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01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Decisión 2007/551/PESC/JAI del Consejo, de 23 de julio de 2007, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007).

Decisión 2007/551/PESC/JAI del Consejo, de 23 de julio de 2007, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 24 y 38,

Considerando lo siguiente:

(1) El Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (en lo sucesivo, «DHS») celebrado el 19 de octubre de 2006 (1) expira a más tardar el 31 de julio de 2007,
salvo que se prorrogue mediante consentimiento recíproco por escrito.

(2) El 22 de febrero de 2007, el Consejo decidió autorizar a la Presidencia, asistida por la Comisión, a entablar negociaciones para un acuerdo a largo plazo sobre el mismo asunto. Dichas negociaciones culminaron satisfactoriamente con la redacción de un nuevo acuerdo.

(3) En una carta adjunta al nuevo Acuerdo, el DHS garantiza la protección de los datos del PNR que se transfieren desde la Unión Europea relativos a vuelos de pasajeros con destino u origen en los Estados Unidos.

(4) El DHS y la Unión Europea, mediante una persona designada específicamente para tal fin, pasarán revista periódicamente a la aplicación de las garantías que figuran en la carta adjunta para que las Partes, atendiendo al resultado de dicho examen, puedan tomar cualquier medida
estimada necesaria.

(5) Procede firmar el Acuerdo, sin perjuicio de su celebración en una fecha ulterior.

(6) El artículo 9 del Acuerdo establece que este se aplicará de forma provisional a partir de la fecha de la firma. Por consiguiente, los Estados miembros deben hacer efectivas las disposiciones a partir de dicha fecha con arreglo al Derecho interno vigente. En la fecha de firma del Acuerdo se efectuará una declaración a tal efecto.

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobada, en nombre de la Unión Europea, la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007), a reserva de la celebración del
citado Acuerdo.

El texto del Acuerdo, la carta adjunta del DHS y la respuesta de la UE se adjuntan a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el Acuerdo en nombre de la Unión Europea, a reserva de su celebración.

Artículo 3

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo, las disposiciones del Acuerdo se aplicarán de forma provisional con arreglo al Derecho interno vigente a partir del día de su firma, a la espera
de su entrada en vigor. En la fecha de la firma se efectuará la declaración relativa a la aplicación provisional que figura en el anexo.

Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2007.

Por el Consejo

El Presidente, L. AMADO

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(1) DO L 298 de 27.10.2006, p. 29.
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Declaración en nombre de la Unión Europea al Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007)

«El presente Acuerdo, pese a no constituir una restricción o modificación de la legislación de la UE o de sus Estados miembros, será aplicado provisionalmente de buena fe por los Estados miembros, a la espera de su entrada en vigor, en el marco de su Derecho interno vigente.».

Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007)

LA UNIÓN EUROPEA y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,

DESEOSOS de prevenir y combatir con eficacia el terrorismo y la delincuencia transnacional, como medio de protección de sus respectivas sociedades democráticas y de sus valores comunes;

RECONOCIENDO que el intercambio de información es una herramienta esencial de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional, y que la utilización de los datos del PNR es un instrumento importante en este contexto;

RECONOCIENDO que, para salvaguardar la seguridad pública y con fines policiales, es conveniente establecer normas sobre la transferencia de los datos del PNR por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (Department of Homeland Security, en lo sucesivo «DHS»);

RECONOCIENDO la importancia de prevenir y combatir el terrorismo, los delitos afines y otros delitos graves de carácter transnacional, incluida la delincuencia organizada, respetando al mismo tiempo los derechos y las libertades fundamentales, especialmente la intimidad;

RECONOCIENDO que la legislación y las normas de actuación europeas y estadounidenses en materia de protección de la intimidad tienen un fundamento común, y que las diferencias que puedan existir en cuanto a la aplicación de los correspondientes principios no deberían constituir un obstáculo a la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea (UE);

TENIENDO EN CUENTA los convenios internacionales, las normas y reglamentaciones de los Estados Unidos, en virtud de las cuales las compañías aéreas que efectúen vuelos internacionales de transporte de pasajeros con origen o destino en los Estados Unidos han de proporcionar al DHS acceso electrónico a los datos del PNR en la medida en que tales datos se recopilen y conserven en los sistemas informatizados de control de reservas/salidas de las compañías aéreas (en lo
sucesivo, «sistemas de reserva»), y los requisitos comparables exigidos en la UE;

TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea relativas al respeto de los derechos fundamentales y, en particular, el derecho conexo relativo a la protección de los datos personales;

TENIENDO PRESENTES los anteriores Acuerdos sobre el PNR entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América de 28 de mayo de 2004 y entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 19 de octubre de 2006.

TENIENDO EN CUENTA las disposiciones pertinentes de la Ley relativa a la seguridad del transporte aéreo (Aviation Transportation Security Act) de 2001, de la Ley sobre seguridad interior (Homeland Security Act) de 2002, de la Ley de reforma de los servicios de inteligencia y de prevención del terrorismo (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) de 2004 y del Decreto (Executive Order) 13388 sobre la cooperación entre organismos de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, así como la Ley de protección de la intimidad (Privacy Act) de 1974, la Ley de libertad de información (Freedom of Information Act) y la Ley de administración electrónica (E-Government Act) de 2002;

TENIENDO PRESENTE que la Unión Europea debe velar por que las compañías aéreas cuyos sistemas de reserva estén situados en la Unión Europea pongan a disposición del DHS los datos del PNR y cumplan las prescripciones técnicas aplicables a dichas transferencias que ha definido el DHS;

AFIRMANDO que el presente Acuerdo no constituye un precedente para futuras conversaciones o negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, o entre una de las Partes y cualquier Estado respecto del tratamiento y transferencia de los datos del PNR o de cualquier otro tipo de datos;

CON ÁNIMO de mejorar y alentar la colaboración entre las Partes dentro del espíritu de la cooperación transatlántica.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

(1) Sobre la base las garantías ofrecidas en la carta del DHS, en la que este explica la forma en que protegerá el PNR (en lo sucesivo, «la carta del DHS»), la Unión Europea velará por que las compañías aéreas que efectúen vuelos internacionales de transporte de pasajeros con origen o
destino en los Estados Unidos pongan a disposición de dicho país los datos del PNR contenidos en sus sistemas de reserva, conforme lo requiera el DHS.

(2) El DHS efectuará de inmediato, y a más tardar el 1 de enero de 2008, la transición a un sistema de transmisión (push system) para la transmisión de datos por las mencionadas compañías aéreas, siempre que estas hayan implantado un sistema de este tipo que cumpla las prescripciones técnicas del DHS. Para las compañías aéreas que no hayan implantado dicho sistema, seguirán vigentes los
sistemas actuales hasta que establezcan un sistema que cumpla las prescripciones técnicas del DHS.

Por consiguiente, el DHS accederá de forma electrónica al PNR de los sistemas de reserva de las compañías aéreas situados en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea hasta que se haya establecido un sistema satisfactorio que permita a las compañías aéreas transmitir esos datos.

(3) El DHS tratará los datos del PNR que reciba y a los titulares de los datos objeto de tal tratamiento de conformidad con la legislación y las normas constitucionales de los Estados Unidos, sin discriminación contraria a la ley, en particular por razón de nacionalidad o de país de residencia. La carta del DHS contiene salvaguardias en este y otros sentidos.

(4) El DHS y la UE revisarán periódicamente la aplicación del presente Acuerdo, la carta del DHS y las normas y prácticas de actuación de los Estados Unidos y la UE en lo que respecta al PNR, con ánimo de garantizar, a satisfacción de ambas partes, que sus sistemas funcionan correctamente
en términos de eficacia y de protección de la intimidad.

(5) El DHS entiende que, al celebrar el presente Acuerdo, no se le está pidiendo que adopte para su sistema PNR medidas de protección de datos más restrictivas que las que las autoridades europeas aplican a sus propios sistemas PNR nacionales. El DHS no pide a las autoridades europeas que adopten para sus sistemas PNR medidas de protección de datos más restrictivas que las que los Estados Unidos aplican al sistema PNR nacional. De no resultar correcta esta hipótesis, el DHS se reserva el derecho de suspender las disposiciones pertinentes de la carta del DHS mientras celebra consultas con la UE con vistas a alcanzar una solución rápida y satisfactoria. En caso de que en la Unión Europea o en uno o más de sus Estados miembros se implante un sistema PNR en virtud del cual las compañías aéreas queden obligadas a poner a disposición de las autoridades datos del PNR sobre personas cuyo itinerario de viaje incluya un vuelo con origen o
destino en la Unión Europea, el DHS, sobre una base de estricta reciprocidad, promoverá activamente la cooperación de las compañías aéreas que estén dentro de su jurisdicción.

(6) A efectos de la aplicación del presente Acuerdo, se considera que el DHS ofrece un nivel adecuado de protección de los datos de PNR transferidos desde la Unión Europea.

En consecuencia, la UE no interferirá por motivos de protección de datos en las relaciones entre los Estados Unidos y terceros países en lo que respecta al intercambio de datos sobre pasajeros.

(7) Los Estados Unidos y la UE trabajarán con los interlocutores interesados del sector de la aviación para dar mayor proyección pública a las comunicaciones dirigidas a los viajeros en las que se describan los sistemas PNR (incluidas las prácticas en materia de vías de recurso y de recopilación de datos), y alentarán a las compañías aéreas a que hagan referencia a estas comunicaciones en el contrato oficial de transporte y a que las incorporen en él.

(8) En caso de que la UE determine que los Estados Unidos han vulnerado el presente Acuerdo, solo le cabrá como recurso la terminación del Acuerdo y la anulación de la consideración relativa a la adecuada protección de datos a que se refiere el apartado 6. En caso de que los Estados Unidos determinen que la UE ha vulnerado el presente Acuerdo, solo les cabrá como recurso la terminación del Acuerdo y la revocación de la carta del DHS.

(9) El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado recíprocamente la conclusión de los procedimientos internos necesarios a tal efecto. El presente Acuerdo se aplicará de forma provisional a partir del día de la firma. Cualquiera de las Partes podrá terminar o suspender el presente Acuerdo en todo momento mediante notificación a través de los canales diplomáticos. La terminación surtirá efecto treinta (30) días después de la fecha en que se notifique la terminación a la otra Parte, a menos que una de las Partes considere indispensable un plazo más breve por razones de seguridad interior o de protección de intereses nacionales. El presente Acuerdo y todas las obligaciones que contiene expirarán y dejarán de surtir efectos a los siete años de la fecha de su firma, salvo que las Partes convengan en sustituirlo por otro.

El presente Acuerdo no tiene por objeto restringir o modificar la legislación de los Estados Unidos de América ni de la Unión Europea o sus Estados miembros. El presente Acuerdo no crea ni confiere derechos o beneficios a ninguna otra persona o entidad, privada o pública.

El presente Acuerdo se redactará en doble ejemplar en lengua inglesa. También estará redactado en las lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, y las Partes aprobarán estas versiones lingüísticas. Una vez aprobadas, las versiones en dichas lenguas serán igualmente auténticas.

Hecho en Bruselas el 23 de julio de 2007 y en Washington el 26 de julio de 2007.

Por la Unión Europea Por los Estados Unidos de América

TRADUCCIÓN

Carta de los EE.UU. a la UE

Sr. Luís Amado
Presidente del Consejo de la Unión Europea
Rue de la Loi 175
1048 Bruselas
Bélgica

La presente carta, elaborada en respuesta a la petición de la UE y con el fin de reiterar la importancia que el Gobierno de los Estados Unidos concede a la protección de la intimidad de las personas, tiene por objeto explicar los principios que aplica el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (DHS) a la hora de recopilar, utilizar y almacenar datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR). Ninguna de las normas de actuación que en ella se describen crea o confiere derecho o beneficio alguno a persona o entidad alguna, ya sea pública o privada, ni concede más recursos que los estipulados en el Acuerdo entre la UE y los EE.UU. sobre el tratamiento y la transferencia de datos del PNR por las compañías aéreas al DHS, firmado en julio de 2007 (en lo sucesivo, «el Acuerdo»). En lugar de ello, la presente carta presenta las garantías establecidas en la legislación estadounidense y refleja las normas de actuación que el
DHS aplica, con arreglo a dicha legislación, a los datos de PNR derivados de vuelos entre los EE.UU. y la Unión Europea (en lo sucesivo, «los datos de PNR de la UE»).

I. Objeto para el cual se utiliza el PNR:

El DHS utiliza los datos de PNR de la UE estrictamente con objeto de prevenir y combatir: 1) el terrorismo y los delitos afines, 2) otros delitos graves de carácter transnacional, incluida la delincuencia organizada, y 3) la huida de las personas objeto de órdenes judiciales o penas de prisión por alguno de los mencionados delitos. Los PNR pueden utilizarse siempre que sea necesario para la protección de los intereses vitales del titular de los datos o de otras personas, o en cualquier proceso judicial de carácter penal, o cuando por otras razones lo prescriba la ley. El DHS informará a la UE en caso de que se promulgue en los EE.UU. cualquier acto legislativo que afecte materialmente a las declaraciones formuladas en la presente carta.

II. Uso compartido del PNR:

El DHS comparte los datos de PNR de la UE únicamente para los fines indicados en la sección I.
Trata los datos de PNR de la UE como datos sensibles y confidenciales, de conformidad con la legislación estadounidense, y, aplicando su facultad de apreciación, los proporciona exclusivamente a otras autoridades estatales internas con competencias en materia policial y judicial, de seguridad pública o antiterrorista, para ayudarlas en casos de lucha antiterrorista, delincuencia transnacional y seguridad pública (incluidas las amenazas, huidas, personas y rutas que sean motivo de inquietud) que estén examinando o investigando, de conformidad con la ley y con arreglo a los compromisos
escritos y a las leyes estadounidenses sobre el intercambio de información entre las autoridades estatales de EE.UU. El acceso a los datos se limitará rigurosa y escrupulosamente a los casos antes indicados, en la medida en que lo requieran las características de cada caso.

Solo se intercambiarán datos de PNR de la UE con otras autoridades estatales de terceros países tras examinar el fin o fines para los cuales pretende emplearlos el destinatario y su capacidad para proteger la información. Salvo en casos de emergencia, estos intercambios de datos se producirán una vez que las partes hayan formulado compromisos expresos que incorporen disposiciones de protección de datos comparables a las que el DHS aplica a los datos de PNR de la UE, según se describen en el párrafo segundo de la presente sección.

III. Tipo de información recopilada:

La mayor parte de los elementos informativos de los datos de PNR pueden ser obtenidos por el DHS examinando el billete de avión y demás documentos de viaje del viajero, aplicando sus atribuciones normales en materia de control fronterizo; sin embargo, la posibilidad de recibir estos datos electrónicamente aumenta considerablemente la capacidad del DHS para centrar sus recursos en cuestiones de alto riesgo, facilitando y protegiendo así a los viajeros de buena fe.

Tipos de datos de PNR de la UE recopilados:

1) Código del localizador de registro de nombres de los pasajeros

2) Fecha de reserva/emisión del billete

3) Fecha o fechas de viaje previstas

4) Nombre o nombres de los interesados

5) Información disponible sobre viajeros frecuentes y ventajas correspondientes (billetes gratuitos, paso a la categoría superior, etc.)

6) Otros nombres recogidos en el PNR, incluido el número de viajeros del PNR

7) Toda la información de contacto disponible (incluida la información del expedidor)

8) Todos los datos de pago/facturación disponibles (excluidos los demás detalles de la transacción relacionados con una tarjeta de crédito o una cuenta y no relacionados con la transacción correspondiente al viaje)

9) Itinerario de viaje para ciertos datos de PNR

10) Agencia/agente de viaje

11) Información sobre códigos compartidos

12) Información escindida/dividida

13) Situación de vuelo del viajero (incluidas confirmaciones y paso por el mostrador de facturación en el aeropuerto)

14) Información sobre el billete, incluidos el número del billete, los billetes de ida solo y la indicación de la tarifa de los billetes electrónicos (Automatic Ticket Fare Quote, ATFQ)

15) Toda la información relativa al equipaje

16) Datos del asiento, incluido el número

17) Observaciones generales, incluida la información sobre otros servicios (OSI), información sobre servicios especiales (SSI) y sobre servicios especiales solicitados (SSR)

18) Cualquier información recogida en el sistema de información anticipada sobre los pasajeros (sistema API)

19) Todo el historial de cambios de los datos de PNR indicados en los números 1 a 18.

Cuando los datos de PNR de la UE mencionados incluyen datos sensibles (es decir, datos personales que indiquen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato o el estado de salud o la vida sexual del viajero), según lo especificado en los términos y códigos PNR determinados por el DHS en consulta con la Comisión Europea, el DHS emplea un sistema automatizado que filtra esos términos y códigos PNR sensibles y no utiliza dicha información. A menos que se acceda a los datos para un caso excepcional, según se define en el párrafo siguiente, el DHS suprime sin demora los datos de PNR de la UE de carácter sensible.

En supuestos de necesidad ante un caso excepcional que ponga en peligro la vida o la integridad física del titular de los datos o de otras personas, los agentes del DHS pueden necesitar y emplear datos de PNR de la UE distintos de los enumerados supra, incluidos datos sensibles. En tales casos, el DHS llevará un registro de acceso a todos los datos sensibles de los PNR de la UE y los suprimirá en un plazo máximo de 30 días a partir del momento en que se haya alcanzado el objetivo para el cual se accedió a ellos, siempre que su conservación no esté prescrita por ley. El DHS
notificará a la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad), normalmente en un plazo de 48 horas, que ha accedido a tales datos, incluidos datos sensibles.

IV. Acceso y medios de recurso:

El DHS ha decidido hacer extensivas las salvaguardias administrativas de la Ley de protección de la intimidad a los datos de PNR almacenados en los servicios de tráfico aéreo (ATS), con independencia de la nacionalidad o del país de residencia del titular de los datos, lo cual incluye los datos relativos a ciudadanos europeos. En consonancia con la legislación estadounidense, el DHS tiene también un sistema de recurso al que pueden acceder los particulares, con independencia de
su nacionalidad o país de residencia, que deseen obtener información o corregir datos de PNr.

Estas medidas pueden consultarse en el sitio web del DHS, www.dhs.gov.

Por otra parte, los datos de PNR facilitados por un particular o por un tercero en su nombre se revelarán al particular de conformidad con las Leyes estadounidenses de protección de la intimidad y de libertad de la información. La Ley de libertad de la información (Freedom of Information Act, FOIA) permite a cualquier ciudadano (con independencia de su nacionalidad o país de residencia) acceder a los registros de una agencia federal de los EE.UU., salvo en caso de que dichos registros (o parte de ellos) no puedan revelarse en virtud de una exención prevista en dicha Ley. El DHS solo comunica los datos de PNR a los titulares de los datos o a sus agentes, de conformidad con la legislación estadounidense. Las solicitudes de acceso a información personalmente identificable contenida en el PNR que haya sido facilitada por el solicitante pueden remitirse a la siguiente dirección: FOIA/PA Unit, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection,
Room 5.5-C, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229 [tel. (202) 344-1850, fax (202) 344-2791].

En ciertas circunstancias de carácter excepcional, el DHS puede acogerse a las atribuciones que le reconoce la Ley de libertad de la información para denegar o posponer la comunicación de la totalidad o una parte de los datos de PNR a un solicitante que sea el propio titular de los datos, en virtud del título 5, artículo 552.b), del Código de los EE.UU. Con arreglo a la Ley de libertad de la información, cualquier solicitante está facultado para impugnar administrativa y judicialmente la decisión del DHS de no divulgar información.

V. Aplicación:

La legislación estadounidense prevé medidas de carácter administrativo, civil y penal para castigar las infracciones de las normas estadounidenses de protección de la intimidad y la comunicación no autorizada de datos de los registros nacionales. Entre ellas figuran las recogidas en el título 18, artículos 641 y 1030, del Código de los EE.UU., y en el título 19, artículo 103.34, del Código de reglamentos federales.

VI. Notificaciones:

El DHS ha facilitado información a los viajeros, a través de anuncios publicados en el Federal Register y en su sitio web, sobre el tratamiento de datos de PNR que efectúa. Facilitará asimismo a las compañías aéreas comunicaciones sobre los procedimientos de recopilación de datos de PNR y sobre los medios de recurso, para que se expongan en lugares públicos.

El DHS y la UE cooperarán con los interlocutores interesados del sector de la aviación para dar mayor proyección pública a estas comunicaciones.

VII. Conservación de datos:

El DHS conserva los datos de PNR de la UE en una base de datos analítica activa durante siete años; pasado este plazo, los datos pasan a una situación inactiva, no operativa. Los datos inactivos se conservan durante ocho años, y se puede acceder a ellos solo con la autorización de un agente de alto nivel del DHS designado por el Secretario de Seguridad del Territorio Nacional y únicamente en respuesta a una situación, amenaza o riesgo identificable. Esperamos que los datos de PNR de la UE se supriman al final de este período; el DHS y la UE tratarán las cuestiones relacionadas con la conveniencia y el momento de la destrucción de los datos de PNR recopilados de conformidad con la presente carta en el marco de ulteriores negociaciones. Los datos relacionados con casos o investigaciones específicos podrán conservarse en la base de datos activa hasta que se haya archivado el caso o la investigación. El DHS tiene intención de analizar el efecto de estas normas de conservación en las operaciones e investigaciones a la luz de la experiencia que se adquiera en los próximos siete años. El DHS examinará con la UE los resultados de dicho análisis.

Los períodos de conservación mencionados supra se aplicarán asimismo a los datos de PNR de la UE recopilados en virtud de los Acuerdos entre la UE y los EE.UU. de 28 de mayo de 2004 y 19 de octubre de 2006.

VIII. Transmisión:

Las últimas negociaciones han dejado claro a la UE que el DHS está dispuesto a pasar lo más rápidamente posible a un sistema de transmisión en el que sean las compañías aéreas que operan vuelos entre la UE y los EE.UU. quienes transmitan los datos de PNR al DHS. Trece compañías han adoptado ya este planteamiento. La responsabilidad de poner en marcha el paso al sistema de transmisión corresponde a las compañías, que deben allegar los recursos necesarios para la migración de sus sistemas y trabajar con el DHS para cumplir las prescripciones técnicas de este. El DHS adoptará este sistema inmediatamente, y a más tardar el 1 de enero de 2008, a efectos de la transmisión de datos por todas las compañías aéreas que hayan instaurado un sistema acorde con todas las prescripciones técnicas del DHS. Para las compañías aéreas que no implanten este sistema, el sistema actual permanecerá en funcionamiento hasta que adopten un sistema compatible con las prescripciones técnicas del DHS para la transmisión de datos de PNr. Sin embargo, la
transición al sistema de transmisión no confiere a las compañías aéreas facultad discrecional alguna a la hora de decidir cuándo, cómo y qué datos transmitir, ya que tal decisión compete al DHS en virtud de la legislación estadounidense.

En circunstancias normales, el DHS recibirá una primera transmisión de datos de PNR 72 horas antes de la hora de salida prevista del vuelo, y recibirá a continuación las actualizaciones necesarias para garantizar la exactitud de los datos. La garantía de que las decisiones se basan en datos completos y oportunos es una de las principales salvaguardias para la protección de los datos personales, y el DHS colaborará con las diferentes compañías aéreas para que incorporen este
principio a sus sistemas de transmisión. El DHS puede necesitar datos de PNR antes de las 72 horas anteriores a la salida prevista del vuelo, si hay indicios de que es preciso acceder a esos datos con prontitud para hacer frente a una amenaza específica para un vuelo, un conjunto de vuelos o una ruta, o por otras circunstancias asociadas a los fines indicados en la sección I. Al ejercer su facultad de apreciación a este respecto, el DHS actuará con sensatez y mesura.

IX. Reciprocidad:

Durante las últimas negociaciones, convinimos en que el DHS entiende que no se le está pidiendo que adopte para su sistema PNR medidas de protección de datos más restrictivas que las que las autoridades europeas aplican a sus propios sistemas PNR nacionales. El DHS no pide a las autoridades europeas que adopten para sus sistemas PNR medidas de protección de datos más restrictivas que las que los Estados Unidos aplican al sistema PNR nacional. De no resultar
correcta esta hipótesis, el DHS se reserva el derecho de suspender las disposiciones pertinentes de la presente carta mientras celebra consultas con la UE con vistas a alcanzar una solución rápida y satisfactoria. En caso de que se implante en la UE o en uno o varios de sus Estados miembros un sistema de información sobre viajeros que obligue a las compañías aéreas a poner a disposición de las autoridades datos de PNR sobre personas cuyo itinerario de viaje incluya un vuelo entre los EE.UU. y la Unión Europea, el DHS, sobre una base de estricta reciprocidad, promoverá activamente la cooperación de las compañías aéreas que estén dentro de su jurisdicción.

A fin de promover la cooperación policial y judicial, el DHS alentará a las autoridades estadounidenses competentes a que transfieran información analítica procedente de datos de PNR a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros pertinentes y, cuando orresponda, a Europol y Eurojust. El DHS espera que la UE y sus Estados miembros alienten del mismo modo a sus autoridades competentes a facilitar información analítica procedente de datos de PNR al
DHS y a otras autoridades estadounidenses pertinentes.

X. Revisión:

El DHS y la UE revisarán periódicamente la aplicación del acuerdo, la presente carta, las normas y prácticas de actuación relativas a los datos de PNR de los EE.UU. y de la UE, así como todos los casos de acceso a datos sensibles, a fin de contribuir a que el tratamiento de datos de PNR funcione eficazmente y de forma que garantice la protección de la intimidad. Para esta revisión, la UE estará representada por el Comisario competente en materia de Justicia, Libertad y Seguridad, y el DHS, por el Secretario de Seguridad del Territorio Nacional, o por las personas que mutuamente cada Parte designe aceptables. La UE y el DHS determinarán de consuno el procedimiento detallado de estas revisiones.

En el marco de estas revisiones periódicas, los EE.UU. recabarán información sobre los sistemas PNR de cada Estado miembro, y se invitará a los representantes de los Estados miembros que tengan sistemas PNR a que participen en las conversaciones.

Confiamos en que esta explicación les haya sido de utilidad para comprender la forma en que tratamos los datos de PNR de la UE.

TRADUCCIÓN

Carta de la UE a los EE.UU.

Secretario Michael Chertoff
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los EE.UU.
Washington DC 20528

Les agradecemos la carta que han remitido a la Presidencia del Consejo y a la Comisión para explicar la forma en que el DHS trata los datos de PNr.

Las garantías dadas a la Unión Europea que se explican en su carta permiten a la UE considerar que el DHS garantiza un nivel adecuado de protección de datos, a los efectos del Acuerdo internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el tratamiento y la transferencia de datos del PNR, firmado en julio de 2007.

Sobre la base de esta conclusión, la UE tomará todas las medidas necesarias para desalentar las injerencias de organizaciones internacionales o terceros países en las transferencias de datos de PNR de la UE a los Estados Unidos. La UE y sus Estados miembros alentarán además a sus autoridades competentes a que faciliten información analítica derivada de los datos de PNR al DHS y demás autoridades estadounidenses pertinentes.

Esperamos con interés iniciar con ustedes y con el sector de la aviación los trabajos destinados a garantizar que los viajeros estén informados de la forma en que los Gobiernos pueden utilizar la información sobre sus personas

01Ene/14

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo -13/05/2004 (Publicado 31 mayo 2004) (Modificado por Decreto 294 publicado 18 marzo 2008; Decreto 23 publicado 2 julio 2008 y Decreto 163 del 30 de junio 2009)

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Título Primero.- Disposiciones para los Sujetos Obligados

Capítulo Primero.- Disposiciones Generales

(Artículo 1 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público con aplicación en todo el territorio del Estado de Quintana Roo. Tiene por objeto garantizar el acceso de toda persona a la información y la protección de datos personales en posesión de los Sujetos Obligados en esta Ley.

Artículo 2.- Toda la información a que se refiere esta Ley, es pública, y los particulares tendrán acceso a la misma conforme a lo establecido por esta.

Artículo 3.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública, no es necesario acreditar interés jurídico, ni fundar o motivar la solicitud; y su ejercicio no tendrá más límite que el dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y en la presente Ley..

Artículo 4.- Los Sujetos Obligados deberán observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y respetar el derecho al libre acceso a la información pública.

En la interpretación de esta Ley, especialmente cuando se determine la calidad de reservada o confidencial de una información, se deberá favorecer el principio de publicidad de la misma.

Quien tenga acceso a la información pública sólo podrá utilizarla lícitamente y será responsable de cualquier uso ilegal de la misma.

Artículo 5.– Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- LEY: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

II.- PERSONA: Las personas físicas o morales constituidas de acuerdo a las leyes.

III.- DEROGADA

IV.- INFORMACIÓN PÚBLICA: La contenida en los documentos y/o instrumentos, que generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o resguarden los Sujetos Obligados.

V.- SUJETOS OBLIGADOS: Los Poderes Públicos Estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Ayuntamientos; cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal; y los Órganos Autónomos.

VI.- SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión para los Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Ayuntamientos; la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal que de los anteriores dimane y los Órganos Autónomos.

Independientemente de que el encargo lo detente por elección popular, asignación o designación legal, o bien por contratación.

VII.- INSTITUTO: El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

VIII.- DERECHO A LA INFORMACIÓN: El derecho de toda persona para acceder a la información que generen, administren o resguarden los sujetos obligados.

IX.- INFORMACIÓN RESERVADA: La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley.

X.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados y la que con tal carácter se establezca en la presente Ley.

XI.- UNIDADES DE VINCULACIÓN: Los órganos de cada uno de los Sujetos Obligados que poseen y administren la información pública.

XII.- INTERÉS PÚBLICO: Es la valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y análisis de la información pública, a efectos de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática.

XIII.- ÓRGANOS AUTÓNOMOS: Cualquier órgano u organismo al que la Constitución del Estado o las leyes respectivas les otorguen dicha naturaleza.

XIV.- DATOS PERSONALES: La información concerniente a una persona física identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, su estado de salud físico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

(Se adiciona fracción XV del artículo 5º según Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

XV.- UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Las Secretarías, Dependencias, Direcciones, organismos y en general las áreas que componen a los sujetos obligados.

(Se adiciona fracción XV1 del artículo 5º según Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

XVI.- MEDIOS ELECTRÓNICOS.- Los sistemas informáticos o computacionales a través de los cuales se podrán presentar las solicitudes de acceso a la información pública y de rectificación y/o protección de datos personales, si fuera el caso.

Artículo 6.- La presente Ley tiene como objetivos:

I.- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II.- Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los Sujetos Obligados;

III.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema democrático;

IV.- Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a los estándares democráticos internacionales;

V.- Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado;

VI.- Garantizar y transparentar la protección de los datos personales en poder de los Sujetos Obligados;

VII.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los Sujetos Obligados, aplicando el principio democrático;

VIII.- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y

IX.- Contribuir a la democratización de la sociedad quintanarroense y la plena vigencia del estado de derecho.

Artículo 7.- Los Sujetos Obligados designarán de entre sus servidores públicos al Titular de la Unidad de Vinculación, la cual será responsable de la atención de las solicitudes de información que se formulen en términos de esta Ley.

Capítulo Segundo.- De las Obligaciones de Transparencia

Artículo 8.- Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la transparencia de la información conforme a lo establecido en la presente Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial prevista en esta Ley.

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio, la reproducción de los documentos en que se contenga.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las Entidades Públicas. La obligación de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, los servidores públicos serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos relativos.

(Artículo 8 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

A efecto de salvaguardar los archivos, registros y, en general, toda la información originalmente plasmada en papel y que obra en posesión de los Sujetos Obligados, ésta podrá ser digitalizada.

Lo previsto en este artículo también es aplicable a la información que genere el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Artículo 9.- El Poder Judicial y los Tribunales Administrativos de oficio o a petición de particulares, deberán hacer públicos los laudos o sentencias que hayan causado estado o ejecutoria y que juzguen de interés general.

En todo caso, solo mediante conformidad de las partes o de sus sucesores, se procederá a la publicación de los datos personales.

En los acuerdos que inicien todo procedimiento, para los efectos de esta Ley, se notificará a las partes is autorizan publicar sus datos personales. La omisión de cualquiera de las partes se entenderá como negativa para ser difundidos sus respectivos datos personales.

Artículo 10.– Los Sujetos Obligados deberán realizar actualizaciones de manera permanente de la información a que se refiere el presente capítulo. Para tal efecto, el Instituto expedirá las normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información general y de la difundida de oficio por los Sujetos Obligados.

Artículo 11.- Cada Sujeto Obligado deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en internet.

De igual manera, tienen la obligación de proveer la información actualizada contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato que se encuentre en su posesión o bajo su control.

(Último párrafo del Artículo 11 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

En las Unidades de Vinculación de los Sujetos Obligados, así como en las bibliotecas y archivos públicos que éstos administren, se preverá que en sus equipos de cómputo disponibles al público, se facilite el acceso a la información a que se refiere el Artículo 15 de la presente Ley.

Artículo 12.- En cada reunión de los Sujetos Obligados en que se discutan y adopten decisiones públicas, deberá levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales.

Artículo 13.- Los informes que presenten las agrupaciones políticas estatales y los partidos políticos al Instituto Electoral de Quintana Roo, son información pública a disposición de los particulares. También es información pública la que contengan las auditorías concluidas y verificaciones que ordene la Dirección de Fiscalización del propio Instituto, de los recursos de las agrupaciones y partidos políticos.

Toda persona podrá solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo, información relativa al uso de los recursos públicos que reciban las agrupaciones políticas estatales y los partidos políticos.

Los Sujetos Obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Artículo 14.- Antes de que termine el primer bimestre de cada año, todos los Sujetos Obligados deberán presentar al Instituto, un informe correspondiente al año anterior, el cual deberán difundir en el mismo plazo en su sitio de internet.

Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad, denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

Capítulo Tercero.- De las Obligaciones de Información

(Artículo 15 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 15.- Los Sujetos Obligados deberán publicar a través de internet, en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión, la información básica siguiente:

I.- Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo;

II.- Su estructura orgánica, las atribuciones por Unidad Administrativa y la normatividad que las rige;

III.- El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, incluyendo su domicilio postal, dirección electrónica y teléfonos oficiales;

IV.- La remuneración mensual por empleo, cargo o comisión;

V.- El domicilio, número telefónico y la dirección electrónica de la Unidad de Vinculación donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información pública;

VI.- Las metas y objetivos de sus programas más relevantes, así como información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión;

VII.- Los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos;

VIII.- El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. En el caso del Poder Ejecutivo dicha información pública será proporcionada respecto de cada una de sus dependencias y entidades, además informará sobre la situación financiera de dicho Poder y su deuda pública;

IX.- Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, así como los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos;

X.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes y los montos de las operaciones;

XI.- Las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios;

XII.- Los resultados finales de las auditorías públicas concluidas que se practiquen a los Sujetos Obligados;

XIII.- Las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, en este caso debe observarse lo dispuesto por el Artículo 16 de esta Ley;

XIV.- El padrón de bienes muebles e inmuebles;

XV.- Los contratos de obra pública, para lo cual debe considerarse lo dispuesto en los artículos 17 y 17 Bis de esta Ley;

XVI.- Los informes o equivalentes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados;

XVII.- Las iniciativas de ley que se presenten en la Legislatura del Estado, una vez leídas en Pleno y turnadas a las comisiones legislativas que correspondan; los dictámenes y los acuerdos aprobados en el Pleno; los decretos legislativos publicados y los Diarios de Debates, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sesión de que se trate.

XVIII.- Un resumen financiero, respetando la autonomía de los Sujetos Obligados;

XIX.- El origen y monto de los ingresos mensuales de los fondos auxiliares especiales que tuviesen o llegasen a tener los Sujetos Obligados, así como la aplicación de los mismos; y

XX.- La relación de solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les den.

XXI.- Los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o confidencial; y

XXII.- Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Artículo 15-BIS.- Los resultados de las convocatorias a concursos o licitación de obras, adquisiciones, arrendamiento, concesiones y prestaciones de servicios deberán contener:

I.- La identificación precisa del contrato;

II.- El monto;

III.- El nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quien o quienes se hayan celebrado el contrato; y

IV.- El plazo para su cumplimiento.

Artículo 16.- Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá rendirse precisando:

I.- Nombre o razón social del titular;

II.- Concepto de la concesión, autorización o permiso; y

III.- Vigencia.

Artículo 17.- Tratándose de obra pública que ejecute cualquier sujeto obligado, por administración directa, la información a rendir deberá precisar:

I.- El desglose del monto total por concepto de lo ejercido en la misma;

II.- El lugar;

III.- El plazo de ejecución;

IV.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y

V.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.

Capítulo Cuarto.- De la Promoción Cultura de Apertura de Información Pública

(Artículo 18 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 18.- El Instituto deberá promover toda clase de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. Para tal efecto, el Instituto establecerá los programas y coordinará su actuación en la materia con los Sujetos Obligados.

(Artículo 19 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 19.- El Instituto promoverá ante las autoridades competentes del Estado, la inclusión, en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Estado, de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en una sociedad democrática.

(Artículo 20 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 20.- Las escuelas de educación media superior, universidades e instituciones de Educación Superior procurarán en sus actividades académicas curriculares y extracurriculares, incluir temas que ponderen la importancia social de la cultura de la apertura informativa y del derecho de acceso a la información. El Instituto impulsará, conjuntamente con Instituciones de Educación Superior, la implementación de mecanismos que permitan la investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la información, que promueva la socialización de conocimiento sobre el tema y coadyuve con el Instituto en sus tareas sustantivas.

Capítulo Quinto.- De la Información Reservada y Confidencial

Artículo 21.- El Ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la Información Reservada y Confidencial.

(Artículo 22 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 22.– Las clasificaciones de reserva de la información procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando se trate de información, cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado o de los Municipios o la seguridad pública;

II.- La que comprometa la seguridad, la vida o la salud de cualquier persona;

III.- Cuando su divulgación pueda causar perjuicio a las actividades de la impartición de justicia o la recaudación de las contribuciones;

IV.- La que dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o los Municipios;

V.- La que lesione los procesos de negociación de los Sujetos Obligados en cumplimiento de su función pública y pueda ser perjudicial del interés público;

VI.- La información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o de los Municipios, o suponga un riesgo para su realización;

VII.- Los expedientes judiciales o administrativos. Serán públicos los expedientes electorales;

VIII.- Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos. Será pública la resolución definitiva;

IX.- La que contenga las opiniones, estudios, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos y pueda ser perjudicial del interés público, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva;

X.- La contenida en las auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización o de Control, así como las realizadas por particulares a su solicitud, hasta en tanto se presenten las conclusiones de dichas auditorías;

XI.- La que cause un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos y a la prevención o persecución de los delitos;

XII.- La referente a las posturas, ofertas, propuestas o presupuestos generados con motivo de los concursos o licitaciones en proceso que las autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, arrendar, concesionar o contratar bienes o servicios. Una vez adjudicados los contratos, la información ya no será reservada;

XIII.- Los exámenes, evaluaciones o pruebas que para la obtención de cargos, reconocimientos, permisos, licencias o autorizaciones, que por disposición de ley deban ser sustentados, así como la información que estos hayan proporcionado con este motivo;

XIV.- La que genere una ventaja personal indebida en perjuicio de alguien;

XV.- La que por mandato expreso de una ley sea considerada reservada;

XVI.- Los expedientes y la discusión de los asuntos materia de sesión secreta que celebren el Congreso del Estado o cualquiera de sus Órganos. La resolución final, con su fundamento y motivación es pública, siempre y cuando no contravenga otras disposiciones legales;

XVII.- Los asuntos que el Poder Judicial determine, de acuerdo con su Ley Orgánica tenga el carácter de reservada. La resolución final podrá ser pública siempre y cuando no contravenga otras disposiciones legales;

XVIII.- Los expedientes y la discusión de los asuntos materia de sesión secreta del Ayuntamiento. La resolución final, con su fundamentación y motivación es pública siempre y cuando no contravenga otras disposiciones legales;

XIX.- La contenida en las averiguaciones previas, salvo lo dispuesto en la ley de la materia;

XX.- Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; y

XXI.- Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades;

(Artículo 23 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 23.– Los Titulares de los Sujetos Obligados o los Servidores Públicos debidamente autorizados por este, conjuntamente con los Titulares de las Unidades de Vinculación, serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, los lineamientos expedidos por el Instituto y los ordenamientos reglamentarios u análogos.

Artículo 24.- Los Sujetos Obligados por conducto de la Unidad de Vinculación elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice de la información o de los expedientes clasificados como reservados, los cuales se actualizarán permanentemente y deberán incluirse en su sitio informático para accederse a través de internet. El índice contendrá la referencia de la Unidad de Vinculación que generó o posea la información pública, la fecha de su clasificación y el plazo de reserva. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

El Titular de cada dependencia o entidad pública, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados. En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

Artículo 25.- Los Sujetos Obligados serán responsables de clasificar la información pública de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley.

El acuerdo que clasifique la información como reservada deberá estar fundado y razonado en que:

I.- La información esté comprendida en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley;

II.- La liberación de la información de referencia amenace el interés protegido por la Ley; o

III.- El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

El acuerdo que clasifique la información como reservada o confidencial, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 26.– La clasificación de la información como reservada, deberá indicar: la fuente de la información, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación. Vencido el plazo de reserva, se tendrá acceso a la misma y su desclasificación se publicará en los índices que señale el Artículo 24.

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Artículo 27.- La información clasificada como reservada según el artículo anterior, podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de siete años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el período de reserva, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

El Instituto a solicitud de los Sujetos Obligados podrá acordar la ampliación del período de reserva hasta por diez años, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Excepcionalmente, en casos de gran importancia, los Sujetos Obligados podrán solicitar al Instituto la ampliación del segundo período de reserva hasta por diez años, siempre y cuando justifiquen la existencia de los supuestos que la originaron.

Artículo 28.- Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial la compuesta por datos personales, en los términos previstos en la definición contenida en el Artículo 5, fracción X, de la presente Ley.

Artículo 29.– Se clasifica como información confidencial:

I.- Los datos personales;

II.- La entregada por los particulares a los Sujetos Obligados para la integración de censos, para efectos estadísticos u otros similares, misma que sólo podrá usarse para los fines que se proporcionó;

III.- La información de carácter personal, que se obtenga legalmente al intervenir las comunicaciones privadas en los términos del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV.- La información patrimonial que los servidores públicos declaren en los términos de la ley de la materia, salvo que los declarantes autoricen su divulgación;

V.- La que ponga en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio, la seguridad o la salud de cualquier persona; o afecte directamente el ámbito de la vida privada de las personas; y

VI.- La que por mandato expreso de una ley sea considerada confidencial o secreta.

Artículo 30.– Cuando los particulares entreguen a los Sujetos Obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar si autorizan o no, que se proporcionen junto con la demás información en donde se encuentren, en caso de ser solicitados. A falta de autorización expresa, se entenderá como no autorizado la difusión de los mismos.

Capítulo Sexto.- De la Protección de Datos Personales

Artículo 31.- Los Sujetos Obligados que posean por cualquier título, sistemas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto, quien mantendrá un listado actualizado de los sistemas de datos personales, a partir de la información que estos les proporcionen.

Artículo 32.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una Unidad de Vinculación, previa acreditación, que les proporcionen sus datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un período menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 del presente ordenamiento.

Artículo 33.– Los Sujetos Obligados serán responsables de la debida protección de los datos personales que se encuentren en sus archivos; en relación con estos, deberán:

I.- Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos encargados para tal efecto;

II.- Utilizar los datos personales sólo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

III.- Informar a los individuos el propósito por el cual se recaban sus datos personales;

IV.- Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados. Para ello deberán sustituir, rectificar o completar de oficio, los datos personales que fueren inexactos o incompletos; y

V.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 34.- Los Sujetos Obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de acceso a la información pública, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los individuos a que haga referencia la información pública.

Artículo 35.- No se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos personales para proporcionarlos en los siguientes casos:

I. Cuando en situaciones de urgencia, peligre la vida o la integridad personal y se requieran para la prestación de asistencia en salud;

II. Cuando se entreguen por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en la ley. En estos casos los Sujetos Obligados entregarán la información de tal manera que no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;

III. Cuando se transmitan entre Sujetos Obligados en términos de las leyes aplicables;

IV. Cuando exista una orden judicial; y

V. Cuando el Sujeto Obligado contrate a terceros para la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propósitos distintos a aquellos para los cuales se les hubieren transmitido.

Capítulo Séptimo.- Cuotas de Acceso

Artículo 36.- La búsqueda de información pública que soliciten las personas será gratuita. No obstante, el solicitante cubrirá los gastos propios de su reproducción y entrega, que en todo caso no podrán ser superiores a la suma de:

I.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.

II.- El costo de envío.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de información.

Título Segundo.- Del Acceso a la Información Pública

Capítulo Primero.- De las Unidades de Vinculación

Artículo 37.- Las Unidades de Vinculación serán el enlace entre los Sujetos Obligados y el solicitante, ya que son las responsables de entregar o negar la información. Además, realizarán todas las gestiones necesarias a fin de cumplir con su atribución.

Las Unidades de Vinculación, tendrán las atribuciones siguientes:

I.- Recabar y difundir la información pública a que se refiere el Artículo 15;

II.- Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública;

III.- Entregar o negar la información requerida fundando y motivando su resolución en los términos de esta Ley;

IV.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que pudiera tener la información pública que solicitan;

V.- Realizar los trámites internos necesarios para localizar, y en su caso, entregar la información pública solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares;

VI.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus resultados y costos, así como el tiempo de respuesta de las mismas;

VII.- Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, así como los de acceso y corrección de datos personales;

VIII.- Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a las solicitudes de acceso a la información pública;

IX.- Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos;

X.- Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que deberá ser actualizado periódicamente;

XI.- Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de esta;

XII.- Clasificar en pública, reservada o confidencial la información, en los términos del Artículo 23 de esta Ley;

XIII.- Informar semestralmente al titular del sujeto obligado o en cualquier momento a requerimiento de éste, sobre las solicitudes de acceso a la información recibidas; y

XIV.- Las demás acciones necesarias para garantizar y agilizar el flujo de acceso a la información pública en los términos de la presente Ley.

Capítulo Segundo.- Del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

Artículo 38.- Se crea el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, como un órgano público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información, proteger los datos personales en poder de los Sujetos Obligados, y coadyuvar en la formación de la cultura de la transparencia y el derecho a la información.

Artículo 39.- El Instituto contará con un Órgano Colegiado de Dirección denominado Junta de Gobierno, que se integra por un Consejero Presidente y dos Consejeros Vocales, designados mediante el procedimiento que se contempla en la presente Ley, mismos que tendrán voz y voto; concurre, un Secretario Ejecutivo electo por los propios Consejeros, a propuesta del Consejero Presidente, quien sólo tendrá voz.

Las resoluciones del Instituto se tomarán por mayoría de votos y para sesionar válidamente se requerirá de la asistencia de al menos dos de sus integrantes, si entre ellos se encuentra el Presidente, quien en este supuesto tendrá voto de calidad.

La representación legal del Instituto la tendrá el Consejero Presidente.

Artículo 39-BIS.– La Junta de Gobierno atenderá y resolverá los asuntos de su competencia en sesiones que serán públicas o privadas, conforme al reglamento que al efecto se expida.

Artículo 39-TER.- Para dar a conocer a toda persona el lugar y la fecha de las sesiones públicas de la Junta de Gobierno del Instituto, así como para substanciar dichas sesiones con el orden debido, se observará lo siguiente:

I.- Deberá publicarse en los estrados del Instituto, por lo menos con cuarenta y ocho horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión, así como en el sitio de internet del Instituto;

II.- En las sesiones públicas solo podrán participar y hacer uso de la palabra los integrantes de la Junta de Gobierno, y cuando proceda, el Secretario Ejecutivo, quien levantará el acta circunstanciada correspondiente;

III.- El Instituto deberá contar con un salón dentro de sus Instalaciones lo suficientemente amplio para el desahogo de sus sesiones, que permita la permanencia de toda persona el tiempo que duren las sesiones.

Artículo 40.- La organización y funcionamiento del Instituto se establecerá en el Reglamento Interior del mismo, el cual deberá prever la estructura administrativa necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.

En todo caso, deberá contar al menos con: una Dirección Jurídica Consultiva, una Dirección de Capacitación, una Dirección de Vinculación, una Dirección de Administración, y una Contraloría Interna, que tendrán las facultades y obligaciones que les asigne el ordenamiento reglamentario.

Los titulares de las direcciones y demás órganos que contemple la estructura administrativa del Instituto, serán designados por su Junta de Gobierno, a propuesta de su Presidente, en los términos que se establezcan en los ordenamientos correspondientes.

El reglamento, de igual forma, deberá instituir el Servicio Civil de Carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia; y establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.

(Se adiciona párrafo 5º del artículo 40º según Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Todo el personal que integre y forme parte del Instituto, estará sujeto a las obligaciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y responderá de sus actos en la forma, términos y ante las instancias que dicha normatividad señala para los servidores públicos de organismos de similar naturaleza en el Estado.

Artículo 41.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley;

II.- Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información;

III.- Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial;

IV.- Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;

V.- Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley;

VI.- Ordenar a los Sujetos Obligados que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley;

VII.- Promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente;

VIII.- Garantizar la protección de los datos personales;

IX.- Recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

X.- Autorizar la práctica de auditorías externas para vigilar la correcta aplicación de sus recursos;

XI.- Autorizar la suscripción de convenios y contratos, en los que el Instituto participe, a efecto de promover el adecuado cumplimiento de esta Ley;

XII.- Proponer a las autoridades educativas competentes la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública;

XIII.- Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública que promueva la sociabilización de conocimientos sobre el tema;

XIV.- Difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XV.- Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones;

XVI.- Procurar, a petición de los particulares, la conciliación de sus intereses cuando estos entren en conflicto con los Sujetos Obligados, con motivo de la aplicación de esta Ley;

XVII.- Coadyuvar con el Archivo General del Estado, en la elaboración de listados o catálogos y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de los Sujetos Obligados;

XVIII.- Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, y remitirlo al titular del Ejecutivo Estatal para que lo incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

XIX.- Designar a los servidores públicos a su cargo;

XX.- Acordar la ampliación de los períodos de reserva de la información que tenga tal carácter, en los términos de esta Ley;

XXI.- Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento; y

XXII.- Realizar reuniones y foros anuales de carácter público, para discutir la aplicación y alcances de la presente Ley; y

XXIII.- Las demás que le confiera esta Ley.

Artículo 42.- Los Sujetos Obligados deberán prestarle al Instituto, gratuitamente, el apoyo que requiera para el desempeño de sus funciones.

Artículo 43.- Para ser Consejero Presidente, Consejero Vocal y Secretario Ejecutivo del Instituto, se deberá reunir y mantener los siguientes requisitos.

I.- Ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar;

III.- Tener más de treinta años de edad;

(Artículo 43.IV Según Decreto nº 163 de 20 de junio de 2009)

IV.- Poseer al día de su designación, título y cédula profesionales de nivel licenciatura;

V.- Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional;

VI.- No estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni estar sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, al momento de ser propuesto;

VII.- Tener residencia en la entidad y vecindad en algún municipio, durante los diez años anteriores a la fecha de designación;

VIII.- No tener, ni haber tenido cargo alguno de elección popular, ni haber sido postulado como candidato de algún partido político, coalición, o agrupación política mediante convenio de participación, en los cinco años anteriores a la designación;

IX.- No ser ni haber sido miembro de comités directivos u equivalentes, sean nacionales, estatales o municipales, en algún partido político, en los cinco años anteriores a la fecha de su designación;

X.- No ser ni haber sido, Gobernador, Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Subsecretario, Director General en la Administración Pública Estatal, Diputado de la Legislatura del Estado, Miembro de Ayuntamiento y Titulares de los Órganos de la Administración Municipal, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo e Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los cinco años anteriores a la designación; y

XI.- No ser, ni haber sido ministro de culto religioso, en los últimos cinco años anteriores a la fecha de designación.

Artículo 44.- El procedimiento para la designación del Consejero Presidente y de los Consejeros Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto, se sujetará al trámite siguiente:

I.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, o de la Diputación Permanente, en su caso, convocará a los grupos parlamentarios, a presentar dos candidatos para cada cargo a designar, ante la Comisión de Puntos Legislativos.

La Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y en cuando menos dos periódicos comerciales de circulación estatal.

La convocatoria tendrá que contener la descripción, clara y precisa, de los medios idóneos para acreditar los requisitos de elegibilidad; mismos que deberán ser aprobados por la Comisión de Puntos Legislativos, de manera previa.

II.- Los grupos parlamentarios contarán, a partir del día siguiente a la publicación de la Convocatoria, con cinco días naturales para presentar sus propuestas por escrito, anexando a cada una de ellas el Currículum Vitae con documentación que sustente el mismo; la falta de documentación que respalde lo manifestado en el referido Currículum Vitae, será causa suficiente para desestimar lo que no se acredite.

III.- La Comisión de Puntos Legislativos, una vez vencido el plazo señalado en la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas cumplen con los requisitos de ley, pudiendo, en su caso, prevenir a los proponentes para que, en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que fueren notificados, subsanen la información proporcionada o bien complementen la documentación requerida; vencido el plazo, la Comisión de Puntos Legislativos, con la documentación que obrase en su poder, emitirá el dictamen correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de las personas propuestas que satisficieron los requisitos legales.

IV.- El citado dictamen se presentará en sesión plenaria de la Legislatura o la Diputación Permanente, según corresponda, para efecto de que los legisladores, por voto calificado, designen, de entre las propuestas que cumplieron con los requisitos, al Consejero Presidente y los Consejeros Vocales.

V.- Los designados deberán comparecer ante la propia Legislatura o la Diputación Permanente, a rendir la Protesta de Ley.

VI.- La designación del Consejero Presidente y los Consejeros Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto, se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Artículo 45.- Los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto durarán en su encargo seis años, y podrán ser ratificados de manera individual, hasta por un período más de tres años, con la misma votación requerida para su nombramiento.

Los Consejeros sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y las de la presente Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal, o cuando dejen de satisfacer cualquiera de los requisitos de elegibilidad.

Artículo 46.- La retribución que reciban el Consejero Presidente y los Consejeros Vocales, será la equivalente a la de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La Junta de Gobierno del Instituto para acordar remuneración alguna para sus miembros y su personal, incluyendo lo relativo a sobresueldos, compensaciones, prestaciones y estímulos por cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o conceptos análogos a éstos, requerirá la aprobación de la Legislatura del Estado.

El Instituto presentará a la Legislatura del Estado para su aprobación a más tardar en el mes de noviembre del mismo año, la propuesta de remuneración de sus servidores públicos, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato siguiente.

La Legislatura del Estado, al aprobar la remuneración de los servidores públicos del Instituto, establecerá los montos mínimos y máximos aplicables al ejercicio fiscal de que se trate. En caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el ejercicio inmediato anterior.

Artículo 47.- El Consejero Presidente y los Consejeros Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto, no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y solo podrán recibir percepciones derivadas de actividades docentes, regalías por derechos de autor o publicaciones, siempre que no se afecte el ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

Artículo 48.- En caso de falta definitiva del Consejero Presidente o de los Consejeros Vocales, se seguirá el mismo procedimiento señalado para la designación; en cuyo caso, el designado, concluirá el período de aquel al que sustituya. En todo caso, la vacante deberá ser cubierta en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a partir de que la Legislatura o la Diputación Permanente, según sea el caso, tengan conocimiento.

Artículo 49.- Durante el mes de abril de cada año, el Consejero Presidente del Instituto rendirá un informe anual de labores y resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por los Sujetos Obligados comprendidos en esta Ley; el número de asuntos atendidos, las dificultades  observadas en el cumplimiento de esta Ley; así como las demás actividades y acciones llevadas a cabo en ejercicio de las atribuciones del Instituto. El Informe anual será difundido con amplitud y colocado en el sitio cibernético del Instituto, para que a través de la internet tengan acceso los sujetos de derechos.

Capítulo Tercero.- Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública

(Artículo 50 reformado por Decreto nº 23 del 2 julio 2008)

Artículo 50.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquiera de los sujetos obligados.

La solicitud deberá hacerse por escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso la entidad registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

Las solicitudes podrán realizarse por escrito o a través de medios electrónicos, a menos que las condiciones del solicitante se lo impidan, en cuyo caso será verbal y el sujeto obligado, registrará en un formato los requisitos de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

Cuando la solicitud sea por escrito o verbal deberá de presentarse ante la Unidad de Vinculación del Sujeto Obligado correspondiente; y cuando se realice a través de medios electrónicos, la solicitud se deberá hacer a través del Portal de los Sujetos Obligados.

Las solicitudes que se presenten de manera electrónica, se tramitarán por dicha vía, siguiendo el procedimiento establecido para la substanciación de las solicitudes que se señala en los siguientes artículos.

Artículo 51.- La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito o por la internet deberá contener cuando menos los siguientes datos:

I.- Nombre del solicitante y domicilio para recibir notificaciones, mismo que deberá estar ubicado en el lugar donde resida la Unidad de Vinculación a la que se presente la solicitud, de no señalar domicilio las notificaciones se realizarán por estrados;

II.- La descripción clara y precisa de la información solicitada;

III.- Cualquier otro dato que a juicio del solicitante facilite la localización de la información solicitada; y

IV.- La modalidad en que el solicitante desee le sea proporcionada la información, siempre y cuando fuera posible; en todo caso, la información se entregará en el estado en que se encuentre. La obligación de proporcionar información no incluye el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.

Si los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la Unidad de Acceso a la Información Pública podrá requerir al solicitante, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que indique otros elementos o corrija los datos. En caso de que no dé cumplimiento al requerimiento se desechará su solicitud. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el Artículo 58.

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por el Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo. Asimismo, las Unidades de Vinculación tendrán la obligación de auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en los casos en que el solicitante no sepa leer, ni escribir.

Artículo 52.- Las Unidades de Vinculación serán el enlace entre los Sujetos Obligados y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o Sujeto Obligado a fin de facilitar el acceso a la información.

Artículo 53.- Los Sujetos Obligados, considerados en la presente Ley, están obligados a entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.

Artículo 54.- Los Sujetos Obligados, solo estarán obligados a entregar documentos que ellos generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o resguarden. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida, cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.

El acceso de información, se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero, se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

En el caso de que la información solicitada por el particular ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos, disponibles en internet, o cualquier otro medio, se le hará saber por escrito, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 55.- Cuando la información solicitada, se encuentre en la dependencia o Sujeto Obligado a la cual se dirigió la solicitud del particular, esta deberá comunicar la procedencia del acceso a la información y la manera en que se encuentra disponible la información, a efecto de que se determine el costo de la misma, en su caso.

Las Unidades de Vinculación podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

Artículo 56.- Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la Unidad de Vinculación, esta deberá hacer un análisis pormenorizado sobre el caso, para tomar las medidas pertinentes para localizar, en su propio ámbito, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá un acuerdo que confirme la inexistencia del documento solicitado.

Artículo 57.- Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación impresa o electrónica.

Artículo 58.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el Sujeto Obligado deberá comunicar, tres días antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. En ningún caso el plazo excederá de veinte días hábiles.

Artículo 59.-Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir al Instituto a fin de que requiera al Sujeto Obligado correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes.

Cuando no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, el silencio de la autoridad se entenderá como una negación de acceso a la información, por lo que se configura la negativa ficta.

Artículo 60.- En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por escrito al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Esta negativa deberá estar fundada y motivada, con base en la presente Ley.

Artículo 61.– Los Sujetos Obligados por medio de las Unidades de Vinculación, no estarán obligadas a dar tramite a solicitudes de acceso ofensivas, cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como una respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar en donde se encuentre la información.

Título Tercero.- Medios de Impugnación

Capítulo Único.- Del Recurso de Revisión

Artículo 62.– Contra las decisiones de las Unidades de Vinculación que nieguen el acceso a la información o cuando esta no haya sido proporcionada dentro de los plazos correspondientes, así como cuando se pretenda otorgar la información reservada o datos personales, procederá el recurso de revisión, que podrá interponer el solicitante o su legítimo representante.

Artículo 63.- La Junta de Gobierno del Instituto, conocerá y resolverá con base en presente Capítulo, los recursos de revisión. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Para los efectos de este apartado, se considerarán como hábiles todos los días que determine el Reglamento Interior del Instituto como laborables.

Artículo 64.- Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

I.- Comenzarán a correr al día siguiente en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II.- Se contarán solo los días hábiles; y

III.- No correrán en los días en que se suspendan las labores del Instituto.

Artículo 65.- Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica.

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

Artículo 66.– Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.

Artículo 67.- Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente en que hubieren quedado legalmente hechas.

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá sanción administrativa al responsable, quien en caso de reincidencia será destituido de su cargo.

Artículo 68.- Las demandas o promociones de término podrán presentarse fuera del horario de labores, ante el Secretario Ejecutivo o ante la persona designada por este, conforme a lo que se establezca en el Reglamento del Instituto.

Artículo 69.- Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia del Instituto, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las Oficinas de Correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la Oficina de Telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la Oficina de Correos o se envían desde la Oficina de Telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Artículo 70.- Son incidentes de especial pronunciamiento el de nulidad de notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Cualquier otro incidente que surja se fallará en la resolución de fondo.

Artículo 71.- Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse por las partes ante el Consejero Instructor antes de que se dicte sentencia.

Tratándose del incidente de reposición de autos, el Consejero Instructor ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expediente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas investigaciones que no sean contrarias a derecho.

Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que el Consejero Instructor recibirá las pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución que corresponda.

Artículo 72.- El recurso será desechado de plano por notoriamente improcedente, y sin mayor trámite, cuando:

I.- Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado para tal efecto;

II.- El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva; y

III.- Se recurra a una resolución o acto que no haya sido emitida por un Sujeto Obligado;

Artículo 73.- El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

I.- El recurrente se desista por escrito del recurso de revisión.

II.- La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso.

III.- El recurrente fallezca.

Artículo 74.- El plazo para la interposición del recurso será dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación o a la configuración de la negativa ficta.

Artículo 75.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Estar dirigido al Instituto;

II.- El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal;

III.- Señalar domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en la ciudad donde estuviese el domicilio oficial del Instituto, de lo contrario o de haberse omitido, las notificaciones se realizarán por estrados y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

IV.- La Unidad de Vinculación ante la cual se presentó la solicitud y su domicilio;

V.- La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto que origina el recurso o la fecha en que se cumplió el plazo para que se configure la negativa ficta;

VI.- El acto o resolución que se recurre y la autoridad responsable del mismo;

VII.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el acto o resolución impugnados y los preceptos legales presuntamente violados;

VIII.- Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite;

IX.- Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente; y

X.- La firma del promovente o, en su caso, su huella digital.

Artículo 76.- El escrito de contestación al recurso deberá contener, cuando menos:

a).- La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo como ocurrieron, y

b).- Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener la legalidad del acto o resolución de que se trate.

Artículo 77.- Recibido el recurso, el Consejero Presidente del Instituto designará, según el turno que corresponda, a un Consejero Instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.

Artículo 78.- El Consejero Instructor examinará ante todo el escrito de interposición del recurso, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano.

Artículo 79.– Admitido el recurso, el Consejero Instructor ordenará emplazar a la autoridad señalada como responsable para que dentro del término de diez días hábiles produzca su contestación.

Artículo 80.- Si los escritos de interposición de recurso o contestación fueren obscuros o irregulares, el Consejero Instructor prevendrá a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días hábiles.

Artículo 81.- Habiendo transcurrido el plazo para contestar el recurso, el Consejero Instructor señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los diez días hábiles siguientes. El Consejero Instructor podrá ampliar prudentemente el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite.

Artículo 82.- La falta de contestación al recurso dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en él, salvo prueba en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a los Sujetos Obligados.

Artículo 83.– Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al Consejero Instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con el recurso.

Artículo 84.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Las pruebas testimonial y demás, deberán anunciarse cinco días hábiles antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y demás elementos que se consideren convenientes, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

Artículo 85.– A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten y, en caso contrario, pedirán al Consejero Instructor que requiera a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, el Consejero Instructor, a petición de parte, hará uso de los medios de apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

Artículo 86.- Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

Artículo 87.- En todo tiempo, el Consejero Instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio Consejero Instructor podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

Artículo 88.- Una vez concluida la audiencia, el Consejero Instructor someterá a la consideración de la Junta de Gobierno del Instituto, el proyecto de resolución respectivo, a más tardar dentro diez días hábiles siguientes.

Artículo 89.– Al dictar la resolución, la Junta de Gobierno del Instituto, corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Artículo 90.- Las resoluciones deberán contener, al menos, lo siguiente:

I.- Los preceptos que la fundamenten;

II.- Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos legales que en su caso, se estimaren violados;

III.- Los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla;

IV.- Los puntos resolutivos; y

V.- En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación.

Artículo 91.- Las resoluciones del Instituto podrán:

I.- Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;

II.- Confirmar la decisión del Sujeto Obligado; o

III.- Revocar o modificar las decisiones de los Sujetos Obligados y ordenar a los mismos que proporcionen la información solicitada o los datos personales; que reclasifiquen la información o bien, que modifiquen tales datos.

Artículo 92.- Dictada la resolución, el Consejero Presidente del Instituto ordenará notificarla a las partes, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.

Artículo 93.- Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la resolución, del cumplimiento de la misma al Consejero Presidente, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida.

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna actuación sin que esta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al Consejero Presidente que requiera a la obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el Consejero Presidente denunciará al omiso ante la autoridad que se estime pertinente.

Artículo 94.– Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de que el Consejero Presidente haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias.

Artículo 95.- No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

Título Cuarto.- Otras Disposiciones en Materia de Acceso a la Información en los Sujetos Obligados

Capítulo Único.- Disposiciones Generales

Artículo 96.– Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, las Unidades de Vinculación, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley.

Artículo 97.- En los ordenamientos que al efecto se expidan, en términos del artículo anterior, se proveerá lo necesario a fin de instituir el Servicio Civil de Carrera en las Unidades de Vinculación de los Sujetos Obligados.

Título Quinto.- Responsabilidades y Sanciones

Capítulo Primero.- De las Responsabilidades

Artículo 98.- Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:

I.- Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información pública que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

II.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes de acceso o en la difusión de la información pública a que están obligados conforme a esta Ley;

III.- Denegar intencionalmente información pública no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta Ley;

IV.- Clasificar como reservada o confidencial, información pública que no cumple con las características señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información;

V.- Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley;

VI.- Entregar intencionalmente de manera incompleta información pública requerida en una solicitud de acceso;

VII.- No proporcionar la información pública cuya entrega haya sido ordenada por la Unidad de Vinculación o la autoridad correspondiente;

VIII.- La demora injustificada para proporcionar la información pública;

IX.- Proporcionar información falsa; y

X.- Negar la rectificación de los datos o documentos, en los casos en que esta proceda conforme a lo dispuesto por esta Ley.

Capítulo Segundo.- De las Sanciones

Artículo 99.- A quienes incurran en las responsabilidades a que se refiere el artículo anterior, se les aplicarán las sanciones y los procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo o en otras leyes aplicables.

Lo anterior, sin menoscabo, de la responsabilidad penal en que puedan incurrir.

Artículo 100.- El Instituto aplicará, a su prudente arbitrio, los siguientes medios de apremio a quien desacate una resolución o acuerdo que recaigan en el recurso de revisión previsto en esta Ley:

I.- Amonestación; o

II.- Multa equivalente al monto de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general diario vigente en el Estado.

Lo anterior, sin detrimento de dar aviso al superior jerárquico para que obligue al servidor público a cumplir sin demora la resolución; y si no tuviere superior jerárquico, el requerimiento se hará nuevamente y en forma directa a éste.

Cuando no se cumpliere la resolución, a pesar del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto procederá a solicitar la destitución del servidor público que incumplió, ante la instancia que corresponda.

En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que goce de fuero constitucional, se procederá conforme a la Ley de la materia.

Artículo 101.- Antes de la aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, las autoridades otorgarán la garantía de defensa.

T r a n s i t o r i o s

Primero.- La Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con las modalidades que se establecen en los siguientes artículos.

Segundo.- Los Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, deberán ser electos a más tardar en 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley.

Tercero.– Con el fin de garantizar la renovación escalonada, el Consejero Presidente durará en el encargo, seis años, el primer Consejero Vocal que se designe, cuatro años, en tanto que el segundo que se designe dos años.

A partir de su nombramiento, los miembros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, deberán instrumentar las acciones concernientes para que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como expedir la normatividad reglamentaria o de otra índole que se requiera, en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que fuesen designados.

Cuarto.- Los Sujetos Obligados indicados en esta Ley, deberán expedir la normatividad necesaria y establecer las Unidades de Vinculación, a más tardar el 31 de Enero del 2005; lo anterior, se hará del conocimiento del Instituto.

Una vez instaladas las Unidades de Vinculación de los Sujetos Obligados, éstos deberán de hacerlo del conocimiento público, mediante la difusión más idónea para tal efecto.

Quinto.- Los Sujetos Obligados indicados en esta Ley deberán hacer pública la información obligatoria a más tardar el 31 de Marzo del 2005.

Sexto.- El ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos quintanarroenses, y personas morales mexicanas con domicilio fiscal en la entidad, se ejercerá a partir del 31 de Julio del 2005.

Séptimo.- Se faculta al Gobernador del Estado para que realice los ajustes presupuestales que correspondan, a fin de dotar de un presupuesto bastante y suficiente al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, una vez que hayan sido designados los Consejeros de la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO TRANSITORIO:

ÚNICO.– Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

————————————————————————————————————————–

ARTÍCULO TRANSITORIO:

DEL DECRETO NÚMERO 023 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2008

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero.- Para efectos del Artículo 8 penúltimo párrafo, los Sujetos Obligados podrán digitalizar la información que generen, a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta donde se lo permita el volumen de sus archivos.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

01Ene/14

RESOLUCION  N° 9 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2001.  ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN EL USO DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL AMBITO TRIBUTARIO

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 6, Letra A), nº 1, del Código Tributario, contenido en el artículo 1 del DL nº 830, de 1974, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, las comunicaciones electrónicas representan un notable ahorro de recursos materiales y humanos e incrementan la calidad de las presentaciones que realizan los contribuyentes, el Servicio ha dispuesto que diversos trámites y tipos de declaraciones de impuestos y de declaraciones juradas de datos se puedan presentar mediante su transmisión electrónica, vía Internet.

SEGUNDO: Que, existe un aumento progresivo de contribuyentes que se acogen a esta forma voluntaria de presentación de sus declaraciones de impuestos y declaraciones juradas de datos, lo que hace necesario establecer el uso de una firma electrónica que reemplace la firma ológrafa en estos documentos digitales, para aquellos contribuyentes que estimen conveniente incorporar este elemento de seguridad a sus relaciones telemáticas con el Servicio.

TERCERO: Que, por lo tanto resulta pertinente establecer los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes que, voluntariamente, decidan incorporarse al sistema de firma electrónica para acreditar su identidad digital y fijar las condiciones y normas a que estarán sometidas las empresas que presten servicios de certificación, para respaldar la validez de la firma electrónica aplicada en documentos tributarios.

