes indrejse til en af de kontraherende parters område, har den transportvirksomhed, der har befordret den pågældende til den ydre grænse ad land-, sø- eller luftvejen pligt til straks at tage sig af den pågældende. På grænsekontrolmyndighedernes anmodning skal virksomheden bringe den pågældende tilbage til det tredjeland, hvorfra befordringen er sket, til det tredjeland, der udstedte det anvendte rejsedokument, eller til ethvert andet tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse.

· b) Transportvirksomheden har pligt til at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre sig, at udlændinge, der befordres ad luft- eller søvejen, er i besiddelse af de rejsedokumenter, der kræves for indrejse i de kontraherende parters område.

2. Med forbehold af de forpligtelser, der følger af Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, forpligter de kontraherende parter sig til under overholdelse af deres forfatning at indføre sanktioner over for transportvirksomheden, der ad luft- eller søvejen befordrer udlændinge, som ikke er i besiddelse af de krævede rejsedokumenter, fra et tredjeland til deres område.

3. Stk. 1, litra b), og stk. 2 finder anvendelse på transportvirksomheder, der varetager international kollektiv bustransport, dog bortset fra grænsetrafik.

 

Artikel 27

1. De kontraherende parter forpligter sig til at indføre passende sanktioner over for alle, der i berigelsesøjemed hjælper eller søger at hjælpe en udlænding med at indrejse i eller opholde sig på en kontraherende parts område i strid med denne parts lovgivning om udlændinges indrejse og ophold.

2. Hvis en kontraherende part får kendskab til handlinger efter stk. 1, der er i strid med en anden kontraherende parts lovgivning, underretter den denne part.

3. En kontraherende part, der på grund af en overtrædelse af dens lovgivning anmoder en anden kontraherende part om at retsforfølge handlinger efter stk. 1, skal i en officiel anmeldelse eller erklæring fra de kompetente myndigheder begrunde, hvilke retsforskrifter der er overtrådt.

 

Kapitel 7.- Ansvar for behandling af asylansøgninger

Artikel 28

De kontraherende parter bekræfter på ny deres forpligtelser efter Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, uden nogen som helst geografisk begrænsning i disse teksters anvendelsesområde, og deres tilsagn om at samarbejde med tjenestegrenene under De Forenede Nationers højkommissær for flygtninge med henblik på anvendelsen af disse instrumenter.

 

Artikel 29

1. De kontraherende parter forpligter sig til at behandle enhver asylansøgning, der indgives af en udlænding på en af de kontraherende parters område.

2. Denne forpligtelse medfører ikke, at en kontraherende part under alle omstændigheder skal tillade asylansøgeren at indrejse i eller opholde sig på denne parts område.

En kontraherende part har fortsat ret til efter sin nationale lovgivning og i overensstemmelse med internationale forpligtelser at afvise eller udsende en asylansøger til et tredjeland.

3. Uanset hvilken kontraherende part en udlænding har indgivet sin asylansøgning til, er kun en kontraherende part ansvarlig for behandlingen af ansøgningen. Den ansvarlige bestemmes efter kriterierne i artikel 30.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 har en kontraherende part fortsat ret til ud fra særlige hensyn navnlig til national lovgivning at behandle en asylansøgning, selv om ansvaret efter denne konvention påhviler en anden kontraherende part.

 

Artikel 30

1. Følgende kriterier lægges til grund for fastlæggelsen af, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning:

· a) Hvis en kontraherende part har udstedt visum af enhver art eller en opholdstilladelse til en asylansøger, er denne part også ansvarlig for behandlingen af ansøgningen. Hvis visummet er udstedt efter tilladelse fra en anden kontraherende part, er det den part, der har givet tilladelsen, der er ansvarlig.

· b) Hvis flere kontraherende parter har udstedt et visum af enhver art eller en opholdstilladelse til en asylansøger, er det den kontraherende part, der har udstedt det visum eller den opholdstilladelse, som senest udløber, der er ansvarlig.

· c) Så længe en asylansøger ikke har forladt de kontraherende parters område, består ansvaret efter litra a) og b) fortsat, selv om visummets eller opholdstilladelsens gyldighedsperiode er udløbet. Har en asylansøger forladt de kontraherende parters område efter udstedelsen af visum eller opholdstilladelse, lægges disse dokumenter til grund for fastlæggelsen af ansvaret efter litra a) og b), medmindre de i mellemtiden er udløbet i medfør af national lovgivning.

· d) Hvis en asylansøger ikke er visumpligtig i de kontraherende stater, er det den kontraherende part, over hvis ydre grænse en asylansøger er indrejst i de kontraherende parters område, der er ansvarlig.

Så længe de kontraherende parters visumpolitik ikke er fuldstændig harmoniseret, er det den kontraherende part, over hvis ydre grænse en asylansøger, som kun er visumpligtig i visse kontraherende stater, er indrejst i de kontraherende parters område uden visum, der er ansvarlig, jf. dog bestemmelserne i litra a), b) og c).

Hvis asylansøgningen er indgivet til en kontraherende part, der har udstedt transitvisum til en asylansøger – uanset om den pågældende har passeret paskontrollen – og hvis dette transitvisum er udstedt, efter at transitlandet hos de konsulære eller diplomatiske repræsentationer for den kontraherende stat, der er bestemmelseslandet, har sikret sig, at den pågældende asylansøger opfylder indrejsebetingelserne i bestemmelseslandet, er det den kontraherende part, der er bestemmelseslandet, der er ansvarlig.

· e) Hvis asylansøgeren er indrejst i de kontraherende parters område uden at være i besiddelse af et eller flere af de dokumenter, der som fastlagt af Eksekutivkomiteen kræves for at passere grænsen, er det den kontraherende part, over hvis ydre grænse asylansøgeren er indrejst i de kontraherende parters område, der er ansvarlig.

· f) Hvis en udlænding, hvis asylansøgning allerede er til behandling hos en af de kontraherende parter, indgiver en ny ansøgning, er det den kontraherende part, som har den første ansøgning under behandling, der er ansvarlig.

· g) Hvis en udlænding, der tidligere har indgivet en asylansøgning, hvorom en af de kontraherende parter har truffet endelig afgørelse, indgiver en ny ansøgning, er det den kontraherende part, der behandlede den tidligere ansøgning, der er ansvarlig, hvis ansøgeren ikke har forladt de kontraherende parters område.

2. Hvis en kontraherende part har påtaget sig at behandle en asylansøgning efter artikel 29, stk. 4, fritages den kontraherende part, som er ansvarlig efter denne artikels stk. 1, for sine forpligtelser.

3. Hvis det ikke kan afgøres på grundlag af kriterierne i stk. 1 og 2, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, er det den part, som asylansøgningen er indgivet til, der er ansvarlig.

 

Artikel 31

1. De kontraherende parter bestræber sig på hurtigst muligt at fastlægge, hvilken af parterne der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning.

2. Hvis en asylansøgning indgives til en kontraherende part, som ikke er ansvarlig efter artikel 30, af en udlænding, der opholder sig på vedkommende parts område, kan denne anmode den kontraherende part, som er ansvarlig, om at overtage asylansøgeren med henblik på behandling af den pågældendes asylansøgning.

3. Den ansvarlige kontraherende part har pligt til at overtage asylansøgeren, jf. stk. 2, hvis anmodningen herom er fremsat inden seks måneder efter, at asylansøgningen er indgivet. Fremsættes anmodningen ikke inden for denne frist, er det den kontraherende part, som asylansøgningen er indgivet til, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen.

 

Artikel 32

Asylansøgningen behandles i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den ansvarlige kontraherende stat.

 

Artikel 33

1. Når en asylansøger opholder sig ulovligt på en anden kontraherende parts område under asylproceduren, har den ansvarlige kontraherende part pligt til at tilbagetage den pågældende.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når den anden kontraherende part har udstedt en opholdstilladelse til asylansøgeren, der er gyldig i et år eller derover. I så fald overgår ansvaret for behandlingen af ansøgningen til den anden kontraherende part.

 

Artikel 34

1. Den ansvarlige kontraherende part har pligt til at tilbagetage en udlænding, der har fået endeligt afslag på sin asylansøgning, og som er indrejst i en anden kontraherende parts område uden at have tilladelse til at opholde sig der.

2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse, når den ansvarlige kontraherende part har udsendt udlændingen uden for de kontraherende parters område.

 

Artikel 35

1. En kontraherende part, der har anerkendt en udlænding som flygtning og givet den pågældende opholdstilladelse, skal, hvis de berørte parter samtykker heri, behandle en asylansøgning fra et familiemedlem.

2. Som familiemedlem, jf. stk. 1, betragtes flygtningens ægtefælle eller ugifte barn under atten år eller, hvis flygtningen selv er et ugift barn under atten år, den pågældendes forældre.

 

Artikel 36

En kontraherende part, der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, kan af humanitære hensyn, herunder navnlig hensyn til familiemæssige eller kulturelle forhold, anmode en anden kontraherende part om at tage ansvaret, hvis asylansøgeren selv ønsker det. Den anmodede kontraherende part afgør selv, om den kan imødekomme anmodningen.

 

Artikel 37

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder underretter hurtigst muligt hinanden om:

· a) nye regler eller foranstaltninger, der vedtages i forbindelse med asylret eller behandling af asylansøgere, senest når de træder i kraft

· b) statistiske oplysninger om den månedlige tilgang af asylansøgere med angivelse af de vigtigste seneste opholdslande og om afgørelserne på asylansøgninger, når sådanne oplysninger foreligger

· c) tilgang af nye grupper asylansøgere eller væsentlig forøgelse af bestemte grupper og de foreliggende oplysninger herom

· d) grundlæggende afgørelser inden for asylretten.

2. De kontraherende parter sikrer desuden et snævert samarbejde med hensyn til indsamling af oplysninger om forholdene i asylansøgernes seneste opholdslande med det formål at nå frem til en fælles vurdering.

3. Oplyser en kontraherende part, at de meddelte oplysninger behandles fortroligt, skal de øvrige kontraherende parter respektere det.

 

Artikel 38

1. En kontraherende part meddeler enhver anden kontraherende part, der anmoder herom, de oplysninger, den er i besiddelse af om en asylansøger, og som er nødvendige for:

– at fastlægge, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning.

– at behandle asylansøgningen

– at gennemføre forpligtelserne efter dette kapitel.

2. Disse oplysninger må kun vedrøre

· a) asylansøgerens og eventuelt dennes familiemedlemmers identitet (efternavn, fornavn, (eventuelt tidligere navn), kaldenavn(e), fødselsdato og fødested, nuværende og tidligere nationalitet)

· b) identitetspapirer og rejselegitimation (referencenummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted osv.)

· c) øvrige oplysninger, der er nødvendige for at fastslå asylansøgerens identitet

· d) opholdssteder og rejseruter

· e) opholdstilladelser eller visa udstedt af en kontraherende part

· f) sted for indgivelse af asylansøgningen

· g) dato for eventuel indgivelse af en tidligere asylansøgning, dato for indgivelse af den aktuelle ansøgning, status over sagsbehandlingen og indholdet af den trufne afgørelse.

3. En kontraherende part kan desuden anmode en anden kontraherende part om at meddele de grunde, som asylansøgeren har fremført for sin ansøgning og i givet fald grundene til denne parts afgørelse. Den anmodede kontraherende part tager stilling til, om den kan efterkomme den forelagte anmodning. Under alle omstændigheder er asylansøgerens samtykke en betingelse for udlevering af oplysningerne.

4. Denne udveksling af oplysninger sker på foranledning af en kontraherende part og må kun formidles af de myndigheder, som hver enkelt kontraherende part har udpeget og meddelt Eksekutivkomiteen.

5. Oplysningerne må kun anvendes til de i stk. 1 anførte formål. De må kun meddeles de retlige og andre myndigheder, der har til opgave

– at fastlægge, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning

– at behandle asylansøgningen

– at gennemføre forpligtelserne efter dette kapitel.

6. Den kontraherende part, der videregiver oplysningerne, påser, at de er korrekte og ajourførte.

Viser det sig, at den pågældende kontraherende part har meddelt ukorrekte oplysninger eller oplysninger, som ikke burde have været videregivet, underrettes de modtagende kontraherende parter straks herom. Disse skal rette eller tilintetgøre oplysningerne.

7. En asylansøger har ret til efter anmodning at blive gjort bekendt med de oplysninger, der er blevet udvekslet om den pågældende, så længe de står til rådighed.

Konstaterer den pågældende, at disse oplysninger er ukorrekte, eller at de ikke burde have været videregivet, har vedkommende ret til at kræve, at de rettes eller tilintetgøres. Denne ret udøves på betingelserne i stk. 6.

8. Hver enkelt kontraherende part registrerer videregivelsen og modtagelsen af de udvekslede oplysninger.

9. Fremsendte oplysninger bevares ikke længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålet med deres udveksling. Den berørte kontraherende part undersøger på et passende tidspunkt, om det er nødvendigt at bevare dem.

10. Videregivne oplysninger skal i hvert fald nyde mindst den samme beskyttelse, som den modtagende kontraherende part giver oplysninger af lignende art.

11. Hvis oplysningerne ikke behandles elektronisk, men på anden måde, skal hver enkelt kontraherende part træffe passende foranstaltninger for at sikre overholdelsen af denne artikel ved effektiv kontrol. Råder en kontraherende part over en kontrolinstans som nævnt i stk. 12, kan den pålægge denne instans at udføre kontrollen.

12. Hvis en eller flere kontraherende parter ønsker at datamatisere nogle eller alle de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger, må dette kun ske, hvis de berørte kontraherende parter har vedtaget en lovgivning om sådan databehandling til gennemførelse af principperne i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, og hvis de har overdraget til en passende national instans at føre uafhængig kontrol med behandlingen og udnyttelsen af de oplysninger, der er videregivet i overensstemmelse med denne konvention.

 

AFSNIT III.- Politi og sikkerhed

Kapitel 1.- Politisamarbejde

Artikel 39

1. De kontraherende parter forpligter sig til at sikre, at deres politi under overholdelse af den nationale lovgivning og politiets kompetence yder hinanden bistand med henblik på forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger, forudsat at det efter national lovgivning ikke er forbeholdt de retlige myndigheder at fremsætte eller efterkomme anmodningen, og at anmodningen kan efterkommes, uden at den anmodede kontraherende part skal iværksætte tvangsforanstaltninger. Hvis de politimyndigheder, anmodningen er rettet til, ikke er kompetente til at efterkomme den, videregiver de den til de kompetente myndigheder.

2. Skriftlige oplysninger, der videregives af den anmodede kontraherende part i medfør af stk. 1, må kun anvendes af den begærende kontraherende part som bevismidler i en straffesag med samtykke fra den anmodede kontraherende parts kompetente retlige myndigheder.

3. Anmodninger om bistand efter stk. 1 og svar herpå kan fremsendes via de centrale instanser, som af de kontraherende parter har fået pålagt at varetage det internationale politisamarbejde.

Hvis anmodningen ikke kan fremsendes i tide ad denne kanal, kan den begærende kontraherende parts politimyndigheder sende den direkte til den anmodede kontraherende parts kompetente myndigheder, som kan besvare den direkte. I så fald underretter den begærende politimyndighed hurtigst muligt den centrale instans, der varetager det internationale politisamarbejde for den anmodede kontraherende part, om den direkte anmodning.

4. De kontraherende parters kompetente ministre kan indgå aftaler om samarbejde i grænseområder.

5. Bestemmelserne i denne artikel er ikke til hinder for mere vidtgående bilaterale aftaler, der er eller måtte blive indgået mellem kontraherende parter med fælles landegrænse. De kontraherende parter underretter hinanden om sådanne aftaler.

 

Artikel 40

1. Hvis en kontraherende stats politi som led i efterforskningen af en kriminalsag i den pågældende stat holder en person, der mistænkes for at være impliceret i en strafbar handling, som kan medføre udlevering, under observation, kan det fortsætte denne observation på en anden kontraherende parts område, når denne har givet sin tilladelse hertil efter forinden at have modtaget en anmodning om gensidig retshjælp. Der kan knyttes betingelser til denne tilladelse.

Observationen af den pågældende skal efter anmodning overlades til politiet i den kontraherende stat, på hvis område den finder sted.

Anmodninger om gensidig retshjælp, jf. første afsnit, rettes til den myndighed, som de kontraherende parter har udpeget, og som er kompetent til at give eller fremsende en sådan tilladelse.

2. Hvis det i særligt hastende tilfælde ikke er muligt forinden at anmode den anden kontraherende part om tilladelse, kan polititjenestemænd, der observerer en person, som mistænkes for at have begået en af de strafbare handlinger, der er anført i stk. 7, fortsætte denne observation på den anden side af grænsen på følgende betingelser:

· a) Den i stk. 5 nævnte myndighed i den kontraherende stat, på hvis område observationen fortsættes, skal omgående, allerede mens observationen finder sted, underrettes om, at grænsen vil blive passeret.

· b) Der skal straks indgives en anmodning om gensidig retshjælp, jf. stk. 1, med en begrundelse for, at grænsen blev passeret uden forudgående tilladelse.

Observationen indstilles i samme øjeblik, den kontraherende part, på hvis område den finder sted, kræver det som følge af underretning efter litra a) eller anmodning efter litra b), eller hvis tilladelse ikke foreligger fem timer efter grænsepassagen.

3. Observation efter stk. 1 og 2 må udelukkende finde sted på følgende almindelige betingelser:

· a) De observerende polititjenestemænd skal overholde bestemmelserne i denne artikel og lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de opererer; de skal efterkomme påbud fra de kompetente lokale myndigheder.

· b) Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal polititjenestemændene under observationen kunne forevise dokumentation for, at tilladelsen er meddelt.

· c) De observerende polititjenestemænd skal til enhver tid kunne legitimere sig som polititjenestemænd.

· d) De observerende polititjenestemænd kan medføre deres tjenestevåben under observationen, medmindre den anmodede kontraherende part udtrykkelig har modsat sig dette; tjenestevåben må kun benyttes i tilfælde af nødværge.

· e) Polititjenestemændene har ikke adgang til private boliger og steder, der ikke er tilgængelige for offentligheden.

· f) De må hverken standse eller anholde den observerede person.

· g) For hver operation indgives der rapport til myndighederne i den kontraherende stat, på hvis område observationen fandt sted; der kan kræves personligt fremmøde af de pågældende polititjenestemænd.

· h) Myndighederne i de observerende polititjenestemænds hjemland skal efter anmodning fra myndighederne i den kontraherende stat, på hvis område observationen fandt sted, bistå dem ved den efterfølgende efterforskning, herunder også ved retsforfølgning.

4. Følgende polititjenestemænd er omfattet af stk. 1 og 2:

– for Kongeriget Belgien: polititjenestemænd ved la police judiciaire pres les Parquets, la gendarmerie og la police communale, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald

– for Forbundsrepublikken Tyskland: polititjenestemænd ved Polizeien des Bundes und der Lander samt embedsmænd ved Zollfahndungsdienst (toldefterforskningstjenesten) i deres egenskab af repræsentanter for anklagemyndigheden for så vidt angår udelukkende ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt våben

– for Den Franske Republik: polititjenestemænd ansat ved la police judiciaire de la police nationale og la gendarmerie nationale samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald

– for Storhertugdømmet Luxembourg: polititjenestemænd ved la gendarmerie og la police, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer, samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald

– for Kongeriget Nederlandene: polititjenestemænd ved Rijkspolitie og Gemeentepolitie, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, embedsmænd ved told- og afgiftsmyndighedernes kompetente efterforskningsafdelinger for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

5. Den i stk. 1 og 2 nævnte myndighed er:

– for Kongeriget Belgien: Commissariat general de la Police judiciaire

– for Forbundsrepublikken Tyskland: Bundeskriminalamt

– for Den Franske Republik: Direction centrale de la Police judiciaire

– for Storhertugdømmet Luxembourg: Procureur general d'Etat

– for Kongeriget Nederlandene: Landelijk Officier van Justitie med ansvar for observation på en anden kontraherende parts område.

6. De kontraherende parter kan bilateralt udvide anvendelsesområdet for denne artikel og vedtage supplerende gennemførelsesbestemmelser hertil.

7. Observation efter stk. 2 må kun finde sted, når der foreligger en af nedennævnte strafbare handlinger:

– drab

– manddrab

– voldtægt

– forsætlig brandstiftelse

– falskmøntneri

– tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed

– afpresning

– bortførelse og gidseltagning

– menneskehandel

– ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

– overtrædelser af våben- og sprængstoflovgivningen

– sprængstofattentater

– ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

 

Artikel 41

1. Hvis en kontraherende stats politi i denne stat har optaget forfølgelse af en person, der er antruffet på fersk gerning i færd med at begå en strafbar handling, jf. stk. 4, eller at medvirke til en af disse handlinger, kan det fortsætte forfølgelsen ind på en anden kontraherende parts område uden forinden at have indhentet tilladelse hertil, når der ikke inden grænsepassagen var tid til at underrette den anden kontraherende parts kompetente myndigheder via et af de i artikel 44 nævnte kommunikationsmidler, eller når disse myndigheder ikke kunne nå frem i tide til at overtage forfølgelsen.

Tilsvarende gælder, når den forfulgte er undveget fra varetægtsarrest eller fængsel.

De forfølgende polititjenestemænd skal senest ved passagen af grænsen tage kontakt med de kompetente myndigheder i den kontraherende stat, på hvis område forfølgelsen fortsættes. Forfølgelsen indstilles, så snart den kontraherende part, på hvis område forfølgelsen finder sted, kræver det. De kompetente lokale myndigheder skal på anmodning af de forfølgende polititjenestemænd pågribe den forfulgte og fastslå den pågældendes identitet eller anholde vedkommende.

2. Forfølgelsen foregår på en af følgende betingelser, som er fastlagt i erklæringen efter stk. 9:

· a) De forfølgende polititjenstemænd har ikke ret til at standse den forfulgte.

· b) Hvis forfølgelsen ikke er krævet indstillet, og de kompetente lokale myndigheder ikke kan overtage forfølgelsen i tide, må de forfølgende politimænd standse den forfulgte, indtil politiet i den kontraherende stat, på hvis område forfølgelsen finder sted, og som straks skal underrettes, kan fastslå den forfulgtes identitet eller anholde vedkommende.

3. Forfølgelsen foregår i overensstemmelse med stk. 1 og 2 på en af følgende betingelser, som er fastlagt i erklæringen efter stk. 9:

· a) inden for et givet område eller et givet tidsrum efter grænsepassagen som fastlagt i erklæringen efter stk. 9

· b) uden geografisk eller tidsmæssig begrænsning.

4. I en erklæring efter stk. 9 anfører de kontraherende parter, hvilke strafbare handlinger der er omfattet af stk. 1 på en af følgende betingelser:

· a) Følgende strafbare handlinger:

– drab

– manddrab

– voldtægt

– forsætlig brandstiftelse

– falskmøntneri

– tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed

– afpresning

– bortførelse og gidseltagning

– menneskehandel

– ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

– overtrædelser af våben- og sprængstoflovgivningen

– sprængstofattentater

– ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

– flugt fra ulykkesstedet, hvor ulykken har medført døden eller grov legemsbeskadigelse.

· b) Strafbare handlinger, der kan medføre udlevering.

5. Forfølgelsen må kun finde sted på følgende almindelige betingelser:

· a) De forfølgende polititjenestemænd skal overholde bestemmelserne i denne artikel og lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de opererer; de skal efterkomme påbud fra kompetente lokale myndigheder.

· b) Forfølgelsen må udelukkende ske over landgrænser.

· c) De forfølgende polititjenestemænd har ikke adgang til private boliger og steder, der ikke er tilgængelige for offentligheden.

· d) De forfølgende polititjenestemænd skal let kunne identificeres, enten ved hjælp af uniform, armbind eller anordninger anbragt på deres motorkøretøj; de må ikke uden førnævnte kendetegn være civilklædte og benytte motorkøretøjer uden politikendetegn; de skal til enhver tid kunne legitimere sig som polititjenestemænd.

· e) De forfølgende polititjenestemænd kan medføre deres tjenestevåben; det må kun benyttes i tilfælde af nødværge.

· f) Med henblik på fremstilling for de kompetente lokale myndigheder må den forfulgte efter pågribelse, jf. stk. 2, litra b), kun underkastes sikkerhedsmæssig kropsvisitering, den pågældende må lægges i håndjern under transport, og genstande i den forfulgtes besiddelse må beslaglægges.

· g) Efter hver operation som nævnt i stk. 1, 2 og 3 aflægger de forfølgende polititjenestemænd ved personligt fremmøde rapport til de kompetente lokale myndigheder i den kontraherende stat, på hvis område operationen fandt sted; hvis disse myndigheder anmoder derom, skal de stå til rådighed, indtil alle omstændigheder i forbindelse med deres operation er tilstrækkeligt belyst; dette gælder også, selv om den forfulgte ikke er blevet anholdt.

· h) Myndighederne i de forfølgende polititjenestemænds hjemland skal efter anmodning fra myndighederne i den kontraherende stat, på hvis område forfølgelsen fandt sted, bistå ved den efterfølgende efterforskning, herunder også ved retsforfølgning.

6. En person, som under den i stk. 2 nævnte operation er blevet anholdt af de kompetente lokale myndigheder, kan uanset den pågældendes nationalitet tilbageholdes med henblik på afhøring. De relevante bestemmelser i den nationale lovgivning finder tilsvarende anvendelse.

Hvis personen ikke er statsborger i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende blev anholdt, skal vedkommende sættes på fri fod senest seks timer efter anholdelsen, tiden mellem midnat og kl. 09.00 ikke medregnet, medmindre de kompetente lokale myndigheder forinden har modtaget en begæring under en hvilken som helst form om foreløbig anholdelse og fængsling af vedkommende med henblik på udlevering.

7. Følgende polititjenestemænd er omfattet af de foregående stykker:

– for Kongeriget Belgien: polititjenestemænd ved la police judiciaire pres les parquets, la gendarmerie og la police communale, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald

– for Forbundsrepublikken Tyskland: polititjenestemænd ved Polizeien des Bundes und der Lander samt embedsmænd ved Zollfahndungsdienst (toldefterforskningstjenesten) i deres egenskab af repræsentanter for anklagemyndigheden for så vidt angår udelukkende ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt våben

– for Den Franske Republik: polititjenestemænd ved la police judiciaire de la police nationale og la gendarmerie nationale, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald

– for Storhertugdømmet Luxembourg: polititjenestemænd ved la gendarmerie og la police, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald

– for Kongeriget Nederlandene: polititjenestemænd ved Rijkspolitie og Gemeentepolitie, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, embedsmænd ved told- og afgiftsmyndighedernes kompetente efterforskningsafdelinger for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

8. Artikel 27 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974, berøres ikke af denne artikel.

9. Ved undertegnelsen af denne konvention afgiver hver enkelt kontraherende part en erklæring, hvori den på grundlag af bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 fastlægger betingelserne for, hvorledes de kontraherende parter, som den pågældende part har fælles grænse med, kan udøve deres ret til forfølgelse på den pågældende parts område.

En kontraherende part kan til enhver tid lade sin erklæring erstatte af en ny, forudsat at den ikke indskrænker den foregåendes rækkevidde.

En erklæring afgives efter samråd med hver enkelt af de berørte kontraherende parter, og der tilstræbes ensartede regler på begge sider af de indre grænser.

10. De kontraherende parter kan bilateralt udvide anvendelsesområdet for stk. 1 og vedtage supplerende gennemførelsesbestemmelser herfor.

 

Artikel 42

Under operationer efter artikel 40 og 41 sidestilles polititjenestemænd, der udfører opgaver på en anden kontraherende parts område, med denne parts egne polititjenestemænd, for så vidt angår eventuelle lovovertrædelser, der begås mod eller af dem.

 

Artikel 43

1. Når en kontraherende stats polititjenestemænd udfører opgaver på en anden kontraherende parts område, jf. denne konventions artikel 40 og 41, er førstnævnte kontraherende stat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de opererer.

2. Den kontraherende part, på hvis område den i stk. 1 nævnte skade forvoldes, erstatter disse skader på samme måde som skader forvoldt af dens egne polititjenestemænd.

3. Den kontraherende part, hvis polititjenestemænd har forvoldt skader på en anden kontraherende parts område, skal godtgøre alle de beløb, som sidstnævnte har udbetalt i skadeserstatning til skadelidte eller disses retssuccessorer.

4. Bortset fra det i stk. 3 nævnte tilfælde giver den enkelte kontraherende part i det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, afkald på at kræve skadeserstatninger godtgjort af en anden kontraherende part, dog med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand.

 

Artikel 44

1. I overensstemmelse med de relevante internationale konventioner og under hensyn til de lokale forhold og tekniske muligheder etablerer de kontraherende parter, navnlig i grænseområder, telefon-, radio-, og telexforbindelser og andre direkte forbindelser, der kan lette politi- og toldsamarbejdet, bl.a. med henblik på at sikre, at oplysninger i forbindelse med observation og forfølgelse på en anden parts område når frem i tide.

2. Ud over disse øjeblikkelige foranstaltninger skal de navnlig undersøge mulighederne for:

· a) udveksling af udstyr eller udstationering af forbindelsesofficerer udstyret med egnet radiomateriel.

· b) udvidelse af de frekvensbånd, der benyttes i grænseområder.

· c) etablering af en fælles forbindelse mellem politi- og toldvæsen inden for disse områder

· d) samordning af deres indkøbsprogrammer for kommunikationsudstyr med henblik på at installere standardiserede og kompatible kommunikationssystemer.

 

Artikel 45

1. De kontraherende parter forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre,

· a) at hotelværter eller disses befuldmægtigede sørger for, at udenlandske gæster, herunder også statsborgere fra andre kontraherende parter og andre af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, dog ikke ledsagende ægtefæller og mindreårige børn eller deltagere i grupperejser, personligt udfylder og underskriver anmeldelser, og at de identificerer sig ved forevisning af gyldig legitimation;

· b) at de udfyldte anmeldelser opbevares til brug for de kompetente myndigheder eller indgives til disse, når det skønnes nødvendigt til forebyggelse af trusler, af hensyn til retsforfølgning eller med henblik på at opklare sager vedrørende forsvundne eller tilskadekomne personer, medmindre andet er bestemt i den nationale lovgivning.

2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på personer, der overnatter på steder, der erhvervsmæssigt stilles til rådighed, herunder telte, campingvogne og både.

 

Artikel 46

1. I særlige tilfælde kan de enkelte kontraherende parter inden for rammerne af deres nationale lovgivning uopfordret meddele den berørte kontraherende part oplysninger, der kan hjælpe denne med at bekæmpe fremtidige lovovertrædelser og forebygge strafbare handlinger eller handlinger, der udgør en trussel mod den offentlige orden og sikkerhed.

2. Med forbehold af aftaler om samarbejde i grænseområder efter artikel 39, stk. 4, foregår denne informationsudveksling via et centralt organ, der skal udpeges. I særligt hastende tilfælde kan oplysninger efter denne artikel udveksles direkte mellem de pågældende politimyndigheder, medmindre andet er bestemt i den nationale lovgivning. Det centrale organ underrettes hurtigst muligt herom.

 

Artikel 47

1. De kontraherende parter kan indgå bilaterale aftaler om tidsbegrænset eller tidsubegrænset udstationering af forbindelsesofficerer ved en anden kontraherende parts politi.

2. Denne tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede udstationering af forbindelsesofficerer har til formål at fremme og fremskynde samarbejdet mellem de kontraherende parter navnlig ved

· a) at bistå med informationsudvekslingen med henblik på såvel forebyggelse som bekæmpelse af kriminalitet

· b) at bistå med efterkommelse af anmodninger om gensidig retshjælp mellem landenes politi og retsvæsen i straffesager

· c) at yde bistand til de myndigheder, der har til opgave at overvåge de ydre grænser.

3. Forbindelsesofficererne har til opgave at rådgive og yde bistand. De har ikke kompetence til at udføre politiopgaver på egen hånd. De giver oplysninger og udfører opgaver inden for rammerne af de instrukser, de modtager fra hjemlandet og det land, hvor de er udstationeret. De aflægger regelmæssigt rapport til lederen af den politiafdeling, de er tilknyttet.

4. De kontraherende parter kan bilateralt eller multilateralt aftale, at polititjenestemænd, der er udsendt af en kontraherende part til et tredjeland, tillige varetager en eller flere andre kontraherende parters interesser. I medfør af sådanne aftaler kan forbindelsesofficerer, der er udstationeret i tredjelande, videregive oplysninger til andre kontraherende parter enten efter anmodning eller på eget initiativ og kan inden for rammerne af deres kompetence udføre opgaver for disse parter. De kontraherende parter underretter hinanden om påtænkte udstationeringer af forbindelsesofficerer i tredjelande.

 

Kapitel 2.- Gensidig retshjælp i straffesager

Artikel 48

1. Bestemmelserne i dette kapitel har til formål at supplere og lette anvendelsen af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager samt, for så vidt angår forbindelserne mellem de kontraherende parter, der er medlem af Den Økonomiske Union Benelux, kapitel II i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.

2. Stk. 1 berører ikke anvendelsen af mere vidtgående bestemmelser i gældende bilaterale aftaler mellem de kontraherende parter.

 

Artikel 49

Der ydes ligeledes gensidig retshjælp

· a) ved retsforfølgning for handlinger, der ifølge en eller begge kontraherende parters nationale ret betragtes som overtrædelser af bestemmelser, som kan afgøres af administrative myndigheder, hvis afgørelser kan indankes for en domstol med kompetence i straffesager.

· b) i sager vedrørende erstatning for uberettiget retsforfølgning eller domfældelse

· c) i benådningssager

· d) i civile søgsmål anlagt i forbindelse med straffesager, så længe kriminalretten endnu ikke har truffet endelig afgørelse i straffesagen.

· e) ved forkyndelse af retsdokumenter i forbindelse med fuldbyrdelse af en straf eller sikkerhedsforanstaltning, inddrivelse af bøder eller betaling af sagsomkostninger

· f) ved foranstaltninger i forbindelse med udsættelse af domfældelsen eller udsættelse af fuldbyrdelsen af en straf eller sikkerhedsforanstaltning, betinget løsladelse, suspension af fuldbyrdelsen eller afbrydelse af fuldbyrdelsen af en straf eller sikkerhedsforanstaltning.

 

Artikel 50

1. De kontraherende parter forpligter sig til i overensstemmelse med den i artikel 48 nævnte konvention og traktat at yde hinanden gensidig retshjælp ved overtrædelser af love og bestemmelser vedrørende punktafgifter, moms og told. Ved toldforskrifter forstås de bestemmelser, der er indeholdt i artikel 2 i konventionen af 7. september 1967 mellem Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene om gensidig bistand mellem toldforvaltningerne, samt i artikel 2 i Rådets forordning 1468/81/EØF af 19. maj 1981.

2. Anmodninger om retshjælp i sager vedrørende unddragelse af punktafgifter kan ikke afvises under henvisning til, at den anmodede kontraherende part ikke opkræver punktafgifter af de varer, der er nævnt i anmodningen.

3. Den begærende kontraherende part må ikke uden forudgående samtykke fra den anmodede kontraherende part videregive eller anvende oplysninger eller bevismidler modtaget fra denne part til efterforskning eller retsforfølgning i andre sager end dem, der er anført i anmodningen.

4. Gensidig retshjælp efter denne artikel kan afslås, når de for lidt indbetalte eller unddragne afgifter skønnes at udgøre et beløb på25 000 ecu eller derunder, eller når de ulovligt udførte eller indførte varer skønnes at have en værdi på 100 000 ecu eller derunder, medmindre den begærende kontraherende part som følge af sagens særlige omstændigheder eller de implicerede personer anser den for at være af særlig grov beskaffenhed.

5. Bestemmelserne i denne artikel finder også anvendelse, når der anmodes om retshjælp i forbindelse med handlinger, der udelukkende straffes med bøde, som f.eks. overtrædelser af bestemmelser, som afgøres af administrative myndigheder, og når anmodningen om retshjælp er indgivet af en retlig myndighed.

 

Artikel 51

De kontraherende parter må ikke stille andre betingelser for efterkommelse af retsanmodninger om ransagning og beslaglæggelse end følgende:

· a) Den handling, der ligger til grund for retsanmodningen, skal efter begge kontraherende parters lovgivning kunne straffes med frihedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning af en varighed på mindst 6 måneder, eller den skal efter den ene kontraherende parts lovgivning kunne straffes tilsvarende og efter den anden kontraherende parts lovgivning kunne afgøres som en overtrædelse af bestemmelser af administrative myndigheder, hvis afgørelse kan indankes for en domstol med kompetence i straffesager.

· b) Efterkommelsen af retsanmodningen skal være forenelig med den anmodede kontraherende parts lovgivning.

 

Artikel 52

1. Retsdokumenter kan af de kontraherende parter sendes direkte med posten til personer, der opholder sig på en anden kontraherende parts område. De kontraherende parter indgiver en liste over de retsdokumenter, der kan fremsendes på denne måde, til Eksekutivkomiteen.

2. Når der er grund til at antage, at modtageren ikke forstår det sprog, retsdokumentet er affattet på, skal dette, eller i det mindste de væsentlige afsnit heraf, oversættes til det eller et af de nationale sprog i den kontraherende stat, på hvis område modtageren opholder sig. Hvis de fremsendende myndigheder er bekendt med, at modtageren kun forstår et andet sprog, skal dokumentet, eller i det mindste de væsentlige afsnit heraf, oversættes til dette andet sprog.

3. Et vidne eller en sagkyndig, der ikke har efterkommet en stævning, der er fremsendt med posten, må ikke, heller ikke selv om stævningen indeholder advarsel om straf for udeblivelse, pålægges nogen sanktion eller tvangsforanstaltning, medmindre den pågældende senere frivilligt tager til den begærende kontraherende parts område og der på behørig vis indstævnes på ny. En myndighed, der fremsender stævninger med posten, påser, at disse ikke indeholder nogen form for advarsel om straf for udeblivelse. Denne bestemmelse berører ikke bestemmelserne i artikel 34 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.

4. Hvis den handling, der ligger til grund for anmodningen om retshjælp, efter begge kontraherende parters lovgivning udgør en overtrædelse af bestemmelser, som kan afgøres af administrative myndigheder, hvis afgørelse kan indankes for en domstol med kompetence i straffesager, skal retsdokumenter principielt fremsendes efter stk. 1.

5. Uanset stk. 1 kan retsdokumenter fremsendes via den anmodede kontraherende parts retlige myndigheder, når modtagerens adresse er ukendt, eller når den begærende kontraherende part kræver en personlig forkyndelse.

 

Artikel 53

1. Anmodninger om retshjælp og svar herpå kan fremsendes direkte mellem de retlige myndigheder.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at anmodninger og svar herpå fremsendes via de pågældende staters justitsministerier eller centrale Interpol-kontorer.

3. Anmodninger om midlertidig overførelse eller transit af personer, der er midlertidigt anholdt, varetægtsfængslet eller underkastet anden form for frihedsberøvelse, samt regelmæssig eller lejlighedsvis udveksling af oplysninger om straffeattester skal fremsendes via justitsministerierne.

4. I overensstemmelse med den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager forstås ved justitsministerium for Forbundsrepublikken Tysklands vedkommende der Bundesminister der Justiz og die Justizminister/-senatoren der Lander.

5. Begæringer i medfør af artikel 21 i den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager eller artikel 42 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974, om retsforfølgning for overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelser, kan af den begærende kontraherende parts retlige myndigheder sendes direkte til den anmodede kontraherende parts retlige myndigheder.

 

Kapitel 3.- Straffedommes negative retsvirkninger

(ne bis in idem)

 

Artikel 54

 

En person, over for hvem der er afsagt endelig dom af en kontraherende part, kan ikke retsforfølges af en anden kontraherende part for de samme strafbare handlinger, dersom sanktionen, i tilfælde af domfældelse, er fuldbyrdet, er ved at blive fuldbyrdet eller ikke længere kan kræves fuldbyrdet efter den dømmende kontraherende parts lovgivning.

 

Artikel 55

1. En kontraherende part kan på tidspunktet for ratifikation, accept eller godkendelse afdenne konvention erklære, at den ikke er bundet af artikel 54 i et eller flere af følgende tilfælde:

· a) Når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, helt eller delvis er begået på dens område. I sidstnævnte tilfælde gælder undtagelsen imidlertid ikke, hvis de pågældendes handlinger delvis er begået på den dømmende kontraherende parts område.

· b) Når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, udgør en krænkelse af denne kontraherende parts sikkerhed eller andre lige så væsentlige interesser.

· c) Når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, er begået af en ansat i denne stats tjeneste i strid med den pågældendes embedspligter.

2. En kontraherende part, der har afgivet en erklæring om undtagelsen i stk. 1, litra b), skal angive, hvilke former for strafbare handlinger denne undtagelse gælder.

3. En kontraherende part kan til enhver tid tilbagekalde en sådan erklæring om en eller flere af undtagelserne i stk. 1.

4. Undtagelser, der er nævnt i en erklæring efter stk. 1, finder ikke anvendelse, når den pågældende kontraherende part har anmodet den anden kontraherende part om at iværksætte retsforfølgning for de samme strafbare handlinger eller har efterkommet en begæring om udlevering af den pågældende.

 

Artikel 56

Hvis der indledes ny retsforfølgning mod en person, over for hvem en anden kontraherende part har afsagt endelig dom for de samme strafbare handlinger, skal ethvert tidsrum med frihedsberøvelse, som den pågældende har udstået på denne kontraherende parts område som følge af disse handlinger, fradrages i den straf, vedkommende måtte blive idømt. I det omfang de nationale lovgivninger tillader dette, tages der tillige hensyn til anden udstået straf end frihedsberøvelse.

 

Artikel 57

1. Hvis der af en kontraherende part rejses tiltale mod en person for en strafbar handling, og hvis denne parts kompetente myndigheder har grund til at antage, at tiltalen vedrører de samme strafbare handlinger som dem, en anden kontraherende part har afsagt endelig dom for, kan disse myndigheder, hvis de skønner det nødvendigt, anmode de kompetente myndigheder i den kontraherende stat, på hvis område dommen blev afsagt, om alle relevante oplysninger i sagen.

2. Disse oplysninger meddeles hurtigst muligt og indgår i vurderingen af, hvorvidt tiltalen skal opretholdes.

3. Hver enkelt kontraherende part skal på tidspunktet for denne konventions ratifikation, accept eller godkendelse udpege de myndigheder, der skal have beføjelse til at anmode om og modtage oplysninger efter denne artikel.

 

Artikel 58

De foregående bestemmelser er ikke til hinder for anvendelsen af mere vidtgående nationale bestemmelser om straffedommes negative retsvirkning (ne bis in idem) i forbindelse med udenlandske retsafgørelser.

 

Kapitel 4.- Udlevering

Artikel 59

1. Bestemmelserne i dette kapitel har til formål at supplere og lette anvendelsen af bestemmelserne i den europæiske konvention af 13. september 1957 om udlevering samt, for så vidt angår forbindelserne mellem de kontraherende parter, der er medlem af Den Økonomiske Union Benelux, kapitel I i Benelux-Traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.

2. Stk. 1 berører ikke anvendelsen af mere vidtgående bestemmelser i gældende bilaterale aftaler mellem de kontraherende parter.

 

Artikel 60

I forholdet mellem to kontraherende parter, hvoraf den ene ikke har undertegnet den europæiske udleveringskonvention af 13. september 1957 finder nævnte konventions bestemmelser anvendelse under hensyn til de forbehold og erklæringer, der er afgivet enten ved nævnte konventions ratifikation eller, for så vidt angår de kontraherende parter, der ikke har undertegnet den, ved denne konventions ratifikation, accept eller godkendelse.

 

Artikel 61

Den Franske Republik forpligter sig til efter begæring fra en anden kontraherende part at udlevere personer, der kan retsforfølges for strafbare handlinger, som efter fransk lovgivning kan medføre en frihedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning af en varighed på mindst to år og efter den begærende kontraherende parts lovgivning en frihedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning af en varighed på mindst et år.

 

Artikel 62

1. Alene den begærende kontraherende parts lovgivning gælder med hensyn til forældelsesfristens afbrydelse.

2. Selv om den anmodede kontraherende part har meddelt amnesti, er det ikke til hinder for udlevering, medmindre den strafbare handling henhører under denne parts straffemyndighed.

3. Hvis kun den anmodede kontraherende parts lovgivning indeholder krav om, at der skal foreligge et anklageskrift eller en officiel bemyndigelse til retsforfølgning, berøres udleveringspligten ikke af, at et sådant dokument ikke foreligger.

 

Artikel 63

De kontraherende parter forpligter sig i overensstemmelse med den konvention og traktat, der er nævnt i artikel 59, til at udlevere personer til hinanden, der af den begærende kontraherende parts retlige myndigheder retsforfølges for en af overtrædelserne efter artikel 50, stk. 1, eller eftersøges af disse med henblik på fuldbyrdelse af en straf eller sikkerhedsforanstaltning, der er idømt for en sådan overtrædelse.

 

Artikel 64

En indberetning til Schengen-informationssystemet efter artikel 95 sidestilles med en begæring om foreløbig anholdelse og fængsling, jf. artikel 16 i den europæiske udleveringskonvention af 13. september 1957 eller artikel 15 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.

 

Artikel 65

1. Begæringer om udlevering og transit rettes af den begærende kontraherende parts kompetente ministerium til den anmodede kontraherende parts kompetente ministerium, idet dette dog ikke udelukker muligheden for fremsendelse af begæringer via diplomatiske kanaler.

2. Følgende ministerier er kompetente:

– for Kongeriget Belgien: Justitsministeriet

– for Forbundsrepublikken Tyskland: Forbundsjustitsministeriet og delstaternes justitsministre eller -senatorer

– for Den Franske Republik: Udenrigsministeriet

– for Storhertugdømmet Luxembourg: Justitsministeriet

– for Kongeriget Nederlandene: Justitsministeriet.

 

Artikel 66

1. Hvis udlevering af en person, der begæres udleveret, ikke er klart ulovlig efter den anmodede kontraherende parts lovgivning, kan denne part give tilladelse til udlevering uden at iværksætte en formel udleveringsprocedure, dersom den person, der begæres udleveret, giver sit officielle samtykke hertil; samtykket føres til protokol af en kompetent retsembedsmand, efter at denne har belært personen om vedkommendes ret til en formel udleveringsprocedure. Den pågældende har under denne belæring ret til at få juridisk bistand.

2. Ved udlevering efter stk. 1 kan den person, der begæres udleveret, og som udtrykkeligt erklærer at give afkald på den beskyttelse, der tilkommer vedkommende efter specialitetsprincippet, ikke tilbagekalde denne erklæring.

 

Kapitel 5.- Overførelse af fuldbyrdelseskompetence i straffesager

Artikel 67

Nedenstående bestemmelser har til formål at supplere bestemmelserne i Europarådets konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte for så vidt angår de kontraherende parter, som har undertegnet nævnte konvention.

 

Artikel 68

1. En kontraherende part, på hvis område en statsborger fra en anden kontraherende stat er idømt frihedsstraf eller anden frihedsberøvende sikkerhedsforanstaltning ved retskraftig dom, men derefter har unddraget sig denne straf eller foranstaltning ved at flygte til sit hjemland, kan anmode denne anden part om at overtage fuldbyrdelsen af straffen eller foranstaltningen, hvis den undvegne befinder sig på denne anden parts område.

2. Indtil de dokumenter, der kræves vedlagt begæringen om overtagelse af fuldbyrdelsen af straffen eller foranstaltningen eller den endnu ikke udståede del af straffen, er fremkommet, og indtil afgørelsen om denne begæring er truffet, kan den anmodede kontraherende part på anmodning af den begærende kontraherende part tage den domfældte i forvaring eller træffe andre foranstaltninger til at sikre, at vedkommende forbliver på dens område.

 

Artikel 69

Overførelse af straffuldbyrdelse efter artikel 68 er ikke betinget af den domfældtes samtykke. De øvrige bestemmelser i Europarådets konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 6.- Narkotika

Artikel 70

1. De kontraherende parter nedsætter en stående arbejdsgruppe, der skal drøfte fælles problemer i forbindelse med bekæmpelse af narkotikakriminalitet og eventuelt udarbejde forslag til at forbedre de praktiske og tekniske aspekter af samarbejdet mellem de kontraherende parter, hvis det er nødvendigt. Arbejdsgruppen forelægger sine forslag for Eksekutivkomiteen.

2. Den i stk. 1 nævnte arbejdsgruppe, hvis medlemmer udpeges af de kompetente nationale organer, skal bl.a. bestå af repræsentanter for de myndigheder, der har ansvaret for udførelsen af politi- og toldopgaver.

 

Artikel 71

1. For så vidt angår direkte eller indirekte handel med narkotika og psykotrope stoffer af enhver art, herunder også cannabis, samt besiddelse af sådanne stoffer med henblik på videresalg eller udførsel, forpligter de kontraherende parter sig til i overensstemmelse med de eksisterende FN-konventioner(*) at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge og bekæmpe ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.

2. De kontraherende parter forpligter sig til med administrative og strafferetlige foranstaltninger at forebygge og bekæmpe ulovlig udførsel af narkotika og psykotrope stoffer, herunder også cannabis, samt salg, levering og overdragelse af disse stoffer, jf. dog de relevante bestemmelser i artikel 74, 75 og 76.

3. Med henblik på at bekæmpe ulovlig indførsel af narkotika og psykotrope stoffer, herunder også cannabis, skærper de kontraherende parter kontrollen med person- og varebevægelser samt med transportmidler ved de ydre grænser. Disse foranstaltninger fastlægges nærmere af den arbejdsgruppe, der er nævnt i artikel 70. Denne arbejdsgruppe skal navnlig overveje en overflytning af det politi- og toldpersonale, der frigøres ved de indre grænser, samt overveje anvendelsen af moderne narkotikasporingsmetoder og narkotikahunde.

4. For at sikre overholdelsen af denne artikels bestemmelser overvåger de kontraherende parter i særdeleshed de steder, hvor der erfaringsmæssigt drives narkotikahandel.

5. For så vidt angår bekæmpelse af ulovlig efterspørgsel efter narkotika og psykotrope stoffer af enhver art, herunder også cannabis, gør de kontraherende parter alt, hvad der står i deres magt for at forebygge og bekæmpe de negative virkninger af denne ulovlige efterspørgsel. Hver enkelt kontraherende part er selv ansvarlig for, hvilke foranstaltninger der skal træffes med henblik herpå.

 

Artikel 72

I overensstemmelse med deres forfatning og retsorden sørger de kontraherende parter for, at der vedtages nationale retsforskrifter, således at udbyttet fra ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer kan beslaglægges og konfiskeres.

 

Artikel 73

1. I overensstemmelse med deres forfatning og retsorden forpligter de kontraherende parter sig til at træffe foranstaltninger, der gør det muligt at gennemføre kontrollerede leverancer i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.

2. Beslutninger om anvendelse af kontrollerede leverancer træffes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en forudgående tilladelse fra hver enkelt af de berørte kontraherende parter.

3. Hver enkelt kontraherende part bevarer styringen af og kontrollen med operationer, der gennemføres på dens område, og er bemyndiget til at gribe ind.

 

Artikel 74

For så vidt angår lovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer er de kontraherende parter enige om, at den kontrol, der gennemføres ved de indre grænser efter de FN-konventioner, der er nævnt i artikel 71, så vidt muligt bør foretages inde i landet.

 

Artikel 75

1. Rejsende mellem eller inden for de kontraherende parters områder kan medbringe narkotika og psykotrope stoffer i nødvendigt omfang som led i en medicinsk behandling, hvis de i forbindelse med en kontrol kan fremvise en attest, der er udstedt eller bekræftet af en kompetent myndighed i bopælslandet.

2. Eksekutivkomiteen fastlægger formen og indholdet af den i stk. 1 nævnte attest, der udstedes af en kontraherende part, herunder navnlig oplysninger om stoffernes art og mængde samt rejsens varighed.

3. De kontraherende parter underretter hinanden om, hvilke myndigheder der er kompetente til at udstede eller bekræfte den i stk. 2 nævnte attest.

 

Artikel 76

1. De kontraherende parter træffer i overensstemmelse med deres lægelige, etiske og praktiske sædvane passende foranstaltninger til kontrol med narkotika og psykotrope stoffer, som på en eller flere andre kontraherende parters område er underkastet strengere kontrol end på deres eget område, således at denne strengere kontrol ikke hæmmes.

2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på stoffer, der hyppigt anvendes til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

3. De kontraherende parter underretter hinanden om, hvilke foranstaltninger der er truffet til gennemførelse af overvågningen af den lovlige handel med de stoffer, der er nævnt i stk. 1 og 2.

4. Eksekutivkomiteen drøfter regelmæssigt problemer, der måtte opstå i denne forbindelse.

 

Kapitel 7.- Skydevåben og ammunition

Artikel 77

1. De kontraherende parter forpligter sig til at tilpasse deres love og administrative bestemmelser om erhvervelse og besiddelse af samt handel med og overdragelse af skydevåben og ammunition til bestemmelserne i dette kapitel.

2. Dette kapitel finder anvendelse på fysiske og juridiske personers erhvervelse og besiddelse af samt handel med og overdragelse af skydevåben og ammunition; det finder ikke anvendelse på leverancer til statslige og lokale myndigheder, de væbnede styrker og politiet, disses erhvervelse og besiddelse af skydevåben og ammunition eller offentlige virksomheders fremstilling af skydevåben og ammunition.

 

Artikel 78

1. I dette kapitel klassificeres skydevåben således:

· a) forbudte våben

· b) våben, for hvilke der kræves tilladelse

· c) våben, der skal anmeldes.

2. Låsemekanismen, magasinet og løbet på skydevåben er underlagt samme bestemmelser som den genstand, som de er eller skal være en del af.

3. Ved korte våben forstås i denne konvention skydevåben, hvis løb måler højst 30 cm, eller hvis samlede længde er højst 60 cm; alle andre skydevåben betragtes som lange våben.

 

Artikel 79

1. Listen over forbudte skydevåben og ammunition omfatter:

· a) skydevåben, der sædvanligvis anvendes som krigsskydevåben

· b) fuldautomatiske skydevåben, selv om der ikke er tale om krigsskydevåben

· c) skydevåben, der er camoufleret som en anden genstand

· d) panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper

· e) ammunition til pistoler og revolvere med dum-dum kugler eller hulspidsprojektiler samt projektiler til disse ammunitionstyper.

2. De kompetente myndigheder kan i særlige tilfælde give tilladelser til skydevåben og ammunition efter stk. 1, hvis dette ikke strider mod hensynet til den offentlige orden og sikkerhed.

 

Artikel 80

1. Listen over skydevåben, hvortil der kræves en tilladelse til erhvervelse og besiddelse, omfatter mindst følgende skydevåben, hvis de ikke er forbudte:

· a) korte halvautomatiske våben eller repetervåben

· b) korte enkeltladerskydevåben med centralantænding

· c) korte enkeltladerskydevåben med randantænding med en samlet længde på under 28 cm

· d) lange halvautomatiske skydevåben, hvis magasin og kammer kan indeholde mere end tre patroner

· e) lange repeterskydevåben og halvautomatiske skydevåben med glat løb, hvis løb højst måler 60 cm

· f) halvautomatiske civile skydevåben, der ligner automatiske krigsskydevåben.

2. Listen over skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, omfatter ikke:

· a) advarsels-, gas- og signalvåben, for hvilke der med tekniske anordninger er skabt sikkerhed for, at de ikke ved hjælp af almindeligt værktøj kan ændres til våben, der kan udskyde projektiler, og for at udskydning af et irriterende stof ikke kan forårsage uoprettelig legemsskade

· b) lange halvautomatiske skydevåben, hvis magasin og kammer højst kan indeholde tre patroner uden genladning, på betingelse af, at ladeskinnen er indbygget, eller at der er sikkerhed for, at de ikke ved hjælp af almindeligt værktøj kan ændres til våben, hvis magasin og kammer kan indeholde mere end tre patroner.

 

Artikel 81

Listen over skydevåben, der skal anmeldes, omfatter følgende våben, hvis disse hverken er forbudt eller kræver tilladelse:

· a) lange repeterskydevåben

· b) lange enkeltladerskydevåben med et eller flere riflede løb

· c) korte enkeltladerskydevåben med randantænding og med en samlet længde på over 28 cm

· d) de våben, der er nævnt i artikel 80, stk. 2, litra b).

 

Artikel 82

Våben som nævnt i artikel 79, 80 og 81 omfatter ikke:

· a) skydevåben, hvis model er udformet før 1. januar 1870, eller som er fremstillet før 1. januar 1870 med forbehold af undtagelser, under forudsætning af at disse våben ikke kan udskyde ammunition, der er bestemt til forbudte våben eller våben, for hvilke der kræves tilladelse

· b) reproduktioner af våben efter litra a), under forudsætning af at der ikke kan benyttes en patron i metalhylster

· c) skydevåben, der er gjort uegnede til udskydning af enhver form for ammunition ved anvendelse af tekniske metoder, som bærer et officielt organs stempel eller er anerkendt af et sådant organ.

 

Artikel 83

Tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevåben efter artikel 80 må kun gives:

· a) hvis den pågældende er fyldt atten år, medmindre der gøres undtagelse for jagt- eller sportsudøvelse

· b) hvis den pågældende ikke er uegnet til at erhverve eller besidde et skydevåben som følge af en sindssygdom eller anden fysisk eller psykisk lidelse

· c) hvis den pågældende ikke er dømt for en strafbar handling eller ikke på grund af andre forhold må formodes at være til fare for den offentlige orden eller sikkerhed

· d) hvis den pågældende kan anføre en rimelig begrundelse for erhvervelse og besiddelse af et skydevåben.

 

Artikel 84

1. Anmeldelser af våben efter artikel 81 optages i et register, der føres af de personer, der er nævnt i artikel 85.

2. Hvis et våben sælges af en person, der ikke er nævnt i artikel 85, skal der ske anmeldelse efter nærmere bestemmelser, der fastsættes af hver enkelt kontraherende part.

3. Anmeldelser efter denne artikel skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de pågældende personer og våben.

 

Artikel 85

1. De kontraherende parter forpligter sig til at kræve, at alle personer, der fremstiller eller handler med skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, skal indhente tilladelse hertil, og at alle personer, der fremstiller eller handler med skydevåben, der skal anmeldes, skal foretage en sådan anmeldelse. En tilladelse vedrørende skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, omfatter også de skydevåben, der skal anmeldes. De kontraherende parter fører tilsyn med alle våbenfabrikanter og våbenhandlere, således at der sikres en effektiv kontrol.

2. De kontraherende parter forpligter sig til at vedtage bestemmelser om, at alle skydevåben mindst skal være forsynet med et identifikationsløbenummer, der ikke kan slettes, og med fabrikantens mærke.

3. De kontraherende parter forpligter våbenfabrikanter og våbenhandlere til at registrere alle skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, eller som skal anmeldes. Registrene skal gøre det muligt hurtigt at fastslå et skydevåbens art, oprindelse og erhverver.

4. Med hensyn til skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, jf. artikel 79 og 80, forpligter de kontraherende parter sig til at vedtage forskrifter om, at skydevåbnets identifikationsnummer og mærke anføres i den tilladelse, der udstedes til den person, som besidder våbnet.

 

Artikel 86

1. De kontraherende parter forpligter sig til at vedtage forskrifter, der forbyder personer, der lovligt besidder skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, eller som skal anmeldes, at overdrage disse våben til personer, der ikke har tilladelse til erhvervelse eller ikke har et bevis for anmeldelse.

2. De kontraherende parter kan give tilladelse til midlertidig overdragelse af disse våben efter nærmere bestemmelser, som de selv fastlægger.

 

Artikel 87

1. De kontraherende parter indfører i deres nationale lovgivning bestemmelser om, at tilladelsen kan inddrages, hvis den pågældende person ikke længere opfylder betingelserne i artikel 83 for udstedelse af tilladelsen.

2. De kontraherende parter forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger, herunder navnlig beslaglæggelse af skydevåben og inddragelse af tilladelse, og til at indføre passende sanktioner for overtrædelse af de gældende love og administrative bestemmelser om skydevåben. Sådanne sanktioner kan omfatte konfiskation af skydevåbnene.

 

Artikel 88

1. Personer, der har tilladelse til erhvervelse af et skydevåben, behøver ikke søge tilladelse til erhvervelse af ammunition til dette våben.

2. For personer, der ikke har tilladelse til erhvervelse af våben, gælder de samme regler for erhvervelse af ammunition som for det våben, som ammunitionen er beregnet til. Der kan udstedes tilladelse for en ammunitionstype eller for samtlige ammunitionstyper.

 

Artikel 89

Listen over forbudte skydevåben, skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse, og skydevåben, der skal anmeldes, kan ændres eller udvides af Eksekutivkomiteen under hensyn til den tekniske og økonomiske udvikling og statens sikkerhed.

 

Artikel 90

De kontraherende parter kan vedtage strengere love eller bestemmelser om skydevåben og ammunition hertil.

 

Artikel 91

1. På grundlag af den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besiddelse af skydevåben forpligter de kontraherende parter sig til inden for rammerne af deres nationale lovgivning at udveksle oplysninger om erhvervelse af skydevåben foretaget af enkeltpersoner eller detailvåbenhandlere, der har deres sædvanlige opholdssted i eller er etableret i en anden kontraherende stat. Ved detailvåbenhandler forstås en person, hvis erhvervsmæssige virksomhed helt eller delvis består i detailhandel med skydevåben.

2. Udvekslingen af oplysninger finder sted:

· a) mellem to kontraherende parter, der har ratificeret den i stk. 1 nævnte konvention, om de skydevåben, der er anført i tillæg 1, del A, stk. 1, punkt a-h, i nævnte konvention

· b) mellem to kontraherende parter, hvoraf mindst en ikke har ratificeret den i stk. 1 nævnte konvention, om de våben, for hvilke der i hver af de kontraherende stater kræves tilladelse eller anmeldelse.

3. Oplysninger om erhvervelse af skydevåben skal fremsendes hurtigst muligt og angive:

· a) erhvervelsesdato og erhververs identitet:

for fysiske personer: efternavn, fornavn(e), fødselsdato og fødested, adresse og pasnummer eller identitetskortnummer samt udstedelsesdato og angivelse af den udstedende myndighed, uanset om den pågældende er våbenhandler

– for juridiske personer: firmanavn og hjemsted samt efternavn, fornavn(e), fødselsdato og fødested, adresse og pasnummer eller identitetskortnummer vedrørende den person, der er bemyndiget til at repræsentere den juridiske person

· b) model, fabrikationsnummer, kaliber og lignende oplysninger om det pågældende skydevåben samt identifikationsnummer.

4. Hver enkelt kontraherende part udpeger en national myndighed, der fremsender og modtager de oplysninger, der er nævnt i stk. 2 og 3, og underretter straks de øvrige kontraherende parter om enhver ændring vedrørende den udpegede myndighed.

5. Den myndighed, der er udpeget af de kontraherende part, kan videregive modtagne oplysninger til de kompetente lokale politimyndigheder og til grænsekontrolmyndighederne med henblik på at forebygge eller retsforfølge strafbare handlinger og lovovertrædelser.

AFSNIT IV.- Schengen-informationssystemet

Kapitel 1.- Oprettelse af Schengen-informationssystemet

 

Artikel 92

1. De kontraherende parter opretter og driver et fælles informationssystem, i det følgende benævnt Schengen-informationssystemet, bestående af en national del i hver enkelt kontraherende stat og en teknisk støttefunktion. Schengen-informationssystemet giver ved hjælp af elektronisk søgning de myndigheder, der er udpeget af de kontraherende parter, adgang til indberetninger om personer og genstande til brug for grænsekontrollen og for anden politi- og toldkontrol inde i landet i overensstemmelse med den nationale lovgivning samt, kun hvad angår den type indberetning, der er nævnt i artikel 96, til brug for proceduren for visumudstedelse, udstedelse af opholdstilladelser og håndhævelse af udlændingelovgivningen som led i anvendelsen af denne konventions bestemmelser om persontrafik.

2. Hver enkelt kontraherende part opretter og driver for egen regning og på eget ansvar sin nationale del af Schengen-informationssystemet, hvis database skal være identisk med databaserne i hver af de øvrige kontraherende parters nationale del via den tekniske støttefunktion. Med henblik på en hurtig og effektiv videregivelse af oplysninger, jf. stk. 3, følger hver enkelt kontraherende part ved oprettelsen af sin nationale del de protokoller og procedurer, som de kontraherende parter har fastlagt i fællesskab for den tekniske støttefunktion. Der kan søges elektronisk i den nationale dels database på den pågældende kontraherende parts område. Der kan ikke søges i andre kontraherende parters databaser.

3. De kontraherende parter opretter og driver for fælles regning og under fælles ansvar Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion. Den Franske Republik er ansvarlig for denne støttefunktion, der etableres i Strasbourg. Den tekniske støttefunktion omfatter en database til online-videregivelse af oplysninger, således at det sikres, at de nationale deles databaser forbliver identiske. I den tekniske støttefunktions databaser optages indberetninger om personer og genstande, for så vidt de vedrører samtlige kontraherende parter. Den tekniske støttefunktions database indeholder ikke andre oplysninger end dem, der er nævnt i dette stykke og i artikel 113, stk. 2.

 

Kapitel 2.- Drift og udnyttelse af Schengen-informationssystemet

Artikel 93

Schengen-informationssystemet har i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention og ved hjælp af oplysningerne i dette system til formål at bevare den offentlige orden og sikkerhed, herunder også statens sikkerhed, og sikre anvendelsen af denne konventions bestemmelser om persontrafik på de kontraherende parters område.

 

Artikel 94

1. Schengen-informationssystemet indeholder udelukkende de kategorier af oplysninger, der meddeles af de kontraherende parter, og som er nødvendige til at opfylde de formål, der er nævnt i artikel 95-100. Den indberettende kontraherende part undersøger, om det pågældende tilfælde er så vigtigt, at indberetningen bør optages i Schengen-informationssystemet.

2. Oplysningerne opdeles i følgende kategorier:

· a) indberettede personer

· b) genstande som nævnt i artikel 100 og motorkøretøjer som nævnt i artikel 99.

3. Om personer må højst følgende oplysninger indberettes:

· a) efternavn og fornavn, med henvisning til et eventuelt særskilt registreret kaldenavn

· b) særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

· c) første bogstav i andet fornavn

· d) fødselsdato og fødested

· e) køn

· f) nationalitet

· g) om vedkommende er bevæbnet

· h) om vedkommende er voldelig

· i) indberetningsgrund

· j) forholdsregler

Der må ikke optages andre oplysninger, navnlig ikke oplysninger som anført i artikel 6, første punktum, i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

4. Hvis en kontraherende part finder, at en indberetning i overensstemmelse med artikel 95, 97 eller 99 ikke er forenelig med dens nationale lovgivning, internationale forpligtelser eller væsentlige nationale hensyn, kan den, efter at indberetningen er foretaget, få indsat en påtegning i databasen i sin nationale del af Schengen-informationssystemet om, at de pågældende forholdsregler ikke vil blive iværksat på dens område på baggrund af denne indberetning. De øvrige kontraherende parter skal konsulteres herom. Hvis den indberettende kontraherende part ikke trækker indberetningen tilbage, bevares den i fuldt omfang for de øvrige kontraherende parter.

 

Artikel 95

1. Oplysninger om eftersøgte personer, der begæres anholdt med henblik på udlevering, optages i systemet efter anmodning fra den begærende kontraherende parts retlige myndigheder.

2. Inden indberetningen foretages, undersøger den indberettende kontraherende part, om de anmodede kontraherende parters nationale lovgivning tillader anholdelse. I tvivlstilfælde skal den indberettende kontraherende part konsultere de øvrige berørte kontraherende parter.

Den indberettende kontraherende part skal samtidig med indberetningen sende de anmodede kontraherende parter følgende væsentlige oplysninger om sagen ad den hurtigst mulige vej:

· a) hvilken myndighed der har anmodet om anholdelsen

· b) om der foreligger arrestordre eller en anden beslutning med samme retskraft eller en eksigibel dom

· c) hvilken strafbar handling der er tale om og henvisning til den relevante straffebestemmelse

· d) en beskrivelse af, under hvilke omstændigheder den strafbare handling er begået, herunder tidspunkt, sted og omfang af den indberettede persons deltagelse heri

· e) så vidt muligt følgerne af den strafbare handling.

3. En kontraherende part, der anmodes om at foretage anholdelse, kan få indsat en påtegning i databasen i sin nationale del af Schengen-informationssystemet om, at der ikke må foretages anholdelse på baggrund af indberetningen, før denne påtegning er slettet. Påtegningen skal slettes senest fireogtyve timer efter, at indberetningen er optaget, medmindre den kontraherende part af juridiske grunde eller ud fra særlige hensyn afslår at foretage den ønskede anholdelse. I ganske ekstraordinære tilfælde, hvor det sagsforhold, der ligger til grund for indberetningen, er særligt kompliceret, kan denne frist forlænges indtil en uge. De øvrige kontraherende parter kan uanset en sådan påtegning eller et sådant afslag foretage den anholdelse, der anmodes om ifølge indberetningen.

4. Hvis en kontraherende part i særlige hastetilfælde ønsker en øjeblikkelig eftersøgning, undersøger den anmodede kontraherende part, om den kan frafalde påtegningen. Den anmodede kontraherende part træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den ønskede anholdelse kan foretages omgående, hvis indberetningen godkendes.

5. Hvis der ikke kan foretages anholdelse, fordi den anmodede kontraherende part endnu ikke har afsluttet undersøgelsen eller har besluttet at afslå begæringen om anholdelse, skal denne kontraheren de part behandle indberetningen som en anmodning om meddelelse af den pågældende persons opholdssted.

6. De anmodede kontraherende parter iværksætter de forholdsregler, de anmodes om at træffe på baggrund af indberetningen i overensstemmelse med de gældende udleveringskonventioner og deres nationale lovgivning. De har ikke pligt til at iværksætte de ønskede forholdsregler, hvis det drejer sig om en af deres egne statsborgere, hvilket dog ikke er til hinder for, at de kan foretage anholdelse efter deres nationale lovgivning.

 

Artikel 96

1. Oplysninger om uønskede udlændinge, der nægtes indrejse, optages i systemet på grundlag af de nationale indberetninger, som er en følge af afgørelser truffet af de kompetente administrative eller retlige myndigheder under overholdelse af de nationale retsplejeregler.

2. Disse afgørelser kan bygge på, at den pågældende udlændings tilstedeværelse i landet formodes at udgøre en trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed eller for den nationale sikkerhed.

Dette gælder i særdeleshed:

· a) når en udlænding er blevet idømt en frihedsstraf af en varighed på mindst et år på grund af en strafbar handling

· b) når der er begrundet mistanke om, at en udlænding har begået alvorlige strafbare handlinger, herunder handlinger som nævnt i artikel 71, eller når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at den pågældende har til hensigt at begå sådanne handlinger på en kontraherende parts område.

3. Disse afgørelser kan ligeledes bygge på, at den pågældende udlænding tidligere er blevet udsendt, afvist eller udvist, når disse foranstaltninger ikke er blevet udskudt eller suspenderet, og de indebærer eller er ledsaget af et indrejseforbud eller eventuelt et forbud mod at tage ophold som følge af en overtrædelse af de nationale bestemmelser om udlændinges indrejse eller ophold.

 

Artikel 97

Oplysninger om forsvundne personer eller personer, der af hensyn til deres egen sikkerhed eller til forebyggelse af trusler midlertidigt bør tages i varetægt på anmodning af den indberettende kontraherende parts kompetente eller retlige myndighed, optages i systemet, således at politimyndighederne kan underrette den indberettende kontraherende part om personens opholdssted eller tage den pågældende i varetægt for at forhindre vedkommende i at fortsætte sin rejse, hvis den nationale lovgivning tillader det. Dette gælder i særdeleshed mindreårige og personer, der skal tvangsanbringes på grundlag af en afgørelse truffet af en kompetent myndighed. Oplysninger om myndige personer må kun videregives med de pågældendes samtykke.

 

Artikel 98

1. Oplysninger om vidner, personer, der er indstævnet for en domstol som led i en straffesag på grund af handlinger, som de retsforfølges for, eller personer, der skal have forkyndt en strafferetlig dom eller tilsigelse til afsoning af en frihedsstraf, optages på anmodning af de kompetente retlige myndigheder med henblik på videregivelse af oplysninger om opholdssted eller bopæl.

2. De ønskede oplysninger videregives til den kontraherende part i overensstemmelse med national lovgivning og gældende konventioner om gensidig retshjælp i straffesager.

 

Artikel 99

1. Under overholdelse af den indberettende kontraherende parts lovgivning optages oplysninger om personer og motorkøretøjer med henblik på diskret overvågning eller målrettet kontrol i overensstemmelse med stk. 5.

2. En sådan indberetning kan foretages med henblik på retsforfølgning af strafbare handlinger og på forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,

· a) når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at den pågældende er i færd med eller har til hensigt at begå et større antal særligt alvorlige strafbare handlinger, eller

· b) når det ud fra en samlet vurdering af den pågældende, navnlig under hensyn til tidligere begåede strafbare handlinger, må formodes, at vedkommende også i fremtiden vil begå særligt alvorlige strafbare handlinger.

3. En indberetning kan endvidere foretages i overensstemmelse med national lovgivning på anmodning af de instanser, der har ansvaret for statens sikkerhed, når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at de oplysninger, der er nævnt i stk. 4, er nødvendige for at forebygge en alvorlig trussel fra den pågældendes side eller andre alvorlige trusler mod statens sikkerhed indadtil eller udadtil. Den indberettende kontraherende part skal forinden konsultere de øvrige kontraherende parter.

4. Som led i en diskret overvågning kan alle eller en del af følgende oplysninger indsamles og videregives til den indberettende myndighed til brug for grænsekontrollen eller for anden politi- og toldkontrol inde i landet:

· a) oplysning om at den indberettede person eller det indberettede motorkøretøj er fundet

· b) sted og tidspunkt for kontrollen samt årsagen hertil

· c) rejserute og mål

· d) ledsagere eller passagerer

· e) benyttet motorkøretøj

· f) medbragte genstande

· g) under hvilke omstændigheder den pågældende person eller det pågældende motorkøretøj er fundet.

Når sådanne oplysninger indsamles, bør det sikres, at overvågningens diskrete karakter bibeholdes.

5. I forbindelse med den målrettede kontrol, der er nævnt i stk. 1, kan der i overensstemmelse med national lovgivning foretages undersøgelser af personer, motorkøretøjer og medbragte genstande med de i stk. 2 og 3 nævnte formål. Hvis den målrettede kontrol ikke er tilladt ifølge en kontraherende parts lovgivning, ændres den automatisk til diskret overvågning for denne kontraherende parts vedkommende.

6. En anmodet kontraherende part kan få indsat en påtegning i databasen i sin nationale del af Schengen-informationssystemet om, at der ikke må iværksættes foranstaltninger med henblik på diskret overvågning eller målrettet kontrol på baggrund af indberetningen, før denne påtegning er slettet. Påtegningen skal slettes senest fireogtyve timer efter, at indberetningen er optaget, medmindre den kontraherende part af juridiske grunde eller ud fra særlige hensyn afslår at iværksætte den ønskede foranstaltning. De øvrige kontraherende parter kan uanset en sådan påtegning eller et sådant afslag iværksætte den foranstaltning, der anmodes om ifølge indberetningen.

 

Artikel 100

1. Oplysninger om genstande, der eftersøges med henblik på beslaglæggelse eller som bevismidler i en straffesag, optages i Schengen- informationssystemet.

2. Hvis der ved en søgning viser sig at foreligge en indberetning om en fundet genstand, tager den myndighed, der har konstateret dette, kontakt til den indberettende myndighed for at aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Med henblik herpå kan der også videregives personoplysninger efter bestemmelserne i denne konvention. De foranstaltninger, der skal træffes af den kontraherende part, som har fundet den pågældende genstand, skal være i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

3. Der optages oplysninger om følgende kategorier af genstande:

· a) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne motorkøretøjer med et slagvolumen på over 50 cc

· b) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne påhængsvogne og campingvogne med på egenvægt på over 750 kg

· c) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne skydevåben

· d) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne blankodokumenter

· e) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne udstedte identitetsdokumenter (pas, identitetskort, førerbeviser)

· f) pengesedler (med registrerede numre).

 

Artikel 101

1. Adgang til oplysningerne i Schengen-informationssystemet samt ret til direkte søgning i disse oplysninger er forbeholdt myndigheder med ansvar for:

· a) grænsekontrol

· b) anden politi- og toldkontrol inde i landet samt samordning heraf.

2. Endvidere har myndigheder med ansvar for udstedelse af visum, centrale myndigheder med ansvar for behandling af visumansøgninger samt myndigheder med ansvar for udstedelse af opholdstilladelser og forvaltning af udlændingelovgivningen adgang til de oplysninger, der er optaget i systemet, jf. artikel 96, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger som led i gennemførelsen af denne konventions bestemmelser om persontrafik. Adgangen til disse oplysninger er underlagt bestemmelserne i den enkelte kontraherende parts lovgivning.

3. Brugerne må kun søge de oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver.

4. Hver kontraherende part indgiver til Eksekutivkomiteen en liste over, hvilke kompetente myndigheder der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i Schengen-informationssystemet. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål.

 

Kapitel 3.-  Beskyttelse og sikring af personoplysninger i Schengen-informationssystemet

 

Artikel 102

1. De kontraherende parter må kun benytte de oplysninger, der er nævnt i artikel 95-100 til de formål, der svarer til hver af de indberetninger, der er nævnt i disse artikler.

2. Oplysningerne må kun kopieres til tekniske formål, når dette er nødvendigt for, at de myndigheder, der er nævnt i artikel 101, kan foretage direkte søgning. Andre kontraherende parters indberetninger må ikke kopieres fra den nationale del af Schengen-informationssystemet til andre nationale databaser.

3. For så vidt angår de indberetninger, der er nævnt i artikel 95-100 i denne konvention, er det kun tilladt at fravige stk. 1 for at overgå fra en indberetningskategori til en anden, hvis det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar, overhængende trussel mod den offentlige orden og sikkerhed, af tungtvejende hensyn til statens sikkerhed eller til forebyggelse af en alvorlig strafbar handling. I så fald skal der forinden indhentes tilladelse fra den indberettende kontraherende part.

4. Oplysningerne må ikke benyttes til administrative formål. Som en undtagelse må de oplysninger, der er optaget efter artikel 96, kun benyttes til de formål, der er nævnt i artikel 101, stk. 2, i overensstemmelse med de kontraherende parters nationale lovgivning.

5. Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-4 skal betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den pågældende kontraherende parts nationale lovgivning.

 

Artikel 103

Hver enkelt kontraherende part påser, at den instans, der forvalter databasen, registrerer gennemsnitligt hver tiende videregivelse af personoplysninger i den nationale del af Schengen-informationssystemet, for at kontrollere, om søgningen er tilladt. Registreringen må kun anvendes til dette formål og slettes efter seks måneder.

 

Artikel 104

1. Den indberettende kontraherende parts nationale lovgivning finder anvendelse på indberetningerne, medmindre denne konvention fastsætter strengere bestemmelser.

2. For så vidt denne konvention ikke fastsætter særlige bestemmelser, finder den kontraherende parts lovgivning anvendelse på oplysningerne i den nationale del af Schengen-informationssystemet.

3. For så vidt denne konvention ikke fastsætter særlige bestemmelser om iværksættelse af de foranstaltninger, der anmodes om ifølge indberetningen, finder den anmodede kontraherende parts nationale lovgivning anvendelse. For så vidt der i denne konvention er fastsat særlige bestemmelser om iværksættelse af foranstaltninger på grundlag af indberetningen, afgrænses kompetencen til at iværksætte sådanne foranstaltninger af den anmodede kontraherende parts nationale lovgivning. Hvis den ønskede foranstaltning ikke kan iværksættes, underretter den anmodede kontraherende part straks den indberettende kontraherende part herom.

 

Artikel 105

Den indberettende kontraherende part har ansvaret for, at de oplysninger, der optages i Schengen-informationssystemet, er korrekte og aktuelle, samt at de er lovligt indberettet.

 

Artikel 106

1. Kun den indberettende kontraherende part må ændre, supplere, rette eller slette de oplysninger, den har indberettet.

2. Hvis en af de kontraherende parter, som ikke har foretaget indberetningen, er i besiddelse af konkrete indicier, der lader formode, at en oplysning er ukorrekt eller ulovligt indberettet, underretter den hurtigst muligt den indberettende kontraherende part, der har pligt til at kontrollere denne meddelelse og om nødvendigt omgående rette eller slette oplysningen.

3. Hvis de kontraherende parter ikke kan nå til enighed, forelægger den kontraherende part, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for den fælles tilsynsmyndighed, jf. artikel 115, stk. 1, med henblik på en udtalelse.

 

Artikel 107

Når der allerede findes en indberetning om en given person i Schengen-informationssystemet, aftaler den kontraherende part, der indgiver en ny indberetning, med den kontraherende part, der indgav den første indberetning, optagelsen af indberetningerne. De kontraherende parter kan også vedtage generelle bestemmelser herom.

 

Artikel 108

1. Hver enkelt af kontraherende parter udpeger en central myndighed, der er ansvarlig for den nationale del af Schengen-informationssystemet.

2. Hver enkelt af de kontraherende parter foretager sine indberetninger via denne myndighed.

3. Myndigheden er ansvarlig for, at den nationale del af Schengen-informationssystemet fungerer korrekt, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i denne konvention overholdes.

4. De kontraherende parter underretter via depositaren hinanden om, hvilken myndighed de har udpeget, jf. stk. 1.

 

Artikel 109

1. En persons ret til at få adgang til oplysninger om sig selv i Schengen-informationssystemet er undergivet lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område denne ret gøres gældende. Hvis den nationale lovgivning tillader det, afgør den nationale tilsynsmyndighed, der er nævnt i artikel 114, stk. 1, om oplysningerne skal videregives og på hvilken måde. En kontraherende part må ikke videregive oplysninger om en indberetning, den ikke selv har foretaget, medmindre den forinden har givet den indberettende kontraherende part lejlighed til at udtale sig herom.

2. Den pågældende person nægtes adgang til oplysningerne, hvis det kan skade gennemførelsen af den lovlige foranstaltning, der følger af indberetningen, eller for at beskytte tredjemands rettigheder og frihedsrettigheder. Oplysninger må aldrig videregives i en periode, hvor der foretages diskret overvågning som følge af en indberetning.

 

Artikel 110

Enhver person har ret til at få rettet oplysninger om sig selv, der er ukorrekte, eller få slettet oplysninger om sig selv, der er ulovligt indberettet.

 

Artikel 111

1. Enhver indberettet person kan på hver enkelt kontraherende parts område indbringe spørgsmålet for den domstol eller myndighed, der er kompetent ifølge den nationale lovgivning, med påstand om rettelse eller sletning af oplysningerne, aktindsigt eller skadeserstatning.

2. De kontraherende parter forpligter sig gensidigt til at gennemføre endelige afgørelser, der er truffet af de domstole eller myndigheder, der er nævnt i stk. 1, jf. dog artikel 116.

 

Artikel 112

1. Personoplysninger, der er optaget i Schengen-informationssystemet i forbindelse med eftersøgning af personer, bevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, af hensyn til hvilket de blev givet. Senest tre år efter optagelsen skal den indberettende kontraherende part undersøge, om det er nødvendigt at bevare dem. For så vidt angår indberetninger efter artikel 99 er denne frist et år.

2. Hver enkelt kontraherende part fastsætter eventuelt kortere undersøgelsesfrister i overensstemmelse med sin nationale lovgivning.

3. Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion underretter automatisk med en måneds varsel de kontraherende parter om en planlagt sletning af oplysninger.

4. Den indberettende kontraherende part kan inden udløbet af undersøgelsesfristen beslutte at bevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. Hvis det besluttes at bevare indberetningen længere, skal det meddeles den tekniske støttefunktion. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

 

Artikel 113

1. Andre oplysninger end dem, der er nævnt i artikel 112, bevares i højst ti år, oplysninger om udstedte identitetsdokumenter og registrerede pengesedler i højst fem år og oplysninger om motorkøretøjer, påhængsvogne og campingvogne i højst tre år.

2. Slettede oplysninger bevares i et år i den tekniske støttefunktion. I løbet af denne periode må de kun hentes frem til efterfølgende kontrol af, om de er korrekte, og om de er lovligt indberettet. Herefter tilintetgøres oplysningerne.

 

Artikel 114

1. Hver enkelt kontraherende part udpeger en tilsynsmyndighed, der i overensstemmelse med den nationale lovgivning fører uafhængigt tilsyn med databasen i den nationale del af Schengen-informationssystemet og kontrollerer, at behandlingen og anvendelsen af de oplysninger, der er optaget i Schengen-informationssystemet ikke krænker de berørte personers rettigheder. Til dette formål skal tilsynsmyndigheden have adgang til databasen i den nationale del af Schengen-informationssystemet.

2. Enhver person har ret til at anmode tilsynsmyndighederne om at kontrollere oplysninger i Schengen-informationssystemet, der vedrører den pågældende selv, samt kontrollere, hvilken brug der er gjort af disse oplysninger. Denne ret udøves efter bestemmelserne i den nationale lovgivning i den kontraherende stat, hvor anmodningen indgives. Hvis oplysningerne er optaget af en anden kontraherende part, foretages kontrollen i nært samarbejde med denne kontraherende parts tilsynsmyndighed.

 

Artikel 115

1. Der oprettes en fælles tilsynsmyndighed, der skal føre tilsyn med Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion. Denne myndighed består af to repræsentanter for hver af de nationale tilsynsmyndigheder. Hver enkelt kontraherende part råder over en stemme ved afstemninger. Tilsynet føres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention, Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, under hensyn til anbefaling R (87) 15 vedtaget den 17. september 1987 af Europarådets Ministerudvalg om politiets brug af personoplysninger samt i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den kontraherende stat, der har ansvaret for den tekniske støttefunktion.

2. Med hensyn til Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion har den fælles tilsynsmyndighed til opgave at føre tilsyn med, at denne konventions bestemmelser anvendes korrekt. Den skal med henblik herpå have adgang til den tekniske støttefunktion.

3. Den fælles tilsynsmyndighed har ligeledes kompetence til at undersøge de anvendelses- eller fortolkningsproblemer, der måtte opstå under driften af Schengen-informationssystemet, til at undersøge problemer i forbindelse med de nationale tilsynsmyndigheders uafhængige kontrol eller udøvelsen af deres ret til at få adgang til systemet, og til at udarbejde harmoniserede forslag til fælles løsninger af problemer.

4. Rapporterne fra den fælles tilsynsmyndighed sendes til de myndigheder, som de nationale tilsynsmyndigheder sender deres rapporter til.

 

Artikel 116

1. Hver enkelt af de kontraherende parter er ansvarlig i overensstemmelse med den nationale lovgivning for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af den nationale database i Schengen-informationssystemet. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende kontraherende part, fordi denne har optaget ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der er ulovligt indberettet.

2. Hvis den kontraherende part, mod hvilken der rejses sag, ikke er den samme som den indberettende kontraherende part, skal sidstnævnte efter anmodning godtgøre de beløb, som er udbetalt i skadeserstatning, medmindre den anmodede kontraherende part har benyttet oplysningerne i strid med denne konvention.

 

Artikel 117

1. Med hensyn til elektronisk behandling af personoplysninger, der er videregivet efter bestemmelserne i dette afsnit træffer hver enkelt kontraherende part senest på datoen for denne konventions ikrafttræden de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der mindst lever op til principperne i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger samt under hensyn til anbefaling R (87) 15 vedtaget den 17. september 1987 af Europarådets Ministerudvalg om politiets brug af personoplysninger.

2. Personoplysninger må ikke videregives efter bestemmelserne i dette afsnit, før bestemmelserne i stk. 1 om beskyttelse af personoplysninger er trådt i kraft i de kontraherende stater, der er omfattet af videregivelsen af oplysningerne.

 

Artikel 118

1. Hver enkelt kontraherende part forpligter sig til for sin nationale del af Schengen-informationssystemet at træffe foranstaltninger til:

· a) at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

· b) at forhindre, at databærerne kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer (kontrol med databærere)

· c) at forhindre uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret læsning, ændring eller sletning af indlæste personoplysninger (kontrol med optagelse)

· d) at forhindre, at edb-systemerne kan benyttes af uautoriserede personer ved hjælp af datatransmissionsudstyr (brugerkontrol)

· e) at sikre, at autoriserede personer hvad angår brugen af et edb- system, kun får adgang til de oplysninger, som henhører under deres kompetence (adgangskontrol)

· f) at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder der kan videregives personoplysninger via datatransmissionsudstyr (kontrol med videregivelse)

· g) at sikre, at det er muligt efterfølgende at undersøge og fastslå, hvilke personoplysninger der er indlæst i edb-systemerne, hvornår og af hvem (efterfølgende kontrol med indlæsning)

· h) at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger i forbindelse med videregivelse af oplysninger eller transport af databærere (kontrol med overførsler).

2. Hver enkelt kontraherende part skal træffe særlige foranstaltninger for at garantere oplysningernes sikkerhed i forbindelse med deres videregivelse til instanser uden for de kontraherende parters område. Den fælles tilsynsmyndighed underrettes om sådanne foranstaltninger.

3. Hver enkelt kontraherende part må kun udpege særligt kvalificerede og sikkerhedsgodkendte personer til at arbejde med databehandling af oplysningerne i den nationale del af Schengen-informationssystemet.

4. Den kontraherende part, der er ansvarlig for Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion, træffer de foranstaltninger for denne funktion, der er nævnt i stk. 1-3.

 

Kapitel 4.- Fordeling af omkostningerne i forbindelse med Schengen-informationssystemet

 

Artikel 119

1. Omkostningerne i forbindelse med etablering og brug af den i artikel 92, stk. 3, nævnte tekniske støttefunktion, herunder omkostningerne i forbindelse med kabeltilslutning mellem de nationale dele af Schengen-informationssystemet og den tekniske støttefunktion, afholdes i fællesskab af de kontraherende parter. Den enkelte kontraherende parts andel fastsættes på grundlag af den sats, som gælder for den enkelte kontraherende part på det ensartede momsberegningsgrundlag, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets afgørelse af 24. juni 1988 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter.

2. Den enkelte kontraherende part afholder selv omkostningerne i forbindelse med etablering og brug af sin nationale del af Schengen- informationssystemet.

 

AFSNIT V.- Transport og varebevægelser

 

Artikel 120

1. De kontraherende parter sørger i fællesskab for, at deres love og administrative bestemmelser ikke uden gyldig grund hindrer varebevægelserne over de indre grænser.

2. De kontraherende parter letter varebevægelserne over de indre grænser, ved at formaliteter i forbindelse med forbud og restriktioner udføres samtidig med fortoldningen af varerne til frit forbrug. Det skal være muligt at vælge, om fortoldning skal ske inde i landet eller ved den indre grænse. De kontraherende parter bestræber sig på at lade fortoldningen foregå inde i landet.

3. For så vidt forenklingerne efter stk. 2 ikke eller kun delvis kan gennemføres på visse områder, bestræber de kontraherende parter sig på at skabe betingelser for, at de kan gennemføres enten ved indbyrdes aftaler eller inden for rammerne af De Europæiske Fællesskaber.

Dette stykke finder navnlig anvendelse på kontrol med transporttilladelser og teknisk kontrol af transportmidler, dyrebeskyttelses- og dyresundhedskontrol, kødkontrol, plantesundhedskontrol samt kontrol med transport af farligt gods og affald.

4. De kontraherende parter bestræber sig på at harmonisere formaliteterne i forbindelse med varebevægelser over de ydre grænser og kontrollere, at de overholdes efter ensartede principper. Med henblik herpå arbejder de kontraherende parter tæt sammen i Eksekutivkomiteen, inden for De Europæiske Fællesskaber og i andre internationale fora.

 

Artikel 121

1. De kontraherende parter giver i overensstemmelse med fællesskabsretten afkald på den plantesundhedskontrol og det krav om fremlæggelse af plantesundhedscertifikater, der er fastsat i fællesskabsretten for visse planter og planteprodukter.

Eksekutivkomiteen udarbejder en liste over de planter og planteprodukter, som er omfattet af den forenkling, der er nævnt i første punktum. Komiteen kan ændre denne liste og fastsætter, hvornår ændringen træder i kraft. De kontraherende parter underretter hinanden om de foranstaltninger, som de har truffet.

2. I tilfælde af risiko for indslæbning eller spredning af skadegørere, kan en kontraherende part kræve en midlertidig genindførelse af de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i fællesskabsretten, og selv iværksætte dem. Den pågældende part underretter straks de øvrige kontraherende parter herom skriftligt og begrunder beslutningen.

3. Plantesundhedscertifikatet kan fortsat anvendes som det certifikat, der kræves efter lovgivningen om arternes beskyttelse.

4. De pågældende myndigheder udsteder efter anmodning herom et plantesundhedscertifikat, når forsendelsen helt eller delvis er beregnet til genudførsel, og hvis kravene til plantesundhedsbeskyttelse er overholdt for så vidt angår de pågældende planter eller planteprodukter.

 

Artikel 122

1. De kontraherende parter styrker samarbejdet for at garantere sikkerheden i forbindelse med transport af farligt gods og forpligter sig til at harmonisere de nationale bestemmelser, der er truffet i medfør af gældende internationale konventioner. For at bevare det nuværende sikkerhedsniveau forpligter de sig endvidere navnlig til:

· a) at harmonisere kravene til chaufførernes faglige kvalifikationer

· b) at harmonisere betingelserne for og omfanget af den kontrol, der udføres under transporten og i virksomhederne

· c) at harmonisere beskrivelsen af overtrædelserne og retsforskrifterne for gældende sanktioner

· d) at sikre en permanent udveksling af oplysninger og af de erfaringer, som er indhøstet i forbindelse med de foranstaltninger og den kontrol, der er gennemført.

2. De kontraherende parter styrker samarbejdet for at kontrollere overførsel af farligt og ufarligt affald over de indre grænser.

I den forbindelse bestræber de sig på at indtage en fælles holdning med hensyn til ændring af fællesskabsdirektiverne vedrørende kontrol og forvaltning af overførsel af farligt affald og med hensyn til udarbejdelse af fællesskabsretsakter om ufarligt affald med det formål at skabe en tilstrækkelig infrastruktur for bortskaffelse og fastsætte harmoniserede bortskaffelsesstandarder på et højt niveau.

Indtil der er udarbejdet fællesskabsregler for ufarligt affald, kontrolleres overførsel af sådant affald på grund af en særlig procedure, der gør det muligt at kontrollere overførslen på bestemmelsesstedet under behandlingen.

Bestemmelserne i stk. 1, andet punktum, finder ligeledes anvendelse på dette stykke.

 

Artikel 123

1. De kontraherende parter forpligter sig til at rådføre sig med hinanden med det formål at ophæve den nugældende indbyrdes forpligtelse til at fremlægge en udførselstilladelse for strategiske industriprodukter og -teknologier og om nødvendigt erstatte denne tilladelse med en smidig procedure, for så vidt det første og det endelige bestemmelsessted er en kontraherende part.

Med forbehold af disse samråd og for at sikre effektiviteten af den kontrol, der måtte være nødvendig, bestræber de kontraherende parter sig på i tæt samarbejde gennem en koordineringsmekanisme på at udveksle de nødvendige oplysninger under hensyn til den nationale lovgivning.

2. For så vidt angår andre produkter end strategiske industriprodukter og -teknologier, jf. stk. 1, bestræber de kontraherende parter sig på dels at lade udførselsformaliteterne foregå inde i landet, dels at harmonisere deres kontrolprocedurer.

3. Med udgangspunkt i de målsætninger, der er fastsat i stk. 1 og 2, konsulterer de kontraherende parter de øvrige berørte partnere.

 

Artikel 124

Hyppigheden og omfanget af varekontrollen i forbindelse med rejsendes passage af de indre grænser nedbringes mest muligt. En fortsat nedbringelse og endelig afskaffelse af denne kontrol er betinget af en progressiv forhøjelse af afgiftsfritagelsen for rejsende og af den fremtidige udvikling i bestemmelserne for den grænseoverskridende persontrafik.

 

Artikel 125

1. De kontraherende parter indgår aftaler om udstationering af forbindelsesofficerer fra deres toldmyndigheder.

2. Udstationeringen af forbindelsesofficerer har til formål at fremme samarbejdet mellem de kontraherende parter generelt, navnlig inden for rammerne af eksisterende konventioner og Fællesskabets retsakter om gensidig bistand.

3. Forbindelsesofficererne varetager rådgivende og assisterende opgaver. De er ikke bemyndiget til på eget initiativ at træffe toldforanstaltninger. De tilvejebringer oplysninger og udfører deres opgave på grundlag af de instrukser, de modtager fra deres hjemland.

 

AFSNIT VI.- Beskyttelse af personoplysninger

 

Artikel 126

1. Med hensyn til elektronisk behandling af personoplysninger, der er videregivet efter bestemmelserne i denne konvention, træffer hver enkelt kontraherende part senest på dagen for denne konventions ikrafttræden de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der mindst lever op til principperne i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

2. Personoplysninger må ikke videregives efter bestemmelserne i denne konvention, før bestemmelserne i stk. 1 om beskyttelse af personoplysninger er trådt i kraft i de kontraherende stater, hvortil oplysningerne videregives.

3. For så vidt angår elektronisk behandling af personoplysninger, der videregives efter denne konvention gælder i øvrigt følgende:

· a) Den modtagende kontraherende part må kun benytte oplysningerne til de formål, for hvilke det i denne konvention er fastsat, at sådanne oplysninger må videregives; anvendelse af oplysningerne til andre formål er kun mulig efter forudgående tilladelse fra den kontraherende part, der har videregivet oplysningerne, og under overholdelse af den modtagende kontraherende parts lovgivning; en sådan tilladelse kan gives, når den videregivende kontraherende parts nationale lovgivning tillader det.

· b) Oplysningerne må kun anvendes af de retlige myndigheder, de tjenester og instanser, der varetager en opgave eller udøver en funktion, der henhører under de formål, som er nævnt i litra a).

· c) Den videregivende kontraherende part skal påse, at oplysningerne er korrekte. Hvis den enten selv eller efter anmodning fra den indberettede person konstaterer, at oplysningerne er ukorrekte, eller at de ikke burde være videregivet, skal den straks underrette den eller de modtagende kontraherende parter herom. Denne eller disse skal efterfølgende rette eller tilintetgøre oplysningerne eller anføre, at de er ukorrekte eller ikke burde være videregivet.

· d) En kontraherende part kan ikke frasige sig det ansvar, der ifølge dens nationale lovgivning påhviler den over for en skadelidt person, under påberåbelse af, at en anden kontraherende part har videregivet ukorrekte oplysninger. Hvis den modtagende kontraherende part skal yde skadeserstatning, fordi der er benyttet videregivne ukorrekte oplysninger, skal den videregivende kontraherende part godtgøre alle de erstatningsbeløb, som den modtagende kontraherende part har udbetalt.

· e) Videregivelse og modtagelse af personoplysninger skal registreres i den database, de er videregivet fra og i den database, de optages i.

· f) Den fælles tilsynsmyndighed, der er nævnt i artikel 115, kan efter anmodning fra en af de kontraherende parter afgive udtalelse om eventuelle problemer med anvendelsen og fortolkningen af denne artikel.

4. Denne artikel finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit II, kapitel 7, og i afsnit IV. Stk. 3 finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit III, kapitel 2, 3, 4 og 5.

 

Artikel 127

1. Når personoplysninger videregives til en anden kontraherende part i medfør af denne konvention, finder bestemmelserne i artikel 126 anvendelse på videregivelse af oplysninger, der hidrører fra og optages i et ikke-elektronisk register.

2. Når der i andre tilfælde end dem, der er nævnt i artikel 126, stk. 1, eller i denne artikels stk. 1 videregives personoplysninger til en anden kontraherende part i medfør af denne konvention, finder artikel 126, stk. 3, anvendelse, med undtagelse af litra e). Endvidere gælder følgende bestemmelser:

· a) Videregivelse og modtagelse af personoplysninger skal registreres skriftligt; dette gælder dog ikke, når det ikke er nødvendigt at registrere oplysningerne for at kunne benytte dem, navnlig ikke når oplysningerne ikke benyttes eller kun benyttes i ganske kort tid.

· b) Den modtagende kontraherende part skal for så vidt angår anvendelsen af de videregivne oplysninger sikre et beskyttelsesniveau, der mindst er det samme som det, der er fastsat i dens lovgivning med hensyn til anvendelsen af lignende oplysninger.

· c) Spørgsmålet om adgang til oplysningerne og om betingelserne herfor afgøres på grundlag af den nationale lovgivning i den kontraherende stat, hvor den pågældende indgiver sin anmodning.

3. Denne artikel finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit II, kapitel 7, i afsnit III, kapitel 2, 3, 4 og 5, samt i afsnit IV.

 

Artikel 128

1. Personoplysninger må ikke videregives efter denne konvention, før de kontraherende parter, der er berørt af videregivelsen, har pålagt en national tilsynsmyndighed at føre uafhængigt tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i artikel 126 og 127 samt af de bestemmelser, der vedtages til gennemførelsen heraf, for så vidt angår behandling af personoplysninger i databaser.

2. Hvis en kontraherende part i overensstemmelse med sin nationale lovgivning har pålagt en tilsynsmyndighed på et eller flere områder at føre uafhængigt tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, der ikke er optaget i en database, pålægger denne kontraherende part vedkommende myndighed at føre tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i dette afsnit på de pågældende områder.

3. Denne artikel finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit II, kapitel 7, og i afsnit III, kapitel 2,3,4 og 5.

 

Artikel 129

Med hensyn til videregivelse af personoplysninger efter afsnit III, kapitel 1, forpligter de kontraherende parter sig til, med forbehold af artikel 126 og 127, at sikre et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der lever op til principperne i anbefaling R (87) 15 vedtaget 17. september 1987 af Europarådets Ministerudvalg om politiets brug af personoplysninger. Med hensyn til videregivelse af oplysninger efter artikel 46 gælder i øvrigt følgende bestemmelser:

· a) Den modtagende kontraherende part må kun benytte oplysningerne til de formål, der er angivet af den videregivende kontraherende part under overholdelse af de betingelser, denne kontraherende part har fastsat.

· b) Oplysningerne må kun videregives til politiet; de må dog videregives til andre myndigheder efter forudgående tilladelse fra den videregivende kontraherende part.

· c) Den modtagende kontraherende part skal efter anmodning underrette den videregivende kontraherende part om, hvad oplysningerne er blevet benyttet til, og hvilke resultater de har ført til.

 

Artikel 130

Hvis der videregives personoplysninger gennem en forbindelsesofficer, jf. artikel 47 og 125, finder bestemmelserne i dette afsnit kun anvendelse, når denne forbindelsesofficer videregiver oplysninger til den kontraherende part, som har udsendt vedkommende til den anden kontraherende parts område.

AFSNIT VII.- Eksekutivkomiteen

Artikel 131

1. Der nedsættes en eksekutivkomite med henblik på anvendelsen af denne konvention.

2. Med forbehold af de særlige beføjelser, der tillægges Eksekutivkomiteen ved denne konvention, er dens overordnede opgave at sikre en korrekt anvendelse af konventionen.

 

Artikel 132

1. Alle de kontraherende parter har et sæde i Eksekutivkomiteen. De kontraherende parter repræsenteres i komiteen af en minister med ansvar for gennemførelsen af denne konvention; denne kan om nødvendigt lade sig bistå af sagkyndige, der kan deltage i drøftelserne.

2. Eksekutivkomiteen træffer afgørelser med enstemmighed. Den fastsætter selv sine arbejdsmetoder og kan i den forbindelse vedtage, at beslutninger kan træffes ved skriftlig procedure.

3. Efter anmodning fra en kontraherende parts repræsentant kan den endelige afgørelse om forslag, som Eksekutivkomiteen har taget stilling til, udsættes i højst to måneder, efter at forslaget er fremsat.

4. Eksekutivkomiteen kan med henblik på forberedelse af afgørelser eller andre opgaver nedsætte arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for de kontraherende parters myndigheder.

 

Artikel 133

Eksekutivkomiteens møder holdes på skift på de forskellige kontraherende parters områder. Komiteen holder møde, så ofte det er nødvendigt for at varetage dens opgaver.

 

AFSNIT VIII.- Afsluttende bestemmelser

Artikel 134

Denne konventions bestemmelser finder kun anvendelse i det omfang, de er forenelige med fællesskabsretten.

 

Artikel 135

Konventionens bestemmelser finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New Yorkprotokollen af 31. januar 1967.

 

Artikel 136

1. En kontraherende part, der har til hensigt at føre forhandlinger med et tredjeland om grænsekontrol, underretter i god tid de øvrige kontraherende parter herom.

2. En kontraherende part må ikke indgå aftaler om forenkling eller ophævelse af grænsekontrollen med en eller flere tredjelande uden forudgående samtykke fra de øvrige kontraherende parter, hvilket dog ikke berører De Europæiske Fællesskabers medlemsstaters ret til at indgå sådanne aftaler i fællesskab.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på aftaler om mindre grænsetrafik, for så vidt sådanne aftaler overholder de undtagelser og betingelser, som er fastsat i artikel 3, stk. 1.

 

Artikel 137

Der kan ikke tages forbehold med hensyn til denne konvention, dog med undtagelse af forbeholdene som nævnt i artikel 60.

 

Artikel 138

Bestemmelserne i denne konvention finder for Den Franske Republiks vedkommende kun anvendelse på Den Franske Republiks europæiske område.

Bestemmelserne i denne konvention finder for Kongeriget Nederlandenes vedkommende kun anvendelse på det område, der er beliggende i Europa.

 

Artikel 139

1. Denne konvention skal ratificeres, godkendes eller accepteres. Ratifikations-, godkendelses- eller acceptinstrumenterne deponeres hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som giver alle kontraherende parter meddelelse om deponeringen.

2. Denne konvention træder i kraft den første dag i den anden måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikations-, godkendelses- eller acceptinstrument. Bestemmelserne om oprettelsen af Eksekutivkomiteen, dens virksomhed og beføjelser finder anvendelse, så snart konventionen træder i kraft. De øvrige bestemmelser finder anvendelse fra den første dag i den tredje måned, der følger efter konventionens ikrafttræden.

3. Storhertugdømmet Luxembourgs regering underretter alle kontraherende parter om ikrafttrædelsesdatoen.

 

Artikel 140

1. Alle medlemsstater af De Europæiske Fællesskaber kan tiltræde denne konvention. Tiltrædelsen sker efter aftale mellem denne stat og de kontraherende parter.

2. Denne aftale skal ratificeres, godkendes eller accepteres af den tiltrædende stat og af hver enkelt af de kontraherende parter. Den træder i kraft den første dag i den anden måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikations-, godkendelses- eller acceptinstrument.

 

Artikel 141

1. Alle kontraherende parter kan til depositaren sende forslag til ændring af denne konvention. Depositaren videresender sådanne forslag til de øvrige kontraherende parter. Efter anmodning fra en kontraherende part tager de kontraherende parter bestemmelserne i denne konvention op til fornyet overvejelse, når de forhold, der gjaldt ved denne konventions ikrafttræden, efter deres opfattelse har undergået grundlæggende ændringer.

2. De kontraherende parter vedtager ændringer til denne konvention efter fælles aftale.

3. Ændringer træder i kraft den første dag i den anden måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikations-, godkendelses- eller acceptinstrument.

 

Artikel 142

1. Når der indgås konventioner mellem De Europæiske Fællesskabers medlemsstater med henblik på virkeliggørelse af et område uden indre grænser, bliver de kontraherende parter enige om, på hvilke betingelser denne konventions bestemmelser kan erstattes eller ændres i forhold til de tilsvarende bestemmelser i sådanne konventioner.

De kontraherende parter tager i denne forbindelse hensyn til, at bestemmelserne i denne konvention kan indebære et videregående samarbejde end bestemmelserne i sådanne konventioner.

Bestemmelser, der strider mod bestemmelser, der er vedtaget mellem De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, tilpasses under alle omstændigheder.

2. De ændringer til denne konvention, som de kontraherende parter måtte finde nødvendige, skal ratificeres, godkendes eller accepteres. Artikel 141, stk. 3, finder anvendelse, idet ændringerne dog ikke træder i kraft, før de pågældende konventioner mellem De Europæiske Fællesskabers medlemsstater er trådt i kraft.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Schengen den nittende juni nittenhundredeoghalvfems i et originalt eksemplar på tysk, fransk og nederlandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

For den Franske Republiks regering

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

For Kongeriget Nederlandenes regering

 

SLUTAKT

I forbindelse med undertegnelsen af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser har de kontraherende parter vedtaget følgende erklæringer:

1. Fælleserklæring om artikel 139

Signatarstaterne underretter allerede inden konventionens ikrafttræden hinanden om alle forhold af betydning for de spørgsmål, der er omhandlet af konventionen, og for dens ikrafttræden.

Konventionen træder først i kraft, når forudsætningerne for konventionens gennemførelse er opfyldt i signatarstaterne, og når kontrollen ved de ydre grænser er effektiv.

2. Fælleserklæring om artikel 4

De kontraherende parter forpligter sig til at gøre alt for at overholde denne frist samtidig og forhindre eventuelle sikkerhedsmangler. Inden den 31. december 1992 undersøger Eksekutivkomiteen, hvilke fremskridt der er gjort. Kongeriget Nederlandene understreger, at det ikke kan udelukkes, at der opstår problemer med hensyn til tidsfristen for en bestemt lufthavn, uden at det dog skaber sikkerhedsmangler. De øvrige kontraherende parter vil tage hensyn til denne situation, uden at dette dog må medføre problemer for det indre marked.

Hvis der opstår problemer, undersøger Eksekutivkomiteen, hvorledes disse foranstaltninger bedst kan iværksættes samtidig i lufthavnene.

3. Fælleserklæring om artikel 71, stk. 2

For så vidt en af de kontraherende parter som led i sin nationale politik for forebyggelse og behandling af misbrug af narkotika og psykotrope stoffer fraviger princippet i artikel 71, stk. 2, træffer alle kontraherende parter de nødvendige administrative og strafferetlige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe ulovlig indførsel og udførsel af disse stoffer navnlig til de øvrige kontraherende parters område.

4. Fælleserklæring om artikel 121

I overensstemmelse med fællesskabsretten giver de kontraherende parter afkald på den plantesundhedskontrol og det krav om fremlæggelse af plantesundhedscertifikater, der er fastsat i fællesskabsretten for planter og planteprodukter, som er

· a) opført under Nr. 1, eller

· b) opført under Nr. 2-6, og som har oprindelse i en af de kontraherende stater.

1. Afskårne blomster og plantedele, til udsmykning, af:

Castanea

Chrysanthemum

Dendranthema

Dianthus

Gladiolus

Gypsophila

Prunus

Quercus

Rosa

Salix

Syringa

Vitis.

2. Friske frugter af:

Citrus

Cydonia

Malus

Prunus

Pyrus.

3. Træ af:

Castanea

Quercus.

4. Vækstmedium, der helt eller delvis består af jord eller fast organisk materiale såsom plantedele, tørv og bark med muld, men  som dog ikke består udelukkende af tørv.

5. Frø.

6. Levende planter, der er anført nedenfor med den relevante KN-kode i toldnomenklaturen, som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende af 7.9.1987.

——————————————————————————————————————-

KN-kode Varebeskrivelse

0601 20 30 Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst: orkideer, hyacinter, narcisser, tulipaner

0601 20 90 Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst: andre varer

0602 30 10 Rhododendron simsii (Azalea indica)

0602 99 51 Frilandsplanter: stauder

0602 99 59 Frilandsplanter: andre varer

0602 99 91 Stueplanter: blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen kaktusser

0602 99 99 Stueplanter: andre varer.

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5. Fælleserklæring om de enkelte landes asylpolitik

De kontraherende parter udarbejder en redegørelse for deres nationale asylpolitik med henblik på en harmonisering.

6. Fælleserklæring om artikel 132

De kontraherende parter underretter deres nationale parlamenter om denne konventions ikrafttræden.

Udfærdiget i Schengen den nittende juni nittenhundredeoghalvfems i et originalt eksemplar på tysk, fransk og nederlandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

For forbundsrepublikken Tysklands regering

For Den Franske Republiks regering

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

For Kongeriget Nederlandenes regering

 

PROTOKOL

I tilknytning til slutakten til konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser har de kontraherende parter vedtaget følgende fælleserklæring og noteret sig nedenstående ensidige erklæringer, der er fremsat i tilknytning til nævnte konvention:

I. Erklæring om anvendelsesområdet

De kontraherende parter fastslår følgende: efter foreningen af de to Tysklande finder konventionen i folkeretlig henseende også anvendelse på Den Tyske Demokratiske Republiks nuværende område.

II. Erklæringer fra Forbundsrepublikken Tyskland om fortolkningen af konventionen.

1. Konventionen indgås med den forestående forening af de to Tysklande for øje.

Den Tyske Demokratiske Republik er ikke et udland i forhold til Forbundsrepublikken Tyskland.

Artikel 136 finder ikke anvendelse på forbindelserne mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tyske Demokratiske Republik.

2. Denne konvention berører ikke den ordning, der er aftalt i den tysk-østrigske brevveksling af 20. august 1984 om en lempelse af kontrollen ved de fælles grænser for statsborgerne fra de to stater. Denne ordning skal imidlertid anvendes under hensyn til de kontraherende Schengen-parters sikkerhedskrav og indvandringsbestemmelser, således at lempelserne i praksis begrænses til østrigske statsborgere.

III. Erklæring fra Kongeriget Belgien om artikel 67

Med hensyn til overtagelse af fuldbyrdelsen af udenlandske domme vil Belgien ikke anvende den interne procedure, der er fastsat i den belgiske lovgivning om overførelse af domfældte, men en særlig procedure, som vil blive fastlagt ved ratifikationen af denne konvention.

Udfærdiget i Schengen den nittende juni nittenhundredeoghalvfems i et originalt eksemplar på tysk, fransk og nederlandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

For forbundsrepublikken Tysklands regering

For Den Franske Republiks regering

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

For Kongeriget Nederlandenes regering

 

FÆLLESERKLÆRING

fra ministre og statssekretærer

forsamlet i Schengen den 19. juni 1990

Regeringerne for de kontraherende parter i Schengen-aftalen indleder eller fortsætter drøftelser navnlig på følgende områder:

– forbedring og forenkling af udleveringspraksis

– forbedring af samarbejdet med hensyn til retsforfølgning af overtrædelser af færdselslovgivningen

– regler om gensidig anerkendelse af afgørelser om frakendelse af førerretten

– mulighed for gensidig fuldbyrdelse af bødestraffe

– udformning af regler for gensidig overførelse af straffesager, herunder muligheden for at overføre tiltalte til hjemlandet

– udformning af regler for repatriering af mindreårige, som ulovligt er fjernet fra den person, der har forældremyndigheden

– fortsat forenkling af kontrollen med varebevægelser i forbindelse med samhandel.

Udfærdiget i Schengen den nittende juni nittenhundredeoghalvfems i et originalt eksemplar på tysk, fransk og nederlandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

For forbundsrepublikken Tysklands regering

For Den Franske Republiks regering

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

For Kongeriget Nederlandenes regering

01Ene/14

BORRADOR DEL PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET BAJO EL “.ES”

BORRADOR DEL PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET BAJO EL “.ES”

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta norma es la aprobación del Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), a que se refiere la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones.

Artículo 2. La Autoridad de asignación.

1. La entidad pública empresarial Red.es desempeñará la función de autoridad de asignación de nombres de dominio bajo el “.es” de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley General de Telecomunicaciones.

2. La función de asignación consiste en la gestión del Registro de nombres de dominio, incluyendo la implantación, mantenimiento y operación de los equipos, aplicaciones y de las bases de datos necesarias para el funcionamiento del sistema de nombres de dominio de Internet, bajo el código de país correspondiente a España (“.es”).
Esta función conlleva la realización de las tareas y la toma de decisiones que sean precisas para asegurar el buen funcionamiento del sistema, incluyendo la aceptación y denegación motivada de peticiones de asignación de nombres de dominio, y la adaptación de los equipos y procedimientos de gestión de acuerdo con la evolución tecnológica.

3. La autoridad de asignación garantizará la continuidad ante cualquier contingencia previsible y la calidad del servicio prestado.

Artículo 3. Los agentes mediadores de registro.
1. Los agentes mediadores de registro, que desarrollarán su actividad en régimen de libre competencia, podrán asesorar a los usuarios, tramitar sus solicitudes y, en general, actuar ante la autoridad de asignación para la consecución, con arreglo a las normas aplicables, de la asignación de nombres de dominio.

2. En todo caso, las solicitudes de asignación de nombres de dominio podrán dirigirse directamente por los interesados a la autoridad de asignación.

3. La entidad pública empresarial Red.es determinará las condiciones de acceso a las bases de datos del Registro por los agentes mediadores de registro, así como los requisitos técnicos o de solvencia que éstos deberán cumplir para el
desempeño de las funciones previstas en el punto 3.1.

Artículo 4. Dominios de segundo y de tercer nivel.
Bajo el dominio “.es”, podrán asignarse nombres de segundo y tercer nivel, de conformidad con lo establecido en este Plan.

Artículo 5. Tipos de nombres de dominio.
A los efectos de este Plan, se distinguen los siguientes tipos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”):

a) Nombres de dominio regulares. Son aquéllos que se asignan conforme a las reglas establecidas en este Plan.
b) Nombres de dominio especiales. Son aquellos nombres de segundo nivel que la entidad pública empresarial Red.es puede asignar sin sujeción a las reglas establecidas en este Plan, siempre que concurra un notable interés público. En estos casos, la autoridad de asignación podrá someter la utilización del nombre de dominio especial a las condiciones que estime precisas para garantizar el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar a su asignación.
No obstante lo anterior, los nombres de dominio especiales deberán cumplir, en todo caso, las normas de sintaxis establecidas en el artículo 18.1.

CAPÍTULO II. Asignación de nombres de dominio de segundo nivel


Artículo 6. Criterio general para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel.

Los nombres de dominio de segundo nivel bajo el “.es” se asignarán al primer solicitante que tenga derecho a ello y que reúna los requisitos establecidos en este Plan.
El cumplimiento de dichos requisitos se verificará con carácter previo a su asignación, empleando para ello, siempre que sea posible, medios telemáticos.

Artículo 7. Legitimación para la obtención de un nombre de dominio de segundo nivel.
Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel:
a) Las personas físicas españolas o extranjeras que residan legalmente en España, las entidades con o sin personalidad jurídica constituidas conforme a la legislación española y las primeras sucursales, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, de sociedades extranjeras legalmente constituidas.

b) Los Órganos Constitucionales, las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, así como los Departamentos Ministeriales y Consejerías de las Comunidades Autónomas.
c) Las embajadas y consulados extranjeros debidamente acreditados en España, así como las organizaciones internacionales a las que España pertenezca o las entidades resultantes de acuerdos o convenios internacionales suscritos por España.

Artículo 8. Requisitos para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel.
Sólo podrán asignarse los nombres de dominio de segundo nivel que cumplan los siguientes requisitos:
a) No estar previamente asignado.
b) Cumplir las normas de sintaxis y demás normas comunes para la asignación de nombres de dominio bajo el “.es” recogidas en el Capítulo IV de este Plan.
c) Cumplir las normas de derivación de nombres de dominio establecidas en el artículo 9.
d) No estar comprendido dentro de las prohibiciones recogidas en el artículo 11.

Artículo 9. Normas de derivación de nombres de dominio de segundo nivel.
1. Con carácter general, las entidades a las que se refiere el artículo 7 podrán solicitar la asignación de los siguientes nombres de dominio:

a) El nombre completo de la organización, tal como aparece en su norma de creación, escritura o documento de constitución o, en su caso, de modificación, sin que sea obligatoria la inclusión de la indicación o abreviatura de su forma social.
b) Un nombre abreviado del nombre completo de la organización que la identifique de forma inequívoca.
En ningún caso, podrán asignarse nombres abreviados que no se correspondan razonable e intuitivamente con el nombre completo de dicha organización.
c) Uno o varios nombres comerciales o marcas de los que sean titulares o licenciatarios y que se encuentren legalmente registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

El nombre de dominio coincidirá literalmente con la inscripción del nombre comercial o marca. Sin embargo, podrá admitirse la asignación como nombre de dominio de la parte denominativa de una marca o nombre comercial mixtos o la agregación al tenor literal de una marca o nombre comercial de su cualificación por clase de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, siempre que no se vulneren las demás normas previstas en el artículo 8.
Sólo se asignará un nombre de dominio por cada marca o nombre comercial del que sea titular o, en su caso, licenciatario el solicitante.
d) A los solos efectos de la concesión de los nombres de dominio se podrán equiparar a las marcas o nombres comerciales las denominaciones de origen cuando quien solicite su asignación sea su correspondiente Consejo Regulador.
No obstante lo anterior, cuando el solicitante sea una sociedad civil no inscrita en el Registro Mercantil, una asociación, una comunidad de bienes o de propietarios o cualquier otra entidad carente de personalidad jurídica distinta de las enumeradas en los apartados b) y c) del artículo 7, el nombre completo o abreviado de la organización deberá ir precedido de la expresión
completa correspondiente a su forma jurídica o de una expresión abreviada de la misma seguida de un guión que determine la autoridad de asignación.

2. Las personas físicas podrán solicitar la asignación de los siguientes nombres
de dominio:
a) Nombre y apellidos, tal como figuren en su DNI o tarjeta de residencia hasta un máximo de 60 caracteres.
b) Los nombres comerciales o marcas registradas de las sean titulares o licenciatarios en los términos establecidos en la letra c) del apartado primero.
c) Cuando ejerzan una profesión u oficio, podrán solicitar también la asignación como nombre de dominio de su nombre y al menos un apellido, de su apellido o apellidos, el nombre de su establecimiento o de cualquier otro nombre o denominación similar con la que resulten conocidos en el tráfico mercantil.
Estos nombres de dominio irán precedidos de la expresión completa correspondiente a su profesión, oficio o establecimiento, o de una expresión abreviada de los mismos seguida de un guión que determine la autoridad de asignación.

3. No se asignarán nombres de dominio que incorporen adiciones tales como sufijos o prefijos (por ejemplo, “net” o “inter”) que no guarden relación alguna con el nombre o denominación del solicitante.

Artículo 10. Coordinación con Registros Públicos.
En la asignación de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) se procurará la necesaria coordinación con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas, los demás registros públicos nacionales y la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Artículo 11. Prohibiciones.
En el segundo nivel no podrá asignarse un nombre de dominio que incurra en alguna de las prohibiciones siguientes:
a) Coincidir con algún nombre de dominio de primer nivel (tales como “.edu”, “.com”, “.gov”, “.mil”, “.uk”, “.fr”, “.ar”, “.jp”) o con uno de los propuestos o que esté en trámite de estudio por la organización competente para su creación, si bien, en este último caso, la prohibición sólo se aplicará cuando, a juicio de la autoridad de asignación, el uso del nombre de dominio pueda generar confusión.
b) Componerse exclusivamente de un topónimo o del gentilicio correspondiente a un continente, a un país o territorio que figure en la lista ISO 3166-1, a una Comunidad Autónoma, provincia, isla o municipio español o cualquier otro que se corresponda con la denominación oficial de una Administración pública territorial española.
No obstante, podrá asignarse un topónimo a la Administración Pública territorial que lo solicite siempre que este topónimo la identifique de forma inequívoca y la citada Administración Pública se comprometa a utilizarlo para facilitar o permitir la presencia en Internet de aquellas instituciones, entidades y colectivos en general que estén vinculados a su territorio. Las
Administraciones Públicas titulares de estos nombres de dominio podrán solicitar la asignación de nombres de dominio de tercer nivel derivados de los anteriores, siempre que se respeten los requisitos establecidos en los artículos 16 y 18.
Los topónimos correspondientes a los espacios naturales protegidos únicamente podrán asignarse a los respectivos organismos gestores que así lo soliciten.
Las denominaciones de origen que se compongan en exclusiva de un topónimo sólo podrán registrarse si se cualifican con el producto al que identifican.
Con carácter general, la prohibición de topónimos y gentilicios se entenderá referida únicamente al topónimo o gentilicio en castellano y, en su caso, en la lengua española que sea cooficial en la respectiva Comunidad Autónoma. Sin embargo, la autoridad de asignación podrá denegar la asignación del topónimo o gentilicio en otras lenguas cuando, por su difusión u otras circunstancias concurrentes, su utilización pudiera generar confusión en el sistema de nombres de dominio bajo el “.es”
c) Componerse exclusivamente de un término genérico o de su abreviatura o de una combinación de términos genéricos que designen productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, actividades, religiones, áreas del saber humano, tecnologías, clases o grupos sociales, enfermedades y cualesquiera otros similares que, atendiendo a su especial relevancia económica, social, científica o cultural, la autoridad de asignación considere asimilables a los anteriores.
No obstante, se admitirá el registro de nombres de dominio coincidentes con una combinación de los anteriores cuando el resultado de esta combinación haya perdido, a juicio de la autoridad de asignación, su carácter de término genérico.
d) Coincidir con nombres de protocolos, aplicaciones y terminología de Internet, tales como “telnet”, “ftp”, “email”, “www”, “web”, “smtp”, “http”, “tcp”, “dns”, “wais”, “news”, “rfc”, “ietf”, “mbone”, o “bbs”, o con una combinación de los mismos.
e) Asociarse de forma pública y notoria a otra organización, servicio, acrónimo o marca distintos de los del solicitante del dominio o que pueda inducir a confusión con ellos.
f) Componerse exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo cuando se corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior a nombre de la organización o persona física solicitante del dominio o coincida con el nombre y apellidos de la persona física que solicite el nombre de dominio tal como figuren en su DNI o tarjeta de residencia.

Artículo 12. Modificación del nombre de dominio solicitado.
Cuando el nombre de dominio solicitado no se ajuste a lo dispuesto en los apartados b) y d) del artículo 8 no se procederá a su asignación, pero podrá ser modificado o cualificado por la autoridad de asignación, con el consentimiento del solicitante, sustituyendo los caracteres no permitidos por otros afines o cualificando el nombre de dominio en la forma que resulte más idónea para satisfacer el interés del solicitante del dominio y garantizar el respeto a las normas recogidas en el presente Plan.

CAPÍTULO III. Asignación de nombres de dominio de tercer nivel

Artículo 13. Tipos de nombres de dominio asignables en el tercer nivel.
En el tercer nivel podrán asignarse nombres de dominio bajo los siguientes indicativos:
a) .com.es
b) .nom.es
c) .org.es
d) .gob.es
e) .edu.es

Artículo 14. Criterio general para la asignación de nombres de dominio de tercer nivel.
1. Con carácter general, los nombres de dominio de tercer nivel se asignarán atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud.
2. El cumplimiento de los requisitos establecidos para la asignación de nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos “gob.es” y “edu.es” se verificará con carácter previo a su asignación.
Los nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es” se asignarán sin comprobación previa de los requisitos aplicables, si bien éstos podrán ser verificados a instancia de parte de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 17. En este caso, la eficacia de la asignación queda condicionada al resultado de dicho procedimiento.

Artículo 15. Legitimación para la obtención de nombres de dominio de tercer nivel.
Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de tercer nivel:
a) Bajo el indicativo “.com.es”, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
b) Bajo el indicativo “.nom.es”, las personas físicas que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
c) Bajo el indicativo “.org.es”, las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
d) Bajo el indicativo “.gob.es”, las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho Público de ella dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos o unidades.
e) Bajo el indicativo “.edu.es”, las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica que realicen funciones o actividades relacionadas con la enseñanza o la investigación en España.

Artículo 16. Requisitos para la asignación de nombres de dominio de tercer nivel.

1. Los nombres de dominio de tercer nivel podrán construirse en cualquier forma, siempre que no vulneren lo dispuesto en el artículo 18.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la asignación de nombres de dominio de tercer nivel compuestos exclusivamente por apellidos o por una combinación de nombres propios y apellidos, exigirá que éstos tengan relación directa con el solicitante.

3. Asimismo, la asignación como nombre de dominio de los topónimos y gentilicios a que se refiere el artículo 11 c) bajo el indicativo “.gob.es” exigirá que éstos identifiquen al solicitante de forma inequívoca.

Artículo 17. Verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables a los nombres de dominio de tercer nivel asignados bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”.

1. Asignado un nombre de dominio de tercer nivel bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es” u “.org.es”, las personas o entidades que se sientan perjudicadas por dicha asignación podrán instar de la autoridad de asignación que proceda a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 15, 16.2 y 18, a través del procedimiento y dentro de los plazos que establezca la autoridad de asignación en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2. La única pretensión que podrá ejercitarse en dicho procedimiento es la de la cancelación del nombre de dominio por incumplimiento de alguna de las condiciones generales a que las está sometida su utilización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16.2 y 18, sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a la jurisdicción ordinaria cuando se discutan cuestiones que sean competencia de dicha jurisdicción.

3. En dicho procedimiento deberá ser oído siempre el beneficiario del nombre de dominio.

CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes


Artículo 18. Normas comunes para la asignación de nombres de dominio de segundo y tercer nivel.

1. Los nombres de dominio que se asignen bajo el “.es” respetarán las siguientes normas de sintaxis:

a) Los únicos caracteres válidos para su construcción serán las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, los dígitos ('0' -'9') y el guión ('-').
b) El primero y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión.
c) La longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres.
d) La longitud máxima admitida para los dominios de segundo y tercer nivel es de 63 caracteres.
El cumplimiento de estas normas de sintaxis se comprobará con carácter previo a la asignación de cualquier nombre de dominio.

2. La autoridad de asignación podrá denegar la asignación de un nombre de dominio cuando, aun cumpliéndose todos los requisitos recogidos en los apartados anteriores, dicha asignación pueda generar un riesgo evidente de confusión para los usuarios en el sistema de nombres de dominio bajo el “.es”.
3. No se asignarán nombres de dominio que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público ni aquéllos cuyo tenor literal pueda, a juicio de la autoridad de asignación, vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal.

Artículo 19. Intransmisibilidad de los nombres de dominio.

1. El derecho a la utilización de un nombre de dominio no es transmisible.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos de sucesión universal “inter vivos” o “mortis causa” el sucesor podrá seguir utilizando dicho nombre, siempre que tuviera derecho a ello de acuerdo con las normas de asignación de nombres de dominio recogidas en este Plan y solicite de la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombre de dominio.

Artículo 20. Derechos y obligaciones derivados de la asignación y mantenimiento de los nombres de dominio.


1. La asignación de un nombre de dominio confiere el derecho a su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet en los términos señalados en este Plan.La asignación del nombre de dominio confiere asimismo el derecho a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación.

2. Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el “.es” deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el “.es”.

3. Los usuarios de un nombre de dominio deberán informar inmediatamente a la autoridad de asignación de todas las modificaciones que se produzcan en los datos asociados al registro del nombre de dominio.

4. El derecho a la utilización del nombre de dominio estará condicionado al respeto a las normas recogidas en el artículo 18 y al mantenimiento de las condiciones que permitieron su asignación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, la autoridad de asignación podrá comprobar en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, si se mantienen las condiciones que permitieron la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel instando, en su caso, al beneficiario del nombre de dominio para que subsane los defectos detectados.

5. El incumplimiento de las condiciones que permitieron la asignación de un nombre de dominio o de las recogidas con carácter general en el artículo 18 determinará su cancelación por la autoridad de asignación.

6. Los cambios de proveedor o la conexión simultánea a varios proveedores no alteran la asignación y mantenimiento de un nombre de dominio.

Artículo 21. Responsabilidad por la asignación de nombres de dominio.


1. La responsabilidad del uso de un nombre de dominio corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio. En este sentido, los beneficiarios de un nombre de dominio responderán de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial o de cualesquiera otros derechos o intereses legítimos que pudiera derivarse de la utilización de nombres de dominio.

2. Los proveedores de servicios de Internet no son responsables de la utilización de los dominios asignados a las organizaciones o personas a las que presten sus servicios, con independencia de que hayan actuado como intermediarios para la asignación de dichos dominios o de que estén gestionando, por delegación de la organización, el servidor primario para la zona de segundo nivel asociada a los mencionados dominios.

Artículo 22. Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información asesorará al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la autoridad de asignación sobre la gestión del dominio “.es” y sobre cualquier otro tema relacionado con la coordinación del sistema de nombres de dominio y direcciones de Internet que pueda afectar al sistema de asignación de
nombres de dominio y direcciones de Internet bajo el “.es”.

2. El Consejo podrá, a solicitud del Ministerio de Ciencia y Tecnología o por iniciativa propia, elaborar informes sobre las materias señaladas en el punto anterior, y proponer la adopción de modificaciones en la normativa reguladora del dominio “.es”.
Así mismo, conocerá de los proyectos normativos sobre la organización, regulación y gestión del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el “.es” que elabore el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3. Para el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información podrá, de conformidad con sus normas reguladoras, crear una ponencia u órgano de trabajo específico.

Disposición transitoria primera. Puesta en funcionamiento gradual de los dominios “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”.

Uno. Con carácter previo al inicio de las operaciones de registro de nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”, se permitirá a los sujetos relacionados en el artículo 7 solicitar con carácter preferente la asignación de nombres de dominio bajo dichos indicativos de segundo nivel, de acuerdo con el siguiente esquema:
Fases Indicativos de segundo nivel afectados         Quién          Qué                     Plazo

Fases Indicativos de segundo nivel afectados         Quién          Qué                     Plazo

1ª fase “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”
Beneficiarios de un nombre de dominio de segundo nivel bajo el “.es”.
* Sólo podrán solicitar la asignación de nombres bajo el dominio de segundo nivel que, de conformidad con el artículo 15, les corresponda.
Nombre o nombres idénticos a los que tuvieran asignados en el segundo nivel. 3 meses

2ª fase “.com.es” y “.org.es”
Sujetos mencionados en las letras b) y c) del artículo 7.
Nombre o nombres que, de conformidad con el artículo 9.1, pudieran solicitar en el segundo nivel. 2 meses, una vez concluida la 1ª fase.

3ª fase “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”
Sujetos mencionados en la letra a) del artículo 7.
* Sólo podrán solicitar la asignación de nombres bajo el dominio de segundo nivel que, de conformidad con el artículo 15, les corresponda.
Nombre o nombres que, de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 9, pudieran registrar en el segundo nivel
* Los sujetos que, en virtud de los artículos 9.1 y 9.2c), debieran cualificar su nombre de dominio bajo el “.es” con el indicativo de su forma jurídica o actividad profesional, no estarán obligados a hacerlo en los dominios de tercer nivel. 4 meses, una vez concluida la 2ª fase

Fases Indicativos de segundo nivel afectados           Quién                   Qué                     Plazo
Apertura al público en general “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”
Todos los legitimados, conforme al artículo 15.
Aplicación de normas generales 
Comienza finalizado el período inicial de registro

Dos. La entidad pública empresarial Red.es verificará, con carácter previo a su asignación, el cumplimiento de los requisitos exigibles para la asignación de nombres de dominio que se soliciten durante el procedimiento inicial de registro que se regula en esta disposición transitoria. 
Las solicitudes de asignación se resolverán conforme al procedimiento que se establezca para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel. 

Tres. Los solicitantes de nombres de dominio en el procedimiento de registro en las cuatro fases descritas deberán abonar la cuantía por asignación anual inicial correspondiente a la tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y direcciones de Internet que fuera aplicable respecto a los nombres de dominio de segundo nivel.

Cuatro. La entidad pública empresarial Red.es podrá extender la duración de cada fase en función del número de solicitudes presentadas y fijar los intervalos necesarios entre fases para terminar de resolver las solicitudes recibidas.
La entidad pública empresarial anunciará el comienzo de cada fase del procedimiento inicial de registro, con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo, utilizando mecanismos apropiados para garantizar su máxima difusión.

Disposición transitoria segunda. Nombres asignados antes de la entrada en vigor del Plan.
Los nombres de dominio asignados antes de la entrada en vigor de este Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet conservarán su validez.

Disposición transitoria tercera. Reconocimiento de caracteres multilingües en el sistema de nombres de dominio bajo el “.es”.
Hasta que los mecanismos de reconocimiento de los caracteres multilingües en el sistema de nombres de dominio de Internet no estén operativos, no podrán asignarse nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España que contengan letras propias de las lenguas españolas distintas de las incluidas en el alfabeto inglés. Mientras persista esta situación, dichas letras habrán de ser sustituidas por otras afines (por ejemplo: 'ñ' por 'n' o 'ny').
La autoridad de asignación dará publicidad con antelación suficiente, a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan las citadas letras de las lenguas españolas, en cuanto los mecanismos técnicos de reconocimiento de caracteres permitan su utilización en el sistema de nombres de dominio de Internet.
Las personas u organizaciones que, para posibilitar su asignación, hubieran tenido que modificar sus nombres de dominio por contener letras propias de las lenguas españolas distintas de las del alfabeto inglés, podrán solicitar su cambio por otros que contengan dichas letras. Dicha opción podrá ejercitarse en el plazo de tres meses desde la fecha anunciada por la autoridad de asignación para su utilización en el sistema de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Si los interesados no hicieran uso de este derecho en el plazo indicado, los dominios afectados quedarán disponibles para su asignación a los solicitantes que tuvieran derecho a ello.

Disposición transitoria cuarta. Procedimiento previo a la asignación de nombres de dominio especiales.
En tanto no se proceda a la aprobación del nuevo procedimiento para la asignación de nombres de dominio bajo el “.es”, los solicitantes de nombres de dominio especiales deberán acompañar a su solicitud una memoria explicativa de los fines a que vayan a destinar cada nombre de dominio, los contenidos o servicios que pretendan facilitar mediante su uso y los plazos estimados para la utilización efectiva de dichos nombres.
Los beneficiarios de la designación de nombres de dominio especiales deberán solicitar su posterior asignación por la autoridad de asignación, de acuerdo con los procedimientos establecidos con carácter general para los nombres de dominio regulares.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

01Ene/14

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, por la que se pública el modelo de impreso correspondiente al procedimiento “Representación para la presentación por medios telemáticos de autoliqu

De acuerdo con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad de Madrid, que establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Comunicad de Madrid , por resolución del órgano correspondiente, el impreso normalizado del procedimiento administrativo, “Representación para la presentación por medios telemáticos de autoliquidaciones de tributos sobre el juego”.

Resuelvo:

Primero. Publicación Impreso.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Comunicad de Madrid  del modelo de impreso que se adjuntan como Anexos, a los efectos regulados en el artículo 35.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, correspondientes al procedimiento de referencia. 

01Ene/14

Orden ECO

 

La presente Orden establece normas para el cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles y de determinados derechos reales para las finalidades contempladas en su ámbito de aplicación, así como para la elaboración de informes y certificados en los que se formalizará. Dichas normas pretenden, continuando en la línea del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación, potenciar la calidad técnica y formal de las valoraciones con el objetivo último de proteger más y mejor los intereses de terceros en su condición de inversores o asegurados. Conviene recordar que la presente Orden no contiene ninguna disposición de tipo subjetivo relacionada con la capacidad para tasar ni para designar al tasador, la cual se rige por las normas reglamentarias correspondientes según la finalidad de la tasación.

El cálculo y formalización del valor de tasación estaba regulado por Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre Normas de Valoración de Bienes Inmuebles para Determinadas Entidades Financieras. Esta disposición, que ahora se deroga, era el último exponente de una regulación cuyo origen es la Ley de la Regulación del Mercado Hipotecario. La Orden de 1994 ha contribuido de forma decisiva a perfeccionar el funcionamiento del mercado de tasación para finalidades financieras.

No obstante, se ha considerado aconsejable su sustitución por un nuevo texto. Los motivos para este cambio normativo son básicamente tres:

a) La aclaración terminológica de algunos aspectos relacionados con la valoración de bienes inmuebles para la finalidad hipotecaria y de fondos de pensiones. Algunos desarrollos recientes en el ámbito europeo tienden a diferenciar valor de mercado (el valor en un momento del tiempo) y valor hipotecario (el valor sostenible en el tiempo). Aunque formalmente la Orden de 1994 basaba el cálculo del valor de tasación en el valor de mercado, la obligación de utilizar una metodología estricta y rigurosa basada en el principio de prudencia conducía al cálculo de un valor de tasación equiparable al valor hipotecario. Para subsanar este problema más formal que material se ha introducido en la Orden el valor hipotecario como base para la obtención del valor de tasación de bienes inmuebles para las finalidades hipotecaria y de fondos de pensiones, haciendo explícitas algunas prácticas destinadas a respetar el principio de prudencia. En todo caso, debe subrayarse que estas modificaciones no suponen en modo alguno una ruptura en las normas de cálculo del valor de tasación, sino tan sólo un ajuste aclaratorio inscrito en la voluntad general de continuidad que inspira la Orden.

b) La adaptación del cálculo del valor de tasación y su formalización a la legislación aprobada recientemente. En efecto desde la entrada en vigor de la Orden de 1994 se han aprobado nuevas normas que afectan directa o indirectamente a la misma. Entre ellas destacan la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro; el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica; el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el Real Decreto 845/1999, de 21 de mayo, de modificación parcial del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva en relación con las sociedades y fondos de inversión inmobiliarias y se disponen otras medidas financieras.

c) La introducción de las mejoras de tipo técnico y formal fruto de la experiencia en la aplicación práctica de la Orden de 1994, tanto por parte de los organismos supervisores como de las entidades y de las sociedades y servicios de tasación.

La Orden consta de 88 artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Los artículos se estructuran en cuatro títulos y éstos en capítulos y secciones.

El Título I contiene las disposiciones generales: el ámbito, principios y definiciones, las comprobaciones mínimas y documentación disponible; los condicionantes y advertencias, tanto generales como específicas, y en general todas aquellas cuestiones que el tasador ha de tener en cuenta tanto en el ámbito técnico como en el formal.

El Título II contiene las disposiciones técnicas encaminadas a la determinación del valor de tasación de los distintos objetos de valoración y para las distintas finalidades. Para ello se regulan los distintos métodos técnicos de valoración y la valoración de los distintos bienes y derechos. Todo su contenido está basado en el principio de prudencia y el principio de sostenibilidad para aquellos valores con efectos a lo largo del tiempo.

El Título III contiene las disposiciones formales encaminadas a la elaboración del informe y certificado en los que se formalizará el correspondiente valor de tasación. Para ello se establece una única estructura con una serie de apartados mínimos que el tasador tendrá que cumplimentar según cuál sea el objeto de la valoración. Todo su contenido está basado en el principio de transparencia en el sentido de que los documentos y datos manejados por el tasador para el cálculo de los valores han de estar a disposición del supervisor correspondiente.

El Titulo IV contiene una serie de disposiciones cuyo ámbito de aplicación se limita a la valoración para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras y para la determinación del patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliarias.

La presente Orden se dicta en uso de las habilitaciones normativas señaladas en el artículo 37.4 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario; el artículo 74.5 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre (según la redacción dada en el Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo; el artículo 50.10 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre) y el artículo 37.1 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre9.

En su virtud, dispongo:

TÍTULO III. Elaboración de informes y certificados de tasación

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 61.Principios y reglas generales.

1. Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades de tasación homologadas deberán elaborar los informes y certificados de tasación de acuerdo con las siguientes reglas generales:

a) Redactarlos con veracidad y transparencia.

b) Indicar explícitamente y de forma notoria si la tasación se ha realizado o no de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Orden.

En todo caso, se citará dicha Orden con su denominación completa y se indicará la fecha del “Boletín Oficial del Estado” en que haya sido publicada.

2. Cuando el informe se elabore para las finalidades previstas en el artículo 2 (Ámbito de aplicación) de esta Orden, sus aspectos formales y estructurales se ajustarán a lo establecido en los artículos siguientes.

En todos los casos en los que la presente Orden prevea la adopción de una decisión u opción determinada junto a su justificación razonada, esta justificación se hará constar de forma expresa en el informe de tasación, y en el correspondiente certificado cuando así proceda por estar incluidas en el mismo las informaciones a que se haya aplicado la decisión u opciones citadas. Cuando la norma prevea una justificación destacada se hará uso de un tipo de letra diferente u otros procedimientos que llamen la atención del lector.

3. El informe y certificado de la actualización de una tasación se realizará con las mismas exigencias que las de cualquier otra tasación y deberá contener además la identificación de la tasación anterior a la que actualiza.

Artículo 62.Emisión y caducidad de las tasaciones.

1. La fecha de emisión de un informe o certificado de tasación no podrá ser posterior en más de dos meses a la fecha en que se haya efectuado la última inspección ocular del bien valorado.

2. No obstante, en el caso de los terrenos, o en otros excepcionales y expresamente justificados en el informe, tales como la valoración de patrimonios, dicho período podrá alargarse hasta los seis meses.

3. A efectos de esta Orden la fecha de emisión será considerada como la fecha de la tasación.

4. Los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses contados desde la fecha en que haya sido emitido el informe.

CAPÍTULO II. Aspectos formales

SECCIÓN 1ª. Aspectos Formales Específicos del Certificado

Artículo 63.Requisitos del certificado.

1. El certificado de tasación se elaborará de acuerdo con la forma y contenido mínimo siguiente:

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de España.

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emite, con mención del apartado de páginas que lo componen. Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios electrónicos en soporte duradero siempre que esté asegurada la identificación de la entidad que la emite y la conservación de su integridad para ulterior consulta.

b) Indicará la finalidad legal de la tasación.

c) Incluirá una referencia precisa al informe de tasación que sintetiza.

d) Contendrá la localización y tipo de inmueble, su identificación registral, la referencia catastral siempre que se conozca, la superficie útil cuando se trate de edificios y sea comprobable, la superficie adoptada en el cálculo de los valores técnicos y su estado de ocupación y salvo a efectos de la finalidad del artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), el titular registral en el momento de la tasación.

e) Incluirá una declaración expresa de que la tasación se ha realizado de acuerdo con los requisitos de esta Orden u otra normativa aplicable según la finalidad de la tasación.

f) Indicará el método o métodos de valoración utilizados, así como los valores estimados para cada método.

g) Indicará el valor de tasación del inmueble así como las limitaciones al dominio que se mencionaran específicamente y el valor a efectos de seguro de incendios y otros daños.

Cuando se refiera a varios inmuebles que constituyan fincas registrales o funcionales independientes deberá especificar el valor de tasación que se asigna a cada una de ellas.

h) Indicará, en su caso, los condicionantes y advertencias a que se refieren los artículos 10 (Condicionantes), 11 (Advertencias generales) y 12 (Advertencias específicas) de esta Orden.

i) Se indicará su fecha de emisión, la fecha de la última visita al inmueble y la fecha límite de validez.

j) Se firmará por un representante de la entidad que emita el certificado o de la entidad financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador. La firma será autógrafa, mecanizada o electrónica en cuyo caso cumplirá la normativa vigente sobre firma electrónica, correspondiendo a la entidad tasadora establecer los procedimientos que aseguren la inalterabilidad de los documentos en que se estampa.

k) Contendrá cualquier otra información que sea requerida, por la normativa específica según la finalidad de la tasación.

SECCIÓN 2ª. Aspectos Formales Específicos del Informe

Artículo 64.Requisitos formales del informe.

El informe se elaborará con los siguientes requisitos formales:

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de España.

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emite, con mención del apartado de páginas que lo componen. Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios electrónicos en soporte duradero siempre que esté asegurada la identificación de la entidad que la emite y la conservación de su integridad para ulterior consulta.

b) Se elaborará conforme a la estructura y contenido previstos en los artículos 65 (Estructura general de los informes de tasación) y siguientes.

c) Se firmará por un representante de la entidad tasadora y por el profesional competente que haya realizado el informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo.

Necesariamente una de las dos firmas será autógrafa o electrónica, en cuyo caso cumplirán la normativa vigente sobre firma electrónica correspondiendo a la entidad tasadora establecer los procedimientos que aseguren la inalterabilidad de los documentos en que se estampa.

Cuando el profesional competente que haya realizado el informe no sea el mismo que haya realizado la visita e inspección ocular del inmueble objeto de valoración, el informe indicará además los datos profesionales y personales del profesional competente que la haya realizado, especificando tal circunstancia.

CAPÍTULO III. Aspectos estructurales

Artículo 65.Estructura general de los informes de tasación.

1. Los informes de tasación se elaborarán y presentarán de acuerdo con la estructura que se especifica en este artículo. Dicha estructura contendrá como mínimo los siguientes apartados:

a) Solicitante de la tasación y finalidad.

b) Identificación y localización.

c) Comprobaciones y documentación.

d) Localidad y entorno.

e) Descripción y superficie del terreno.

f) Descripción y superficie de la edificación.

g) Descripción urbanística.

h) Régimen de protección, tenencia y ocupación.

i) Análisis de mercado.

j) Datos y cálculo de los valores técnicos.

k) Valores de tasación.

l) Condicionantes y advertencias

m) Observaciones.

n) Fecha de emisión, caducidad y firmas.

o) Documentación anexa al informe.

2. Los apartados señalados en el apartado anterior se rellenarán teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, según el tipo de inmueble que sea objeto de valoración y en ellos se expresará como mínimo el contenido que se indica en los artículos siguientes.

Artículo 66.Solicitante y finalidad.

1. En este apartado del informe se indicará:

a) El cliente de la entidad tasadora.

b) La finalidad para la cual se haya hecho la tasación.

c) Si la tasación se ha realizado siguiendo las disposiciones contenidas en la presente Orden, citando la Orden con su denominación completa y la fecha del “Boletín Oficial del Estado” en que haya sido publicada.

2. Cuando la finalidad de la tasación sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, se indicará además la entidad que haya sido mandatario del cliente para su encargo.

Artículo 67.Identificación y localización.

En este apartado del informe se indicará:

a) Si se valora un solo edificio o elemento de edificio o a varios agrupados en un único complejo, o en el mismo edificio.

b) Si se trata de un inmueble terminado, en proyecto, construcción o en rehabilitación.

c) Los datos correspondientes a la localización del inmueble objeto de valoración, así como los de su identificación registral o en su caso y siempre que se conozcan, catastral.

d) Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica o un terreno no urbanizable se expresará, además de lo señalado en la letra anterior, el pago o paraje, término municipal, comarca y provincia en que se encuentre dicha finca, así como el nombre con que figura en el Registro de la Propiedad y, cuando sea diferente, aquel por el que se le conoce habitualmente.

Artículo 68.Comprobaciones y documentación.

En este apartado del informe se indicará la relación de las comprobaciones realizadas por la entidad tasadora para la confección del informe y la relación de los documentos utilizados.

Artículo 77.Fecha de emisión, caducidad y firmas.

En este apartado se incluirán:

a) Fecha de la última visita al inmueble.

b) La fecha de emisión del informe.

c) La fecha de caducidad del informe.

d) Nombre, firmas y titulación o cargo de quienes suscriben el informe y nombre y titulación de los restantes técnicos especializados que hayan intervenido directamente en la tasación.

Artículo 78.Documentación anexa al informe.

1. En este apartado se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica:

a) Planos a escala o croquis de situación y emplazamiento del inmueble en el municipio.

b) Planos a escala o croquis acotados del inmueble.

c) Aquella otra que a juicio del tasador permita definir e identificar suficientemente las características del inmueble (secciones, fotografías, etcétera.).

2. También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica:

a) Documento utilizado para la identificación registral, o catastral en su caso.

b) Copia de la licencia de obras en los edificios en construcción o rehabilitación.

c) En los edificios en proyecto, en construcción o rehabilitación, un resumen del presupuesto de ejecución material.

d) Copia de la cédula de calificación o documento que determine o permita determinar el valor máximo legal en los edificios en construcción sujetos a protección pública.

e) Copia del certificado de titularidad y cargas, cuando dicho documento sea de uso obligatorio para la tasación.

f) En inmuebles arrendados, copia del contrato de arrendamiento o en su defecto título de la ocupación y, excepto para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, certificado del propietario de la situación de ocupación, rentas vigentes y su estado de pago, y de los gastos imputables al inmueble durante el último año.

g) Copia del Balance y Cuenta de Resultados de los últimos tres años en el caso de inmuebles ligados a una explotación económica.

3. El contenido de los puntos anteriores se podrá integrar total o parcialmente en los diferentes epígrafes del informe de tasación, si ello mejora su lectura.

4. En los casos de escrituras o documentos técnicos extensos, se podrá adjuntar la carátula identificativa de los mismos, o su información más representativa.

Disposición adicional segunda. Mecanismos de control interno

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.1.e) (Mecanismos de control interno) del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación, dichas sociedades y servicios deberán disponer de unos procedimientos que permitan asegurar:

1. El adecuado conocimiento del mercado inmobiliario sobre el que han de operar, para lo cual dispondrán, como mínimo, de:

a) Una base de datos de información de costes y precios (en venta y en alquiler) y de características de los inmuebles, suficiente en número, tipología y localización adecuadamente distribuida dentro del área geográfica en la que la entidad pretenda operar.

b) Datos actualizados de información estadística o de otra índole (subastas, precios de materiales, etc.) que sean utilizables para la tasación.

c) Procedimientos de actualización de los datos recogidos en las dos letras anteriores.

d) Las fuentes concretas de los datos anteriores.

e) La metodología utilizada en el tratamiento de los datos anteriores.

f) Los canales de transmisión de dichos datos a sus profesionales y el sistema de utilización de los mismos en las tasaciones.

2. El cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, para lo cual deberá disponer de un manual de procedimiento, debidamente actualizado, en el que, al menos, se recojan:

a) Los criterios concretos para la aplicación de dichas normas, detallando entre otros: los criterios de medición y atribuciones de uso de las superficies, los parámetros y sistemas utilizados en la homogeneización de comparables; la forma de validación de testigos; la interpretación de la documentación registral; los criterios para aplicar los condicionantes y advertencias en su caso; la forma de determinar la vida útil, y los tipos que la entidad utiliza para aplicar los métodos de actualización y residual; la forma de obtener el valor de los inmuebles neto de gastos e impuestos; la previsión de la tendencia futura del mercado; la justificación de las plusvalías y minusvalías a aplicar al valor de reversión del suelo y los criterios para identificar los elementos especulativos en las transacciones.

b) El sistema de control de calidad de las tasaciones y el modo de intervención en el mismo de los profesionales vinculados, así como los criterios establecidos por la entidad para la intervención de profesionales especializados en la tasación de inmuebles dedicados a usos particulares.

c) El sistema de formación y actualización de conocimientos de sus profesionales, especificando si los vinculados realizan o no valoraciones.

3. El cumplimiento uniforme del régimen de las obligaciones e incompatibilidades previsto en el Real Decreto 775/1997 a cuyos efectos la información mínima disponible comprenderá la relación de personas físicas y jurídicas, para las que la sociedad o servicio de tasación no pueda realizar valoraciones por no poder mantener razonablemente una posición de independencia en menos cabo de la objetividad de la tasación, así como los criterios utilizados para la confección de dicha relación.

También comprenderá la información solicitada por la entidad a sus profesionales para velar por el cumplimiento de las incompatibilidades de éstos y la frecuencia con la que se recabe.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación íntegra en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, desde su publicación y hasta su entrada en vigor, las tasaciones podrán también realizarse conforme a la presente Orden.

Madrid, 27 de marzo de 2003

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Ilma. Sra. Directora general del Tesoro y Política Financiera.

 

 

01Ene/14

Resolución Ministerial nº 10-93-JUS de 8 de enero de 1993. Texto Único del Código Procesal Civil. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de abril de 1993)

TÍTULO VIII.- MEDIOS PROBATORIOS

CAPÍTULO V.- DOCUMENTOS 

Artículo 234.- Clases de documentos.-

Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.(*)

(*) Artículo vigente conforme a la sustitución establecida por el Artículo 5 de la Ley nº 26612, publicada el 21-05-96.

Artículo 252.- Reconocimiento de documentos no escritos.-

Los documentos no escritos a que se refiere el Artículo 234, serán reconocidos por sus autores o responsables.

La parte que ofrece el medio probatorio tiene la obligación de poner a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su actuación.

El Juez dejará constancia de los hechos que observe y de los que indiquen los intervinientes.

01Ene/14

DG XV D/5047/98 final, de 30 de noviembre de 1998

DG XV D/5047/98 final. Grupo de Trabajo sobre la Protección de Datos de carácter personal en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Segundo Informe anual. Aprobado por el Grupo de trabajo el 30 de noviembre de 1998

COMISIÓN EUROPEA

DIRECCIÓN GENERAL XV

MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS FINANCIEROS

Libre circulación de la información, derecho de sociedades e información financiera

Libre circulación de la información, protección de datos y sus aspectos internacionales

DG XVD/5047/98 final

WP 14 Grupo de Trabajo de protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal

SEGUNDO INFORME ANUAL

 

Aprobado por el Grupo de Trabajo el 30 de noviembre de 1998

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

instituido por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(1),

visto el artículo 29 y el artículo 30(6) de dicha Directiva,

visto su Reglamento de Régimen Interior y, en particular, sus artículos 12, 13 y 15,

ha aprobado este informe anual.

 

 

1. INTRODUCCIÓN

El 24 de octubre de 1995, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (designada en lo sucesivo “la Directiva”)(2)

El artículo 29 de la Directiva ha creado el grupo de trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Este grupo tiene la obligación de facilitar a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre el estado de la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal en la Comunidad y en terceros países. Este informe ha de ser publicado(3).

El primer informe fue aprobado el 25 de junio de 1997 y cubría las principales novedades de 1996 en el campo de la protección de datos. Este segundo informe abarca el año 1997, y retoma en lo esencial la estructura del primer informe, para facilitar la lectura de las novedades que han tenido lugar: la segunda parte trata de las ocurridas en la Unión Europea, tanto en los Estados miembros como a nivel de la Comunidad. La tercera parte estudia la actuación del Consejo de Europa. La cuarta parte trata de las principales novedades en terceros países y la quinta parte presenta otras novedades a nivel internacional.

A nivel de la Comunidad, el año 1997 estuvo marcado por varias novedades importantes:

la firma del Tratado de Amsterdam, con inclusión de una disposición específica sobre la protección de datos personales (véase punto 2.1.3);

la adopción de la Directiva 97/66 sobre la protección de datos personales en el sector de las telecomunicaciones (véase punto 2.3.1);

la adopción de los primeros documentos del Grupo creado por la Directiva 95/46/CE, que ha alcanzado rápidamente su velocidad de crucero y cuyas actividades despiertan cada vez más interés en los medios afines (véase punto 2.1.1).

(1) DO L 281 del 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 281 del 23.11.1995, p. 31.

(3) Artículo 30, párrafo 6, de la directiva.

Además, el proceso de transposición de la Directiva 95/46/CE ha entrado en su fase crucial, y dos nuevos países (Suiza y Hungría) se han adherido al Convenio 108 del Consejo de Europa.

 

2. NOVEDADES EN LA UNIÓN EUROPEA

 

2.1. La Directiva

El proceso de aplicación de la Directiva fue iniciado en 1996 en todos los Estados miembros y a nivel europeo. El punto 2.1.1 recuerda las competencias del grupo y sus actividades en 1997, el punto 2.1.2 describe los procedimientos de transposición de la Directiva a nivel nacional y el punto 2.1.3 subraya las medidas tomadas por las instituciones europeas para conformarse a las reglas de la Directiva.

 

2.1.1. Grupo de Trabajo sobre protección de datos

El Grupo de Trabajo se compone de representantes de las autoridades nacionales independientes encargadas de la protección de datos(4) y un representante de la Comisión e incluirá un representante de la autoridad responsable de las cuestiones relacionadas con la protección de datos dentro de las instituciones europeas, a partir de la fecha de la institución de esta autoridad (véase punto 2.1.3).

Al compartir la experiencia de las autoridades nacionales, el Grupo de Trabajo impulsa la aprobación de una estrategia coherente para la aplicación de los principios generales enunciados en la Directiva y aconseja a la Comisión sobre las cuestiones relacionadas con la protección de datos. Su función consiste especialmente en formular dictámenes sobre el nivel de protección en la Unión y en los terceros países, y en emitir recomendaciones sobre toda cuestión referente a la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal.

El Grupo de Trabajo se reunió por primera vez el 17 de enero de 1996. Este temprano comienzo del trabajo fue a instancia de las autoridades nacionales responsables de la protección de datos. El Grupo de Trabajo está presidido por el Sr. Peter J. HUSTINX, presidente de la autoridad holandesa responsable de la protección de datos (Registratiekamer). Desde la entrada en vigor de las legislaciones griega e italiana sobre la protección de datos personales, el Grupo de Trabajo reúne desde ahora a las autoridades de control de todos los Estados miembros.

En 1997, el Grupo de Trabajo se reunió cuatro veces y estudió un número creciente de cuestiones. En particular, las discusiones entabladas en 1997 permitieron la aprobación de los siguientes documentos:

(1) la Recomendación 1/97 sobre la protección de datos y los medios de comunicación, que trata del equilibrio entre la protección de la vida privada y otros principios de naturaleza constitucional, tales como la libertad de prensa, subrayando que estos principios (lejos de ser antinómicos) se refuerzan mutuamente (documento WP1 – 5012/97);

(2) el dictamen 1/97 sobre la iniciativa canadiense referente a la normalización en materia de protección de la vida privada (WP 2 – 50023/97);

(3) el primer informe anual (WP 3 – 5025/97);

(4) las primeras líneas directrices del Grupo de Trabajo sobre el traspaso de datos hacia los terceros países (WP 4 – 5020/97);

(5) la Recomendación 2/97 referente al informe y a las directrices del grupo de trabajo internacional sobre la protección de datos en las telecomunicaciones (WP 5 – 5060/97);

(6) la Recomendación 3/97 sobre el anonimato en Internet (WP 6 – 5022/97);

(7) el documento de trabajo sobre la evaluación de los códigos de autorregulación relativos al traspaso de datos hacia los terceros países (WP 7- 5057/97);

(8) el documento de trabajo sobre las notificaciones (WP 8 – 5027/97).

Conviene subrayar que todos los documentos aprobados por el grupo están disponibles en el sitio “Europa” de la Comisión Europea, y pueden ser consultados en la dirección siguiente:

http://europa.eu.int/comm/dg15/index.htm

(4) Los miembros del grupo se enumeran en el anexo 1.

 

2.1.2. Transposición al derecho nacional de los Estados miembros

Esta parte resume los progresos realizados en la transposición de la Directiva al derecho nacional durante el año 1997 y tiene en cuenta las novedades hasta el 30 de junio de 1998.

En Bélgica, el proyecto de ley para transponer la Directiva, revisado tras el dictamen del Consejo de Estado, fue presentado al Parlamento en abril de 1998.

En Dinamarca, el proyecto de ley fue presentado el 30 de abril de 1998, y el Parlamento terminó su primera lectura en junio.

En España, el anteproyecto de ley de enmienda de la legislación sobre la protección de datos (Ley Orgánica 5/1992) fue presentado al Consejo de Estado para dictamen y debería ser discutido por el Parlamento en el transcurso del verano de 1998. Sin embargo, la mayor parte de las disposiciones ya han sido transpuestas por la “Ley Orgánica” 5/1992 del 29 de octubre de 1992 sobre el tratamiento automático de datos personales.

En Alemania, el legislador federal es el primer responsable de la transposición de la Directiva. Esta responsabilidad – que se fundamenta en los poderes legislativos que le otorga el artículo 74 de la Constitución – abarca no sólo el ámbito público de la Federación sino también el ámbito no público donde deberían producirse la mayoría de los cambios. Sin embargo – principalmente en el sector público – las leyes de los Länder sobre la protección de datos deben también conformarse a las disposiciones de la Directiva. Además de las leyes generales sobre la protección de datos, un gran número de reglamentos tanto federales como regionales que afectan aspectos específicos de la legislación sobre la protección de datos deben ser estudiados. El comisario federal y los comisarios de los Länder encargados de la protección de datos y las autoridades de supervisión responsables del sector no público trataron la cuestión de la próxima enmienda a la ley alemana sobre la protección de datos en el marco de las responsabilidades que les incumben respectivamente. El ministro de Interior, que es responsable del procedimiento legislativo, presentó un proyecto de ley el 1 de diciembre de 1997, sobre el cual el comisario federal de la protección de datos hizo observaciones el 30 de enero de 1998. Un nuevo proyecto de Ley del 8 de abril de 1998 no fue estudiado más detenidamente a causa de las elecciones nacionales del 27 de septiembre de 1998. Debido al principio constitucional de la no continuidad de la legislación, un nuevo anteproyecto de ley deberá presentarse en el Parlamento en el transcurso de la nueva legislatura.

La ley griega sobre la protección de datos (Ley 2472/97 sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal) fue ratificada por el Parlamento griego el 26.03.1997 y se publicó el 10.04.1997. De acuerdo con las disposiciones de la ley, el presidente de la autoridad (quien debe ser juez del Tribunal Supremo) fue nombrado por el gobierno, y los seis miembros por el Parlamento. Estos nombramientos tuvieron lugar en 1997, y la autoridad es ahora operativa.

En Francia, se remitió un informe al primer ministro en marzo de 1998 y le seguirá un nuevo informe sobre las redes telemáticas. La autoridad francesa responsable de la protección de datos, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) será consultada respecto al anteproyecto de ley que, sin embargo, no estaba disponible en el momento de redactar este informe.

En Irlanda, el ministro de Justicia es el responsable de la legislación sobre la protección de datos. Las medidas legislativas necesarias para aplicar la Directiva, que incluirán enmiendas a la Ley de 1988 sobre la protección de datos, se encuentran en proceso de elaboración.

En Italia, la ley sobre la protección de datos personales fue aprobada el 1 de diciembre de 1996(5); entró en vigor el 8 de mayo de 1997(6). El Parlamento autorizó al gobierno(7) para que legisle por vía reglamentaria para enmendar y completar la ley de transposición de la Directiva.

En Luxemburgo, la transposición de la Directiva al derecho nacional incumbe al ministerio de Justicia. Se redactó un proyecto de ley en 1997, pero se retiró posteriormente. El Parlamento estudiará un nuevo proyecto en septiembre de 1998.

El gobierno de los Países Bajos había anunciado su intención de sustituir la ley actual sobre la protección de datos, en vigor desde el 1 de julio de 1989, por una ley totalmente nueva sobre el mismo asunto, de acuerdo con las disposiciones de la Directiva. El 16 de febrero de 1998 se presentó un proyecto de ley al Parlamento con este fin. La subcomisión parlamentaria correspondiente emitió su dictamen en junio de 1998 y el debate en el pleno debería tener lugar antes de finalizar este año.

(5) Legge 675/96, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nº 5, suplemento 3, 8.01.1997.

(6) Excepto con respecto a ciertos aspectos relativos al Acuerdo de Schengen que entró en vigor el 8 de enero de 1997.

(7) Legge 676/96, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n§ 5, suplemento 3, 8.01.1997.

 

La cancillería federal de Austria (Österreichisches Bundeskanzleramt) preparó un proyecto de transposición de la Directiva al derecho nacional, que fue estudiado por el Consejo encargado de la protección de datos; una versión revisada debería presentarse en el Parlamento en otoño de 1998.

En Portugal, la Constitución fue revisada por Ley constitucional Nº 1/97 del 20 de septiembre de 1997 con el fin de poder transponer la Directiva. En efecto, la Constitución portuguesa incluye disposiciones sobre la protección de datos que, en algunos casos, son más restrictivas que las de la Directiva(8). La autoridad portuguesa para la protección de datos desempeñó un papel importante en el grupo de trabajo creado por el ministro de Justicia para redactar el anteproyecto de ley transponiendo la Directiva. Este anteproyecto fue difundido para su consulta y se publicó en el sitio Internet del ministerio de Justicia. El anteproyecto de ley fue presentado al Parlamento el 2 de abril de 1998; debería aprobarse el 24 de octubre de 1998.

En Finlandia, una comisión ad hoc encargada de la transposición de la Directiva (Henkilötietotoimikunta) concluyó sus trabajos en 1997. El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento en julio de 1998.

En Suecia, la nueva legislación sobre la protección de datos fue aprobada por el Parlamento el 16 de abril de 1998. Algunas medidas complementarias se aprobarán por vía reglamentaria en septiembre de 1998. En el Reino Unido, el proyecto de ley sobre la protección de datos fue presentado en el Parlamento el 14 de enero de 1998, y fue aprobado en julio de 1998 (“Royal Assent”: 16 de julio de 1998). Los actos de derecho derivado son objeto de consulta pública hasta el 30 de septiembre. No se espera que la ley entre en vigor antes del principio del año 1999.

 

2.1.3. Respeto de la Directiva por las instituciones europeas

Las instituciones europeas y la Comisión en particular tratan con frecuencia datos personales en el marco de sus actividades. La Comisión intercambia datos personales con los Estados miembros en el marco de la Política agrícola común, para la gestión de los trámites aduaneros, los fondos estructurales, etc. Para que la protección en Europa no sufriera fisuras, la Comisión, cuando propuso la Directiva en 1990, declaró que respetaría también sus principios.

En el momento de su aprobación, la Comisión y el Consejo se comprometieron, en una declaración pública, a respetar la Directiva e invitaron a las demás instituciones y órganos comunitarios a seguir el ejemplo(9).

(8) Véase el primer Informe anual, página 7, nota 8.

(9) Esta declaración fue publicada en un comunicado de prensa del Consejo el 24 de julio de 1995 (9012/95 (Prensa 226)).

Durante la conferencia intergubernamental para la revisión de los Tratados, la cuestión de la aplicación de las reglas sobre la protección de datos a las instituciones europeas fue planteada por los gobiernos holandés y griego. Al terminar las negociaciones, el Tratado firmado en Amsterdam introdujo una disposición específica con este propósito. En la numeración definitiva del tratado, se trata del artículo 286, cuya formulación es como sigue:

(1) A partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios relativos a la protección de las personas respecto del tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos serán de aplicación a las instituciones y organismos establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo.

(2) Con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo 1, el Consejo establecerá, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, un organismo de vigilancia independiente, responsable de controlar la aplicación de dichos actos comunitarios a las instituciones y organismos de la Comunidad y adoptará, en su caso, cualesquiera otras disposiciones pertinentes.

El artículo 286 estipula por lo tanto que a partir del 1 de enero de 1999, las instituciones y los órganos de la Comunidad deberán aplicar las reglas comunitarias de protección de datos personales fijadas por la Directiva 95/46/CE. Estipula también que antes de esta fecha, a propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo deben crear una autoridad de control independiente encargada de asegurar la correcta aplicación de las reglas arriba mencionadas por las instituciones comunitarias y que tomen todas las medidas necesarias para este fin.

Antes de la ratificación del Tratado, los servicios de la Comisión han preparado un anteproyecto de reglamento y se solicitó al Grupo de Trabajo su dictamen el 16 de marzo de 1998.

 

2.2. Novedades en el campo de la protección de datos. Actividades de las autoridades encargadas de la protección de datos

Esta parte subraya las principales novedades en el campo de la protección de datos, y trata en particular de los trabajos de las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos. Puede obtenerse información adicional de estas autoridades, que publican informes anuales detallados.

Austria

La cancillería federal austríaca (Österreichisches Bundeskanzleramt) ha preparado un proyecto sobre la protección de datos para transponer la Directiva al derecho austríaco y para estudiar varias cuestiones, tales como la responsabilidad de las bases de datos creadas por varios controladores del tratamiento de datos.

En 1997, la comisión austríaca encargada de la protección de datos resolvió más de 30 quejas presentadas por ciudadanos, 90 peticiones de autorización para el traspaso de datos a terceros países y trató unas 80 peticiones de registro de tratamiento.

Como en estos últimos años, el personal de los servicios de la comisión encargada de la protección de datos ha dedicado gran parte de su actividad a ofrecer a los ciudadanos, por escrito o por teléfono, asesoramiento legal sobre cuestiones jurídicas. Con la liberalización de las telecomunicaciones en Austria, los servicios de la comisión austríaca han podido observar un fuerte incremento de las peticiones de información sobre cuestiones relacionadas con el respeto a la intimidad en lo que se refiere a los sistemas de facturación telefónica, y muchas otras peticiones sobre cuestiones tales como la protección de datos y el marketing directo, la seguridad social y el empleo.

Las quejas presentadas ante la comisión se refieren, por ejemplo, al derecho de un empleado extranjero a oponerse a que su empleador obtenga más informaciones sobre su situación jurídica en Austria que las que figuran sobre su autorización oficial de residencia. Por otra parte, la comisión decidió que un operador (público) de telecomunicaciones no tenía el derecho a imprimir un número de teléfono secreto en las facturas mensuales enviadas a una entidad bancaria, aun cuando la persona haya indicado ella misma con anterioridad este número a la entidad bancaria.

Conviene mencionar que la comisión ha observado una tendencia hacia un incremento de los traspasos transfronterizos de datos para consultas médicas así como la gestión del personal y el mantenimiento de los sistemas informáticos por empresas multinacionales. El telemantenimiento transfronterizo, en particular, pasará a ser, a muy corto plazo, un importante tema de reflexión.

Bélgica

En 1997, la Comisión belga presentó unos cuarenta dictámenes, principalmente a instancia de las autoridades públicas, pero también por iniciativa propia. Estos dictámenes se refieren a la aplicación de los principios fundamentales de la protección de la vida privada con respecto al tratamiento de datos de carácter personal. En 1997, casi el 45% de estos dictámenes se referían al Registro nacional de las personas físicas.

La Comisión belga tiene competencia para estudiar las quejas que le presentan. La mayoría de las cartas de quejas de las personas son en realidad peticiones de información. En 1997, la Comisión hizo frente, de hecho, a unas cincuenta quejas.

Por lo que se refiere al crédito al consumo, el número de quejas sigue siendo el mismo con cerca de 500.

Por lo que se refiere a la petición de acceso indirecto a los ficheros de los servicios de información y policía, la Comisión tuvo que hacer frente a 34 peticiones.

La Comisión belga desempeña un papel de información al público. En 1997, la Comisión recibió cerca de 700 peticiones de informaciones escritas y contestó a numerosas preguntas por teléfono.

En 1997, se declararon más de 7 000 tratamientos de datos ante la Comisión, de los cuales el 30% se referían al sector de asistencia sanitaria. El número de peticiones de información sobre el registro público llevado por la Comisión, y que incluye estas declaraciones, aumentó significativamente.

La Comisión belga ha participado también en varias reuniones científicas y de información a nivel nacional e internacional y ha organizado la 19¦ conferencia internacional de los comisarios de la protección de datos, que se celebró en Bruselas del 17 al 19 de septiembre.

Dinamarca

En 1997, el comisario danés encargado de la protección de datos trató más de 2 000 nuevos casos tanto en el sector público como el sector privado. Durante el mismo período, el comisario realizó más de 70 inspecciones en los locales de las autoridades públicas y empresas privadas.

El Comisario dictaminó sobre un proyecto del Ministerio de Investigación sobre firmas digitales. Este dictamen es globalmente favorable, en la medida en que una legislación en este campo podría contribuir al desarrollo de las comunicaciones digitales y aumentar la seguridad de las comunicaciones.

El Comisario opina que es necesario codificar los datos sensibles sobre un enfermo que las autoridades públicas del sector sanitario deben transmitirse unas a otras a través de Internet, y que con ello se aseguraría un alto nivel de protección. El Comisario declaró además que, en su opinión, los datos sensibles de carácter personal no deben almacenarse en las memorias de los ordenadores que pueden conectarse a Internet, sin existir las salvaguardias necesarias contra cualquier acceso no autorizado.

En otro caso, el Comisario expresó su preocupación en relación con la creación por parte de un hospital de una base de datos a la cual los médicos podían tener acceso a través de Internet para facilitar o buscar información de carácter personal. Según el dictamen del Comisario, este acceso debería realizarse a través de redes cerradas. Sobre la cuestión de la codificación de la información en Internet, el Comisario dictaminó sobre el proyecto de comunicación de la Comisión Europea relativo a las firmas digitales y la codificación. En particular, el Comisario subrayó la importancia capital de garantizar el derecho al respeto de la vida privada y la confidencialidad de las comunicaciones, y consideró que las restricciones en cuanto a la criptografía violan estos principios.

El Comisario ha estudiado también la cuestión de los famosos “cookies” en Internet.

De acuerdo con su dictamen, el uso de los “cookies” puede constituir una amenaza para el respeto de la vida privada, pero no es necesariamente el caso. Lo que importa es que los internautas sean conscientes de la existencia de esta técnica para así poder tomar las contramedidas apropiadas.

Además, una enmienda menor de la legislación en los ficheros gestionados por las autoridades públicas entró en vigor el 1 de enero de 1997, ampliando el derecho de las autoridades públicas a comunicar datos sobre sus deudores a los organismos privados de evaluación financiera.

Finlandia

Marco legislativo y reglamentario

En Finlandia, la comisión sobre la protección de datos personales, que el Ministerio de Justicia nombró para llevar a cabo la reforma de la ley sobre los ficheros de datos personales, presentó su informe el 16 de mayo de 1997. Este informe dio lugar a la presentación de observaciones; después de ello, el Ministerio de Justicia se encargó de preparar la nueva ley sobre los datos personales. El objetivo es transponer, antes del 24 de octubre de 1998, las disposiciones de la Directiva 95/46/CE. Otra reforma importante está en preparación en el Ministerio de Justicia: el nuevo proyecto de ley sobre la transparencia de la administración contiene, entre otras cosas, disposiciones sobre los tratamientos de datos personales procesados por las autoridades públicas y sobre la definición de los buenos usos en gestión de la información.

A finales de 1997, el Parlamento aprobó el Convenio Europol y las correspondientes enmiendas a la legislación. El Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos fue designado como la autoridad de control nacional. Las disposiciones de la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones deben ser transpuestas por la nueva ley sobre la protección de la vida privada y la seguridad de datos en las telecomunicaciones, en preparación en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Otros sectores han visto el lanzamiento de proyectos legislativos relativos, entre otras cosas, a las exigencias de la Directiva 95/46/CE.

El Ministerio de Justicia creó en 1997 un grupo de trabajo que se ha dedicado a determinar las necesidades normativas en lo que se refiere a las firmas digitales y los organismos de certificación. El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales constituyó en 1997 un grupo de trabajo que está actualmente investigando la utilización de las tecnologías en el sector de la asistencia sanitaria y sobre la necesidad de tener en cuenta los problemas que se plantean desde el punto de vista de la protección de datos. En el marco de estos trabajos, se realizará un estudio sobre la necesidad de una tarjeta de sanidad personal así como sobre las posibilidades que podría ofrecer. Finalmente, un grupo de trabajo creado por el Ministerio de Trabajo en 1997 ha analizado las cuestiones del respeto de la vida privada de las personas en las pruebas de selección y las entrevistas para la contratación.

Jurisprudencia

En Finlandia, los fiscales deben escuchar al Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos antes de presentar sus conclusiones en un asunto de infracción de un fichero de datos o violación de un fichero. Igualmente, el tribunal debe dar al Defensor del Pueblo la oportunidad de ser escuchado. El número de solicitudes no ha dejado de aumentar, así como el número de recursos ante los tribunales (en 1997 hubo 12 solicitudes). En la mayoría de los casos, la cuestión era el uso ilícito de datos personales almacenados en un sistema informático: un empleado en el servicio del responsable de los ficheros utilizaba, de una u otra manera, estos datos en beneficio propio.

Actividades de las autoridades encargadas de la protección de datos

Teniendo en cuenta los recursos disponibles, los servicios del Defensor del Pueblo finlandés encargado de la protección de datos han realizado un esfuerzo especial para mejorar la información. El canal principal utilizado es un boletín de información sobre la protección de datos. En 1997, los servicios del Defensor del Pueblo han abierto su propia página web. Una serie de informaciones han sido publicadas sobre los derechos de los ciudadanos y la manera de ejercer estos derechos. En la práctica, las actividades de los servicios del Defensor del Pueblo se concentran sobre todo en la asistencia sanitaria y el empleo. Se han asignado cada vez más recursos a los problemas de la protección de datos que se originan por el uso creciente de la informática y la creación de redes (incluido Internet).

Traspasos de datos a terceros países

En Finlandia, la autorización de la comisión encargada de la protección de datos es necesaria para transferir, a un tercer país, datos personales, cuando la operación prevista se refiere a una transferencia masiva o la transferencia de una muestra de datos sensibles hacia un país cuya legislación en materia de protección de datos no asegura un nivel de protección adecuado desde el punto de vista del derecho finlandés. Las demás transferencias masivas de datos personales deben notificarse al Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos.

Las notificaciones de transferencias de datos a terceros países se refieren esencialmente a dos tipos de transferencias:

Por una parte, se han transferido nombres y direcciones a los Estados Unidos al efecto de imprimir soportes publicitarios para correo directo. La empresa americana ha asegurado que garantizaría la seguridad de datos y procuraría que no se utilizarían para otros fines. Al final de la operación, se volvieron a transferir los datos a Finlandia.

Por otra parte, las filiales finlandesas de empresas extranjeras han notificado transferencias de datos personales al sistema de gestión centralizada del personal del grupo o empresa. Los datos deben utilizarse exclusivamente para la gestión del personal y la gestión de las carreras profesionales. Quedan a la disposición de las empresas del grupo implantadas en varios países. El Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos ha dado instrucciones para que se informe al personal de este traspaso y se tomen las medidas apropiadas para asegurar la seguridad de datos.

Francia

En 1997, se remitieron 4 452 casos a la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), con inclusión de 821 peticiones de información y 2 348 quejas.

Esta comisión recibió también 2 724 peticiones de dictamen sobre el tratamiento de datos personales en el sector público, de un total de 67 136 casos sobre el tratamiento en los sectores público y privado. Los principales campos en 1997 se mencionan a continuación.

La reforma de la seguridad social y el objetivo de un mejor control de los gastos sanitarios han llevado a Francia a proveerse de la mayor red intranet sobre la cual circulan datos particularmente sensibles sobre la salud. Cada asegurado social y cada profesional sanitario estarán provistos, en el año 2000, de una tarjeta electrónica que permitirá la transferencia de datos necesarios para el reembolso de la asistencia sanitaria por los organismos de la seguridad social y ningún otro documento en papel deberá ser utilizado después de esa fecha. La informatización de los profesionales sanitarios, la aplicación de la red, la distribución de tarjetas electrónicas a los asegurados sociales y profesionales sanitarios, la constitución de ficheros nacionales de los profesionales y asegurados (no sólo los padres sino también sus hijos, desde el nacimiento) y la nueva utilización de una codificación de todas las patologías posibles ha movilizado a la autoridad nacional de protección de datos que ha trabajado en estrecha colaboración con las organizaciones representantes de los profesionales sanitarios y los enfermos. La CNIL ha manifestado sus reservas sobre los asuntos para los cuales el gobierno francés se dirigió a ella, reservas que fueron, en gran parte, tomadas en cuenta. Sin embargo, la CNIL deseó aprobar en febrero de 1997 una recomendación de alcance general sobre las redes de sanidad, la cual tuvo una buena acogida (DO de 12 de abril de 1997).

La aparición de las megabases de datos sobre comportamientos alimentadas mediante cuestionarios que comprenden cerca de doscientas preguntas y distribuidos por varias empresas privadas, provocan numerosas quejas ante la CNIL.

En este contexto, la comisión aprobó una recomendación que tiene la finalidad de precisar las condiciones en las cuales las personas deberían estar informadas de manera clara y sincera del propósito comercial de datos recogidos y de sus derechos.

En efecto, los operadores utilizaban expresiones ambiguas que podían dar motivo para pensar que se trataba de encuestas exclusivamente estadísticas y realizadas por cuenta del Estado. La CNIL formuló además una advertencia a uno de estos operadores que había suprimido de los cuestionarios distribuidos la casilla en donde las personas marcan que no desean que sus datos sean cedidos a terceros. En un fallo del 30 de julio de 1997, el Conseil d'Etat, la más alta jurisdicción administrativa en Francia, confirmó la lógica de esta advertencia. Se trata de la primera decisión jurisdiccional con relación a una advertencia por parte de la CNIL a un responsable de ficheros de datos.

En el sector bancario, el importante número de quejas para las cuales acuden a ella, ha llevado a la comisión a realizar misiones de control en las más grandes entidades bancarias con la intención de gestionar mejor la información bancaria utilizada para establecer perfiles. Estos controles deben complementarse con visitas in situ a organismos de crédito para verificar las condiciones de utilización de la evaluación del riesgo crediticio. Resulta que a igual situación financiera, el criterio de la nacionalidad podía permitir a estos organismos distinguir por una parte entre franceses y súbditos de otro país de la Unión Europea y por otra, entre franceses y súbditos de un tercer país.

Para facilitar la aplicación de la ley a las actividades en Internet, la comisión ha diseñado un modelo tipo que reglamenta los tratamientos utilizados en varios sitios Internet de los diferentes ministerios. Este modelo, junto con la guía que ha distribuido para todos aquellos responsables de sitios web, retoma sus recomendaciones elaboradas en colaboración con las personas interesadas, relativas a las utilizaciones principales de Internet, mensajería electrónica, foros de discusión, bajada de datos en línea así como la difusión de información personal. En este último caso, la comisión subrayó en particular, por una parte, el derecho de las personas involucradas de oponerse con antelación o posteriormente a la difusión de datos que les conciernen, por otra parte ha recordado a los usuarios de los sitios la prohibición de utilizar los datos personales así distribuidos para otros fines, especialmente comerciales. Así, se reconoce hoy en día en Francia:

– el derecho de las personas de oponerse a que los sitios públicos de las administraciones divulguen sus organigramas o guías telefónicas (decisión de 16 de mayo de 1997, JO de 18 de mayo de 1997),

– el derecho de los abonados inscritos en las guías telefónicas de oponerse a aparecer en servicios de guías telefónicas inversas y en las guías con acceso por Internet (recomendación de la CNIL de 8 de julio de 1998, JO de 2 de agosto de 1997 y decisión de France Telecom de 23 de enero de 1998 publicada en el JO de febrero de 1998).

Por último, la CNIL celebró en los primeros días del año 1998 el vigésimo aniversario de la Ley “Tecnología de la información y libertad” del 6 de enero de 1978. En esta ocasión, concedió premios “Tecnología de la información y libertad” a seis personas u organismos que destacaron particularmente por su preocupación por la protección de datos, y abrió su sitio Internet (http:/www/cnil/fr) que incluye una función particular que permite a todos los internautas ser conscientes de la “posibilidad de rastreo” de su navegación por Internet.

Alemania

Habida cuenta del fallo pronunciado en 1983 por el Tribunal Constitucional federal respecto a la ley sobre el censo y su repercusión en la legislación en materia de protección de datos, fue necesario, entre otras cosas, determinar una base jurídica para las numerosas comunicaciones oficiales procedentes de los tribunales y los fiscales, en particular en el marco de procedimientos penales, y destinadas a otros organismos públicos como los empleadores del sector público. Dada la importancia del legajo, la ley sobre las comunicaciones judiciales (Justizmitteilungsgesetz) no fue promulgada, después de un procedimiento de preparación interminable, hasta el 26 de junio de 1997. Esta ley define un marco general que rige las situaciones en las que las transferencias de datos de este tipo quedan autorizadas siempre que el organismo que transmite estos datos considere dicha transferencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del destinatario y no estime que la persona interesada justifique un interés superior, que conviene proteger, para oponerse a una transferencia de este tipo. La provisión de información detallada sobre estas comunicaciones a las personas interesadas, que eran el objetivo buscado por las autoridades encargadas de la protección de datos, queda desgraciadamente muy limitada, y ello con el propósito de aliviar las obligaciones administrativas. Una vez complementada por los reglamentos administrativos que determinan aquellas comunicaciones judiciales que serán lícitas de forma general, la ley sobre las comunicaciones judiciales entró en vigor el 1 de julio de 1998.

En 1997, el análisis del genoma humano en los procedimientos penales cobró cada vez más importancia. El comisario federal encargado de la protección de datos presionó para exigir una autorización por ley para el almacenamiento y el tratamiento centralizados de los resultados de los análisis de ADN en la Oficina federal de la policía judicial.

Desde el punto de vista de Alemania, la ley que ratifica el Convenio Europol no es sólo una etapa importante para la participación de este país en Europol. Contiene también reglas importantes, entre otras, sobre las competencias y la independencia del representante alemán en la Comisión de quejas de la autoridad de control común de Europol.

Con la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, un gran número de nuevos proveedores operan actualmente en Alemania. Durante el período de observación, otros reglamentos sectoriales con disposiciones importantes en materia de protección de datos tuvieron por tanto que ser aprobados. En junio de 1997, se aprobó la ley sobre los servicios de información y comunicación (Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz). Esta ley establece reglas para la protección de datos en el marco de la utilización de los servicios de telecomunicaciones. Fue completada por una ley sobre las firmas (Signaturgesetz), que establece un marco jurídico sobre la seguridad de las firmas digitales. El decreto relativo a la protección de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones (Telekommunikations-Kundenschutzverordnung) fue promulgado en diciembre de 1997 y entró en vigor en enero de 1998. En 1997, el comisario federal encargado de la protección de datos asumió la responsabilidad de observar el cumplimiento de las reglas sobre la protección de datos por parte de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones.

La Ley sobre los servicios postales (Postgesetz), que entró en vigor en enero de 1998, constituye una etapa clave hacia la total liberalización del mercado de los servicios postales. En virtud de esta ley, todas las empresas proveedoras de servicios postales están sujetas al secreto profesional con respecto a sus actividades y deben respetar normas, en materia de protección de datos, que son habitualmente más estrictas que las impuestas por la legislación general. Se han concedido nuevos poderes de control al comisario federal encargado de la protección de datos por lo que se refiere también a este sector.

El procedimiento legislativo para la introducción de la vigilancia de edificios residenciales mediante micrófonos ha progresado de forma significativa durante el período de observación. Las nuevas reglas, que se aprobaron en marzo de 1998, permiten ciertas restricciones al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Constituyen un compromiso aceptable entre la protección de la vida privada de un individuo en el sentido más estricto de la palabra y un medio importante de lucha contra el crimen organizado. En virtud de una decisión judicial, es posible recurrir a la instalación de micrófonos para la vigilancia de domicilios de los cuales es razonable pensar que están ocupados por un sospechoso, pero sólo con el fin de investigar sobre infracciones penales particularmente graves. Los tribunales están encargados de hacer respetar las disposiciones legales bajo las cuales una medida de vigilancia se aplica sólo en última instancia en un procedimiento penal.

Además, el Parlamento debe estar informado cada año de todas las operaciones de vigilancia. Ya que las personas interesadas han de estar también informadas tan pronto como sea posible, sin que ello comprometa el objeto de la investigación, pueden recurrir a los tribunales para que verifiquen la legalidad de la medida de vigilancia tomada.

Grecia

Con la Ley 2427 del 10 de abril de 1997 sobre la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales, Grecia fue el último Estado miembro en aprobar una ley sobre la protección de datos, pero el primero en transponer la Directiva marco, mucho antes de la fecha prevista.

El presidente y los seis miembros de la autoridad griega encargada de la protección de datos, así como sus suplentes, fueron nombrados en octubre de 1997, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la nueva ley (nombramiento por el gobierno y confirmación por el parlamento). La autoridad es operativa desde el 10 de noviembre de 1997 y dedicó sus reuniones de 1997 a cuestiones prácticas tales como la aprobación de su reglamento interno, la contratación de personal especializado y secretarias, así como la compra de los equipos necesarios. Además, el presidente y los miembros de la autoridad han participado en numerosas conferencias y seminarios sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos.

La autoridad debería estar en condiciones de asumir plenamente sus funciones en el otoño de 1998.

Irlanda

Marco legislativo y reglamentario

El ministerio de Sanidad consultó al comisario irlandés encargado de la protección de datos acerca de una propuesta de establecer un registro de la población para el apoyo de un programa nacional de diagnóstico precoz del cáncer del cuello del útero. Se propuso que los datos del registro se obtuvieran del entonces ministerio de

Asuntos Sociales, del General Medical Services (Payments) Board y del Voluntary Health Insurance Board. El Comisario estimó que tal divulgación de datos por uno de estos organismos excedía su capacidad jurídica como responsable del tratamiento de datos. Esta consulta desembocó en una ley sobre la comunicación de informaciones en materia de sanidad, la Health (Provision of Information) Act, 1997, que autoriza a los responsables del tratamiento para proceder a las divulgaciones necesarias en determinados casos y bajo ciertos controles. El Comisario expresó públicamente su aprobación del nivel de protección de la vida privada que garantizan las disposiciones de esta ley.

El Comisario expresó, en cambio, su preocupación con respecto a una disposición de la ley sobre la vivienda, a saber el artículo 15 del Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 1997. Esta disposición preveía una medida diseñada para reducir las probabilidades de que una persona con antecedentes penales o conocida por su comportamiento antisocial no residiera en viviendas de protección oficial, autorizando a la policía, así como a otros servicios, la comunicación de este tipo de información a los servicios públicos de vivienda. El Comisario fue consultado en la elaboración de esta ley y puso en duda el carácter necesario de esta disposición, ya que el artículo 8 de la Ley de 1988 sobre la protección de datos autoriza la divulgación de datos personales en los casos de que su no divulgación comprometa la prevención, la detección o la investigación de una infracción. Además, comentó que, en su dictamen, el artículo 15 propuesto era discutible porque su campo de aplicación era demasiado amplio y no se respetaba el principio de proporcionalidad. A pesar de las observaciones del Comisario, la disposición fue aprobada.

Jurisprudencia

Mientras siguen pendientes en los tribunales los recursos contra una decisión del Comisario sobre una queja y contra un requerimiento del Comisario a una compañía de seguros de enfermedad, no se entablaron nuevos procesos durante 1997. El Comisario aprobó la introducción por el Irish Direct Marketing Association de un servicio (Mailing Preference Service) que permite a las personas excluirse de todos los ficheros de direcciones gestionados por los miembros de la asociación. Se trata de un servicio voluntario que aumenta el derecho que el artículo 2, párrafo 7, de la Ley de 1988 sobre la protección de datos concede ya a las personas físicas de exigir del responsable de datos que deje de utilizar sus datos personales para fines de marketing directo.

Actividades del comisario encargado de la protección de datos

En 1997, prosiguieron las negociaciones entre el Comisario y Telecom Eireann, la compañía nacional de teléfonos de Irlanda, acerca del proyecto de este operador de introducir la identificación del número de llamada entrante. El Comisario opinó que cuando se introduzca este sistema, los abonados deberían poder elegir entre una serie de opciones y escogerlas con la misma facilidad. Se llegó con Telecom Eireann al acuerdo siguiente:

a) A partir de la aplicación del servicio y hasta que todos los abonados que no figuren en la guía telefónica hayan indicado su elección, su número de teléfono quedará oculto por defecto cuando realicen una llamada, mientras que la indicación del número de la llamada entrante funcionará para los demás abonados, y ello, a pesar de la preferencia del Comisario por la no identificación de la llamada entrante, desde el principio, para todos los abonados. El Comisario se reservó el derecho de plantear nuevamente la cuestión después de un período inicial de prueba.

b) Este acuerdo quedó supeditado a la obligación de Telecom Eireann de demostrar un alto nivel de transparencia en todo el material informativo suministrado a los abonados antes de la aplicación de la identificación de la llamada entrante. Este material informativo debe someterse al Comisario para sus comentarios.

Las quejas y las peticiones de información presentadas en los servicios del comisario encargado de la protección de datos durante 1997 aumentaron un 10% con respecto al año anterior, indicación de un creciente conocimiento de las cuestiones relativas a la protección de datos, tanto por parte de los responsables de los tratamientos como por parte de los ciudadanos.

Traspaso de datos a terceros países

Ningún caso de traspaso necesitó la evaluación del Comisario sobre el nivel de protección de un tercer país. El Comisario recibió varias peticiones de responsables de tratamientos de datos que deseaban traspasar datos a terceros países. Se trataba sobre todo de filiales irlandesas de multinacionales con sede en Estados Unidos a las que se pidió traspasar datos a la casa matriz. En este tipo de situaciones, el Comisario advierte que, en caso de queja por la utilización o divulgación de datos personales a un tercer país, su investigación comenzará por un estudio de las medidas tomadas por el responsable del tratamiento irlandés para asegurar que los datos traspasados al extranjero no se utilicen o se divulguen para fines y en condiciones otros que aquéllos para las que la persona interesada dio su consentimiento en el momento de la obtención de datos.

Italia

Marco legislativo y reglamentario

Las leyes 675 y 676 del 31 de diciembre de 1996 sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales pretenden transponer la Directiva 95/46/CE, o directamente (Ley 675) o delegando poderes al gobierno, que se encargará de aprobar las medidas necesarias (Ley 676). La Ley 675 introduce también las disposiciones necesarias para hacer efectivo el Convenio 108 del Consejo de Europa: los instrumentos de ratificación de este Convenio fueron introducidos el 29 de marzo de 1997 y el Convenio entró en vigor en Italia el 1 de julio del mismo año. En comparación con la Directiva y el Convenio, el campo de aplicación de la legislación italiana es más amplio por abarcar el tratamiento manual o automatizado de datos de personas físicas o jurídicas. Los cuatro miembros de la autoridad de control (“Garante per la protezione dei dati personali”) fueron nombrados por el Parlamento en marzo de 1997, siendo operativa la autoridad desde el día de la entrada en vigor de la Ley 675 (el 8 de mayo de 1997).

Otras medidas legislativas han sido tomadas por decreto (decretos 123 del 9 de mayo de 1997 y 255 del 28 de julio de 1997) sobre la información y notificaciones simplificadas.

Entre las normas que rigen temas afines, se pueden mencionar la ley que ratifica el Convenio Europol (que da a la autoridad encargada de la protección de datos la responsabilidad de datos personales contenidos en los ficheros nacionales de este organismo) y la ley que instituye la Autorita per le garanzie nelle Comunicazioni, que prevé la coordinación de las actividades de las autoridades de control y la posibilidad para el Consejo nacional de los usuarios de presentar sus opiniones y sugerencias a la autoridad encargada de la protección de datos.

Actividades de la autoridad de control

La Ley 675 establece la obligación de informar previamente a la persona involucrada por el tratamiento de datos. El decreto 123 estipula que esta información puede facilitarse verbalmente, siguiendo las sugerencias de la autoridad de control.

La autoridad tuvo que tratar varios problemas sobre el principio del consentimiento.

El primer caso se refería al sector bancario, y en particular el formulario enviado a los clientes de un importante banco nacional: en su primera versión, el formulario pedía un consentimiento “general” para una gama muy amplia de operaciones de tratamiento y mencionaba el cierre de la cuenta corriente y hasta la cancelación del contrato, para los clientes que no dieran su consentimiento general. Se presentaron varias quejas a la autoridad de control, y en base a los elementos recogidos, la autoridad aprobó una decisión pidiendo al banco que modifique el formulario y no tome en cuenta las declaraciones recibidas. Se llevó a cabo una consulta con la asociación de bancos y el Banco de Italia para resolver los numerosos problemas.

La autoridad de control preparó un modelo de formulario (en italiano y bilingüe italiano-alemán) para facilitar la notificación de los tratamientos, la fecha para la notificación quedó fijada al 31 de marzo de 1998.

El tratamiento de datos sensibles conlleva protecciones particulares: si el responsable del tratamiento es una entidad pública, el tratamiento ha de estar autorizado por una disposición legal explícita, indicando las datos que pueden ser tratados, las operaciones autorizadas y la finalidad de interés público perseguida.

Sin embargo, la ley estipula que durante un período de transición – que acaba el 7 de mayo de 1998 pero sujeto a prórrogas de seis meses – las administraciones públicas pueden seguir procesando los datos recibidos antes de la entrada en vigor de la ley, después de su comunicación a la autoridad de control; si el tratamiento se realiza por personas de derecho privado, los datos sensibles se tratarán sólo con el consentimiento por escrito de la persona y con la previa autorización de la autoridad de control. El número de peticiones de autorización fue de 8 889.

De acuerdo con el apartado 7 del artículo 41 de la Ley 675, la autoridad de control aprobó “autorizaciones tipo” destinadas a ciertas categorías de responsables o ciertas categorías de tratamientos. Las seis autorizaciones, aprobadas el 31 de diciembre de 1997, son:

(1) el tratamiento de datos sensibles en informes de trabajo;

(2) el tratamiento de datos sobre el estado de salud y la vida sexual;

(3) el tratamiento de datos por asociaciones sin ánimo de lucro;

(4) el tratamiento de datos por profesionales;

(5) el tratamiento de datos por ciertas categorías de responsables (sector bancario, seguros, turismo, transportes, sondeos, estadísticas, selección de personal, agencias matrimoniales);

(6) el tratamiento de datos sensibles por detectives privados.

Uno de los problemas más delicados se refiere al tratamiento de datos para el periodismo o la expresión artística o literaria. La autoridad de control facilitó la aprobación de un código deontológico en este campo, llevando a cabo amplias consultas con representantes de la categoría en cuestión. En diciembre de 1997, el Consejo del colegio de periodistas aprobó un proyecto de código sobre el cual la autoridad de control formuló sus comentarios.

La autoridad de control ha ejercido sus poderes de investigación mediante el acceso al centro de proceso de datos del Ministerio de Interior (oficina de la seguridad pública).

Países Bajos

Novedades legislativas

En 1997, los Países Bajos aprobaron nuevas medidas para la transposición al derecho holandés de la Directiva comunitaria sobre la protección de datos.

En febrero de ese año, la autoridad holandesa encargada de la protección de datos (Registratiekamer) emitió un dictamen muy detallado sobre el proyecto de ley del

Ministerio de Justicia. El dictamen llegaba a la conclusión de que la nueva ley aseguraría un nivel de protección adecuado de la vida privada de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y reforzaría los derechos individuales de las personas interesadas.

La autoridad encargada de la protección de datos propuso algunas enmiendas y aclaraciones al texto presentado que fueron ampliamente recogidas en el proyecto de ley presentado ante el Parlamento en febrero de 1998.

La autoridad holandesa emitió un dictamen crítico sobre otra ley con repercusiones en la vida privada de las personas interesadas, a saber la nueva ley sobre las telecomunicaciones. Esta ley amplía los poderes concedidos a la policía y otros organismos de investigación respecto a las escuchas telefónicas y obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar todos los datos relativos al tráfico y ponerlos a disposición de la policía y la justicia.

La autoridad habló en favor de la protección del derecho al anonimato en el sector de las telecomunicaciones. El uso de las tarjetas de prepago podrían tenerse presente con este fin. Otra de sus preocupaciones ha sido el deseo del gobierno holandés de reglamentar y limitar el uso de la criptografía.

La autoridad ha comunicado también varios dictámenes al Parlamento sobre dos nuevos proyectos de ley. El primer proyecto de ley pretende facilitar el control de la legalidad de la residencia de los extranjeros que desean beneficiarse de servicios subvencionados, enlazando la base de datos de los municipios con la base de datos de la administración encargada de los extranjeros. El segundo proyecto trata de registros policiales especiales.

Otras novedades: códigos de conducta, publicaciones y presentaciones La autoridad holandesa encargada de la protección de datos (Registratiekamer) ha tomado parte en la elaboración de un código de conducta para el sector de seguros.

Ha publicado informes sobre varias cuestiones, tales como la videovigilancia, el registro de las prostitutas en la policía, el registro centralizado de los enfermos para un control terapéutico, el intercambio oficioso de informaciones entre los organismos de investigación y terceros, el funcionamiento de los servicios sociales municipales, etc.

La autoridad ha participado también en numerosas conferencias, seminarios y talleres sobre temas como la protección de la vida privada de los trabajadores, la criminalidad organizada internacional, etc. Ha realizado también varias presentaciones para promover las técnicas que refuerzan la protección de la vida privada (Privacy Enhancing Technologies o PET) y ha participado en el desarrollo, para el sector de la sanidad, del primer sistema de información comercial que utiliza estas técnicas.

Controles del respeto de la vida privada y evaluación tecnológica

Se llevó a cabo un control del respeto de la vida privada en la parte holandesa del sistema de información Schengen, y se tomaron medidas preliminares para realizar estos controles en diferentes administraciones municipales.

Una evaluación tecnológica sobre el almacenaje y la extracción de datos (conocidos también como descubrimiento de información en las bases de datos) merece también su mención.

Algunas cifras sobre las actividades en 1997 de la autoridad holandesa encargada de la protección de datos

La Registratiekamer ha contestado en 1997 cerca de 5 000 preguntas a través de su central telefónica. Ha ofrecido asistencia a las personas interesadas en 136 casos en los que se requería una mediación y en el marco de 238 quejas.

La Registratiekamer ha asesorado al gobierno en más de veinte ocasiones. Ha recibido 971 declaraciones de actividad de tratamiento de datos del sector público y 1 220 del sector privado. Al 31 de diciembre de 1997, el número total de declaraciones ascendía a 56 663.

Portugal

La autoridad portuguesa encargada de la protección de datos (CNPDPI) ha seguido teniendo un papel activo aumentando el conocimiento de los proyectos de nuevas disposiciones legales en materia de protección de datos personales. Ha conseguido convencer al gobierno de que todos los ministerios deberían declarar a la CNPDPI cualquier tratamiento de datos personales que realicen. Ha participado en conferencias y simposios y mantiene contactos frecuentes con la prensa. En noviembre, organizó un simposio muy concurrido sobre las principales cuestiones relacionadas con la transposición de la Directiva comunitaria al derecho nacional.

La CNPDPI llevó a cabo un número creciente de controles, especialmente en relación con el marketing directo, los servicios bancarios y los servicios sanitarios.

Accediendo a un gran número de peticiones de transferencia de datos personales sobre los empleados de empresas multinacionales a oficinas implantadas en países sin legislación en materia de protección de datos, la CNPDPI decidió autorizar estas transferencias siempre que no sólo las personas implicadas den explícitamente su consentimiento sino que también el responsable del tratamiento se comprometa a que se transfieran sólo los datos necesarios para la gestión global del personal, no se utilicen estos datos para cualquier otro fin ni se transfieran a terceros y que el nivel de protección asegurado en el país destinatario no sea inferior al que garantiza la legislación portuguesa.

España

Introducción

La Agencia de Protección de Datos, autoridad española encargada de la protección de la vida privada, fue instituida por la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre de 1992 que rige el tratamiento electrónico de datos personales. Entró en vigor a principios del año 1994 y aplica desde el comienzo los principios fundamentales de la Directiva 95/46/CE, aun cuando esta última no estaba transpuesta al derecho español. Sin embargo, una de las primeras versiones de la Directiva europea había servido para la elaboración de un primer proyecto de la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre.

Al 31 de diciembre de 1997, el número de ficheros inscritos en el registro general sobre la protección de datos ascendía a 229 804, de los cuales 3 312 se registraron en 1997.

Durante este mismo año, 13 306 operaciones en total se llevaron a cabo en el registro general de la protección de datos: 3 312 fueron registros de nuevos ficheros, 8 023, modificaciones de los ficheros ya registrados y 1 971, cancelaciones de ficheros registrados.

En función del titular del fichero, los registros se distribuyen como sigue:

TITULAR Nº

FICHEROS

TITULAR PÚBLICO 27 969

Administración central 2 568

Administración de las CCAA 2 580

Municipios 22 370

Otros organismos públicos 451

TITULAR PRIVADO 201 835

T O T A L 229 804

Las funciones principales de la Agencia de Protección de Datos son las siguientes:

– Inspecciones realizadas por iniciativa propia de la Agencia cuando los hechos hacen necesarias estas inspecciones, o por quejas presentadas por ciudadanos. Se han llevado a cabo un total de 375 inspecciones de este tipo, de las cuales alrededor de 95 eran vistas, en otras palabras inspecciones generales antes que verificaciones específicas sobre la infracción denunciada.

– Procedimientos relativos a la protección de los derechos, en el marco de los cuales la Agencia de Protección de Datos interviene para ayudar a los ciudadanos a corregir los incumplimientos de la reglamentación sobre la protección de datos. El número de casos tratados en 1997 fue de 113.

– Procedimientos de sanción en caso de violación grave de los derechos y garantías establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, que se entablan por iniciativa de la Agencia o por quejas presentadas por los ciudadanos, con el fin de imponer las sanciones correspondientes. El número de procedimientos iniciados en 1993 fue de 203.

– En 1997, la Agencia de Protección de Datos recibió un total de 682 quejas por parte de los ciudadanos. La Agencia se esfuerza por hacer frente a las dudas y los problemas de los ciudadanos y de las empresas que operan en sectores que inciden en la vida privada y los organismos públicos. Esta función es llevada a cabo por el servicio de información a los ciudadanos que depende de la secretaría general, y del director de la Agencia en lo que se refiere a las empresas y las administraciones públicas. Unas 1.009 consultas por escrito y más de 10 000 consultas por teléfono fueron tratadas en 1997 por el servicio de información a los ciudadanos y 80 por el director de la Agencia.