SE RESUELVE:

Para los efectos de la presente resolución y las que se dicten en virtud de ella, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

a) Representación Digital: Es un documento representado en forma binaria, sin hacer referencia a su medio de almacenamiento o soporte, susceptible de ser firmado electrónicamente

b) Documento Digital: Es toda representación digital que de testimonio de un hecho, una imagen o una idea.

c) Firma Electrónica: El sustituto digital de la firma ológrafa que permite al receptor de un documento digital, verificar con certeza la identidad proclamada por el emisor del mismo, mantener la integridad del contenido del documento digital transmitido e impedir al signatario desconocer la autoría del documento digital o repudiarlo en forma posterior.

d) Certificado Digital: Es un documento digital firmado y emitido electrónicamente por un Prestador de Servicios de Certificación, que asocia una clave pública con su titular durante el período de vigencia del certificado y que, debidamente almacenado y publicado en un repositorio o registro público electrónico, se utiliza como referencia para acreditar la identidad digital del contribuyente, que es titular de dicha clave, junto a sus datos de identificación, utilizando sistemas que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procesos de certificación.

e) Signatario: Es la persona que actúa en nombre propio o en el de otra persona natural o jurídica a la que representa, y que, habiendo obtenido previamente un certificado digital de un Prestador de Servicios de Certificación debidamente acreditado ante el Servicio, tiene la capacidad de firmar un documento digital.

f) Clave Privada: Es aquella que se utiliza para firmar electrónicamente, utilizando un criptosistema asimétrico seguro.

g) Clave Pública: Clave que es publicada y que al ser incorporada en un certificado digital válidamente emitido y almacenada en un repositorio, es utilizada para verificar las firmas electrónicas, basadas en su correspondiente o correlativa clave privada.

h) Criptosistema Asimétrico Seguro: Es un método criptográfico que utiliza un par de claves compuesto por una clave privada utilizada para firmar electrónicamente y su correspondiente clave pública, utilizada para verificar esa firma electrónica, de forma tal que, con las longitudes de claves utilizadas, sea computacionalmente no factible tanto obtener o inferir la clave privada a partir de la correspondiente clave pública como desencriptar aquello que ha sido encriptado con una clave privada sin la utilización de la correspondiente clave pública.

i) Prestadores de Servicios de Certificación: Son las entidades que, en resguardo de la fe pública en materia tributaria, otorgan los certificados digitales, para lo cual generan, reconocen y revocan claves en forma expedita y segura.

j) Entidad de Certificación Acreditada: Prestador de Servicios de Certificación previamente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, para operar como emisor de certificados digitales para uso tributario.

k) Certificados Digitales Para Uso Tributario: Certificados que han sido emitidos por una Entidad de Certificación Acreditada y que cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos para que el contribuyente los utilice para respaldar y asegurar técnica y jurídicamente los trámites realizados electrónicamente o intercambiar información con el Servicio de Impuestos Internos. Estos pueden ser de dos tipos: primero, certificados para personas naturales y segundo, certificados para representantes legales o mandatarios de personas jurídicas o naturales.

l). Certificado Digital para Pago Tributario: Es un tipo de certificado digital para uso tributario, que tiene la característica de ser aceptado por algún banco o institución financiera autorizada para efectuar cargos en cuentas bancarias de los contribuyentes.

m) Tarjeta Inteligente: Cualquier tarjeta portátil que pueda almacenar en forma segura y persistente certificados digitales y que, de acuerdo a estándares técnicos ampliamente aceptados, permite que ellos sean intercambiados.

n) Usuario Certificado: Es un contribuyente o su representante legal o mandatario, que posee un certificado digital para uso tributario vigente, el cual puede estar almacenado en forma segura en el mismo computador, en una tarjeta inteligente o en otros medios tecnológicos que el Servicio de Impuestos Internos acepte como válidos.

o) Sistema de Acreditación: Conjunto de exigencias, prácticas y procedimientos que el Servicio de Impuestos Internos define para acreditar a los Prestadores de Servicios de Certificación.

2° Principios generales:

a) El contribuyente podrá operar con el Servicio de Impuestos Internos utilizando alguna de las opciones disponibles en el Servicio, para su identificación y autentificación, siendo el certificado digital para uso tributario una de dichas opciones, autorizada expresamente mediante esta Resolución.

b) El Servicio de Impuestos Internos acreditará previamente a Empresas Prestadoras de Servicios de Certificación, quienes, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Resolución, respaldarán la identidad de los contribuyentes y garantizarán la seguridad y certeza técnica y jurídica de las transferencias de documentos, emitiendo certificados digitales para uso y pago tributario.

c) El Servicio de Impuestos Internos establecerá un sistema de acreditación de los Prestadores de Servicios de Certificación, procurando que exista y se implemente un régimen que permita lograr un adecuado grado de seguridad para proteger, debidamente, los derechos de los contribuyentes.

d) El Servicio de Impuestos Internos deberá recibir y dar respuesta a las solicitudes de acreditación presentadas por los Prestadores de Servicios de Certificación pudiendo aceptarla o rechazarla.

e) En caso de ser estimado necesario o conveniente por el Servicio, para la agilización del proceso y la disminución de los costos en materia de uso de firmas y certificados digitales, el Servicio de Impuestos Internos asumirá directamente la Prestación de Servicios de Certificación, estableciendo los requisitos y procedimientos correspondientes.

f) El Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar al Prestador de Servicios de Certificación, la revocación del certificado digital para uso tributario que halla sido otorgado a algún contribuyente. El Prestador de Servicios de Certificación estará obligado a ejecutar dicha revocación, siendo las causales a considerar las siguientes: muerte natural o disolución del contribuyente titular del par de claves, según corresponda; incapacidad sobreviniente del titular; quiebra del titular; cuando se vea comprometida la seguridad y confidencialidad de la clave privada del signatario; cuando se acredite que un certificado de clave pública o sus datos son falsos; y, cuando el Proveedor de Servicios de Certificación deje de prestar servicios de tal. O por cualquier otra causa que el Servicio determine en el ámbito de la vigencia de la presente Resolución.

3° Los Prestadores de Servicios de Certificación, deberán cumplir con las siguientes condiciones y requisitos:

a) Los Prestadores de Servicios de Certificación deberán almacenar en un directorio público las claves públicas y sus certificados y adoptar las medidas técnicas y administrativas que sean adecuadas para evitar la falsificación de las claves públicas y de los certificados digitales respectivos.

b) En caso que el certificado digital sea otorgado a un representante legal o mandatario para actuar en representación de un contribuyente, la Entidad Certificadora Acreditada deberá actuar como entidad de registro y solicitar y guardar la documentación que demuestra que dicho representante tiene la capacidad legal de ejercer tal representación. La documentación deberá quedar guardada durante la vigencia de dicho certificado.

c) Los Prestadores de Servicios de Certificación deberán cumplir con las EXIGENCIAS, PRACTICAS y con el PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN solicitadas por el Servicio de Impuestos Internos, más adelante descritas.

d) Al momento de solicitar la acreditación los Prestadores de Servicios de Certificación deberán comunicar al Servicio de Impuestos Internos el contenido de sus «Practicas de Certificación Digital».

e) Debido a que la certificación digital es una materia tecnológica en constante evolución, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de modificar las EXIGENCIAS, PRACTICAS y PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN, lo que oportunamente informará a las Entidades Certificadoras Acreditadas. Exigencias a los prestadores de servicios de certificación:

f) Los Prestadores de Servicios de Certificación deberán estar constituidos como persona jurídica y tener por objeto o giro el prestar servicios de certificación digital.

g) Su capital social no podrá ser inferior a 3.500 UTM, al momento en que se solicita su acreditación.

h) Deberá mantener respaldo de los certificados emitidos y de sus respectivas revocaciones durante los últimos seis años, dejando esta información disponible y sin costo, a cualquier requerimiento del Servicio de Impuestos Internos.

i). Los Prestadores de Servicios de Certificación serán responsables de los perjuicios que a los contribuyentes ocasionen los certificados de uso tributario, debido al mal funcionamiento de ellos.De los Certificados:

j). El certificado debe responder al formato estándar conocido como protocolo X.509 v3 y sus extensiones. El Servicio de Impuestos Internos podrá aceptar otros formatos de certificados digitales cuando lo estime conveniente.

k). Los certificados digitales deberán contener los datos de identificación del Prestador de Servicios de Certificación y del contribuyente, siendo el Rut de ambos, atributos obligatorios del certificado digital.

l). El Servicio de Impuestos Internos no aceptará certificados que hayan perdido su vigencia, de acuerdo a lo informado en las listas de revocación mantenidas por las Entidades de Certificación Acreditadas que los hayan emitido.

4° La firma electrónica tendrá el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita u ológrafa, en la medida que ella sea verificada por referencia a una llave pública incluida en un certificado digital válidamente emitido por un Proveedor de Servicios de Certificación previa y debidamente acreditado, y se presumirá que la firma electrónica aplicada en un documento digital constituye una manifestación de voluntad de su signatario, respecto de su envío, contenido, oportunidad y lugar de despacho. Todo documento digital que el Servicio de Impuestos Internos reciba firmado electrónicamente y respaldado por un certificado digital emitido por un Proveedor de Servicios de Certificación, debidamente acreditado, compromete legalmente al contribuyente o signatario. Por lo tanto, los contribuyentes que utilicen el sistema de firmas electrónicas a que se refiere esta resolución, aceptan las consecuencias jurídicas indicadas. En consecuencia, el contribuyente que posea algún certificado digital, sea éste persona natural o jurídica, deberá:

a) Revocar oportunamente su certificado digital, en caso de pérdida del certificado digital o de riesgo o sospecha de mal uso de éste.

b) Revocar oportunamente su certificado digital si éste certificado fue emitido para ser usado por un representante legal o mandatario, y dicho representante o mandatario pierde tal condición.

5° Para el uso del certificado digital, se define el siguiente procedimiento:

a) El Usuario Certificado podrá intercambiar información con el Servicio de Impuestos Internos conectándose, interactuando y transfiriendo archivos al sitio Web del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a las instrucciones que en el mismo sitio se estipulen.

b) Al momento de intercambiar información con el Servicio de Impuestos Internos, el Usuario Certificado procederá como sigue:

1) Elegirá el certificado digital para uso tributario que va a utilizar. Si el proceso consiste en enviar información, procederá a firmar electrónicamente el documento digital a enviar, utilizando una clave privada susceptible de ser verificada por referencia a una llave pública incluida en un certificado digital válidamente emitido y enviará el documento digital firmado y el certificado digital utilizado.

2) El Servicio de Impuestos Internos verificará que el certificado digital se encuentre vigente y comprobará, mediante la clave pública, que el certificado digital recibido corresponde a la firma electrónica del documento digital del contribuyente sobre el cual se está informando. Si ambas condiciones se cumplen, se continuará con el proceso de validación de la información que se está recibiendo, en caso contrario, será rechazado inmediatamente el envío de la información.

3) Si el envío de la información conlleva la obligación de realizar un pago, existen 2 alternativas:

I) A través del uso de un certificado digital para pago tributario. En este caso el Servicio de Impuestos Internos enviará al banco o institución financiera que se indique en el documento digital recibido, a lo menos, el certificado digital del contribuyente y los datos del pago correspondiente.

II) A través de un convenio de pago previamente establecido por el contribuyente con una entidad bancaria, u otro procedimiento que el Servicio de Impuestos Internos defina. En cualquier caso, si el pago es rechazado por el banco o institución financiera correspondiente, se aplicarán los mismos procedimientos actualmente vigentes.

4) Si actúa por el contribuyente un representante legal o mandatario, este deberá usar el tipo de certificado digital que le permita actuar en representación de dicho contribuyente.

c) Si el proceso no consiste en enviar información, el contribuyente podrá identificarse y autentificarse ante el Servicio de Impuestos Internos, utilizando su certificado digital para fines tributarios.

6° Prácticas que deben observar los Prestadores de Servicios de Certificación:

a) Los Prestadores de Servicios de Certificación se obligan a tener a disposición del Servicio de Impuestos Internos las listas de revocaciones y expiraciones o caducidad de los certificados, para su consulta en línea, sin costo para el Servicio de Impuestos Internos y en todo momento.

b) El RUT del Prestador de Servicios de Certificación y del titular, que son atributos obligatorios del certificado, deberán ir insertos en los campos «ISSUER_ALT_NAME» y «SUBJECT_ALT_NAME», respectivamente.

c) Los Prestadores de Servicios de Certificación deben indicar, en forma explícita, que el certificado emitido es para operar en el ámbito tributario. Esta indicación debe quedar inserta en el campo «CERTIFICATE POLICIES» de las extensiones del certificado en formato X.509 v3, y su texto debe ser: «Certificado para uso Tributario».

d) La condición de que se trata de un certificado digital para pago tributario será manejada entre el Prestador de Servicios de Certificación y el banco o institución financiera correspondiente, del modo en que lo estimen conveniente.

e) El Servicio de Impuestos Internos exigirá la confidencialidad y reserva de los datos de los contribuyentes registrados en las Entidades Certificadoras Acreditadas. Se establece la obligación de secreto, respecto a los atributos y datos personales o nominativos de quienes firmen y sean certificados digitalmente, que archiven o almacenen los Proveedores de Servicios de Certificación en bases de datos que para todos los efectos serán consideradas de acceso privado, con el objeto de asegurar la confidencialidad de la información y el respeto y la protección de la privacidad de las personas.

7° Procedimiento de acreditación:

a) Los Prestadores de Servicios de Certificación enviarán su solicitud de acreditación a la dirección e-mail: [email protected] del Servicio de Impuestos Internos.

b) Los Prestadores de Servicios de Certificación que soliciten acreditarse, deberán cumplir con los siguientes requisitos que permitan asegurar su identificación:

I) Fotocopia autorizada de la cédula RUT.

II) Se requerirá fotocopia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad con su extracto debidamente inscrito y publicado.

III) Fotocopia del documento en donde consta el capital social actualizado. Esta documentación podrá ser enviada por correo o entregada en la Oficina de Partes de la Dirección Nacional, Servicio de Impuestos Internos, Teatinos 120 1er piso.

c) En el evento de aprobarse la solicitud de acreditación, por haber estimado el Servicio de Impuestos Internos que se cumplen los requisitos y condiciones técnicas y de gestión que establece la presente resolución, emitirá un documento o resolución, indicando expresamente su condición de Entidad Certificadora Acreditada aceptada por el Servicio de Impuestos Internos.

d) Los Prestadores de Servicios de Certificación deberán proveer al Servicio de Impuestos Internos, toda la información necesaria que permita conocer su forma de operar.e. El Servicio de Impuestos Internos podrá suspender o revocar la acreditación, cuando estime que dicha empresa no entrega las garantías necesarias para seguir operando, según las exigencias señaladas. Del mismo modo, el Servicio de Impuestos Internos, podrá efectuar revisiones administrativas y técnicas en el momento que lo estime conveniente.

8° El incumplimiento de las obligaciones que se impongan a las empresas o contribuyentes que se incorporen al sistema reglamentado en la presente resolución, se sancionará en la forma prevista en el Código Tributario, cuando corresponda.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO.(Fdo.) JAVIER ETCHEBERRY CELHAY
DIRECTOR

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines. Saluda a Ud., DISTRIBUCIÓN: · Secretaría Director.· Oficina de Partes.· Internet. · Diario Oficial en Extracto.· Boletín.·

01Ene/14

Act on a Health Sector Database nº. 139/1998 Islandia

Act on a Health Sector Database nº. 139/1998

(Passed by Parliament at 123rd session, 1998-99)

Index:

Section I – General terms

Section II – Licence and committee on the creation and operation of a health sector database

Section III – Collection of information

Section IV – Access to the database and utilisation of data, etc.

Section V – Monitoring

Section VI – Penalties

Section VII – Various provisions

SECTION I. General terms


Art. 1. Objectives

The objective of this legislation is to authorise the creation and operation of a centralised database of non-personally identifiable health data with the aim of increasing knowledge in order to improve health and health services.

Art. 2. Scope

This legislation extends to the creation and operation of a centralised health sector database. The legislation does not apply to the medical record systems of individual health and research institutions, data collections made in connection with scientific research into individual diseases or groups of diseases, nor to records kept by health and social security authorities on users of the health service and operation of the health service. The legislation does not apply to the storage or handling of, or access to, biological samples.

Art. 3. Definitions

In this legislation the following definitions apply:
1. Health sector database: A collection of data containing information on health and other related information, recorded in a standardised systematic fashion on a single centralised database, intended for processing and as a source of information.
2. Personal data: all data on a personally identified or personally identifiable individual. An individual shall be counted as personally identifiable if he can be identified, directly or indirectly, especially by reference to an identity number, or one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.
3. Non-personally identifiable data: data on a person who is not personally identifiable as defined in clause 2.
4. Coding: the transformation of words or numbers into an incomprehensible series of symbols.
5. One-way coding: the transformation of words or series of digits into an incomprehensible series of symbols which cannot be traced by means of a decoding key.
6. Health data: information on the health of individuals, including genetic information.
7. Genetic data: any data; of whatever type, concerning the heriditary characteristics of an individual or concerning the pattern of inheritance of such characteristics within a related group of individuals. It also refers to all data on the carrying of any genetic information (genes) in an individual or genetic line relating to any aspect of health or disease, whether present as identifiable characteristics or not.

SECTION II. Licence and committee on the creation and operation of a health sector database

Art. 4. Grant of operating licence and payments by licensee

The creation and operation of a health sector database are only permitted to those who have an operating licence by the terms of this legislation.
When an application has been received, the Minister of Health may grant an operating licence to create and operate a health sector database subject to the further terms of this legislation.
The licensee shall pay a fee for the grant of the licence in order to meet the costs of preparing and issuing the licence. The licensee shall also pay a yearly fee equivalent to the costs of the work of the committee under the terms of Art. 6, and other costs pertaining to service and monitoring of the operation, including monitoring by the Data Protection Commission under the terms of legislation on the recording and handling of personal data, and costs of publication and publicity cp. Art.8.
The licensee shall pay all costs of processing information for entry onto the database, cp. Clause 8, Art 5.
The minister and licensee may agree on further payments to the Treasury, which shall be devoted to promoting the health service, research and development.

Art. 5. Conditions of licence etc.

An operating licence for the creation and operation of a health sector database is contingent upon the following conditions:
1. The database must be located exclusively here in Iceland.
2. Technical, security and organisational standards meet the requirements of the Data Protection Commission.
3. The recording and processing of health data shall be carried out by, or under the supervision of, people who are professionally qualified in the health sector.
4. Detailed information shall be available on the area of activity and projects of the applicant for a licence.
5. A detailed work plan from the applicant shall be available, which shall fulfil the conditions and objectives of this Act regarding working arrangements and progress.
6. The operation of the database shall be financially separate from the licensee's other business.
7. The Ministry of Health and Social Security and the Director General of Public Health shall at all times have access to statistical data from the database in accessible form, so that they will be of use in statistical processing for compiling health reports and planning, policy-making and other projects of the parties specified.
8. The licensee shall pay all costs of processing data from health institutions and self-employed health workers for entry onto the database. The data shall be processed in a manner that fulfils the needs of the relevant institution or self-employed health worker for a standardised information system, the needs of medical specialist fields and the requirements of health authorities, cp. Clause 7, and so that it can be used in scientific research.
9. The licence shall be temporary, and it shall not be granted for more than 12 years at a time.
10. The licensee shall hand over to the committee cp. art. 6 a copy of the database, which shall be updated regularly, to be further specified in the licence. A copy of the database shall always be stored in a bank safety deposit box, or in some other secure manner, to be further specified in the licence.
11. The licensee shall ensure that after the expiry of the period of the licence, the Minister of Health and Social Security, or the party assigned by the Minister to operate the database, shall receive indefinite use of all software and right required for the maintenance and operation of the database.
The Minister may make the licence subject to further conditions than those specified above.
At the end of the period of the licence by the terms of the licence, the Minister shall make a decision on the operation of the database, after receiving the opinion of the committee cp. art. 6 and the Data Protection Commission. The same applies if the licence is revoked or if the licence is withdrawn from the licensee by the terms of this legislation.
The licence and database under the terms of this legislation cannot be transferred, nor can they be subjected to attachment for debt. Neither the licence nor the database may be used as collateral for financial liabilities.

Art. 6. Committee on the creation and operation of a health service database

The Minister shall appoint a committee on the creation and operation of a database under the terms of this legislation. The committee shall comprise three people and three substitutes, appointed for four years at a time. One shall be a health sector worker with a knowledge of epidemiology, another shall have knowledge of information technology and/or computer science, and the third shall be a lawyer, and shall chair the committee. Their substitutes shall fulfil the same conditions.
The role of the committee is to ensure that the creation and operation of the database are in keeping with the terms of this legislation, regulations made on the basis of the legislation, and conditions laid down in the operating licence, in so far as this does not fall within the ambit of the Data Protection Commission. The committee shall supervise the negotiation of contracts between the licensee on the one hand and health institutions and self-employed health workers on the other. It shall protect the interests of health authorities, health institutions, self-employed health workers and scientists in the drawing up of agreements. The sum to be paid by the licensee under the terms of para.3 art. 4. shall be negotiated by the committee, as shall recompense in the form of access to data from the database for health institutions, self-employed health workers and their staff for purposes of scientific research.
The committee shall advise the Ministry of Health and the Director General of Public Health on the utilisation of data from the database. Should the operating licence be revoked or the licence withdrawn from the licensee, the database shall be operated by the committee until the Minister has reached a decision on its long-term operation, cp. Para. 3, Art. 5.
The committee shall be provided with staff and working facilities. The committee shall seek specialist assistance as deemed necessary.
The committee shall inform the Minister and the Data Protection Commission without delay if it believes that there is some defect in the operation of the database.
The committee shall, no later than 1 March each year, submit a report to the Minister on the operations of the past year

SECTION III. Collection of information


Art. 7. Access to data from health records

With the consent of health institutions or self-employed health workers, the licensee may be provided with data derived from medical records for entry onto a health sector database. The health institutions shall confer with the physicians' council and specialist management of the relevant institution before contracts are concluded with the licensee.
In the handling of records, other data and information, the conditions deemed necessary by the Data Protection Commission at any time shall be complied with. Personal identification shall be coded before entry on the database, so that it is ensured that the licensee's staff work only with non-personally identifiable data. The staff of the relevant health institution or self-employed health workers shall prepare the data for entry on the health-sector database. Health data shall be transferred in coded form in order to ensure their security. Personal identification shall be coded one-way, i.e. by coding that cannot be traced using a decoding key. The Data Protection Commission shall carry out further coding of personal identification, using those methods that the commission deems to ensure confidentiality best.
With regard to access to data from medical records, this shall otherwise be subject to the Acts on the rights of patients, on physicians, on the health service and on the recording and handling of personal data.

Art. 8. Rights of patients

A patient may request at any time that information on him/her not be entered onto the health-sector database. The patient's request may apply to all existing information on him/her or that which may be recorded in the future, or to some specific information. Such a request must be complied with. The patient shall inform the Director General of Public Health of his/her wish. The Director General of Public Health shall produce forms for giving such notice, and shall ensure that these are available at health institutions and at the premises of self-employed health workers. The Director General of Public Health shall ensure that a coded register of the relevant patients is always accessible for those who carry out the entry of data onto the health-sector database.

The Director General of Public Health shall ensure that information on the health-sector database and on the rights of patients cp. para. 1 shall be accessible to the public. Health institutions and self-employed health workers shall have this information available to patients on their premises.

SECTION IV. Access to the database and utilisation of data, etc.


Art. 9. Access by health authorities to data on the health-sector database

The Ministry of Health and Director General of Public Health shall always be entitled to statistical data from the health sector database so that it may be used in statistical processing for the making of health reports and planning, policy-making and other projects of these bodies. This information to the specified parties shall be provided free of charge.

Art. 10. Utilisation of the health sector database

Data recorded or acquired by processing on the health-sector database may be used to develop new or improved methods of achieving better health, prediction, diagnosis and treatment of disease, to seek the most economic ways of operating health services, and for making reports in the health sector.
The licensee shall be authorised to process data on the health sector database from the health data recorded there, provided that data are processed and connected in such a way that they cannot be linked to identifiable individuals. The licensee shall develop methods and protocols that meet the requirements of the Data Protection Commission in order to ensure confidentiality in connecting data from the health-sector database, from a database of genealogical data, and from a database of genetic data. With regard to linking the data on the health-sector database with other databases than those specified here, the Act on recording and handling of personal data shall apply. It is not permissible to give information on individuals, and this shall be ensured e.g. by limitation of access.
The licensee may not grant direct access to data on the database.
The licensee is authorised during the period of the licence to use the data on the database for purposes of financial profit, under the conditions laid down in this legislation and the licence.
The health service database may not be transported out of Iceland, and processing of it may only be carried out here in Iceland.

Art. 11. Confidentiality

Employees of the licensee, including contractors, are bound by an obligation of confidentiality on matters that they become aware of in their work which should remain confidential, by law or by their nature. They shall sign an oath of confidentiality before they begin work. The obligation of confidentiality remains in force, even if employment ceases.

SECTION V. Monitoring


Art. 12. Monitoring of the creation and operation of a health-sector database

The Data Protection Commission shall monitor the creation and operation of the health sector database with regard to recording and handling of personal data and the security of data on the database, and is responsible for monitoring compliance with conditions laid down by the commission.

The committee on the operation of the database, cp. Art. 6, shall be responsible for monitoring the compliance in every way of the activities of the health sector database with the terms of this legislation, regulations issued under the terms of this legislation, and the conditions of the licence. The committee shall monitor all questions to and processing from the database. It shall regularly send to the Science Ethics Committee a record of all questions processed on the database, together with information on the enquirers.
The minister shall issue regulations on an interdisciplinary ethics committee which shall assess studies carried out within the licensee's company and questions which are received. The committee's evaluation must reveal that there is no scientific or ethical reason to prevent the study in question being carried out, or the questions processed from the database.

SECTION VI. Penalties


Art. 13. Revocation of licence

The Minister may revoke the licence under the terms of this legislation if the licensee or the licensee's employees violate the terms of legislation, if the conditions of the licence are not fulfilled, or if the licensee becomes unable to operate the database. Should the licensee violate the terms of this legislation or not comply with the conditions of the licence, the Minister shall give the licensee a written warning, allowing a reasonable period of grace to rectify matters. Should the licensee not comply with such a warning, the licence shall be revoked. In the case of deliberate violation or gross negligence, the Minister may revoke the licence without notice and without allowing time for rectification.

Art. 14. Penalties

Violation of the terms of this legislation entails fines or imprisonment for up to three years, unless a more severe penalty is prescribed in other legislation.
The same penalties apply to failure to comply with the conditions for granting of an operating licence under the terms of this legislation, or government regulations under the terms of the legislation, or failure to comply with a command or prohibition under the terms of the legislation, or government regulations under the terms of the legislation.
A legal entity may be sentenced to pay fines due to violation of this Act or regulations based on it. A legal entity may be fined regardless of the guilt of its employees. The legal entity shall be responsible for payment of a fine imposed upon an employee of the legal entity, provided that the offence is connected to the employee's work for the legal entity.

Art. 15. Withdrawal of licence etc.

The licensee may, in addition to the penalties specified in Art. 14, be subject to revocation of the licence by legal verdict, in the case of deliberate violation or gross negligence.
Equipment which has been used for serious violation of this legislation may be confiscated, together with the profits of the violation, cp. Art. 69 of the Penal Code nº 19/1940.

Art. 16
Attempted violation, and participation in violation, of this legislation are subject to penalties as stated in section III of the Penal Code, nº 19/1940.

Art. 17. Compensation

Should the licensee, an employee of the licensee or a person assigned to process data violate the provisions of this Act with regard to confidentiality, regulations issued on the basis of them, or the conditions laid down by the Data Protection Commission, the licensee shall compensate the person to whom the data relate for financial loss which this has caused.
The licensee, however, is not obliged to compensate for loss which the licensee proves not to be attributable to a mistake or negligence on the licensee's part, or that of an employee or processor.

SECTION VII. Various provisions


Art. 18. Regulations

The Minister may prescribe further terms on the practice of this Act by issuing regulations.
The Minister shall issue regulations on the activity of the committee on operation of a health sector database under Art. 6, and on limitation of access under para. 2 art. 10.

Art. 18. Enactment

This Act shall take force immediately.
This Act shall be reviewed no later than 10 years after its enactment.

Provisional clauses

I

The licensee's licence fee under para. 3, Art. 4 shall for the first year be based upon estimated costs pertaining to the preparation and monitoring of the operations of the health sector database.

II

The entry of data onto the health-sector database shall not commence until six months after the enactment of this Act.

III

Before processing begins on the health-sector database, the committee on the operation of the database cp. art. 6 shall ensure that the assessment of an independent expert on the security of information systems has been sought.

Passed by the Alþingi 17 December 1998.

01Ene/14

STC 186/2000, de 10 de julio de 2000

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano, don Fernando Garrido Falla y doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de amparo núm. 2662/97, promovido por don Cirilo José Manuel Pérez Gutiérrez, representado por el Procurador de los Tribunales don Nicolás Álvarez Real y asistido de la Letrada doña Concepción Trabado Álvarez, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés de 26 de septiembre de 1995 (autos núm. 671/95), así como contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de fecha 2 de febrero de 1996, que desestima el recurso de suplicación núm. 2736/95 interpuesto contra aquélla y el Auto de 23 de abril de 1997 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por el que se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia dictada en el referido recurso de suplicación. Ha comparecido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Garrido Falla, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Juzgado de guardia el 16 de junio de 1997, que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 19 de junio, el Procurador de los Tribunales don Nicolás Álvarez Real, en nombre y representación de don Cirilo José Manuel Pérez Gutiérrez, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 26 de septiembre de 1995 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés (autos núm. 67/95), que desestimó la demanda presentada por el actor contra la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), sobre despido, así como frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 2 de febrero de 1996, que desestimó el recurso de suplicación núm. 2736/95, formulado contra la anterior, y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1997, que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
2. Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo son los que se expresan a continuación:
a) El ahora recurrente venía prestando servicios como cajero del economato de su empresa (ENSIDESA). Como consecuencia de un descuadre llamativo en los rendimientos de la sección de textil y calzado del economato donde desarrollaba su labor y de alguna advertencia sobre el irregular proceder de los cajeros, la dirección de la empresa contrató con una empresa de seguridad la instalación de un circuito cerrado de televisión que enfocase únicamente a las tres cajas registradoras y al mostrador de paso de las mercancías desde el techo, en el radio de acción aproximado que alcanzaba el cajero en sus manos. El resultado de la vigilancia realizada en diferentes fechas de abril y mayo de 1995 determinó la adopción de medidas disciplinarias contra los tres cajeros: el recurrente fue despedido y a los otros dos se les impuso una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante dos meses.
Las cintas de vídeo grabadas revelaron que el actor realizó de forma reiterada maniobras en el cobro de artículos a los clientes del economato, sustrayendo diferentes cantidades de la caja.
La investigación sobre las otras dos cajas puso de relieve irregularidades consistentes en que uno de los cajeros desprecintó en la caja unos calcetines y se los guardó, en tanto que otro de los cajeros desprecintaba en la caja y manipulaba prendas interiores femeninas, como consecuencia de una adicción fetichista reconocida por el autor de los hechos.
b) El Sr. Pérez Gutiérrez presentó demanda ante la jurisdicción social el 21 de julio de 1995, en solicitud de declaración de despido improcedente y condena a la empresa demandada (ENSIDESA) a la readmisión o abono de indemnización correspondiente, así como al abono de sanción pecuniaria por conducta temeraria y los honorarios de asistencia letrada soportada por el demandante.
La demanda fue turnada al Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés (autos núm. 671/95), que tras su admisión a trámite y celebración de juicio dictó Sentencia de fecha 26 de septiembre de 1995, declarando la procedencia del despido y absolviendo a la empresa demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra.
El Juzgador, en primer lugar, concluyó que la admisión y práctica de la prueba de exhibición de las cintas de vídeo era ajustada a Derecho por los siguientes argumentos:
«… se plantea a partir de una situación de sospecha fundada, que el medio utilizado se presenta como el único viable para efectuar la pesquisa necesaria con garantía de un resultado fiable y que, en definitiva, fue encargado a terceros cuya actuación es la de un testigo. Por otra parte, el método utilizado se empleó en los límites mínimos, ya que se concretó a la vigilancia de un puesto de trabajo que es eminentemente público, donde el trabajador está a la vista de todo el mundo y en el que es improbable que se registre acto alguno que entre en la esfera de su intimidad personal … Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la exhibición de las cintas de vídeo está acompañada de informe y explicaciones (en acto de juicio) por quienes son propuestos como testigos, ese valor ha de concederse a las pruebas técnicamente…» (fundamento de Derecho primero).
Descartó, en segundo lugar, que no fuera imputable al recurrente la conducta que motivó el despido, con arreglo a la fundamentación que sigue:
«Los hechos que se declaran probados no se niegan o discuten lo contrario, oponiendo la parte actora, en su caso, la inimputabilidad de los mismos … Tal como se declara probado, … la conducta del trabajador, hasta la fecha de comisión de los actos que motivaron el despido, responde a la absoluta normalidad, como no puede ser menos en persona que padece epilepsia (de los escasos episodios se habla en el apartado 7 de los hechos probados), dolencia que en ningún caso supone la pérdida de la voluntad o de la consciencia del actuar, salvo durante las crisis de pérdida de conocimiento. Y esta situación mental que se observa durante el desarrollo del trabajo, cuando maquina con cuidado y manipula las operaciones obteniendo beneficio ‘contable’, que a intervalos va retirando de la caja para introducirlo en su cartera, es la que tenemos que tener en cuenta. En ella muestra una capacidad no sólo normal de desarrollo de su tarea de cajero, sino incluso la añadida de ‘doble contabilidad’ mental, que demuestra que su voluntad y entendimiento estaban conectados con la realidad (otra cosa es la estimación o valoración ética del hecho para el sujeto actuante).
Por ello, al Juzgador no le cabe duda alguna sobre la capacidad de discernimiento del autor de los hechos en el momento de perpetrar los actos que se le imputan. En cambio, duda de la correspondencia con la realidad de esa otra situación que se pretende ofrecer en el acto de juicio con una presencia del trabajador que parece no oír ni entender nada a su alrededor, estado mental que parece sobrevenirle a partir una caída brusca en el trabajo el 13 de junio de 1995, cuando ya se le había notificado el pliego de cargos y había contestado al mismo en el sentido que queda expresado» (fundamento de Derecho segundo).
Asimismo, rechazó la existencia de un trato discriminatorio mediante la siguiente argumentación:
«… los otros dos trabajadores que han sido sorprendidos … en falta que pueda encuadrarse en la deslealtad, cometieron hechos o no constatados como constitutivos de dicha falta o bien de importancia cuantitativa y cualitativa muy inferior, lo que mereció esa graduación correspondiente en el reproche o sanción empresarial…» (fundamento de Derecho cuarto).
c) Recurrida dicha Sentencia en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, mediante Sentencia de 2 de febrero de 1996 desestimó el recurso (núm. 2736/95), razonando del siguiente modo su decisión:
«las cintas de vídeo no son, por sí mismas un medio de prueba ilegítima puesto que la admisibilidad de las mismas está previsto en el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Laboral, … la intimidad del trabajador no resulta agredida por el solo hecho de ser objeto de filmaciones en los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que se desarrolla su actividad laboral (Sentencia del Tribunal Constitucional 142/1993), … la materia objeto de filmación no va referida a su vida íntima sino a obtener un conocimiento de cual es su comportamiento laboral y de las actividades que realiza en contacto con el público, … la instalación de una cámara fija sobre la caja registradora y el mostrador de paso de mercancías no es el sistema de control de trabajo a que alude el artículo 64.1.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, sino una vigilancia o indagación particular de la conducta de determinados trabajadores, … labor de vigilancia que corresponde a la empresa y a la que le autoriza el artículo 20 del Estatuto de Trabajadores y … las cintas de vídeo no constituyen, en realidad prueba documental autónoma sino que se integran en la testifical de sus autores, que reconocen su fehaciencia y autenticidad como aquí ha ocurrido…» (fundamento de Derecho primero).
» … los actos aquí enjuiciados revelan, por la forma de la comisión, la plena voluntad y consciencia del recurrente, conclusión que ninguno de los informes médicos desvirtúa pues para ello sería preciso que se estableciera que los padecimientos psiquiátricos le impulsaban a realizar el tipo de conducta por la que ha sido despedido…» (fundamento de Derecho tercero).
«No fueron iguales las faltas sancionadas en cada uno de los casos y además el principio de igualdad ante la ley no significa un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad…» (fundamento de Derecho cuarto).
d) Contra dicha Sentencia se interpuso el 8 de marzo de 1996 recurso de casación para la unificación de doctrina, dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo providencia de 19 de abril de 1996, por la que se tuvo por interpuesto el recurso y se concedió al recurrente un plazo de diez días para que seleccionase de entre las varias sentencias que invocaba como contradictorias, una sola Sentencia, aquélla que mejor conviniera para su propósito de acreditar la contradicción, con la advertencia de que, caso de no hacer dicha selección se entendería que optaba por la más moderna de las reseñadas en el recurso y que a su vez se hubiera invocado en la preparación del mismo. Tal providencia fue recurrida en súplica mediante escrito de fecha 6 de mayo de 1996, recurso que fue desestimado mediante Auto de 19 de julio de 1996.
Al formalizar su recurso de casación, mediante escrito de 17 de octubre, el recurrente solicitó la admisión de determinada documentación que acompañaba (informes médicos, la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 22 de enero de 1996 que le declaró en situación de incapacidad permanente absoluta y la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Avilés, de 2 de octubre de 1996, que le declaraba incapaz para gobernarse por sí mismo y administrar sus bienes), dictándose Auto de 4 de diciembre de 1996, por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo acordando la inadmisión de tales documentos.
El razonamiento jurídico único de este Auto expresaba lo siguiente:
«… el relato histórico de la Sentencia impugnada … no es revisable en el ámbito del recurso de casación para la unificación de doctrina. En relación con lo expuesto debe expresarse que la documentación ahora aportada, aunque posterior a la celebración del juicio de instancia, pone de manifiesto actuaciones judiciales, administrativas y de otro orden sustentadas sobre hechos que, en lo sustancial, datan de épocas anteriores al mismo, que fueron conocidos por la parte actora y recurrente (pues afectaban directa e inmediatamente el propio demandante), y que pudieron ser hechos valer por dicha parte ante el órgano judicial de instancia que conoció del despido, mediante las pertinentes alegaciones y proposición de prueba (se reitera; pericia médica, historial clínico). Por último, no es ocioso señalar que ninguno de los documentos aportados mantiene relación directa e individualizada con los hechos imputados al actor».
Por providencia de 20 de febrero de 1997, la Sala Cuarta tuvo por seleccionada la Sentencia más moderna, de fecha 7 de febrero de 1994, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, acordándose por providencia de fecha 12 de marzo de 1997 abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada y por falta de contradicción.
Y tras las pertinentes alegaciones, se dictó el Auto de 23 de abril de 1997 por el que se declaró la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina por un doble motivo: omisión en el escrito de interposición de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada e inexistencia de contradicción misma entre la Sentencia recurrida y la de contraste. Dicho Auto fue notificado el 13 de mayo de 1997 a la representación del demandante de amparo.
3. El demandante de amparo invoca como fundamento de su pretensión el derecho a la igualdad ante la Ley (art. 14 CE), el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con los derechos a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE), el derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE) y los derechos a un proceso con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Las alegaciones del recurrente pueden ser sistematizadas del siguiente modo:
Argumenta a propósito de los derechos a la intimidad y a la propia imagen que la prueba documental propuesta por la empresa demandada, consistente en ocho vídeos y declarada pertinente, es nula de pleno derecho conforme al art. 90 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), por haberse obtenido mediante procedimientos que lesionan los referidos derechos fundamentales. Ello es así porque, aunque esta clase de instalaciones tengan como fin controlar el trabajo, también registran el resto de actos del trabajador pertenecientes a su intimidad, toda vez que este tipo de control no es selectivo en cuanto a las imágenes que capta. La implantación del sistema de seguridad no se puso en conocimiento del Comité de empresa, como prescribe el art. 64.1.3 d) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET). Este tipo de control debe hacerse con publicidad, no con procedimientos ocultos, y en este caso ni el Comité de Empresa ni los trabajadores afectados lo conocían.
Además, -continúa razonando el demandante- la prueba de vídeo admitida carecía de las suficientes garantías de validez y veracidad. El art. 230 LOPJ y la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1991 disponen que en todo caso deben asegurarse las adecuadas condiciones de autenticidad en la propia grabación y en su reproducción en juicio. Pues bien, es absolutamente imposible saber si dicha prueba es auténtica, porque se trata de pruebas fácilmente manipulables y no fueron grabadas con la presencia de fedatario público o judicial. Tampoco se corroboró con posterioridad a la veracidad de los hechos, pues no hubo registro al trabajador. Las grabaciones muestran hechos aislados y sin concatenación espacio-temporal y no recogen momentos anteriores o posteriores que puedan desvirtuarlos.
Respecto del derecho a la presunción de inocencia y partiendo de la base de la nulidad de las pruebas de vídeo y de las testificales de los agentes de seguridad, es claro que no existió actividad probatoria por la que se pueda declarar culpable al recurrente de la sanción empresarial impuesta y ello, en primer lugar, por falta de prueba y, en segundo término, por la enfermedad mental del recurrente, hoy declarado incapaz por Sentencia judicial firme, que le hacía inimputable de los hechos por los que fue despedido.
En cuanto al derecho a un proceso con todas las garantías, se vulnera porque los órganos judiciales declaraban probados una serie de hechos que en modo alguno han sido acreditados en el acto del juicio. Únicamente se exhibieron y sólo de forma parcial cinco cintas de vídeo y, por tanto, respecto de las demás, no se respetaron los principios de inmediación y contradicción.
En lo referente al principio de igualdad ante la Ley, la vulneración se ha producido toda vez que, por hechos similares y con idénticas pruebas, la empresa aplica sanciones distintas: a unos trabajadores suspensión de empleo y sueldo durante sesenta días y al actor el despido, vulneración que asumen los órganos judiciales concernidos, al confirmar la procedencia del despido del recurrente.
Sobre el derecho de acceso a los recursos, alega el demandante que en el recurso de casación para la unificación de doctrina se le requirió para seleccionar una sola Sentencia contradictoria, postura de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que no concuerda en absoluto ni con la letra ni con el espíritu de la Ley, constituyendo un formalismo excesivo que lesiona el referido derecho fundamental.
Y finalmente, acerca del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, sostiene el recurrente que la Sala debió admitir la prueba documental aportada con el escrito de formalización del recurso de casación para la unificación de doctrina, por tratarse de documentos nuevos de trascendencia fundamental.
4. Por providencia de 17 de noviembre de 1997, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y requerir a los órganos jurisdiccionales concernidos los testimonios de las actuaciones correspondientes, con emplazamiento de quienes fueron parte en las mismas.
5. Por providencia de 12 de enero de 1998, la Sección Primera de este Tribunal acordó tener por recibidas las actuaciones que se remitieron por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés y dar vista de las mismas por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo para que dentro de dicho término formulasen las alegaciones que estimaren oportunas.
6. El demandante de amparo, mediante escrito registrado el 29 de enero de 1997, abundó en los argumentos aducidos en la demanda, haciendo especial hincapié en la invocación del derecho a la presunción de inocencia, por entender que los padecimientos psiquiátricos del recurrente anulan su capacidad volitiva e intelectiva, haciéndole inimputable respecto de la comisión de los hechos que dieron lugar a su despido.
7. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 6 de febrero de 1998, en el cual, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, interesó la denegación del amparo.
En cuanto a la supuesta vulneración de los derechos protegidos por el art. 18.1 CE el Fiscal estima que, partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, y a la vista de las circunstancias concretas concurrentes en el presente caso, se llega a la conclusión de que la grabación de la actuación del recurrente aparecía plenamente justificada y no resulta contraria a los referidos derechos fundamentales, habiendo sido practicada esta prueba con las garantías establecidas en los arts. 230 LOPJ y 90 LPL.
Por lo que se refiere a la presunción de inocencia, el Fiscal comienza por recordar el alcance restrictivo que este derecho tiene en el ámbito laboral, según doctrina del Tribunal Constitucional, para terminar concluyendo que, en todo caso, la convicción judicial se ha fundado en una actividad probatoria lícitamente obtenida y aportada al proceso y suficiente para acreditar la comisión por parte del recurrente de los hechos que motivaron su despido.
Tampoco se aprecia infracción del derecho a la igualdad ante la Ley del recurrente, pues, frente a lo afirmado por éste, los hechos cometidos por los otros dos cajeros son de menor gravedad, lo que justifica que recibieran sanción inferior.
Respecto al derecho de acceso a los recursos, el Fiscal niega, a la luz de la doctrina sentada al respecto por este Tribunal, que se haya producido tal vulneración, pues el criterio mantenido por la Sala Cuarta (basta una Sentencia de contraste por cada tema de contradicción), se apoya en una interpretación razonada y razonable del art. 222 LPL que no puede ser tildada ni de arbitraria ni de incurrir en error patente.
Por último, señala el Fiscal que no cabe apreciar lesión del derecho a utilizar los medios de prueba que se consideren oportunos en el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1996 al formalizar el recurso de casación para la unificación de doctrina. La inadmisión ha sido fundamentada de un modo razonable, sin que se argumente de modo alguno la relevancia de la prueba inadmitida para la decisión del recurso de casación de unificación de doctrina.
8. Por providencia de 26 de mayo de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 29 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha consignado en los antecedentes, la demanda de amparo se fundamenta en la infracción de los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 CE) del recurrente, en relación con su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por haberse admitido como prueba de cargo en el proceso por despido las grabaciones de vídeo presentadas por la empresa, prueba que el recurrente estima nula de pleno derecho al haberse obtenido vulnerando derechos fundamentales del trabajador (art. 90 LPL).
Siendo ilícita la prueba en cuestión -continúa el recurrente-, y siendo la única prueba tenida en cuenta para decretar la procedencia del despido, no ha existido prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), derecho que resulta igualmente lesionado, en consecuencia; como asimismo se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), toda vez que en el juicio oral sólo se exhibieron (y de forma parcial) cinco cintas de las ocho aportadas por la empresa, por lo que no se respetaron los principios de inmediación y contradicción respecto de las tres grabaciones restantes. Además no se ha tenido en cuenta que los graves padecimientos psiquiátricos que le afectan anulan su capacidad intelectiva y volitiva, haciéndole inimputable respecto de los hechos que dieron lugar a la sanción de despido disciplinario.
Invoca igualmente el solicitante de amparo la supuesta lesión del derecho a la igualdad ante la Ley (art. 14 CE), producida porque, por hechos similares y con idénticas pruebas, la empresa ha aplicado sanciones distintas: al actor, el despido, a los otros dos cajeros, suspensión de empleo y sueldo durante sesenta días.
Las infracciones de derechos fundamentales alegadas, imputables en primer término al Juzgado de lo Social, lo son asimismo a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, por no haber reparado las mismas estimando el recurso de suplicación del recurrente y también a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por inadmitir el recurso de casación para la unificación de doctrina.
Además, el recurrente imputa de forma específica a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo la lesión del derecho de acceso a los recursos (que erróneamente encuadra en el art. 24.2 CE, debiendo entenderse referida al art. 24.1 CE) y la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). La primera de estas lesiones se habría producido por haber sido requerido para seleccionar una sola Sentencia de contraste por cada tema de contradicción, criterio de la Sala que el recurrente juzga como formalismo excesivo y enervante del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en su vertiente de derecho a los recursos. La segunda lesión invocada se produciría porque la Sala Cuarta debió admitir la prueba documental que el recurrente intentó aportar con su escrito de formalización del recurso de casación para la unificación de doctrina, por tratarse de documentos nuevos de trascendencia fundamental, ya que ponían de manifiesto la incidencia que tenían los padecimientos psiquiátricos del recurrente en sus capacidades cognoscitivas y volitivas.
2. Delimitado así el objeto del presente recurso de amparo, debemos comenzar nuestro examen por las lesiones de derechos que el recurrente imputa de manera específica a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, esto es, la supuesta vulneración del derecho de acceso a los recursos y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Pues, en efecto, la hipotética estimación de alguna de las vulneraciones alegadas comportaría una retroacción de actuaciones al trámite correspondiente, resultando innecesario entrar a analizar el resto de vulneraciones constitucionales que se achacan a las Sentencias de instancia y suplicación y preservando así la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (por todas, SSTC 116/1997, de 23 de junio, 56/1998, de 16 de marzo, 89/1998 de 21 de abril, y 1/1999, de 25 de enero).
3. La queja relativa a la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos legalmente establecidos (art. 24.1 CE) se hace descansar en el requerimiento efectuado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al recurrente para que seleccionase una sola Sentencia por cada motivo de contradicción alegado en su recurso de casación para la unificación de doctrina, con advertencia de que, de no hacerse tal selección, se entenderá que opta por la más moderna de las invocadas. A juicio del recurrente, este requerimiento, fundamento del Auto por el que finalmente se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina, nace de una interpretación que se aparta de la letra y el espíritu del art. 222 LPL y constituye un formalismo exacerbado que vulnera el referido derecho fundamental, por impedir el acceso a un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones que se pretenden plantear en dicho recurso.
Esta queja debe ser rechazada, de conformidad con la doctrina sentada por este Tribunal en SSTC 89/1998, de 21 de abril (FFJJ 3, 4 y 5), 131/1998, de 16 de junio (FFJJ 1 y 2) y 53/2000, de 28 de febrero (FFJJ 2, 3 y 4), analizando idéntica cuestión a la que ahora se plantea y a la que es preciso remitirse. En todo caso, baste aquí recordar que en las mencionadas Sentencias hemos mantenido que las razones sobre las que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sustenta su interpretación del art. 222 LPL, para limitar el número de sentencias que pueden aportarse para acreditar la contradicción de doctrina a una sola Sentencia para cada tema de contradicción, no resultan contrarias al art. 24.1 CE, al considerar otros intereses y derechos con consistencia propia como son la necesidad de preservar el principio de celeridad del proceso laboral, el cuidado y la corrección en el cumplimiento del requisito relativo a la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada y, fundamentalmente, la garantía para la parte recurrida de que ni sufrirá dilaciones innecesarias en la tramitación del recurso ni asumirá la carga de impugnar, para la defensa de su propio derecho, la existencia de contradicción con todas y cada una de las Sentencias que la parte recurrente desee aportar.
Si a ello se añade que en el presente supuesto se ha apreciado otra causa de inadmisión -omitir la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada-, no discutida por el recurrente y que por sí sola determina la inadmisión del recurso (art. 223.1 LPL), la pretendida lesión del derecho de acceso a los recursos resulta notoriamente infundada.
4. Igual suerte desestimatoria debe correr la queja del solicitante de amparo relativa a la supuesta lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), que se imputa también de manera específica al Auto impugnado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa constituye un derecho de configuración legal, cuyo ejercicio ha de acomodarse a las exigencias y condicionantes impuestos por las leyes procesales, de modo que en ningún caso cabe considerar menoscabado el derecho que nos ocupa «cuando la inadmisión de una prueba se ha producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no puede ponerse en duda» (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 167/1988, de 27 de septiembre, FJ 2; 212/1990, de 20 de diciembre, FJ 3; 87/1992, de 8 de junio, FJ 2; 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; y 52/1998, de 3 de marzo, FJ 2, entre otras muchas).
En este sentido cabe recordar que la tajante prohibición contenida en el artículo 160 LPL de 1980, de aportar documentos en el recurso de suplicación, fue suavizada por la STC 158/1985, de 26 de noviembre (FJ 5), al declarar que este mandato no debía interpretarse de forma tan absoluta que impida excepcionalmente admitir nuevos documentos, cuando éstos contienen elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental.
Esta doctrina la incorpora actualmente el art. 231.1 de la vigente LPL, disposición común a los recursos de suplicación y de casación: «la Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos; no obstante, si el recurrente presentara algún documento de los comprendidos en el art. 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o escrito que contuviese elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los días siguientes lo que proceda, mediante Auto motivado contra el que no cabrá recurso de súplica».
Pues bien, a tenor de la fundamentación contenida en el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1996, que acordó la inadmisión de los documentos aportados por el recurrente junto a su escrito de formalización del recurso de casación para la unificación de doctrina (informes médicos, la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que declaró al actor en situación de incapacidad permanente absoluta y la Sentencia de incapacitación), ha de descartarse la existencia de lesión alguna del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). De una parte, es claro que, dada la finalidad esencial del recurso de casación para la unificación de doctrina, este medio extraordinario de impugnación no es un cauce idóneo para corregir los hechos declarados probados ni valorar de nuevo los elementos fácticos. De otra parte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha razonado convincente y suficientemente que la prueba documental que el recurrente pretendía aportar en este trámite, además de no subsumible en el art. 506 LEC, era intrascendente a los efectos pretendidos. En consecuencia, la queja debe ser rechazada.
5. Sentado lo anterior, procede entrar a analizar el resto de quejas del recurrente, comenzando por la que constituye el meollo del asunto y que se circunscribe a determinar si, como sostiene el recurrente, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque los órganos judiciales han fundado sus decisiones en pruebas nulas por haberse obtenido con violación del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE).
Sostiene, en efecto, el recurrente que la instalación por parte de la empresa en la que prestaba servicios de un circuito cerrado de televisión enfocando su puesto de trabajo lesiona su derecho a la intimidad, porque aunque esta clase de instalaciones tengan como fin controlar el trabajo, también registran el resto de actos del trabajador pertenecientes a su intimidad, toda vez que este tipo de control no es selectivo en cuanto a las imágenes que capta. Además la implantación del sistema de seguridad no se puso en conocimiento del Comité de empresa, como prescribe el art. 64.1.3 d) LET. Este tipo de control -afirma el recurrente- debe hacerse con publicidad, no con procedimientos ocultos, y en este caso ni el Comité de empresa ni los trabajadores lo conocían.
Para dar respuesta a esta queja, interesa recordar que este Tribunal ha tenido ya ocasión de advertir que el derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 CE, se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce e implica «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana» (SSTC 170/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 231/1988, de 1 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; y 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2, entre otras muchas). Asimismo hemos declarado que el derecho a la intimidad es aplicable al ámbito de las relaciones laborales, como hemos puesto de manifiesto en nuestra reciente STC 98/2000, de 10 de abril (FFJJ 6 a 9).
Igualmente es doctrina reiterada de este Tribunal que «el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho» (SSTC 57/1994, FJ 6, y 143/1994, FJ 6, por todas).
En este sentido debe tenerse en cuenta que el poder de dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 CE) y reconocido expresamente en el art. 20 LET, atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro del debido respecto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la normativa laboral [arts. 4.2 c) y 20.3 LET].
6. También hemos afirmado que el atributo más importante del derecho a la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es la facultad de exclusión de los demás, de abstención de injerencias por parte de otro, tanto en lo que se refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación ilegítima de esos datos. La conexión de la intimidad con la libertad y dignidad de la persona implica que la esfera de la inviolabilidad de la persona frente a injerencias externas, el ámbito personal y familiar, sólo en ocasiones tenga proyección hacia el exterior, por lo que no comprende, en principio, los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral, que están más allá del ámbito del espacio de intimidad personal y familiar sustraído a intromisiones extrañas por formar parte del ámbito de la vida privada (SSTC 170/1987, de 30 de octubre, FJ 4; 142/1993, de 22 de abril, FJ 7, y 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2).
En resumen, el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 LET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo.
Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen, por lo que ahora interesa, que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4). Este Tribunal viene manteniendo que, desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de las facultades empresariales sólo puede derivar del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho (SSTC 99/1994, de 11 de abril, FJ 7; 6/1995, de 10 de enero, FJ 3, y 136/1996, de 23 de julio, FJ 7). Pero, además de ello, la jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (así, entre otras, SSTC 94/1984, de 16 de octubre, 108/1989, de 8 de junio, 171/1989, de 19 de octubre, 123/1992, de 28 de septiembre, 134/1994, de 9 de mayo, y 173/1994, de 7 de junio), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 22).
Por eso, este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales, en casos como el presente, preserven «el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito -modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente- de su libertad constitucional» (STC 6/1998, de 13 de enero), pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, esa modulación sólo deberá producirse en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado respeto de los derechos fundamentales del trabajador y, muy especialmente, del derecho a la intimidad personal que protege el art. 18.1 CE, teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad.
En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
En definitiva, como hemos señalado en la ya citada STC 98/2000 (FJ 8), el control que debe realizar este Tribunal de las resoluciones judiciales recurridas en amparo ha de recaer, precisamente en enjuiciar si, como exige la doctrina reiterada de este Tribunal que ha quedado expuesta, el órgano jurisdiccional ha ponderado adecuadamente que la instalación y empleo de medios de captación y grabación de imágenes por la empresa ha respetado en el presente caso el derecho a la intimidad personal del solicitante de amparo, de conformidad con las exigencias del principio de proporcionalidad.
7. Pues bien, del razonamiento contenido en las Sentencias recurridas se desprende que, en el caso que nos ocupa, la medida de instalación de un circuito cerrado de televisión que controlaba la zona donde el demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del recurrente de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y a una duración temporal limitada, la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE.
En efecto, la intimidad del recurrente no resulta agredida por el mero hecho de filmar cómo desempeñaba las tareas encomendadas en su puesto de trabajo, pues esa medida no resulta arbitraria ni caprichosa, ni se pretendía con la misma divulgar su conducta, sino que se trataba de obtener un conocimiento de cuál era su comportamiento laboral, pretensión justificada por la circunstancia de haberse detectado irregularidades en la actuación profesional del trabajador, constitutivas de transgresión a la buena fe contractual. Se trataba, en suma, de verificar las fundadas sospechas de la empresa sobre la torticera conducta del trabajador, sospechas que efectivamente resultaron corroboradas por las grabaciones videográficas, y de tener una prueba fehaciente de la comisión de tales hechos, para el caso de que el trabajador impugnase, como así lo hizo, la sanción de despido disciplinario que la empresa le impuso por tales hechos.
Pero es más, como ya quedó advertido, en el caso presente la medida no obedeció al propósito de vigilar y controlar genéricamente el cumplimiento por los trabajadores de las obligaciones que les incumben, a diferencia del caso resuelto en nuestra reciente STC 98/2000, en el que la empresa, existiendo un sistema de grabación de imágenes no discutido, amén de otros sistemas de control, pretendía añadir un sistema de grabación de sonido para mayor seguridad, sin quedar acreditado que este nuevo sistema se instalase como consecuencia de la detección de una quiebra en los sistemas de seguridad ya existentes y sin que resultase acreditado que el nuevo sistema, que permitiría la audición continuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones, resultase indispensable para la seguridad y buen funcionamiento del casino. Por el contrario, en el presente caso ocurre que previamente se habían advertido irregularidades en el comportamiento de los cajeros en determinada sección del economato y un acusado descuadre contable. Y se adoptó la medida de vigilancia de modo que las cámaras únicamente grabaran el ámbito físico estrictamente imprescindible (las cajas registradoras y la zona del mostrador de paso de las mercancías más próxima a los cajeros). En definitiva, el principio de proporcionalidad fue respetado.
El hecho de que la instalación del circuito cerrado de televisión no fuera previamente puesta en conocimiento del Comité de empresa y de los trabajadores afectados (sin duda por el justificado temor de la empresa de que el conocimiento de la existencia del sistema de filmación frustaría la finalidad apetecida) carece de trascendencia desde la perspectiva constitucional, pues, fuese o no exigible el informe previo del Comité de empresa a la luz del art. 64.1.3 d) LET, estaríamos en todo caso ante una cuestión de mera legalidad ordinaria, ajena por completo al objeto del recurso de amparo. Todo ello sin perjuicio de dejar constancia de que los órganos judiciales han dado una respuesta negativa a esta cuestión, respuesta que no cabe tildar de arbitraria o irrazonable, lo que veda en cualquier caso su revisión en esta sede.
Por tanto, los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen, garantizados por el art. 18.1 CE, no han resultado vulnerados.
8. Descartada la lesión del art. 18.1 CE, decae necesariamente la queja del recurrente relativa a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues, además de que las Sentencias recurridas tuvieron en cuenta para llegar a su convicción no sólo la prueba documental consistente en las grabaciones videográficas, sino también otras pruebas practicadas con plenas garantías en el juicio oral (entre otras, las declaraciones testificales de los investigadores privados que llevaron a cabo las filmaciones por encargo de la empresa), no puede considerarse, por las razones ya expresadas, que esa prueba documental sea una prueba ilícitamente obtenida. Por el contrario, se trata de una prueba válida, valorada por los órganos judiciales en el legítimo ejercicio de la potestad jurisdiccional exclusiva que el art. 117.3 CE les atribuye, sin que le competa a este Tribunal revisar esa valoración, ponderando las pruebas o alterando los hechos probados (por todas, SSTC 26/1993, de 25 de enero, 206/1994, de 11 de julio, 11/1995, de 16 de enero, 157/1995, de 6 de noviembre, 11/1998, de 13 de enero, y 220/1998, de 16 de noviembre).
9. En cuanto a la expresa alegación del solicitante de amparo sobre la supuesta infracción del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que se hace descansar en la forma de aportación y exhibición de las cintas de vídeo en el juicio oral, conviene recordar que los arts. 230 LOPJ y 90.1 LPL aceptan la utilización probatoria en el proceso de los medios mecánicos de reproducción de la imagen, siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad. Pues bien, en este caso los órganos judiciales han estimado en términos razonables y no arbitrarios que las cintas de vídeo eran auténticas, valoración que no cabe, por tanto, revisar en esta sede, conforme ha quedado expuesto. Además, tales cintas fueron aportadas al acto del juicio y exhibidas en el mismo como prueba documental conforme a los requisitos del proceso laboral, acompañándose a esta prueba la declaración testifical de las personas que controlaron la filmación, testigos que pudieron ser interrogados por el recurrente. Se observó, pues, la inmediación y contradicción exigible en la práctica de unos medios de pruebas aportados válidamente al juicio por la empresa demandada. Por tanto, también esta queja del recurrente debe ser rechazada.
10. Se alega asimismo por el solicitante de amparo la lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, argumenta que no existió actividad probatoria suficiente por la que se pueda declararle culpable de los hechos por los que fue despedido, al reputar el recurrente ilícitamente obtenidas y por tanto nulas las pruebas en cuestión (las cintas de vídeo), por violación del derecho a la intimidad. En segundo lugar, afirma que los órganos judiciales no han tenido en cuenta que la enfermedad mental que padece le hacían inimputable por los hechos que dieron lugar al despido.
Para enjuiciar esta queja debe partirse del alcance específico y en cierto modo restrictivo que el derecho de presunción de inocencia tiene en el ámbito laboral, pues su campo de aplicación natural es el proceso penal y, por extensión, el procedimiento administrativo sancionador. Y es que, si bien en un primer momento este Tribunal entendió aplicable tal derecho al ámbito del procedimiento laboral (así, SSTC 36/1985, de 8 de marzo, y 37/1985, de 8 de marzo), posteriormente rectificó tal criterio, señalando que el órgano judicial no emite ningún juicio sobre la culpabilidad o inocencia del trabajador que suponga el ejercicio del ius puniendi del Estado, sino sólo la valoración de la procedencia o improcedencia de la sanción impuesta por el empleador (SSTC 81/1988, de 28 de abril; 30/1992, de 18 de marzo; 27/1993, de 25 de enero; 53/1995, de 23 de febrero, y 125/1995, de 24 de julio). En definitiva, como hemos recordado en la reciente STC 153/2000, de 14 de junio (FJ 2), «el derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede alegarse en el ámbito de las relaciones laborales cuando éstas son extinguidas unilateralmente por el empleador mediante el despido disciplinario. En efecto, cuando el empresario sanciona con el despido una conducta del trabajador constitutiva de incumplimiento grave y culpable de la relación contractual, no se halla en juego, en puridad, la inocencia o culpabilidad del trabajador despedido, ni, en consecuencia, la actividad probatoria producida en el proceso laboral emprendido frente al acto extintivo se encamina a destruir la presunción de inocencia garantizada por el art. 24.2 CE, sino, más sencillamente, a justificar el hecho o hechos causantes del despido y su atribución al trabajador…»
En todo caso, también desde esta perspectiva debe ser rechazada la queja del recurrente, pues en el proceso quedó acreditada plenamente la realidad de los hechos imputados al recurrente por la empresa como justificativos del despido, a través de pruebas lícitamente obtenidas, válidamente aportadas al proceso y suficientes para llegar los órganos judiciales a la convicción de que el recurrente realizó los hechos que dieron lugar al despido (hechos cuya realidad, por otro lado, no niega el recurrente) y que, frente a los padecimientos psiquiátricos alegados por el recurrente, tales hechos revelan, por su forma de comisión, la plena voluntad y consciencia del recurrente (conclusión ésta que ninguno de los informes médicos desvirtúa, según la apreciación de los órganos judiciales, que a este Tribunal no le compete revisar: SSTC 160/1988, de 19 de septiembre, 138/1992, de 13 de octubre, 323/1993, de 8 de noviembre, y 205/1998, de 26 de octubre, por todas).
11. Finalmente, debe ser asimismo descartada la supuesta lesión del principio de igualdad ante la Ley (art. 14 CE), toda vez que, en contra de lo afirmado por el recurrente, los supuestos de hecho comparados son dispares. En efecto, en el relato de hechos probados de las sentencias recurridas se recoge expresamente al respecto que la investigación realizada por la empresa permitió constatar en el recurrente constantes conductas de apropiación monetaria y alteración contable, y en los demás cajeros únicamente otro tipo de irregularidades, de menor entidad, lo que dio lugar que al primero le fuera impuesta la sanción de despido, mientras que los segundos fueron sancionados con suspensión de empleo y sueldo durante dos meses. No es cierto, pues, que estos trabajadores hayan recibido una sanción inferior por la comisión de hechos idénticos a los del recurrente, ya que se trataba de hechos diferentes y de menos gravedad.
En consecuencia, no existe vulneración del principio de igualdad, ya que el recurrente no aporta «un término adecuado de comparación a partir del cual pueda valorarse si, efectivamente, ha sufrido un trato desigual que pudiera comportar una vulneración de alcance constitucional» (STC 89/1998, de 21 de abril, FJ 7). El término de comparación invocado en la demanda no es idóneo, como exige nuestra doctrina (SSTC 90/1990, de 23 de mayo, FJ 2; 81/1997, de 22 de abril, FJ 2; y 194/1999, de 25 de octubre, FJ 3; entre otras muchas), ya que se pretende comparar hechos distintos, además de que este Tribunal ha declarado reiteradamente que no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad (por todas, SSTC 43/1982, de 6 de julio, FJ 2; 62/1987, de 20 de mayo, FJ 5, 40/1989, de 16 de febrero, FJ 4, y 21/1992, de 14 de febrero, que analiza un supuesto muy similar al que nos ocupa).

F A L L O
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido

Desestimar el presente recurso de amparo.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado»
Dada en Madrid, a diez de julio de dos mil.

01Ene/14

Loi nº 29-06 du 17 avril 2007

Dahir nº 1-07-43 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi nº 29-06 modifiant et complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur 

 

Que notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi nº 29-06 modifiant et complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avril 2007).

Pour contreseing :

Le premier ministre,

Driss Jettou.

 

Loi nº 29-06 modifiant et complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

Article unique : L'article 29 (3e alinéa) de la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir nº 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) est modifié et complété ainsi qu'il suit :

 

«Article 29 (3e alinéa). – A cet effet, l'ANRT est chargée en particulier :

……………………….

6) de proposer au gouvernement la réglementation applicable à la cryptographie et son contrôle ;

……………………………………………….

11)……………………………………………….

12) de proposer au gouvernement les normes du système d'agrément des prestataires de services de certification électronique et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ;

13) d'agréer, pour le compte de l'Etat, les prestataires de services de certification électronique et de contrôler leur activité ;

14) de proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à l'utilisation des noms de domaine Internet «point ma» désignés sous l'extension «.ma», permettant d'identifier les adresses Internet correspondant au territoire national ;  

15) d'attribuer les noms de domaine «.ma», de définir les modalités de leur gestion administrative, technique et commerciale dans des conditions transparentes et non discriminatoires et de représenter les titulaires de ces adresses auprès des instances internationales gouvernementales ou non gouvernementales en charge de la gestion internationale des noms de domaine Internet.»

01Ene/14

Medida Provisoria N° 2200, de 27 de junho de 2001

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-1, DE 27 DE JULHO DE 2001.(Publicado no D.O.U. de 28.8.2001)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Artigo 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Artigo 2º.  A ICP-Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz – AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras – AC e pelas Autoridades de Registro – AR.

Artigo 3º.  A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e composto por cinco representantes da sociedade civil, integrantes de setores interessados, designados pelo Presidente da República, e um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados por seus titulares:

I . Ministério da Justiça;

II . Ministério da Fazenda;

III . Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV . Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

V . Ministério da Ciência e Tecnologia;

VI. Casa Civil da Presidência da República; e

VII . Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

1º) A coordenação do Comitê Gestor da ICP-Brasil será exercida pelo representante da Casa Civil da Presidência da República.

2º) Os representantes da sociedade civil serão designados para períodos de dois anos, permitida a recondução.

3º) A participação no Comitê Gestor da ICP-Brasil é de relevante interesse público e não será remunerada.

4º) O Comitê Gestor da ICP-Brasil terá uma Secretaria-Executiva, na forma do regulamento.

Artigo 4º. O Comitê Gestor da ICP-Brasil será assessorado e receberá apoio técnico do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações – CEPESC.

Artigo 5º. Compete ao Comitê Gestor da ICP-Brasil:

I . Adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento da ICP-Brasil;

II . Estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para licenciamento das AC, das AR e dos demais prestadores de serviço de suporte à ICP-Brasil, em todos os níveis da cadeia de certificação;

III . Estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz;

IV . Homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;

V . Estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políticas de certificados e regras operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia de certificação;

VI . Aprovar políticas de certificados e regras operacionais, licenciar e autorizar o funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o correspondente certificado;

VII . Identificar e avaliar as políticas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperação internacional, certificar, quando for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou atos internacionais; e

VIII . Atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas para a ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização tecnológica do sistema e a sua conformidade com as políticas de segurança.

Artigo 6º. À AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, executora das Políticas de Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das AC de nível imediatamente subseqüente ao seu, gerenciar a lista de certificados emitidos, revogados e vencidos, e executar atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de serviço habilitados na ICP, em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Parágrafo único. É vedado à AC Raiz emitir certificados para o usuário final.

Artigo 7º.  O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência e Tecnologia é a AC Raiz da ICP-Brasil.

Artigo 8º. Às AC, entidades autorizadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações.

Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento.

Artigo 9º. Às AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada AC, compete identificar e cadastrar usuários na presença destes, encaminhar solicitações de certificados às AC e manter registros de suas operações.

Artigo 10º. Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, poderão ser licenciados como AC e AR os órgãos e as entidades públicos e as pessoas jurídicas de direito privado.

Artigo 11º. É vedado a qualquer AC certificar nível diverso do imediatamente subseqüente ao seu, exceto nos casos de acordos de certificação lateral ou cruzada, previamente aprovados pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Artigo 12º. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

1º) As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do artigo 131º da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 Código Civil.

2º) O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Artigo 13º. Ninguém será obrigado a utilizar documento ou meio eletrônico nas suas relações jurídicas privadas ou com entidades e órgãos públicos.

Artigo 14º. A utilização de documento eletrônico para fins tributários atenderá, ainda, ao disposto no artigo 100º da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 . Código Tributário Nacional.

Artigo 15º. Para a consecução dos seus objetivos, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação poderá, na forma da lei, contratar serviços de terceiros.

1º) O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia poderá requisitar, para ter exercício exclusivo no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, por período não superior a um ano, servidores, civis ou militares, e empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta ou indireta, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas.

2º) Aos requisitados nos termos deste artigo serão assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou na entidade de origem, considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo, posto, graduação ou emprego que ocupe no órgão ou na entidade de origem.

3º) Fica o Ministério da Ciência e Tecnologia autorizado a custear as despesas com remoção e estada para os servidores que, em virtude de nomeação para cargos em comissão no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, vierem a ter exercício em cidade diferente da de seu domicílio, observados os limites de valores estabelecidos para a Administração Pública Federal direta.

Artigo 16º. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.200, de 28 de junho de 2001.

Artigo 17º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de julho de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

Fernando Henrique Cardoso
Silvano Gianni
José Gregori
Ronaldo Mota Sardenberg
Martus Tavares

01Ene/14

Lov-1961-12-05 om opphavsrett hasta que åndsverk mv (åndsverkloven). Sist-Endret: Lov-2009-06-19-103 fra 12/28/2009

1. kapitel.Opphavsrettens gjenstand og innhold.

§ 1.- Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.

Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

1) skrifter av alle slag,

2) muntlige foredrag,

3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill,

4) musikkverk, med eller uten tekst,

5) filmverk,

6) fotografiske verk,

7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst,

8) skulptur av alle slag,

9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket,

10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket,

11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art,

12) datamaskinprogrammer,

13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.

For fotografiske bilder som ikke er åndsverk gjelder § 43a.

Endret ved lover 15 juni 1990 Nr. 26, 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572).

§ 2.Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når

a) eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til allmennheten,

b) eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler, eller

c) verket fremføres offentlig.

Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.

Endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 3.Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Har en annen rett til å endre et åndsverk eller å gjøre det tilgjengelig for almenheten, må dette ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart.

Sin rett efter første og annet ledd kan opphavsmannen ikke fraskrive seg, med mindre den bruk av verket som det gjelder, er avgrenset efter art og omfang.

Selv om opphavsmannen har gitt gyldig samtykke til bruken, har han, hvis verket gjøres tilgjengelig for almenheten i slik krenkende skikkelse som nevnt i annet ledd, rett til å kreve at det enten ikke skjer under hans navn eller at det angis på fyldestgjørende måte at de foretatte endringer ikke skriver seg fra ham. Denne rett kan opphavsmannen ikke gi avkall på.

§ 4.Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår.

Opphavsretten til det nye og selvstendige verk er ikke avhengig av opphavsretten til det verk som er benyttet.

Den som oversetter eller bearbeider et åndsverk eller overfører det til en annen litterær eller kunstnerisk form, har opphavsrett til verket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket.

§ 5.Den som ved å sammenstille flere åndsverk eller deler av åndsverk skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk samleverk, har opphavsrett til samleverket, men denne rett gjør ingen innskrenkning i opphavsretten til de enkelte verk som samleverket består av.

Hvis ikke annet er avtalt, står det de enkelte medarbeidere fritt å offentliggjøre sine bidrag på annen måte.

§ 6.Er det to eller flere opphavsmenn til et åndsverk uten at de enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk, erverver de opphavsrett til verket i fellesskap.

Til verkets første offentliggjørelse kreves samtykke fra alle opphavsmenn, hvis de ikke uttrykkelig eller stilltiende har samtykket på forhånd. Det samme gjelder når det er spørsmål om å offentliggjøre verket på annen måte eller i en annen form enn tidligere. Ny offentliggjørelse på samme måte kan derimot hver av opphavsmennene forlange eller gi samtykke til.

Enhver av dem kan påtale krenkelser av opphavsretten.

§ 7.Som opphavsmann ansees, når ikke annet godtgjøres, den hvis navn eller alment kjente dekknavn eller merke på sedvanlig måte er påført eksemplar av verket eller blir oppgitt når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Er et verk utgitt uten at opphavsmann er navngitt i samsvar med første ledd, kan utgiveren eller, hvis heller ikke han er navngitt, forleggeren handle på opphavsmannens vegne inntil denne blir navngitt på en ny utgave eller ved melding til vedkommende departement.

§ 8. Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten. Et kunstverk er offentliggjort også når opphavsmannen har overdratt eksemplar av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten i medhold av §§ 19, 20, 23, 23a og 24.

Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant almenheten.

Endret ved lover 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 9.Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov.

Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.

Endret ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569).

§ 10.Registrering av et åndsverk som design innvirker ikke på verkets vern etter denne lov.

Kretsmønster til integrerte kretser omfattes ikke av denne lov.

Endret ved lover 29 mai 1970 Nr. 33, 15 juni 1990 Nr. 27, 23 juni 1995 Nr. 37 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 14 mars 2003 Nr. 15 (ikr. 1 mai 2003 iflg. res. 4 apr 2003 Nr. 417).

2. kapittel. Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens

Kapitlet gitt på ny i sin helhet ved lov 2 juni 1995 Nr. 27. Kapitlet inneholdt tidligere §§ 11 til 24, mot nå §§ 11 til 38c. Se endringslovens III for overgangsbestemmelser. Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Alminnelige bestemmelser

§ 11.Bestemmelsene i dette kapittel gjør ingen videre innskrenkning i opphavsmannens rett etter § 3 enn den som følger av § 29.

Når et verk gjengis offentlig i medhold av bestemmelsene i dette kapittel, kan det skje i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, men verkets karakter må ikke derved forandres eller forringes. Ved gjengivelse som nevnt, må kilden alltid angis slik som god skikk tilsier.

Tidligere § 24. Gitt nytt nummer og omformulert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere § 11 står nå som § 12.

Visse midlertidige eksemplar

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 11a.Når tilfeldig eller forbigående fremstilling av midlertidige eksemplar utgjør en integrert og vesentlig del av en teknisk prosess som har til eneste formål å muliggjøre

a) lovlig bruk av et verk, eller

b) en overføring i nettverk av et mellomledd på vegne av tredjeparter, omfattes slik eksemplarfremstilling ikke av eneretten etter § 2, med mindre den har selvstendig økonomisk betydning.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for datamaskinprogrammer og databaser.

Tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Eksemplarfremstilling til privat bruk

§ 12.Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. Opphavsmennene gis en rimelig kompensasjon gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Kongen kan fastsette nærmere regler om fordeling av kompensasjonen.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å

a) ettergjøre bygningskunst gjennom oppføring av byggverk,

b) fremstille maskinlesbare eksemplar av datamaskinprogram,

c) fremstille maskinlesbare eksemplar av databaser i maskinlesbar form, eller

d) fremstille eksemplar av kunstverk ved fotokopiering, avstøpning, avtrykk eller tilsvarende fremgangsmåte når eksemplaret kan

oppfattes som originaleksemplar.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å la fremstillingen utføre ved fremmed hjelp når det gjelder:

a) musikkverk,

b) filmverk,

c) skulptur, billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, eller

d) kunstnerisk gjengivelse av andre kunstverk.

Funksjonshemmede kan uten hinder av denne bestemmelse la fremstilling av musikk- og filmverk utføre ved fremmed hjelp som ikke medvirker i ervervsøyemed, når dette er nødvendig på grunn av funksjonshemningen.

Det er ikke tillatt å fremstille eksemplar etter denne paragraf på grunnlag av en gjengivelse av verket i strid med § 2, eller på grunnlag av et eksemplar som har vært gjenstand for eller er resultat av en omgåelse av vernede tekniske beskyttelsessystemer, med mindre slik eksemplarfremstilling er nødvendig etter § 53a tredje ledd andre punktum.

Tidligere § 11. Endret ved lover 15 juni 1990 Nr. 26 og 4 des 1992 Nr. 128. Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), og endret ved lover 16 apr 1999 Nr. 19 se dens II med overgangsregler, 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 12 står nå som § 29.

Bruk av verk i undervisningsvirksomhet

Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 13.Lærere og elever kan for bruk i undervisningen gjøre opptak av sin egen fremføring av verk. Opptak som nevnt må ikke utnyttes i annet øyemed.

Kongen kan bestemme at skoler og andre undervisningsinstitusjoner vederlagsfritt kan gjøre opptak av kringkastingssending for tidsforskutt bruk.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27. Endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 13 står nå som § 22 og § 23 (1).

Tvangslisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 13a.Av utgitt verk kan det fremstilles eksemplar til bruk ved offentlig eksamen. Opphavsmannen har krav på vederlag.

Ny bestemmelse tilføyd i § 13 ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III, omnummerert ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 13b.Til bruk i egen undervisningsvirksomhet kan det fremstilles eksemplar av utgitt verk, når betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd er oppfylt. På samme vilkår kan det gjøres opptak av kringkastingssending. Dette gjelder likevel ikke der kringkastingssendingen består av filmverk som må oppfattes som også bestemt til annen bruk enn fremføring gjennom fjernsyn, med mindre det i sendingen bare er benyttet mindre deler av verket.

Opptakssentral som er godkjent av departementet, kan til bruk i undervisningsvirksomhet gjøre opptak som nevnt i første ledd, når den oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd.

Eksemplar fremstilt med hjemmel i første og andre ledd kan bare benyttes innenfor den undervisningsvirksomhet som omfattes av avtalen etter § 36.

Kongen gir forskrifter om oppbevaring og bruk av opptak etter første og andre ledd.

Ny bestemmelse tilføyd i § 13 ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv.

Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 14.Offentlige og private institusjoner, organisasjoner og ervervsvirksomheter kan til bruk innenfor sin virksomhet fremstille eksemplar av utgitt verk når de oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd. På samme vilkår kan det gjøres opptak av kringkastingssending. Dette gjelder likevel ikke der kringkastingssendingen består av filmverk som må oppfattes som også bestemt til annen bruk enn fremføring gjennom fjernsyn, med mindre det i sendingen bare er benyttet mindre deler av verket.

Eksemplar fremstilt med hjemmel i første ledd kan bare utnyttes innenfor den virksomhet som omfattes av avtalen etter § 36.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572). Tidligere § 14 (1) er opphevet, (2) står som § 23 a (1). Endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Opptak innen helseinstitusjoner mv

§ 15.Helseinstitusjoner, aldershjem, fengsler og lignende institusjoner kan gjøre opptak av verk som inngår i kringkastingssending, til fremføring innen kort tid i institusjonen.

Kongen fastsetter hvilke institusjoner som skal ha rett til å gjøre opptak som nevnt i første ledd, og gir forskrift om bruk og sletting av opptakene.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr.  27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere § 15 står nå som § 18.

Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek og museer mv.

Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 16.Kongen kan gi regler om rett for arkiv, bibliotek, museer og undervisnings- og forskningsinstitusjoner til å fremstille eksemplar av verk for konserverings- og sikringsformål og andre særskilte formål. Bestemmelsen gjelder ikke for ervervsmessig bruk.

Kongen kan gi regler om at arkiv, bibliotek, museer og undervisningsinstitusjoner ved hjelp av terminaler i egne lokaler, kan gjøre verk i samlingene tilgjengelig for enkeltpersoner når det skjer til forskningsformål eller private studieformål.

Endret ved lover 3 juni 1977 Nr. 51, 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere annet ledd erstattet av nåværende § 13 (2). Endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr.97.

§ 16a.Arkiv, bibliotek og museer som angitt i § 16 første ledd kan fremstille eksemplar av utgitte verk i samlingene og gjøre slike verk tilgjengelig for allmennheten når betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd er oppfylt.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede

Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 17.Av utgitt litterært eller vitenskapelig verk eller musikkverk kan det i annen form enn lydopptak fremstilles eksemplar bestemt til bruk for blinde, svaksynte og andre som på grunn av funksjonshemning ikke kan tilegne seg verket på vanlig måte. Utgitt litterært eller vitenskapelig verk kan gjengis på film, med eller uten lyd, bestemt til bruk for hørsels- eller talehemmede. Bestemmelsen gjelder ikke for ervervsmessig bruk.

Bestemmelsene i første ledd gir ikke rett til kopiering av eksemplar som andre har fremstilt med særlig henblikk på bruk som der nevnt.

Endret ved lover 23 des 1988 Nr. 101, 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 22 des 1995 Nr. 83, 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 17a.Kongen kan bestemme at nærmere angitt organisasjon og bibliotek for vederlagsfri bruk for funksjonshemmede skal ha rett til på nærmere fastsatte vilkår å fremstille eksemplar av utgitt litterært eller vitenskapelig verk gjennom opptak på innretning som kan gjengi det. I tilslutning til teksten kan offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk gjengis på opptaket. Opphavsmannen har krav på vederlag som utredes av staten. Bestemmelsen gjelder ikke for ervervsmessig bruk.

Tidligere § 17 (2). Endret ved lover 23 des 1988 Nr. 101, 2 juni 1995 Nr. 27, 23 juni 1995 Nr. 37 og omnummerert ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Avtalelisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 17b.Kongen kan gi forskrifter om rett til å gjøre opptak av utgitt film eller bilde, med eller uten lyd, og av utsendt kringkastingsprogram, som ikke vesentlig inneholder musikkverk. Forskriftene kan bare gjelde slik bruk som nevnt i § 17a, og bare komme til anvendelse når den som gjør opptaket oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd.

Ny bestemmelse tilføyd som § 17 (4) ved lov 2 juni 1995 Nr. 27, omnummerert ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Samleverk til bruk i undervisning mv

§ 18.I samleverk, bestemt til bruk ved gudstjeneste eller undervisning, sammenstilt av verk fra et større antall opphavsmenn, kan det gjengis mindre deler av litterære eller vitenskapelige verk og musikkverk eller slike verk av lite omfang, når fem år er gått etter utløpet av det år da verket ble utgitt. I tilslutning til teksten kan også kunstverk og fotografisk verk gjengis når fem år er gått etter utløpet av det år da verket ble offentliggjort. Verk som er utarbeidet til bruk ved undervisning, må ikke gjengis i et samleverk med samme formål. Bestemmelsene gir ikke rett til gjengivelse i maskinlesbar form.

Opphavsmannen har krav på vederlag.

Tidligere § 15. Endret ved lov 16 feb 1979 Nr. 4. Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 18 står nå som § 21.

Spredning av eksemplar

§ 19.Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.

Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

Tidligere § 21 og § 23 (1). Endret ved lover 23 des 1988 Nr. 101, 15 juni 1990 Nr. 26 og 4 des 1992 Nr. 126. Omnummerert og endret ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 19 står nå som § 25.

Visning av eksemplar

§ 20.Er et verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, kan eksemplarene vises offentlig. Eksemplar av offentliggjort kunstverk og av offentliggjort fotografisk verk kan vises offentlig i forbindelse med undervisning.

Tidligere §§ 21 og 23. Endret ved lover 20 des 1974 Nr. 64 og 23 des 1988 Nr. 101. Omnummerert og endret ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 20 står nå som § 30 og § 31.

Fremføring i undervisning mv

§ 21.Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning. Har opphavsmannen overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig i forbindelse med undervisning.

Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig:

a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed,

b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.

Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting. Innenfor ervervsmessig undervisning gir den heller ikke rett til annen trådbunden eller trådløs overføring til allmennheten. Adgangen til fremføring ved undervisning gjelder ikke fremføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet.

Tidligere § 18. Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37, 16 apr 1999 Nr. 19 – se dens II med overgangsregler, 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 21 står nå som § 19.

Sitat

§ 22.Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Tidligere § 13 (1). Gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Tidligere § 22 står nå som § 26 og § 33.

Gjengivelse av kunstverk mv.

Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 23.Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Med samme begrensning kan offentliggjort fotografisk verk mot vederlag gjengis også i kritisk eller vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter og i tilslutning til teksten i skrifter bestemt til bruk i opplæring.

Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk kan gjengis i skrift av biografisk innhold.

Bestemmelsene i denne paragraf gir ikke rett til gjengivelse i maskinlesbar form, med mindre det gjelder en ikke-ervervsmessig gjengivelse etter første ledd.

Tidligere § 13 (2) og § 23 (2). Endret ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 – se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 – se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 23a.Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting.

Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis.

Er et kunstverk eller et fotografisk verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt eksemplar av verk som nevnt, kan verket medtas i aviser, tidsskrifter, bøker, ved film og i kringkasting, såfremt verket utgjør en del av bakgrunnen eller på annen måte spiller en underordnet rolle i sammenhengen.

Tidligere § 14 (2) og § 23 (1). Endret ved lover 20 des 1974 Nr. 64, 23 des 1988 Nr. 101. Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III, endret ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II. Endret og omnummerert ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 24.Kunstverk og fotografisk verk som inngår i en samling eller som utstilles eller utbys til salg, kan avbildes i katalog over samlingen og i meddelelse om utstillingen eller salget. Katalog kan bare fremstilles ved trykking, fotokopiering eller lignende metode.

Kunstverk og fotografisk verk kan også avbildes når det varig er satt opp på eller ved offentlig plass eller ferdselsvei. Dette gjelder likevel ikke når verket klart er hovedmotivet og gjengivelsen utnyttes ervervsmessig.

Byggverk kan fritt avbildes.

Tidligere § 23 (2) og (3). Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37 – se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Reportasje i kringkasting og film

§ 25.Når fremføring eller visning av et verk inngår som ledd i dagshending og denne kringkastes eller gjengis ved film, kan korte avsnitt av verket, eller hele verket hvis det er av lite omfang, tas med ved gjengivelsen. Når fremføringen eller visningen av verket bare utgjør en del av bakgrunnen eller på tilsvarende måte spiller en underordnet rolle i forhold til hovedemnet for reportasjen, kan hele verket gjengis.

Tidligere § 19. Endret ved lov 23 des 1988 Nr. 101. Omformulert med nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Tidligere § 25 står nå som § 39 og § 39 a.

Offentlige forhandlinger, innsynsrett mv

§ 26.Forhandlinger i offentlige forsamlinger, styrer, råd og lignende, i møter av valgte offentlige myndigheter, i rettssaker og på åpne møter som holdes for å behandle allmenne spørsmål, kan, med de begrensninger som følger av § 28, enhver gjøre tilgjengelig for allmennheten uten samtykke av opphavsmannen. En opphavsmann har likevel enerett til å utgi samlinger av sine egne innlegg.

Tidligere § 22 (1). Endret og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere § 26 står nå som § 39 b.

§ 27.Vern etter denne lov er ikke til hinder for dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentleglova eller annen lovgivning.

Loven er heller ikke til hinder for at verk brukes i forbindelse med etterlysning, i etterforskning eller som bevismiddel.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere § 27 opphevet ved lov 4 mars 1983 Nr. 4 (sml. lov 31 mai 1918 § 36). Endret ved lov 19 mai 2006 Nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 Nr. 1118).

§ 28.Retten til videre gjengivelse av dokumenter påberopt som bevis eller som sakkyndig uttalelse el i forhandlinger som nevnt i § 26, og av dokumenter det er gitt innsyn i etter lovgivning som nevnt i § 27, beror på ellers gjeldende regler. Likevel kan det siteres fra slike dokumenter i samsvar med god skikk og i den utstrekning det er nødvendig for omtale av forhandlingene eller av sak dokumentet er av betydning for, selv om verket ikke har vært offentliggjort.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere § 28 står nå som § 39 k.

Endring av byggverk og bruksgjenstander

§ 29.Byggverk og bruksgjenstander kan endres uten opphavsmannens samtykke når det skjer av tekniske grunner eller av hensyn til utnyttelsen.

Tidligere § 12. Omformulert og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Tidligere § 29 står nå som § 39 l.

Særlige bestemmelser om kringkasting mv

§ 30.Norsk rikskringkasting og etter Kongens bestemmelse andre kringkastingsforetak har rett til mot vederlag å kringkaste et utgitt verk når betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd er oppfylt. Tilsvarende gjelder for offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk.

Ved satellittkringkasting får bestemmelsene i første ledd ikke anvendelse med mindre sendingen av samme kringkastingsforetak samtidig kringkastes her i riket over jordbundet nett.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke sending ved tråd. De gjelder ikke for sceneverk og filmverk, og heller ikke for andre verk dersom opphavsmannen overfor foretaket har nedlagt forbud mot kringkasting, eller det ellers er særlig grunn til å anta at han motsetter seg at verket kringkastes.

Tidligere § 20 (2), endret og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Endret ved lover 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 22 des 1995 Nr. 83, 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 30 står nå som § 39 a.

§ 31.Norsk rikskringkasting og andre som har bevilling til å drive kringkastingsvirksomhet kan, ved egne hjelpemidler og til bruk ved egne sendinger, ta opp verk på innretninger som kan gjengi dem når de for øvrig har rett til å ta verket med i sine sendinger. Retten til å gjøre slik opptatt verk tilgjengelig for allmennheten avhenger av de ellers gjeldende regler. Kongen gir nærmere forskrifter om bruk og oppbevaring av disse opptak.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å sammenstille film og lyd ved å overføre lydopptak til filmen med mindre fremføring ved opptaket inngår i filmen.

Tidligere § 20 (1). Endret og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Tidligere § 31 inngår nå i § 39 og § 39 e.

Avtalelisens for bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 32.Norsk rikskringkasting og andre som har konsesjon til å drive kringkasting har rett til bruk av offentliggjort verk i sine samlinger ved

a) ny kringkasting, eller

b) overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket når betingelsene for avtalelisens i § 36 første ledd er oppfylt.

Denne paragraf gjelder bare for verk som ble kringkastet før 1. januar 1997 og som inngår i kringkastingsforetakets egne produksjoner. Paragrafen gjelder ikke dersom opphavsmannen har nedlagt forbud mot slik bruk av verket eller det ellers er særlig grunn til å anta at han motsetter seg slik bruk.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III daværende § 32 (opprinnelig § 22 (2)) ble nye § 33 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 33.Ordskifteprogram som kringkastes og hvor allmenne spørsmål blir drøftet, kan enhver gjengi offentlig uten samtykke av opphavsmannen. En opphavsmann har likevel enerett til å utgi samlinger av sine egne innlegg.

Tidligere § 22 (2). Endret ved lov 23 des 1988 Nr. 101. Endret og gitt Nr. 32 ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569). Gitt nytt nummer ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 34.Verk som lovlig inngår i kringkastingssending, kan ved samtidig og uendret videresending gjøres tilgjengelig for allmennheten når den som videresender oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd, eller videresender etter tillatelse gitt av nemnd etter bestemmelsene i § 36 andre ledd.

Opphavsmannens enerett til videresending kan bare utøves gjennom organisasjon som er godkjent etter § 38a.

Videresending av verk som opprinnelig sendes ved tråd, omfattes ikke av denne paragraf.

Tidligere § 20 a. Tilføyd ved lov 21 juni 1985 Nr. 86. Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995).

Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd mv

§ 35.Vederlag etter §§ 13a, 17a, 18, 23, 23a og 45b kan enhver av partene kreve fastsatt på bindende måte etter regler som Kongen gir. Kongen fastsetter regler om at vederlagspliktige som unnlater å betale vederlag, etter begjæring fra den berettigede part, med bindende virkning kan forbys fortsatt bruk.

Kongen gir regler om nemnd som nevnt i § 34 og § 45a fjerde ledd.

Tidligere § 51. Endret ved lov 21 juni 1985 Nr. 86. Endret og omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630). Tidligere § 35 står nå i endret skikkelse som § 39 c. Endret ved lov 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534).

§ 36.Når det foreligger avtale med organisasjon som nevnt i § 38a som tillater slik bruk av verk som nevnt i §§ 13b, 14, 16a, 17b, 30, 32 og 34, har bruker som omfattes av avtalen, overfor rettighetshaver som ikke er omfattet, rett til på samme område og på samme måte å utnytte verk av samme art som dem avtalen gjelder (avtalelisens). Bestemmelsen gjelder bare for bruk som skjer i samsvar med det avtalen fastsetter. Bestemmelsen gjelder ikke i forhold til kringkastingsforetaks rettigheter i sine sendinger.

For videresending av verk etter § 34 gjelder at dersom forhandlinger om avtale som nevnt i første ledd første og andre punktum, eller forhandlinger med kringkastingsforetaket om avtale, nektes eller avtale ikke er inngått innen seks måneder etter at forhandlingene er innledet, kan hver av partene kreve at tillatelse til og vilkår for videresending fastsettes på bindende måte av nemnda etter § 35 andre ledd. Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende i disse tilfelle.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 37.Ved bruk av verk etter § 36 er det som avtalen, nemnda eller den organisasjon som mottar vederlaget for bruken, bestemmer om innkreving og fordeling av vederlaget, bindende også for rettighetshavere som ikke representeres av organisasjonen. Utenforstående rettighetshavere skal ha samme rett som organiserte til å få del i midler og goder som utdeles fra eller som vesentlig er bekostet av vederlaget.

Uansett bestemmelsen i første ledd kan en utenforstående rettighetshaver som sannsynliggjør at hans verk er brukt etter § 36, kreve at vederlag for dette skal utbetales til ham. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år bruken fant sted, og kan bare rettes mot den organisasjonen som i medhold av § 36 har innkrevd vederlag. Vederlagets størrelse kan hver av partene kreve fastsatt etter regler som Kongen gir.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 38.Kommer avtale etter §§ 13b, 14, 16a, 17b, 30 og 32 ikke i stand, kan hver av partene kreve megling etter regler som Kongen gir. Er partene enige om det, kan tillatelse til og vilkår for eksemplarfremstillingen fastsettes etter reglene gitt med hjemmel i § 35 første ledd. Fastsettelsen får samme virkning som avtale etter § 36 første ledd.

Er partene i avtaler etter §§ 13b, 14, 16a, 17b, 30 og 32 enige om det, kan tvist om tolkingen av avtalen på bindende måte avgjøres etter reglene gitt med hjemmel i § 35 første ledd.

Kommer avtale med kringkastingsforetak om adgang til å gjøre opptak av foretakets sendinger for slik bruk som omfattes av §§ 13b, 14 eller 17b, ikke i stand, gjelder bestemmelsen i første ledd første og andre punktum tilsvarende. Ved tvist om tolking av slik avtale får bestemmelsen i andre ledd tilsvarende anvendelse.

Er de berørte parter enige om det, kan tvist om tolking av avtale om slik videresending som nevnt i § 34 på bindende måte avgjøres av den nemnd som er omtalt i § 35 andre ledd.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 38a.Avtale som skal ha virkning som nevnt i § 36 første ledd, må inngås av organisasjon som på området representerer en vesentlig del av opphavsmennene til verk som brukes i Norge, og som er godkjent av departementet. For bruk på nærmere angitte områder kan Kongen bestemme at den organisasjon som godkjennes, må være en felles organisasjon for de berørte rettighetshavere.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med organisasjoner og fond som mottar vederlag til videre fordeling.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lover 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534).

Organisasjoners søksmålsrett

§ 38b.Organisasjon som nevnt i § 38a kan, så lenge rettighetshaveren ikke har motsatt seg det, kreve at det overfor bruker som ikke har inngått avtale som nevnt i § 36, ved dom nedlegges forbud mot ulovlig utnyttelse av verk på en måte som omfattes av bestemmelsene i §§ 13b, 14, 16a, 17b, 30, 32 eller 34. Det samme gjelder overfor bruker som er part i en avtale som nevnt og som unnlater å betale det avtalte vederlag.

Organisasjon som nevnt i § 38a kan, så lenge rettighetshaveren ikke har motsatt seg det, likeledes reise krav etter denne lovs §§ 55 og 56 overfor den som har foretatt ulovlig bruk som nevnt i første ledd. Har den som ulovlig har utnyttet et verk innfridd organisasjonens krav, kan rettighetshaverens krav i anledning samme utnyttelse bare rettes mot organisasjonen, som da plikter å erlegge hva rettighetshaveren har krav på.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Følgerett

Overskriften tilføyd ved lov 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534). Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII Nr. 9c (direktiv 2001/84/EF (følgerettsdirektivet)).

§ 38c.Opphavsmannen har krav på vederlag når en som yrkesmessig opptrer i kunstmarkedet deltar som selger, kjøper eller formidler ved videresalg av originaleksemplar av opphavsrettslig vernede kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med hans samtykke. Bestemmelsen gjelder ikke byggverk.

Retten etter første ledd gjelder ikke videresalg fra privatpersoner til museer som er åpne for publikum og ikke driver ervervsmessig, med mindre det i handelen deltar en formidler som nevnt i første ledd.

Vederlaget skal beregnes på grunnlag av salgsprisen uten merverdiavgift etter følgende satser:

a) 5 pst. av den del av salgsprisen som ikke overstiger 50.000 euro,

b) 3 pst. av den del av salgsprisen som overstiger 50.000 euro, men som ikke overstiger 200.000 euro,

c) 1 pst. av den del av salgsprisen som overstiger 200.000 euro, men som ikke overstiger 350.000 euro,

d) 0,5 pst. av den del av salgsprisen som overstiger 350.000 euro, men som ikke overstiger 500.000 euro, og

e) 0,25 pst. av den del av salgsprisen som overstiger 500.000 euro.

Vederlaget skal kun betales når salgsprisen uten merverdiavgift overstiger 3.000 euro. Det totale vederlag for et videresalg skal ikke overstige 12.500 euro.

Selgere og formidlere som nevnt i første ledd er solidarisk ansvarlige for å betale følgerettsvederlaget. Opptrer ingen av dem yrkesmessig i kunstmarkedet, er kjøperen ansvarlig for betalingen.

Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av departementet. Når krav på vederlag etter første ledd foreldes etter reglene i lov 18. mai 1979 Nr. 18 om foreldelse av fordringer, tilfaller vederlaget organisasjonen og skal brukes til å dekke organisasjonens kostnader ved oppkrevingen og fordelingen av følgerettsvederlaget, eller til andre kollektive formål fastsatt i organisasjonens vedtekter.

Det kan ikke gis avkall på retten etter første ledd, og den kan heller ikke overdras. Har ikke opphavsmannen arvinger, skal følgerettsvederlag som forfaller etter opphavsmannens død tilfalle den organisasjon som til enhver tid er godkjent etter sjette ledd.

Slike midler skal brukes som nevnt i sjette ledd andre punktum.

Selger, kjøper og formidler som nevnt i første ledd skal innen sjette termin for innbetaling av merverdiavgift til den organisasjon som til enhver tid er godkjent etter sjette ledd, oppgi de opplysninger som er nødvendige for å sikre betaling av følgerettsvederlag for det foregående års salg. Nevnte organisasjon kan også kreve slike opplysninger om de tre siste års salg.

Tilføyd ved lov 22 des 2006 Nr. 103 se dens III (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534). Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII Nr. 9c (direktiv 2001/84/EF (følgerettsdirektivet)). Se lov 4 nov 1948 Nr. 1.

3. kapittel. Opphavsrettens overgang

Kapitlet gitt på ny i sin helhet ved lov ved lov 2 juni 1995 Nr. 27. Kapitlet inneholdt tidligere §§ 25 til 39 c, mot nå §§ 39 til 39 m. Se endringsloven del III for overgangsbestemmelser.

Alminnelige bestemmelser

§ 39.Opphavsmannen kan med den begrensning som følger av § 3 helt eller delvis overdra sin rett til å råde over åndsverket.

Overdragelse av eksemplar innbefatter ikke overdragelse av opphavsretten eller noen del av denne, selv om det er et originaleksemplar som overdras. Overdragelse av opphavsrett innbefatter ikke eiendomsrett til det manuskript eller annet eksemplar som utleveres i tilknytning til overdragelsen.

Tidligere § 25 (1) og § 49 (1), endret og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Tidligere § 39 står nå i endret skikkelse som § 39 f.

§ 39a.Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler.

Tilsvarer tidligere § 25 (2), omformulert og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995).

Endringer og videreoverdragelse

§ 39b.Overdragelse av opphavsrett gir ikke rett til å endre verket med mindre annet er avtalt.

Retten kan heller ikke overdras videre uten samtykke med mindre den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne. Overdrageren vedblir å være ansvarlig for at avtalen med opphavsmannen blir oppfylt.

Tidligere § 26, gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995).

Avregning og kontroll

§ 39c.Avhenger opphavsmannens vederlag av erververens omsetning, salgstall el, kan opphavsmannen kreve at det skjer avregning minst én gang i året. Opphavsmannen kan likeledes kreve at hver avregning følges av fyldestgjørende opplysninger om de forhold som har ligget til grunn for vederlagsberegningen.

Opphavsmannen kan kreve at erververens regnskaper, bokføring og lagerbeholdning, samt attestasjoner fra den som har utnyttet verket, stilles til rådighet for en av opphavsmannen oppnevnt statsautorisert eller registrert revisor. Revisoren skal opplyse opphavsmannen om riktigheten av den avregningen som er foretatt, og om eventuelle uregelmessigheter ved den, men for øvrig har han taushetsplikt om alle andre forhold som han blir kjent med ved gjennomgangen.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes til skade for opphavsmannen.

Tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Sml. tidligere § 35.

Avtaler om fremføring

§ 39d.Overdragelse av rett til å fremføre et verk for allmennheten gir ikke erververen enerett, med mindre dette er avtalt. Er ikke annet bestemt, gjelder overdragelsen for tre år.

Selv om enerett er overdratt, kan opphavsmannen, om det ikke er truffet annen avtale, selv fremføre verket eller overdra fremføringsrett til andre, hvis erververen i tre år på rad har unnlatt å gjøre bruk av retten.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for filmverk.

Tidligere § 30, omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995).

Forlagsavtaler

§ 39e.Ved en forlagsavtale overdrar opphavsmannen rett til å mangfoldiggjøre et verk gjennom trykk eller lignende fremgangsmåte, og til å utgi verket i denne form.

I den utstrekning en forlagsavtale gir enerett, plikter forleggeren å utgi verket innen rimelig tid og sørge for utbredelsen på sedvanlig måte. Hvis forleggeren etter at verket er utgitt ikke sørger for at eksemplar av verket er tilgjengelig for allmennheten innen rimelig tid etter at dette ble krevd av opphavsmannen, kan opphavsmannen si opp avtalen og beholde mottatt honorar.

Er ikke annet avtalt, har forleggeren rett til å utgi inntil 3000 eksemplar av verket, men når utgivelsen omfatter bare musikkverk, ikke mer enn 1000 eksemplar, og når utgivelsen omfatter bare verk av billedkunst, ikke mer enn 200 eksemplar.

Når det er gått mer enn ett år etter at forleggeren utga verket, eller det er gått mer enn ett år siden opphavsmannen sist foretok endringer i verket, skal opphavsmannen dersom ytterligere eksemplar skal fremstilles, gis rett til å foreta endringer som ikke volder uforholdsmessige omkostninger eller endrer verkets karakter.

Når det er gått 15 år etter utløpet av det år da forleggeren først utga verket, har opphavsmannen rett til å ta verket med i en utgave av sine samlede eller utvalgte litterære verk. En slik utgave skal først tilbys forleggeren eller, hvis opphavsmannens verk er utkommet hos forskjellige forleggere, den som kan anses som hovedforlegger.

Opphavsmannen kan kreve erstatning for skade som følge av mislighold. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at skaden skyldes en hindring som er utenfor forleggerens kontroll, og som forleggeren ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Ligger årsaken til skaden hos tredjemann som forleggeren har gitt i oppdrag å utføre handlinger til oppfyllelse av avtalen, er forleggeren fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville ha vært fritatt for ansvar etter bestemmelsene i dette ledd.

Blir forleggerens forpliktelser etter forlagsavtalen vesentlig misligholdt, kan opphavsmannen heve avtalen, beholde mottatt honorar og kreve erstatning etter reglene i sjette ledd for skade som ikke dekkes av honoraret.

Avtale som til skade for opphavsmannen vesentlig avviker fra det som er bestemt i andre, sjette og sjuende ledd kan ikke gjøres gjeldende. Sin rett etter femte ledd kan opphavsmannen ikke fraskrive seg.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke avtaler om bidrag til aviser eller tidsskrifter, eller avtaler om bidrag som skal brukes som illustrasjon til verk som utgis. Bestemmelsene i andre og tredje ledd gjelder ikke for avtaler om bidrag til samleverk.

Bestemmelsene i andre ledd gjelder ikke for avtaler om oversettelser.

Tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), endret ved lov 22 des 1995 Nr. 83. Sml. tidligere §§ 31 til 38.

Avtaler om innspilling av filmverk

§ 39f.Har opphavsmannen overdratt rett til å utnytte et verk for film, er erververen, hvis ikke annet er avtalt, pliktig til innen rimelig tid å innspille filmverket og sørge for at det blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Blir erververens forpliktelser vesentlig misligholdt, kan opphavsmannen heve avtalen, beholde mottatt honorar og etter bestemmelsene i § 39e kreve erstatning for skade som ikke dekkes av honoraret.

Er ikke annet avtalt, omfatter overdragelsen av rett til innspilling av et verk for film rett til å

a) fremstille eksemplar av filmverket,

b) gjøre filmverket tilgjengelig for allmennheten gjennom spredning av eksemplar og ved fremføring, og

c) forsyne filmverket med tekster eller oversatt tale.

Bestemmelsen i andre ledd gjelder ikke

a) allerede eksisterende verk,

b) filmmanuskript og musikkverk som er frembrakt med henblikk på filminnspillingen, eller

c) filmverkets hovedregi.

Tidligere § 39. Endret og gitt nytt nummer ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569).

Datamaskinprogrammer og databaser

Overskriften endret ved lov 16 apr 1999 Nr. 19.

§ 39g.Opphavsrett til datamaskinprogram som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger går, med den begrensning som følger av § 3, over til arbeidsgiveren, med mindre annet er avtalt.

Ny bestemmelse tilføyd ved lov 15 juni 1990 Nr. 26 som § 39 a, endret ved lov 4 des 1992 Nr. 128, omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995).

§ 39h.Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille eksemplar av, endre og bearbeide programmet i den utstrekning det er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål, herunder også for å rette feil i programmet.

Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille sikkerhetseksemplar i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet.

Den som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram kan, i forbindelse med slik lesning, fremvisning på skjerm, kjøring, overføring eller lagring av programmet som brukeren er berettiget til å utføre, iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå idéene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet.

Den som har rett til å bruke en database, kan foreta slike handlinger som er nødvendig for tilgang til databasens innhold og normal utnyttelse av denne.

Bestemmelsene i andre, tredje og fjerde ledd kan ikke fravikes ved avtale.

Tilføyd ved lov 4 des 1992 Nr. 128 som § 39 b, omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lov 16 apr 1999 Nr. 19 se dens II med overgangsregler.

§ 39i.Det er tillatt å fremstille eksemplar av et datamaskinprograms kode og oversette kodens form når dette er en forutsetning for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke mellom et selvstendig utviklet datamaskinprogram og andre programmer, dersom

a) handlingene utføres av en person som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram, eller på dennes vegne av en person som har tillatelse til det,

b) de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke ikke tidligere har vært lett tilgjengelige for de i bokstav a) nevnte personer og

c) handlingene er begrenset til de deler av det opprinnelige program som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke.

De opplysninger som er innhentet ved anvendelse av bestemmelsen i første ledd, må ikke

a) nyttes til andre formål enn å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram,

b) gis videre til andre, bortsett fra når dette er nødvendig for å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram, eller

c) nyttes til utvikling, fremstilling eller markedsføring av et datamaskinprogram som vesentlig svarer til det opprinnelige i sin utforming, eller til noen annen handling som krenker opphavsretten til programmet.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes ved avtale.

Tilføyd ved lov 4 des 1992 Nr. 128 som § 39 c, omnummerert ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995).

Bestilte portretter

§ 39j.Opphavsmannen kan ikke utøve sine rettigheter til et bestilt portrettbilde uten samtykke fra bestilleren.

Er portrettet et fotografisk verk, kan eksemplar av det på vanlig måte vises som reklame for opphavsmannens fotografivirksomhet såfremt bestilleren ikke nedlegger forbud.

Om vern for den avbildede gjelder bestemmelsene i § 45c selv om portrettet ikke er fotografisk.

Tilføyd ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572). Sml. tidligere § 2 (4).

Arv og kreditorforfølgning

§ 39k.Ved opphavsmannens død får reglene om arv, ektefellers felleseie og gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo anvendelse på opphavsretten.

Gjennom testament kan opphavsmannen, med bindende virkning også for ektefelle og livsarvinger, gi bestemmelser om utøvelse av opphavsretten eller overlate til en annen å gi slike bestemmelser.

Er opphavsretten ved arv fra opphavsmannen gått over til flere i forening, kreves samtykke fra alle arvingene til verkets første offentliggjørelse hvis de eller opphavsmannen ikke uttrykkelig eller stilltiende har samtykket på forhånd. Ved spørsmål om offentliggjørelse av verket på annen måte eller i en annen form enn tidligere er det likevel tilstrekkelig at det er gitt samtykke fra arvinger som regnet etter arvelodd utgjør et flertall. Ny offentliggjørelse på samme måte kan hver av arvingene forlange eller gi samtykke til. Enhver av arvingene kan påtale krenkelser av opphavsretten. Dette ledd gjelder bare der ikke annet følger av bestemmelse etter andre ledd.

Overtredelse av bestemmelse nevnt i andre ledd eller av bestemmelsene i §§ 3 og 11 andre ledd, kan påtales så vel av gjenlevende ektefelle som av enhver av opphavsmannens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken, eller av den som er oppnevnt i medhold av andre ledd.

Tidligere § 26, endret og gitt nummer 39 j ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995), omnummerert ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 39l.Opphavsmannens rett til å råde over et åndsverk kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen tvangsforfølgning fra kreditorene, verken hos ham selv, eller hos noen som opphavsretten er gått over til ved opphavsmannens død i henhold til § 39k første ledd.

Det samme gjelder om manuskript eller tilsvarende eksemplar, plater, former el som er laget for å tjene som middel ved fremstilling av eksemplar av et bestemt kunstverk, og om kunstverk som ikke er utstilt, frembudt til salg eller på annen måte godkjent til offentliggjørelse.

Tidligere § 29, endret og gitt nummer 39 k ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), omnummerert ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995), endret ved lov 22 des 1995 Nr. 83.

Vederlagskrav ved utleie av film og lydopptak

Overskriften tilføyd ved lov 9 jan 1998 Nr. 4.

§ 39m.Har opphavsmannen overdratt til en tilvirker av film eller lydopptak rett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten ved utleie av en film eller et lydopptak, har opphavsmannen rett til et rimelig vederlag fra tilvirkeren. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes ved avtale.

Tilføyd ved lov 9 jan 1998 Nr. 4 se dens II med overgangsregler.

4. kapitel. Opphavsrettens vernetid.

§ 40.Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. For de verk som er nevnt i § 6, regnes de 70 år fra utløpet av den lengstlevende opphavsmanns dødsår. For filmverk løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av hovedregissøren, forfatteren av filmmanuskript, dialogforfatteren og komponisten av musikk som er frembragt med henblikk på filminnspillingen.

Endret ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572).

§ 41.Når et verk er offentliggjort uten opphavsmannens navn, allment kjente dekknavn eller merke, varer opphavsretten i 70 år etter utløpet av det år da verket først ble offentliggjort. Består verket av flere deler, regnes vernetiden særskilt for hver enkelt del.

Opphavsretten til verk av ukjent opphavsmann varer i 70 år etter utløpet av det år verket ble skapt, dersom ikke verket offentliggjøres i løpet av dette tidsrom.

Hvis opphavsmannen i løpet av dette tidsrom blir navngitt i samsvar med § 7, eller hvis det blir opplyst at han er død før verket ble offentliggjort, bestemmes vernetiden efter § 40.

Endret ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II Nr. 2 e (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572).

§ 41a.Den som første gang rettmessig gjør tilgjengelig for allmennheten et åndsverk som ikke er blitt offentliggjort innen utløpet av vernetiden etter §§ 40 og 41, tilkommer samme rett som en opphavsmann etter § 2. Denne rett varer i 25 år etter utløpet av det år verket første gang ble gjort tilgjengelig for allmennheten.

Tilføyd ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II Nr. 2 f (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572).

5. kapitel. Andre rettigheter.

§ 42.En utøvende kunstner har, innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over sin fremføring av et verk ved å

a) gjøre varig eller midlertidig opptak av fremføringen,

b) fremstille varig eller midlertidig eksemplar av et opptak av fremføringen, og

c) gjøre fremføringen eller opptak av den tilgjengelig for allmennheten. For offentlig fremføring av lydopptak gjelder likevel bestemmelsene i § 45b, med mindre fremføringen skjer på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket.

Vernet etter denne bestemmelse varer i 50 år etter utløpet av det år fremføringen fant sted. Dersom opptaket i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 50 år etter utløpet av det år opptaket første gang ble offentliggjort.

Når eksemplar av et opptak som gjengir en utøvende kunstners fremføring av et verk med kunstnerens samtykke er solgt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan eksemplaret spres videre på annen måte enn ved utleie. Det samme gjelder når kunstneren innenfor dette område har overdratt eksemplar av offentliggjort lydopptak eller film som gjengir slik fremføring.

Når ikke annet er avtalt, omfatter en avtale om innspilling på film av en utøvende kunstners fremføring, også retten til å leie ut eksemplar av filmen.

Bestemmelsene i §§ 2, 3, 6 til 8, 11 til 17, 17b, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 33 til 39c, 39k til 39m og 50 gjelder tilsvarende.

Endret ved lover 21 juni 1985 Nr. 86, 23 des 1988 Nr. 101 (ikr. 1 jan 1989, men forlengelsen av vernetiden fra 25 til 50 år gjaldt ikke når vernetiden etter de eldre regler var løpt ut før 1 jan 1989), 9 juni 1989 Nr. 31 (ikr. 1 jan 1990), 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II som gir den nye vernetid på 50 år anvendelse også for fremføringer som vernetiden etter eldre regler var løpt ut for (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 22 des 1995 Nr. 83, 9 jan 1998 Nr. 4 (se om overgangsregler note til § 39m), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 43.Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser.

Eneretten til et arbeid som nevnt i første ledd varer i 15 år etter utløpet av det år arbeidet ble fremstilt. Dersom arbeidet i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 15 år etter utløpet av det år arbeidet første gang ble offentliggjort. Er arbeid som nevnt foran, helt eller for en del gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.

Bestemmelsene i §§ 2 andre til fjerde ledd, 6 til 8, 11a til 22, 25, 27, 28, 30 til 38b og 39h fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

Avtale som utvider frembringerens rett etter første ledd til et offentliggjort arbeid kan ikke gjøres gjeldende.

Endret ved lover 3 juni 1977 Nr. 51, 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 16 apr 1999 Nr. 19 se dens II med overgangsregler (ikr. straks), 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), 22 des 2006 Nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1533).

§ 43a.Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.

Bestemmelsene i §§ 2 andre til fjerde ledd, 3, 6 til 9, 11 til 21, 23 til 28, 30 til 39f og 39j til 39l, gjelder tilsvarende for fotografiske bilder i samme utstrekning som de gjelder for fotografiske verk.

Er et fotografi gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.

Tilføyd ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II som opphevet den tidligere lov om rett til fotografi av 17 juni 1960 Nr. 1 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), endret ved lover 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), 22 des 2006 Nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1533).

§ 44.Pressemeldinger som efter avtale leveres av utenlandske nyhetsbyråer eller av korrespondenter i utlandet, må ikke uten mottakerens samtykke gjøres tilgjengelige for almenheten gjennom presse eller kringkasting før seksten timer efter at de ble offentliggjort her i riket.

I alle tilfelle hvor presse eller kringkasting gjengir pressemelding fra nyhetsbyrå, avis, tidsskrift eller kringkasting, skal kilden angis slik som god presseskikk krever.

§ 45.En tilvirker av lydopptak og film har, innen de grenser som følger av denne lov, enerett til å råde over opptaket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og å gjøre opptaket tilgjengelig for allmennheten. For offentlig fremføring av lydopptak gjelder likevel bestemmelsene i § 45b, med mindre fremføringen skjer på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket.

Vernet etter denne bestemmelse varer i 50 år etter utløpet av det år innspillingen fant sted. Dersom opptaket i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 50 år etter utløpet av det år opptaket første gang ble offentliggjort.

Når eksemplar av et lydopptak eller en film med tilvirkerens samtykke er solgt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan eksemplaret spres videre på annen måte enn ved utleie. Det samme gjelder når tilvirkeren innenfor dette område har overdratt eksemplar av offentliggjort lydopptak eller film.

Bestemmelsene i §§ 2, 7, 8, 11a til 17, 17b, 18, 21, 22, 25, 27, 28 og 31 til 38b gjelder tilsvarende.

Endret ved lover 20 des 1974 Nr. 64, 21 juni 1985 Nr. 86, 23 des 1988 Nr. 101 (ikr. 1 jan 1989, men forlengelsen av vernetiden fra 25 til 50 år gjaldt ikke når vernetiden etter de eldre regler var løpt ut før 1 jan 1989), 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II her gis den forlengede vernetid virkning også for opptak og film som vernetiden var løpt ut for etter de eldre regler (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 45a.En kringkastingssending eller deler derav må ikke uten kringkastingsforetakets samtykke

a) opptas på innretning som kan gjengi den,

b) utsendes trådløst eller videresendes til allmennheten ved tråd, eller

c) på annen måte i ervervsøyemed gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Er en utsendelse tatt opp på innretning som nevnt i første ledd, må den ikke uten kringkastingsforetakets samtykke overføres til en annen innretning før 50 år er gått etter utløpet av det år den første utsendelsen fant sted.

Kringkastingssending kan på vilkår som fastsettes av Kongen, overføres direkte innen en bedrift eller annen virksomhet gjennom radio- eller fjernsynsmottaker.

Dersom forhandlinger om tillatelse til samtidig og uendret videresending til allmennheten ved tråd av opprinnelig trådløs kringkastingssending nektes eller avtale ikke er inngått innen seks måneder etter at forhandlinger er innledet, kan hver av partene kreve at tillatelse til og vilkårene for videresending fastsettes av en nemnd etter bestemmelsene i § 35 andre ledd.

Bestemmelsene i §§ 7, 8, 11a til 13a, 15, 16, 18, 21 første ledd, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35 og 38 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Tilføyd ved lov 21 juni 1985 Nr. 86, endret ved lover 23 des 1988 Nr. 101 (ikr. 1 jan 1989, men forlengelsen av vernetiden fra 25 til 50 år gjelder ikke når vernetiden etter de eldre regler var løpt ut før 1 jan 1989), 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II her gis den forlengede vernetid virkning også for opptak som vernetiden var løpt ut for etter de eldre regler (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 45b.Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan innenfor det i § 45 nevnte tidsrom mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket.

Så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to eller flere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av vedkommende departement.

Kongen kan gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag. Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig av avgiftsplikten etter § 3 i lov 14. desember 1956 Nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv.

Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav på vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år opptaket ble fremført. Vederlag for videresending kan uansett fordeles etter prinsippene i § 37.

Bestemmelsene i §§ 3, 21, 22 og 25, jf. § 11, og § 39k fjerde ledd, har tilsvarende anvendelse.

Det som er bestemt i denne paragraf gjelder ikke for lydfilm. For offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven, gjelder lov 14. desember 1956 Nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv.

Tilføyd ved lov 9 juni 1989 Nr. 31 (ikr. 1 jan 1990), endret ved lover 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 22 des 1995 Nr. 83, 23 juni 2000 Nr. 52 jf. dens III (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 Nr. 661), 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534).

6. kapitel. Forskjellige bestemmelser.

§ 45c.Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,

b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,

c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller

e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Tilføyd ved lov 23 juni 1995 Nr. 37 som opphevet den tidligere lov om rett til fotografi av 17 juni 1960 Nr. 1 § 15 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), endret ved lov 22 des 2006 Nr. 102 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1533).

§ 46.Et åndsverk må ikke gjøres tilgjengelig for almenheten under en tittel, et dekknavn eller et merke som er egnet til å fremkalle forveksling med tidligere offentliggjort verk eller dets opphavsmann.

§ 47.Andre enn opphavsmannen selv må ikke uten hans samtykke sette hans navn eller merke på eksemplar av et kunstverk.

Opphavsmannens navn eller merke må ikke i noe tilfelle påføres et eftergjort eksemplar således at det kan forveksles med det originale.

§ 48.Selv om opphavsrettens vernetid er utløpet, kan et åndsverk ikke gjøres tilgjengelig for almenheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart, eller på annen måte antas å kunne skade almene kulturinteresser.

Uten hensyn til om vernetiden er utløpet eller ikke kan vedkommende departement, når opphavsmannen er død, forby at et åndsverk gjøres tilgjengelig for almenheten på slik måte eller i slik sammenheng som nevnt i første ledd. Slikt forbud kan departementet også nedlegge på begjæring fra en opphavsmann som lever, dersom verket ikke er vernet her i riket.

Bestemmelsen i § 3, første ledd, får tilsvarende anvendelse, selv om opphavsrettens vernetid er utløpet eller verket er uten vern her i riket.

§ 49.Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse.

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphavsmannen i å gjøre bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom pålegges å gi opphavsmannen slik adgang til eksemplaret som retten finner rimelig. Retten treffer sin avgjørelse under hensyn til alle de foreliggende omstendigheter, og kan gjøre opphavsmannens adgang til eksemplaret avhengig av sikkerhetsstillelse eller stille andre vilkår.

Sak som nevnt i andre ledd kan bare reises av opphavsmannen personlig med samtykke av vedkommende departement.

Endret ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569).

§ 50.Uten hensyn til den måte som formuesforholdet mellom ektefellene er ordnet på, har en opphavsmann som er gift, alltid enerådigheten over sin opphavsrett.

Skiftes felleseie mens opphavsmannen lever, skal opphavsretten holdes utenfor skiftet.

§ 51.Departementet kan for godkjenning etter §§ 13b, 38a, 38c og 45b gi saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse. Unntak fra tjenesteloven § 11 andre ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, herunder hensynet til privatpersoners beskyttelsesverdige interesser.

Opphevet ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995). Se nå § 35. Tilføyd igjen ved lov 19 juni 2009 Nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 Nr. 672).

§ 52.Trykte verk skal være påført opplagsnummer, trykkeri, trykkested og trykkeår. Grafiske verk og trykte gjengivelser av musikkverk skal dessuten være forsynt med fortløpende nummer innen opplaget.

§ 53.Et sakkyndig råd med representanter for opphavsmenn og for erverv som er knyttet til utnyttelsen av åndsverk, bistår vedkommende departement med gjøremål efter denne lov.

Saker om forbud efter § 48 og om saksanlegg efter § 49 skal alltid forelegges for det sakkyndige råd før departementet treffer sin avgjørelse.

Rådet eller et utvalg av dette skal også være pliktig til på oppfordring å avgi sakkyndige uttalelser til bruk for domstolene i spørsmål vedkommende denne lov, og skal likeledes fungere som voldgiftsrett i slike saker, hvis partene er enige om det.

Departementet oppnevner rådets medlemmer og utferdiger forskrifter om rådets organisasjon og virksomhet og om godtgjørelse til medlemmene.

Endret ved lov 14 mai 2004 Nr. 25 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 14 mai 2004 Nr. 751).

6a.- Kapittel. Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon

Kapitlet tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Forbud mot omgåelse mv. av effektive tekniske beskyttelsessystemer

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr.  97.

§ 53a.Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk.

Det er videre forbudt å:

a) selge, leie ut eller på annen måte distribuere,

b) produsere eller innføre for distribusjon til allmennheten,

c) reklamere for salg eller utleie av,

d) besitte for ervervsmessige formål, eller

e) tilby tjenester i tilknytning til innretninger, produkter eller komponenter som frembys med det formål å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer, eller som kun har begrenset ervervsmessig nytte for annet enn slikt formål, eller som i hovedsak er utviklet for å muliggjøre eller forenkle slik omgåelse.

Bestemmelsen i denne paragraf skal ikke være til hinder for forskning i kryptologi. Bestemmelsen i første ledd skal heller ikke være til hinder for privat brukers tilegnelse av lovlig anskaffet verk på det som i alminnelighet oppfattes som relevant avspillingsutstyr. For tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram gjelder i stedet det som er bestemt i § 53c.

Bestemmelsene i første ledd skal ikke være til hinder for eksemplarfremstilling etter § 16.

Tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), endret ved lov 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534).

Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 53b.Rettighetshaver skal påse at den som har lovlig tilgang til et vernet verk, uten hinder av effektive tekniske beskyttelsessystemer kan gjøre bruk av verket, herunder fremstille nye eksemplarer, i henhold til §§ 13a, 15, 16, 17, 17a, 21, 26-28 og 31.

Dersom rettighetshaver etter begjæring fra berettiget etter bestemmelsene ovenfor ikke gir tilgang som nevnt i første ledd, kan han etter begjæring fra den berettigede pålegges å gi slike opplysninger eller annen bistand som er nødvendig for å muliggjøre bruk av verket i samsvar med formålet. Begjæring rettes til nemnd opprettet av departementet etter regler som Kongen gir. Nemnda kan i tillegg til pålegg som nevnt, bestemme at berettiget etter nevnte bestemmelser uten hinder av § 53a kan omgå anvendte tekniske beskyttelsessystemer dersom rettighetshaver ikke overholder den frist nemnda setter for å etterkomme pålegget.

Eksemplar av verk som faller inn under lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument av 9. juni 1989 Nr. 32, skal likevel alltid utstyres med nødvendig informasjon til at omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer for lovlig eksemplarfremstilling, er mulig.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke der vernet verk på avtalte vilkår ved overføring stilles til rådighet for allmennheten på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for datamaskinprogram. Kongen kan fastsette at enkelte institusjoner innen abm-sektoren automatisk får avlevert nødvendig informasjon til at omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer for lovlig eksemplarfremstilling, skal være mulig.

Tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 53c.Omsetning av, eller besittelse i ervervsøyemed av et hvilket som helst middel hvis eneste formål er å gjøre det lettere ulovlig å fjerne eller omgå tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram, er forbudt.

Tidligere § 54a, tilføyd ved lov 4 des 1992 Nr. 128 (ikr. 1 jan 1994). Gjelder datamaskinprogrammer frembrakt, men ikke handlinger utført eller rettigheter ervervet før dette tidspunkt. Omnummerert ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 53d.Det er forbudt uten rettighetshaverens samtykke

a) å fjerne eller endre elektronisk rettighetsinformasjon som rettighetshaveren har føyet til et vernet verk, og som enten inngår i et eksemplar eller fremtrer i forbindelse med at verket gjøres tilgjengelig for allmennheten, eller

b) å innføre et eksemplar for spredning, omsette eller på annen måte gjøre et vernet verk tilgjengelig for allmennheten der elektronisk rettighetsinformasjon er fjernet eller endret i strid med bokstav a dersom handlingen i bokstav a eller b foranlediger, muliggjør, letter eller skjuler en krenkelse av opphavsrett.

Tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

Arbeider vernet etter 5. kapittel

Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97.

§ 53e.Det som i dette kapittel sies om verk, gjelder tilsvarende for arbeider vernet etter 5. kapittel.

Tilføyd ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

7. kapitel. Straff, erstatning og inndragning.

§ 54.Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved:

a) å overtre bestemmelser gitt til vern for opphavsretten i eller i medhold av 1. og 2. kapittel, bestemmelsene i § 39j eller § 41a, eller forbud nedlagt etter § 35 eller § 48, eller bestemmelser utferdiget av opphavsmannen etter § 39k andre ledd,

b) å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av 5. kapittel og kapittel 6a, §§ 45c, 46, 47 eller 48 siste ledd,

c) å innføre eksemplar av åndsverk eller av arbeider og opptak som nevnt i §§ 42, 43, 43a, 45 og 45a i hensikt å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten, når eksemplarene er fremstilt utenfor riket under slike forhold at en tilsvarende fremstilling her i riket ville vært i strid med loven, eller

d) å fremby eller på annen måte gjøre tilgjengelig for allmennheten arbeider eller opptak som er nevnt i §§ 42, 43, 43a, 45 eller 45a, når eksemplarene er fremstilt i strid med disse bestemmelser eller innført i strid med bokstav ci paragrafen her,

e) å innføre eksemplar av opptak som nevnt i § 45 i den hensikt å gjøre dem tilgjengelig for allmennheten i ervervsøyemed, når tilvirkeren ikke har samtykket til innførselen og eksemplar av samme opptak med samtykke av tilvirkeren frembys her i riket.

Departementet kan i forskrifter gjøre unntak fra denne bestemmelsen for innførsel av eksemplar fra nærmere bestemte land.

Ved overtredelse av bestemmelsen i § 12 fjerde ledd, gjelder første ledd i paragrafen her likevel bare dersom handlingen er forsettlig.

Medvirkning til overtredelse som nevnt i første og andre ledd straffes på samme måte.

Er overtredelse som nevnt i første til tredje ledd forsettlig, og foreligger det særlig skjerpende forhold, er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende forhold foreligger, skal det først og fremst legges vekt på den skade som er påført rettshavere og andre, den vinning som lovovertrederen har hatt og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Forsøk på forsettlig overtredelse som nevnt i første til fjerde ledd kan straffes likt med den fullbyrdete overtredelse.

Den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppgi opplysninger som nevnt i § 38c åttende ledd første punktum eller unnlater å påføre de i § 52 nevnte opplysninger på et verk som han forestår trykkingen av, straffes med bøter.

Overtredelse av fjerde ledd jf. femte ledd påtales av det offentlige. Overtredelse av de øvrige bestemmelser i paragrafen her påtales ikke av det offentlige med mindre det begjæres av fornærmede eller en organisasjon, jf. åttende ledd, eller finnes påkrevd av allmenne hensyn.

Er denne lov overtrådt ved at et verk er brukt på en måte som er nevnt i §§ 13b, 14, 16a, 17b, 30, 32 og 34, kan påtale begjæres også av den organisasjon som kan inngå avtale etter § 36, så lenge fornærmede ikke motsetter seg det.

Endret ved lover 21 juni 1985 Nr. 86, 23 des 1988 Nr. 101, 11 juni 1993 Nr. 91, 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 – se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 22 des 1995 Nr. 83, 9 jan 1998 Nr. 4, 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534). Endres ved lov 20 mai 2005 Nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 Nr. 74.

§ 54a. (Opphevet ved lov 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630), se nå § 53 c.)

§ 55.Skade som voldes ved overtredelse som nevnt i § 54 eller ved overtredelse av § 49 første ledd, kan kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Er opphavsmanns eller en utøvende kunstners rett, eller den avbildedes rett etter § 45c, krenket forsettlig eller grovt uaktsomt, kan retten dessuten tilkjenne ham et pengebeløp som oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

Selv om gjerningsmannen har handlet i god tro, kan den fornærmede uansett skadens størrelse kreve utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handling.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke anvendes overfor den som fremstiller eller medvirker til fremstilling av eksemplar i strid med bestemmelsen i § 12 fjerde ledd, med mindre handlingen er forsettlig.

Endret ved lover 23 des 1988 Nr. 101, 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 9 jan 1998 Nr. 4, 17 juni 2005 Nr. 97 se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

§ 56.Alle eksemplar av åndsverk eller annet arbeid som ulovlig er fremstilt, innført eller gjort tilgjengelig for almenheten her i riket, kan inndras ved dom til fordel for den fornærmede eller overdras til ham mot vederlag som ikke overstiger fremstillingsomkostningene. Det samme gjelder trykksatser, klisjéer, former og annet som utelukkende kan tjene til ulovlig fremstilling eller bruk av verket eller arbeidet.

I stedet for inndragning eller overdragelse kan den fornærmede kreve at gjenstanden helt eller delvis skal tilintetgjøres eller gjøres utjenlig til ulovlig fremstilling eller bruk. Hvis betydelige økonomiske eller kunstneriske verdier ville gå tapt, kan likevel retten efter omstendighetene tillate at fremstilte eksemplar gjøres tilgjengelig for almenheten mot erstatning eller oppreisning til fornærmede.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke anvendes overfor den som i god tro har ervervet eksemplar av verket til privat bruk, med mindre det gjelder avstøpning av skulptur. De gjelder heller ikke byggverk, men den fornærmede kan efter omstendighetene kreve endring, erstatning eller oppreisning. Bestemmelsene gjelder dessuten ikke de i § 44 nevnte pressemeldinger.

8. kapitel. Lovens rekkevidde.

§ 57.Denne lovs bestemmelser om opphavsrett får anvendelse på:

a) åndsverk som er skapt av norsk statsborger eller av person som er bosatt her i riket,

b) åndsverk som er utgitt første gang her i riket, eller er utgitt samtidig her og i et annet land,

c) filmverk og fjernsynsverk hvis produsent har sitt hovedsete eller er bosatt her i riket,

d) byggverk som er oppført her i riket,

e) kunstverk og fotografisk verk som er innføyd i bygninger eller faste anlegg her i riket.

Samtidig utgivelse som nevnt i første ledd bokstav b, anses å ha funnet sted når verket utgis her i riket innen 30 dager etter første utgivelse.

Som produsent etter bestemmelsen i første ledd bokstav c anses når ikke annet er opplyst, den hvis navn på vanlig måte er angitt på eksemplar av filmverket.

Bestemmelsen i § 38c får anvendelse på åndsverk som er skapt av norsk statsborger eller av person som er bosatt her i riket.

Bestemmelsene i §§ 46 til 48 gjelder uten de i de foregående ledd fastsatte innskrenkninger.

Bestemmelsen i § 41a får anvendelse på åndsverk som er gjort tilgjengelig for allmennheten av norsk statsborger eller person som er bosatt her i riket, eller av selskap som har norsk styre og sete her i riket.

Endret ved lover 20 des 1974 Nr. 64, 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 22 des 2006 Nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 Nr. 1534).

§ 58.Bestemmelsene i 5. kapittel gjelder, med unntak av §§ 43, 43a og 44 og den i §§ 42 og 45 nevnte spredningsrett, til fordel for arbeid som er frembrakt av:

a) norsk statsborger eller person som er bosatt her i riket,

b) selskap som har norsk styre og sete her i riket.

Bestemmelsene i § 42 og i § 45a gjelder dessuten også for fremføringer og kringkastingssendinger som finner sted i Norge.

Bestemmelsen om spredningsrett i §§ 42 og 45 gjelder for lyd- og filmopptak gjort i Norge. Bestemmelsen i § 45 om rett til eksemplarfremstilling gjelder til fordel for ethvert lyd- og filmopptak. Bestemmelsen i § 43 gjelder for arbeid frembrakt av noen som er statsborger i eller bosatt i eller har sete i et land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bestemmelsen i § 44 gjelder for pressemeldinger som er mottatt i Norge. Bestemmelsen i § 43a gjelder for fotografiske bilder som første gang er utgitt her i riket eller som er laget av noen som er statsborger i eller bosatt i eller har sete i et land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Det samme gjelder for fotografier innføyd i bygninger eller faste anlegg i et land innenfor nevnte område.

Bestemmelsen i § 45c gjelder avbildninger av person som er eller har vært bosatt her i riket.

Endret ved lover 20 des 1974 Nr. 64, 23 des 1988 Nr. 101, 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 16 apr 1999 Nr. 19 se dens II med overgangsregler.

§ 58a.Når verk eller prestasjoner kringkastes over satellitt fra et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kommer denne lov til anvendelse dersom satellitten mottar signalene fra Norge eller kringkastingssendingen foretas etter oppdrag fra et kringkastingsforetak som har sitt hovedsete her i riket. Denne bestemmelse gjelder bare dersom senderlandets regler om retten til kringkasting av verk og prestasjoner ikke gir tilsvarende vern som etter denne lov.

Tilføyd ved lov 2 juni 1995 Nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569).

§ 59.Under forutsetning av gjensidighet kan Kongen gi forskrifter om hel eller delvis anvendelse av lovens regler i forhold til verk med en nærmere bestemt tilknytning til fremmed stat.

Kongen kan videre bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde åndsverk utgitt av mellomfolkelig organisasjon og ikke utgitte verk som slik organisasjon har utgivelsesretten til.

Bestemmelsen har tilsvarende anvendelse på de i 5. kapitel omhandlede arbeider.

Av hensyn til overenskomst med fremmed stat kan Kongen videre gi særskilte bestemmelser om avtaler om overdragelse av rett til innspilling av verk for film og fjernsyn, herunder hvilke verk reglene skal gjelde for.

Endret ved lov 20 des 1974 Nr. 64.

§ 60. Loven gjelder også åndsverk og andre arbeider fra før lovens ikrafttredelse.

Eksemplar som er lovlig fremstilt før lovens ikrafttreden, kan fremdeles spres til allmennheten eller vises offentlig, likevel slik at bestemmelsene om utleie i §§ 19, 42 og 45 og bestemmelsene i § 19 om utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram får anvendelse også i disse tilfelle.

Endret ved lover 23 des 1988 Nr. 101, 2 juni 1995 Nr. 27 se dens III (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 569), 23 juni 1995 Nr. 37 – se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 Nr. 572), 17 juni 2005 Nr. 97 – se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 Nr. 630).

9. kapitel. Lovens ikrafttreden og endringer i andre lover.

§ 61.Denne lov trer i kraft 1. juli 1961.

Samtidig oppheves lov om åndsverker av 6. juni 1930.

Henvisninger i andre lover til Lov av 6. juni 1930 eller til Lov om forfatterrett og kunstnerrett av 4. juli 1893 med endringslov av 25. juli 1910 skal gjelde de tilsvarende bestemmelser i denne lov.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Resolución 412/1999 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que aprueba recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo sobre comercio electrónico del Ministerio de Economía (Boletín Oficial de 9 de abril de

Resolución 412/1999 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que aprueba recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo sobre comercio electrónico del Ministerio de Economía (Boletín Oficial de 9 de abril de 1999).

VISTO el Decreto número 1081 del 14 de septiembre de 1998 y el Primer Informe de Progreso del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO:

Que el mundo está evolucionando muy rápidamente y una parte muy importante de estos cambios se deben al desarrollo incesante de la tecnología y la informática.

Que el fomento y desarrollo del comercio electrónico es de significativa importancia para la inserción de nuestro país en el mundo del nuevo milenio, como así también para el crecimiento de nuestro comercio exterior.

Que ha surgido una nueva economía digital que está desarrollando conceptos innovadores e impensables hasta no hace mucho tiempo.

Que en el mes de julio de 1998 se creó, en el ámbito de este Ministerio el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior, integrado por las distintas dependencias gubernamentales vinculadas al comercio con el objetivo de formular un informe sobre la situación actual del tema en el país.

Que en el mes de septiembre de ese año, el mencionado Grupo de Trabajo presentó el Primer Informe de Progreso sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior, publicado en el sitio de Internet de este Ministerio.

Que a raíz del Primer Informe se encomendó la formulación de recomendaciones para el diseño de políticas públicas para impulsar el desarrollo de esta nueva herramienta de progreso.

Que para la elaboración de las mencionadas recomendaciones, se contó con la colaboración de organizaciones representativas de los sectores interesados del ámbito privado.

Que esta medida se enmarca dentro de lo dispuesto por los artículos 3° y 4° del Decreto número 1081 del 14 de septiembre de 1998.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto en virtud del artículo 19 de la Ley de Ministerios.

Por ello,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RESUELVE:


Artículo 1º.
Apruébanse las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior de este Ministerio que como anexo integra la presente resolución.

Artículo 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Dr. Roque Benjamín Fernandez, Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

ANEXO

1) RECOMENDACIONES EN MATERIA DE POLITICA COMERCIAL

Encomendar a la Subsecretaría de Comercio Exterior:

– Diseñar e implementar estrategias de difusión y capacitación de los aspectos vinculados con el comercio electrónico, de alcance nacional, las que estarán dirigidas principalmente a los organismos y cámaras empresariales vinculadas al comercio exterior de las provincias. Estas acciones deberían ser mancomunadas con el sector privado vinculado con el comercio electrónico, a los efectos de lograr la sinergia necesaria para un mayor impacto de esta política.

– Incorporar los temas de comercio electrónico al Programa «Educar para exportar» anunciado por la mencionada subsecretaría.

– Diseñar e implementar un relevamiento periódico de información (cuantitativa y cualitativa) sobre la utilización del mecanismo de comercio electrónico por parte de empresas argentinas para vincularse con el mercado internacional, con el objeto de conformar una base de datos que pueda servir a múltiples fines, en particular evaluar el nivel, composición y evolución de la utilización del comercio electrónico como instrumento para el comercio exterior.

Encomendar a la Subsecretaría de Comercio Exterior y recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:

– Diseñar e implementar una red nacional por Internet que vincule los diferentes organismos de comercio exterior de las provincias, de la Subsecretaría de Comercio Exterior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, posibilitando futuros enlaces con cámaras, empresas, universidades y otras instituciones.

– Profundizar el estudio y comprensión del significado y alcance de los compromisos contraídos por la República Argentina en relación con el comercio exterior, en el marco del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, así como su interrelación con el resto de los Acuerdos OMC que pudieran estar involucrados (tal el caso del Acuerdo sobre Aspectos de Comercio y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), visto la complejidad de los mismos y las dificultades, reconocidas mundialmente en precisar terminologías y alcances.

– Realizar un minucioso seguimiento, con participación en las negociaciones de las discusiones multilaterales que se llevan a cabo en el transcurso del año 1999, priorizando las correspondientes a Organización mundial de Comercio (OMC) y Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

– Establecer mecanismos de cooperación con Gobiernos extranjeros y/u organismos internacionales, así como con la comunidad universitaria nacional a fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos señalados en este acápite.

– Establecer un mecanismo de intercambio de información con el gobierno de la República Federativa de Brasil a los efectos de definir un programa de trabajo conjunto sobre comercio electrónico y comercio exterior y su eventual ampliación de dicho programa a los otros países miembro del Mercosur.

Encomendar a la Subsecretaría de Política Tributaria:

– Coordinar un relevamiento de las normas y procedimientos aduaneros vigentes así como de los sistemas informáticos a los efectos de determinar:

– El tipo y magnitud de los impactos que podría ocasionar un crecimiento sustancial de operaciones de comercio exterior a través del comercio electrónico

– Recomendaciones de modificaciones que convendría introducir para hacer frente a dichos impactos.

2) RECOMENDACIONES EN MATERIA JURIDICA

A. Privacidad y Seguridad

Recomendar al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de la Función Pública:

– Establecer normas que brinden protección a la privacidad de datos de los usuarios y consumidores que efectúen operaciones en línea.

– Adoptar como método para otorgar seguridad a las transacciones electrónicas a la firma digital basada en la criptografía de clave pública siguiendo las tendencias adoptadas en los países que están a la vanguardia en la materia. A fin de otorgar mayor seguridad y eficacia al método descripto es necesario crear una legislación que contemple la existencia de autoridades certificantes, así como su implementación tanto en el ámbito público como en el privado.

B. Propiedad Intelectual

Encomendar al Instituto Nacional de Propiedad Industrial y recomendar al Ministerio de Justicia (Dirección Nacional de Derechos de Autor):

– Ampliar la legislación vigente en materia de marcas y derechos de autor a fin de actualizarlas a las necesidades de nuestros tiempos.

– Otorgar una tutela legal efectiva a la protección de los contenidos que se distribuyen en línea mediante protecciones electrónicas insertas en sus archivos por los propietarios y distribuidores.

– Establecer disposiciones específicas con respecto a la relación entre marcas comerciales y direcciones en Internet con el objeto de proporcionar seguridad jurídica a los comerciantes y consumidores, evitando abusos por parte de terceros.
Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:

– Propiciar la pronta adhesión de la Argentina a los nuevos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como así también, el apoyo de nuestro país a las propuestas de trabajo que tiendan a establecer un régimen de protección internacional a la base de datos originales y a las interpretaciones audiovisuales.

C. Protección de los consumidores

Encomendar a la Subsecretaría de Comercio Interior:

– Replantear las normas tradicionales de protección de consumidores analizando los eventuales problemas de jurisdicción, de prestación de servicios en línea, del control de la calidad, así como también el respeto a los principios de la lealtad comercial y el control de la publicidad engañosa.

D. Aspectos financieros

Encomendar a la Subsecretaría de Bancos y Seguros:

– Iniciar un estudio comparado sobre el marco normativo del tratamiento de los usuarios bancarios de comercio electrónico.

Recomendar al Banco Central de la República Argentina:

– Continuar con el análisis y eventualmente crear los medios que tiendan a la implementación de los mecanismos electrónicos de pago acorde con las necesidades actuales.

– Supervisar la actividad bancaria privada de modo tal de asegurar el cumplimiento de los requisitos de confianza y seguridad.

– Prevenir la utilización de los medios electrónicos de pago para la realización de actividades ilícitas, tales como lavado de dinero en lo relacionado al comercio electrónico.

3) RECOMENDACIONES EN MATERIA DE POLITICA TRIBUTARIA

Encomendar a la Subsecretaría de Política Tributaria:

– Realizar un estudio a fin de:

– Examinar el impacto que puede producirse con los impuestos al consumo (generalizados o selectivos), impuesto a la renta y acuerdos internacionales de doble imposición, particularmente el tema de los precios de transferencia, el concepto de identificación del contribuyente, establecimiento permanente y fuente.

– Analizar los efectos que puede causar en la recaudación y administración de los impuestos la eliminación de la intermediación que resulta del comercio electrónico, acrecentado por las pequeñas sumas que implican la mayoría de las operaciones y la eliminación de puntos de recaudación.

– Desarrollar un consenso entre gobierno y el sector privado para atenuar los efectos negativos que Internet puede producir en los sistemas impositivos-aduaneros y las prácticas de auditoría generalmente aceptadas, teniendo en cuenta particularmente que la naturaleza del sistema es tal que no tiene localización física, resultando difícil la identificación de los usuarios, eliminando puntos de retenciones impositivas y desarrollando los pagos electrónicos, desplazando el efectivo, cheques y tarjetas de crédito que constituyen aproximadamente el 90 % de las transacciones financieras.

– Establecer nuevos métodos que permitan obtener información y evidencias de los contribuyentes y terceros involucrados en las transacciones, dentro de los poderes conferidos por las leyes impositivas y aduaneras, a fin de mantener una neutralidad en el sistema tributario.

– Distinguir, con relación a los efectos impositivos, entre «mercaderías» y servicios», siendo la clasificación de «mercaderías» utilizada para referirse a la existencia de un bien físico que implica necesariamente «transporte».

– Establecer los siguientes criterios para que la administración fiscal busque los caminos apropiados para el tratamiento de las transacciones realizadas por Internet;

– El sistema tributario debería ser equitativo y neutral, tratando que contribuyentes en similares situaciones tuviesen una carga fiscal de similar intensidad.

El sistema debería ser simple y el costo de la recaudación fiscal minimizada.

Las reglas debería proveer seguridad jurídica para los contribuyentes, conociendo con certeza que operaciones estarán sujetas a imposición.

Cualquier sistema adoptado debería ser efectivo, determinando el impuesto correcto y su hecho imponible. La potencial evasión y elusión debería ser minimizada.

Las distorsiones económicas debería ser amortiguadas para evitar que decisiones comerciales tengan efectos impositivos no previstos en el ámbito local e internacional.

Cualquier carga tributaria debería armonizar con los principios y tratados internacionales vigentes en materia fiscal, asegurando neutralidad en la imposición entre distintos países.

01Ene/14

Código de Conducta del Banco Central Europeo 2201

1. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

 

El presente Código de conducta (en lo sucesivo denominado «el Código») servirá de guía en materia de ética profesional a todas las personas empleadas por el Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados «los destinatarios») y, asimismo, servirá de referencia a los ciudadanos en general sobre el tipo de conducta que cabe esperar del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominado «el BCE») en su trato con terceros. El Código hace referencia explícita a las normas y principios deontológicos que el BCE considera de obligado cumplimiento para los destinatarios, y clarifica qué criterios han de servir de referencia para evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones ya asumidas por los destinatarios. El Código se basa en los contratos laborales de los miembros del Comité Ejecutivo, en las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominadas «las Condiciones de Contratación») y en todos los textos que los desarrollan, sin perjuicio de lo prescrito en los mismos. Asimismo, el Código fija orientaciones y establece normas y principios deontológicos, así como criterios de referencia, aplicables a los miembros del Comité Ejecutivo del BCE.

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS

 

Los destinatarios deberán guardar absoluta lealtad al BCE, actuar con rectitud, independencia, imparcialidad y discreción, sin atender a ningún tipo de interés personal ni nacional, mantener una conducta profesional intachable y evitar cualquier situación que pudiera suscitar conflictos de intereses.

 

Se alienta a los destinatarios a que en sus relaciones personales en el BCE se conduzcan como europeos y ciudadanos de la Unión Europea, evitando cualquier tipo de prejuicio nacional, se inspiren en el patrimonio cultural común de los Estados miembros y logren crear un grado de cooperación en el trabajo y de espíritu de equipo que trascienda las diferencias culturales.

 

2.1. Igualdad de trato y prohibición de cualquier forma de discriminación

Los destinatarios evitarán cualquier forma de discriminación, en particular la basada en motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad física, orientación sexual, opiniones políticas, posturas filosóficas o convicciones religiosas.

 

El BCE no tolerará el acoso sexual o psicológico ni los actos de intimidación del tipo que sean. La legislación comunitaria define el acoso sexual como «la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados» (1). Los destinatarios deberán mostrar consideración y respeto para con los demás y abandonar cualquier actitud estimada ofensiva por otra persona a la primera indicación de ésta. Los destinatarios no sufrirán ningún tipo de perjuicio por impedir o denunciar actos de acoso o intimidación.

 

(1). Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (DO L 49 de 24.2.1992, p. 1).

 

2.2. Diligencia, eficacia, responsabilidad

Los destinatarios deberán desempeñar en todo momento con diligencia, eficacia y hasta el límite de sus posibilidades, las funciones y tareas que se les encomienden, así como ser plenamente conscientes de la importancia que revisten éstas. Asimismo, habrán de tener presente el grado de moralidad que esperan de ellos los ciudadanos y con su comportamiento mantendrán y acrecentarán la confianza de dichos ciudadanos en el BCE, contribuyendo a una gestión eficaz de éste.

 

2.3. Observancia de las leyes

De conformidad con el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas, los privilegios e inmunidades de que gozan los destinatarios les son concedidos únicamente en interés del BCE y no les eximen de cumplir sus obligaciones en el ámbito privado ni de observar las leyes nacionales pertinentes. En particular, los destinatarios deberán respetar en su integridad las leyes penales y los reglamentos de policía vigentes en Alemania.

 

3. RELACIONES CON EL MUNDO EXTERIOR

 

3.1. Independencia

3.1.1. Rechazo de influencias externas

 

El artículo 7 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados «los Estatutos») consagra el principio de independencia. En todas las relaciones que mantengan con el exterior, los destinatarios deben respaldar el compromiso del BCE de actuar conforme al principio de independencia y, en consecuencia, no podrán recabar ni aceptar instrucciones procedentes de ningún Gobierno, ni de administraciones, organizaciones o personas ajenas al BCE.

 

3.1.2. Negociación de eventuales empleos fuera del BCE

 

Los destinatarios deberán conducirse con integridad y discreción en las negociaciones que mantengan sobre eventuales empleos y cuando acepten otros puestos profesionales tras el cese de sus funciones en el BCE, en particular si se trata de puestos ofrecidos por una entidad financiera o por un proveedor del BCE. Desde el momento en que se inicien las negociaciones, o surjan perspectivas en este sentido, se espera que los destinatarios se abstengan de intervenir en cualquier asunto que pudiera tener conexión con su futura empresa, siempre que por esta causa se les pudiese atribuir un conflicto de intereses o un abuso del cargo que desempeñen en el BCE.

 

3.1.3. Regalos y honores

 

Resulta incompatible con el principio de independencia cualquier intento de solicitar, recibir o aceptar de un subordinado, o de cualquier fuente ajena al BCE, algún tipo de ventaja, recompensa, retribución o regalo, en dinero o en especie, cuyo valor exceda de una cantidad ínfima, o de los límites acostumbrados, y guarde algún tipo de relación con la actividad ejercida por el destinatario dentro del BCE.

 

Antes de aceptar la concesión por autoridades nacionales de honores o condecoraciones ligados al ejercicio de sus funciones en el BCE, los destinatarios deberán notificarlo al presidente del BCE y obtener su consentimiento.

 

3.1.4. Actividades ajenas al servicio

 

Los destinatarios podrán desarrollar fuera del horario de trabajo actividades no remuneradas y de índole no financiera, ya sea en la esfera cultural, científica, docente, deportiva, benéfica, religiosa, o en obras sociales y otro tipo de voluntariado, siempre que dichas actividades no entorpezcan el cumplimiento de las obligaciones de los destinatarios con el BCE. De conformidad con las condiciones de contratación, el desarrollo fuera del horario de trabajo de actividades remuneradas de esta u otra naturaleza requerirá autorización previa.

 

Los destinatarios deberán mostrar una actitud comedida y prudente en sus actividades políticas con objeto de mantener la independencia y neutralidad del BCE en este ámbito. En particular, el BCE no es partidario de que sus directivos ocupen cargos de relevancia en partidos políticos. Los destinatarios no deberán ejercer actividades políticas en horario de trabajo ni utilizar para ello los medios o instalaciones propiedad del BCE.

 

Los destinatarios podrán mantener relación con asociaciones académicas y contribuir a su desenvolvimiento, tanto en el plano material como científico. En especial, los destinatarios, previa autorización del comité ejecutivo, podrán dedicarse a la investigación, pronunciar conferencias, escribir artículos o libros o ejercer una actividad similar que tenga por objeto cuestiones relacionadas con el ámbito de su trabajo. Sin embargo, es necesario puntualizar que las colaboraciones de los destinatarios en el terreno académico o científico se efectuarán a título personal y no comprometerán al BCE. Los destinatarios no deberán figurar en ningún caso como representantes de la posición institucional del BCE, salvo que previamente hayan recibido autorización para ello.

 

Los destinatarios no recibirán ningún tipo de remuneración, pecuniaria o en especie, por actividades externas como las descritas, desarrolladas en el desempeño de sus funciones, salvo el estricto reembolso de los gastos en que hayan incurrido, a menos que recibieren del Comité Ejecutivo la oportuna autorización para ello.

 

3.2. Confidencialidad y acceso público a la documentación

El secreto profesional, prescrito en el artículo 38 de los Estatutos, en las condiciones de contratación y en todos los textos que los desarrollan, encierra la prohibición de revelar información confidencial obtenida por los destinatarios en el desempeño de sus funciones. Los destinatarios tienen la obligación de solicitar permiso para prestar declaración como testigos, o aportar otro tipo de pruebas, en causas judiciales y ese permiso se les concederá siempre que la negativa en este sentido pudiera exponerles a responsabilidades penales. Esta obligación no se aplica en el caso de que los destinatarios reciban una citación para testificar, o aportar otro tipo de prueba, ante el Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas en un asunto que enfrente al BCE y a un miembro, o antiguo miembro, de su personal.

 

La obligación de guardar secreto profesional se entenderá sin perjuicio del acceso público a la información y los documentos según se regula en la Decisión del BCE de 3 de noviembre de 1998 (BCE/1998/12 y modificaciones subsiguientes).

 

3.3. Relaciones con los ciudadanos

3.3.1. Principios fundamentales

 

En su trato con los ciudadanos los destinatarios deberán tener como pautas de conducta la disponibilidad, la eficacia, la corrección y la cortesía. En la medida de lo posible, los destinatarios deben cerciorarse de que el público reciba la información solicitada. Tanto la información proporcionada como, en su caso, el motivo que justifique la negativa a proporcionarla, se expondrán de forma clara y comprensible.

 

3.3.2. Protección de datos

 

Los destinatarios encargados de manejar datos personales de un ciudadano respetarán los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(1). En particular, los destinatarios evitarán el tratamiento de los datos personales con fines ilegítimos o su comunicación a personas no autorizadas.

 

(1) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

 

3.3.3. Vías de recurso

 

Los destinatarios deben cerciorarse de que toda decisión del BCE que pudiere lesionar los derechos o contravenir los intereses de terceros, haga referencia a las posibles vías para oponerse a dicha decisión, así como los órganos competentes para conocer de los recursos y los plazos para ejercitarlos.

 

3.4. Contactos con los medios de comunicación

Los destinatarios deberán abstenerse de conceder entrevistas o facilitar información de tipo extraoficial (es decir, toda aquella que no esté a disposición del público), por propia iniciativa o previa invitación de los medios de comunicación, sin haber recibido antes autorización para ello. En las relaciones sociales que mantengan con las personas que trabajen para los medios de comunicación, los destinatarios darán muestras de la máxima discreción respecto de las cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo denominado «el SEBC»).

 

3.5. Relaciones con los bancos centrales nacionales

Las relaciones de los destinatarios con sus colegas de los bancos centrales nacionales (BCN) que forman parte del SEBC deberán estar guiadas por un espíritu de estrecha cooperación y regirse por los principios de prohibición de cualquier forma de discriminación, igualdad de trato y ausencia de parcialidad por motivos nacionales, sin perjuicio de mantener la confidencialidad en los casos en que resulte necesario. En este contexto, hay que tener presente que no todos los miembros de SEBC forman parte del Eurosistema, lo que tiene consecuencias de orden institucional en cuanto al alcance de esta cooperación.

 

Los destinatarios han tener presente, en cualquier contacto que mantengan con los BCN, su deber de lealtad con el BCE y la posición de imparcialidad de este último dentro del SEBC.

 

3.6. Instituciones y organismos europeos y autoridades nacionales

Los contactos, oficiales o no, que se mantengan con representantes de instituciones u organismos europeos y de las autoridades nacionales deben reflejar siempre la posición oficial del BCE, si la hubiere; en ausencia de dicha posición, los destinatarios podrán expresar opiniones personales pero salvaguardando explícitamente la posición del BCE sobre una cuestión determinada. Los contactos con las instituciones y los organismos europeos requerirán especial atención y un elevado grado de disponibilidad, pero siempre dentro del máximo respeto por la independencia del BCE y el mantenimiento del secreto profesional prescritos en los Estatutos.

 

Los destinatarios tienen la obligación de poner en conocimiento de sus superiores cualquier intento de ejercer presiones ilegítimas sobre el BCE en relación con el desempeño de las funciones asignadas a éste.

 

3.7. Actividades financieras de ámbito privado y conflictos de intereses

Las tareas y actividades del BCE entrañan la realización de transacciones financieras con las entidades financieras, así como un conjunto de relaciones económicas de diversa índole: también presuponen el análisis previo y la preparación de decisiones que pueden incidir en la evolución de los mercados. En estas y otras actividades profesionales, los destinatarios deberán mantener una posición que les permita actuar con imparcialidad y plena independencia.

 

3.7.1. Deber de evitar posibles conflictos de interés

 

Los destinatarios deben evitar cualquier situación que pudiera originar un conflicto de intereses, entendiendo por tal cualquier situación en que los destinatarios tengan intereses privados o personales capaces de influir en la imparcialidad y objetividad requeridas en el desempeño de sus funciones. Por intereses privados o personales se entenderá cualquier ventaja que pudiera derivarse para los propios destinatarios, sus familiares o su círculo de amigos y conocidos.

 

3.7.2. Información sobre licitaciones de suministro de bienes y servicios

 

En el curso de los procedimientos de licitación pública los destinatarios utilizarán exclusivamente en sus comunicaciones los canales oficiales y evitarán facilitar información verbalmente.

 

3.7.3. Abuso de información privilegiada

 

Los destinatarios se atendrán a las normas que establezca el Comité Ejecutivo sobre abuso de información privilegiada.

 

3.8. Relaciones con grupos de presión

Las relaciones con los grupos de presión deben basarse en el respeto a las normas deontológicas elementales. Los destinatarios se cerciorarán de que todo representante de un grupo de presión se identifique como tal, exponga claramente la calidad en la que actúa, y dé a conocer el nombre de cualquier otro destinatario al que se haya dirigido en relación con el mismo asunto.

 

4. RELACIONES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

 

4.1. Lealtad y cooperación

El deber de lealtad supone para los destinatarios, no sólo desempeñar las tareas que les hayan encomendado sus superiores y cumplir las instrucciones impartidas por estos últimos y las instancias jerárquicas pertinentes, sino también adoptar un talante abierto, de asesoramiento y ayuda, así como una actitud de transparencia, en el trato con sus superiores y demás compañeros de trabajo. En particular, los destinatarios deben mantener informados del trabajo en curso a los compañeros que tengan relación con el mismo y permitir su contribución. Actitudes como ocultar información a superiores o compañeros que pudieran perjudicar el desarrollo del trabajo, especialmente con el propósito de obtener un beneficio personal, o bien facilitar datos falsos, inexactos o distorsionados, negarse a colaborar con los compañeros o practicar cualquier tipo de obstrucción, resultan contrarias al tipo de lealtad que cabe esperar de los destinatarios.

 

En el envío de comunicaciones deberá respetarse convenientemente la vía jerárquica. Los documentos se remitirán con copia a todos los compañeros que tengan relación con el objeto de los mismos. Los directivos darán instrucciones claras y comprensibles, oralmente o por escrito, a los destinatarios que trabajen con ellos.

 

4.2. Uso de los recursos del BCE

Los destinatarios están obligados a respetar y velar por la conservación de los bienes del BCE y a impedir que los medios e instalaciones de éste sean utilizados por terceros. El material y las instalaciones, del tipo que sean, se ponen a disposición de los destinatarios para uso oficial, salvo que la correspondiente reglamentación interna o la costumbre permitan el uso privado de los mismos, o así se decida discrecionalmente.

 

Los destinatarios deberán tomar también todas las medidas oportunas y razonables para restringir en la medida de lo posible los gastos del BCE, con el fin de que los recursos disponibles se utilicen de manera óptima.

 

5. APLICACIÓN

 

5.1. Cometido de los destinatarios

La correcta aplicación del presente Código depende ante todo de la profesionalidad, la conciencia y el buen criterio de los destinatarios.

 

Además de mantener la actitud vigilante que se espera de ellos, los destinatarios que ocupen posiciones de autoridad deberán dar ejemplo en lo relativo al cumplimiento de los principios y criterios expuestos en el presente Código.

 

5.2. Asesor en cuestiones deontológicas

Los destinatarios que alberguen dudas sobre la aplicación del Código de conducta deben exponerlas al Asesor en cuestiones deontológicas mencionado en el Reglamento de personal. No se someterá a los destinatarios a ningún procedimiento disciplinario por incumplimiento de sus obligaciones con el BCE cuando su comportamiento se ajuste plenamente al dictamen del Asesor en cuestiones deontológicas y a las normas interpretativas de ética profesional desarrolladas por éste. Este asesoramiento, sin embargo, no eximirá al destinatario de su responsabilidad ante terceros.

 

5.3. Distribución y publicación

El presente Código se distribuirá a todos y cada uno de sus destinatarios y se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

 

Artículo 1.2 del Reglamento del personal del BCE, relativo a la conducta y el secreto profesionales

(2001/C 76/12)

 

1.2. Conducta y secreto profesionales

Las letras b), c) y f) del artículo 4, y la letra b) del artículo 5 de las Condiciones de contratación se aplicarán con arreglo a las normas siguientes.

 

1.2.1. El Comité Ejecutivo nombrará a un asesor en cuestiones deontológicas que proporcionará orientación en todo lo relacionado con la conducta y el secreto profesionales y, en particular, velará por la interpretación uniforme de las normas del BCE sobre el uso de información privilegiada. Sin perjuicio de dichas obligaciones, el asesor en cuestiones deontológicas establecerá criterios éticos interpretativos, y desempeñará el cargo con estricta sujeción al deber de confidencialidad.

 

1.2.2. Por «retribución, recompensas o regalos» se entenderá todo beneficio pecuniario o de otra índole.

 

1.2.3. El personal invitado a asistir a un acto en calidad oficial no aceptará remuneración de ninguna especie.

 

1.2.4. Por cortesía, el personal podrá aceptar regalos simbólicos y las atenciones sociales ordinarias.

 

1.2.5. En la duda, el personal pedirá permiso al director o director general correspondiente antes de aceptar un regalo o unas atenciones sociales determinadas, o, si ello no fuere posible, les informará inmediatamente de su recepción.

 

1.2.6. Sin la autorización previa del Comité Ejecutivo, el personal no publicará obras o artículos, ni dará conferencias, que versen sobre el BCE o sus actividades.

 

1.2.7. Dada la posición del BCE y la importancia económica y financiera general de las cuestiones de las que se ocupa, el personal mantendrá el secreto profesional de la información relativa a dichas cuestiones.

 

1.2.8. Por información relativa a las cuestiones de las que se ocupa el BCE (información privilegiada), se entenderá la información de que tenga conocimiento un empleado del BCE relativa a la gestión del BCE o a cualesquiera de sus operaciones (incluidos los proyectos de operaciones), que resulte de los objetivos y funciones del BCE y que sea confidencial o afecte o pueda considerarse que afecta a decisiones que deba adoptar el BCE. La información privilegiada relativa a las cuestiones de las que se ocupa el BCE puede ser de muy diversas clases y proceder de cualquier país o servicio del BCE. La enumeración que al respecto figura a continuación no tiene, por lo tanto, carácter exhaustivo:

 

– cambios de la política monetaria o cambiaría del Eurosistema o de otros bancos centrales del mundo,

 

– cambios en los agregados monetarios mensuales, las balanzas de pagos o las reservas de divisas, o en otros datos económicos o financieros de gran influencia en los mercados,

 

– cambios normativos inminentes,

 

– información de gran influencia en los mercados relativa a debates y negociaciones mantenidos en foros internacionales,

 

– decisiones de administración interna adoptadas por el BCE.

 

No infringe estas normas quien divulga información en el ejercicio ordinario de su cargo.

 

1.2.9. Se prohíbe al personal la utilización por sí o por terceros de la información privilegiada a la que tenga acceso, incluso en cualesquiera operaciones privadas que realice por cuenta y riesgo propios o de terceros. Son terceros, entre otros, los cónyuges, las parejas reconocidas, los padres, los hijos, otros parientes, los compañeros de trabajo y las personas jurídicas.

 

1.2.10. Se prohíbe expresamente al personal que se sirva por sí o por terceros de su cargo y funciones en el BCE o de la información privilegiada de que tenga conocimiento, para, por cuenta y riesgo propios o de terceros, según se definen en el párrafo anterior, adquirir o enajenar cualesquiera activos (como los valores negociables, las divisas y el oro) o derechos (como los que nacen de los contratos de derivados u otros instrumentos financieros análogos) directamente relacionados con esa información. La prohibición comprende toda operación financiera (de inversión), entre otras:

 

– la inversión en valores (acciones, bonos, certificados de opción, opciones, futuros u otros valores en el más amplio sentido de la expresión, y contratos para la suscripción, compra y enajenación de esos valores),

 

– contratos sobre índices relativos a esos valores,

 

– operaciones de tipos de interés,

 

– operaciones de divisas,

 

– operaciones de mercaderías.

 

1.2.11. Se prohíbe la negociación a corto plazo (es decir, la compra y posterior venta en el plazo de un mes), con fines especulativos, con cualesquiera activos (como los valores negociables, las divisas y el oro) o derechos (como los que nacen de los contratos de derivados u otros instrumentos financieros análogos), salvo que el interesado demuestre objetivamente el carácter no especulativo y la necesidad de la negociación.

 

1.2.12. Se prohíbe al personal servirse de cualesquiera elementos de la infraestructura técnica destinada a las operaciones financieras del SEBC para realizar operaciones financieras privadas por cuenta y riesgo propios o de terceros, según se definen en el artículo 1.2.9.

 

La «infraestructura técnica destinada a las operaciones financieras del SEBC» comprenderá los teléfonos de contratación Bosch, el sistema de télex, todos los sistemas por los que se acceda a servicios de información financiera, como Bloomberg y Reuters, TOP, BI, EBS, Finance KlT y SWIFT, y los servicios que los sustituyan en el futuro.

 

Se prohíbe asimismo la utilización de teléfonos móviles en la sección de la Sala de Mercado asignada a la Sala de Operaciones y en los locales de la División de Gestión de Recursos Propios, salvo en situaciones de urgencia y con arreglo a las normas pertinentes del BCE.

 

1.2.13. El personal que en virtud del desempeño de su cargo, profesión o funciones tuviere acceso ordinario a información privilegiada sobre las operaciones financieras del SEBC, designado según lo dispuesto en el artículo 1.2.14, se abstendrá de realizar directa o indirectamente, el mismo día que el SEBC, toda operación respecto de activos (como los valores negociables, las divisas y el oro) o derechos (como los nacidos de contratos de derivados o instrumentos financieros análogos) semejantes a aquéllos con los que negocie el SEBC ese día, sea por cuenta y riesgo propios o de terceros, según se definen en el artículo 1.2.9.

 

1.2.14. El Comité Ejecutivo decidirá qué empleados se considerará que, en virtud del desempeño de su cargo, profesión o funciones, tienen acceso ordinario a información privilegiada sobre la política monetaria o cambiaría del BCE o las operaciones financieras del SEBC. La decisión del Comité Ejecutivo se incorporará automáticamente al Reglamento del personal.

 

Esos empleados proporcionarán individualmente cada seis meses al auditor externo del BCE, con carácter confidencial, la información siguiente:

 

– relación de sus cuentas bancarias, incluidas las de custodia y las mantenidas con agencias de valores,

 

– relación de poderes aceptados de terceros respecto de cuentas bancarias de éstos, incluidas las de custodia,

 

– instrucciones generales dadas a terceros en quienes hayan delegado la gestión de sus carteras de valores(1).

 

Proporcionarán además a petición del auditor externo del BCE los documentos siguientes:

 

– los relativos a las compraventas de activos (como los valores negociables, las divisas y el oro) o derechos (como los nacidos de contratos de derivados o instrumentos financieros análogos) concluidas por cuenta y riesgo propios o de terceros, según se definen en el artículo 1.2.9,

 

– los estados de cuentas bancarias, incluidas las de custodia y las mantenidas con agencias de valores; los documentos de constitución o modificación de hipotecas u otros préstamos por cuenta y riesgo propios o de terceros, según se definen en el artículo 1.2.9,

 

– los documentos relacionados con la gestión de sus planes de jubilación, incluido el del BCE.

 

Toda la información facilitada al auditor externo del BCE se tratará confidencialmente. Sin embargo, en el informe que el auditor externo del BCE presente a la Dirección de auditoria Interna del BCE para que se investigue más a fondo un asunto determinado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.16, se incluirá la información obtenida de los interesados.

 

(1). El personal a que se refiere el artículo 1.2.14 podría considerar la posibilidad de delegar la gestión de sus carteras de valores en terceros, tales como gestores de fideicomisos «ciegos», fondos de inversión, etc.

 

1.2.15. Si el auditor externo del BCE tuviere indicios racionales de que las normas que anteceden, así como las recomendaciones y criterios éticos interpretativos del asesor en cuestiones deontológicas, se han infringido, podrá pedir a cualquier empleado del BCE toda la información pertinente. El interesado proporcionará al auditor externo del BCE, con carácter confidencial y previa petición motivada de éste, toda la información relativa a lo siguiente:

 

– todas sus cuentas bancarias, incluidas las de custodia y las mantenidas con agencias de valores,

 

– todas sus inversiones en activos (como los valores negociables, las divisas y el oro) o derechos (como los nacidos de contratos de derivados o instrumentos financieros análogos) realizadas por cuenta y riesgo propios o de terceros, según se definen en el artículo 1.2.9, en el período que señale el auditor externo del BCE,

 

– sus operaciones respecto de planes de jubilación, incluido el del BCE,

 

– los poderes aceptados de terceros respecto de cuentas bancarias de éstos, incluidas las de custodia.

 

Toda la información facilitada al auditor externo del BCE se tratará confidencialmente. Sin embargo, en el informe que el auditor externo del BCE presente a la Dirección de auditoria Interna del BCE para que se investigue más a fondo un asunto determinado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.16, se incluirá la información obtenida del interesado.

 

1.2.16. El auditor externo del BCE denunciará todo incumplimiento de las normas que anteceden a la Dirección de auditoria Interna del BCE para que lo investigue. El auditor externo del BCE no denunciará actividades financieras privadas que se ajusten plenamente a las recomendaciones y criterios éticos interpretativos del asesor en cuestiones deontológicas. Este informará inmediatamente al auditor externo del BCE de todas las recomendaciones y criterios éticos interpretativos que adopte. El auditor externo del BCE informará de la denuncia al interesado, que podrá presentar alegaciones a la Dirección de auditoria Interna del BCE.

 

La denuncia del auditor externo del BCE, incluida la información facilitada por el interesado, podrá utilizarse en un proceso sancionador con sujeción a lo dispuesto en la parte 8 de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, y, en la medida en que lo exija la legislación aplicable, en todo proceso entablado ante otra autoridad por supuesta infracción del derecho penal interno.

 

1.2.17. Todo empleado que tuviere dudas acerca de la aplicación de las normas que anteceden (por ejemplo, de si una operación determinada supone abusar de información privilegiada) las expondrá al asesor en cuestiones deontológicas. La realización de operaciones financieras privadas que se ajusten plenamente a las recomendaciones y criterios éticos interpretativos del asesor en cuestiones deontológicas no dará lugar a procesos sancionadores contra el personal por incumplimiento de sus obligaciones. No obstante, esas recomendaciones no eximirán al personal de responsabilidad fuera del ámbito del BCE.

 

 

01Ene/14

Resolución Defensorial nº 021-2008/DP de 12 de agosto de 2008, que aprueba la Directiva nº 001-2008-DP que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo y sus anexos. (El Peruano, 16

Lima, 12 de agosto de 2008

VISTOS:

El Memorando nº 491-2008-DP/PAD – que adjunta el Memorando nº 458-2008-DP/OAJ – mediante el cual se solicita la elaboración de la resolución que apruebe la Directiva que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo, el mismo que fue remitido por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales a través del Memorando nº 60-2008-DP/AAC; y la modificación del artículo 13º de la Directiva nº 01-2005-DP, aprobado por la Resolución Defensorial nº 04-2005-DP, que fue propuesto por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad mediante el Memorando nº 115-2008-DP/ADHPD;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo, encargado de velar por la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía;

Que, en observancia del literal 5) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo, mediante Resolución Defensorial nº 041-2001/DP, aprobó la Directiva sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo el procedimiento administrativo para el acceso del ciudadano a la información pública que produzca o tenga en su poder esta institución;

Que, con la entrada en vigencia de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada por la Ley nº 27927, ambas integradas en el Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo nº 043-2003-PCM, se hizo necesaria la actualización de la referida Directiva, que motivó la emisión de la Resolución Defensorial nº 007-2003/DP para garantizar la transparencia e inmediatez en el acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo;

Que, posteriormente, se emitió la Resolución Defensorial nº 019-2005/DP, mediante la cual se precisaron criterios para el cobro de los costos de reproducción por la obtención de la información pública que obra en la Defensoría del Pueblo, conforme a lo establecido en el artículo 20º del referido Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que, según los documentos de vistos, se solicita emitir la resolución que apruebe una nueva directiva, con sus respectivos anexos, que regule el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo;

Que, es conveniente aprobar una nueva directiva que recoja, sistematice y actualice lo regulado anteriormente respecto al procedimiento de acceso a la información pública que se sigue en la Defensoría del Pueblo, a fin de adecuar la atención al ciudadano y seguimiento del referido procedimiento a las nuevas exigencias y necesidades provenientes del desarrollo y crecimiento institucional;

Que, por otro lado, según los documentos de vistos, se solicita modificar el artículo 13º de la Directiva nº 01-2005-DP, aprobado por la Resolución Defensorial nº 04-2005-DP, mediante la cual se establecen las normas para la verificación de la situación de ausencia por desaparición forzada y para la expedición de la constancia correspondiente;

Que, según lo indicado en los documentos de vistos, es preciso modificar el plazo establecido en el artículo 13º de la mencionada Directiva; a fi n de que el plazo para la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos para la obtención de la constancia de ausencia por desaparición forzada sea de ciento cuarenta (140) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud;

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley nº 28413, Ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el período 1980-2000, se ha establecido, en la citada Directiva nº 01-2005-DP, el procedimiento administrativo de verificación y expedición de constancia de ausencia por desaparición forzada, para garantizar una atención adecuada y satisfacer el interés de los ciudadanos que acuden a la Defensoría del Pueblo para obtener las referidas constancias;

Que, se ha visto por conveniente modificar el artículo 13º de la precitada Directiva, a fi n de establecer el tiempo razonable de tramitación de la indicada constancia en la medida de que su emisión implica la coordinación con otras entidades estatales, lo que contribuirá a la predictibilidad y certeza en la atención de las solicitudes de constancia por desaparición forzada presentadas por los ciudadanos a la Defensoría del Pueblo;

Que, esta modificación resulta conforme al artículo 35º de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece la posibilidad de regular plazos a través de las resoluciones correspondientes de la institución;

Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Adjuntía para los Asuntos Constitucionales, de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por los literales d) y m) del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la Resolución Defensorial nº 0039-2006/DP y conforme a lo establecido en el literal 5) del artículo 5º de la Constitución Política del Perú, en el Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo nº 043-2003-PCM, en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo nº 072-2003-PCM, en la Ley nº 28413, Ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el período 1980-2000 y en el artículo 35º de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva nº 001- 2008 /DP, Directiva que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo y los siguientes Anexos que forman parte de la citada Directiva:

Anexo I : Formulario de Solicitud de Acceso a la Información Pública.

Anexo II : Formato de Acta de Entrega de Información Pública.

Anexo III : Formato de Liquidación de costos de reproducción.

Artículo Segundo.- MODIFICAR el artículo 13º de la Directiva nº 01-2005-DP, aprobado por la Resolución Defensorial nº 04-2005-DP, mediante el cual se establecen las normas para la verificación de la situación de ausencia por desaparición forzada y para la expedición de la constancia correspondiente, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 13º.- Plazo para resolver la solicitud

El plazo para resolver la solicitud de Constancia de Ausencia por Desaparición Forzada es de 140 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud»

Artículo Tercero.- DÉJENSE SIN EFECTO las resoluciones defensoriales nº 041-2001/DP, nº 007-2003/DP y nº 019-2005/DP y demás normas que se opongan a la Directiva aprobada en el artículo primero de la presente resolución.

Artículo Cuarto.– DISPONER que los adjuntos/as, jefes/as de las oficinas defensoriales, comisionados/as encargados de los módulos de atención, Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas y el/la coordinador/a del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, promuevan la difusión y publiquen en lugares visibles de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, el texto de la presente resolución y la Directiva aprobada en el primer artículo de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO

Defensora del Pueblo

DIRECTIVA nº 001-2008/DP

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1. OBJETIVO

La presente directiva tiene como objetivo establecer el procedimiento que debe observar el personal de la Defensoría del Pueblo, en relación con la atención de solicitudes que los ciudadanos presenten respecto de la información que la Defensoría del Pueblo produzca o tenga en su poder, en tanto ésta constituye información pública.

2. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú del año 1993.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Declaración de Chapultepec.

Principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Principios de Lima.

Addendum al Octavo Principio de Lima sobre excepciones al acceso a la información por razones de seguridad nacional.

Resolución 1932 sobre «Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia» aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Resolución 2058 sobre «Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia« aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

– Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley nº 26520.

– Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley nº 27658.

– Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley nº 27785.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley nº 27806.

– Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley nº 27815.

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley nº 27444.

– Ley del Silencio Administrativo, Ley nº 29060.

– Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo nº 043-2003-PCM.

– Reglamento de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo nº 072-2003-PCM.

– Lineamientos para la elaboración y aprobación de TUPA y el establecimiento de disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, aprobado mediante el Decreto Supremo nº 079-2007-PCM.

– Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante la Resolución Defensorial nº 0039-2006/DP.

– Directiva nº 001-2004/DP-ADDHH que establece las normas para la organización y funcionamiento del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante la Resolución Defensorial nº 010-2004-DP.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en la presente directiva serán de aplicación en las Oficinas Defensoriales, los Módulos de Atención, la Oficina de Administración y Finanzas, el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos y en las demás dependencias de la Defensoría del Pueblo, en lo que les fuera aplicable.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

4.1 Acceso directo.- Aquella posibilidad que tiene el ciudadano de solicitar información pública y obtener la misma de manera inmediata durante los horarios de atención de la Defensoría del Pueblo.

4.2 Centro de Atención Virtual.- Medio de comunicación informática mediante el cual los ciudadanos pueden acceder en línea a los servicios que brinda la Defensoría del Pueblo, siendo uno de ellos el requerir información pública. Para ello, los interesados pueden dirigir su solicitud de información pública a la dirección electrónica: [email protected]

4.3 Centro de Información para la Memoria Colectiva.- órgano adscrito a la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad que tiene como objetivo específico brindar a las autoridades, víctimas y sus familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos, investigadores, periodistas y público en general, un servicio de información especializado del acervo documental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de las ex Fiscalías Especiales de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Ministerio Público y de la información producida por la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos.

4.4 Comisión de Transparencia Institucional.- Órgano colegiado encargado de resolver los recursos de apelación presentados por los solicitantes respecto a la denegatoria de sus solicitudes de acceso a la información pública. Estará conformada de manera permanente por los siguientes órganos defensoriales:

a) Un representante de la Primera Adjuntía, quien la presidirá.

b) Un representante de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

c) Un representante de la Adjuntía para la Administración Estatal.

En el caso de abstención o impedimento de alguno de los órganos defensoriales anteriormente señalados, se incorporará a uno de los siguientes en el orden de prelación que se indica:

a) Un representante de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

b) Un representante de la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente.

4.5 Costo de reproducción.- Monto económico que debe pagar el solicitante de información pública para cubrir los gastos que directa y exclusivamente están vinculados a la reproducción de la información solicitada. El costo de reproducción constituye el derecho de trámite que se exige en el procedimiento de acceso a la información pública contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

4.6 Formulario de solicitud de acceso a la información pública.- Formato mediante el cual se solicita acceder a la información pública, consignando todos los datos requeridos por el referido documento.

Sin perjuicio de ello, el solicitante también podrá utilizar cualquier otro escrito que contenga los mismos requisitos para solicitar la información pública. El formulario puede ser obtenido de manera directa en las Oficinas respectivas de la Defensoría del Pueblo o a través del portal electrónico de la institución: www.defensoria.gob.pe.

4.7 Responsable de entregar la información pública.- Funcionario encargado de atender las solicitudes de acceso a la información pública y en consecuencia, brindar la información que la dependencia a su cargo posee o hubiere producido u obtenido en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, debe cumplir las funciones contenidas en el artículo 5º del Reglamento de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.8 Información pública.- Aquella contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada, producida u obtenida por la Defensoría del Pueblo o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Asimismo, se considera información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público y por la cooperación internacional que sirva como base de una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

4.9 Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.- Sitio web de acceso directo que permite a cualquier usuario disponer en tiempo real de información que produce o posee la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de sus funciones. En dicho portal se puede encontrar el formato de solicitud de información pública que se presenta a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a ley.

4.10 Solicitante.– Cualquier persona natural, incluidos los menores de edad, o persona jurídica, que requiere información a la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública contenido en el numeral 5) del artículo 2º de la Constitución Política.

No se encuentran comprendidas las entidades públicas o funcionarios y servidores públicos de las mismas, pues la información solicitada se rige por el deber de cooperación entre entidades públicas, contemplado en el artículo 76º de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.11 Recurso de Apelación.- Medio impugnatorio mediante el cual el solicitante puede manifestar su disconformidad en los siguientes casos:

a) Denegatoria de entrega de la información pública solicitada, ya sea o no fundamentada.

b) Denegatoria de entrega de la información pública producida por silencio administrativo negativo, al haberse vencido el plazo de entrega establecido en la ley.

c) Entrega incompleta o imprecisa de la información solicitada

d) Otros casos que el solicitante considere pertinente.

4.12 Unidad de recepción de solicitudes.- Área al interior de la Defensoría del Pueblo que está a cargo del registro del ingreso de las solicitudes de información pública presentadas, así como de la salida de aquellos documentos emitidos para brindar atención a las referidas solicitudes.

En las Adjuntías y Programas ubicados en la sede central de la Defensoría del Pueblo, la unidad de recepción de solicitudes es el Área de Trámite Documentario y Archivo.

En las Oficinas Defensoriales, Módulos de Atención y en las Adjuntías y Programas que no se encuentren en la sede central, la unidad de recepción de solicitudes es el Área de Trámite Documentario, si es que hubiera, o en su defecto, la secretaria y/o asistente encargado de la recepción, registro y trámite documentario.

En el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, la unidad de recepción de solicitudes de información pública será el Área de Expedientes, el Área de Audiovisuales o el Área de Biblioteca y Hemeroteca, según corresponda.

5. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PRODUZCA O POSEA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

5.1 Presentación de la solicitud

5.1.1 Unidades de recepción de solicitudes

Las solicitudes de acceso a la información pública pueden ser presentadas de forma escrita o verbal en las unidades de recepción de solicitudes de las siguientes unidades orgánicas:

a) Oficinas Defensoriales

b) Módulos de Atención

c) Adjuntías y Programas ubicados en la sede central

d) Adjuntías y Programas ubicados fuera de la sede central

e) Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos

Las solicitudes de acceso a la información pública enviadas a través de correo electrónico serán tramitadas por el Centro de Atención Virtual.

Las unidades orgánicas que estén a cargo de recibir y entregar la información requerida, deben orientar a los solicitantes sobre el procedimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información pública contenido en la presente Directiva.

5.1.2 Formas de presentación de las solicitudes

Las personas pueden solicitar, sin la necesidad de explicar la causa, la información pública que produzca o posea la Defensoría del Pueblo de las siguientes formas:

a) Por escrito: El solicitante podrá utilizar el Formulario correspondiente al Anexo I de la presente directiva, el mismo que podrá ser obtenido en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo (http://www.defensoria.gob.pe) o en la unidad orgánica en el que se inicie el trámite, según corresponda. Las Unidades de Recepción de Solicitudes deben facilitar el Formulario respectivo a todas aquellas personas que deseen obtener información que posea o produzca la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, el solicitante podrá utilizar cualquier otro escrito distinto al formulario indicado, siempre que éste contenga los requisitos señalados en el punto 5.3 de la presente Directiva.

b) Verbalmente: El solicitante podrá solicitar información pública de manera verbal, siempre y cuando se trate de una solicitud de acceso directo, para lo cual será atendido de manera inmediata, consignando los datos que el representante de la Defensoría del Pueblo le solicite.

La atención de la solicitud de información pública deberá constar en una «Acta de entrega de información pública», debidamente firmada por el solicitante o con la consignación de su huella digital, si es que no pudiera firmar.

c) De forma electrónica: El solicitante podrá pedir información pública enviando un correo electrónico al Centro de Atención Virtual: [email protected]. Para ello podrá utilizar el Formulario respectivo o en todo caso podrá efectuar su solicitud con los requisitos necesarios para la atención de su pedido, de acuerdo con lo señalado por la presente Directiva.

El Centro de Atención Virtual deberá dar el trámite correspondiente a todas las solicitudes de acceso a la información pública que reciba a través de su correo electrónico y para ello remitirá inmediatamente las solicitudes a los respectivos responsables de brindar la información pública solicitada.

5.2 Funcionario responsable de atender las solicitudes

Los funcionarios responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública son los siguientes:

a) Jefes/as de las Oficinas Defensoriales.

b) Comisionados/as encargados de los Módulos de Atención.

c) Jefe/Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas.

d) Adjuntos/Adjuntas de la Defensoría del Pueblo.

e) Jefe/Jefa de Programa, en tanto no esté adscrito a una Adjuntía.

f) Responsable del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos.

5.3 Requisitos de la solicitud

El Formulario de solicitud de acceso a la información pública contenido en el Anexo I de la presente Directiva debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Nombre del funcionario responsable de entregar la información. Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del funcionario o lo hubiera hecho de forma incorrecta, las unidades de recepción de solicitudes deberán canalizar la solicitud al funcionario responsable.

b) Nombres y apellidos completos o la razón social del solicitante.

c) Número de documento de identidad del solicitante.

En caso de ser menor de edad, no será necesario la presentación de dicho documento.

d) Domicilio actual del solicitante.

e) Número de teléfono, de ser el caso.

f) Correo electrónico, en caso de que el solicitante requiera que la información solicitada sea enviada por este medio.

g) Si la solicitud se presenta de forma escrita, entonces, se requerirá la firma de solicitante o huella digital, si es que no pudiera firmar.

h) Expresión concreta y precisa del pedido de información.

i) Si el solicitante conoce la dependencia que posee la información, deberá indicarlo en la solicitud.

5.4 Subsanación de requisitos

En caso se consigne de manera errónea un requisito o no se cumpla con indicarlo, el funcionario responsable de atender la solicitud de acceso a la información pública, deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo de 48 horas desde la presentación. Si el funcionario responsable no requiere la referida subsanación en el plazo indicado, se entenderá por admitida la solicitud presentada.

Asimismo, el plazo que tiene el solicitante para subsanar la solicitud es de 48 horas. De no efectuarse dicha subsanación, se dará por no presentada la solicitud, procediéndose al archivo de la misma.

5.5 Entrega gratuita de la información solicitada

La información pública solicitada podrá ser entregada de manera gratuita en los siguientes casos:

a) Cuando la información debe ser enviada por correo electrónico.

b) Cuando el solicitante proporciona el soporte (hojas, disquete, CD, USB, etc.)

c) Cuando la información debe ser entregada en una (1) hasta diez (10) copias simples o fedateadas.

d) Cuando la información debe ser enviada por fax hasta un límite de tres (3) hojas.

e) Cuando se entreguen informes defensoriales.

f) Cuando la información es solicitada por ciudadanos en especial estado de vulnerabilidad o pobreza, previa resolución autoritativa del órgano que corresponda.

5.6 Entrega de la información con pago de costos de reproducción:

En caso de que la solicitud de información pública genere un costo de reproducción para la Defensoría del Pueblo, el funcionario responsable de entregar la información realizará la liquidación respectiva, de acuerdo a la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Defensoría del Pueblo.

Dichos costos de reproducción variarán según el soporte en el que será entregado.

La liquidación de los costos de reproducción deberá ser puesta a disposición del solicitante en la unidad de recepción de solicitudes correspondiente o será comunicada mediante correo electrónico, si así lo requiere el solicitante, a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud o de subsanada la misma. En caso de prórroga, la liquidación deberá ser puesta a disposición del solicitante a más tardar en el décimo día hábil de presentada la solicitud o de subsanada la misma.

Cancelado el costo de reproducción, el solicitante deberá exhibir el recibo de pago ante la unidad de recepción de solicitudes. El funcionario o servidor responsable de dicha unidad tomará nota de los datos del recibo de pago o lo reproducirá, e informará del pago realizado al funcionario responsable de entregar la información. Bajo ningún concepto, la unidad de recepción de solicitudes correspondiente exigirá al solicitante una copia del recibo de pago.

Una vez realizado el pago, el funcionario responsable de entregar la información deberá poner la reproducción de la información a disposición del solicitante a través de la unidad de recepción de solicitudes. Dicho funcionario sólo ordenará su reproducción cuando la liquidación hubiere sido cancelada.

Si el solicitante no cancelara la liquidación, o habiéndola cancelado, no requiriera la entrega de la información, dentro del plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de haber sido puesta a disposición la liquidación o la información, según corresponda, el funcionario responsable de entregar la información archivará la solicitud de acceso a la información.

5.7 Plazo para entregar la información pública

El funcionario responsable deberá entregar la información solicitada en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días hábiles adicionales, siempre y cuando existan circunstancias que justifiquen dicha prórroga.

En el supuesto de que la institución no posea la información solicitada, pero conozca cuál es su ubicación y destino, se deberá comunicar esta circunstancia al solicitante.

5.8 Prórroga del plazo para entregar la información pública

Si no se puede entregar la información solicitada en el plazo previsto en la ley, el funcionario responsable de entregar la información deberá informar de la prórroga de dicho plazo al solicitante hasta el sexto día de entregada su solicitud o de subsanada la misma. Asimismo, deberá comunicarle la fecha en la que se pondrá a su disposición la liquidación del costo de reproducción, de ser el caso.

Las razones por las que se hará uso de tal prórroga deberán comunicarse por escrito al solicitante antes del vencimiento del plazo indicado, pues de no hacerlo se considerará denegado el pedido.

5.9 Excepciones para la entrega de la información pública solicitada

La denegatoria del acceso a la información solicitada debe estar debidamente fundamentada en las excepciones de los artículos 15º a 17º de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalándose expresamente y por escrito las razones por las que se recurre a una o más excepciones y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.

5.10 Información que no posee la Defensoría del Pueblo

La solicitud de información no implica la obligación de la Defensoría del Pueblo de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el funcionario responsable deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.

Asimismo, los solicitantes tampoco podrán exigir que se efectúen evaluaciones o análisis de la información que posea la Defensoría del Pueblo.

5.11 Impugnación de la denegatoria de acceso a la información pública

El solicitante puede interponer el recurso de apelación respectivo en los siguientes casos:

a) Denegatoria de entrega de la información pública solicitada, ya sea fundamentada o no, de acuerdo a ley.

b) Denegatoria de entrega de la información pública producida por silencio administrativo negativo, al haberse vencido el plazo de entrega establecido en la ley.

c) Entrega incompleta o imprecisa de la información solicitada.

d) Otros casos que el solicitante considere pertinente.

5.12 Órgano que resuelve el recurso de apelación

El recurso de apelación será resuelto por la Comisión de Transparencia Institucional, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del recurso. Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la Comisión de Transparencia Institucional no se pronuncia en el plazo anteriormente indicado, el solicitante podrá considerar que ha sido denegado su recurso, agotándose la vía administrativa, pudiendo iniciar las acciones legales que le otorga la ley.

6. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

El funcionario público responsable de brindar la información pública que produzca o posea la Defensoría del Pueblo, que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta, o responda a la solicitud de información pública sin fundamento u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de lo señalado en la presente Directiva o en la Ley nº 27806 y su Reglamento, será sancionado por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciado penalmente por la comisión del delito de Abuso de Autoridad.

7. INFORME ANUAL A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Todos los órganos defensoriales encargados de entregar la información pública, deberán registrar las solicitudes atendidas y no atendidas de acceso a la información pública, en la Base de Transparencia incluida en el Sistema de Información Defensorial (SID), de acuerdo con los lineamientos elaborados por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El registro de dichas solicitudes servirá para la elaboración del Informe Anual que la Defensoría del Pueblo debe presentar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los pedidos de acceso a la información pública que nuestra institución recibe cada año, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

8. DISPOSICIONES FINALES

La Primera Adjuntía será responsable de supervisar, evaluar y tomar las acciones que correspondan para el estricto cumplimiento de la presente Directiva.

El incumplimiento de la presente Directiva, constituirá falta grave que será investigada y sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del mencionado Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, y demás normas aplicables.

9. ANEXOS

Anexo I : Formulario de Solicitud de Acceso a la Información Pública.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo nº 043-2003/PCM)

nº DE REGISTRO

FORMULARIO

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN:

II. DATOS DEL SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

D.N.I./L.M./C.E./OTRO

Domicilio

AV/CALLE/JR/PSJ. nº/DPTO./INT. DISTRITO URBANIZACIÓN

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con una «X»)

COPIA SIMPLE DISQUETE CD CORREO ELECTRÓNICO OTRO

APELLIDOS Y NOMBRES

______________________________________

_____________________

FIRMA

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

OBSERVACIONES . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anexo II : Formato de Acta de entrega de información pública.

ACTA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA
nº de Registro…..……………
-Nombre del solicitante o recurrente.………………………………………………………..
-DNI y Domicilio Actual………………………………………………………………………..
-Nombre del responsable
de entregar la información pública……………………………………………………………
Siendo las ……… horas, con ……. minutos, del mes de …………..…….… del ………, el comisionado que suscribe
la presente acta, en representación del funcionario responsable de entregar la información solicitada, hizo entrega
de
1:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
cumpliendo con el requerimiento de Acceso a la Información Pública del solicitante, quien queda conforme con la
información brindada.
_______________________
2
_______________________
3
Nombre del Comisionado: Nombre del Solicitante:
DNI:

1.- Indicar de forma clara la información pública entregada.
2.- El espacio ha sido consignado para la firma del comisionado, debiendo además ingresar su nombre en la parte inferior.
3.- En caso de no poder firmar, colocar huella digital.

 

Anexo III : Formato de Liquidación de costos de reproducción.

FORMATO DE LIQUIDACIÓN POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Art. 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (aprobado por el Decreto Supremo nº 043-2003-PCM)

Recibo nº                                                            Fecha
Funcionario Responsable                                     Unidad Orgánica
Nombre del solicitante
Medio de entrega          Copia Simple   CD     Diskette      Casette (Audio)      Casette (Video)
Costo Unitario
Unidades
Subtotal
Total a pagar

01Ene/14

Dictamen 97/1 de la Comisión Europea

Dictamen 97/1 sobre las iniciativas canadienses relativas a la normalización en materia de protección de la intimidad, aprobada por el Grupo de Trabajo el 29 de mayo de 1997

COMISIÓN EUROPEA

DIRECCIÓN GENERAL XV

Mercado Interior y Servicios Financieros

Libre circulación de la información, Derecho de sociedades e información financiera

Libre circulación de la información, protección de datos y sus aspectos internacionales

XV/5023/97 final Corr ES

WP 2 Grupo de Trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales

DICTAMEN 1/97 sobre las iniciativas canadienses relativas a la normalización en materia de protección de la intimidad

Aprobado por el Grupo de Trabajo el 29 de mayo de 1997

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, creado en virtud de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 19951,,visto el artículo 29 y la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 30 de la citada Directiva, visto su Reglamento Interno y, en particular, los artículos 12 y 14 del mismo, toma nota de los trabajos realizados en Canadá con vistas a la fijación de criterios de calidad para la protección de la intimidad2, toma nota asimismo de la iniciativa de la Organización Internacional de Normalización (ISO) tendente a desarrollar y adoptar normas internacionales, considera que dichas iniciativas contribuyen de manera importante a la protección de los derechos fundamentales y la intimidad a escala internacional.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1997

Por el Grupo de Trabajo

El Vicepresidente

L. CADOUX

1 DO L281 de 23.11.1995, p. 31.

2 Véase «Model Code for the Protection of Personal Information, a National Standard for Canada»,

CAN/CSA-Q830-96.

 

 

 

01Ene/14

Resolución de Superintendencia nº 019-2000/SUNAT, de 27 de enero de 2000, que establece disposiciones y aprueban formularios para la declaración del impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio gravable 1999. Establece el Programa de Declaración Telem

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 79º del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo nº 054-99-EF, establece que las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta, balances y anexos se deberán presentar en los medios, condiciones, formas, plazos y lugares que determine la SUNAT;

Que el citado artículo faculta a la SUNAT a establecer o exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada del Impuesto a la Renta, en los casos que estime conveniente, a efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del impuesto;

Que por su parte, el Artículo 88º del TUO del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo nº 135-99-EF, señala que la Administración Tributaria podrá establecer para determinados deudores la obligación de presentar la declaración tributaria por medios magnéticos, entre otros, en las condiciones que se señale para ello;

Que mediante Resolución de Superintendencia nº 002-2000/SUNAT se aprobaron las normas sobre la forma y condiciones generales referidas a la utilización de Programas de Declaración Telemática – PDT para la presentación de declaraciones tributarias;

Que resulta necesario establecer el medio, condiciones, forma, plazos y lugares para la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 1999;

Que asimismo, se requiere señalar el valor de la UIT aplicable al Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio gravable 1999, de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Supremo nº 023-96-EF;

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 79º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el Artículo 88º del TUO del Código Tributario y de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 11º del Decreto Legislativo nº 501 y el inciso p) del Artículo 6º del TUO del Estatuto de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia nº 041-98/SUNAT y su modificatoria;

 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DEFINICIONES

Para efecto de la presente resolución se tendrán en consideración las siguientes definiciones:

a) Impuesto: Impuesto a la Renta.

b) Declaración: Declaración Anual del Impuesto correspondiente al ejercicio gravable de 1999.

c) PDT-Renta 99: Programa de Declaración Telemática del Impuesto correspondiente al ejercicio gravable de 1999. Es el medio informático desarrollado por la SUNAT para la Declaración de las rentas de tercera categoría que hayan obtenido los deudores tributarios en dicho ejercicio.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la presente resolución.

Artículo 2º.- APROBACIÓN DE FORMULARIOS

Apruébase los siguientes formularios:

1. Formulario nº 173: Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta. Personas Naturales 1999.

2. Formulario nº 174: Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta. Tercera Categoría 1999.

Artículo 3º.- MEDIOS PARA DECLARAR

Los deudores tributarios efectuarán la Declaración mediante los formularios aprobados en el artículo 2º ó empleando el PDT-Renta 99, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º.

La Declaración efectuada mediante el PDT-Renta 99 es una Declaración Determinativa de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 1º de la Resolución de Superintendencia nº 002-2000/SUNAT.

Artículo 4º.- OBLIGADOS A DECLARAR MEDIANTE EL PDT- RENTA 99

Los deudores tributarios que hayan obtenido rentas de tercera categoría, que se encuentren obligados a presentar la Declaración, deberán utilizar el PDT-Renta 99 cuando cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Que sean considerados como principales contribuyentes.

2. Que se encuentren obligados a presentar el PDT de Remuneraciones en aplicación de la Resolución de Superintendencia nº 080-99/SUNAT, modificada por la Resolución de Superintendencia nº 018-2000/SUNAT, aún cuando la Declaración se presente antes de la fecha de vencimiento a que se refiere el artículo 8º. Se consideran dentro del presente numeral a aquellos sujetos que hubieran estado obligados a presentar el PDT de Remuneraciones en cualquier mes anterior a la fecha de la presentación de la Declaración.

3. Que hayan sido requeridos por la SUNAT para presentar la Declaración Anual de Operaciones con Terceros y/o la Declaración Anual de Agentes de Retención. Para los efectos de esta norma se consideran incluidos en el presente numeral tanto a los sujetos requeridos por las operaciones del ejercicio 1998 como a los obligados a presentar la Declaración Anual de Operaciones con Terceros y/o la Declaración Anual de Agentes de Retención de conformidad con las Resoluciones de Superintendencia nºs 003-2000/SUNAT y 004-2000/SUNAT.

4. Que hubieren suscrito convenios de estabilidad jurídica y/o tributaria que estuvieran vigentes al 01.01.99.

5. Que sean deudores tributarios cuyos accionistas, socios, principal o casa matriz tributan en el exterior por las rentas generadas por dichos deudores tributarios, y que optaron, mediante la presentación del Anexo a que se refiere el Decreto Supremo nº 020-99-EF, por utilizar como crédito contra el IEAN el monto efectivamente pagado por concepto de pagos a cuenta del Impuesto del ejercicio 1999.

6. Que sean empresas industriales establecidas en la Zona de Frontera y Selva, comprendidas dentro de los alcances del Artículo 71º de la Ley nº 23407, así como los deudores tributarios a que se refiere el numeral 1.1 del Artículo 1º de la Ley nº 27158 y el segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley nº 27037, modificada por el Artículo 2º de la Ley nº 27158.

7. Que sean deudores tributarios ubicados en la Amazonía exonerados del Impuesto o que calculen su Impuesto considerando la tasa del 5% ó 10% de acuerdo a su ubicación geográfica, por realizar las actividades señaladas en los numerales 11.1 del Artículo 11º y 12.1, 12.3 y 12.4 del Artículo 12º de la Ley nº 27037. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

8. Que se encuentren acogidos a la Ley de Promoción del Sector Agrario – Decreto Legislativo nº 885 modificado por la Ley nº 26865, que hubiesen presentado el Formulario nº 4888 y que calculen su impuesto anual con la tasa del 15%.

9. Que realicen inversiones al amparo de lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley de Promoción del Sector Agrario. Decreto Legislativo nº 885, modificado por la Ley nº 26865.

10. Que de acuerdo a las normas específicas tengan derecho a crédito tributario contra el Impuesto por la realización de inversiones o reinversiones.

11. Que realicen inversiones al amparo de lo dispuesto en el inciso b) de la Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias de la Ley nº 27037.

Los deudores tributarios que, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior no se encuentren obligados a utilizar el PDT-Renta 99, podrán optar por cumplir con la obligación de presentar su Declaración mediante dicho medio informático.

Artículo 5º.- DECLARACIÓN DE LOS DEUDORES TRIBUTARIOS UBICADOS EN LA ZONA DE FRONTERA Y SELVA

Los deudores tributarios a que se refiere el numeral 6 del artículo 4º deberán presentar su Declaración a través del PDT-Renta 99 en la forma que corresponda a los deudores tributarios ubicados en la Amazonía que aplican una tasa del 5% ó 10%, según sea el caso.

Artículo 6º.- NORMAS APLICABLES PARA LA DECLARACIÓN DE LAS RENTAS DISTINTAS A LAS DE TERCERA CATEGORÍA.  DOMICILIADOS EN EL PAIS

Las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que hayan ejercido la opción prevista en el Artículo 16º del TUO de la Ley del Impuesto, que hubieran obtenido rentas distintas a las de tercera categoría, deberán sujetarse a las siguientes normas para efecto de la presentación de la Declaración:

6.1. DEBERÁN PRESENTAR EL FORMULARIO nº 173

– Cuando luego de deducir los créditos con derecho a devolución consignen un saldo por pagar a favor del fisco en la casilla nº 142 del Formulario nº 173; o,

– cuando hayan percibido -durante el ejercicio gravable 1999- rentas de cuarta categoría por un monto superior a veinticuatro mil ochocientos veintisiete Nuevos Soles (S/. 24,827), aún cuando no consignen saldo por regularizar.

6.2. NO DEBERÁN PRESENTAR EL FORMULARIO nº 173

Cuando hayan obtenido exclusivamente rentas de quinta categoría.

6.3. PODRÁN OPTAR POR PRESENTAR EL FORMULARIO nº 173

Cuando a pesar de no estar obligados a presentarlo, tengan saldos con derecho a devolución, con excepción de los deudores tributarios que hayan obtenido exclusivamente rentas de quinta categoría, quienes se sujetarán al procedimiento establecido por la SUNAT.

Artículo 7º.- NORMAS APLICABLES PARA LA DECLARACIÓN DE LAS RENTAS DISTINTAS A LAS DE TERCERA CATEGORÍA. NO DOMICILIADOS EN EL PAIS

Los deudores tributarios no domiciliados en el país que obtengan rentas de fuente peruana no sujetas a retención como pago definitivo, deberán declarar sus rentas distintas a las de tercera categoría a través del Formulario nº 173.

Artículo 8º.- PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y EFECTUAR EL PAGO DE REGULARIZACIÓN

Los deudores tributarios presentarán la Declaración y efectuarán el pago de regularización correspondiente, de acuerdo al siguiente cronograma:

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC

FECHA DE VENCIMIENTO

0-1

03.04.2000

2-3

04.04.2000

4-5

05.04.2000

6-7

06.04.2000

8-9

07.04.2000

 

Artículo 9º.- LUGAR PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PARA EFECTUAR EL PAGO DE REGULARIZACIÓN

El lugar para presentar la Declaración y efectuar el pago de regularización es el siguiente:

9.1.POR RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

El disquete que contiene la Declaración generada por el PDT-Renta 99, será presentado en la Oficina de Principales Contribuyentes de la SUNAT que corresponda al deudor tributario.

DEMÁS DEUDORES TRIBUTARIOS

Dependiendo del medio utilizado para la Declaración:

– El disquete que contiene la Declaración generada por el PDT-Renta 99, será presentado en las sucursales y agencias bancarias autorizadas a recibir el mencionado PDT.

– El Formulario nº 174 será presentado en la red bancaria autorizada.

9.2. POR RENTAS DISTINTAS A LAS DE TERCERA CATEGORÍA

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

El Formulario nº 173, será presentado en la Oficina de Principales Contribuyentes de la SUNAT que corresponda al deudor tributario.

DEMÁS DEUDORES TRIBUTARIOS

El Formulario nº 173, será presentado en la red bancaria autorizada.

Artículo 10º.- DECLARACIONES SUSTITUTORIAS Y RECTIFICATORIAS

Las Declaraciones sustitutorias y rectificatorias se presentarán en el lugar señalado en el artículo 9º, teniéndose en cuenta lo siguiente:

10.1. RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA

– Si la Declaración original se presentó mediante el PDT-Renta 99, la declaración sustitutoria o la rectificatoria se deberá presentar a través de dicho medio.

– Si la Declaración original se presentó mediante Formulario nº 174, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo artículo 3º, la Declaración sustitutoria o la rectificatoria se deberá presentar a través de dicho formulario o mediante el PDT-Renta 99, salvo que el contribuyente haya adquirido la obligación de presentar sus declaraciones determinativas mediante PDT, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del Artículo 3º de la Resolución de Superintendencia nº 002-2000/SUNAT, en cuyo caso estará obligado a presentar su Declaración mediante el PDT-Renta 99.

– Se ingresarán nuevamente todos los datos de la Declaración inclusive aquéllos que no se desea rectificar o sustituir.

10.2. RENTAS DISTINTAS A LAS DE TERCERA CATEGORÍA

-La Declaración sustitutoria o rectificatoria deberá presentarse mediante el Formulario nº 173.

– Se ingresarán nuevamente todos los datos de la Declaración inclusive aquéllos que no se desea rectificar o sustituir.

Artículo 11º.- DISTRIBUCIÓN DE FORMULARIOS Y DEL PDT- RENTA 99

Los formularios a que se refiere el artículo 2º serán distribuidos, en forma gratuita, a través de las oficinas de la SUNAT, bancos y demás entidades autorizadas.

El PDT-Renta 99 estará a disposición de los deudores tributarios a partir del 31 de enero de 2000, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de Superintendencia nº 002-2000/SUNAT.

Artículo 12º.- UIT APLICABLE AL IMPUESTO

El valor de la UIT aplicable al Impuesto correspondiente al ejercicio gravable de 1999 es de dos mil ochocientos Nuevos Soles (S/. 2,800).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Los deudores tributarios que hasta la fecha de publicación de la presente resolución hubieren comunicado la determinación del Impuesto, correspondiente al ejercicio gravable de 1999, en forma distinta a la establecida en la presente norma, deberán regularizar la presentación de su Declaración a través del medio correspondiente, dentro del plazo señalado en el artículo 8º.

En caso de no cumplirse lo señalado en el párrafo anterior, se considerará que la Declaración no ha sido presentada.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- DECLARACIONES RECTIFICATORIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO GRAVABLE DE 1998

Las declaraciones rectificatorias del Impuesto, correspondientes al ejercicio gravable de 1998, se presentarán teniéndose en cuenta lo siguiente:

1. RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA

– Si la declaración original se presentó mediante el PDT-Renta 98, la declaración rectificatoria se deberá presentar a través de dicho medio.

– Si la declaración original se presentó mediante Formulario nº 172, la declaración rectificatoria se deberá presentar a través de formulario o mediante PDT-Renta 98, salvo que el contribuyente haya adquirido la obligación de presentar sus Declaraciones Determinativas mediante PDT, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del Artículo 3º de la Resolución de Superintendencia nº 002-2000/SUNAT, en cuyo caso estará obligado a presentar su declaración mediante el PDT-Renta 98.

– Se ingresarán nuevamente todos los datos de la Declaración inclusive aquéllos que no se desea rectificar o sustituir.

2. RENTAS DISTINTAS A LAS DE TERCERA CATEGORÍA

– La Declaración sustitutoria o rectificatoria deberá presentarse mediante el Formulario nº 171.

– Se ingresarán nuevamente todos los datos de la Declaración inclusive aquéllos que no se desea rectificar o sustituir.

El lugar para presentar las declaraciones rectificatorias es el siguiente:

a) POR RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

El disquete que contiene la declaración generada por el PDT-Renta 98, será presentado en la oficina de Principales Contribuyentes de la SUNAT que corresponda al deudor tributario.

DEMÁS DEUDORES TRIBUTARIOS

Dependiendo del medio utilizado para la declaración rectificatoria:

– El disquete que contiene la declaración generada por el PDT-Renta 98 será presentado en las sucursales y agencias bancarias autorizadas a recibir el mencionado PDT.

– El Formulario nº 172, será presentado en la red bancaria autorizada.

b) POR RENTAS DISTINTAS A LAS DE TERCERA CATEGORÍA

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

El Formulario nº 171, será presentado en la Oficina de Principales Contribuyentes de la SUNAT que corresponda al deudor tributario.

DEMÁS DEUDORES TRIBUTARIOS

El Formulario nº 171, será presentado en la red bancaria autorizada.

Segunda.- Respecto a la forma y condiciones generales para la utilización y presentación del PDT-Renta 99 se considerará lo establecido en la Resolución de Superintendencia nº 002-2000/SUNAT.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME R. IBERICO

Superintendente 

01Ene/14

Dictamen 2002/5 de 11 de octubre de 2002

Dictamen 2002/5 sobre la declaración de los Comisarios Europeos responsables de protección de datos en la Conferencia Internacional celebrada en Cardiff (9-11 de septiembre de 2002), sobre la retención sistemática obligatoria de datos sobre tráfico de telecomunicaciones, aprobado el 11 de octubre de 2002, por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (11818/02/final WP 64)

WP 64. Dictamen 5/2002 sobre la Declaración de los Comisarios Europeos responsables de protección de datos en la Conferencia Internacional celebrada en Cardiff (9-11 de septiembre de 2002) sobre la retención sistemática obligatoria de datos sobre tráfico de telecomunicaciones

Aprobado el 11 de octubre de 2002

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES,

Creado en virtud de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995(1),

Vistos el artículo 29 y la letra a) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 30 de esa Directiva,

Visto su Reglamento Interno y, en particular, sus artículos 12 y 14,

Teniendo en cuenta la Declaración de los Comisarios Europeos responsables de la protección de datos en la Conferencia Internacional celebrada en Cardiff (9-11 de septiembre de 2002) sobre la retención sistemática obligatoria de datos sobre tráfico de telecomunicaciones, suscribe todos los términos de esta declaración.

Hecho en Bruselas, el 11 de octubre de 2002.

Por el Grupo de Trabajo

El Presidente

Stefano RODOTA

(1) Diario Oficial L 281 de 23.11.1995, p. 31, disponible en: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm

Declaración de los Comisarios Europeos responsables de protección de datos en la Conferencia Internacional celebrada en Cardiff (9-11 de septiembre de 2002) sobre la retención sistemática obligatoria de datos sobre tráfico de telecomunicaciones

Los Comisarios Europeos responsables de la protección de datos han observado con inquietud que, en el marco del tercer pilar de la UE, se consideran propuestas que podrían implicar la retención sistemática obligatoria de datos de tráfico referentes a todo tipo de telecomunicaciones (es decir, detalles sobre el tiempo, el lugar y los números utilizados por teléfono, fax, correo electrónico y otros usos de Internet) durante un período de un año o más, para permitir el posible acceso por los organismos de aplicación de la ley y de seguridad.