– Por último, la Ley Orgánica establece que la Agencia de Protección de Datos debe emitir un informe sobre las medidas jurídicas y las reglamentaciones aprobadas en materia de protección de datos. En 1997, la Agencia emitió 20 informes.

Transposición de la Directiva 95/46/CE al derecho español

En 1997, se elaboró un proyecto de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1992 con el fin de transponer la Directiva comunitaria al derecho español.

Entre las medidas concebidas y aprobadas en 1997, debe mencionarse la confianza del gobierno depositada en la Agencia de Protección de Datos para la elaboración de una propuesta de reglamento sobre las medidas de seguridad aplicables a los ficheros informáticos que contienen datos personales. Este Reglamento dará lugar al desarrollo de la Ley Orgánica 5/1992 con objeto de la aplicación de los principios de la seguridad de datos establecidos por el artículo 9 de la Ley Orgánica, que corresponde a los artículos 16 y 17 de la Directiva 95/46/CE.

Códigos de deontología

Las actividades llevadas a cabo en 1997 en virtud del artículo 31 de la Ley Orgánica 5/1992, que corresponde al capítulo V de la Directiva 95/46/CE, en lo que se refiere al registro de códigos tipo, no dieron lugar a nuevas inscripciones en el registro general sobre la protección de datos.

Dos nuevos procedimientos se iniciaron en 1997 sobre dos nuevos códigos tipos presentados al registro y para los cuales se hizo una petición de inscripción en el registro.

La primera petición recibida, que se presentó de hecho en 1996, si bien el procedimiento para su registro se llevó a cabo en 1997, se refiere al código de conducta aplicable al fichero informático del sector de automoción (CCF). En julio de 1997, se recibió de la asociación española del marketing directo el código tipo que rige las listas Robinson (que permiten no recibir publicidad por correo). Su análisis planteó ciertas cuestiones en la medida en que no parecían defender los principios establecidos por la Ley Orgánica 5/1992. En ambos casos, no fue posible registrar las peticiones, siendo la razón principal que los códigos no ofrecían garantías mayores que las previstas por la Ley Orgánica.

Transferencias internacionales

Un total de 919 ficheros inscritos en el registro mencionan transferencias internacionales de datos en su declaración (48 de ellos son ficheros de organismos públicos y los 871 restantes pertenecen a empresas privadas).

Las peticiones de autorización de transferencias internacionales de datos en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 5/1992 (capítulo IV de la Directiva) se basan en una serie de garantías que debe ofrecer la persona que realiza la transferencia y que reside en España. Esta persona, como responsable del tratamiento, debe garantizar el respeto de todos los derechos y obligaciones establecidos en la ley, y que los derechos de acceso, modificación y eliminación de datos almacenados en terceros países continuarán estando asegurados desde España. Una vez concedida la autorización por el director de la Agencia, de acuerdo con los poderes que le otorga el apartado 1 del artículo 36 de la ley, la transferencia se inscribe en el registro general sobre la protección de datos, según lo estipulado en el punto c del artículo 38).

En 1997, se iniciaron 25 procedimientos de autorización, de los cuales 24 han concluido. Además, de los 6 procedimientos iniciados en 1996, uno de ellos seguía pendiente de resolución a finales del año. De este modo, 30 transferencias fueron autorizadas e inscritas en el registro general, quedando un procedimiento pendiente para el año siguiente. Estas autorizaciones se referían al tratamiento de 33 ficheros.

Los Estados Unidos fueron el país hacia el cual se autorizaron la mayoría de las transferencias. La razón es que las casas matrices de la mayoría de las empresas multinacionales están implantadas en los Estados Unidos. Las transferencias destinadas a más de un país las realizan generalmente empresas con filiales en varios países. Un mismo fichero destinado a varios países puede ser objeto de un procedimiento único. En estos casos, la inscripción en el registro general lleva la mención “países de destino 'internacional'”.

En total, se trataron 81 procedimientos de autorización de transferencias internacionales de datos, de los cuales 15 se iniciaron en 1995, 41 en 1996 y 25 en 1997. Un total de 128 inscripciones de ficheros fueron objeto de procedimientos de autorización de transferencias internacionales. El destino principal de datos fueron los Estados Unidos, con el 78,13% de los ficheros autorizados, seguidos de lejos por las transferencias hacia varios países en los cuales las empresas en cuestión tienen su sede social.

Otras actividades

Una conferencia EUROPA-LATINOAMÉRICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES fue organizada, con asistencia de las autoridades europeas encargadas de la protección de datos y los representantes de los países latinoamericanos. El objetivo principal de la conferencia era ofrecer a los especialistas un foro para reunirse e intercambiar opiniones, ideas y experiencias acerca del proceso de elaboración de medidas legales y reglamentarias en este campo en los países latinoamericanos y, al mismo tiempo, contribuir a describir la experiencia europea en el campo de la protección de datos personales.

Se convocó el PRIMER PREMIO “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, que asciende a un millón de pesetas (5 988,02 ecus), con el propósito de permitir la realización de un estudio exhaustivo sobre el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución.

En virtud del reglamento del concurso, el premio se concederá al mejor y más original trabajo de investigación no publicado, redactado por autores españoles o extranjeros, sobre el tema de datos informáticos de carácter personal desde el punto de vista jurídico, es decir un estudio puramente teórico, o un trabajo de investigación realizado sobre la base de experiencias específicas en el sistema jurídico español o en derecho comparado. El jurado constituido de acuerdo con el reglamento del concurso concedió el premio a un estudio sobre la utilización y control de datos informáticos sobre el empleo.

Política en materia de publicaciones

Desde que la Agencia inició sus actividades, publicó dos obras, una sobre el año 1995 y la otra, sobre el año 1996. La primera obra, impresa en papel, se publicó en colaboración con el Boletín Oficial del Estado, pero era muy voluminosa y por tanto de difícil manejo. Por esa razón, se decidió publicar la lista sobre el año 1996 en un soporte óptico. Teniendo presentes las experiencias anteriores, se decidió seguir utilizando como soporte un CD-ROM para la publicación de la lista relativa a 1997.

Además, la información se publicó en Internet. Dada la capacidad de almacenamiento de un CD-ROM, se incluye también la siguiente información, publicada por la Agencia y que puede ser de interés para las personas que desean consultar la lista de los ficheros:

los informes publicados hasta la fecha, relativos a 1994, 1995 y 1996,

el manual sobre la protección de datos que comprende los formularios tipo a disposición de los ciudadanos para el ejercicio de los derechos que les confiere la ley,

la legislación sobre la protección de datos,

las actas de los seminarios organizados por la Agencia en 1995 y 1996 sobre la seguridad y la legislación en materia de protección de datos, respectivamente, estadísticas sobre las actividades del registro general sobre la protección de datos.

La innovación este año fue sin embargo la publicación de la lista de ficheros en Internet, ya que nadie puede negar el impacto que ha tenido la red en nuestra sociedad en los últimos tiempos. La publicación en Internet es una opción, pero en el marco del sitio institucional de la Agencia, donde se ha abierto una nueva sección dedicada al registro, que contiene esencialmente información general. El sitio indica las instrucciones a seguir para la inscripción de nuevos ficheros en el registro y contiene el formulario de inscripción tipo para los ficheros públicos y los ficheros privados, así como, naturalmente, la lista actualizada de los ficheros.

Suecia

Marco legislativo y reglamentario

Una comisión parlamentaria, nombrada por el gobierno y encargada del estudio oficial de la legislación sobre la protección de datos, presentó un proyecto de ley, en abril de 1997, sobre la protección de datos personales. Sobre la base de ese proyecto, el gobierno presentó una propuesta para una nueva ley al Riksdag (parlamento) en Diciembre de 1997 (10).

La ley se basa en gran parte en las disposiciones de la Directiva 95/46/CE y debe considerarse como un marco que define las líneas generales para todos los tratamientos de datos personales. El objetivo que se persigue es procurar que el gobierno y la autoridad encargada de la protección de datos puedan establecer reglamentaciones más precisas dentro de este marco jurídico.

Conforme a la Directiva comunitaria, el proyecto de ley rige los tratamientos automáticos de datos personales así como sus tratamientos manuales si los datos forman parte de un sistema informático propio. El uso puramente privado de datos personales queda excluido. A diferencia de la Directiva, el tratamiento de datos sobre la seguridad pública, la defensa y la acción del Estado en derecho penal está incluido en el campo de aplicación de la ley propuesta. La obligación de notificar las operaciones de tratamiento a la autoridad encargada de la protección de datos debe quedar reducida al mínimo para que la autoridad pueda concentrarse más en sus tareas de control, información y asesoramiento. La autoridad encargada de la protección de datos debe también establecer instrucciones para aclarar la ley. Por último, el proyecto de ley contiene disposiciones sobre las sanciones y la responsabilidad civil. Debería entrar en vigor el 24 de octubre de 1998.

Jurisprudencia en 1997

He aquí una selección de las decisiones tomadas en 1997 por las jurisdicciones nacionales en materia de protección de datos. Se incluye también una decisión del gobierno, que es competente para resolver recursos contra decisiones de la autoridad encargada de la protección de datos acerca de ficheros de datos personales cuyo responsable es una autoridad administrativa. Los recursos contra otras decisiones se instruyen ante el tribunal administrativo provincial de Estocolmo y, en apelación, ante el tribunal administrativo de apelación y el tribunal administrativo supremo.

– El gobierno confirmó una decisión de la autoridad encargada de la protección de datos ordenando a un responsable del tratamiento de datos obtener el consentimiento por escrito, y con conocimiento de causa, de la persona interesada antes de tratar datos sensibles para fines de la investigación científica.

El responsable del tratamiento, en este caso una universidad que llevaba a cabo un proyecto de investigación sobre las posibles relaciones entre los tratamientos a base de estrógenos y el cáncer, afirmó que los datos fueron recogidos en los historiales médicos y en otras fuentes que abarcan un largo periodo de tiempo y que, por consiguiente, sería difícil y costoso obtener el consentimiento por escrito de cada una de las personas en cuestión. La universidad temía también que este procedimiento de información de las personas interesadas causara inquietud en estas personas. El gobierno objetó, entre otras cosas, que el tratamiento había sido ya objeto de artículos publicados en la prensa y que, por consiguiente, era particularmente importante que las personas interesadas estuvieran correctamente informadas sobre este tratamiento. En la medida en que los ficheros de datos podían contener datos muy sensibles y permanecer guardados durante un largo período, el gobierno mostró su acuerdo con el dictamen de la autoridad encargada de la protección de datos que consideraba que el consentimiento de las personas era indispensable.

(10) La ley fue aprobada por el parlamento sueco el 16 de abril de 1998.

– El tribunal administrativo provincial y el tribunal administrativo de apelación desestimaron ambos un recurso contra una decisión de la autoridad encargada de la protección de datos que prohibía a varios bancos suecos crear un fichero de datos personales con el fin de luchar contra el blanqueo de dinero. Los bancos demandantes afirmaron que estaban obligados a notificar a la autoridad de control financiero las operaciones de blanqueo de dinero y que este fichero les era necesario para cumplir esa obligación. Los tribunales consideraron que la necesidad de los bancos de tener un fichero con informaciones sobre actividades criminales no valía más que el derecho de las personas físicas al respeto de su vida privada y no era suficiente para justificar una excepción al principio general según el cual sólo las autoridades con la obligación legal de gestionar un fichero sobre las actividades criminales pueden registrar este tipo de informaciones.

– El tribunal administrativo provincial y el tribunal administrativo de apelación desestimaron también un recurso contra una decisión que prohibía a un organismo de valoración crediticia usar un CD-ROM con información económica y crediticia sobre empresarios para fines de marketing directo. El organismo de valoración tenía la prohibición también de vender el CD-ROM para este fin. Este caso fue llevado al tribunal administrativo supremo que no se ha pronunciado aún.

– Una agencia de servicios de seguros, cuyo capital está en manos de varias compañías de seguros suecas, solicitó la autorización de crear y gestionar un “fichero común de declaraciones de siniestro”. Un asegurado que reclamara una indemnización a su compañía de seguros quedaría automáticamente registrado en el fichero. La compañía de seguros obtendría al mismo tiempo una relación de las declaraciones de siniestro anteriores que el asegurado podría haber enviado, llegado el caso, a sus aseguradores anteriores. Los antecedentes de las solicitudes de indemnización podrían indicar que la nueva solicitud fuera examinada más detenidamente. El fichero suministraría toda la información recogida sobre los bienes del asegurado. En la medida en que todas las grandes compañías de seguros suecas estuvieran conectadas al sistema, cada una de ellas tendría acceso a un fichero casi completo sobre los asegurados suecos y su patrimonio. La autoridad encargada de la protección de datos no autorizó la creación de este fichero. La compañía recurrió contra esta decisión ante el tribunal administrativo provincial donde el caso sigue pendiente.

Véase también más adelante la sección 4 “Transferencias de datos a terceros países”.

Actividades de la autoridad encargada de la protección de datos

En 1997, la autoridad encargada de la protección de datos publicó nuevas reglamentaciones administrativas sobre los tratamientos frecuentes en ciertos campos, para eximirlos de la obligación de obtener su autorización. Estas reglamentaciones se refieren a ficheros informatizados en tres nuevos sectores: las escuelas, para fines de gestión de alumnos, los poderes públicos, para fines estadísticos, y la divulgación de datos personales en los sitios web. La autoridad considera que hubiera tenido que tratar 2 000 solicitudes adicionales si no se hubiesen aprobado estas reglamentaciones administrativas.

La autoridad encargada de la protección de datos ha proseguido con sus actividades de supervisión mediante controles. Diferentes sectores comerciales han sido objeto de estos controles, tales como los hospitales, las agencias de viaje, los organismos de cobro de deudas y los operadores de telecomunicaciones.

Además, la autoridad ha tomado medidas para informar activamente al público de sus actividades. En junio de 1997, ha abierto un sitio web que contiene informaciones sobre la legislación, las principales decisiones y comunicados de prensa. En un proyecto de sensibilización específica, la autoridad se dirigió a los alumnos y a sus profesores y, entre otras, distribuyó un CD-ROM con cuatro juegos diferentes para someter a prueba los conocimientos sobre la protección de datos.

Transferencias de datos a terceros países

– La autoridad encargada de la protección de datos autorizó, en 1995, a una compañía aérea la transferencia hacia los Estados Unidos de informaciones sobre sus clientes a partir de su sistema informatizado de reservas, siempre que los clientes hayan dado su consentimiento a dicha transferencia. La decisión fue recurrida ante el tribunal administrativo provincial y el tribunal administrativo de apelación, que han confirmado ambos ahora la decisión de la autoridad. La decisión fue recurrida ante el tribunal administrativo supremo que debe decidir aún sobre la admisibilidad de la demanda.

Reino Unido

Un proyecto de ley de transposición de la Directiva 95/46/CE al derecho nacional fue publicada en enero de 1998. En julio de 1997, el gobierno publicó sus propuestas para la nueva ley, y el Secretario aconsejó a los ministros, funcionarios y parlamentarios sobre los puntos en estudio. Los trabajos comenzaron también sobre las modalidades de un sistema de notificación con el fin de cumplir con las exigencias del proyecto de ley, aunque las disposiciones en materia de notificación, que deben ser aprobadas bajo la forma de derecho derivado, no se han publicado aún.

La Oficina del Secretario ha dedicado gran parte de sus actividades a los trabajos sobre el nuevo proyecto de ley, pero han conseguido publicar las líneas directrices sobre la legislación de 1984 para los usuarios de datos. Las guías publicadas el año pasado atañen a los trabajadores a domicilio, los intermediarios de servicios financieros y los organismos de seguimiento y cobro de deudas. Una guía sobre la elaboración de códigos de deontología sobre el cruce de datos se redactó y se publicó en julio de 1997. Además de estas guías, la Oficina del Secretario aprobó el código de deontología sobre el cruce de datos publicado por la Comisión de Cuentas en noviembre de 1997.

El Secretario ha proseguido con su campaña de sensibilización sobre protección de datos mediante anuncios publicitarios emitidos por las cadenas de televisión regionales y por satélite. Después de la emisión del mensaje publicitario, el número de peticiones de información y quejas a los servicios del Secretario aumentó, y esta tendencia se reflejó en un incremento general del número de quejas recibidas durante todo el año. En total, 4 173 quejas fueron recibidas en 1997/1998. Conviene también mencionar 21 591 nuevas inscripciones de ficheros en el registro, por lo que el número total de inscripciones en el registro se eleva a 224 909. Se pronunciaron cinco requerimientos y se entablaron 38 juicios en virtud de la ley.

Todas las inscripciones de ficheros y todas las guías están disponibles también en el sitio web del Secretario (ODPR).

 

2.3. Evolución de la política de la Unión Europea en el campo de la protección de datos

Si bien la Directiva constituye el elemento clave de la política europea en lo que se refiere a la protección de datos, está complementada por varias otras iniciativas que pretenden garantizar al ciudadano un marco de protección coherente.

Esta parte expone las novedades en la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los aspectos que recaen en la competencia de la Comunidad Europea (puntos 2.3.1 al 2.3.3) como a los que dependen del título VI del Tratado sobre la Unión europea (punto 2.3.4).

 

2.3.1. Iniciativas sectoriales

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron, el 15 de diciembre de 1997, la “Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones”, en particular de las redes digitales de servicios integrados (RDSI) y las redes móviles digitales públicas(11).

Esta Directiva tiene el objeto de garantizar la libre circulación en la Comunidad de los datos y los equipos y servicios de telecomunicaciones armonizando el nivel de protección de los abonados y los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones con respecto al tratamiento de datos de carácter personal en el sector de las telecomunicaciones.

La Directiva especifica, para el sector de las telecomunicaciones, las reglas generales enunciadas en la Directiva 95/46/CE, y refuerza la protección de la intimidad y los intereses legítimos de los abonados (inclusive las personas jurídicas).

La Comisión presentó la propuesta inicial de esta Directiva en junio de 1990, y después una propuesta considerablemente revisada en julio de 1994. El Consejo alcanzó una posición común en septiembre de 1996, pero la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo sólo fue posible después de un procedimiento de conciliación. La Directiva está estrechamente relacionada con la Directiva general sobre la protección de datos (aprobada en octubre de 1995) en la medida en que especifica, para el sector de las telecomunicaciones, las reglas generales ya establecidas. Sin embargo, su campo de aplicación es más amplio en dos aspectos, porque cubre los derechos e intereses legítimos de las personas tanto físicas como jurídicas y abarca aspectos de la intimidad que no están directamente relacionados con el tratamiento de datos.

(11) Directiva 97/66/CE del 15 de diciembre de 1997, DO L 24 del 30.1.1998, p. 1.

La Directiva contiene disposiciones sobre los puntos siguientes:

– la seguridad de la información transmitida por las redes públicas de telecomunicaciones,

– la confidencialidad de las comunicaciones,

– los límites de su alcance y la duración del tratamiento, por los proveedores de servicios, de datos relativos al tráfico y la facturación,

– las opciones que deben ofrecerse en lo que se refiere a la indicación de la identificación de la llamada entrante y la línea conectada, para garantizar el respeto de la vida privada

– la identificación de llamadas malintencionadas y perturbadoras,

– las preocupaciones que suscitan el desvío automático de llamadas desde el punto de vista del respeto de la vida privada,

– el derecho de los abonados a no figurar en las guías telefónicas,

– la protección de la vida privada con respecto a las llamadas no solicitadas.

Después de su aprobación formal por el Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva deberá ser transpuesta por los Estados miembros antes del 24 de octubre de 1998, salvo en lo que se refiere a ciertos aspectos de la confidencialidad de las comunicaciones, para las cuales se acordó un plazo adicional hasta el 24 de octubre del 2000.

Protección de datos y sociedad de la información

Asegurar confianza y confidencialidad es un factor clave para el desarrollo de la sociedad de la información, cuando están en cabeza de las preocupaciones de los internautas crecientes dudas sobre la protección de la vida privada en línea: todos los estudios de mercado y todos los sondeos realizados el año pasado confirman este punto de vista. El 16 de abril de 1997, la Comisión aprobó un documento con el título “Iniciativa europea de comercio electrónico” (COM (97)157), que pretende establecer una posición europea común para alcanzar un consenso mundial mediante negociaciones internacionales. En el marco del seguimiento de este documento, la Comisión aprobó una Comunicación sobre las firmas digitales y la codificación que subraya el papel de la Directiva 95/46/CE por las respuestas que da a estas preocupaciones legítimas en cuanto al respeto de la vida privada. La Directiva incluye, por ejemplo, disposiciones específicas sobre la seguridad y la confidencialidad de los datos, principalmente cuando su tratamiento implica una transmisión de datos a través de una red.

La protección de datos personales en la sociedad de la información fue uno de los importantes temas de discusión en las reuniones del grupo de trabajo establecido por la Directiva 95/46 (véase punto 2.1.1). El 3 de diciembre de 1997, el grupo de trabajo aprobó una recomendación específica sobre “El anonimato en Internet” (GT 6 – Recomendación 3/97).

 

2.3.2. Protección de datos en el marco de otros instrumentos comunitarios

Por varios instrumentos de derecho derivado, se han concedido a la Comisión determinados cometidos específicos relacionados con el tratamiento de datos personales. Para proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas a las que atañe este tratamiento, la Comisión fue invitada también, para la aplicación de las reglas comunitarias pertinentes, a preparar disposiciones para la protección de datos. Un ejemplo lo proporciona el Reglamento (CE) nº 1469/95 del Consejo del 22 de junio de 1995 relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con determinados beneficiarios de las operaciones financiadas por la Sección Garantía del FEOGA(12). Para la aplicación de este Reglamento, que prevé un sistema de intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros, la Comisión estableció varias medidas de protección respecto al tratamiento de datos realizado por sus servicios(13).

Las autoridades aduaneras europeas intercambian datos personales con sus homólogos de los terceros países en el marco de los acuerdos de asistencia mutua entre la Comunidad y terceros países. A petición de la Comunidad Europea, estos acuerdos incluyen disposiciones específicas que garantizan el respeto de los principios relativos a la protección de datos(14).

(12) DO L 145 del 29 de junio de 1995.

(13) Véase el Reglamento (CE) n§ 745/96 de la Comisión publicado en el DO L 102 del 25 de abril de 1996 y la comunicación de la Comisión publicada en el DO C 366 del 5 de diciembre de 1996 que suscitó la atención del público sobre la aplicación de este Reglamento y el tratamiento de datos personales que implica.

(14) Los siguientes acuerdos entraron en vigor en 1996:

acuerdos europeos con

– Eslovenia (firmado el 11.11.1996 – DO L 344 del 31.12.1996);

– Islas Feroe (acuerdo enmendado firmado el 6.12.1996 – DO L 53 del 22.2.1997);

acuerdo con Turquía referente al funcionamiento de la unión aduanera (1.1.1996 – DO L 35 del 3.2.1996)

acuerdo con:

Israel (acuerdo provisional – 1.1.1996 – DO L 71 del 20.1.1996)

la CEI: Federación Rusa (acuerdo provisional – 1.2.1996 – DO L 247 del 13.10.1995),

Ucrania (acuerdo provisional – 1.2.1996 – DO L 311 del 23.12.1995),

Moldavia (acuerdo provisional – 1.5.1996 – DO L 40 del 17.2.1996).

Acuerdos que incluyen disposiciones sobre la asistencia mutua están negociándose actualmente con otros países.

 

2.3.3. Protección de datos en el marco de los instrumentos no comunitarios

Varios instrumentos aprobados o en proceso de aprobación de acuerdo con el título VI del tratado sobre la Unión Europea (cooperación en los campos de la justicia y los asuntos internos) contemplan el tratamiento de datos personales. Disposiciones específicas relativas a la protección de datos están por consiguiente incluidas en estos instrumentos y en los reglamentos de aplicación. Por ejemplo, se han preparado reglas detalladas sobre la protección de datos para Europol, y se han estudiado otras reglas para el proyecto de Convenio Eurodac sobre las huellas dactilares de los solicitantes de asilo. En este tipo de instrumentos aprobados en virtud del título VI del tratado sobre la Unión Europea no se aplican las disposiciones de protección de datos de la Directiva, sino que se usan fórmulas específicas que no conceden a las personas físicas los mismos derechos o procedimientos de recurso y no se fundamentan en la misma forma de control independiente. Además, el Convenio sobre las decisiones de pérdida del derecho de conducir no incluye disposiciones sobre la protección de datos personales.

 

2.4. Schengen

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se han adherido al Acuerdo de Schengen que prevé una cooperación policial, aduanera y en materia de inmigración para compensar la supresión de los controles en las fronteras interiores.

Un aspecto esencial de estas medidas radica en la creación de un sistema de información común, el Sistema de Información Schengen (SIS). A este respecto, el acuerdo contiene también disposiciones sobre la protección de datos y prevé en particular la creación de una autoridad de control común compuesta por representantes de las autoridades nacionales de control de los países firmantes del Acuerdo de Schengen. Esta autoridad de control ha publicado recientemente su segundo informe de actividad, que cubre el período marzo 1997 – marzo 1998.

El Tratado de Amsterdam y los anexos prevén que el Acuerdo de Schengen deberá integrarse en el marco de la Unión Europea(15). La Conferencia intergubernamental ha esperado que el Consejo, en la fecha de la entrada en vigor del nuevo tratado, apruebe todas las medidas necesarias para este fin y que los trabajos preparatorios necesarios se acometan a tiempo. Esto es aplicable también a las disposiciones relativas a la protección de datos contenidas en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985.

 

2.5. Diálogo con terceros países sobre las cuestiones relativas a la protección de datos

La Directiva no sólo reglamenta el tratamiento de datos personales en la Unión Europea, sino también comprende disposiciones sobre el traspaso de datos a terceros países (artículos 25 y 26). El principio básico es que los Estados miembros no deberían permitir este tipo de traspasos más que cuando los terceros países interesados aseguren un nivel de protección adecuado. Puede ser que, en algunos casos, no quede asegurado un nivel de protección adecuado y, en el supuesto de que no sea aplicable ninguna de las excepciones previstas, los Estados miembros impedirían estos traspasos.

(15) Cfr. artículo 2, párrafo 1, segundo apartado, del protocolo anexo al Tratado de la Unión Europea y al tratado que establece la Comunidad Europea, integrando el Acuerdo de Schengen en el marco de la Unión Europea.

Este tipo de situación podría causar alteraciones importantes de los flujos de datos personales en todo el mundo, y por tanto del comercio internacional. Si bien es posible impedir estos traspasos de datos personales invocando el artículo XIV del AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de los servicios), sería preferible evitar recurrir a este tipo de acción. Una solución mucho más satisfactoria sería que estos terceros países hacia los cuales se traspasan datos con regularidad, creen un nivel de protección que se considerare satisfactorio.

La Unión Europea negocia acuerdos generales sobre un marco que rija las relaciones (cooperación, comercio) con un país tercero determinado. Estos acuerdos abarcan un amplio abanico de campos que van desde las cuestiones de política extranjera y seguridad hasta los aspectos comerciales y los problemas de desarrollo económico. Desde la aprobación de la Directiva sobre la protección de datos, los servicios de la Comisión han intentado incluir, directa o indirectamente, en estos acuerdos – durante su negociación -, la cuestión de la protección de la vida privada y los datos.

La Comisión ha discutido el problema de la protección de datos con varios terceros países y las disposiciones en la materia se han insertado en varios acuerdos internacionales, particularmente el reciente acuerdo marco con México (rubricado el 23 de julio de 1997).

El 5 de diciembre de 1997, la Unión Europea y los Estados Unidos firmaron una declaración común sobre el comercio electrónico, en la cual acuerdan ” obrar (… ) para asegurar una protección eficaz de la vida privada en el tratamiento de datos personales en redes de información globales” (sección 4.iv de la declaración conjunta).

 

3. EL CONSEJO DE EUROPA

El Consejo de Europa ha proseguido los trabajos que realiza regularmente sobre las cuestiones de protección de datos. El Comité de ministros aprobó dos recomendaciones que habían necesitado varios años de preparación. Se trata de la Recomendación Nº R (97) 5, aprobada el 13 de febrero de 1997, relativa a la protección de datos médicos y de la Recomendación Nº R (97) 18, aprobada el 30 de septiembre de 1997, sobre la protección de datos personales recogidos y tratados para fines estadísticos.

El Comité de protección de datos (CJ-PD) prosiguió su estudio de un proyecto de

Recomendación sobre la protección de datos personales recogidos y tratados para fines de seguros. Además, aprobó un proyecto de líneas directrices sobre la protección de datos con respecto a la recolección y tratamiento de datos personales en las autopistas de información. Este proyecto, que debería ser aprobado por el Comité de ministros al principio del año 1999, ha sido ya publicado para su consulta por las personas interesadas. Puede consultarse en el sitio Internet del Consejo de Europa.

Por otra parte, dos nuevos países se han adherido al Convenio 108: Suiza y Hungría.

Viniendo después de la adhesión de Eslovenia, esto lleva a 20 el número de partes contratantes del Convenio.

El Comité Consultivo del Convenio (T-PD) inició los trabajos para evaluar la necesidad de revisar el Convenio a la luz de las novedades de estos últimos años, particularmente en el campo de la tecnología. Además, siguiendo la petición de la Comunidad Europea de abrir negociaciones con miras a permitir su adhesión al Convenio(16), el Comité elaboró un proyecto de Protocolo que modifica el Convenio 108 para este fin.

La Comunidad, representada por la Comisión, puede ahora intervenir tanto en el seno del CJ-PD como del Comité Consultivo cuando los puntos bajo estudio entran en las competencias externas resultantes de las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE.

Este fue particularmente el caso de los textos anteriormente mencionados, recientemente aprobados o que están en preparación. Esta cooperación con el Consejo de Europa pretende asegurar una plena compatibilidad con las Directivas comunitarias.

 

4. PRINCIPALES NOVEDADES EN TERCEROS PAÍSES

 

4.1. Espacio Económico Europeo

La Directiva debería aplicarse también al Espacio Económico Europeo, una vez incorporada al acuerdo EEE. Los trabajos en vista de la transposición ya han comenzado en los países no comunitarios partes del acuerdo. Noruega e Islandia se han adherido al Convenio 108 del Consejo de Europa y tienen una legislación sobre la protección de datos. Representantes de las autoridades encargadas de la protección de datos en estos dos países han sido invitados a participar, en calidad de observadores, en las reuniones del Grupo de Trabajo. En Noruega, la inspección de la tecnología de la información (“Data Tilsynet”), tiene por misión asegurar la correcta aplicación de la Ley de 1978 sobre los ficheros de datos personales. La Inspección tiene un papel activo en la gestión de los flujos de información destinados al exterior. Recibe un gran número de peticiones de los medios y tiene un papel activo en la difusión de la información. Es responsable también de la elaboración de documentos informativos y de un informe anual y publica trimestralmente la revista SPOR(17).

(16) Decisión del Consejo de la Unión Europea de julio de 1997 que autoriza a la Comisión para abrir negociaciones sobre la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio 108.

(17) Todas las informaciones están disponibles en Internet (http://www.datatilsynet.no).

 

4.2. Países de Europa central y oriental

La Comisión, en su Libro Blanco que fijaba la estrategia de preparación para la adhesión a la Unión Europea de los países aspirantes de Europa central y oriental, ha recomendado, como primera etapa en el campo de la protección de datos, que estos países se adhieran al Convenio 108 del Consejo de Europa. En 1997, Hungría se adhirió a dicho convenio.

En 1997, la Comisión aprobó sus dictámenes sobre la apertura de negociaciones para la adhesión de los países de Europa central y oriental y Chipre. De manera sucinta, estos dictámenes(18) analizan en particular la situación en materia de protección de datos en estos países. Para el conjunto de los países aspirantes se aprobó una estrategia de preadhesión reforzada que permitiera a largo plazo la integración del 'acervo comunitario'. En este espíritu, se subrayó la importancia de las estructuras administrativas necesarias, tales como las autoridades de control independientes, para la aplicación efectiva del acervo comunitario'.

Algunos de estos países tienen una legislación sobre la protección de datos (Hungría, Estonia y Eslovenia en particular), y gran parte de los demás están aprobando tal legislación. Por ejemplo, Polonia aprobó una ley sobre la protección de datos el 29 de agosto de 1997 y la República Eslovaca aprobó su legislación el 3 de febrero de 1998. La ley polaca creó una autoridad de control independiente, la “Inspección general de la protección de datos personales”, que asumió su cargo al principio del año 1998.

Proyectos legislativos están en curso en otros países aspirantes, en particular en Bulgaria, en Letonia, en Rumania, en la República Checa y en Eslovenia.

 

4.3. Otros terceros países

En 1997, el debate sobre las cuestiones relacionadas con el respeto de la vida privada fue vivo en varios terceros países. Las novedades tecnológicas y sobre todo el desarrollo de la sociedad de la información animaron a los gobiernos, las asociaciones de consumidores, las empresas y las universidades a estudiar nuevamente las políticas existentes en la materia y a debatir nuevas políticas para el futuro. La aprobación de la Directiva europea dio un nuevo impulso a este debate.

Estas novedades se sintieron particularmente en los Estados Unidos donde varios organismos públicos han estudiado las cuestiones relativas a la protección de datos.

En 1997 y durante los primeros meses de 1998, la Federal Trade Commission prestó una creciente atención a los problemas relacionados con el respeto de la vida privada, en particular en el contexto de Internet y el comercio electrónico. Todos estos esfuerzos culminaron con una petición, en julio de 1998, a favor de la aprobación de una legislación que rija la protección de datos sobre los niños recogidos en Internet, y con una recomendación relativa a la protección de la vida privada de los adultos, recomendando la aprobación de una legislación si la autorregulación no progresaba suficientemente de aquí al final del año.

(18) Publicadas en el Boletín de la Unión Europea, Suplemento 6/97

La primera parte del año 1998 estuvo marcada por progresos en la política de la Casa Blanca a favor de la protección de datos y del respeto de la vida privada. El 31 de julio, el vicepresidente Al Gore anunció una serie de medidas dirigidas a la aprobación de una Carta de derechos (Bill of Rights) electrónica, en particular medidas dirigidas a reglamentación en materia de datos médicos y datos financieros, usurpación de la identidad y respeto de la vida privada de los niños, así como a favor de una autorreglamentación sectorial, en otros campos, provista de mecanismos eficaces para asegurar el respeto.

La Casa Blanca subrayó la importancia de estas cuestiones en su informe publicado en junio de 1997 titulado “Framework for Global Electronic Commerce” (Marco para el comercio electrónico mundial). Varios proyectos de ley fueron presentados al Congreso y reglamentos de aplicación fueron publicados por la FCC en el marco de la Ley de 1996 sobre las telecomunicaciones. Esta ley impone a los proveedores de servicios varias obligaciones específicas en materia del respeto de la vida privada. Estipula la confidencialidad de la información relativa a los abonados (Customer Proprietary Network Information), inclusive los datos sobre transacciones. La protección de la vida privada en los servicios en línea estuvo en el en el centro de las controversias suscitadas por el Communication Decency Act de 1996 (la Ley de 1996 sobre la decencia en las comunicaciones) y la política de la administración americana sobre criptografía. La sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo fue favorable a las opiniones de los “privacy advocates” (partidarios de la privacidad).

En Australia, el gobierno estudió las medidas del seguimiento del Libro blanco de 1996 y, en particular, la conveniencia de ampliar al sector privado la legislación sobre el respeto de la vida privada. La legislación actual se refiere sólo al sector público. En febrero de 1998 llegó la primera parte de un programa federal sobre el respeto de la vida privada (“National Privacy Scheme”) para Australia con la aprobación de un conjunto de principios sobre el tratamiento leal de la información personal, mientras que el Estado de Victoria siguió adelante, a principios de 1998, con sus planes sobre legislación de la privacidad “por defecto” para los sectores y las empresas que no se hicieran con iniciativas satisfactorias en materia de autoreglamentación.

En Japón, el trabajo iniciado por el MITI (Ministerio de Comercio e Industria) en cooperación con el sector privado tiene probabilidad de mejorar el nivel de la protección de datos en este país, si bien los esfuerzos se concentran especialmente en la promoción de la autorregulación.

 

5. OTRAS NOVEDADES A NIVEL INTERNACIONAL

 

5.1. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

La OCDE elaboró en 1996 líneas directrices que rigen la política de criptografía.

Estas líneas directrices reglamentan particularmente el acceso a los mensajes codificados facilitado a las autoridades por razones legítimas. Recomiendan la aprobación de un sistema de niveles “de confianza” a los cuales pueden confiarse las copias de las llaves criptográficas. Durante los debates, se planteó también la cuestión de la confidencialidad en relación con las reglas fijadas por la Directiva para el acceso de las autoridades a los datos personales. En el momento de la

aprobación final de las líneas directrices (en marzo de 1997), la Comisión Europea especificó que si los Estados miembros de la Comunidad Europea tienen la intención de aplicar estas líneas directrices, deben hacerlo cumpliendo las reglas establecidas en la Directiva.

 

6. ANEXOS

I. Estudios llevados a cabo para la Comisión Europea en el campo de la protección de datos

1) Les services en ligne et La protection des données et de la vie privée

Première Partie: Exposé de la situation générale

Deuxième Partie: Etudes de cas

2) On-line services and data protection and privacy: Regulatory responses

3) Existing case-law on compliance with data protection laws and principles in the Member States of the European Union

4) Handbook on Cost Effective Compliance with Directive 95/46/EC

5) IDA – Protection des données Secteurs de la santé et de la sécurité sociale

6) Elaboration d'une méthodologie pour évaluer l'adéquation du niveau de protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel

7) Preparation of a methodology for evaluating the adequacy of the level of protection of individuals with regard to the processing of personal data

8) IDA Projects : A Guide to Data Protection Compliance

9) Application of a methodology designed to assess the adequacy of the level of protection of individuals with regard to processing personal data :

Test of the method on several categories of transfer

10) The feasibility of a seamless system of data protection rules for the European Union

II. Lista de los miembros del Grupo de Trabajo con las direcciones y los números de fax de las autoridades respectivas.

AUSTRIA

FrauWaltraut KOTSCHY Representante

Bundeskanzleramt

Österreichische Datenschutzkommission

Ballhausplatz, 1

A – 1014 WIEN

Tel 43/1/531.15.26.79

Fax 43/1/531.15.26.90

Frau Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER

Suplente

Bundeskanzleramt

Österreichische Datenschutzkommission

Ballhausplatz, 1

A – 1014 WIEN

Tel 43/1/531.15.25.44

Fax 43/1/531.15.26.90

BÉLGICA

Monsieur Paul THOMAS Representante

Ministère de la Justice

Commission de la protection de la vie privée

Porte de Halle 5/8

B – 1000 BRUXELLES

Tel 32/2/542.72.00

Fax32/2/542.72.12

Mme Marie-Hélène DOULANGER Suplente

Ministère de la Justice

Commission de la protection de la vie privée

Boulevard de Waterloo, 115

B – 1000 BRUXELLES

Tel 32/2/542.72.00

Fax 32/2/542.72.12

DINAMARCA

Sr. Henrik WAABEN Representante Registertilsynet

Christians Brygge, 28 – 4

DK – 1559 KOEBENHAVN V

Tel 45/33/14.38.44

Fax 45/33/13.38.43 Sra. Lena ANDERSEN Suplente

Registertilsynet

Christians Brygge, 28 – 4

DK – 1559 KOEBENHAVN V

Tel 45/33/14.38.44

Fax 45/33/13.38.43

FINLANDIA

Sr. Reijo AARNIO Representante

Ministry of Justice

Office of the Data Protection Ombudsman

P.O. Box 315

FIN – 00181 HELSINKI

Tel 358/9/1825.1

Fax 358/9/1825.78.35

Sra. Maija KLEEMOLA Suplente

Ministry of Justice

Office of the Data Protection Ombudsman

P.O. Box 315

FIN – 00181 HELSINKI

Tel 358/0/1825.1

Fax 358/9/1825.78.35

FRANCIA

Monsieur Jacques FAUVET

Com. Nat. de l'Informat. et des Libertés

Rue Saint Guillaume, 21

F – 75340 PARIS CEDEX 7

Tel 33/1/53.73.22.22

Fax 33/1/53.73.22.00

M. Marcel PINET

Com. Nat. de l'Informat. et des Libertés

Rue Saint Guillaume, 21

F – 75340 PARIS CEDEX 7

Tel 33/1/53.73.22.22

Fax 33/1/53.73.22.00

ALEMANIA

Dr. Joachim JACOB Representante

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz

Dr. Stefan WALZ Suplente

Landesbeauftragter für den Datenschutz –

Postfach 20 01 12

D – 53131 DONN (Bad Godesberg)

Tel 49/228/819.95.30

Fax 49/228/819.95.50

Bremen

Postfach 10 03 80

D – 27503 BREMERHAVEN

Tel 49/471/92.46.10

Fax 49/471/924.61.28

Frau Vera POHLER Suplente Innenministerium des Landes Nordrhein-

Westphalen

Haroldstr. 5

D-40190 Düsseldorf

Tel 49/211/871.22.51

Fax 49/211/871.23.40

GRECIA

Sr. Constantin DAFERMOS Representante

Ministry of Justice

Athens

Prof. Nicos C. ALIVIZATOS Representante

Hellenic Data Protection Authority

12, Valaoritou Street

EL-10671 Athens

Tel 30/1/36.13.117

Fax 30/1/36.29.047

IRLANDA

Mr. Fergus GLAVEY Representante

Data Protection Commissioner

Irish Life Centre, Block 4

Talbot Street

IRL – DUBLIN 1

Tel 353/1/874.85.44

Fax 353/1/874.54.05

Mr. Greg HEYLIN Suplente

Data Protection Commissioner

Irish Life Centre, Block 4

Talbot Street

IRL – DUBLIN 1

Tel 353/1/874.85.44

Fax 353/1/874.54.05

ITALIA

Prof. Stefano RODOTA Representante

Garante per la protezione dei dati personali

Largo del Teatro Valle, 6

I – 00186 ROMA

Tel 39/06/681.861

Fax 39/06/681.86.69

Sr. Giovanni BUTTARELLI Suplente

Garante per la protezione dei dati personali

Largo del Teatro Valle, 6

I – 00186 ROMA

Tel 39/06/681.8637 direct

Fax 39/06/681.86.69

LUXEMBURGO

Monsieur René FABER Representante

Commission à la Protection des Données

Nominatives

Ministère de la Justice

Boulevard Royal , 15

L – 2934 LUXEMDOURG

Tel 352/478.45.46

Fax 352/478.45.15

PAÍSES BAJOS

Sr. Peter HUSTINX Representante

Registratiekamer

Prins Clauslaan 20

Postbus 93374

Sr. Ulco VAN DE POL Suplente

Registratiekamer

Juliana van Stolberglaan, 2

Postbus 93374

NL – 2509 AJ 's-GRAVENHAGE

Tel 31/70/381.13.00

Fax 31/70/381.13.01

NL – 2509 AJ 's-GRAVENHAGE

Tel 31/70/381.13.00

Fax 31/70/381.13.01

Sra. Diana ALONSO BLAS Suplente

Registratiekamer

Prins Clauslaan 20

P.O. Box 93374

NL-2509 AJ's-GRAVENHAGE

Tel 31/70/381.13.12

Fax 31/70/381.13.01

PORTUGAL

Sr. Joaquim de SEABRA LOPES Representante

Com. Nac. de Protecçao de Dados Pessoais

Informat.

Av. 5 de Outubro, 202

P – 1064 LISDOA

Tel 351/1/795.23.58

Fax 351/1/795.13.53

Sr. Nuno MORAIS SARMENTO Suplente

Com. Nac. de Protecçao de Dados Pessoais

Informat.

Rua de S. Bento, 148, 3

P – 1200 LISDOA

Tel 351/1/396.62.28

Fax 351/1/397.68.32

ESPAÑA

D. Juan Manuel FERNÁNDEZ LÓPEZ

Representante

Agencia de Protección de Datos

Paseo de la Castellana, N 41, 5a planta

E – 28046 MADRID

Tel 34/91/308.40.17

Fax 34/91/308.46.92

D. Javier APARICIO SALOM Suplente

Agencia de Protección de Datos

Paseo de la Castellana, N 41, 5a planta

E – 28046 MADRID

Tel 34/91/308.45.79

Fax 34/91/308.46.92

SUECIA

Sra. Anitha DONDESTAM Representante

Datainspecktionen

Fleminggatan, 14

9th Floor

Box 8114

S – 104 20 STOCKHOLM

Tel 46/8/657.61.00

Fax 46/8/652.86.52

Sr. Ulf WIDEBÄCK Suplente

Datainspecktionen

Fleminggatan, 14

9th Floor

Box 8114

S – 104 20 STOCKHOLM

Tel 46/8/657.61.00

Fax 46/8/652.86.52

Sr. Leif LINDGREN Suplente

Datainspektionen

Box 8114

S-104 20 STOCKHOLM

Tel 46/8/657.61.00

Fax 46/8/650.86.13

REINO UNIDO

Sra. Elizabeth FRANCE Representante

The Office of the Data Protection Registrar

Water Lane

Wycliffe House

UK – WILMSLOW – CHESHIRE SK9 5AF

Tel 44/1625/53.57.11

Sr. Francis ALDHOUSE Suplente

The Office of the Data Protection Registrar

Water Lane

Wycliffe House

UK – WILMSLOW – CHESHIRE SK9 5AF

Tel 44/1625/53.57.11

Fax 44/1625/52.45.10 Fax 44/1625/52.45.10

ISLANDIA

Sra. Sigrún JÓHANNESDÓTTIR Observador

Ministry of Justice

Data Protection Commission

Arnarhvoll

IS – 150 REYKJAVIK

Tel 354/560.90.10

Fax 354/552.73.40

NORUEGA

Sr. Georg APENES Observador

Datatilsynet

The Data Inspectorate

P.B. 8177 Dep

N – 0034 OSLO

Tel 47/22/42.19.10

Fax 47/22/42.23.50

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 1998

Por el Grupo de Trabajo

P.J. HUSTINX

Presidente

01Ene/14

Resolución Suprema nº 118-2010-EF de 4 noviembre 2010, ratifican acuerdo de PROINVERSIÓN que aprueban la modalidad y el plan de promoción de la inversión privada del proyecto servicio de Vigilancia Electrónica Personal bajo el marco del Decreto Legislativ

Lima, 4 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema nº 1082010EF, publicada con fecha 6 de octubre de 2010, se ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada  PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de fecha 2 de setiembre de 2010, mediante el cual se acordó incorporar al proceso de promoción de la inversión privada el Servicio de Vigilancia Electrónica Personal, aprobado mediante la Ley nº 29499 y reglamentado mediante Decreto Supremo nº 0132010JUS, bajo los mecanismos establecidos en el Decreto Legislativo nº 674, sus normas complementarias, reglamentarias y conexas;

Que, en sesión del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, de fecha 14 de octubre de 2010, se acordó que la modalidad bajo la cual se promoverá la inversión privada en el proyecto Servicio de Vigilancia Electrónica Personal, será la señalada en el literal c) del artículo 2 del Decreto Legislativo nº 674;

Que, asimismo en la sesión indicada en el considerando precedente, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada del proyecto Servicio de Vigilancia Electrónica Personal, conforme a lo establecido en el Inciso 3 del artículo 4 del Decreto Legislativo nº 674;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto Legislativo nº 674, los acuerdos señalados en los considerandos precedentes deben ser ratificados por resolución suprema;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto Legislativo nº 674 y la Ley nº 26440;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de fecha 14 de octubre de 2010, mediante el cual se acordó aprobar que la modalidad bajo la cual se promoverá la inversión privada en el proyecto Servicio de Vigilancia Electrónica Personal, será la señalada en el literal c) del artículo 2 del Decreto Legislativo nº 674.

Artículo 2º.- Ratificar el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de fecha 14 de octubre de 2010, mediante el cual se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada del proyecto Servicio de Vigilancia Electrónica Personal, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 4 del Decreto Legislativo nº 674.

Artículo 3º.- La presente resolución suprema será refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE, Ministro de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho del Ministerio de Economía y Finanzas

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA, Ministra de Justicia 

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DE 9 DE MARZO DE 2010

En el asunto C-518/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 22 de noviembre de 2007,

 

Comisión Europea, representada por los Sres. C. Docksey, C. Ladenburger y H. Krämer, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, parte demandante,

apoyada por: Supervisor Europeo de Protección de Datos, representado por los Sres. H. Hijmans y A. Scirocco, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, parte coadyuvante,

contra República Federal de Alemania, representada por los Sres. M. Lumma y J. Möller, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, parte demandada,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot y E. Levits, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, K. Schiemann (Ponente), J.-J. Kasel, M. Safjan y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazák;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de noviembre de 2009;

dicta la siguiente

 

Sentencia

 

1.- Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), al someter a la tutela del Estado a las autoridades de control competentes para vigilar en los diferentes Länder el tratamiento de datos personales en el sector no público, y al haber adaptado así incorrectamente su normativa nacional a la exigencia de “total independencia” de las autoridades encargadas de garantizar la protección de estos datos.

 

Marco jurídico

 

La normativa comunitaria

 

2.- La Directiva 95/46 fue adoptada sobre la base del artículo 100 A del Tratado CE (posteriormente, tras su modificación, artículo 95 CE) con objeto de armonizar las legislaciones nacionales en materia de tratamiento de datos personales.

 

3.- Los considerandos 3, 7, 8, 10 y 62 de la citada Directiva señalan lo siguiente:

“3) Considerando que el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, dentro del cual está garantizada, con arreglo al artículo 7 A del Tratado [CE (posteriormente, tras su modificación, artículo 14 CE)], la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, hacen necesaria no sólo la libre circulación de datos personales de un Estado miembro a otro, sino también la protección de los derechos fundamentales de las personas;

[…]

7) Considerando que las diferencias entre los niveles de protección de los derechos y libertades de las personas y, en particular, de la intimidad, garantizados en los Estados miembros por lo que respecta al tratamiento de datos personales, pueden impedir la transmisión de dichos datos del territorio de un Estado miembro al de otro; que, por lo tanto, estas diferencias pueden constituir un obstáculo para el ejercicio de una serie de actividades económicas a escala comunitaria, falsear la competencia e impedir que las administraciones cumplan los cometidos que les incumben en virtud del Derecho comunitario; que estas diferencias en los niveles de protección se deben a la disparidad existente entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros;

8) Considerando que, para eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas, por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos, debe ser equivalente en todos los Estados miembros; que ese objetivo, esencial para el mercado interior, no puede lograrse mediante la mera actuación de los Estados miembros, teniendo en cuenta, en particular, las grandes diferencias existentes en la actualidad entre las legislaciones nacionales aplicables en la materia y la necesidad de coordinar las legislaciones de los Estados miembros para que el flujo transfronterizo de datos personales sea regulado de forma coherente y de conformidad con el objetivo del mercado interior definido en el artículo 7 A del Tratado; que, por tanto, es necesario que la Comunidad intervenga para aproximar las legislaciones;

[…]

10) Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], así como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad;

[…]

62) Considerando que la creación de una autoridad de control que ejerza sus funciones con plena independencia en cada uno de los Estados miembros constituye un elemento esencial de la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales”.

 

4.- El artículo 1 de la Directiva 95/46, titulado “Objeto de la Directiva”, preceptúa:

“1.- Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.

2.- Los Estados miembros no podrán restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros por motivos relacionados con la protección garantizada en virtud del apartado 1.”

 

5.- El artículo 28 de la Directiva 95/46, titulado “Autoridad de control”, dispone:

“1.- Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva.

Estas autoridades ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia.

2.- Los Estados miembros dispondrán que se consulte a las autoridades de control en el momento de la elaboración de las medidas reglamentarias o administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal.

3.- La autoridad de control dispondrá, en particular, de:

–  poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;

– poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de formular dictámenes antes de realizar los tratamientos, con arreglo al artículo 20, y garantizar una publicación adecuada de dichos dictámenes, o el de ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisional o definitivamente un tratamiento, o el de dirigir una advertencia o amonestación al responsable del tratamiento o el de someter la cuestión a los parlamentos u otras instituciones políticas nacionales;

– capacidad procesal en caso de infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva o de poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad judicial.

Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso jurisdiccional.

4.- Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier asociación que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.

Toda autoridad de control entenderá, en particular, de las solicitudes de verificación de la licitud de un tratamiento que le presente cualquier persona cuando sean de aplicación las disposiciones nacionales tomadas en virtud del artículo 13 de la presente Directiva. Dicha persona será informada en todos los casos de que ha tenido lugar una verificación.

5.- Toda autoridad de control presentará periódicamente un informe sobre sus actividades. Dicho informe será publicado.

6.- Toda autoridad de control será competente, sean cuales sean las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para ejercer en el territorio de su propio Estado miembro los poderes que se le atribuyen en virtud del apartado 3 del presente artículo. Dicha autoridad podrá ser instada a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.

Las autoridades de control cooperarán entre sí en la medida necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en particular mediante el intercambio de información que estimen útil.

7.- Los Estados miembros dispondrán que los miembros y agentes de las autoridades de control estarán sujetos, incluso después de haber cesado en sus funciones, al deber de secreto profesional sobre informaciones confidenciales a las que hayan tenido acceso.”

 

6.- El Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), fue adoptado con fundamento en el artículo 286 CE. Según el artículo 44, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento:

“1.- El Supervisor Europeo de Protección de Datos [en lo sucesivo, SEPD] actuará con total independencia en el ejercicio de sus funciones.

2.- En el ejercicio de sus funciones [el SEPD] no solicitará ni admitirá instrucciones de nadie.”

 

La normativa nacional

 

7.- El Derecho alemán distingue en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en función de que dicho tratamiento lo efectúen organismos públicos o no.

 

8.- En efecto, son diferentes las autoridades encargadas de controlar el respeto de la normativa en esta materia por los organismos públicos, por una parte, y por los organismos no públicos y por las empresas públicas que compiten en el mercado, por otra parte (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) (en lo sucesivo, conjuntamente, “sector no público”).

 

9.- El tratamiento de datos personales efectuado por los organismos públicos se vigila, a escala federal, por el Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (delegado federal para la protección de datos y la libertad de información) y, en los Länder, por los Landesdatenschutzbeauftragte (delegados para la protección de datos de los Länder). Todos estos delegados son responsables únicamente ante su respectivo Parlamento y normalmente no están sometidos a ninguna clase de tutela, instrucciones o influencia de otro tipo por parte de los organismos públicos sujetos a su control.

 

10.- En cambio, la estructura de las autoridades encargadas de vigilar el tratamiento de estos datos por el sector no público varía de un Land a otro. No obstante, todos los ordenamientos jurídicos de los Länder coinciden en someter expresamente a dichas autoridades de control a la tutela del Estado.

 

El procedimiento administrativo previo y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia

 

11.- Al considerar que no es compatible con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, someter a la tutela del Estado a las autoridades encargadas de vigilar el respeto de la normativa en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por el sector no público, como sucede en todos los Länder alemanes, el 5 de julio de 2005 la Comisión envió un escrito de requerimiento a la República Federal de Alemania, que contestó mediante escrito de 12 de septiembre de 2005, afirmando que el sistema alemán de control en esta materia es conforme a lo dispuesto en dicha Directiva. El 12 de diciembre de 2006 la Comisión envió un dictamen motivado a la República Federal de Alemania en el que reiteraba la imputación formulada anteriormente. Esta última contestó el 14 de febrero de 2007 reafirmándose en su posición inicial.

 

12.- Dadas estas circunstancias, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

 

13.- Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2008, se admitió la intervención en el presente asunto del SEPD, en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

 

Sobre el recurso

 

Alegaciones de las partes

 

14.- El presente litigio gira en torno a dos concepciones contrapuestas que mantienen la Comisión, apoyada por el SEPD, y la República Federal de Alemania, sobre la expresión “con total independencia” que figura en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, y sobre el ejercicio de las funciones de las autoridades de control en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

 

15.- Según la Comisión y el SEPD, que se basan en una interpretación amplia de la expresión “con total independencia”, la exigencia de que las autoridades de control ejerzan sus funciones con “total independencia” debe interpretarse en el sentido de que dichas autoridades han de estar exentas de toda influencia, tanto si ésta es ejercida por otras autoridades como si es ajena a la Administración. Por ello, la tutela del Estado a la que están sometidas en Alemania las autoridades encargadas de controlar el respeto de la normativa en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en el sector no público supone, en su opinión, incumplir dicha exigencia.

 

16.- La República Federal de Alemania defiende, por su parte, una interpretación más estricta de la expresión “con total independencia” y alega que el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 exige la independencia funcional de las autoridades de control, en el sentido de que éstas deben ser independientes del sector no público sujeto a su control y no deben estar expuestas a influencias externas. Ahora bien, según la parte demandada, la tutela que el Estado ejerce en los Länder alemanes no constituye tal influencia externa, sino un mecanismo de vigilancia interna de la Administración, que llevan a cabo autoridades incardinadas en la misma estructura administrativa a la que pertenecen las autoridades de control y, como éstas, obligadas a cumplir los objetivos de la Directiva 95/46.

 

Apreciación del Tribunal de Justicia

 

Sobre el alcance de la exigencia de independencia de las autoridades de control

 

17.- La apreciación del fundamento del presente recurso depende del alcance de la exigencia de independencia que establece el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 y, por tanto, de la interpretación del mismo. En este contexto, debe tenerse en cuenta tanto el tenor literal de dicho precepto como los objetivos y el sistema de la Directiva.

 

18.- Por lo que atañe, en primer lugar, al tenor literal del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, dado que ésta no define la expresión “con total independencia”, se debe atender a su significado habitual. Cuando se trata de un órgano público, el término “independencia” se refiere normalmente al estatuto que le garantiza la posibilidad de actuar con plena libertad, a resguardo de cualquier tipo de instrucciones o presiones.

 

19.- En contra de lo alegado por la República Federal de Alemania, nada indica que la exigencia de independencia se refiera exclusivamente a la relación entre las autoridades de control y los organismos sujetos a su control. Por el contrario, el término “independencia” viene reforzado por el adjetivo “total”, lo que implica una facultad de decisión exenta de toda influencia externa a la autoridad de control, ya sea directa o indirecta.

 

20 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a los objetivos de la Directiva 95/46, de sus considerandos 3, 7 y 8, en particular, se desprende que, mediante la armonización de las legislaciones nacionales que protegen a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, dicha Directiva tiene por objeto, principalmente, garantizar la libre circulación de estos datos entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, Rec. p. I-4989, apartados 39 y 70), necesaria para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, en el sentido del artículo 14 CE, apartado 2.

 

21.- Ahora bien, la libre circulación de datos personales puede vulnerar el derecho al respeto de la vida privada reconocido, en particular, en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de febrero de 2000, Amann c. Suiza, Recueil des arrêts et décisions 2000-II, §§ 69 y 80; y de 4 de mayo de 2000, Rotaru c. Rumania,Recueil des arrêts et décisions 2000-V, §§ 43 y 46), así como por los principios generales del Derecho comunitario.

22.- Por ello, también es un objetivo de la Directiva 95/46, tal y como se desprende principalmente de su considerando 10 y de su artículo 1, no disminuir la protección que garantizan las legislaciones nacionales en vigor, sino, por el contrario, asegurar en el seno de la Comunidad un alto nivel de protección de las libertades y derechos fundamentales en lo que respecta al tratamiento de datos personales (véanse, en este sentido, las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, antes citada, apartado 70, y de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C-73/07, Rec. p. I-9831, apartado 52).

 

23.- Así pues, las autoridades de control previstas en el artículo 28 de la Directiva 95/46 son las guardianas de los mencionados derechos y libertades fundamentales, y, como señala el considerando 62 de dicha Directiva, se estima que su creación en cada uno de los Estados miembros constituye un elemento esencial de la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

 

24.- A fin de garantizar esa protección, las autoridades de control han de establecer un justo equilibrio entre el respeto del derecho fundamental a la intimidad y los intereses que requieren la libre circulación de datos personales. Por otra parte, en virtud del artículo 28, apartado 6, de la Directiva 95/46, las autoridades nacionales cooperarán entre sí, y, llegado el caso, incluso podrán ser instadas a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.

 

25.- La garantía de independencia de las autoridades de control nacionales trata de asegurar un control eficaz y fiable del respeto de la normativa en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y debe interpretarse a la luz de dicho objetivo. La garantía de independencia no se ha establecido para conceder un estatuto particular a esas autoridades mismas o a sus agentes, sino para reforzar la protección de las personas y de los organismos afectados por sus decisiones. De lo anterior resulta que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades de control deben actuar con objetividad e imparcialidad, y, para ello, han de estar a resguardo de toda influencia externa, incluida la ejercida directa o indirectamente por el Estado o por los Länder, y no solamente de la de los organismos sujetos a control.

 

26.- Por lo que respecta, en tercer lugar, al sistema de la Directiva 95/46, ésta debe considerarse afín al artículo 286 CE y al Reglamento nº 45/2001. Estas últimas normas se refieren al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones y órganos comunitarios, así como a la libre circulación de estos datos. La citada Directiva tiene los mismos objetivos, si bien en relación con el tratamiento de dichos datos en los Estados miembros.

 

27.- De la misma manera que existen órganos de control a escala nacional, se ha creado a escala comunitaria un órgano de control encargado de vigilar la aplicación de la normativa en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, a saber, el SEPD. De acuerdo con el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 45/2001, dicho órgano actuará con total independencia en el ejercicio de sus funciones. El apartado 2 del artículo citado precisa el concepto de independencia al añadir que, en el ejercicio de sus funciones, el SEPD no solicitará ni admitirá instrucciones de nadie.

 

28.- Habida cuenta de que tanto el artículo 44 del Reglamento nº 45/2001 como el artículo 28 de la Directiva 95/46 se basan en el mismo concepto general, ambas disposiciones deben interpretarse de manera homogénea, de modo que no sólo la independencia del SEPD, sino también la de las autoridades nacionales, suponen que no exista ninguna instrucción relativa al ejercicio de sus funciones.

 

29.- Sobre la base del propio tenor literal del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, así como de los objetivos y el sistema de ésta, es posible llegar a una interpretación clara de dicho precepto. Por tanto, no es necesario tener en cuenta la génesis de la Directiva citada ni pronunciarse sobre las alegaciones, contradictorias a este respecto, de la Comisión y de la República Federal de Alemania.

 

30.- Por todo ello, el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que las autoridades de control competentes para vigilar el tratamiento de datos personales en el sector no público han de disfrutar de la independencia que les permita ejercer sus funciones sin influencia externa. Esta independencia excluye no sólo cualquier influencia que pudieran ejercer los organismos sujetos a control, sino también toda orden o influencia externa, directa o indirecta, que pudiera poner en peligro el cumplimiento de la tarea que corresponde a dichas autoridades de establecer un justo equilibrio entre la protección del derecho a la intimidad y la libre circulación de datos personales.

 

Sobre la tutela del Estado

 

31.- Seguidamente debe examinarse si la tutela del Estado a la que están sometidas en Alemania las autoridades de control en materia de tratamiento de datos personales por el sector no público es compatible con la exigencia de independencia, tal y como ésta ha sido precisada.

 

32.- A este respecto, ha de señalarse que la tutela del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, permite en principio al Gobierno del Land interesado o a un órgano de la administración dependiente de dicho Gobierno influir, directa o indirectamente, en las decisiones de las autoridades de control o, incluso, anular o sustituir estas decisiones.

 

33.- Ciertamente, hay que admitir a priori, como alega la República Federal de Alemania, que la tutela del Estado sólo pretende garantizar que las autoridades de control actúen conforme a las disposiciones nacionales y comunitarias aplicables, y que, por tanto, su finalidad no es obligar a dichas autoridades a perseguir, eventualmente, objetivos políticos contrarios a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a los derechos fundamentales.

 

34.- No obstante, no se puede descartar que las autoridades de tutela, que forman parte de la Administración general y, por tanto, están sometidas al Gobierno de su respectivo Land, no sean capaces de actuar de forma objetiva al interpretar y aplicar la normativa en materia de tratamiento de datos personales.

 

35.- En efecto, como señala el SEPD en sus observaciones, el Gobierno del Land interesado puede tener interés en no observar la normativa relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales cuando dicho tratamiento se efectúa por el sector no público. El propio Gobierno podría ser parte interesada en el tratamiento de datos, si participara o si pudiera participar en éste, por ejemplo en el supuesto de una colaboración entre los sectores público y privado o bien en el contexto de contratos públicos con el sector privado. Dicho Gobierno podría tener también un interés concreto si necesitara, o simplemente le resultase útil, acceder a bases de datos para cumplir algunos de sus cometidos, especialmente con fines tributarios o punitivos. Por otra parte, ese mismo Gobierno podría igualmente inclinarse por favorecer a determinados intereses económicos cuando se aplicase dicha normativa por algunas sociedades importantes, desde un punto de vista económico, para el Land o región.

 

36.- Además, debe subrayarse que la mera posibilidad de que las autoridades de tutela puedan ejercer influencia política sobre las decisiones de las autoridades de control es suficiente para obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones de éstas. Por un lado, como señaló la Comisión, podría darse en tal caso una “obediencia anticipada” de las autoridades de control a la vista de la práctica decisoria de la autoridad de tutela. Por otro, el papel de guardianas del derecho a la intimidad que asumen las autoridades de control exige que sus decisiones y, por tanto, ellas mismas, estén por encima de toda sospecha de parcialidad.

 

37.- Habida cuenta de las consideraciones anteriores, ha de declararse que la tutela del Estado ejercida sobre las autoridades de control alemanas competentes para vigilar el tratamiento de datos personales en el sector no público no es compatible con la exigencia de independencia, tal y como ésta ha sido precisada en el apartado 30 de la presente sentencia.

 

Sobre los principios del Derecho comunitario invocados por la República Federal de Alemania

 

38.- La República Federal de Alemania adujo que se quebrantarían diversos principios del Derecho comunitario si se interpretara la exigencia de independencia que figura en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 de modo que obligara a dicho Estado miembro a abandonar su sistema, contrastado y eficaz, de tutela de las autoridades de control en materia de tratamiento de datos personales en el sector no público.

 

39.- En primer lugar, dicho Estado miembro sostiene que el principio de democracia, en particular, se opone a una interpretación amplia de la referida exigencia de independencia.

 

40.- Este principio, que, en su opinión, se recoge no sólo en la Constitución alemana, sino también en el artículo 6 UE, apartado 1, requiere la sujeción de la Administración a las instrucciones del Gobierno, que es responsable ante el Parlamento. De esta manera, las intervenciones relativas a los derechos de los ciudadanos y de las empresas deben estar sujetas al control de legalidad por parte del ministro competente. Dado que las autoridades de control en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta el tratamiento de datos personales disponen de determinados poderes de intervención frente a ciudadanos y al sector no público en virtud del artículo 28, apartado 3, de la Directiva 95/46, afirma que es absolutamente necesario un mayor control de la legalidad de su actuación mediante instrumentos de control de la legalidad o del fondo.

 

41.- A este respecto, ha de recordarse que el principio de democracia es un principio del Derecho comunitario recogido expresamente en el artículo 6 UE, apartado 1, como uno de los fundamentos de la Unión Europea. Al ser un principio común a los Estados miembros, debe tomarse en consideración cuando se interprete un acto de Derecho derivado, como es el caso del artículo 28 de la Directiva 95/46.

 

42.- Este principio no se opone a la existencia de autoridades públicas al margen de la Administración jerarquizada clásica y más o menos independientes del Gobierno. La existencia y requisitos de funcionamiento de esas autoridades se regulan, en los Estados miembros, mediante ley, e incluso, en algunos de ellos, mediante la Constitución, y esas autoridades están sujetas a la ley, bajo el control del juez competente. Este tipo de autoridades administrativas independientes, que también existen en el sistema jurídico alemán, ejercen con frecuencia una función reguladora o de otro tipo que exige que deban estar protegidas de la influencia política, sin dejar por ello de estar sujetas a la ley, bajo al control del juez competente. Esto es lo que sucede, precisamente, con las funciones de las autoridades de control en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

 

43.- Ciertamente, no se puede concebir la inexistencia total de influencia parlamentaria sobre dichas autoridades. Sin embargo, debe subrayarse que la Directiva 95/46 no impone en modo alguno a los Estados miembros semejante inexistencia total de influencia parlamentaria.

 

44.- Así pues, por una parte, el Parlamento o el Gobierno pueden nombrar a las personas que asumen la dirección de las autoridades de control y, por otra, el legislador puede determinar las competencias de dichas autoridades.

 

45.- Además, el legislador puede imponer a las autoridades de control la obligación de rendir cuentas de su actuación ante el Parlamento. Se puede observar una semejanza con el artículo 28, apartado 5, de la Directiva 95/46, según el cual toda autoridad de control presentará periódicamente un informe sobre sus actividades, que será publicado.

 

46.- Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el hecho de conceder a las autoridades de control en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en el sector no público un estatuto independiente de la Administración general no priva, por sí mismo, a dichas autoridades de su legitimidad democrática.

 

47.- En segundo lugar, por lo que se refiere al principio de competencias de atribución, reconocido en el artículo 5 CE, párrafo primero, invocado también por la República Federal de Alemania, el mismo obliga a la Comunidad a actuar únicamente dentro de los límites de las competencias que le ha atribuido el Tratado CE y de los objetivos establecidos por éste.

 

48.- En este contexto, la República Federal de Alemania alega que no se puede exigir la independencia de las autoridades de control respecto a las autoridades administrativas de rango superior en virtud del artículo 100 A del Tratado CE, en el que se basa la Directiva 95/46.

 

49.- Dicho artículo habilita al legislador comunitario para adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior, medidas que deben tener efectivamente dicho objeto, contribuyendo a eliminar obstáculos a las libertades económicas garantizadas por el Tratado CE [véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 5 de octubre de 2000, Alemania/Parlamento y Consejo, C-376/98, Rec. p. I-8419, apartados 83, 84 y 95; de 10 de diciembre de 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, apartado 60; y de 2 de mayo de 2006, Parlamento/Consejo, C-436/03, Rec. p. I-3733, apartado 38].

 

50.- Como se ha señalado con anterioridad, la independencia de las autoridades de control, en la medida en que exige que las mismas estén exentas de toda influencia externa que pueda orientar sus decisiones, es un elemento esencial para los objetivos de la Directiva 95/46. Es necesaria para crear, en cada Estado miembro, un nivel igualmente elevado de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, contribuyendo así a la libre circulación de datos, necesaria para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior.

 

51.- Por todo ello, una interpretación amplia de la exigencia de independencia de las autoridades de control no excede de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad conforme al artículo 100 A del Tratado CE, que constituye la base jurídica de la Directiva 95/46.

 

52.- En tercer lugar, la República Federal de Alemania invoca los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, contemplados en el artículo 5 CE, párrafos segundo y tercero, así como el principio de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias, recogido en el artículo 10 CE.

 

53.- Dicha parte alude, en particular, al punto 7 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, incorporado como anexo al Tratado UE y al Tratado CE por el Tratado de Amsterdam, en cuya virtud, habrá que velar por que se respeten simultáneamente el Derecho comunitario y las disposiciones nacionales bien establecidas así como el ordenamiento y el funcionamiento de los regímenes jurídicos de los Estados miembros.

 

54.- La República Federal de Alemania considera que es contrario a dicha exigencia obligarla a adoptar un sistema ajeno a su ordenamiento jurídico y, de esa manera, abandonar un sistema de control eficaz y contrastado desde hace casi treinta años, que ha constituido un modelo para la legislación en materia de protección de datos cuya proyección se ha extendido bastante más allá de sus fronteras.

 

55.- Esta alegación no puede acogerse. En efecto, como se ha indicado en los apartados 21 a 25 y en el apartado 50 de la presente sentencia, interpretar la exigencia de independencia que figura en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, en el sentido de que se opone a la tutela del Estado no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado CE.

 

56.- Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, al someter a la tutela del Estado a las autoridades de control competentes para vigilar en los diferentes Länder el tratamiento de datos personales en el sector no público, y al haber adaptado así incorrectamente su normativa nacional a la exigencia de que dichas autoridades ejerzan sus funciones con “total independencia”.

 

Costas

 

57.- En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la Comisión ha pedido que se condene en costas a la República Federal de Alemania y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

 

58.- El SEPD cargará con sus propias costas.

 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

 

1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al someter a la tutela del Estado a las autoridades de control encargadas de vigilar en los diferentes Länder el tratamiento de datos personales efectuado por los organismos no públicos y las empresas públicas que compiten en el mercado (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen), y al haber adaptado así incorrectamente su normativa nacional a la exigencia de que dichas autoridades ejerzan sus funciones con “total independencia”.

 

2) La República Federal de Alemania cargará con las costas de la Comisión Europea.

 

3) El Supervisor Europeo de Protección de Datos cargará con sus propias costas.

 

Firmas

 

01Ene/14

Tribunal de grande instance de Paris, référé 14 avril 2008

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2008 par Mme Bénédicte S., puis ses conclusions suivant lesquelles il est pour l’essentiel demandé en référé de :

Vu l’article 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les articles 3 du code civil et 809 du code de procédure civile,

constater que l’archivage sur le service Google Groupes des messages publiés par Madame S. sur les forums Usenet est contraire aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 janvier 1978,

constater qu’en ne répondant pas aux demandes de suppression de ses messages, les sociétés Google Inc. et Google France ont violé les dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 sur le droit d’opposition,

En conséquence,

ordonner aux sociétés Google Inc. et Google France de supprimer définitivement des bases de données des serveurs du service Google Groupes l’intégralité des messages postés par Madame Bénédicte S. sur les groupes et forums de discussion internet, et notamment avec les adresses [email protected], [email protected], [email protected], ainsi que toute information relative à ses prénom et nom stockée dans les index ou la mémoire cache du moteur de recherche de Google Groupes, sous astreinte de 1000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

se réserver la liquidation de l’astreinte,

condamner in solidum les sociétés Google Inc. et Google France à payer à Mme S. une somme de 20 000 € de dommages et intérêts à titre provisionnel pour atteinte à sa vie privée, de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;

Vu les conclusions des sociétés Google France et Google lncorporated, société de droit américain de l’Etat de Californie, qui demandent essentiellement de :

prononcer la mise hors de cause de Google France qui n’exploite pas le service litigieux et n’est pas la représentante ni la mandataire de Google lnc.,

constater que la loi française n’a pas vocation à s’appliquer à ce litige, aucun serveur de Google Inc. n’étant situé sur le territoire français, Google Inc. ne disposant ni n’utilisant aucun moyen de traitement de données à caractère personnel sur ce territoire, et constater que la demanderesse n’invoque aucun manquement à la loi applicable de I’Etat de Californie,

constater qu’en tout état de cause la loi du 6 janvier 1978 n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de tout traitement de données à caractère personnel,

dire que Mme Bénédicte S. ne justifie ni d’une demande d’opposition à la conservation de ses données à caractère personnel apparaissant au travers de ses messages postés sur les forums de discussion adressés à Google Inc. et répondant aux exigences de forme résultant du décret du 20 octobre 2005, ni d’une tentative soldée par un échec de mise en oeuvre de la procédure de retrait en ligne des messages mise en place par Google Inc.,

constater l’absence de tout trouble illicite et a fortiori manifestement illicite, comme l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision, et débouter Mme Bénédicte S. de l’ensemble de ses demandes,

condamner Mme Bénédicte S. au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu la décision rendue le 17 mars 2008, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 27 février 2008, ordonnant la réouverture des débats aux fins d’obtenir notamment des sociétés défenderesses copie de leurs statuts, de la loi de l’Etat de Californie relative à la protection des données personnelles, et invitant les parties à s’expliquer plus complètement si nécessaire au vu de ces éléments sur l’application de la loi française ou de la loi de l’Etat de Californie ;

Les parties entendues à l’audience tenue le 31 mars 2008 en leurs explications complémentaires orales;

DISCUSSION

Mme Bénédicte S. expose que Usenet, ensemble de groupes de discussion rassemblant sur un mode hiérarchisé des contributions sur un sujet précis créé en 1979, est le plus ancien service de ce type disponible sur le réseau internet.

Elle explique que l’utilisateur, une fois connecté au serveur informatique fournissant le service, choisit le ou les groupes auxquels il désire s’inscrire, peut consulter tous les articles mis à disposition, qu’ils soient récents ou stockés sur le serveur depuis un certain temps, les plus anciens étant automatiquement effacés à l’expiration d’un délai pouvant varier entre quelques jours et un mois.

La société Google Inc. exploite par ailleurs le moteur de recherche notoirement connu sous le nom de Google, et propose également d’autres services (mise en ligne de vidéos, actualités, cartes etc.), parmi lesquels Google Groupes, qui propose, outre la participation aux groupes Usenet existants et d’en créer de nouveaux, I’accès aux archives des forums créés depuis l’année 1981. La société Google France est l’agence commerciale et technique en France de la société Google Inc., responsable de l’activité publicitaire du site internet.

Soulignant le fait que tous les échanges archivés sont facilement accessibles par simple recherche sur requête affichant les nom et prénom d’une personne, Mme S. met en cause la conformité de ce service d’archives aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les Libertés, expliquant qu’utilisatrice de l’internet depuis plus de 10 ans, elle a participé à des échanges sur des forums Usenet pour certains remontant à l’année 1998, alors qu’à cette époque n’y participaient que quelques dizaines de personnes.

Or tous les messages postés par elle depuis 1998 sont encore aujourd’hui accessibles, et révèlent des informations sur ses goûts, ses préoccupations, sa vie intime, ses interrogations en matière de santé, et se rapportent par conséquent à sa vie privée.

Le contact pris avec le support technique de Google en vue d’obtenir la suppression des messages la concernant du service d’archives n’ayant pas abouti, Mme S. explique avoir en vain mis en demeure la société Google par lettre recommandée en date du 1er octobre 2007, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 38 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978.

Sur un nouveau courrier adressé le 19 novembre 2007, la Direction juridique de Google France lui répondait le 11 décembre 2007 par courrier électronique qu’il suffisait de se rendre sur une page du site pour demander le retrait des messages ; elle opposait le fait que Google possédait des historiques de tels messages sur dix ans, et que certains messages ne comportaient pas d’identification (adresse du message) rendant leur suppression impossible par le moyen proposé.

Elle juge au total la procédure proposée pour la suppression des messages inefficace, et observe que ses données personnelles figurent dans des réponses aux messages d’autres participants, alors que seul l’auteur d’origine peut procéder à leur suppression.

Ce service d’archives électroniques de forums de discussion constituant à son sens un traitement des nombreuses données à caractère personnel fournies à cette occasion, elle considère que des données la concernant ont été collectées depuis le territoire français où elle est établie, Google Inc. possédant un site internet spécialement conçu pour les utilisateurs établis en France, identifiable par le nom de domaine google.fr ; la société Google France étant l’agence commerciale et technique de la société Google Inc doit être considérée comme le représentant en France du responsable du traitement, Google Inc., qui n’y est pas établi.

La loi française est dès lors à son sens applicable au service Google Groupes, exploité par la société Google Inc., qui au demeurant a adhéré au programme “Safe Harbour”, ce qui implique à ses yeux qu’elle admet que ses filiales européennes participent aux activités impliquant le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis : il lui paraît de ce fait possible d’invoquer les règles de territorialité applicables en matière de loi de police, d’application immédiate au sens de l’article 3 § 1 du code civil.

Or elle n’a jamais donné à Google son accord, au sens de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978, à l’archivage dans son service Google Groupes des messages postés sur Usenet ; il s’agit pour elle, au regard des conditions restrictives de l’article 6, d’une collecte à caractère déloyal de données, par détournement de finalité, ne l’ayant jamais envisagé non plus qu’un accès aussi aisé à tout public, grâce à un moteur de recherche inexistant à un tel niveau de performance à l’époque de l’envoi.

Déniant tout intérêt historique au contenu des échanges en question, elle entend dès lors exercer le droit d’opposition prévu à I’article 38 de la loi, et fait valoir que le défaut de respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui assurent la protection de son droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, et demande en conséquence la suppression définitive des bases de données des serveurs du service Google Groupes de l’intégralité des messages adressés, ainsi que de toute information relative à ses prénom et nom.

Invoquant enfin le préjudice ainsi causé par l’atteinte à l’intimité de sa vie privée du fait de l’archivage des messages, elle demande au titre d’une obligation qu’elle estime non sérieusement contestable une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle maintient à l’audience tenue le 31 mars 2008 sa position, fait valoir que la législation de l’Etat de Californie présente un caractère sectoriel, et non général comme la loi française, et ne permet pas à son sens d’assurer ses droits à obtenir la suppression des messages litigieux.

Elle soutient que les statuts de la société Google France confirment l’existence de moyens de traitement sur le territoire français, et reprend le moyen suivant lequel la loi du 6 janvier 1978 peut être considérée comme une loi de police, ajoutant que l’ordre public ainsi que le conçoit le droit international privé commande l’application de la loi française : en l’état du défaut de communauté juridique entre la conception européenne de la protection des données personnelles et celle du droit de l’Etat de Californie, le juge doit examiner si le résultat obtenu en appliquant la législation californienne ne peut être considéré comme choquant.

Les sociétés Google France et Google lncorporated demandent la mise hors de cause de la société Google France, expliquant que Google Groupes est un service de Google Inc., et que la société Google Frange, simple agence commerciale, ne l’administre pas, n’ayant reçu aucun pouvoir ou mandat de représentation.

Il est ensuite fait valoir que la loi française n’est pas applicable, en l’absence de collecte de données à caractère personnel sur le territoire français ; celles-ci ont volontairement été mises en ligne par Mme S., et l’archivage n’a pas été réalisé en France.

Il est opposé à l’argument tenant à l’application immédiate de la loi de police du 6 janvier 1978, le fait qu’il se trouve en contradiction avec le champ défini à son article 5.

La société Google Inc. affirme ensuite que la demanderesse dispose d’un moyen accessible en ligne pour faire procéder au retrait des messages, et qu’il n’est pas démontré qu’il soit impossible à mettre en oeuvre, alors que seul l’auteur est à même d’identifier chacun des messages pour les supprimer.

Elle conteste au demeurant procéder un traitement de données à caractère personnel ; l’archivage, réalisé par intérêt historique, ne s’y assimilerait pas, non plus que l’utilisation d’un forum de discussion faisant apparaître fortuitement de telles données.

Elle prétend avoir respecté les dispositions des articles 6 et 7 de la loi de 1978, opposant la valeur historique de l’archivage, et le fait que les finalités sont restées inchangées ; elle souligne que les messages ne sont accessibles que grâce à un moteur de recherche spécifique.

Elle oppose également les règles de forme que les demandes de mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 et 40 doivent respecter, soutient que l’allégation d’une atteinte à la vie privée est sérieusement contestable, comme la demande d’indemnité, tant dans son principe que dans son montant.

A l’audience tenue le 31 mars 2008, elle s’appuie sur une consultation et ajoute, la question étant posée en matière délictuelle, que la loi du fait dommageable, en l’absence de mise en oeuvre du traitement en France – les statuts de la société de droit français Google France ne démontrant pas le contraire – est la loi californienne, la constitution de l’Etat comportant un principe fondamental de protection des données personnelles, en vertu de laquelle la société Google Inc. a adopte des règles de conduite qu’elle a respectées.

Elle récuse la possibilité d’invoquer l’ordre public, compte tenu de l’existence de dispositions protectrices des données personnelles dans la législation de l’Etat de Californie, et du fait que le résultat de son application n’est pas choquant, soulignant à nouveau que le caractère public des discussions n’avait pu échapper à la demanderesse, l’archivage n’opérant pas de changement de nature à cet égard.

Attendu qu’aux termes de l’article 809 § 1 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que la demanderesse prétend qu’elle n’a pas donné son consentement, au sens de l’article 7 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi nº2004-801 du 6 août 2004, au traitement de données personnelles que constitue à ses yeux l’archivage des messages qu’elle a envoyés ; qu’elle ne met pas en cause le principe lui-même de l’utilisation du moteur de recherche par ailleurs exploité, même si elle souligne le fait qu’elle n’avait pas prévu sa montée en puissance;

Que de son côté la société Google Inc. conteste en tout état de cause procéder à un traitement de données personnelles;

Qu’avant d’envisager la question de la loi applicable en matière de traitement de données personnelles, il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si des données personnelles de Mme S. ont pu être l’objet d’opérations hors son consentement;

Attendu que force est de constater qu’une fois le choix fait par la demanderesse de s’inscrire à un ou plusieurs groupes de discussion, celle-ci ne pouvait ignorer que l’adresse électronique qu’elle faisait choix d’utiliser était portée à la connaissance de toute personne intéressée qu’elle a entendu faire choix de ses prénom et nom pour deux de celles qu’elle a utilisées, la troisième étant composée de la première lettre de son prénom suivie de son nom ; qu’elle demande pourtant, outre la suppression des bases de données du service Google Groupes les messages qu’elle a envoyés, la suppression de toute information relative à ses nom et prénom des index ou de la mémoire cache du moteur de recherche de ce service;

Qu’il ne s’impose pas avec évidence à cette juridiction que le traitement mis en cause puisse consister en des opérations de collecte sans autorisation de données personnelles ; qu’il s’agit en réalité pour Mme S. de mettre en cause leur conservation, au sens de l’article 2 de la loi française dont elle soutient l’application, l’article 2, b) de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 prévoyant de même ce type de traitement ; qu’évoquant des échanges remontant à 1998 elle prétend n’avoir pas prévu un archivage de telle durée;

Sur le champ d‘application des dispositions de la loi française

Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la loi française, il faut, pour que le responsable du traitement de données personnelles soit soumis à cette loi, à défaut d’être établi sur le territoire français ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, que des moyens de traitement soient mis en oeuvre sur le territoire, à l’exclusion de ceux qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit;

Que suivant l’article 4, 1, c) de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, il faut, pour que le responsable non établi sur le territoire de la Communauté soit soumis à la loi de l’Etat membre concerné, être fait recours à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire de cet état, sauf si ceux-ci ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur celui-ci;

Attendu qu’il est constant et non contesté par Mme S. que le service Google Groupes, qui permet de participer aux groupes de discussion Usenet et l’accès aux échanges archivés, est proposé par la société de droit nord-américain Google lncorporated, et exploité par elle en Californie ;

Que Mme S. ne remet pas en cause le fait que la société Google France, simple agence, ne l’administre pas, aucun serveur dédié au service n’étant installé sur le territoire français ; que la société Google France affirme n’avoir reçu aucun mandat pour représenter la société Google Inc. ; que la société Google France n’administre pas davantage le moteur de recherche général, ni celui spécifique au service Google Groupes ;

Que le site internet google.fr, à partir duquel Madame S. explique que des messages ont été envoyés et consultés, a pour éditeur la société Google Inc. ; que le fait que l’objet de la société à responsabilité limitée Google Rance, “la fourniture de tous services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne”, comporte notamment “la promotion directe de produits et services et la mise en oeuvre de centres de traitement de l’information”, ne démontre pas que cette société intervient dans le processus de traitement des données personnelles qu’implique le fonctionnement du service d’archivage considéré ;

Que l’adhésion de la société Google Inc. aux principes de “Safe Harbour” – traduit par “Sphère de Sécurité” par la C.N.I.L. – dispositif résultant d’un accord souscrit dans le cadre des dispositions des articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978, correspondant aux articles 25 et 26 de la directive, révèle que des données personnelles correspondant à des personnes physiques ressortissantes d’Etats membres de l’Union européenne lui sont transférées ; que cependant, la demanderesse ne contredit pas la défenderesse qui affirme qu’il s’agit de données liées à l‘exécution de contrats concernant des services différents, Adwords et Adsense, ou des salariés de la société Google France;

Que Mme S. ne démontre pas en réalité que la société Google Inc. est établie en France ou utilise pour l’archivage litigieux les moyens, matériels ou humains, de la société Google France, ou de tout autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit;

Qu’en conséquence les données figurant dans les messages archivés de nature à permettre l’identification directe ou indirecte de la demanderesse ne peuvent être regardées comme ayant fait l’objet d’un traitement en France;

Que la société de droit français Google France sera mise hors de cause par application des dispositions de l’article 5 de la loi nº 78-15 du 6 janvier 1978 relatives à son champ d’application;

Sur la loi applicable

Attendu que le juge des référés n’en est pas moins appelé à se prononcer à l’égard de la société Google Inc. sur les mesures à caractère provisoire sollicitées, soit la suppression de messages comportant des données personnelles ou la mention de celles-ci, et une condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle; que par-delà le type de mesures qu’il est dans les pouvoirs de cette juridiction de prendre en conformité avec les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, celle-ci ne peut éluder, pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble allégué, comme l’existence d’une obligation non contractuelle non sérieusement contestable pouvant fonder la demande de provision, l’examen de cette question de la loi applicable, indépendante de celle relative à la compétence de cette juridiction et qui n’est pas discutée ;

Que la question de l’application de l’article 3 § 3 du code civil aux Français de la législation concernant l’état des personnes ne se pose pas ; que l’archivage des messages est en effet contesté en ce qu’il porte atteinte aux droits de Madame Bénédicte S. sur ses nom et prénom, droits de la personnalité dont elle a librement disposé pour s’identifier lorsqu’elle a envoyé ses messages, mais dont elle critique l’usage qui en a été fait par le service d’archivage;

Attendu en premier lieu que doit être examiné préalablement l’argument qui tend à qualifier de loi de police la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où il est susceptible de rendre sans objet la discussion sur la détermination du droit applicable;

Que pour retenir cette qualification, il faudrait considérer l’application de la loi française comme s’imposant sans contestation possible pour la sauvegarde de l’organisation socioéconomique de notre communauté nationale ; que la seule circonstance tenant au fait que le défaut de respect de certaines de ses dispositions soit sanctionné pénalement ne permet pas d’évidence de retenir le caractère impératif de son application à la situation considérée, au regard au surplus des conditions restrictives de son champ d’application évoquées plus haut ; qu’il n’est pas sérieusement avancé que par l’effet du défaut d’application de la loi française, résultat aujourd’hui de la transposition en droit interne de la directive européenne, aucune protection ne serait assurée aux données personnelles par la loi de l’Etat étranger;

Que l’Etat de Californie érige l’impératif de cette protection en principe dans sa Constitution (article 1, § 1) ; qu’aussi, c’est de manière inopérante que Mme S. prend également comme fondement de son action pour assurer la protection de ses données personnelles le principe similaire édicté par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne reconnue par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, dont la ratification est au surplus toujours en cours;

Qu’il convient de relever en outre que le Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”), exclut de son champ d’application celles qui découlent d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité (Chapitre I, Article premier, 2, g) ;

Que l’application de la loi du pays où le dommage survient, au sens de l’article 4 de ce Règlement n’implique donc pas l’application de la loi française;

Que la législation de l’Etat de Californie a en réalité vocation à s’appliquer, en raison de la production sur le territoire de l’Etat de Californie du fait générateur du dommage allégué, soit l’archivage des messages ; que les plus anciens d’entre eux qui révèlent plus particulièrement des sujets d’intérêt touchant à la vie personnelle de la demanderesse sont au surplus diffusés par l’auteur en langue anglaise, principalement à destination d’internautes résidant aux Etats-Unis d’Amérique;

Attendu que la demanderesse oppose encore l’exception d’ordre public, au sens où l’entend le droit international privé, qui imposerait l’application de la loi française;

Attendu que suivant la consultation versée au débat, s’il n’existe pas dans le droit positif californien de loi générale en la matière, celui-ci comporte un ensemble de législations sectorielles régies par le principe fondamental inscrit dans la Constitution évoqué plus haut, élaborées pour protéger de risques identifiés d’atteintes ; qu’il s’agit notamment de préserver la confidentialité raisonnablement attendue des données échangées, et d’obliger l’opérateur d’un service de communication en ligue collectant des données d’identification, définies largement, à publier des règles de conduite appropriées (privacy policy) les précisant et décrivant le processus permettant à l’utilisateur d’accéder à ses données et de les rectifier;

Que le type de protection assurée par la législation de l’Etat de Californie reposant sur une auto-régulation contrôlée, est à rapprocher du dispositif français, du type déclaratif à titre principal, supposant autorisation dans des cas précisés;

Attendu dès lors qu’il n’est nullement évident pour cette juridiction, appelée à prendre des mesures à caractère essentiellement provisoire, que les valeurs fondamentales de notre ordre juridique pourraient se trouver compromises par l’application à la situation que décrit Mme S. du droit étranger, à le supposer même moins favorable;

Sur les demandes

Attendu qu’il convient en considération des développements qui précèdent d’examiner si Mme S. peut faire état d’un trouble à caractère manifestement illicite ;

Que suivant la société défenderesse, Mme S. dispose d’un service en ligne lui permettant, dans le respect du droit positif de l’Etat de Californie applicable, de supprimer les messages archivés et de demander de ne pas archiver les messages envoyés (pièce nº 3 de la demanderesse) ; qu’au vu des derniers constats en date des 12, 15, 19 et 25 février 2008 dressés à la diligence des défenderesses, elle apparaît, contrairement à ce qu’elle soutient, pouvoir les mettre en oeuvre, en sélectionnant, après leur identification (“message-ID” dans l’en tête original de chacun d’eux), plusieurs messages à la fois pour les supprimer (annexes 11 à 19), l’huissier ayant effectué des tests de suppression (annexes 20 à 25, 28 à 33) rendant raisonnablement envisageable la suppression par l’intéressée des messages par elle jugés indésirables pour être révélateurs d’éléments de l’intimité de sa vie privée et dont elle est l’auteur, soit ceux postés les 7, 9 et 19 mai 1998 ; que s’agissant de ceux dont elle n’est pas l’auteur et auxquels elles a répondu, il existe une difficulté sérieuse ; que celle-ci résulte, outre de leur contenu dont le caractère personnel est discutable, de l’objection opposée à Mme S. qui conteste l’archivage pour une durée illimitée, suivant laquelle c’est à l’auteur qu’il appartient pour chacun de ses messages d’en solliciter la suppression ;

Que le trouble qu’elle invoque n’apparaît donc pas manifestement illicite.

Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, Mme S. invoquant à l’appui de sa demande d’indemnisation le fait que l’archivage des messages porte atteinte à l’intimité de sa vie privée;

Mais attendu au vu de ce qui précède au sujet du trouble allégué du fait de l’accès au contenu des messages archivés, dont tous ne ressortissent pas par leur contenu à la vie privée de l’intéressée, que le droit invoqué à indemnisation apparaît sérieusement contestable;

Qu’il n’y a par conséquent lieu à référé, les parties étant invitées à se pourvoir si elles l’entendent devant le juge du fond compétent;

Sur les frais et dépens

Attendu que Mme Bénédicte S. succombe dans ses demandes, et devra prendre les dépens de l’instance à sa charge;

Que les sociétés Google Inc. et Google France demandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

Mais attendu que la procédure mise en place par le service Google Groupes de suppression des messages est apparue d’une mise en oeuvre effective de prime abord malaisée, et que le débat a permis de clarifier;

Qu’il n’apparaît pas en conséquence contraire à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,

Constatons l’absence de moyens avérés de traitement en France par le service Google Groupes de données à caractère personnel,

*  Mettons la société à responsabilité limitée Google France hors de cause,

Vu les dispositions de l‘article 809 du code de procédure civile,

*  Constatons l’absence de traitement sur le territoire français par la société Google Inc. de traitement de données personnelles pour les besoins de son service Google Groupes,

*  Constatons que la loi française n’est pas en toute évidence une loi de police justifiant son application impérative au présent litige, et que son application ne s’impose pas, que ce soit en vertu du lieu de survenance du fait dommageable ou pour des motifs tenant à l’ordre public au sens du droit international privé,

*  Disons n’y avoir lieu à référé, en l’absence au regard du droit positif de I’Etat de Californie de trouble à caractère manifestement illicite et d’obligation non contractuelle d’indemniser qui ne soit sérieusement contestable,

*  Invitons les parties à se pourvoir devant le juge du fond compétent si elles l’estiment opportun,

*  Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

*  Laissons les dépens à la charge de Mme Bénédicte S.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Me Valérie Sedallian, Me Marion Barbier, Me Stéphane Lemarchand

 

01Ene/14

Verordnung vom 19. Oktober 1999 zum Informationsgesetz (Informationsverordnung).

Verordnung vom 19. Oktober 1999 zum Informationsgesetz (Informationsverordnung)

Aufgrund von Art. 38 Abs. 1 des Gesetzes vom 19. Mai 1999 über die Information der Bevölkerung (Informationsgesetz), LGBl. 1999 Nr. 159 (1), verordnet die Regierung:

 

I.- Information auf Anfrage

 

A. Formlose Anfragen

 

Art. 1.- Zuständigkeit

1) Zuständig für die Beantwortung von formlosen Anfragen ist die mit der Sache befasste Behörde.

2) Formlose Anfragen zu Geschäften der Regierung oder zu Geschäften, die von einer Behörde im Auftrag der Regierung vorbereitet werden, werden vom zuständigen Regierungsmitglied beantwortet. (2)

3) Anfragen sind unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

 

Art. 2.- Form der Antwort

Mündliche Anfragen werden in der Regel mündlich, schriftliche Anfragen in der Regel schriftlich beantwortet.

 

Art. 3.- Einschränkungen

Die Einschränkungen gemäss Art. 14 Abs. 1, Art. 16 und 31 des Informationsgesetzes gelten auch für formlose Anfragen.

 

Art. 4.- Abgrenzung zur Einsicht in Unterlagen

1) Eine Anfrage kann nicht als formlose Anfrage im Sinne von Art. 33 des Informationsgesetzes behandelt werden, wenn:

a) die ausdrückliche Zustimmung einer betroffenen Person erforderlich ist;

b) sie Personendaten zum Gegenstand hat, deren Bekanntgabe gemäss besonderer Gesetzgebung ohne vertiefte Interessensabwägung nicht zugelassen ist;

c) eine vertiefte Interessensabwägung im Hinblick auf das Vorliegen überwiegender öffentlicher Interessen gemäss Art. 31 Abs. 1 des Informationsgesetzes vorgenommen werden muss.

2) In diesen Fällen wird die anfragende Person auf das Verfahren betreffend Einsicht in Unterlagen (Art. 32 des Informationsgesetzes) verwiesen und gleichzeitig auf die mögliche Kostenfolge hingewiesen.

 

B.- Einsicht in Unterlagen

 

Art. 5.- Zuständigkeit

1) Zuständig zur Behandlung von Gesuchen um Einsicht in Unterlagen ist die mit der Sache befasste Behörde, sofern diese mit Gesetz oder Verordnung mit der selbständigen Erledigung der entsprechenden Geschäfte beauftragt ist.

2) Sind die gleichen Unterlagen bei mehreren Behörden vorhanden, so kann die Behörde, von der die Unterlagen ausgehen, oder die Regierung anordnen, dass zur Behandlung der Gesuche nur eine Behörde zuständig ist.

3) Gesuche um Einsicht in Unterlagen zu Geschäften der Regierung oder zu Geschäften, die von einer Behörde im Auftrag der Regierung vorbereitet werden, werden vom zuständigen Regierungsmitglied behandelt. (3)

4) Die Behandlung von Gesuchen um Einsicht in Unterlagen, welche sich im Landesarchiv befinden, richtet sich nach den Bestimmungen des Archivgesetzes.

 

Art. 6.- Einreichen des Gesuchs

1) Das Gesuch um Einsicht in Unterlagen ist schriftlich bei der zuständigen Behörde einzureichen.

2) Im Gesuch sind die Unterlagen, in die Einsicht verlangt wird, sowie die interessierenden Daten möglichst genau zu umschreiben. Das Gesuch muss nur begründet werden, wenn es die besondere Gesetzgebung vorsieht.

 

Art. 7.- Vorläufige Prüfung

1) Die Behörde prüft unverzüglich ihre Zuständigkeit und leitet das Gesuch im Falle ihrer Unzuständigkeit an die zuständige Behörde weiter.

2) Umschreibt das Gesuch die Unterlagen, in die Einsicht verlangt wird, sowie die interessierenden Daten nicht hinreichend genau, so verlangt die Behörde von der gesuchstellenden Person ergänzende und präzisierende Angaben. Reicht die gesuchstellende Person diese Angaben nicht innert der gesetzten Frist ein, gilt das Gesuch als zurückgezogen.

3) Die Behörde informiert die gesuchstellende Person, wenn diese gemäss Art. 32 Abs. 2 des Informationsgesetzes mit erheblichen Kostenfolgen rechnen muss.

 

Art. 8.- Überwiegende öffentliche Interessen

1) Die Behörde prüft in jedem Fall, ob der Gewährung von Einsicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (Art. 31 Abs. 1 des Informationsgesetzes).

2) Ein unverhältnismässiger Aufwand liegt dann vor, wenn die Behörde mit ihren ordentlichen personellen Mitteln und ihrer Infrastruktur nicht in der Lage ist, das Einsichtsgesuch innert nützlicher Frist zu erledigen, ohne ihre Aufgaben zu vernachlässigen.

 

Art. 9.- Überwiegende private Interessen

1) Der Schutz überwiegender privater Interessen (Art. 31 Abs. 2 des Informationsgesetzes) wird soweit möglich durch Abdecken von Daten gewährleistet.

2) Sind besonders schützenswerte Personendaten betroffen und können diese nicht abgedeckt werden, so holt die Behörde die Zustimmung der betroffenen Person oder deren Erben ein und macht sie auf ihr Verweigerungsrecht aufmerksam (Art. 30 des Informationsgesetzes).

3) Die Behörde lehnt das Gesuch ab, wenn die Zustimmung verweigert wird, die Verweigerung der Zustimmung vermutet werden muss oder wenn das Einholen der Zustimmung mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden ist.

4) Sind nicht besonders schützenswerte Personendaten betroffen und können diese nicht abgedeckt werden, so prüft die Behörde, ob der Gewährung von Einsicht überwiegend private Interessen im Sinne von Art. 31 Abs. 2 des Informationsgesetzes oder Bestimmungen über besondere Geheimhaltungspflichten entgegenstehen.

5) Alle in den Unterlagen erwähnten Personen werden angehört, wenn Zweifel bestehen, ob:

a) es sich um besonders schützenswerte Personendaten handelt; oder

b) überwiegende private Interessen betroffen sind.

6) In den übrigen Fällen kann die Behörde auf eine Anhörung verzichten.

 

Art. 10.- Eröffnung

Ist einzig die gesuchstellende Person am Verfahren beteiligt und wird dem Gesuch vollumfänglich stattgegeben, kann der Beschluss auch mündlich mitgeteilt werden.

 

Art. 11.- Einsichtnahme

1) Die Einsichtnahme erfolgt grundsätzlich während den ordentlichen Öffnungszeiten bei der Behörde, die sich mit der Sache befasst oder die Unterlagen verwaltet.

2) Die Behörde kann in Abweichung von Abs. 1 die Einsichtnahme auch durch Zusendung einer Kopie gewähren, wenn der Verwaltungsaufwand kleiner ist.

3) Die Behörde sorgt für die Sicherheit der Daten während der Einsichtnahme.

 

II.- Information von Amtes wegen

 

A. Grundsätze

 

Art. 12.- Allgemeines Interesse

Ein allgemeines Interesse im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Informationsgesetzes liegt vor, wenn eine Information zur Wahrung der demokratischen Rechte und zur Sicherstellung der Meinungsbildung über das Geschehen im Fürstentum Liechtenstein von Bedeutung ist.

 

Art. 13.- Informationswege

1) Die Information erfolgt grundsätzlich über die Medien.

2) Bei Abstimmungen sowie für spezielle Projekte können zusätzliche Informationsmittel, wie z.B. Broschüren, herausgegeben werden.

 

Art. 14.- Zuständigkeiten

1) Für Informationen über die Regierungsgeschäfte ist der Regierungschef, für Informationen über die selbständige Tätigkeit einer Behörde die Leitung der Behörde zuständig. Die Zuständigkeit kann übertragen werden.

2) Informiert eine Behörde von Amtes wegen, so ist über die Regierungskanzlei eine mediengerechte Verbreitung sicherzustellen. (4)

B.- Berichte, Studien und Gutachten

 

Art. 15.- Inhalt und Aufbau

Alle Berichte, Studien und Gutachten von allgemeinem Interesse weisen eine Zusammenfassung auf, welche die wichtigsten Aussagen und Schlussfolgerungen enthält.

 

Art. 16.- Zeitpunkt der Abgabe

Berichte, Studien und Gutachten von allgemeinem Interesse können nach der Kenntnisnahme durch die Regierung oder durch die damit befassten Behörden von der Regierungskanzlei an interessierte Bürgerinnen und Bürger abgegeben werden.

 

C. -Unterlagen zu den öffentlichen Landtagssitzungen

 

Art. 17 (5).- Abgabe an Medien

Medien erhalten die Unterlagen zu den öffentlichen Landtagssitzungen auf Anfrage oder im Abonnement von der Regierungskanzlei zugestellt. Für den Bezug der Unterlagen werden keine Kosten erhoben.

 

Art. 18.- Abgabe an die Öffentlichkeit

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Unterlagen einzeln oder im Abonnement bei der Regierungskanzlei zum Selbstkostenpreis beziehen.

 

D.- Abgeschlossene Verwaltungsverfahren

 

Art. 19.- Information der Beteiligten

Bei abgeschlossenen Verwaltungsverfahren werden die am Verfahren Beteiligten möglichst vor den Medien über den Inhalt der Entscheidung beziehungsweise der Verfügung informiert.

 

Art. 20.- Veröffentlichung von Verwaltungsentscheidungen

1) Verwaltungsentscheidungen beziehungsweise Verwaltungsverfügungen können ganz oder auszugsweise in Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

2) Der Persönlichkeitsschutz ist sicherzustellen.

 

III.- Information über offizielle Fernsehkanäle

 

A. Landeskanal

 

Art. 21.- Aufgabe des Landeskanals

Der Landeskanal bezweckt die Vermittlung aktueller Nachrichten auf Landesebene sowie die rasche und unmittelbare Information der Bevölkerung in Krisensituationen.

 

Art. 22.- Struktur

1) Der Landeskanal ist ein für die Landesbehörden reservierter Fernsehkanal, welcher über ein liechtensteinisches Kabelnetz, bei Bedarf über Satellit oder terrestrisch rund um die Uhr im ganzen Land empfangen werden kann. (6)

2) Der Landeskanal informiert mit Texttafeln im Vollbild- und Teletext-System. Ausserdem werden im Landeskanal bewegte Bilder sowie Live- und Tonsendungen ausgestrahlt. (7)

3) Verbände, Vereine, Parteien und Privatpersonen haben keinen Zugang zum Landeskanal. (8)

 

Art. 23.- Inhalte

1) Die über den Landeskanal mit Texttafeln im Vollbild- und Teletext-System verbreiteten Informationen haben offiziellen Charakter. (9)

2) Informationen von Amtes wegen werden zusätzlich zur mediengerechten Verbreitung für den Landeskanal aufbereitet und im Landeskanal veröffentlicht.

3) Kundmachungen nach Art. 3 der Amtsblattverordnung werden – zusätzlich zur Publikation in den amtlichen Kundmachungsorganen – im Landeskanal veröffentlicht. (10)

4) Im Landeskanal können auch Informationen, welche von allgemeinem Interesse sind oder im Interesse der öffentlichen Sicherheit liegen, veröffentlicht werden. Dazu zählen insbesondere Liechtenstein-Kenndaten, ärztliche Notfalldienste sowie soziale Spezialdienste.

 

Art. 24 (11).- Bewegte Bilder, Live- und Tonsendungen

1) Die Ausstrahlung von bewegten Bildern, Live- und Tonsendungen werden von der Regierung im Rahmen der budgetierten Mittel bewilligt. Die Sendungen müssen von staatspolitischer Bedeutung sein oder sich auf wichtige gesellschaftliche, kulturelle oder sportliche Anlässe von landesweitem Interesse beziehen.

2) Als Musikquelle dient in der Regel Radio Liechtenstein.

 

Art. 25.- Abstimmungs- und Wahlsendungen

1) Vor wichtigen Abstimmungen auf Landesebene kann die Regierung eine oder mehrere Abstimmungssendungen durchführen, wobei Befürworter und Gegner von Abstimmungsvorlagen angemessen zu berücksichtigen sind.

2) Vor Landtagswahlen werden Wahlsendungen durchgeführt. Die Wählergruppen sind dabei angemessen zu berücksichtigen.

 

Art. 26 (12).- Zuständigkeit

1) Die Regierungskanzlei ist zuständig für die redaktionelle Betreuung des Landeskanals.

2) Die Regierung bestellt ein Redaktionsteam, welches die Regierungskanzlei in allen Fragen in Zusammenhang mit dem Landeskanal berät. Die Regierung kann dem Redaktionsteam weitere Aufgaben übertragen.

 

Art. 26a (13).- Informationsrichtlinien

Die Regierung erlässt Informationsrichtlinien, in denen das Nähere in Bezug auf die Inhalte des Landeskanals geregelt wird.

 

B.- Gemeindekanäle

 

Art. 27 (14).- Grundsatz

1) Gemeindekanäle dienen ausschliesslich der Erfüllung der Informationspflichten der Gemeinde.

2) Die Informationen können in Form von Bild- und Tonsendungen sowie mittels Teletext verbreitet werden. Bildsendungen umfassen Texttafeln und bewegte Bilder. Als Tonteppich dient in der Regel ein Radioprogramm des Liechtensteinischen Rundfunks.

 

Art. 28 (15).- Gemeindekanalreglement

1) Die Gemeinden erlassen Gemeindekanalreglemente, welche insbesondere folgende Punkte umfassen:

a) Inhalt und Aufbau des Programms (Art. 28a);

b) Zuständigkeit (Art. 28b Abs. 2);

c) Finanzierung (Art. 28d);

d) Verbreitung des Programms (Art. 28f).

2) Der Erlass eines Gemeindekanalreglements sowie dessen Änderungen sind der Regierung innert 14 Tagen nach Genehmigung durch die Gemeinde schriftlich anzuzeigen.

 

Art. 28a (16).- Inhalt und Aufbau des Programms

1) Das Programm eines Gemeindekanals darf nur Sendungen beinhalten, die sich mittelbar oder unmittelbar auf die Gemeinde beziehen und an denen ein allgemeines Informationsinteresse besteht, wie gemeindeeigene und landesweite Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Gemeinderatsbeschlüsse, Landtagsbeschlüsse, Regierungsbeschlüsse sowie Verlautbarungen der Gemeinde und des Landes, Gottesdienste, politische Gemeindeanlässe, kulturelle Veranstaltungen, sportliche Veranstaltungen, Vereinsanlässe, Altersveranstaltungen, Wahlsendungen und weitere Aktivitäten, die in einem engen Zusammenhang mit dem Gemeindeleben stehen.

2) Die Gemeinden konkretisieren in ihrem Gemeindekanalreglement:

a) welche Sendungen und Inhalte zugelassen sind und welche Veranstaltungen direkt und indirekt wiedergegeben werden dürfen;

b) wie die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Ausgewogenheit, der Gemeinde- und Landesbezogenheit sowie der Meinungsvielfalt eingehalten werden sollen.

 

Art. 28b (17).- Verantwortung

1) Die Gemeinden tragen die vollumfängliche Verantwortung für den Programminhalt sowie die Organisation, Infrastruktur und Finanzierung der Programmveranstaltung und -verbreitung.

2) Die Gemeinden müssen eine Stelle bestimmen, die für den Aufbau und Inhalt des Programms sowie das Beschwerdewesen zuständig ist.

 

Art. 28c (18).- Auskunftspflicht

Die Gemeinden sind verpflichtet, der Regierung jederzeit und vollumfänglich Auskunft zu geben.

 

Art. 28d (19).- Finanzierung

1) Die Finanzierung der Gemeindekanäle erfolgt ausschliesslich mit Mitteln aus dem Gemeindehaushalt.

2) Die Gemeinden erhalten für die Gemeindekanäle vom Land keine finanzielle Unterstützung.

 

Art. 28e (20).- Werbung

1) Im Programm eines Gemeindekanals ist jede Form von Werbung im Sinne des Mediengesetzes verboten.

2) Ausgenommen ist die Werbung im Radioprogramm des Liechtensteinischen Rundfunks, das in der Regel als Tonteppich für Bildsendungen verwendet wird.

 

Art. 28f (21).- Verbreitung des Programms

1) Das Programm eines Gemeindekanals ist grundsätzlich über ein Kabelnetz im Gemeindegebiet zu verbreiten. Über Ausnahmen entscheidet die Regierung auf Gesuch der Gemeinde.

2) Die Verbreitung des Programms sowie alle weiteren technischen Vorkehrungen sind Sache der Gemeinden.

 

Art. 28g (22).- Einstellung des Betriebs

1) Die Einstellung des Betriebs eines Gemeindekanals durch die Gemeinde ist der Regierung mindestens drei Monate im Voraus anzuzeigen.

2) Bei wiederholter Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen kann die Regierung nach vorgängiger schriftlicher Androhung die Einstellung des Betriebs eines Gemeindekanals anordnen. Eine Wiederaufnahme des Betriebs des Gemeindekanals ist nur mit Bewilligung der Regierung zulässig.

 

C.- Information im Not- und Katastrophenfall

 

Art. 29.- Alarmierung

Für die Alarmierung der Bevölkerung über den Landeskanal und die Gemeindekanäle der vom Not- oder Katastrophenfall betroffenen Gemeinden ist der Landesführungsstab respektive die Einsatzzentrale der Landespolizei zuständig.

 

Art. 30.- Information der Bevölkerung

1) Die Bevölkerung ist sofort und umfassend über den Not- und Katastrophenfall über den Landeskanal und die Gemeindekanäle zu informieren.

2) Die Bekanntmachung von Verhaltensmassnahmen über den Landes- und die Gemeindekanäle ist sicherzustellen.

3) Die Regierungskanzlei hat die Information der Bevölkerung und die Bekanntgabe der Verhaltensmassnahmen über weitere elektronische Medien sicherzustellen. (23)

 

IV.- Akkreditierung von Medienschaffenden

 

Art. 31 (24).- Zuständigkeit

Zuständig für die Akkreditierung und für den Entzug der Akkreditierung ist die Regierungskanzlei.

 

Art. 32.- Gesuch

1) Akkrediterungsgesuche sind schriftlich bei der Regierungskanzlei einzureichen.(25)

2) Gesuchstellende Medien müssen nachweisen, dass sie sich gemäss Art. 34 Abs. 1 des Informationsgesetzes regelmässig mit liechtensteinischen Angelegenheiten befassen. Gesuchstellende Medien und Medienschaffende haben die Bestätigung der Chefredaktion, gesuchstellende Medienschaffende zusätzlich ihren Medienausweis vorzulegen.

 

Art. 33 (26).- Ausweis

1) Die Regierungskanzlei stellt den akkreditierten Medien und Medienschaffenden eine Ausweiskarte aus.

2) Spezielle Anlässe werden von der Regierungskanzlei zur Akkreditierung ausgeschrieben. Angemeldete Medien und Medienschaffende erhalten gegen Vorlage der Ausweiskarte oder des Medienausweises eine nur für den jeweiligen Anlass gültige Ausweiskarte.

 

Art. 34.- Rechte der Akkreditierten

Akkreditierte Medienschaffende:

a) erhalten zeitgerecht und kostenlos alle Pressemitteilungen, Pressebulletins, Unterlagen zu den öffentlichen Landtagssitzungen sowie alle Dokumente und Publikationen, die von den Behörden den Medien zur Verfügung gestellt werden, namentlich den Staatskalender und den Rechenschaftsbericht;

b) erhalten alle Einladungen zu sämtlichen Anlässen, die für die Medien organisiert oder für die Medien zugänglich gemacht werden.

 

Art. 35.- Entzug der Akkreditierung

1) Die Regierungskanzlei kann die Akkreditierung entziehen, wenn: (27)

a) gegen Art. 34 Abs. 2 des Informationsgesetzes verstossen wird;

b) die Voraussetzungen zur Akkreditierung weggefallen sind.

2) Die Regierungskanzlei gibt vorgängig der betroffenen Person oder dem Medienunternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme. In den Fällen von Abs. 1 Bst. a sind zudem die journalistischen Berufsorganisationen anzuhören. (28)

3) Medienschaffende, denen die Akkreditierung entzogen worden ist, sind verpflichtet, ihren Ausweis umgehend zurückzugeben.

 

Art. 36.- Nicht akkreditierte Medien

Nicht akkreditierte Medien erhalten die gewünschten Dokumente auf Anfrage.

 

V.- Übergangs- und Schlussbestimmungen

 

Art. 37 (29).- Aufrechterhaltung der Akkreditierung

Medienschaffende, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits akkreditiert sind, bleiben akkreditiert.

 

Art. 38.- Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Mario Frick
Fürstlicher Regierungschef

(1)  LR 172.015

(2)  Art. 1 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 163.

(3)  Art. 5 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 163.

(4)  Art. 14 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(5)  Art. 17 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(6)  Art. 22 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2004 Nr. 74.

(7)  Art. 22 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2004 Nr. 74.

(8)  Art. 22 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(9)  Art. 23 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2004 Nr. 74.

(10)   Art. 23 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(11)  Art. 24 abgeändert durch LGBl. 2004 Nr. 74.

(12)  Art. 26 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(13)  Art. 26a eingefügt durch LGBl. 2004 Nr. 74.

(14)  Art. 27 abgeändert durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(15)  Art. 28 abgeändert durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(16)  Art. 28a eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(17)  Art. 28b eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(18)  Art. 28c eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(19)  Art. 28d eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(20)  Art. 28e eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(21)  Art. 28f eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(22)  Art. 28g eingefügt durch LGBl. 2006 Nr. 104.

(23)  Art. 30 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(24)  Art. 31 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(25)  Art. 32 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(26)  Art. 33 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(27)  Art. 35 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(28)  Art. 35 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

(29)  Art. 37 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 30.

01Ene/14

Moción parlamentaria que modifica la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas.

Moción parlamentaria que modifica la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas.

Moción de los diputados señores Tuma, Elgueta, Bartolucci, Encina, René Manuel García, Montes, Ortiz, Aníbal Pérez, Rocha y la diputada señora Adriana Muñoz.
Modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas. (boletín Nº 2735-05)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República, lo prescrito en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo previsto en el Regla mento de la honorable Cámara de Diputados.

Considerando:

1º Que el país sufre aún las consecuencias de larga crisis económica, que ha impactado principalmente en la mantención de puestos de trabajo en el mercado laboral.

2º Que la cesantía, que se acerca peligrosamente a los dos dígitos a nivel nacional, ha motivado una serie de acciones gubernativas y también legislativas para ir en apoyo de las familias que han perdido sus fuentes únicas de ingresos. Estas acciones van desde el desarrollo de planes de absorción de mano de obra, pagados con recursos fiscales, hasta la creación de instrumentos especiales de fomento para las actividades productivas o medidas para aliviar la situación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, en donde la crisis de la economía se expresa con mayor crudeza, como ha sido la aprobación de normas legales especiales para repactar deudas tributarias y previsionales.

3º Que hasta ahora, salvo los planes de generación de empleos, las medidas adoptadas por el Supremo Gobierno, han apuntado preferentemente hacia las empresas, para facilitar su recuperación y por esta vía generar nuevos empleos, lo que nos obliga de manera urgente, a actuar creativamente para ir eliminando todos aquellos obstáculos que impiden a la gente acceder a la oferta de trabajos existentes o que se pudiera generar en el país.

4º Que una medida para facilitar la reinserción laboral de las personas, es limitar los efectos negativos que hoy tiene sobre una gran cantidad de chilenos, el hecho de contar con antecedentes de incumplimientos comerciales, pese a que estas personas han pagado sus deudas o éstas se hayan extinguido por otras causas legales.

5º Que para no socavar las bases mismas del sistema de información de antecedentes comerciales,
postulamos en esta iniciativa, que desde la fecha de presentación de este proyecto de ley, se limite el tiempo en el cual las empresas administradoras de datos de terceros puedan comunicar a sus clientes los datos de deudores de casas comerciales o del sistema financiero, cuando ellos hubieren cancelado sus deudas o éstas se hubiesen extinguido por cualquier otra causa legal (ejemplo: prescripción extintiva, novación, compensación, etc.) y hubiere transcurrido al menos un año, desde el pago o la extinción o que no hubieren pagado y que hubieren transcurrido al menos 3 años desde la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Actualmente, el artículo 18 de la ley Nº 19.628, prescribe que no se podrá continuar comunicando los datos relativos a obligaciones con el sistema financiero o con casas comerciales después de transcurridos tres años del pago o de su extinción por otro modo legal, y luego de siete años, cuando no ha existido pago, desde la fecha en que se hizo exigible la obligación. Pues bien, nuestra propuesta es reducir esos plazos, de tres años a sólo un año, y de siete años a sólo tres, de suerte tal, que el actual esfuerzo del Estado y sector privado para que las personas accedan a un empleo estable, no se vea obstaculizado por esta clase de normas.

Ahora bien, con la finalidad de evitar la utilización abusiva de esta normativa de excepción, es que
postulamos, que serán beneficiarios de esta ley, sólo aquellos deudores que al momento de la presentación de este proyecto de ley, hayan pagado o sus obligaciones estuvieren extintas o ya se encontraren con anotaciones comerciales vigentes, en caso de no pago, y restringimos los montos de los protestos o incumplimientos, poniendo un tope máximo de 120 Unidades de Fomento.

6º Que en definitiva, con este proyecto, estamos asumiendo el desafío de establecer normas especiales y de excepción para enfrentar una conyuntura especialmente difícil, cuestión que es un deber del Estado y de este Parlamento, pero sin alterar las bases y las reglas permanentes del sistema de información comercial, que da seguridad a los actores de la economía.

Por tanto,
Los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Agréguese un artículo cuarto transitorio a la ley Nº 19.628 “Sobre Protección de la Vida Privada” del siguiente tenor:

Artículo cuarto transitorio. Las entidades que administren datos de terceros, no podrán comunicar los datos de incumplimientos comerciales de personas naturales, cuando haya transcurrido un año desde que éstas hayan cumplido sus obligaciones o las obligaciones se hubieren extinguido por otras causales legales.

Asimismo, no podrán informarse los incumplimientos de personas que no hubieren cancelado sus deudas, luego de transcurrido un plazo de tres años, desde que sus obligaciones se hicieron exigibles.

Esta prohibición regirá respecto de las personas que, a la fecha de presentación de este proyecto de ley, tengan anotaciones de incumplimientos comerciales vigentes y siempre y cuando el monto total de sus anotaciones no supere un valor de 120 Unidades de Fomento”.

01Ene/14

Zweites Gesetz zur Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes Vom 14. Juli 2011, (SächsGVBl. S. 270) (Sächsisches Gesetz-und Verordnungsblatt Nr. 7, vom 30.Juli 2011)

Zweites Gesetz zur Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes Vom 14. Juli 2011, SächsGVBl. S. 270

Der Sächsische Landtag hat am 29. Juni 2011 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz – SächsDSG) vom 25. August 2003 (SächsGVBl. S. 330), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 940, 941), wird wie folgt geändert:

1. In § 11 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 wird die Angabe “§ 10 Abs. 5” durch die Angabe “§ 10 Abs. 4” ersetzt.

2. § 25 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

“(3) Vor Ablauf seiner Amtszeit kann der Sächsische Datenschutzbeauftragte ohne seine Zustimmung nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Sächsischen Landtages abberufen werden, wenn Gründe vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen.”

3. § 30 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

“Der Sächsische Datenschutzbeauftragte erstattet dem Sächsischen Landtag alle zwei Jahre jeweils zum 31. März einen Bericht über seine Tätigkeit als Kontrollbehörde nach § 27 und einen Bericht über seine Tätigkeit als Aufsichtsbehörde nach § 30a; er veröffentlicht diese Berichte.”

4. § 30a Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Das Staatsministerium des Innern kann den Wortlaut des Sächsischen Datenschutzgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt machen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

 

Dresden, den 14. Juli 2011

Der Landtagspräsident

Dr. Matthias Rößler

Der Ministerpräsident

Stanislaw Tillich

Der Staatsminister des Innern

In Vertretung

Prof. Dr. Georg Unland

Staatsminister 

01Ene/14

Decreto 40/2004, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Decreto 40/2004, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

La Ley 13/1995, de 21 de abril, de Regulación del Uso de la Informática en el Tratamiento de Datos Personales por la Comunidad de Madrid, modificada parcialmente por la Ley 13/1997, de 16 de junio, y por la Ley 6/1999, de 30 de marzo, creó la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid como Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, Ente que entró en funcionamiento en el año 1997, y cuyo Estatuto fue aprobado por Decreto 22/1998, de 12 de febrero.

La Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, derogó la Ley 13/1995, de 21 de abril, y reguló la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid como un Ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta Ley supuso un cambio sustancial de las funciones de la Agencia de Protección de Datos, extendiendo su ámbito objetivo de aplicación a todo tipo de ficheros y tratamientos informáticos o manuales estructurados con datos de carácter personal, y su ámbito material, no sólo a los ficheros de las Instituciones y Órganos de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, sino también a los de las Entidades Locales, Universidades Públicas y Corporaciones de Derecho Público de dicha Comunidad Autónoma.

La ampliación del ámbito objetivo y material de la Agencia de Protección de Datos por la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, aconseja modificar su estructura actual, atribuyendo a unidades administrativas diferenciadas las funciones derivadas del registro de ficheros públicos y las de inspección y control.

Así, el nuevo Estatuto suprime la Dirección del Área de Registro e Inspección, creando dos nuevas unidades administrativas dependientes del Director de la Agencia de Protección de Datos, que son, la Subdirección General de Registro de Ficheros y Consultoría, y la Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos.

Por otra parte, para el adecuado desarrollo de las funciones de asesoramiento jurídico a la Agencia de Protección de Datos y la elaboración de los informes preceptivos de los proyectos de disposiciones generales que incidan en las materias de la Ley 8/2001, de 13 de julio, es necesario que, en los términos previstos en el artículo 14.3 de dicha Ley, se proceda por la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid a la designación y adscripción de un letrado con destino en la Agencia.

En consecuencia, y de conformidad con la habilitación de desarrollo reglamentario prevista en la Disposición Final primera de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, así como en lo previsto en su artículo 14.2, se procede a aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a iniciativa de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Justicia e Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión de 18 de marzo de 2004

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

Se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Unidades administrativas extinguidas

A la entrada en vigor del presente Decreto quedará suprimida la Dirección del Área del Registro y la Inspección.

Las referencias contenidas a esta unidad administrativa en el Decreto 67/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de las Funciones de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid de Tutela de Derechos y de Control de Ficheros de Datos de Carácter Personal, se entenderán realizadas a la Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Subsistencia puestos de trabajo

Los puestos de trabajo adscritos a la Dirección del Área del Registro y la Inspección continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica que se aprueba mediante este Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa

Queda derogado el Decreto 22/1998, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ESTATUTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1 . La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Naturaleza jurídica

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es un Ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y se configura como una autoridad de control que actúa con objetividad y total independencia de las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus funciones, relacionándose con el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería que, en su caso, se determine.

Artículo 2 . Régimen jurídico

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se rige por la Ley 8/2001, de 13 de julio, y por las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y por este Estatuto. En lo no previsto en las normas anteriores y para el ejercicio de sus funciones públicas y de organización interna, se rige por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y resto de la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid.

Artículo 3 . Funciones

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desarrolla específicamente las funciones que le asigna la Ley 8/2001, de 13 de julio, así como las atribuidas por el presente Estatuto, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le resulten de aplicación.

2. Para el ejercicio de estas funciones, la Agencia podrá dirigirse directamente a los titulares y responsables de cualquiera de los ficheros de datos de carácter personal comprendidos dentro de su ámbito de competencias.

Artículo 4 . Relaciones con las personas afectadas

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid informará a las personas que se lo soliciten de los derechos que la Ley les reconoce en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal. Con el mismo objeto, pero a los efectos de informar con carácter general, la Agencia podrá promover campañas de divulgación informativa.

2. La Agencia atenderá las peticiones de tutela de derechos que le dirijan los afectados y resolverá las reclamaciones y denuncias formuladas por los mismos, sin perjuicio de las acciones que puedan interponer.

Artículo 5 . Colaboración con otras entidades y con los responsables de ficheros

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, colaborará con la Agencia Española de Protección de Datos y con las Autoridades de Control competentes en esta materia de otras Comunidades Autónomas, con el Defensor del Pueblo, los Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal y el resto de instituciones y organismos que se lo soliciten, en defensa de los principios y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Con el objeto de interpretar y aplicar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Agencia colaborará y desarrollará una función de consultoría respecto de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, de los Entes locales, y de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, Corporaciones de Derecho Público y Universidades Públicas, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

Artículo 6 . Cooperación en el desarrollo normativo

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid colaborará con los órganos competentes de dicha Comunidad en el desarrollo normativo y la aplicación de las normas que incidan en su ámbito competencial, y a tal efecto:

a) Informará preceptivamente los proyectos de disposiciones generales que incidan en la materia propia de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

b) Dictará instrucciones y recomendaciones dentro de su ámbito competencial, para adecuar los tratamientos de datos de carácter personal a los principios de la legislación vigente en materia de protección de datos.

c) Emitirá los informes preceptivos a los proyectos de disposiciones de carácter general de creación, modificación o supresión de ficheros, elaboradas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 99/2002, de 13 de junio, de regulación del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, así como su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales.

Artículo 7 . Ficheros estadísticos de la Comunidad de Madrid

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid velará por el cumplimiento de las disposiciones que las normas reguladoras de la actividad sobre estadística pública de la Comunidad de Madrid establezcan respecto de la recogida de datos estadísticos y el secreto estadístico y, en especial, de la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comunidad de Madrid, dictando las instrucciones precisas para ello y formando parte del Consejo de Estadística de la Comunidad de Madrid en los términos previstos en el artículo 37.n) de la referida Ley. En estos términos ejercerá las siguientes funciones:

a) Informará preceptivamente el contenido y formato de los cuestionarios, hojas censales y otros documentos de recogida de datos con fines estadísticos.

b) Informará preceptivamente los planes de estadística de la Comunidad de Madrid, los programas anuales de estadística, así como las disposiciones normativas que determinen estadísticas de respuestas obligatorias aprobadas por el Consejo de Gobierno.

c) Dictaminará sobre los procesos de recogida y tratamiento de los datos personales a efectos estadísticos.

d) Dictaminará sobre las condiciones de seguridad de los ficheros constituidos con fines exclusivamente estadísticos.

Artículo 8 . Publicidad de los ficheros de datos de carácter personal

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid velará por la publicidad de la existencia de los ficheros de datos de carácter personal bajo el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de 13 de julio, sin perjuicio de las competencias atribuidas al respecto a la Agencia Española de Protección de Datos. A estos efectos difundirá el contenido del Registro de Ficheros de Datos Personales, con expresión de la información que al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.i) de la Ley 8/2001, de 13 de julio, determine el Director de la Agencia.

2. Dicha difusión se realizará, como mínimoa través de:

a) La publicación de un catálogo anual de los ficheros inscritos en el Registro de Ficheros de Datos Personales.

b) Internet, donde la información será de acceso libre y gratuito, y estará permanentemente actualizada.

Artículo 9 . Memoria

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid redactará una memoria anual que comprenderá la información relativa al funcionamiento y actividades realizadas por la Agencia en su ámbito de competencias, en relación con la aplicación de la Ley 8/2001, de 13 de julio, y demás disposiciones legales y reglamentarias sobre protección de datos.

2. La memoria anual será remitida por el Director de la Agencia al Consejo de Gobierno a través de la Consejería que en su caso se determine, y a la Asamblea de Madrid.

TÍTULO II. Órganos de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

Capítulo I. Estructura orgánica

Artículo 10 . Estructura orgánica de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se estructura en los siguientes órganos:

a) El Director de la Agencia de Protección de Datos.

b) El Consejo de Protección de Datos.

2. Las Unidades administrativas jerárquicamente dependientes del Director son: la Subdirección General de Registro de Ficheros y Consultoría, la Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos y la Secretaría General.

3. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, el Consejero de Presidencia, a propuesta de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, destinará en la Agencia un letrado para el asesoramiento jurídico.

Capítulo II. El Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

Artículo 11 . El Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Funciones de dirección y gestión

1. El Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid dirige la Agencia y ostenta su representación, correspondiéndole adoptar las disposiciones, resoluciones e instrucciones que requiera el ejercicio de las funciones de la Agencia y, en particular, las siguientes funciones de dirección:

a) Resolver motivadamente las reclamaciones que presenten las personas afectadas contra los responsables de los ficheros, con el objeto de tutelar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

b) Acordar el inicio del procedimiento de infracción de la Administración Pública y dictar la resolución que corresponda, una vez haya terminado la instrucción del procedimiento, determinando la existencia o no de una infracción al artículo 44 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por parte de los responsables de ficheros públicos, pudiendo proponer, si fuera necesario, la incoación de los procedimientos disciplinarios contra aquellas personas que estime responsables directos de las infracciones, sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales previstas en el artículo 13 de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

c) Autorizar a los inspectores designados para la realización de las funciones de inspección que sea preciso llevar a cabo en los locales o sede del responsable del fichero, o donde se encuentren ubicados los ficheros o los dispositivos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento. A estos efectos, se respetará el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, recabando, cuando sea necesario, a través de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, la autorización del juez, para la entrada en los locales con el fin de proceder a las inspecciones pertinentes.

d) Dictar las instrucciones y recomendaciones precisas para adecuar los tratamientos de datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y a la Ley 8/2001, de 13 de julio.

e) Resolver motivadamente sobre la procedencia o improcedencia de las inscripciones que deban practicarse en el Registro de Ficheros de Datos Personales.

f) Aprobar el informe que, con carácter preceptivo, debe dictar la Agencia sobre los proyectos de disposiciones generales que desarrollen la Ley 8/2001, de 13 de julio, y sobre las disposiciones de creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal dentro de su ámbito de aplicación.

g) Responder a las consultas planteadas por las Administraciones Públicas, Entes Locales, Corporaciones de Derecho Público y Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, con el objeto de interpretar y aplicar la legislación en materia de protección de datos.

h) Firmar los Convenios de Colaboración en las materias reguladas por la Ley 8/2001, de 13 de julio, con las Corporaciones Locales, Corporaciones de Derecho Público y Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

i) Colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos y, a tal efecto, acordar la remisión a la misma, con una periodicidad trimestral, del contenido actualizado del Registro de Ficheros de Datos Personales.

j) Recabar de los responsables de los ficheros bajo el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de 13 de julio, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

k) Aprobar la memoria anual de las actividades de la Agencia y remitirla al Consejo de Gobierno a través de la Consejería con la que dicha Agencia se relacione, y a la Asamblea de Madrid.

2. Corresponderá, asimismo, al Director de la Agencia las siguientes funciones de gestión:

a) Actuar como órgano de contratación, adjudicando y formalizando los contratos que requiera la gestión de la Agencia, vigilando su cumplimiento con sujeción a las normas generales de la contratación de las Administraciones Públicas, así como por la normativa de desarrollo que sea de aplicación en la Comunidad de Madrid.

b) Aprobar gastos y ordenar pagos dentro de los límites de los créditos del presupuesto de gastos de la Agencia conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en vigor.

c) Dirigir la gestión económico-administrativa de la Agencia.

d) Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuestos de la Agencia.

e) Proponer la relación de puestos de trabajo de la Agencia y sus modificaciones, para su aprobación por la Consejería de la Comunidad de Madrid que tenga atribuida la competencia en materia de personal.

f) Convocar, gestionar y resolver con total autonomía e independencia los sistemas de provisión ordinarios de concurso de méritos y libre designación de los puestos de trabajo del personal funcionario adscritos a la Agencia, con excepción del régimen de provisión por la vía especial del artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Publica de la Comunidad de Madrid, y también de las autorizaciones de comisiones de servicio cuando afecten a funcionarios de otras Consejerías de la Comunidad de Madrid o se encuentren interesadas otras Administraciones Públicas.

g) Elaborar, convocar, gestionar y resolver los sistemas de selección y promoción profesional del personal laboral adscrito a la Agencia, de conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo de aplicación en la Agencia y en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Publica de la Comunidad de Madrid.

h) Ordenar la convocatoria de las reuniones del Consejo de Protección de Datos.

i) Las demás funciones que le atribuye la Ley 8/2001, de 13 de julio, y el presente Estatuto.

3. Los actos administrativos dictados por el Director en el ejercicio de las funciones públicas de la Agencia agotan la vía administrativa. Contra ellos se podrá interponer recurso potestativo de reposición o, directamente, recurso contencioso-administrativo.

Artículo 12 . Nombramiento, cese y sustitución en caso de ausencia o enfermedad

El nombramiento y cese del Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se realizará conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

En ausencia o enfermedad del Director de la Agencia, le suplirá el titular de la Subdirección General de Registro y Consultoría, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13 . Independencia y mandato

1. El Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los artículos 14.1 y 16.2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, ejercerá su cargo, durante su mandato, con plena independencia y objetividad, sin estar sujeto a instrucción alguna en el desempeño de sus funciones, aunque deberá oír al Consejo de Protección de Datos sobre aquellos asuntos que le someta a su consideración, o sobre aquellos otros en que el Consejo estime oportuno pronunciarse.

2. El Director de la Agencia comparecerá, al menos, una vez al año ante la Asamblea de Madrid para informar de su actuación.

3. El Director de la Agencia tendrá la consideración de alto cargo, resultándole de aplicación la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

4. El Director de la Agencia ejercerá su mandato durante cuatro años, contados desde su nombramiento, y percibirá las retribuciones que se le asigne en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Capítulo III. Unidades administrativas dependientes del Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

SECCIÓN 1.ª. La Subdirección General de Registro de Ficheros y Consultoría

Artículo 14 . La Subdirección General de Registro de Ficheros y Consultoría

La Subdirección General de Registro de Ficheros y Consultoría es la unidad administrativa de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid a la que se adscribe el Registro de Ficheros de Datos Personales, previsto en el artículo 18 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, y le corresponde promover la publicidad de la existencia de ficheros de datos de carácter personal que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. Asimismo, y con el objeto de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, ejercerá una función preventiva de consultoría con los responsables de los referidos ficheros.

Artículo 15 . Funciones de Registro

La Subdirección General del Registro y Consultaría, como encargada del Registro de Ficheros de Datos Personales, realiza las siguientes funciones:

1. Elaborar el informe preceptivo que tiene que aprobar el Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid respecto de todos los proyectos de disposiciones de carácter general por los que se crean, modifican o suprimen los ficheros que contienen datos de carácter personal, para lo que la Subdirección General de Registro de Ficheros y Consultoría podrá requerir de los responsables la información complementaria que entienda precisa, de conformidad con el Decreto 99/2002, de 13 de junio, de Regulación del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General de Creación, Modificación y Supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, así como su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales.

2. Instruir, de conformidad con el Decreto 99/2002, de 13 de junio, los expedientes de inscripción de creación, modificación o supresión de los ficheros a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, y de los que sean titulares:

a) La Asamblea de Madrid.

b) Las diferentes Consejerías integrantes de la Administración General de la Comunidad de Madrid.

c) Los Organismos Autónomos, los Órganos de Gestión, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos integrantes de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con excepción de las sociedades mercantiles previstas en el artículo 2.2.c) 1 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

d) Los Entes que integran la Administración Local del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

e) Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

f) Las diferentes Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales de la Comunidad de Madrid respecto de los ficheros creados o gestionados para el ejercicio de potestades de derecho público.

3. Recoger en los asientos de inscripción del Registro de Ficheros de Datos Personales la información contenida en la disposición de carácter general de creación, modificación o supresión del fichero, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, y en el artículo 6 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, que la desarrolla.

4. Rectificar de oficio los errores materiales de las inscripciones anteriores.

5. Elaborar las propuestas de resolución del Director de la Agencia relativas a las inscripciones de creación, modificación o supresión de ficheros, que puedan realizarse de oficio.

6. Inscribir en el Registro de Ficheros de Datos Personales las resoluciones emitidas por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos que afecten al contenido de las inscripciones.

7. Expedir certificaciones de las inscripciones a los responsables de los ficheros.

8. Dar publicidad a los ficheros inscritos en los términos previstos en el artículo 8 del presente Estatuto.

9. Informar gratuitamente a las personas que lo soliciten, sobre la existencia o no de ficheros inscritos, su finalidad y la identidad del responsable de los mismos y, en general, sobre todos los extremos que obran en el Registro de Ficheros de Datos Personales; todo ello, con el objetivo de que puedan ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

10. Preparar y gestionar el envío periódico de las inscripciones realizadas en el Registro de Ficheros de Datos Personales al Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.

11. Proceder a la inscripción de los códigos tipo en los términos previstos en el artículo 18.2.c) de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

Artículo 16 . Funciones de consultoría

Las funciones de consultoría que desarrolla y ejerce la Subdirección General del Registro de Ficheros y Consultoría son las siguientes:

1. Elaborar y poner a disposición de los responsables de ficheros, y de sus usuarios, los recursos técnicos para apoyar la inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales, así como, en general, la gestión de tales ficheros conforme a lo exigido por la Ley 8/2001, de 13 de julio, y disposiciones complementarias. Tales recursos podrán incluir, entre otros, metodologías, aplicaciones informáticas de apoyo, esquemas de homologación de productos o servicios, materiales para la formación, modelos de documentación y guías de preguntas frecuentes.

2. Colaborar con los responsables de ficheros, sin perjuicio de las competencias que éstos tienen atribuidas, al objeto de que los ficheros de creación, modificación o supresión se ajusten a las previsiones contenidas en la Ley 8/2001, de 13 de julio, mediante la prestación de servicios que podrán incluir, entre otros, difusión y formación, ayuda para la utilización de los recursos técnicos definidos en el apartado 1 de este artículo, identificación de tratamientos de datos de carácter personal, apoyo a la inscripción de ficheros en el Registro de Ficheros de Datos Personales, asesoramiento sobre la implantación y adecuación de las medidas de seguridad que establece el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal y, en general, en materia de protección de datos de carácter personal.

3. Atender las consultas planteadas por los responsables de ficheros en materia de protección de datos.

4. Analizar los proyectos de disposiciones generales que incidan en la materia de la Ley 8/2001, de 13 de julio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Estatuto.

5. En general, actuar como interlocutor de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ante los responsables de ficheros en todas las materias, con excepción de lo dispuesto en el artículo 18, y sin perjuicio de las funciones definidas para el resto de órganos y unidades de la misma.

6. Asesorar al Director de la Agencia y al resto de órganos y unidades de la misma en materias de especialización técnica

y de gestión relevantes para la protección de datos personales, como pueden ser la e-Administración, Internet, tecnologías y procedimientos de identificación electrónica individual, tales como certificados y firma electrónica, o cualesquiera otras análogas.

SECCIÓN 2.ª. La Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos

Artículo 17 . La Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos

1. La Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos es la unidad administrativa de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid a la que compete el ejercicio de las funciones derivadas de la potestad de Inspección, reguladas en el artículo 19 de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

2. Igualmente, es competencia de esta unidad administrativa, en relación con los ficheros sometidos al ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de 13 de julio, el impulso y la instrucción de los procedimientos a que den lugar las reclamaciones y denuncias de los ciudadanos para la protección de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de los procedimientos de infracción de las Administraciones Públicas que se tramiten como consecuencia del ejercicio de la función de control para determinar la existencia o no de infracción prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y, por último, la realización de los planes sectoriales de inspección.

Artículo 18 . Funciones inspectoras

1. La Subdirección General de Inspección y Tutela de Derechos, como consecuencia del ejercicio de la función de control y la potestad de inspección atribuida legalmente a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, está facultada para efectuar en los términos previstos en el Decreto 67/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de las Funciones de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid de Tutela de Derechos y de Control de Ficheros de Datos de Carácter Personal, inspecciones periódicas o circunstanciales sobre los ficheros de datos personales bajo su ámbito competencial, así como, también, podrá llevar a cabo planes sectoriales de inspección, a cuyos efectos accederá a los locales en los que se hallen los soportes físicos y lógicos de los ficheros, pudiendo:

a) Examinar los soportes de información que contengan los datos personales.

b) Examinar los equipos físicos y lógicos, y los procedimientos organizativos de gestión de datos personales.

c) Requerir los programas o la documentación pertinente al objeto de determinar, en caso necesario, el tratamiento de que los datos sean objeto.

d) Examinar los sistemas de transmisión y acceso a los datos.

e) Realizar auditorías de los sistemas informáticos al fin de determinar su conformidad con las disposiciones legales vigentes.

f) Requerir la exhibición de cualquier otro documento pertinente.

g) Requerir el envío de toda información precisa para el ejercicio de las funciones inspectoras.

h) Revisar las medidas de seguridad técnicas y organizativas aplicadas a los ficheros y tratamientos de datos.

2. El personal de la Agencia que ejerza las funciones inspectoras tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones, y estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones que conozca en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.

3. Los responsables de los ficheros estarán obligados a permitir el acceso a los locales en los que se hallen los ficheros y los equipos informáticos, previa exhibición por el inspector actuante de la autorización de inspección expedida por el Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Artículo 19 . Funciones instructoras

La Subdirección de Inspección y Tutela de Derechos tiene la competencia para el ejercicio de los actos de instrucción relativos a los procedimientos de tutela de derechos y de infracción por parte de las Administraciones Públicas, derivados del ejercicio de las funciones de control reconocidas a la Agencia en los artículos 2.1, 12.2, 15.a) y d) de la Ley 8/2001, de 13 de julio, y desarrolladas por el Decreto 67/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de las Funciones de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid de Tutela de Derechos y de Control de los Ficheros de Datos de Carácter Personal.

SECCIÓN 3.ª. La Secretaría General

Artículo 20 . Funciones

La Secretaría General es la unidad administrativa que desarrolla y realiza las siguientes funciones:

1. Notificar las resoluciones del Director de la Agencia.

2. Ejercer la Secretaría del Consejo de Protección de Datos.

3. Gestionar los medios personales y materiales adscritos a la Agencia.

4. Realizar la gestión económica-administrativa del presupuesto de la Agencia.

5. Llevar el inventario de bienes y derechos que integren el patrimonio de la Agencia.

6. Gestionar los sistemas de información y telecomunicaciones de la Agencia.

7. La difusión de datos y publicaciones, incluyendo, en particular, y con carácter anual, el contenido íntegro del Registro de Ficheros de Datos Personales y la memoria de actividades de la Agencia, así como la gestión del sitio Web y publicaciones electrónicas de la Agencia.

8. Informar al ciudadano de los derechos que la Ley le reconoce en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal.

9. Gestionar los asuntos de carácter general no atribuidos a otros órganos de la Agencia.

10. La gestión de los fondos documentales de la Agencia y, en particular, la formación y actualización de un fondo de documentación sobre legislación, jurisprudencia y doctrina en materia de protección de datos personales y cualesquiera materias conexas.

11. Organizar conferencias, seminarios, jornadas sobre protección de datos en la Comunidad de Madrid, así como colaborar en las actividades de cooperación internacional o interregional que se le requieran a la Agencia.

12. Coordinar las prácticas universitarias realizadas en el Agencia con los alumnos de aquellas Universidades de la Comunidad de Madrid con las que se ha suscrito un Convenio de Colaboración.

13. Elaborar los informes y propuestas que le solicite el Director de la Agencia respecto de todas las materias señaladas en los apartados anteriores.

SECCIÓN 4.ª. Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid

Artículo 21 . Funciones

El letrado designado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, con destino en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, ejercerá el asesoramiento jurídico de la Agencia de conformidad con lo previsto en la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Capítulo IV. El Consejo de Protección de Datos

Artículo 22 . El Consejo de Protección de Datos. Naturaleza y funciones

1. El Consejo de Protección de Datos, previsto en el artículo 17 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, es el órgano colegiado consultivo de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

2. Corresponde al Consejo de Protección de Datos la designación del Director de la Agencia, así como su asesoramiento.

3. Corresponde, igualmente, al Consejo de Protección de Datos la emisión de dictámenes en todas las cuestiones que le someta el Director de la Agencia en las materias reguladas en la Ley 8/2001, de 13 de julio. Asimismo, podrá formular las propuestas que considere sobre los asuntos relacionados con dichas materias.

Artículo 23 . Propuesta, nombramiento y cese

1. Los miembros del Consejo de Protección de Datos serán propuestos en la forma siguiente:

a) Un representante por cada Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid.

b) Cinco representantes por la Administración de la Comunidad de Madrid, designados por su Presidente.

c) Dos representantes por las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, designados por la Federación de Municipios de Madrid.

d) Un representante de las organizaciones sindicales, elegido por el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

e) Un representante de las organizaciones empresariales, elegido por el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

f) Un experto en la materia, designado por la Asamblea de Madrid.

2. Las propuestas de nombramiento y sustitución serán elevadas al Presidente de la Comunidad de Madrid por conducto de la Consejería que, en su caso, se determine.

3. Los miembros propuestos serán nombrados mediante Decreto del Presidente de la Comunidad de Madrid y sustituidos en la forma prevista en el artículo 17.3 de la Ley 8/2001, de 13 de julio.

Artículo 24 . Duración del nombramiento y cobertura de vacantes

1. El nombramiento de los miembros del Consejo de Protección de Datos será por cuatro años, con excepción de los siguientes supuestos:

a) Renuncia anticipada del miembro designado.

b) Propuesta de cese de los miembros nombrados, emanada de los Grupos Parlamentarios, Administraciones, Instituciones, Órganos, Corporaciones u Organizaciones a las que se refiere el artículo 23.

2. Las vacantes que se produzcan en el Consejo, antes de expirar el plazo de su mandato, deberán ser cubiertas dentro del mes siguiente a la fecha en que la vacante se hubiera producido, por el procedimiento previsto en el artículo 23 y por el tiempo que reste para completar el mandato de quien causó la vacante a cubrir.

3. Con anterioridad a la finalización del mandato de los miembros del Consejo, los Grupos Parlamentarios, Administraciones, Instituciones, Órganos, Corporaciones u Organizaciones a las que se refiere el artículo 23 comunicarán, por conducto de la Consejería que, en su caso, se determine, los nombres de las personas que propongan para un nuevo mandato en el Consejo.

4. El Presidente de la Comunidad de Madrid, mediante Decreto, nombrará como miembros del Consejo a los propuestos, quienes tomarán posesión de su condición el día inmediatamente posterior al que expire el anterior mandato de los miembros del Consejo.

5. Los miembros del Consejo no percibirán retribución alguna, sin perjuicio, en su caso, del abono de los gastos, debidamente justificados, que les ocasione el ejercicio de su función.

Artículo 25 . Funcionamiento

1. El Consejo ajustará su actuación a las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el presente Estatuto y de las normas de funcionamiento que pueda aprobar el Consejo.

2. Actuará como Presidente del Consejo el Director de la Agencia o persona que lo sustituya.

3. Actuará como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto, el titular de la Secretaría General de la Agencia de Protección de Datos. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, actuará como Secretario una persona adscrita a la Secretaría General, designada por el Director de la Agencia.

4. El Consejo se reunirá cuando así lo decida el Presidente, o cuando lo solicite la mayoría de sus miembros y, como mínimo, dos veces al año.

5. El Consejo quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, si están presentes el Presidente, el Secretario, o las personas que los sustituyan, y la mitad de los miembros del Consejo y, en segunda convocatoria, si están presentes el Presidente, el Secretario, o las personas que los sustituyan, y la tercera parte de los miembros del Consejo.

TÍTULO III . Régimen económico, patrimonial y de personal

Capítulo I. Régimen económico

Artículo 26 . Recursos económicos

Los recursos económicos de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid comprenderán:

a) Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

b) Los rendimientos derivados de su patrimonio.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Artículo 27 . Contabilidad y control

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ajustará su contabilidad al régimen de contabilidad pública, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estando sometida a la función interventora, control financiero y control de eficacia de la Intervención General en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 del referido texto legal, y en el artículo 12 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 28 . Régimen Presupuestario

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid elaborará anualmente su anteproyecto de presupuesto, y lo remitirá a la Consejería competente en materia de Hacienda a través de la Consejería que, en su caso, se determine, para su integración con la debida independencia en el presupuesto.

Capítulo II . Régimen patrimonial y contratación

Artículo 29 . Patrimonio

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid tendrá un patrimonio propio, integrado por los bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier título de adquisición.

2. Los bienes que la Comunidad de Madrid adscriba a la Agencia quedarán afectados a su servicio y conservarán su calificación jurídica originaria, debiendo ser utilizados exclusivamente para los fines que determinaron la adscripción. Cuando los bienes adscritos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de los fines determinados en el acuerdo de adscripción, o sean empleados para fines distintos a los especificados en ese acuerdo, se reincorporarán al patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Artículo 30 . Contratación

Los contratos que celebre la Agencia de Protección de Datos se regirán por las normas generales de la contratación de las Administraciones Públicas, así como por la normativa de desarrollo que sea de aplicación en la Comunidad de Madrid.

Capítulo III. Régimen de personal

Artículo 31 . Relación de puestos de trabajo

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid propondrá a la Consejería competente la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia.

2. La relación de puestos de trabajo distinguirán, para de cada unidad orgánica, los correspondientes al personal funcionario y laboral conforme a los criterios establecidos en la legislación de la función pública de la Comunidad de Madrid.

Artículo 32 . Provisión de puestos de trabajo

1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con total autonomía y conforme a la legislación de función pública de la Comunidad de Madrid, podrá convocar, gestionar y resolver la provisión ordinaria, a través del concurso de méritos y libre designación de los puestos de trabajo del personal funcionario adscritos a la Agencia.

2. La Agencia, con total autonomía, podrá elaborar, convocar, gestionar y resolver los sistemas de selección y promoción profesional de los puestos de trabajo de personal laboral adscrito a la Agencia, de conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo de aplicación en la Agencia y en la legislación de la función pública de la Comunidad de Madrid que sea de aplicación a este personal.

Artículo 33 . Retribuciones

Las retribuciones del personal funcionario y laboral de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como en los acuerdos, pactos o convenios colectivos que le sean de aplicación.

Dado en Madrid, a 18 de marzo de 2004.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Interior, ALFREDO PRADA PRESA

La Presidenta, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 236/1999, 20 DE DICIEMBRE Jurisprudencia Informatica de

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 236/1999, 20 DE DICIEMBRE

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 3.819/94, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Pedro Vila Rodríguez, en representación de don José Ramón Prado Bugallo, con la asistencia letrada de don Gerardo Quintana Aparicio, contra la Sentencia de 26 de junio de 1993 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en la causa 8/1992 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, y contra las dictadas el 31 de octubre de 1994 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en casación de la misma causa. En el proceso de amparo ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito presentado en este Tribunal el día 28 de noviembre de 1994, el Procurador de los Tribunales don José Pedro Vila Rodríguez interpuso, en nombre y representación de don José Ramón Prado Bugallo, el recurso de amparo del que se hace mérito en el encabezamiento y en cuya demanda se nos dice que en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional se siguió el sumario núm. 8/1992 contra el demandante y otros por distintos delitos (tráfico de drogas, contrabando, receptación, falsedad, delito monetario, etc.), que una vez concluido fue remitido a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional (rollo de Sala núm. 12/92). En la fase de apertura del juicio oral, la defensa del demandante presentó escrito de calificación y proposición de prueba, en el que solicitó, entre otras pruebas, la documental consistente en la audición de las grabaciones telefónicas (bobinas originales) ordenadas por el Juez Instructor, y la pericial a cargo de distintos peritos, entre ellos dos ingenieros de telecomunicaciones expertos en escuchas telefónicas. Por Auto de 14 de abril de 1993, la Sala declaró pertinentes las pruebas propuestas, a excepción de la audición de las conversaciones telefónicas (“por no insistir en ello las partes y en atención a las dificultades técnicas que conllevan, amén de que su contenido ha sido legalizado por el Juzgado Instructor, sin que ello prejuzgue su validez”) y la pericial a practicar por dos ingenieros de telecomunicaciones (“dado su carácter subsidiario” de la anterior).

Celebrado el juicio oral, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional dictó Sentencia el 26 de junio de 1993, donde condenó a este acusado como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas a las penas de veinte años de reclusión menor y multa de 205.000.000 pesetas; de un delito monetario de exportación dineraria no autorizada de los arts. 6.A.1 y 7.1.1 de la Ley Orgánica 19/1983, sobre control de cambios, a la pena de multa de 4.000.000 pesetas, con diez días de arresto sustitutorio en caso de impago; y de un delito de falsedad en documento de identidad, a las penas de tres meses de arresto mayor y multa de 150.000 pesetas, con diez días de arresto sustitutorio en caso de impago, contra cuya Sentencia interpuso el condenado recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resuelto por Sentencia de 31 de octubre de 1994, en la cual se suprimió el arresto sustitutorio de las penas de multa impuestas por el delito monetario y por el de falsedad en documento de identidad.

En la demanda de amparo se invoca la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.), a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.). La infracción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), en relación con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.), se imputa, en primer término, a la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la audición de las grabaciones telefónicas originales en el acto del juicio oral, pues, a juicio del recurrente, ninguna de las razones dadas por la Sala para denegar la práctica de dicha prueba son conformes con los derechos invocados. En un primer momento, la Sala denegó la audición solicitada porque las bobinas originales no habían sido incorporadas a los autos, por las dificultades técnicas que conllevaba la audición y porque las partes no habían insistido en ello (Auto de 14 de abril de 1993). Esta respuesta, en parte incongruente porque el recurrente sí había insistido en su inicial petición, motivó que la defensa del recurrente propusiera al inicio del juicio oral la nulidad de la prueba por entender que la no incorporación de las grabaciones originales le privaba de un importantísimo medio de defensa. Posteriormente, en la Sentencia, la Sala razona que, a pesar de haberse recibido las cintas al inicio de las sesiones de la vista del juicio oral, “no se consideró oportuno la reproducción de la totalidad de las mismas, pues por su número y considerable capacidad de archivo, ello hubiera conllevado una dilación manifiesta y perjudicial de sesiones. Sin embargo, por las partes no se reiteraron, en el acto de la vista, las peticiones de reproducción magnetofónica de las grabaciones remitidas, razón por la que la lectura de la correspondiente documentación cumple la exigencia normativa sobre tal particular”. Esta respuesta tampoco puede considerarse válida puesto que las partes no tuvieron conocimiento de la remisión por el Juzgado Instructor de las grabaciones telefónicas originales, razón por la cual la defensa del recurrente no reiteró en el acto de la vista su petición de audición de las mismas.

En segundo término, la lesión también se imputa a la Sentencia de casación, que desestimó el motivo del recurso en el que se planteaba la queja referida a la no audición de las grabaciones telefónicas por la “falta de formal protesta (en el juicio oral) por la denegación de la misma” porque la prueba en cuestión era “prueba nada significativa para los intereses de las partes acusadas, habida cuenta el control de cotejo de tales cintas, con su transcripción escrita bajo la fe pública judicial y la amplia prueba pericial al respecto practicada en el plenario”. Tampoco estos razonamientos pueden entenderse conformes con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, pues, de una parte, la falta de protesta formal no supone aquietamiento alguno, sino acotamiento a lo resuelto por la Sala , que reiteradamente manifestó que las bobinas originales de las grabaciones telefónicas no aparecían incorporadas a los autos. De otra parte, considerar como “nada significativa” la prueba de audición en el acto de la vista oral supone desconocer los principios de publicidad, concentración, inmediación, contradicción e igualdad de defensa.

Por otra parte, la infracción del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) se basa en que en el trámite de calificación provisional propuso la prueba pericial consistente en el informe de dos peritos, designados por la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones como expertos en escuchas telefónicas. La proposición de esta pericia tenía un sentido absolutamente lógico, pues según lo dictaminado por los peritos de la Policía (folio 11.368 del sumario 13/90, del que se desglosó luego el sumario 8/92) las grabaciones telefónicas eran de muy baja calidad, pero que, no obstante, podía intentarse el trabajo pericial respecto de algunos implicados, entre los que no se encontraba el recurrente, lo que significaba que las grabaciones de su voz pertenecían al grupo de las de baja o muy baja calidad. A pesar de ello, unos meses después se emitió dictamen pericial policial donde se dice que existe un alto índice de probabilidad de que la voz estudiada sea la del recurrente, y posteriormente, por el perito Dr. Blanco Carril, nombrado por el Juez Instructor, sin intervención de las partes, se emitió otro dictamen en el mismo sentido. Por todo ello, el recurrente, en aras del derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, tenía la obligación de designar otros peritos dadas las fundadas dudas sobre el valor de las anteriores pericias que se le presentaban.

Tampoco la respuesta del Tribunal Supremo en la Sentencia de casación puede considerarse respetuosa con el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, puesto que rechazó el motivo del recurso por la falta de protesta formal frente a la denegación de la prueba, cuando la petición de nulidad hecha en el inicio del juicio oral tiene, como mínimo, el mismo valor que la protesta formal y viene a denunciar una privación de un derecho fundamental. Por otra parte, el Tribunal Supremo también razona que los peritos, conforme al párrafo 2º del art. 656 L.E.Crim., deben ser designados nominativamente, cuando lo cierto es que, como puede comprobarse con la lectura del escrito de proposición de prueba, la forma de proponer los peritos cumple todos los requisitos.

Finalmente, la infracción del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) tiene como fundamento, en primer término, que ni una sola de las intervenciones telefónicas se sometió a contradicción en el acto del juicio oral, bajo los principios de contradicción y de defensa, porque las cintas magnetofónicas no fueron oídas en el plenario por las razones antes expuestas. Tampoco se llevó a cabo la ratificación en el juicio oral por los funcionarios policiales que practicaron las escuchas, grabaciones y transcripciones telefónicas, sin que pueda justificarse, como hace el Tribunal Supremo en la Sentencia de casación, la falta de ratificación en el hecho de que en el escrito de conclusiones provisionales no se solicitó tal prueba, puesto que, por imperativo del principio acusatorio y del derecho a la presunción de inocencia, era el Ministerio Fiscal el obligado a pedir tal declaración. En segundo término señala que en la Sentencia de instancia se reconoce expresamente que en las diligencias de cotejo de las cintas magnetofónicas no hay constancia de una serie de datos objetivos del material remitido, tales como si se trata de bobinas originales o copias, los números de teléfono y su radicación, fechas y demás datos que faciliten la identificación del material. Por último, denuncia que las intervenciones telefónicas acordadas por el Juez Instructor han de considerarse como ilícitas, por carecer de la exigible motivación, sin que sea posible admitir como válida la “motivación implícita” ni tampoco justificar a posteriori la proporcionalidad de las intervenciones, como parece entender en el presente caso el Tribunal Supremo. En atención a lo expuesto, el demandante solicitó el otorgamiento del amparo y la declaración de nulidad de las Sentencias recurridas. Por otrosí solicitó la suspensión de la ejecución de la condena durante la tramitación del recurso de amparo con base en el art. 56 LOTC.

2. La Sección Primera, por providencia de 30 de enero de 1995, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo diez días para formular alegaciones en relación con la concurrencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC, por la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda. Posteriormente, una vez presentados los escritos de alegaciones, en los que la representación del recurrente y el Fiscal solicitarón la admisión y la inadmisión de la demanda, respectivamete, la Sección Cuarta–a quien le correspondió el conocimiento de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Acuerdo del Pleno del Tribunal de 25 de abril de 1995–, por providencia de 29 de mayo de 1995, acordó admitir a trámite la demanda. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional interesando la remisión de las actuaciones correspondientes al rollo núm. 12/92, dimanantes del sumario 8/92 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, y el emplazamiento a quienes hubieren sido parte, a excepción del recurrente, en el proceso judicial para que pudiesen comparecer en el presente proceso constitucional.

3. Por escrito presentado el 23 de junio de 1995, la Procuradora de los Tribunales doña Yolanda García Hernández solicitó su personación en nombre y representación de doña Isabel Osorio Ramírez. La Sección, por providencia de 28 de septiembre de 1995, acordó no tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Yolanda García Hernández, en nombre y representación de doña Isabel Cristina Osorio Ramírez, por ostentar la misma situación procesal que el recurrente en amparo y haber transcurrido el plazo que la Ley Orgánica del Tribunal establece para recurrir. Asimismo, acordó dar vista de las actuaciones recibidas en el recurso de amparo núm. 3.775/94 a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimaren oportunas.

4. El Ministerio Fiscal, por escrito presentado el 31 de octubre de 1995, manifestó que en las actuaciones remitidas constaban sólo las procedentes del Tribunal Supremo, faltando las diligencias sumariales y las correspondientes al rollo de Sala de la Audiencia Nacional, por lo que solicitó, al amparo del art. 88.1 LOTC, recabar la documentación referida antes de evacuar el trámite de alegaciones.

5. La Sección, por providencia de 18 de enero de 1996, en atención a la extensión de las actuaciones en relación con el tiempo que se tardaría en obtener su testimonio y a la dilación en la resolución del presente proceso que ello supondría, así como, en el caso de que fuesen remitidas las actuaciones originales, a lo gravoso de su transporte y de la ubicación en local adecuado en la sede del Tribunal, acordó conceder un nuevo plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para efectuar las alegaciones, con la posibilidad de examinar las actuaciones en el lugar de su ubicación en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

6. El demandante, en escrito presentado el 13 de febrero de 1996, alegó, en primer término, que tal y como se deduce de distintos razonamientos de la Sentencia de instancia, no hay en las actuaciones prueba alguna independiente de las intervenciones telefónicas para considerar enervado el principio de presunción de inocencia y poder dictar sentencia condenatoria. En segundo término, en relación con las violaciones constitucionales planteadas, reiteró las alegaciones esgrimidas en el escrito de demanda y solicitó la estimación del amparo solicitado.

7. El Ministerio Fiscal, en su escrito de alegaciones, presentado el 28 de febrero de 1996, interesó la denegación del amparo, por no resultar del proceso la lesión de los derechos fundamentales que sirven de apoyo a la demanda. En efecto, luego de exponer los hechos de los que trae causa el recurso y la doctrina acerca de la validez probatoria de las intervenciones telefónicas, la exigencia de que la intervención esté sometida a los principios de legalidad, proporcionalidad y autorización judicial específica y razonada, y la necesidad de su reproducción en el acto del juicio oral, el Fiscal razonó la desestimación del recurso. En primer lugar aduce que el primer Auto de efectiva operatividad de intervenciones telefónicas fue dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 el 23 de noviembre de 1990 (folio 285), resolución ésta debidamente motivada y que se adopta a la vista de las actuaciones judiciales seguidas en el mismo Juzgado en otro procedimiento sumarial ya en marcha (sumario 13/90, seguido contra José Ramón Prado Bugallo, por posible delito de tráfico de drogas). Con posterioridad, se adoptan otras intervenciones relativas a personas concretas, sobre números telefónicos bien determinados, por plazo cierto (generalmente de un mes), que son objeto de prórroga en su caso, siempre mediante Auto, y para la específica investigación judicial de delitos de narcotráfico, concretadas en diversas resoluciones judiciales de intervención que obran a los folios 296, 299, 542, 545, 580, 583, 586, 587, 611, 629, 712, 715 y 724 del sumario 8/92. En todos los casos se procedió a la contrastación por el Secretario judicial de las cintas recibidas con sus respectivas transcripciones, que obran en los folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del mencionado sumario. Las exigencias de los principios de legalidad y proporcionalidad no presentan –a juicio del Fiscal– mayores dificultades, a la vista la gravedad de los delitos imputados, la complejidad de la organización delictiva, que exigía como único medio posible de investigación la intervención telefónica de diversos números, la fijación de plazos taxativos y su prórroga, acordada siempre de conformidad con las garantías constitucionales.

En cuanto al control judicial, todas las transcripciones se encuentran adveradas por el Secretario judicial y el hecho de que algunas conversaciones se produjeron en griego, francés, catalán y gallego y no conste la intervención de intérprete para su transcripción carece de relevancia como razona el Tribunal Supremo en la Sentencia de casación. Primero, porque las conversaciones en griego no aparecen transcritas de ninguna forma y no fueron objeto de valoración judicial. Segundo, porque, en los demás casos, “tratándose de lenguas romances o neolatinas, nada ha impedido al fedatario que haya podido contrastar lo oído con lo transcrito en castellano, pues en el sentido coloquial y no estrictamente literario son entendidas por muchos españoles”. En cualquier caso, se trata de un problema de fe pública judicial, que es ajena a la competencia del Tribunal Constitucional. Por lo que se refiere a la queja de que las transcripciones no recogen la totalidad de las cintas grabadas, aparte de que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo exige la síntesis de lo grabado, lo cierto es que la Sentencia de casación aclara que todas las conversaciones telefónicas fueron transcritas, salvo en tres supuestos: las que no llegaron a intervenirse por cuestiones técnicas, las que carecían de interés y aquellos otros casos en que no ha existido propiamente conversación.

Las cintas, cassettes y demás pruebas de convicción se recibieron en la Sala al inicio de las sesiones del juicio oral, con lo que pudieron ser objeto de contradicción, y en el juicio oral depusieron diversos peritos, que afirmaron la validez de las cintas y su autenticidad. Aunque consta tan solo que parte de las cintas obrantes en el momento del juicio eran las originales, de lo que puede deducirse que el resto eran copias, no puede perderse de vista la finalidad del control judicial de la bobinas originales, que es la de evitar su manipulación, trucaje y distorsión (STC 190/1992). La existencia de dictámenes periciales que adveran la falta de manipulación de las cintas y la autenticidad de las voces de los intervinientes en las conversaciones cubre el necesario control judicial. En cualquier caso, nada se alega respecto de qué tipo de consecuencias negativas para el solicitante de amparo podría tener el hecho de que las cintas no sean las originales, pues ni se denuncia la falta de garantías que pudiera tener tal omisión ni se aduce aspecto concreto alguno del que pueda deducirse algún atisbo de indefensión para el recurrente.

La falta de audición en el juicio oral de las cintas que contenían las grabaciones telefónicas no supone lesión del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ni tampoco afecta al valor probatorio de las transcripciones. En primer término, las razones dadas por la Audiencia Nacional para denegar la práctica de tal prueba –porque la vista oral se hubiera visto dilatada innecesariamente y porque ya existían transcripciones de las cintas cuya lectura en el juicio oral eran factible– resultan más que suficientes para justificar la denegación. En segundo término, contra la resolución que denegó la práctica de la prueba, el recurrente no formuló protesta alguna para preparar, en su caso, el recurso de casación (art. 659.4 L.E.Crim.), lo que motivó que el Tribunal Supremo inadmitiera el motivo de casación en el que se planteó esta concreta queja. Concurre, por tanto, la causa de inadmisibilidad consistente en la falta de agotamiento de los recursos en la vía judicial. Por último, hay que tener en cuenta que en el juicio oral se dio lectura a los folios que contenían las transcripciones de las cintas, en su parte sustancial, con la consiguiente contradicción, y que la audición de las cintas en el acto del juicio oral no forma parte de los requisito exigibles para la validez de la prueba (STC 128/1988) y puede ser perfectamente sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las transcripciones.

Finalmente, tampoco la denegación por la Audiencia Nacional de la prueba pericial consistente en la declaración de dos peritos expertos en escuchas telefónicas supone la lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Como razona el Tribunal Supremo, aparte de la falta de requisitos formales (protesta formal, preguntas a los peritos, relevancia, etc.), la no producción de indefensión se deriva del testimonio prestado en el juicio oral por los peritos del Servicio Central de policía científica que ratificaron sus anteriores informes sumariales, así como del perito Dr. Ramón Blanco Carril, que, además de ratificar su informe anterior, declaró que no tenía la menor duda sobre la autenticidad de las voces (págs. 44 y 45 del acta del juicio oral). El requisito de relevancia de la prueba pretendida no aparece dada la coincidencia de objeto entre aquélla y la practicada, ni tampoco la aducida indefensión que únicamente se derivaría de una imposibilidad de rebatir o cuestionar la propuesta y practicada, lo que no ocurrió en el presente caso. En otro orden de cosas, el Fiscal sugirió, mediante otrosí, la posibilidad de hacer uso de la facultad prevista en el art. 84 LOTC y comunicar al recurrente la eventual quiebra del art. 25.1 C.E. en relación con el delito de exportación ilegal de moneda.

8. La Sección, por providencia de 7 de marzo de 1996, acordó, en aplicación del art. 84 LOTC, oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de diez días, alegasen sobre la eventual quiebra del art. 25.1 C.E. en relación con el delito de exportación ilegal de moneda y sobre la incidencia que en la resolución del recurso de amparo pudiesen tener las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1995 (Bordesa y otros) y 14 de diciembre de 1995 (Sanz de Lara y otros).

9. El demandante, en escrito presentado el 20 de marzo de 1996, alegó que, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las Sentencias de 23 de febrero y 14 de diciembre de 1995, en el sentido de que apartado 1 del art. 73 B y la letra b) del apartado 1 del art. 73 D del Tratado de la Comunidad Europea se oponen a una normativa nacional que supedita, de modo general, a un autorización previa la salida del territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, y que las citadas disposiciones del Tratado pueden invocarse ante el órgano jurisdiccional nacional y dar lugar a la inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias a dichas disposiciones, las Sentencias recurridas vulneran el principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.) al penalizar conductas despenalizadas por normas comunitarias de obligado cumplimiento.

10. El Ministerio Fiscal, en escrito presentado el 25 de marzo de 1995, alegó que el recurrente de amparo ha sido condenado por delito monetario de exportación ilegal de billetes de banco, previsto en el art. 6.A.1 de la Ley Orgánica 10/1983, pero que el requisito de la autorización previa ha sido eliminado por mor de la normativa comunitaria, según interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las Sentencias de 25 de febrero y 14 de diciembre de 1995, a la aplicación de la Directiva 88/361. En consecuencia, las previsiones del art. 6.A de la Ley Orgánica 10/1983, en cuanto tipifican como delictiva la exportación de capitales sin autorización previa, han quedado sin contenido y las consecuencias de la falta de la necesaria declaración previa no pueden extenderse al ámbito penal, sino en todo caso al administrativo sancionador, razón por la cual procede la estimación del amparo por este concreto motivo, con la anulación de las Sentencias que condenan al recurrente como autor de un delito monetario de exportación ilegal de billetes de banco.

11. Con fecha 14 de mayo de 1996, el Magistrado Ponente dirigió escrito al Presidente de la Sala donde solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se le tuviera por apartado del conocimiento de este recurso de amparo, escrito que se elevó al Presidente de este Tribunal quien, el 11 de junio de 1996, comunicó al de la Sala que el Pleno, después de oído el parecer unánime de los Magistrados componentes del Pleno, había acordado no dar lugar a la abstención. Por providencia de 22 de julio de 1996, la Sección acordó incorporar testimonio de la anterior comunicación al procedimiento y notificarla a las partes.

12. Por Auto de 3 de julio de 1995, dictado en la pieza separada de suspensión, la Sala acordó denegar la suspensión solicitada. Posteriormente, por Auto de 5 de mayo de 1997, denegó igualmente la nueva petición de suspensión que había interesado el recurrente.

13. El 5 de noviembre de 1999 se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que se indicara si había sido solicitada la revisión de las Sentencias, objeto del presente recurso de amparo, con posterioridad a las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 23 de febrero y 14 de diciembre de 1995, que interpretan la aplicación que debe realizarse de la Directiva comunitaria 88/361, respecto a la condena del recurrente como autor de un delito monetario de exportación dineraria.

El Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 24 de noviembre de 1999, remitió testimonio del Auto del día anterior por el que se revisa la Sentencia en lo relativo a la condena del recurrente que se contiene en el apartado 11 del fallo, que se deja sin efecto por despenalización de la conducta penada. Una vez incorporado dicho testimonio a las actuaciones, fue concedido a las partes un plazo de cinco días para que formularan las alegaciones que tuvieran por convenientes.

14. Por escrito presentado en este Tribunal el día 10 de diciembre de 1999, el Procurador de los Tribunales don Jose Pedro Vila Rodríguez, puso de manifiesto las alegaciones que formuló en nombre de su representado, don José Ramón Prado Bugallo, en el trámite coferido sobre la posible pérdida de objeto del presente recurso, que fue incorporado a las actuaciones.

15. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este Tribunal el 17 de diciembre de 1999, presentó sus alegaciones en el mismo trámite manifestando que, a la vista del Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 23 de noviembre de 1999, se desprende la carencia de objeto del presente recurso en lo que se refiere a la solicitud de amparo fundada en la vulneración del derecho fundamental contenido en el art. 25.1 C.E.. Por ello, considera el Fiscal que deberá dictarse Sentencia en relación con los demás motivos de la solicitud de amparo y declarar concluido el proceso respecto del anterior.

16. Por providencia de 16 de diciembre de 1999, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 20 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso se interpone contra dos Sentencias, una dictada el 26 de junio de 1993 por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en causa instruida por el Juez Central núm. 5 y otra, pronunciada el 31 de octubre de 1994 en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, condenando al demandante como autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), otro de exportación dineraria no autorizada, y un tercero de falsedad en documento de identidad. En la demanda se alega la vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), a obtener la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 C.E.) y a que sea respetado el principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.). El objeto del proceso, así inicialmente perfilado, ha visto posteriormente reducido su perímetro por iniciativa de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Auto de 23 de noviembre de 1999 cuya parte dispositiva acuerda “revisar la sentencia dictada en la presente causa del condenado José Ramón Prado Bugallo en lo relativo a la condena que se contiene en el apartado 11 del fallo, que se deja sin efecto por despenalización de la conducta penada, y alzar cuantas medidas cautelares tengan por objeto en la ejecutoria garantizar el cumplimiento de dicha condena”, por aplicacion directa de las Sentencias que, en sendas cuestiones prejudiciales promovidas por el Juez Central de lo Penal, dictó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 23 de febrero y el 14 de diciembre de 1995, en cuya virtud los hechos determinantes de la condena no podían considerarse constitutivos de delito. Y puesto tal Auto de manifiesto a las partes, tanto el demandante como el Fiscal han coincidido en que una de las pretensiones soporte del amparo ha sido satisfecha fuera de este proceso constitucional, en la vía judicial de origen. Siendo esto así por dicha circunstancia sobrevenida, no hay duda de que la queja sobre la vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.) ha perdido su razón de ser y ha incurrido en causa de inadmisibilidad, ya que no reviste tampoco interés general que aconseje lo contrario.

2. En la opinión del demandante, y este es el núcleo esencial de la pretensión de amparo, su condena se ha basado en las intervenciones telefónicas realizadas en la fase de instrucción sumarial, que carecen de toda eficacia probatoria, primero por el defectuoso control judicial de las grabaciones realizadas por la policía, y, segundo, porque aquéllas no fueron debidamente reproducidas en el juicio oral, no habiendo sido oídas las cintas, a pesar de haberse solicitado expresamente, ni tampoco leídas las transcripciones de su contenido para permitir la contradicción. De ello deriva la lesión de los derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), a la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 C.E.).

Ahora bien, antes de entrar en materia conviene analizar la existencia, o no, de las invocadas infracciones constitucionales, a cuyo efecto resulta necesario hacer algunas observaciones para restringir aún más la pretensión de amparo. En primer lugar, el demandante sólo cuestiona indirectamente la legitimidad de las decisiones judiciales donde se autorizaron las distintas intervenciones telefónicas, pues se limita a denunciar que han de considerarse ilícitas por carecer de motivación suficiente, sin que sea posible –dice– admitir como válida una motivación implícita ni justificar a posteriori la proporcionalidad de las intervenciones. Desde otra perspectiva las quejas se extienden también a la forma en que el resultado de las intervenciones telefónicas se incorporó a las actuaciones judiciales, alegándose al respecto, por una parte, que las grabaciones y transcripciones de las mismas se hicieron sin el debido control judicial, y, por otra, que unas y otras no fueron oídas o leídas en el juicio oral.

En otro orden de cosas, se añade que la falta de audición de las cintas originales así como la denegación de la prueba pericial propuesta, infringen el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Se aduce a tal respecto que tal audición fue solicitada en el escrito de calificación provisional y el no haberse practicado sólo puede ser imputable a la Audiencia Nacional, que en principio señaló la imposibilidad de llevarla a efecto porque las grabaciones originales no habían sido incorporadas a las actuaciones (Auto de 15 de abril de 1993) sin que posteriormente, una vez recibidas comenzado el juicio oral, nada se comunicara a las partes. Por esta misma razón, carecen de sentido las razones dadas por el Tribunal Supremo para rechazar los motivos del recurso de casación donde se denunció esa falta de audición –no haber formulado protesta formal — puesto que en ningún momento se tuvo conocimiento de la recepción durante las sesiones del juicio. Por otra parte, la prueba pericial propuesta tenía un sentido absolutamente lógico y su denegación impidió la designación de otros peritos para valorar las anteriores periciales realizadas.

3. Delimitado así el objeto del recurso, es preciso comenzar el análisis por la alegada infracción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.). En relación con las intervenciones telefónicas existe un cuerpo de doctrina de este Tribunal (comprendido, entre otras, en las SSTC 85/1994, 86/1995, 181/1995, 49/1996, 123/1997 y sobre todo la 44/1999) que, en sintonía con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, predica el riguroso cumplimiento de una serie de exigencias constitucionalmente inexcusables que afectan al núcleo esencial de aquel derecho fundamental, como son la previsión legal, la autorización judicial previa y motivada, la estricta observancia del principio de proporcionalidad y la existencia de un control judicial efectivo en el desarrollo y cese de la medida.

Pues bien, la motivación de cada autorización judicial, tanto si ordena la intervención como si, en su caso, acuerda su prórroga, debe mencionar expresamente como fundamento los hechos investigados y las razones de hecho y jurídicas que apoyan la necesidad de hacerla, así como determinar con precisión su objeto (especialmente, la línea o líneas telefónicas intervenidas, las personas cuyas conversaciones han de ser interceptadas, la duración de la medida y quién y cómo ha de llevarse a cabo). A su vez, el principio de proporcionalidad exige una relativa gravedad de la infracción perseguida o relevancia social del bien jurídico protegido, pero también la ponderación de los intereses en juego para determinar si a la vista de las circunstancias concurrentes debe prevalecer el derecho constitucionalmente protegido. Por otra parte, el control judicial efectivo en el desarrollo y cese de la medida, indispensable para la corrección de la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, exige que el Juez que autorice la intervención conozca los resultados obtenidos con la misma, para lo cual deberá precisar los periodos en que haya de dársele cuenta para controlar su ejecución.

En el presente caso, el examen de las actuaciones –folios 285, 296, 299, 542, 545, 580, 583, 586, 587, 611, 629, 712, 715 y 724 del sumario núm. 8/92– pone de manifiesto, como señala el Ministerio Fiscal, que las intervenciones telefónicas respetaron las exigencias. En efecto, por cuanto respecta a la legitimidad de las intervenciones telefónicas, y desde el propio planteamiento del demandante, hemos de recordar, ante todo, que en reiteradas ocasiones hemos admitido la posibilidad de motivar por referencia y de remitir la efectiva ponderación de la proporcionalidad de la medida a un momento posterior. Sentado ésto, cabe destacar que la primera de las intervenciones telefónicas, acordada por el Juez Central de Instrucción núm. 5 en el Auto de 23 de noviembre de 1990, no carece de motivación sino que se adoptó a la vista de las actuaciones practicadas por el mismo Juez en otro sumario ya en marcha (el núm. 13/90, seguido también contra el hoy demandante por un eventual delito de tráfico de drogas), donde se reabrió otro procedimiento penal archivado a la sazón (las diligencias previas núm. 209/90) y se autorizó la intervención de distintos teléfonos, con indicación tanto de los números como de sus titulares, por considerar que tal medida podía proporcionar datos valiosos para la investigación de la trama de una organización dedicada al narcotráfico y la posible llegada de un importante alijo de cocaína. Las posteriores intervenciones telefónicas, a su vez, fueron ordenadas por el Instructor siempre para personas individualizadas y líneas telefónicas concretas, por plazo cierto (un mes generalmente) en una investigación judicial de narcotráfico.

En todos los Autos de autorización se indica la obligación de la policía de aportar, cada quince días y siempre que se solicite cualquier prórroga, la transcripción y las cintas originales para su comprobación por el Secretario Judicial antes de los últimos siete días. En este sentido, en las actuaciones constan, igualmente, no sólo las correspondientes diligencias de recepción de las cintas conteniendo las grabaciones sino las de cotejo por el fedatario procesal de las cintas grabadas y sus transcripciones (folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del sumario núm. 8/92). A su vez, en los Autos de prórroga de las intervenciones telefónicas se justifica la necesidad de la prórroga, en concreto por la complejidad de los hechos investigados, y para las mismas se adoptaron idénticas condiciones de control en cuanto a la aportación de las grabaciones y sus transcripciones para su posterior contrastación por el Secretario Judicial.

4. Por lo expuesto, y de conformidad con la doctrina constitucional antes citada, cabe concluir que en el presente caso no se aprecia lesión alguna del art. 18.3 C.E. desde la perspectiva, en el caso analizado, de la investigación de un delito que nuestra legislación considera grave. Así, las intervenciones telefónicas respetaron las exigencias de autorización judicial, legalidad y proporcionalidad, porque, en primer lugar, las resoluciones judiciales con incidencia sobre el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas expresaron de modo suficiente la concurrencia de los presupuestos habilitantes de la intervención o de su prórroga, y, en segundo lugar, el Juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad e imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público (juicio de proporcionalidad).

Por otra parte, la práctica totalidad de las irregularidades denunciadas, como antes se dijo, se refieren a la forma en que el resultado de las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juez Instructor se incorporaron, primero al sumario y después al juicio oral, y son ajenas al contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones. Como tiene declarado este Tribunal, no pueden confundirse, en este sentido, los defectos producidos en la ejecución de una medida limitativa de derechos y aquellos otros que acaezcan al documentar o incorporar a las actuaciones el resultado de dicha medida limitativa, ni cabe pretender que uno y otros produzcan las mismas consecuencias En concreto, no puede existir lesión del art. 18.3 C.E., cuando, como ocurre en el presente caso, las irregularidades denunciadas, por ausencia o insuficiencia del control judicial, no se refieren a la ejecución del acto limitativo sino a la forma de incorporar su resultado al proceso (por todas, SSTC 121/1998 y 151/1998).

5. Excluida la vulneración del art. 18.3 C.E., nuestro estudio ha de limitarse a examinar las demás infracciones constitucionales que el recurrente relaciona con las intervenciones telefónicas, en concreto las referidas a la supuesta infracción de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y a un proceso con todas las garantías. Al respecto, en la demanda se alega, de forma confusa y poco precisa, que la condena del recurrente se ha basado únicamente en las grabaciones telefónicas a pesar de que no existió control judicial en su recepción y que las mismas no fueron reproducidas en el juicio oral, no obstante haberse solicitado expresamente su audición.

De la lectura de las Sentencias recurridas y del examen de las actuaciones judiciales remitidas, se comprueba que ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas pueden servir como fundamento de la pretensión de amparo. Efectivamente, en las actuaciones constan las correspondientes diligencias de recepción de las grabaciones así como las diligencias de cotejo por el Secretario Judicial de las cintas y sus transcripciones (folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del sumario núm. 8/92). En tal aspecto, como se afirma en la Sentencia de casación, todas ellas aparecen transcritas a excepción de los supuestos, especificados, en los que no se hizo la grabación, por no existir conversación en sentido propio o cuando lo grabado carecía de interés para la investigación (fundamento jurídico 12). Por consiguiente, la transcripción mecanográfica de las comunicaciones intervenidas que accedió al juicio oral como medio de prueba ha gozado de la fiabilidad que proporciona haber sido practicada, cotejada y autentificada por medio de dicha intervención judicial.

Por otra parte ninguna relevancia tiene, en cuanto a la eficacia probatoria de las grabaciones telefónicas, el hecho de que las bobinas y cintas no fueran reproducidas en el juicio oral. En efecto, la audición de las cintas no es requisito imprescindible para su validez como prueba (por todas, STC 128/1988) y puede ser sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las transcripciones. Esto fue lo que justamente ocurrió en el presente caso, pues, según se afirma expresamente en la Sentencia de instancia, las transcripciones de las grabaciones telefónicas referidas a los procesados valoradas como pruebas “fueron leídas y sometidas a contradicción en la vista del juicio oral” (fundamento jurídico 3º). A la vista de cómo se llevó a efecto la selección y transcripción de las conversaciones intervenidas que accedieron al juicio oral, se aprecia que fueron cumplidas las garantías precisas de control judicial, contradicción y respeto al derecho de defensa. En consecuencia, la valoración y apreciación como prueba de las grabaciones telefónicas no ha supuesto violación alguna del derecho a un proceso con todas las garantías, por tratarse de pruebas lícitas, ni la condena basada, entre otras pruebas, en dichas grabaciones infringe el derecho a la presunción constitucional de inocencia.

Por último, de la falta de audición de las grabaciones y de la denegación de la prueba pericial propuesta tampoco es posible derivar indefensión para el recurrente ni infracción de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Es preciso advertir, al respecto, en primer término, que contra la decisión de la Audiencia Nacional (Auto de 14 de abril de 1993) que denegó tales pruebas, propuestas por la defensa en su escrito de calificación provisional, el recurrente no formuló la oportuna protesta para luego recurrir en casación, tal y como exige expresamente el art. 659 L.E.Crim., siendo ésta una de las razones por las que el Tribunal Supremo rechazó el motivo de casación en el que el recurrente denunció la inadmisión de las pruebas. En segundo término, la prueba de audición de las cintas fue considerada por la Audiencia, primero innecesaria, al constar su contenido transcrito y legalizado por el Juzgado (Auto de 14 de abril de 1993), y después inoportuna, porque “su número y considerable capacidad de archivo, ello hubiera llevado una dilación manifiesta y perjudicial de las sesiones, circunstancia verdaderamente impeditiva de una celebración normal” (fundamento jurídico 3º de la Sentencia de instancia). Lo mismo ocurrió respecto de la prueba pericial, que fue rechazada por su carácter subisdiario de la anterior (Auto de 14 de abril de 1993 de la Audiencia Nacional) y por tratarse de una prueba no pertinente al no existir discrepancia alguna sustancial entre los dictámenes periciales (fundamento jurídico 15 de la Sentencia de casación).

Es de aplicación, por ello, la reiterada doctrina de este Tribunal de que el derecho a utilizar los medios de prueba no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas (entre otras, SSTC 40/1986, 170/1987, 167/1988, 168/1991, 211/1991, 233/1992, 351/1993, y 131/1995), y que sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas relevantes sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad carente de razón (SSTC 149/1987, 233/1992, 351/1993, y 131/1995). Por último, la queja del recurrente aparece como puramente formal, pues aparte de que nada se dice en la demanda sobre la posible incidencia en el proceso de la audición de las grabaciones, ni se discute o pone en entredicho el contenido de las transcripciones adveradas por el Secretario Judicial, lo cierto es que no se aprecia menoscabo alguno del derecho de defensa ni indefensión material para el recurrente porque, como razona el Tribunal Supremo, la audición de las cintas “hubiera significado simplemente una nueva repetición de la lectura” (fundamento jurídico 14).

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1º Declarar que la pretensión de amparo con fundamento en la vulneración del derecho al principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.) ha perdido su objeto.

2º Desestimar en todo lo demás el recurso de amparo interpuesto por don José Ramón Prado Bugallo.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”

Dada en Madrid, a veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

01Ene/14

Decreto 160/2004, de 5 de febrero de 2004. Legislacion Informatica de

Decreto 160/2004, de 5 de febrero de 2004

Desígnanse a los integrantes de la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital creada por la Ley Nº 25.506.

VISTO la Ley Nº 25.506, el Decreto Nº 2628 del 19 de diciembre de 2002, el Decreto Nº 624 del 21 de agosto de 2003, y el Decreto Nº 1028 del 6 de noviembre de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.506 se creó la COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL, se estableció su integración y definieron sus funciones.

Que por el Decreto Nº 2628/02 se estableció que dicha Comisión Asesora funcionará en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, así como los requisitos que deben reunir sus integrantes y el carácter ad honorem que tiene el ejercicio de dichas funciones.

Que en el Decreto Nº 1028/03 se determinó que la COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL actuará en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario designar a sus integrantes, para asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a la citada Comisión.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7, de la CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 35 de la Ley Nº 25.506 y lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º. Desígnase a los integrantes de la COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL creada por la Ley Nº 25.506, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Artículo 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

KIRCHNER.

Alberto A. Fernández.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

Apellidos
Nombres
Documento

ALTMARK
Daniel Ricardo
LE 4.527.543

AQUERRETA
Juan Carlos
DNI 10.134.048

BRUSA
Graciela María
DNI 12.545.190

CARRATALA EGEA
Armando Oscar
DNI 18.518.600

JENSEN
Cristian Alcídes
DNI 8.370.794

SAENZ
Carlos Agustín
DNI 17.759.675

VASSALLO
Guido Mario Adolfo Héctor
LE 4.374.480

01Ene/14

Recomendación de la Comisión, de 20 de marzo de 2003, Legislacion Informatica de

Recomendación de la Comisión, de 20 de marzo de 2003, relativa a la armonización del suministro de acceso publico R-LAN a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de la Comunidad. (DOCE L 78/12 de 25 de marzo de 2003).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva marco) (1), en adelante, “la Directiva marco”, y, en particular, su artículo 19.

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo celebrado en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002 abogó por fomentar múltiples plataformas de banda ancha de acceso a la sociedad de la información e hizo hincapié en la necesidad de completar el mercado interior de los servicios de comunicaciones
electrónicas.

(2) El Comité de Comunicaciones emitió su dictamen favorable el 24 de enero de 2003, con arreglo al apartado 1 del artículo 19 de la Directiva marco.

(3) Conviene utilizar el sistema de autorización menos oneroso para permitir la prestación de servicios y redes de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el apartado 2 de artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (2), en adelante, “la Directiva autorización”, el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, sin perjuicio de las obligaciones específicas recogidas en el
apartado 2 del artículo 6 o de los derechos de uso recogidos en el artículo 5, puede someterse solo a una autorización general

(4) De conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva autorización, cuando resulte posible y, en particular, cuando el riesgo de interferencia perjudicial sea insignificante, se requiere a los Estados miembros no someter el uso de las radiofrecuencias a la concesión de derechos individuales de uso; por otra parte, con arreglo al apartado 1 del artículo 2 y al artículo 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión (3), los Estados miembros no deben adoptar ni mantener medidas limitativas del número de empresas autorizadas para prestar servicios o utilizar las radiofrecuencias que no sean objetivas, proporcionales y no discriminatorias.

(5) De conformidad con los objetivos y los principios regulatorios definidos en el artículo 8 de la Directiva marco, las autoridades nacionales de reglamentación deben adoptar todas las medidas razonables para fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, fomentando la
innovación y estimulando el uso eficiente, y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias; asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben suprimir los obstáculos que se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos y servicios asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo.

(6) Las redes radioeléctricas de área local (R-LAN) son un medio innovador de suministro de acceso inalámbrico de banda ancha a Internet y a las redes intranet de las empresas no sólo para usos privados sino también para el público en general en zonas como aeropuertos, estaciones de ferrocarril y centros comerciales.

(7) La mayoría de los Estados miembros permiten ya el acceso público R-LAN a las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas sobre una base comercial o no comercial; considerando la importancia para los servicios de la sociedad de la información de las R-LAN como plataforma alternativa de acceso de banda ancha, conviene promover un enfoque armonizado para el
suministro de dicho acceso público R-LAN en la Comunidad; debe distinguirse entre el suministro de servicios y el uso del espectro radioeléctrico; el suministro de acceso R-LAN a las redes y servicios públicos de comunicaciones electrónicas con carácter comercial debe autorizarse
mediante el sistema menos oneroso, es decir, en la medida de lo posible sin condiciones específicas al sector.

(8) Las R-LAN pueden utilizar en su totalidad o en parte las bandas 2400,0-2483,5 MHz (en adelante, “la banda de 2,4 GHz”) o las bandas 5150-5350 MHz o 5470-5725 MHz (en adelante, “las bandas de 5 GHz”); puede que algunas de estas bandas no estén actualmente disponibles
para las R-LAN en determinados Estados miembros; por lo tanto, puede ser necesaria una mayor armonización de estas bandas en el marco de la Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (4).

(9) Las partes interesadas aceptan el riesgo de interferencia entre los diversos usuarios que pueden compartir la banda de 2,4 GHz y entre los sistemas R-LAN que coexisten; en tanto en cuanto los usuarios de las R-LAN no creen interferencias perjudiciales a otros posibles usuarios protegidos de las mismas bandas, el uso de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz no debe estar sujeto a derechos individuales ni, en la medida de lo posible, a una autorización general distinta de lo establecido en el
punto 17 del anexo a la Directiva autorización; asimismo, la abertura de la banda de 5 GHz a los servicios públicos de acceso R-LAN reduciría la presión sobre la banda de 2,4 GHz.

(10) A fin de minimizar el riesgo de interferencias perjudiciales, podrían imponerse condiciones de autorización general en casos justificados y de forma apropiada; tales autorizaciones generales podrían hacer referencia a requisitos adecuados, de acuerdo con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones y de reconocimiento mutuo de su conformidad (5), cuya armonización puede realizarse con arreglo a la Decisión espectro radioeléctrico y a la Directiva citada.

(11) Conforme a la normativa comunitaria en materia de competencia, el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva marco recoge el principio de regulación tecnológicamente neutra, de modo que no se discrimine entre las diversas tecnologías R-LAN y de otro tipo que den acceso a las redes y servicios de comunicación.

(12) Las condiciones para conceder el acceso a la propiedad pública y privada para los proveedores de servicios públicos de acceso R-LAN están sujetas a las normas sobre competencia del Tratado así como, en su caso, a la Directiva marco.

(13) La seguridad y la confidencialidad están actualmente reguladas en los artículos 4 y 5 de la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (6); con la próxima derogación de esta Directiva estas disposiciones serán sustituidas por los artículos 4 y 5 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (7) el 1 de noviembre de 2003.

RECOMIENDA:

1. Que, al aplicar las medidas de aplicación de las Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE, los Estados miembros permitan el suministro de acceso público R-LAN a las redes y servicios
públicos de comunicaciones electrónicas en las bandas disponibles de 2,4 GHz y 5 GHz, en la medida de lo posible sin condiciones específicas al sector o, en casos justificados, solo sujeto a autorización general.

2. Que los Estados miembros no sometan el uso de las bandas disponibles de 2,4 GHz o 5 GHz para el funcionamiento de los sistemas R-LAN a la concesión de derechos individuales.

3. Que los Estados miembros no restrinjan las posibilidades de elección de los equipos R-LAN utilizados por los proveedores de servicios, siempre que éstos cumplan los requisitos previstos en la Directiva 1999/5/CE.

4. Que los Estados miembros presten especial atención a los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Directiva 97/66/CE y a las disposiciones equivalentes de la Directiva 2002/58/CE, que regulan la seguridad y la confidencialidad de las redes y servicios públicos de comunicaciones.

Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN
Miembro de la Comisión

(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(2) DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

(3) Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.).

(4) DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

(5) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

(6) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

(7) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Cuba Resolución por la que se crea la Oficina de Seguridad para las redes informática, de 21 de mayo de 2002.

Resolución por la que se crea la Oficina de Seguridad para las redes informática, de 21 de mayo de 2002.

POR CUANTO: El Decreto Ley nº 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la denominación actual del Ministerio de Comunicaciones por la de Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, que desarrollará las tareas y funciones que hasta el presente realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así como las de Informática y la Electrónica que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero Mecánica.

POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de fecha 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: Mediante el Acuerdo 3736 de fecha 18 de julio del 2000, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se aprobaron las nuevas funciones y atribuciones específicas del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: El Ministerio de Economía y Planificación, mediante la Resolución nº 304 de 22 de abril del 2002, autorizó la creación de la unidad presupuestada denominada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, adscripta al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, con efectos legales a partir del 1ro de abril del 2002.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

Resuelvo:

PRIMERO: Crear la Unidad Presupuestada denominada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, adscripta al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, con efectos a partir del 1ro. de abril del 2002.

SEGUNDO: Se autoriza crear esta entidad con los bienes y recursos que se le asignen por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y con los demás activos fijos, circulantes, diferidos, a largo plazo y otros que integren su patrimonio.

TERCERO: La Unidad Presupuestada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, tendrá como objeto social llevar a cabo la prevención, evaluación, aviso, investigación y respuesta a las acciones, tanto internas como externas, que afecten el normal funcionamiento de las tecnologías de la información del país.

CUARTO: Que su dirección, organización y funcionamiento se ajustan a las disposiciones vigentes y su estructura y plantilla se aprueban de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

QUINTO: La entidad de nueva creación, Unidad Presupuestada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, radicará en Avenida 49 nº 2839 esquina 49-A, Reparto Kohly, Municipio Playa, Ciudad de La Habana.

SEXTO: Comuníquese la presente Resolución a los Ministerios de Economía y Planificación y de Trabajo y Seguridad Social; a los Viceministros, a las Direcciones Ministeriales y en particular a las de Organización y Perfeccionamiento Empresarial y Recursos Humanos, que velarán por el cumplimiento de lo que por la presente se dispone, así como a la Dirección de la Unidad Presupuestada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas y a cuantas personas naturales y jurídicas deban conocerla. Archivar el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Publicar en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Dada en la ciudad de La Habana, a los 21 días del mes de mayo del 2002. “Año de los Héroes Prisioneros del Imperio”.

Ignacio González Planas
Ministro

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley nº 7.975 de Información no divulgada, del 4 de enero de 2000. (Publicada en la Gaceta nº 12 del 18 de enero de 2000).

Ley nº 7.975 de Información no divulgada, del 4 de enero de 2000. (Publicada en la Gaceta nº 12 del 18 de enero de 2000).

 

LEY DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Artículo 1. Objetivos

Son objetivos de la presente ley:

Proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales.

Contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 2. Ámbito de protección

Protégese la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.

c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción.

Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido.

La información que se considere como no divulgada deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

Artículo 3. Competencia del Registro de la Propiedad Industrial

Lo referente a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 de esta ley, será custodiado por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional, según la Ley No. 5695, Creación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, de 28 de mayo de 1975. El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo concerniente al depósito del soporte de la información que se considere como no divulgada, para lo cual adoptará todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros.

Artículo 4. Información excluida de protección

Esta ley no protegerá la información que:

a) Sea del dominio público.

b) Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo.

Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público la información confidencial que cumpla los requisitos del primer párrafo del artículo 2 de esta ley y haya sido proporcionada a cualquier autoridad por quien la posea, cuando la haya revelado para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad, por constituir un requisito formal. En todo caso, las autoridades o entidades correspondientes deberán guardar confidencialidad.

Artículo 5. Autorización de uso

Quien guarde información no divulgada podrá transmitirla a un tercero o autorizarle el uso. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o le autorizó el uso.

Artículo 6. Responsabilidad

Serán responsables quienes hayan actuado de manera contraria a los usos comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido o divulgado información confidencial sin la autorización del titular; asimismo, los que obtengan beneficios económicos de tales actos o prácticas.

Las acciones administrativas, civiles o penales, relativas a esta ley serán reguladas en una ley posterior sobre procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7. Confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya cesado.

En los contratos por los que se transmiten conocimientos técnicos especializados, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para proteger la información no divulgada que reúnan las condiciones referidas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.

Una ley posterior regulará las responsabilidades dispuestas en el presente artículo.

Artículo 8. Protección de datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos

Si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilicen nuevas entidades químicas, se exige presentar datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, los datos referidos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, salvo cuando el uso de tales datos se requiera para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal.

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades competentes podrán utilizar datos de prueba sin divulgar la información protegida, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor o para proteger la vida, la salud o la seguridad humanas, o bien, la vida o salud animal o vegetal, o el medio ambiente a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten el comercio injustificadamente.

Artículo 9. Protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales

En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ninguna de las partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información.

Artículo 10. Protección

La protección de la información no divulgada no otorga derechos como una patente; se caracteriza por otorgar un derecho limitado de propiedad en cuanto a su posesión y usufructo, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.

Artículo 11. Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de sesenta días a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carlos Vargas Pagán

PRESIDENTE

Manuel Ant. Bolaños Salas

PRIMER SECRETARIO

Rafael Ángel Villalta Loaiza

SEGUNDO SECRETARIO

01Ene/14

Legislacion Informatica de Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico. Resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones (B.O. 18/09/2001)

Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico. Resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones (B.O. 18/09/2001)

Adóptase el procedimiento de Documento de Consulta previsto en el reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, con la finalidad de tratar el documento que contendrá el “Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico”.

Bs. As., 14/9/2001

VISTO el expediente EXPMINFRA VI EX nº 225-000322 del 14 de septiembre de 2001, del registro del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, los Decretos nº 772 del 4 septiembre de 2000, nº 252 del 17 de marzo de 2000 y nº 243 de fecha 26 de febrero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto nº 252/00 el Programa Nacional para la Sociedad de la Información.

Que el Decreto nº 243/01 dispone en su artículo 1°, que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, tendrá a su cargo la definición, coordinación y supervisión del mismo.

Que el artículo 6° del Decreto 252/00, establece que “Quedan incluidas en el Programa Nacional para la Sociedad de la Información, las actividades vinculadas al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a proveer a la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, al desarrollo del comercio electrónico, a la formación de recursos humanos especializados en su gestión, al fomento de las inversiones y al desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines”.

Que en este contexto, la vigencia de un marco normativo adecuado, resulta fundamental para el logro de estos objetivos.

Que en este entendimiento, la Secretaría de Comunicaciones ha procedido a realizar una serie de actividades destinadas a avanzar en la redacción de diferentes documentos de consulta.

Que se ha decidido que el segundo de ellos sea el referido a la “Regulación de las Comunicaciones Comerciales Publicitarias por del Correo electrónico”.

Que cabe resaltar que la utilización de este mecanismo de consulta es particularmente útil, toda vez que es relevante el aporte que puedan realizar los sectores interesados en la utilización del correo electrónico, así como las empresas involucradas en su prestación.

Que este procedimiento tiende a que los requeridos, y todos los interesados en general, manifiesten su opinión respecto de la temática abordada por el anteproyecto que se somete a consulta.

Que las propuestas que se eleven permitirán obtener una base cierta de información y opinión, que serán tomadas en cuenta al momento de elaborar el proyecto definitivo.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto nº 772 y el Decreto nº 243/01.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptase el procedimiento de Documento de Consulta previsto en el ANEXO I, artículo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aprobado por Resolución S.C. nº 57/96, a los fines de tratar el documento que contendrá el “Anteproyecto De Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico”, que como ANEXO I integra la presente.

Artículo 2°. Las opiniones y sugerencias deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

Artículo 3°. Todo interesado podrá acceder a cada uno o todos los trabajos recibidos, ingresando a la página Web de la Secretaría de Comunicaciones ( www.secom.gov.ar ).

Artículo 4°. Sin perjuicio del derecho de formular sugerencias de todos aquellos interesados, remítase el Documento de Consulta a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Derecho de Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina, Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Cámara del Software Digital Interactivo, Cámara Argentina de Base de Datos y Servicios en Línea (CABASE), Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Webmaster Unidos Argentinos, Asociación Argentina de derecho de Alta Tecnología (AADAT), Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones (AADT), Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (Usuaria), Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho Administrativo e Internet Society, Capítulo Argentino (ISOC.AR).

Artículo 5°. Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Henoch D. Aguiar.

ANEXO I. ANTEPROYECTO DE LEY

REGULACION DE LAS COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS POR CORREO ELECTRONICO

Artículo 1° . Objetivo
La presente ley regirá las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.

Artículo 2°. Definiciones
A los efectos de la presente ley se definen los siguientes términos:
Correo Electrónico: significa toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras.
Correo Electrónico Comercial: significa todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica enviado con el fin de hacer publicidad, comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio o empresa.
Correo Electrónico no solicitado: significa todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica dirigido a un receptor con quien el originador del mensaje no tiene una relación comercial o personal existente y enviado sin que medie un pedido expreso del receptor o sin su expreso consentimiento.
Campo del Asunto: es el área que contiene una breve descripción del contenido del mensaje.
Persona: comprende a toda persona física o jurídica.
Proveedor de servicio de correo electrónico: comprende a toda persona física o jurídica que provee a los usuarios registrados la capacidad para enviar o recibir correo electrónico y que actúa como intermediario en el envío o la recepción de dicho correo electrónico.
Receptor: comprende a toda persona que recibe correo electrónico comercial no solicitado.
Bulletin Board electrónico: comprende todo foro de discusión o conferencia virtual.
Red Informática: significa una serie de dispositivos y facilidades de comunicaciones relacionados y conectados en forma remota y todo tipo de facilidades de comunicaciones que incluya a mas de una computadora que tenga la capacidad de transmitir datos entre sí a través de las facilidades de comunicaciones.
Sin autorización: significa que una persona utiliza una red informática de un proveedor de servicio de correo electrónico para transmitir correo electrónico comercial no solicitado excediendo el permiso concedido o violando las políticas establecidas por el proveedor del correo electrónico.
Dirección de correo electrónico: serie de caracteres utilizada para identificar el origen o el destino de un mensaje de correo electrónico.
Nombre de dominio de Internet: denominación global única y jerárquica de un sistema anfitrión (host) o de un servicio de Internet, que es asignada por autoridades centralizadas encargadas de otorgar dichas denominaciones y esta formada por una serie de caracteres separados por puntos.
Transmitir o ayudar a la transmisión: Significa toda acción efectuada por el remitente original de un mensaje de correo electrónico, no a la acción efectuada por cualquier proveedor de servicio de correo electrónico que pueda manejar o retransmitir el mensaje, salvo que dicho proveedor de servicio ayude en la transmisión sabiendo que se trata de correo electrónico que viola las disposiciones de la presente ley.