Los Comisarios Europeos responsables de la protección de datos tienen serias dudas respecto a la legitimidad y legalidad de unas medidas tan amplias. También quieren llamar la atención sobre el coste excesivo que supondrían las medidas para el sector de las telecomunicaciones y para Internet, así como sobre la ausencia de tales medidas en los Estados Unidos.

Los Comisarios Europeos responsables de la protección de datos han puesto de relieve en varias ocasiones que tal retención sería una invasión incorrecta de los derechos fundamentales garantizados a los individuos por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, elaborado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase el Dictamen 4/2001 del Grupo de Trabajo del artículo 29 establecido en virtud de la Directiva 95/46/CE, y la Declaración de Estocolmo, de abril de 2000).

La protección de datos sobre tráfico de telecomunicaciones ahora también está prevista ahora por la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Diario Oficial L 201/37), en virtud de la cual el tratamiento de datos de tráfico está permitido, en principio, para facturación y para pagos de interconexión. Tras debates prolongados y explícitos, la retención de datos de tráfico con vistas a la aplicación de ley debería respetar estrictas condiciones de conformidad con el apartado 1 del artículo 15 de la Directiva: es decir, en cada caso sólo por un período limitado y cuando constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática.

Por lo tanto, cuando en casos específicos se deban retener datos de tráfico, debe haber una necesidad demostrable, el período de retención debe ser tan corto como sea posible y la práctica debe estar claramente regulada por la ley, de manera que proporcione suficientes salvaguardias frente a un acceso ilegal o cualquier otro abuso. Una retención sistemática de todas las clases de datos de tráfico para un período de un año o más sería claramente desproporcionada y, por lo tanto, inaceptable en todo caso.

Los Comisarios Europeos responsables de la protección de datos esperan que se consulte al Grupo de Trabajo del artículo 29 sobre las medidas que pueden surgir de las negociaciones del tercer pilar antes de que se adopten.

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 241/2012, DE 17 DE DICIEMBRE

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 7304-2007, promovido por doña M. R. M., representada por la Procuradora de los Tribunales doña C. A. P. y asistida por el Abogado don J. G. C., contra el Auto de 31 de mayo de 2007 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictado en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1962-2006, y contra la Sentencia de 10 de febrero de 2006 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), dictada en el recurso de suplicación 3408-2005, y la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla de 13 de junio de 2005, en procedimiento sobre tutela de derechos fundamentales. Se ha personado sin haber presentado alegaciones la entidad G. S. S. L., S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don F. A. A. y asistida por la Abogada doña M. G. T. A.. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 17 de septiembre de 2007, la Procuradora de los Tribunales doña C. A. P., actuando en nombre y representación de doña M. R. M., presentó recurso de amparo constitucional contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.

2. Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del recurso, son, en síntesis, los siguientes:

a) La demandante de amparo presta servicios como teleoperadora especialista, desde el día 21 de diciembre de 2001, para la empresa G. S. S. L., S.L. Desde el día 1 de noviembre de 2004 hasta el 10 de enero de 2005 realizó funciones superiores de gestor, cobrando el plus correspondiente.

b) En la empresa existe un ordenador, de uso indistinto por todos los trabajadores, sin clave para acceder a la unidad «C». En el mismo, la demandante de amparo y otra compañera de trabajo instalaron, sin autorización ni conocimiento de la empresa, que lo tenía expresamente prohibido, el programa «Trillian» de mensajería instantánea, con el que llevaron a cabo, entre ellas, diversas conversaciones en las que se vertían comentarios críticos, despectivos o insultantes en relación con compañeros de trabajo, superiores y clientes. Dichas conversaciones fueron descubiertas, por casualidad, por un empleado que intentó utilizar la unidad «C» de ese ordenador, dando cuenta de ello a la empresa hacia mediados de octubre de 2004.

c) La empresa, ante la licencia por matrimonio (quince días) y las vacaciones (quince días) de una de las trabajadoras, convocó a ambas a una reunión el 27 de diciembre de 2004, a la que asistieron, además de ellas, cuatro responsables y mandos de la empresa. En dicha reunión se leyeron algunas de las conversaciones y se resumió el contenido de las restantes, reconociendo las trabajadoras que habían sido efectuadas por ellas y señalando que estaban «sacadas de contexto». La empresa amonestó verbalmente a las trabajadoras.

d) Las dos trabajadoras interpusieron demanda contra la empresa y contra la responsable del servicio, doña María Dolores Benítez Torres. Posteriormente, ante la pluralidad de pretensiones de la demanda, optaron por la acción de tutela de derechos fundamentales, dejando a salvo la acción sobre posible modificación de condiciones de trabajo, y solicitando que se declarara la vulneración de sus derechos al secreto de las comunicaciones, al honor y a la intimidad.

e) La demanda fue desestimada por Sentencia de 13 de junio de 2005 del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla y en ella, tras recoger con amplitud la doctrina constitucional y jurisprudencia aplicable en la materia, concluye que no cabe apreciar la vulneración de los derechos fundamentales alegados a las comunicaciones, a la intimidad y al honor, porque las trabajadoras efectuaron un uso indebido y prohibido de los medios de la empresa, para su desahogo personal, durante la jornada de trabajo, con un lenguaje soez y grosero, que vejaba e insultaba a compañeros y superiores, con conductas que serían causa de despido procedente, sin que la empresa haya adoptado otra medida que la amonestación verbal y sin que conste la más mínima publicidad por parte de ésta. Y además, señala, si estuviera en juego algún dato íntimo, la medida de control cumpliría los cánones de proporcionalidad, al ser una medida idónea, por ser la investigación de los archivos informáticos el medio necesario para comprobar la conducta imputada, necesaria, no alegándose ni reparándose en qué otra medida moderada podría haberse adoptado para constatar lo que se hacía por esos medios informáticos, y ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, al no afectar lo investigado a datos íntimos de las trabajadoras, sino solamente a los propios de su actividad laboral, ante fundadas sospechas de concurrencia desleal y de ofensas a compañeros.

f) Interpuesto por las demandantes recurso de suplicación fue desestimado por Sentencia de 10 de febrero de 2006 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), que reitera básicamente los argumentos del Juzgado de instancia, destacando en los hechos probados que el ordenador utilizado por las trabajadoras era de uso común y sin clave de acceso, que la empresa había expresamente prohibido la instalación de otros programas informáticos distintos a los existentes en el sistema, que las conversaciones fueron descubiertas casualmente por otro de los empleados y que la introducción en el programa o carpeta prohibido y la lectura de los mensajes que contenía se hizo exclusivamente por la responsable del servicio, en compañía de las supervisoras y en presencia de ambas trabajadoras. En virtud de tales hechos la Sentencia concluye reconociendo la ausencia de todo contenido de privacidad o intimidad, así como la concurrencia de los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en la acción de apertura y lectura de la carpeta antes de eliminarla o suprimirla. La Sentencia cuenta con el Voto particular discrepante de cuatro Magistrados, en el que entienden vulnerados los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de las demandantes.

g) El posterior recurso de casación para la unificación de doctrina fue inadmitido, por falta de contradicción, por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2007.

3. En la demanda de amparo la recurrente aduce que las resoluciones judiciales recurridas han vulnerado sus derechos a la intimidad personal (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), al desestimar la demanda que para la tutela de esos mismos derechos fundamentales planteó oportunamente, junto a otra compañera de trabajo no recurrente en amparo.

Partiendo de la doctrina constitucional sobre la plena efectividad de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, así como sobre la posibilidad de su limitación para hacerlos compatibles con otros derechos o intereses constitucionalmente relevantes, y de las aplicaciones que de dichos principios ha efectuado el Tribunal en relación con los derechos fundamentales a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones realiza la demandante las siguientes consideraciones:

a) El programa «Trillian», cuya utilización está en el origen de los hechos, es un programa informático que permite la comunicación entre dos o más personas mediante sus ordenadores, siendo en su operatoria prácticamente idéntico a un sistema de telefonía, quedando archivados en una carpeta del ordenador los textos transmitidos, junto al nombre y dirección de correo electrónico usados por las personas que mantienen la comunicación. Dichos ficheros deben estar protegidos, por tanto, por el mandato constitucional del secreto de las comunicaciones, a lo que no obsta la ausencia de clave en el ordenador y la posibilidad consiguiente de la empresa de acceder al mismo, pues la posibilidad de acceso no convierte al mismo en legítimo.

b) Ninguna duda hay, por otra parte, sobre el carácter íntimo de las conversaciones afectadas, como pone de manifiesto su propio contenido, referido bien a informaciones íntimas sobre las personas que participaban en la conversación, bien a opiniones sobre otras personas o compañeros de trabajo que evidentemente sus autoras deseaban mantener en un ámbito propio y reservado, fuera del conocimiento de las personas a las que se referían.

c) No es posible compartir el criterio de las Sentencias recurridas sobre la necesidad de la medida para salvaguardar el interés empresarial de vigilar y controlar la actividad laboral, pues para ello no era necesario abrir los ficheros con el texto de las conversaciones mantenidas, tal y como expresa el Voto particular de los Magistrados discrepantes con la Sentencia de suplicación. Tal acción no era idónea para alcanzar el resultado perseguido, pues para constatar el incumplimiento de la orden de la empresa de no instalar programas particulares en los ordenadores bastaba con constatar la efectiva instalación del programa, lo que no requería abrir las diferentes carpetas ni los archivos con las conversaciones.

La apertura de decenas de correos resultaba innecesaria y desproporcionada para comprobar el efectivo incumplimiento de la única orden empresarial recibida, que era la de no instalar programas particulares, por lo que al hecho de hacerlo así no cabe atribuirle otra finalidad que la de curiosear en comunicaciones ajenas, lo que no respeta ni el derecho al secreto de las comunicaciones, ni la intimidad y dignidad de las trabajadoras. Debiéndose resaltar finalmente el grave daño moral que se le ocasiona a la demandante por la simple lectura de sus correos por cualquier persona distinta de ella misma o de su interlocutora.

4. Por providencia de 15 de noviembre de 2010 la Sala Primera acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atentas comunicaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 1962-2006, y recurso de suplicación núm. 3408-2005, y dirigir igualmente atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 402-2005, debiéndose previamente emplazar, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.

5. Mediante escrito registrado el día 23 de febrero de 2012, el Procurador de los Tribunales don F. A. A. solicitó que se le tuviera por personado en nombre y representación de G. S. S. L., S.L.

6. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 6 de marzo de 2012 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, Sala de lo Social del Tribunal Supremo y Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y el escrito del Procurador don F. A. A., a quien se tuvo por personado y parte en nombre y representación de G. S. S. L., S.L., acordándose, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores doña C. A. P. y don F. A. A., para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.

7. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 24 de abril de 2012, interesando la denegación del amparo.

Tras hacer referencia a los antecedentes del caso, a las alegaciones de la recurrente y a la doctrina constitucional relativa a los derechos a la intimidad y al secreto de la comunicaciones, en particular la contenida en las SSTC 186/2000, de 10 de julio; 70/2002, de 3 de abril; y 173/2011, de 7 de noviembre, destaca el Fiscal que el ordenador en cuyo disco duro estaban almacenados los mensajes o conversaciones mantenidas por la demandante era propiedad de la empresa y de uso común por los demás trabajadores de la empresa; que para el acceso al mismo no se precisaba clave alguna; que la demandante y otra empleada decidieron instalar en el ordenador un programa de mensajería para poder comunicarse entre ellas, lo que hicieron sin adoptar ningún tipo de cautela, de tal modo que las comunicaciones mantenidas quedaron archivadas en el disco duro pudiendo ser leídas por cualquier usuario del ordenador; que la empresa había prohibido expresamente a los trabajadores instalar programas en el ordenador a una pluralidad de personas; que la empresa tuvo conocimiento de dicha instalación al habérselo comunicado otro trabajador que lo había descubierto al hacer uso del ordenador y que había leído las comunicaciones; que la empresa convocó a las trabajadoras a una reunión a la que asistieron éstas y sus superiores y en la que se fueron abriendo las sucesivas carpetas y leyendo las conversaciones, siendo finalmente amonestadas las trabajadoras y sin que conste oposición alguna de las mismas a tal actuación empresarial; y que la empresa no dio publicidad alguna a las conversaciones, aunque éstas podían ser de público conocimiento para los demás usuarios del ordenador, que habían podido leerlas sin dificultad.

Considera el Ministerio Fiscal que sólo con la apertura de las sucesivas carpetas, por lo demás al alcance de cualquier usuario, se podía averiguar quiénes eran los usuarios del programa, esto es, la identidad de los trabajadores que habían contravenido la orden empresarial; que sólo con la lectura de los mensajes se podía controlar cuál era la finalidad de la instalación del programa y el uso que se daba al mismo; que el borrado de los mensajes sin conocer su contenido podría ser problemático, al no poder descartarse que contuvieran información de utilidad para cualquiera de los interlocutores y que, en todo caso, tal borrado estaba al alcance de la demandante, quien sabiendo del uso común del ordenador, se abstuvo de hacerla.

Por todo ello concluye que fue la propia decisión de la ahora demandante y de la otra trabajadora la que posibilitó que sus conversaciones pudieran ser leídas por cualquier otro de los usuarios del ordenador, por lo que la lectura de las mismas por sus superiores jerárquicos, también posibles usuarios del ordenador, no comporta lesión a su derecho a la intimidad, máxime cuando la misma se realizó en su presencia y sin publicidad, y sin que conste que formulasen oposición temporánea a dicha lectura, presentándose esta toma de conocimiento como conveniente antes de proceder a la desinstalación del programa informático, ante la eventualidad de que pudiera contener datos de cuya destrucción pudiera derivarse perjuicio. Destaca, finalmente, que la demandante no imputa lesión autónoma al Auto de 31 de mayo de 2007 dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por lo que el mismo no debe ser examinado.

8. Los Procuradores doña C. A. P. y don F. A. A. no presentaron alegaciones en el plazo conferido.

9. Por providencia de 13 de diciembre de 2012 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.

10. Por acuerdo del Excmo. Sr. Presidente de fecha 26 de noviembre de 2012 se designó nuevo Ponente al Magistrado Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, en sustitución del anterior Ponente designado al amparo de lo dispuesto en el art. 80 LOTC en relación con el art. 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

II. Fundamentos jurídicos

1. Es objeto del presente recurso de amparo determinar si las resoluciones judiciales recurridas, que son la Sentencia de 10 de febrero de 2006 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), dictada en el recurso de suplicación 3408-2005, y la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla de 13 de junio de 2005, en procedimiento sobre tutela de derechos fundamentales, han vulnerado los derechos a la intimidad personal (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) de la recurrente al desestimar la demanda que para la tutela de esos mismos derechos planteó oportunamente junto a otra compañera de trabajo no recurrente en amparo.

A juicio de la recurrente, la empresa para la que presta servicios habría vulnerado tales derechos al acceder a los ficheros informáticos en que quedaban registradas las conversaciones mantenidas entre ambas trabajadoras a través de un programa de mensajería instalado por ellas mismas en un ordenador de uso común y sin clave de acceso, conversaciones de carácter íntimo que entiende deben estar protegidas por el mandato constitucional del secreto de las comunicaciones, sin que concurran tampoco las exigencias de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida para salvaguardar el interés empresarial de vigilar y controlar la actividad laboral.

La recurrente no imputa lesión autónoma al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2007.

2. El Ministerio Fiscal solicita, por el contrario, la denegación del amparo, al entender que fue la propia decisión de la ahora demandante y de la otra trabajadora la que posibilitó que sus conversaciones, cuyo contenido no fue objeto de publicidad por la empresa, pudieran ser leídas por cualquier otro usuario del ordenador, por lo que la lectura de las mismas por sus superiores jerárquicos, también posibles usuarios del ordenador, no comporta lesión de su derecho a la intimidad. Tampoco consta, a juicio del Ministerio Fiscal, que formulasen oposición temporánea a dicha lectura, presentándose esta toma de conocimiento como conveniente antes de proceder a la desinstalación del programa informático y ante la eventualidad de que pudiera contener datos de cuya destrucción pudiera derivarse perjuicio.

A juicio del Fiscal, la inexistencia de vulneración autónoma contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2007, que inadmitió el recurso de

casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de suplicación, determina que debe quedar fuera del objeto del recurso su conocimiento.

3. Delimitado el objeto de impugnación procede examinar si en la cuestión planteada se ha vulnerado el contenido constitucional de los arts. 18.1 CE, por infracción del derecho a la intimidad, o 18.3 CE, por vulneración del secreto a las comunicaciones.

En relación a la vulneración del derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 CE, procede subrayar que tal derecho se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce e implica «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana» (SSTC 170/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 231/1988, de 1 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; y 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2, entre otras muchas).

Así pues, el derecho a la intimidad contenido en el art. 18.1 CE, no sólo preserva al individuo de la obtención ilegítima de datos de su esfera íntima por parte de terceros, sino también de la revelación, divulgación o publicidad no consentida de esos datos, y del uso o explotación de los mismos sin autorización de su titular, garantizando, por tanto, el secreto sobre la propia esfera de vida personal y, consiguientemente, veda a los terceros, particulares o poderes públicos, decidir sobre los contornos de la vida privada (SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5; y 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2), siendo el mismo aplicable al ámbito de las relaciones laborales (SSTC 98/2000, de 10 de abril, FFJJ 6 a 9; y 186/2000, de 10 de julio, FJ 6). La esfera de la intimidad personal está en relación con la acotación que de la misma realice su titular, habiendo reiterado este Tribunal que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena (SSTC 89/2006, de 27 de marzo, FJ 5; y 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2) y que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3).

En este caso, no cabe apreciar afectación del derecho a la intimidad desde el momento en que fue la propia demandante y otra trabajadora quienes realizaron actos dispositivos que determinaron la eliminación de la privacidad de sus conversaciones, al incluirlas en el disco del ordenador en el cual podían ser leídas por cualquier otro usuario, pudiendo trascender su contenido a terceras personas, como aquí ocurrió al tener conocimiento la dirección de la empresa. Por tanto, fueron la demandante de amparo y la otra trabajadora, con sus propios actos, quienes provocaron con su voluntaria actuación que no se vea afectado su derecho a la intimidad al posibilitar el conocimiento de las conversaciones por otro usuario del ordenador, trabajador de la empresa, que casualmente y sin ninguna intencionalidad tuvo acceso a todo su contenido, lo que finalmente provocó la intervención empresarial.

Los razonamientos expuestos conducen a que no resulte apreciable la vulneración denunciada del derecho a la intimidad, prevenido en el art. 18.1 CE.

4. En relación al derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE, recuerda la STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 3, que este Tribunal ha reiterado que el derecho al secreto de las comunicaciones consagra la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado tanto por la interceptación, en sentido estricto, consistente en la aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o la captación del proceso de comunicación, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado a través de la apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo electrónico o a través de telefonía móvil, por ejemplo.

Igualmente, se ha destacado que el concepto de secreto de la comunicación, cuando opera, cubre no sólo el contenido de la comunicación, sino también otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores, por lo que este derecho queda afectado tanto por la entrega de los listados de llamadas telefónicas por las compañías telefónicas como también por el acceso al registro de llamadas entrantes y salientes grabadas en un teléfono móvil (por todas, las SSTC 114/1984, de 29 de noviembre; 123/2002, de 20 de mayo; 56/2003, de 24 de marzo y, en especial, la STC 230/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, o las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de agosto de 1984, caso Malone c. Reino Unido, § 84 y, de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido, § 43). A lo que debe añadirse que la protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de comunicación mismo, pero finalizado el proceso en que la comunicación consiste, la protección constitucional de lo recibido se realiza en su caso a través de las normas que tutelan otros derechos (STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 9).

En relación a los datos que se contienen en ordenadores u otros soportes informáticos, este Tribunal en la STC 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 3, recordó que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos y con carácter general, ha venido reiterando que el poder de dirección del empresario, es imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 CE). Expresamente en el art. 20 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) se contempla la posibilidad de que el empresario, entre otras facultades, adopte las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse, en todo caso, dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la normativa laboral en los arts. 4.2 c) y 20.3 LET (STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5).

De esta forma, los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4).

5. Concretamente, en relación con la utilización de ordenadores u otros medios informáticos de titularidad empresarial por parte de los trabajadores, puede afirmarse que la utilización de estas herramientas está generalizada en el mundo laboral, correspondiendo a cada empresario, en el ejercicio de sus facultades de autoorganización, dirección y control fijar las condiciones de uso de los medios informáticos asignados a cada trabajador. En el marco de dichas facultades de dirección y control empresariales no cabe duda de que es admisible la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, así como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Las consideraciones precedentes no impiden que se proceda a dotar de una regulación al uso de las herramientas informáticas en la empresa y, en particular, al uso profesional de las mismas, por medio de diferentes instrumentos como órdenes, instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas, de manera que la empresa no quede privada de sus poderes directivos ni condenada a permitir cualesquiera usos de los instrumentos informáticos sin capacidad alguna de control sobre la utilización efectivamente realizada por el trabajador.

A tal fin y en pura hipótesis, pueden arbitrarse diferentes sistemas, siempre respetuosos con los derechos fundamentales, orientados todos ellos a que los datos profesionales o los efectos de la comunicación profesional llevada a cabo alcancen al conocimiento empresarial, sin que se dé, en cambio, un acceso directo o cualquier otra intromisión del empresario o sus mandos en la empresa, en la mensajería o en los datos personales de los trabajadores, si este uso particular ha sido permitido. En ese ámbito, aunque pudiera caber la pretensión de secreto de las comunicaciones, actúa a su vez legítimamente el poder directivo, con la posibilidad consiguiente de establecer pautas de

flujo de la información e instrucciones u órdenes del empresario que aseguren, sin interferir injustificadamente el proceso de comunicación y sus contenidos, el acceso a los datos necesarios para el desarrollo de su actividad, al igual que ocurre en otros escenarios en los que, sin control directo del empresario, los trabajadores a su servicio desarrollan la actividad laboral ordenada en contacto con terceros y clientes.

Partiendo del uso común del ordenador, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es esencial determinar si el acceso a los contenidos de los ordenadores u otros medios informáticos de titularidad empresarial puestos por la empresa a disposición de los trabajadores, y en un medio al que puede acceder cualquiera, vulnera el art. 18.3 CE, para lo que habrá de estarse a las condiciones de puesta a disposición, pudiendo aseverarse que la atribución de espacios individualizados o exclusivos puede tener relevancia desde el punto de vista de la actuación empresarial de control. Es el caso de asignación de cuentas personales de correo electrónico a los trabajadores, o incluso a las entidades sindicales, aspecto éste que fue abordado en nuestra STC 281/2005, de 7 de noviembre. El ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial sobre tales elementos resulta limitada por la vigencia de los derechos fundamentales, si bien los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables en función de la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.

6. Analizando la cuestión planteada, destacan dos elementos fácticos que son relevantes para determinar si la pretensión de secreto alegada por la demandante forma o no parte del ámbito de protección del derecho fundamental garantizado en el art. 18.3 CE, frente a la intervención empresarial aquí examinada como son: 1) el ordenador era de uso común para todos los trabajadores de la empresa; y 2) la empresa había prohibido expresamente a los trabajadores instalar programas en el ordenador, prohibición ésta que en modo alguno aparece como arbitraria en tanto que se enmarca en el ámbito de las facultades organizativas del propio empresario.

Así, por una parte, la posibilidad de uso común del ordenador por todos los empleados permite considerar que la información archivada en el disco duro era accesible a todos los trabajadores, sin necesidad de clave de acceso alguna. Esta disposición organizativa de uso común permite afirmar su incompatibilidad con los usos personales y reconocer que, en este caso, la pretensión de secreto carece de cobertura constitucional, al faltar las condiciones necesarias de su preservación.

Por otra parte, la prohibición expresa de instalar programas en el ordenador de uso común se conculca por la recurrente y otra trabajadora, quienes instalaron el programa de mensajería instantánea denominado «Trillian». Por tanto, no existiendo una situación de tolerancia a la instalación de programas y, por ende, al uso personal del ordenador, no podía existir una expectativa razonable de confidencialidad derivada de la utilización del programa instalado, que era de acceso totalmente abierto y además incurría en contravención de la orden empresarial.

Lo expuesto no impide afirmar que en el desarrollo de la prestación laboral pueden producirse comunicaciones entre el trabajador y otras personas cubiertas por el derecho al secreto del art. 18.3 CE, ya sean postales, telegráficas, telefónicas o por medios informáticos, por lo que pueden producirse vulneraciones del derecho al secreto de las comunicaciones por intervenciones antijurídicas en las mismas por parte del empresario o de las personas que ejercen los poderes de dirección en la empresa, de otros trabajadores o de terceros. Así lo ha afirmado también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido, § 41, al recordar que, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal (SSTEDH de 25 de junio de 1997, caso Halford c. Reino Unido, § 44, y 16 de febrero de 2000, caso Amann c. Suiza, § 44) las llamadas telefónicas que proceden de locales profesionales pueden incluirse en los conceptos de «vida privada» y de «correspondencia» a efectos del artículo 8 del Convenio, y del mismo modo los correos electrónicos enviados desde el lugar de trabajo y la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet.

7. Sin embargo, en el presente caso, estamos ante comunicaciones entre dos trabajadoras que se produjeron al introducirse el programa en un soporte de uso común para todos los trabajadores de la empresa sin ningún tipo de cautela. En este sentido, quedan fuera de la protección constitucional por tratarse de formas de envío que se configuran legalmente como comunicación abierta, esto es, no secreta.

No puede calificarse como vulneradora del derecho al secreto de las comunicaciones la intervención empresarial analizada, por cuanto que, además, la misma se produce a partir de un hallazgo casual de uno de los usuarios, trabajador de la empresa, que transmite su contenido a la dirección, ajustando ésta su actuación de control a un suficiente canon de razonabilidad, sin que se atisbe lesión de derechos fundamentales de las trabajadoras afectadas puesto que el acceso al contenido del programa de mensajería «Trillian» sólo se produjo cuando la empresa tuvo conocimiento de la instalación del programa (mediados de octubre del año 2004) a través de otro empleado.

La intervención empresarial se limita a la comprobación de la instalación en el soporte informático de uso común, con la finalidad de constatar si había habido un incumplimiento por parte de las trabajadoras implicadas y su alcance, desarrollándose la actuación en un plazo razonable de dos meses desde que la empresa tuvo conocimiento de la existencia del programa de mensajería, habida cuenta que la convocatoria efectuada por la empresa el día 27 de diciembre de 2004 fue debida a la licencia por matrimonio y las vacaciones subsiguientes de una de ellas, por quince días cada período vacacional, según consta en el hecho tercero de la sentencia del Juzgado de lo Social, recurrida en este amparo y sin publicidad a terceras personas. Todas estas razones desvirtúan la alegada vulneración del derecho fundamental invocado, ante la falta de secreto de las comunicaciones, pues éstas estaban abiertas y no rodeadas de las condiciones que pudieran preservarlas.

8. Procede por todo ello desestimar la demanda y pronunciar un fallo denegatorio del amparo.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por doña M. R. M..

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Adela Asua Batarrita.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 7304-2007, al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita

 

1. Discrepo de la opinión mayoritaria de la Sala favorable a la desestimación del recurso de amparo al entender que los actos empresariales lesionaron, y las sentencias impugnadas no tutelaron, el derecho al secreto de las comunicaciones alegado en este proceso constitucional, adoptando una solución contraria a la doctrina de este Tribunal y a la recta inteligencia del ejercicio del art.18.3 CE en el marco del contrato de trabajo.

Mi discrepancia alcanza a los diferentes elementos que integran la ratio decidendi de la Sentencia: ni comparto la interpretación que se efectúa de los hechos probados, ni la doctrina que sienta sobre el derecho fundamental concernido, ni, en fin, la idea que en ella aflora sobre el modelo constitucional de relaciones laborales, aspecto que es el que más preocupación me causa. Y en razón de ello y, en consecuencia, mi disentimiento

también afecta al sentido del fallo. A pesar del máximo respeto que merece la decisión mayoritaria, que se erige desde este momento, como dispone el art. 5.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, en fuente de la interpretación y aplicación de las normas que gobiernan esta tipología de casos, quiero enunciar mi oposición con tanta firmeza como nitidez, pues es esta una Sentencia que, en mi opinión, representa un paso atrás en la muy acreditada jurisprudencia constitucional dictada en tres décadas por el Tribunal en materias laborales.

2. Los escuetos hechos probados de las resoluciones judiciales recurridas, a los que se refieren los antecedentes del pronunciamiento del que ahora me separo, relatan que en la empresa existía un ordenador de uso indistinto por todos los trabajadores, sin clave para acceder a la unidad «C»; que en el mismo la demandante de amparo y otra compañera de trabajo instalaron, sin autorización ni conocimiento de la empresa, que tenía expresamente prohibido modificar el sistema informático de origen, el programa «Trillian» de mensajería instantánea, con el que llevaron a cabo, entre ellas, diversas conversaciones en las que se vertían comentarios críticos, despectivos o insultantes en relación con compañeros de trabajo, superiores y clientes; que dichas conversaciones «fueron descubiertas» por casualidad por un empleado que intentó utilizar la unidad «C» de ese ordenador, dando cuenta de ello a la empresa hacia mediados de octubre de 2004, y, en fin, que la dirección de la empresa, dos meses después de ese descubrimiento, convocó a las trabajadoras a una reunión, en la que «se leyeron algunas de las conversaciones y se resumió el contenido de las restantes», reconociendo las afectadas que habían sido efectuadas por ellas, aunque defendieron que estaban «sacadas de contexto», procediendo la empresa a amonestarlas verbalmente.

Los fundamentos jurídicos de la Sentencia constitucional deducen de ese parco relato de hechos algunas conclusiones de carácter fáctico que no se corresponden en modo alguno al relato de hechos efectivamente probados ni, por lo mismo, al mandato del art. 44.1 b) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Así y en contra de lo que se afirma, no se declaró probado en el proceso judicial que el trabajador que descubrió las conversaciones accediera al contenido de los mensajes (FJ 3); tampoco que transmitiera a la empresa dicho contenido (FJ 7) y, en fin, que la intervención empresarial se limitase a la comprobación de la instalación realizada en el soporte informático de uso común, habiendo sucedido lo contrario, ya que la empleadora accedió a todos los mensajes e, incluso, resumió sus contenidos en la reunión posteriormente celebrada, lo que acredita —y es dato del que no se deducen las debidas conclusiones— que se manejaron los datos sin facilitar información alguna a las trabajadoras afectadas hasta dos meses después de haber tenido conocimiento de la existencia del programa de mensajería (FJ 7).

Desde el otro plano que, como tendré ocasión de razonar más adelante, resalta con insistencia el pronunciamiento (los actos propios de las trabajadoras rebajando o eliminando las barreras de confidencialidad), no está tampoco acreditado que el acceso a los correos fuera sencillo en razón de la inexistencia de claves, contraseñas o barreras similares. La parte recurrente aducía que el programa «Trillian» es un programa de mensajería que archiva en el ordenador el texto de las conversaciones en ficheros independientes, uno por cada comunicación establecida, siendo necesario abrir hasta siete carpetas distintas para acceder a los ficheros de las grabaciones, guardados a su vez con un nombre coincidente con la dirección de correo electrónico usada por la persona con la que se mantiene la conversación y que, tras acceder a cada una de las siete carpetas señaladas, los ficheros hay que abrirlos uno a uno para tener acceso al contenido concreto de los mensajes. Es cierto que esa descripción del programa no se contiene en el relato de hechos probados, pero también es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la Sentencia de 10 de febrero de 2006 (FJ 4, 3), acoge ese retrato de las características del programa, que dista de evidenciar la facilidad de acceso a los correos electrónicos controvertidos.

La lectura del pronunciamiento constitucional revela la singular trascendencia que se otorga a esos datos no probados, que arrastran un juicio de intenciones que, a pesar de carecer de soporte alguno en la narración fáctica de los pronunciamientos recurridos,

sirve para apoyar el sentido del fallo adoptado. Por ello, si no tuvieran el inquietante alcance que tienen las determinaciones doctrinales de la Sentencia, sería sencillo detenerse en este punto, al perder la resolución que objeto los sostenes en que pretende encontrar su fundamento. Me limitaré a recordar, entonces, que la jurisdicción constitucional de amparo ha de partir de la acotación de los hechos llevada a cabo por los órganos judiciales, de conformidad con el art. 44.1 b) LOTC, como ha dispuesto el Pleno de este Tribunal, por ejemplo, en la STC 2/2003, de 16 de enero, FJ 5, y hemos reiterado invariablemente en multitud de resoluciones.

3. Centrando ya la atención en el tema de fondo, la Sentencia atribuye a cada empresario, en el ejercicio de sus poderes de autoorganización, dirección y control, la facultad de fijar las condiciones de uso de los medios informáticos. La idea se enuncia con firmeza en el fundamento jurídico 5: «En el marco de dichas facultades de dirección y control empresariales no cabe duda de que es admisible la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, así como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión», siempre —se afirma—, con pleno respeto a los derechos fundamentales, lo que se considera compatible con la posibilidad de «órdenes, instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas, de manera que la empresa no quede privada de sus poderes directivos ni condenada a permitir cualesquiera usos de los instrumentos informáticos sin capacidad alguna de control sobre la utilización efectivamente realizada por el trabajador». El derecho que sobre ellos exista, se dice en el mismo fundamento jurídico, dependerá de las condiciones de puesta a disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.

Este tipo de declaraciones, formuladas sin matización ni reserva alguna, no terminan de corresponderse con el contenido esencial de los derechos fundamentales en presencia. En efecto, los nuevos derechos vinculados al desarrollo de las tecnologías, cuyo tratamiento ha omitido de una manera sistemática y hasta la fecha el legislador, plasmados en variadas denominaciones, tales como derechos on line, informáticos, ciberderechos o derechos de las tecnologías de la infocomunicación, recibieron una primera respuesta constitucional en la STC 281/2005, de 7 de noviembre, relativa al uso sindical del correo electrónico de propiedad empresarial. Un precedente de referencia, sobre el que la actual resolución prefiere tender un velo, limitándose a una cita residual, sin contemplar su eventual proyección al caso. Las diferencias fácticas y el protagonismo diferenciador del factor sindical en aquella Sentencia no permiten dar de lado las evidentes conexiones existentes, a mi juicio, entre el caso actual y el derecho a la libertad de comunicaciones (art. 18.3 CE), que conduce a la hipótesis de uso de las herramientas informáticas existentes en la empresa incluso si la voluntad empresarial fuera contraria a su empleo.

Pero en todo caso y sin forzar esas conexiones, para enunciar lo que pretendo es suficiente la cita de nuestra temprana STC 114/1984, de 29 de noviembre, relativa al art. 18.3 CE, en la que establecimos que, rectamente entendido, «el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas» (FJ 7). La libertad de las comunicaciones, y no sólo su secreto, integra así el título de cobertura que desencadena la tutela constitucional: el derecho fundamental enunciado en el art. 18.3 CE. Lo que supone, proyectado al ámbito que nos ocupa, que el trabajador en la empresa tiene reconocido, como ciudadano portador de un patrimonio de derechos que no desaparecen con ocasión de la contratación laboral, un ámbito de libertad constitucionalmente consagrado (el derecho de libertad de comunicaciones), sin perjuicio de las eventuales y posibles modalizaciones adoptadas por el empresario o de las regulaciones efectuadas por la negociación colectiva del uso de los medios tecnológicos existentes en la organización empresarial.

No insistiré en ello, ni en los contenidos y perfiles pendientes de construcción sobre ese derecho fundamental, pues esa dimensión de constitucionalidad no se explicitaba en el recurso. Lo que quiero subrayar es que no puede fijarse doctrina sobre los márgenes del empresario en la puesta a disposición y uso de las herramientas informáticas, como hace la Sentencia ahora dictada, olvidando que esa libertad de comunicaciones, como el secreto de éstas, se contiene en el art. 18.3 CE. El empresario, dicho de otro modo, no puede disponer unilateral e ilimitadamente del uso de sus herramientas sin condicionante alguno. No ya porque esa concepción expresa una noción ya superada de los derechos del ciudadano trabajador, sino porque el derecho de libertad, que contiene el art. 18.3 CE, limita sus actos de disposición y limitación de uso o prohibición, sin perjuicio de que quepa, obviamente, la reglamentación del mismo, como dijéramos en la STC 281/2005, y con independencia de que su contenido esencial siga hoy pendiente de una elaboración doctrinal más acabada.

Por consiguiente y desde la perspectiva del derecho a la libertad de comunicaciones del art. 18.3 CE, las órdenes limitativas del uso, incluso privado, de esas herramientas, podrán ser en ocasiones contrarias a aquel derecho fundamental. Y es que el contrato de trabajo no incomunica al trabajador, instalándose, en la organización empresarial en la que presta servicios, en una situación de soledad hacia el exterior; y, de su lado, la titularidad de esos medios y herramientas tampoco confiere al empresario un derecho a restricciones caprichosas. La Constitución no ha recogido una concepción abstracta del derecho de propiedad como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Antes al contrario, no sólo la utilidad individual, sino también la función social, definen inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2). A partir de este contexto constitucional y en la medida en que en el ámbito de la prestación laboral los diferentes medios utilizados por los trabajadores son de titularidad empresarial, las trabas al uso de los tan mencionados medios informáticos no pueden ampararse de manera dura y ruda en esta circunstancia.

4. La Sentencia subraya con insistencia que el ordenador era de uso común para todos los trabajadores de la empresa; y, asimismo, que ésta había prohibido expresamente instalar programas al estilo de «Trillian», prohibición que, sin aproximarse ni de lejos al derecho que venimos de enunciar en el anterior apartado, se califica como no arbitraria «en tanto que se enmarca en el ámbito de las facultades organizativas del propio empresario» (FJ 6).

Desde esa doble premisa, desemboca en conclusiones para mí de todo punto inasumibles (FFJJ 6 y 7); a saber: que el uso común del ordenador por todos los empleados hace que la pretensión de secreto carezca de cobertura constitucional; que la comunicación realizada queda fuera de la protección constitucional, al tratarse de formas de envío que se configuran legalmente como comunicación abierta, esto es, no secreta; y que la prohibición expresa de instalar programas en el ordenador de uso común excluye toda expectativa de confidencialidad.

La accesibilidad de los mensajes y la prohibición empresarial de instalación de programas son así invocados como los factores que dan cobertura no sólo a la no vulneración del derecho fundamental del art. 18.3 CE sino, que condiciona también, el posible ejercicio del mismo. A ello se añade, en argumentación más seria: «pueden arbitrarse diferentes sistemas, siempre respetuosos con los derechos fundamentales, orientados todos ellos a que los datos profesionales o los efectos de la comunicación profesional llevada a cabo alcancen al conocimiento empresarial, sin que se dé, en cambio, un acceso directo o cualquier otra intromisión del empresario o sus mandos en la empresa, en la mensajería o en los datos personales de los trabajadores, si este uso particular ha sido permitido» (FJ 5). Es decir, la efectividad del derecho fundamental parecería depender en las empresas no ya, ni solo, de que no haya prohibición expresa, sino de que exista permiso explícito.

A partir de estos presupuestos, se niega el carácter secreto de las comunicaciones controvertidas y se admite la injerencia empresarial en los mensajes, descartándose la vulneración del art. 18.3 CE (también de la intimidad, art.18.1 CE, en este punto porque, se dice, fueron las propias trabajadoras quienes realizaron actos dispositivos que determinaron la eliminación de la privacidad de sus conversaciones, al incluirlas en el disco del ordenador en el cual podían ser leídas por cualquier otro usuario).

Al hacer esas declaraciones, olvida la Sentencia la doctrina de este Tribunal sobre el derecho al secreto de las comunicaciones. En efecto, la STC 114/1984, respecto del concepto de «secreto» del art. 18.3 CE, enseña que el mismo tiene un carácter «formal», en tanto que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Hablamos, en suma, de una situación jurídica. Esto es, de unas comunicaciones que no lo son en abstracto sino adjetivadas por su reserva; de un secreto que no juega como una protección o garantía de la comunicación sino, antes que ello, como un elemento que la define. La comunicación es secreta; y lo es, además, sea cual sea su contenido. Ni siquiera la hipótesis de la autorización judicial como mecanismo de interferencia, prevista en la Constitución, varía esa naturaleza, ni en consecuencia delimita el derecho al margen del atributo del secreto, sino que, antes bien, limita su efectividad, pues tampoco esta vez el derecho fundamental es ilimitado.

El derecho al secreto de las comunicación, como recuerda la STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 3, puede resultar vulnerado tanto por la interceptación en sentido estricto —aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o captación del proceso de comunicación—, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado —apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo electrónico o a través de telefonía móvil, por ejemplo—. Doctrina ésta que, todo sea dicho, deja fuera de juego la cita de la STC 70/2002 a la que de manera descontextualizada alude la resolución de la que discrepo (FJ 4). Por otra parte, este Tribunal también ha destacado que el concepto de secreto de la comunicación cubre no sólo el contenido de la comunicación, sino también otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores (por todas, STC 230/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, o SSTEDH de 2 de agosto de 1984, caso Malone c. Reino Unido, § 84, y de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido, § 43), y que el derecho es efectivo sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de «comunicación», pues la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros, públicos o privados, dada la eficacia erga omnes del derecho mismo y, por tanto y también al empresario, al que el contrato de trabajo no le convierte en interlocutor de las comunicaciones que sus trabajadores lleven a cabo entre sí o con terceras personas.

En definitiva y en atención al carácter formal del derecho y a sus contenidos, la protección que ofrece el art. 18.3 CE ha de incluir los supuestos en los que exista, como en el del presente amparo, la trasgresión de una orden empresarial de prohibición de instalación de sistemas de mensajería electrónica o de empleo de los existentes para un fin ajeno a la actividad laboral, pues el incumplimiento de lo ordenado no habilita en modo alguno interferencias en el proceso o en el contenido de la comunicación, sin perjuicio de que pueda acarrear algún tipo de sanción. En otros términos, la infracción de las ordenes empresariales tolera la imposición de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, pero ni consiente la vulneración directa de derechos fundamentales al amparo del incumplimiento de la orden empresarial, ni tampoco las intromisiones empresariales enderezada a verificar o comprobar la existencia de las comunicaciones, incluso cuando ex post, cometida la vulneración y gracias a esa ilegítima práctica, quede acreditado que aquellas sanciones eran ajustadas a Derecho. La Sentencia confunde gravemente ese doble plano; soslaya que la desatención de las ordenes empresariales, incluso la que tenga naturaleza disciplinaria, no puede justificar lesiones de derechos fundamentales (por todas, STC 41/2006, de 13 de febrero, FJ 5), y que ese criterio no varía en los terrenos del derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE, debiendo existir una desconexión patente entre la sanción y el factor constitucionalmente protegido; en el

caso a examen, el secreto del proceso comunicativo y de los contenidos de la comunicación.

Para superar esos límites, cualquier intervención empresarial debe producirse con las prevenciones y cánones de la autorización judicial que cita el art. 18.3 CE, en cuya definición nuestra jurisprudencia incorpora la exigencia de una norma legal que habilite la injerencia —»una ley de singular precisión» (STC 49/1999, FJ 4)— y dispone que los Jueces y Tribunales podrán adoptar la medida sólo cuando concurran los presupuestos materiales pertinentes (ibídem).

Ninguno de esos límites se respetó en el caso enjuiciado. Lo prueba que los responsables de la empresa procedieran sin consentimiento de las trabajadoras y sin autorización judicial a la identificación de los intervinientes en las comunicaciones efectuadas a través del programa de mensajería, así como a la intervención del contenido completo de las conversaciones mantenidas, mediante la apertura y lectura de los archivos informáticos en los que el programa las guardaba. Lo acredita, en segundo lugar, no sólo que se leyeran los mensajes, sino también, y como afirma el relato fáctico, que se resumieran los que no fueron objeto de lectura en la reunión de finales de diciembre, circunstancia que revela el acceso inconsentido y la lectura y selección previa de los mensajes con total ignorancia de los agentes de la comunicación. Lo demuestra, en tercer lugar, que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos (octubre de 2004), transcurrieran más de dos meses (finales de diciembre de ese año) hasta que la empresa decidiera comunicar a las trabajadoras que había accedido a su correo electrónico y sabía de lo acontecido, sin que procediera el empleador en ningún momento, pese al conocimiento del incumplimiento de su orden, a paralizar con una indicación directa la pervivencia de la infracción y la continuidad del empleo de programa instalado. Y lo verifica, asimismo, que en todo ese periodo la empleadora tampoco consultara a las afectadas sobre la denuncia realizada por su compañero de trabajo, sobre la veracidad o no del incumplimiento de la orden empresarial, los programas instalados o sobre las razones de su instalación, su finalidad o su objeto. La empresa, en definitiva, interfirió en el secreto de las comunicaciones sin autorización de las trabajadoras y sin autorización judicial; sometió el secreto a excepción de manera dilatada en el tiempo (más de dos meses desde la fecha del conocimiento de los hechos), con una muy intensa voluntad intrusiva, como prueba la lectura de los mensajes, de todos ellos, una vez que había comprobado ya la existencia de la instalación del programa y, por tanto, el incumplimiento de sus órdenes; y desatendió, en fin, las posibilidades de reposición del ordenador a los términos de uso indicados a través de cauces elementales. Estos procederes de la empresa hubieran respetado el secreto de las comunicaciones. Más aún: hubiera podido resultar eventualmente aptos para acreditar el incumplimiento, justificar la sanción, si procedía, y paralizar el empleo prohibido del sistema de mensajería, con la desinstalación del programa.

La conducta de la empresa revela una lesión objetiva del derecho, que se produce por la intrusión misma, más allá de su intensidad y extensión en el tiempo; pero también desvela la intencionalidad lesiva, que no es imprescindible para que el derecho fundamental resulte lesionado (por ejemplo, STC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 9), aun cuando representa en este caso un elemento adicional que adjetiva y agrava si cabe la fuerte vocación de injerencia de la conducta empresarial. La actuación empresarial, en suma, constituye una intromisión consciente y deliberada en el contenido de las comunicaciones efectuadas, que se ha llevado a efecto sin ninguna de las garantías constitucionales que legitiman su intervención.

Las anteriores consideraciones no pierden un ápice de su vigencia y valor en razón de la posibilidad de acceso común al ordenador o de la falta de protección mediante claves en los archivos de sus usuarios. En efecto, del mismo modo que el proceso de reparto a domicilio de la correspondencia postal o su entrega mediante un sistema de casilleros abiertos —tan usual en ciertos ámbitos— no autoriza a nadie a abrir y leer las cartas que reparte o que encuentra depositadas en el casillero de otra persona, aunque sea perfectamente factible, nadie está tampoco autorizado a abrir los archivos de correo

electrónico o de mensajería de otro, siempre que puedan ser identificados como tales, como era el caso, por más que el acceso sea posible al encontrarse los archivos desprotegidos y en un ordenador de uso común. Más allá de las precauciones que cada usuario pueda adoptar, debe afirmarse que quien abre un enlace o un archivo informático teniendo constancia de que contiene datos de las comunicaciones ajenas no hace nada diferente de quien abre una carta dirigida a otra persona.

La Sentencia de la que me distancio responde a un concepto de las relaciones laborales que, con todo el respeto que me merece la decisión de la Sala, no se corresponde con el modelo que impone la cláusula constitucional del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) que las informa; atribuye al empresario facultades de las que carece; soslaya los condicionantes que en un juicio como el actual imponen la libertad de las comunicaciones y el derecho al secreto de las mismas, con su carácter formal y que, en fin y en el contexto moderno de las innovaciones tecnológicas, brinda indudables ventajas para los procesos productivos y para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, y, en última instancia, opta por avalar los instrumentos de fiscalización incluso cuando, como en este caso, se actualizan en términos abiertamente invasivos, lo que, al margen de acentuar la dependencia jurídica y la presión sicológica a los trabajadores, repercute negativamente en la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a los trabajadores.

A la luz del art. 18.3 CE, la estimación del recurso era la única respuesta posible. En consecuencia, debería haberse otorgado el amparo solicitado.

Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil doce.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Firmado y rubricado

01Ene/14

The Constitution of the People's Republic of China of December 4, 1982

Adopted on December 4, 1982. The constitution's First Amendment was approved on April 12, 1988. The Second Amendment was approved on March 29, 1993. The Third Amendment was approved on Marh 15, 1999. The Fourth Amendment was approved on March 14, 2004.

 

PREAMBLE

China is a country with one of the longest histories in the world. The people of all of China's nationalities have jointly created a culture of grandeur and have a glorious revolutionary tradition.

After 1840, feudal China was gradually turned into a semi-colonial and semi- feudal country. The Chinese people waged many successive heroic struggles for national independence and liberation and for democracy and freedom.

Great and earthshaking historical changes have taken place in China in the 20th century.

The Revolution of 1911, led by Dr. Sun Yat-sen, abolished the feudal monarchy and gave birth to the Republic of China. But the historic mission of the Chinese people to overthrow imperialism and feudalism remained unaccomplished.

After waging protracted and arduous struggles, armed and otherwise, along a zigzag course, the Chinese people of all nationalities led by the Communist Party of China with Chairman Mao Zedong as its leader ultimately, in 1949, overthrew the rule of imperialism, feudalism and bureaucrat-capitalism, won a great victory in the New-Democratic Revolution and founded the People's Republic of China. Since then the Chinese people have taken control of state power and become masters of the country.

After founding the People's Republic, China gradually achieved its transition from a New-Democratic to a socialist society. The socialist transformation of the private ownership of the means of production has been completed, the system of exploitation of man by man abolished and the socialist system established. The people's democratic dictatorship held by the working class and based on the alliance of workers and peasants, which is in essence the dictatorship of the proletariat, has been consolidated and developed. The Chinese people and the Chinese People's Liberation Army have defeated imperialist and hegemonist aggression, sabotage and armed provocations and have thereby safeguarded China's national independence and security and strengthened its national defense. Major successes have been achieved in economic development. An independent and relatively comprehensive socialist system of industry has basically been established. There has been a marked increase in agricultural production. Significant advances have been made in educational, scientific and cultural undertakings, while education in socialist ideology has produced noteworthy results. The life of the people has improved considerably.

Both the victory of China's new-democratic revolution and the successes of its socialist cause have been achieved by the Chinese people of all nationalities under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, and by upholding truth, correcting errors and overcoming numerous difficulties and hardships. China will stay in the primary stage of socialism for a long period of time. The basic task of the nation is to concentrate its efforts on socialist modernization by following the road of Chinese-style socialism. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory, and the important thought of the «Three Represents,» the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship, follow the socialist road, persist in reform and opening-up, steadily improve socialist institutions, develop a socialist market economy, advance socialist democracy, improve the socialist legal system and work hard and self-reliantly to modernize industry, agriculture, national defense and science and technology step by step, promote the co-ordinated development of the material, political and spiritual civilizations to turn China into a powerful and prosperous socialist country with a high level of culture and democracy.

The exploiting classes as such have been abolished in our country. However, class struggle will continue to exist within certain bounds for a long time to come. The Chinese people must fight against those forces and elements, both at home and abroad, that are hostile to China's socialist system and try to undermine it.

Taiwan is part of the sacred territory of the People's Republic of China. It is the inviolable duty of all Chinese people, including our compatriots in Taiwan, to accomplish the great task of reunifying the motherland.

In building socialism it is essential to rely on workers, peasants and intellectuals and to unite all forces that can be united. In the long years of revolution and construction, there has been formed under the leadership of the Communist Party of China a broad patriotic united front which is composed of the democratic parties and people's organizations and which embraces all socialist working people, all builders of socialism, all patriots who support socialism and all patriots who stand for the reunification of the motherland. This united front will continue to be consolidated and developed. The Chinese People's Political Consultative Conference, a broadly based representative organization of the united front which has played a significant historical role, will play a still more important role in the country's political and social life, in promoting friendship with other countries and in the struggle for socialist modernization and for the reunification and unity of the country. Multi-party cooperation and the political consultation system under the leadership of the Communist Party of China shall continue and develop for the extended future. The system of multi-party cooperation and political consultation led by the Communist Party of China will exist and develop in China for a long time to come.

The People's Republic of China is a unitary multi-national state created jointly by the people of all its nationalities. Socialist relations of equality, unity and mutual assistance have been established among the nationalities and will continue to be strengthened. In the struggle to safeguard the unity of the nationalities, it is necessary to combat big-nation chauvinism, mainly Han chauvinism, and to combat local national chauvinism. The state will do its utmost to promote the common prosperity of all the nationalities.

China's achievements in revolution and construction are inseparable from the support of the people of the world. The future of China is closely linked to the future of the world. China consistently carries out an independent foreign policy and adheres to the five principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence in developing diplomatic relations and economic and cultural exchanges with other countries. China consistently opposes imperialism, hegemonism and colonialism, works to strengthen unity with people of other countries, supports the oppressed nations and the developing countries in their just struggle to win and preserve national independence and develop national economies, and strives to safeguard world peace and promote the cause of human progress.

This Constitution, in legal form, affirms the achievements of the struggles of the Chinese people of all nationalities and defines the basic system and basic tasks of the state; it is the fundamental law of the state and has supreme legal authority. The people of all nationalities, all state organs, the armed forces, all political parties and public organizations and all enterprises and institutions in the country must take the Constitution as the basic standard of conduct, and they have the duty to uphold the dignity of the Constitution and ensure its implementation.

CHAPTER I. GENERAL PRINCIPLES

Article 13. Private property, inheritance

Citizens' lawful private property is inviolable.

The State, in accordance with law, protects the rights of citizens to private property and to its inheritance.

The State may, in the public interest and in accordance with law, expropriate or requisition private property for its use and shall make compensation for the private property expropriated or requisitioned.

 

CHAPTER II. THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS

Article 33. Citizenship

All persons holding the nationality of the People's Republic of China are citizens of the People's Republic of China.

All citizens of the People's Republic of China are equal before the law.

Every citizen is entitled to the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law.

The State respects and preserves human rights.

 

Article 38. Freedom from insult

The personal dignity of citizens of the People's Republic of China is inviolable. Insult, libel, false accusation or false incrimination directed against citizens by any means is prohibited.

 

Article 39. Inviolability of the home

The residences of citizens of the People's Republic of China are inviolable. Unlawful search of, or intrusion into, a citizen's residence is prohibited.

 

Article 40. Privacy of correspondence

Freedom and privacy of correspondence of citizens of the People's Republic of China are protected by law. No organization or individual may, on any ground, infringe on citizens' freedom of privacy of correspondence, except in cases where to meet the needs of state security or of criminal investigation, public security or procuratorial organs are permitted to censor correspondence in accordance with procedures prescribed by law.

 

Article 51. Non-infringement of rights

Citizens of the People's Republic of China, in exercising their freedoms and rights, may not infringe upon the interests of the state, of society or of the collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens.

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PREAMBLE

China is a country with one of the longest histories in the world. The people of all of China's nationalities have jointly created a culture of grandeur and have a glorious revolutionary tradition.

After 1840, feudal China was gradually turned into a semi-colonial and semi- feudal country. The Chinese people waged many successive heroic struggles for national independence and liberation and for democracy and freedom.

Great and earthshaking historical changes have taken place in China in the 20th century.

The Revolution of 1911, led by Dr. Sun Yat-sen, abolished the feudal monarchy and gave birth to the Republic of China. But the historic mission of the Chinese people to overthrow imperialism and feudalism remained unaccomplished.

After waging protracted and arduous struggles, armed and otherwise, along a zigzag course, the Chinese people of all nationalities led by the Communist Party of China with Chairman Mao Zedong as its leader ultimately, in 1949, overthrew the rule of imperialism, feudalism and bureaucrat-capitalism, won a great victory in the New-Democratic Revolution and founded the People's Republic of China. Since then the Chinese people have taken control of state power and become masters of the country.

After founding the People's Republic, China gradually achieved its transition from a New-Democratic to a socialist society. The socialist transformation of the private ownership of the means of production has been completed, the system of exploitation of man by man abolished and the socialist system established. The people's democratic dictatorship held by the working class and based on the alliance of workers and peasants, which is in essence the dictatorship of the proletariat, has been consolidated and developed. The Chinese people and the Chinese People's Liberation Army have defeated imperialist and hegemonist aggression, sabotage and armed provocations and have thereby safeguarded China's national independence and security and strengthened its national defense. Major successes have been achieved in economic development. An independent and relatively comprehensive socialist system of industry has basically been established. There has been a marked increase in agricultural production. Significant advances have been made in educational, scientific and cultural undertakings, while education in socialist ideology has produced noteworthy results. The life of the people has improved considerably.

Both the victory of China's new-democratic revolution and the successes of its socialist cause have been achieved by the Chinese people of all nationalities under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, and by upholding truth, correcting errors and overcoming numerous difficulties and hardships. China will stay in the primary stage of socialism for a long period of time. The basic task of the nation is to concentrate its efforts on socialist modernization by following the road of Chinese-style socialism. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory, and the important thought of the «Three Represents,» the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship, follow the socialist road, persist in reform and opening-up, steadily improve socialist institutions, develop a socialist market economy, advance socialist democracy, improve the socialist legal system and work hard and self-reliantly to modernize industry, agriculture, national defense and science and technology step by step, promote the co-ordinated development of the material, political and spiritual civilizations to turn China into a powerful and prosperous socialist country with a high level of culture and democracy.

The exploiting classes as such have been abolished in our country. However, class struggle will continue to exist within certain bounds for a long time to come. The Chinese people must fight against those forces and elements, both at home and abroad, that are hostile to China's socialist system and try to undermine it.

Taiwan is part of the sacred territory of the People's Republic of China. It is the inviolable duty of all Chinese people, including our compatriots in Taiwan, to accomplish the great task of reunifying the motherland.

In building socialism it is essential to rely on workers, peasants and intellectuals and to unite all forces that can be united. In the long years of revolution and construction, there has been formed under the leadership of the Communist Party of China a broad patriotic united front which is composed of the democratic parties and people's organizations and which embraces all socialist working people, all builders of socialism, all patriots who support socialism and all patriots who stand for the reunification of the motherland. This united front will continue to be consolidated and developed. The Chinese People's Political Consultative Conference, a broadly based representative organization of the united front which has played a significant historical role, will play a still more important role in the country's political and social life, in promoting friendship with other countries and in the struggle for socialist modernization and for the reunification and unity of the country. Multi-party cooperation and the political consultation system under the leadership of the Communist Party of China shall continue and develop for the extended future. The system of multi-party cooperation and political consultation led by the Communist Party of China will exist and develop in China for a long time to come.

The People's Republic of China is a unitary multi-national state created jointly by the people of all its nationalities. Socialist relations of equality, unity and mutual assistance have been established among the nationalities and will continue to be strengthened. In the struggle to safeguard the unity of the nationalities, it is necessary to combat big-nation chauvinism, mainly Han chauvinism, and to combat local national chauvinism. The state will do its utmost to promote the common prosperity of all the nationalities.

China's achievements in revolution and construction are inseparable from the support of the people of the world. The future of China is closely linked to the future of the world. China consistently carries out an independent foreign policy and adheres to the five principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence in developing diplomatic relations and economic and cultural exchanges with other countries. China consistently opposes imperialism, hegemonism and colonialism, works to strengthen unity with people of other countries, supports the oppressed nations and the developing countries in their just struggle to win and preserve national independence and develop national economies, and strives to safeguard world peace and promote the cause of human progress.

This Constitution, in legal form, affirms the achievements of the struggles of the Chinese people of all nationalities and defines the basic system and basic tasks of the state; it is the fundamental law of the state and has supreme legal authority. The people of all nationalities, all state organs, the armed forces, all political parties and public organizations and all enterprises and institutions in the country must take the Constitution as the basic standard of conduct, and they have the duty to uphold the dignity of the Constitution and ensure its implementation.

CHAPTER I. GENERAL PRINCIPLES

Article 1. Socialist state

The People's Republic of China is a socialist state under the people's democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants.

The socialist system is the basic system of the People's Republic of China. Disruption of the socialist system by any organization or individual is prohibited.

Article 2. Power belongs to the people

All power in the People's Republic of China belongs to the people.

The National People's Congress and the local people's congresses at various levels are the organs through which the people exercise state power.

The people administer state affairs and manage economic, cultural and social affairs through various channels and in various ways in accordance with the law.

Article 3. Democracy

The state organs of the People's Republic of China apply the principle of democratic centralism.

The National People's Congress and the local people's congresses at various levels are constituted through democratic elections. They are responsible to the people and subject to their supervision.

All administrative, judicial and procuratorial organs of the state are created by the people's congresses to which they are responsible and by which they are supervised.

The divisions of functions and powers between the central and local state organs is guided by the principle of giving full scope to the initiative and enthusiasm of the local authorities under the unified leadership of the central authorities.

Article 4. Minority rights

All nationalities in the People's Republic of China are equal. The state protects the lawful rights and interests of the minority nationalities and upholds and develops a relationship of equality, unity and mutual assistance among all of China's nationalities. Discrimination against and oppression of any nationality are prohibited; any act which undermines the unity of the nationalities or instigates division is prohibited.

The state assists areas inhabited by minority nationalities accelerating their economic and cultural development according to the characteristics and needs of the various minority nationalities.

Regional autonomy is practiced in areas where people of minority nationalities live in concentrated communities; in these areas organs of self- government are established to exercise the power of autonomy. All national autonomous areas are integral parts of the People's Republic of China.

All nationalities have the freedom to use and develop their own spoken and written languages and to preserve or reform their own folkways and customs.

Article 5. Constitutional supremacy

The People's Republic of China practices ruling the country in accordance with the law and building a socialist country of law.

The state upholds the uniformity and dignity of the socialist legal system.

No laws or administrative or local rules and regulations may contravene the Constitution.

All state organs, the armed forces, all political parties and public organizations and all enterprises and institutions must abide by the Constitution and the law. All acts in violation of the Constitution and the law must be investigated.

No organization or individual is privileged to be beyond the Constitution or the law.

Article 6. Socialist supremacy

The basis of the socialist economic system of the People's Republic of China is socialist public ownership of the means of production, namely, ownership by the whole people and collective ownership by the working people. The system of socialist public ownership supersedes the system of exploitation of man by man; it applies the principle of 'from each according to his ability, to each according to his work'.

During the primary stage of socialism, the State adheres to the basic economic system with the public ownership remaining dominant and diverse sectors of the economy developing side by side, and to the distribution system with the distribution according to work remaining dominant and the coexistence of a variety of modes of distribution.

Article 7. State economy

The State-owned economy, that is, the socialist economy under ownership by the whole people, is the leading force in the national economy. The State ensures the consolidation and growth of the State-owned economy.

Article 8. Communes and collectives

Rural collective economic organizations practice the double-tier management system that combines unified and separate operations on the basis of the household-based output-related contracted responsibility system. Various forms of the cooperative economy in rural areas such as producers', supply and marketing, credit and consumers' cooperatives belong to the sector of the socialist economy under collective ownership by the working people.

Working people who are members of rural economic collectives have the right, within the limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for private use, engage in household sideline production and raise privately owned livestock.

The various forms of cooperative economy in the cities and towns, such as those in the handicraft, industrial, building, transport, commercial and service trades, all belong to the sector of socialist economy under collective ownership by the working people.

The state protects the lawful rights and interests of the urban and rural economic collectives and encourages, guides and helps the growth of the collective economy.

Article 9. Natural resources

All mineral resources, waters, forests, mountains, grasslands, unreclaimed land, beaches, and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people, with the exception of the forest, mountains, grasslands and unreclaimed land and beaches that are owned by collectives in accordance with the law.

The state ensures the rational use of natural resources and protects rare animals and plants. Appropriation or damaging natural resources by any organization or individual by whatever means is prohibited.

Article 10. Ownership of land

Land in cities is owned by the state.

Land in the rural and suburban areas is owned by collectives except for those portions which belong to the state in accordance with the law; house sites and privately farmed plots of cropland and hilly land are also owned by collectives.

The State may, in the public interest and in accordance with the provisions of law, expropriate or requisition land for its use and shall make compensation for the land expropriated or requisitioned.

No organization or individual may appropriate, buy, sell or unlawfully transfer land in other ways. The right to the use of the land may be transferred in accordance with the law.

All organizations and individuals using land must ensure its rational use.

Article 11. Private economy

Individual, private and other non-public economies that exist within the limits prescribed by law are major components of the socialist market economy.

The State protects the lawful rights and interests of the non-public sectors of the economy such as the individual and private sectors of the economy. The State encourages, supports and guides the development of the non-public sectors of the economy and, in accordance with law, exercises supervision and control over the non-public sectors of the economy.

Article 12. Public property

Socialist public property is inviolable.

The state protects socialist property. Appropriation or damaging of state or collective property by any organization or individual by whatever means is prohibited.

Article 13. Private property, inheritance

Citizens' lawful private property is inviolable.

The State, in accordance with law, protects the rights of citizens to private property and to its inheritance.

The State may, in the public interest and in accordance with law, expropriate or requisition private property for its use and shall make compensation for the private property expropriated or requisitioned.

Article 14. Economic improvement

The state continuously raises labor productivity, improves economic results and develops the productive forces by enhancing the enthusiasm of the working people, raising the level of their technical skill, disseminating advanced science and technology, improving the systems of economic administration and enterprise operation and management, instituting the socialist system of responsibility in various forms and improving the organization of work.

The state practices strict economy and combats waste.

The state properly apportions accumulation and consumption, concerns itself with the interests of the collective and the individual as well as of the state and, on the basis of expanded production, gradually improves the material and cultural life of the people.

The State establishes a sound social security system compatible with the level of economic development.

Article 15. Economic planning

The state has put into practice a socialist market economy. The State strengthens formulating economic laws, improves macro adjustment and control and forbids according to law any units or individuals from interfering with the social economic order.

Article 16. State-owned enterprise

Stated-owned enterprises have decision-making power in operation and management within the limits prescribed by law. State-owned enterprises practice democratic management through congresses of workers and staff and in other ways in accordance with the law.

Article 17. Collective-owned enterprise

Collective economic organizations have decision-making power in conducting independent economic activities, on condition that they abide by the relevant laws. Collective economic organizations practice democratic management, elect or remove their managerial personnel and decide on major issue concerning operation and management according to law.

Article 18. Foreign investment

The People's Republic of China permits foreign enterprises, other foreign economic organizations and individual foreigners to invest in China and to enter into various forms of economic cooperation with Chinese enterprises and other Chinese economic organizations in accordance with the law of the People's Republic of China.

All foreign enterprises, other foreign economic organizations as well as Chinese-foreign joint ventures within Chinese territory shall abide by the law of the People's Republic of China.

Article 19. Education

The state undertakes the development of socialist education and works to raise the scientific and cultural level of the whole nation.

The state establishes and administers schools of various types, universalizes compulsory primary education and promotes secondary, vocational and higher education as well as pre-school education.

The state develops educational facilities in order to eliminate illiteracy and provide political, scientific, technical and professional education as well as general education for workers, peasants, state functionaries and other working people. It encourages people to become educated through independent study.

The state encourages the collective economic organizations, state enterprises and institutions and other sectors of society to establish educational institutions of various types in accordance with the law.

The state promotes the development of natural and social sciences, disseminates knowledge of science and technology, and commends and rewards achievements in scientific research as well as technological innovations and inventions.

Article 20. Science and technology

deleted

Article 21. Medicine and fitness

The state develops medical and health services, promotes modern medicine and traditional Chinese medicine, encourages and supports the setting up of various medical and health facilities by the rural economic collectives, state enterprises and institutions and neighborhood organizations, and promotes health and sanitation activities of a mass character, all for the protection of the people's health.

The state develops physical culture and promotes mass sports activities to improve the people's physical fitness.

Article 22. Art, mass media, and culture

The state promotes the development of art and literature, the press, radio and television broadcasting, publishing and distribution services, libraries, museums, cultural centers and other cultural undertakings that serve the people and socialism, and it sponsors mass cultural activities.

The state protects sites of scenic and historical interest, valuable cultural monuments and relics and other significant items of China's historical and cultural heritage.

Article 23. State training to serve socialism

The state trains specialized personnel in all fields who serve socialism, expands the ranks of intellectuals and creates conditions to give full scope to their role in socialist modernization.

Article 24. Teaching in morality and patriotism

The state strengthens the building of a socialist society with an advanced culture and ideology by promoting education in high ideals, ethics, general knowledge, discipline and legality, and by promoting the formulation and observance of rules of conduct and common pledges by various sections of the people in urban and rural areas.

Article 25. Family planning

The state promotes family planning so that population growth may fit the plans for economic and social development.

Article 26. Pollution control, forests

The state protects and improves the environment in which people live and the ecological environment. It prevents and controls pollution and other public hazards.

The state organizes and encourages afforestation and the protection of forests.

Article 27. Responsibilty of work

All state organs carry out the principle of simple and efficient administration, the system of responsibility for work and the system of training functionaries and appraising their performance in order constantly to improve the quality of work and efficiency and combat bureaucratism.

Article 28. Maintaining order

The State maintains public order and suppresses treasonable and other criminal activities that endanger State security; it penalizes actions that endanger public security and disrupt the socialist economy and other criminal activities, and punishes and reforms criminals.

Article 29. Armed forces

The armed forces of the People's Republic of China belong to the people. Their tasks are to strengthen national defense, resist aggression, defend the motherland, safeguard the people's peaceful labor, participate in national reconstruction and do their best to serve the people.

Article 30. Governmental divisions

The administrative division of the People's Republic of China is as follows:

1)The country is divided into provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government;

2)Provinces and autonomous regions are divided into autonomous prefectures, counties, autonomous counties, and cities;

3)Counties and autonomous counties are divided into townships, nationality townships, and towns.

Municipalities directly under the Central Government and other large cities are divided into districts and counties. Autonomous prefectures are divided into counties, autonomous counties, and cities.

All autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties are national autonomous areas.

Article 31. Special administrative regions

The state may establish special administrative regions when necessary. The systems to be instituted in special administrative regions shall be prescribed by law enacted by the National People's Congress in the light of the specific conditions.

Article 32. Protection of right of foreigners

The People's Republic of China protects the lawful rights and interests of foreigners within Chinese territory; foreigners on Chinese territory must abide by the laws of the People's Republic of China.

The People's Republic of China may grant asylum to foreigners who request it for political reasons.

CHAPTER II. THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS

Article 33. Citizenship

All persons holding the nationality of the People's Republic of China are citizens of the People's Republic of China.

All citizens of the People's Republic of China are equal before the law.

Every citizen is entitled to the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law.

The State respects and preserves human rights.

Article 34. Voting requirements

All citizens of the People's Republic of China who have reached the age of 18 have the right to vote and stand for election, regardless of ethnic status, race, sex, occupation, family background, religious belief, education, property status or length of residence, except persons deprived of political rights according to law.

Article 35. Freedom of speech, press, assembly

Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration.

Article 36. Religious freedom

Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief.

No state organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or not believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who believe in, or do not believe in, any religion.

The state protects normal religious activities. No one may make use of religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the educational system of the state.

Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination.

Article 37. Freedom of person

Freedom of the person of citizens of the People's Republic of China is inviolable.

No citizens may be arrested except with the approval or by decision of a people's procuratorate or by decision of a people's court, and arrests must be made by a public security organ.

Unlawful detention or deprivation or restriction of citizens' freedom of the person by other means is prohibited, and unlawful search of the person of citizens is prohibited.

Article 38. Freedom from insult

The personal dignity of citizens of the People's Republic of China is inviolable. Insult, libel, false accusation or false incrimination directed against citizens by any means is prohibited.

Article 39. Inviolability of the home

The residences of citizens of the People's Republic of China are inviolable. Unlawful search of, or intrusion into, a citizen's residence is prohibited.

Article 40. Privacy of correspondence

Freedom and privacy of correspondence of citizens of the People's Republic of China are protected by law. No organization or individual may, on any ground, infringe on citizens' freedom of privacy of correspondence, except in cases where to meet the needs of state security or of criminal investigation, public security or procuratorial organs are permitted to censor correspondence in accordance with procedures prescribed by law.