Artículo 3°. Correo electrónico comercial. Requisitos
Todo correo electrónico comercial no solicitado deberá contener:

a) La leyenda PUBLICIDAD o PUBLI en el campo del asunto de cada mensaje.

b) La leyenda PUBLI. ADULTO en el campo del asunto de cada mensaje si el contenido del mismo encuentra en relación con la venta o distribución de bienes, servicios o productos que sólo puedan ser vistos o adquiridos por mayores de 18 años.

c) Nombre legal, domicilio completo y dirección de correo electrónico de la persona que transmite el mensaje.

d) Aviso de que el receptor puede declinar la recepción de otros mensajes de correo electrónico que incluyan publicidad enviados por la persona que transmite dicho mensaje, con la inclusión de una dirección de correo electrónica de respuesta válida a la que éste pueda enviar un mensaje de correo electrónico para notificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados, conjuntamente con la dirección de correo electrónico que implementará la autoridad de aplicación de la presente ley.

e) Información veraz que permita identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión.

Artículo 4° . Correo electrónico comercial ilegal
El Correo Electrónico comercial no solicitado será considerado ilegal dando lugar a las acciones y sanciones que esta ley establece cuando:

a) No cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente ley.

b) Contenga el nombre, nombre de fantasía o nombre de dominio de un tercero en el campo de la dirección de respuesta sin autorización de ese tercero.

c) Contenga información falsa que imposibilite identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión del correo electrónico.

d) Se envíe o transmita a un receptor que haya formulado el pedido para que no se envíe dicha publicidad, pasados los cinco días hábiles de que el receptor haya remitido el mensaje a que se refiere el artículo 3 inciso.

e) Se envíe o transmita a una dirección de correo electrónico incluida en la lista de usuarios llevada por la autoridad de aplicación conforme artículo 6°.

f) Contenga información falsa o engañosa en el campo del asunto, que no coincida con el contenido del mensaje

g) Se realice en contravención de la autorización que le fuera otorgada o en violación de las políticas establecidas por el proveedor de servicios de correo electrónico.

Artículo 5° . Excepciones
El envío de correo electrónico comercial no solicitado no dará lugar a las acciones y sanciones previstas en la presente ley en los siguientes casos:

a) Cuando el receptor tenga relación comercial o personal preexistente con la persona que envía el correo electrónico.

b) Cuando el receptor ha aceptado expresamente recibir el mensaje de correo electrónico enviado.

c) Cuando la recepción de correo electrónico comercial no solicitado sea la condición que un proveedor de correo electrónico ha establecido para otorgar a los usuarios acceso gratuito al servicio de correo electrónico.

d) Cuando la transmisión provenga de una organización o entidad similar y sea transmitida a sus miembros.

e) Cuando se trate de publicidad enviada mediante correo electrónico a la que accede un receptor a través de un Bulletin Board electrónico.

Artículo 6° . Opción del receptor
Todo receptor que no desee recibir mensaje de correo electrónico comercial no solicitado, puede solicitar la inclusión de su dirección de correo electrónico en la lista que al efecto deberá implementar la Autoridad de Aplicación.

Artículo 7° . Notificación previa
Todo receptor cuya dirección de correo electrónico no se encuentre incluida en la lista implementada conforme artículo 6°, y reciba mensajes de correo electrónico comercial no solicitado, deberá notificar previamente a la persona que los envió, su deseo de no recibirlos más. Esta comunicación, es un requisito previo para el inicio de las acciones que se contemplan en la presente ley.

Artículo 8° . Facultad del proveedor
El proveedor de servicios de correo electrónico puede, por propia iniciativa, bloquear la recepción o la transmisión que se efectúe a través de su servicio, de todo correo electrónico comercial no solicitado que pueda considerar, de manera razonable, que viola la normativa de la presente ley. En caso de ejercer este derecho, deberá ponerlo en conocimiento de sus clientes.

Artículo 9° . Responsabilidad
Toda persona que transmita o ayude en la transmisión de correo electrónico en violación a la presente ley es responsable y deberá indemnizar al receptor y al proveedor de servicios de correo electrónico.

Artículo 10. Acciones legales
El proveedor de servicio de correo electrónico y el receptor de un correo electrónico comercial no solicitado ilegal podrán, independientemente, iniciar acción judicial por los daños y perjuicios contra la persona que transmita o ayude en la transmisión del mensaje de correo electrónico ilegal.

Artículo 11º. Indemnización
El receptor y el proveedor de servicio de correo electrónico podrán, en lugar de percibir una indemnización por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, optar por percibir de la persona que haya transmitido o causado la transmisión del mensaje de correo electrónico ilegal la suma de diez pesos ($ 10) por cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitido en violación de la presente ley o la suma de pesos un mil ($ 1.000), la que resulte mayor.

Artículo 12º. Exención de responsabilidad
El receptor damnificado no tendrá derecho a iniciar una acción contra el proveedor de servicios de correo electrónico que simplemente transmita la publicidad no solicitada enviada por correo electrónico a través de su red informática.

Artículo 13º. Indemnización a favor del proveedor de servicios
El proveedor de servicio de correo electrónico cuya política de servicios prohíba o restrinja el uso de su servicio o equipo para iniciar el envío de publicidad no solicitada por correo electrónico podrá, independientemente de cualquier otra acción que pueda iniciar en virtud de la ley, reclamar una indemnización monetaria por los daños y perjuicios sufridos debido a dicha violación, o una indemnización de cincuenta pesos ($ 50) por cada mensaje de correo electrónico enviado o distribuido hasta un máximo de veinte mil pesos ($ 20.000) diarios. En toda acción instaurada conforme este artículo, el proveedor de correo electrónico deberá acreditar el hecho de que con anterioridad a la alegada violación se haya notificado fehacientemente al demandado respecto de su política de publicidad.

Artículo 14º. Prohibición judicial de transmisión
Además de toda otra acción que pueda interponer en virtud de la presente ley, el receptor puede solicitar judicialmente que se prohíba a una persona determinada enviar correo electrónico comercial no solicitado ilegal a su dirección de correo electrónico. El Proveedor de Servicios de correo electrónico puede solicitar judicialmente una orden que prohíba a una determinada persona el envío de correo electrónico comercial no solicitado a sus abonados.

Artículo 15º. Multa
La autoridad de aplicación podrá aplicar una multa no inferior a la suma de cien pesos ($ 100) ni superior a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) a toda persona que transmita o ayude a iniciar la transmisión de un mensaje de correo electrónico, destinado a un receptor que previamente le haya notificado que no deseaba recibir más mensajes no solicitados por correo electrónico o que se encuentre incluido en la lista implementada conforme artículo 6°.

Artículo 16º. Autoridad de aplicación
La Secretaria de Comunicaciones de la Nación, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

FUNDAMENTOS

El auge de Internet en nuestra sociedad, y su acceso cada vez más fácil en diversos ámbitos, importan una serie de beneficios que hace muy poco tiempo atrás no imaginábamos. Paralelamente estos avances han generado un abanico de problemas para los usuarios que no tienen aún cobertura jurídica adecuada.

Una de las herramientas de uso masivo más extendido que generó Internet, es el correo electrónico o e-mail. Gracias a la posibilidad de comunicación inmediata, “sin fronteras” y de muy simple utilización, éste es el elemento que en mayor medida colaboró a extender de forma vertiginosa la utilización de la red, sobretodo por usuarios no especializados en temas o actividades informáticas, pero que de manera rápida y ágil se compenetraron con el uso del e-mail.

Sin embargo, así como importó un gran avance en materia de comunicaciones, el correo electrónico puede utilizarse como vehículo para transmitir elementos en sí mismo nocivos como los “virus informáticos” o nocivos por el contexto en el que se remiten y reciben como el “spam”.

La palabra “spam” se originó en Estados Unidos, pues tal era el nombre de un producto alimenticio -carne enlatada- que no requería refrigeración, característica que hacía que estuviera en todas partes -al igual que el correo electrónico no solicitado- razón por la cual el término era utilizado en forma exagerada y graciosa en una comedia llamada “Monty Pyton”.

Técnicamente, se utiliza la palabra spam para denominar al correo electrónico, de tipo comercial o publicitario, no solicitado por el receptor1.

Los proyectos de leyes anti-spam se han ido reproduciendo a lo largo de todo el mundo, pues los inconvenientes que el mismo genera no están dados sólo por las molestias que conlleva el leer algo que no interesa en absoluto al receptor, sino también por los problemas de tipo materiales que implican la pérdida de tiempo y de la capacidad de almacenamiento en las PC de los usuarios, utilizando así el remitente o “spammer” recursos de otros para transmitir su publicidad o información comercial.

Salvo que los títulos de los mensajes sean muy obvios, el usuario siempre debe perder tiempo en abrir el correo y leerlo para advertir que es un “spam”, sin contar además el tiempo que debe perder para bajar la información ante el aumento del volumen de los mensajes.

Se vende publicidad no deseada, que obliga al receptor a pagar por recibirla, porque el usuario paga por el servicio de acceso a Internet y además, según el caso, por el uso de la línea telefónica para realizar su conexión2.

El mecanismo utilizado por los spammers -verdaderos comerciantes virtuales-, es muy sencillo: envían el mismo correo electrónico en forma simultánea a distintas direcciones extraídas de enormes listados de usuarios. En la mayoría de los casos, el usuario no proporciona su dirección de e-mail, sin embargo recibe este tipo de correo.

Según un estudio de la Unión Europea, cada día se envían 500 millones de mensajes masivos o correo comercial no solicitado (spam) que constituye el 30 por ciento del total de los mails que circulan por las redes. Aunque la práctica del “spam” es casi tan antigua como Internet, su desmesurado crecimiento y su enfoque comercial la han convertido en una amenaza para el correcto funcionamiento de la red.

Una encuesta realizada durante el año 1999 por Gartner, en Estados Unidos, señalaba que el 74 por ciento de los usuarios creen que los ISPs son los responsables de solucionar el problema del spam. Por ello, una de las prácticas defensivas del consumidor, es identificar la fuente del correo no solicitado para solicitar al proveedor de acceso la cancelación de la cuenta del spammer.

Pero estas críticas a veces son infundadas, ya que los primeros interesados en resolver el problema del “spam” son los propios proveedores de acceso y las compañías que ofrecen servicio de correo web, ya que el increíble volumen de correos electrónicos que circulan día a día por la red frecuentemente colapsa los servidores y retarda el tráfico de datos. Además el costo de los correos electrónicos no solicitados es soportado por los ISP (Internet Service Provider) y proveedores de acceso en su mayor parte. Cada mensaje le cuesta dinero al ISP por el uso de los servidores, de los canales de comunicación, las horas adicionales del personal, el equipo dañado, la productividad y oportunidades de negocio perdidas; costos que a su vez son en muchos casos trasladados a los usuarios.

Tanto los ISP, como las compañías que ofrecen servicio de correo web, trabajan en el desarrollo de herramientas que permitan identificar los correos no deseados antes de que lleguen al buzón del usuario.

Los spammers utilizan los recursos de otros (redes locales, ISPs, etc.) para publicitarse gratis, perjudicando tanto al usuario, como al ISP. Pero si consideramos individualmente a cada spam, podemos decir que los perjuicios que ocasiona el recibir un correo comercial no solicitado esporádicamente son pequeños, tan solo hay que enviar los mensajes a la papelera y siempre resultan inferiores a los costos de perseguir al culpable. Este es el pilar sobre el que se apoyan los spameres y lo que aún los mantiene a salvo: que el costo unitario por usuario es ínfimo, pero su conjunto es muy perjudicial para el funcionamiento de la Red.

Este presumible interés de los usuarios, es lo que ha dado lugar al nacimiento de la publicidad consentida.

Analizando la escasa jurisprudencia internacional que hoy existe sobre el abuso del correo electrónico, encontramos que la mayor parte de los juicios ha sido iniciado por ISP y un mínimo porcentaje por usuarios de correo electrónico.

Es difícil que un usuario haga frente a los gastos e incomodidades que la realización de un proceso judicial puede acarrearle para combatir el spam. Mucho más fácil es notificar al ISP para que le clausure la cuenta o utilizar un software de filtrado. Por otra parte, hay muchos servidores de correo que aún no se han animado a iniciar acciones judiciales en aquellos estados cuya legislación prohíbe o regula el spam.

La defensa que, en general, oponen quienes se encuentran a favor de la remisión de este tipo de correos electrónicos, es que diariamente se envía por correo tradicional, por fax y hasta por teléfono, publicidad comercial -impresa o no- indiscriminadamente, sin requerir autorización alguna por parte de quien la recibe.

Ello, si bien es cierto, pues todos hemos recibido alguna vez publicidad comercial por correo tradicional, tiene una diferencia fundamental con el denominado “spam”. Esta diferencia está dada especialmente en el costo económico que uno y otro tipo de remisión de publicidad genera. El costo de cada mensaje publicitario enviado por medios electrónicos, así como los de réplicas de los mismos, es transferido, directa o indirectamente, a los usuarios y a los proveedores de servicios de Internet.

A través de este proyecto se pretende controlar la proliferación de este material por la Red.

La publicidad comercial es una actividad perfectamente legítima, que se encuentra en nuestro país protegida por la Constitución Nacional, que consagra el derecho a ejercer toda industria lícita. Pero el ejercicio de una industria lícita implica cargar con los costos para obtener los beneficios comerciales previstos. No puede hablarse de industria lícita cuando quien “la ejerce” abusa de los derechos de terceros, evitando todo gasto y obteniendo todo el beneficio económico.

Por eso, no se trata de prohibir expresamente la publicidad por e-mail, sino de proteger a aquél usuario que no tiene interés en recibirla, y menos aún, pagar por publicidad no solicitada.

Resulta hoy imprescindible, la sanción de una ley que regule, con carácter general, la publicidad por correo electrónico sin autorización por parte del receptor.

Como antecedente del ante-proyecto que se ha elaborado, se han estudiado las distintas leyes que contemplan esta problemática, los proyectos federales que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos y la situación en Europa. Asimismo, se ha realizado un estudio pormenorizado de la jurisprudencia existente en los distintos Estados de Norteamérica, de la cual podemos extraer las siguientes conclusiones generales:

Los distintos tribunales estatales de Estados Unidos se declararon competentes para entender en el análisis del litigio cuando el domicilio del usuario que recibió el correo comercial no solicitado, se encontraba en su jurisdicción o bien cuando el domicilio legal del ISP se hallaba en su jurisdicción o cuando el ISP tenía suscriptores o usuarios que recibían el correo no solicitado en la jurisdicción del Tribunal.

En todos los casos, las Cortes han manifestado que la prohibición de enviar correo no solicitado, o el bloqueo del spam por parte de los Servidores de Internet o de correo electrónico, no constituye violación a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ni de las constituciones estatales. Esto es así, ya que ello no atenta contra la libertad de expresión, teniendo en cuenta que los spammers tienen otras vías para hacer llegar sus mensajes publicitarios, como ser la publicidad a través de la World Wide Web, televisión, u otros medios de comunicación masivos.

En casi todos los casos, han declarado que el correo comercial no solicitado viola la privacidad, pudiendo llegar a configurar un acceso o entrada ilegal en la computadora del usuario que lo recibe, como así también en las redes de los ISP que los reciben y transmiten.

La argumentación técnica que han asumido los Juzgadores en la mayor parte de los casos para condenar a los spammers al pago de indemnizaciones o para prohibirles el envío de correo electrónico no solicitado a usuarios, ha sido que el envío de un correo electrónico controla parte de la computadora desde que ingresa hasta que es eliminado de la misma mediante la papelera de reciclaje. El spam priva al usuario final de usar el sistema de correo mientras se produce la bajada del mail. Además del tiempo que se pierde, también se consideran los costos de conexión a cargo del usuario final, quien debe pagar los minutos de tarifa telefónica y de servicio de Internet que lleva el proceso de bajada del correo. Cuando un correo electrónico entra en una computadora desde el servidor de correo, la información que representa queda impresa en la computadora del usuario. Al borrar ese correo, quedan agujeros en el sistema que se llama fragmentación. Esta fragmentación causa daños físicos al sistema, haciendo lento al procesador. Aun cuando se haga correr el programa de desfragmentación, se causa un esfuerzo y desgaste del disco rígido. Por lo tanto el correo electrónico no solicitado causa daños físicos en la propiedad personal del usuario. (Mark Ferguson vs. Friendfinders Inc. Corte de Apelaciones del Estado de California).

Este argumento se ha sostenido también en el caso de los ISP (Internet Service Provider) por cuyos sistemas circulan los correos no solicitados, donde el acceso ilegal es superior al del usuario final.

Las acciones por violación a las leyes antispam están en muchos casos relacionadas con otras acciones antijurídicas como:

a) con la “dilución de la marca” – “Motorola Inc. vs. Paging America y Otros” de la Corte de Distrito de Illinois, “Matthew Seidl vs. Greentree Mortgage Company” de la Corte de Distrito de Colorado-

b) con la practica del spoofing3, que constituye un ataque activo a las redes,

c) con otros delitos informáticos contemplados en la legislación estatal de Estados Unidos y en el Acta Federal de Fraude Informático.

Si bien en algunos juicios los sentenciantes sólo han prohibido a los spammers que envíen correos comerciales no solicitados a los usuarios de determinados ISP o bien a usuarios específicos demandantes, ya sea en forma provisoria o definitiva, en otros casos han condenado a los spammers a abonar elevadas sumas de dinero en concepto de daños resarcitorios y de daños punitivos.

En la mayoría de los casos, los demandantes reclaman, en primer lugar medidas precautorias que impidan a los spammers continuar con el envío de correo electrónico no solicitado a sus redes o usuarios, o bien la práctica del spoofing.

Por todo lo expuesto, consideramos que esta práctica merece ser contemplada por nuestra legislación y sometemos a vuestra consideración el presente proyecto de ley.

01Ene/14

Legislacion Informatica de

Recomendación de la Comisión 81/679/CEE, de 29 de julio de 1981

Recomendación de la Comisión de 29 de julio de 1981 relativa al Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal

I

1 . Con la introducción del tratamiento electrónico de datos y su creciente uso en muchos campos de la vida privada aumenta el peligro de utilización abusiva de dichos datos , sobre todo de aquellos que tienen carácter personal . La esfera de la vida privada exige por tanto una amplia protección de los datos de carácter personal .

2 . La protección de datos es un elemento necesario de la protección del individuo y constituye uno de sus derechos fundamentales . Por consiguiente es deseable que se lleve a cabo en todos los Estados miembros de la Comunidad una aproximación en materia de protección de datos , pues ello contribuirá de forma importante al establecimiento efectivo de los derechos del ciudadano en el ámbito europeo .

3 . Las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad relativas a la protección de datos crean además condiciones divergentes en el tratamiento de los mismos . La creación y el funcionamiento del mercado común del tratamiento de datos presupone un amplio esfuerzo de normalización de las condiciones de tratamiento y de protección de datos en el ámbito europeo . Del mismo modo es deseable , en beneficio de la libre circulación de datos e informaciones a través de las fronteras y para evitar situaciones desiguales de competencia que puedan dar lugar a distorsiones de la competencia en el mercado común , una aproximación en materia de protección de datos .

4 . Por lo mismo , la aproximación en materia de protección de datos en los Estados miembros contribuiría a eliminar las reservas existentes con relación al tratamiento de datos y a las industrias conexas .

5 . Por estas razones la Comisión de las Comunidades Europeas se congratula de la adopción por el Consejo de Europa del Convenio sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y considera que dicho Convenio es apropiado para introducir en el ámbito europeo un nivel uniforme en materia de protección de datos .

No obstante , si en un plazo de tiempo razonable todos los Estados miembros , no llegasen a firmar y ratificar dicho Convenio la Comisión se reserva el derecho de proponer al Consejo que adopte un acto basado en el Tratado CEE .

II

Por estos motivos la Comisión , visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y , en particular , el segundo guión del artículo 155 , formula la siguiente Recomendación :

1 . La Comisión recomienda a aquellos Estados miembros de la Comunidad que todavía no lo hayan hecho , que firmen en el presente año 1981 el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal , y que lo ratifiquen antes de terminar el año 1982 .

2 . Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros .

Hecho en Bruselas , el 29 de julio de 1981 .

Por la Comisión

Karl-Heinz NARJES

Miembro de la Comisión

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 26032/2005, sobre recepción y difusión de información por Internet. (Boletín Oficial de 17 de junio de 2005)

Ley 26032/2005, sobre recepción y difusión de información por Internet, de 18 de mayo de 2005. (Boletín Oficial de 17 de junio de 2005)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en congreso sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1°. La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

Artículo 2°. La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Resolução nº 1/98. Comitê Gestor Internet do Brasil. Registro de Dominio Br.

Resolução nº 1/98. Comitê Gestor Internet do Brasil. Registro de Dominio Br. (Publicado no D.O.U no dia 15 de maio de 1998).

O Coordenador do Comitê Gestor Internet do Brasil, no uso de suas atribuições, torna público que o referido Comitê, em reunião realizada no dia 15 de abril 1998, emitiu a seguinte Resolução:

Resolução nº 1/98

O Comitê Gestor Internet do Brasil (CGI.br, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995, considerando que, para conectividade à Internet, com o objetivo de disponibilização de informações e serviços, é necessário o registro de nomes de domínio e a atribuição de endereços IP (Internet Protocol), bem como a manutenção de suas respectivas bases de dados na rede eletrônica; considerando que dentre as atribuições institucionais do Comitê insere-se a de “coordenar a atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e o registro de nomes de domínio” e considerando, finalmente, ser necessário que se consolidem as decisões do Comitê Gestor acerca destas atividades, resolve:

Artigo 1º. O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

1º. Caso o requerente não satisfaça qualquer das condições para o registro do nome, na ocasião do requerimento, este será considerado sem efeito, permanecendo o nome liberado para registro por quem satisfaça as condições e o requeira.

2º. Constituem obrigações do requerente a escolha adequada e o uso regular do nome de domínio requerido, a observância das regras previstas nesta Resolução e seus Anexos, bem como das constantes do documento de Solicitação de Registro de Nome de Domínio.

3º. A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CGI.br e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extra-judiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem.

4º. O registro do nome de domínio poderá ser cancelado em qualquer das hipóteses previstas no Artigo 7º.

Artigo 2º. É permitido o registro de nome de domínio tão-somente para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto no Anexo II desta Resolução.

Artigo 3º. As categorias sob as quais serão registrados os nomes de domínio são as descritas no Anexo II, sob o espaço .br reservado ao Brasil pelo InterNic/IANA.

Artigo 4º. É da inteira responsabilidade do titular do nome de domínio a eventual criação e o gerenciamento de novas divisões e subdomínios sob o nome de domínio por ele registrado.

Artigo 5º. Pelo registro de nome de domínio e por sua manutenção anual na rede eletrônica serão cobradas retribuições.

1º. A retribuição por cada registro de nome de domínio será cobrada uma única vez.

2º. A retribuição pela manutenção será cobrada por ano-calendário, no seu primeiro trimestre. No ano em que ocorrer o registro do nome de domínio, o valor da retribuição pela manutenção será cobrado proporcionalmente aos meses faltantes para o seu encerramento, juntamente com a retribuição devida pelo registro.

Artigo 6º. A retribuição a que se refere o artigo 5º será cobrada pela entidade responsável pela realização do registro de nomes de domínio e sua manutenção, devendo ser compatível com os valores praticados internacionalmente.

Artigo 7º. Extingue-se o direito de uso de um nome de domínio registrado na Internet sob o domínio .br, ensejando o seu cancelamento, nos seguintes casos:

I. pela renúncia expressa do respectivo titular, por meio de documentação hábil;

II. pelo não pagamento nos prazos estipulados da retribuição pelo registro e/ou sua manutenção;

III. pelo não uso regular do nome de domínio, por um período contínuo de 180 (cento e oitenta) dias;

IV. pela inobservância das regras estabelecidas nesta Resolução e seus Anexos.

V. por ordem judicial;

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e IV, o titular será notificado para satisfazer à exigência no prazo de 30 (trinta) dias, decorridos os quais, sem atendimento, será cancelado o registro.

Artigo 8º. Constitui obrigação do requerente e do titular do nome de domínio manter atualizados seus dados junto à entidade incumbida do registro.

Parágrafo único. Se o titular do nome de domínio mudar de endereço sem atualizá-lo junto à entidade incumbida do registro, reputar-se-ão válidas as notificações comprovadamente enviadas para o endereço constante naquela entidade.

Artigo 9º. Em qualquer hipótese de cancelamento do registro do nome de domínio não assistirá ao titular direito a qualquer ressarcimento ou indenização.

Artigo 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, devendo ser divulgada no endereço eletrônico do servidor web do CGI.br na Internet: http://www.cgi.br.

Roberto Pinto Martins, Coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil

01Ene/14

Legislacion Informatica de Decisión Adminsitrativa 669/2004, de 20 de diciembre de 2004. Sobre Seguridad Informática. Establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus políticas de seguridad. Conforma Comités de Seguridad de la Información y establece responsabilidades en relación con la seguridad.

Decisión Adminsitrativa 669/2004, de 20 de diciembre de 2004. Sobre Seguridad Informática. Establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus políticas de seguridad. Conforma Comités de Seguridad de la Información y establece responsabilidades en relación con la seguridad.

VISTO

Los Decretos número 103 de fecha 25 de enero de 2001 y número 624 de fecha 21 de agosto de 2003 y

CONSIDERANDO:
Que por la norma citada en primer término, se aprobó el Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional orientado a un funcionamiento eficiente de la Administración Pública Nacional y a introducir en la gestión de las organizaciones públicas el cumplimiento de resultados mensurables y cuantifícables.

Que la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL no puede permanecer ajena a los avances y a la aplicación de las nuevas tecnologías de gestión, información y comunicación, ya que las mismas contribuyen al incremento de la productividad de los organismos y a optimizar el manejo de la información, reduciendo los costos asociados a su traslado y archivo.

Que este proceso sigue la tendencia, internacional de los países más adelantados, quienes han encarado proyectos de Gobierno Electrónico, con el fin de lograr la prestación de servicios más eficientes a los administrados y al mismo tiempo mejorar su gestión interna, mediante, la incorporación de modernas tecnologías informáticas.

Que dichos servicios deben ofrecerse con las máximas garantías de seguridad para satisfacer apropiadamente las demandas de la población y para evitar la comisión de ilícitos.

Que el uso de las tecnologías informáticas permite a la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL manejar y procesar gran cantidad de información imprescindible para su normal funcionamiento.

Que la información puede ser objeto de una amplia gama de usos indebidos, debiéndose preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, a fin de garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los diversos servicios prestados por el Sector Público Nacional.

Que en este marco, se torna necesario que cada organismo del Sector Público Nacional sea capaz de prevenir que sus sistemas de información se vean afectados, implementando a tal fin políticas de seguridad, procedimientos internos y sistemas de prevención.

Que a los efectos de facilitar la elaboración y ejecución de las políticas mencionadas y elevar los niveles de seguridad de los sistemas de información de los organismos públicos, deviene necesario establecer una Política de Seguridad Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias correspondientes.

Que es facultad de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS entender en la definición, de estrategias sobre tecnologías de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información en la ADMINISTRACION PUBLICA.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100º, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

Artículo 1º. Política de Seguridad de la Información. Establécese que los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el artículo 7° de la presente medida, deberán dictar o bien adecuar sus políticas de seguridad de la información conforme a la Política de Seguridad Modelo a dictarse de conformidad con el artículo 8°, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de aprobada dicha Política de Seguridad Modelo.

Artículo 2º. Comité de Seguridad de la Información. Las máximas autoridades de los organismos comprendidos en el artículo 7° de la presente medida, deberán conformar en sus ámbitos un Comité de Seguridad de la Información integrado por representantes de las Direcciones Nacionales o Generales o equivalentes del organismo.

Artículo 3º Coordinación del Comité de Seguridad de la Información. El Comité de Seguridad dé la Información citado en el artículo precedente, será coordinado por el Subsecretario o su equivalente en cada área Ministerial o Secretaría de la Presidencia de la Nación o por el funcionario designado por las máximas autoridades de cada organismo descentralizado, que tenga a su cargo las áreas de apoyo.

Artículo 4º. Funciones del Comité de Seguridad de la Información. Serán funciones del Comité de Seguridad de la Información:

1. Revisar y proponer a la máxima autoridad del organismo para su aprobación, la Politica y las responsabilidades generales en materia de seguridad de la información.

2. Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información frente a las amenazas más importantes.

3. Tomar conocimiento y supervisar la investigación y el monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad.

4. Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información.

5. Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la información.

6. Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información.

7. Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios.

8. Promover la difusión y apoyo, a la seguridad de la información dentro del Organismo.

9. Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de información del Organismo frente a interrupciones imprevistas.

Artículo 5º. Responsabilidades sobre la Seguridad de los Sistemas de Información. Las máximas autoridades de los organismos comprendidos en el artículo 7° del presente, deberán asignar las funciones relativas a la seguridad de sus sistemas de información a un funcionario de su planta dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de aprobada la Política de Seguridad Modelo.

Artículo 6º. La asignación de funciones relativas a la seguridad informática y la integración del Comité de Seguridad de la Información, establecidas en los artículos 5° y 2° de la presente medida, respectivamente, no deberá implicar erogaciones presupuestarias adicionales.

Artículo 7º. Alcance. La presente Decisión Administrativa será de aplicación a los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley número 24.156 y sus modificatorias.

Artículo 8º. Política de Seguridad Modelo. Normas aclaratorias y complementarias. Facúltase al señor SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a aprobar la Política de Seguridad Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida. El SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS podrá delegar en el DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION dichas facultades.

Artículo 9º. Invitación. Invitase a los Gobiernos Provinciales, Municipales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación a adherir a la presente.

Artículo 10º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Alberto A. Fernández.

Aníbal D. Fernández.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques

Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT).

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 27 (II, 4°) ;

Vu la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu la délibération nº 2006-104 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 avril 2006 relative à la demande d'avis nº 1064992, portant sur le projet d'arrêté relatif à la création par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des espaces numériques de travail (ENT),

Arrête :

Article 1. Des traitements de données à caractère personnel relatifs aux “espaces numériques de travail” (ENT), qui sont des sites “web portail” permettant d'accéder, via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en oeuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation.

Les ENT ont pour objet :

– de saisir et de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents, des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs et plus généralement de tous les membres de la communauté éducative de l'enseignement scolaire ou de l'enseignement supérieur, en fonction des habilitations de chaque usager, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l'établissement ainsi que de la documentation en ligne ;

– de permettre aux usagers de l'ENT de s'inscrire en ligne à des activités proposées par l'établissement, de s'inscrire à des listes de diffusion, de participer à des espaces communautaires (forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs…).

Article 2. Indépendamment des données créées lors de l'ouverture d'un compte ENT (identifiant et mot de passe), les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application ENT sont les suivantes :

a) Dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans l'enseignement supérieur :

En ce qui concerne les élèves et les étudiants :

– civilité, identité, date et lieu de naissance, ville et pays de naissance, photographie et coordonnées personnelles (adresse postale, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique, tout élément concernant sa vie scolaire ou universitaire) ;

En ce qui concerne les parents d'élèves :

– civilité, identité, adresse postale, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique ;

En ce qui concerne les personnels enseignants et non enseignants :

– identité, situation professionnelle, structure de rattachement, coordonnées professionnelles, informations administratives les concernant, toute information concernant la scolarité des élèves ou des étudiants dont ils ont la charge ;

b) Dans le cadre du tutorat et de l'apprentissage, ainsi que pour les entreprises partenaires :

En ce qui concerne l'apprenti :

– civilité, identité, date et lieu de naissance, ville et pays de naissance, photographie et coordonnées personnelles (adresse, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique) ;

En ce qui concerne les tuteurs de stage et maîtres d'apprentissage :

– identité et situation professionnelle du tuteur de stage ou du maître d'apprentissage ;

– dénomination de l'entreprise partenaire et nom des élèves suivis en stage ou en apprentissage.

Article 3. Les données à caractère personnel utilisées dans les ENT dont la liste est annexée au “schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET)” sont soit issues de systèmes d'information mis en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de systèmes d'information mis en oeuvre par les collectivités territoriales, soit fournies par les usagers des ENT.

Un transfert sécurisé des données à caractère personnel dans les ENT est réalisé par chaque responsable d'un ENT, à partir des systèmes d'information concernant les élèves, les apprentis, les étudiants et les différentes catégories de personnel relevant de l'école ou de l'établissement concerné.

Article 4. Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les catégories de personnes susceptibles de disposer, dans la limite de leurs attributions respectives, d'un accès à l'ENT.

Chaque catégorie d'utilisateur ne peut accéder qu'aux seules informations concernant ses fonctions au sein de l'établissement :

a) Dans l'enseignement primaire et secondaire :

– les élèves, en ce qui concerne leurs informations personnelles et la vie scolaire ;

– les délégués d'élèves, en ce qui concerne la vie lycéenne ;

– les parents d'élèves, en ce qui concerne la vie scolaire de leur(s) enfant(s) ;

– les délégués de parents d'élèves, en ce qui concerne la vie de l'établissement ;

– les personnels enseignants, en ce qui concerne les informations relatives à la scolarité de leurs élèves ;

– les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l'établissement ;

– les intervenants extérieurs, en ce qui concerne des activités scolaires ou périscolaires auxquelles ils participent et qui sont organisées en accord avec le responsable de l'établissement ;

– les services municipaux dans le cadre de la préinscription scolaire et des activités organisées par les communes ;

– les représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l'école ou de l'établissement, en ce qui concerne leur mandat ;

b) Dans l'enseignement supérieur :

– les étudiants, en ce qui concerne leurs informations personnelles ;

– les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les enseignants (locaux ou extérieurs), en ce qui concerne la formation de leurs étudiants et leurs travaux de recherche ;

– les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l'établissement ;

– les représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l'établissement, en ce qui concerne leur mandat.

Article 5. Préalablement à la mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er, le responsable de l'ENT informera, dans les conditions définies à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les responsables légaux des élèves mineurs, les élèves majeurs et les étudiants, ainsi que tous les autres utilisateurs, de la collecte et de la destination des données à caractère personnel les concernant.

Les droits d'opposition et de rectification des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel, prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du responsable de l'ENT pour les écoles et les établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 6. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un compte ENT sont mises à jour au début de chaque année scolaire ou universitaire et, en tout état de cause, sont supprimées de l'ENT dans un délai de trois mois dès lors que la personne concernée n'a plus vocation à détenir un compte.

Les contributions personnelles laissées dans les espaces communautaires et espaces de stockage d'informations personnelles ou de publication ne pourront, sauf opposition du contributeur lors de la fermeture de son compte ENT, être conservées par l'établissement qu'à des fins informatives, pédagogiques ou scientifiques dans les conditions fixées à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7. La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er par chaque responsable des écoles, des EPLE et des établissements d'enseignement supérieur précités est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.

Cette formalité l'engage à respecter les finalités et les modalités du droit d'accès prévues dans le cadre de l'ENT ainsi que le ” schéma directeur des espaces numériques de travail ” et ses annexes élaborés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 8. Le présent arrêté, qui fait l'objet d'un affichage dans les établissements concernés, est consultable par chaque utilisateur à partir de la page d'accueil de l'ENT.

Article 9. Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, D. Antoine

01Ene/14

Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, modifiant le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet

Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, modifiant le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet.

Le chef du gouvernement,

Sur Proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code de télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et par la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l'exercice des activités d'études et d'entreprises de télécommunications,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu l’avis du conseil de la concurrence,

Après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.

 

Décrète :

 

Article premier .-

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008 susvisé sont abrogées et remplacées parce qui suit :

 

Article 2 (nouveau) .-

L'exploitation commerciale pour le public du service téléphonie sur protocole internet ne peut se faire que par :

– les opérateurs de réseaux publics des télécommunications titulaires d'une licence, conformément à l'article 18 du code des télécommunications,

– les fournisseurs de service internet qui fournissent ce service via les réseaux internet au profit de leurs clients.

Article 3 (nouveau) .-

L'exploitation commerciale du service téléphonie sur protocole internet par les opérateurs de réseaux publics des télécommunications et les fournisseurs de service internet est régie par les mêmes obligations que celles relatives à l'exploitation de téléphonie sur le réseau public de téléphonie commuté, conformément aux dispositions du code des télécommunications.

Les fournisseurs de service internet sont soumis aux mêmes obligations que celles des opérateurs de réseaux publics des télécommunications pour la fourniture du service téléphonie sur protocole internet, notamment celles prévues par les articles 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008 fixant les conditions générales de l'installation et de l'exploitation des réseaux publics des télécommunications.

Article 4 (nouveau) .-

Les opérateurs de réseaux publics des télécommunications et les fournisseurs de service internet sont tenus d'assurer l'ensemble des aspects opérationnels relatifs notamment à :

– la protection et la sécurité des réseaux,

– la qualité des services de communications conformément aux normes adoptées à l'échelle internationale et à la réglementation en vigueur,

– l'exploitation des plages de numérotation réservées à ce service,

– la fourniture des équipements nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture du service sans interruption.

Les conditions relatives à la protection et la sécurité des réseaux ainsi qu' à la garantie de la qualité et de la continuité du service sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article 5 (nouveau) .-

Le service téléphonie sur protocole internet est fourni par les opérateurs de réseaux publics des télécommunications et les fournisseurs de service internet au profit de leurs clients dans le cadre des offres autorisées conformément à la législation et réglementation en vigueur et notamment le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales de l'installation et de l'exploitation des réseaux publics des télécommunications.

Article 6 (nouveau) .-

Les opérateurs de réseaux publics des télécommunications et les fournisseurs de service internet peuvent, dans le cas de la fourniture du service téléphonie sur protocole internet pour les entreprises administratives et économiques ayant des sites et des succursales multiples, faire appel à un intégrateur de services pour l'installation de l'infrastructure de télécommunications interne nécessaire à la fourniture du service téléphonie sur protocole internet et de veiller au bon fonctionnement du réseau et à son entretien.

 

Article 2 .-

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008 susvisé sont abrogées.

 

Article 3 .-

Le ministre des technologies de l'information et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 18 septembre 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

01Ene/14

Decreto nº 136 de 1 de septiembre de 2011. Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. (Diario Oficial número 163, tomo nº 392, del 2 de septiembre de 2011).

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 

I. Que mediante Decreto Legislativo nº 534, de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial nº 70, Tomo nº 391, del 8 de abril de 2011, se emitió la Ley de Acceso a la Información Pública, en cuyo Art. 109 se estableció que el Presidente de la República dictará los Reglamentos para la aplicación de dicha Ley;

II. Que es indispensable desarrollar y asegurar la aplicación de las normas comprendidas en la Ley de Acceso a la Información Pública, cumpliéndose de esta manera con los objetivos de la misma; y,

III. Que con el objeto de asegurar la aplicación de la referida Ley, es necesario dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes que desarrollen especialmente la forma de hacer efectivo el derecho de toda persona a la información pública y demás aspectos en los que la Ley remite a un desarrollo reglamentario.

 

POR TANTO,

 

en uso de sus facultades constitucionales,

 

DECRETA el siguiente:

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Artículo 1.- Objeto

Las disposiciones comprendidas en el presente Reglamento tienen por objeto desarrollar y asegurar la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública, a efecto que se cumpla con sus objetivos.

 

Artículo 2.- Definiciones

Además de las definiciones contenidas en la Ley de Acceso a la información Pública, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Clasificación: Acto por el cual se determina que la información que posee un ente obligado es oficiosa, reservada, confidencial o pública.

Desclasificación: Acción y efecto de desclasificar la información, haciéndola pública.

Documentos: Se refiere a todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos.

Ente Obligado: Es todo aquel ente o institución mencionados en el Art. 7 de la Ley.

Entidad Convocante: Organismo encargado de convocar para la elección de las ternas para elegir comisionados del Instituto, de acuerdo a lo establecido en la Ley. Asimismo, es el encargado del correcto desarrollo de las Asambleas Generales donde se da lugar dicha elección.

Entidades Proponentes: Organismos facultados para proponer candidatos para la elección de la terna, mencionados en el Art. 53 de la Ley, de las cuales el Presidente de la República elige a los Comisionados propietarios y suplentes.

Expediente: Conjunto de Documentos relacionados entre sí.

Funcionario Público: Persona natural que presta servicios, retribuidos o ad-honorem, permanentes o temporales en la administración del Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción, por elección o por nombramiento, con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo.

Funcionario de Alto Nivel: Funcionarios Públicos que desempeñan un cargo de dirección y tienen la facultad de tomar decisiones en cualquiera de los órganos del Estado.

Instituto: Se hace referencia al Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ley: Se refiere a la Ley de Acceso a la información Pública.

Particulares: Toda persona titular de los derechos establecidos en la Ley, ya sea que haga valer sus derechos por sí o por medio de un representante.

Persona Privada: Para efectos de este Reglamento se entenderá que son aquellas personas naturales o jurídicas que se desenvuelven en el ámbito privado y que son definidas como Entes Obligados por el Art. 7 de la Ley, por manejar información concerniente a la administración de los fondos o información pública y/o por realizar cualquier función pública que le haya sido conferida.

Reglamento: Se refiere al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Responsable de Archivos: Persona designada por el Ente Obligado encargado y responsable de la organización, catalogación, conservación y administración de los documentos de dicho Ente Obligado, así como el encargado de elaborar y poner a disposición del público una guía de la organización del archivo y de los sistemas de clasificación y catalogación.

Seguridad Nacional: Toda acción o actividad, directa o indirecta, destinada a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado y sus dirigentes, su gobernabilidad democrática, la defensa exterior, la integridad del territorio nacional y sus instituciones, incluyendo todas aquellas acciones o actividades tendientes a proteger las condiciones permanentes de libertad, desarrollo económico, paz y bienestar social.

Seguridad Política: Toda acción o actividad, directa o indirecta, que realicen los Funcionarios de Alto Nivel, tendientes a defender el orden público, la organización política del gobierno y sus instituciones, así como toda actividad que tenga por objetivo gobernar o dirigir al Estado o al buen desarrollo de la política gubernamental, incluyendo las actividades destinadas a proteger de las amenazas contra la legitimidad, reconocimiento y la autoridad del gobierno que desencadenen circunstancias de inestabilidad política, corrupción e ingobernabilidad, entre otras.

Solicitante: Persona que se presenta en las Unidades de Acceso a la Información Pública, ya sea por sí o por medio de representante, quien solicita información que se encuentra en manos del Ente Obligado. También se considera como tal a toda aquella persona que envía por cualquier medio idóneo su solicitud de acceso a la información, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

Ternas: Conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre ellas la que deba desempeñar el cargo de Comisionado propietario o suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Titular del Ente Obligado: Persona que ejerce el cargo máximo dentro de la organización interna del Ente Obligado, con amplias facultades para tomar decisiones dentro del mismo.

Unidades Administrativas: Se refiere a las unidades, direcciones, departamentos, entre otros, a los que se les confieren atribuciones específicas dentro de la organización de cada Ente Obligado y que de acuerdo con la organización de cada uno de los Entes Obligados posean solicitada.

 

Artículo 3.- Colaboración entre Unidades de Acceso a la Información Pública

Todas las Unidades de Acceso a la Información Pública podrán establecer mecanismos de colaboración entre sí o con el Instituto para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento y los lineamientos expedidos por éste último, particularmente en lo que se refiere a las obligaciones de transparencia, a los procedimientos de acceso a la información, a los datos personales y a la corrección de éstos, así como al establecimiento y operación de las Unidades de Acceso a la Información.

 

Artículo 4.- De las Unidades auxiliares

En virtud de lo establecido en el Art. 48 de la Ley, los Entes Obligados podrán establecer unidades auxiliares en razón de la estructura organizacional, bases presupuestarias, clases y volumen de operaciones, las cuales funcionarán como oficinas que colaborarán con la Unidad Principal. El objetivo principal de dichas oficinas será apoyar a la Unidad principal de Acceso a la Información Pública de la cual dependen.

Cada una de las oficinas contará con personal capacitado para recibir las solicitudes de acceso a la información, las cuales serán remitidas a la Unidad de Acceso a la Información de la cual dependen. También apoyarán a la Unidad de Acceso a la Información principal en la entrega de la información, así como en la entrega de cualquier notificación que deba ser remitida al solicitante.

El titular del Ente Obligado, en conjunto con su Unidad de Acceso a la Información, serán los encargado de realizar toda la normativa interna necesaria para coordinar la labor de cada una de las unidades auxiliares u oficinas que considere conveniente establecer.

 

Artículo 5.- Oficial de información

En virtud de lo establecido en la Ley, toda Unidad de Acceso a la Información deberá contar con un Oficial de Información nombrado por el Titular del Ente Obligado, el cual deberá reunir los requisitos contenidos en el Art. 49 de la Ley. Dicho nombramiento y cualquier cambio, deberá ser publicado e informado al Instituto de Acceso a la Información Pública por el Ente Obligado, dentro del plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del nombramiento o cambio.

El Oficial de Información será el que dirigirá la Unidad de Acceso a la Información Pública, coordinará las actividades que realicen cada una de las unidades auxiliares relacionadas en el artículo anterior.

 

Artículo 6.- Resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información Pública

Las resoluciones y criterios que expidan las Unidades de Acceso a la Información Pública serán públicos y se darán a conocer por cualquier medio.

 

Artículo 7.- De la información de las Unidades de Acceso a la Información Pública

Toda Unidad de Acceso a la Información Pública deberá contar dentro de sus archivos con información relativa al funcionamiento de dichas unidades, tales como:

I. El número y tipo de solicitudes de información presentadas y sus resultados, incluidas aquéllas en las que no fue posible localizar la información en los archivos, así como un registro de la forma de entregar las respuestas, fecha de elaboración de resoluciones, entre otro tipo de información que pueda ayudar a mejorar el servicio al solicitante;

II. Los tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes; y,

III. Las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 8.- De la relación con las Unidades Administrativas

Las Unidades de Acceso a la Información Pública tendrán una relación directa con todas las Unidades Administrativas del Ente Obligado, con el objetivo de cumplir con lo estipulado en la Ley.

Las Unidades Administrativas colaborarán estrechamente con la Unidad de Acceso a la Información Pública para cumplir con el objetivo de entregar la información a los solicitantes.

 

Artículo 9.- Adecuación de espacios físicos

Los Entes Obligados deberán adecuar un espacio físico y contar con personal para atender y orientar al público en materia de acceso a la información. En este mismo espacio podrán existir equipos informáticos con acceso a internet, para que los particulares puedan consultar la información que se encuentre publicada en el sitio correspondiente del

Ente Obligado, así como para presentar por medios electrónicos las solicitudes a que se refiere la Ley.

 

Artículo 10.- Hojas informativas con valores de costos de reproducción y envío

Para el caso que los particulares soliciten impresiones, copias o cualquier tipo de reproducción o envío de información pública, se deberá cubrir el valor de los materiales y costo de remisión atendiendo al valor estipulado por cada Ente Obligado, para lo cual, éste proporcionará hojas informativas con el detalle de los valores correspondientes, así como la forma y el lugar en donde deben ser cancelados, atendiendo siempre a lo establecido en el Art. 61 de la Ley.

 

Artículo 11.- Actualización de Información oficiosa

Los Entes Obligados podrán actualizar la información señalada en el Art. 10 de la Ley, al menos una vez cada tres meses, salvo que otras disposiciones legales establezcan otro plazo y siempre que éste sea menor al señalado. Lo anterior será aplicable siempre que sea acorde a los plazos y lineamientos establecidos por el Instituto.

Los titulares de las Unidades Administrativas del Ente Obligado serán los responsables de proporcionar a las Unidades de Acceso a la Información Pública las modificaciones que correspondan

 

Artículo 12.- Participación de los Entes Obligados en actividades del Instituto

Los Entes Obligados deberán participar en las actividades de capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y administración de archivos y en todo cuanto colabore a garantizar los fines establecidos en el Art. 3 de la Ley.

 

Artículo 13.- Obligaciones de las sociedades de economía mixta y Personas Privadas

En virtud de lo establecido en el Art. 7 de la Ley, también son Entes Obligados a lo establecido en dicha Ley y el presente Reglamento, las sociedades de economía mixta y las Personas Privadas. El ámbito de la obligación de dichos Entes Obligados se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los fondos o información pública otorgados y a la función pública conferida, en su caso.

 

Artículo 14.- Del Procedimiento para solicitar información a las sociedades de economía mixta y Personas Privadas

En virtud de lo establecido en el Art. 67 de la Ley, las solicitudes de información en las sociedades de economía mixta y las Personas Privadas, obligadas por la Ley, se tramitarán ante el Oficial de Información del ente público al que corresponda su vigilancia o con el que se vinculen. Estos Entes Obligados deberán informar al solicitante cuál es la entidad competente para este propósito y el lugar en que se encuentra su Unidad de Acceso a la Información Pública.

Las sociedades de economía mixta y las Personas Privadas que manejen fondos e información pública deberán contar con una organización interna o unidades internas para atender cualquier requerimiento de información que pudiere pedir el Oficial de Información de la Unidad de Acceso a la Información correspondiente, en cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento.

La manera en como estructuren dicha organización o unidades internas, deberá ser notificada dentro del plazo máximo de tres días hábiles, contados desde el momento en que sea definido internamente, al Instituto y a la Unidad de Acceso a la Información del ente público al que corresponda su vigilancia o con el que se vinculen, con el objetivo que la información se pueda requerir de una manera directa. En ese mismo plazo, las sociedades de economía mixta y las Personas Privadas que manejen fondos e información pública, deberán proporcionar al Oficial de Información de la Unidad de Acceso a la Información correspondiente, el contacto de la persona encargada de proporcionar, coordinar y dar trámite interno a cualquier requerimiento de información.

El requerimiento de la información a las sociedades de economía mixta y las Personas Privadas que manejen fondos e información pública se realizará por escrito, remitiendo copia de la solicitud presentada por el solicitante.

El Ente Obligado deberá entregar la información considerada como pública y en caso no sea considerada como tal, deberá emitir una resolución razonada, la cual será enviada a la Unidad de Acceso a la Información del Ente Público al que corresponda su vigilancia o con el que se vinculen, con el objetivo de ser remitida al solicitante.

Para el procedimiento dentro de la Unidad de Acceso a la Información Pública, se atenderá a lo dispuesto en el Capítulo XI del presente Reglamento.

 

Artículo 15.- Plazo de respuesta

En caso sea requerida información a la sociedad de economía mixta o Personas Privadas, se deberá atender los plazos de respuesta mencionados en el Art. 71 de la Ley, tomando en cuenta que dichos plazos son para la entrega de la información al solicitante, por lo que, el Ente Obligado realizará todas las gestiones en el menor tiempo posible, con el objetivo de cumplir con los plazos de respuesta al solicitante.

Las sociedades de economía mixta y las Personas Privadas que manejen fondos e información pública que no atiendan los plazos establecidos para proporcionar respuesta al solicitante, tomando en cuenta el tiempo de remisión a la Unidad de Acceso a la Información, incurrirán en las infracciones establecidas en el Art. 76 de la Ley.

 

Artículo 16.- Información que puede ser requerida a las sociedades de economía mixta y Personas Privadas.

En virtud de lo establecido en la Ley, a las sociedades de economía mixta y a las Personas Privadas se les puede requerir información respecto a:

a) Los Documentos o Expedientes relativos al manejo de los recursos públicos o información clasificada como pública;

b) Los Documentos o Expedientes relativos a la ejecución de la función estatal, nacional o local, tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos; y,

c) Los Documentos o Expedientes concernientes a la administración de los fondos públicos.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley y el presente Reglamento, se puede negar al solicitante la entrega de la información privada de la sociedad de economía mixta o Persona Privada que no tenga relación con los literales anteriores o con lo establecido por la Ley.

Toda información deberá ser entregada, sin menoscabar la confidencialidad de la información privada del Ente Obligado y de los miembros que la integran, limitándose la entrega de la información únicamente a la información pública relacionada en la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 17.- Formas de clasificación

Los Entes Obligados llevarán a cabo la clasificación por cualquiera de las siguientes formas:

a) Clasificación Inmediata; y,

b) Clasificación Posterior.

La clasificación puede referirse a un expediente o a un documento.

Los Titulares de los Entes Obligados serán los encargados de clasificar la Información que sea generada, obtenida, adquirida o transformada dentro de cada una de sus instituciones. La ejecución de dicha atribución y facultad podrá delegarse o descentralizarse en los funcionarios o Unidades Administrativas internas que el Titular determine.

Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los Entes Obligados deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en la Ley.

 

Artículo 18.- Clasificación Inmediata

La Clasificación Inmediata la realizará el Ente Obligado cuando la información se genere, obtenga, adquiera o transforme.

 

Artículo 19.- Clasificación Posterior

La Clasificación Posterior la realizará el Ente Obligado cuando por negligencia la información no haya sido clasificada de manera inmediata, por lo que el Ente Obligado la clasificará cuando se reciba una solicitud de acceso a la información.

La clasificación posterior también es aplicable a la información que fue generada, obtenida, adquirida o transformada con fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley. En éste último caso la no clasificación no podrá entenderse como negligencia.

 

Artículo 20.- Lineamientos para la clasificación de la información

El Instituto establecerá los lineamientos generales que contengan los criterios para la clasificación, desclasificación y custodia de la información oficiosa, reservada, confidencial o pública, los cuales serán aplicados por los Entes Obligados al momento en que deba realizarse dicha clasificación.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Titular del Ente Obligado podrá establecer criterios específicos cuando la naturaleza o especialidad de la información o de la Unidad Administrativa o la Autoridad correspondiente lo requieran, siempre que se justifique y no se contravengan los lineamientos expedidos por el Instituto.

 

Artículo 21.- Del Marco Normativo

La información a la cual se refiere el número 1 del Art. 10 de la Ley, en relación al Marco Normativo aplicable a cada Ente Obligado, podrá entenderse como todas las disposiciones legales aplicables directamente a los Entes Obligados, tales como: Leyes Orgánicas, Reglamentos y toda aquella normativa interna que tenga relación directa con el Ente Obligado de que se trate.

 

Artículo 22.- De la Estructura Orgánica de los Entes Obligados

La información a la cual se refiere el número 2 del Art. 10 de la Ley, en relación a la estructura orgánica completa y las competencias y facultades de las unidades administrativas, podrá entenderse que se refiere al organigrama que represente la estructura administrativa de cada unidad dentro del Ente Obligado, con expresión del número de empleados que laboran en dichos lugares.

 

Artículo 23.- De la información de los funcionarios públicos

La información a la cual se refiere el número 3 del Art. 10 de la Ley, en relación al Directorio y el Currículo de los Funcionarios Públicos, podrá entenderse que únicamente deberá incluir apartados relativos a la formación académica y a la experiencia profesional del Funcionario, excluyendo cualquier Dato Personal o cualquier tipo de Información Confidencial.

 

Artículo 24.- De la información relativa a la remuneración mensual por cargo presupuestario

Para los efectos del número 7 del Art. 10 de la Ley, en relación a la remuneración mensual por cargo presupuestario, podrá entenderse que la información divulgada y actualizada será la denominación del cargo, su categoría salarial, forma de contratación, remuneración mensual y montos autorizados para dietas y gastos de representación, por lo cual, no será denomine el cargo al cual se otorgan dichas remuneraciones.

 

Artículo 25.- Publicación de proyectos de leyes

Los Entes Obligados deberán hacer público a través de sus sitios de internet y por lo menos con quince días de anticipación a la fecha en que se pretenda someter a aprobación, las versiones finales de los anteproyectos de leyes, actos administrativos o normativa de carácter general tales como reglamentos, ordenanzas, decretos y acuerdos.

Para el caso de los actos administrativos o acuerdos mencionados en el inciso anterior, únicamente es aplicable cuando éstos sean pronunciados en los procedimientos cuyos expedientes constituyan información oficiosa.

En todo caso, la información de la que habla el presente artículo estará a disposición de las personas que requieran acceder a ella, conforme a lo establecido en la Ley y el presente reglamento.

 

Artículo 26.- De los informes de auditorías

La publicación de los informes de auditoría a que hace referencia la Ley no deberán contener información que pueda causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes que se relacione con presuntas responsabilidades o de otra índole y en general aquélla que tenga el carácter de reservada o confidencial en los términos de la Ley y este Reglamento.

Tal y como lo dispone la Ley, únicamente deberán ser públicos los informes finales de las auditorías practicadas a los Entes Obligados, con independencia de su conocimiento en la vía judicial respectiva.

 

Artículo 27.- Clasificación de Información Reservada

Los Expedientes y Documentos que contengan información clasificada como reservada deberán llevar en la primera página una resolución denominada como “Declaratoria de Reserva”, en la cual se indicará su carácter reservado, la fecha de la clasificación, su fundamento legal o motivación de reserva, el periodo de reserva, las personas autorizadas para tener conocimiento de la misma y la rúbrica del responsable dentro del Ente Obligado de calificarla como tal, así como la información detallada en el Art. 31 del presente Reglamento.

Cuando un expediente contenga documentos o información pública y reservada, se deberán entregar aquéllos que no estén clasificados como reservados. Tratándose de un documento que contenga partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omita, por cualquier medio, dicha información reservada.

Las reproducciones de los expedientes o documentos que se entreguen a cualquier solicitante, constituirán las versiones públicas correspondientes, las cuales no deberán cambiar a menos que la clasificación dentro de las mismas se modifique.

 

Artículo 28.- Sujetos responsables de la clasificación de la información reservada

El Titular del Ente Obligado o la persona que éste designe, será el encargado de clasificar la Información Reservada que sea generada, obtenida, adquirida o transformada dentro de dicho Ente Obligado.

Para el caso específico de los Entes Obligados que cuenten con una estructura orgánica conformada por una junta directiva, por un consejo o cualquier otro tipo de órgano colegiado, se deberá adoptar la decisión de clasificar la información como reservada por la mayoría de los miembros que lo conforman, siempre y cuando la información sea emitida por dicho órgano colegiado.

Cuando la información sea emitida por el Presidente o Titular del órgano colegiado y cuando por la propia naturaleza de la información deba ser exclusivamente del conocimiento de dicho Presidente o Titular, no será necesaria llevarla a aprobación de la mayoría de los miembros del órgano colegiado, pudiendo el Presidente o Titular adoptar por sí mismo la decisión de reservar la información.

Tratándose de información que no provenga ni del ente colegiado, ni de su titular, en los términos señalados, el generador de la misma deberá informar de manera inmediata a quien o quienes ejerzan el gobierno del Ente Obligado para que a través de él se clasifique la información de la manera indicada en los incisos precedentes.

 

Artículo 29.- Causales de reserva

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, son causales de reserva las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un delito o actos ilícitos, o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, esto es, entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del Ente Obligado ante una controversia de carácter jurídico.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Se entiende por antecedentes todos aquéllos que informan la adopción de una resolución, medida o política y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la Seguridad Nacional y/o la Seguridad Política.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

En la calificación de estas causales, el Ente Obligado podrá hacer las consultas necesarias a los demás Entes Obligados para determinar su ocurrencia, para el caso de toda aquella documentación o información que se encuentre compartida con otros Entes Obligados.

 

Artículo 30.- Efectos de la Declaratoria de Reserva

La declaración de reserva efectuada de conformidad a las normas que establece la Ley y el presente Reglamento, producirá los siguientes efectos:

a) Sólo podrán tomar conocimiento de la información incluida en la declaración y el respectivo expediente clasificado como reservado, las personas debidamente facultadas para ello, las cuales deberán ser establecidas en la Declaratoria de Reserva.

b) Quedará restringido el acceso y circulación de personas no autorizadas en los lugares, locales, recintos o dependencias en que se radiquen o custodien los Documentos o Expedientes clasificados como reservados.

c) Se deberá cumplir con todas las medidas que fueren impartidas para resguardar los Documentos o Expedientes clasificados de reservados.

d) Los Expedientes en que consten los Documentos clasificados como reservados deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo Ente Obligado, durante el plazo establecido en la Ley.

 

Artículo 31.- Resolución de Declaración de Reserva

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 21 de la Ley, la Declaratoria de Reserva contendrá:

a) Órgano, ente o fuente que produjo la información, con indicación de la Unidad Administrativa correspondiente;

b) La autoridad que adopta la decisión de reservar la información;

c) La fecha de la clasificación;

d) Las partes de la información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que estén disponibles para acceso al público;

e) El fundamento de la resolución o justificación de reserva;

f) El plazo de reserva; y,

g) Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando el carácter confidencial en caso que las hubiere.

 

Artículo 32.- Índice de información reservada

Los Oficiales de Información elaborarán, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 22 de la Ley, un índice de la información clasificada como reservada.

A efecto de mantener dicho índice actualizado, la Unidad de Acceso de Información correspondiente lo enviará al Instituto, dentro de los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de cada año, según corresponda. El Instituto tendrá un plazo de diez días hábiles para cualquier observación que considere pertinente.

 

Artículo 33.- Contenido del Índice de Información Reservada

Los índices de expedientes clasificados como reservados serán información pública, sujeta a las obligaciones de disponibilidad y acceso establecidas por la Ley y este Reglamento.

Estos índices deberán contener:

I. El rubro temático, lo cual constituye un enunciado general que sirve de guía para distinguir la información a la cual se hace referencia, sin revelar el contenido de reserva del mismo;

II. La Unidad Administrativa o la Autoridad que generó la información; así como el nombre del titular del Ente Obligado o la persona que éste designe, encargado de adoptar la decisión de reservar la información;

III. La fecha de la clasificación;

IV. El fundamento legal para su clasificación como reservada;

V. El plazo de reserva, y,

VI. Las partes dentro de los Expedientes o Documentos que se reservan, en su caso, entendiéndose que se hace referencia a la ubicación dentro del Expediente o Documento que es materia de reserva.

 

Artículo 34.- Custodia de Información Reservada

Los expedientes y documentos que tengan información clasificada como reservada, serán debidamente custodiados y conservados conforme a los lineamientos que expida el Instituto y, en su caso, los criterios específicos que emitan las Unidades de Acceso a la Información Pública.

Los titulares de los Entes Obligados deberán conocer estos últimos y asegurarse que son adecuados para los propósitos citados.

 

Artículo 35.- Desclasificación de Información Reservada

La información clasificada como reservada deberá ser desclasificada:

I. A partir del vencimiento del periodo de reserva. En este caso, cuando concluya el período de reserva, la información será pública sin necesidad de acuerdo o resolución previa;

II. Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación; o,

III. Cuando así lo determine el Instituto, de conformidad con la Ley.

 

Artículo 36.- Plazo de Reserva

El plazo al que se refiere el Art. 20 de la Ley se empezará a computar a partir del día en que la información sea generada, obtenida, adquirida o transformada por el Ente Obligado y hasta por el plazo de siete años o más, de acuerdo a sus prórrogas, según corresponda.

 

Artículo 37.- Ampliación del Plazo de Reserva

Cuando a juicio de la autoridad correspondiente sea necesario ampliar el plazo de reserva de un expediente o documento, deberá hacer la solicitud correspondiente por escrito al Instituto, debidamente fundada y motivada, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo de reserva.

En todo caso, la información mantendrá su calidad de reservada hasta que el Instituto resuelva respecto de la solicitud de ampliación del plazo de reserva.

 

Artículo 38.- Resolución de controversias sobre clasificación o desclasificación de la Información Reservada

En virtud de lo establecido en el Art. 58, letra g) de la Ley, el Instituto tiene la atribución de resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de la Información Reservada.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Instituto analizará únicamente la Declaratoria de Reserva, para resolver sobre cualquier controversia. De no ser suficiente la información contenida en dicha Declaratoria, el Instituto podrá solicitar al Titular la rendición detallada de un informe, donde motive las razones de la Declaratoria de Reserva.

 

Artículo 39.- Período de Confidencialidad

La Información Confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información o mandamiento escrito emitido por autoridad competente.

 

Artículo 40.- Consentimiento para revelar Información Confidencial

Para que las Unidades de Acceso a la Información puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la información por escrito. Dicho consentimiento no podrá obtenerse bajo ningún vicio de la voluntad, ya sea error, fuerza o dolo.

El consentimiento deberá ser en un escrito separado a cualquier otro documento y deberá expresarse para cada caso en concreto. Asimismo, se deberá mencionar información como la siguiente:

a) La Información Confidencial específica que se autoriza a revelar;

b) La aceptación expresa a revelar la Información Confidencial; y,

c) Nombre completo, número de identificación y firma o huella del titular de la información.

No será admisible un consentimiento genérico para todas las solicitudes que se presenten, por lo cual, se deberá requerir el consentimiento cada vez que sea solicitada la información.

 

Artículo 41.- Consentimiento en caso de emergencia

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se entenderá que no se requiere el consentimiento expreso del titular de la información, cuando su vida o su salud se encuentre en peligro, por lo cual, la autoridad de que se trate evaluará la situación de emergencia y motivará la entrega de la Información.

Lo estipulado en el presente artículo es aplicable a los casos en los cuales el titular de la Información Confidencial se encuentre imposibilitado para entregar un consentimiento expreso y siempre y cuando la entrega de la Información Confidencial mejore la situación de peligro que se trate.

 

Artículo 42.- Solicitud de Acceso a la Información Confidencial

Cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan Información Confidencial y la Unidad de Acceso a la Información Pública lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá cinco días hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente. El silencio del particular, titular de la Información Confidencial, será considerado como una negativa.

La Unidad de Acceso a la Información Pública deberá dar acceso a las versiones públicas de los expedientes o documentos a que se refiere el inciso que antecede, en las que se omitan los documentos, las partes o secciones de éstos que contengan Información Confidencial, aun en los casos en que no se haya requerido al particular titular de la información para que otorgue su consentimiento, o bien se obtenga una negativa expresa o tácita del mismo.

 

Artículo 43.- Acceso a la Información Confidencial por parte del titular de la misma

El titular de la Información Confidencial tendrá derecho al acceso irrestricto de su Información Confidencial y ningún Ente Obligado podrá negársela bajo ningún argumento.

En virtud de lo establecido en el Art. 24 de la Ley, los padres, madres y tutores tendrán derecho de acceso irrestricto a la Información de los menores bajo su autoridad parental o bajo su tutela.

 

Artículo 44.- Negativa de entrega de información

Sin perjuicio de lo estipulado en el Art. 74 de la Ley, la negativa de entrega de la información se someterá a las siguientes normas:

1.- Deberá ser escrita.

2.- Deberá ser fundada, esto es, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven la decisión.

La negativa se deberá notificar al solicitante por el medio que se haya establecido para ello.

 

Artículo 45.- Requerimientos de carácter genérico

En caso de tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de Documentos, Expedientes, actos administrativos o sus antecedentes, se atenderá a lo dispuesto en el inciso quinto del Art. 66 de la Ley, donde se establece la capacidad del Oficial de Información de observar la solicitud, estableciendo un plazo de tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que determine la información que se requiere. La observación realizada por el Oficial de Información interrumpirá el plazo de entrega de la información. En caso de no subsanarse las observaciones, el Oficial de Información estará facultado para denegar la solicitud, teniendo el solicitante que presentar una nueva.

Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquéllos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte y demás.

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se evidencie con claridad el tipo de información que se pretende.

El Oficial de Información en su observación tendrá la obligación de suplir la queja deficiente, cuando ello sea posible, o en su caso orientar al solicitante sobre los puntos que deben plantearse o replantearse y por tanto, simplifique la evacuación de las observaciones.

 

Artículo 46. Impugnación

El solicitante tendrá derecho a recurrir contra la negativa de la entrega de la información, de conformidad a lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.

 

Artículo 47.- Lineamientos para el archivo de información

De conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley, el Instituto expedirá los lineamientos que contengan los criterios para la organización, conservación y adecuado funcionamiento de los archivos de los Entes Obligados.

Cuando la especialidad de la información lo requiera, las Unidades de Acceso a la Información Pública establecerán, previa autorización del Titular del Ente Obligado y con el visto bueno del Responsable de Archivos, criterios específicos para la organización y conservación de los archivos de los respectivos Entes Obligados, siempre que no se contravengan los lineamientos expedidos por el Instituto.

Dichos criterios y su justificación deberán publicarse en el sitio de internet de los Entes Obligados, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se emitan o modifiquen.

 

Artículo 48.- Guía de organización de los Archivos

De conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto o los criterios específicos que emita el Ente Obligado correspondiente, el Responsable de Archivos elaborará una guía simple de la organización de los archivos de la dependencia o entidad, con el objeto de facilitar la obtención y acceso a la información pública.

Dicha guía se actualizará anualmente y deberá incluir las medidas necesarias para custodia y conservación de los archivos. Asimismo, las Unidades de Acceso a la Información Pública supervisarán la aplicación de los lineamientos o criterios a que se refiere este Capítulo.

 

Artículo 49.- Orientación para acceso a la información

Las Unidades de Acceso a la Información Pública que reciban una solicitud de acceso a la información que no corresponda a su respectiva institución, deberán auxiliar y orientar a los particulares, a través del medio que éstos señalaron en su solicitud y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la misma, sobre la Unidad de Acceso a la Información Pública que pudiese poseerla. El solicitante deberá presentar una nueva petición ante el Ente Obligado correspondiente.

 

Artículo 50.- Solicitudes de Acceso a la Información

Para los efectos del Art. 66 de la Ley, las solicitudes de acceso a la información podrán presentarse en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe el Instituto. Los formularios deberán estar disponibles en las Unidades de Acceso a la Información Pública, así como en los sitios de internet de los Entes Obligados y del propio Instituto. En caso que las solicitudes no sean presentadas por medio de formulario, es necesario que el escrito reúna todos los requisitos establecidos en la Ley.

La presentación de las solicitudes de acceso a la información podrá hacerse personalmente o a través de representante, en la Unidad de Acceso a la Información Pública que corresponda.

 

Artículo 51.- Solicitud de acceso a la información por medio de representante

La representación a que se refiere el artículo anterior, podrá recaer en un tercero autorizado mediante un Poder que reúna todas las formalidades establecidas en la legislación aplicable.

 

Artículo 52.- Solicitudes de Acceso a la Información en forma electrónica

Las solicitudes de información que se realicen de forma electrónica tendrán que reunir todos los requisitos establecidos en la Ley.

La presentación del Documento de Identidad podrá ser de forma escaneada, debiendo mostrar con claridad todos los datos contenidos en dicho documento. En caso el solicitante no pudiere enviar el Documento de Identidad de forma escaneada, tendrá que presentarlo en forma física en la Unidad de Acceso a la Información correspondiente.

 

Artículo 53.- Recepción de la solicitud

Una vez presentada y admitida la solicitud en la Unidad de Acceso a la Información, se dará constancia de la presentación de la misma al solicitante, en la cual se establecerá:

a) La fecha de presentación de la solicitud;

b) Una breve mención de la información solicitada; y,

c) la fecha aproximada de entrega de cualquier tipo de notificación.

En caso la solicitud sea enviada por medios electrónicos, dicha constancia de recepción se enviará por el mismo medio y al mismo lugar del que fue remitida la solicitud, dejando constancia impresa del envío de dicha constancia de recepción.

 

Artículo 54.- Admisibilidad de la solicitud

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 66 de la Ley, la solicitud será admitida a trámite si se da cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Que se formule por escrito. En caso el solicitante realice el requerimiento de información en forma verbal, en el lugar establecido por el Ente Obligado, se le dará asistencia para llenar el respectivo formulario.

b) Que se señale el nombre, apellidos y domicilio del solicitante y de su representante, en su caso.

c) Que se identifique claramente la información que se requiere. Se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte y demás.

d) Que contenga la firma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso éste no sepa o no pueda firmar. En caso la solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste que el mismo se ha firmado o se ha puesto la huella digital.

 

Artículo 55.- Análisis de la solicitud

Una vez admitida la solicitud, el Oficial de Información deberá analizar el contenido de la misma, con el objetivo de determinar si la información solicitada será entregada o fundamentar la negativa de entrega de la misma.

Para dicho análisis, el oficial de información puede apoyarse en:

a) El listado brindado por el Art. 10 de la Ley, con el objetivo de determinar si la información solicitada es oficiosa;

b) El índice de Información Reservada elaborado por la Unidad de Acceso a la Información, para determinar si la información solicitada es clasificada como tal; y,

c) Lo resuelto por la Unidad Administrativa correspondiente, en caso se haya solicitado apoyo para ubicar la información solicitada por el particular.

Para el caso que se requiera el apoyo de la Unidad Administrativa correspondiente, ésta deberá verificar si la información es pública, reservada o confidencial e informárselo al Oficial de Información. En cualquiera de los casos, la Unidad Administrativa deberá preparar la versión que pueda ser mostrada al solicitante, en caso ser aplicable y deberá remitirla al Oficial de Información con el objetivo que se realice la respectiva resolución y entrega de la Información, en caso fuere aplicable.

 

Artículo 56.- Resolución del Oficial de Información

Dentro de los plazos establecidos por la Ley, el Oficial de Información deberá proveer la resolución que corresponda para su respectiva notificación al solicitante:

a) Si con base en una clasificación de reserva preexistente, niega el acceso a la información.

b) Si la información solicitada es o no de carácter confidencial.

c) Si la información solicitada es inexistente.

d) Si concede el acceso a la información.

En caso se niegue la información, deberá motivarse la denegatoria e indicarse al solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

 

Artículo 57.- Notificación de resoluciones de solicitud de información

Los particulares que presenten solicitudes de acceso a la información deberán señalar el mecanismo por el cual desean les sea notificada la resolución que corresponda conforme al Art. 72 de la Ley. Dicha notificación podrá ser:

I. Personalmente o a través del representante, en el domicilio de la Unidad de Acceso a la Información Pública;

II. Por correo certificado, mensajería o cualquier otra forma similar de envío, con acuse de recibo, cuyo costo será asumido por el solicitante en base a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento; y,

III. Por medios técnicos o electrónicos, a través del sistema que establezca el Instituto, en cuyo caso dicho particular deberá indicar que acepta los mismos como medio para recibir la notificación.

Cuando el particular presente su solicitud por medios técnicos o electrónicos a través del sistema que establezca el Instituto, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones En cualquier caso, la Unidad de Acceso a la Información correspondiente dejará constancia impresa de haberse realizado la notificación por cualquiera de los medios establecidos por el solicitante.

En caso que el solicitante no precise la forma en que se le debe notificar la resolución o no cubra el pago del servicio de mensajería que se menciona en el romano II de este artículo, la notificación se realizará por publicación de la misma en el domicilio de la Unidad de Acceso a la Información donde se dio trámite a la solicitud, cuando no se haya proporcionado el domicilio del solicitante. En área más visible de la oficina de dicha Unidad un espacio donde colocará las notificaciones.

En caso las resoluciones a notificar contengan información confidencial, se deberá entregar personalmente cuando el solicitante la requiera en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información correspondiente.

 

Artículo 58.- Entrega de la información

En la solicitud el particular deberá establecer la forma en la que desea que la información sea entregada, atendiendo lo establecido en el Art. 62 de la Ley. Cualquier costo que genere dicha entrega se deberá atender a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 59.- Remisión de la información vía correo electrónico

La solicitud de información podrá responderse vía correo electrónico, cuando el solicitante así lo especifique, siempre y cuando la naturaleza de la información solicitada y la capacidad del Ente Obligado así lo permitan. En este caso, no se generará costo alguno al solicitante. La Entidad remitirá la información al correo electrónico que le hubiera sido proporcionado por el solicitante, dentro de los plazos establecidos por la Ley.

En caso la información no pueda ser enviada por este medio, se tendrá que dar aviso al solicitante para que pueda proceder a retirarla y/o a acceder a la información solicitada, según fuere aplicable, en la oficina de Acceso a la Información correspondiente.

 

Artículo 60.- Organización y Funcionamiento

De acuerdo a lo establecido en la Ley, el Instituto estará integrado por cinco Comisionados propietarios, quienes son la máxima autoridad del Instituto y serán nombrados por el Presidente de la República. Sus atribuciones están establecidas en el Art. 58 de la Ley.

Para que las sesiones del Instituto se consideren válidas, será necesaria la asistencia de los cinco Comisionados Propietarios o de quienes hagan sus veces. Las resoluciones del Instituto serán tomadas por la mayoría simple de los Comisionados Propietarios o quien haga sus veces.

 

Artículo 61.- Normas de funcionamiento interno del Instituto

El Instituto elaborará sus propias normas de funcionamiento interno, relativas a sus programas de trabajo, a la preparación de sus reuniones, a la celebración de sesiones, a las actas, a las posiciones, a las conclusiones, formulación de dictamen o recomendaciones, organización de su patrimonio presupuestario, personal, entre otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento de dicha institución, las cuales deberán respetar lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 62.- Procedimiento para la elección de Comisionados

Para la elección de los comisionados se atenderá a lo dispuesto en el Art. 53 de la Ley y a lo establecido en los siguientes artículos del presente Reglamento.

 

Artículo 63.- Convocatoria a la elección de las Ternas

Se realizará la convocatoria para la elección de las Ternas, sesenta días previos a la fecha del inicio de funciones. Se entiende como el inicio de funciones la fecha efectiva en la cual los comisionados electos inician las labores encomendadas, la cual coincidirá con el día inmediato siguiente a la fecha de finalización del período de los comisionados elegidos para el período que se encuentre por finalizar, salvo lo dispuesto en el Art. 105 de la Ley.

Dicha convocatoria servirá como un llamamiento para que cada Entidad Proponente inicie su proceso interno para elegir a los candidatos que serán propuestos e inscritos posteriormente, la cual podrá realizarse a través de aviso que se publicará en dos periódicos de circulación nacional.

Corresponderá al Ministerio de Economía convocar a las asociaciones empresariales; al Ministerio de Gobernación convocar a las asociaciones profesionales; al Ministerio de Educación convocar a las universidades; a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República convocar a las asociaciones de periodistas y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social convocar a los sindicatos, las cuales son denominadas en su conjunto en el presente Reglamento como las “Entidades Convocantes”.

El titular de cada Entidad Convocante nombrará una comisión formada por al menos cinco empleados de la institución, en adelante denominada como la “Comisión de la Entidad Convocante”, que será la encargada de la planificación, organización y ejecución de la asamblea para la elección de las ternas. El procedimiento para dicho nombramiento deberá estar regulado en el instructivo del que habla el Art. 75 del presente Reglamento

En la convocatoria se hará saber el lugar y período en el que se recibirá la inscripción de los candidatos y todos los requisitos necesarios para presentar a los candidatos de cada Entidad Proponente.

 

Artículo 64.- Convocatoria para la Asamblea General

Al menos treinta días previos al inicio de funciones de los comisionados, también debe realizarse la Asamblea General por medio de la cual se elegirán a las Ternas. La convocatoria para dicha Asamblea deberá realizarse con quince días de anticipación, por lo menos, a la fecha señalada para la reunión, por medio de aviso que se publicará en dos periódicos de circulación nacional y además se enviará una carta circular a las entidades que deberán elegir las ternas, tal y como lo establece el Art. 53 de la Ley. Las entidades Convocantes son las responsables de brindar toda la información necesaria respecto a dicha Asamblea General.

 

Artículo 65.- Inscripción de candidatos

La inscripción de candidatos se realizará ante la Entidad Convocante al menos con cinco días de anticipación a la realización de la Asamblea General. Dicha inscripción se deberá realizar por el representante legal de cada Entidad Proponente o quien haga sus veces.

Entidad Convocante encargada de desarrollar el proceso, lo siguiente:

(a) carta firmada por el representante legal de la Entidad Proponente solicitando la inscripción de candidatos, con la respectiva legalización de firma,

(b) certificación del punto de acta o documento equivalente, en el que conste que la elección del candidato propuesto ha sido adoptada en acto de conformidad a lo estipulado en sus estatutos,

(c) carta de aceptación por parte del candidato propuesto, con la respectiva legalización de firma,

(d) los atestados o documentos correspondientes que comprueben que el candidato propuesto cumple con los requisitos estipulados en el Art. 54 de la Ley, y

(e) Cualquier documento que a juicio de la Comisión de la Entidad Convocante encargada del proceso, considere pertinente para el cumplimiento de lo estipulado en la Ley y el presente Reglamento.

Las Entidades Convocantes, por medio de la Comisión que designen como encargada del proceso, deberán revisar que cada uno de los candidatos propuestos cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

Asimismo, las Entidades Convocantes deberán verificar que cada uno de los candidatos propuestos hayan sido electos por la mayoría de los miembros que conforman a la Entidad Proponente, pudiendo solicitar cualquier tipo de documento que demuestre el cumplimiento de dicho requisito.

 

Artículo 66.- Acta de cierre de inscripción de candidatos

Una vez finalizado el período de inscripción, la Comisión de la Entidad Convocante encargada del proceso elaborará un acta de cierre de inscripción e incorporará el nombre de los candidatos inscritos, procediéndose a publicar, por el medio que considere más conveniente, la lista de candidatos propuestos por las diferentes Entidades Proponentes.

La Comisión de la Entidad Convocante encargada del proceso, facilitará por cualquier medio que le sea posible, la hoja de vida de cada candidato inscrito, para que ésta sea accesible a cualquier persona que desee consultarlo, con el objetivo de facilitar la elección de los candidatos.

 

Artículo 67.- Registro de electores

Los titulares, sus representantes o quien haga sus veces, de cada una de las Entidades Convocantes, elaborarán un listado, el cual conformará el Registro de entidades que podrán participar en la celebración de la Asamblea General y tendrán voto en la misma.

Dicho Registro de electores deberá ser publicado por cualquier medio que la Entidad Convocante considere pertinente.

Las Entidades Convocantes deberán verificar que cada una de las Entidades Proponentes y votantes se encuentren debidamente inscritas para poder ser incluidas dentro del Registro de electores, para lo cual podrá requerir a la Entidad Proponente que demuestre por medio de la documentación pertinente tal situación.

Tendrán derecho a voto únicamente las Entidades Proponentes que se encuentren debidamente registradas dentro del Registro al que se hace referencia en el presente inciso.

 

Artículo 68.- Exclusión del Registro de electores

Las Entidades Proponentes que fueren excluidas del Registro de electores tendrán derecho a pedir su inclusión ante el titular de la Entidad Convocante o a quien éste haya designado como responsable para estos efectos. El titular o el responsable designado de la Entidad Convocante revisará si se cumplen con los requisitos para su inclusión dentro del respectivo Registro.

Para solicitar la inclusión ante la Entidad Convocante, se deberá presentar la respectiva solicitud al menos con cinco días de anticipación a la realización de la Asamblea General.

 

Artículo 69.- Desarrollo de la Asamblea General

La Asamblea General será presidida por el Titular de la Entidad Convocante o la persona que éste designe y se instalarán válidamente en primera y única convocatoria, cualquiera que sea el número de Entidades Proponentes que se encuentren presentes.

La Asamblea General se realizará por sectores, convocados especialmente al efecto. Dichos sectores estarán compuestos por:

a) Las asociaciones empresariales debidamente inscritas;

b) Las asociaciones profesionales debidamente inscritas;

c) La Universidad de El Salvador y las Universidades privadas debidamente autorizadas;

d) Las Asociaciones de periodistas debidamente inscritas; y

e) Los Sindicatos autorizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las cuales serán denominadas en su conjunto como las “Entidades Proponentes”.

 

Artículo 70.- Mecanismo para realizar la votación

Previo al inicio de la Asamblea General, se revisará que cada Entidad Proponente y registrada se encuentre habilitada a votar, atendiendo a lo establecido en los artículos anteriores.

La normativa interna de cada una de las Entidades Convocantes, en atención a sus recursos y composición interna, deberá regular la manera en cómo se procederá a realizar la votación, la designación de las personas que procederán a revisar lo estipulado en el presente artículo, así como la manera de contabilización de los votos, debiendo regular toda la planificación, organización y ejecución de la Asamblea General, atendiendo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

Cada sector o Entidad Proponente realizará su asamblea por separado y en ella se procederá a la elección de la terna que será propuesta por todo el sector.

 

Artículo 71.- Elección de candidatos por parte de las Entidades Proponentes

Cada Entidad Proponente deberá elegir a los candidatos que inscribirán ante la Entidad Convocante por mayoría de los miembros que conforman dicha Entidad Proponente. La manera de elección y el procedimiento a seguir para la elección de los candidatos a inscribir se realizará atendiendo a lo establecido en los respectivos estatutos de cada uno de las Entidades Proponentes y a lo estipulado en el presente Reglamento.

Cada Entidad Proponente deberá documentar la elección de los candidatos a ser inscritos ante la Entidad Convocante debiendo presentar, al momento de la inscripción, las certificaciones de puntos de acta o cualquier otro documento que demuestre la elección del candidato propuesto.

 

Artículo 72. Elección de las ternas de propietarios y suplentes

Las ternas deberán ser elegidas sólo de los candidatos inscritos ante la Entidad Convocante y deberán ser elegidos por mayoría simple, entendiéndose ésta como la mitad más uno de los Entes Proponentes y registrados como electores que se encuentren presentes en la Asamblea.

Cada Entidad Proponente presente y debidamente acreditada tendrá derecho a un voto, Dicho voto será ejercido por el representante legal de la Entidad o quien haga sus veces,

 

Artículo 73.- Elección de comisionados

El Presidente de la República contará con treinta días previos al inicio de funciones de los comisionados, para hacer la elección de los miembros propietarios y suplentes. En caso que a criterio del Presidente de la República ninguno de los candidatos de las ternas propuestas, ya sea propietarios o suplentes, es apto para ocupar el cargo de comisionado, se volverá a realizar la elección de la terna correspondiente en base a lo estipulado en los artículos anteriores y en la Ley. En este caso, únicamente se realizará el proceso de elección para las ternas presentadas al Presidente que no cumplan con los requisitos estipulados.

Tal y como lo dispone el Art. 53 de la Ley, si por cualquier motivo se atrasare la elección de los Comisionados, continuarán en el cargo los titulares del periodo anterior, hasta que se elijan a los nuevos Comisionados.

 

Artículo 74.- Publicidad del procedimiento para la elección de Comisionados

En todo momento se deberá garantizar la publicidad del procedimiento para la elección de Comisionados. Cada Entidad Responsable deberá garantizar el acceso a la información relativa al proceso de elección de Comisionados que se realice ante dicha entidad.

 

Artículo 75.- Instructivos de las Entidades Convocantes

Cada Entidad Convocante elaborará un instructivo interno donde establecerá los mecanismos por medio de los cuales dará cumplimiento a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Dicho instructivo será elaborado en coordinación con la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría para Asuntos Estratégicos y en ningún caso podrá enervar derechos fundamentales previstos a favor de las personas por la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 76.- Instituto Del Procedimiento de Acceso a la Información

Para el procedimiento de acceso a la información se atenderá a lo dispuesto en el Título VII Capitulo II de la Ley, así como a lo establecido en el Capitulo Xl. del presente Reglamento.

 

Artículo 77.- Del pleno del Instituto

El pleno del Instituto está conformado por los cinco Comisionados propietarios o el que haga sus veces. En el mismo se resolverán tantos casos como sean posibles. Resolverán todos los asuntos vinculados con cualquier procedimiento sancionatorio por mayoría de los mismos, excluyendo al Comisionado que conoció del caso, tal y como lo establece el Art. 87 de la Ley.

 

Artículo 78.- Formas de Inicio

El procedimiento sancionatorío podrá iniciarse de oficio o mediante denuncia escrita presentada ante el Instituto por cualquier persona, la cual deberá exponer los hechos constitutivos de la infracción alegada y se deberá anexar las pruebas que tuviera en su poder.

 

Artículo 79.- De la Prueba

Las pruebas se acreditarán por todos los medios admitidos por el derecho común. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporado al procedimientos de conformidad a las reglas aplicables en el derecho común. De toda diligencia de prueba realizada deberá dejarse constancia por escrito y concederse al infractor el derecho de audiencia garantizado en el Art. 11 de la Constitución.

 

Artículo 80.- De las resoluciones del Instituto

El Instituto fundamentará sus resoluciones, autos y aquellas providencias que lo ameriten. Para la imposición de sanciones expresará con precisión los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones tomadas, así como la indicación del valor que le otorga a los medios de prueba, en virtud de las reglas de la sana crítica.

 

Artículo 81.- Publicación en sitios de internet

Cuando un Ente Obligado no tenga la capacidad de publicar cualquier información en un sitio de internet, por no contar con los recursos necesarios o por cualquier otro motivo razonable, podrá solicitar colaboración al Instituto para que por medio del sitio de internet de éste último, se publique la información a la cual la Ley o el presente Reglamento le obliga a publicar por dicho medio.

Lo estipulado en el inciso anterior es sin perjuicio de la obligación del Ente Obligado de hacer llegar o proporcionar la información por cualquier otro medio que le sea habilitado por la Ley o el presente Reglamento.

 

Artículo 82.- Vigencia

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 

 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a un día del mes de septiembre de dos mil once.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, Presidente de la República

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDIA CISNEROS, Ministro de Gobernación. 

01Ene/14

Decreto 232/2013, de 15 de octubre, por el que se crea la Sede electrónica.

I.- MARCO LEGAL

La Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña da un marco legal a lo que la propia Ley denomina el modelo catalán de administración electrónica, construido desde el año 2001, que ha ido articulando la progresiva incorporación de medios electrónicos en las relaciones de las administraciones catalanas con la ciudadanía y entre ellas mismas. Esta ley se adecua al marco básico fijado por la Ley del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Este derecho lleva implícita la imposición de incorporar las tecnologías de la información a la totalidad de las funciones administrativas, creando los medios y los sistemas electrónicos que permitan el ejercicio del derecho previamente reconocido y asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionan en el ejercicio de sus competencias. En el artículo 10 de esta ley, se define el concepto sede electrónica y se establece la potestad de cada administración pública para su creación.

En Cataluña, el Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad, desarrolla la Ley 11/2007, de 22 de junio y ejerce las potestades auto-organizativas que le confiere el artículo 159.1.c) del Estatuto de autonomía de Cataluña, a la vez que vela porque el uso intensivo de los medios electrónicos por la Administración de la Generalidad de Cataluña y los entes que la integran contribuyan favorablemente al desarrollo de la sociedad de la información por parte de los ciudadanos.

En la misma línea, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, en el Título II, regula los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas de Cataluña y los principios generales y de actuación con medios electrónicos que informan sus actuaciones. Por otra parte, la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña, en el artículo 10, establece que las entidades integrantes del sector público deben difundir por medios electrónicos la información relativa a los servicios que prestan. El artículo 11 establece que, en todo caso, los contenidos relacionados en los apartados a) b) y c) del artículo 10 deben difundirse a través de la sede electrónica correspondiente.

En cuanto a la regulación del registro electrónico, no se puede obviar la visión que ya en 1994 planteó la normativa reguladora del funcionamiento de los registros de la Generalidad, a través del Decreto 360/1994, de 15 de diciembre, del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, que en el artículo 4.1 ya hacía referencia a la necesidad de que los nuevos medios tecnológicos de transmisión de documentos por vías electrónicas, informáticas y telemáticas garanticen la autenticidad, la integridad y la conservación de la información, así como la efectiva recepción de los documentos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, completa y amplía estos requerimientos en el artículo 24, de donde deriva la obligación de las administraciones públicas de crear registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones; en sus artículos 25 a 28 donde se determinan las normas básicas para su creación y funcionamiento, así como las relativas al cómputo de plazos y a las comunicaciones y notificaciones efectuadas por medios electrónicos. Finalmente, los artículos 41 y 42 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, regulan los registros administrativos; concretamente el apartado 5 del artículo 41 establece la necesidad de que las sedes electrónicas permitan el acceso directo o mediante un enlace al servicio de registro electrónico.

De acuerdo con el marco legal anteriormente citado, la Administración de la Generalidad crea una Sede electrónica, con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades un espacio electrónico único de relación con la Administración de la Generalidad que les permita acceder a la información, los servicios y los trámites más allá de las limitaciones temporales y espaciales propias de las oficinas presenciales y, a la vez, mejorar la eficiencia en la gestión de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Desde la Sede se accede al Tablón electrónico y el Registro general electrónico de la Administración de la Generalidad.
En cuanto a la competencia para regular la materia, de acuerdo con el
artículo 159.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, en relación con el 159.1, corresponde a la Generalidad la competencia compartida para regular el régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas catalanas, en todo lo que no esté afectado por el artículo 149.1.18 de la Constitución española, que establece la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases sobre estas materias.

 

II.- ANTECEDENTES

El Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, derogado posteriormente por el Decreto 56/2009, de 7 de abril, reguló por primera vez las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet, estableciendo el derecho de igualdad en el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y la garantía de la protección de los datos personales.

Desde entonces, la Administración de la Generalidad de Cataluña ha impulsado la progresiva implantación de medios electrónicos en los trámites y las relaciones con la ciudadanía, las empresas y las entidades, con el fin de facilitar el acceso a los trámites, reducir su carga documental y mejorar la eficacia y la eficiencia internas de la Administración de la Generalidad así como la interoperabilidad entre las administraciones públicas.
Sucesivos acuerdos de Gobierno han regulado de manera interna el impulso y la aplicación a la Generalidad de los medios electrónicos en su actividad. Así, el Acuerdo de Gobierno de 11 de junio de 2002, de aprobación de los estándares de métodos y normas de los programas y las aplicaciones utilizados en las relaciones de la Administración de la Generalidad con los ciudadanos a través de Internet, supone el primer impulso a la incorporación de medios electrónicos a la Generalidad de Cataluña. A este Acuerdo le siguen otros que han impulsado ámbitos tan relevantes como la interoperabilidad entre administraciones catalanas (Acuerdo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007). El último, el
Acuerdo de Gobierno de 24 de enero de 2012, aprueba la utilización preferente y el impulso de una serie de soluciones corporativas y proyectos corporativos de administración electrónica en el ámbito de la oferta virtual de trámites a la ciudadanía, a las entidades, a las empresas y a las administraciones locales, la interoperabilidad entre administraciones, las notificaciones electrónicas a la ciudadanía, empresas y entidades, la facturación electrónica para los proveedores de la Generalidad, la publicación oficial en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la pasarela de pago que permite el pago en línea de tasas y otros cargos y el gestor electrónico de expedientes de contratación.

Finalmente, entre los proyectos corporativos de administración electrónica que el Gobierno acuerda impulsar a lo largo del 2013 coherentemente con las líneas de impulso anteriores, figuran la Sede electrónica, el Tablón electrónico y el Registro electrónico, y se designa como promotor de los proyectos a la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión, de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 30 del Decreto 118/2013, de 26 de febrero, de reestructuración del Departamento de la Presidencia.

De acuerdo con ello, corresponde al Departamento de la Presidencia, en uso de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión en cuanto a la organización de los servicios corporativos de información ciudadana, el desarrollo del marco legal descrito en el apartado anterior en cuanto a las relaciones de la ciudadanía, empresas y entidades con los trámites, procedimientos y servicios de la Generalidad por medios electrónicos.

 

III.- CONTENIDO

De acuerdo con la potestad que el marco jurídico mencionado confiere a las administraciones públicas de crear sedes electrónicas, el Gobierno de la Generalidad ha optado por un modelo de administración electrónica simplificado y unificado en una sola sede electrónica corporativa, sin perjuicio de que excepcionalmente se puedan crear subsedes derivadas de ésta, a diferencia de otras administraciones que han creado varias sedes diferenciadas para los distintos organismos que las componen. Así, la Administración de la Generalidad pone a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades una única Sede electrónica que comprenderá también sus organismos autónomos y las entidades de derecho público que están vinculadas, así como los entes en los que la Generalidad participa directa o indirectamente en la totalidad de su capital o fondo patrimonial. El resto del sector público en el que la Generalidad tiene alguna participación podrá, igualmente, integrarse en la Sede electrónica corporativa de la Generalidad formalizando un convenio.

De esta manera, se quiere facilitar y simplificar el acceso de la ciudadanía, empresas y entidades a la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad unificando en un único espacio la atención multicanal en relación con todos los trámites electrónicos, el acceso al Registro electrónico de la Generalidad y al Tablón electrónico. Igualmente, la Sede electrónica facilita el acceso a un espacio privado donde, previa identificación, las personas físicas o jurídicas pueden conocer el estado de las tramitaciones que han impulsado, acceder a los documentos que hayan anexado, recibir notificaciones electrónicas y acceder a las resoluciones y notificaciones, así como modificar su perfil.

Se trata, pues, de un entorno o portal de nueva creación, la Sede electrónica corporativa de la Generalidad, que sin embargo no parte de cero en su contenido, sino al contrario. La Sede electrónica corporativa reúne todo el conjunto de servicios, puntos de atención y de tramitación electrónica y portales que la Generalidad ofrece, como el portal Gencat, la Oficina Virtual de Trámites (OVT), el Canal empresa, el sistema de notificaciones electrónicas, el portal del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, entre otros, y los ofrecerá desde una única dirección electrónica, junto con los canales de quejas o sugerencias, el Registro electrónico y el Tablón electrónico, de manera que los medios electrónicos de la Generalidad sean ofrecidos de manera conjunta para hacerlos más fácilmente identificables, en un entorno más accesible y comprensible.

Este Decreto regula la creación y funcionamiento de la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña, así como del Tablón electrónico y del Registro electrónico. En cuanto a la estructura, este Decreto consta de 21 artículos, agrupados en 4 capítulos, con 10 disposiciones adicionales, 2 disposiciones derogatorias y 3 disposiciones finales.

El capítulo 1 establece el objeto del Decreto, su ámbito de aplicación y las definiciones relativas a la materia que constituye su objeto.

El capítulo 2 define la Sede electrónica corporativa de la Administración de la Generalidad de Cataluña, establece la titularidad, responsabilidades, características, contenidos, funcionamiento y sistemas de identificación y autentificación.

El capítulo 3 regula la creación del Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, sus contenidos, características, el procedimiento de publicación, el acceso y la protección de los datos de carácter personal que se publiquen.

Finalmente, el capítulo 4 regula la creación, características, funcionamiento y el cómputo de plazos del Registro electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Las disposiciones adicionales hacen referencia al Registro electrónico, el Tablón electrónico, a las sedes creadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto (la Plataforma de servicios de contratación pública y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), la Oficina Virtual de Trámites, y la pasarela de pago corporativa y el código seguro de verificación de documentos emitidos por la Generalidad de Cataluña. La disposición final primera se refiere a las plataformas corporativas de la Generalidad.

Este Decreto deroga parcialmente el Decreto 360/1994, de 15 de diciembre, del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y el Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos de la Administración de la Generalidad.

Por lo que respecta a la entrada en vigor del Decreto, se establece para el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Esta previsión responde a la necesidad de no demorar la entrada en funcionamiento de la Sede, que comportará mejoras sensibles en el acceso y la tramitación por parte de la ciudadanía, empresas y entidades del conjunto de servicios electrónicos que la Administración de la Generalidad ofrece.

Por todo ello, a propuesta del consejero de la Presidencia, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y de acuerdo con el Gobierno, decreto:

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto.

1.1 El objeto de este Decreto es crear la Sede electrónica y regular su funcionamiento.

1.2. Constituye también objeto de este Decreto, la regulación de los instrumentos que incorpora la Sede, que son el Tablón electrónico y el Registro electrónico.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

2.1 Este Decreto se aplica:

a) En la Administración de la Generalidad, a sus organismos autónomos administrativos y entidades autónomas que realizan operaciones o prestan servicios de carácter principalmente comercial, industrial o financiero, entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en los que la Generalidad participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.

b) A los demás entes en los que la Generalidad tiene una participación, directa o indirecta, inferior al 100% de su capital o fondo patrimonial, a las concesionarias de servicios públicos y a las instituciones estatutarias, con las que se formalice un acuerdo o convenio.

c) A la ciudadanía, empresas y entidades cuando se relacionan con la Sede electrónica

2.2 Este Decreto no se aplica a los entes mencionados en los apartados anteriores, cuando lleven a cabo actividades en régimen de derecho privado.

Artículo 3.- Definiciones.

A los efectos de este Decreto, se entiende por:

a) Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico que es proveedor de información en una red de comunicaciones.

b) Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o entidad, y del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, del contenido de la voluntad expresada en sus mutuas interacciones ante la Administración de la Generalidad de Cataluña y del contenido, la integridad y la autoría de los documentos.

c) Canal: Medio de interacción entre la Administración y la ciudadanía, empresas y entidades para la prestación de servicios y la difusión de información. Puede ser presencial, telefónico, o electrónico, tanto si se difunde vía web, dispositivos móviles o redes sociales.

d) Certificado electrónico: Documento electrónico firmado por una entidad de certificación que permite firmar por medios electrónicos de manera segura ya que garantiza a terceras personas la identidad de la persona que lo posee cuando esta realiza una transacción electrónica. El certificado digital puede estar en diferentes soportes o dispositivos (un archivo, un lápiz de memoria o una tarjeta).

e) Claves concertadas: Sistema de identificación alternativo al certificado digital y que consiste en el uso de una clave de acceso que proporciona la Administración y que es confidencial e intransferible.

f) Código seguro de verificación: Código alfanumérico, unívoco para cada documento, que otorga la consideración de auténticas a las copias impresas de documentos emitidos por la Administración al permitir el acceso a la versión original y comprobar su autenticidad.

g) Documento electrónico: Conjunto de datos con contenido y significado completo, estructurado de forma que pueda ser identificado, consultado o analizado en soporte electrónico.

h) Estándares abiertos: especificaciones que regulan que el formato de los datos que se publican en la Sede electrónica y el software que se requiere para consultarlas deben ser públicos y de utilización gratuita.

i) Interoperabilidad: Capacidad que tienen las organizaciones para compartir la información de que disponen en sus sistemas de información y en los procedimientos a los que apoyan, para alcanzar unos objetivos comunes y posibilitar el intercambio de información entre ellos.

j) Firma electrónica: Conjunto de datos en formato electrónico que van asociados a un documento y que permiten asegurar la identidad de la persona firmante.

k) Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que permite identificar a la persona o ente que firma y adicionalmente detecta cualquier cambio posterior de los datos firmados.

l) Trámite electrónico: Acción enmarcada en un procedimiento administrativo que se realiza mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto por parte de la ciudadanía, empresas y entidades en relación con sus expedientes administrativos, como por parte del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, en relación con su respectiva gestión interna.

CAPÍTULO II.- La Sede electrónica

 

Artículo 4.- La Sede electrónica.

4.1 Se crea la Sede electrónica, que es el espacio electrónico donde está disponible de forma integrada la información, los servicios y los trámites electrónicos de la Administración de la Generalidad.

4.2 La dirección electrónica de referencia de la Sede electrónica es http://seu.gencat.cat

4.3 La Sede electrónica es única para todos los órganos de la Administración de la Generalidad, sus organismos autónomos administrativos y entidades autónomas que realizan operaciones o prestan servicios de carácter principalmente comercial, industrial o financiero, entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en los que la Generalidad participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial, y para el resto de entes previstos en el artículo 2.1.b).

4.4 Excepcionalmente, se pueden crear sedes electrónicas derivadas o subsedes por razones de autonomía funcional u organizativa, a las que se debe acceder directamente desde la dirección electrónica de la Sede electrónica principal. La creación de sedes electrónicas derivadas o subsedes, así como su modificación y supresión, debe hacerse mediante un acuerdo del Gobierno, a propuesta conjunta del titular del departamento en materia de atención ciudadana y de los departamentos correspondientes.

 

Artículo 5.- Características de la Sede electrónica.

5.1 La Sede electrónica garantiza:

a) la calidad de la información que publica y la coherencia en la navegación;

b) la identificación y la comunicación seguras mediante los certificados digitales admitidos;

c) la aplicación de los principios de accesibilidad, publicidad oficial, calidad, seguridad, responsabilidad, disponibilidad, neutralidad, interoperabilidad, proporcionalidad en los mecanismos de identificación y autenticación, transparencia y participación ciudadana, de acuerdo con la normativa establecida y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía;

d) la utilización de estándares abiertos;

e) el acceso a los trámites, servicios e información que la Administración de la Generalidad ofrece en soporte electrónico.

5.2 La Sede electrónica se rige por la fecha y la hora oficiales en Cataluña.

5.3 La Sede electrónica ofrece información sobre los diferentes canales de acceso a los servicios que la Administración de la Generalidad pone a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades.

 

Artículo 6.- Titularidad de la sede electrónica.

La titularidad de la sede electrónica es de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

Artículo 7.- Responsabilidades.

7.1. El órgano competente en materia de atención ciudadana es responsable de: 

a) la gestión, mantenimiento y supervisión de los contenidos comunes de la Sede electrónica;

b) la coordinación de la gestión de los contenidos propios de cada uno de los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) de este Decreto;

c) la verificación de que la información, los servicios y los trámites que se publiquen en la Sede electrónica, los contenidos que se publiquen en el Tablón electrónico o la documentación que se remita mediante el Registro electrónico, cumplen con los principios de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad;

d) la elaboración de las instrucciones y los protocolos con las especificaciones técnicas y las guías de estilo que debe aplicarse a la publicación de informaciones, servicios y trámites en la sede electrónica, la gestión de los documentos que se presentan por el Registro electrónico y los contenidos del Tablón electrónico;

e) la coordinación funcional del Registro general electrónico;

f) la conservación de la información publicada en el Tablón electrónico y de la documentación presentada en el Registro electrónico, en este caso hasta su entrega al órgano competente para resolver;

g) la generación de las informaciones electrónicas relacionadas con el funcionamiento de la Sede, del Tablón electrónico y del Registro electrónico.

7.2 Los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) son responsables, en el ámbito de sus competencias, de:

a) la gestión de los contenidos y de los servicios que se pongan a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades en la Sede electrónica;

b) el impulso y la gestión del proceso de publicación de los actos administrativos que se publiquen en el Tablón electrónico, así como de su contenido y su conservación una vez despublicados;

c) la distribución de la documentación que llegue a través del Registro general electrónico al órgano competente para resolver.

7.3 El ente instrumental que da soporte a la Generalidad en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información es responsable de:

a) la provisión y el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones que garanticen el acceso a la sede electrónica, el Panel y el Registro electrónicos;

b) la seguridad en las comunicaciones.

 

Artículo 8.- Contenidos de la Sede electrónica.

La Sede electrónica debe tener los siguientes contenidos mínimos:

1. Los datos que identifican la Sede electrónica:

a) la dirección electrónica de referencia de la Sede;

b) el ámbito de actuación;

c) el órgano titular;

d) el órgano responsable de la gestión, mantenimiento y supervisión de los contenidos comunes de la Sede.

2. El texto íntegro de las disposiciones de creación de la Sede electrónica, del Tablón electrónico y del Registro electrónico, así como los convenios suscritos con otras administraciones públicas para la validez del registro de documentos. También debe incorporar el texto de los acuerdos del Gobierno de creación, modificación o supresión de sus derivados o subsedes, en su caso.

3. Los derechos y las obligaciones de la ciudadanía cuando se relaciona con la Administración de la Generalidad de Cataluña por medios electrónicos que establece la normativa vigente en materia de administración electrónica.

4. La información necesaria para la correcta utilización de la Sede electrónica que incluye el mapa de la Sede y la relación de sistemas de firma electrónica u otros sistemas de identificación admitidos o utilizados en la Sede.

5. El acceso a los sistemas que permiten la comprobación de la autenticidad y la integridad de los documentos emitidos por la Administración de la Generalidad de Cataluña y el resto de entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b).

6. El sistema de verificación de los certificados de la Sede y de los sellos electrónicos de los entes a los que hace referencia el artículo 2.1.a) y 2.1.b)

7. Los servicios de asesoramiento electrónico o telefónico a las personas usuarias, para la correcta utilización de la Sede.

8. La información sobre la organización de la Administración de la Generalidad, las competencias de las entidades que integran el sector público, las actividades que llevan a cabo, las autoridades, el personal directivo y el personal a su servicio responsable de la tramitación de los procedimientos administrativos.

9. El acceso al catálogo de servicios y trámites que la Administración de la Generalidad pone a disposición de la ciudadanía, las entidades y las empresas y que debe incluir para cada uno:

a) la información sobre la normativa en vigor aplicable;

b) la información sobre plazos;

c) el sentido del silencio, si procede;

d) la identificación de los canales de acceso a los servicios, con la expresión de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también se puede acceder;

e) los formularios de solicitud;

f) las hojas de liquidación y la carta de pago, así como la indicación de los medios electrónicos y presenciales para realizarlo.

10. La relación de datos y documentos interoperables en poder de las administraciones públicas, que la Administración puede obtener por medios electrónicos garantizando medidas de seguridad y que no será necesario que sean aportados en nuevas tramitaciones.

11. La fecha y la hora oficiales de la Sede electrónica, así como la relación de días declarados inhábiles a efectos de cómputo de plazos.

12. La información sobre la protección de datos personales en la Sede y los formularios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la información sobre su tramitación electrónica.

13. El acceso de la ciudadanía, empresas y entidades a un espacio privado donde, previa identificación de la persona física o de la persona que actúa como representante o está autorizada por la persona jurídica, puedan acceder al estado de las tramitaciones y los documentos que hayan aportado, recibir notificaciones y acceder a las resoluciones y notificaciones, así como modificar su perfil.

14. El acceso a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública que contiene los Perfiles del Contratante de los entes a los que hace referencia el artículo 2.1.a) y 2.1.b).

15. Los medios disponibles para la formulación de consultas, quejas y sugerencias.

16. El acceso a la consulta y los servicios del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

17. El acceso al Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

18. El acceso al Registro general electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.19. Cualquier otra información que deba publicarse en la Sede que, por disposición legal o reglamentaria o por decisión del órgano responsable de la gestión y coordinación de sus contenidos, que debe tener en cuenta la frecuencia con que la ciudadanía solicita tener acceso.

 

Artículo 9.- Sistemas de identificación y autenticación de las personas y entidades.

9.1. La Administración de la Generalidad y los entes previstos en el artículo 2.1.a) deben garantizar la identificación de las personas físicas o jurídicas a través de un sistema de firma electrónica. También se deben identificar por este procedimiento las entidades asociativas sin personalidad jurídica propia si lo establece el procedimiento, de acuerdo con los efectos que se prevean.

9.2. El sistema de firma electrónica debe basarse en documentos identificativos, certificados digitales, utilización de claves concertadas previamente en un registro, o cualquier otro sistema establecido por la regulación de cada procedimiento.

9.3. La Sede electrónica debe informar del sistema o sistemas de firma válidos para cada tramitación o procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3.

9.4. Las personas o los entes sin personalidad jurídica que no dispongan de mecanismos de identificación o autenticación electrónica para la realización de cualquier trámite que se realice por medios electrónicos, pueden ser identificados y autenticados por el personal al servicio de la Administración de la Generalidad. Con este fin, deben acreditarse y deben prestar su consentimiento expreso para ser identificados y autenticados por el personal al servicio de la Administración de la Generalidad.

9.5 El personal al servicio de la Administración de la Generalidad debe realizar el trámite a que se refiere el apartado anterior en nombre de las personas o entes sin personalidad jurídica, utilizando los sistemas de firma electrónica que se especifiquen en cada procedimiento.

Artículo 10.- Identificación y autentificación del personal al servicio de la Administración de la Generalidad.

10.1 El personal al servicio de la Administración de la Generalidad debe utilizar para su identificación, autenticación y realización de trámites los sistemas de firma electrónica que se especifiquen en cada procedimiento.

10.2 La Administración de la Generalidad y cada uno del resto de los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b)debe mantener actualizada una relación de su personal habilitado para la identificación, autenticación y realización de trámites en nombre de las personas o los entes sin personalidad jurídica.

10.3 La Administración de la Generalidad y el resto de entes previstos en el artículo 2.1.a) se reconocen mutuamente la eficacia jurídica de la autenticación realizada por su personal habilitado. Los entes previstos en el artículo 2.1.b) pueden incluir, en el convenio de colaboración que se regula, esta previsión de reconocimiento en cuanto al personal habilitado por los entes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto.

10.4 Cada uno de los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) pueden reconocer la eficacia jurídica de la autenticación realizada por el personal al servicio de otras administraciones.

 

Artículo 11.- Interrupción del funcionamiento de la Sede electrónica.

11.1 El funcionamiento de la Sede electrónica solo se puede interrumpir por motivos justificados de carácter técnico, operativo o relativos a su mantenimiento, y por el tiempo mínimo posible. Esta interrupción se anunciará en la Sede y en su Tablón con la máxima antelación posible, indicando el sistema alternativo de registro que se puede utilizar mientras dure la interrupción.

11.2. En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la Sede, y siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje en el que se comunique esta circunstancia, indicándole los registros presenciales donde se puede presentar la documentación alternativamente e informando de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los plazos. Además, en su caso por razón de la materia, se le debe proporcionar un acceso directo a las subsedes electrónicas correspondientes.

11.3 En ambos casos, la Sede debe facilitar lo antes posible a quien lo solicite el acceso a la evidencia electrónica que justifique el alcance temporal de la interrupción del funcionamiento, a los efectos oportunos.

CAPÍTULO III.- El tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña

Artículo 12.- El Tablón electrónico.

12.1 Se crea el Tablón electrónico, accesible desde la Sede electrónica, de acuerdo con los criterios técnicos de disponibilidad, autenticidad e integridad de la información.

12.2 El Tablón electrónico de la Sede electrónica es el medio electrónico de publicación de la información de interés general, las comunicaciones y los actos dictados por la Administración de la Generalidad y el resto de entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) de este Decreto, de acuerdo con cada procedimiento.

12.3 En los proyectos normativos impulsados por la Administración de la Generalidad que regulen procedimientos administrativos debe señalarse el carácter sustitutorio o complementario de la publicación en el Tablón electrónico en relación con los tablones de anuncios presenciales y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y se ha de garantizar la igualdad en el acceso electrónico a los servicios electrónicos de las administraciones públicas.

 

Artículo 13.- Contenidos del Tablón electrónico.

13.1 Los actos administrativos que de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo o por disposición legal o reglamentaria sectorial aplicable se publicarán en tablones de anuncios presenciales, se publicarán también en el tablón electrónico.

13.2 La publicación en el Tablón electrónico de los actos administrativos, anuncios, edictos, convenios o cualquier otro documento de los que una norma exija la publicación en el diario oficial tendrá, en todo caso, carácter complementario. La publicación debe ser, en este caso, simultánea en ambos medios.

13.3 La Administración de la Generalidad y los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) pueden publicar en el Tablón los anuncios de actuaciones previstas, avisos, información sobre textos normativos en proceso de elaboración, proyectos que se sometan a participación ciudadana, y cualquier otra información de interés general de su competencia, siguiendo los criterios establecidos por el órgano competente en materia de atención ciudadana, de acuerdo con el artículo 7.1.d).

 

Artículo 14.- Características del Tablón electrónico.

14.1 El Tablón electrónico es único para toda la Administración de la Generalidad de Cataluña y los entes descritos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b), debe tener formato digital y se ajustará a las especificaciones que se establecen en este Decreto y en el resto de normativa aplicable a la administración electrónica. La hora oficial del Tablón es la que señala la Sede electrónica.

14.2 El Tablón electrónico debe ser accesible de forma gratuita a través de la Sede electrónica. En el supuesto de interrupción de su funcionamiento por circunstancias accidentales o planificadas, la Sede debe informar de esta circunstancia y de los efectos de esta en el cómputo de los plazos.

14.3 La publicación en el Tablón electrónico debe respetar los principios de accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y debe utilizar estándares abiertos y de uso gratuito, con una constante adaptación al progreso tecnológico.

14.4 Se debe garantizar la autenticidad y la integridad del contenido de las publicaciones en el Tablón electrónico mediante el uso de los sistemas de firma electrónica avanzada. La publicación de los actos administrativos debe contener una evidencia de la firma electrónica avanzada que se genera con motivo de su publicación en el Tablón, la identificación del órgano o unidad firmante y la fecha y hora.

14.5 Hay que garantizar la generación de evidencias, tanto en formato electrónico como en papel, que permitan la constatación de la fecha y hora de publicación y la de finalización del plazo de publicación en el Tablón electrónico de los actos administrativos, a los efectos de su posterior acreditación.

 

Artículo 15.- Competencia para ordenar la publicación.

15.1 Son competentes para ordenar la publicación de contenidos en el Tablón electrónico los órganos de la Administración de la Generalidad y los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) en relación con la información de carácter general y comunicaciones públicas y los procesos de participación ciudadana de su respectiva competencia.

15.2 Para el caso de la publicación de actos administrativos, son competentes para ordenarla específicamente los órganos legitimados para la publicación de los mismos actos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en los tablones de anuncios presenciales.

 

Artículo 16.- Plazos de exposición pública.

16.1 Los actos administrativos deben permanecer publicados en el Tablón electrónico sólo durante el plazo establecido por la normativa reguladora de cada procedimiento, que debe entenderse iniciado con la publicación. Una vez transcurrido este plazo, los actos administrativos se han de despublicar del Tablón.

16.2 En aquellos casos en que no se haya establecido un plazo de exposición pública, la publicación se ha de mantener durante el período estrictamente necesario para alcanzar la finalidad que justificó la publicación del acto.

 

Artículo 17.- Acceso al Tablón electrónico.

17.1 El acceso al Tablón electrónico no necesita ninguna identificación. Sin embargo, la consulta de determinados datos que se publiquen puede requerir de una identificación específica por razones de privacidad o de protección de datos de carácter personal.

17.2 El Tablón debe tener implantadas las medidas técnicas necesarias para evitar la indexación y la recuperación automática de publicaciones a través de motores de búsqueda desde Internet. La localización de las informaciones de carácter general, las comunicaciones y los actos administrativos en el Tablón se debe facilitar por un sistema de búsqueda avanzada propio que limite su acción a la información que es publicada.

17.3 Los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) pueden incluir en sus webs una visualización parcial del Tablón electrónico, de acuerdo con su ámbito competencial y territorial.

17.4 Hay que facilitar la consulta pública y gratuita del Tablón electrónico en todas las Oficinas de Atención Ciudadana y las Oficinas de Gestión Empresarial de la Generalidad de Cataluña.

 

Artículo 18.- Protección de datos de carácter personal.

El funcionamiento y la gestión del Tablón electrónico, así como los contenidos que se publiquen deben respetar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y de acceso a la información pública.

CAPÍTULO IV.- El Registro general electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña

 

Artículo 19.- El Registro general electrónico.

19.1 Se crea el Registro general electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña para la recepción de escritos que se presenten por vía telemática ante aquella.

19.2 El Registro general electrónico de la Generalidad garantiza el cumplimiento de los requisitos y garantías de integridad, seguridad, normalización y conservación de la documentación que se le presente hasta su entrega al órgano competente para resolver.

 

Artículo 20.- Características y funcionamiento del Registro general electrónico.

20.1 El Registro general electrónico es único para toda la Administración de la Generalidad de Cataluña y los entes descritos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b) de este Decreto y debe ajustarse a las especificaciones que se establecen en este Decreto y demás normativa vigente en materia de administración electrónica y procedimiento administrativo que le es aplicable. La hora oficial debe ser la correspondiente a la Sede electrónica.

20.2 Desde la Sede electrónica se pueden presentar telemáticamente documentos en el Registro general electrónico. En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales o planificadas, la Sede debe informar de esta circunstancia, debe indicar los registros presenciales donde se puede presentar la documentación alternativamente e informará de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los plazos.

20.3 El Registro general electrónico admite los documentos electrónicos siguientes, siempre que se identifique la persona emisora y se adecuen a:

a) Los formularios electrónicos específicos normalizados, establecidos para cada procedimiento de acuerdo con el catálogo de trámites de la Sede, dirigidos a cualquiera de los entes descritos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b).

b) El formulario electrónico genérico para los escritos y los procedimientos de los que la Sede no informe de un formulario específico para su tramitación, dirigido a cualquiera de los entes descritos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b), siempre que especifique el ente destinatario o los datos suficientes para su identificación.

c) El formulario electrónico genérico para los escritos dirigidos a otra Administración siempre que se haya firmado el correspondiente convenio de colaboración y se garantice una interconexión entre los registros de ambas administraciones.

20.4 El Registro general electrónico se integra con el sistema de información corporativo de registro de entrada y salida de documentos y garantiza la interconexión e integración con los registros de los entes previstos en el artículo 2.1.a) y 2.1.b).

20.5 El Registro general electrónico emitirá, de manera automática, un recibo de presentación del documento, de acuerdo con lo que disponga la normativa vigente, que debe incluir la copia del escrito presentado, la fecha y hora de presentación y el número de registro asignado.

20.6 Son causas de inadmisión de documentos en el Registro general electrónico las siguientes:

a) Que no se ajusten a los requerimientos técnicos que se especifican en la Sede electrónica, o contengan elementos que puedan amenazar la seguridad del sistema.

b) Cuando se trate de documentos dirigidos a órganos o entidades no incluidas en el apartado 3 de este artículo.

c) Cuando la persona emisora utilice un sistema de identificación electrónica no autorizado en la Sede.

d) Las que se establezcan en la normativa vigente aplicable a los registros de entrada y salida de documentos de las administraciones públicas.

Cuando se produzca alguno de los supuestos de inadmisión anteriores, el Registro general electrónico debe informar del rechazo y de su causa, y la persona interesada podrá obtener la evidencia correspondiente.

Si, a pesar de la concurrencia de una causa de inadmisión, esta no es detectada por el Registro electrónico, el órgano destinatario debe informar a la persona emisora de la ineficacia de la admisión electrónica y del plazo que, en su caso, tiene por subsanar el defecto que lo hace inadmisible.

 

Artículo 21.- Cómputo de plazos.

21.1 La fecha y hora oficial de la Sede electrónica y la información contenida sobre los días hábiles e inhábiles se aplican al Registro electrónico.

21.2 El cómputo de plazos, a los efectos de la obligación de resolver de las administraciones públicas es el establecido en la legislación vigente de procedimiento administrativo. En cualquier caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo debe ser comunicada a la persona interesada por el ente u órgano competente.

21.3 En caso de error en la determinación del destinatario, el órgano responsable del registro o del ente u órgano receptor remitirá el documento al órgano competente de la Generalidad de Cataluña o de la administración competente siempre que se haya suscrito convenio, en el plazo máximo de 48 horas.

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Sistema de información corporativo del Registro general electrónico

El Sistema de información común del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña en el que se integra el Registro general electrónico es la aplicación corporativa s@rcat

 

Disposición adicional segunda. Interconexión con el Registro y el Tablón electrónicos

La interconexión de aplicaciones de gestión departamentales con el Registro general electrónico y el Tablón electrónico se realizará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada departamento.

 

Disposición adicional tercera. Convenios de integración en el Registro electrónico

La firma de convenios con otras administraciones para la validez del Registro electrónico se realizará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del órgano competente en materia de atención ciudadana.

 

Disposición adicional cuarta. Acceso a las subsedes.

Las sedes electrónicas de la Plataforma de servicios de contratación pública y de la entidad gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, creadas antes de la entrada en vigor de este Decreto, pasan a ser subsedes de la Sede electrónica sin necesidad de formalizar el procedimiento previsto en el artículo 4.4, y se rigen por su propia normativa de creación con respecto a su procesos, funcionamiento y contenidos y por los convenios firmados con otras administraciones y entes públicos con respecto a su integración. Ambas subsedes deben ser accesibles desde la Sede electrónica, sin perjuicio de mantener su acceso electrónico directo.

 

Disposición adicional quinta. Integridad de la Oficina Virtual de Trámites.

La Oficina Virtual de Trámites de la Sede electrónica contiene la totalidad de los servicios de tramitación electrónica de la Generalidad, sin perjuicio de su ubicación y acceso a través de las respectivas subsedes electrónicas o portales de trámites.

 

Disposición adicional sexta. Canal Empresa

Con el fin de divulgar, asistir y facilitar el acceso electrónico de los emprendedores y el empresariado a los trámites y servicios de la Generalidad relacionados con la actividad económica, y sin perjuicio de la integridad de la Oficina Virtual de Trámites, se debe ofrecer toda la información y la tramitación electrónica de la Generalidad relacionada con este ámbito agrupada en un portal temático. El órgano responsable del proyecto de la Ventanilla Única Empresarial impulsa y coordina los contenidos de este portal, y deberá informar previamente de la adecuación de los trámites electrónicos que se deben publicar. El portal, Canal Empresa debe ser accesible desde la Sede electrónica, sin perjuicio de disponer de un acceso electrónico directo, en su caso.

 

Disposición adicional séptima. Portal de Transparencia.

El acceso de la ciudadanía a la información sobre la gestión pública, las agendas del Gobierno, los planes y programas, las ayudas y subvenciones, los datos públicos liberados y, en general, los contenidos relacionados con la transparencia de la acción del Gobierno, se deben ofrecer agrupados en un único portal electrónico que debe ser accesible desde la Sede electrónica, sin perjuicio de disponer de un acceso electrónico directo, en su caso.

 

Disposición adicional octava. Pasarela de pago corporativa.

Se debe promover la incorporación a la Sede electrónica de una pasarela de pago corporativa que permita el abono en línea de tasas, precios públicos y otros cargos asociados a su catálogo de servicios y trámites electrónicos.

 

Disposición adicional novena. Código seguro de verificación.

Se debe promover la incorporación a la Sede electrónica de una solución corporativa única para el acceso a través de un código seguro de verificación a los documentos emitidos por la Generalidad de Cataluña.

 

Disposición adicional décima. Fecha de publicación de las notificaciones.

En el caso de que las notificaciones mencionadas en el artículo 13.2 de este Decreto se publiquen en fechas diferentes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Tablón electrónico, prevalece la fecha de publicación en el Diario Oficial a los efectos del cómputo de plazos del correspondiente procedimiento administrativo.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS


Disposición derogatoria primera. Decreto 360/1994, de 15 de diciembre, del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña
.

Se deroga la disposición adicional segunda del Decreto 360/1994, de 15 de diciembre, del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

Disposición derogatoria segunda. Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad.

Se derogan el capítulo 4 y la sección 4 del capítulo 5 en su integridad, los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 10 y el artículo 31 del Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad.

DISPOSICIONES FINALES

 

Disposición final primera. Integridad de la Sede electrónica y aprobación de nuevos procedimientos electrónicos.

Se modifica el apartado 1 del artículo 10 del Decreto 56/2009, que pasa a tener el siguiente redactado:

“Los procedimientos que la Generalidad de Cataluña ponga a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades por el canal electrónico se deben ofrecer siempre mediante la Sede electrónica, y deben desarrollarse de forma preferente mediante las soluciones corporativas de la plataforma Gencat de Servicios y Trámites y con el apoyo de la Plataforma de Integración y Colaboración Administrativa. Con este fin, el órgano competente en materia de atención ciudadana y, en su caso, el órgano competente en materia de administración electrónica, deben informar con carácter vinculante y previo a la publicación de un nuevo procedimiento electrónico sobre su adecuación y su encaje en las soluciones corporativas. Igualmente, requiere el informe favorable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, en relación con la adecuación de los requisitos del órgano gestor respecto a las especificaciones de las plataformas corporativas.”

 

Disposición final segunda. Definiciones.

Se modifican las definiciones de Certificado digital, Interoperabilidad y Trámite electrónico del artículo 4 del Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad, que pasan a tener el mismo redactado que el del artículo 3 de este Decreto.

 

Disposición final tercera. Vigencia.

Este Decreto entra en vigor al día siguiente de haber sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

01Ene/14

Decreto nº 452/2009 de 28 de septiembre de 2009 sobre la política de seguridad de la información para Organismos de la Administración Pública.

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley nº 18.046, de 24 de octubre de 2005, con la redacción dada por el artículo 118 de la Ley nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, en materia de seguridad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Estado. 

RESULTANDO:

I) Que razones de juridicidad y conveniencia imponen estatuir aquellos aspectos básicos y primarios de la reglamentación, que ordenen y favorezcan su puesta en práctica.

II) Que el artículo 55 de la Ley nº 18.046, de 24 de octubre de 2005, con la redacción dada por el artículo 118 de la Ley nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, le confiere a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) las facultades legales de promover el establecimiento de seguridades que hagan confiable el uso de las tecnologías de la información concibiendo y desarrollando una política nacional en temas de seguridad de la información, que permita la prevención, detección y respuesta frente a incidentes que puedan afectar los activos críticos del país.

III) Que el artículo 74 de la Ley nº 18.362, de 6 de octubre de 2008 faculta a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) a apercibir directamente a los organismos que no cumplan con las normas y estándares en tecnología de la información establecidas por la normativa vigente, en lo que refiera a seguridad de los activos de la información y políticas de acceso, entre otras. 

IV) Que la Ley nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, de 11 de agosto de 2008, dispone que el responsable o usuario de la base de datos debe adoptar las medidas que resultaren necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. 

CONSIDERANDO:

I) Que se debe disponer medidas para garantizar la confianza y seguridad de los sistemas y de la información en poder de los organismos públicos.

II) Que con el fin de proteger los activos de información y minimizar el impacto en los servicios causados por vulnerabilidades o incidentes de seguridad se debe proveer una efectiva gestión de la seguridad.

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo preceptuado en las disposiciones citadas y en el artículo 168 ordinal 4º de la Constitución.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

actuando en Consejo de Ministros 

DECRETA:

 

Artículo 1.-

Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, deberán adoptar en forma obligatoria una Política de Seguridad de la Información, tomando como base la “Política de Seguridad de la Información para Organismos de la Administración Pública”, que se incorpora al presente Decreto en el Anexo I, con el propósito de impulsar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Artículo 2.- 

Se exhorta a los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, a todos los órganos del Estado a adoptar las disposiciones establecidas en el presente Decreto. 

Artículo 3.- 

Comuníquese, publíquese, etc. 

ANEXO I.- Política de Seguridad de la Información para Organismos de la Administración Pública

La Dirección del Organismo reconoce la importancia de identificar y proteger los activos de información del Organismo. Para ello, evitará la destrucción, divulgación, modificación y utilización no autorizada de toda información, comprometiéndose a desarrollar, implantar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

La Dirección del Organismo declara el cumplimiento con la normativa y legislación vigente en relación con aspectos de seguridad de la información. 

La Seguridad de la Información se caracteriza como la preservación de:

su confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder a la información;

su integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso sean exactos y completos;

su disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tengan acceso a la información cuando lo requieran.

La seguridad de la información se consigue implantando un conjunto adecuado de controles, tales como políticas, procedimientos, estructuras organizativas, software e infraestructura. Estos controles deberán ser establecidos para asegurar los objetivos de seguridad del Organismo. 

El Organismo designará un Responsable de la Seguridad de la Información, quien se encargará de la guía, implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

La presente Política de Seguridad de la Información debe ser conocida y cumplida por todo el personal del Organismo, independiente del cargo que desempeñe y de su situación contractual. 

Esta Política de Seguridad de la Información se integrará a la normativa básica del Organismo, incluyendo su difusión previa, y la instrumentación de las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente política, así como de los documentos relacionados a ésta. 

Es política del Organismo:

Establecer objetivos anuales con relación a la Seguridad de la Información.

Desarrollar un proceso de evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad, y de acuerdo a su resultado implementar las acciones correctivas y preventivas correspondientes, así como elaborar y actualizar el plan de acción.

Clasificar y proteger la información de acuerdo a la normativa vigente y a los criterios de valoración en relación a la importancia que posee para el Organismo.

Cumplir con los requisitos del servicio, legales o reglamentarios y las obligaciones contractuales de seguridad.

Brindar concientización y formación en materia de seguridad de la información a todo el personal.

Contar con una política de gestión de incidentes de seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CERTuy.

Establecer que todo el personal es responsable de registrar y reportar las violaciones a la seguridad, confirmadas o sospechadas de acuerdo a los procedimientos correspondientes.

Establecer los medios necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones del Organismo.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Decreto 658/2002 de 22 de abril de 2002

Decreto 658/2002 de 22 de abril de 2002

Modifícase el Decreto nº 1397/79, en relación con las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes, que podrán hacerlo en soporte papel y firmadas en su parte principal y anexos o por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas, en las formas y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

VISTO el Expediente nº 250.739/02 del Registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, su Decreto Reglamentario nº 1397 de fecha 12 de junio de 1979 y sus modificaciones y la Ley nº 25.506, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 28 del Decreto nº 1397/79 y sus modificaciones reglamenta el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Tributario, en tanto éste dispone que la determinación y percepción de los gravámenes que se recauden se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que el referido artículo 28 del Decreto nº 1397/79 y sus modificaciones establece las formas extrínsecas de las declaraciones juradas disponiendo que las mismas sean firmadas en su parte principal y anexos por el contribuyente, responsable o representante autorizado para ese fin.

Que antes de la sanción de la Ley nº 25.506, la exigencia de firma mencionada en el considerando anterior correspondía que sea interpretada de acuerdo con las normas y principios que emanan del Código Civil, marco en el cual, quedaba circunscripta a la firma manuscrita u ológrafa.

Que, en consecuencia, y salvo la previa celebración de un acuerdo entre los interesados para suplir ese requisito, la falta de firma ológrafa restaba fuerza probatoria a los distintos instrumentos que, de ese modo, no alcanzaban el rango de documento.

Que, sin embargo, en el último proyecto de reforma al Código Civil el concepto se amplía, admitiendo que la firma ológrafa pueda ser reemplazada en los instrumentos generados por medios electrónicos, en tanto se utilice un método idóneo para identificar al firmante, considerándose satisfecho el requisito de la firma cuando en los documentos electrónicos se siga un método que asegure razonablemente su autoría e inalterabilidad.

Que con la sanción de la citada Ley nº 25.506 la situación ha cambiado inexorablemente toda vez que por su artículo 1º reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que la misma ley establece.

Que en este aspecto, las entidades financieras fueron pioneras, permitiendo efectuar operaciones bancarias electrónicas de movimiento de fondos, incluso entre cuentas de distintos titulares, autorizando la realización de diversos pagos de servicios públicos y privados, mediante claves para uso electrónico, obtenidas previamente y con la validación de la identidad de los usuarios a través del “home-banking”, que es considerada como suficiente para permitir a los clientes, empresas o particulares realizar operaciones monetarias sin necesidad de concurrir a los mostradores bancarios para proceder a su previa identificación.

Que la presentación de declaraciones juradas mediante el acogimiento a sistemas virtuales es aceptada, con distintos matices, por el Código Tributario de la REPUBLICA DE CHILE y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del REINO DE ESPAÑA, entre otros, donde el desarrollo de los sistemas de presentación telemática de declaraciones, unido a la demanda creciente de los ciudadanos respecto de la utilización de las nuevas tecnologías en su relación con la Administración, hicieron necesario la contemplación de nuevas modalidades.

Que en tal contexto, resulta necesario evitar que la actual redacción del citado artículo 28 del Decreto nº 1397/79 y sus modificaciones, sea interpretada en función de circunstancias fácticas y jurídicas superadas y como impedimento para la presentación de las declaraciones juradas vía electrónica, mediante métodos que garanticen razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento.

Que la posibilidad de que los contribuyentes desde un ámbito privado, por medio de su computadora personal y un software de navegación, con el uso normal de la red INTERNET, utilicen las nuevas tecnologías para la presentación de sus declaraciones juradas y pagos, redundará en beneficio de la recaudación.

Que en este mismo sentido, pero con relación a la documentación normalmente emitida dentro del ámbito privado, se estima procedente agregar un nuevo párrafo al artículo 48 del Decreto nº 1397/79 y sus modificaciones, a fin de autorizar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a establecer procedimientos para que se manejen por medios electrónicos o magnéticos: comprobantes, documentos, libros y registros, teniendo en cuenta la confección, transmisión y conservación de los mismos.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 11 de la Ley nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º Sustitúyese el artículo 28 del Decreto nº 1397/79 y sus modificaciones, por el siguiente:

“Artículo 28. Las declaraciones juradas deberán ser presentadas en soporte papel, y firmadas en su parte principal y anexos por el contribuyente, responsable o representante autorizado, o por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas y en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

En todos los casos contendrán una fórmula por la cual el declarante afirme haberlas confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deban contener y ser fiel expresión de la verdad.”

Artículo 2º Agrégase como último párrafo del artículo 48 del Decreto nº 1397/79 y sus modificaciones, el siguiente:

“La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá establecer procedimientos para la confección, transmisión y conservación de comprobantes, documentos, libros y registros por medios electrónicos y/o magnéticos que aseguren razonablemente su autoría e inalterabilidad, aun en los casos de documentos que requieran la firma de una persona.”

Artículo 3º Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE.

Jorge M. Capitanich.

Jorge Remes Lenicov.

01Ene/14

Decreto Ejecutivo nº 101 de 17 de mayo de 2005, por el cual se prohíbe el acceso a personas menores de edad a sitios web de contenido pornográfico. Panamá. (Gaceta Oficial nº 25.311 de 17 de mayo de 2005)

Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia

Decreto Ejecutivo nº 101 de 17 de mayo de 2005, “Por el cual se prohíbe el acceso de las personas menores de edad a sitios web de contenido pornográfico”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO

Que según la Constitución Política y el Código de la Familia, es deber del Estado proteger la salud física, mental y moral de los niños, niñas y adolescentes.

Que de conformidad con la Ley 42 del 19 de noviembre de 1997, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia es el ente rector competente para la planificación, ejecución y coordinación de las políticas y programas estatales de prevención, atención, protección, promoción y bienestar de la juventud y la niñez, entre otros grupos de atención.

Que la Ley de 31 de marzo de 2004 sanciona a las personas que exhiban material pornográfico a las personas menores de edad.

Que el Estado, a través de las autoridades competentes, debe asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 15 de 16 de noviembre de 1990.

Que la República de Panamá es suscriptora del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la utilización de niños en la pornografía.

Que existe una creciente actividad que propende a la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía, a través de distintas formas y medios, lo que hace obligante que el Estado amplíe los medios preventivos y educativos, con el fin de garantizar la protección física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes.

Que se hace evidente la preocupación ciudadana por la facilidad y disponibilidad del acceso, cada vez mayor, de los niños, niñas y adolescentes a la pornografía infantil en la internet.

Que es imperante establecer barreras que impidan el acceso directo o indirecto de las personas menores de edad, a los sitios web de contenido pornográfico en los lugares denominados Café Internet, Cibercafé y otros centros dedicados a esta actividad.

DECRETA:

Artículo 1º.- Todas las personas, naturales o jurídicas, dedicadas o que se dediquen al alquiler o arrendamiento de servicios de computadoras para el uso de internet, tendrán la obligación de prevenir y restringir el acceso de personas menores de edad a sitios web de contenido pornográfico.

Artículo 2º.– Las personas a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto tendrá la obligación de instalar un software especial de filtro y bloqueo, o cualquier otro medio que impida a las personas menores de edad la visualización de los sitios web de este tipo. El mecanismo de bloqueo debe mantenerse actualizado, de manera que incluya nuevos sitios web de esta clase.

Artículo 3º.-  Los establecimientos que se dediquen al alquiler o arrendamiento de servicios de computadoras para el uso de internet, deberán contener en lugar visible, los anuncios y avisos que destaquen la prohibición del uso y acceso de las personas menores de edad a sitios web que contengan cualquier tipo de pornografía.

Artículo 4º.- El Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia realizará todas las actividades de seguimiento, inspección y supervisión a los Café Internet, Cibercafé u otros centros que se dediquen a esta actividad.

Las autoridades estarán obligadas a brindar la colaboración que sea necesaria para la efectiva aplicación e implementación de las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 5º.-A partir de la vigencia del presente Decreto, toda persona natural o jurídica que vaya a dedicarse a la actividad comercial de alquiler de servicios de computadoras para el uso de internet, deberá presentar al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia una declaración jurada sobre la obligación de adoptar todos los mecanismos y medidas tendientes a cumplir con lo dispuesto en este Decreto.

Artículo 6º.- Quienes incurran en la violación del artículo 2º del presente Decreto serán sancionados de conformidad con el artículo 231-F del Código Penal y el Art. 562 del Código de la Familia.

Artículo 7º.- El presente Decreto Ejecutivo empezará a regir cuarenta y cinco (45) días después de su promulgación.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 17 días del mes de mayo de dos mil cinco (2005).

Comuníquese y publíquese.

Martín Torrijos Espino.- Presidente de la República

Leonor Calderón A.- Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

01Ene/14

Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70.  Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 20

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la direttive 2009/140/CE, del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio;

Vista la direttiva  2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992;

Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea;

Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n.145;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Capitolo I .- RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

 

Articolo 1.- Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) la parola: “abbonato” é sostituita dalla seguente: “contraente”;

b) la lettera b) é sostituita dalla seguente: “b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. é compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puó comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale);

l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione;

l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale”;

c) la lettera h) é sostituita dalla seguente: ” h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale”;

d) alla lettera j), dopo la parola: “consumatore:” sono inserite le seguenti: “l'utente finale,” e dopo le parole: “persona fisica che utilizza” sono inserite le seguenti: “o che chiede di utilizzare”;

e) la lettera n) é sostituita dalla seguente: “n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;”;

f) la lettera q) é sostituita dalla seguente: ” q) mercati transnazionali: mercati situati in più di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;”;

g) alla lettera r) le parole: “Ministero delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo economico”;

h) la lettera s) é sostituita dalla seguente: “s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;”;

i) la lettera t) é sostituita dalla seguente: “t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;”;

l) la lettera v) é sostituita dalla seguente: “v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete é definito mediante un indirizzo di rete specifico che puó essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete é costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;”;

m) la lettera z) é sostituita dalla seguente: “z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;”;

n) la lettera aa) é sostituita dalla seguente: “aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;”;

o) la lettera bb) é soppressa;

p) la lettera dd) é sostituita dalla seguente: “dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;”;

q) la lettera ee) é sostituita dalla seguente: “ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;”;

r) la lettera hh) é sostituita dalla seguente: “hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;”;

s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

” qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.”.

 

Articolo 2 .- Principi generali

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “nel settore delle comunicazioni elettroniche.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali puó essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”.

 

Articolo 3.- Ministero e Autorità

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.”.

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni”.

3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

” 3-bis. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

3-ter. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.

3-quater. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.”.

 

Articolo 4.- Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é aggiunto il seguente:

” 1-bis. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.”.

 

Articolo 5.- Comunicazione di informazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3.”.

 

Articolo 6 .- Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.”.

 

Articolo 7.- Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, é sostituito dal seguente: “2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.”;

b) il comma 3, é sostituito dal seguente: “3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non puó adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.”;

c) al comma 4 dopo la parola: “rivedere” é inserita la seguente:

“tale”; dopo le parole: “qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine” sono inserite le seguenti: “quando la proposta di provvedimento”; dopo la lettera a) é aggiunta, in fine, la seguente: “oppure”; prima delle parole: “influenzi gli scambi tra Stati membri” sono inserite le seguenti: “tale proposta”;

d) dopo il comma 4 é inserito il seguente: “4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione.

Se il progetto di misura é modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.”;

e) il comma 5, é sostituito dal seguente: “5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.”;

f) dopo il comma 5, é inserito il seguente: “5-bis. L'Autorità comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.”;

g) il comma 6, é sostituito dal seguente: “6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puó adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosí adottati o di renderli permanenti é soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.”.

 

Articolo 8.- Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente:

“Articolo 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive).

1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorità di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità puó adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorità cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorità puó:

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puó essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.

5. Se l'Autorità decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.

6. L'Autorità puó ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.”.

 

Articolo 9 .- Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 é sostituito dal seguente: ” 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.”;

b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

” a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità;

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;”;

c) la lettera c) é abrogata;

d) al comma 5, la lettera d) é abrogata e la lettera e) é sostituita dalla seguente: “e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;”;

e) al comma 6, la lettera e) é sostituita dalla seguente: “e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari” e la lettera g) é sostituita dalla seguente: “g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.”;

f) dopo il comma 6 é inserito il seguente:

” 6-bis. Il Ministero e l'Autorità, nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:

a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;

b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.”.

 

Articolo 10.- Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente:

“Articolo 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio).

1. Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorità per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.”.

 

Articolo 11.- Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

“Articolo 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica).

1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, é fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.

2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi, in conformità all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.

3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ció sia necessario al fine di:

a) evitare interferenze dannose;

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;

c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;

e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure;

f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.

4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambitodelle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che é possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT e della normativa CEPT.

5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

a) garantire la salvaguardia della vita umana;

b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;

d) promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove ció sia giustificato dalla necessità di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto puó essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea.

7. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.

8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.

9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.

10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter.”.

 

Articolo 12.- Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

1. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 14-bis (Riesame delle limitazioni esistenti). –

1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se é anteriore, fino al 25 maggio 2016.

2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice.

Articolo 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze).

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso é assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.

3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto.

4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.

5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti é efficace previo assenso del Ministero ed é reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.

L'impresa subentrante é tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.

6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, puó apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.”.

 

Articolo 13.- Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresí sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento”.

2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 2. L'Autorità stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinché l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “3. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.”.

5. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “dal piano nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica”.

 

Articolo 14 .- Sicurezza e integrità e attuazione e controllo

1. Dopo l'articolo 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 16-bis (Sicurezza e integrità).

1. Fatte salve le competenze dell'Autorità previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:

a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti;

b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrità secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l'ENISA.

4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorità, puó informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero é individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente.

5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

“Articolo 16-ter (Attuazione e controllo).

1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché;

b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3. Il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorità, il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12″.

 

Articolo 15 .- Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. Il comma 4, dell'articolo 17, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67”.

 

Articolo 16 .- Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati

1. La rubrica dell'articolo 18, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati”.

 

Articolo 17 .- Procedura per l'analisi del mercato

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità, effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

3. Il comma 3, dell'articolo 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “3. Quando l'Autorità é tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.”.

4. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: ” 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:

a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puó tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure

b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.”.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “8-bis. Qualora l'Autorità non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.”.

6. Il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 18.- Normalizzazione

1. Il comma 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).”.

 

Articolo 19 .- Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é aggiunta la seguente: “b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.”.

 

Articolo 20 .- Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.”.

 

Articolo 21.- Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia é conforme alle disposizioni del Codice.”.

3. Dopo il comma 2, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

” 2-bis. L'Autorità puó chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice.

2-ter. Quando al BEREC é presentata una tale richiesta, l'Autorità ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti.”;

2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC”.

4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13.

L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non é risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non é stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.”.

 

Articolo 22 .- Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “denuncia di inizio attività”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”.

3. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “Ministero delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo economico”; le parole: “Ministro delle comunicazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”.

 

Articolo 23 .- Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Ogni qualvolta ció sia possibile, l'uso delle frequenze radio non é subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:

a) evitare interferenze dannose;

b) assicurare la qualità tecnica del servizio;

c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure;

d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l'autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessità, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capitolo II del Titolo I.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puó essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi é necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea.”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice.”.

6. Dopo il comma 6, dell'articolo 27, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “6-bis. Il Ministero l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.”.

7. Il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.”.

 

Articolo 24 .- Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all'articolo 14 del Codice.

L'autorizzazione generale é sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capitolo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale é fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese”.

 

Articolo 25.- Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro:”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la parola: “consumatori”, sono inserite le seguenti: “anche attraverso le associazioni”.

3. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;”.

4. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.”.

5. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14-ter.”.

6. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “Ministro delle comunicazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”.

 

Articolo 26.- Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e;

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si é protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.”.

 

Articolo 27 .- Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti:

” f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puó essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, né come condizione necessaria per la stessa.”.

 

Articolo 28 .- Modifica dei diritti e degli obblighi

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

“Articolo 36 (Modifica dei diritti e degli obblighi).

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali é concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puó essere inferiore a quattro settimane.

2. I diritti d'uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.”.

 

Articolo 29 .- Pubblicazione delle informazioni

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

“Articolo 37 (Pubblicazione delle informazioni).

1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.”.

 

Articolo 30 .- Concessioni e autorizzazioni preesistenti

1. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore, il Ministero, sentita l'Autorità, puó prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.”.

 

Articolo 31 .- Diritti ed obblighi degli operatori

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).”.

 

Articolo 32 .- Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione

1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserita la seguente: “a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi”.

3. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis”.

5. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “5. Ove giustificato, l'Autorità puó, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capitolo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.”.

 

Articolo 33 .- Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 34 .- Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis.”.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;”.

 

Articolo 35 .- Obbligo di trasparenza

1. Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità puó imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. In deroga al comma 3, se un operatore é soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3”.

 

Articolo 36 .- Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;”.

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é aggiunta, in fine, la seguente: “i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.”.

4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; “.

5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;”.

6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;”.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é aggiunto il seguente: “3-bis. L'Autorità puó, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche é conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice”.

 

Articolo 37.- Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità puó imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete”.

 

Articolo 38 .- Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 50-bis (Separazione funzionale).

1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, l'Autorità puó, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

2. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo:

a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;

b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c) un'analisi dell'impatto previsto sull'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b) l'individuazione delle risorse dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.

5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 45, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.

6. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puó essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale é stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.

Articolo 50-ter (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata).

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorità al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorità in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.

3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo puó essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale é stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.”.

4. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorità puó imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2.”.

Articolo 39 .- Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica é soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.”;

c) il comma 2 é sostituito dal seguente: “2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilità tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T”;

d) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: “2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali é soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.”.

Articolo 40 .- Elenco abbonati e servizi di consultazione

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il comma 3 é sostituito dal seguente: “3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.”.

Articolo 41 .- Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma”;

c) il comma 2 é sostituito dal seguente: ” 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro il 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilità e disponibilità.”.

 

Articolo 42.- Misure destinate agli utenti finali disabili

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Misure destinate agli utenti finali disabili”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. A meno che alla Sezione III del presente Capitolo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorità adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali.

L'Autorità valuta la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.”;

c) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: “2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.”.

 

Articolo 43 .- Accessibilità delle tariffe

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.”;

b) il comma 2 é sostituito dal seguente: “2. L'Autorità puó prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.”.

 

Articolo 44 .- Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

1. Il comma 4 dell'articolo 61 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT”.

 

Articolo 45 .- Verifica e riesame degli obblighi

1. L'articolo 66 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 46 .- Controlli normativi sui servizi al dettaglio

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non é effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.”;

b) il comma 3 é abrogato.

 

Articolo 47 .- Controlli sull'insieme minimo di linee affittate

1. L'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 48 .- Selezione del vettore e preselezione del vettore

1. L'articolo 69 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 49 .- Contratti

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Contratti e esercizio del diritto di recesso”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

” 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

a) la denominazione e la sede dell'impresa; b) i servizi forniti, ed in particolare:

1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76;

2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;

3) i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dall'Autorità;

4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonché del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;

5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite.

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;

d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:

1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilità dei numeri o di altri identificatori;

3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.

g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84;

i) i tipi di azioni che l'impresa puó adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.”;

c) il comma 3 é sostituito dal seguente: “3. L'Autorità puó richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorità competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito.”;

d) il comma 4 é sostituito dal seguente: “4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso.

L'Autorità puó specificare la forma di tali comunicazioni.”;

e) al comma 5, dopo la parola: “arrecare” sono inserite le seguenti: “danno ai minori”; dopo la parola: “privata” sono inserite le seguenti: “ovvero per finalità abusive o fraudolente”;

f) il comma 6 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 50 .- Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.

L'Autorità puó precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.”;

b) il comma 2 é sostituito dal seguente: “2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l'Autorità provvede affinché vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.”;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

” 2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'Autorità puó imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:

a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l'Autorità puó esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato;

b) informare i contraenti di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati;

c) informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto dell'Unione europea;

d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;

e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonché;

f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.

2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità puó, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.

2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i contraenti.

In tal caso, dette informazioni sono fornite dall'Autorità in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché;

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.”.

 

Articolo 51 .- Qualità del servizio

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puó prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili.

Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.”;

b) il comma 2 é sostituito dal seguente: “2. L'Autorità puó precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.”;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

” 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l'Autorità puó imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

2-ter. L'Autorità fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC.

2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.”.

 

Articolo 52 .- Disponibilità di servizi

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Disponibilità di servizi”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.”.

 

Articolo 53 .- Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili

1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente:

“Articolo 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili).

1. L'Autorità, ove opportuno, puó specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:

a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;

b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.”.

 

Articolo 54 .- Servizi di consultazione degli elenchi telefonici

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Servizi di consultazione degli elenchi telefonici”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.”;

c) al comma 2 le parole: “agli abbonati” sono sostituite dalle seguenti: “ai contraenti”;

d) il comma 3 é sostituito dal seguente: “3. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorità puó imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.”;

e) il comma 4 é sostituito dal seguente: “4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78”.

 

Articolo 55 .- Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo

1. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente:

“Articolo 75-bis (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo).

1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.

2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.”.

 

Articolo 56 .- Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Il Ministero provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.”;

c) dopo il comma 1 é inserito il seguente: “1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.”;

d) il comma 3 é sostituito dal seguente: “3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.”;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

” 3-bis. Il Ministero provvede affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE.

Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

3-ter. Il Ministero provvede affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità.

Ció si applica altresí per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.”.

 

Articolo 57 .- Prefissi telefonici internazionali

1. L'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

“Articolo 77 (Prefissi telefonici internazionali).

1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità puó introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

2. L'Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri”.

 

Articolo 58 .- Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

1. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente:

” Articolo 77-bis (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi). – 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 20 del Codice.

3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché i cittadini siano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione '116', in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l'accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nell'arco di numerazione '116' adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sarà disponibile sul numero 116000″.

 

Articolo 59 .- Accesso a numeri e servizi

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Accesso a numeri e servizi”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

” 1. Ove ció sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorità assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione europea; nonché;

b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN)”;

c) dopo il comma 1 é aggiunto il seguente: ” 1-bis. L'Autorità puó imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ció sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.”.

 

Articolo 60 .- Fornitura di prestazioni supplementari

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità, sentite le parti interessate, puó obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ció é fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A.”;

b) il comma 3 é abrogato.

 

Articolo 61 .- Agevolare il cambiamento di fornitore

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: “Agevolare il cambiamento di fornitore”;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. L'Autorità provvede affinché tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C.”;

c) il comma 2 é abrogato;

d) il comma 3 é sostituito dal seguente: “3. L'Autorità provvede affinché la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti.”;

e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

” 4-bis. L'Autorità provvede affinché il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.

4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorità puó stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare al contraente la continuità del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non puó superare un giorno lavorativo. L'Autorità prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresí il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. L'Autorità provvede affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.

4-quater. L'Autorità provvede affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L'Autorità provvede altresí affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.

4-quinquies. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le contratte modalità di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.”.

 

Articolo 62.- Obblighi di trasmissione

1. L'articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

“Articolo 81 (Obblighi di trasmissione).

1. Il Ministero puó imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.”.

 

Articolo 63 .- Consultazione dei soggetti interessati

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.”;

b) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: “2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puó includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma 1 e 3”.

 

Articolo 64 .- Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

” 1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capitolo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa.”;

b) dopo il comma 2 é inserito il seguente:

” 2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorità ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puó rivolgersi all'Autorità per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento secondo le modalità stabilite dall'Autorità.”;

c) al comma 4, dopo le parole: “risoluzione giudiziale delle controversie” sono inserite le seguenti: “nonché le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo”.

 

Articolo 65 .- Notifica alla Commissione europea

1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. L'Autorità notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capitolo é notificato senza indugio alla Commissione europea”.

 

Articolo 66 .- Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “adottano senza indugio” sono inserite le seguenti: “e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione,” e dopo le parole: “rispettano procedure” sono inserite le seguenti: “semplici, efficaci,”.

 

Articolo 67 .- Coubicazione e condivisione di infrastrutture

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puó avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capitolo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puó imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.”;

b) il comma 2 é sostituito dal seguente: “2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorità puó richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprietà, compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.”;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

” 5-bis. L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, puó imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ció é giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.

5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorità, puó richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorità medesima.

5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.”.

 

Articolo 68 .- Divieto di imporre altri oneri

1. L'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

“Articolo 93 (Divieto di imporre altri oneri).

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puó essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capitolo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507″.

 

Articolo 69 .- Attività soggette ad autorizzazione generale

1. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é soppresso.

 

Articolo 70 .- Libero uso e Banda cittadina – CB

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5” sono soppresse ed alla lettera p) dopo le parole:“banda cittadina – CB” sono inserite le seguenti “o assimilate”.

2. Il comma 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. Alla dichiarazione é allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.”.

 

Articolo 71.- Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice

1. Il punto 4, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonché le condizioni conformemente al Capitolo IV del Titolo II del Codice”.

2. Il punto 8, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capitolo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili in conformità all'articolo 57 del Codice”.

3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “11-bis. garantire le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.”.

4. Il punto 12, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico”.

5. Al punto 15, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269″.

6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformità con il diritto dell'Unione europea nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.”.

7. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.”.

8. Il punto 2, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capitolo II del Titolo I del Codice”.

9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito il seguente: “8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze”.

10. Il punto 1, della Parte C, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. la designazione del servizio per il quale é utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice.”.

11. Al punto 4, della Parte C, dell'Allegato n. 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “degli abbonati” sono sostituite dalle seguenti: “dei contraenti”.

 

Articolo 72 .- Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice

1. La rubrica dell'Allegato n. 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.”.

2. La lettera a), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “a) sottorete localé, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;”.

3. La lettera c), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “c) accesso completamente disaggregato alla rete localé, la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;”.

4. La lettera d), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “d) accesso condiviso alla rete localé, la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili”.

5. Il punto 1, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Elementi della rete cui é offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;

c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.”.

6. Il punto 2, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.”.

7. Il punto 3, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.”.

8. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1].”.

 

Articolo 73 .- Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice

1. La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice”.

2. Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 467sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; le parole: “ai consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “ai contraenti”; dopo la parola “opportuno,” le parole: “gli abbonati”, sono sostituite dalle seguenti: “i contraenti”; le parole: “per l'abbonato” sono sostituite dalle seguenti: ” per il contraente”; le parole: “dell'abbonato” sono sostituite dalle seguenti: “del contraente”.

3. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “Prestazione gratuita alla quale”, le parole: “l'abbonato”, sono sostituite dalle seguenti: “il contraente”.

4. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “l'abbonato” sono sostituite dalle seguenti: “il contraente”.

5. Il punto i), della lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente: “i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e”.

6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente: “b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ció sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)”.

7. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito, in fine, il seguente periodo: “oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.”.

8. La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente:

” c) Sistemi di pagamento anticipato;

L'Autorità puó obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.”.

9. La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente:

” d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento;

L'Autorità puó imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica”.

10. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “fatture non pagate” sono aggiunte le seguenti: “emesse dalle imprese”.

11. Dopo la lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inserite le seguenti:

“e-bis) Consigli tariffari;

La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili;

e-ter) Controllo dei costi;

La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi”.

12. La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituita dalla seguente:

” a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze);

La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.”.

13. Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é aggiunta la seguente.

“Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 80.

La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica.

a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e.

b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili”.

 

Articolo 74 .- Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice

1. Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: “telefoniche” é sostituita dalle seguenti: “di comunicazione”.

2. Il punto 1, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.

Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico.”.

3. La rubrica del comma 2 é sostituita dalla seguente: “Servizi offerti” e i punti: “2.1, 2.2 e 2.5”, del comma 2, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:

” 1. Portata dei servizi offerti.

2. Tariffe generali.

Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

5. Condizioni contrattuali generali.

Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti”.

 

Articolo 75 .- Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio

1. L'allegato n. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

 

Articolo 76 .- Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, (ai sensi dell'articolo 74 del Codice)

1. L'alinea del punto 1, dell'allegato n. 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dal seguente:

” 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro.

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:”.

 

Articolo 77 .- Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice

1. L'allegato n. 8 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é abrogato.

 

Articolo 78 .- Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

1. L'allegato n. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Articolo 79 .- Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3

1. Dopo l'allegato n. 26, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é inserito l'allegato 3 al presente decreto.

 

Capitolo II .- NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Articolo 80 .- Norme integrative e di coordinamento

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

b) al comma 1 dell'articolo 60 la parola: “abbonato” é sostituita dalla seguente: “contraente”;

c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

d) al comma 3) dell'articolo 87 le parole: “denuncia di inizio attività”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;

e) al comma 1 dell'articolo 87-bis le parole: “denuncia di inizio attività”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;

f) al comma 2 dell'articolo 90 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

g) ai commi 2 e 4 dell'articolo 94 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

h) al comma 6 dell'articolo 95 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico;

i) al comma 2 dell'articolo 96 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

l) al comma 4 dell'articolo 99 le parole: “denuncia di inizio attività”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;

m) al comma 3 dell'articolo 101 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

n) al comma 5 dell'articolo 130 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

o) al comma 3 dell'articolo 162 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

p) al comma 1 dell'articolo 163 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

q) al comma 1 dell'articolo 166 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

r) al comma 2 dell'articolo 170 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

s) ai commi 5 e 7, dell'articolo 176, le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

t) al comma 1 dell'articolo 178 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

u) al comma 3 dell'articolo 185 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

v) al comma 1 dell'articolo 207 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

z) al comma 2 dell'articolo 208 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

aa) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 220, le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

bb) la rubrica del Modello B dell'allegato n. 13 é sostituita dalla seguente: “segnalazione certificata di inizio attività”.

 

Articolo 81 .- Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 82 .- Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addí 28 maggio 2012

01Ene/14

Decreto-Lei n.º 62/2009 de 10 de Março,  altera o artigo 22º do Decreto-Lei 7/2004. (Diário da República, I série A, nº 48, 10 de Março de 2009).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Decreto-Lei nº 62/2009 de 10 de Março

O Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de Janeiro, no âmbito dos serviços da sociedade de informação, regula, entre outros, as comunicações não solicitadas para fins de marketing directo prevendo medidas de protecção contra a invasão da privacidade.

O elevado número de consumidores que dispõem, hoje em dia, de telefones móveis, o avanço tecnológico dos mesmos e, bem assim, a massificação do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação faz com que a Internet, os SMS (short message service) e MMS (multimedia messaging service), entre outros, se tenham tornado veículos atractivos de transmissão de mensagens publicitárias, permitindo aos anunciantes chegar a um elevado número de consumidores, a um custo reduzido.

A obrigatoriedade de obtenção de consentimento prévio do destinatário para o envio de mensagens para fins de marketing directo já se encontra prevista, bem como a manutenção, por si ou através de associações que representem os anunciantes, de listas das pessoas que manifestem o desejo de não receber aquele tipo de comunicações. No entanto, estas listas têm -se revelado insuficientes, pelo que, para a implementação do disposto no artigo 22º do Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de Janeiro, entende -se que deve ser a Direcção -Geral do Consumidor a manter permanentemente actualizada uma lista de âmbito nacional, facilitando ao consumidor o exercício do seu direito de oposição ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos de marketing directo ou qualquer outra forma de prospecção, preservando a privacidade dos seus dados pessoais nos termos da alínea b) do artigo 12º da Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Protecção de Dados Pessoais).

Foi ouvida a Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Foi promovida a audição ao Conselho Nacional do Consumo.

Foram ouvidos, a título facultativo, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a União Geral de Consumidores, a Associação Portuguesa de Consumidores dos Media e o ICP .- Autoridade Nacional de Comunicações.

Assim:

Nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º.- Alteração ao Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de Janeiro

O artigo 22º do Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de Janeiro, passa a ter a seguinte redacção:

“Artigo 22º

[…]

1 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 .- Sem prejuízo do disposto no número anterior, compete à Direcção -Geral do Consumidor (DGC) manter actualizada uma lista de âmbito nacional de pessoas que manifestem o desejo genérico de não receber quaisquer comunicações publicitárias.

9 .- A inserção na lista referida no número anterior depende do preenchimento de formulário electrónico disponibilizado através da página electrónica da DGC.

10 .- As entidades que promovam o envio de mensagens para fins de marketing directo são obrigadas a consultar a lista, actualizada trimestralmente pela DGC, que a disponibiliza a seu pedido.

11 .- É proibido o envio de comunicações publicitárias por via electrónica às pessoas constantes das listas prescritas nos n.os 7 e 8.”

Artigo 2º.- Entrada em vigor

O presente Decreto-Lei entra em vigor no prazo de 60 dias a contar da data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de Dezembro de 2008.

Luís Filipe Marques Amado .- António José de Castro Guerra .- Mário Lino Soares Correia.

Promulgado em 13 de Fevereiro de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 17 de Fevereiro de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

01Ene/14

Decreto Supremo nº 015-2010-TR de 17 diciembre 2010, modifican Decreto Supremo nº 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica” (El Peruano 18 diciembre 2010)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Trabajo y Promoción de empleo es el organismo rector en materia de trabajo y promoción del empleo, el cual ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, ejerciendo, entre otras funciones, la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, en las materias socio-laborales, derechos fundamentales en el ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo; asimismo es el ente rector del Sistema Funcional de Inspección de Trabajo;

Que mediante Decreto Supremo nº 018-2007-TR, se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, aplicativo llevado a través de medios electrónicos, que para efectos de su mejor aplicación se requiere efectuar algunas modificaciones en los términos de sus definiciones y contenido, lo cual posibilitará una mejor actuación institucional, en el ámbito nacional, regional y local;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el numeral 3) del artículo 11º de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1º. Modificación de los artículos 1, 4 y 5 del Decreto Supremo nº 018-2007-TR.

Modifíquense los artículos 1, 4 y 5 del Decreto Supremo nº 018-2007-TR, en los siguientes términos:

“Artículo 1º. Definiciones

Para los fines del presente Decreto Supremo se entiende por:

a). Empleador:

Toda persona natural, empresa unipersonal, persona jurídica, sociedad irregular o de hecho, cooperativa de trabajadores, institución privada, empresas del Estado, entidad del sector público nacional inclusive a las que se refiere el Texto Único Actualizado de las normas que rigen la obligación de determinadas entidades del Sector Público de proporcionar información sobre sus adquisiciones,  aprobado por el Decreto Supremo nº 027-2010-PCM y normas modificatorias, o cualquier otro ente colectivo, que remuneren a cambio de un servicio prestado bajo relación de subordinación.

Adicionalmente, para efecto de la Planilla Electrónica, se entiende por empleador a aquel que:

i). Pague pensiones de jubilación, cesantía, invalidez y sobrevivencia u otra pensión, cualquiera fuera el régimen legal al que se encuentre sujeto.

ii). Contrate a un prestador de servicios, en los términos definidos en el presente Decreto Supremo.

iii). Contrate a un personal en formación -modalidad formativa laboral y otros, en los término definidos en el presente Decreto Supremo.

iv). Realice las aportaciones de salud, por las personas incorporadas como asegurados regulares al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, por mandato de una ley especial.

v). Recibe, por destaque o desplazamiento, los servicios del personal de terceros.

vi). Se encuentre obligado por el Decreto Supremo nº 001-2010-ED u otras normas de carácter especial, a abonar las remuneraciones, compensación por tiempo de servicios, bonificaciones y demás beneficios del personal de la Administración Pública que le sea asignado.

b). Trabajador

Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato de trabajo. En el caso del sector público, abarca a todo trabajador, servidor o funcionario público, bajo cualquier régimen laboral.

Está también comprendido en la presente definición el socio trabajador de una cooperativa de trabajadores.

c). Pensionista

Quién percibe pensión de jubilación, cesantía, invalidez y sobrevivencia, u otra pensión, cualquiera fuere el régimen legal al cual se encuentre sujeto, y sean asegurados regulares al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud.

d). Prestador de servicios:

Persona natural que:

i). Presta servicios a un empleador por los cuales obtenga rentas de cuarta categoría a las que se refiere el artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta.

ii). Presta servicios a un empleador por los cuales obtenga rentas de quinta categoría a las que se refiere el inciso e) artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta.

iii). Se encuentra incorporado como asegurado regular al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud por mandato de una ley especial por las que existe obligación de realizar aportes de salud.

e). Personal en formación – Modalidad Formativa Laboral y otros:

Personal natural:

1). Que se encuentra bajo alguna de las modalidades formativas laborales reguladas por la Ley 28518 o cualquier otra especial.

2). Que se encuentra bajo la modalidad de Secigra Derecho, regulada por el Decreto Ley 26113.

f). Personal de terceros:

Trabajador o prestador de servicios, que sea destacado o desplazado para prestar servicios en los lugares o centros de trabajo, establecimientos, unidades productivas u organización laboral de otro empleador, independientemente del hecho de que ambos mantengan un vínculo jurídico.

g). Derechohabientes:

Son derechohabientes aquellos definidos como tales en el artículo 3 de la Ley 26790, que aprueba la Ley de modificatorias.

h). Planilla Electrónica

Es el documento llevado a través de los medios informáticos desarrollados por la SUNAT, en el que se encuentra la información de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación -modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes.

La Planilla Electrónica se encuentra conformada por la información del Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) y la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) que se elabora obligatoriamente a partir de la información consignada en dicho registro.

i). Entidades de la Administración Pública

Aquellas que se encuentran definidas por el artículo I del Título Preliminar de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativos General, con exclusión de las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

Cuando se mencionen artículos o disposiciones sin señalar la norma a la que corresponden, la mención se entenderá referida a los del presente Decreto Supremo”.

“Artículo 4º. Contenido de la Planilla Electrónica

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la SUNAT, elaborará y aprobará, mediante Resolución Ministerial:

a). La información de la Planilla Electrónica.

b). Las Tablas Paramétricas.

c). La estructura de los archivos de importación, así como los instrumentos que resulten necesarios para el uso de la Planilla Electrónica.

La SUNAT podrá efectuar las modificaciones posteriores de los rubros establecidos en el primer párrafo del presente artículo, mediante Resolución de Superintendencia, previa coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”.

“Artículo 5º. Cronograma de presentación de la Planilla Mensual de Pagos (PLAME)

Mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT establece el cronograma de presentación del PLAME”.

Artículo 2. Incorporación de los artículos 4º-A y 4º-B del Decreto Supremo nº 018-2007-TR

Incorpórense los artículos 4º-A y 4º-B al Decreto Supremo nº 018-2007-TR, en los siguientes términos:

“4º-A. Registro de Información Laboral (T-REGISTRO).

El empleador deberá registrarse, así como a sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación -modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes, de acuerdo a los siguientes plazos:

a). Trabajador, prestador de servicios a que se refiere el numeral ii) del literal d) el artículo 1º del presente Decreto Supremo, personal en formación -modalidad formativa laboral y otros, y personal de terceros: Dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados.

Excepcionalmente:

– En el caso del prestador de servicios a que se refiere el numeral i) del literal d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, el registro se efectuará en el PLAME.

– En el caso del prestador de servicios a que se refiere el numeral iii) del literal d) del artículo 1º del presente Decreto Supremo, el registro se efectúa hasta el día de vencimiento o presentación de la declaración de los aportes a ESSALUD.

b). Pensionista: El primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo el devengo de la primera pensión.

c). Derechohabientes: El primer día hábil siguiente a la comunicación que efectúe el trabajador, pensionista y prestador de servicios a que se refiere el numeral iii) del inciso d) del artículo 1 al empleador, respecto de sus derechohabientes.

Sin perjuicio de los plazos señalados, el empleador podrá realizar el registro en oportunidad anterior a las fechas señaladas.

El empleador deberá registrar sus datos de manera previa al registro de los sujetos señalados en los literales a), b) y c) del primer párrafo.

Cualquier modificación o actualización de los datos de la información existente en el T-REGISTRO, deberá ser efectuada por el empleador dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de haber ocurrido el evento o en la fecha en que el empleador tuvo conocimiento.

La baja de los sujetos registrados deberá ser efectuada dentro del primer día hábil siguiente a la fecha en que se produjo el término de la prestación de servicios, la suspensión o fin de la condición de pensionista. el fin de la obligación de realizar aportaciones a ESSALUD o el fin de la condición de derechohabiente, según corresponda.

El empleador debe entregar a los trabajadores, prestadores de servicios a que se refieren los numerales ii) y iii) del literal d) del artículo 1º del presente Decreto Supremo, la constancia de alta, modificación o actualización, así como de baja que se efectúe en el T-REGISTRO, de acuerdo a los siguientes plazos:

a). Alta en el Registro: El día hábil siguiente del inicio de la prestación de servicios.  

b). Modificación o actualización de datos: Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que se produjo la modificación o actualización.

c). Baja en el Registro: Sólo en aquellos casos que sea solicitado, ésta se deberá entregar dentro de los dos (02)  días calendario siguiente de la fecha en que se presentó la solicitud.

Se entenderá cumplida la obligación cuando el empleador remita la constancia generada por el T-REGISTRO, a través de medios físicos o electrónicos, siempre que se acredite la recepción de la misma por parte de los destinatarios.

La Autoridad Administrativa de Trabajo podrá solicitar a los empleadores, con carácter general o particular y en las condiciones y plazos que ésta determine, la actualización total de sus datos y condición de empleador, así como los datos contenidos en el T-REGISTRO.

La obligación de registrar, a que se refiere el presente artículo, se efectúa a través de los medios informáticos que establezca la SUNAT.

La información del T-Registro podrá ser actualizada, modificada o dada de baja de oficio de manera automática cuando:

1).  Los sujetos inscritos en T-Registro hayan actualizado o modificado sus datos de identificación en el RENIEC, y la SUNAT disponga de dicha información. Asimismo, se procederá a la actualización o modificación de los datos del empleador, respecto del nombre o razón social y de los establecimientos, cuando esta información haya sido actualizada p modificada en el RUC.

2). En los casos de fallecimiento del sujeto inscrito en T-Registro, cuya defunción se encuentre inscrita en RENIEC y hubiese sido informada a la SUNAT.

3). Tratándose de los derechohabientes, se procederá a la baja de oficio cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones:

3.1.) Cuando el hijo menor de edad, adquiera la mayoría de edad y no se hubiera comunicado el vínculo como hijo mayor de edad incapacitado.

3.2.) Cuando culmine el periodo de gestación, en el caso de la gestante.

3.3.) Cuando el derechohabiente adquiera la condición de asegurado regular de ESSALUD.

3.4) Cuando el empleador hubiera registrado la baja del trabajador, pensionista o prestador de servicios a que se refiere el numeral iii) del inciso d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo.

3.5.) Cuando el trabajador, pensionista o prestador de servicios a que se refiere el numeral iii) del inciso d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, deja de tener la condición de asegurado regular de ESSALUD.

3.6) Cuando el trabajador, pensionista o prestador de servicios a que se refiere el numeral iii) del inciso d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, no registre periodos de aportación a ESSALUD en los últimos doce (12) periodos.

Las modificaciones posteriores de los casos previstos en el presente artículo o la inclusión de nuevos casos, serán efectuadas por la SUNAT, a través de Resolución de Superintendencia, previa coordinación con el MTPE”.

4º-B.- Planilla Mensual de Pagos (PLAME)

La presentación del PLAME que se realice ante la SUNAT debe contener la información correspondiente al mes calendario precedente a aquél en que vence el plazo para dicha presentación, de acuerdo al cronograma que establezca la SUNAT según lo señalado en el artículo 5 del presente Decreto Supremo.

Las remuneraciones e ingresos declarados en el PLAME deben ser los devengados y/o pagados al trabajador, pensionista, prestadores de servicios señalados en los numerales ii) y iii) del inciso d) del artículo 1, según corresponda; los efectivamente pagados al prestador de servicios señalado en el numeral i) del inciso d) del artículo 1 y al personal en formación -modalidad formativa laboral y otros, así como los descuentos, tributos, aportes y contribuciones vinculados a dichos sujetos. Tratándose del personal de terceros, contendrá la base de cálculo del aporte al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a cargo de ESSALUD:

Si con respecto a la información correspondiente a la que aluden los párrafos anteriores, el empleador utiliza una fecha de inicio y cierre mensual distinta al primer y último día de dicho mes:

i) La referida información será atribuida al mes calendario precedente a aquél en que vence el plazo para dicha presentación siempre que la fecha de cierre corresponda al mismo.

ii) El plazo entre la fecha de inicio y cierre mensual que utilice el empleador, no podrá exceder de 31 días calendario”.

Artículo 3º. Rectificación o sustitución de la información del PLAME

La rectificación o sustitución de la información declarada en el PLAME se efectúa observando las siguientes disposiciones:

a). Si la declaración original se presentó utilizando el PLAME, la declaración sustitutoria o  rectificatoria debe efectuarse a través de dicho medio.

b). Se ingresan nuevamente todos los datos del concepto cuya declaración se sustituye o rectifica, inclusive aquella información que no se desea rectificar o sustituir.

Artículo 4º.- Autorización de uso de la información

La información de la Planilla Electrónica podrá ser utilizada por la SUNAT para el cumplimiento de sus funciones establecidas por ley o en el cumplimiento de obligaciones establecidas en los convenios interinstitucionales de recaudación de conceptos que se obtengan a través del PLAME, previa coordinación con el MTPE.

Artículo 5º. Fiscalización

Los Inspectores del Trabajo están facultados para solicitar la planilla electrónica inclusive en medios digitales. En caso de verificarse durante una visita inspectiva el incumplimiento de las obligaciones relacionadas a la Planilla Electrónica, se impondrán las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 019-2006-TR.

La falta de incorporación en el T-REGISTRO, será sancionada como una falta grave por cada trabajador afectado, conforme al numeral 24.1 del artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo nº 019-2006-TR.

Artículo 6º. Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

Disposiciones Complementarias Finales

Primera.- Las menciones de la legislación vigente a la Planilla Electrónica, se entienden referidas tanto al T-REGISTRO como al PLAME.

Segunda.- Sin perjuicio de lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, el presente Decreto Supremo entra en vigencia el 01 de julio del 2011, salvo lo referido a la implementación de T-Registro en el caso de los derechohabientes, así como la utilización de la información del T-Registro por parte de la SUNAT respecto a dichos sujetos, supuestos en los cuales las disposiciones que los regulan entran en vigencia el 01 de febrero del 2011.

Disposiciones Complementarias Transitorias

Primera.- Del 01 de febrero al 30 de junio del 2011, el alta de los derechohabientes que comuniquen al empleador los trabajadores, pensionistas o prestadores de servicios a que se refieren el numeral iii) del literal d) del artículo 1 del Decreto Supremo nº 018-2007-TR, se efectuará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al del vencimiento del pago de las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD), correspondientes al periodo de incorporación.

Segunda.- Para efectos de la implementación del T-REGISTRO respecto de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios referidos en los numerales ii) y iii) del literal d) del artículo 1 del Decreto Supremo nº 018-2007-TR, personal en formación -modalidades formativas laborales y otros, y personal de terceros, la SUNAT realizará un proceso de carga inicial de información tomando como base la obtenida del PDT – Planilla Electrónica Formulario Virtual nº 601 que, por los periodos tributarios febrero, marzo o abril del 2011, hubiera sido recibida hasta el 31 de mayo del 2011.

Se consideran inscritos en el T-REGISTRO a los sujetos incluidos en la carga inicial a que se refiere el párrafo anterior.

El empleador mediante el uso del aplicativo del T-REGISTRO podrá verificar la información de los sujetos considerados inscritos a fin de proceder, según corresponda, a la baja, modificación, actualización o de ser necesario, a completar algún dato faltante. Asimismo procederá a registrar antes de la fecha de vencimiento o presentación del PLAME del periodo junio del 2011, a aquellos sujetos cuyo vínculo se haya iniciado con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Supremo, y no hayan sido inscritos en el registro, siempre que el vínculo se mantenga vigente para el periodo en mención.

Los trabajadores, prestadores de servicios a que se refieren los numerales ii)  y iii) del literal d) del artículo 1 del Decreto Supremo nº 018-2007-TR, que hayan sido incorporados  directamente en el T-REGISTRO, podrán solicitar a sus empleadores la entrega de la Constancia de Alta, la cual respalda su incorporación en el Registro. los empleadores deberán cumplir con esta obligación en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

Tercera.- Tratándose de los derechohabientes, se consideran inscritos en el T-Registro aquellos que se hubieran informado  través del PDT Planilla Electrónica – Formulario Virtual 601 presentados hasta el 27 de enero del 2011, siempre que se encuentren identificados con el DNI, Carné de Extranjería o pasaporte y el vínculo familiar declarado se encuentre vigente. Asimismo, en el caso de derechohabientes que hayan sido registrados con partida de nacimiento, y que de acuerdo a la información que la SUNAT disponga, cuenten con DNI, se considerará su inscripción en dicho documento.

El empleador mediante el uso del aplicativo del T-REGISTRO podrá verificar la información de los derechohabientes considerados inscritos a fin de proceder, según corresponda, a la baja, modificación, actualización o de ser el caso, a completar algún dato faltante. Asimismo procederá a dar de Alta a aquellos derechohabientes que le hubieran sido informados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo y no hayan sido considerados inscritos en el T-Registro.

Disposición Complementaria Derogatoria

Única. Déjense sin efecto las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo.

Dada en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.

ALÁN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República

MANUELA GARCIA COCHAGNE, Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo 

01Ene/14

Decreto Supremo 26-93-ITINCI, de 12 de octubre de 1993, dicta normas reglamentarias de la Ley del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP)

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo nº 024-93-ITINCI, se ha derogado el Decreto Supremo nº 065-83-ITI/IND, Reglamento de la Ley nº 23560, –Ley del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú;

Que es necesario dictar nuevas normas reglamentarias de la citada Ley, que concuerden con la política de defensa de los consumidores y la libertad de comercio, recogida en el ordenamiento legal vigente;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 11) del artículo 211º. de la Constitución Política del Perú, artículo 3º. del Decreto Legislativo nº 560, e inciso d) del artículo 2º. del Decreto Ley nº 25868;

DECRETA:

Artículo 1º.- El uso del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú a que se refieren la Ley nº 23560 y el Decreto Supremo nº 060-83-ITI/IND del 10 de noviembre de 1983, es obligatorio en todas las actividades que se desarrollen en el país y debe expresarse en todos los documentos públicos y privados. Esta obligación se hará exigible de acuerdo a las necesidades del país, de manera progresiva y conforme a las disposiciones complementarias que expida el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, con el Informe Técnico del Servicio Nacional de Metrología del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI.

Artículo 2º.- En el caso de Unidades de Medida que puedan ser representadas físicamente, se tendrá el Patrón Nacional, el cual será aferido con patrones internacionales o de otros países.

En el caso de Unidades de Medida que no puedan ser representadas físicamente, se dispondrá de un sistema de medición equivalente que constituirá el método – patrón de referencia nacional.

Artículo 3º.- El Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI difundirá el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú y absolverá las consultas que formulen los organismos del sector público y privado, llevando a cabo las actividades que, conforme a su presupuesto, le permitan la mayor difusión de este sistema.

Artículo 4º.- Todos los Patrones Nacionales, así como los métodos patrón de referencia nacional estarán a cargo del Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI, el que se encargará de su custodia, conservación y mantenimiento.

Asimismo, el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI tendrá a su cargo la formación, custodia, conservación y mantenimiento de patrones secundarios y de trabajo, de acuerdo a las necesidades del país.

Artículo 5º.- El Servicio Nacional de Metrología dispondrá de las colecciones debidamente escalonadas de Patrones Secundarios y de trabajo necesarios y convenientes para efectuar todos los servicios metrológicos que le sean solicitados.

Artículo 6º.- Los organismos públicos y privados podrán solicitar la aferición y otorgamiento de certificación de sus patrones al Servicio Nacional de Metrología, previo pago del costo del servicio, así como a otros organismos públicos o privados dedicados a esta actividad, conforme a las disposiciones de la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias del INDECOPI.

Artículo 7º.- Todo medio de medición utilizado en operaciones de carácter comercial, valorización de servicios de trabajos, pruebas periciales, oficinas públicas y en todas aquellas actividades que determinen los organismos competentes, deberá encontrarse aferido.

Los proveedores o propietarios de medios de medición son responsables por el correcto funcionamiento de los mismos, los cuales deberán estar calibrados de acuerdo a las Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias del INDECOPI.

Artículo 8º.- Se entiende por medio de medición, todo instrumento o medio que se utilice para la ejecución de mediciones y cuyas propiedades están determinadas en las normas metrológicas.

Se entiende por control metrológico, el conjunto de operaciones tendientes a establecer si un medio de medición cumple con las exigencias establecidas en las normas metrológicas correspondientes.

Se entiende por aferición, la ejecución de un número determinado de operaciones sobre un medio de medición que están establecidas en una Norma Metrológica, con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado.

Artículo 9º.- El Servicio Nacional de Metrología, al expedir las certificaciones solicitadas voluntariamente por los interesados, deberá indicar lo siguiente:

1. Nombre, razón social o denominación y domicilio del solicitante.

2. Nombre, razón social o denominación y domicilio del fabricante del medio de medición.

3. Referencias completas para identificar plenamente el medio de medición a que se refiere la aprobación.

4. Empleo o utilización del medio de medición

5. Métodos y Medios de calibración o aferición.

6. Resultados obtenidos.

7. Otras consideraciones del Servicio Nacional de Metrología.

Artículo 10º.- El control metrológico de los medios de medición utilizados en las transacciones comerciales será efectuado por la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, de acuerdo a sus facultades, con el propósito de constatar si el medio de medición mantiene correctas sus cualidades metrológicas y si sus errores están dentro de los máximos tolerados legalmente.

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI realizará los controles metrológicos a través de operativos sorpresivos y selectivos, teniendo la facultad de aplicar las sanciones a que se refiere el párrafo siguiente en caso de detectar irregularidades.

Las sanciones a imponerse a los infractores como consecuencia de un control metrológico son las siguientes

a) Amonestación.

b) Multa, cuyo rango puede ser desde 0.01% de la UIT hasta un máximo de 50 UIT.

c) Decomiso y destrucción del medio de medición;

d) Clausura temporal del establecimiento o negocio;

e) Clausura definitiva del establecimiento o negocio. Esta sanción sólo procederá en caso que el proveedor haya sufrido por tres veces la sanción de clausura temporal.

Conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo nº 716, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, aplicará y graduará la sanción atendiendo a la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor por razón del hecho infractor y la reincidencia o reiterancia del proveedor.

Artículo 11º.- El Servicio Nacional de Metrología, en coordinación con la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias, representará al país en eventos nacionales e internacionales de su competencia.

Artículo 12º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE. 

01Ene/14

DG  MARKT XV D/5070/99/final WP 24

Dictamen 99/6, sobre el nivel de protección de los datos personales en Hungría, aprobado el 7 de septiembre de 1999 por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (DG XV D 5070/99/final WP 24)

 

WP 24 Grupo de trabajo sobre la protección de las personas por lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Dictamen 6/99 sobre el nivel de protección de los datos personales en Hungría.

Aprobado el 7 de septiembre de 1999

Se informó al Grupo(1) que la Comisión Europea prepara un proyecto de decisión basado en el apartado 6 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, en el que se constata que Hungría, a resultas de su legislación interna, garantiza un nivel de protección adecuado, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de dicha Directiva.

Con vistas a dar un dictamen a la Comisión Europea, asistida por el Comité creado por el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE, el Grupo ha procedido a efectuar un análisis de las disposiciones de protección de datos aplicables en Hungría(2) .

1. La protección de datos personales se regula por la ley LXIII promulgada el 17 de noviembre de 1992 que entró en vigor el 1 de mayo de 1993 y fue posteriormente modificada(3). El ámbito de aplicación de esta ley es más amplio que la protección de los datos personales, ya que fija también el régimen aplicable al acceso del público a documentos administrativos. El Defensor del Pueblo, nombrado el 30 de junio de 1995 por el Parlamento, y cuyos poderes vienen dados por la ley, tiene competencia en el control de la aplicación de ambas normativas.

Por lo que respecta a protección de datos personales, es conveniente señalar asimismo:

– los compromisos internacionales de Hungría, tras haber de la ratificado, el 8 de octubre de 1997 el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de los datos personales (Convenio nº 108)

– la protección en el texto constitucional de la vida privada, en particular por lo que se refiere al tratamiento de los datos personales(4)

– la existencia de leyes sectoriales con preceptos de protección de datos personales en ámbitos tan distintos como los servicios secretos, las estadísticas, la prospección comercial, la investigación científica y, más recientemente, el sector de la sanidad.

2. En opinión del Grupo, la ley húngara sobre protección de datos garantiza un nivel de protección adecuado.

(1) Creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 24 octubre 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281, 23 de noviembre de 1995, p. 31. Puede consultarse en: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/dataprot/index.htm.

(2) Para tener información más precisa sobre determinados puntos, el Presidente del Grupo escribió cartas al Defensor del Pueblo húngaro con fechas de 22 de marzo y 19 de abril de 1999. Éste respondió el 25 de marzo y 23 de abril de 1999.

(3) Véase en último lugar la ley nº LXXII de 22 de junio de 1999 que introduce el concepto de “subcontratista” en la legislación húngara.

(4) La traducción inglesa establecida por las autoridades húngaras del artículo 59 de la constitución reza: “(1) In the Republic of Hungary everyone is entitled to the protection of his or her reputation and to privacy of the home, of personal effects, particulars, papers, records and data, and to the privacy of personal affairs and secrets. (2) For the acceptance of the law on the protection of the security of personal data and records, the votes of two thirds of the MPS present are necessary.”

En su documento de trabajo aprobado el 24 de julio de 1998 relativo a las transferencias de datos personales hacia terceros países(5), el Grupo explicó las exigencias de la Directiva y enumeró los elementos concretos que deberían tenerse en cuenta para la evaluación del nivel de protección adecuado.

A la vista de un cuadro de correspondencias entre las exigencias de la Directiva y las preceptos de la ley húngara, resulta que ésta, que se aplica a los tratamiento automatizados de datos y a los tratamientos manuales(6), prevé el conjunto de principios enumerados en el documento de trabajo antes citado, tanto por lo que respecta a los principios de protección de las personas como a los mecanismos encaminados a garantizar una aplicación efectiva de los principios básicos.(7)

En conclusión, el Grupo recomienda a la Comisión y al Comité establecido por el artículo 31 de la Directiva 95/46/EC constatar que Hungría garantiza un nivel de protección adecuado según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 25 de esta Directiva.

(5) Disponible en el sitio indicado en la nota 1.

(6) Documento 5002/99, disponible en los servicios de la Comisión Europea, Dirección General XV “Mercado interior y servicios financieros”, Unidad E1 “Libre circulación de la información, protección de datos”, Rue de la Loi 200, B – 1049 Bruselas.

(7) Se aclaró que la definición de tratamiento engloba la recogida de datos (“adatok felvétele” en húngaro).

Resulta en particular de las informaciones proporcionadas por el Defensor del Pueblo que:

– la afiliación sindical, aunque no se recoja en la lista de datos sensibles fijada por el apartado 1 del artículo 2 de la ley, se considera en la práctica como un dato sensible debido a las opiniones políticas que revela

– el Defensor del Pueblo dispone de poderes para actuar en juicio o ante las autoridades competentes, cuando constata una infracción penal o una falta disciplinaria

– de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 16 de la ley, no pueden darse excepciones en cuanto a derechos de las personas excepto si proceden de un acto legislativo. A este respecto, se proporcionaron los textos legales relativos a la policía (Act XXXIV of 1994), a los servicios competentes para la seguridad nacional y a la fiscalidad

– en caso de recogida de datos de carácter personal a partir de un fichero existente, de conformidad con lo dispuesto en la segunda frase del apartado 2 del artículo 6 de la ley, la información de las personas interesadas puede garantizarla una publicación en el Diario Oficial de la República de Hungría

01Ene/14

DG  MARKT  XV D/5146/99/final WP 27

Dictamen 99/7, relativo al nivel de protección de datos previsto por los principios de “puerto seguro” hechos públicos, junto con las preguntas más frecuentes y otros documentos relacionados, el 15 y 16 de noviembre de 1999 por el Departamento de Comercio de los EE.UU., aprobado el 3 de diciembre de 1999 por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (DG XV D 5146/99/final WP 27).

WP 27 Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales

Dictamen 7/99, relativo a el nivel de protección de datos previsto por los principios de “puerto seguro” hechos públicos, junto con las preguntas más frecuentes y otros documentos relacionados, el 15 y 16 de noviembre de 1999 por el Departamento de Comercio de los EE.UU.

Aprobado el 3 de diciembre de 1999

El Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales

Creado en virtud de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(1),

Visto el artículo 29 y la letra b) del artículo 30 de la Directiva,

Vistas sus normas de procedimiento y, en particular, sus artículos 12 y 14,

Ha aprobado el presente Dictamen 7/99:

 

Introducción

El Grupo de trabajo reafirma su política general sobre la metodología para evaluar la adecuación de la protección de datos en terceros países, resumida en su Documento de trabajo de 24 de julio de 1998 (WP 12: “Transferencias de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva sobre protección de datos de la UE”(2)).

El Grupo de trabajo ha seguido de cerca las conversaciones entre la Comisión y el Departamento de Comercio de los EE.UU., les otorga importancia y considera útil el enfoque de “puerto seguro”. Desea contribuir al éxito de los resultados de estas conversaciones y cree que éste dependerá de que se responda a ciertas preocupaciones básicas.

En este contexto, el Grupo de trabajo recuerda que las versiones anteriores de los principios de “puerto seguro” y de las preguntas más frecuentes (FAQ) han sido objeto de los siguientes documentos:

1. Dictamen 1/99 de 26 de enero de 1999 (WP 15)

2. Dictamen 2/99 de 19 de abril de 1999 (WP 19)

3. Dictamen 4/99 de 7 de junio de 1999 (WP 21) y Documento de trabajo de 7 de septiembre de 1999 relativo a algunas de las FAQ (no hecho público)

4. Documento de trabajo de 7 de julio de 1999 (WP 23)

El presente Dictamen hace referencia a la versión más reciente de los principios de “puerto seguro”, las FAQ y los documentos relacionados hechos públicos el 15 y el 16 de noviembre de 1993. El Grupo de trabajo lamenta que, en un asunto de tanta importancia, se le concediera tan poco tiempo para adoptar su posición. Asimismo, observa que ninguno de los documentos se considera “final” y, por lo tanto, se reserva la posibilidad de cambiar de posición en relación con cualquier modificación posterior de los textos.

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31, disponible en: http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm

(2) WP 12 (5025/98): Documento de trabajo sobre transferencias de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva sobre protección de datos de la UE. Aprobado el 24 de julio de 1998 (11 lenguas). Se puede consultar en la dirección indicada en la nota 1.

 

El Grupo de trabajo observa que se han logrado algunos avances, pero deplora que, en la última versión de la documentación de EE.UU., únicamente se haya incluido una mínima parte de los comentarios que presentó en documentos anteriores. Por consiguiente, el Grupo de trabajo se reafirma en sus motivos generales de preocupación.

En lo tocante a una posible decisión de adecuación, y teniendo presentes los efectos concretos que tal decisión positiva tendría como punto de referencia para terceros países, el Grupo de trabajo considera que la seguridad jurídica de los principios de “puerto seguro” no debería limitarse a las entidades de los EE.UU., sino que debería abarcar también a las partes interesadas de la UE (responsables de ficheros que deseen transmitir datos a los EE.UU., afectados, autoridades de protección de datos). Desde su Dictamen 1/99, el Grupo de trabajo ha defendido constantemente el punto de vista de que, en lo relativo al fondo, “cualquier conjunto aceptable de principios de “puerto seguro” debe, como requisito mínimo, incluir todos los principios establecidos en las directrices sobre protección de la vida privada (Privacy guidelines) de la OCDE, adoptadas entre otros países por Estados Unidos, y que se volvieron a ratificar recientemente en la conferencia de Ottawa de la OCDE” celebrada en octubre de 1998.

 

Alcance y estructura

El Grupo de trabajo es de la opinión de que los principios de “puerto seguro” están diseñados para controlar el tratamiento de los datos transmitidos a los EE.UU. por responsables de ficheros de la UE. En relación con la recogida de datos personales de los particulares en la UE, el Grupo de trabajo recuerda que normalmente serán de aplicación las disposiciones legislativas nacionales por las que se transpone la Directiva. El Grupo de trabajo recuerda también que el nivel de adecuación establecido en virtud del apartado 6 del artículo 25 de la Directiva únicamente puede hacer referencia a la protección de las personas en relación con el tratamiento de los datos en el tercer país pertinente y no puede afectar al régimen jurídico establecido en la letra c) del artículo 4 de la Directiva. (3) Proyecto de los Principios internacionales de puerto seguro – 15 de noviembre de 1999; Borrador de las preguntas más frecuentes – 15 de noviembre de 1999 (FAQ 1 a 15), Resumen de la Decisión adoptada en virtud del apartado 6 del artículo 25; Carta de David Aaron a John Mogg a la que adjunta los principios de puerto seguro y las FAQ, etc. – 16 de noviembre de 1999; Carta de John Mogg a David Aaron a la que adjunta la Decisión adoptada en virtud del apartado 6 del artículo 25, etc. – 16 de noviembre de 1999.

(3) Los originales en inglés se pueden consultar en: http://www.ita.doc.gov/td/ecom/menu.htm

En lo que respecta al “puerto seguro”, el Grupo de trabajo recomienda definir de manera clara y sin ambigüedad su alcance tanto para los beneficiarios como para las categorías de transferencias de datos.

Según el cuarto párrafo de los Principios, los beneficios del “puerto seguro” surten efecto desde la fecha en que la entidad que desee acogerse a ellos notifique mediante autocertificación al Departamento Federal de Comercio o a su mandatario su adhesión a los principios. De acuerdo con la FAQ 6, estas cartas de autocertificación se deben enviar como mínimo una vez al año; el Departamento de Comercio (o su representante) “llevará una lista de las entidades que remitan cartas de autocertificación, dispensándoles los beneficios de “puerto seguro”. Asimismo, actualizará la lista con las cartas anuales” y las notificaciones relativas a las decisiones de incumplimiento. De conformidad con la FAQ 11, se indicarán en la lista las decisiones negativas contra participantes en el “puerto seguro”. A este respecto, el Grupo de trabajo observa lo siguiente:

1. El Departamento de Comercio no efectúa verificaciones previas para determinar si una entidad concreta cumple los criterios de adecuación (adhesión de su política de protección de la vida privada a los principios, jurisdicción de un órgano similar a la FTC para prácticas fraudulentas).

2. El requisito de la autocertificación anual está pensado para mejorar la fiabilidad de la lista; sin embargo, dado que la renovación de dicha autocertificación no es obligatoria, una entidad podría adherirse a los principios durante un año y, a continuación, retirarse del “puerto seguro”. Además, existe la posibilidad de que haya impostores no detectados que tarden un periodo significativo en desaparecer de la lista, periodo durante el cual los datos personales continuarían transfiriéndose con normalidad.

3. Las fusiones y absorciones son cada vez más frecuentes en el mundo empresarial en general y, en especial, en los negocios en línea. Es perfectamente posible que una entidad adherida a los principios se fusione o sea absorbida por otra entidad que no pueda o no desee adherirse al “puerto seguro”.

En su definición actual, los principios de “puerto seguro” son un sistema voluntario ofrecido a las entidades de EE.UU., basado en la autocertificación (FAQ 6) y la autoevaluación (FAQ 7), respaldado por disposiciones legales en caso de prácticas desleales o fraudulentas. Esto significa que, a menos que se presente e investigue una queja, y hasta el momento en que esto suceda, cualquier entidad de EE.UU. que afirme respetar los beneficios de “puerto seguro” tendría derecho a recibir datos personales de la UE. Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, el Grupo de trabajo insta a la Comisión a analizar métodos para garantizar la protección continua de los datos personales que puedan transmitirse a los siguientes tipos de entidades:

1. Entidades que nunca tendrían que haber aparecido en la lista porque no cumplen los criterios de aceptabilidad.

2. Entidades que, aunque aparecen en la lista, no cumplen los principios.

3. Entidades que, después de estar en la lista durante un año, dejan de estarlo el siguiente, porque no renuevan su autocertificación o porque dejan de ser aceptables en el “puerto seguro”.

4. Entidades que, después de aparecer en la lista, son absorbidas por una empresa que no cumple los requisitos de “puerto seguro” (porque no puede o porque no desea adherirse a los principios).

Entre los posibles métodos para garantizar la protección continua, el Grupo de trabajo invita a la Comisión a considerar la eliminación o supresión de los datos transmitidos a una entidad perteneciente a alguna de las categorías anteriores. Además, el Grupo de trabajo desearía recibir aclaraciones en cuanto a la posibilidad de que sigan siendo aplicables las disposiciones sobre prácticas fraudulentas de la Federal Trade Commission Act (Ley de la Comisión Federal de Comercio).

Por motivos de seguridad jurídica, el Grupo de trabajo reitera su preocupación por que la lista de beneficiarios sea completamente fiable, actualizada y de fácil acceso público.

En su Documento de trabajo de 7 de julio de 1999, el Grupo de trabajo ya solicitó aclaraciones sobre dos puntos específicos:

a) Sectores que quedarían excluidos del alcance del “puerto seguro” porque no están dentro de la jurisdicción de un órgano público similar a la FTC (p. ej.: datos de empleados o actividades de carácter no lucrativo).

b) Actividades que puedan quedar excluidas por la propia entidad adherida al “puerto seguro” gracias a la posibilidad de elección por parte de la empresa.

En relación con el punto a), el Grupo de trabajo concede la máxima importancia a las cartas del Presidente de la FTC, de 23 de septiembre de 1998 y 1 de noviembre de 1999. Estas cartas indican claramente que la jurisdicción de la FTC abarca actos desleales o fraudulentos únicamente si “afectan al comercio o a actividades comerciales”. Aparentemente, esto excluye la mayor parte de los datos tratados en relación con una relación laboral (FAQ 9), así como los datos tratados sin propósito comercial (p. ej.: actividades de carácter no lucrativo, investigación). Por tanto, el Grupo de trabajo recomienda que las transmisiones de datos pertenecientes a estas categorías se excluyan expresamente del “puerto seguro”.

En cuanto al punto b), el Grupo de trabajo observa que la FAQ 6 invita a las entidades a indicar las “actividades de la entidad cubiertas por su compromiso con los principios de “puerto seguro””. Esto implica que una misma entidad podría tener un pie en el “puerto seguro” y dejar el otro fuera de estos principios. El Grupo de trabajo es de la opinión de que esto crea incertidumbre jurídica (en especial en relación con el uso compartido de los datos dentro de una misma entidad) y solicita que se especifique con urgencia la noción de “actividades”.

Excepciones y exenciones

El Grupo de trabajo reitera su preocupación por el hecho de que la adhesión a los principios pueda estar limitada por cualquier “disposición legal o reglamentaria, o jurisprudencia” [letra b) del párrafo 5 de los principios] sin más calificación. Esto se aplica, aparentemente, a las leyes estatales así como a las federales, tanto existentes como futuras. Para garantizar la seguridad jurídica y la no discriminación en relación con otros niveles adecuación, el Grupo de trabajo recomienda facilitar criterios más precisos y ejemplos concretos para dichas excepciones y limitaciones, así como considerar con la adecuada importancia sus efectos. En cuanto a la necesidad de criterios más precisos, el Grupo de trabajo recomienda distinguir claramente entre opciones y obligaciones: la adhesión a los principios solamente debería limitarse en la medida necesaria para cumplir obligaciones legales o reglamentarias (que, en cualquier caso, prevalecen sobre los principios) pero no como resultado de opciones derivadas de la legislación de EE.UU., dado que esto provocaría un grave menoscabo de los principios.

Por motivos de transparencia y seguridad jurídica, el Grupo de trabajo considera esencial que la Comisión permanezca informada de toda normativa legal o administrativa que pueda influir negativamente en la adhesión a los principios.

En relación con la letra c) del párrafo 5, el Grupo de trabajo recomienda limitar dicho párrafo a las excepciones previstas en la Directiva, que incluyen todas las dispensas permisibles en las normas de Derecho interno de los Estados miembros. En cualquier caso, el Grupo de trabajo es de la opinión de que no se puede invocar ninguna excepción fuera de su contexto específico y que toda excepción se podrá utilizar exclusivamente para servir a su propósito específico.

Para el Grupo de trabajo constituye motivo de preocupación el hecho de que, además de las excepciones antes citadas, las FAQ incluyen una larga lista de excepciones adicionales que, en algunos casos, resultan en la exención de categorías de datos completas; esta afirmación se aplica en concreto a la extensa categoría de “datos de dominio público”, que pueden ser “de dominio público” de por sí e independientemente de posibles consideraciones de legitimidad de su tratamiento o de su precisión. El Grupo de trabajo observa que las Directrices de la OCDE no incluyen ninguna exención de este tipo y cree que la aceptación de dicha exención crearía un enorme vacío en la cobertura de la protección de datos.

 

Notificación

El Grupo de trabajo defiende su punto de vista, reiterado en todos sus Dictámenes anteriores, de que el acuerdo de “puerto seguro” (y especialmente cualquier decisión de adecuación) solamente concierne al tratamiento de datos transmitidos a terceros países por responsables de ficheros establecidos en la UE: los responsables de ficheros establecidos en la UE están sujetos a las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva, y esto mismo se aplicaría en circunstancias normales en la recogida de datos personales directamente de los particulares en la UE por una entidad de EE.UU. que recurra a medios, automatizados o no, situados en el territorio de un Estado miembro (artículo 4 de la Directiva).

En la actualidad, todo ello queda aceptado por parte de EE.UU. en la pregunta número 1 de la FAQ 14, relativa a productos médicos y farmacéuticos, y en la FAQ 9 relativa a datos sobre recursos humanos. No obstante, el principio de Notificación afirma lo siguiente:

“La notificación se hará la primera vez que se invite a los particulares a proporcionar a la entidad información personal o tan pronto como sea posible”.

La cita anterior implica, o podría malinterpretarse en este sentido, que la recogida de datos de particulares en la UE por una entidad de EE.UU. está regida por los principios de “puerto seguro” y no por las disposiciones nacionales por las que se transpone la Directiva. Así, sus consecuencias irían mucho más allá que el principio de Notificación. El Grupo de trabajo es de la opinión de que esto no cumple lo dispuesto en la Directiva (artículo 4) y recomienda que la frase citada más arriba sea eliminada y se sustituya por la afirmación clara de los siguientes puntos:

1. Cuando una entidad de EE.UU. tenga la intención de recoger datos personales directamente de particulares de la UE, debe cumplir las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (por ejemplo, los artículos 6, 7, 10, 14 y, cuando sea pertinente, el artículo 8).

2. Cuando el responsable de un fichero establecido en la UE transmita datos personales a la entidad de EE.UU., ésta deberá pedirle que indique los fines para los que se recogieron inicialmente dichos datos (esto es básico para decidir si se ha producido un cambio de los fines después de la transmisión, lo que desencadenaría la aplicación de los principios de Notificación y Opción, y contribuiría a asignar el riesgo y la responsabilidad).

El Grupo de trabajo sugiere que los puntos anteriores sean objeto de una nueva FAQ destinada a esclarecer el principio de Notificación.

Asimismo, el Grupo de trabajo recomienda modificar el principio de Notificación para garantizar que se informe cuando otra entidad haga uso de los datos.

En lo que respecta a la FAQ 4, el Grupo de trabajo observa que no está justificado que los cazatalentos procesen los datos sin el consentimiento de los particulares. Además, se hace referencia a “otras circunstancias en que la aplicación de estos principios perjudicaría los intereses legítimos de la entidad” que el Grupo de trabajo considera una excepción demasiado ambigua.

El Grupo de trabajo hace notar que ha recibido el texto de la FAQ 14 sobre productos médicos y farmacéuticos hace muy poco tiempo y que éste plantea diversas dudas, sobre todo el uso de los datos para fines incompatibles con los relativos a la investigación científica.

 

Opción

El Grupo de trabajo reitera la opinión expresada en el Documento de trabajo de 7 de julio de 1999: dado que los principios no regulan la legitimidad de los criterios de tratamiento, es necesario reforzar el principio de Opción. En su versión actual, la combinación de los principios de Notificación y Opción permite utilizar los datos para fines distintos de los notificados sin necesidad de ofrecer la posibilidad de opción (a menos que dichos fines sean incompatibles o que los datos sean delicados), lo que incumple las Directrices de la OCDE (“Principio de limitación del uso”)(4). El Grupo de trabajo apoya la idea de que se debe ofrecer la posibilidad de Opción cuando se utilicen los datos para un fin compatible pero distinto.

El Grupo de trabajo comparte los puntos de vista de la Comisión expresados en la nota a pie de página referida al principio de Opción. Recomienda que la definición de datos delicados se haga coincidir con la Directiva (artículo 8) y considera que la opción únicamente puede ser la base de un tratamiento legítimo si se ha proporcionado la información adecuada.