Article 41. Right to petition the state

Citizens of the People's Republic of China have the right to criticize and make suggestions regarding any state organ or functionary. Citizens have the right to make to relevant state organs complaints or charges against, or exposures of, any state organ or functionary for violation of the law or dereliction of duty, but fabrication or distortion of facts for purposes of libel or false incrimination is prohibited.

The state organ concerned must deal with complaints, charges or exposures made by citizens in a responsible manner after ascertaining the facts. No one may suppress such complaints, charges and exposures or retaliate against the citizens making them.

Citizens who have suffered losses as a result of infringement of their civic rights by any state organ or functionary have the right to compensation in accordance with the law.

Article 42. Right and duty to work

Citizens of the People's Republic of China have the right as well as the duty to work.

Through various channels, the state creates conditions for employment, enhances occupational safety and health, improves working conditions and, on the basis of expanded production, increases remuneration for work and welfare benefits.

Work is the glorious duty of every able-bodied citizen. All working people in State-owned enterprises and in urban and rural economic collectives should perform their tasks with an attitude consonant with their status as masters of the country. The State promotes socialist labor emulation, and commends and rewards model and advanced workers. The State encourages citizens to take part in voluntary labor.

The state provides necessary vocational training for citizens before they are employed.

Article 43. Right to rest

Working people in the People's Republic of China have the right to rest.

The state expands facilities for the rest and recuperation of the working people and prescribes working hours and vacations for workers and staff.

Article 44. Protection of retirement

The state applies the system of retirement for workers and staff of enterprises and institutions and for functionaries of organs of state according to law. The livelihood of retried personnel is ensured by the state and society.

Article 45. Protection of old, ill, disabled

Citizens of the People's Republic of China have the right to material assistance from the state and society when they are old, ill or disabled. The state develops social insurance, social relief and medical and health services that are required for citizens to enjoy this right.

The state and society ensure the livelihood of disabled members of the armed forces, provides pensions to the families of martyrs and gives preferential treatment to the families of military personnel.

The state and society help make arrangements for the work, livelihood and education of the blind, deaf-mutes and other handicapped citizens.

Article 46. Right to and duty of education

Citizens of the People's Republic of China have the right as well as the duty to receive education.

The state promotes the all-round development of children and young people, morally, intellectually and physically.

Article 47. Right to pursue art, science

Citizens of the People's Republic of China have the freedom to engage in scientific research, literary and artistic creation and other cultural pursuits. The state encourages and assists creative endeavours conducive to the interests of the people that are made by citizens engaged in education, science, technology, literature, art and other cultural work.

Article 48. Equal rights for women

Women in the People's Republic of China enjoy equal rights with men in all spheres of life, political, economic, cultural, social, and family life.

The state protects the rights and interests of women, applies the principle of equal pay for equal work for men and women alike and trains and selects cadres from among women.

Article 49. Protection of marriage and family

Marriage, the family and mother and child are protected by the state.

Both husband and wife have the duty to practice family planning.

Parents have the duty to rear and educate their children who are minors, and children who have come of age have the duty to support and assist their parents.

Violation of the freedom of marriage is prohibited. Maltreatment of old people, women and children is prohibited.

Article 50. Protection of Chinese while overseas

The People's Republic of China protects the legitimate rights and interests of Chinese nationals residing abroad and protects the lawful rights and interests of returned overseas Chinese and of the family members of Chinese nationals residing abroad.

Article 51. Non-infringement of rights

Citizens of the People's Republic of China, in exercising their freedoms and rights, may not infringe upon the interests of the state, of society or of the collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens.

Article 52. Duty to safeguard unity

It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the unification of the country and the unity of all its nationalities.

Article 53. Duty to uphold Constitution

Citizens of the People's Republic of China must abide by the constitution and the law, keep state secrets, protect public property and observe labour discipline and public order and respect social ethics.

Article 54. Duty to honor the motherland

It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the security, honour and interests of the motherland; they must not commit acts detrimental to the security, honour and interests of the motherland.

Article 55. Duty to defend the motherland

It is the sacred duty of every citizen of the People's Republic of China to defend the motherland and resist aggression.

It is the honorable duty of citizens of the People's Republic of China to perform military service and join the militia in accordance with the law.

Article 56. Duty to pay taxes

It is the duty of citizens of the People's Republic of China to pay taxes in accordance with the law.

CHAPTER III. THE STRUCTURE OF THE STATE

§ 1. The National People's Congress

Article 57. Stature

The National People's Congress of the People's Republic of China is the highest organ of state power. Its permanent body is the Standing Committee of the National People's Congress.

Article 58. Legislative Power

The National People's Congress and its Standing Committee exercise the legislative power of the state.

Article 59. Composition

The National People's Congress is composed of deputies elected from the provinces, autonomous regions, municipalities directly under the Central Government, and the special administrative regions, and of deputies elected from the armed forces. All the minority nationalities are entitled to appropriate representation.

Election of deputies to the National People's Congress is conducted by the Standing Committee of the National People's Congress.

The number of deputies to the National People's Congress and the procedure of their election are prescribed by law.

Article 60. Term

The National People's Congress is elected for a term of five years.

The Standing Committee of the National People's Congress must ensure the completion of election of deputies to the succeeding National People's Congress two months prior to the expiration of the term of office of the current National People's Congress. Should extraordinary circumstances prevent such an election, it may be postponed and the term of office of the current National People's Congress extended by the decision of a vote of more than two-thirds of all those on the Standing Committee of the current National People's Congress. The election of deputies to the succeeding National People's Congress must be completed within one year after the termination of such extraordinary circumstances.

Article 61. Annual session

The National People's Congress meets in session once a year and is convened by its Standing Committee. A session of the National People's Congress may be convened at any time the Standing Committee deems it necessary or when more than one-fifth of the deputies to the National People's Congress so propose.

When the National People's Congress meets, it elects a Presidium to conduct its session.

Article 62. Enumerated powers

The National People's Congress exercises the following functions and powers:

(1) to amend the Constitution;
(2) to supervise the enforcement of the Constitution;
(3) to enact and amend basic laws governing criminal offenses, civil affairs, the state organs and other matters;
(4) to elect the President and the Vice President of the People's Republic of China;
(5) to decide on the choice of the Premier of the State Council upon nomination by the President of the People's Republic of China, and on the choice of the Vice Premiers, State Councilors, Ministers in charge of ministries or commissions, the Auditor General and the Secretary General of the State Council upon nomination by the Premier;
(6) to elect the Chairman of the Central Military Commission and, upon, nomination by the Chairman, to decide on the choice of all other members of the Central Military Commission;
(7) to elect the President of the Supreme People's Court;
(8) to elect the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate;
(9) to examine and approve the plan for national economic and social development and the report on its implementation;
(10) to examine and approve the state budget and the report on its implementation;
(11) to alter or annul inappropriate decisions of the Standing Committee of the National People's Congress;
(12) to approve the establishment of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government;
(13) to decide on the establishment of special administrative regions and the systems to be instituted there;
(14) to decide on questions of war and peace; and
(15) to exercise such other functions and powers as the highest organ of state power should exercise.

Article 63. Power of recall

The National People's Congress has the power to remove from office the following persons:

(1) the President and Vice President of the People's Republic of China;
(2) the Premier, Vice Premiers, State Councilors, Ministers in charge of ministries or commissions, the Auditor General and the Secretary General of the State Council;
(3) the Chairman of the Central Military Commission and other members of the Commission;
(4) the President of the Supreme People's Court; and
(5) the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate.

Article 64. Amending Constitution

Amendments to the Constitution are to be proposed by the Standing Committee of the National People's Congress or by more than one-fifth of the deputies of the National People's Congress and adopted by a vote of more than two-thirds of all the deputies to the Congress.

Laws and resolutions are to be adopted by a majority vote of all deputies to the National People's Congress.

Article 65. Composition of Standing Committee

The Standing Committee of the National People's Congress is composed of the following:

the Chairman; the Vice Chairmen; the Secretary-General; and the members.

Minority nationalities are entitled to appropriate representation on the Standing Committee of the National People's Congress.

The National People's Congress elects, and has the power to recall, members of its Standing Committee.

No one on the Standing Committee of the National People's Congress shall hold office in any of the administrative, judicial or procuratorial organs of the state.

Article 66. Term of Standing Committee

The Standing Committee of the National People's Congress is elected for the same term of the National People's Congress; it shall exercise its functions and powers until a new Standing Committee is elected by the succeeding National People's Congress.

The Chairman and Vice Chairman of the Standing Committee shall serve no more than two consecutive terms.

Article 67. Enumerated powers of Standing Committee

The Standing Committee of the National People's Congress exercises the following functions and powers:

(1) to interpret the Constitution and supervise its enforcement;
(2) to enact and amend laws, with the exception of those which should be enacted by the National People's Congress;
(3) to partially supplement and amend, when the National People's Congress is not in session, laws enacted by the National People's Congress provided that the basic principles of those laws are not contravened;
(4) to interpret laws;
(5) to review and approve, when the National People's Congress is not in session, partial adjustments to the plan for national economic and social development or to the state budget that prove necessary in the course of their implementation;
(6) to supervise the work of the State Council, the Central Military Commission, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate;
(7) to annul those administrative rules and regulations, decisions or orders of the State Council that contravene the Constitution or the law;
(8) to annual those local regulations or decisions of the organs of state power of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government that contravene the Constitution, the law or the administrative rules and regulations;
(9) to decide, when the National People's Congress is not in session, on the choice of Ministers in charge of ministries or commissions, the Auditor General or the Secretary General of the State Council upon nomination by the Premier of the State Council;
(10) to decide, upon nomination by the Chairman of the Central Military Commission, on the choice of other members of the Commission, when the National People's Congress is not in session;
(11) to appoint or remove, at the recommendation of the President of the Supreme People's Court, the Vice Presidents and Judges of the Supreme People's Court, members of its Judicial Committee and the President of the Military Court;
(12) to appoint or remove, at the recommendation of the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate, the Deputy Procurators-General and procurators of the Supreme People's Procuratorate, members of its Procuratorial Committee and the Chief Procurator of the Military Procuratorate, and to approve the appointment or removal of the chief procurators of the people's procuratorates of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government;
(13) to decide on the appointment or recall of plenipotentiary representatives abroad;
(14) to decide on the ratification or abrogation of treaties and important agreements concluded with foreign states;
(15) to institute systems of titles and ranks for military and diplomatic personnel and of other specific titles and ranks;
(16) to institute state medals and titles of honor and decide on their conferment;
(17) to decide on the granting of special pardons;
(18) to decide, when the National People's Congress is not in session, on the proclamation of the state of war in the event or an armed attack on the country or in fulfillment of international treaty obligations concerning common defense against aggression;
(19) to decide on general mobilization or partial mobilization;
(20) to decide on entering the state of emergency throughout the country or in particular provinces, autonomous regions, or municipalities directly under the Central Government; and
(21) to exercise such other functions and powers as the National People's Congress may assign to it.

Article 68. Chairman of the Standing Committee

The Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress directs the work of the Standing Committee and convenes its meeting. The Vice Chairmen and the Secretary-General assist the Chairman in his work.

The Chairman, the Vice Chairmen and the Secretary-General constitute the Council of Chairmen which handles the important day-to-day work of the Standing Committee of the National People's Congress.

Article 69. Standing Committee reports to Congress

The Standing Committee of the National People's Congress is responsible to the National People's Congress and reports on its work to the Congress.

Article 70. Other Committees

The National People's Congress establishes a Nationalities Committee, a Law Committee, a Finance and Economic Committee, an Education, Science, Culture and Public Health Committee, a Foreign Affairs Committee, an Overseas Chinese Committee and such other special committees as are necessary. These special committees work under the direction of the Standing Committee of the National People's Congress when the Congress is not in session.

The special committees examine, discuss and draw up relevant bills and draft resolutions under the direction of the National People's Congress and its Standing Committee.

Article 71. Committees of inquiry

The National People's Congress and its Standing Committee, when they deem necessary, appoint committees of inquiry into special questions and adopt relevant resolutions in the light of their reports.

All organs of state, public organizations and citizens concerned are obliged to furnish when necessary information to the committees of inquiry when they conduct investigations.

Article 72. Right to submit bills

Deputies to the National People's Congress and members of its Standing Committee have the right, in accordance with the procedures prescribed by law, to submit bills and proposals within the scope of the respective functions and powers of the National People's Congress and its Standing Committee.

Article 73. Right to question

Deputies to the National People's Congress and members of its Standing Committee have the right, during the sessions of Congress and the meetings of the Committee, to address questions, in accordance with procedures prescribed by law, to the State Council or the ministries and commissions under the State Council, which must answer the questions in a responsible manner.

Article 74. Freedom from arrest

No deputy to the National People's Congress may be arrested or placed on criminal trial without the consent of the Presidium of the current session of the National People's Congress or, when the National People's Congress is not in session, without the consent of its Standing Committee.

Article 75. Immunity of speeches in Congress

Deputies to the National People's Congress may not be held legally liable for their speeches or votes at its meetings.

Article 76. Duty to uphold Constitution

Deputies to the National People's Congress must play an exemplary role in abiding by the Constitution and the law and keeping state secrets, in public activities, production and other work, assist in enforcement of the Constitution and the law.

Deputies to the National People's Congress should maintain close contact with the unites which elected them and with the people, heed and convey the opinions and demands of the people and work hard to serve them.

Article 77. Recall of deputies

Deputies to the National People's Congress are subject to the supervision of the units which elected them. The electoral units have the power, through procedures prescribed by law, to recall the deputies whom they elected.

Article 78. Organization

The organization and working procedures of the National People's Congress and its Standing Committee are prescribed by law.

§ 2. The President of the People's Republic of China

Article 79. Election, qualifications

The President and the Vice President of the People's Republic of China are elected by the National People's Congress.

Citizens of the People's Republic of China who have the right to vote and to stand for election and who have reached the age of 45 are eligible for election as President or National People's Congress ice President of the People's Republic of China.

The term of office of the President and Vice President of the People's Republic of China is the same as that of the National People's Congress, and they shall serve no more than two consecutive terms.

Article 80. Powers

The President of the People's Republic of China, in pursuance of the decisions of the National People's Congress and its Standing Committee, promulgates statutes, appoints or removes the Premier, Vice Premiers, State Councilors, Ministers in charge of ministries or commissions, the Auditor- General and the Secretary-General of the State Council, confers state medals and titles of honor; issues orders of special pardons; proclaims entering of the state of emergency; proclaims a state of war; and issues mobilization orders.

Article 81. Duties

The President of the People's Republic of China, on behalf of the People's Republic of China, engages in activities involving State affairs and receives foreign diplomatic representatives and, in pursuance of the decisions of the Standing Committee of the National People's Congress, appoints or recalls plenipotentiary representatives abroad, and ratifies or abrogates treaties and important agreements concluded with foreign states.

Article 82. Vice-President

The Vice President of the People's Republic of China assists the President in his work.

The Vice President of the People's Republic of China may exercise such functions and powers of the President and the President may entrust to him.

Article 83. Transition of power

The President and the Vice President of the People's Republic of China exercise their functions and powers until the new President and Vice President elected by the succeeding National People's Congress assume office.

Article 84. Presidential succession

In the event that the office of the President of the People's Republic of China falls vacant, the Vice President of the People's Republic of China succeeds to the office of President.

In the event the office of the Vice President of the People's Republic of China falls vacant, the National People's Congress shall elect a new Vice President to fill the vacancy.

In the event that the offices of both the President and the Vice President of the People's Republic of China fall vacant, the National People's Congress shall elect a new President and a new Vice President. Prior to such election, the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress shall temporarily act as the President of the People's Republic of China.

§ 3. The State Council

Article 85. Executive branch

The State Council, that is, the Central People's Government of the People's Republic of China, is the executive body of the highest organ of state power; it is the highest organ of state administration.

Article 86. Composition

The State Council is composed of the following:

the Premier; the Vice Premiers; the State Councilors; the Ministers in charge of ministries; the Ministers in charge of commissions; the Auditor General; and the Secretary General.

The Premier assumes overall responsibility for the work of the State Council. The Ministers assume overall responsibility for the work of the ministries and commissions.

The organization of the State Council is prescribed by law.

Article 87. Term

The term of office of the State Council is the same as that of the National People's Congress.

Article 88. Duties of Premier

The Premier directs the work of the State Council. The Vice Premiers and State Councilors assist the Premier in his work.

Executive meetings of the State Council are to be attended by the Premier, the Vice Premiers, the State Councilors and the Secretary General of the State Council.

Article 89. Enumerated powers

The State Council exercises the following functions and powers:

(1) to adopt administrative measures, enact administrative rules and regulations and issue decisions and orders in accordance with the Constitution and the law;
(2) to submit proposals to the National People's Congress or its Standing Committee;
(3) to formulate the tasks and responsibilities of the ministries and commissions of the State Council, to exercise unified leadership over the work of the ministries and commissions and direct all other administrative work of a national character that does not fall within the jurisdiction of the ministries and commissions;
(4) to exercise unified leadership over the work of local organs of state administration at various levels throughout the country, and to formulate the detailed division of functions and powers between the Central Government and the organs of state administration of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government;
(5) to draw up and implement the plan for national economic and social development of the state budget;
(6) to direct and administer economic affairs and urban and rural development;
(7) to direct and administer the affairs of education, science, culture, public health, physical culture and family planning;
(8) to direct and administer civil affairs, public security, judicial administration, supervision and other related matters;
(9) to conduct foreign affairs and conclude treaties and agreements with foreign states;
(10) to direct and administer the building of national defense;
(11) to direct and administer affairs concerning the nationalities and to safeguard the equal rights of minority nationalities and the right to autonomy of the national autonomous areas;
(12) to protect the legitimate rights and interests of Chinese nationals residing abroad and protect the lawful rights and interests of returned overseas Chinese and of the family members of Chinese nationals residing abroad;
(13) to alter or annul inappropriate orders, directives and regulations issued by the ministries or commissions;
(14) to alter or annul inappropriate decisions and orders issued by local organs of state administration at various levels;
(15) to approve the geographic division of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government, and to approve the establishment and geographic division of autonomous prefectures, counties, autonomous counties, and cities;
(16) in accordance with the provisions of law, to decide on entering the state of emergency in parts of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government;
(17) to examine and decide on the size of administrative organs and, in accordance with the law, to appoint or remove administrative officials, train them, appraise their performance and reward or punish them; and
(18) to exercise such other functions and powers as the National People's Congress or its Standing Committee may assign to it.

Article 90. Ministers

Ministers in charge of the ministries or commissions of the State Council are responsible for the work of their respective departments and they convene and preside over ministerial meetings for general and executive meetings of the commissions to discuss and decide major issues in the work of their respective departments.

The ministries and commissions issues orders, directives and regulations within the jurisdiction of their respective departments in accordance with the law and the administrative rules and regulations, decisions and orders issued by the State Council.

Article 91. Auditors

The State Council establishes an auditing body to supervise through auditing the revenue and expenditure of all departments under the State Council and of the local governments at various levels, and the revenue and expenditure of all financial and monetary organizations, enterprises and institutions of the state.

Under the direction of the Premier of the State Council, the auditing body independently exercises its power of supervision through auditing in accordance with the law, subject to no interference by any other administrative organ of any public organization or individual.

Article 92. State Council reports to Congress

The State Council is responsible, and reports on its work, to the National People's Congress or, when the National People's Congress is not in session, to its Standing Committee.

§ 4. The Central Military Commission

Article 93. Function, composition

The Central Military Commission of the People's Republic of China directs the armed forces of the country.

The Central Military Commission is composed of the following:

the Chairman; the Vice Chairmen; and the members.

The Chairman assumes overall responsibility for the work of the Central Military Commission.

The term of office of the Central Military Commission is the same as that of the National People's Congress.

Article 94. Chairman reports to Congress

The Chairman of the Central Military Commission is responsible to the National People's Congress and its Standing Committee.

§ 5. The Local People's Congresses and the Local People's Governments at Different Levels

Article 95. Distribution

People's congresses and people's governments are established in provinces, municipalities directly under the Central Government, counties, cities, municipal districts, townships, nationality townships, and towns.

The organization of local people's congresses and local people's governments at various levels is prescribed by law.

Organs of self-government are established in autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties. The organization and working procedures of organs of self-government are prescribed by law in accordance with the basic principles laid down in Sections V and VI of Chapter Three of the Constitution.

Article 96. Composition

Local people's congresses at various levels are local organs of state power.

Local people's congresses at and above the county level establish standing committees.

Article 97. Election of deputies

Deputies to the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government and cities divided into districts are elected by the people's congresses at the next lower level; deputies to the people's congresses of counties, cities not divided into districts, municipal districts, townships, nationality townships, and towns are elected directly by their constituencies.

The number of deputies to local people's congresses at various levels and the manner of their election are prescribed by law.

Article 98. Term

The term of office of the local people's congresses at various levels is five years.

Article 99. Duties and powers

Local people's congresses at various levels ensure the observance and implementation of the Constitution and the law and the administrative rules and regulations in their respective administrative areas. Within the limits of their authority as prescribed by law, they adopt and issue regulations and examine and decide on plans for local economic and cultural development and for the development of public services.

Local people's congresses at and above the county level shall examine and approve the plans for economic and social development and the budgets of their respective administrative areas and examine and approve the reports on their implementation. They have the power to alter or annual inappropriate decisions of their own standing committees.

The people's congresses of nationality townships may, within the limits of their authority as prescribed by law, take specific measures suited to the characteristics of the nationalities concerned.

Article 100. Adoption of local law

The people's congresses of provinces and municipalities directly under the Central Government and their standing committees may adopt local regulations, which must not contravene the Constitution and the law and administrative rules and regulations, and they shall report such local regulations to the Standing Committee of the National People's Congress for the record.

Article 101. Election and recall of governors

Local people's congresses and their respective levels elect and have the power to recall governors and deputy governors, or mayors and deputy mayors, or heads deputy heads of counties, districts, townships and towns.

Local people's congresses at and above the county level elect, and have the power to recall, presidents of people's courts and chief pocurators of people's procuratorates at the corresponding level. The election or recall of chief procurators of people's procuratorates at the next higher level for submission to the standing committees of the people's congresses at the corresponding level for approval.

Article 102. Deputies subject to electoral supervision

Deputies to the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government and cities divided into districts are subject to supervision by the units which elected them; deputies to the people's congresses of counties, cities not divided into districts, municipal districts, townships, nationality townships, and towns are subject to supervision by their constituencies.

The electoral units and constituencies which elect deputies to local people's congresses at various levels have the power to recall the deputies according to procedures prescribed by law.

Article 103. Composition of standing committees

The standing committee of the local people's congress at and above the county level is composed of a chairman, vice chairmen and members, and is responsible and reports on its work to the people's congress at the corresponding level.

A local people's congress at or above the county level elects, and has the power to recall, members of its standing committee.

No one on the standing committee of a local people's congress at or above the county level shall hold office in state administrative, judicial and procuratorial organs.

Article 104. Duties of standing committees

The standing committee of a local people's congress at and above the county level discusses and decides on major issues in all fields of work in its administrative area; supervises the work of the people's government, people's court and people's procuratorate at the corresponding level; annuls inappropriate decisions and orders of the people's government at the corresponding level; annuls inappropriate resolutions of the people's congress at the next lower level, decides on the appointment or removal of functionaries of state organs within the limits of its authority as prescribed by law; and, when the people's congress at the corresponding level is not in session, recalls individual deputies to the people's congress at the next higher level and elects individual deputies to fill vacancies in that people's congress.

Article 105. Local governments

Local people's governments at various levels are the executive bodies of local organs of state power as well as the local organs of state administration at the corresponding levels.

Governors, mayors and heads of counties, districts, townships and towns assume overall responsibility for local people's governments at various levels.

Article 106. Terms

The term of office of local people's governments at various levels is the same as that of the people's congresses at the corresponding levels.

Article 107. Powers

Local people's governments at and above the county level, within the limits of their authority as prescribed by law, conduct administrative work concerning the economy, education, science, culture, public health, physical culture, urban and rural development, finance, civil affairs, public security, nationalities affairs, judicial administration, supervision and family planning in their respective administrative areas, issue decisions and orders; appoint or remove administrative functionaries, train them, appraise their performance and reward or punish them.

People's governments of townships, nationality townships, and towns execute the resolutions of the people's congress at the corresponding level as well as the decisions and orders of the state administrative organs at the next higher level and conduct administrative work in their respective administrative areas.

Article 108. Hierarchy of government

Local people's governments at and above the county level direct the work of their subordinate departments and of people's governments at lower levels, and have the power to alter or annul inappropriate decisions of their subordinate departments and of people's governments at lower levels.

Article 109. Auditing

Auditing bodies are established by local people's governments at and above the county level. Local auditing bodies at various levels independently exercise their power of supervision through auditing in accordance with the law and are responsible to the people's government at the corresponding level and to the auditing body at the next higher level.

Article 110. Responsibility for reporting

Local people's governments at various levels are responsible and report on their work to the state administrative organs at the next higher level. Local people's governments at various levels throughout the country are state administrative organs under the unified leadership of the State Council and are subordinate to it.

Article 111. Grass-roots government

The residents' committees and villagers' committees established among urban and rural residents on the basis of their place of residence are mass organizations of self-management at the grass roots level. The chairman, vice chairmen and members of each residents' or villagers' committee are elected by the residents. The relationship between the residents' and villagers' committees and the grass roots organs of state power is prescribed by law.

The residents' and villagers' committees establish committees for people's mediation, public security, public health and other matters in order to manage public affairs and social services in their areas, mediate civil disputes, help maintain public order and convey residents' opinions and demands and make suggestions to the people's government.

§ 6. The Organs of Self-Government of National Autonomous Areas

Article 112. Composition

The organs of self-government of national autonomous areas are the people's congresses and people's governments of autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties.

Article 113. Right of nationalities in Congress

In the people's congress of an autonomous region, prefecture or county, in addition to the deputies of the nationality exercising regional autonomy in the administrative area, the other nationalities inhabiting the area are also entitled to appropriate representation.

Among the chairman and vice chairmen of the standing committee of the people's congress of an autonomous region, prefecture or county there shall be one or more citizens of the nationality or nationalities exercising regional autonomy in the area concerned.

Article 114. Administrative head to be of local nationality

The chairman of an autonomous region, the prefect of an autonomous prefecture or the head of an autonomous county shall be a citizen of the nationality exercising regional autonomy in the area concerned.

Article 115. Powers and functions

The organs of self-government of autonomous regions, prefectures and counties exercise the functions and powers of local organs of state as specified in Section V of Chapter Three of the Constitution. At the same time, they exercise the power of autonomy within the limits of their authority as prescribed by the Constitution, the Law of the People's Republic of China on Regional National Autonomy and other laws and implement the laws and policies of the state in the light of the existing local situation.

Article 116. Concurrency of regional and national law

The people's congresses of the national autonomous areas have the power to enact regulations on the exercise of autonomy and other separate regulations in the light of the political, economic and cultural characteristics of the nationality or nationalities in the areas concerned. The regulations on the exercise of autonomy and other separate regulations of autonomous regions shall be submitted to the Standing Committee of the National People's Congress for approval before they go into effect. Those of autonomous prefectures and counties shall be submitted to the standing committees of the people's congresses of provinces of autonomous regions for approval before they go into effect, and they shall be reported to the Standing Committee of the National People's Congress for the record.

Article 117. Independence of finance

The organs of self-government of the national autonomous areas have the power of autonomy in administering the finances of their areas. All revenues accruing to the national autonomous areas under the financial system of the state shall be managed and used by the organs of self-government of those areas on their own.

Article 118. Independence of economic planning

The organs of self-government of the national autonomous areas independently arrange for and administer local economic development under the guidance of the state plans.

In exploiting natural resources and building enterprises in the national autonomous areas, the state shall give due consideration to the interests of those areas.

Article 119. Independence of art, science, and culture

The organs of self-government of the national autonomous areas independently administer educational, scientific, cultural, public health and physical culture affairs in their respective areas, protect and sift through the cultural heritage of the nationalities and work for a vigorous development of their cultures.

Article 120. Organization of local police

The organs of self-government of the national autonomous areas may, in accordance with the military system of the state and practical local needs and with the approval of the State Council, organize local public security forces for the maintenance of public order.

Article 121. Use of local language

deleted

Article 122. Assistance from the state

The state provides financial, material and technical assistance to the minority nationalities to accelerate their economic and cultural development.

The state helps the national autonomous areas train large numbers of cadres at various levels and specialized personnel and skilled workers of various profession and trades from among the nationality or nationalities in those areas.

§ 7. The People's Courts and the People's Procuratorates

Article 123. Judicial branch

The people's courts in the People's Republic of China are the judicial organs of the state.

Article 124. Composition

The People's Republic of China establishes the Supreme People's Court and the people's courts at various local levels, military courts and other special people's courts.

The term of office of the President of the Supreme People's Court is the same as that of the National People's Congress. The President shall serve no more than two consecutive terms.

The organization of the people's courts is prescribed by law.

Article 125. Trial to be public, right to defense

Except in special circumstances as specified by law, all cases in the people's courts are heard in public. The accused has the right to defense.

Article 126. Judicial independence

The people's courts exercise judicial power independently, in accordance with the provisions of the law, and are not subject to interference by any administrative organ, public organization or individual.

Article 127. Supreme People's Court

The Supreme People's Court is the highest judicial organ.

The Supreme People's Court supervises the administration of justice by the people's courts at various local levels and by the special people's courts. People's courts at higher levels supervise the administration of justice by those at lower levels.

Article 128. Supreme Court reports to Congress

The Supreme People's Court is responsible to the National People's Congress and its Standing Committee. Local people's courts at various levels are responsible to the organs of the state power which created them.

Article 129. Procuratorates defined

The people's procuratorates of the People's Republic of China are state organs for legal supervision.

Article 130. Division of procuratorates

The People's Republic of China establishes the Supreme People's Procuratorate and the people's procuratorates at various levels, military procuratortates and other special people's procuratorates.

The term of office of the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate is the same as that of the National People's Congress; the Procurator General shall serve no more than two consecutive terms.

The organization of the people's procuratorates is prescribed by law.

Article 131. Procuratorial independence

The people's procuratorates exercise procuratorial power independently, in accordance with the provisions of the law, and are not subject to interference by any administrative organ, public organization or individual.

Article 132. Supreme People's Procuratorate

The Supreme People's Procuratorate is the highest procuratorial organ.

The Supreme People's Procuratorate directs the work of the people's procuratorates at various local levels and of the special people's procuratorates at various local levels. People's procuratorates at higher levels direct the work of those at lower levels.

Article 133. Supreme Procuratorate reports to Congress

The Supreme People's Procuratorate is responsible to the National People's Congress and its Standing Committee. People's procuratorates at various levels are responsible to the organs of state power which created them and to the people's procuratorates at higher levels.

Article 134. Right to use national language

Citizens of all nationalities have the right to use the spoken and written languages of their own nationalities in court proceedings. The people's courts and people's procuratorates should provide translation for any party to the court proceedings who is not familiar with the spoken or written languages commonly used in the locality.

In an area where people of a minority nationality live in a concentrated community or where a number of nationalities live together, court hearings should be conducted in the language or languages commonly used in the locality; indictments, judgments, notices and other documents should be written, according to actual needs, in the language or languages commonly used in the locality.

Article 135. Coordination of efforts

The people's courts, the people's procuratorates and the public security organs shall, in handling criminal cases, divide their functions, each taking responsibility for its own work, and they shall coordinate their efforts and check each other to ensure the correct and effective enforcement of the law.

CHAPTER IV. THE NATIONAL FLAT, THE NATIONAL ANTHEM, THE NATIONAL EMBLEM AND THE CAPITAL

Article 136. Flag

The national flag of the People's Republic of China is a red flag with five stars.

The National Anthem of the People's Republic of China is the March of the Volunteers.

Article 137. Emblem

The national emblem of the People's Republic of China consists of an image of Tiananmen in its center illuminated by five stars and encircled by ears of grain and a cogwheel.

Article 138. Capital

The capital of the People's Republic of China is Beijing.

01Ene/14

Ley nº 27

Ley nº 27.489 que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información. (11.06.2001)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LAS CENTRALES PRIVADAS DE INFORMACION DE RIESGOS Y DE PROTECCION AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN

 

 

 

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto regular el suministro de información de riesgos en el mercado, garantizando el respeto a los derechos de los titulares de la misma, reconocidos por la Constitución Política del Perú y la legislación vigente, promoviendo la veracidad, confidencialidad y uso apropiado de dicha información.

Artículo 2º.- Definiciones

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Centrales privadas de información de riesgos (CEPIRS).- Las empresas que en locales abiertos al público y en forma habitual recolecten y traten información de riesgos relacionada con personas naturales o jurídicas, con el propósito de difundir por cualquier medio mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de crédito acerca de éstas. No se consideran CEPIRS, para efectos de la presente Ley, a las entidades de la administración pública que tengan a su cargo registros o bancos de datos que almacenen información con el propósito de darle publicidad con carácter general, sin importar la forma como se haga pública dicha información.

b) Información de riesgos.- Información relacionada a obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros de una persona natural o jurídica que permita evaluar su solvencia económica vinculada principalmente a su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago.

c) Información sensible.- Información referida a las características físicas, morales o emocionales de una persona natural, o a hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, tales como los hábitos personales, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual u otras análogas que afecten su intimidad y todo lo referido en la Constitución Política del Perú en su Artículo 2º inciso 6).

d) Titular de la información.- La persona natural o jurídica a la que se refiere la información de riesgos.

e) Reporte de crédito.- Toda comunicación escrita o contenida en algún medio proporcionada por una CEPIR con información de riesgos referida a una persona natural o jurídica, identificada.

f) Banco de datos.- Conjunto de información de riesgos administrado por las CEPIRS, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, organización, almacenamiento, sistematización y acceso, que permita relacionar la información entre sí, así como procesarla con el propósito de transmitirla a terceros.

g) Recolección de información.- Toda operación o conjunto de operaciones o procedimiento técnico que permitan a las CEPIRS obtener información.

h) Fuentes de acceso público.- Información que se encuentra a disposición del público en general o de acceso no restringido, no impedida por cualquier norma limitativa, que está recogida en medios tales como censos, anuarios, bases de datos o registros públicos, repertorios de jurisprudencia, archivos de prensa, guías telefónicas u otros medios análogos; así como las listas de personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan únicamente los nombres, títulos, profesión, actividad, grados académicos, dirección e indicación de su pertenencia al grupo.

i) Tratamiento de información.- Toda operación o conjunto de operaciones o procedimiento técnico, de carácter automatizado o no, que permitan a las CEPIRS acopiar, almacenar, actualizar, grabar, organizar, sistematizar, elaborar, seleccionar, confrontar, interconectar, disociar, cancelar y, en general, utilizar información de riesgos para ser difundida en un reporte de crédito.

j) Difusión de información.- Toda operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan a las CEPIRS comunicar, ceder, transmitir, dar acceso o poner en conocimiento de terceros la información de riesgos contenida en sus bancos de datos. La información de fuente Registros Públicos deberá indicar obligatoriamente la fecha y hora de la obtención de la información y si ésta es sólo informativa.

Artículo 3º.- ámbito de aplicación

Están sujetas a la presente Ley todas las CEPIRS que realicen actividades o presten servicios en el territorio nacional.

 

TITULO SEGUNDO . DE LAS CENTRALES PRIVADAS DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

Artículo 4º.- Organización

Las CEPIRS pueden constituirse bajo cualquiera de las formas permitidas por la Ley General de Sociedades.

Artículo 5º.- Características

Las CEPIRS deberán contar, como mínimo, con las siguientes características de organización y funcionamiento:

a) Infraestructura informática adecuada para el debido tratamiento de la información recolectada;

b) Procedimientos internos para una eficiente, efectiva y oportuna atención de consultas, quejas y reclamos, cuando sea el caso; y,

c) Controles internos que proporcionen seguridad en el desarrollo de sus actividades, así como procedimientos de validez de la información procesada.

Artículo 6º.- Impedimentos

Están impedidos de ser directores, gerentes o funcionarios que tengan capacidad de decisión dentro de las CEPIRS:

a) Los impedidos para ser directores y gerentes de conformidad con la Ley General de Sociedades;

b) Los condenados por delitos dolosos;

c) Los declarados en proceso de insolvencia, mientras dure éste;

d) Los que registren protestos de documentos en los últimos cinco años;

e) Los que, directa o indirectamente, tengan créditos vencidos por más de 120 (ciento veinte) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial; y,

f) Los que sean titulares, socios o accionistas de empresas vinculadas, a las que se refiere el literal b) del Artículo 54º de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, que tengan créditos vencidos por más de 120 (ciento veinte) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial.

 

 

TITULO TERCERO – DE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DIFUSIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE RIESGOS

Artículo 7º.- Fuentes de información

7.1 Las CEPIRS podrán recolectar información de riesgos para sus bancos de datos tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas, sin necesidad de contar con la autorización del titular de la información, entendiéndose que la Base de Datos se conformará con toda la información de riesgo.

7.2 Las CEPIRS podrán adquirir información de las fuentes mencionadas en el párrafo precedente mediante la celebración de contratos privados directamente con la persona natural o jurídica que tenga o haya tenido relaciones civiles, comerciales, administrativas, bancarias, laborales o de índole análoga con el titular de la información, siempre y cuando ésta se refiera a los actos, situaciones, hechos, derechos y obligaciones materia de tales relaciones o derivadas de éstas y que no constituyan violación del secreto profesional.

7.3 Igualmente podrán celebrar contratos privados directamente con las entidades de la administración pública que recolecten o utilicen información de riesgos en el ejercicio de sus funciones y competencias legalmente establecidas, salvo que tal información haya sido declarada o constituya un secreto comercial o industrial.

Artículo 8º.- Información suministrada por los titulares

Las CEPIRS podrán recolectar información de riesgos directamente de los titulares, debiendo previamente informarles a éstos de modo expreso, preciso e inequívoco lo siguiente:

a) La existencia del banco de datos, la finalidad de la recolección de la información y los potenciales destinatarios de ésta;

b) La identidad y dirección de la CEPIR que recolecta la información;

c) El carácter facultativo de sus respuestas a las preguntas que le sean planteadas;

d) Las posibles consecuencias de la obtención de la información; y,

e) El alcance de los derechos desarrollados en el Título Cuarto de la presente Ley, así como de los procedimientos para hacerlos valer.

Cuando en la recolección de información se utilicen cuestionarios o cualquier otro medio impreso, se deberá entregar al titular de la información una copia de éstos en la que deberá figurar en forma claramente legible las indicaciones señaladas en los incisos precedentes. La carga probatoria de haber brindado la información antes detallada corresponde a las CEPIRS.

Artículo 9º.- Lineamientos generales de recolección y tratamiento de información

Para la recolección y tratamiento de la información de riesgos a su cargo las CEPIRS deberán observar los siguientes lineamientos generales:

a) La recolección de información no podrá efectuarse por medios fraudulentos o ilícitos;

b) La información recolectada sólo podrá ser utilizada para los fines señalados en la presente Ley;

c) La información será lícita, exacta y veraz, de forma tal que responda a la situación real del titular de la información en determinado momento. Si la información resulta ser ilícita, inexacta o errónea, en todo o en parte, deberán adoptarse las medidas correctivas, según sea el caso, por parte de las CEPIRS, sin perjuicio de los derechos que corresponden a los titulares de dicha información.

A efectos de determinar el momento se deberá, en cada reporte, señalar la fecha del informe; y,

d) La información será conservada durante el plazo legal establecido o, en su defecto, durante el tiempo necesario para los fines para los que fue recolectada.

Artículo 10º.- Información excluida

Las CEPIRS no podrán contener en sus bancos de datos ni difundir en sus reportes de crédito la siguiente información:

a) Información sensible;

b) Información que viole el secreto bancario o la reserva tributaria;

c) Información inexacta o errónea;

d) Información referida al incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil, comercial o tributaria, cuando (i) hayan transcurrido 5 (cinco) años desde que la obligación fue pagada o extinguida en forma total o (ii) haya prescrito el plazo legal para exigir su cumplimiento, lo que suceda primero;

e) Información referida a sanciones exigibles de naturaleza tributaria, administrativa u otras análogas, de contenido económico, cuando (i) hayan transcurrido 5 (cinco) años desde que se ejecutó la sanción impuesta al infractor o se extinguió por cualquier otro medio legal, o (ii) haya prescrito el plazo legal para exigir su ejecución, lo que suceda primero;

f) Información referida a la insolvencia o quiebra del titular de la información, cuando hayan transcurrido 5 (cinco) años desde que se levantó el estado de insolvencia o desde que se declaró la quiebra; o,

g) Cualquier otra información excluida por ley.

Artículo 11º.- Difusión de información de riesgos

Las CEPIRS podrán difundir a terceras personas, de manera onerosa o a título gratuito, la información de riesgos que contengan en sus bancos de datos. Para tales efectos, las CEPIRS podrán implementar en la forma que estimen conveniente procedimientos automatizados para la transmisión, comunicación o acceso de datos a terceros, así como el registro obligatorio de éstos bajo responsabilidad, debiendo cautelar los derechos de los titulares de la información.

Las CEPIRS difunden la información de riesgo, luego de identificar con medios apropiados al solicitante de la información.

Artículo 12º.- Deber de seguridad

Las CEPIRS deberán adoptar las medidas de índole técnica y administrativa destinadas a garantizar la seguridad de la información que manejen, a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

 

 

TITULO CUARTO . DE LA DEFENSA DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN GENERAL

 

SUBTITULO PRIMERO . DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

Artículo 13º.- Derechos de los titulares

De manera enunciativa, mas no limitativa, los titulares de la información registrada en los bancos de datos administrados por las CEPIRS tienen los siguientes derechos:

a) El derecho de acceso a la información referida a uno mismo registrada en tales bancos;

b) El derecho de modificación y el derecho de cancelación de la información referida a uno mismo registrada en tales bancos que pudiese ser ilegal, inexacta, errónea o caduca; y,

c) El derecho de rectificación de la información referida a uno mismo que haya sido difundida por las CEPIRS y que resulte ser ilegal, inexacta, errónea o caduca.

Artículo 14º.- Derecho de acceso

Los titulares podrán acceder, una vez al año o cuando la información contenida en los bancos de datos haya sido objeto de rectificación, a la información crediticia que les concierne que estuviese registrada en los bancos de datos administrados por las CEPIRS. Esta información será acompañada de una reseña explicativa de los derechos desarrollados en el presente Título, así como de los procedimientos para hacerlos valer. La información podrá ser obtenida por el titular de la información:

a) De forma gratuita, mediante la visualización en pantalla de los datos o;

b) Mediante el pago de una suma de dinero, que no excederá de los costos necesarios para la emisión del documento correspondiente, mediante un escrito, copia o fotocopia, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran de dispositivos mecánicos para su adecuada comprensión.

La información a que se refiere este artículo incluirá, a solicitud del titular, la identidad de las fuentes de información registrada en los bancos de datos, con excepción de las fuentes de acceso público y la identidad de todas las personas que obtuvieron un reporte de crédito sobre el titular en los últimos doce meses, así como la fecha en que se emitieron tales reportes.

Artículo 15º.- Derecho de modificación y derecho de cancelación

15.1 En caso de considerar que la información contenida en los bancos de datos es ilegal, inexacta, errónea o caduca, el titular de dicha información podrá solicitar que ésta sea revisada por cuenta y costo de las CEPIRS y, de ser el caso, que se proceda a su modificación o cancelación.

15.2 La solicitud para la revisión de la información deberá ser interpuesta por escrito, acompañando los medios probatorios que acrediten que el solicitante es el titular de la información. En dicha solicitud se precisará los datos concretos que se desea revisar, acompañando la documentación que justifique el pedido.

15.3 Las CEPIRS establecerán los procedimientos internos necesarios para brindar una eficiente, efectiva y oportuna atención a las solicitudes de revisión presentadas, así como los mecanismos de comunicación y coordinación adecuados con las fuentes de las que recolecta la información.

15.4 Dentro del plazo de 7 (siete) días naturales desde la presentación de la solicitud, las CEPIRS obligatoriamente informarán por escrito al titular de la información si su pedido es procedente o si ha sido denegado. Alternativamente, dentro del mismo plazo, las CEPIRS podrán prorrogar, hasta por 5 (cinco) días naturales adicionales, el plazo para emitir una decisión definitiva, debiendo para ello, hasta que finalice el plazo, difundir que dicha información es materia de revisión.

15.5 Vencidos los plazos mencionados en el párrafo presente, el titular de la información deberá recibir la comunicación por escrito que responda de manera definitiva su solicitud.

Artículo 16º.- Derecho de rectificación

En caso que se verifique que la información contenida en los bancos de datos es ilegal, inexacta, errónea o caduca, la CEPIR, a su cuenta y costo, enviará comunicaciones rectificatorias, a quienes les hubiera proporcionado dicha información en los doce meses anteriores a la fecha en que se verifique el problema.

Artículo 17º.- Tutela jurisdiccional

17.1 Los titulares de la información que no sean considerados consumidores para efectos del Decreto Legislativo nº 716, Ley de Protección al Consumidor, podrán solicitar judicialmente la tutela de los derechos enunciados en este Subtítulo en la vía del proceso sumarísimo.

17.2 Para poder interponer una demanda con el fin de que se modifique, cancele o rectifique una información de riesgos que se considere ilegal, inexacta, errónea o caduca, el titular de dicha información deberá previamente obtener un pronunciamiento, expreso o tácito, denegando una solicitud de revisión o de rectificación, tramitada conforme a lo dispuesto en los Artículos 15§ y 16§ de la presente Ley.

 

 

SUBTITULO SEGUNDO . DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

 

Artículo 18º.- Responsabilidad civil y penal

18.1 La responsabilidad civil de las CEPIRS por los daños ocasionados al titular por efecto del tratamiento o difusión de información será objetiva. Las CEPIRS podrán repetir contra las fuentes proveedoras de información cuando el daño sea ocasionado como consecuencia del tratamiento de información realizada por éstas.

18.2 Igualmente existe responsabilidad por parte de los usuarios o receptores de información de riesgos proporcionada por las CEPIRS, en caso de utilización indebida, fraudulenta o de modo que cause daños al titular de la información, la misma que se determinará conforme a las normas de responsabilidad civil y penal a que hubiese lugar. Sin perjuicio de lo anterior, las CEPIRS podrán repetir contra los usuarios o receptores de información en caso de haber asumido responsabilidad frente al titular de la información o terceros, en los supuestos antes indicados en que esté involucrada la responsabilidad de los usuarios o receptores de información.

 

 

TITULO QUINTO . DE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES EN ESPECIAL  

 

Artículo 19º.- Defensa de los consumidores

Las disposiciones contenidas en el presente Título son de aplicación a las disputas que surjan entre las CEPIRS y los titulares de la información, que son considerados consumidores por mandato de la presente Ley, para efectos de la aplicación de lo dispuesto por el Decreto Legislativo nº 716, Ley de Protección al Consumidor.

Artículo 20º.- Infracciones

Se consideran infracciones administrativas a la presente Ley:

a) Negarse a facilitar el acceso de un consumidor a la información de riesgos de la que es titular;

b) Denegar una solicitud de revisión o una solicitud de rectificación de la información de riesgos de la que es titular un consumidor; o,

c) Negarse a modificar o a cancelar la información de un titular luego de que éste haya tenido un pronunciamiento favorable en un procedimiento seguido de conformidad con lo establecido en el Artículo 15§ de la presente Ley.

Las CEPIRS son objetivamente responsables por incurrir en las infracciones antes tipificadas, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las fuentes de las que hubieran recolectado información, de ser el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo nº 716, Ley de Protección al Consumidor.

Artículo 21º.- Competencia de la Comisión de Protección al Consumidor

21.1 La Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el órgano administrativo competente para conocer de las infracciones tipificadas en el artículo precedente e imponer las sanciones administrativas y las medidas correctivas a las que hubiere lugar. Para tales efectos, la Comisión aplicará el procedimiento único contemplado en el Título V del Decreto Legislativo nº 807, Facultades, Normas y Organización del INDECOPI.

21.2 Para presentar una denuncia administrativa por infracción al Artículo 20§ inciso b), el consumidor titular de la información deberá previamente obtener un pronunciamiento expreso o tácito, denegando una solicitud de revisión o rectificación, tramitada conforme a lo dispuesto en los Artículos 15º y 16º de la presente Ley.

Artículo 22º.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor impondrá a las CEPIRS que incurran en alguna infracción a la presente Ley, las siguientes medidas correctivas:

a) La modificación o cancelación de la información de riesgos registrada en sus bancos de datos; y,

b) La rectificación de la información comercial de riesgos difundida en el mercado, por cuenta y costo del infractor, en la forma que determine la Comisión.

Adicionalmente a las sanciones administrativas a que hubiera lugar respecto de las CEPIRS, la Comisión de Protección al Consumidor impondrá sanciones a las fuentes proveedoras de la información que incurran en alguna infracción a la presente Ley y en general a terceras personas que han proporcionado información de riesgos a las CEPIRS que resulte ilegal, inexacta, errónea o caduca.

La modificación, actualización, rectificación o cancelación de la información de riesgos antes indicada que se encuentre registrada en sus bases de datos se actualizará dentro del día siguiente de notificada la medida.

Artículo 23º.- Ejecución de medidas correctivas a favor de los consumidores

23.1 Las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el Artículo 713º inciso 3) del Código Procesal Civil, una vez que queden consentidas o causen estado en la vía administrativa.

23.2 En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas a favor de consumidores afectados por la infracción administrativa, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a tales consumidores.

En los casos restantes, la legitimidad corresponde al INDECOPI.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL  ÚNICA.- Entrada en vigencia

La presente Ley entrará en vigencia a los 30 (treinta) días de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los once días del mes de junio de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente a.i. del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCIA

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil uno.

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

Presidente Constitucional de la República

JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS

Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales

01Ene/14

Vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering

Om vejledningen

Denne vejledning afløser fra den 1. januar 2007 den hidtidige folkeregistreringsvejledning, vejledning Nr. 51 af 13. juni 2002.

Vejledningen, som retter sig både mod borgerne og mod offentlige myndigheder, skal læses som et supplement til de retsregler, som fremgår af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) jf. lovbekendtgørelse Nr. 1134 af 20. november 2006 samt bekendtgørelse om folkeregistrering (folkeregistreringsbekendtgørelsen) Nr. 1153 af 23. november 2006.

Vejledningen er opbygget, så kapitlerne emnemæssigt følger CPR-lovens systematik, men der er ikke i vejledningen knyttet kommentarer til alle bestemmelser i CPR-loven. Der er også enkelte henvisninger til folkeregistreringsbekendtgørelsen, og den internordiske folkeregistreringsaftale (Aftale af 1. november 2004 med Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering). Herudover er der fire bilag, som ikke knytter sig specifikt til bestemte regler i denne lovgivning, men som kan understøtte kommunerne i administrationen af CPR-lovgivningen. Der er således indsat bilag om registrering af hændelser i udlandet, om sondringen mellem offentlige myndigheder og private, om de forvaltningsretlige regler og sagsbehandlingen samt om kassation af folkeregistermateriale.

I vejledningen benyttes udtrykket «kommunen». Det er kommunalbestyrelsen, som har kompetencen til at træffe afgørelser, og som har ansvaret for registreringen i CPR, men kompetencen og ansvaret vil som hovedregel være uddelegeret af kommunalbestyrelsen til den kommunale forvaltning, f.eks. et kommunalt folkeregister.

Siden 2004 har den elektroniske kirkebog erstattet folkekirkens ministerialbøger. En stor del af dataene i den elektroniske kirkebog registreres alene i CPR og hentes således elektronisk i CPR, når der i forbindelse med den elektroniske kirkebog er behov herfor. Disse data benævnes i vejledningen som civilregistreringer, og udtrykket personregisterføreren anvendes i vejledningen om den myndighedsperson, der tilfører oplysningerne til CPR. Det bemærkes, at civilregistreringen i Sønderjylland først overgår til elektronisk registrering den 1. maj 2007.

 

Kapitel 1.- Lovens formål og administration

Hovedformålet med loven er at sikre, at der tildeles alle, som bor i Danmark, et personnummer med henblik på en sikker identifikation af disse. Endvidere er det et formål, at der i relation til personnummeret registreres grundlæggende personoplysninger, herunder bopælsadresse, om de pågældende, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri.

CPR er dermed et centralt, landsdækkende grundregister. Denne funktion som et grundregister for de offentlige myndigheder indebærer, at oplysningerne i CPR ofte lægges uprøvet til grund i den daglige administration. Der er tillige på nogle områder tillagt oplysninger i CPR retsvirkninger i anden lovgivning. Det er derfor vigtigt at sikre, at de registrerede oplysninger er korrekte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet administrerer CPR sammen med kommunerne. Ministeriet fastsætter nærmere regler for kommunernes medvirken ved vedligeholdelsen af CPR.

Ministeriets administration af CPR varetages af CPR-kontoret. Der henvises til ministeriets hjemmeside på www.im.dk samt CPR-kontorets hjemmeside  www.cpr.dk.

 

Kapitel 2.- Personnumre og andre oplysninger i CPR

2.1.- Personnummer

 

2.1.1.- Opbygning af personnummeret

Personnummeret har siden indførelsen i 1968 bestået af 10 cifre, hvoraf de 6 første angiver personens fødselsdag, mens de sidste 4 er et løbenummer. Det syvende ciffer i personnummeret viser, når det sammenholdes med ciffer 5 og 6, der angiver fødselsåret, hvilket århundrede personen er født i. Der henvises til folkeregistreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2.

Alle hidtil tildelte personnumre er i overensstemmelse med den såkaldte «modulus-11»-regel. Da dette betyder en væsentlig begrænsning i antallet af personnumre, der er tilgængelige på de enkelte datoer, er det bestemt, at personnumrene fremover vil kunne tildeles uden at opfylde denne regel, hvis der på en given dato ikke er flere numre tilbage, som opfylder reglen. Der er nærmere redegjort for principperne for personnummerets opbygning på CPR-kontorets hjemmeside på www.cpr.dk 

 

2.1.2.- Tildeling af personnummeret

Tildelingen af personnumre sker alene til de personer, som falder ind under en af de kategorier, der er nævnt i CPR-lovens § 3, stk. 1, samt i tilfælde, hvor hjemlen i lovens § 3, stk. 6, er udnyttet.

Der kan ifølge CPR-lovens § 3, stk. 1, alene tildeles personnummer i følgende situationer:

Ved fødsel her i landet.

Ved tilflytning fra udlandet.

Ved inddragelse under ATP.

Når der ifølge skattemyndighederne skal tildeles et personnummer i forbindelse med skattesagsbehandling her i landet.

Hjemlen i lovens § 3, stk. 6, er udnyttet til i folkeregistreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, at fastsætte, at der skal tildeles personnummer, når en person optages i folkekirkens elektroniske kirkebog, såfremt pågældende ikke er omfattet af CPR-lovens § 3, stk. 1.

Såfremt tildeling af personnummer sker på grund af fødsel her i landet eller på grund af tilflytning fra udlandet, er der tale om tildeling af personnummer ved folkeregistrering , jf. lovens § 3, stk. 1, Nr. 1. Såfremt tildelingen af personnummer sker af en af de andre ovenfor nævnte grunde, er der tale om et såkaldt administrativt personnummer, jf. lovens § 3, stk. 1, Nr. 2 og 3, samt gennem udnyttelsen af hjemlen i lovens § 3, stk. 6.

Det har ingen indflydelse på selve personnummeret, hvad årsagen til personnummertildelingen er. Hvorvidt personnummeret tildeles ved folkeregistrering, eller der alene er tale om et administrativt personnummer, har derimod betydning for, hvilke andre oplysninger der registreres.

Har man først fået tildelt et personnummer, vil det også være dette, som i alle sammenhænge fremover vil skulle anvendes. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger om fødselsdato og køn, der indgår i personnummeret, altid er korrekte.

Når en kommune f.eks. skal registrere, at en person med et «skattepersonnummer» flytter her til landet, skal registreringen i CPR teknisk foretages som en indrejse med personnummer.

Den besked om det tildelte personnummer, som udsendes til de grupper, der er nævnt i lovens § 3, stk. 3, vil normalt foreligge ca. 1-2 uger efter, at kommunen har foretaget registreringen. Der sendes ikke automatisk besked om det tildelte personnummer til de personer, som får tildelt et administrativt personnummer, idet deres opholdsadresse normalt ikke kendes. Meddelelse om tildelt personnummer ved registrering af fødsel sendes af praktiske grunde til barnets mor, idet barnet normalt ikke er blevet navngivet / døbt på udsendelsestidspunktet. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor det ved en fødsel vides, at barnet skal bortadopteres anonymt.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, Nr. 1, tildeles personnummer ved folkeregistrering på grund af fødsel her i landet.

Et barn, som fødes her i landet, skal folkeregistreres, hvis barnets mor er folkeregistreret som boende her. Er dette ikke tilfældet, kan barnet kun folkeregistreres, såfremt barnet opfylder de almindelige betingelser for registrering af tilflytning fra udlandet, jf. CPR-lovens kapitel 5. Registreringen skal derfor i sådanne tilfælde ske som en «indrejse» og ikke som en «fødsel». Der henvises til vejledningens kapitel 5 vedrørende tilflytning fra udlandet.

Når det ved en fødsel vides, at barnet skal bortadopteres anonymt, må der aldrig lokalt af hospitalet, personregisterføreren eller kommunen ske en indberetning af fødslen i CPR / trækkes et personnummer til barnet. I stedet skal meddelelse om fødslen indsendes til CPR-kontoret, som vil sørge for, at indrapporteringen af fødslen i CPR sker på en sådan måde, at der ikke automatisk udsendes besked om personnummertildeling til den biologiske moder.

Der skal af hensyn til personregisterførernes civilregistrering til brug for den elektroniske kirkebog også tildeles personnummer ved fødsel her i landet af et barn, hvis mor ikke er folkeregistreret, samt ved dødsfald her i landet for en person, der ikke i forvejen har et personnummer. Det samme gælder ved registrering af et dødfødt barn, samt hvis en udlænding indgår som hovedperson i en kirkelig handling. Tildelingen af personnummer (administrativt personnummer), der i sådanne tilfælde sker med hjemmel i folkeregistreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, foretages af vedkommende personregisterfører.

Som hovedregel skal et barn, der fødes i udlandet , kun folkeregistreres og dermed have tildelt et personnummer, hvis det flytter her til landet. Dette gælder også et barn, der er dansk statsborger. Selv om et sådant barn, der er dansk statsborger, ikke har et personnummer, kan det få udstedt dansk pas. Hvis moderen til et barn, der er født i udlandet, er udrejst efter den 1. juli 2000 og er forblevet registreret i Danmark i medfør af CPR-lovens § 24, stk. 5 eller 6, vil barnet dog som en undtagelse fra den almindelige hovedregel blive registreret som indrejst på grund af fødslen. Fødslen skal anmeldes til den kommune, hvor moderen er folkeregistreret, med fornøden attestation af den myndighed, der har udsendt familien til tjeneste i udlandet.

Om fastsættelse af fødselsdatoer for personer, der er født i udlandet, henvises til afsnittet herom i bilag 1, afsnit 5.1.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, Nr. 1, tildeles personnummer – udover ved fødsel her i landet – også ved folkeregistrering på grund af tilflytning fra udlandet. Der kan om betingelserne herfor henvises til vejledningens kapitel 5.

Når der skal tildeles personnummer på grund af inddragelse under ATP eller i forbindelse med en skattesagsbehandlingher i landet («skattepersonnummer»), som omtalt i CPR-lovens § 3, stk. 1, Nr. 2 og 3, er det ATP henholdsvis skattecentret, som skal anmode om dette. Hvis der er tvivl om, hvilket skattecenter der skal udstede skattekortet eller i øvrigt har brug for et personnummer til skattesagsbehandling, må dette spørgsmål afgøres af SKAT. Kommunens tildeling af «skattepersonnummer» må først finde sted, når skattecentret har besluttet, at der skal foretages skattesagsbehandling.

Et personnummer, der én gang er anvendt, slettes ikke, selv om den oprindelige person f.eks. er død, ikke længere har bopæl i Danmark eller har fået et nyt personnummer. Derfor vil nummeret aldrig blive tildelt andre.

 

2.1.3.- Ændring af personnummer

Efter § 3, stk. 5, i CPR-loven er det kun fejl i de oplysninger, som indgår i personnummeret, det vil sige fødselsdato og køn, der kan begrunde tildeling af et nyt personnummer. Hvis den person, som mener at have fået registreret en forkert fødselsdato, er født her i landet, må vedkommende rette henvendelse til den myndighed, hvis registrering af fødslen har dannet grundlag for indrapporteringen til CPR, dvs. personregisterføreren (i Sønderjylland: personregisterføreren i kommunen). For fødsler, der har fundet sted i udlandet, henvises til bilag 1, afsnit 5.1.

Personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation, får først tildelt et nyt personnummer, når Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har fået meddelelse om, at kønsskiftet er helt afsluttet, uanset om behandlingen har fundet sted i Danmark eller udlandet. Der vil således aldrig kunne ske en ændring af personnummeret, alene fordi den pågældende oplyser at føle sig mere som en person af det modsatte køn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en ændring af personnummeret for personer, der ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af statsforvaltningen har fået tilladelse til at bære et navn, der ikke er kønskorrekt, jf. § 13 i bekendtgørelse Nr. 146 af 6. marts 2006 om navne.

Da det efter lovens § 3, stk. 5, kun er fejl i de oplysninger, der indgår i det tildelte personnummer, som kan begrunde et nyt personnummer, vil en person, hvis personnummer indeholder korrekte oplysninger om den pågældendes alder og køn, aldrig kunne få et nyt personnummer uanset baggrunden for ønsket herom, f.eks. ønsket om at sløre sin hidtidige identitet, eller fordi et bestemt løbenummer anses for ulykkesbringende.

Når der tildeles et nyt personnummer til erstatning for det gamle nummer, vil det gamle nummer blive stående i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det gamle nummer. Oplysningerne fra det gamle nummer vil blive overført til det nye nummer, hvorpå nye oplysninger fremover vil blive registreret. I tilfælde hvor det viser sig, at det var en fejl at ændre personnummeret, vil det være muligt at gentildele det gamle personnummer.

 

2.1.4.- Erstatningspersonnummer

Der er i nogle tilfælde behov i den private sektor og hos offentlige myndigheder for at kunne arbejde med 10-cifrede personnumre – såkaldte erstatningspersonnumre – for personer, der ikke efter reglerne i CPR-lovens § 3, stk. 1, eller folkeregistreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, er berettiget til et personnummer. Fra 1. juli 2007 forventer CPR-kontoret at stille en facilitet til rådighed, som inden for sundhedsområdet og hos andre myndigheder kan benyttes til at rekvirere erstatningspersonnumre, der er opbygget på en særlig måde, så de ikke kan forveksles med egentlige personnumre. Det anbefales fortsat myndigheder, som ikke har mulighed for eller ikke ønsker at benytte denne facilitet til rekvisition af erstatningspersonnumre, samt den private sektor kun at konstruere og benytte erstatningspersonnumre, som ikke kan forveksles med de egentlige personnumre i CPR-systemet. Oplysninger om, hvordan man konstruerer et sådant erstatningspersonnummer, og om faciliteten til at rekvirere erstatningspersonumre, kan læses på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

 

2.2.- De øvrige oplysninger i CPR

 

2.2.1.- Indledning

De oplysninger, der kan registreres i CPR, er udtømmende opregnet i CPR-lovens bilag 1. Dette betyder, at andre oplysninger end de angivne ikke må registreres. Dette gælder f.eks. for fagforeningsforhold.

 

2.2.2.- Navn

Registreringen af personnavne i CPR sker i overensstemmelse med CPR-lovens § 5.

Det er teknisk muligt at registrere en persons fulde navn efter navnelovgivningen , jf. lovens § 5, stk. 1, hvis samtlige fornavne kan rummes inden for i alt 50 positioner, samtlige mellemnavne inden for i alt 40 positioner og samtlige efternavne inden for i alt 40 positioner. Ved positioner forstås samtlige bogstaver, tegn og mellemrum mellem navnene.

Som hovedregel udgør titler som prinsesse, greve og lignende efter dansk ret ikke en del af efternavnet, ligesom de ikke kan indføres i navnerubrikken. Tidligere registreringer i CPR i strid med ovenstående skal dog ikke rettes. For medlemmer af det danske kongehus er titlen dog en del af navnet. Det samme kan være tilfældet for grever og grevinder af Frederiksborg og Rosenborg.

Et forholdsord, kendeord eller en kombination, som indgår i et navn, f.eks. Ole van Deurs, Ole von der Recke eller Ole le Maire betragtes som en del af efternavnet. Om den alfabetiske placering af sådanne og andre navne, f.eks. i lokalvejvisere, kan henvises til Retskrivningsordbogen og den deri omtalte publikation «Alfabetiseringsregler» fra Dansk Standard.

Attester efter folkekirkens elektroniske kirkebog og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger kan anvendes som dokumentation for navne. Tilsvarende gælder navneattester udstedt på grundlag af personregisterførernes civilregistrering i Sønderjylland frem til den 1. maj 2007.

Tvivlsspørgsmål om en persons rigtige navn kan rettes til personregisterføreren i bopælssognet. For så vidt angår personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, rettes tvivlsspørgsmål dog til personregisterføreren i den kommune, hvor registreringen har fundet sted.

Om registrering af navne , der er erhvervet i udlandet , henvises til afsnittet herom i bilag 1, afsnit 5.3.

Adresseringsnavnet , som skal holdes inden for 34 positioner, kan adskille sig fra det fulde navn ved at være en forkortelse af dette.

Som en følge af indførelsen af § 29, stk. 2, i navneloven (lov Nr. 524 af 24. juni 2005), blev den hidtidige bestemmelse i CPR-lovens § 5, stk. 8, ifølge hvilken indenrigs- og sundhedsministeren kunne fastsætte regler om registrering afadresseringsmellemnavn i CPR umiddelbart foran personens efternavn, ophævet pr. 1. april 2006. Efter 1. april 2006 er det således ikke længere muligt for en borger at få registreret adresseringsmellemnavn foran efternavnet i CPR ved henvendelse til bopælskommunen. Pågældende må i stedet henvises til at indgive anmodning om den ønskede navneændring til personregisterføreren (i Sønderjylland: personregisterføreren i kommunen).

Det er i navnelovens § 30, stk. 3, fastsat, at de adresseringsmellemnavne, som inden 1. april 2006 er registreret i CPRforan efternavnet, kan forblive registreret i CPR, indtil den pågældende borger ændrer mellemnavn eller efternavn, eller den pågældende selv anmoder om at få slettet adresseringsmellemnavnet i CPR.

Med ændringen af navneloven blev den hidtidige sondring mellem eget efternavn , dvs. seneste efternavn erhvervet på andet grundlag end ægteskab, og giftenavn ophævet. Det har efter den 1. april 2006 således ikke været muligt i CPR at tilføre nye registreringer i feltet «eget efternavn».

Af hensyn til bl.a. personregisterførernes administration af navnelovens bestemmelser opretholdes de registreringer i feltet «eget efternavn» i CPR, der er foretaget indtil udgangen af marts 2006. Disse registreringer vil fremgå af CPR og vil tillige fremkomme på registerindsigter til borgerne.

Fremsætter en borger anmodning om at få rettet i registreringen i feltet «eget efternavn» i CPR, skal vedkommende henvises til personregisterføreren (i Sønderjylland: personregisterføreren i kommunen), som i givet fald kan foretage fornøden rettelse i CPR.

Oplysningerne på plastsundhedskortet (før 1. januar 2007: sygesikringsbeviset) hentes fra CPR. Da der på sundhedskortet imidlertid kun kan skrives navne inden for max. 29 positioner og i øvrigt anvendes et andet tegnsæt end i CPR, er borgernes navne i visse tilfælde forkortet sammenlignet med CPRs adresseringsnavn. Klager over dette kan ikke rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men skal derimod rettes til vedkommendes bopælsregion eller Danske Regioner.

2.2.3.- Adresseoplysninger

Der henvises herom til kapitlerne 3-6.

 

2.2.4.- Fødselsregistreringssted

For personer født i Danmark anføres i CPR sognet (i Sønderjylland dog kommunen) som fødselsregistreringssted. For fødsler, som har fundet sted før 1. januar 1978, anføres det sogn, hvor fødslen har fundet sted. For fødsler efter den 1. januar 1978 anføres moderens bopælssogn. Er moderen ikke folkeregistreret på fødselstidspunktet, skal fødslen registreres i det sogn, hvor den har fundet sted. Om barnets eventuelle registrering i CPR på grundlag af fødsel henvises til reglerne omtalt foran i afsnit 2.1.2. om tildeling af personnumre, herunder i tilslutning til optagelse i den elektroniske kirkebog.

For personer født i udlandet registreres som udgangspunkt landet, hvor fødslen har fundet sted. Hvis der fremsættes ønske om registrering af en anden betegnelse end landenavnet, kan kommunen tilbyde i stedet at registrere en større geografisk enhed (verdensdel), der omfatter fødselsstedet, og for hvilken der findes en myndighedskode. Myndighedskoderne kan ses i CPR og på CPR-kontorets hjemmeside: www.cpr.dk.

Hvis en person født i udlandet ønsker ændring af det fødselsregistreringssted, der er registreret for den pågældende i CPR, skal vedkommende henvende sig til kommunen, der må træffe afgørelse i sagen. Som udgangspunkt for denne afgørelse kan kommunen indhente oplysninger i Udlændingeservices sag. Træffer kommunen afgørelse uden at høre Udlændingeservice, bør denne myndighed underrettes om kommunens afgørelse.

For kvinder bosat i Sønderjylland, der føder i Tyskland bl.a. på grund af afstand, komplikationer m.v., skal barnet registreres som indrejst med Tyskland som fødselsregistreringssted. Hvis statsforvaltningen giver tilladelse til, at barnet kan tilføres personregistret i moderens bopælskommune, skal kommunen i CPR rette barnets fødselsregistreringssted til personregistrets kode (og navn).

Stedbetegnelsen er for fødsler både i Danmark og i udlandet altid den aktuelle betegnelse for det sted, hvor registreringsmyndigheden befinder sig, og således ikke betegnelsen, der gjaldt på fødselsregistreringstidspunktet.

I et særligt felt kaldet «fødestedstekst» kan ske en supplering af oplysningerne om fødselsregistreringssted.

Hvis sognet i Danmark har skiftet navn efter fødselstidspunktet, kan den pågældende bede om at få indsat det oprindelige sognenavn i fødestedsteksten.

En person, der er født i udlandet, kan, hvis vedkommende har bevaret den aktuelle landebetegnelse for fødselsregistreringsstedet, i fødestedsteksten få registreret en tidligere geografisk betegnelse for landet, en nuværende eller tidligere betegnelse for en del af et land, eller en nuværende eller tidligere betegnelse for en by. Som eksempler kan nævnes, at Storbritannien som fødselsregistreringssted kan suppleres med Gibraltar som fødestedstekst, Israel suppleres med Palæstina eller med Jerusalem, og Polen suppleres med Freistadt Danzig.

Registreringen i fødestedsteksten vil blive videregivet til de myndigheder, der fra CPR modtager oplysninger om fødselsregistreringsstedet, således at myndigheden har mulighed for at anvende fødestedsteksten i stedet for fødselsregistreringsstedet, f.eks. på legitimationspapirer, som udstedes af denne.

 

2.2.5.- Statsborgerskab

Et barn født i perioden mellem den 1. januar 1979 og den 31. januar 1999 af forældre, som ved barnets fødsel var gift med hinanden, har erhvervet dansk indfødsret (statsborgerskab) ved fødslen, hvis faderen eller moderen var dansk statsborger. Var forældrene ikke gift med hinanden på fødselstidspunktet, men moderen var dansk statsborger, har barnet også erhvervet dansk indfødsret. Barnet har derimod ikke erhvervet dansk indfødsret, hvis alene faderen var dansk statsborger, og forældrene ikke var gift med hinanden på fødselstidspunktet.

Et barn født den 1. februar 1999 eller senere af forældre, som er gift med hinanden på fødselstidspunktet, erhverver også dansk indfødsret ved fødslen, hvis enten faderen eller moderen er dansk statsborger. Er barnets forældre ikke gift på fødselstidspunktet, og er kun faderen dansk statsborger, erhverver barnet dog kun dansk indfødsret, hvis det er født her i landet.