(4) “Los datos personales no deben divulgarse, ponerse a disposición o utilizarse de ninguna otra forma para fines distintos de los especificados de conformidad con el párrafo 9 (Especificación del fin), con las siguientes excepciones:

a) con el consentimiento del sujeto de los datos; o bien

b) cuando lo autorice la ley.”

 

Transferencia ulterior

El Grupo de trabajo observa con cierta preocupación la adición a este principio de la última frase, que exime totalmente de responsabilidad a las entidades cuando transmitan la información a determinados terceros. Los particulares pueden verse desprotegidos de recursos jurídicos excepto contra la entidad transmisora de los datos, que podría haber actuado de manera imprudente al transmitir la información. El Grupo de trabajo recomienda considerar la posibilidad de reducir la exención de responsabilidad con objeto de mantener la responsabilidad de la entidad transmisora en casos de negligencia e imprudencia y exigir a dicha entidad transmisora que asista al particular en la satisfacción de sus derechos.

 

Seguridad

El Grupo de trabajo recomienda modificar la FAQ 10 para eliminar la frase relativa a que es innecesaria la presencia en el contrato de cláusulas sobre seguridad, dado que la legislación de diversos Estados miembros exige estas cláusulas en los contratos para el tratamiento dentro del mismo Estado miembro.

 

Integridad de los datos

El Grupo de trabajo recuerda que, en virtud del párrafo 8 de las Directrices de la OCDE, “los datos deberán ser pertinentes para los fines a los que se destinan y, en la medida necesaria para dichos fines, deberán ser precisos, completos y actualizados”.

Este principio de “puerto seguro” debería reflejar tal afirmación.

 

Acceso

El Grupo de trabajo recuerda que el Acceso es un principio fundamental para todo régimen de protección de datos que se precie, puesto que el Acceso es la raíz de la que se derivan todos los derechos del sujeto de los datos, y hace énfasis en que las excepciones a este principio fundamental solamente se permitan en circunstancias excepcionales, al tiempo que reitera la preocupación expresada en todos sus documentos anteriores sobre la amplitud y la ambigüedad de las excepciones y condiciones expresadas por los EE.UU. para el ejercicio de este derecho fundamental.

El Grupo de trabajo vuelve a expresar su opinión de que las consideraciones de coste son pertinentes para decidir las condiciones en que se puede ejercer este derecho, pero no pueden condicionar el propio derecho.

A diferencia de las Directrices de la OCDE(5), los principios de “puerto seguro” no reconocen el derecho del particular a recibir información “de forma fácilmente inteligible”. Además, el principio de Acceso limita el derecho de suprimir a los casos en que los datos sean inexactos (lo que es obvio). En su Dictamen 2/99, el Grupo de trabajo ya ha expresado el punto de vista de que, para que tenga sentido, el derecho de suprimir deberá aplicarse a todos los casos de tratamiento ilícito y que debería incluirse en los principios y no en las FAQ.

La FAQ 8 enumera una larga lista de excepciones al principio de Acceso. El Grupo de trabajo se alegra de que algunas de ellas, en comparación con la versión anterior de la FAQ, se hayan especificado o reducido. Sin embargo, la impresión general es que esta FAQ debilita el principio en lugar de ofrecer orientaciones para su aplicación. En particular, el Grupo de trabajo reitera sus objeciones a la pregunta 2 (noción poco clara) y a la pregunta 7. En cuanto a la pregunta 5, el Grupo de trabajo reafirma su opinión de que las circunstancias para denegar el acceso son demasiado amplias y ambiguas, y que el texto implica que tales consideraciones prevalecen automáticamente sobre el derecho de acceso. Le preocupa que esto dé como resultado un grave debilitamiento del nivel general de protección de los datos.

En lo que respecta a la pregunta 6, el Grupo de trabajo considera inadecuada la redacción del segundo párrafo y recomienda que se elimine o bien que se defina con mayor precisión para limitarlo a eliminar los abusos del derecho de acceso.

El Grupo de trabajo reitera asimismo su oposición a la pregunta 8, por los motivos ya expuestos en el Documento de trabajo de 7 de septiembre de 1999; además, el hecho de que la información sea de dominio público no priva al sujeto de los datos de su derecho de acceso.

(5) “Principio de participación individual”, punto iv de la letra a).

 

Aplicación

El Grupo de trabajo agradece la información detallada de los EE.UU. durante las últimas semanas de conversaciones (en especial: carta de la FTC, comparación de los mecanismos de resolución de litigios sobre protección de la intimidad del sector privado de EE.UU., FAQ 11, Memorándum sobre la Fair Credit Reporting Act). Esta información es valiosa y ha permitido al Grupo de trabajo hacerse una idea más global de los instrumentos de aplicación que podrían ponerse a disposición de los sujetos de os datos. Una vez analizada la citada información, el Grupo de trabajo plantea los siguientes motivos de preocupación:

1. Los mecanismos del sector privado existentes abordan exclusivamente las actividades en línea: BBB Online, Web Trust, TRUSTe (el subrayado es nuestro)(6).

2. Se puede ver un énfasis similar en la carta del Presidente de la FTC de 1 de noviembre de 1999 (párrafo 2: “secreto en línea”, “entorno Internet”; párrafo 3: mercado en línea, estudio de sitios web; párrafo 4: “políticas de protección de la intimidad en línea”, etc.; el subrayado es nuestro)(7).

3. Según el párrafo 4 de los principios, también se podrán acoger a los beneficios de “puerto seguro” las entidades sujetas a “disposiciones de naturaleza legal, reglamentaria, administrativa u otra (o a reglamentaciones de bolsas nacionales de valores, asociaciones registradas de agentes de valores, organismos de compensación autorizados o comités municipales de regulación de bolsas de valores) que protejan con eficacia el secreto de los datos personales”. No obstante, no se ha facilitado información sobre los organismos públicos que garantizarían la aplicación de esta enorme variedad de disposiciones legales.

En estas circunstancias, el Grupo de trabajo considera que el alcance de las decisiones de adecuación debería restringirse expresamente a los sectores para los que se haya recogido información suficiente y sin ambigüedades y ésta se haya analizado en relación con la existencia de mecanismos de aplicación. De hecho, ampliar el alcance más allá de este límite permitiría recurrir judicialmente la decisión, circunstancia no deseable para ninguna de las partes interesadas.

En relación con el principio de Aplicación, el Grupo de trabajo considera que debe incluir, para que resulte significativo, la indemnización por daños y perjuicios sufridos por los particulares como resultado de la vulneración de los principios: este es el punto de vista general del Grupo de trabajo y se aplica a cualquier tercer país (Documento de trabajo sobre transferencias de datos personales a terceros países; WP 12 de 24 de julio de 1998, página 14: “Reparación adecuada”). Cuando la legislación de los EE.UU. en vigor no establezca la reparación de los daños y perjuicios, la entidad privada debe estar preparada para ofrecer esta posibilidad como condición de adhesión al “puerto seguro”.

En la FAQ 11 (resolución de litigios y ejecución), el Grupo de trabajo ha observado que el texto aborda una serie de aspectos relativos a la aplicación que son tan fundamentales que deberían incluirse en el propio principio de Aplicación. Para crear la relación entre los distintos niveles de aplicación, es especialmente importante establecer la norma de que los organismos de resolución de conflictos remitan los asuntos no resueltos a la FTC. También se podrían añadir al principio los requisitos de que los mecanismos de resolución de conflictos sean transparentes y ágiles.

(6) Como se indica más arriba, las actividades en línea pueden incluirse en el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria cuando conciernen a la recogida de datos personales directamente de los particulares en la UE (véase Alcance y estructura, Notificación).

(7) El mismo comentario que en la nota 6.

 

Según la FAQ 11, los órganos de resolución de conflictos pueden introducir condiciones de admisibilidad de las quejas. El Grupo de trabajo considera que estas condiciones deberían ser explícitas, objetivas y razonables. Además, la negativa de aceptar a trámite las quejas debe estar debidamente motivada.

En general, el Grupo de trabajo observa que los acuerdos de aplicación en los EE.UU. tienen una estructura muy confusa, en la que no es posible identificar fácilmente los derechos que tienen los ciudadanos en caso de vulneración de los Principios. La FAQ 11 se limita a ofrecer una serie de recomendaciones que pueden dar lugar a una aplicación fragmentada e irregular.

FAQ 5: Función de las autoridades de protección de datos

El Grupo de trabajo ha debatido el texto de la FAQ 5 propuesto por los EE.UU. y su conclusión es que la función de las autoridades de protección de datos descrita en él no es factible práctica ni jurídicamente. En concreto, el Grupo de trabajo observa que la legislación nacional no proporciona a las autoridades nacionales las competencias necesarias para tratar las quejas por infracciones de las normas de protección de datos fuera de su jurisdicción.

Por otra parte, el Grupo de trabajo destaca que las autoridades nacionales están dispuestas a ofrecer su colaboración en forma de información y asesoramiento, si ello puede ser de utilidad en el marco del “puerto seguro”. Entiende que los EE.UU. han intentado lograr esta colaboración durante un periodo limitado tras el lanzamiento del “puerto seguro”.

En este contexto, el Grupo de trabajo invita a la Comisión a que investigue si esta oferta de información y asesoramiento, más el compromiso unilateral de la entidad de EE.UU. de que seguirá los consejos de las autoridades nacionales (compromiso que, en caso de incumplimiento, daría lugar a acciones de la FTC por fraude), podría ayudar a satisfacer los requisitos de la letra a) del principio de Aplicación del “puerto seguro”. En caso afirmativo, observa que las autoridades nacionales podrían estar preparadas para colaborar en este sentido durante un periodo inicial de tres años.

Además, el Grupo de trabajo indica que las autoridades nacionales desearían revisar este compromiso antes del fin de dicho periodo si el número de entidades de EE.UU. que eligen esta opción es tal que se concluya sin duda que este método se emplea como sustituto de los acuerdos adecuados de aplicación en los EE.UU., y no como un medio provisional para cubrir un vacío limitado. (8)

(8) Algunas delegaciones indicaron que se reservan su postura respecto a este párrafo.

El Grupo de trabajo también invita a la Comisión a investigar la función que podría ejercer un mecanismo a escala europea que, entre otros aspectos, podría facilitar un foro que ayudara a garantizar un enfoque coordinado y armonizado.

Proyecto de Decisión de la Comisión (de 24 de noviembre de 1999) El Grupo de trabajo desea llamar la atención de la Comisión sobre los siguientes puntos:

1. No hay ninguna referencia al trabajo llevado a cabo por el Grupo de trabajo a fin de establecer los criterios para evaluar la adecuación en terceros países (WP 12).

En opinión del Grupo de trabajo, la evaluación debería realizarse sobre estos criterios para garantizar un enfoque equilibrado y ecuánime en todos los países, independientemente de que sigan un enfoque legislativo o normativo para la protección de los datos. Además, debería incluir una referencia específica a los dictámenes emitidos por el Grupo de trabajo sobre el “puerto seguro” en los EE.UU., así como a sus lugares de publicación.

2. En cuanto al fondo de la Decisión, el Grupo de trabajo observa que los criterios de adhesión al “puerto seguro” no son los mismos en los textos de EE.UU. que en el proyecto de Decisión. Según los párrafos iniciales 3 y 4 de los Principios publicados por los EE.UU., las entidades pueden adherirse al “puerto seguro” por los siguientes métodos:

“a) integrándose en un programa de protección de la vida privada elaborado por el sector privado que siga los principios,

b) elaborando sus propias medidas de protección de la vida privada, siempre que se adecuen a dichos principios,

c) estando sujetas a disposiciones de naturaleza legal, reglamentaria, administrativa u otra, que protejan con eficacia el secreto de los datos personales.”

En virtud del artículo 1 del proyecto de Decisión de la Comisión, se consideran pertenecientes al “puerto seguro” las entidades que: “hayan manifestado de forma pública su compromiso de cumplir los Principios y queden bajo la jurisdicción de un organismo público independiente facultado para investigar las quejas y solicitar medidas provisionales contra las prácticas desleales o fraudulentas.”

Es necesario que los Principios se correspondan con la Decisión.

3. Asimismo, el Grupo de trabajo observa que el considerando 8 establece que la jurisdicción de la Federal Trade Commission está sujeta a diversas exclusiones legales. Sin embargo, no se indican expresamente los sectores excluidos ni tampoco se afirma que todos ellos estén cubiertos por otro organismo público.

Igualmente, debería incluirse una referencia a las disposiciones por las que se faculta al reducido número de organismos públicos mencionados para actuar contra las prácticas fraudulentas o desleales.

Dado que, para las entidades que deseen adherirse al “puerto seguro”, es una condición sine qua non estar sujetas a la jurisdicción de un organismo público facultado para actuar contra las prácticas desleales o fraudulentas, el Grupo de trabajo considera fundamental esclarecer este punto y que el alcance del “puerto seguro” se limite a los sectores regidos por un organismo público de este tipo.

4. El proyecto de Decisión de la Comisión no menciona la manera en que las entidades pueden verse privadas de los beneficios de “puerto seguro”; dicho de manera más sencilla, los procedimientos para su eliminación de la lista del Departamento de Comercio.

El único compromiso del texto de EE.UU. es indicar en la lista “toda notificación que reciba de los organismos de resolución de litigios, autorregulación y/o de la administración sobre cualquier incumplimiento sistemático de los principios o de las resoluciones de los organismos mencionados que haya sido cometido por entidades del puerto seguro. No obstante, se concederá un plazo de 30 días para notificar este extremo a dichas entidades así como la oportunidad de alegar”.

(FAQ 11)

Según el proyecto de Decisión, esta indicación negativa por parte del Departamento de Comercio de los EE.UU. únicamente puede dar lugar a la suspensión de las transmisiones de datos en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 2. En la actualidad, aunque se suspenda la transmisión de datos a una entidad en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 2, esta suspensión no quedaría reflejada porque la lista de EE.UU. no mostrará las decisiones de adecuación negativas tomadas en la UE. Sin embargo, es necesario garantizar que los operadores de la UE pueden confiar en la lista.

Además, en opinión del Grupo de trabajo, las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 2(9) para la suspensión de los flujos de datos podrían ser difíciles de cumplir en la práctica, lo que sería inaceptable cuando se están vulnerando los derechos de la persona. Para solucionar este aspecto, las palabras “perjuicio irreparable” del apartado 2 del artículo 2 deberían sustituirse por “perjuicio grave e inminente”.

(9) Apartado 2 del artículo 2: “Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán además ejercer su competencia de suspender los flujos de datos hacia una entidad que suscriba los Principios, para proteger a los particulares contra el tratamiento de sus datos personales, en los casos siguientes:

a) el organismo público de los EE.UU. mencionado en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 o el mecanismo independiente de recurso de los EE.UU. mencionado en la letra a) del Principio de Aplicación resuelven que se han vulnerado los principios

b) existen razones para creer que el mecanismo estadounidense de aplicación no ha tomado o no tomará las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión, existen grandes probabilidades de que se estén vulnerando los Principios y las autoridades competentes del Estado miembro han hecho esfuerzos razonables para notificárselo a la entidad y proporcionarle la oportunidad de alegar y la continuación de la transferencia provocaría un perjuicio irreparable a los afectados.

La suspensión cesará en cuanto se cumplan los Principios.”

5. El Grupo de trabajo observa que el apartado 3 del artículo 1 incluye el siguiente texto propuesto por los Estados Unidos: “Se considerará que el cumplimiento de la Fair Credit Reporting Act o la Financial Modernization Act estadounidenses garantizan un nivel adecuado de protección, si las actividades de una entidad entran en el ámbito de aplicación de una de ambas leyes”. En relación con estas leyes de EE.UU., el Grupo de trabajo llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que en el orden del día de la 17 reunión del 7 de junio se incluyó un análisis de la Fair Credit Reporting Act , pero no hubo tiempo de analizar dicha ley ni de evaluar su nivel de adecuación. En lo que respecta a la Financial Modernization Act, el Grupo de trabajo recibió su texto en fechas demasiado recientes.

A la luz de lo anterior, el Grupo de trabajo solamente podrá emitir un dictamen sobre el nivel de adecuación de ambas leyes después de haberlas analizado detalladamente. Mientras no haya una decisión sobre la adecuación de estas leyes, deberá eliminarse de la Decisión toda referencia a las mismas.

6. El Grupo de trabajo también considera que en el apartado 1 del artículo 2 debe incluirse la siguiente modificación:

“El artículo 1 se entenderá sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes de los Estados miembros para emprender acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de disposiciones distintas a los artículos 25 y 26 de la Directiva.”

Canje de notas (sin fecha, pero incluidas en el sitio web el 15 de noviembre)

El Grupo de trabajo desea llamar la atención de la Comisión sobre los siguientes aspectos:

1. El denominado periodo de gracia o fecha de entrada en vigor: Tanto el proyecto de carta de los EE.UU. como el proyecto de respuesta de la Comisión incluyen fórmulas al efecto de que la Comisión y los Estados miembros utilizarán la flexibilidad del artículo 26 para evitar interrupciones en los flujos de datos hacia las entidades de los EE.UU. durante un periodo determinado de conformidad con la decisión del apartado 6 del artículo 25 sobre el marco del “puerto seguro”. Esto proporcionará a las entidades de los EE.UU. la oportunidad de decidir si desean adherirse al “puerto seguro” y, en caso necesario, adaptar sus prácticas de información a los requisitos del “puerto seguro”.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con la Directiva, la Comisión solamente podrá actuar en relación con transferencias de datos a países terceros en los siguientes casos: a) un tercer país no garantiza un nivel de protección adecuado y la Comisión inicia negociaciones destinadas a remediar la situación (apartados 4, 5 y 6 del artículo 25), o b) cuando la Comisión decida que determinadas cláusulas contractuales tipo ofrecen garantías suficientes (apartado 4 del artículo 26), el Grupo de trabajo se pregunta en qué se piensa basar la Comisión para utilizar la flexibilidad del artículo 26 de la Directiva a fin de otorgar a las entidades de los EE.UU. tiempo suficiente para decidir si desean o no adherirse al “puerto seguro”.

2. Utilización de los contratos – Decisiones tomadas en virtud del artículo 26: En el proyecto de carta de los EE.UU. se afirma lo siguiente: “La Comisión y los Estados miembros consideran que los principios (de “puerto seguro” de los EE.UU.) pueden utilizarse en estos acuerdos para las disposiciones materiales sobre protección de datos… La Comisión ha iniciado conversaciones con los Estados miembros en el Comité del artículo 31… para adoptar una decisión en virtud del apartado 4 del artículo 26 que autorice, cuando proceda, los acuerdos tipo…”

Teniendo en cuenta que el Grupo de trabajo siempre ha sostenido que el análisis de la adecuación de las soluciones contractuales exige tomar en consideración un conjunto de cuestiones más amplio que el abordado en las soluciones marco, un compromiso de este tipo sería prematuro. No es preciso resaltar que en primer lugar se deben mejorar los principios de “puerto seguro” hasta que se consideren adecuados y solamente después podrá considerarse su inclusión en el contenido de los contratos tipo.

 

 

Conclusiones

En vista de las observaciones y recomendaciones anteriores, el Grupo de trabajo concluye que los acuerdos de “puerto seguro” propuestos, tal como quedan reflejados en las versiones actuales de los diversos documentos, continúan siendo insatisfactorios. El Grupo de trabajo invita a la Comisión a que inste a la parte estadounidense a realizar una serie de mejoras clave, en particular las siguientes:

Especificar el alcance del “puerto seguro” y, en especial, eliminar todo posible malentendido referido a que las entidades de EE.UU. pueden optar por basarse en los principios de “puerto seguro” en circunstancias en las que es de aplicación la propia Directiva.

Facilitar acuerdos más fiables que permitan identificar con seguridad a los participantes en el “puerto seguro” y evitar el riesgo de continuar otorgándoles los beneficios del “puerto seguro” cuando, por un motivo u otro, hayan sido eliminados de la lista.

Afirmar sin ningún asomo de duda que todos los participantes en el “puerto seguro” están sujetos a la jurisdicción de un organismo público con las facultades apropiadas para controlar su aplicación.

Establecer la norma de que los organismos de resolución de conflictos del sector privado deben remitir las quejas no resueltas a uno de estos organismos públicos.

Eliminar las generalizaciones y ambigüedades de las excepciones y exenciones permitidas, de manera que las excepciones sean precisamente eso, es decir, que se apliquen solamente cuando sea necesario y en la medida requerida, y que no sean invitaciones generales para hacer caso omiso de los principios. Esto cobra especial importancia en relación con el derecho de acceso.

Reforzar el principio de Opción, que es el elemento decisivo del enfoque de los EE.UU.

Estos puntos se han desarrollado con mayor detalle en las secciones anteriores del presente Dictamen y el Grupo de trabajo desearía que se tomaran en cuenta las consideraciones pertinentes.

Además, el Grupo de trabajo invita a la Comisión a revisar el artículo 2 del proyecto de Decisión para indicar claramente que ésta no afectará las facultades de aplicación de las autoridades nacionales competentes en lo que respecta a las disposiciones por las que se transpone la Directiva a las legislaciones nacionales, con excepción de sus artículos 25 y 26, así como para permitir la posibilidad de intervenir de conformidad con el apartado 2 del artículo 2 cuando puedan existir perjuicios “graves e inminentes” para los particulares en caso de no intervención.

Por último, el Grupo de trabajo destaca la importancia de continuar e incluso acelerar el trabajo sobre las cláusulas de los contratos tipo, con el objeto de tomar una o varias decisiones en virtud del apartado 4 del artículo 26, lo que constituye una parte importante de la simplificación y transparencia de las salvaguardias necesarias para la transmisión a zonas en las que no hay otros medios de garantizar la protección adecuada.

Hecho en Bruselas, a 3 de diciembre de 1999

Por el Grupo de trabajo

El Presidente

Peter J. HUSTINX

01Ene/14

Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Estado Mayor de la Defensa

Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Estado Mayor de la Defensa. (B.O.E. del 26 de septiembre de 2013).

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa gestiona determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 13 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española de Protección de Datos.

 

En su virtud,

 

DISPONGO:

 

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Estado Mayor de la Defensa, que se describen en el anexo I de esta orden.

 

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal del Estado Mayor de la Defensa, que figuran en el anexo II de esta orden.

 

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo II integrará los datos contenidos en estos ficheros en el “Sistema Integrado de Seguridad del EMAD” clasificado Reservado, conservándose, debidamente bloqueadas, las copias de seguridad que puedan existir.

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

 

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

 

Madrid, 18 de septiembre de 2013.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

 

ANEXO I.- Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos del Estado Mayor de la Defensa

Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS):

1. Fichero de Personal Civil y Militar del CIFAS.

2. Fichero de Registro de Documentación del CIFAS.

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN):

3. Fichero de Imágenes Institucionales del CESEDEN.

4. Fichero de Alumnos del ESFAS.

5. Fichero de Autores del CESEDEN.

6. Fichero de Comisiones de Servicio del CESEDEN.

7. Fichero de Conferenciantes del EALEDE.

8. Fichero de Alumnos de la EALEDE.

9. Fichero de asistentes a cursos organizados por el IEEE.

10. Fichero de Profesores del ESFAS.

11. Fichero de Proveedores del CESEDEN.

12. Fichero de Publicaciones del CESEDEN.

13. Fichero de Relaciones Institucionales del CESEDEN.

14. Fichero de Beneficiarios de Acción Social del CESEDEN.

15. Fichero de Control de Acceso del CESEDEN.

16. Fichero de Historias Clínicas del Personal Civil del CESEDEN.

17. Fichero de Historias Clínicas del Personal Militar del CESEDEN.

18. Fichero de Personal Civil del CESEDEN.

19. Fichero de Personal Militar del CESEDEN.

20. Fichero de Registro de Documentación del CESEDEN.

División de Estrategia y Planes (DIVESPLA):

21. Fichero de Filiaciones de Personal de DIVESPLA.

División de Logística (DIVLOG):

22. Fichero de Destinos del Personal Militar de la DIVLOG.

División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DIVCIS):

23. Fichero de Personal Militar del DIVCIS.

Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON):

24. Fichero de Registro de documentación del EMAD.

25. Fichero de Cursos de Formación OTAN.

26. Fichero de Personal Civil Funcionario del EMACON.

27. Fichero de Personal Militar del EMACON.

Secretaría del JEMAD (GABJEMAD):

28. Fichero de Relaciones Institucionales de la Secretaría del JEMAD.

Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE):

29. Fichero de Proveedores del EMAD.

30. Fichero de Comisiones de Servicio del EMAD.

Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD):

31. Fichero de Antiguo Personal Civil del EMAD.

32. Fichero de Candidatos del EMAD.

33. Fichero de Solicitantes de Destinos del EMAD.

34. Fichero de Personal Civil del EMAD.

35. Fichero de Personal Militar del EMAD.

Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD (JESES):

36. Fichero de Historias Clínicas Personal Militar del EMAD.

Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO):

37. Fichero de Personal Militar y Civil del MOPS.

38. Fichero de gestión de personal de Operaciones del EMO.

Unidad de Verificación Española (UVE):

39. Fichero de Personal Militar OSCE de la UVE.

40. Fichero de Beneficiarios de Acción Social de la UVE.

41. Fichero de Personal Militar de la UVE.

 

Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS)

 

1. Fichero de Personal Civil y Militar del CIFAS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil y militar dependiente del CIFAS para la gestión y seguimiento de la relación funcionarial, gestión y seguimiento del personal adscrito y sus vicisitudes, la tramitación de la documentación oficial propia de su condición de funcionario y la gestión de la formación y las comisiones de servicios realizadas ante el Estado Mayor de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil funcionario) y personal militar que depende del CIFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, lugar de nacimiento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: no se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS). C/ Joaquín Costa, 6, 28002 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

2. Fichero de Registro de documentación del CIFAS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la información recibida en el CIFAS, para el control y seguimiento de la entrada y salida de documentación del Organismo y su registro en la aplicación informática correspondiente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y afectados que figuren en la información remitida al CIFAS para su tramitación administrativa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a través de la información facilitada. Registros públicos que dan registro de entrada a la documentación dirigida al CIFAS. Administraciones públicas en el desarrollo de la tramitación administrativa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal. Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS). C/ Joaquín Costa, 6, 28002 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

 

3. Fichero de Imágenes Institucionales del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las imágenes recogidas durante las conferencias y actos institucionales realizados en las

instalaciones del CESEDEN, para su inclusión en la página web del centro y su utilización en publicaciones propias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Participantes en actos y conferencias organizadas por el CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de las imágenes recogidas por el CESEDEN durante los actos y conferencias.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Imagen/Voz.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

4. Fichero de Alumnos ESFAS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los alumnos nacionales y extranjeros que realizan cursos de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), y de sus familiares, para la organización de las actividades formativas, así como la tramitación de la documentación para la regularización de su estancia en España y los medios necesarios para su alojamiento y asistencia médica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: alumnos nacionales y extranjeros que realizan cursos de la ESFAS y sus familiares desplazados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades formativas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal, Email.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo y antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos de la Administración del Estado (organismos públicos a los que pertenecen los alumnos). Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y Ministerio de Asuntos Exteriores, con objeto de efectuar los trámites de visados y tarjetas de residencia. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Transferencias Internacionales de datos: Internacional: países miembros de organismos internacionales (OTAN) y países que no son miembros de la OTAN en virtud de acuerdos internacionales en materia de formación (internacional).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

5. Fichero de Autores del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los autores de las publicaciones del CESEDEN, para el mantenimiento de la relación de colaboración con los autores, la gestión del pago de sus honorarios y la realización de las publicaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados que son autores de publicaciones del CESEDEN y autores que no pertenecen a las FAS, pero participan en las publicaciones del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la información suministrada cuando se realiza el convenio de colaboración con el CESEDEN.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Email.

2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

3.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias y científicas.

4.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

6. Fichero de Comisiones de Servicio del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil y militar del CESEDEN para la gestión, justificación, reclamación y pago de los importes económicos devengados de las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar adscrito al CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. Administraciones públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma/Huella, N.º Registro de personal, Email.

2.º Características personales: datos de familia.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

4.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el abono de las cantidades correspondientes a las comisiones de servicio realizadas. Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

7. Fichero de Conferenciantes de la EALEDE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los conferenciantes que imparten cursos de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) en el CESEDEN, para la gestión de la relación negocial, la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil del CESEDEN y de otros organismos del Ministerio de Defensa, cargos públicos, y en general los conferenciantes que imparten cursos del EALEDE en el CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y entidades privadas a través de los acuerdos de colaboración con el EALEDE y Administraciones públicas a las que pertenecen los conferenciantes.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Email.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, lengua materna y sexo.

3.º Académicos y profesionales: formación titulaciones, experiencia profesional, pertenencia Colegios, Asoc. Profesionales.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

5.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios y fiscales.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Alumnos que participan en la acción formativa. Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

8. Fichero de Alumnos de la EALEDE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los alumnos de la EALEDE que realizan cursos en esta Escuela de Altos Estudios de la Defensa, para la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del aprovechamiento del curso; así como la realización del anuario de alumnos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar) y estudiantes que participan en las distintas actividades formativas del EALEDE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades formativas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, N.º Registro de personal, Email.

2.º Características personales: fecha nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.

3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

5.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios y fiscales.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Universidades y empresas a las que se realizan visitas de los alumnos. Otros órganos de la Administración del Estado (organismos públicos a los que pertenecen los alumnos). Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y Ministerio de Asuntos Exteriores. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Transferencias Internacionales de datos: países miembros de organismos internacionales (OTAN y UE) y países que no son miembros de la OTAN en virtud de acuerdos internacionales en materia de enseñanza (internacional).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

9. Fichero de asistentes a cursos organizados por el IEEE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los alumnos del CESEDEN que realizan cursos y seminarios del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), para la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Asistentes a los cursos que organiza el Instituto de Estudios Estratégicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades formativas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, N.º Registro de personal, Email.

2.º Características personales: nacionalidad, edad y sexo.

3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Organismos internacionales a los que se realizan visitas de los alumnos (OTAN, Consejo y Comisión UE en Bruselas).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

10. Fichero de Profesores de la ESFAS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los profesores que imparten cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y de Perfeccionamiento de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) en el CESEDEN, para la gestión de la relación negocial, la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Profesores que imparten cursos en la ESFAS, tanto empleados del CESEDEN y de otros organismos del Ministerio de Defensa u otras Administraciones Públicas como personal externo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y entidades privadas a través de los acuerdos de colaboración. Administraciones públicas mediante los convenios en materia de formación.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Email.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, lengua materna y sexo.

3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a Colegios/Asoc. Profesionales.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

5.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

11. Fichero de Proveedores del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o negocial con el CESEDEN para prestación de servicios o el suministro de bienes; con el objeto de realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y los pagos realizados a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación negocial o contractual con el CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal en el desarrollo de las relaciones negociales. Administraciones públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública (Registro de Empresas Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.

2.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, pertenencia Colegios/Asoc. Profesionales.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

4.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.

5.º Económicos, financieros y de seguros: datos deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios.

6.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el afectado.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el pago de los servicios prestados por los proveedores. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

12. Fichero de Publicaciones del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los suscriptores de las publicaciones del CESEDEN, para la realización de los envíos de las publicaciones realizadas por el Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Suscriptores de las publicaciones del CESEDEN: tanto empleados del CESEDEN, como cargos públicos del Ministerio de Defensa u otros organismos públicos, personal de entidades privadas o personas físicas que se hayan suscrito a las publicaciones del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la información que facilitan para el envío de las publicaciones. Entidades privadas y Administraciones públicas a las que pertenecen los suscriptores.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Email.

2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

13. Fichero de Relaciones Institucionales del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas, tales como personal militar de otros organismos, antiguos estudiantes del centro o altos cargos, para la organización de actos y conferencias y el envío de felicitaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: aquellas personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas, tales como personal militar de otros organismos, antiguos estudiantes del centro o altos cargos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de tarjetas de visita o comunicaciones verbales o escritas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas a las que pertenecen los asistentes a actos y conferencias.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Email.

2.º Circunstancias sociales: situación militar.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

14. Fichero de Beneficiarios de Acción Social del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los beneficiarios de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal militar y sus familiares, que se encuentran adscritos al CESEDEN, para la tramitación y gestión de dichos beneficios sociales, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: beneficiarios de becas y ayudas

concedidas por las Fuerzas Armadas (personal militar y sus familiares), que se encuentran adscritos al CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a través de las solicitudes de becas y ayudas. Fuentes accesibles al público (Boletín Oficial de Defensa). Administraciones públicas para la tramitación de las solicitudes (Ministerio de Administraciones Públicas).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, Marcas físicas, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, lugar de nacimiento, características físicas, edad, sexo, datos de familia, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos y autorizaciones.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo y datos no económicos de la nómina.

5.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de la nómina, subsidios y beneficios.

6.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

15. Fichero de Control de Acceso del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control de acceso a las instalaciones del CESEDEN, tanto para personal militar y civil adscrito al CESEDEN, como personal subcontratado o cualquier persona ajena que acceda a las instalaciones del Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Estudiantes. Visitantes que acceden a las instalaciones del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de la información suministrada y las imágenes capturadas por medio de videovigilancia. Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal militar y civil que acude al CESEDEN en virtud de comisiones de servicio.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Imagen/Voz, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

16. Fichero de Historias Clínicas del Personal Civil del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las historias clínicas del personal civil del CESEDEN, para prestar la asistencia sanitaria necesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal civil y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de trabajo ante la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de las revisiones de salud y la documentación aportada. Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.

4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

17. Fichero de Historias Clínicas del Personal Militar del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las historias clínicas del personal militar del CESEDEN, para prestar la asistencia sanitaria necesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal militar a través de las revisiones de aptitud psicofísica y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de trabajo ante la mutualidad del ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de las revisiones de salud y la documentación aportada y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.

4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

18. Fichero de Personal Civil del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil del CESEDEN para la gestión de la relación funcionarial o contractual, el pago de las nóminas y comisiones de servicio, la tramitación de las altas y las bajas laborales, la gestión de la formación del personal civil y la prevención de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil funcionario o laboral del CESEDEN).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, y experiencia profesional.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Organismos de la Seguridad Social y Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para la comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

19. Fichero de Personal Militar del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar del CESEDEN para la gestión y seguimiento de su historial militar, la valoración periódica de su capacidad psicofísica (según art. 83 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar), el pago de la nómina y comisiones de servicio, la gestión de la formación, la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad del ejército y la prevención de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar del CESEDEN).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

20. Fichero de Registro de documentación del CESEDEN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la información recibida en el CESEDEN, para el control y seguimiento de la entrada y salida de documentación del Organismo y su registro en la aplicación informática correspondiente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y afectados que figuren en la información remitida al CESEDEN para su tramitación administrativa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a través de la información facilitada. Registros públicos que dan registro de entrada a la documentación dirigida al CESEDEN. Administraciones públicas en el desarrollo de la tramitación administrativa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal, Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

División de Estrategia y Planes (DIVESPLA)

 

21. Fichero de Filiaciones de Personal de DIVESPLA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil y militar dependiente de DIVESPLA para la gestión y seguimiento de la relación funcionarial, gestión y seguimiento del personal adscrito y sus vicisitudes, la tramitación de la documentación oficial propia de su condición de funcionario y la gestión de la formación y las comisiones de servicios realizadas ante el Estado Mayor de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (civiles y personal militar).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: División de Estrategia y Planes (DIVESPLA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. División de Estrategia y Planes (DIVESPLA). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

División de Logística (DIVLOG)

 

22. Fichero de Destinos del Personal Militar de la DIVLOG.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar dependiente del JEMAD para la gestión y seguimiento de su destino en el extranjero, así como el control y seguimiento de los recursos humanos disponibles para el desarrollo de las distintas misiones encomendadas al Estado Mayor de la Defensa, planeamiento de fechas de relevo y cambios de situación durante el tiempo de destino en

vacantes en el extranjero. Control y seguimiento del personal militar que ha ocupado un puesto en el EMAD con anterioridad, tanto en territorio español, como en el extranjero.

Gestión y seguimiento del proceso de selección de candidatos para ocupar un puesto convocado por el EMAD, realización de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar dependiente del EMAD).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos, solicitudes de cambio de destino. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de trabajador.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: División de Logística (DIVLOG).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. División de Logística (DIVLOG). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DIVCIS)

 

23. Fichero de Personal Militar de la DIVCIS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar dependiente de DIVCIS para la gestión y seguimiento de su vida militar, la organización del servicio y la tramitación de los actos administrativos correspondientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DIVCIS).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. División de Sistemas de Infor. y Tel. (DIVCIS). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON)

 

24. Fichero de Registro de documentación del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la información recibida en el EMAD, para el control y seguimiento de la entrada y salida de documentación del Organismo y su registro en la aplicación informática correspondiente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y afectados que figuren en la información remitida al EMAD para su tramitación administrativa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a través de la información facilitada. Registros públicos que dan registro de entrada a la documentación dirigida al EMAD. Administraciones públicas en el desarrollo de la tramitación administrativa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal, Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

25. Fichero de Cursos de Formación OTAN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los solicitantes y asistentes a los cursos de formación OTAN, del EMAD y los Cuarteles Generales, para selección de alumnos y la gestión y seguimiento de las acciones formativas, así como la tramitación de las inscripciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: solicitantes y asistentes a los cursos de formación OTAN, del EMAD y los Cuarteles Generales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a través de las solicitudes de participación en los cursos de formación. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas (organismos donde esté destinado el afectado, y a través de las cuales realiza la tramitación de su solicitud e inscripción).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

Transferencias internacionales de datos: países miembros de la OTAN en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y siempre que dicho país organizase la actividad formativa y para ello requiriese la información.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Secretaría General del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

26. Fichero de Personal Civil Funcionario del EMACON.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar dependiente del EMACON para la gestión y seguimiento del personal adscrito, la tramitación de la documentación oficial propia de su condición de funcionario y la gestión de la formación y las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil dependiente del EMACON (personal funcionario).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, y N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.

4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: no se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Secretaría General del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

27. Fichero de Personal Militar del EMACON.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar dependiente del EMACON para la gestión y seguimiento del personal adscrito y sus vicisitudes, la tramitación de la documentación oficial propia de su condición de militar y la gestión de la formación y las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar dependiente del EMACON.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, y N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.

4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Secretaría General del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

Secretaría del JEMAD (GABJEMAD)

 

28. Fichero de Relaciones Institucionales de la Secretaría del JEMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas para la organización de visitas institucionales y el envío de invitaciones a actos y conferencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personas de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado. Fuentes accesibles al público. Administraciones Públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono profesionales.

2.º Circunstancias sociales: situación militar.

3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría del JEMAD.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Secretaría del JEMAD. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE)

 

29. Fichero de Proveedores del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o negocial con el EMAD y los tres ejércitos para prestación de servicios o el suministro de bienes; con el objeto de realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y los pagos realizados a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación negocial o contractual con el EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal en el desarrollo de las relaciones negociales. Administraciones públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública (Registro de Empresas Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.

2.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

4.º Información comercial: actividades y negocios y creaciones artísticas, literarias y científicas.

5.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

6.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el afectado.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

30. Fichero de Comisiones de Servicio del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil y militar del EMAD para la gestión, justificación, reclamación y pago de los importes económicos devengados de las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar adscrito al EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. Administraciones públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma/Huella, N.º Registro de personal, Email.

2.º Características personales: datos de familia.

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

4.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:

Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD)

 

31. Fichero de Antiguo Personal Civil del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil que ha sido dependiente del EMAD, para la expedición de los certificados correspondientes de prestación de servicios en el Estado Mayor de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Antiguos miembros del personal civil.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, y experiencia profesional.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

32. Fichero de Candidatos del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los interesados que presentan su candidatura para ocupar una plaza de personal laboral en el EMAD, para la gestión y seguimiento durante el proceso de selección de candidatos y la realización de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Candidatos para ocupar un puesto como personal laboral del EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de las solicitudes de cambio de destino y los organismos públicos donde están destinados actualmente.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, y experiencia profesional.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

6.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Publicación en los boletines oficiales de los datos a los que obligue la convocatoria.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

33. Fichero de Solicitantes de Destinos del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar que realiza la solicitud de cambio de destino a alguna de las unidades dependientes del EMAD, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para la valoración de su candidatura y la selección del personal.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar que realiza la solicitud de cambio de destino a alguna de las unidades dependientes del EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a través de las solicitudes de cambio de destino. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas (organismos del Ministerio de Defensa donde ha estado destinado el candidato).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.

2.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias.

3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:

Publicación en los boletines oficiales de los datos a los que obligue la convocatoria.

Transferencias internacionales de datos: Estados unidos, Federación de Rusia y demás países miembros de organismos internacionales donde se destine personal del EMAD.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

34. Fichero de Personal Civil del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal civil dependiente del EMAD para la gestión de la relación funcionarial o contractual, las nóminas y comisiones de servicio, la tramitación de las altas y las bajas laborales, la gestión de la formación, la prevención de riesgos laborales, la tramitación y gestión de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal civil y sus familiares, dependientes del EMAD, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil funcionario y laboral).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal y tramitación de solicitudes.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de familia, lugar de nacimiento, características físicas, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, y experiencia profesional.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios y beneficios, planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: no se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

35. Fichero de Personal Militar del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar dependiente del EMAD para la gestión y seguimiento de su historial militar, la valoración periódica de su capacidad psicofísica (según art. 83 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar), la gestión de la nómina y comisiones de servicio, la gestión de la formación y la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad del ejército, la prevención de riesgos laborales, la tramitación y gestión de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal militar y sus familiares, dependientes del EMAD, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar dependiente del EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal y tramitación de solicitudes.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios y beneficios, planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la comunicación de altas y bajas laborales.

Transferencias internacionales de datos: Estados Unidos, Federación Rusa y sedes de organismos internacionales donde se encuentre destinado el personal del EMAD.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD (JESES)

 

36. Fichero de Historias Clínicas Personal Militar del EMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las historias clínicas del personal militar adscrito al EMAD, para prestar la asistencia sanitaria necesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal militar a

través de las revisiones de aptitud psicofísica y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de trabajo ante la mutualidad del ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar adscrito al EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a través de la documentación aportada.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.

4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO)

 

37. Fichero de Personal militar y civil del MOPS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar y civil adscrito al MOPS para la gestión y seguimiento de su historial durante su pertenencia al mismo, solicitudes de comisiones de servicio, tramitación de altas y bajas de las distintas aplicaciones informáticas necesarias para el trabajo diario y para el acceso a las dependencias del EMAD.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: experiencia profesional.

5.º Detalles del empleo: puesto de trabajo.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios,

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

 

38. Fichero de gestión de personal de Operaciones del EMO.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para efectuar el control y seguimiento de personal dependiente del CMOPS, desplegado en operaciones militares en el extranjero.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar) y personal ajeno al Ministerio, pero relacionado con él en la prestación de determinados servicios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de trabajador.

6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: datos relativos a infracciones administrativas.

7.º Datos especialmente protegidos: salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos judiciales para investigación de fallecimientos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

Unidad de Verificación Española (UVE)

 

39. Fichero de Personal Militar OSCE de la UVE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar español y extranjero destinado en misiones internacionales desarrolladas en los países de la OSCE, para la gestión diplomática de su estancia en dichos países y la información a los países de la OSCE sobre los efectivos destinados a misiones en el extranjero.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en misiones internacionales desarrolladas en los países de la OSCE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, N.º de pasaporte diplomático.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

Transferencias internacionales de datos: Federación de Rusia, Estados Unidos y demás países de la OSCE.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Verificación Española (UVE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Unidad de Verificación Española (UVE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

 

40. Fichero de Beneficiarios de Acción Social de la UVE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los beneficiarios de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal militar y sus familiares, que están destinados en la UVE, para la tramitación y gestión de dichos beneficios sociales, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: beneficiarios de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas (personal militar y sus familiares), que se encuentran destinados en la UVE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal y otras personas distintas del afectado o su representante a través de las solicitudes de becas y ayudas. Fuentes accesibles al público (Boletín Oficial de Defensa). Administraciones Públicas para la tramitación de las solicitudes (Ministerio de Administraciones Públicas).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos y autorizaciones.

3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo y datos no económicos de la nómina.

4.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios y beneficios.

5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administración Tributaria y órganos de fiscalización del gasto (Intervención y Tribunal de Cuentas).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Verificación Española (UVE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Unidad de Verificación Española (UVE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

41. Fichero de Personal Militar de la UVE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal militar de la UVE para la gestión y seguimiento de su historial militar, la valoración periódica de su capacidad psicofísica (según art. 83 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar), el pago de la nómina, la gestión de la formación, la tramitación de las altas y las bajas, la prevención de riesgos laborales y la gestión de comisiones de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la UVE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Verificación de Española (UVE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. Unidad de Verificación Española (UVE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

 

ANEXO II.- Relación de ficheros con datos de carácter personal que quedan suprimidos

 

1. Fichero automatizado de control de visitas (CVIS EXE) del Estado Mayor de la Defensa, creado mediante la Orden del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizados de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero quedan incluidos en el “Sistema Integrado de Seguridad del EMAD” de clasificación Reservado.

 

2. Fichero automatizado de identificación personal (TARJIDEN DBF) del Estado Mayor de la Defensa, creado mediante la Orden del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizados de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero quedan incluidos en el “Sistema Integrado de Seguridad del EMAD” de clasificación Reservado.  

01Ene/14

Orden MAP/959/2003, de 11 de abril, por la que se aprueba la imagen promocional de las actividades de administración electrónica y se establecen criterios para su utilización.

El Gobierno tiene la convicción de que la llamada Sociedad de la Información -es decir, la plena incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las actividades sociales y económicas- constituye un factor estratégico esencial para garantizar el desarrollo de nuestro país en un escenario de vertiginoso desarrollo tecnológico y de mundialización de mercados, en el que ya no es posible competir si no es a través de productos con un alto valor añadido.

Además, considera que las Administraciones Públicas están llamadas a desempeñar un papel fundamental para conseguir una efectiva extensión e implantación del uso de las herramientas tecnológicas entre los ciudadanos, y especialmente entre las pequeñas y medianas empresas: Las Administraciones pueden contribuir más que ningún otro agente o entidad a la generalización social de una cultura digital mediante la puesta a disposición de servicios públicos electrónicos, de la posibilidad de relacionarse con las Administraciones a través de dichos medios, y de su aplicación a los procesos internos de trabajo y gestión burocrática.

Hablar hoy de Administración Pública es hablar necesariamente de administración electrónica. El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la utilización de los medios y técnicas de información y comunicación en la actividad de la administración y -especialmente- en las relaciones ciudadano-administración, constituye no sólo un objetivo estratégico de cualquier política de simplificación sino y sobre todo un imperativo y un condicionante de los proyectos y acciones que adopte la Administración.

Atendiendo a esta importancia, resulta conveniente y necesario construir una imagen que identifique, de cara al ciudadano y a la propia organización, las muy numerosas actividades que cotidianamente la Administración General del Estado, sus ministerios, organismos y entidades, realizan en el ámbito de lo que hemos denominado administración electrónica, para lo que el Ministerio de Administraciones Públicas resulta competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Al tiempo, dicha imagen servirá también como acicate e impulso a los propios órganos y organismos públicos para adoptar o emprender actuaciones o medidas de implantación de la administración electrónica.

Se complementa de este modo la regulación que de la imagen institucional se efectúa en el Real Decreto 1465/1999, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

En su virtud, dispongo:

 

 

Primero. Imagen promocional de Administración Electrónica.

1. La imagen promocional de Administración Electrónica se compone del símbolo descrito en el anexo I a esta Orden junto al logotipo Administración Electrónica, todo ello con los colores, composición y tipografías igualmente especificadas en el mencionado anexo.

2. La imagen promocional de Administración Electrónica será utilizada, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden, por la Administración General del Estado y los Organismos Públicos y Entidades de ella dependientes.

3. El Manual de la imagen promocional de Administración Electrónica estará disponible en la siguiente dirección electrónica: www.igsap.map.es/administración electrónica/index.htm, y en www.funciona.es.

 

Segundo. Utilización de la Imagen promocional de Administración Electrónica.

1. La imagen promocional de Administración Electrónica se utilizará, exclusivamente y de acuerdo con los criterios señalados en el anexo II a esta Orden, en los siguientes medios y soportes:

Páginas en Internet u otras redes de comunicación; diseño de pantallas de aplicaciones y sistemas de información.

Publicaciones y folletos de información o divulgación, en cualquier soporte.

Anuncios institucionales en cualesquiera soportes.

2. La imagen promocional se utilizará como elemento de identificación y difusión de todas aquellas actividades, programas o medidas que se caractericen por su uso o impulso de la aplicación de soluciones tecnológicas a la gestión pública y, en particular, a las relaciones de los ciudadanos con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

3. Los Subsecretarios de los departamentos ministeriales o, en su caso, los Presidentes o Directores de Organismos Públicos determinarán en el ámbito de sus respectivas organizaciones los supuestos de utilización con sujeción a lo dispuesto en esta Orden y en sus anexos.

 

Tercero. Coexistencia de la Imagen promocional con la Imagen Institucional.

1. La utilización de la imagen promocional en ningún caso implicará la no utilización de la imagen institucional de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y en el Manual de Imagen Institucional aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 del Ministerio de Administraciones Públicas.

2. Los criterios técnicos generales de coexistencia de ambas imágenes son los establecidos en el anexo III a esta Orden.

 

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de abril de 2003.

Arenas Bocanegra.

 

 

ANEXO I.

Descripción del símbolo de imagen y logotipo

Cotas de proporción:

Tipografía:

Para la arroba @ y el símbolo e se utilizará la letra Times Roman Cursiva.

Para el logotipo Administración electrónica se utilizará la letra Eurostil Extensed Two.

Color:

Se utilizarán los colores rojo, negro y amarillo, en sus versiones en Pantone y Cuatricomía.

Para respetar al máximo la pureza en la reproducción se recomienda la utilización de tintas planas. Siempre que sea posible se reproducirá el símbolo de imagen y logotipo sobre fondo blanco.

Rojo: Pantone: P Red 032; Cuatricromía C 0%; M 100%; Y 100%; K 0%

Amarillo: Pantone: P 109; Cuatricromía C 0%; M 10%; Y 100%; K 0%

Versiones Gráficas:

Negativo: Cuando las características del medio obliguen al uso de negativo, la leyenda utilizará la tipografía en blanco, tanto si se reproduce el símbolo de imagen por colores directos como en cuatricomía.

Blanco y negro: En aquellos soportes que sólo impriman a una tinta se utilizará la siguiente traducción de colores.

Rojo: K 70 %

Amarillo K 10%.

 

 

ANEXO II.

Criterios de utilización.

Blanco y negro por negativo: Solamente en el caso, por necesidades del soporte, de que no sea posible utilizar el positivo estará autorizada la versión en negativo.

Reducciones: La aplicación del símbolo de imagen y logotipo en ciertos soportes puede obligar a la utilización de reducciones, que por razones de legibilidad, y a partir de las medidas indicadas en el Manual, obliguen al uso del modelo B, del cual se muestran en el Manual las cotas y la trama de construcción (apartado A-6 del Manual).

Versiones incorrectas: Se incluyen en el Manual las versiones incorrectas en función de los diferentes errores en su aplicación: Alteración de colores; colocación indebida de elementos; falseamiento de las proporciones; inadecuada división gráfica del símbolo de imagen y logotipo (apartado A-7 del Manual).

 

 

ANEXO III.

Criterios de coexistencia con la imagen institucional de la Administración General del Estado.

Principios generales: El símbolo de imagen y logotipo nunca podrá ocupar el espacio correspondiente a un organismo dependiente.

Deberá convivir con la imagen de la Administración General del Estado, de forma clara, pero sin competir con ella, y nunca podrá figurar dentro del ámbito institucional, respetando en todo momento el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado.

 

 

01Ene/14

Legislación de Argentina. Ordenanza nº 7.249/01 de 22 de noviembre de 2001 Municipalidad de Rosario, Acceso a la información Pública

 

 Municipalidad de Rosario

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ROSARIO

Dirección General de Despacho

LA MUNICIPALIDAD HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA nº 7.249/01

 

Honorable Concejo:

Vuestra Comisión de Gobierno, Interpretación y Acuerdos ha tomado en consideración los proyectos de: Ordenanza del Concejal Luna y Otros mediante el cual proponen que toda persona con derecho a votar en las elecciones municipales tiene derecho a requerir y a recibir información de la Intendencia Municipal y del Honorable Concejo Municipal y, de Ordenanza del concejal Rubén Bermudez, mediante el cual crea la oficina municipal de información documental.

Los autores del proyecto han expresado los siguientes fundamentos. “Es indudable que existe en nuestra sociedad un reclamo generalizado de transparencia en el obrar administrativo y en la gestión de los asuntos públicos.

El mismo es fácilmente constatable a través de encuestas, opiniones expresadas en los medios de comunicación, y, especialmente, en el contacto que cada uno de nosotros de manera directa mantiene con nuestros conciudadanos.

Esta encomiable actitud de la ciudadanía es el resultado de estos actos de ejercicio continuado de la democracia e implica un corolario positivo de su vigencia. Es, además, una reacción frente a hechos de corrupción o a irregularidades que nuestra sociedad condena.

Por todo ello es preciso adoptar medidas en todos los ámbitos de gobierno a efectos de apoyar esa petición ciudadana y brindar debida satisfacción a la misma.

Pero así como existe dicha disposición en la sociedad civil, en ámbitos de la administración publica continúa enquistada como consecuencia de una cultura autoritaria y de una equivoca concepción de lo público una actitud tendiente a considerar que el obrar de la administración y las constancias documentales de aquél deben mantenerse en secreto o que el acceder a los expedientes administrativos debe estar sujeto a una previa odisea de presentación de escritos, pago de sellados, trámites, consultas a diversas reparticiones, y, en el fondo, el árbitro más o menos caprichoso del funcionario a cargo del expediente que -olvidando el carácter público de esa documentación y hasta del origen de su propio nombramiento, función y fondos con que se abona su remuneración- termina creyendo que es el dueño y señor de la misma.

Esta errada y dañina concepción ha quedado en evidencia recientemente cuando se discutía la normativa de las confiterías bailables y así lo expresó en declaraciones periodísticas quien en ese entonces era titular de la Dirección General de Registro e Inspección.

Pero sería injusto y reduciría el alcance y gravedad de la cuestión el centrarla en tales manifestaciones de una funcionaria la cual, en definitiva, hizo público lo que es una concepción errónea de lo público, valga el juego de palabras.

Es esa concepción la que impide o retrasa tanto el acceso a las constancias administrativas que cuando lo “concede” termina siendo en muchos casos inútil, siendo

ello así tanto cuando este derecho es ejercido por ciudadanos o cuando la petición procede desde el periodismo y hasta en los casos en que el requerimiento es efectuado desde el órgano deliberativo del gobierno municipal.

Decíamos que existe un reclamo de transparencias por parte de la ciudadanía y que, constrastantemente, hay una deformada concepción de lo público asignado a sus constancias un carácter secreto que no tienen y que repugna al sistema republicano que nos rige. Hay también una necesidad de incrementar y mejorar los mecanismos de contralor en la administración pública para garantizar de ese modo su legalidad, su corrección ética y la eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos.

Desde tiempo atrás hemos entendido que es ese el rumbo que se debe imprimir a la legislación en nuestra aún recientemente recuperada democracia.

Por eso propusimos la absoluta publicidad de ciertos sistemas de contratación, luego su supresión por resultar poco transparentes, la creación del Tribunal Municipal de Cuentas, la restitución al mismo de las facultades que necesita para cumplir mejor su función, etc.

El contralor indirecto de la administración pública por parte de los administrados es también una forma de fortalecer la idea del control como forma de contrarrestar cualquier tipo de desviación por parte de quienes ejercen función o empleo público.

En igual sentido y con absoluta coherencia presentamos ahora este proyecto que consagra en el ámbito municipal de Rosario el derecho general a obtener información de la administración.

Este derecho subjetivo que propugnamos se instituye regula para los ciudadanos que integran la población de Rosario se inscribe en un marco más amplio que comprende otros instrumentos de supervisión del ejercicio de potestades públicas como son la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libre comunicación de ideas, noticias y opiniones, por cuanto se supone que para transmitir informaciones sobre la Administración es necesario su previo conocimiento.

Esta relación con el régimen de las libertades lo aproxima a la órbita de los derechos fundamentales, agregando a este enfoque el anteriormente desarrollado acerca de su utilidad y necesidad corno medio de contralor indirecto de la Administración por parte de los administrados.

El primero de los sentidos aludido en este párrafo enfoca esta temática como un derecho caracterizado por la doctrina como de apoyo a una comprensión política progresista que recogen Constituciones recientes como la española que parte de la comprensión que dicha participación no puede agotarse en la imprescindible elección popular de los componentes de los órganos soberanos del Estado.

Antecedentes de este derecho cuya consagración propugnamos en nuestro ordenamiento normativo municipal pueden encontrarse por las vinculaciones conceptuales reseñadas anteriormente en la Declaración de los Derecho de Virginia de 1776 (artículo 12) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (artículo 1l), pero específicamente este derecho subjetivo es reconocido ya por primera vez en 1766 en Suecia, a través de la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa que, además de la libertad que aparece en su título, recoge también el derecho al acceso a la documentación pública.

La influencia de la legislación sueca determinó que todos los países nórdicos hayan reconocido este derecho.

Lo mismo ocurre con la legislación norteamericana mediante la denominada Freedom or Information Act de 1966 y el Derecho canadiense a través de la Ley de 28 de junio de 1982. Francia, por su parte, dictó la Ley 78/753 del 17 de julio que aborda la mejora de relaciones de la Administración con el público y que regula en este contexto la libertad de acceso a los documentos administrativos, regulado también por la Ley 79/587, de 11 de Julio y contemplada por la Ley 79/18 del 3 de enero de 1979 sobre archivos.

El derecho positivo italiano ha tratado el tema desde 1990, año en el cual se dictaron la Ley del 8 de junio relacionada con la autonomía local y la del 7 de agosto que contiene principios generales para el acceso a la documentación. Inclusive este derecho subjetivo ha sido recepcionado a nivel constitucional en el artículo 10 de la Constitución de Grecia de 1975, -en el artículo 268 de la Constitución de 1976 de Portugal y en el artículo 105 de la Constitución Española de 1978″.-

 

ORDENANZA

 

Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública de la Municipalidad, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas, Concejo Municipal y todas las empresas privadas y prestatarias de servicios públicos, en cuanto a su relación con el Municipio; sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa. (Modificado por Ordenanza 7827/05)

 

Artículo 2º.- El derecho que por el artículo precedente se reconoce se regulará en cuanto a su ejercicio de conformidad a las disposiciones de esta Ordenanza.

 

Artículo 3º.- Se considera información a los fines de esta Ordenanza todo documento donde conste actos administrativos o las actuaciones que sirven de base o antecedente a los mismos, las constancias contenidas en expedientes administrativos que se encuentren en posesión o bajo control del órgano requerido, no teniendo éste el deber de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido o de responderlo. Se entiende por documento en los términos de esta Ordenanza tanto a las constancias escritas, fotografías, soporte magnético o digital o semejante de acuerdo a tecnologías existentes o futuras.

 

Artículo 4º.– En la aplicación de esta Ordenanza los organismos municipales obligados a observarla y a respetar el derecho individual que la misma reconoce se orientarán en su interpretación por el principio de publicidad de los actos de gobierno y se sujetarán a los siguientes requisitos:

a) Integralidad de la información a que el requirente tiene derecho con la excepción prevista en el Artículo 5º de esta Ordenanza y dentro de los límites expuestos en la solicitud de información que formule, interpretados de buena fe y pudiendo solicitar el organismo requerido precisiones en cuanto al contenido y alcances de la petición si fuere necesario y por una única vez respecto de cada solicitud que se le formule.

b) Veracidad de la información que se suministre.

c) Gratuidad total en el ejercicio de este derecho que no podrá ser objeto de tributo, no estando obligada la persona que ejerza el derecho al libre acceso a la información pública a efectuar pago por concepto alguno, con la única excepción en que requiera la reproducción de la misma. En este último caso solo deberá abonar los costos de reproducción.

d) Oportunidad en cuanto la información que el ejercicio de este derecho sea requerida, la cual deber ser brindada con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos que se establecen en la presente Ordenanza.

Artículo 5º.- Solo se limitará el acceso público a la información en los siguientes casos:

a) Cuando pudiere afectar la intimidad de las personas o refiera a bases de datos personales de las mismas. En estos casos sólo podrá suministrarse previa autorización de éstas.

b) Durante el período de secreto de los sumarios administrativos, debiendo brindarse la información que se hubiere requerido durante la vigencia de ese plazo dentro de los diez días hábiles de finalizado el mismo.

c) La protegida por el secreto profesional.

d) La protegida por el secreto bancario.

e) La que pudiere revelar la estrategia a adoptar por la Municipalidad en la defensa de los derechos e intereses de la misma frente a reclamos administrativos o procesos judiciales.

f) Cuando existan situaciones en las que sea necesario proteger las consultas y deliberaciones internas de la institución con el fin de salvaguardar su capacidad para ejercer sus funciones dispuestos mediante resolución fundada de la Secretaría correspondiente.

g) La exceptuada en virtud de ordenanzas especiales o normas Jurídicas de mayor jerarquía.

 

Artículo 6º.- Si se requiere información respecto de un documento que contenga parcialmente información cuyo acceso se encontrase limitado en virtud del artículo anterior se deberá suministrar la totalidad del resto de la información no alcanzada por la restricción.

 

Artículo 7º.- El requerimiento de información deberá ser presentado mediante formulario suscripto por el requirente y suministrado gratuitamente por la Municipalidad, ante la dependencia que tiene conocimiento de la información solicitada. El trámite no está sujeto a otra formalidad que la identificación del solicitante, entregándosele a éste una constancia del requerimiento. (Modificado por Ordenanza 7827/05).

 

Artículo 8º.- La información requerida debe ser suministrada dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al de presentación. Dicho plazo solo podrá prorrogarse por única vez por un lapso máximo de otros diez (10) hábiles y de modo excepcional mediante resolución previa al vencimiento del mismo y debidamente fundada. Tal resolución deberá ser suscripta por el Secretario o Subsecretario competente y el Director General que corresponda, si se tratare del Departamento Ejecutivo; por el Presidente del Honorable Concejo Municipal y un funcionario o empleado del mismo con cargo no inferior al de Director General o equivalente si se tratase del Honorable Concejo Municipal y, si se tratare de otro de los entes autárquicos municipales, empresas- sociedades u organizaciones empresariales en las que participe la Municipalidad, o, en fin, de cualquier otro organismo o ente que forme parte de la misma, deberá suscribir la resolución el funcionario de mayor jerarquía que en cada caso corresponda conjuntamente con otro funcionario o empleado que le siga en orden jerárquico. Si ante el requerimiento de información se dictare una resolución denegatorio la misma deberá ser fundada especialmente en cada caso, contener indicación precisa de la norma en la cual basa la negativa y deberá ser suscripta por los mismos funcionarios antes indicados, a los cuales en el caso del Departamento Ejecutivo Municipal se agrega la exigencia que la resolución sea también suscripta por el Intendente Municipal.

 

Artículo 9º.- Si la información requerida no es suministrada en modo alguno dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente o es suministrada de modo ambiguo o parcial se considera que existe negativa en brindarla, pudiendo el requirente iniciar las acciones judiciales correspondientes.

 

Artículo 10º.- Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y agréguese al D.M.-

 

Sala de Sesiones, 22 de Noviembre de 2001.

Cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección General de Gobierno. 

01Ene/14

Personally Controlled Electronic Health Records Regulation 2012

EXPLANATORY STATEMENT

Select Legislative Instrument 2012 nº 129

Personally Controlled Electronic Health Records Act 2012

Personally Controlled Electronic Health Records Regulation 2012

 

Subsection 112(1) of the Personally Controlled Electronic Health Records Act 2012 (the Act) provides that the Governor-General may make regulations, not inconsistent with the Act, prescribing all matters required or permitted by the Act to be prescribed, or necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to the Act.

The Act provides for the establishment and operation of the national personally controlled electronic health record (PCEHR) system, on a voluntary basis, to provide access to health information relating to consumers” healthcare. 

A key foundation of the PCEHR system is the Healthcare Identifiers Service (HI Service), established by the Healthcare Identifiers Act 2010 (HI Act). Under the HI Act, the HI Service Operator assigns consumers, healthcare providers and healthcare provider organisations with unique identifiers for the purpose of healthcare.

The purpose of the regulation is to support the effective operation of the PCEHR system by ensuring that HI Service Operator can carry out its expanded functions and share critical information with the PCEHR System Operator, and by providing additional detail in respect of a critical definition, the operation of the advisory committees and the interaction of state and territory laws.

Subsection 9(2) of the Act defines certain types of information about a healthcare provider and healthcare provider organisation as “identifying information“ to enable the HI Service Operator  to perform its functions under the HI Act. With the implementation of the PCEHR system, the functions of the HI Service Operator have been expanded, so the regulation ensures that additional information on a healthcare provider and healthcare provider organisation, such as contact details about key officers within the organisation, is defined as identifying information and thus can be disclosed by the HI Service Operator to the PCEHR System Operator for PCEHR system purposes.

Sections 23 and 37 of the Act provide for regulations to be made in respect of the Jurisdictional Advisory Committee and the Independent Advisory Council, respectively. The regulation ensures that these advisory bodies to the PCEHR System Operator operate in a manner that is of the most value to the PCEHR System Operator.

The definition of “nominated healthcare provider” in section 5 of the Act provides for regulations to be made to prescribe a class of Aboriginal and/or Torres Strait Islander health practitioner that are eligible to be nominated healthcare providers. The regulation supports participation in the PCEHR system by Aboriginal and Torres Strait Islander peoples by ensuring that Aboriginal and/or Torres Strait Islander health practitioners who have the requisite level of clinical training will be able to create and manage a consumer´s shared health summary, which will contain key health information about a consumer.

Paragraph 41(3)(a) of the Act provides for regulations to be made to prescribe particular laws of a state or territory that will apply to a registered consumer´s consent to healthcare provider organisations uploading health information records to the consumer´s PCEHR. The regulation is critical in ensuring that certain health information laws in the states and territories will not be overridden by the Act and will continue to apply to the disclosure of certain health information, such as in connection with Human Immunodeficiency Virus infection (HIV), thereby ensuring that particular health information is managed consistently within a state or territory.

On 21 March the PCEHR System: Proposals for Regulations and Rules was released for public consultation The paper outlined the main provisions proposed to be included in the regulations, and outlined the reasons behind those proposals and how they would operate. The proposals were the result of consultation with a working group of representatives from Commonwealth, state and territory health departments, public consultation processes on several papers and ongoing workshops and targeted meetings.

The proposals were subsequently revised to address feedback and submissions.

Consultation has also been undertaken with the Departments of Human Services and Veterans” Affairs and the National E-Health Transition Authority.

Subsection 112(3) of the Act specifies that the Minister must consult the Ministerial Council before the Governor-General makes regulations. On 27 April 2012 the Minister for Health consulted the Standing Council on Health and no amendment to the regulation was necessary.

Detail of the regulation is set out in the Attachment.

The regulation is a legislative instrument for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

The regulation commences on the day after registration on the Federal Register of Legislative Instruments.

 

ATTACHMENT

Details of the Personally Controlled Electronic Health Records Regulation 2012

 

PART 1.- PRELIMINARY

 

Section 1.1 .- Name of regulation

This section provides that the title of the regulation is Personally Controlled Electronic Health Records Regulation 2012.

 

Section 1.2 .- Commencement

This section provides for the regulation to commence on the day after it is registered on the Federal Register of Legislative Instruments.

 

Section 1.3 .- Definitions

This section defines particular terms that are used in the regulation. An example of these terms is described below.

The “Remuneration Tribunal Determination” means the Remuneration Tribunal Determination 2011/09-Remuneration and Allowances for Holders of Part-Time Public Office, as amended from time to time. At the time of writing, the Remuneration Tribunal Determination in force was that which was consolidated on 1 June 2012 and incorporates amending determinations up to and including 2012/08.

The Remuneration Tribunal Determination prescribes the daily fees for specified and non-specified officer-holders and conditions of payment and official travel.

This definition is important to the operation of regulations 2.1.2 and 2.2.2 which deal with the remuneration of members of the Jurisdictional Advisory Committee and Independent Advisory Council.

The note to this section assists readers by making clear that other terms used in this regulation are as defined by the Act.

 

Section 1.4 .- Nominated healthcare provider

Section 5 of the Act defines a “nominated healthcare provider” as a provider who has been assigned a healthcare identifier (under the Healthcare Identifiers Act 2010 (HI Act)), has an agreement with a consumer for this purpose, and is registered by a registration authority as a:

* medical practitioner;

* registered nurse; or

* Aboriginal health practitioner, Torres Strait Islander health practitioner or Aboriginal and Torres Strait Islander health practitioner of a class prescribed by the regulations.

The role of a nominated healthcare provider will be to create and update a consumer´s shared health summary for inclusion in a consumer´s PCEHR. The shared health summary, one of a range of clinical documents in a PCEHR, is a “point in time” clinical document that provides a clinically reviewed summary of a consumer´s

healthcare status, drawing information from the healthcare provider organisation´s records as well as other records, such as event summaries uploaded by other healthcare providers. The shared health summary provides information about a consumer´s allergies and adverse reactions, medicines, medical history and immunisations. Healthcare providers who are not nominated healthcare providers will not be authorised to author or upload a shared health summary.

Section 1.4 prescribes that the class of Aboriginal and/or Torres Strait Islander health practitioners eligible to be a consumer´s nominated healthcare provider for the purposes of the PCEHR system is those with a Certificate IV in Aboriginal and/or Torres Strait Islander Primary Health Care (Practice).

A Certificate IV in the Primary Health Care (Practice) field ensures the healthcare provider has the requisite level of clinical training necessary to manage a consumer´s shared health summary.

 

Section 1.5 .- Identifying information-healthcare provider

Under subsection 9(1) of the Act, certain information about healthcare providers is defined as “identifying information”. Paragraph 9(1)(h) provides that regulations may prescribe other information for the purposes of this definition. Accordingly, section 1.5 prescribes additional information that would be within the meaning of identifying information. This additional information enables the Healthcare Identifiers Service Operator (HI Service Operator) to share critical information with the PCEHR System Operator for PCEHR system purposes.

The information prescribed as identifying information is the status of the healthcare provider organisation´s  healthcare identifier that has been assigned to the organisation under the HI Act. This enables the HI Service Operator to carry out its functions that will be expanded as a result of the PCEHR system.

 

Section 1.6 .- Identifying information-healthcare provider organisation

Under subsection 9(2) of the Act, certain information about healthcare provider organisations is defined as “identifying information”. Paragraph 9(2)(f) provides that regulations may prescribe other information for the purposes of this definition.

Accordingly, section 1.6 prescribes additional information that is within the meaning of identifying information. This additional information enables the Healthcare Identifiers Service Operator (HI Service Operator) to share critical information with the PCEHR System Operator for PCEHR system purposes.

The following information is prescribed as identifying information:

* the status of the healthcare provider organisation´s  healthcare identifier that has been assigned to the organisation under the HI Act;

* to the extent it is not already covered by paragraph 9(2)(a) of the Act (that is, the name of the healthcare provider), the trading name of the healthcare provider organisation;

* the healthcare provider organisation´s  service type (e.g. hospital or general practice);

* the names, personal and contact details and identifying numbers of the healthcare provider organisation´s  Responsible Officer (the officer with day-to-day contact with the HI Service Operator to manage the healthcare identifiers of the organisation) and Organisation Maintenance Officer(s) (a delegate of the Responsible Officer);

* the identifying number assigned to the healthcare provider organisation´s  Responsible Officer and Organisation Maintenance Officer(s) by the HI Service Operator;

* evidence of identity (EOI) details in relation to the healthcare provider organisation´s  Responsible Officer and Organisation Maintenance Officer(s).

EOI checks will be performed by the HI Service Operator or Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA), depending on whether the Responsible Officer or Organisation Maintenance Officer is a healthcare provider registered by AHPRA (e.g. medical practitioners). EOI details may include whether a Responsible Officer or Organisation Maintenance Officer has undertaken an EOI process and, if so, whether the process was successful, the name of the organisation performing the EOI check or when the EOI was performed;

* the network address and technical requirements of the healthcare provider organisation that enable secure electronic messages to be sent to the organisation; and

* where a healthcare provider organisation (“the first provider”) is part of a network hierarchy (that is, the first provider is a “seed organisation” with subordinate network organisations, or is itself a “network organisation”, as defined in subsections 9A(3) and 9A(6) of the HI Act), the other healthcare provider organisations that are linked to the first provider, and whether the first provider is a seed organisation or network organisation.

Provision of this information will enable the HI Service Operator to perform its functions under a number of provisions in the HI Act, including:

* assigning healthcare identifiers to healthcare provider organisations;

* publishing professional and business details of a healthcare provider organisation to the healthcare provider directory; and

* enabling the PCEHR System Operator to create and maintain a database of healthcare provider organisations registered to participate in the PCEHR system for the purposes of section 56 of the PCEHR Act.

Paragraphs 1.6(a) to (k) prescribe the information described above as identifying information in order to enable the HI Service Operator to carry out its functions that will be expanded as a result of the PCEHR system.

 

PART 2.-THE SYSTEM OPERATOR, ADVISORY BODIES AND OTHER MATTERS

 

Division 2.1.-Jurisdictional Advisory Committee

The health system and healthcare outcomes rely on up-to-date information being available when patients move to, from and within the primary and acute care sectors.

The involvement of states and territories is therefore crucial.

The Jurisdictional Advisory Committee (the Committee), established by section 18 of the Act, ensures the crucial involvement of the states and territories in the operation and implementation of the PCEHR system.

The Committee comprises a member representing the Commonwealth (appointed by the Minister for Health) and a member representing each state and territory (appointed by the head of each state and territory health department).

The Act provides that meetings of the Committee will be chaired by the state and territory members on a rotating basis and that substitute members may be nominated by the respective Minister or health department head if a Committee member is unable to attend a meeting.

Paragraph 23(c) of the Act provides that, subject to certain limits, the regulations may provide for the operation and procedures of the Committee, including by allowing the Committee to determine its own procedure on any matter.

The arrangements set out in sections 2.1.1 to 2.1.13 are consistent with arrangements for similar advisory committees.

Section 2.1.1. – Application of Division 2.1

Section 2.1.1 makes clear that Division 2.1 is made for the purposes of the Jurisdictional Advisory Committee. Other than as set out in Division 2.1 of this regulation, or as prescribed in the Act, the Committee can determine its own procedures.

 

Section 2.1.2 .- Remuneration of members

Section 2.1.2 provides for members of the Committee to be remunerated for their role on the Committee, subject to whether they are already remunerated by the Commonwealth or a state or territory.

Subsection 2.1.2(2) provides that a member is not eligible to be remunerated under the regulation if the person works for the Commonwealth or a state or territory and is therefore already remunerated. If, however, a member is employed by the Commonwealth or a state or territory on a part-time basis, and is required to undertake work on the Committee on a day when they are not remunerated by the Commonwealth or a state or territory, then the member is eligible for remuneration under the regulation.

Under subsection 2.1.2(1), members eligible to be remunerated are treated as if they were subject to Schedule B of the Remuneration Tribunal Determination 2011/09, which prescribes daily fees for professional committees in the Health and Ageing portfolio. This means that Committee members will be paid a daily fee of $661 per meeting or $873 for any meeting at which the member has served as the Chair.

This level of remuneration is commensurate with that earned by members of similar advisory committees with similar responsibilities and functions.

 

Section 2.1.3 .- Allowances for members

Section 2.1.3 provides for members to receive a travel allowance. Members are treated as if they were subject to Remuneration Tribunal Determination 2004/03: Official Travel by Office Holders (the Travel Determination), made by the Remuneration Tribunal, which prescribes the amount and conditions of travel allowance for part-time office-holders. Committee members will be paid the tier 1 rate of travel allowance for each overnight absence while travelling on official business within Australia.

Table A1.A of the Travel Determination sets out a table of the tier 1 travel allowances that will apply depending of the city or region for the overnight stay. For example, an overnight stay in Perth attracts a tier 2 allowance of $434. The travel allowance covers accommodation, meals and incidentals.

Where the member claims or receives travel allowance or reimbursement of travel expenses under any other source or entitlement for the same travel, they are not eligible for travel allowance or expenses outlined in this regulation.

 

Section 2.1.4 .- Leave of absence for members

Section 2.1.4 authorises the Minister for Health to grant the Commonwealth member leave of absence from the Committee upon request by a member, and determine the applicable terms and conditions of that leave. It also authorises the head of the relevant state or territory health department to grant the member representing that state or territory leave of absence and determine the applicable terms and conditions.

 

Section 2.1.5 .- Disclosure of interests by members

Section 2.1.5 prescribes the requirements for members to disclose their interests.

Members are required to promptly disclose to the Committee direct or indirect material personal interests in a matter that is being considered or will be considered by the Committee. Members cannot be present during the Committee´s consideration of that matter or participate in the Committee´s decision regarding that matter (unless the Committee chooses otherwise), and any disclosure is required to be recorded in the minutes of that meeting.

 

Section 2.1.6 .- Procedures generally

Section 2.1.6 provides for the Committee to act with as little formality and as quickly as proper consideration of the relevant issues and the legislation allows. This takes steps to ensure that the work of the Committee is effective, efficient and timely, and its focus and processes are not adversely affected by unnecessary complicated processes and procedure.

 

Section 2.1.7 .- Meetings

Subsections 2.1.7(1) and (2) specify the frequency of Committee meetings. The Committee is required to meet at least four times each year. With consent of the members, additional meetings may be held.

Subsection 2.1.7(3) permits the Committee to meet using any technology that allows all members to reasonably participate, subject to agreement by all members. This ensures that the Committee can meet other than in person to conduct its business, such as by teleconference or videoconference, so long as that manner does not impede participation by the members.

 

Section 2.1.8 .- Quorum and voting

Subsection 2.1.8(1) specifies that at least six state and territory representatives, and the Commonwealth representative, must participate in a meeting to constitute a quorum. A meeting consisting of fewer members, or a different combination of members, is not a Committee meeting for the purposes of the Act and its decisions will not be recognised as Committee decisions.

Section 21 of the Act permits the substitution of members, thereby mitigating the risk that meetings are cancelled due to a lack of a quorum.

Subsection 2.1.8(2) provides that a decision is made by the Committee by a majority of members present and voting, and subsection 2.1.8(3) makes clear that the Chair has a casting vote in the case of equal votes. Only those members present may vote.

 

Section 2.1.9 .- Record of meetings

Section 2.1.9 requires the Committee to keep a record of all meetings and resolutions, in writing.

Further, the section requires the Committee to provide responses to any request by the System Operator or advice provided of the Committee´s own initiative (i.e. not in response to a request), in writing, to the System Operator, the Minister for Health and the head of each state and territory health department.

This ensures that the System Operator has a proper record of any advice provided by the Committee, and also ensures that the heads of each state and territory health department are kept apprised of the Committee´s business and advice.

 

Section 2.1.10 .- Out of session consideration

Section 2.1.10 enables the Committee to deal with matters outside a convened meeting. For example, if a matter arises on which the PCEHR System Operator requires urgent advice, and the Committee´s next scheduled meeting is not soon enough, the Committee could still deal with the matter in any manner it considers appropriate, such as by email or teleconference.

Where decisions need to be made and voting is required, the meeting can only be held in person, by teleconference or videoconference. However, where voting is not be required, the meeting can be held in any manner agreed by members.

 

Section 2.1.11 .- Obtaining information

Section 2.1.11 authorises the Committee to obtain information that it requires in any appropriate manner as determined by the System Operator. For example, the System Operator may request advice on a particular jurisdictional privacy matter and may specify that the Committee only obtain information on that matter that has been endorsed by all health ministers or a relevant subcommittee.

 

Section 2.1.12 .- Subcommittees

Section 2.1.12 authorises the Committee to establish subcommittees. At the suggestion of the System Operator or on its own initiative the Committee can form a subcommittee of members to provide advice to the Committee and the System Operator on a particular issue. Subject to the Committee´s workload and priorities, it could be more appropriate and efficient for a subset of members to work on particular projects and deliver their recommendations or findings to the Committee.

 

Section 2.1.13 .- Other procedures

Section 2.1.13 makes clear that, other than as set out in the regulations, or as prescribed by the Act, the Committee can determine its own procedures.

 

Division 2.2.- Independent Advisory Council

The involvement of healthcare providers, consumers and other health sector stakeholders is crucial to the success of the PCEHR system, particularly in ensuring clinically safe operations, expert advice on technical, security and privacy issues and expert advice on the consumer experience of, and consumer needs in, managing their own healthcare.

The Independent Advisory Council (the Council), established by section 24 of the Act, ensures the involvement of key stakeholders that reflect a broad range of experience and the provision of key expertise in the operation of the PCEHR system.

Stakeholders include consumers, healthcare providers and information technology service providers.

The Council comprises up to 12 members, including the Chair and Deputy Chair, with experience or knowledge in a range of healthcare areas.

Section 37 of the Act provides that the regulations may provide for the operation and procedures of the Council, including by allowing the Council to determine its own procedure on any matter.

The arrangements set out in sections 2.2.1 to 2.2.11 are consistent with arrangements for similar advisory committees.

 

Section 2.2.1 .- Application of Division 2.2

Section 2.2.1 makes clear that Division 2.2 is made for the purposes of the Independent Advisory Council. Other than as set out in Division 2.2, or as prescribed in the Act, the Council can determine its own procedures.

 

Section 2.2.2 .- Remuneration of members

Section 2.2.2 provides for members to be remunerated for their role on the Council.

Members will be treated as if they were subject to Schedule B of the Remuneration Tribunal Determination 2011/09, which prescribes daily fees for office-holders for professional committees in the Health and Ageing portfolio. This means that Council members will be paid a daily fee of $661 per meeting and the Chair will be paid a daily fee of $873.

This level of remuneration is commensurate with that earned by members of similar advisory committees with similar responsibilities and functions.

 

Section 2.2.3 .- Allowances for members

Section 2.2.3 provides for members to receive a travel allowance.

Members will be treated as if they were subject to the Travel Determination, which prescribes the amount and conditions of travel allowance for part-time office-holders.

Council members will be paid the tier 1 for each overnight absence while travelling on official business within Australia.

Table A1.A of the Travel Determination sets out a table of the tier 1 travel allowances that will apply depending of the city or region for the overnight stay. For example, an overnight stay in Perth attracts a tier 1 allowance of $434. Travel allowance covers accommodation, meals and incidentals.

Where the member claims or receives travel allowance or reimbursement of travel expenses under any other source or entitlement for the same travel, they are not eligible for travel allowance or expenses outlined in this regulation.

 

Section 2.2.4 .- Procedures generally

Section 2.2.4 provides for the Council to act with as little formality and as quickly as proper consideration of the relevant issues and the legislation allows. This will take steps to ensure that the work of the Council is effective, efficient and timely, and its focus and processes are not adversely affected by unnecessary complicated processes and procedure.

 

Section 2.2.5 .- Meetings

Subsections 2.2.5(1) and (2) specify the frequency of Council meetings. The Council is required to meet at least four times each year. With consent of the members, additional meetings may be held.

Subsection 2.2.5(3) permits the Council to meet using any technology that allows all members to reasonably participate, subject to agreement by all members. This ensures that the Council can meet other than in person to conduct its business, such as by teleconference or videoconference, so long as that manner does not impede participation by the members.

 

Section 2.2.6 .- Quorum and voting

Subsection 2.2.6(1) specifies that at least six members must participate in a meeting to constitute a quorum.

Section 28 of the Act provides for acting appointments, thereby mitigating the risk that meetings are cancelled due to a lack of a quorum.

Subsection 2.2.6(2) provides that a decision is made by the Council by a majority of votes, and subsection 2.2.6(3) makes clear that the Chair has a vote that counts and has a casting vote in the case of equal votes. Only those members present may vote.

 

Section 2.2.7 .- Record of meetings

Section 2.2.7 requires the Council to keep a record of all meetings and resolutions, in writing.

Further, the section requires the Council to provide responses to any request by the System Operator or advice provided of the Council”s own initiative (i.e. not in response to a request), in writing, to the System Operator, the Minister for Health and the head of each state and territory health department.

This ensures that the System Operator has a proper record of any advice provided by the Council, and also ensures that the heads of each state and territory health department are kept apprised of the Committee´s business and advice.

 

Section 2.2.8 .- Out of session consideration

Section 2.2.8 enables the Council to deal with matters outside a convened meeting.

For example, if a matter arises on which the PCEHR System Operator requires urgent advice, and the Council”s next scheduled meeting is not soon enough, the Council could still deal with the matter in any manner it considers appropriate, such as by email or teleconference.

Where decisions need to be made and voting is required, the meeting can only be held in person, by teleconference or videoconference. However, where voting is not required, the meeting can be held in any manner agreed by members.

 

Section 2.2.9 .- Obtaining information

Section 2.2.9 authorises the Council to obtain information that it requires in any appropriate manner. This manner depends on whether the System Operator has given any directions to the Council about obtaining information. For example, the System Operator may request advice on a particular privacy matter and may specify that the Council only obtain information on that matter that has been endorsed by particular privacy bodies.

 

Section 2.2.10 .- Subcouncils

Section 2.1.10 authorises the Council to establish subcouncils. At the suggestion of the System Operator or of its own initiative the Council can form a subcouncil of members to provide advice to the Council and the System Operator on a particular issue. Subject to the Council”s workload and priorities, it could be more appropriate and efficient for a subset of members to work on particular projects and deliver their recommendations or findings to the Council.

 

Section 2.2.11 .- Other procedures

Section 2.2.11 makes clear that, other than as set out in the regulation, or as prescribed by the Act, the Council can determine its own procedures.

 

PART 3.- REGISTRATION

 

Section 3.1 .- Registration of a consumer by the System Operator

This section provides for the preservation of certain state and territory laws for the purpose of uploading information to the PCEHR system. Certain state and territory laws relate to the disclosure of a person”s identity or confidential information in connection with certain notifiable diseases. Those laws will normally be overridden by the Act because they are inconsistent with the purpose of the Act, in accordance with section 109 of the Constitution. However, this section will ensure those laws continue to apply and the state and territory requirements in relation to the disclosure and uploading of certain health information, such as in connection with HIV, will be unaffected by the Act.

The laws that are preserved are described below:

* Public Health Act 1991 (NSW) .- sections 17 and 42J

* Public Health Act 2010 (NSW) .- sections 56 and 92

* Public Health Act 2005 (Qld) .- sections 55, 77-79, 105-107, 175-177, 220-222, 238-240 and 266-268

* Public Health Act 1997 (ACT) .- sections 110 and 111

These laws generally prohibit the disclosure of identifying information in relation to consumers who have been tested for Acquired Immune Deficiency Syndrome, HIV or cervical cancer, or confidential information associated with notifiable conditions, contagious conditions, environmental health events, perinatal history, cancer history or pap smear history. This information can only be disclosed under specific circumstances, for example, with the written consent of the consumer to whom the information relates or to a person involved in the provision of care to that consumer (if that information is necessary for that purpose).

These state and territory laws have been identified through extensive consultation with representatives of state and territory health departments.

The effect of preserving the laws described above is that healthcare providers cannot upload a record to a consumer´s PCEHR unless they meet the requirements in the prescribed laws applicable in their state or territory. The standing consent of a consumer for a healthcare provider to upload a record to their PCEHR, granted under subsection 41(3) of the Act as part of the registration process, does not override the requirements of these laws.

01Ene/14

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 aprile 2008. Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell´Agenzia delle entrate

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO l'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;

VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;

RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;

RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;

CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando “una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti” “operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali” (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);

RILEVATO che, “come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività” (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);

CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);

RILEVATO che, all'esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenza l'Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;

RISERVATA la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l'Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

01Ene/14

Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión (B.O.E. 241/33070 del

Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión (B.O.E. 241/33070 del 8 de octubre de 2005).

El Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y se regulan los requisitos y procedimiento de concesión, llevó a efecto la previsión contenida en la disposición final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para la aprobación de un distintivo de identificación de los códigos de conducta que ofrezcan determinadas garantías a los consumidores y usuarios.

La norma adoptada atribuye a la Administración General del Estado, a través del Instituto Nacional del Consumo, las competencias para los actos de concesión y retirada de este distintivo público en sus artículos 10 y 11 y en su disposición transitoria única. En los artículos 8.3 y 9 se atribuyen, en exclusiva, al Instituto Nacional del Consumo competencias relativas al seguimiento de la supervisión del cumplimiento de los códigos y de las obligaciones de las entidades promotoras de estos. La disposición final segunda, por último, atribuye al Presidente del Instituto Nacional del Consumo las competencias para adoptar las resoluciones precisas para la aplicación de lo dispuesto en dicho real decreto.

Por otra parte, en su artículo 5.2 se establece la previsión de que se favorezca e impulse la oferta al consumidor o usuario de la posibilidad de elegir, entre las lenguas oficiales de la Unión Europea, aquella en la que se han de realizar las comunicaciones comerciales, en especial, la información precontractual y el contrato.

El Consejo de Ministros ha atendido un requerimiento de incompetencia realizado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña que se concreta en solicitar del Gobierno de la Nación que adopte el acuerdo de derogar los artículos 5.2, 10 y 11, la disposición final segunda y las referencias al Instituto Nacional del Consumo contenidas en los artículos 8.3 y 9 del Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, o, subsidiariamente, el de darles nueva redacción en la que se reconozca la competencia de las comunidades autónomas respecto del procedimiento y funciones ejecutivas en ellos regulados y, en cuanto al artículo 5.2, se añada la referencia a las lenguas cooficiales en el territorio español. En efecto, en su reunión de 4 de junio de 2004, dicho órgano colegiado acordó aceptar tal requerimiento en los términos que a continuación se exponen.

En el precitado acuerdo considera el Gobierno que debe reconocerse la competencia de las comunidades autónomas respecto de los actos de concesión y de retirada del distintivo de referencia (artículos 10 y 11 del Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero) pues constituyen dichas concesiones actos de mera ejecución, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones correspondientes a los códigos de conducta que permitan su utilización y que se establecen en la norma requerida.

En consecuencia, y sin excluir la competencia de que el Estado dispone para crear o aprobar un distintivo que permita identificar aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que voluntariamente se adhieran y respeten unos códigos de conducta de ámbito nacional o superior, cuyos requisitos mínimos u optativos deben ser fijados por el Estado, se debe cumplir el mandato de la disposición final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y, de acuerdo con la doctrina constitucional, considera el Gobierno que procede aceptar el requerimiento de incompetencia respecto a los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria única y, por ende, respecto a las menciones al Instituto Nacional del Consumo contenidas en los artículos 8.3 y 9, así como en lo relativo a la disposición final segunda del real decreto requerido, por lo que procede modificar dichos preceptos para acomodarlos al reparto competencial. Se mantiene, no obstante, la comunicación al Instituto Nacional del Consumo de la información relevante a los efectos de la publicidad del distintivo o su comunicación a la Comisión de Cooperación de Consumo, en el marco de la necesaria cooperación institucional.

Por último, en cuanto a la modificación que se solicita en el requerimiento de incompetencia del tenor del artículo 5.2 del real decreto requerido, considera el Gobierno que en este punto no existe una “vindicatio potestatis” propia de los conflictos positivos de competencia encaminados a eliminar transgresiones concretas y efectivas de los respectivos ámbitos competenciales, tal y como establece la jurisprudencia constitucional.

El cumplimiento de este acuerdo del Consejo de Ministros exige, en consecuencia, modificar el Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, para acomodar los artículos 10 y 11, y la disposición transitoria única y las menciones al Instituto Nacional del Consumo contenidas en los artículos 8.3 y 9, así como la disposición final segunda, al reparto competencial.

Para facilitar la aplicación de la norma, no obstante, se ha considerado necesario establecer en un único texto normativo la regulación del distintivo público de confianza en línea, y derogar el Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, cuya regulación no afectada por el requerimiento de incompetencia se incorpora a este real decreto.

En la tramitación de este real decreto se ha tenido en cuenta el parecer de las comunidades autónomas y ha sido oído el Consejo de Consumidores y Usuarios.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación en Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005,

DISPONGO :

CAPÍTULO I . Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular el distintivo que podrán mostrar los prestadores de servicios que se adhieran a códigos de conducta que cumplan las condiciones previstas en el capítulo II de este real decreto, en cumplimiento de lo previsto en la disposición final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Asimismo, este real decreto establece las condiciones que deben reunir tales códigos de conducta, la concesión y retirada del distintivo y el procedimiento aplicable.

Artículo 2. Denominación y forma del distintivo.
Este distintivo se denominará “distintivo público de confianza en línea”. Su formato es el que figura en el anexo.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Este real decreto se aplica a las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores que adopten códigos de conducta destinados a regular las relaciones entre prestadores de servicios de la sociedad de la información y los consumidores y usuarios, cuando la adhesión a tales códigos conceda el derecho al uso y administración del “distintivo público de confianza en línea”.

Este real decreto se aplicará, asimismo, a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que hagan uso de dicho distintivo.

CAPÍTULO II . Requisitos de los códigos de conducta

Artículo 4. Ámbito y contenido de los códigos.
1. Los códigos de conducta de ámbito nacional o superior regulados por este real decreto deberán estar redactados en términos claros y accesibles.

2. Además de los otros requisitos exigidos en este real decreto, los códigos de conducta deben respetar la legalidad vigente e incluir, como mínimo, con suficiente grado de precisión:

a) Las garantías concretas que ofrecen a los consumidores y usuarios que mejoren o incrementen las reconocidas por el ordenamiento jurídico.

b) Un sistema de resolución extrajudicial de conflictos de entre los previstos en el artículo 7.

c) Los compromisos específicos que asumen los prestadores de servicios adheridos en relación con los problemas concretos planteados a los consumidores y usuarios del sector, identificados según la información de los promotores del código y la que, al efecto, les faciliten las asociaciones de consumidores y las Administraciones públicas sobre las reclamaciones presentadas por los consumidores y usuarios.

d) El ámbito de las actividades del prestador de servicios sometidas al código, que, al menos, englobará alguna de las siguientes áreas: las comunicaciones comerciales o la información precontractual, la contratación y los procedimientos de solución de quejas o reclamaciones, cuando estos sean distintos de los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artículo 7.

3. Estos códigos de conducta deberán prever la posibilidad de adhesión al código de prestadores de servicios que no sean miembros de la entidad promotora, siempre que la actividad desarrollada por estos esté incluida en el ámbito del código.

Artículo 5. Compromisos adicionales.
1. Sin perjuicio de cualquier otro compromiso que puedan establecer las entidades promotoras de los códigos de conducta regulados por este real decreto, estos podrán contener previsiones específicas sobre:

a) El grado de accesibilidad a los contenidos de los consumidores y usuarios que tengan alguna discapacidad o de edad avanzada, conforme a los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos, así como los calendarios adoptados para el establecimiento de medidas adicionales.

b) Las medidas concretas adoptadas en materia de protección de los menores y de respeto a la dignidad humana y a los valores y derechos constitucionalmente reconocidos.

c) La adhesión a códigos de conducta sobre clasificación y etiquetado de contenidos. En tales casos, deberá facilitarse información completa sobre tales códigos.

d) Las instrucciones sobre los sistemas de filtrado de contenidos utilizables en las relaciones con los prestadores de servicios.

e) Los procedimientos previstos para comprobar que los prestadores de servicios reúnen las condiciones exigidas para la adhesión al código de conducta y la utilización del distintivo.

2. Las entidades promotoras de los códigos de conducta impulsarán que los prestadores de servicios adheridos ofrezcan al consumidor o usuario la posibilidad de elegir, entre las lenguas oficiales de la Unión Europea, la lengua en que se han de realizar las comunicaciones comerciales y, en especial, la información precontractual y el contrato.

Artículo 6. Participación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
En la elaboración y modificación de los códigos de conducta regulados en este real decreto deberá darse participación al Consejo de Consumidores y Usuarios. Esta participación se articulará, como mínimo, de la siguiente forma:

a) Que, con carácter previo a la redacción del código de conducta, las entidades promotoras de este pongan en conocimiento del Consejo su voluntad de adoptarlo y soliciten la colaboración de este órgano a través del procedimiento que, en cada caso, se acuerde.

b) Que las entidades promotoras soliciten a las asociaciones de consumidores y usuarios, a través del Consejo, la identificación de los problemas específicos del sector, partiendo de las reclamaciones y consultas por ellas tramitadas, y a los efectos previstos en el artículo 4.2.c).

c) Que el Consejo no emita motivadamente un dictamen desfavorable sobre el contenido definitivo del código de conducta en el plazo de un mes desde que la entidad promotora se lo hubiera solicitado. La mera formulación de observaciones al código no supone la emisión de un dictamen desfavorable. El dictamen desfavorable únicamente podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos recogidos en este real decreto o en las normas de protección a los consumidores y usuarios.

Artículo 7. Sistemas de resolución extrajudicial de conflictos.
1. Los códigos de conducta que pretendan obtener el “distintivo público de confianza en línea” deberán establecer, como medio de solución de controversias entre los prestadores de servicios y los consumidores y usuarios, el sistema arbitral de consumo u otro sistema de resolución extrajudicial de conflictos que figure en la lista que publica la Comisión Europea sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores y que respete los principios establecidos por la normativa comunitaria a este respecto.

2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos en la medida en que lo posibilite su normativa específica y con las condiciones previstas en ella.

3. La adhesión de los prestadores de servicios a uno de los sistemas mencionados en el apartado anterior es requisito necesario para la incorporación de los prestadores de servicios a los códigos de conducta.

Artículo 8. Supervisión del cumplimiento de los códigos de conducta por los prestadores adheridos.
1. Los códigos de conducta deberán incluir procedimientos de evaluación independientes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores de servicios adheridos, y establecer un régimen sancionador adecuado, eficaz y disuasorio.

2. El procedimiento de evaluación que se prevea, que podrá realizarse íntegramente por medios electrónicos, deberá garantizar:

a) La independencia e imparcialidad del órgano responsable de la evaluación y sanción.

b) La sencillez, accesibilidad y gratuidad para la presentación de quejas y reclamaciones ante dicho órgano por los eventuales incumplimientos del código de conducta y la celeridad en todas las fases del procedimiento.

c) La audiencia del reclamado y el principio de contradicción.

d) Una graduación de sanciones que permita ajustarlas a la gravedad del incumplimiento. Esas sanciones deberán ser disuasorias, y podrá establecerse, en su caso, su publicidad o la suspensión o expulsión de la adhesión al código o a la entidad promotora, en el caso de que se trate de prestadores de servicios integrados en ella.

e) La notificación al denunciante de la solución adoptada.

3. Las sanciones que se impongan a los prestadores de servicios por incumplimiento de los códigos de conducta deberán notificarse trimestralmente al órgano administrativo competente para la concesión y retirada del distintivo. Cuando dichas sanciones supongan la expulsión de la adhesión al código o la suspensión de sus derechos, la notificación deberá realizarse en el plazo de los cinco días siguientes a la adopción de la sanción.

CAPÍTULO III . Obligaciones de las entidades promotoras

Artículo 9. Obligaciones de las entidades promotoras de los códigos de conducta.
Las entidades promotoras de códigos de conducta regulados en este real decreto tendrán las siguientes obligaciones:

a) Administrar el “distintivo público de confianza en línea”, facilitar y gestionar su utilización por los prestadores de servicios adheridos al código de conducta adoptado por ellas y que, conforme a lo previsto en el artículo 7.3, le acrediten su adhesión al sistema extrajudicial de resolución de conflictos previsto en el código de conducta. Las entidades promotoras, asimismo, deberán informar al órgano administrativo competente para la concesión y retirada del distintivo sobre las adhesiones al código de conducta de nuevos proveedores de servicios o sobre las bajas, mediante la comunicación quincenal de las variaciones producidas.

b) Mantener accesible al público información actualizada sobre las entidades promotoras, el contenido del código de conducta, los procedimientos de adhesión y de denuncia frente a posibles incumplimientos del código, los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos que promueve el código y los prestadores de servicios adheridos a este en cada momento.

Esta información deberá presentarse de forma concisa y clara y estar permanentemente accesible por medios electrónicos.

c) Remitir al órgano administrativo competente para la concesión y retirada del distintivo una memoria anual sobre las actividades realizadas para difundir el código de conducta y promover la adhesión a este, las actuaciones de verificación del cumplimiento del código y sus resultados, las quejas y reclamaciones tramitadas y el curso que se les hubiera dado, las sanciones impuestas y cualquier otro aspecto que las entidades promotoras deseen destacar.

d) Evaluar periódicamente la eficacia del código de conducta, midiendo el grado de satisfacción de los consumidores y usuarios y, en su caso, actualizar su contenido para adaptarlo a los cambios experimentados en la tecnología, en la prestación y uso de los servicios de la sociedad de la información y en la normativa que les sea aplicable.

Esta evaluación deberá contar con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios en los términos previstos en el artículo 6 y tendrá lugar, al menos, cada cuatro años, salvo que sea precisa la adaptación de los compromisos del código a la modificación de la normativa aplicable en un plazo menor.

Los resultados de la evaluación se comunicarán a la Comisión Europea y al órgano administrativo competente para la concesión y retirada del distintivo.

e) Favorecer la accesibilidad de las personas que tengan alguna discapacidad o sean de edad avanzada a toda la información disponible sobre el código de conducta.

CAPÍTULO IV . Concesión y retirada del distintivo

Artículo 10. Órgano competente para la concesión y retirada del distintivo.
La concesión y retirada del distintivo de confianza regulado en este real decreto, así como el ejercicio de las funciones dirigidas a velar por el mantenimiento de los requisitos que justifican su otorgamiento, corresponde al órgano competente en materia de consumo de la comunidad autónoma en que esté domiciliada la entidad promotora del código. Estas resoluciones tendrán validez en todo el territorio del Estado.

A los efectos de la publicidad del distintivo prevista en el artículo 13, estos órganos deberán comunicar al Instituto Nacional del Consumo los actos de concesión o retirada del distintivo, dándole traslado de toda la información precisa para cumplir con las obligaciones impuestas por el citado precepto, en los cinco días siguientes a la adopción de las respectivas resoluciones. En idéntico plazo, a los efectos de la publicidad y del establecimiento de la necesaria cooperación administrativa a través de la Comisión de Cooperación de Consumo, tales órganos competentes darán traslado al Instituto Nacional del Consumo de la información que le hayan facilitado las entidades promotoras conforme a los artículos 8.3 y 9.a), c) y d).

Artículo 11. Otorgamiento del distintivo.
1. Las entidades promotoras de los códigos de conducta regulados en este real decreto presentarán su solicitud ante el órgano administrativo competente para la concesión y retirada del distintivo, a la que acompañarán de una copia del código, de la documentación acreditativa de la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de haberse comunicado el proyecto de código a la Comisión Europea.

Asimismo, deberán aportar la documentación relativa a la adhesión de los prestadores de servicios que lo hayan suscrito al sistema extrajudicial de resolución de litigios que se prevea en el código.

2. En la tramitación de este procedimiento, el órgano competente para la concesión y retirada del “distintivo público de confianza en línea” podrá requerir cuantos informes estime pertinentes para valorar el alcance y contenido del código de conducta presentado y, en todo caso, con carácter preceptivo, el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Comisión de Cooperación de Consumo. En el caso de tratarse de códigos de conducta que afecten a actividades de venta a distancia deberá solicitarse el informe preceptivo de los órganos competentes en materia de inscripción, registro y control de estas empresas.

Asimismo, el órgano administrativo competente para la concesión y retirada del distintivo podrá solicitar el informe de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia cuando, por el alcance y contenido del código, surgieran dudas sobre si puede afectar negativamente a la competencia.

3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento deberán ser motivadas y se publicarán en el diario oficial de la comunidad autónoma competente, conforme a lo previsto en el artículo 10, y en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dichas resoluciones serán recurribles conforme a lo previsto en el capítulo II del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. Retirada del distintivo público de confianza.
El derecho a la utilización y administración del “distintivo público de confianza en línea” podrá ser retirado si las entidades promotoras de los códigos de conducta reconocidos incumplen las obligaciones establecidas en este real decreto. La retirada del derecho a la utilización y administración del “distintivo público de confianza en línea” a una entidad promotora implicará la imposibilidad de su utilización por parte de los prestadores de servicios adheridos al código de conducta.

Asimismo, ante la inactividad de la entidad promotora y sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse frente a ella por tal causa, podrá retirarse directamente el uso del distintivo a los prestadores de servicios que incumplan manifiesta y reiteradamente el código de conducta cuya adhesión les confiera tal derecho.

La retirada del distintivo de confianza se tramitará mediante un procedimiento contradictorio y contará con el informe preceptivo de la Comisión de Cooperación de Consumo; asimismo, podrá adoptarse como medida provisional la suspensión del derecho a utilizar el distintivo. La resolución por la que se retire el distintivo será recurrible conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13. Publicidad del distintivo.
1. El Instituto Nacional del Consumo publicará en su página de Internet los códigos de conducta a los que se conceda el distintivo regulado en este real decreto; la relación de las entidades promotoras de dichos códigos y la de los prestadores de servicios adheridos; las sanciones impuestas a los prestadores de servicios por incumplimiento, si son públicas, especialmente cuando lleven aparejada la suspensión o expulsión del prestador de servicios del código o de la entidad promotora o la retirada del “distintivo público de confianza en línea”, y la dirección establecida para la presentación de quejas por incumplimiento de los códigos y la de los órganos de resolución extrajudicial de conflictos previstos en los códigos de conducta.

2. Las entidades promotoras de los códigos de conducta a las que se haya concedido el derecho a la utilización y administración del distintivo regulado en este real decreto y los prestadores de servicios adheridos a tales códigos podrán usar, tanto gráficamente como por su denominación, el “distintivo público de confianza en línea” en todas sus manifestaciones internas y externas, incluidas las campañas de publicidad. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de información al consumidor, en particular, en relación con la adhesión a sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos.

3. Las entidades promotoras y los prestadores de servicios adheridos a los códigos de conducta deberán posibilitar el acceso al contenido del código y a la dirección habilitada para presentar las quejas y reclamaciones a través de los soportes informáticos en los que se inserte el “distintivo público de confianza en línea”.

CAPÍTULO V . Actuaciones de control

Artículo 14. Actuaciones de control.
Cuando la utilización del “distintivo público de confianza en línea”, contraviniendo lo dispuesto en este real decreto, constituya publicidad ilícita, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos competentes en materia de consumo de las comunidades autónomas podrán iniciar el procedimiento sancionador o promover el ejercicio de las acciones judiciales que procedan, de conformidad con lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o en las respectivas leyes autonómicas.

Disposición transitoria primera. Adaptación de los códigos vigentes.

Hasta el 31 de julio de 2006, las entidades promotoras de códigos vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto podrán solicitar la concesión del “distintivo público de confianza en línea”, acreditando, en su caso, que se ha comunicado el proyecto adaptado a la Comisión Europea.

En tales supuestos, no será exigible la notificación previa al Consejo de Consumidores y Usuarios prevista en el artículo 6.a), y bastará con que se requiera la colaboración de dicho órgano, a través del procedimiento que en cada caso se acuerde, para la realización de las adaptaciones precisas para cumplir los requisitos exigidos en este real decreto.

Disposición transitoria segunda. Período transitorio.

1. Las disposiciones de este real decreto serán de aplicación a todos los procedimientos de concesión o retirada que estén en tramitación a su entrada en vigor. A tales efectos, el Instituto Nacional del Consumo trasladará al órgano competente para la concesión o retirada del “distintivo público de confianza en línea” la documentación que obre en su poder, y se abstendrá de realizar cualquier otra actuación de impulso del procedimiento.

2. Los “distintivos públicos de confianza en línea” que se hubieran concedido conforme a la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto mantendrán toda su vigencia. El Instituto Nacional del Consumo trasladará al órgano competente en cada caso toda la documentación que obre en su poder respecto de tales procedimientos al objeto de que dicho órgano ejerza las funciones de vigilancia que le atribuye el artículo 10.

3. Las solicitudes que se formulen tras la entrada en vigor de este real decreto se realizarán ante el órgano competente, conforme al artículo 10.

Disposición derogatoria única. Derogación del Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero.

Se deroga el Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y se regulan los requisitos y procedimiento de concesión.

Disposición final primera. Título y habilitación competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª y 21.ª de la Constitución y en ejecución de lo dispuesto en la disposición final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Disposición final segunda. Facultad de aplicación.

Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán adoptar las resoluciones precisas para la aplicación de lo dispuesto en este real decreto, en particular aquellas que posibiliten la gestión íntegra de los procedimientos previstos en él mediante la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Dado en Madrid, el 30 de septiembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO

Denominación: Distintivo Público de Confianza en Línea.

Construcción gráfica:

Una figura vertical constituida por cuatro rectángulos iguales de 45 mm de base por 20,25 mm de altura. Las medidas totales exteriores incluidos los cuatro elementos son 45 mm de base por 81 mm de altura. El segundo recuadro contiene una imagen mixta representativa de la expresión abreviada de la arroba y el logotipo de Arbitraje de Consumo.

Los rectángulos superior e inferior contienen los siguientes textos: el superior “CONFIANZA EN LÍNEA” y el inferior “PRESTADOR ADHERIDO”, ambos en mayúsculas. La expresión “PRESTADOR ADHERIDO” se sustituirá por “CÓDIGO DE CONDUCTA” cuando el logotipo sea utilizado por la entidad promotora del Código. El tercer recuadro es un espacio en blanco para situar distintos logotipos.

Tipografía: Helvética, en su versión normal con un cuerpo de letra 22, interlineado sólido y escala horizontal 100.

Colores: Naranja y negro. El primero compuesto por: magenta 42%, amarillo 76% y el segundo, negro base. El logotipo arriba descrito figura calado en blanco sobre el fondo naranja.

Todas las líneas que forman el conjunto son en color negro de 0,5 puntos

01Ene/14

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. (B.O.E. del 29 de enero de 2010)

I

La necesaria generalización de la sociedad de la información es subsidiaria, en gran medida, de la confianza que genere en los ciudadanos la relación a través de medios electrónicos.

En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas, que tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, lo que demanda incorporar las peculiaridades que exigen una aplicación segura de estas tecnologías.

A ello ha venido a dar respuesta el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la creación del
Esquema Nacional de Seguridad, cuyo objeto es el establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información.

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

El Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en paralelo a la evolución de los servicios y a medida que vayan consolidándose los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo apoyan.

Actualmente los sistemas de información de las administraciones públicas están fuertemente imbricados entre sí y con sistemas de información del sector privado: empresas y administrados. De esta manera, la seguridad tiene un nuevo reto que va más allá del aseguramiento individual de cada sistema. Es por ello que cada sistema debe tener claro su perímetro y los responsables de cada dominio de seguridad deben coordinarse efectivamente para evitar “tierras de nadie” y fracturas que pudieran dañar a la información o a los servicios prestados.

En este contexto se entiende por seguridad de las redes y de la información, la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles.

II
El Esquema Nacional de Seguridad tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea (Decisión 2001/844/CE CECA, Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno y Decisión 2001/264/CE del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo), la situación tecnológica de las diferentes Administraciones públicas, así como los servicios electrónicos existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos.

Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre Administración electrónica, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y documento nacional de identidad electrónico, Centro Criptológico Nacional, sociedad de la información, reutilización de la información en el sector público y órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica; así como la regulación de diferentes instrumentos y servicios de la Administración, las directrices y guías de la OCDE y disposiciones nacionales e internacionales sobre normalización.

Ley 11/2007, de 22 de junio, posibilita e inspira esta norma, a cuyo desarrollo coadyuva, en los aspectos de la seguridad de los sistemas de tecnologías de la información en las Administraciones públicas, contribuyendo al desarrollo de un instrumento efectivo que permite garantizar los derechos de los ciudadanos en la Administración electrónica.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo, determinan las medidas para la protección de los datos de carácter personal. Además, aportan criterios para establecer la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y la información a proteger.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referente legal imprescindible de cualquier regulación administrativa, determina la configuración de numerosos ámbitos de confidencialidad administrativos, diferentes a la información clasificada y a los datos de carácter personal, que necesitan ser materialmente protegidos. Asimismo determina el sustrato legal de las comunicaciones administrativas y sus requisitos jurídicos de validez y eficacia, sobre los que soportar los requerimientos tecnológicos y de seguridad necesarios para proyectar sus efectos en las comunicaciones realizadas por vía electrónica.

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público que determina la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de documentos elaborados en el sector público, que configura un ámbito excepcionado de su aplicación, en el que se encuentra la información a la que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad.

Junto a las disposiciones indicadas, han inspirado el contenido de esta norma, documentos de la Administración en materia de seguridad electrónica, tales como los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación, las Guías CCN-STIC de Seguridad de los Sistemas de Información y Comunicaciones, la Metodología y herramientas de análisis y gestión de riesgos o el Esquema Nacional de Interoperabilidad, también desarrollado al amparo de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio.

III

Este real decreto se limita a establecer los principios básicos y requisitos mínimos que, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, permiten una protección adecuada de la información y los servicios, lo que exige incluir el alcance y procedimiento para gestionar la seguridad electrónica de los sistemas que tratan información de las Administraciones públicas en el ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Con ello, se logra un común denominador normativo, cuya regulación no agota todas las posibilidades de normación, y permite ser completada, mediante la regulación de los objetivos, materialmente no básicos, que podrán ser decididos por políticas legislativas territoriales.

Para dar cumplimiento a lo anterior se determinan las dimensiones de seguridad y sus niveles, la categoría de los sistemas, las medidas de seguridad adecuadas y la auditoría periódica de la seguridad; se implanta la elaboración de un informe para conocer regularmente el estado de seguridad de los sistemas de información a los que se refiere el presente real decreto, se establece el papel de la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad de la información del Centro Criptológico Nacional, se incluye un glosario de términos y se hace una referencia expresa a la formación.

La norma se estructura en diez capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. A los cuatro primeros anexos dedicados a la categoría de los sistemas, las medidas de seguridad, la auditoría de la seguridad, y el glosario de términos, se les une un quinto que establece un modelo de cláusula administrativa particular a incluir en las prescripciones administrativas de los contratos correspondientes.

En este real decreto se concibe la seguridad como una actividad integral, en la que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas. La información tratada en los sistemas electrónicos a los que se refiere este real decreto estará protegida teniendo en cuenta los criterios establecidos en la La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El presente real decreto se aprueba en aplicación de lo dispuesto en la disposición final octava de la Ley 11/2007, de 22 de junio y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42
apartado 3 y disposición final primera de dicha norma, se ha elaborado con la participación de todas las Administraciones públicas a las que les es de aplicación, ha sido informado
favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica, la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión Nacional de
Administración Local; y ha sido sometido al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, se ha sometido a la audiencia de los ciudadanos según las previsiones establecidas en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de enero de 2010,

DISPONGO:

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1º.- Objeto.

1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Seguridad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y determinar la política de
seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos a los que se refiere la citada ley.

2. El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 2º.- Definiciones y estándares.

A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras, expresiones y términos han de ser entendidos en el sentido indicado en el Glosario de Términos incluido en el anexo IV.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Están excluidos del ámbito de aplicación indicado en el párrafo anterior los sistemas que tratan información clasificada regulada por Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales y normas de desarrollo.

CAPÍTULO II.- Principios básicos

Artículo 4º.- Principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad.

El objeto último de la seguridad de la información es asegurar que una organización administrativa podrá cumplir sus objetivos utilizando sistemas de información. En las decisiones en materia de seguridad deberán tenerse en cuenta los siguientes principios básicos:

a) Seguridad integral.
b) Gestión de riesgos.
c) Prevención, reacción y recuperación.
d) Líneas de defensa.
e) Reevaluación periódica.
f) Función diferenciada.

Artículo 5º.- La seguridad como un proceso integral.

1. La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema. La aplicación del Esquema Nacional de Seguridad estará presidida por este principio, que excluye cualquier actuación puntual o tratamiento coyuntural.

2. Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni la ignorancia, ni la falta de organización y coordinación, ni instrucciones inadecuadas, sean fuentes de riesgo para la seguridad.

Artículo 6º- Gestión de la seguridad basada en los riesgos.

1. El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso de seguridad y deberá mantenerse permanentemente actualizado.

2. La gestión de riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos hasta niveles aceptables. La reducción de estos niveles se realizará mediante el despliegue de medidas de seguridad, que establecerá un equilibrio entre la naturaleza de los datos y los tratamientos, los riesgos a los que estén expuestos y las medidas de seguridad.

Artículo 7º.- Prevención, reacción y recuperación.

1. La seguridad del sistema debe contemplar los aspectos de prevención, detección y corrección, para conseguir que las amenazas sobre el mismo no se materialicen, no afecten gravemente a la información que maneja, o los servicios que se prestan.

2. Las medidas de prevención deben eliminar o, al menos reducir, la posibilidad de que las amenazas lleguen a materializarse con perjuicio para el sistema. Estas medidas de prevención contemplarán, entre otras, la disuasión y la reducción de la exposición.

3. Las medidas de detección estarán acompañadas de medidas de reacción, de forma que los incidentes de seguridad se atajen a tiempo.

4. Las medidas de recuperación permitirán la restauración de la información y los servicios, de forma que se pueda hacer frente a las situaciones en las que un incidente de seguridad inhabilite los medios habituales.

5. Sin merma de los demás principios básicos y requisitos mínimos establecidos, el sistema garantizará la conservación de los datos e informaciones en soporte electrónico.

De igual modo, el sistema mantendrá disponibles los servicios durante todo el ciclo vital de la información digital, a través de una concepción y procedimientos que sean la base para la preservación del patrimonio digital.

Artículo 8º.- Líneas de defensa.

1. El sistema ha de disponer de una estrategia de protección constituida por múltiples capas de seguridad, dispuesta de forma que, cuando una de las capas falle, permita:

a) Ganar tiempo para una reacción adecuada frente a los incidentes que no han podido evitarse.

b) Reducir la probabilidad de que el sistema sea comprometido en su conjunto.

c) Minimizar el impacto final sobre el mismo.

2. Las líneas de defensa han de estar constituidas por medidas de naturaleza organizativa, física y lógica.

Artículo 9º.- Reevaluación periódica.

Las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán periódicamente, para adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso a un replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.

Artículo 10.- La seguridad como función diferenciada.

En los sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio y el responsable de la seguridad.

El responsable de la información determinará los requisitos de la información tratada;

el responsable del servicio determinará los requisitos de los servicios prestados;

y el responsable de seguridad determinará las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios.

La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre la prestación de los servicios.

La política de seguridad de la organización detallará las atribuciones de cada responsable y los mecanismos de coordinación y resolución de conflictos.

CAPÍTULO III.- Requisitos mínimos

Artículo 11.- Requisitos mínimos de seguridad.

1. Todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. Esta política de seguridad, se establecerá en base a los principios básicos indicados y se desarrollará aplicando los siguientes requisitos mínimos:

a) Organización e implantación del proceso de seguridad.
b) Análisis y gestión de los riesgos.
c) Gestión de personal.
d) Profesionalidad.
e) Autorización y control de los accesos.
f) Protección de las instalaciones.
g) Adquisición de productos.
h) Seguridad por defecto.
i) Integridad y actualización del sistema.
j) Protección de la información almacenada y en tránsito.
k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados.
l) Registro de actividad.
m) Incidentes de seguridad.
n) Continuidad de la actividad.
o) Mejora continua del proceso de seguridad.

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, se considerarán órganos superiores, los responsables directos de la ejecución de la acción del gobierno, central, autonómico o local, en un sector de actividad específico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; los estatutos de autonomía correspondientes y normas de desarrollo; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, respectivamente.

Los municipios podrán disponer de una política de seguridad común elaborada por la Diputación, Cabildo, Consejo Insular u órgano unipersonal correspondiente de aquellas otras corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la provincia o, en su caso, a la entidad comarcal correspondiente a la que pertenezcan.

3. Todos estos requisitos mínimos se exigirán en proporción a los riesgos identificados en cada sistema, pudiendo algunos no requerirse en sistemas sin riesgos significativos, y se cumplirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.

Artículo 12.- Organización e implantación del proceso de seguridad.

La seguridad deberá comprometer a todos los miembros de la organización. La política de seguridad según se detalla en el anexo II, sección 3.1, deberá identificar unos claros
responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miembros de la organización administrativa.

Artículo 13.- Análisis y gestión de los riesgos.

1. Cada organización que desarrolle e implante sistemas para el tratamiento de la información y las comunicaciones realizará su propia gestión de riesgos.

2. Esta gestión se realizará por medio del análisis y tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo II, se empleará alguna metodología reconocida internacionalmente.

3. Las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos deberán estar justificadas y, en todo caso, existirá una proporcionalidad entre ellas y los riesgos.

Artículo 14.- Gestión de personal.

1. Todo el personal relacionado con la información y los sistemas deberá ser formado e informado de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad. Sus actuaciones deben ser supervisadas para verificar que se siguen los procedimientos establecidos.

2. El personal relacionado con la información y los sistemas, ejercitará y aplicará los principios de seguridad en el desempeño de su cometido.

3. El significado y alcance del uso seguro del sistema se concretará y plasmará en unas normas de seguridad.

4. Para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, cada usuario que acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única, de modo que se sepa, en todo momento, quién recibe derechos de acceso, de qué tipo son éstos, y quién ha realizado determinada actividad.

Artículo 15.- Profesionalidad.

1. La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y auditada por personal cualificado, dedicado e instruido en todas las fases de su ciclo de vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y desmantelamiento.

2. El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación específica necesaria para garantizar la seguridad de las tecnologías de la información aplicables a los sistemas y servicios de la Administración.

3. Las Administraciones públicas exigirán, de manera objetiva y no discriminatoria, que las organizaciones que les presten servicios de seguridad cuenten con unos niveles idóneos de gestión y madurez en los servicios prestados.

Artículo 16.- Autorización y control de los accesos.

El acceso al sistema de información deberá ser controlado y limitado a los usuarios, procesos, dispositivos y otros sistemas de información, debidamente autorizados, restringiendo el acceso a las funciones permitidas.

Artículo 17.- Protección de las instalaciones.

Los sistemas se instalarán en áreas separadas, dotadas de un procedimiento de control de acceso. Como mínimo, las salas deben estar cerradas y disponer de un control de llaves.

Artículo 18.- Adquisición de productos de seguridad.

1. En la adquisición de productos de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones que vayan a ser utilizados por las Administraciones públicas se valorarán
positivamente aquellos que tengan certificada la funcionalidad de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición.

2. La certificación indicada en el apartado anterior deberá estar de acuerdo con las normas y estándares de mayor reconocimiento internacional, en el ámbito de la seguridad funcional.

3. El Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información, constituido al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.c) del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, y regulado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, dentro de sus competencias, determinará el criterio a cumplir en función del uso previsto del producto a que se refiera, en relación con el nivel de evaluación, otras certificaciones de seguridad adicionales que se requieran normativamente, así como, excepcionalmente, en los casos en que no existan productos certificados. El proceso indicado, se efectuará teniendo en cuenta los criterios y metodologías de evaluación, determinados por las normas internacionales que recoge la orden ministerial citada.

Artículo 19.- Seguridad por defecto.

Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto:

a) El sistema proporcionará la mínima funcionalidad requerida para que la organización sólo alcance sus objetivos, y no alcance ninguna otra funcionalidad adicional.

b) Las funciones de operación, administración y registro de actividad serán las mínimas necesarias, y se asegurará que sólo son accesibles por las personas, o desde emplazamientos o equipos, autorizados, pudiendo exigirse en su caso restricciones de horario y puntos de acceso facultados.

c) En un sistema de explotación se eliminarán o desactivarán, mediante el control de la configuración, las funciones que no sean de interés, sean innecesarias e, incluso, aquellas que sean inadecuadas al fin que se persigue.

d) El uso ordinario del sistema ha de ser sencillo y seguro, de forma que una utilización insegura requiera de un acto consciente por parte del usuario.

Artículo 20.- Integridad y actualización del sistema.

1. Todo elemento físico o lógico requerirá autorización formal previa a su instalación en el sistema.

2. Se deberá conocer en todo momento el estado de seguridad de los sistemas, en relación a las especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que les afecten, reaccionando con diligencia para gestionar el riesgo a la vista del estado de seguridad de los mismos.

Artículo 21.- Protección de información almacenada y en tránsito.

1. En la estructura y organización de la seguridad del sistema, se prestará especial atención a la información almacenada o en tránsito a través de entornos inseguros. Tendrán la consideración de entornos inseguros los equipos portátiles, asistentes personales (PDA), dispositivos periféricos, soportes de información y comunicaciones sobre redes abiertas o con cifrado débil.

2. Forman parte de la seguridad los procedimientos que aseguren la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.

3. Toda información en soporte no electrónico, que haya sido causa o consecuencia directa de la información electrónica a la que se refiere el presente real decreto, deberá estar protegida con el mismo grado de seguridad que ésta. Para ello se aplicarán las medidas que correspondan a la naturaleza del soporte en que se encuentren, de conformidad con las normas de aplicación a la seguridad de los mismos.

Artículo 22.- Prevención ante otros sistemas de información interconectados.

El sistema ha de proteger el perímetro, en particular, si se conecta a redes públicas.

Se entenderá por red pública de comunicaciones la red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, de conformidad a la definición establecida en el apartado 26 del anexo II, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. En todo caso se analizarán los riesgos derivados de la interconexión del sistema, a través de redes, con otros sistemas, y se controlará su punto de unión.

Artículo 23.- Registro de actividad.

Con la finalidad exclusiva de lograr el cumplimiento del objeto del presente real decreto, con plenas garantías del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen de los afectados, y de acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales, de función pública o laboral, y demás disposiciones que resulten de aplicación, se registrarán las actividades de los usuarios, reteniendo la información necesaria para monitorizar, analizar, investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo identificar en cada momento a la persona que actúa.

Artículo 24.- Incidentes de seguridad.

1. Se establecerá un sistema de detección y reacción frente a código dañino.

2. Se registrarán los incidentes de seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento que se sigan. Estos registros se emplearán para la mejora continua de la seguridad del sistema.

Artículo 25.- Continuidad de la actividad.

Los sistemas dispondrán de copias de seguridad y establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones, en caso de pérdida de los medios habituales de trabajo.

Artículo 26.- Mejora continua del proceso de seguridad.

El proceso integral de seguridad implantado deberá ser actualizado y mejorado de forma continua. Para ello, se aplicarán los criterios y métodos reconocidos en la práctica nacional e internacional relativos a gestión de las tecnologías de la información.

Artículo 27.- Cumplimiento de requisitos mínimos.

1. Para dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el presente real decreto, las Administraciones públicas aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el Anexo II, teniendo en cuenta:

a) Los activos que constituyen el sistema.
b) La categoría del sistema, según lo previsto en el artículo 43.
c) Las decisiones que se adopten para gestionar los riesgos identificados.

2. Cuando un sistema al que afecte el presente real decreto maneje datos de carácter personal le será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y normativa de desarrollo, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

3. Los medidas a las que se refieren los apartados 1 y 2 tendrán la condición de mínimos exigibles, y podrán ser ampliados por causa de la concurrencia indicada o del prudente arbitrio del responsable de la información, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los servicios prestados y la información manejada, y los riesgos a que están expuestos.

Artículo 28.- Infraestructuras y servicios comunes.

La utilización de infraestructuras y servicios comunes reconocidos en las Administraciones Públicas facilitará el cumplimiento de los principios básicos y los requisitos mínimos exigidos
en el presente real decreto en condiciones de mejor eficiencia. Los supuestos concretos de utilización de estas infraestructuras y servicios comunes serán determinados por cada
Administración.

Artículo 29.- Guías de seguridad.

Para el mejor cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, el Centro Criptológico Nacional, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 30.- Sistemas de información no afectados.

Las Administraciones públicas podrán determinar aquellos sistemas de información a los que no les sea de aplicación lo dispuesto en el presente de real decreto por tratarse de sistemas no relacionados con el ejercicio de derechos ni con el cumplimiento de deberes por medios electrónicos ni con el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio.

CAPÍTULO IV.- Comunicaciones electrónicas

Artículo 31.- Condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas.

1. Las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido integro de las comunicaciones y la identificación fidedigna del remitente y destinatario de las mismas, según lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, serán implementadas de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.

2. Las comunicaciones realizadas en los términos indicados en el apartado anterior, tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que resulte de aplicación.

Artículo 32.- Requerimientos técnicos de notificaciones y publicaciones electrónicas.

1. Las notificaciones y publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan, de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto, las siguientes exigencias técnicas:

a) Aseguren la autenticidad del organismo que lo publique.

b) Aseguren la integridad de la información publicada.

c) Dejen constancia de la fecha y hora de la puesta a disposición del interesado de la resolución o acto objeto de publicación o notificación, así como del acceso a su contenido.

d) Aseguren la autenticidad del destinatario de la publicación o notificación.

Artículo 33.- Firma electrónica.

1. Los mecanismos de firma electrónica se aplicarán en los términos indicados en el Anexo II de esta norma y de acuerdo con lo preceptuado en la política de firma electrónica y de certificados, según se establece en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. La política de firma electrónica y de certificados concretará los procesos de generación, validación y conservación de firmas electrónicas, así como las características y requisitos exigibles a los sistemas de firma electrónica, los certificados, los servicios de sellado de tiempo, y otros elementos de soporte de las firmas, sin perjuicio de lo previsto en el Anexo II, que deberá adaptarse a cada circunstancia.

CAPÍTULO V.- Auditoría de la seguridad

Artículo 34.- Auditoría de la seguridad.

1. Los sistemas de información a los que se refiere el presente real decreto serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos del presente Esquema Nacional de Seguridad.

Con carácter extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información, que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas. La realización de la auditoria extraordinaria determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años, establecidos para la realización de la siguiente auditoría regular ordinaria, indicados en el párrafo anterior.

2. Esta auditoría se realizará en función de la categoría del sistema, determinada según lo dispuesto en el anexo I y de acuerdo con lo previsto en el anexo III.

3. En el marco de lo dispuesto en el artículo 39, de la ley 11/2007, de 22 de junio, la auditoría profundizará en los detalles del sistema hasta el nivel que considere que proporciona
evidencia suficiente y relevante, dentro del alcance establecido para la auditoría.

4. En la realización de esta auditoría se utilizarán los criterios, métodos de trabajo y de conducta generalmente reconocidos, así como la normalización nacional e internacional aplicables a este tipo de auditorías de sistemas de información.

5. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre el grado de cumplimiento del presente real decreto, identificar sus deficiencias y sugerir las posibles medidas correctoras o complementarias necesarias, así como las recomendaciones que se consideren oportunas. Deberá, igualmente, incluir los criterios metodológicos de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo de la auditoría, y los datos, hechos y observaciones en que se basen las conclusiones formuladas.

6. Los informes de auditoría serán presentados al responsable del sistema y al responsable de seguridad competentes. Estos informes serán analizados por este último que presentará sus conclusiones al responsable del sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.

7. En el caso de los sistemas de categoría ALTA, visto el dictamen de auditoría, el responsable del sistema podrá acordar la retirada de operación de alguna información, de algún servicio o del sistema en su totalidad, durante el tiempo que estime prudente y hasta la satisfacción de las modificaciones prescritas.

8. Los informes de auditoría podrán ser requeridos por los responsables de cada organización con competencias sobre seguridad de las tecnologías de la información.

CAPÍTULO VI.- Estado de seguridad de los sistemas

Artículo 35.- Informe del estado de la seguridad.

El Comité Sectorial de Administración Electrónica articulará los procedimientos necesarios para conocer regularmente el estado de las principales variables de la seguridad en los sistemas de información a los que se refiere el presente real decreto, de forma que permita elaborar un perfil general del estado de la seguridad en las Administraciones públicas.

CAPÍTULO VII.- Respuesta a incidentes de seguridad

Artículo 36.- Capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) articulará la respuesta a los incidentes de seguridad en torno a la estructura denominada CCN-CERT (Centro Criptológico NacionalComputer Emergency Reaction Team), que actuará sin perjuicio de las capacidades de respuesta a incidentes de seguridad que pueda tener cada administración pública y de la función de coordinación a nivel nacional e internacional del CCN.

Artículo 37.- Prestación de servicios de respuesta a incidentes de seguridad a las Administraciones públicas.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 36, el CCN-CERT prestará a las Administraciones públicas los siguientes servicios:

a) Soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la resolución de incidentes de seguridad que tengan la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones indicadas.
El CCN-CERT, a través de su servicio de apoyo técnico y de coordinación, actuará con la máxima celeridad ante cualquier agresión recibida en los sistemas de información de las
Administraciones públicas.
Para el cumplimiento de los fines indicados en los párrafos anteriores se podrán recabar los informes de auditoría de los sistemas afectados.

b) Investigación y divulgación de las mejores prácticas sobre seguridad de la información entre todos los miembros de las Administraciones públicas. Con esta finalidad, las series de documentos CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones), elaboradas por el Centro Criptológico Nacional, ofrecerán normas, instrucciones, guías y recomendaciones para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad y para garantizar la seguridad de los sistemas de tecnologías de la información en la Administración.

c) Formación destinada al personal de la Administración especialista en el campo de la seguridad de las tecnologías de la información, al objeto de facilitar la actualización de
conocimientos del personal de la Administración y de lograr la sensibilización y mejora de sus capacidades para la detección y gestión de incidentes.

d) Información sobre vulnerabilidades, alertas y avisos de nuevas amenazas a los sistemas de información, recopiladas de diversas fuentes de reconocido prestigio, incluidas las propias.

2. El CCN desarrollará un programa que ofrezca la información, formación, recomendaciones y herramientas necesarias para que las Administraciones públicas puedan desarrollar sus propias capacidades de respuesta a incidentes de seguridad, y en el que, aquél, será coordinador a nivel público estatal.

CAPÍTULO VIII.- Normas de conformidad

Artículo 38.- Sedes y registros electrónicos.

La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 39.- Ciclo de vida de servicios y sistemas.

Las especificaciones de seguridad se incluirán en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañadas de los correspondientes procedimientos de control.

Artículo 40.- Mecanismos de control.

Cada órgano de la Administración pública o Entidad de Derecho Público establecerá sus mecanismos de control para garantizar de forma real y efectiva el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 41.- Publicación de conformidad.

Los órganos y Entidades de Derecho Público darán publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad, y a los distintivos de seguridad de los que sean acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

CAPÍTULO IX.- Actualización

Artículo 42.- Actualización permanente.

El Esquema Nacional de Seguridad se deberá mantener actualizado de manera permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de Administración electrónica, de la evolución tecnológica y nuevos estándares internacionales sobre seguridad y auditoría en los sistemas y tecnologías de la información y a medida que vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan.

CAPÍTULO X.- Categorización de los sistemas de información

Artículo 43.- Categorías.

1. La categoría de un sistema de información, en materia de seguridad, modulará el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de proporcionalidad.

2. La determinación de la categoría indicada en el apartado anterior se efectuará en función de la valoración del impacto que tendría un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los servicios con perjuicio para la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad o trazabilidad, como dimensiones de seguridad, siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo I.

3. La valoración de las consecuencias de un impacto negativo sobre la seguridad de la información y de los servicios se efectuará atendiendo a su repercusión en la capacidad de la organización para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

Artículo 44. Facultades.

1. La facultad para efectuar las valoraciones a las que se refiere el artículo 43, así como la modificación posterior, en su caso, corresponderá, dentro del ámbito de su actividad, al responsable de cada información o servicio.

2. La facultad para determinar la categoría del sistema corresponderá al responsable del mismo.

Disposición adicional primera. Formación.

El personal de las Administraciones públicas recibirá, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la formación necesaria
para garantizar el conocimiento del presente Esquema Nacional de Seguridad, a cuyo fin los órganos responsables dispondrán lo necesario para que la formación sea una realidad
efectiva.

Disposición adicional segunda. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y organismos análogos.

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), como centro de excelencia promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, podrá desarrollar proyectos de innovación y programas de investigación dirigidos a la mejor implantación de las medidas de seguridad contempladas en el presente real decreto.

Asimismo, las Administraciones públicas podrán disponer de entidades análogas para llevar a cabo dichas actividades u otras adicionales en el ámbito de sus competencias.

Disposición adicional tercera. Comité de Seguridad de la Información de las Administraciones Públicas.

El Comité de Seguridad de la Información de las Administraciones Públicas, dependiente del Comité Sectorial de Administración electrónica, contará con un representante de cada una de las entidades presentes en dicho Comité Sectorial. Tendrá funciones de cooperación en materias comunes relacionadas con la adecuación e implantación de lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y en las normas, instrucciones, guías y recomendaciones dictadas para su aplicación.

Disposición adicional cuarta. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 81 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción:

“b) Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.”

Disposición transitoria. Adecuación de sistemas.

1. Los sistemas existentes a la entrada en vigor del presente real decreto se adecuarán al Esquema Nacional de Seguridad de forma que permitan el cumplimiento de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Los nuevos sistemas aplicarán lo establecido en el presente real decreto desde su concepción.

2. Si a los doce meses de la entrada en vigor del Esquema Nacional de Seguridad hubiera circunstancias que impidan la plena aplicación de lo exigido en el mismo, se dispondrá de un plan de adecuación que marque los plazos de ejecución los cuales, en ningún caso, serán superiores a 48 meses desde la entrada en vigor.
El plan indicado en el párrafo anterior será elaborado con la antelación suficiente y aprobado por los órganos superiores competentes.

3. Mientras no se haya aprobado una política de seguridad por el órgano superior competente serán de aplicación las políticas de seguridad que puedan existir a nivel de órgano directivo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente reglamento.

Disposición final primera. Título habilitante.

El presente real decreto se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular del Ministerio de la Presidencia, para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente real decreto, sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas de desarrollo y ejecución de
la legislación básica del Estado.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dado en Madrid, el 8 de enero de 2010.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXOS

ANEXO I.- Categorías de los sistemas

1. Fundamentos para la determinación de la categoría de un sistema.

La determinación de la categoría de un sistema se basa en la valoración del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los sistemas, con repercusión en la capacidad organizativa para:

a) Alcanzar sus objetivos.
b) Proteger los activos a su cargo.
c) Cumplir sus obligaciones diarias de servicio.
d) Respetar la legalidad vigente.
e) Respetar los derechos de las personas.

La determinación de la categoría de un sistema se realizará de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto, y será de aplicación a todos los sistemas empleados para la prestación de los servicios de la Administración electrónica y soporte del procedimiento administrativo general.

2. Dimensiones de la seguridad.

A fin de poder determinar el impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los sistemas, y de poder establecer la categoría del sistema, se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de la seguridad, que serán identificadas por sus correspondientes iniciales en mayúsculas:

a) Disponibilidad [D].
b) Autenticidad [A].
c) Integridad [I].
d) Confidencialidad [C].
e) Trazabilidad [T].

3. Determinación del nivel requerido en una dimensión de seguridad.

Una información o un servicio pueden verse afectados en una o más de sus dimensiones de seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno de los siguientes niveles: BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve afectada, no se adscribirá a ningún nivel.

a) Nivel BAJO.

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.

Se entenderá por perjuicio limitado:

1.º La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para atender eficazmente con sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan desempeñándose.

2.º El sufrimiento de un daño menor por los activos de la organización.

3.º El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de subsanable.

4.º Causar un perjuicio menor a algún individuo, que aún siendo molesto pueda ser fácilmente reparable.

5.º Otros de naturaleza análoga.

b) Nivel MEDIO.

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.

Se entenderá por perjuicio grave:

1.º La reducción significativa la capacidad de la organización para atender eficazmente a sus obligaciones fundamentales, aunque estas sigan desempeñándose.

2.º El sufrimiento de un daño significativo por los activos de la organización.

3.º El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento formal que no tenga carácter de subsanable.

4.º Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación.

5.º Otros de naturaleza análoga.

c) Nivel ALTO.

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.

Se entenderá por perjuicio muy grave:

1.º La anulación de la capacidad de la organización para atender a alguna de sus obligaciones fundamentales y que éstas sigan desempeñándose.

2.º El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, por los activos de la organización.

3.º El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.

4.º Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación.

5.º Otros de naturaleza análoga.

Cuando un sistema maneje diferentes informaciones y preste diferentes servicios, el nivel del sistema en cada dimensión será el mayor de los establecidos para cada información y cada servicio.

4. Determinación de la categoría de un sistema de información.

1. Se definen tres categorías: BÁSICA, MEDIA y ALTA.

a) Un sistema de información será de categoría ALTA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel ALTO.

b) Un sistema de información será de categoría MEDIA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel MEDIO, y ninguna alcanza un nivel superior.

c) Un sistema de información será de categoría BÁSICA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un nivel superior.

2. La determinación de la categoría de un sistema sobre la base de lo indicado en el apartado anterior no implicará que se altere, por este hecho, el nivel de las dimensiones de seguridad que no han influido en la determinación de la categoría del mismo.

5. Secuencia de actuaciones para determinar la categoría de un sistema:

1. Identificación del nivel correspondiente a cada información y servicio, en función de las dimensiones de seguridad, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3.

2. Determinación de la categoría del sistema, según lo establecido en el apartado 4.

ANEXO II.- Medidas de seguridad

1. Disposiciones generales

1. Para lograr el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en este anexo, las cuales serán proporcionales a:

a) Las dimensiones de seguridad relevantes en el sistema a proteger.

b) La categoría del sistema de información a proteger.

2. Las medidas de seguridad se dividen en tres grupos:

a) Marco organizativo [org]. Constituido por el conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad.

b) Marco operacional [op]. Formado por las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.

c) Medidas de protección [mp]. Se centran en proteger activos concretos, según su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de las dimensiones afectadas.

2. Selección de medidas de seguridad

1. Para la selección de las medidas de seguridad se seguirán los pasos siguientes:

a) Identificación de los tipos de activos presentes.

b) Determinación de las dimensiones de seguridad relevantes, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo I.

c) Determinación del nivel correspondiente a cada dimensión de seguridad, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo I.

d) Determinación de la categoría del sistema, según lo establecido en el Anexo I.

e) Selección de las medidas de seguridad apropiadas de entre las contenidas en este Anexo, de acuerdo con las dimensiones de seguridad y sus niveles, y, para determinadas medidas de seguridad, de acuerdo con la categoría del sistema.

2. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este anexo, cuando en un sistema de información existan sistemas que requieran la aplicación de un nivel de medidas de seguridad diferente al del sistema principal, podrán segregarse de este último, siendo de aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad correspondiente y siempre que puedan delimitarse la información y los servicios afectados.

3. La relación de medidas seleccionadas se formalizará en un documento denominado Declaración de Aplicabilidad, firmado por el responsable de la seguridad del sistema.

4. La correspondencia entre los niveles de seguridad exigidos en cada dimensión y las medidas de seguridad, es la que se indica en la tabla siguiente:

                      Dimensiones                                          MEDIDAS DE SEGURIDAD
Afectadas      B                M                     A
                                                                                        org                 Marco organizativo

categoría        aplica           =                      =                    org.1               Política de seguridad
categoría        aplica           =                      =                    org.2               Normativa de seguridad
categoría        aplica           =                      =                    org.3               Procedimientos de seguridad
categoría        aplica           =                      =                    org.4               Proceso de autorización

                                                                                        op                   Marco operacional
                                                                                        op.pl                Planificación
categoría         n.a.            +                   ++                      op.pl.1             Análisis de riesgos
categoría        aplica          =                     =                      op.pl.2             Arquitectura de seguridad
categoría        aplica          =                     =                      op.pl.3             Adquisición de nuevos componentes
D                   n.a.           aplica                 =                      op.pl.4             Dimensionamiento / Gestión de capacidades
categoría        n.a.            n.a.                aplica                   op.pl.5            Componentes certificados
                                                                                        op.acc             Control de acceso
A T               aplica          =                     =                       op.acc.1          Identificación
I C A T         aplica          =                     =                       op.acc.2          Requisitos de acceso
I C A T           n.a.          aplica                =                       op.acc.3          Segregación de funciones y tareas
I C A T         aplica         =                      =                       op.acc.4          Proceso de gestión de derechos de acceso
I C A T         aplica         +                     ++                      op.acc.5          Mecanismo de autenticación
I C A T         aplica         +                     ++                      op.acc.6          Acceso local (local logon)
I C A T         aplica         +                      =                        op.acc.7         Acceso remoto (remote login)
                                                                                         op.exp            Explotación
categoría       aplica        =                       =                        op.exp.1         Inventario de activos
categoría       aplica        =                       =                        op.exp.2         Configuración de seguridad
categoría       n.a.         aplica                  =                         op.exp.3         Gestión de la configuración
categoría       aplica        =                      =                         op.exp.4          Mantenimiento
categoría       n.a.         aplica                  =                         op.exp.5         Gestión de cambios
categoría      aplica         =                      =                         op.exp.6         Protección frente a código dañino
categoría       n.a.         aplica                  =                         op.exp.7         Gestión de incidencias
T                  n.a.           n.a.                 aplica                     op.exp.8         Registro de la actividad de los usuarios
categoría      n.a.          aplica                  =                         op.exp.9         Registro de la gestión de incidencias
T                 n.a.            n.a.                 aplica                     op.exp.10       Protección de los registros de actividad
categoría      aplica          =                     +                         op.exp.11       Protección de claves criptográficas
                                                                                         op.ext             Servicios externos
categoría     n.a.           aplica                =                           op.ext.1         Contratación y acuerdos de nivel de servicio
categoría     n.a.           aplica                =                           op.ext.2         Gestión diaria
D                n.a.             n.a.               aplica                       op.ext.9         Medios alternativos
                                                                                          op.cont         Continuidad del servicio
D               n.a.            aplica               =                             op.cont.1      Análisis de impacto
D               n.a.              n.a.             aplica                          op.cont.2      Plan de continuidad
D               n.a.              n.a.             aplica                          op.cont.3      Pruebas periódicas
                                                                                           op.mon        Monitorización del sistema
categoría    n.a.             n.a.             aplica                           op.mon.1      Detección de intrusión
categoría    n.a.             n.a.             aplica                           op.mon.2      Sistema de métricas
                                                                                           mp               Medidas de protección
                                                                                           mp.if            Protección de las instalaciones e infraestructuras
categoría    aplica            =                =                                mp.if.1         Áreas separadas y con control de acceso
categoría    aplica            =                =                                mp.if.2         Identificación de las personas
categoría     aplica           =                =                                mp.if.3         Acondicionamiento de los locales
D                aplica           +                =                                mp.if.4         Energía eléctrica
D                aplica           =                =                                mp.if.5         Protección frente a incendios
D                n.a.            aplica            =                                mp.if.6         Protección frente a inundaciones
categoría     aplica           =                =                                mp.if.7         Registro de entrada y salida de equipamiento
D                n.a.             n.a.            aplica                          mp.if.9         Instalaciones alternativas
                                                                                           mp.per         Gestión del personal
categoría     n.a.           aplica            =                                 mp.per.1      Caracterización del puesto de trabajo
categoría    aplica           =                =                                 mp.per.2       Deberes y obligaciones
categoría    aplica           =                =                                  mp.per.3      Concienciación
categoría    aplica           =                =                                 mp.per.4       Formación
D               n.a.             n.a.           aplica                             mp.per.9       Personal alternativo
                                                                                           mp.eq           Protección de los equipos
categoría   aplica            +               =                                  mp.eq.1        Puesto de trabajo despejado
A               n.a.           aplica            +                                 mp.eq.2         Bloqueo de puesto de trabajo
categoría   aplica           =                +                                 mp.eq.3         Protección de equipos portátiles
D               n.a.           aplica            =                                 mp.eq.9         Medios alternativos
                                                                                          mp.com         Protección de las comunicaciones
categoría   aplica           =                +                                 mp.com.1      Perímetro seguro
C              n.a.            aplica            +                                mp.com.2      Protección de la confidencialidad
I A           aplica            +               ++                               mp.com.3      Protección de la autenticidad y de la integridad
categoría   n.a.            n.a.              aplica                           mp.com.4      Segregación de redes
D              n.a.            n.a.              aplica                           mp.com.9      Medios alternativos
                                                                                          mp.si             Protección de los soportes de información
C             aplica             =                 =                               mp.si.1           Etiquetado
I C           n.a.             aplica             +                               mp.si.2           Criptografía
categoría  aplica            =                  =                               mp.si.3          Custodia
categoría  aplica            =                  =                               mp.si.4          Transporte
C             n.a.             aplica             =                                mp.si.5          Borrado y destrucción
                                                                                          mp.sw           Protección de las aplicaciones informáticas
categoría  n.a.            aplica              =                                mp.sw.1        Desarrollo
categoría  aplica            +                ++                               mp.sw.2        Aceptación y puesta en servicio
                                                                                          mp.info          Protección de la información
categoría  aplica           =                  =                                mp.info.1       Datos de carácter personal
C             aplica           +                  =                                mp.info.2      Calificación de la información
C              n.a.             n.a.              aplica                           mp.info.3      Cifrado
I A           aplica           +                  ++                              mp.info.4       Firma electrónica
T              n.a.             n.a.              aplica                           mp.info.5       Sellos de tiempo
C             aplica           =                   =                               mp.info.6       Limpieza de documentos
D             n.a.             aplica              =                               mp.info.9      Copias de seguridad (backup)
                                                                                          mp.s             Protección de los servicios
categoría  aplica            =                  =                               mp.s.1          Protección del correo electrónico
categoría  aplica            =                  =                               mp.s.2          Protección de servicios y aplicaciones web
D             n.a.            aplica               +                               mp.s.8          Protección frente a la denegación de servicio
D             n.a.             n.a.              aplica                            mp.s.9         Medios alternativos

En las tablas del presente Anexo se emplean las siguientes convenciones:

a) Para indicar que una determinada medida de seguridad se debe aplicar a una o varias dimensiones de seguridad en algún nivel determinado se utiliza la voz “aplica”.

b) “n.a.” significa “no aplica”.

c) Para indicar que las exigencias de un nivel son iguales a los del nivel inferior se utiliza el signo “=”.

d) Para indicar el incremento de exigencias graduado en función de del nivel de la dimensión de seguridad, se utilizan los signos “+” y “++”.

e) Para indicar que una medida protege específicamente una cierta dimensión de seguridad, ésta se explicita mediante su inicial.

3. Marco organizativo [org]

El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad.

3.1 Política de seguridad [org.1].

Dimensiones                 Todas
Categoría         básica       media        alta
                         aplica          =                 =

La política de seguridad será aprobada por el órgano superior competente que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, y se plasmará en un documento escrito, en el que, de forma clara, se precise, al menos, lo siguiente:

a) Los objetivos o misión de la organización.

b) El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.

c) Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, los deberes y responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y renovación.

d) La estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, los miembros y la relación con otros elementos de la organización.

e) Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema, su gestión y acceso.
La política de seguridad debe referenciar y ser coherente con lo establecido en el Documento de Seguridad que exige el Real Decreto 1720/2007, en lo que corresponda.

3.2 Normativa de seguridad [org.2].

Dimensiones                            Todas
Categoría            básica           media        alta

                          aplica              =                  =

Se dispondrá de una serie de documentos que describan:

a) El uso correcto de equipos, servicios e instalaciones.

b) Lo que se considerará uso indebido.

c) La responsabilidad del personal con respecto al cumplimiento o violación de estas normas: derechos, deberes y medidas disciplinarias de acuerdo con la legislación vigente.

3.3 Procedimientos de seguridad [org.3].

Dimensiones                           Todas
Categoría          básica            media               alta

                          aplica                 =                    =

Se dispondrá de una serie de documentos que detallen de forma clara y precisa:

a) Cómo llevar a cabo las tareas habituales.

b) Quién debe hacer cada tarea.

c) Cómo identificar y reportar comportamientos anómalos.

3.4 Proceso de autorización [org.4].

Dimensiones                            Todas
Categoría               básica        media             alta

                              aplica              =                   =

Se establecerá un proceso formal de autorizaciones que cubra todos los elementos del sistema de información:

a) Utilización de instalaciones, habituales y alternativas.

b) Entrada de equipos en producción, en particular, equipos que involucren criptografía.

c) Entrada de aplicaciones en producción.

d) Establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros sistemas.

e) Utilización de medios de comunicación, habituales y alternativos.

f) Utilización de soportes de información.

g) Utilización de equipos móviles. Se entenderá por equipos móviles ordenadores portátiles, PDA, u otros de naturaleza análoga.

4. Marco operacional [op]

El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.

4.1 Planificación [op.pl].

4.1.1 Análisis de riesgos [op.pl.1].

Dimensiones                                  Todas
Categoría                 básica            media               alta

                                aplica                  +                    ++

Categoría BÁSICA

Bastará un análisis informal, realizado en lenguaje natural. Es decir, una exposición textual que describa los siguientes aspectos:

a) Identifique los activos más valiosos del sistema.
b) Identifique las amenazas más probables.
c) Identifique las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
d) Identifique los principales riesgos residuales.

Categoría MEDIA

Se deberá realizar un análisis semi-formal, usando un lenguaje específico, con un catálogo básico de amenazas y una semántica definida. Es decir, una presentación con tablas que describa los siguientes aspectos:

a) Identifique y valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.
b) Identifique y cuantifique las amenazas más probables.
c) Identifique y valore las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
d) Identifique y valore el riesgo residual.

Categoría ALTA

Se deberá realizar un análisis formal, usando un lenguaje específico, con un fundamento matemático reconocido internacionalmente. El análisis deberá cubrir los siguientes aspectos:

a) Identifique y valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.
b) Identifique y cuantifique las amenazas posibles.
c) Identifique las vulnerabilidades habilitantes de dichas amenazas.
d) Identifique y valore las salvaguardas adecuadas.
e) Identifique y valore el riesgo residual.

4.1.2 Arquitectura de seguridad [op.pl.2].

Dimensiones                                  Todas
Categoría                      básica       media            alta

                                     aplica            =                  =

La seguridad del sistema será objeto de un planteamiento integral detallando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Documentación de las instalaciones:

1.º Áreas.
2.º Puntos de acceso.

b) Documentación del sistema:

1.º Equipos.
2.º Redes internas y conexiones al exterior.
3.º Puntos de acceso al sistema (puestos de trabajo y consolas de administración).

c) Esquema de líneas de defensa:

1.º Puntos de interconexión a otros sistemas o a otras redes, en especial si se trata de Internet.
2.º Cortafuegos, DMZ, etc.
3.º Utilización de tecnologías diferentes para prevenir vulnerabilidades que pudieran perforar simultáneamente varias líneas de defensa.

d) Sistema de identificación y autenticación de usuarios:

1.º Uso de claves concertadas, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras de naturaleza análoga.
2.º Uso de ficheros o directorios para autenticar al usuario y determinar sus derechos de acceso.

e) Controles técnicos internos:

1.º Validación de datos de entrada, salida y datos intermedios.

f) Sistema de gestión con actualización y aprobación periódica.

4.1.3 Adquisición de nuevos componentes [op.pl.3].

Dimensiones                                 Todas
Categoría                       básica       media            alta

                                      aplica             =                   =

Se establecerá un proceso formal para planificar la adquisición de nuevos componentes del sistema, proceso que:

a) Atenderá a las conclusiones del análisis de riesgos: [op.pl.1].
b) Será acorde a la arquitectura de seguridad escogida: [op.pl.2].
c) Contemplará las necesidades técnicas, de formación y de financiación de forma conjunta.

4.1.4 Dimensionamiento / gestión de capacidades [op.pl.4].

Dimensiones                                   D
Nivel                           bajo          medio           alto

                                no aplica      aplica                 =

Con carácter previo a la puesta en explotación, se realizará un estudio previo que cubrirá los siguientes aspectos:

a) Necesidades de procesamiento.
b) Necesidades de almacenamiento de información: durante su procesamiento y durante el periodo que deba retenerse.
d) Necesidades de comunicación.
e) Necesidades de personal: cantidad y cualificación profesional.
f) Necesidades de instalaciones y medios auxiliares.

4.1.5 Componentes certificados [op.pl.5].

Dimensiones                                   Todas
Categoría                       básica        media          alta

                                      no aplica     no aplica     aplica
Se utilizarán preferentemente sistemas, productos o equipos cuyas funcionalidades de seguridad y su nivel hayan sido evaluados conforme a normas europeas o internacionales y que estén certificados por entidades independientes de reconocida solvencia.

Tendrán la consideración de normas europeas o internacionales, ISO/IEC 15408 u otras de naturaleza y calidad análogas.

Tendrán la consideración de entidades independientes de reconocida solvencia las recogidas en los acuerdos o arreglos internacionales de reconocimiento mutuo de los certificados de la seguridad de la tecnología de la información u otras de naturaleza análoga.

4.2 Control de acceso. [op.acc].

El control de acceso cubre el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas para que una determinada entidad, usuario o proceso, pueda, o no, acceder a un recurso del sistema para realizar una determinada acción.

El control de acceso que se implante en un sistema real será un punto de equilibrio entre la comodidad de uso y la protección de la información. En sistemas de nivel Bajo, se primará la comodidad, mientras que en sistemas de nivel Alto se primará la protección.

En todo control de acceso se requerirá lo siguiente:

a) Que todo acceso esté prohibido, salvo concesión expresa.
b) Que la entidad quede identificada singularmente [op.acc.1].
c) Que la utilización de los recursos esté protegida [op.acc.2].
d) Que se definan para cada entidad los siguientes parámetros: a qué se necesita acceder, con qué derechos y bajo qué autorización [op.acc.4].
e) Serán diferentes las personas que autorizan, usan y controlan el uso [op.acc.3].
f) Que la identidad de la entidad quede suficientemente autenticada [mp.acc.5].
g) Que se controle tanto el acceso local ([op.acc.6]) como el acceso remoto ([op.acc.7]).

Con el cumplimiento de todas las medidas indicadas se garantizará que nadie accederá a recursos sin autorización. Además, quedará registrado el uso del sistema ([op.exp.8]) para poder detectar y reaccionar a cualquier fallo accidental o deliberado.

Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas responsabilidades, en los casos en que sea necesario, las medidas de seguridad locales se acompañarán de los correspondientes acuerdos de colaboración que delimiten mecanismos y procedimientos para la atribución y ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada sistema ([op.ext]).

4.2.1 Identificación [op.acc.1].

Dimensiones                                 A T
Nivel                             bajo        medio          alto

                                     aplica          =               =

La identificación de los usuarios del sistema se realizará de acuerdo con lo que se indica a continuación:

a) Se asignará un identificador singular para cada entidad (usuario o proceso) que accede al sistema, de tal forma que:

1.º Se puede saber quién recibe y qué derechos de acceso recibe.
2.º Se puede saber quién ha hecho algo y qué ha hecho.

b) Las cuentas de usuario se gestionarán de la siguiente forma:

1.º Cada cuenta estará asociada a un identificador único.
2.º Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el usuario deja la organización; cuando el usuario cesa en la función para la cual se requería la cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó, da orden en sentido contrario.
3.º Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las necesidades de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las mismas. A este periodo se le denominará periodo de retención.

4.2.2 Requisitos de acceso [op.acc.2].

Dimensiones                                    I C A T
Nivel                                    bajo      medio          alto

                                           aplica        =                =

Los requisitos de acceso se atenderán a lo que a continuación se indica:

a) Los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que impida su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de acceso suficientes.

b) Los derechos de acceso de cada recurso, se establecerán según las decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose a la política y normativa de seguridad del sistema.

c) Particularmente se controlará el acceso a los componentes del sistema y a sus ficheros o registros de configuración.

4.2.3 Segregación de funciones y tareas [op.acc.3].

Dimensiones                                  I C A T
Nivel                              bajo         medio            alto

                                    no aplica       aplica             =

El sistema de control de acceso se organizará de forma que se exija la concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo autorizado, pueda abusar de sus derechos para cometer alguna acción ilícita.

En concreto, se separarán al menos las siguientes funciones:

a) Desarrollo de operación.
b) Configuración y mantenimiento del sistema de operación.
c) Auditoría o supervisión de cualquier otra función.

4.2.4 Proceso de gestión de derechos de acceso [op.acc.4].

Dimensiones                                            I C A T
Nivel                                          bajo        medio              alto

                                                  aplica          =                     =

Los derechos de acceso de cada usuario, se limitarán atendiendo a los siguientes principios:

a) Mínimo privilegio. Los privilegios de cada usuario se reducirán al mínimo estrictamente necesario para cumplir sus obligaciones. De esta forma se acotan los daños que pudiera causar una entidad, de forma accidental o intencionada.

b) Necesidad de conocer. Los privilegios se limitarán de forma que los usuarios sólo accederán al conocimiento de aquella información requerida para cumplir sus obligaciones.

c) Capacidad de autorizar. Sólo y exclusivamente el personal con competencia para ello, podrá conceder, alterar o anular la autorización de acceso a los recursos, conforme a los criterios establecidos por su propietario.

4.2.5 Mecanismo de autenticación [op.acc.5].

Dimensiones                                           I C A T
Nivel                                      bajo         medio             alto

                                               aplica           +                  ++

Los mecanismos de autenticación frente al sistema se adecuarán al nivel del sistema atendiendo a las consideraciones que siguen.

Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos concretos adecuados a cada nivel.

Nivel BAJO

a) Se admitirá el uso de cualquier mecanismo de autenticación: claves concertadas, o dispositivos físicos (en expresión inglesa “tokens”) o componentes lógicos tales como certificados software u otros equivalentes o mecanismos biométricos.

b) En el caso de usar contraseñas se aplicarán reglas básicas de calidad de las mismas.

c) Se atenderá a la seguridad de los autenticadores de forma que:

1.º Los autenticadores se activarán una vez estén bajo el control efectivo del usuario.

2.º Los autenticadores estarán bajo el control exclusivo del usuario.

3.º El usuario reconocerá que los ha recibido y que conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en particular el deber de custodia diligente, protección de su confidencialidad e información inmediata en caso de pérdida.

4.º Los autenticadores se cambiarán con una periodicidad marcada por la política de la organización, atendiendo a la categoría del sistema al que se accede.

5.º Los autenticadores se retirarán y serán deshabilitados cuando la entidad (persona, equipo o proceso) que autentican termina su relación con el sistema.

Nivel MEDIO

a) No se recomendará el uso de claves concertadas.

b) Se recomendará el uso de otro tipo de mecanismos del tipo dispositivos físicos (tokens) o componentes lógicos tales como certificados software u otros equivalentes o biométricos.

c) En el caso de usar contraseñas se aplicarán políticas rigurosas de calidad de la contraseña y renovación frecuente.

Nivel ALTO

a) Los autenticadores se suspenderán tras un periodo definido de no utilización.

b) No se admitirá el uso de claves concertadas.

c) Se exigirá el uso de dispositivos físicos (tokens) personalizados o biometría.

d) En el caso de utilización de dispositivos físicos (tokens) se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.

e) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].

Tabla resumen de mecanismos de autenticación admisibles

                                                                                Nivel
                                                               BAJO      MEDIO        ALTO

algo que se sabe claves concertadas           sí          Con cautela                  no
algo que se tiene Tokens                            si             sí               criptográficos
algo que se es Biometría                            sí             sí               + doble factor

4.2.6 Acceso local [op.acc.6].

Dimensiones                                             I C A T
Nivel                                           bajo       medio            alto

                                                    aplica        +                  ++

Se considera acceso local al realizado desde puestos de trabajo dentro de las propias instalaciones de la organización. Estos accesos tendrán en cuenta el nivel de las dimensiones de seguridad:

Nivel BAJO

a) Se prevendrán ataques que puedan revelar información del sistema sin llegar a acceder al mismo. La información revelada a quien intenta acceder, debe ser la mínima imprescindible (los diálogos de acceso proporcionarán solamente la información indispensable).

b) El número de intentos permitidos será limitado, bloqueando la oportunidad de acceso una vez efectuados un cierto número de fallos consecutivos.

c) Se registrarán los accesos con éxito, y los fallidos.

d) El sistema informará al usuario de sus obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso.

Nivel MEDIO

Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.

Nivel ALTO

a) El acceso estará limitado por horario, fechas y lugar desde donde se accede.

b) Se definirán aquellos puntos en los que el sistema requerirá una renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular, no bastando con la sesión establecida.

4.2.7 Acceso remoto [op.acc.7].

Dimensiones                                         I C A T
Nivel                                         bajo       medio        alto

                                                 aplica        +                 =

Se considera acceso remoto al realizado desde fuera de las propias instalaciones de la organización, a través de redes de terceros.

Se garantizará la seguridad del sistema cuando accedan remotamente usuarios u otras entidades, lo que implicará proteger tanto el acceso en sí mismo (como [op.acc.6]) como el canal de acceso remoto (como en [mp.com.2] y [mp.com.3]).

Nivel MEDIO

Se establecerá una política específica de lo que puede hacerse remotamente, requiriéndose autorización positiva.

4.3 Explotación [op.exp].

4.3.1 Inventario de activos [op.exp.1].

Dimensiones                                                 Todas
Categoría                                básica            media            alta

                                                   aplica              =                    =

Se mantendrá un inventario actualizado de todos los elementos del sistema, detallando su naturaleza e identificando a su propietario; es decir, la persona que es responsable de las decisiones relativas al mismo.

4.3.2 Configuración de seguridad [op.exp.2].

Dimensiones                                                   Todas
Categoría                                   básica         media            alta

                                                    aplica              =                   =

Se configurarán los equipos previamente a su entrada en operación, de forma que:

a) Se retiren cuentas y contraseñas estándar.

b) Se aplicará la regla de “mínima funcionalidad”:

1.º El sistema debe proporcionar la funcionalidad requerida para que la organización alcance sus objetivos y ninguna otra funcionalidad,

2.º No proporcionará funciones gratuitas, ni de operación, ni de administración, ni de auditoría, reduciendo de esta forma su perímetro al mínimo imprescindible.

3.º Se eliminará o desactivará mediante el control de la configuración, aquellas funciones que no sean de interés, no sean necesarias, e incluso, aquellas que sean inadecuadas al fin que se persigue.

c) Se aplicará la regla de “seguridad por defecto”:

1.º Las medidas de seguridad serán respetuosas con el usuario y protegerán a éste, salvo que se exponga conscientemente a un riesgo.

2.º Para reducir la seguridad, el usuario tiene que realizar acciones conscientes.

3.º El uso natural, en los casos que el usuario no ha consultado el manual, será un uso seguro.

4.3.3 Gestión de la configuración [op.exp.3].

Dimensiones                                         Todas
Categoría                            básica       media           alta

                                            no aplica      aplica              =

Se gestionará de forma continua la configuración de los componentes del sistema de forma que:

a) Se mantenga en todo momento la regla de “funcionalidad mínima” ([op.exp.2]).
b) Se mantenga en todo momento la regla de “seguridad por defecto” ([op.exp.2]).
c) El sistema se adapte a las nuevas necesidades, previamente autorizadas ([op.acc.4]).
d) El sistema reaccione a vulnerabilidades reportadas ([op.exp.4]).
e) El sistema reaccione a incidencias (ver [op.exp.7]).

4.3.4 Mantenimiento [op.exp.4].

Dimensiones                                                  Todas
Categoría                                        básica     media         alta

                                                           aplica       =                 =

Para mantener el equipamiento físico y lógico que constituye el sistema, se aplicará lo siguiente:

a) Se atenderá a las especificaciones de los fabricantes en lo relativo a instalación y mantenimiento de los sistemas.

b) Se efectuará un seguimiento continuo de los anuncios de defectos.

c) Se dispondrá de un procedimiento para analizar, priorizar y determinar cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones. La priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función de la aplicación o no de la actualización.

4.3.5 Gestión de cambios [op.exp.5].

Dimensiones                                                  Todas
Categoría                                 básica              media            alta

                                                 no aplica            aplica                =

Se mantendrá un control continuo de cambios realizados en el sistema, de forma que:

a) Todos los cambios anunciados por el fabricante o proveedor serán analizados para determinar su conveniencia para ser incorporados, o no.

b) Antes de poner en producción una nueva versión o una versión parcheada, se comprobará en un equipo que no esté en producción, que la nueva instalación funciona correctamente y no disminuye la eficacia de las funciones necesarias para el trabajo diario. El equipo de pruebas será equivalente al de producción en los aspectos que se comprueban.

c) Los cambios se planificarán para reducir el impacto sobre la prestación de los servicios afectados.

d) Mediante análisis de riesgos se determinará si los cambios son relevantes para la seguridad del sistema. Aquellos cambios que impliquen una situación de riesgo de nivel alto serán aprobados explícitamente de forma previa a su implantación.

4.3.6 Protección frente a código dañino [op.exp.6].

Dimensiones                                              Todas
Categoría                          básica            media              alta

                                           aplica                 =                      =

Se considera código dañino: los virus, los gusanos, los troyanos, los programas espías, conocidos en terminología inglesa como “spyware”, y en general, todo lo conocido como “malware”.

Se dispondrá de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

4.3.7 Gestión de incidencias [op.exp.7].

Dimensiones                                Todas
Categoría                  básica        media           alta

                                  no aplica       aplica              =

Se dispondrá de un proceso integral para hacer frente a los incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad del sistema, incluyendo:

a) Procedimiento de reporte de incidentes reales o sospechosos, detallando el escalado de la notificación.

b) Procedimiento de toma de medidas urgentes, incluyendo la detención de servicios, el aislamiento del sistema afectado, la recogida de evidencias y protección de los registros, según convenga al caso.

c) Procedimiento de asignación de recursos para investigar las causas, analizar las consecuencias y resolver el incidente.

d) Procedimientos para informar a las partes interesadas, internas y externas.

e) Procedimientos para:

1.º Prevenir que se repita el incidente.

2.º Incluir en los procedimientos de usuario la identificación y forma de tratar el incidente.

3.º Actualizar, extender, mejorar u optimizar los procedimientos de resolución de incidencias.

La gestión de incidentes que afecten a datos de carácter personal tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1720 de 2007, en lo que corresponda.

4.3.8 Registro de la actividad de los usuarios [op.exp.8].

Dimensiones                                      T
Nivel                               bajo        medio         alto

                                     no aplica     no aplica      aplica

Se registrarán todas las actividades de los usuarios en el sistema, de forma que:

a) El registro indicará quién realiza la actividad, cuando la realiza y sobre qué información.

b) Se incluirá la actividad de los usuarios y, especialmente, la de los operadores y administradores del sistema en cuanto pueden acceder a la configuración y actuar en el mantenimiento del mismo.

c) Deben registrarse las actividades realizadas con éxito y los intentos fracasados.

d) La determinación de qué actividades debe en registrarse y con qué niveles de detalle se determinará a la vista del análisis de riesgos realizado sobre el sistema ([op.pl.1]).

4.3.9 Registro de la gestión de incidencias [op.exp.9].

Dimensiones                                                         Todas
Categoría                              básica                media                alta

                                             no aplica               aplica                   =

Se registrarán todas las actuaciones relacionadas con la gestión de incidencias, de forma que:

a) Se registrará el reporte inicial, las actuaciones de emergencia y las modificaciones del sistema derivadas del incidente.

b) Se registrará aquella evidencia que pueda, posteriormente, sustentar una demanda judicial, o hacer frente a ella, cuando el incidente pueda llevar a actuaciones disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos o a la persecución de delitos. En la determinación de la composición y detalle de estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento legal especializado.

c) Como consecuencia del análisis de las incidencias, se revisará la determinación de los eventos auditables.

4.3.10 Protección de los registros de actividad [op.exp.10].

Dimensiones                                              T
Nivel                                     bajo          medio          alto

                                          no aplica      no aplica       aplica

Se protegerán los registros del sistema, de forma que:

a) Se determinará el periodo de retención de los registros.
b) Se asegurará la fecha y hora. Ver [mp.info.5].
c) Los registros no podrán ser modificados ni eliminados por personal no autorizado.
d) Las copias de seguridad, si existen, se ajustarán a los mismos requisitos.

4.3.11 Protección de claves criptográficas [op.exp.11].

Dimensiones                                       Todas
Categoría                          básica      media          alta

                                           aplica            =                +

Las claves criptográficas se protegerán durante todo su ciclo de vida: (1) generación, (2) transporte al punto de explotación, (3) custodia durante la explotación, (4) archivo posterior a su retirada de explotación activa y (5) destrucción final.

Categoría BÁSICA

a) Los medios de generación estarán aislados de los medios de explotación.

b) Las claves retiradas de operación que deban ser archivadas, lo serán en medios aislados de los de explotación.

Categoría MEDIA

a) Se usarán programas evaluados o dispositivos criptográficos certificados.

b) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.

4.4 Servicios externos [op.ext].

Cuando se utilicen recursos externos a la organización, sean servicios, equipos, instalaciones o personal, deberá tenerse en cuenta que la delegación se limita a las funciones.

La organización sigue siendo en todo momento responsable de los riesgos en que se incurre en la medida en que impacten sobre la información manejada y los servicios finales prestados por la organización.

La organización dispondrá las medidas necesarias para poder ejercer su responsabilidad y mantener el control en todo momento.

4.4.1 Contratación y acuerdos de nivel de servicio [op.ext.1].

Dimensiones                                       Todas
Categoría                          básica        media         alta

                                          no aplica       aplica            =

Previa a la utilización de recursos externos se establecerán contractualmente las
características del servicio prestado y las responsabilidades de las partes. Se detallará lo
que se considera calidad mínima del servicio prestado y las consecuencias de su
incumplimiento.

4.4.2 Gestión diaria [op.ext.2].

Dimensiones                                             Todas
Categoría                                 básica       media           alta

                                                no aplica       aplica              =

Para la gestión diaria del sistema, se establecerán los siguientes puntos:

a) Un sistema rutinario para medir el cumplimiento de las obligaciones de servicio y el procedimiento para neutralizar cualquier desviación fuera del margen de tolerancia acordado (op.ext.1]).

b) El mecanismo y los procedimientos de coordinación para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los sistemas afectados por el acuerdo.

c) El mecanismo y los procedimientos de coordinación en caso de incidencias y desastres (ver [op.exp.7]).

4.4.3 Medios alternativos [op.ext.9].

Dimensiones                                           D
Nivel                                  bajo            medio          alto

                                         no aplica      no aplica       aplica

Estará prevista la provisión del servicio por medios alternativos en caso de indisponibilidad del servicio contratado. El servicio alternativo disfrutará de las mismas garantías de seguridad que el servicio habitual.

4.5 Continuidad del servicio [op.cont].

4.5.1 Análisis de impacto [op.cont.1].

Dimensiones                                               D
Nivel                                     bajo          medio         alto

                                             no aplica      aplica            =

Se realizará un análisis de impacto que permita determinar:

a) Los requisitos de disponibilidad de cada servicio medidos como el impacto de una interrupción durante un cierto periodo de tiempo.

b) Los elementos que son críticos para la prestación de cada servicio.

4.5.2 Plan de continuidad [op.cont.2].

Dimensiones                                            D
Nivel                                  bajo          medio         alto

                                         no aplica     no aplica      aplica

Se desarrollará un plan de continuidad que establezca las acciones a ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Este plan contemplará los siguientes aspectos:

a) Se identificarán funciones, responsabilidades y actividades a realizar.

b) Existirá una previsión de los medios alternativos que se va a conjugar para poder seguir prestando los servicios.

c) Todos los medios alternativos estarán planificados y materializados en acuerdos o contratos con los proveedores correspondientes.

d) Las personas afectadas por el plan recibirán formación específica relativa a su papel en dicho plan.

e) El plan de continuidad será parte integral y armónica de los planes de continuidad de la organización en otras materias ajenas a la seguridad.

4.5.3 Pruebas periódicas [op.cont.3].

Dimensiones                                           D
Nivel                                  bajo          medio          alto

                                        no aplica      no aplica       aplica

Se realizarán pruebas periódicas para localizar y, corregir en su caso, los errores o deficiencias que puedan existir en el plan de continuidad

4.6 Monitorización del sistema [op.mon].

El sistema estará sujeto a medidas de monitorización de su actividad.

4.6.1 Detección de intrusión [op.mon.1].

Dimensiones                                         Todas
Categoría                              básica      media         alta

                                             no aplica    no aplica      aplica

Se dispondrán de herramientas de detección o de prevención de intrusión.

4.6.2 Sistema de métricas [op.mon.2].

Dimensiones                                              Todas
Categoría                                   básica      media          alta

                                                   no aplica     no aplica      aplica

Se establecerá un conjunto de indicadores que mida el desempeño real del sistema en materia de seguridad, en los siguientes aspectos:

a) Grado de implantación de las medidas de seguridad.
b) Eficacia y eficiencia de las medidas de seguridad.
c) Impacto de los incidentes de seguridad.

5. Medidas de protección [mp]

Las medidas de protección, se centrarán en proteger activos concretos, según su naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.

5.1 Protección de las instalaciones e infraestructuras [mp.if].

5.1.1 Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1].

Dimensiones                                     Todas
Categoría                         básica      media        alta

                                           aplica          =               =

El equipamiento de instalará en áreas separadas específicas para su función.

Se controlarán los accesos a las áreas indicadas de forma que sólo se pueda acceder por las entradas previstas y vigiladas.

5.1.2 Identificación de las personas [mp.if.2].

Dimensiones                                  Todas
Categoría                      básica       media          alta

                                        aplica           =                 =

El mecanismo de control de acceso se atendrá a lo que se dispone a continuación:

a) Se identificará a todas las personas que accedan a los locales donde hay equipamiento que forme parte del sistema de información.

b) Se registrarán las entradas y salidas de personas.

5.1.3 Acondicionamiento de los locales [mp.if.3].

Dimensiones                                     Todas
Categoría                         básica      media           alta

                                           aplica           =                 =

Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes, dispondrán de elementos adecuados para el eficaz funcionamiento del equipamiento allí instalado. Y, en especial:

a) Condiciones de temperatura y humedad.
b) Protección frente a las amenazas identificadas en el análisis de riesgos.
c) Protección del cableado frente a incidentes fortuitos o deliberados.

5.1.4 Energía eléctrica [mp.if.4].

Dimensiones                                       D
Nivel                               bajo        medio        alto

                                        aplica          +                =

Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes dispondrán de la energía eléctrica, y sus tomas correspondientes, necesaria para su funcionamiento, de forma que en los mismos:

a) Se garantizará el suministro de potencia eléctrica.
b) Se garantizará el correcto funcionamiento de las luces de emergencia.

Nivel MEDIO

Se garantizará el suministro eléctrico a los sistemas en caso de fallo del suministro general, garantizando el tiempo suficiente para una terminación ordenada de los procesos, salvaguardando la información.

5.1.5 Protección frente a incendios [mp.if.5].

Dimensiones                                       D
Nivel                                    bajo     medio     alto

                                              aplica       =           =

Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes se protegerán frente a incendios fortuitos o deliberados, aplicando al menos la normativa industrial pertinente.

5.1.6 Protección frente a inundaciones [mp.if.6].

Dimensiones                                      D
Nivel                                  bajo      medio         alto

                                          no aplica aplica              =

Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes se protegerán frente a incidentes fortuitos o deliberados causados por el agua.

5.1.7 Registro de entrada y salida de equipamiento [mp.if.7].

Dimensiones                                      Todas
Categoría                          básica       media          alta

                                             aplica          =                =

Se llevará un registro pormenorizado de toda entrada y salida de equipamiento, incluyendo la identificación de la persona que autoriza de movimiento.

5.1.8 Instalaciones alternativas [mp.if.9].

Dimensiones                                          D
Nivel                                  bajo       medio         alto

                                        no aplica   no aplica     aplica

Se garantizará la existencia y disponibilidad de instalaciones alternativas para poder trabajar en caso de que las instalaciones habituales no estén disponibles. Las instalaciones alternativas disfrutarán de las mismas garantías de seguridad que las instalaciones habituales.

5.2 Gestión del personal [mp.per].

5.2.1 Caracterización del puesto de trabajo [mp.per.1].

Dimensiones                                     Todas
Categoría                          básica      media        alta

                                          no aplica     aplica            =

Cada puesto de trabajo se caracterizará de la siguiente forma:

a) Se definirán las responsabilidades relacionadas con cada puesto de trabajo en materia de seguridad. La definición se basará en el análisis de riesgos.

b) Se definirán los requisitos que deben satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad.

c) Dichos requisitos se tendrán en cuenta en la selección de la persona que vaya a ocupar dicho puesto, incluyendo la verificación de sus antecedentes laborales, formación y otras referencias.

5.2.2 Deberes y obligaciones [mp.per.2].

Dimensiones                                      Todas
Categoría                            básica     media          alta

                                              aplica        =                    =

1. Se informará a cada persona que trabaje en el sistema, de los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad.

a) Se especificarán las medidas disciplinarias a que haya lugar.

b) Se cubrirá tanto el periodo durante el cual se desempeña el puesto, como las obligaciones en caso de término de la asignación, o traslado a otro puesto de trabajo.

c) Se contemplará el deber de confidencialidad respecto de los datos a los que tenga acceso, tanto durante el periodo que estén adscritos al puesto de trabajo, como posteriormente a su terminación.

2. En caso de personal contratado a través de un tercero:

a) Se establecerán los deberes y obligaciones del personal.
b) Se establecerán los deberes y obligaciones de cada parte.
c) Se establecerá el procedimiento de resolución de incidentes relacionados con el incumplimiento de las obligaciones.

5.2.3 Concienciación [mp.per.3].

Dimensiones                                  Todas
Categoría                          básica    media       alta

                                             aplica       =             =

Se realizarán las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema alcance los niveles exigidos.

En particular, se recordará regularmente:

a) La normativa de seguridad relativa al buen uso de los sistemas.

b) La identificación de incidentes, actividades o comportamientos sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal especializado.

c) El procedimiento de reporte de incidencias de seguridad, sean reales o falsas alarmas.

5.2.4 Formación [mp.per.4].

Dimensiones                                 Todas
Categoría                      básica     media        alta

                                        aplica         =                =

Se formará regularmente al personal en aquellas materias que requieran para el desempeño de sus funciones, en particular en lo relativo a:

a) Configuración de sistemas.

b) Detección y reacción a incidentes.

c) Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. Se cubrirán al menos las siguientes actividades: almacenamiento, transferencia, copias, distribución y destrucción.

5.2.5 Personal alternativo [mp.per.9].

Dimensiones                                    D
Nivel                             bajo       medio      alto

                                  no aplica   no aplica    aplica

Se garantizará a existencia y disponibilidad de otras personas que se puedan hacer cargo de las funciones en caso de indisponibilidad del personal habitual. El personal alternativo deberá estar sometido a las mismas garantías de seguridad que el personal habitual.

5.3 Protección de los equipos [mp.eq].

5.3.1 Puesto de trabajo despejado [mp.eq.1].

Dimensiones                                  Todas
Categoría                    básica        media         alta

                                      aplica           +                  =

Se exigirá que los puestos de trabajo permanezcan despejados, sin más material encima de la mesa que el requerido para la actividad que se está realizando en cada momento

Categoría MEDIA

Este material se guardará en lugar cerrado cuando no se esté utilizando.

5.3.2 Bloqueo de puesto de trabajo [mp.eq.2].

Dimensiones                                        A
Nivel                                  bajo      medio       alto

                                        no aplica    aplica            +

El puesto de trabajo se bloqueará al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad en curso.

Categoría ALTA

Pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se cancelarán las sesiones abiertas desde dicho puesto de trabajo.

5.3.3 Protección de portátiles [mp.eq.3].

Dimensiones                                  Todas
Categoría                       básica     media         alta

                                        aplica           =                 +

Los equipos que abandonen las instalaciones de la organización y no puedan beneficiarse de la protección física correspondiente, con un riesgo manifiesto de pérdida o robo, serán protegidos adecuadamente.

Sin perjuicio de las medidas generales que les afecten, se adoptarán las siguientes:

a) Se llevará un inventario de equipos portátiles junto con una identificación de la persona responsable del mismo y un control regular de que está positivamente bajo su control.

b) Se establecerá un canal de comunicación para informar, al servicio de gestión de incidencias, de pérdidas o sustracciones.

c) Se establecerá un sistema de protección perimetral que minimice la visibilidad exterior y controle las opciones de acceso al interior cuando el equipo se conecte a redes, en particular si el equipo se conecta a redes públicas.

d) Se evitará, en la medida de lo posible, que el equipo contenga claves de acceso remoto a la organización. Se considerarán claves de acceso remoto aquellas que sean capaces de habilitar un acceso a otros equipos de la organización, u otras de naturaleza análoga.

Categoría ALTA

a) Se dotará al dispositivo de detectores de violación que permitan saber el equipo ha sido manipulado y activen los procedimientos previstos de gestión del incidente.

b) La información de nivel alto almacenada en el disco se protegerá mediante cifrado.

5.3.4 Medios alternativos [mp.eq.9].

Dimensiones                                   D
Nivel                             bajo     medio       alto

                                 No aplica   aplica            =

Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos de tratamiento de la información para el caso de que fallen los medios habituales. Estos medios alternativos estarán sujetos a las mismas garantías de protección.

Igualmente, se establecerá un tiempo máximo para que los equipos alternativos entren en funcionamiento.

5.4 Protección de las comunicaciones [mp.com].

5.4.1 Perímetro seguro [mp.com.1].

Dimensiones                                                    Todas
Categoría                                      básica        media         alta

                                                          aplica          =                 +

Se dispondrá un sistema cortafuegos que separe la red interna del exterior. Todo el tráfico deberá atravesar dicho cortafuegos que sólo dejara transitar los flujos previamente autorizados.

Categoría ALTA

a) El sistema de cortafuegos constará de dos o más equipos de diferente fabricante dispuestos en cascada.
b) Se dispondrán sistemas redundantes.

5.4.2 Protección de la confidencialidad [mp.com.2].

Dimensiones                                             C
Nivel                                      bajo       medio         alto

                                            no aplica    aplica               +

Nivel MEDIO

a) Se emplearán redes privadas virtuales cuando la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.

b) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.

Nivel ALTO

a) Se emplearán, preferentemente, dispositivos hardware en el establecimiento y utilización de la red privada virtual.

b) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].

5.4.3 Protección de la autenticidad y de la integridad [mp.com.3].

Dimensiones                                            I A
Nivel                                       bajo       medio        alto

                                               aplica         +                 +

Nivel BAJO

a) Se asegurará la autenticidad del otro extremo de un canal de comunicación antes de intercambiar información alguna (ver [op.acc.5]).

b) Se prevendrán ataques activos, garantizando que al menos serán detectados. y se activarán los procedimientos previstos de tratamiento del incidente Se considerarán ataques activos:

1.º La alteración de la información en transito
2.º La inyección de información espuria
3.º El secuestro de la sesión por una tercera parte

Nivel MEDIO

a) Se emplearán redes privadas virtuales cuando la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.

b) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.

Nivel ALTO

a) Se valorará positivamente en empleo de dispositivos hardware en el establecimiento y utilización de la red privada virtual.

b) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].

5.4.4 Segregación de redes [mp.com.4].

Dimensiones                                           Todas
Categoría                             básica        media          alta

                                           no aplica       no aplica      aplica

La segregación de redes acota el acceso a la información y, consiguientemente, la propagación de los incidentes de seguridad, que quedan restringidos al entorno donde ocurren.

La red se segmentará en segmentos de forma que haya:

a) Control de entrada de los usuarios que llegan a cada segmento.

b) Control de salida de la información disponible en cada segmento.

c) Las redes se pueden segmentar por dispositivos físicos o lógicos. El punto de interconexión estará particularmente asegurado, mantenido y monitorizado (como en [mp.com.1]).

5.4.5 Medios alternativos [mp.com.9].

Dimensiones                                    D
Nivel                             bajo        medio        alto

                                    no aplica   no aplica     aplica

Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos de comunicación para el caso de que fallen los medios habituales. Los medios alternativos de comunicación:

a) Estarán sujetos y proporcionar las mismas garantías de protección que el medio habitual.

b) Garantizarán un tiempo máximo de entrada en funcionamiento.

5.5 Protección de los soportes de información [mp.si].

5.5.1 Etiquetado [mp.si.1].

Dimensiones                                   C
Nivel                               bajo     medio       alto

                                        aplica        =             =

Los soportes de información se etiquetarán de forma que, sin revelar su contenido, se indique el nivel de seguridad de la información contenida de mayor calificación.

Los usuarios han de estar capacitados para entender el significado de las etiquetas, bien mediante simple inspección, bien mediante el recurso a un repositorio que lo explique.

5.5.2 Criptografía. [mp.si.2].

Dimensiones                                 I C
Nivel                                 bajo     medio       alto

                                       no aplica   aplica            +

Esta medida se aplica, en particular, a todos los dispositivos removibles. Se entenderán por dispositivos removibles, los CD, DVD, discos USB, u otros de naturaleza análoga.

Se aplicarán mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la integridad de la información contenida.

Nivel ALTO

a) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.

b) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].

5.5.3 Custodia [mp.si.3].

Dimensiones                                          Todas
Categoría                        básica       media          alta

                                          aplica            =                =

Se aplicará la debida diligencia y control a los soportes de información que permanecen bajo la responsabilidad de la organización, mediante las siguientes actuaciones:

a) Garantizando el control de acceso con medidas físicas ([mp.if.1] y [mpl.if.7]) ó lógicas ([mp.si.2]), o ambas.

b) Garantizando que se respetan las exigencias de mantenimiento del fabricante, en especial, en lo referente a temperatura, humedad y otros agresores medioambientales.

5.5.4 Transporte [mp.si.4].

Dimensiones                                     Todas
Categoría                            básica    media       alta

                                            aplica         =              =

El responsable de sistemas garantizará que los dispositivos permanecen bajo control y que satisfacen sus requisitos de seguridad mientras están siendo desplazados de un lugar a otro.

Para ello:

a) Se dispondrá de un registro de salida que identifique al transportista que recibe el soporte para su traslado.

b) Se dispondrá de un registro de entrada que identifique al transportista que lo entrega.

c) Se dispondrá de un procedimiento rutinario que coteje las salidas con las llegadas y levante las alarmas pertinentes cuando se detecte algún incidente.

d) Se utilizarán los medios de protección criptográfica ([mp.si.2]) correspondientes al nivel de calificación de la información contenida de mayor nivel.

e) Se gestionarán las claves según [op.exp.11].

5.5.5 Borrado y destrucción [mp.si.5].

Dimensiones                                 C
Nivel                          bajo        medio         alto

                                no aplica      aplica            =

La medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo tipo de equipos susceptibles de almacenar información, incluyendo medios electrónicos y no
electrónicos.

a) Los soportes que vayan a ser reutilizados para otra información o liberados a otra organización serán objeto de un borrado seguro de su anterior contenido.

b) Se destruirán de forma segura los soportes, en los siguientes casos:

1.º Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro.
2.º Cuando así lo requiera el procedimiento asociado al tipo de la información contenida,.

c) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].

5.6 Protección de las aplicaciones informáticas [mp.sw].

5.6.1 Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1].

Dimensiones                                   Todas
Categoría                         básica     media          alta

                                         no aplica     aplica           =

a) El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema diferente y separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción.

b) Se aplicará una metodología de desarrollo reconocida que:

1.º Tome en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida.
2.º Trate específicamente los datos usados en pruebas.
3.º Permita la inspección del código fuente.

c) Los siguientes elementos serán parte integral del diseño del sistema:

1.º Los mecanismos de identificación y autenticación.
2.º Los mecanismos de protección de la información tratada.
3.º La generación y tratamiento de pistas de auditoría.

d) Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente.

5.6.2 Aceptación y puesta en servicio [mp.sw.2].

Dimensiones                                      Todas
Categoría                        básica       media         alta

                                          aplica             +             ++

Categoría BÁSICA

Antes de pasar a producción se comprobará el correcto funcionamiento de la aplicación.

a) Se comprobará que:

1.º Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad.
2.º No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.

b) Las pruebas se realizarán en un entorno aislado (pre-producción).

c) Las pruebas de aceptación no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente.

Categoría MEDIA

Se realizarán las siguientes inspecciones previas a la entrada en servicio:

a) Análisis de vulnerabilidades.
b) Pruebas de penetración.

Categoría ALTA

Se realizarán las siguientes inspecciones previas a la entrada en servicio:

a) Análisis de coherencia en la integración en los procesos.

b) Se considerará la oportunidad de realizar una auditoría de código fuente.

5.7 Protección de la información [mp.info].

5.7.1 Datos de carácter personal [mp.info.1].

Dimensiones                                     Todas
Categoría                        básica       media        alta

                                          aplica          aplica       aplica

Cuando el sistema trate datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y normas de desarrollo, sin perjuicio de cumplir, además, las medidas establecidas por este real decreto.

Lo indicado en el párrafo anterior también se aplicará, cuando una disposición con rango de ley se remita a las normas sobre datos de carácter personal en la protección de información.

5.7.2 Calificación de la información [mp.info.2].

Dimensiones                                     C
Nivel                              bajo     medio        alto

                                       aplica        +              =

1. Para calificar la información se estará a lo establecido legalmente sobre la naturaleza de la misma.

2. La política de seguridad establecerá quién es el responsable de cada información manejada por el sistema.

3. La política de seguridad recogerá, directa o indirectamente, los criterios que, en cada organización, determinarán el nivel de seguridad requerido, dentro del marco establecido en el artículo 43 y los criterios generales prescritos en el Anexo I.

4. El responsable de cada información seguirá los criterios determinados en el apartado anterior para asignar a cada información el nivel de seguridad requerido, y será responsable de su documentación y aprobación formal.

5. El responsable de cada información en cada momento tendrá en exclusiva la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido, de acuerdo a los apartados anteriores.

Nivel MEDIO

Se redactarán los procedimientos necesarios que describan, en detalle, la forma en que se ha de etiquetar y tratar la información en consideración al nivel de seguridad que requiere; y precisando cómo se ha de realizar:

a) Su control de acceso.
b) Su almacenamiento.
c) La realización de copias.
d) El etiquetado de soportes.
e) Su transmisión telemática.
f) Y cualquier otra actividad relacionada con dicha información.

5.7.3 Cifrado de la información [mp.info.3].

Dimensiones                              C
Nivel                          bajo       medio        alto

                                no aplica   no aplica   aplica

Para el cifrado de información se estará a lo que se indica a continuación:

a) La información con un nivel alto en confidencialidad se cifrará tanto durante su almacenamiento como durante su transmisión. Sólo estará en claro mientras se está haciendo uso de ella.

b) Para el uso de criptografía en las comunicaciones, se estará a lo dispuesto en [mp.com.2].
c) Para el uso de criptografía en los soportes de información, se estará a lo dispuesto en [mp.si.2].

5.7.4 Firma electrónica [mp.info.4].

Dimensiones                                 I A
Nivel                               bajo      medio      alto

                                       aplica         +            ++

La firma electrónica es un mecanismo de prevención del repudio; es decir, previene frente a la posibilidad de que en el futuro el signatario pudiera desdecirse de la información firmada.

La firma electrónica garantiza la autenticidad del signatario y la integridad del contenido.

Cuando se emplee firma electrónica:

a) El signatario será la parte que se hace responsable de la información, en la medida de sus atribuciones.

b) Se dispondrá de una Política de Firma Electrónica, aprobada por el órgano superior competente que corresponda.

Nivel BAJO

Se empleará cualquier medio de firma electrónica de los previstos en la legislación vigente.

Nivel MEDIO

1. Los medios utilizados en la firma electrónica serán proporcionados a la calificación de la información tratada. En todo caso:

a) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.
b) Se emplearán, preferentemente, certificados reconocidos.
c) Se emplearán, preferentemente, dispositivos seguros de firma.

2. Se garantizará la verificación y validación de la firma electrónica durante el tiempo requerido por la actividad administrativa que aquélla soporte, sin perjuicio de que se pueda ampliar este período de acuerdo con lo que establezca la política de firma electrónica y de certificados que sea de aplicación. Para tal fin:

a) Se adjuntará a la firma, o se referenciará, toda la información pertinente para su verificación y validación:

1.º Certificados.
2.º Datos de verificación y validación.

b) Se protegerán la firma y la información mencionada en el apartado anterior con un sello de tiempo.

c) El organismo que recabe documentos firmados por el administrado verificará y validará la firma recibida en el momento de la recepción, anexando o referenciando sin ambigüedad la información descrita en los epígrafes a) y b).

d) La firma electrónica de documentos por parte de la Administración anexará o referenciará sin ambigüedad la información descrita en los epígrafes a) y b).

Nivel ALTO

Se aplicarán las medidas de seguridad referentes a firma electrónica exigibles en el nivel Medio, además de las siguientes:

a) Se usarán certificados reconocidos.
b) Se usarán dispositivos seguros de creación de firma.
c) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].

5.7.5 Sellos de tiempo [mp.info.5].

Dimensiones                                        T
Nivel                                  bajo      medio       alto

                                      no aplica     no aplica   aplica

Los sellos de tiempo prevendrán la posibilidad del repudio posterior:

1. Los sellos de tiempo se aplicarán a aquella información que sea susceptible de ser utilizada como evidencia electrónica en el futuro.

2. Los datos pertinentes para la verificación posterior de la fecha serán tratados con la misma seguridad que la información fechada a efectos de disponibilidad, integridad y confidencialidad.

3. Se renovarán regularmente los sellos de tiempo hasta que la información protegida ya no sea requerida por el proceso administrativo al que da soporte.

4. Se utilizarán productos certificados (según [op.pl.5]) o servicios externos admitidos.

Véase [op.exp.10].

5.7.6 Limpieza de documentos [mp.info.6].

Dimensiones                            C
Nivel                         bajo     medio       alto

                                 aplica        =              =

En el proceso de limpieza de documentos, se retirará de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos, meta-datos, comentarios o revisiones anteriores, salvo cuando dicha información sea pertinente para el receptor del documento.

Esta medida es especialmente relevante cuando el documento se difunde ampliamente, como ocurre cuando se ofrece al público en un servidor web u otro tipo de repositorio de
información.

Se tendrá presente que el incumplimiento de esta medida puede perjudicar:

a) Al mantenimiento de la confidencialidad de información que no debería haberse revelado al receptor del documento.

b) Al mantenimiento de la confidencialidad de las fuentes u orígenes de la información, que no debe conocer el receptor del documento.

c) A la buena imagen de la organización que difunde el documento por cuanto demuestra un descuido en su buen hacer.

5.7.7 Copias de seguridad (backup) [mp.info.9].

Dimensiones                            D
Nivel                      bajo        medio        alto

                           no aplica     aplica               =

Se realizarán copias de respaldo que permitan recuperar datos perdidos accidental o intencionadamente con una antigüedad determinada.

Las copias de respaldo disfrutarán de la misma seguridad que los datos originales en lo que se refiere a integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad. En particular, se
considerará la conveniencia o necesidad de que las copias de seguridad estén cifradas para garantizar la confidencialidad.

Las copias de respaldo deberán abarcar:

a) Información de trabajo de la organización.

b) Aplicaciones en explotación, incluyendo los sistemas operativos.

c) Datos de configuración, servicios, aplicaciones, equipos, u otros de naturaleza análoga.

d) Claves utilizadas para preservar la confidencialidad de la información.

5.8 Protección de los servicios [mp.s].

5.8.1 Protección del correo electrónico (e-mail) [mp.s.1].

Dimensiones                                    Todas
Categoría                       básica       media          alta

                                        aplica           =                  =

El correo electrónico se protegerá frente a las amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:

a) La información distribuida por medio de correo electrónico, se protegerá, tanto en el cuerpo de los mensajes, como en los anexos.

b) Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y establecimiento de conexiones.

c) Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan por medio del correo electrónico, en concreto:

1.º Correo no solicitado, en su expresión inglesa “spam”.

2.º Programas dañinos, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de naturaleza análoga.

3.º Código móvil de tipo “applet”.

d) Se establecerán normas de uso del correo electrónico por parte del personal determinado. Estas normas de uso contendrán:

1.º Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.
2.º Actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo electrónico.

5.8.2 Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2].

Dimensiones                                              Todas
Categoría                                básica       media          alta

                                                  aplica           =                 =

Los subsistemas dedicados a la publicación de información deberán ser protegidos frente a las amenazas que les son propias.

a) Cuando la información tenga algún tipo de control de acceso, se garantizará la imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en particular tomando medidas en los siguientes aspectos:

1.º Se evitará que el servidor ofrezca acceso a los documentos por vías alternativas al protocolo determinado.

2.º Se prevendrán ataques de manipulación de URL.

3.º Se prevendrán ataques de manipulación de fragmentos de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página, conocido en terminología inglesa como “cookies”.

4.º Se prevendrán ataques de inyección de código.

b) Se prevendrán intentos de escalado de privilegios.

c) Se prevendrán ataques de “cross site scripting”.

d) Se prevendrán ataques de manipulación de programas o dispositivos que realizan una acción en representación de otros, conocidos en terminología inglesa como “proxies” y, sistemas especiales de almacenamiento de alta velocidad, conocidos en terminología inglesa como “cachés”.

5.8.3 Protección frente a la denegación de servicio [mp.s.8].

Dimensiones                                     D
Nivel                                  bajo        medio        alto

                                         No aplica  aplica               +

Nivel MEDIO

Se establecerán medidas preventivas y reactivas frente a ataques de denegación de servicio (DOS Denial of Service). Para ello:

a) Se planificará y dotará al sistema de capacidad suficiente para atender a la carga prevista con holgura.

b) Se desplegarán tecnologías para prevenir los ataques conocidos.

Nivel ALTO

a) Se establecerá un sistema de detección de ataques de denegación de servicio.

b) Se establecerán procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación con el proveedor de comunicaciones.

c) Se impedirá el lanzamiento de ataques desde las propias instalaciones perjudicando a terceros.

5.8.4 Medios alternativos [mp.s.9].

Dimensiones                                          D
Nivel                                 bajo          medio         alto

                                      no aplica      no aplica       aplica

Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos para prestar los servicios en el caso de que fallen los medios habituales. Estos medios alternativos estarán
sujetos a las mismas garantías de protección que los medios habituales.

6. Desarrollo y complemento de las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad se desarrollarán y complementarán según lo establecido en la disposición final segunda.

7. Interpretación

La interpretación del presente anexo se realizará según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos, entre los que figura lo dispuesto en las instrucciones técnicas CCN-STIC correspondientes a la implementación y a diversos escenarios de aplicación tales como sedes electrónicas, servicios de validación de certificados electrónicos, servicios de fechado electrónico y validación de documentos fechados, atendiendo el espíritu y finalidad de aquellas.

ANEXO III.- Auditoría de la seguridad

1. Objeto de la auditoría

1. La seguridad de los sistemas de información de una organización será auditada en los siguientes términos:

a) Que la política de seguridad define los roles y funciones de los responsables de la información, los servicios, los activos y la seguridad del sistema de información.

b) Que existen procedimientos para resolución de conflictos entre dichos responsables.

c) Que se han designado personas para dichos roles a la luz del principio de “separación de funciones”.

d) Que se ha realizado un análisis de riesgos, con revisión y aprobación anual.

e) Que se cumplen las recomendaciones de protección descritas en el anexo II, sobre Medidas de Seguridad, en función de las condiciones de aplicación en cada caso.

f) Que existe un sistema de gestión de la seguridad de la información, documentado y con un proceso regular de aprobación por la dirección.

2. La auditoría se basará en la existencia de evidencias que permitan sustentar objetivamente el cumplimiento de los puntos mencionados:

a) Documentación de los procedimientos.
b) Registro de incidencias.
c) Examen del personal afectado: conocimiento y praxis de las medidas que le afectan.

2. Niveles de auditoría

Los niveles de auditoría que se realizan a los sistemas de información, serán los siguientes:

1. Auditoría a sistemas de categoría BÁSICA.

a) Los sistemas de información de categoría BÁSICA, o inferior, no necesitarán realizar una auditoría. Bastará una autoevaluación realizada por el mismo personal que administra el sistema de información, o en quien éste delegue.
El resultado de la autoevaluación debe estar documentado, indicando si cada medida de seguridad está implantada y sujeta a revisión regular y las evidencias que sustentan la valoración anterior.

b) Los informes de autoevaluación serán analizados por el responsable de seguridad competente, que elevará las conclusiones al responsable del sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.

2. Auditoría a sistemas de categoría MEDIA O ALTA.

a) El informe de auditoría dictaminará sobre el grado de cumplimiento del presente real decreto, identificará sus deficiencias y sugerirá las posibles medidas correctoras o complementarias que sean necesarias, así como las recomendaciones que se consideren oportunas. Deberá, igualmente, incluir los criterios metodológicos de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo de la auditoría, y los datos, hechos y observaciones en que se basen en que se basen las conclusiones formuladas.

b) Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que presentará sus conclusiones al responsable del sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.

3. Interpretación

La interpretación del presente anexo se realizará según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos, entre los que figura lo dispuesto en la instrucción técnica CCN-STIC correspondiente, atendiendo al espíritu y finalidad de aquellas.

ANEXO IV.- Glosario

Activo. Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser
atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye:
información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones,
recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos.

Análisis de riesgos. Utilización sistemática de la información disponible para identificar
peligros y estimar los riesgos.

Auditoría de la seguridad. Revisión y examen independientes de los registros y
actividades del sistema para verificar la idoneidad de los controles del sistema, asegurar
que se cumplen la política de seguridad y los procedimientos operativos establecidos,
detectar las infracciones de la seguridad y recomendar modificaciones apropiadas de los
controles, de la política y de los procedimientos.

Autenticidad. Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice
ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.

Categoría de un sistema. Es un nivel, dentro de la escala Básica-Media-Alta, con el
que se adjetiva un sistema a fin de seleccionar las medidas de seguridad necesarias para
el mismo. La categoría del sistema recoge la visión holística del conjunto de activos como
un todo armónico, orientado a la prestación de unos servicios.

Confidencialidad. Propiedad o característica consistente en que la información ni se
pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Disponibilidad. Propiedad o característica de los activos consistente en que las
entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren.

Firma electrónica. Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros
o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del
firmante.

Gestión de incidentes. Plan de acción para atender a las incidencias que se den.
Además de resolverlas debe incorporar medidas de desempeño que permitan conocer la
calidad del sistema de protección y detectar tendencias antes de que se conviertan en
grandes problemas.

Gestión de riesgos. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
con respecto a los riesgos.

Incidente de seguridad. Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en
detrimento de la seguridad del sistema de información.

Integridad. Propiedad o característica consistente en que el activo de información no
ha sido alterado de manera no autorizada.

Medidas de seguridad. Conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los
riesgos posibles sobre el sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de
seguridad. Puede tratarse de medidas de prevención, de disuasión, de protección, de
detección y reacción, o de recuperación.

Política de firma electrónica. Conjunto de normas de seguridad, de organización,
técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas
electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma.
Política de seguridad. Conjunto de directrices plasmadas en documento escrito, que
rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información y los servicios
que considera críticos.

Principios básicos de seguridad. Fundamentos que deben regir toda acción orientada
a asegurar la información y los servicios.

Proceso. Conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para producir a un
producto o servicio; tiene un principio y fin delimitado, implica recursos y da lugar a un
resultado.

Proceso de seguridad. Método que se sigue para alcanzar los objetivos de seguridad
de la organización. El proceso se diseña para identificar, medir, gestionar y mantener bajo
control los riesgos a que se enfrenta el sistema en materia de seguridad.

Requisitos mínimos de seguridad. Exigencias necesarias para asegurar la información
y los servicios.

Riesgo. Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre
uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización.

Seguridad de las redes y de la información, es la capacidad de las redes o de los
sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes
o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad,
integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios
que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles.

Servicios acreditados. Servicios prestados por un sistema con autorización concedida
por la autoridad responsable, para tratar un tipo de información determinada, en unas
condiciones precisas de las dimensiones de seguridad, con arreglo a su concepto de
operación.

Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Sistema de gestión que,
basado en el estudio de los riesgos, se establece para crear, implementar, hacer funcionar,
supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. El sistema de
gestión incluye la estructura organizativa, las políticas, las actividades de planificación, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

Sistema de información. Conjunto organizado de recursos para que la información se
pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, mantener, usar, compartir, distribuir, poner a
disposición, presentar o transmitir.

Trazabilidad. Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una
entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.

Vulnerabilidad. Una debilidad que puede ser aprovechada por una amenaza.

Acrónimos

CCN: Centro Criptológico Nacional.
CERT: Computer Emergency Reaction Team.
INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
STIC: Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

ANEXO V.- Modelo de cláusula administrativa particular

“Cláusula administrativa particular.–En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el artículo 18 del
Real Decreto ……/……, de …… de ……………… por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador incluirá referencia precisa, documentada y acreditativa de que
los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido previamente certificados por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información.

En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en proceso, se incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de que son los más idóneos.

Cuando estos sean empleados para el tratamiento de datos de carácter personal, el licitador incluirá, también, lo establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre
.”