Hvis en mand, der er dansk statsborger, og en udenlandsk kvinde indgår ægteskab, skal kommunen foretage ændring af eventuel udenlandsk statsborgerskab til dansk for de registrerede fællesbørn, der er ugifte og under 18 år. De pågældende børn erhverver indfødsret fra tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Når en mand, der er dansk statsborger, anerkender faderskab til et barn født her i landet den 1. februar 1999 eller senere af en udenlandsk kvinde, som ikke er gift med faderen, sker ændringen af barnets statsborgerskab automatisk.

Ifølge loven fra 1950 om ophævelse af Dansk-Islandsk Forbundslov m.m. (lov Nr. 205 af 16. maj 1950) tilkommer den særlige status «ligeret med danske statsborgere» (statsborgerskabskode 5105) kun islandske statsborgere, der den 6. marts 1946 var bosat i Danmark, samt islandske statsborgere, som havde været bosat i Danmark på et tidspunkt de sidste 10 år inden den 6. marts 1946. Loven skal forstås således, at den ret, der tilkommer voksne personer efter loven, ikke gælder disses børn eller ægtefælle, som – for at få rettighederne – selvstændigt må opfylde lovens betingelser.

Har en person både dansk og andet statsborgerskab, registreres vedkommende altid som dansk statsborger i CPR.

For børn født her i landet af forældre med forskelligt udenlandsk statsborgerskab er udgangspunktet, at barnet registreres med samme statsborgerskab som faderen, hvis barnet er født i ægteskab. For børn født uden for ægteskab er udgangspunktet registrering af samme statsborgerskab som moderen.

Registrering efter disse retningslinjer kan dog i enkelte tilfælde være forkert eller stride mod forældrenes ønske. Er dette tilfældet, kan registreringen af statsborgerskab ændres på grundlag af dokumentation for det korrekte statsborgerskab, dvs. et dokument fra det pågældende land, hvorefter barnet har statsborgerskab i landet, eller et selvstændigt pas for barnet. Optagelse i pas hos en af forældrene er derimod ikke altid udtryk for, at barnet har samme statsborgerskab som den pågældende af forældrene, men kan alene tjene til rejselegitimation.

Om statsborgerskab for personer, der er født i udlandet, henvises i øvrigt til vejledningens bilag 1, afsnit 5.5.

 

2.2.6.- Slægtskabsoplysninger

Som angivet i CPR-lovens bilag 1, Nr. 7, er det kun oplysning om mor, far og børn samt forældremyndighed, der omfattes af registreringen af slægtskabsoplysninger. Det bemærkes, at slægtskabsoplysninger alene består af de pågældende familiemedlemmers personnumre og således ikke af navn og adresse.

Registreringen af disse slægtskabsoplysninger forudsætter desuden, at barnet er selvstændigt registreret i CPR med eget personnummer. Er dette ikke tilfældet, vil barnet ikke fremgå af forældrenes registrering.

Ved etableringen af CPR i 1968 foretoges den automatiske henvisning kun, hvis barnet var hjemmeboende og under 15 år. I perioden 1. april 1968 til 31. juli 1978 var henvisningen mellem personerne desuden alene udtryk for et bopælsfællesskab, således at der ikke behøvede at være tale om et egentligt slægtskabsforhold. Fra den 1. august 1978 overgik man til registrering af egentlige slægtskabsrelationer.

Det kan derfor ikke med sikkerhed af CPR udledes, om og i bekræftende fald hvilke børn en person efterlader sig.

Kirkeministeriet har i 2001-2003 foretaget en kontrol af bl.a. de tidligere ministerialbøgers slægtskabsoplysninger for personer registreret som født i Danmark (bortset fra Sønderjylland) fra 1960. Er der i den forbindelse konstateret fejl i CPR´s registrering, er de blevet rettet.

Ved adoption af et udenlandsk barn har bevillingen retsvirkninger fra barnets ankomst her til landet. I de tilfælde, hvor den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes umiddelbart her i landet, har adoptionen dog retsvirkninger fra det tidspunkt, hvor den udenlandske afgørelse blev truffet. Barnet kan dog først registreres som indrejst i CPR fra det faktiske indrejsetidspunkt.

Registrering af forældremyndighed i CPR blev påbegyndt den 27. maj 2004 og sker nu på basis af elektronisk ajourføring af CPR direkte fra vedkommende statsforvaltning. Dog skal kommunen til CPR indberette ændring af forældremyndighed, der sker ved dom eller kendelse, på grundlag af meddelelse herom fra retten. Der henvises til CPR-kontorets meddelelse om registrering af forældremyndighed og separation i CPR. Meddelelsen findes på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

Kommunen skal endvidere til CPR indberette bortfald af midlertidig forældremyndighed, såfremt både de(n) hidtidige og de(n) midlertidige forældremyndighedsindehaver(e) har erklæret sig indforstået hermed. Dette kan f.eks. ske ved underskrift på den blanket «Erklæring om bortfald af forældremyndighed», som i givet fald kan udskrives af den registrerende kommune fra CPR.

Det skal understreges, at en registreret oplysning om forældremyndighed i CPR kan være forældet eller mangelfuld.

 

2.2.7.- Civilstandsoplysninger

Som angivet i CPR-lovens bilag 1, Nr. 8, registreres der blandt civilstandsoplysninger tillige oplysning om separation.

Registrering af separation i CPR blev påbegyndt den 27. maj 2004 og sker nu på basis af elektronisk ajourføring af CPR direkte fra vedkommende statsforvaltning. Dog skal kommunen til CPR indberette separation, der sker ved dom, på grundlag af meddelelse herom fra retten. Der henvises til CPR-kontorets meddelelse om registrering af forældremyndighed og separation i CPR. Meddelelsen findes på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

Kommunen skal endvidere til CPR indberette bortfald af separation, såfremt begge parter ved deres personlige underskrift har erklæret, at de har fortsat eller genoptaget samlivet, og at deres separation derfor er bortfaldet. Dette kan f.eks. ske ved underskrift på den blanket «Erklæring om bortfald af separation», som i givet fald kan udskrives af den registrerende kommune fra CPR-systemet.

Det skal understreges, at en registreret oplysning om separation i CPR kan være forældet eller mangelfuld.

 

2.2.8.- Kommunale forhold

Der henvises herom til CPR-lovens bilag 1, afsnit 12.

 

2.2.9.- Kommunale notater

For personer registreret i CPR kan der til brug for kommunen og Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor ske registrering i nogle særlige felter: folkeregisternotater.

Notat 1, 2 og 5-24 kan benyttes både af personens bopælskommune og andre kommuner efter disses behov og ønsker. Der kan f.eks. registreres oplysning om, at kommunen ikke kender en persons opholdssted og derfor har anmodet politiet om at eftersøge den pågældende. Disse notater kan benyttes af enhver kommune for personer, der er registreret i CPR, det vil sige både personer med bopæl her i landet, udrejste, forsvundne og døde.

Notat 3 og 4 benyttes af kommunerne til oplysning om indsættelse eller anbringelse i en af Kriminalforsorgens anstalter eller en af de øvrige institutioner med angivelse af institutionens navn og eventuel adresse.

Der må i notat 1, 2 og 5-24 kun registreres oplysninger, der klart er af betydning for varetagelse af kommunens opgaver, og det skal i øvrigt sikres, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger. Kommunerne skal herunder være opmærksomme på, at der kun registreres faktiske oplysninger og ikke subjektive oplysninger, samt at borgerne ved en anmodning om indsigt i de oplysninger, der er registreret i CPR (registerindsigt), får adgang til at se, hvad der er registreret i «Kommunale notater».

 

2.2.10.- Under værgemål

Værgemål, som er iværksat på grundlag af værgemålsloven (lov Nr. 388 af 14. juni 1995), efter dennes ikrafttræden den 1. januar 1997, registreres kun, herunder med oplysninger om værgen, når der er tale om værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, jf. CPR-lovens bilag 1, Nr. 16.

Umyndiggørelser registreret efter bestemmelserne i den nu ophævede myndighedslov omfatter både økonomisk og personlig umyndiggørelse, da begge medfører tab af valgret, men det kan ikke af CPR ses, hvilken af de to former for umyndiggørelse, der er tale om.

 

Kapitel 3.Kommunens folkeregistrering

3.1.- Folkeregistreringens grundlæggende principper

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder telefonisk generel vejledning om behandlingen af bopælssager samt forståelsen af CPR-lovgivningen, men kan i den forbindelse aldrig tage stilling til konkrete bopælssager, da borgerne derved berøves deres mulighed for at få afprøvet deres sag i to administrative instanser.

Hovedformålet med kommunernes registrering af en persons adresse i CPR er at sikre, at enhver folkeregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor eller opholder sig, jf. CPR-lovens § 1, Nr. 3. At det pågældende sted eventuelt ikke er et sted, hvor det er lovligt at bo – i vinterhalvåret eller overhovedet – er som udgangspunkt uden betydning for registreringen, hvis personen rent faktisk bor der.

Der tages efter CPR-loven ikke hensyn til de retsvirkninger, som anden lovgivning tillægger registreringen af en persons bopæl i CPR. Hvis der i anden lovgivning knyttes umiddelbare retsvirkninger til folkeregistreringen forudsættes det, at dette sker ud fra en viden om folkeregistreringens principper og ikke ud fra en forventning om, at folkeregistreringen efterfølgende bliver rettet, så den passer til retsvirkningerne.

Inden for en lang række lovområder (skattelovgivning, sociallovgivning m.v.) skal der foretages en særskilt bedømmelse i sagerne uafhængig af registreringen i CPR. På det sociale område foretages således f.eks. en vurdering af, hvilken kommune der er handlekommune og dermed har pligt til at yde en borger hjælp efter den sociale lovgivning. I denne bedømmelse indgår andre kriterier end selve folkeregistreringen. Registreringen i CPR er dog ved disse afgørelser normalt tillagt stor betydning. Det er derfor vigtigt at understrege, at bopælsregistreringen altid alene skal ske ud fra folkeregistreringsreglerne og ikke ud fra en vurdering af konsekvenserne efter anden lovgivning.

De retningslinier, som er optaget i nærværende vejledning, er ikke udtømmende. Andre forhold end dem, som er omtalt i vejledningen, kan således i en konkret sag tillægges betydning ved registreringen af en persons bopælsadresse i CPR.

Principperne for bopælsregistrering er følgende: Udgangspunktet er, at enhver skal registreres på sin bopæl. Den, der ingen bopæl har, skal registreres på sit faste opholdssted. Hvis en borger hverken har en bopæl eller et fast opholdssted, skal pågældende forblive registreret i sin hidtidige kommune, idet den pågældende dog skal registreres som fraflyttet den hidtidige adresse og på en vejkode i intervallet 9900-9939 (høj vejkode) med en betegnelse i overensstemmelse med § 8 i cirkulære nr 130 af 25. november 2002 om ajourføring og drift af CPR's vej- og boligregister (registrering «uden fast bopæl»). I visse tilfælde, hvor den pågældende ikke kan findes, skal vedkommende registreres som «forsvundet».

Der gælder særlige regler for børn, jf. CPR-lovens § 8 (afsnit 3.5. nedenfor), personer, som bor på en båd eller anden bevægelig bolig, jf. CPR-lovens § 9 (afsnit 3.6. nedenfor), værnepligtige, jf. CPR-lovens § 14 og folkeregistreringsbekendtgørelsens § 8, samt personer, som er indsat i Kriminalforsorgens institutioner, jf. CPR-lovens § 15 og folkeregistreringsbekendtgørelsens §§ 9 og 10.

 

3.2.- Registrering af vedkommendes bopælsadresse eller faste opholdssted

Bopælen , jf. CPR-lovens § 6, stk. 1, er det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele, dvs. der hvor man har sit hjem. Om stedet efter almindelig sprogbrug kan kaldes en bolig, eller om stedet er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), er uden betydning, hvis en person benytter stedet som sit hjem. Sommerhuse, erhvervslejemål, hotelværelser og kolonihavehuse, der anvendes som et hjem, kan således danne grundlag for bopælsregistrering efter lovens § 6, stk. 1. Campingvogne, både og lignende bevægelige boliger kan ligeledes danne grundlag for registrering, jf. CPR-lovens § 9. Se nærmere herom nedenfor under afsnit 3.6.

Ved vurderingen af, om et fravær fra bopælen er midlertidigt, eller om man er flyttet, må der ske en vurdering af, om der er hensigt til tilbagevenden til bopælen, f.eks. om der er taget skridt til at afvikle den tidligere bolig. Herudover er længden af fraværet af betydning. Et fravær fra bopælen, mens man er i sommerhus, betragtes efter fast praksis som et midlertidigt fravær, og der skal aldrig ske tilmelding til sommerhuset i sommerperioden. I øvrigt kan der ikke gives nogen fast tidsgrænse for, hvor langt fraværet fra bopælen kan være, når den pågældende opholder sig her i landet. For udlandsophold gælder særlige regler, jf. CPR-lovens kapitel 5 og 6.

Hvis en person ikke har nogen bopæl, jf. lovens § 6, stk. 1, skal det vurderes, hvorvidt pågældende har et fast opholdsstedi kommunen. Med udtrykket «fast opholdssted», jf. lovens § 6, stk. 2, sigtes til et sted, som den pågældende ikke benytter som et egentligt hjem, men hvor vedkommende i en vis periode overnatter og kan træffes. Dette gælder f.eks. for hospitaler og institutioner. Udtrykket omfatter imidlertid også situationer, hvor en persons ophold på en bestemt adresse ikke har en sådan karakter, at stedet kan betragtes som vedkommendes hjem, men hvor vedkommende opholder sig og overnatter i et sådant omfang, at det pågældende sted må siges at være vedkommendes hovedopholdssted.

Der kan ikke siges noget om, hvor langt opholdet skal være, for at det kan siges at være fast, men hvis alternativet er en registrering uden fast bopæl, vil også ophold af mindre end 1 måneds varighed normalt kunne danne grundlag for registrering af adressen som et fast opholdssted.

For personer, der opholder sig på en institution eller et sygehus, gælder en formodning for, at der er tale om et midlertidigt fravær fra deres bopæl. Hvis personen beholder rådigheden over en anden bolig, jf. lovens § 6, stk. 1, skal vedkommende således fortsat være registreret på denne hidtidige adresse. Er boligen imidlertid opgivet, skal der ske en registrering på institutionen eller sygehuset, hvis opholdet dér har en sådan længde, at det kan siges at være fast, jf. ovenfor. Ved helt kortvarige ophold må den pågældende derimod registreres uden fast bopæl i sin hidtidige kommune. Det skal i forbindelse med registrering på en institution eller et sygehus præciseres, at de økonomiske byrder, som kommunen måtte blive pålagt derved og eventuel modvilje mod registreringen hos en institutionsbestyrer eller andre, ikke må tillægges betydning ved afgørelsen af, om der skal ske registrering.

Særligt med hensyn til bopælsregistrering af børn henvises til afsnit 3.5. nedenfor.

 

3.3.- Registrering «uden fast bopæl» eller som forsvundet

I forbindelse med bestemmelsen i CPR-lovens § 6, stk. 4, skal det understreges, at en registrering «uden fast bopæl» bør anvendes med stor tilbageholdenhed og ikke i situationer, hvor der kan udpeges et fast opholdssted. I tilfælde, hvor en person registreres uden fast bopæl, skal kommunen med jævne mellemrum tage sagen op for at vurdere, om der er nye muligheder for at få fastlagt en egentlig adresse for den pågældende, jf. herved reglerne om tvangsflytning i CPR-lovens §§ 10 og 11 samt nedenfor afsnit 3.7.

Det følger af lovens § 6, stk. 5, at den hidtidige bopælskommune skal registrere den, der resultatløst er eftersøgt, somforsvundet , indtil vedkommende er fundet eller har givet sig til kende. En person kan give sig til kende på forskellige måder, f.eks. ved at møde op på et offentligt kontor eller ved at skrive til det offentlige. Derefter skal registreringen som forsvundet slettes. Hvis vedkommende fortsat ikke har en bopæl eller et fast opholdssted, jf. lovens § 6, stk. 1 og 2, skal pågældende registreres uden fast bopæl i den kommune, hvor denne senest havde bopæl eller fast opholdssted. Det gælder, uanset om vedkommende opholder sig i en anden kommune, så længe der ikke kan udpeges en bopæl eller et fast opholdssted efter lovens § 6, stk. 1 og 2, i denne anden kommune.

 

3.4.- Anvendelse af flere boliger

Hvis en person anvender flere boliger her i landet herunder Grønland, men ikke Færøerne skal det vurderes, i hvilken af boligerne den pågældende skal registreres, jf. CPR-lovens § 7.

En vurdering efter lovens § 7 forudsætter, at der er tale om, at vedkommende faktisk anvender flere boliger til beboelse i et vist omfang. Såfremt vedkommende har dispositionsret eller råderet over flere boliger, men reelt kun anvender én bolig til beboelse, finder lovens § 7 ikke anvendelse. Vedkommende skal da registreres i CPR efter reglerne i lovens § 6.

En vurdering efter lovens § 7 forudsætter endvidere, at der er tale om to eller flere egentlige boliger og ikke blot overnatningsmuligheder. Den enkelte bolig skal således være indrettet, så den er egnet til, at man kan opholde sig på stedet hele døgnet. Der kan i denne forbindelse især lægges vægt på, om der er adgang til toilet, vand og køkkenfaciliteter. Boligen skal være til rådighed døgnets 24 timer, og den skal normalt kunne opsiges eller afhændes af vedkommende.

Herudover skal der være tale om to ikke-bevægelige boliger , idet det følger af lovens § 9, at man alene kan blive registreret i en bevægelig bolig, hvis denne er ens eneste bolig.

Hvis der efter en vurdering ud fra ovenstående principper er tale om reel anvendelse af to eller flere egentlige boliger, og der således er tale om en § 7-situation, skal der ske registrering af vedkommende med bopæl i den af boligerne, som vedkommende må siges at have mest tilknytning til, jf. lovens § 7, stk. 1. Ved afgørelsen heraf indgår blandt andet de objektive momenter, som fremgår af lovens § 7, stk. 2.

Det bemærkes, at ægtefæller, som efter en konkret vurdering er at anse for et samlevende par, der i fællesskab råder over og anvender flere boliger, ifølge ministeriets praksis skal registreres på samme adresse.

I situationer, hvor en person anvender både en lovlig bolig og en ulovlig bolig, skal den lovlige bolig altid gå forud for den ulovlige selvom tilknytningen til den ulovlige bolig eventuelt er størst. Ved vurderingen af, om en bolig er en lovlig helårsbolig, skal man i øvrigt være opmærksom på, at visse personer i medfør af §§ 40 og 41 i planloven (lov Nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning), er undtaget fra denne lovs almindelige forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder. Dette medfører, at en sådan person, som udover sit sommerhus også bevarer sin almindelige helårsbolig, skal registreres på den af boligerne, hvor vedkommende efter kriterierne i CPR-lovens § 7, stk. 2, må siges at have sin bopæl.

Opmærksomheden henledes på, at hvis det efter en helhedsvurdering af samtlige sagens oplysninger, herunder efter kriterierne i lovens § 7, stk. 2, ikke er muligt klart at udpege en af boligerne som den, hvor vedkommende bør registreres, kan den registrerede selv vælge, jf. lovens § 7, stk. 3. Det bemærkes endvidere, at dette valg ikke kan ændres, medmindre der sker en ændring af de forhold, som forelå, da valget blev foretaget.

 

3.5.- Registreringen af børn

Ved børn forstås ugifte personer under 18 år.

Der er særlige procedureregler i forbindelse med børns flytning. Der henvises til vejledningens afsnit 4.2. Nedenfor er reglerne for, hvor et barn skal registreres, gennemgået.

Et barn skal som udgangspunkt registreres efter samme regler som voksne, dvs. det sted, hvor barnet regelmæssigt sover, når barnet ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, sygdom og lignende, og hvor barnet har sine ejendele. Det afgørende for registreringen af barnets bopæl er således, hvor barnet rent faktisk opholder sig.

Forældremyndighedens indehaver(e) har ret til at bestemme, hvor barnet skal opholde sig. Opholder barnet sig imidlertid i strid med denne beslutning et andet sted, er det dette sted, der skal registreres som barnets bopæl. Forældremyndighedens indehaver kan således ikke sætte sig imod, at barnet i CPR registreres med adresse på barnets faktiske opholdssted. Pågældende skal dog altid høres vedrørende den anmeldte flytning, såfremt pågældende inden registreringen af flytningen har haft fælles bopæl med barnet, jf. CPR-lovens § 13, stk. 2 (se nærmere herom i vejledningens afsnit 4.2.).

 

3.5.1.- Børn, der bor sammen med begge forældre eller hos tredjemand

Såfremt et barn bor sammen med begge forældre, dvs. har sit hovedophold hos disse, finder CPR-lovens § 6 anvendelse. Lovens § 6 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor et barn ikke bor sammen med nogen af forældrene. Et barn, der har afbrudt forbindelsen med hjemmet, skal derfor som udgangspunkt registreres der, hvor barnet faktisk opholder sig, jf. lovens § 6, stk. 1 eller 2, hvis det må formodes, at barnet ikke vil vende tilbage til forældrenes bopæl.

For så vidt angår et barn, som regelmæssigt sover et andet sted her i landet end hos forældrene på grund af efterskoleophold eller lignende, men som tilbringer weekender, ferier og lignende hos forældrene med bopæl i Danmark, er der dog en formodning for, at der er tale om et midlertidigt fravær fra forældrene, jf. også lovens § 6, stk. 1, 2. pkt. Barnet vil derfor i denne situation som hovedregel skulle forblive registreret hos forældrene. Denne formodningsregel gælder dog ikke for et barn, som fra Grønland tager til den øvrige del af riget. I disse tilfælde må spørgsmålet om fortsat registrering på forældrenes adresse eller registrering på skolen afgøres efter en konkret vurdering. Formodningsreglen gælder endvidere ikke, hvis der er tale om et længere ophold uden for hjemmet, der skyldes lønnet beskæftigelse, uddannelse, privat plejeforhold eller offentlig (frivillig eller tvangsmæssig) anbringelse uden for hjemmet. Det samme gælder studerende, som har egen lejlighed eller eget værelse.

 

3.5.2.- Børn, hvis forældre ikke har samme bopæl, og hvor barnet har sit hovedophold hos en af forældrene

Såfremt forældrene ikke har samme bopæl, og barnet har sit hovedophold hos en af forældrene, finder CPR-lovens § 8, stk. 1, anvendelse.

Hvis barnet opholder sig mest hos den ene forælder, vil barnet skulle registreres hos denne, uanset hvem der har forældremyndigheden, jf. lovens § 8, stk. 1. Hvis et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, gælder reglerne i lovens § 8, stk. 2 og 3, se afsnit 3.5.3. nedenfor.

CPR-lovens § 8, stk. 1, tager sigte på en situation, hvor det står klart, at barnet fast har et hovedopholdssted , enten fordi forældrene har indgået en aftale herom, eller fordi barnet i en vis længere periode beviseligt har haft sit faste hovedophold hos den ene forælder, eller fordi det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at barnet vil få sit faste hovedophold hos den ene forælder i en vis længere periode.

Bestemmelsen tager derimod ikke sigte på en situation, hvor en optælling af overnatninger og dage viser, at barnet er noget mere hos den ene forælder end den anden, men hvor barnets faktiske ophold er en følge af tilfældigheder, f.eks. fordi der er tale om en opbrudsfase i forbindelse med et samlivsophør eller en ferieperiode. I en sådan periode må barnets delvise fravær fra den hidtidige adresse betragtes som midlertidigt fravær, der således ikke på dette tidspunkt kan danne grundlag for registrering af en flytning. Først når der er opnået en egentlig aftale om barnets opholdssted, eller når barnet gennem en vis længere periode fast har opholdt sig mest hos den ene part, eller det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at barnet vil få sit hovedophold her i en vis længere periode, kan der træffes afgørelse om, at der er sket en flytning efter lovens § 8, stk. 1.

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at fastslå, hvor et barn har sit hovedopholdssted, fordi forældrene kommer med modstridende oplysninger. Hvis det ikke er muligt at fastslå dette ud fra andre momenter i sagen, kan det rent undtagelsesvist komme på tale at indhente oplysninger herom fra barnet selv. Det forudsætter imidlertid, at kommunen konkret vurderer, at barnet har den fornødne modenhed til at udtale sig om dette og til at forstå konsekvenserne af sine udtalelser. Det forudsætter endvidere, at forholdet mellem barnet og forældrene ikke derved belastes i væsentlig grad. Det bemærkes, at barnet som mindreårig ikke selv kan bestemme, hvor vedkommende skal være registreret, og at barnets eventuelle ønsker herom derfor ikke kan tillægges vægt.

Såfremt det efter undersøgelse af sagen ikke er muligt at fastslå, om et barn reelt er flyttet, skal barnet forblive registreret på sin hidtidige adresse. Hvis den hidtidige adresse samtidig er fraflyttet, skal barnet registreres på høj vejkode i den hidtidige kommune, indtil der kan træffes afgørelse om barnets hovedopholdssted.

 

3.5.3.- Børn, der opholder sig lige meget hos hver af forældrene, som ikke har samme bopæl

CPR-lovens § 8, stk. 2 og 3, finder anvendelse i de situationer, hvor et barn opholder sig lige meget hos hver af forældrene, som ikke har samme bopæl.

Efter lovens § 8, stk. 2, skal et barn, der opholder sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, registreres hos den af forældrene, som alene har forældremyndigheden , medmindre forældrene ved deres underskrift erklærer sig enige om, at barnet skal registreres hos den anden. Har forældrene fælles forældremyndighed , skal kommunen registrere barnet hos den af forældrene, som forældrene ved deres underskrift erklærer sig enige om.

Efter lovens § 8, stk. 3, skal et barn forblive registreret på den hidtidige bopæl, hvis det som led i en mere varig ordning opholder sig lige meget hos begge forældre, og disse uanset fælles forældremyndighed ikke kan blive enige om registreringen. Hvis den hidtidige adresse imidlertid er fraflyttet i forbindelse med, at uenigheden om registreringen opstod, må barnet registreres på høj vejkode i den hidtidige bopælskommune, indtil forældrene bliver enige om barnets registrering, eller indtil den fælles forældremyndighed ophæves.

Det skal bemærkes, at det er ministeriets opfattelse, at såfremt et barn som udgangspunkt opholder sig lige meget hos hver af forældrene, vil afvigelser herfra, der alene skyldes teenage-børns «tilfældige» overnatninger hos den anden af forældrene eller venner og bekendte, ikke medføre, at sagen skal vurderes efter lovens § 8, stk. 1.

Med hensyn til de situationer, hvor det har betydning, hvilken forælder der har forældremyndigheden – det vil sige situationer omfattet af bestemmelserne i CPR-lovens § 8, stk. 2 og 3 – og der er afsagt en byretsdom vedrørende dette spørgsmål, bemærkes følgende:

Hvis dommen ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb (14 dage, medmindre andet fremgår af dommen), tillægges anken opsættende virkning, og dommen har således ikke virkning, før den eventuelt stadfæstes af landsretten. Det kan dog i dommen bestemmes, at dommen skal kunne fuldbyrdes, selv om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Hvis dommen ankes efter fuldbyrdelsesfristens udløb, har dommen virkning uanset anken. Det gælder dog ikke, hvis anken tillægges opsættende virkning. I så fald har dommen ikke virkning, før den eventuelt stadfæstes af landsretten. Der henvises til § 480 i retsplejeloven (lovbekendtgørelse Nr. 1001 af 5. oktober 2006 om rettens pleje).

Dette betyder f.eks., at hvis der hidtil har været fælles forældremyndighed, og moderen har fået tillagt den fulde forældremyndighed ved en byretsdom, vil der fortsat være fælles forældremyndighed, indtil landsretten har truffet endelig afgørelse, såfremt faderen anker byrettens dom inden 14 dage (eller hvis landsretten tillægger en senere anke opsættende virkning).

En kommune bør derfor undersøge, om en byretsdom om forældremyndighed er anket, før den lægges til grund i en bopælssag, hvis spørgsmålet om forældremyndighed har betydning for afgørelsen om barnets bopælsregistrering.

 

3.6.- Bevægelige boliger

Efter CPR-lovens § 9 skal kommunen registrere en person med bopæl i en bevægelig bolig, såfremt dette er vedkommendes eneste bolig. Hvis personen f.eks. også har rådighed over et hus eller en lejlighed, kan vedkommende således ikke være registreret med adresse på den bevægelige bolig.

Det er yderligere en betingelse, at den bevægelige bolig ligger fast på ét sted i en vis periode eller alene flyttes i meget begrænset omfang. I hvor stort omfang, boligen må flyttes, afhænger af en konkret vurdering, men det vil som hovedregel være i et omfang, som svarer til fravær i normale ferieperioder og weekender.

Hvis campingvognen, båden eller lign. flyttes i en længere periode, kan vedkommende ikke forblive registreret på det pågældende sted, hvor den bevægelige bolig befandt sig, før den blev flyttet. Det skal i så fald vurderes efter lovens § 9, om vedkommende skal registreres på det sted, hvor den bevægelige bolig efterfølgende befinder sig.

 

3.7.- Tvangsflytninger

 

3.7.1.- Indledning

Et af formålene med CPR-loven er at sikre, at enhver folkeregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor eller opholder sig, jf. lovens § 1, Nr. 3.

Bestemmelsen i lovens § 10, stk. 1, giver kommunen en handlepligt, hvis den får formodning om, at en person ikke er korrekt bopælsregistreret. Det bemærkes i den forbindelse, at der mange steder i lovgivningen er tillagt borgernes adresse i CPR (folkeregisteradresse) betydning i tillid til, at denne registrering er korrekt.

Hvorledes formodningen opstår, er uden betydning. Også en anonym anmeldelse om fejlregistrering vil efter omstændighederne kunne give anledning til at begynde en undersøgelse.

Det er den enkelte kommune, der selv vælger indhold og omfang af den forebyggende og kontrollerende indsats i sager om borgernes bopælsforhold inden for rammerne af forvaltningsloven, CPR-loven og anden lovgivning.

Det er som udgangspunkt den kommune, som vedkommende er (forkert) registreret i, som skal undersøge sagen og træffe afgørelse. Hvis der imidlertid er en formodning om, at vedkommende skal være registreret på en bestemt adresse i en anden kommune, er det denne anden kommune, som skal undersøge sagen og træffe afgørelsen, jf. lovens § 10, stk. 1.

Hvis en påtænkt afgørelse bevirker, at en tidligere registrering i en anden kommune skal annulleres , bør kommunen altid spørge den anden kommune, om denne er i besiddelse af oplysninger, som har relevans for sagen.

Hvis en kommune påtænker at træffe afgørelse om annullering af en registrering, og dette bevirker, at en person vil have sin seneste bopælsregistrering i en anden kommune , skal kommunen som led i sagens oplysning høre denne anden kommune, før der træffes afgørelse i sagen.

Kommunen har i forbindelse med sagens oplysning mulighed for at benytte oplysninger, som i forvejen er i kommunens besiddelse, eventuelt i andre forvaltningsgrene. Endvidere har kommunen mulighed for at indhente oplysninger fra andre myndigheder. Kommunen kan desuden indhente oplysninger fra den registrerede selv eller andre private i det omfang, som fremgår af lovens § 10, stk. 2. Herudover kan kommunen indhente oplysninger fra eventuelle andre parter i sagen som led i partshøring af disse. Endelig kan kommunen selv i et meget begrænset omfang indhente oplysninger i forbindelse med observationer eller kontrolbesøg.

Med hensyn til spørgsmålet om straf for ikke at afgive oplysninger eller for at afgive ukorrekte oplysninger henvises til vejledningens kapitel 15.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal anbefale, at de muligheder, som fremgår af CPR-lovens § 10, stk. 2, som udgangspunkt udnyttes fuldt ud i alle tvangsflytningssager. Dette gælder navnlig, hvis sagen i øvrigt ikke bygger på faktuelle oplysninger, men på indicier, oplysninger om parternes troværdighed eller eventuelle «tilståelser» fra parterne.

Ministeriet skal endvidere anbefale, at en kommune i en tvangsflytningssag både undersøger forholdene på den adresse, hvor vedkommende selv oplyser at opholde sig, og på den adresse, hvor kommunen formoder, at vedkommende opholder sig.

Med hensyn til den praktiske fremgangsmåde i en tvangsflytningssag og de forvaltningsretlige regler, som skal følges under en sådan sag, henvises til bilag 3.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at hvis kommunen har en konkret mistanke om, at en person har begået en strafbar overtrædelse af CPR-loven, skal forholdet anmeldes til politiet med henblik på efterforskning af det anmeldte forhold. Foreligger der ingen mistanke eller blot en løsere formodning om, at der kan være begået et strafbart forhold, kan kommunen undersøge og afgøre sagen selv, og der skal ikke ske anmeldelse til politiet. Det er ikke muligt generelt at angive den præcise grænse mellem på den ene side tilfælde, hvor der foreligger en løsere formodning om, at der kan være begået et strafbart forhold, og på den anden side tilfælde, hvor en sådan formodning kan omsættes til en konkret mistanke om, at der er begået et strafbart forhold.

3.7.2.- Oplysninger fra kommunen selv

Kommunen er en enhedsforvaltning og har derfor mulighed for at anvende oplysninger, som den i forvejen er i besiddelse af, også i andre grene af forvaltningen, i forbindelse med en sag om bopælsregistrering.

Oplysninger, der kan belyse en bopælssag, kan bl.a. være oplysning om, hvilken adresse den pågældende har oplyst til f.eks. socialforvaltning eller teknisk forvaltning. Oplysninger, der allerede er tilvejebragt i f.eks. sociale sager, vil således i en del tilfælde kunne benyttes til belysning af en persons bopælsforhold og dermed lægges til grund for en afgørelse om registrering af en persons korrekte adresse i CPR. Oplysninger, der kan indhentes fra en anden forvaltningsgren i kommunen, kan endvidere være oplysninger om, hvilken kontaktadresse / telefonnummer en person har oplyst til skoletandpleje, skole eller daginstitution. Som andre eksempler kan nævnes oplysninger til teknisk forvaltning om adresseforhold i en byggesag, oplysninger til socialforvaltningen i ansøgninger om ydelser m.m. Kommunens forsyningsafdeling kan endvidere ofte give oplysning om regningsadresse og om forbrug af f.eks. el, gas, vand og varme. Oplysning om boligens størrelse, indretning og kvalitet set i forhold til antallet af beboere er også væsentlige oplysninger i bopælssager.

Det bemærkes, at det alene er oplysninger, der er relevante for belysningen af en persons bopælsforhold, der kan indhentes i andre grene af kommunens forvaltning. Der må således de enkelte forvaltningsgrene imellem til brug for en bopælssag ikke udveksles oplysninger, som er uden betydning for en persons bopælsregistrering. Der skal i øvrigt udfærdiges et notat i medfør af § 6 i offentlighedsloven (lov Nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen) om de indhentede oplysninger, selv om en oplysning allerede findes i kommunen. Det skal heraf fremgå, på hvilket tidspunkt oplysningen er modtaget og fra hvilken forvaltningsgren, og eventuel dokumentation skal vedlægges. Hvis der ikke foreligger dokumentation for oplysningerne, skal også navnet på den person, som har afgivet oplysningerne, noteres.

 

3.7.3.- Oplysninger fra andre offentlige myndigheder

Kommunen har også mulighed for at indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder. Det skal dog igen påpeges, at det kun er oplysninger, der kan belyse adresseforhold, der må indhentes fra en anden myndighed.

Der er i § 28 i forvaltningsloven (lov Nr. 571 af 19. december 1985) fastsat regler for, hvornår en offentlig myndighed må videregive visse personoplysninger. Endvidere er der i persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger) fastsat regler, som regulerer, i hvilket omfang der lovligt kan videregives personoplysninger.

I det omfang den afgivende myndighed er berettiget til at videregive oplysninger efter forvaltningsloven / persondataloven, vil denne myndighed som udgangspunkt også have pligt til at afgive disse oplysninger, jf. forvaltningslovens § 31, stk. 1. Det er imidlertid den afgivende myndighed, som selv tager stilling til, om den er berettiget til at videregive oplysningerne og dermed også har pligt hertil.

Ministeriet skal henlede opmærksomheden på, at kommunen selv skal overholde forvaltningslovens § 28 om videregivelse af visse personoplysninger, når kommunen anmoder andre myndigheder om oplysninger til brug for kommunens behandling af en sag om registrering i CPR. Kommunen må i den forbindelse således kun videregive fortrolige oplysninger til en anden myndighed i det omfang, dette er nødvendigt for den anden myndigheds stillingtagen til, hvorvidt denne myndighed kan udlevere de ønskede oplysninger til brug for kommunens bopælssag.

En kommune, der er ved at undersøge en persons bopælsforhold, bør altid overveje, om andre offentlige myndigheder kan være i besiddelse af relevante oplysninger. Det kan f.eks. være relevant at anmode andre kommuner om bopælsoplysninger, herunder andre kommuners daginstitutioner, skoler m.m. Det kan endvidere være relevant at anmode politiet om oplysninger, som politiet i forvejen er i besiddelse af. Herudover kan det for eksempel være relevant at indhente oplysninger fra skattemyndighedens sag vedrørende beregning af vedkommendes transportfradrag.

Hvad særligt angår spørgsmålet om politiets medvirken bemærkes, at fastlæggelsen af en borgers bopælsforhold som udgangspunkt er en kommunal opgave, jf. dog afsnit 3.7.1. ovenfor. En kommune kan ikke anmode politiet om f.eks. at kontakte en borgers nabo eller arbejdsgiver med henblik på at fastlægge borgerens bopælsforhold til brug for kommunens bopælssag i henhold til CPR-loven, i det omfang kommunen ikke selv kan foretage sådanne undersøgelsesskridt efter CPR-loven.

Bestemmelsen i CPR-lovens § 10, stk. 3, indebærer, at oplysninger fra andre offentlige myndigheder kan indhentes elektronisk både som led i behandlingen af en enkelt sag og som led i en generel søgning til brug for kontrol, f.eks. samkøring af edb-registre.

 

3.7.4.- Oplysninger fra den registrerede selv

I en bopælssag kan kommunen til brug for undersøgelsen af en persons bopælsforhold afkræve vedkommende selv en nærmere redegørelse om dennes bopælsforhold, jf. CPR-lovens § 10, stk. 2, Nr. 1.

Oplysningspligten i lovens § 10, stk. 2, Nr. 1, omfatter alene den person, hvis adresseforhold undersøges. En eventuel anden part i sagen kan således ikke afkræves oplysninger og kan derfor alene inddrages i sagen som part. Kommunen er berettiget til som led i oplysningen af sagen at stille spørgsmål til andre parter, end den person, hvis adresseforhold sagen omhandler, og disse har ret, men ikke pligt, til at udtale sig. Kommunen skal være opmærksom på også at foretage partshøring af disse andre parter i sagen. Med hensyn til partsbegrebet henvises til bilag 3, afsnit 3.

Kommunen kan ikke kræve, at personen møder op på kommunen. Såfremt en person ikke ønsker at give personligt fremmøde, bør kommunen derfor, for at oplyse sagen bedst muligt, overveje at sende et brev til pågældende – gerne med præcise spørgsmål – og heri bede vedkommende om at redegøre for sine bopælsforhold. Redegørelsen fra borgeren kan gives såvel skriftligt som mundtligt. Det skal i den forbindelse understreges, at kommunen ikke kan forlange, at borgeren afgiver en skriftlig redegørelse. Hvis borgeren afgiver redegørelsen mundtligt, er kommunen forpligtet til at udfærdige et notat herom, jf. § 6 i offentlighedsloven (lov Nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen).

Som udgangspunkt kan en person straffes for ikke at fremkomme med en redegørelse efter CPR-lovens § 10, stk. 2, Nr. 1. Kommunen skal imidlertid være tilbageholdende med at meddele den registrerede, at vedkommende har pligt til at udtale sig. Der henvises til forbuddet mod selvinkriminering, som er beskrevet i vejledningens afsnit 15.2. Det bemærkes endvidere, at vedkommende ikke kan straffes for at fremkomme med ukorrekte oplysninger.

 

3.7.5.- Oplysninger fra andre private end den registrerede selv

Private har kun pligt til at bidrage med oplysninger i bopælssager i det omfang, dette følger af lovgivningen. I CPR-lovens § 10, stk. 2, Nr. 2, er der hjemmel til, at kommunen kan afkræve oplysninger fra logiværter i form af husejer eller lejer (logiværtserklæringer). Der kan endvidere indhentes oplysninger fra forsyningsselskaber, Post Danmark m.v., jf. lovens § 10, stk. 2, Nr. 3.

Til brug for belysning af en bopælssag kan det være relevant at indhente oplysninger om, hvilken adresse den pågældende har oplyst til andre. Det gælder oplysninger om den adresse, som den pågældende har opgivet over for private tele- og forsyningsvirksomheder, arbejdsløshedskasser, fagforeninger og pengeinstitutter, Det samlede forbrug af el, vand, varme, gas samt telefon for en bestemt periode kan også tjene til at belyse sagen. Tilsvarende vil gælde oplysninger fra boligselskaber og – foreninger om, hvem der står på lejekontrakten.

Endvidere kan oplysning om en borgers eventuelle anmeldelse af midlertidig eller vedvarende adresseændring til Post Danmark eller andre virksomheder, der er meddelt koncession efter lov om postbefordring (lov Nr. 472 af 9. juni 2004) være et værdifuldt bidrag til belysning af en borgers rette bopæl i en konkret bopælssag. Postvirksomheder har pligt til på begæring at udlevere oplysning om den adresse, som personen har oplyst til disse, også når den pågældende har bedt postvirksomheden om at få adressebeskyttelse.

Bestemmelsen giver ikke kommunerne mulighed for at indhente oplysninger om borgernes fagforeningsmæssige forhold. Der er således i forhold til fagforeninger alene tale om en adgang til, at kommunen kan spørge om, under hvilken adresse en borger er registreret i fagforeningen. En kommune kan endvidere kun rette henvendelse til en fagforening, hvis kommunen i forvejen er i besiddelse af oplysninger om, at en borger er medlem af en bestemt fagforening.

Som bestemmelsen i lovens § 10, stk. 2, er formuleret, angiver denne umiddelbart alene, hvilke private der under strafansvar har pligt til at besvare kommunens spørgsmål. Der ligger imidlertid et beskyttelseshensyn til borgeren bag udformningen af bestemmelsen, og det må under hensyn til tilkendegivelserne under Folketingets behandling af forslaget til CPR-loven konkluderes, at bestemmelsen er en egentlig positivliste over, hvilke private en kommune må anmode om oplysninger i forbindelse med en undersøgelse af en borgers adresseforhold.

Kommunen må således ikke uden direkte opfordring fra parten/parterne selv kontakte andre private end dem, som er nævnt i lovens § 10, stk. 2, Nr. 1-3, for at få oplysninger om en borgers adresseforhold. Som eksempel kan nævnes, at kommunen ikke må kontakte borgerens arbejdsgiver eller nabo, uanset om det oplyses overfor denne, at vedkommende ikke har pligt til at svare. Baggrunden herfor er, at eksempelvis en forespørgsel fra en kommune til en arbejdsgiver om en ansats adresseforhold vil afsløre, at kommunen undersøger vedkommendes adresseforhold.

Det kan tilføjes, at såfremt private af sig selv retter henvendelse til kommunen med oplysninger om en anden persons bopælsforhold, kan disse anvendes i en bopælssag. Kommunen er i den forbindelse forpligtet til at udfærdige notat efter offentlighedslovens § 6 om henvendelsen, og identiteten på den private skal noteres ned, hvis denne er kommunen bekendt. Tilsvarende gælder, hvis ansatte i kommunen fremkommer med relevante oplysninger, som disse er i besiddelse af, f.eks. om hændelser, som de tilfældigt har overværet i deres fritid. Det skal bemærkes, at anonyme anmeldelser har en meget ringe bevisværdi.

I tilfælde, hvor en part i en bopælssag selv inddrager andre private i sagen og måske oven i købet henviser kommunen til at rette henvendelse til disse, vil kommunen kunne henvende sig til disse og anmode om yderligere oplysninger, da der i så fald ikke er det samme beskyttelseshensyn. Såfremt der er andre parter i sagen, skal kommunen dog være opmærksom på, om der fortsat er et beskyttelseshensyn i forhold til disse.

Det er strafbart, hvis de i lovens § 10, stk. 2, nævnte private m.v. undlader at afgive oplysninger, eller hvis logiværter afgiver urigtige oplysninger, jf. lovens § 57, stk. 1, Nr. 5. Der henvises til vejledningens afsnit 15.2.

 

3.7.6.- Observationer og kontrolbesøg

Der er ikke hjemmel i CPR-loven til, at en kommune kan foretage nogen form for systematiseret observation af en borgers bopæl eller færden til brug for en adressesag.

Enkeltstående observationer i forbindelse med verifikation af faktiske oplysninger kan dog anvendes af kommunen i en bopælssag. Det vil sige en observation, hvor et bestemt forhold skal kontrolleres. Et eksempel kan være, at det er oplyst i en sag, at et hus er ubeboeligt. Kommunen kan i dette tilfælde tage ud og besigtige ejendommen udefra med henblik på at se, om oplysningen er korrekt. Som et andet eksempel kan nævnes, at kommunen som led i sine undersøgelser kan foretage en enkelt besigtigelse af en adresse udefra med henblik på at søge oplyst, hvilke personer der er anført på navneskiltet samt for at vurdere adressens generelle karakter.

Herudover kan tilfældige observationer , som foretages af kommunens egne ansatte, anvendes i en bopælssag. Som eksempel kan nævnes, at en kommunalt ansat besøger familie eller venner og under et sådant besøg ikke kan undgå at bemærke, at der i nabohuset bor en person, som er registreret et andet sted. Oplysninger tilvejebragt på denne måde kan inddrages i kommunens sagsbehandling. Dette forudsætter dog, at der til sagen udfærdiges et notat efter offentlighedslovens § 6 herom.

Vedrørende spørgsmålet om kontrolbesøg på bopælen ligger det klart, at der ikke i CPR-loven er hjemmel til, at en kommune kan kræve at komme ind på en borgers bopæl for at vurdere, hvem der bor på adressen.

Kommunalt ansatte skal endvidere være yderst tilbageholdende med at tage ud på bopælen og opsøge borgeren. Dette kan kun accepteres i en situation, hvor kommunen forgæves har forsøgt både skriftligt og telefonisk at komme i kontakt med borgeren for at få en afklarende samtale om dennes bopælsforhold, og hvor kommunen skønner, at en sådan samtale er væsentlig for sagens afklaring. Det skal tilføjes, at formålet med besøget på bopælen alene må være at få aftalt tid til en samtale. Formålet må således ikke være, at kommunen ønsker at få adgang til at besigtige bopælen, ligesom et besøg kun må finde sted i dagtimerne.

Kommunalt ansatte kan således ikke, uden forgæves forudgående forsøg på at få en borger i tale, tage ud på den formodede adresse for at aflevere en mødeindkaldelse.

Såfremt en borger uopfordret anmoder kommunalt ansatte om at komme hjem og bese bopælen, kan kommunen dog tage imod en sådan invitation. Dette forudsætter imidlertid, at borgeren udtrykkeligt er vejledt om, hvad der er formålet med besøget, og er orienteret om, at kommunalt ansatte ikke har hjemmel til at foretage kontrolbesøg i bopælssager og derfor ikke har krav herpå. Der bør altid foretages et notat efter offentlighedslovens § 6 herom. Det kan tilføjes, at parterne kan stå uforstående overfor et afslag på et tilbud til kommunen om at besigtige boligen, da parterne ser dette som en mulighed for at få belyst sagen fra deres side. Ministeriet skal derfor henlede opmærksomheden på, at det ved vurderingen af bevisværdien af en foretagen besigtigelse kan indgå som et moment, at besøget er ønsket og planlagt, men at dette ikke i sig selv skal afholde kommunen fra at imødekomme et ønske herom.

 

3.7.7.- Internordiske flytninger (kompetencespørgsmål)

Den internordiske overenskomst om folkeregistrering fastsætter særlige kompetenceregler ved flytninger mellem nordiske lande eller Færøerne.

Opmærksomheden skal derfor henledes på, at kommunen ved flytninger mellem nordiske lande skal sikre sig, at kommunen har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen. Ved flytninger mellem nordiske lande er det altid indrejselandet, der har kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering som indrejst i det pågældende land og dermed en afledet registrering i CPR som udrejst. Indrejselandet har tillige kompetencen til at annullere landets egen afgørelse om en registrering som indrejst i dette land med den afledede effekt, at registreringen i CPR som udrejst også skal annulleres.

Såfremt en dansk kommune efter undersøgelser af bopælsforhold vedrørende en person, der allerede er registreret som indrejst i eksempelvis Sverige, er af den opfattelse, at personen på intet tidspunkt reelt har været udrejst til Sverige, er det således de svenske myndigheder, der efter de svenske regler for folkeregistrering, skal træffe afgørelse om, hvorvidt den svenske afgørelse om registrering som indrejst var korrekt.

Såfremt en dansk kommune derimod er af den opfattelse, at personen på korrekt vis er registreret som flyttet til Sverige, men at der på et tidspunkt efter registreringen som udrejst til Sverige er sket en sådan ændring af personens faktiske forhold, at denne efter de danske regler på et senere tidspunkt skal registreres som flyttet tilbage til Danmark, er kommunen som nyt indrejseland kompetent til at træffe afgørelse herom.

Ministeriet skal anbefale, at man ved overvejelser om en ændring af en allerede foretagen registrering i et andet nordisk land tager kontakt til registreringsmyndigheden i det andet nordiske land med henblik på at få afklaret, hvorvidt der er tale om en annullering af tidligere afgørelse eller en ny afgørelse vedrørende en senere registrering på grund af ændrede forhold samt med henblik på et samarbejde om at få oplyst sagen bedst muligt. Se endvidere under vejledningens afsnit 5.5. vedrørende indrejse fra et andet nordisk land og afsnit 6.4. vedrørende udrejse til et andet nordisk land. Der henvises endvidere til folkeregistreringsbekendtgørelsens kapitel 7 og 8.

 

Kapitel 4.- Indenlandske flytninger

4.1.- Indledning

Der er i bestemmelsen i CPR-lovens § 12 fastsat regler om formalia i forbindelse med anmeldelse af en indenlandsk flytning. Det bemærkes, at en flytning mellem en grønlandsk og en dansk kommune betragtes som en indenlandsk flytning. CPR-loven er ved kongelig anordning sat i kraft for Grønland med virkning pr. 1. januar 2007.

En indenlandsk flytning skal anmeldes til tilflytningskommunen senest 5 dage efter flytningen, jf. lovens § 12, stk. 1.

CPR-loven indeholder ikke krav om, at flytteanmeldelser skal være skriftlige eller eksempelvis afgives på en særlig blanket. Kommunen har dog adgang til at kræve dette med hjemmel i CPR-lovens § 12, stk. 3.

I tilfælde hvor kommunen giver borgerne adgang til, at disse kan benytte elektronisk selvbetjening i forbindelse med flytteanmeldelse, er det kommunens ansvar, at uvedkommende ikke kan få adgang til CPRs oplysninger, og at det er den rette person, der har foretaget anmeldelsen af flytningen m.v. Der kan i den forbindelse henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning (vejledning Nr. 37 af 2. april 2001 til bekendtgørelse Nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning). Heri er bl.a. angivet regler om sikkerhed ved transmission af personoplysninger via eksterne kommunikationsforbindelser, f.eks. over internet, herunder regler om kryptering samt sikring af autenticitet og integritet ved passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved elektronisk signatur eller individuelle, fortrolige adgangskoder. Der henvises endvidere til Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

En kommune må aldrig registrere en anmeldt flytning, hvis den har en formodning om, at den anmeldte flytning ikke er korrekt, jf. CPR-lovens § 12, stk. 4, 2. pkt., sammenholdt med lovens § 6, stk. 3, 2. pkt. Hvis kommunen får en sådan formodning, kan den til brug for sin vurdering anvende reglerne i lovens § 10, stk. 2 og 3. Kommunen kan således eksempelvis indhente en udtalelse fra den udlejer, hos hvem indflytningen angives at have fundet sted. Hvis sagen efter afgivelsen af en sådan såkaldt logiværtserklæring fortsat anses for tvivlsom, må der foretages yderligere undersøgelser, inden kommunen afgør, om tilmeldingen skal registreres.

Hvis en registrering først er blevet foretaget, og kommunen efterfølgende bliver opmærksom på, at registreringen muligvis ikke var korrekt, skal kommunen indlede en tvangsflytningssag efter lovens §§ 10 og 11, medmindre borgeren er enig i, at registreringen kan annulleres / ændres.

Kommunen skal være særlig opmærksom på den situation, hvor der er registreret et flyttepåbud i CPR efter § 51 a, stk. 3, i planloven (lovbekendtgørelse Nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning) for den, der anmelder flytning. For sådanne personer er det altid velbegrundet at foretage en nærmere undersøgelse af tilmeldingen med henblik på at sikre, at det anmeldte svarer til det faktiske.

Der henvises i øvrigt til folkeregistreringsbekendtgørelsens § 6 om kommunens pligt til at orientere den registrerede og ejeren af sommerhuset om en række forhold vedrørende planlovgivningen / tilmeldingen, når en person melder flytning til en sommerhusadresse.

Ifølge CPR-lovens § 12, stk. 5, har den, der har anmeldt en flytning, ret til at få en kvittering. Som det fremgår af formuleringen, er retten ikke betinget af, om flytningen registreres, men skal efter anmodning gives for selve anmeldelsen.

 

4.2.- Børns flytning (procedurereglerne)

Med hensyn til spørgsmålet om, hvor et barn skal bopælsregistreres, henvises til vejledningens afsnit 3.5. I dette afsnit er procedurereglerne i forbindelse med børns flytning beskrevet.

Den, som i medfør af CPR-lovens § 13, stk. 1, skal foretage flytteanmeldelsen, vil typisk være forældremyndighedens indehaver, barnets eventuelle værge eller en institution.

Om kommunen kan registrere en flytning, som er anmeldt af et barn, det vil sige en ugift person under 18 år, afhænger af, om kommunen bl.a. på grundlag af en vurdering af barnets modenhed skønner, at anmeldelsen svarer til de faktiske forhold, jf. herved lovens § 12, stk. 4, 2. pkt., ligesom proceduren i lovens § 13, stk. 2 (høring af ikke-medflyttende forældre), også vil skulle iagttages i dette tilfælde.

Det følger af bestemmelsen i lovens § 13, stk. 2, at kommunen inden registreringen af en flytning for et barn, der hidtil har haft fælles bopæl med begge forældre, skal give en ikke medflyttende forælder mulighed for at udtale sig, hvis vedkommende ikke er (med)underskriver af flytteanmeldelsen. Tilsvarende gælder inden registreringen af en flytning for et barn, som hidtil har haft fælles bopæl med den ene af forældrene, hvis denne forælder ikke flytter med og heller ikke er (med)underskriver af flytteanmeldelsen.

Den særlige høringsregel om indenlandske flytninger i lovens § 13, stk. 2, gælder, uanset hvem der har forældremyndigheden over barnet, dvs. også i en situation, hvor den, der anmelder flytning for et barn, har forældremyndigheden alene. Formålet med procedurekravet i lovens § 13, stk. 2, er at give kommunen mulighed for at opdage ukorrekte anmeldelser ved, at begge parter har mulighed for at udtale sig, før kommunen afgør, om flytningen kan registreres. Meningen med bestemmelsen er derimod ikke, at et barns adresse i CPR kun kan flyttes, hvis begge forældre er enige. Bestemmelsen i § 13, stk. 2, er således ikke en bestemmelse om samtykke, men alene en høringsregel. Hvis kommunen i forbindelse med høringen bliver opmærksom på, at en forælder ikke vil acceptere en anmeldt fraflytning for et barn, kan kommunen således ikke uden videre afvise den anmeldte flytning, men skal undersøge sagen for at få klarlagt, om der reelt er sket en flytning, se nærmere vejledningens afsnit 3.5. om bopælsregistrering af børn.

Det har ikke været tilsigtet, at bestemmelsen i lovens § 13, stk. 2, udtømmende skulle regulere høringspligten i sager om indenlandske flytninger, ligesom bestemmelsen ikke omfatter anmeldelse af flytninger til og fra udlandet. Ministeriet skal derfor generelt henstille, at kommunen i hver enkelt sag om ændring af et barns bopælsregistrering overvejer, om der udover høringspligten efter lovens § 13, stk. 2, efter anden lovgivning skal foretages en høring af / inddrages andre end den, der anmelder flytningen. Baggrunden herfor er særligt partshøringsreglerne i forvaltningsloven og reglerne om forældremyndighed.

Det følger af reglerne om forældremyndighed, at såfremt den ene forælder alene har forældremyndigheden, er det denne forælder, der kan repræsentere barnet. Denne forælder skal derfor altid inddrages i afgørelser vedrørende barnets registrering i CPR. Selv om der er fælles forældremyndighed, kan den ene forælder i et vist omfang agere på vegne af begge. Hvorvidt dette er tilfældet, vurderes konkret. Mere væsentlige spørgsmål kræver som udgangspunkt enighed mellem forældrene. Som et eksempel på, hvor det efter ministeriets opfattelse ved fælles forældremyndighed kan antages, at den ene forælder kan agere også på vegne af den anden, kan nævnes den situation, hvor den ene forælder bor alene sammen med børnene i Danmark. Hvis denne forælder på et tidspunkt anmelder flytning for sig selv og børnene til en anden adresse i Danmark, er det ministeriets opfattelse, at det ikke er nødvendigt at partshøre den anden forælder, medmindre kommunen konkret er bekendt med, at denne ønsker at blive inddraget i sagen.

Ministeriet skal på baggrund af ovenstående henstille, at kommunerne i sager om ændring af børns adresser er opmærksomme på, hvem der kan repræsentere barnet, og hvem der således skal inddrages i sagen om en ændring af barnets adresse i CPR.

Opmærksomheden henledes herudover på de særlige regler i de tilfælde, hvor der anmodes om adressebeskyttelse i forbindelse med flytningen, jf. CPR-lovens § 13, stk. 3, og folkeregistreringsbekendtgørelsens § 7.

 

4.3.- Aftjening af værnepligt

Reglerne om bopælsregistrering i forbindelse med aftjening af værnepligt findes navnlig i CPR-lovens § 14 og folkeregistreringsbekendtgørelsens § 8. Det følger heraf, at aftjening af værnepligt ikke i sig selv medfører en ændring af den værnepligtiges bopælsregistrering, men at oplysning herom registreres i CPR som «Supplerende adresse» under aftjeningen af værnepligten.

 

4.4.- Anbringelse på Kriminalforsorgens institutioner

Personer, som indsættes eller anbringes i en af Kriminalforsorgens institutioner, det vil sige fængsler, arresthuse og pensioner skal som udgangspunkt ikke registreres på institutionen.

Det følger af folkeregistreringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, at vedkommende skal forblive folkeregistreret på sin hidtidige adresse, idet der dog skal gøres særligt notat om anbringelsen i «Kommunale notater 3 og 4». Hvis den hidtidige adresse opgives, uden at vedkommende får en ny, skal vedkommende registreres uden fast bopæl i sin hidtidige bopælskommune, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Hvis en person indsættes eller anbringes uden umiddelbar forudgående registrering i landet, skal vedkommende registreres uden fast bopæl i den kommune, hvor institutionen ligger, indtil der erhverves en bolig, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens § 9, stk. 3.

I folkeregistreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, er der fastsat særlige regler med hensyn til løsladelse / udskrivning af indsatte og anbragte.

En person uden anden bolig, som bor på en af Kriminalforsorgens pensioner og ønsker at blive registreret der, kan blive dette, jf. CPR-lovens § 15, stk. 2.

Det bemærkes, at bestemmelserne i CPR-lovens § 15 og folkeregistreringsbekendtgørelsens §§ 9 og 10 ikke omfatter personer, som efter rettens bestemmelse er anbragt på psykiatriske institutioner , og der henvises derfor for disse personers vedkommende til vejledningens afsnit 3.2.

 

Kapitel 5.- Tilflytning fra udlandet

5.1.- Indledning

Reglerne i CPR-lovens kapitel 5 omhandler tilflytning til Danmark fra udlandet (indrejse). Det skal indledningsvist bemærkes, at en tilflytning fra udlandet som udgangspunkt kun kan registreres i CPR, såfremt følgende 3 betingelser er opfyldt:

vedkommende skal opholde sig her i landet i over 3 måneder,

vedkommende har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted her i landet, og

vedkommende har lovligt ophold her i landet.

Opmærksomheden henledes dog på de særlige bestemmelser i CPR-lovens § 16, stk. 6, samt lovens § 17, stk. 4, vedrørende henholdsvis danske statsborgere, der indrejser for at aftjene værnepligt her i landet, samt ikke-nordiske statsborgere, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af Kriminalforsorgens institutioner.

Der gælder forskellige regler for registrering af tilflytning fra udlandet afhængig af, hvilket land en person indrejser fra samt vedkommendes statsborgerskab.

 

5.2.- Nordiske statsborgere

 

5.2.1.- Nordiske statsborgeres ret til at blive registreret som indrejst i landet

Nordiske statsborgere har ret til at blive registreret som indrejst her i landet, når følgende 2 betingelser er opfyldt:

vedkommende ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder, jf. lovens § 16, stk. 1, og

vedkommende har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted her i landet, jf. lovens § 16, stk. 5.

Nordiske statsborgere skal således ikke have opholdstilladelse / -bevis for at blive registreret som indrejst i landet.

 

5.2.2.- Nordiske statsborgeres pligt til at anmelde indrejse til Danmark

Nordiske statsborgere har pligt til at anmelde indrejse her til landet, når følgende 2 betingelser er opfyldt:

vedkommende ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder, jf. lovens § 16, stk. 2, og

vedkommende har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted her i landet, jf. lovens § 16, stk. 5.

5.3.- Ikke-nordiske statsborgere

 

5.3.1.- Ikke-nordiske statsborgeres ret til at blive registreret som indrejst i landet

En ikke-nordisk statsborger har ret til at blive registreret som indrejst, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

vedkommende ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder, jf. lovens § 16, stk. 1,

vedkommende har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted, jf. lovens § 16, stk. 5, og

vedkommende har fået meddelt opholdstilladelse / -bevis eller har fået besked fra udlændingemyndighederne om fritagelse fra dette, jf. lovens § 17, stk. 1.

5.3.2.- Ikke-nordiske statsborgeres pligt til at anmelde indrejse til Danmark

En ikke-nordisk statsborgers pligt til at anmelde indrejse til Danmark afhænger af vedkommendes statsborgerskab, samt hvilket land vedkommende indrejser fra.

Tilflyttere fra et andet nordisk land, uanset vedkommendes statsborgerskab, samt statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz (samt disse familiemedlemmer fra tredjelande) har pligt til at anmelde indrejse, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

vedkommende ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder , jf. lovens § 16, stk. 2,

vedkommende har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted her i landet, jf. lovens § 16, stk. 5, og

vedkommende har fået meddelt opholdstilladelse / -bevis eller har fået besked fra udlændingemyndighederne om fritagelse fra dette, jf. lovens § 17, stk. 1.

Øvrige tilflyttere har pligt til at anmelde indrejse, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

vedkommende ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder , jf. lovens § 16, stk. 2,

vedkommende har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted her i landet, jf. lovens § 16, stk. 5, og

vedkommende har fået meddelt opholdstilladelse / -bevis eller har fået besked fra udlændingemyndighederne om fritagelse fra dette, jf. lovens § 17, stk. 1.

5.3.3.- Ikke-nordiske statsborgeres lovlige ophold i Danmark

Bestemmelsen i CPR-lovens § 17, stk. 1, indebærer, at udlændingemyndighederne for alle ikke-nordiske statsborgere skal have taget stilling til lovligheden af deres ophold her i landet, inden der kan ske folkeregistrering af de pågældende i bopælskommunen. Registrering i CPR af tilflytning fra udlandet for ikke-nordiske statsborgere forudsætter således, at disse enten har opholdstilladelse eller -bevis efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller har en bekræftelse fra udlændingemyndighederne på, at de efter udlændingelovgivningen er fritaget for opholdstilladelse eller -bevis.

Dette indebærer, at også børn under 18 år, først kan folkeregistreres, når udlændingemyndighederne har taget stilling til deres sag og tilkendegivet, hvorvidt de pågældende skal have en opholdstilladelse / – bevis eller ej, også selv om de tager ophold hos forældremyndighedens indehaver.

Opholdstilladelser / beviser gives af Udlændingeservice bortset fra opholdsbeviser for EU / EØS- statsborgere, der udstedes af statsforvaltningen. Opholdsbeviser for EU-statsborgere og deres familiemedlemmer fra tredjelande benævnes fra den 30. april 2006 for EU-statsborgeren som «Bevis for registrering» og for dennes familiemedlemmer fra tredjelande som «Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger», idet selve retten til ophold i landet udspringer direkte af EU-retten. Registreringsbeviset / opholdskortet er således alene et bevis for registrering af retten til ophold her i landet, jf. bekendtgørelse Nr. 358 af 21. april 2006 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen).

En EU / EØS-statsborger, som henvender sig for at blive registreret uden at have det fornødne opholdsbevis, skal således henvises til statsforvaltningen, for at der kan blive taget stilling til, om vedkommende er berettiget til at få udstedt et opholdsbevis.

Opholdstilladelse eller opholdsbevis kan aldrig erstattes af en påstempling i passet fra udlændingemyndighederne om, at ansøgning er indgivet, eller af et brev fra disse om, at opholdstilladelsen eller opholdsbeviset kan forventes givet.

Oplysning om, at en person har anket et afslag på meddelelse af opholdstilladelse / bevis, kan ligeledes aldrig danne grundlag for registrering af tilflytning. Den pågældende kan først registreres, når vedkommende har fået opholdstilladelse.

Bestemmelsen i CPR-lovens § 17, stk. 2, regulerer en speciel situation ved anmeldelse af genindrejse på et tidligere anvendt opholdsgrundlag. Den pågældende har tidligere fået meddelt opholdstilladelse / -bevis og har på denne baggrund været registreret som indrejst i CPR. Vedkommende er efterfølgende udrejst og er som en følge heraf registreret som udrejst i CPR, men ønsker nu at blive registreret som genindrejst med den tidligere anvendte opholdstilladelse / -bevis som dokumentation for lovligt ophold her i landet. Hvis det i en sådan situation er tvivlsomt, om den tidligere anvendte dokumentation for lovligt ophold fortsat gælder, skal udlændingemyndighederne bekræfte, eventuelt telefonisk, at den tidligere meddelte opholdstilladelse / -bevis ikke skal anses for bortfaldet, før kommunen på ny kan registrere vedkommende som indrejst.

Det følger af bestemmelsen i § 17, stk. 3, at visum / udrejsefrist i et pas aldrig kan sidestilles med en opholdstilladelse og således aldrig kan danne grundlag for registrering i CPR.

Det bemærkes, at der for så vidt angår personer, som visiteres til en kommune efter integrationsloven, gælder særlige regler for bopælsregistrering, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens § 16.

 

5.4.- Udenlandske statsborgere udsendt til Danmark

CPR-lovens § 18, stk. 1, omhandler udenlandske statsborgere udsendt til Danmark. Disse personer skal uanset ophold her i landet ikke registreres i CPR. Bestemmelsen omfatter udenlandske statsborgere, som bor og opholder sig i Danmark på grund af arbejde på en ambassade, en international organisation eller lignende, og som har fået opholdstilladelse af Udenrigsministeriet («registreret i Udenrigsministeriets protokol»). Sådanne personer betegnes som eksterritoriale. Lovens § 18, stk. 1, omfatter tillige personer, hvis ophold i Danmark er reguleret i aftaler om retsstillingen for styrker eller militære hovedkvarterer, som Danmark har tiltrådt. Tvivl om, hvorvidt en person er omfattet af bestemmelsen, kan afklares ved henvendelse til henholdsvis Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet.

Det skal bemærkes, at de pågældende personer ikke kan bopælsregistreres i CPR, selvom de får meddelt et opholdsbevis efter EF / EØS-bekendtgørelsen eller efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Efter § 18, stk. 2, registreres udenlandske familiemedlemmer til de personer, der er omfattet af stk. 1, ligeledes ikke i CPR som tilflyttet landet, hvis de er en del af de pågældendes husstand.

Udenlandske statsborgere, der er ansat på en ambassade, en international organisation eller lignende, men som har fået opholdstilladelse af udlændingemyndighederne, og som således ikke er omfattet af Udenrigsministeriets protokol, er ikke eksterritoriale og skal derfor registreres efter de almindelige regler.

 

5.5.- Særligt om flytninger mellem de nordiske lande (internordiske flytninger)

Med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, som trådte i kraft den 1. januar 2007, er de internordiske flyttepapirer afskaffet og i hovedsagen erstattet af elektronisk udveksling af oplysninger. Det er med den nye overenskomst som hidtil formålet at bevare Norden som ét registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand. Der er således ikke sket en ændring af de grundlæggende principper om, at en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden, at det er tilflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og at det er den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der har kompetence til at træffe afgørelse herom.

Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere overenskomst er afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. Den flyttende skal således fra den 1. januar 2007 ikke medbringe flyttepapirer, og såfremt betingelserne for registrering som tilflyttet er til stede, kan folkeregistrering og tildeling af personnummer i tilflytningslandet derfor foretages straks. Når der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej her i landet, skal fraflytningslandet som hidtil underrettes herom. Der henvises til CPR-kontorets meddelelse om «Retningslinjer for registrering af internordiske flytninger fra 1. januar 2007». Meddelelsen findes på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

Særligt for så vidt angår anmeldelse af indrejse af børn fra et andet nordisk land skal det påpeges, at en dansk afgørelse om en registrering som indrejst fra et andet nordisk land direkte medfører en registrering som udrejst i fraflytningslandet. Myndighederne i fraflytningslandet kan imidlertid ikke forventes at orientere en ikke medflyttende forælder herom, da det er den danske kommune, der træffer afgørelse i sagen og dermed skal foretage korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling. Kommunen skal derfor nøje overveje, om en ikke medflyttende forælder skal partshøres og inddrages i oplysningen af sagen, samt have meddelt afgørelsen med oplysning om klageadgang, hvis denne ikke har samtykket i flytningen. Se nedenfor i afsnit 5.6.

Der er fastsat supplerende regler om internordiske flytninger i folkeregistreringsbekendtgørelsens § 11.

 

5.6.- Indrejse af børn

Som anført under afsnit 4.2. er der i CPR-lovens § 13, stk. 2, en særlig høringsregel ved anmeldelse af indenlandske flytninger for børn.

Der er derimod ikke i CPR-loven fastsat særlige procedureregler for høring ved anmeldelse af indrejse af et barn fra udlandet.

Ministeriet skal derfor henstille, at kommunen i hver enkelt sag ved anmeldelse af tilflytning for et barn til Danmark overvejer, om der efter anden lovgivning skal foretages en høring af / inddrages andre end den, der anmelder flytningen. Baggrunden herfor er særligt partshøringsreglerne i forvaltningsloven og reglerne om forældremyndighed.

Det følger af reglerne om forældremyndighed, at såfremt den ene forælder alene har forældremyndigheden, er det denne forælder, der kan repræsentere barnet. Denne forælder skal derfor som udgangspunkt inddrages i afgørelser vedrørende barnets registrering.

Selv om der er fælles forældremyndighed, kan den ene forælder i et vist omfang agere på vegne af begge. Hvorvidt dette er tilfældet, vurderes konkret. Mere væsentlige spørgsmål kræver som udgangspunkt enighed mellem forældrene.

Ministeriet skal endvidere oplyse, at det for så vidt angår anmeldelse af indrejse af et barn fra et andet nordisk land er særligt vigtigt at få afklaret spørgsmålet om høringspligt, da en dansk afgørelse om registrering af et barn som indrejst direkte medfører en registrering som udrejst i fraflytningslandet, uden at myndighederne i fraflytningslandet kan forventes at orientere en ikke medflyttende forælder herom. Se ovenfor afsnit 5.5.

 

5.7.- Afgørelse om indrejse og annullering af registreret indrejse / beregning af frister

En kommune må først registrere en person som indrejst, når lovens indrejsebetingelser er opfyldt. En kommune må eksempelvis ikke registrere en person som indrejst, hvis vedkommende ikke skal være i landet i mere end 3 måneder. Hvis opholdet er på 3 måneder eller derunder, er det uden betydning, om vedkommende har bolig, familie eller anden tilknytning til Danmark. Det er bortset fra situationer omfattet af lovens § 16, stk. 6 ligeledes uden betydning, hvad formålet med opholdet i Danmark er.

Det bemærkes, at der ikke må ske registrering af indrejse og tildeling af personnummer, før det er klart, at indrejsebetingelserne er opfyldt. Et personnummer, der fejlagtigt tildeles, genanvendes ikke senere til en anden person.

3 / 6-månedersfristen i lovens § 16 beregnes fra det tidspunkt, hvor vedkommende rent faktisk indrejser i landet. Dette gælder også for så vidt angår ikke-nordiske statsborgere, uanset at disse først kan registreres, når betingelserne i lovens § 17 er opfyldt. Kommunen kan vente med at foretage registreringen, hvis den har særlig grund til at tvivle på, at opholdet i landet vil være over 3 måneder, jf. lovens § 16, stk. 4.

Den dokumentation for opholdets varighed, som omtales i lovens § 16, stk. 4, kan bestå i fremvisning af dokumenter, hvorefter den pågældende har truffet dispositioner, som ikke er normale at foretage sig, hvis opholdet er af kortere varighed, f.eks. bindende indbetaling af leje for et længere tidsrum, køb af hus, som kun egner sig som helårsbolig, optagelse på en uddannelse, indskrivning af barn i institution/skole eller lignende.

Viser det sig efterfølgende, at den pågældendes ophold i Danmark ikke opfyldte kravene for registrering af tilflytning, f.eks. fordi opholdet rent faktisk varede mindre end 3 måneder, skal indrejsen annulleres. Inden dette sker, skal kommunen i overensstemmelse med CPR-lovens § 11 have forsøgt at kontakte den pågældende, ligesom afgørelsen også skal meddeles skriftligt til den pågældende, hvis dette er muligt. Der henvises til bilag 3.

 

5.8. – Oplysninger, som skal gives ved tilflytning

Ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet skal den tilflyttende give en række oplysninger, jf. CPR-lovens § 20, der i nødvendigt omfang skal dokumenteres, jf. lovens § 21. Denne dokumentation kan for visse oplysninger eventuelt ske ved forevisning af vedkommendes pas. Der er imidlertid ikke noget selvstændigt krav om forevisning af pas eller anden gyldig rejselegitimation med henblik på at sikre, at pågældende er lovligt indrejst her i landet. Hvis der ved registreringen af en indrejse opstår tvivl om gyldigheden af vielser, skilsmisser og andre retsstiftende kendsgerninger, der har fundet sted i udlandet, henvises til bilag 1 til vejledningen.

 

5.9. – Medlemskab af folkekirken

Tilflyttere, som oplyser og eventuelt dokumenterer, at de er medlemmer af den danske folkekirke eller af et evangelisk-luthersk trossamfund i øvrigt, skal orienteres om, at de vil blive registreret som medlemmer af den danske folkekirke. Det bemærkes, at såfremt en person, der tilflytter landet, ønsker at melde sig ud af folkekirken, vil dette ikke kunne ske ved en erklæring til kommunen, men skal ske enten ved personligt fremmøde for eller ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor medlemmet tager bopæl. Sker udmeldelsen af folkekirken inden 6 måneder efter tilmelding til CPR (ajourføringsdatoen), registreres udmeldelsen med virkning fra indrejsedatoen.

Kirkerne i de nordiske lande er evangelisk-lutherske. Folkekirken på Færøerne er en del af den danske folkekirke. Almindeligvis vil kun tilflyttere, der stammer fra et af de nordeuropæiske lande eller Nordamerika, opfylde betingelserne for tilmelding til folkekirken. Ved tvivl om, hvorvidt et trossamfund er evangelisk-luthersk, kan der hentes vejledning i Kirkeministeriet (www.km.dk).

 

5.10. – Tilflytningsdato

Personer, som allerede ved indrejsen har opholdstilladelse / -bevis, skal registreres som indrejst med virkning fra det tidspunkt, hvor de er kommet ind i landet, hvis de på dette tidspunkt også har en bolig eller fast opholdssted her i landet, jf. lovens § 22, stk. 1, sammenholdt med lovens § 16, stk. 5. Det samme gælder personer, som efter indrejsetidspunktet får en bekræftelse fra udlændingemyndighederne om, at de er fritaget for opholdstilladelse / -bevis, jf. lovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 22, stk. 1.

Personer, som indrejser og først efterfølgende får opholdstilladelse / -bevis, kan først registreres med virkning fra datoen for udstedelsen heraf, jf. lovens § 22, stk. 3.

 

Kapitel 6.- Fraflytning til udlandet

6.1.-  Ophold i udlandet over eller under 6 måneder

Registrering af fraflytning efter CPR-lovens § 24, stk. 1, af ophold i udlandet på over 6 måneder er en konstatering af, at den pågældende i en længere periode ikke opholder sig her i landet, hvilket ligestilles med en flytning. Det er således uden betydning, hvilket formål den pågældende har med udlandsopholdet. Endvidere er det ved sådanne længerevarende udenlandsophold uden betydning, om der opretholdes en bolig her i landet og / eller anskaffes bolig i udlandet.

I lovens § 24, stk. 5 og 6, er der fastsat særlige regler vedrørende udsendte og deres familiemedlemmer. Disse regler er en undtagelse til bestemmelsen i lovens § 24, stk. 1. I lovens § 24, stk. 7-9, er der endvidere fastsat regler om personer, der har deres hovedophold i udlandet i en periode på over 6 måneder, men hvor udlandsopholdet skyldes arbejdsmæssige eller lignende grunde, og hvor hovedparten af ferier og fridage tilbringes her i landet. Disse regler er ligeledes en undtagelse til bestemmelsen i lovens § 24, stk. 1, se nærmere herom nedenfor under afsnit 6.2. og 6.3.

Ifølge lovens § 24, stk. 2, afbryder korte ophold her i landet ikke opholdet i udlandet, så længe vedkommende sover flest gange i udlandet. Der skal således foretages en konkret vurdering af, hvorvidt eventuelle ophold her i landet er af en sådan varighed, at udlandsopholdet afbrydes. Det kan i den forbindelse ikke kræves, at opholdet her i landet skal opfylde indrejsebetingelsen i lovens § 16, stk. 1, det vil sige, at opholdet er over 3 måneder. Man skal i stedet vurdere det forudgående udlandsophold i forhold til opholdets længde og formål her i landet. Er der tale om skiftevise ophold i udlandet og her i landet, skal man vurdere de enkelte ophold i forhold til hinanden og i forhold til den samlede periode.

Er opholdet i udlandet 6 måneder eller derunder, og den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed i hele perioden , har den pågældende ifølge lovens § 24, stk. 1, 4. pkt., efter anmodning ret til fortsat at være registreret som boende på sin hidtidige adresse. Hvis den hidtidige bolig er udlejet/fremlejet, er den ikke til fuld rådighed. Det samme gælder, hvis vedkommende ikke lovligt (hele året) kan bo og overnatte på adressen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis vedkommende er registreret i et sommerhus, et erhvervslejemål eller et kolonihavehus, som det ikke er lovligt at opholde sig i / overnatte i hele året. Registrering i et sommerhus vil dog kunne opretholdes, hvis vedkommende har fået dispensation efter planlovgivningen til at bebo sommerhuset hele året. En registrering på et fast opholdssted, jf. lovens § 6, stk. 2, vil ikke kunne opretholdes. Rådighed over en bevægelig bolig vil kun kunne danne grundlag for fortsat registrering, hvis vedkommende efter lovens § 9 er berettiget til at være folkeregistreret på det sted, hvor den bevægelige bolig befinder sig.

Om personer, der opholder sig i udlandet i 6 måneder eller derunder uden at opretholde den hidtidige bolig til fuld rådighed, jf. lovens § 24, stk. 1, 5. pkt., kan siges at være flyttet til udlandet og derfor skal registreres som udrejst, må afgøres efter et konkret skøn i overensstemmelse med almindelig opfattelse af, hvornår en person kan anses for flyttet. Som eksempler på momenter, der kan lægges vægt på, kan nævnes følgende:

– Hvor befinder den pågældendes møbler og øvrige ejendele sig?

Hvor befinder ægtefælle / samlever eller mindreårige børn sig?

Er det et ferieophold, eller arbejdes der i udlandet?

Står der en bolig parat til den pågældende ved opholdets afslutning?

Det bemærkes, at hvis en person efter et konkret skøn efter § lovens 24, stk. 1, 5. pkt., kan forblive registreret i Danmark, skal vedkommende registreres som værende uden fast bopæl i sin seneste bopælskommune.

CPR-lovens § 24 regulerer, hvornår en person er forpligtet til at anmelde udrejse og tager således ikke direkte stilling til en situation, hvor en person ønsker at blive registreret som udrejst. Om en anmeldelse af udrejse kan imødekommes, afhænger af, om udrejsen efter en konkret vurdering kan anses som en fraflytning. En person er derfor ikke efter lovens § 24, stk. 1, forpligtet til at opholde sig i udlandet i 6 måneder for, at vedkommende har ret til at blive registreret som udrejst.

Hvis et udlandsophold, som efter hensigten ved udrejsen registreredes som en fraflytning, får et andet og kortere forløb end forventet, må der, hvis den pågældende anmoder derom , foretages en konkret vurdering af, om udrejsen skal annulleres. Det skal således vurderes, om den hidtidige bolig er opretholdt til fuld rådighed, eller hvis dette ikke er tilfældet om vedkommende alligevel ikke skal betragtes som fraflyttet til udlandet, jf. ovenfor. Annulleringen er en afgørelse, som skal træffes efter forvaltningslovens regler herom. Der henvises til bilag 3.

Viser et udlandsophold, som oprindeligt skønnedes kun at ville vare 6 måneder eller mindre, at blive længerevarende, skal den pågældende efterfølgende registreres som udrejst fra det faktiske udrejsetidspunkt, jf. lovens § 26, stk. 2. Ved vejledning af en person om CPR-lovens udrejseregler er det vigtigt at orientere vedkommende herom.

Opmærksomheden henledes på kommunernes forpligtelse til at udlevere eller tilsende ansøgningsskema om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet, og notere dette i CPR, jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse Nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Om det nærmere indhold af denne forpligtelse henvises til afsnit 4.4. i vejledning Nr. 65 af 27. juni 2004 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Der henvises endvidere til CPR-lovens bilag 1, Nr. 15. Det bemærkes, at dette også gælder i forhold til udsendte, som på trods af reglerne i CPR-lovens § 24, stk. 5 eller 6, registreres som udrejst af Danmark, fordi de udsendes til et nordisk land (bortset fra Færøerne, da også personer folkeregistreret i en kommune på Færøerne optages på valglisten, dog ikke i Danmark, men på Færøerne), som folkeregistrerer dem som indrejst i dette land, jf. afsnit 6.2. nedenfor.

 

6.2.-  Udsendte og deres familiemedlemmer

De personer, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 24, stk. 5, er bl.a. udenrigstjenestens og Forsvarets personale, når disse er beordret til tjeneste i udlandet, samt personer, som Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen har sendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Disse personer samt deres samlevere og børn under 18 år med bopæl hos forældrene, jf. lovens § 24, stk. 6, forbliver registreret på deres hidtidige bopæl eller, såfremt denne opgives, i deres hidtidige bopælskommune under høj vejkode. Der henvises også til folkeregistreringsbekendtgørelsens § 14, Nr. 5. Under udsendelsen kan vedkommendes aktuelle udenlandsadresse registreres i CPR som supplerende adresse, jf. lovens § 24, stk. 3.

Når betingelserne for at være omfattet af lovens § 24, stk. 5 eller 6, ikke længere er til stede, eksempelvis hvis et barn flytter hjemmefra eller fylder 18 år, skal den pågældende registreres som udrejst fra dette tidspunkt.

I tilfælde af, at en person, som er omfattet af lovens § 24, stk. 5, beordres til tjeneste i landene omfattet af den internordiske folkeregistreringsaftale, det vil sige Finland, Island, Norge, Sverige og Færøerne, skal vedkommende registreres som udrejst, hvis indrejselandets materielle folkeregistreringsregler medfører, at denne skal registreres som indrejst i dette land. Dette gælder tillige for personer omfattet af lovens § 24, stk. 6. Den internordiske folkeregistreringsaftale har således forrang for lovens § 24, stk. 5-6, i disse særlige tilfælde, jf. lovens § 25, stk. 1.

 

6.3.-  Hovedophold i udlandet pga. arbejdsmæssige eller lignende forhold

Bestemmelsen i CPR-lovens § 24, stk. 7, skal sikre, at personer, der har et sådant arbejds- og opholdsmønster, at de pågældende overnatter størstedelen af tiden i en periode på over 6 måneder i udlandet, kan forblive registreret i CPR med adresse på bopælen her i landet, uanset at de pågældende efter lovens § 24, stk. 1 og 2, betragtes som havende et udlandsophold på over 6 måneder. Betingelsen er, at de pågældende opretholder boligen her i landet og løbende i perioden tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier o. lign. i boligen.

Bestemmelsen omfatter alle personer med ovennævnte arbejds- og opholdsmønster, som eksempelvis langturschauffører, fiskere, handelsrejsende o. lign. Udgangspunktet er således, at opholdet i udlandet skal skyldes arbejdsmæssige forhold. Der kan dog tænkes enkelte tilfælde, hvor andre personer vil være omfattet af bestemmelsen, eksempelvis visse studerende med samme opholdsmønster.

For at være omfattet af lovens § 24, stk. 7, skal personerne opretholde deres bolig her i landet, hvor de pågældende opholder sig og overnatter, når de befinder sig her i landet, og hvor de har deres ejendele. Der skal være tale om at opretholde en egentlig bolig her i landet og ikke blot en overnatningsmulighed. Opholdene i boligen må således ikke have karakter af besøg. Boligen skal være til fuld rådighed, ligesom den fortsat skal være møbleret og fremstå som et hjem, hvor evt. familie (ægtefælle / samlever og børn) tillige opholder sig og er folkeregistreret. Boligen skal således fortsat danne rammen om de pågældendes sociale liv.

Personerne skal som nævnt tilbringe hovedparten af weekender, fridage, ferier o. lign. i boligen her i landet i den anførte periode på over 6 måneder. Hermed skal forstås, at de pågældende tilbringer den tid, det, set i forhold til arbejdsforhold o. lign., er muligt på adressen her i landet. Det forudsættes således, at personerne løbende og i et jævnligt omfang skiftevis opholder sig her i landet og i udlandet i den anførte periode. Det kræves dog ikke, at samtlige weekender, fridage og ferier tilbringes i boligen her i landet, idet ferie- og weekendophold også kan tilbringes i udlandet / andre steder her i landet i almindeligt omfang.

Såfremt boligen er en bevægelig bolig omfattet af lovens § 9, er der tillige ret til at forblive registreret i denne, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt.

Det er ikke noget til hinder for, at personer omfattet af bestemmelsen flytter til en ny bolig her i landet, såfremt der er tale om en reel flytning til en egentlig bolig.

Det er endvidere ikke et krav for at være omfattet af lovens § 24, stk. 7, at der overnattes på forskellige steder under udlandsopholdet. Bestemmelsen omfatter således eksempelvis både langturschauffører, der kører og overnatter på landevejen, samt håndværkere, der arbejder på et bestemt projekt gennem længere tid, og derfor overnatter det samme sted i udlandet.

Bestemmelsen i lovens § 24, stk. 8, omfatter søfarende, der grundet deres erhvervs- og arbejdsforhold, overnatter størstedelen af tiden til søs, men som opretholder deres bolig her i landet, hvor hovedparten af fridage, ferier o. lign. tilbringes.

En søfarende har som hovedregel ikke mulighed for at tage hjem til boligen i weekender og ved enkelte fridage og tilbringer derfor en del af sin fritid og sociale liv til søs. Der kan derfor ikke for denne gruppe stilles samme krav til ophold i boligen, som efter lovens § 24, stk. 7.

Det er imidlertid ligesom ved lovens § 24, stk. 7, et krav, at de pågældende søfarende opretholder deres bolig til fuld rådighed her i landet. Der skal således være tale om at opretholde en egentlig bolig her i landet og ikke blot en overnatningsmulighed. Opholdene i boligen må ikke have karakter af besøg, og boligen skal være til vedkommendes fulde rådighed, ligesom den skal fremstå som vedkommendes hjem, hvor vedkommende har sine ejendele, og hvor vedkommendes eventuelle familie (ægtefælle / samlever og børn) tillige opholder sig og er folkeregistreret. Boligen skal således fortsat danne rammen om vedkommendes sociale liv.

Ifølge lovens § 24, stk. 9, har medrejsende familiemedlemmer, dvs. ægtefælle / samlever samt børn, tilhørende de i stk. 7 eller 8, nævnte personer, som grundet disses arbejde eller lign. har samme opholdsmønster som vedkommende, ret til at forblive registreret på bopælen. Medrejsende familiemedlemmer sidestilles ifølge stk. 9, således med de i stk. 7 og 8, nævnte personer.

 

6.4.-  Internordiske flytninger

En flytning fra et af de nordiske lande eller Færøerne til et andet nordisk land eller Færøerne betegnes som en internordisk flytning.

Med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, som trådte i kraft den 1. januar 2007, er de internordiske flyttepapirer afskaffet og i hovedsagen erstattet af elektronisk udveksling af oplysninger. Det er med den nye overenskomst som hidtil formålet at bevare Norden som ét registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand. Der er således ikke sket en ændring af de grundlæggende principper om, at en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden, at det er tilflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og at det er den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der har kompetence til at træffe afgørelse herom. Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere overenskomst er således afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. En person, der anmelder udrejse til et andet nordisk land, skal derfor fra den 1. januar 2007 ikke have udleveret internordiske flyttepapirer, men vedkommende skal som hidtil forblive registreret i CPR, indtil der modtages besked fra tilflytningslandet om, at vedkommende er registreret som indrejst i det andet nordiske land eller Færøerne, jf. lovens § 25, stk. 1 og 2. Der henvises til CPR-kontorets meddelelse om «Retningslinjer for registrering af internordiske flytninger fra 1. januar 2007». Meddelelsen findes på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

En dansk kommune har således ikke kompetence til at træffe afgørelse om, at en person skal registreres som udrejst til et andet nordisk land eller Færøerne. Vedrørende kompetence til at annullere en registrering som udrejst til et andet nordisk land henvises til vejledningens afsnit 3.7.7.

 

Kapitel 7.- De registreredes beskyttelse mod videregivelse af oplysninger

I CPR-lovens kapitel 7 er samlet regler om de forskellige former for beskyttelse mod videregivelse af oplysninger, som borgeren kan anmode om, det vil sige navne- og adressebeskyttelse, lokalvejviserbeskyttelse samt beskyttelse mod henvendelser i forbindelse med statistik og forskning eller i markedsføringsøjemed.

Adressebeskyttelsen i CPR-lovens § 28 er kombineret med en navnebeskyttelse. Personer, som før lovens ikrafttræden den 1. juli 2000 har fået adressebeskyttelse, er fra denne dato også blevet navnebeskyttet. Adressebeskyttelsen gælder også en eventuel udenlandsadresse efter lovens § 26, stk. 3. En kontaktadresse her i landet efter lovens § 26, stk. 3, eller en værges adresse kan derimod ikke beskyttes. I stedet kan den pågældende vælge ikke at få registreret disse adresser i CPR. Der henvises til lovens § 42, stk. 2, Nr. 7-9.

Borgeren kan ikke kræve, at navne- og adressebeskyttelsen registreres for mere end et år ad gangen, men kommunen kan give beskyttelsen for en længere periode, hvis der er tale om helt særlige forhold. Hvis vedkommende ved udløbet af beskyttelsesperioden selv ønsker beskyttelsen fornyet, er der ikke noget til hinder herfor.

Hvis en person anmoder om navne- og adressebeskyttelse, skal kommunen orientere vedkommende om rækkevidden heraf, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens § 13.

Der er i CPR-loven fastsat særlige regler for, hvornår der på trods af navne- og adressebeskyttelse alligevel kan ske videregivelse, jf. opregningen af de relevante bestemmelser i CPR-lovens § 28.

Enhver har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få registreret lokalvejviserbeskyttelse i CPR, således at vedkommende ikke optages i lokale vejvisere, jf. lovens § 29, stk. 1.

En markering efter lovens § 29, stk. 2, indebærer, at den pågældende ikke må kontaktes i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, hvortil Indenrigs- og Sundhedsministeriet leverer oplysninger fra Det Centrale Personregister eller foretager adressering og udsendelse af materiale. Markeringen forhindrer derimod ikke, at den pågældende indgår i undersøgelsen. Den pågældende må blot ikke kontaktes af forskeren. Markeringen vil endvidere ikke udelukke, at den pågældende kontaktes, hvis det konstateres, at vedkommende har eller kan have fået en smitsom sygdom, har en væsentlig øget risiko for at få en alvorlig sygdom, eller hvis man i forbindelse med en undersøgelse vedrørende lægemiddelinteraktion bliver opmærksom på særligt farlige interaktionsmønstre, som bør medføre henvendelse til den pågældende.

Det er efter lovens § 29, stk. 3, muligt at få indsat en markering i CPR om, at pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. Det nærmere indhold af markedsføringsbeskyttelsens omfang er ikke reguleret i CPR-loven, men er reguleret efter bestemmelser i henholdsvis markedsføringsloven (lov Nr. 1359 af 21. december 2005 om markedsføring), og persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger). Markedsføringsloven administreres af Forbrugerstyrelsen ( www.forbrug.dk /markedsforing) og persondataloven administreres af Datatilsynet ( www.datatilsynet.dk).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejder til brug for de erhvervsdrivende en gang i kvartalet en fortegnelse (den såkaldte «Robinson-liste») med oplysning om nuværende navn og adresse samt eventuel seneste tidligere adresse inden for de seneste 3 år for samtlige personer, der efter CPR-lovens § 29, stk. 3, har en markering i CPR om, at de pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. CPR-lovens § 40, stk. 4. Personer med navne- og adressebeskyttelse efter lovens § 28 medtages ikke i denne fortegnelse. Hvis en person har navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver en erhvervsdrivende således kun bekendt med, at vedkommende tillige har markedsføringsbeskyttelse i CPR, hvis den erhvervsdrivende på anden måde bliver bekendt hermed f.eks. via udtræk fra CPR.

Det følger af bestemmelsen i CPR-lovens § 30, stk. 1, at personer med navne- og adressebeskyttelse efter lovens § 28 tillige er beskyttet efter bestemmelserne i lovens § 29, stk. 1 og 2, om henholdsvis lokalvejviserbeskyttelse samt henvendelser i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, så længe navne- og adressebeskyttelsen er gældende.

 

Kapitel 8.- Kommunernes og Indenrigs- og Sundhedsministeriets videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder

Ved henvendelse med ønske om udlevering af oplysninger er det første, som må afgøres, om den spørgende er en dansk offentlig myndighed. Der henvises herom til bilag 2.

Udenlandske offentlige myndigheder skal i relation til CPR-loven sidestilles med private, og kommunen vil derfor altid skulle besvare sådanne forespørgsler efter reglerne i CPR-lovens kapitel 12 om videregivelse af enkeltoplysninger m.v. til private. Dette gælder også, hvor forespørgslen fra en udenlandsk offentlig myndighed formidles af en dansk offentlig myndighed, f.eks. en dansk ambassade.

Oplysningerne i CPR kan stilles til rådighed for andre danske myndigheder. Dette kan ske ved udlevering af enkeltoplysninger fra kommunerne, jf. CPR-lovens § 33, eller efter aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet via terminaladgang, engangsudtræk eller løbende udtræk, jf. CPR-lovens § 32.

Alle kommuner har ligesom Indenrigs- og Sundhedsministeriet adgang til CPR's oplysninger. Enhver kommune vil derfor kunne give de aktuelle oplysninger om en person. Herudover kan kommunerne på grundlag af CPR oplyse en persons navne, adresser og civilstande tilbage til 1. januar 1971 samt om eventuelt tidligere statsborgerskab tilbage til 1. oktober 1991, og eventuel tidligere separation tilbage til 27. maj 2004.

Folkeregistreringsoplysninger, der ikke fremgår af CPR, skal søges i den daværende bopælskommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet råder ikke over andre folkeregistreringsoplysninger end dem, der findes i CPR, og besvarer ikke enkeltforespørgsler om det konkrete indhold af CPR.

Forespørgsler om CPR-oplysninger, som en myndighed selv har terminaladgang til, kan kommunen henvise til besvarelse hos myndigheden selv, uanset om det er en anden del af forvaltningen, der spørger. Oplysning om, hvilke myndigheder der har terminaladgang til CPR, kan i øvrigt oplyses af Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor (www.cpr.dk).

Ifølge CPR-lovens § 31 skal videregivelse af oplysninger til en anden offentlig myndighed ske efter reglerne i persondataloven. Heri ligger et krav om, at den modtagende myndighed skal være berettiget til at behandle oplysningerne. De generelle betingelser for, hvornår en behandling må finde sted, findes i kapitel 4 i den pågældende lov.

For offentlige myndigheders enkeltforespørgsler til kommunerne kan kommunerne som udgangspunkt kræve op til 27 kr. pr. forespørgsel, jf. lovens § 33, stk. 1. Dette gælder også udlevering af enkeltoplysninger til bobestyrere til brug for afklaringen af, hvem der er arvinger i et bo, jf. § 48, stk. 3, jf. § 7, stk. 2, i dødsboskifteloven (lov Nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer). Der kan dog ikke opkræves betaling for de forespørgsler, som er nævnt i CPR-lovens § 33, stk. 3, samt for de enkeltforespørgsler som ifølge § 33, stk. 1, i boafgiftsloven (lovbekendtgørelse Nr. 971 af 22. september 2006 om afgift af dødsboer og gaver), kommer fra skifteretter, eksekutorer, privatskiftende arvinger, anmeldelsespligtige og skattemyndighederne til brug ved beregning af bo- eller gaveafgifter.

For at sikre, at offentlige myndigheder ikke uforvarende kommer til at videregive navne og adresser, som er beskyttede, er det helt nødvendigt, at oplysninger om en sådan beskyttelse altid, som anført i CPR-lovens § 34, gives sammen med de pågældende oplysninger og desuden noteres hos den modtagende myndighed.

 

Kapitel 9.- Kommunernes og Indenrigs- og Sundhedsministeriets videregivelse m.v. af oplysninger til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed

Når kommunen skal beslutte, om man til statistisk og videnskabeligt brug vil give adgang efter CPR-lovens § 37 til ældre folkeregistermateriale, der fortsat befinder sig i kommunen, fordi det ikke er afleveret til landsarkiverne, vil dette bl.a. kunne ske ud fra en vurdering af, om man har ressourcer til at varetage denne opgave.

Det er en betingelse for videregivelsen, at modtageren er berettiget til at behandle disse oplysninger efter persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger).

Inden en offentlig myndighed påbegynder behandlingen af oplysninger i et forskningsprojekt m.v., skal der som altovervejende hovedregel foreligge en udtalelse fra Datatilsynet. Ved at se en kopi af Datatilsynets udtalelse, vil kommunen således ofte kunne sikre sig, at myndigheden er berettiget til at behandle oplysningerne

For private forskningsprojekter m.v. skal der som udgangspunkt ikke foreligge en udtalelse fra Datatilsynet, men omfatter projektet behandling af følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller andre oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, f.eks. oplysninger om væsentlige sociale problemer, er der krav om forudgående egentlig tilladelse fra Datatilsynet. Der henvises til § 50, stk. 1, Nr. 1, i persondataloven. Kommunen vil derfor normalt også kunne sikre sig, at den private er berettiget til at behandle oplysningerne, ved at se en kopi af denne tilladelse fra Datatilsynet.

I tvivlstilfælde, herunder hvor der ikke skal foreligge en udtalelse eller en godkendelse, kan der indhentes en udtalelse fra Datatilsynet.

Om den almindelige adgang for enhver til oplysninger fra ældre folkeregistermateriale henvises til CPR-lovens § 48.

 

Kapitel 10.- Indenrigs- og Sundhedsministeriets videregivelse af oplysninger til private

Det følger af CPR-lovens § 38, at enhver juridisk person har adgang til en række standardoplysninger i CPR, hvis vedkommende er berettiget til at behandle disse oplysninger efter persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger) og desuden kan identificere de enkelte personer, som angivet i CPR-lovens § 38, stk. 5. For foreninger er der yderligere stillet det krav, at foreningen skal have et anerkendelsesværdigt formål. Der henvises i øvrigt til CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

CPR-lovens § 39 giver endvidere samme kreds af juridiske personer adgang til at stille enkeltforespørgsler som omfattet af lovens § 42, stk. 1 og 2, jf. § 42, stk. 6, som elektroniske forespørgsler til CPR.

Der henvises til CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

Kapitel 11.- Indenrigs- og Sundhedsministeriets forsendelse for udenlandske myndigheder

De vilkår, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller for udsendelse af valg- eller folkeafstemningsmateriale for myndigheder i andre lande med hjemmel i CPR-lovens § 41, vil bl.a. indeholde bestemmelser, der sikrer anonymiteten for personerne i personkredsen.

Der er ikke i CPR-loven nogen bestemmelser, som hjemler kommunerne en adgang til at foretage kuvertering. Kommunerne vil derfor kun kunne foretage kuvertering for private, hvis der andetsteds i lovgivningen er hjemmel hertil. En sådan hjemmel findes eksempelvis i § 41 a i friskoleloven (lovbekendtgørelse Nr. 764 af 3. juli 2006 om friskoler og private grundskoler m.v.) for udsendelse af materiale for en friskole til en afgrænset personkreds i skolekommunen, dog ikke personer med navne- og adressebeskyttelse eller lokalvejviserbeskyttelse.

 

Kapitel 12.- Kommunernes videregivelse af enkeltoplysninger m.v. til private

12.1.- Indledning

CPR-lovens kapitel 12 regulerer udtømmende kommunernes videregivelse af enkeltoplysninger m.v. til private, bortset fra videregivelsen til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed efter lovens kapitel 9.

Kapitlet vedrører kun videregivelse til private. Videregivelse til andre offentlige myndigheder er reguleret af lovens kapitel 8 og til dels kapitel 9. Om sondringen mellem offentlige myndigheder og private henvises til bilag 2.

Udlevering af anonyme oplysninger fra CPR, det vil sige oplysninger, der ikke kan henføres til enkeltpersoner, er ikke reguleret af CPR-loven. Er der tale om statistiske oplysninger, kan forespørgsler herom eventuelt henvises til Danmarks Statistik ( www.dst.dk ).

12.2.- Krav om identifikation

Bestemmelsen i CPR-lovens § 42 regulerer privates enkeltforespørgsler til kommunerne om konkrete personer. Der stilles i lovens § 42, stk. 6, som fælleskrav, at spørgeren på forhånd kan identificere den pågældende person på en bestemt måde. Først når denne betingelse er opfyldt, kan spørgeren få de standardoplysninger, der fremgår af lovens § 42, stk. 2.

En angivelse af en navnekombination – gammelt fornavn og nyt efternavn – som personen aldrig har båret, vil være tilstrækkelig navneidentifikation, når dette kombinationsnavn sammenholdt med de øvrige identifikationsoplysninger ikke efterlader tvivl om, hvilken person der efterspørges. Tilsvarende gælder ved en kombination af nyt fornavn og gammelt efternavn, som personen ikke har båret på samme tid.

Adoptivbørn, som søger oplysning om deres biologiske forældre i CPR eller i ældre folkeregistermateriale, men som ikke har de nødvendige identifikationsoplysninger, kan ofte få de manglende oplysninger til identifikationen i Familiestyrelsen (www.familiestyrelsen.dk). For personer født efter 1. januar 1938 kan oplysningerne også ofte findes i de tidligere ministerialbøger. For personer, der er fødselsregistreret i 2004 eller senere, kan oplysningerne fås ved henvendelse til personregisterførerne. I Sønderjylland vil dette dog først være tilfældet for personer, der er fødselsregistreret i maj 2007 eller senere.

12.3.- Videregivelse af andre oplysninger end standardoplysningerne samt videregivelse af beskyttede navne og adresser

I CPR-lovens § 42, stk. 3, og § 43, stk. 2, er der givet adgang til at videregive andre oplysningstyper end standardoplysningerne anført i lovens § 42, stk. 2, under forudsætning af, at spørgeren på forhånd har identificeret vedkommende.

I lovens § 42, stk. 3 og 4, § 43, stk. 1, og § 45 er der givet adgang til i visse tilfælde at videregive beskyttede navne og adresser.

Efter lovens § 42, stk. 3, skal kommunerne levere oplysning om vedkommendes civilstand, bortset fra oplysning om separation, og slægtskabsforhold til forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse Nr. 286 af 4. april 2006) samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Ved tvivl om, hvorvidt et forsikringsselskab eller en pensionskasse er omfattet af lov om finansiel virksomhed, kan der rettes henvendelse til Finanstilsynet (www.ftnet.dk).

Pengeinstitutter er banker, sparekasser og andelskasser. Lov om finansiel virksomhed vedrører opsparing i pensionsøjemed i form af kapitalpension, rateopsparing og selvpension.

Bestemmelsen i CPR-lovens § 42, stk. 4, giver kreditoplysningsbureauer , som Datatilsynet har meddelt tilladelse til kreditoplysningsvirksomhed, ret til at få leveret beskyttede navne og adresser. Der henvises til Datatilsynet eller Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk, hvor der er offentliggjort en liste («Fortegnelse») over alle de anmeldelser fra bl.a. kreditoplysningsbureauer, som Datatilsynet har givet tilladelse til.

Navne- og adressebeskyttelse kan normalt ikke opretholdes over for kreditorer , der agter at foretage skridt til opkrævning eller inddrivelse af en forfalden fordring, jf. CPR-lovens § 42, stk. 5. Det bemærkes, at fuld sikkerhed for, at betingelserne i denne bestemmelse er opfyldt, forudsætter, at kreditor kan fremvise en forfalden, ubetalt fordring, som debitor har underskrevet, og hvis ægthed kommunen ikke er i tvivl om. At en fordring er forfalden, betyder, at den sidste rettidige betalingsdag er overskredet. Hvis skyldneren ikke har underskrevet dokumentet, er der ingen sikkerhed for, at dette vedrører en reel fordring. Kommunen bør i sådanne tilfælde kun udlevere en beskyttet adresse, hvis man på grund af kendskab til spørgeren har en velbegrundet formodning for, at fordringen er reel. Mener kommunen, at der kan rejses tvivl om fordringens eksistens, skal tvivlen afklares ved, at kommunen forelægger anmodningen for den angivelige skyldner. Kommunen er således forpligtet til at undersøge sagen nærmere og kan ikke blot afvise henvendelsen. Hvis kravet er over 5 år, bør kommunen i øvrigt være opmærksom på, at kravet kan være forældet.

Navne- og adressebeskyttelsen skal opretholdes over for kreditorer, hvor formålet med at præsentere en forfalden fordring ikke er at få de penge m.m., man har til gode, men derimod er en måde at omgå beskyttelsen på. Der må i almindelighed kunne ses bort fra muligheden for omgåelse, hvis den spørgende er en forretningsvirksomhed, herunder en advokatvirksomhed. Hvis kommunen finder, at der er en risiko for omgåelse, skal anmodningen forelægges skyldneren.

Efter lovens § 43, stk. 1 og 2, er det en betingelse for udlevering af oplysninger, at den pågældende har en retlig interesse. Ved vurderingen af, hvorvidt den pågældende har en retlig interesse i udlevering af oplysninger efter lovens § 43, stk. 1 og 2, skal kommunen tage stilling til, om de oplysninger, der ønskes udleveret, i sig selv ændrer retstilstanden eller er nødvendige for at få denne ændret eller skal bruges til at gøre en ret gældende.

Der vil f.eks. være tale om retlig interesse, når oplysningen har betydning for udfaldet af en verserende eller forestående retssag, herunder har betydning for, om en retssag kan anlægges. Retlig interesse i en oplysning kan også foreligge, hvis oplysningen har betydning for udfaldet af et erstatningskrav, den spørgende selv har rejst, eller som er rejst mod den pågældende. Såfremt spørgerens krav på en ydelse er afhængig af, om den pågældende har boet et bestemt sted sammen med en anden person i en bestemt periode, har den pågældende en retlig interesse i at få oplyst disse forhold.

Der vil også foreligge retlig interesse, såfremt en slægtskabsoplysning skal anvendes for at gøre et arvekrav gældende, hvorimod der ikke er tale om retlig interesse, alene fordi en person ønsker at oprette et testamente, idet oplysningen i sig selv ikke er en forudsætning for, at der kan oprettes testamente. Ønsket om at drive slægtsforskning er aldrig en retlig interesse, der kan legitimere udlevering af oplysninger fra CPR, men der findes særlige regler om udlevering af oplysninger om en forud identificeret afdød person i lovens § 49.

Hvis det er muligt at ændre retstilstanden eller gøre en ret gældende uden oplysningen, må oplysningen ikke udleveres. Dette gælder bl.a., hvis man ønsker at rejse en sag ved en forvaltningsmyndighed, som selv kan indhente de nødvendige oplysninger til brug for sin sagsbehandling. Som eksempel kan nævnes, at bidragspligtige, som har en konkret formodning om, at en tidligere ægtefælle har etableret et nyt samliv, således at bidraget falder bort, kan henvende sig til statsforvaltningen og anmode om, at bidraget bortfalder. Statsforvaltningen vil herefter fra CPR kunne indhente de adresseoplysninger, som den bidragspligtige ikke selv vil være berettiget til at få i CPR.

Det nævnte er alene eksempler og ikke en udtømmende angivelse af, hvornår der foreligger retlig interesse. Det er ikke muligt på forhånd at opregne de tilfælde, hvor private har en retlig interesse i en oplysning i CPR om en bestemt person. Der må altid foretages en konkret vurdering af en forespørgsel.

Efter bestemmelsen i lovens § 43, stk. 1, kan kommunen udlevere beskyttede navne og adresser til private, når den person, der ønskes oplysninger om, er forud identificeret, jf. lovens § 42, stk. 6, og den person, der ønsker de beskyttede oplysninger udleveret, har en retlig interesse i oplysningerne, jf. ovenfor. Efter bestemmelsen er det yderligere en betingelse, at den beskyttede person ikke har fremsat indvendinger mod udleveringen, som kommunen finder skal tillægges større vægt end den spørgendes retlige interesse.

Kommunen må således på forespørgsel om udlevering af beskyttede navne- og adresseoplysninger først tage stilling til, hvorvidt spørgeren har en retlig interesse i udlevering af oplysningerne. Såfremt spørgeren findes at have en retlig interesse i udleveringen, skal kommunen dernæst meddele den beskyttede, at der er fremsat en anmodning om udlevering af den pågældendes beskyttede navne- og adresseoplysninger, og den beskyttede skal gives en frist til at fremsætte eventuelle indvendinger mod udlevering af oplysningerne. Hvis den beskyttede fremsætter indvendinger mod udlevering af oplysningerne, skal kommunen tage stilling til, om disse indvendinger vejer tungere, end spørgerens retlige interesse i at få oplysningerne udleveret.

Efter lovens § 43, stk. 2, kan den, som godtgør at have en retlig interesse i andre oplysninger i CPR, end de oplysninger der er nævnt i lovens § 42, stk. 2 5, og § 43, stk. 1, om en forud identificeret person, jf. lovens § 42, stk. 6, få udleveret disse oplysninger.

Selv om der er retlig interesse, kan oplysning om personnumre aldrig gives i medfør af lovens § 43. Derimod kan egne børns, ægtefælles og forældres personnumre være angivet på en attest rekvireret i medfør af lovens § 46.

Anmoder et pengeinstitut eller et realkreditinstitut om oplysning vedrørende et personnummer, skal der henvises til skattecenteret.

Arbejdsgivere og andre indeholdelsespligtige, der har ret til bl.a. at få oplysning om personnummer for deres ansatte, skal ligeledes henvises til skattecenteret.

Spørgsmål om anførsel af personnummer på regninger, der vedrører ydelser i praksissektoren, må afklares mellem regionen og lægerne / andre ydere i praksissektoren.

Særligt med hensyn til bobestyrere bemærkes det, at disse til brug for fastlæggelsen af arveforholdene og ved eftersøgning af arvinger og legatarer har samme adgang til at indhente oplysninger og få bistand fra offentlige myndigheder som skifteretten, jf. § 48, stk. 3, jf. § 7, stk. 2, i dødsboskifteloven (lov Nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer). Kommunerne har således bl.a. adgang til at videregive oplysninger om personnumre på arvinger og legatarer.

12.4.- Beskyttelse mod yderligere videregivelse m.v.

Kommunerne skal efter CPR-lovens § 44 ved videregivelse til private af beskyttede navne- og adresseoplysninger efter lovens § 42, stk. 5, (kreditorkrav) og lovens § 43, stk. 1, (retlig interesse) tillige videregive oplysning om eventuel navne- og adressebeskyttelse og fastsætte det formål, som disse oplysninger må anvendes til.

 

12.5.- Logiværters adgang til oplysninger om tilmeldte personer

Retten for enhver efter CPR-lovens § 45 til at få oplyst navne på personer, der er tilmeldt i en bolig, som vedkommende er (med)ejer eller lejer af, forudsætter, at fornøden dokumentation, herunder for adkomst til ejendom eller lejekontrakt, forevises, inden navne på de tilmeldte udleveres. Det er kun muligt at få oplyst navne på personer, der aktuelt er tilmeldt boligen. Der kan ikke udleveres andre oplysninger end navne på de pågældende personer. Navneoplysningerne kan udleveres efter lovens § 45, selv om der er navne- og adressebeskyttelse.

 

12.6.- Indsigt i oplysninger om vedkommende selv (indsigtsret) / attestation

Enhver har krav på at få meddelelse om, hvad der er registreret om den pågældende selv (indsigtsret / «registerindsigt») i CPR. Henvendelse om indsigtsret skal rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, eksempelvis via CPR-kontorets hjemmeside: www.cpr.dk. Retten til indsigt er en almindelig ret for en registreret og fremgår derfor ikke af CPR-loven, men derimod af persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger). Der henvises til persondatalovens § 31.

Efter CPR-lovens § 46 kan en borger endvidere få udstedt en bopælsattest eller anden attest om sin registrering i CPR i enhver kommune. Der er ikke begrænsninger for så vidt angår, hvilke oplysninger der uden videre kan attesteres. Personer med bopæl her i landet, der er registreret som ugifte, kan f.eks. anmode om at få udstedt en attest fra en kommune herom. Attestationen kan kun udtale, hvorledes den pågældende er registreret i CPR. Ønsker en person f.eks. bekræftelse af en underskrift på et privat dokument, skal den pågældende henvises til notaren ved den lokale byret. Den pågældende har ikke krav på attestation på fremmedsprog.

Hvis udenlandske myndigheder, f.eks. myndighederne i et vielsesland, kræver legalisering af kommunens attest, skal attesten indsendes til Udenrigsministeriets legaliseringskontor, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Legalisering er en bekræftelse af den underskrift, som kommunen har forsynet attesten med, hvorimod den ikke siger noget om indholdet af det, der er skrevet under på. For at underskriften kan identificeres sikkert, er det vigtigt, at navnet er stemplet eller maskinskrevet under underskriften. Yderligere vejledning om legalisering af attester til brug i udlandet kan fås i Udenrigsministeriets legaliseringskontor.

Personer, som ønsker yderligere attester til brug ved vielse i udlandet eller en attestation på et andet sprog, kan kommunen henvise til at få en ægteskabsattest, som udfærdiges på flere sprog. Ægteskabsattester udfærdiges for danske statsborgere af bryllupskontoret i bopælskommunen (eller sidste bopælskommune, hvis den pågældende er fraflyttet landet). For udenlandske statsborgere udfærdiges attesterne af bryllupskontoret i Københavns Kommune, hvis adresse er: Rådhuset, 1599 København V. Der kan endvidere henvises til Justitsministeriets bekendtgørelse om ægteskabs indgåelse (bekendtgørelse Nr. 510 af 20. juni 2005). Legaliseringen af ægteskabsattester sker ligeledes i Udenrigsministeriets legaliseringskontor.

 

12.7.- Ældre folkeregistermateriale

Efter CPR-lovens § 48 kan en privat, som er berettiget til oplysninger fra CPR efter §§ 42 og 43, få samme type oplysninger fra ældre folkeregistermateriale hos den kommune, som har sådant materiale.

Herudover er der i lovens § 49 uden krav om retlig interesse givet private, bl.a. slægtsforskere, adgang til yderligere oplysninger i gammelt folkeregistermateriale. Ved udlevering af oplysninger efter denne bestemmelse skal kommunerne sikre sig, at oplysningerne er over 30 år gamle og ikke findes i CPR-systemet. Hvis folkeregistrene har afleveret de ønskede oplysninger til landsarkiverne, skal spørgeren have en udskrift fra CPR, som viser, at personen er død, da denne oplysning skal kunne dokumenteres ved en eventuel fortsat undersøgelse i landsarkiverne.

Det er i begge situationer et krav, at spørgeren på forhånd har identificeret vedkommende.

 

12.8.- Oplysninger om afdøde

Bestemmelserne i lovens § 50, stk. 1 og 2, giver adgang til de nødvendige oplysninger, herunder om slægtskabsforhold, i CPR og i ældre folkeregistermateriale i forbindelse med skifte m.v. i udlandet henholdsvis begravelse m.v. i Danmark ved en persons død. Dette gælder, uanset om oplysningerne er beskyttede eller vedrører nulevende eller afdøde personer. Der kan dog ikke udleveres oplysninger om personnummer.

Der gælder samme krav til identifikation på forhånd af den afdøde ved forespørgsler efter bestemmelserne i lovens § 50, stk. 1 og 2, som i lovens § 42, stk. 6.

 

Kapitel 13.- Offentlige myndigheders behandling af personnumre

Det følger af § 11, stk. 1, i persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), at offentlige myndigheder må anvende personnumre med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer. De nærmere regler om de offentlige myndigheders brug er fastsat i kapitel 13 i CPR-loven.

De private dataansvarliges behandling af personnumre er ikke reguleret af CPR-loven. Spørgsmål om lovligheden af privates anvendelse af personnumre skal rettes til Datatilsynet.

Om sondringen mellem offentlige myndigheder og private henvises til bilag 2.

Iagttagelsen af de ligestillingsmæssige hensyn, som nævnes i CPR-lovens § 52, stk. 2, indebærer, at forvaltningen aldrig ubegrundet må registrere en person eller en bestemt sagstype under en anden persons, f.eks. ægtefællens, personnummer. Der er adgang til at klage over manglende overholdelse af denne regel til Ligestillingsnævnet, jf. § 19 i ligestillingsloven (lovbekendtgørelse Nr. 1527 af 19. december 2004 om ligestilling af kvinder og mænd).

I forbindelse med CPR-lovens § 53 skal bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt en person har pligt til at give oplysning om sit eget personnummer til en offentlig myndighed, vil bero på hjemmelen i det enkelte tilfælde.

Ifølge lovens § 54, stk. 1, har offentlige myndigheder en pligt til at sikre, at personnummeret ikke kommer uvedkommende i hænde. Dette indebærer, at personnummeret ikke må påføres fuldt læseligt uden på breve, i rudekuverter eller ved andre forsendelser. Er det nødvendigt i sådanne tilfælde at angive en identifikation, skal personnummeret sløres, således at dette ikke er umiddelbart genkendeligt, eks. ved indsættelse i en større talrække. Et personnummer kan ifølge lovens § 54, stk. 1 og 2, angives fuldt læseligt på eksempelvis breve og girokort, som sendes til den pågældende i lukket kuvert.

Bestemmelsen i lovens § 54, stk. 3, om forbud mod offentliggørelse i Statstidende skal ses i lyset af forbudet i § 11, stk. 3, i persondataloven mod offentliggørelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke.

 

Kapitel 14.- Beredskab, sikkerhedsforanstaltninger m. v.

CPR-lovens kapitel 14 sikrer Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmel til at træffe de nødvendige forholdsregler for, at CPR-systemet ikke kommer i uvedkommendes hænder, at administrationen kan foregå under en krise, og at CPR-systemet igen kan tages i brug, når forholdene normaliseres.

 

Kapitel 15.- Klage og straf

15.1.- Klage

 

15.1.1.- Klage over afgørelser efter CPR-loven

Efter lovens § 56 kan kommunens afgørelse efter CPR-loven påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På CPR-området træffer kommunen først og fremmest afgørelser om borgernes bopælsregistrering, men bl.a. også om udlevering af oplysninger fra CPR og ældre folkeregistermateriale samt om registrering af andre oplysninger end bopælsoplysninger.

Hvor kommunerne indsætter oplysninger i CPR på grundlag af indberetninger til kommunen fra andre myndigheder, f.eks. statsforvaltningen, personregisterførere og domstole, træffes der ikke afgørelse i medfør af CPR-lovgivningen, og der kan derfor ikke klages i medfør af denne klagebestemmelse. Eventuel klage over indholdet af sådanne registreringer må derfor rettes til den myndighed, der er ansvarlig for indholdet af registreringerne, eller til denne myndigheds klageinstans.

Det er en forudsætning, at der er truffet en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Der henvises til bilag 3, afsnit 2. En udsendelse af et bødeforlæg, jf. CPR-lovens § 58, stk. 1, er f.eks. ikke en afgørelse. Det samme gælder kommunernes eventuelle overtrædelse af reglerne i lovens §§ 52-54. Ministeriet er således ikke et egentligt klageorgan i forhold hertil.

Endvidere bemærkes det, at hvis en borger er utilfreds med en kommunes sagsbehandling, men ikke ønsker at klage over selve afgørelsen, kan kommunens sagsbehandling heller ikke påklages særskilt til ministeriet. Dette afskærer imidlertid ikke ministeriet fra at tage stilling til kommunens sagsbehandling i forbindelse med, at en part klager over en afgørelse.

Særligt med hensyn til klager over overtrædelse af CPR-lovens § 52, stk. 2, sidste pkt., bemærkes, at klage kan indbringes for Ligestillingsnævnet, jf. § 19 i ligestillingsloven (lovbekendtgørelse Nr. 1527 af 19. december 2004).

Klage efter CPR-lovens § 56 skal indgives til den kommune, som har truffet afgørelsen, da denne kommune skal genvurdere sagen, herunder med de eventuelle nye oplysninger, som er anført i klagen. Klagen skal være modtaget af kommunen senest inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt (kommet frem), se nærmere herom nedenfor i afsnit 15.1.2.

 

15.1.2.- Behandling af klager

Hvis kommunen ved sin genvurdering af sagen kan give klageren medhold, skal den underrette klageren herom. Sagen er herefter afsluttet og skal ikke videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen skal, hvis der er flere parter i sagen, være opmærksom på, at et medhold til den ene part efter en genvurdering kan være til ugunst for en anden part i sagen, som således skal vejledes om klageadgang.

Hvis kommunen ikke ved sin genvurdering af sagen kan give klageren medhold, indsendes sagen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til endelig afgørelse, jf. CPR-lovens § 56, stk. 2. Alle akter i sagen bedes medsendt. Der henvises i øvrigt til bilag 3, afsnit 9. Opmærksomheden henledes på, at alle parter i sagen skal tilsendes kopi af klagen og genvurderingen og orienteres om, at eventuelle kommentarer skal fremsættes over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden 4 uger, jf. CPR-lovens § 56, stk. 2.

Hvis 4-ugersfristen i lovens § 56, stk. 2, er overskredet, skal kommunen sende sagen videre til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med en indstilling om, at sagen afvises på grund af fristoverskridelse. Ministeriet tager herefter stilling til, om der er tale om en undskyldelig fristoverskridelse. Såfremt ministeriet beslutter at se bort fra fristoverskridelsen, sendes sagen tilbage til kommunen, der herefter skal genvurdere sagen. Beslutter ministeriet at afvise klagen på grund af overskridelse af klagefristen, må kommunen overveje, hvorvidt der er sådanne nye oplysninger i sagen, at behandlingen af sagen skal genoptages.

Fristen på 4 uger for indgivelse af klager over afgørelser løber fra det tidspunkt, klageren har fået meddelelse om afgørelsen. En afgørelse er meddelt, når den er kommet frem til adressaten. Indenrigs- og Sundhedsministeriet antager, at dette er tilfældet 1 dag efter afsendelsen af afgørelsen med A-post ved almindelig postgang. Det er således ikke nødvendigt, at afgørelsen er kommet til klagerens kundskab, når blot den er kommet frem.

Af hensyn til beregning af klagefristen skal ministeriet henstille, at en afgørelse sendes samme dag, som den er dateret.

Det er af hensyn til vurderingen af, om der er sket en (undskyldelig) fristoverskridelse meget væsentligt, at kommunernestempler klager som indgået den dato, hvor disse er modtaget i kommunen, ligesom det er væsentligt, at kommunen anfører, om afgørelsen er afsendt som A- eller B-post.

Der er i klagereglerne ikke nogen bestemmelse om opsættende virkning, og det er således de almindelige forvaltningsretlige regler for opsættende virkning, som finder anvendelse. Der henvises til bilag 3, afsnit 7.6.

Efter lovens § 56, stk. 4, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet afvise, stadfæste, hjemvise eller ændre en afgørelse. Der henvises til bilag 3, afsnit 11.

 

15.1.3.- Forældelse af klager

Det fremgår af lovens § 56, stk. 3, at en klage over en bopælsregistrering ikke kan vedrøre en registrering, der ligger længere tilbage end 2 år før klagens fremsættelse, hvis registreringen ikke er blevet ændret i denne periode. Med udtrykket «bopælsregistrering» menes der selve den faktiske registrering i CPR (ajourføringsdatoen), og således ikke datoen for kommunens afgørelse.

Bestemmelsen i lovens § 56, stk. 3, afskærer Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra at behandle en klage over en registrering, der ligger længere tilbage end 2 år før klagens fremsættelse, uanset årsagen til den sene indgivelse af klagen. Derimod er en kommune, der modtager en klage over en registrering, der ligger længere tilbage end 2 år før klagens fremsættelse, ikke afskåret fra at genoptage behandlingen af sagen, idet kommunen i medfør af lovens § 10, stk. 1, har pligttil at undersøge sagen for at rette eventuelle fejl, såfremt en henvendelse skaber formodning om, at en person ikke er korrekt bopælsregistreret.

Hvis en kommune genoptager en sag vedrørende en registrering, der ligger længere tilbage end 2 år før klagens fremsættelse, og træffer afgørelse om, at registreringen skal ændres, er der almindelig adgang til at klage til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over denne afgørelse, idet der ved ændringen foretages en ny registrering, der kan påklages til ministeriet efter bestemmelsen i lovens § 56, stk. 1. Hvis kommunen imidlertid træffer afgørelse om at opretholde registreringen, er der derimod ikke adgang til at klage til ministeriet over denne afgørelse, jf. lovens § 56, stk. 3.

 

15.2.- Straf

Efter CPR-lovens § 57 kan der ifaldes straf i form af bøde for visse overtrædelser af loven, såfremt overtrædelsen er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Med hensyn til straf for at undlade at komme med en redegørelse efter lovens § 10, stk. 2, Nr. 1, skal kommunen være opmærksom på, at bestemmelsen om oplysningspligt skal administreres med respekt for det forbud mod selvinkriminering, som er nævnt i artikel 14, stk. 3, litra g, i FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Efter denne bestemmelse er enhver ved afgørelsen af en anklage for et strafbart forhold mod pågældende berettiget til ikke at blive tvunget til at vidne mod sig selv eller erkende sin skyld.

Af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kan udledes et lignende forbud mod selvinkriminering, således som konventionens artikel 6, stk. 1, om en retfærdig rettergang er blevet fortolket i praksis. Det følger heraf, at en person ikke under strafansvar (eksempelvis efter CPR-lovens § 57, stk. 1, Nr. 5, ved at undlade at afgive oplysninger) kan pålægges at give oplysninger, der vil kunne udsætte den pågældende selv for straf, hvis vedkommende på det tidspunkt er «tiltalt» («charged») i konventionens forstand.

Den form for myndighedskontrol, der er omfattet af bestemmelsen i CPR-lovens § 10, stk. 2, sker for at kontrollere en persons bopælsforhold uden for strafferetten, dvs. uden at der foreligger mistanke om en konkret strafbar lovovertrædelse. Der kan med hjemmel i bestemmelsen indhentes en nærmere redegørelse fra personen selv om dennes bopælsforhold i de situationer, hvor kommunen som led i det almindelige tilsyn og kontrol undersøger, om en person er korrekt bopælsregistreret. Det bemærkes i øvrigt, at denne ikke kan straffes for at fremkomme med ukorrekte oplysninger.

Bestemmelsen i lovens § 10, stk. 2, Nr. 1, kan derimod ikke anvendes til under strafansvar efter lovens § 57, stk. 1, Nr. 5, at indhente oplysninger fra den pågældende selv, hvis der på det tidspunkt, hvor oplysningerne søges indhentet, er konkret mistanke om, at denne har gjort sig skyldig i et strafbart forhold i forbindelse med adresseregistreringen i CPR. I så fald må fremskaffelsen af oplysninger i stedet ske i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige regler.

Der er intet maksimum for størrelsen af den bøde, en person efter lovens § 58, stk. 1, kan vedtage for at afslutte en sag om overtrædelse af CPR-loven. Kommunen skal dog ved fastsættelsen af bøden tage hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og forseelsens grovhed, jf. § 51, stk. 3, i straffeloven (lovbekendtgørelse Nr. 1000 af 5. oktober 2006). Bødeforlæg gives af den kommune, som foretager undersøgelsen af pågældendes bopælsforhold og træffer afgørelse herom. Såfremt den pågældende ikke vedtager kommunens bødeforlæg, overgives sagen til politimesteren til videre ekspedition. Hvis politimesteren fastholder bødeforlægget, og vedkommende fortsat ikke vedtager dette, vil byretten skulle tage stilling til skyldsspørgsmålet og spørgsmålet om bødens størrelse.

Henvisningerne til retsplejeloven i CPR-lovens § 58, stk. 2, vedrører kravet om skriftlighed samt indholdet af et sådant bødeforlæg.

Bøder fastsat efter lovens § 57 er tillagt udpantningsret, ligesom der er hjemmel til at foretage lønindeholdelse, jf. lovens § 58, stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden (restanceinddrivelsesmyndigheden under Skatteministeriet, hvor den statslige og kommunale inddrivelse nu er samlet i én organisation) vil således kunne inddrive en bøde, som en person har vedtaget efter lovens § 58, stk. 1. Det bemærkes, at kommunen selv fortsat kan foretage opkrævning , dvs. udsendelse af opkrævninger og regninger m.v. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Det er imidlertid restanceinddrivelsesmyndigheden, der foretager inddrivelse , dvs. anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, når en bøde ikke bliver betalt.

Når bøden er betalt til kommunen, kan der efter lovens § 58, stk. 3, ikke foretages yderligere strafferetlige skridt over for den pågældende i anledning af den pågældende forseelse.

 

Kapitel 16.- Ikrafttræden m.v.

CPR-loven trådte i kraft den 1. juli 2000, jf. bekendtgørelse Nr. 506 af 6. juni 2000.

Det bemærkes, at forhold, som har fundet sted før denne dato, skal afgøres efter de tidligere gældende folkeregistreringsregler.

Loven gælder ikke for Færøerne. Loven er ved kongelig anordning sat i kraft for Grønland den 1. januar 2007.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 23. november 2006

Lars Løkke Rasmussen

Inger Mogensen

 

Bilag 1.- Registrering af hændelser i udlandet

1.- Indledning

Mange af de begivenheder (hændelser), som er eller ønskes registreret i CPR, har fundet sted i udlandet. Nedenfor er der givet vejledning om, hvorledes det for de enkelte hændelser afgøres, om disse kan registreres i CPR, og hvilken myndighed der eventuelt kan spørges til råds i tvivlstilfælde. Det er endvidere anført, hvor borgeren skal henvende sig, hvis en af de pågældende udenlandske hændelser ønskes ændret på grund af fejl i denne. Oversigten er ikke udtømmende, idet der kun er medtaget ofte forekommende tilfælde, for hvilke det er fundet muligt at opstille nogle regler.

 

2.- Dokumentationskrav

Udgangspunktet er, at der for de nævnte hændelser skal vises et originalt dokument eller en genpart, der er bekræftet af den udstedende udenlandske myndighed. Om fastlæggelse af alder efter en lægelig vurdering henvises til pkt. 5.1. nedenfor. Tilsvarende henvises om fastlæggelse af biologisk slægtskab efter dna-analyse til pkt. 5.6.1.

Ved tvivl om ægtheden af et dokument kan der kræves legalisering af dokumentet, med mindre det land, som dokumentet hidrører fra, har tiltrådt apostillekonventionen, se nærmere herom nedenfor. Legalisering vil som regel være nødvendigt for dokumenter, der stammer fra lande uden for Europa, med undtagelse af USA, Canada, Australien og New Zealand. I den forbindelse regnes de tidligere jugoslaviske lande (Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Kroatien, Slovenien), Albanien og landene fra det tidligere Sovjetunionen (Armenien, Azerbajdjan, Belarus (Hviderusland), Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Ukraine og Uzbekistan) ikke til Europa.

Specielt for så vidt angår tyrkiske attester kan afgørelser om forældremyndighed samt dødsattester og skilsmissedokumenter, som tillige måtte indeholde en afgørelse om forældremyndighed, ifølge en Europarådskonvention, dog aldrig kræves legaliseret.

Legalisering er en bekræftelse af, at underskriften på dokumentet kommer fra en person, som har arbejdet hos den pågældende myndighed, der havde ret til at udstede et dokument som det pågældende. Bekræftelsen skal foretages af den overordnede for den pågældende myndighed, typisk det ministerium, hvorunder den udstedende myndighed hører. Den overordnede myndigheds underskrift skal igen bekræftes af det pågældende lands udenrigsministerium, hvis underskrift igen skal bekræftes af den stedlige danske repræsentation.

Danmark har i januar 2007 tiltrådt apostillekonventionen. Apostillekonventionen indebærer, at udenlandske offentlige dokumenter i stedet for at skulle legaliseres skal forsynes med en særlig bekræftelsespåtegning, den såkaldte apostille, der reelt er en legalisering. Den særlige bekræftelsespåtegning skal i modsætning til, hvad der gælder for legalisering, ikke som sidste led påføres af den diplomatiske eller konsulære repræsentation for det fremmede land, hvor dokumentet skal bruges, men skal ske af vedkommende nationale myndighed efter konventionens regler om meddelelse af apostille.

For at sikre den størst mulige forenkling for borgere og virksomheder er det efter drøftelse mellem de ministerier, der i dag i praksis foretager legaliseringer, samt Finansministeriet besluttet at indføre en central model, hvor Udenrigsministeriet fra januar 2007 skal forestå apostillepåtegningen på alle offentlige dokumenter. Herved sikres, at borgere og virksomheder kun behøver at henvende sig ét sted, uanset om det drejer sig om legalisering af flere dokumenter, som hører under forskellige myndigheders områder, ligesom det sikres, at borgere og virksomheder kun bliver opkrævet gebyr for påtegning af dokumenterne én gang.

Apostillekonventionen er tiltrådt af samtlige EU-lande. Endvidere er konventionen tiltrådt af et stort antal andre lande, herunder bl.a. Norge, Island, Schweiz, Rusland, Belarus (Hviderusland), Ukraine, USA, Australien, New Zealand, Japan, Indien, Israel, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Mexico og Sydafrika. I alt har 90 lande tiltrådt konventionen.

Det bemærkes specielt, at det, der skal legaliseres, er det oprindelige dokument og ikke kun den eventuelle oversættelse af dokumentet.

De forelagte dokumenter må være affattet på eller oversat til et sprog, som er forståeligt for den danske myndighed, der skal tage stilling til dokumentet. En oversættelse bør så vidt muligt være foretaget af en autoriseret translatør, en ambassade eller anden offentlig myndighed. Udgifterne herved skal afholdes af borgeren. Det er den originale oversættelse, der skal medsendes, og ikke en fotokopi af denne. Nordiske statsborgere har efter den nordiske sprogkonvention krav på at kunne anvende eget sprog i de øvrige nordiske lande.

Hvis den, der skal registreres i CPR, ikke er i besiddelse af alle de nødvendige dokumenter, hvilket kan være tilfældet for flygtninge, skal den pågældende registreres med de oplysninger, der fremgår af vedkommendes opholdstilladelse om alder, navn, nationalitet og familiære forhold. Disse oplysninger må så i fornødent omfang suppleres med de oplysninger, den pågældende i øvrigt kan meddele. Det bør samtidig indskærpes den pågældende, at vedkommende fremover vil blive behandlet ud fra disse oplysninger, og at en ændring heraf kun vil finde sted, hvis vedkommende kan dokumentere rigtigheden af denne. Dette har særlig betydning i relation til den pågældendes fødselsdato, men er også af stor betydning ved registrering af ægteskab, jf. herom nedenfor under 5.4.1. I CPR skal den manglende dokumentation af oplysninger kunne ses f.eks. ved, at der registreres en usikkerhedmarkering ved datoen.

 

3.- Forelæggelse af tvivlsspørgsmål og klager

Almindelige registreringstekniske spørgsmål skal forelægges for Indenrigs- og Sundhedsministeriet (CPR-kontoret). Det er således kun tvivlsspørgsmål om den retlige bedømmelse af hændelserne, der kan forelægges for andre myndigheder.

Inden forelæggelsen af sådanne retlige tvivlsspørgsmål skal der være indhentet den nødvendige dokumentation for den påberåbte hændelse samt de nødvendige oplysninger til bedømmelsen af domicilspørgsmålet (jf. nedenfor), således navnlig oplysning om den pågældende persons nationalitet, bopæl eller ophold i Danmark eller udlandet, varigheden heraf, planer for fremtiden med hensyn til arbejde, ophold eller bopæl.

I de tilfælde, hvor en afgørelse om registreringen er truffet af en kommune, kan klage over denne afgørelse i overensstemmelse med CPR-lovens § 56 indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. vejledningens kapitel 15.

 

4.- Domicilbegrebet

En persons retsstilling er i visse tilfælde afhængig af personens domicil (bopæl). Det sædvanlige domicilbegreb kræver en samlet vurdering af personens ophold, planer om fremtidigt ophold og tilknytning til landet i øvrigt. Det fremgår heraf, at domicilbegrebet ikke er (helt) det samme som folkeregistreringens bopælsbegreb. Udgangspunktet er, at en person skal anses for at have dansk domicil, hvis vedkommende uden afbrydelse har folkeregisteradresse her i landet før og efter den pågældende hændelse. En person, der på anden måde har bevaret tilknytning til Danmark, f.eks. fordi vedkommende er udstationeret eller på en længere rejse og agter at vende tilbage til Danmark, antages ligeledes at have domicil i Danmark.

Spørgsmål vedrørende domicil i forbindelse med hændelser i udlandet afgøres af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den sag, der er rejst.

 

5.- De enkelte hændelser

 

5.1.- Fødselsdato

For nordiske statsborgere som her og i øvrigt i bilaget omfatter danske statsborgere samt statsborgere, der er født i udlandet, kan dokumentation for fødselsdato ved førstegangsindrejse ske ved forevisning af eget pas, fødselsattest, udskrift af civilstandsregister, oplysning fra folkeregistreringsmyndighederne i det nordiske land, hvorfra vedkommende tilflytter, eller anden dokumentation, som efter et konkret skøn er lige så god.

Nordiske statsborgeres ønske om ændring af en tidligere registreret fødselsdato skal altid forelægges for Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor til afgørelse bilagt dokumentation for rigtigheden af den nu angivne fødselsdato. Det er hensigtsmæssigt, at det pågældende dokument er legaliseret, da omstændighederne ofte gør, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ellers efterfølgende må bede ansøgeren om, at dette sker.

De dokumenter, der kan danne grundlag for ændring af fødselsdatoen, er eget pas, fødselsattest, udskrift af civilstandsregister eller oplysning fra folkeregistreringsmyndighederne i det nordiske land, hvorfra vedkommende er tilflyttet. Der kan ikke gives nogen angivelse af, hvilke andre dokumenter der eventuelt også kan anvendes. Den, som ønsker ændring af sin fødselsdato, må indsende de dokumenter, som vedkommende vil påberåbe sig. I visse tilfælde vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmode Rigspolitiet om en udtalelse om ægtheden af de forelagte dokumenter. Hvis det i den forbindelse eller i øvrigt på anden måde konstateres, at den ønskede fødselsdatoændring er søgt opnået ved fremlæggelse af falske dokumenter for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, vil ministeriet foretage anmeldelse til politiet herom.

Hvis den, der søger om ændring af sin fødselsdato, oprindeligt har haft en ikke-nordisk nationalitet, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet oftest have brug for at se den pågældendes sagsakter i Udlændingeservice og eventuelt i Indfødsretskontoret i Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration. Ansøgeren bør derfor altid i sådanne tilfælde for at fremme sagsbehandlingen samtidig med anmodningen om den ønskede ændring af fødselsdatoen sende et skriftligt samtykke til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet låner de pågældende sagsakter. For mindreårige ansøgere kræves samtykke fra forældremyndighedens indehavere, typisk den pågældendes mor og far.

For børn og ganske unge vil en ændring af den registrerede alder også kunne ske, hvis Retslægerådet ud fra en lægelig vurdering kan fastslå, at den oprindeligt registrerede alder er forkert.

For ikke-nordiske statsborgere træffes afgørelsen om den korrekte fødselsdato ved såvel førstegangsindrejse som ved senere anmodninger om ændringer af udlændingemyndighederne. Dog skal fastlæggelse af fødselsdatoen for udenlandske børn, der er kommet her til landet med henblik på adoption, foretages af Familiestyrelsen.

Hvis den ikke-nordiske statsborger ikke har dokumentation for fødselsdato (i pas eller andre legitimationspapirer eller i overgivelsesbrev) og heller ikke angiver at vide, hvornår fødselsdagen er, skal udlændingemyndighederne, inden der kan ske en registrering i CPR, fastsætte en skønsmæssig fødselsdato.

En eventuel anmodning fra en ikke-nordisk statsborger om ændring i den tidligere fastsatte fødselsdato skal sendes direkte til udlændingemyndighederne, som har haft ansvaret for den oprindelige fastlæggelse her i landet af fødselsdagen.

Bopælskommunen vil dog selv kunne ændre egentlige indrapporteringsfejl ved indsendelse til CPR-kontoret.

 

5.2. – Køn

En person, der ønsker et nyt personnummer som følge af kønsskifte foretaget i udlandet, skal rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen, som vil tage stilling til, om kønsskiftet efter danske regler må anses for tilendebragt. Når og hvis Sundhedsstyrelsen efter forelæggelse for lægelige myndigheder vurderer, at kønsskiftet er tilendebragt, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor få kopi af meddelelsen til den pågældende herom med henblik på at sørge for tildeling af et nyt personnummer svarende til det ændrede køn. Normalt sørger CPR-kontoret for, at tildelingen først finder sted, når den pågældende har fået ændret sit fornavn, således at der på meddelelsen til den pågældende om det nye personnummer, jf. CPR-lovens § 3, stk. 3, vil være overensstemmelse mellem dette og angivelsen af kønnet i personnummeret.

 

5.3.-  Navn

Hvis en person bliver døbt, viet eller får en egentlig navneændring i udlandet, mens vedkommende har domicil her i landet, har det ingen retsvirkning for den pågældendes navn efter dansk ret, og navnet kan ikke ændres i CPR med den anførte begivenhed som begrundelse. Den pågældende må i stedet for henvende sig til personregisterføreren i bopælssognet. Personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, dog til den kommune, hvor registreringen har fundet sted.

Færøske ministerialbøger anses for danske i navnelovens forstand, hvilket betyder, at personer, som er domicileret her i landet, men er tilført ministerialbogen på Færøerne, kan ændre navn ved anmeldelse til ministerialbogen på Færøerne, idet de dog skal følge dansk navnelovgivning ved anmeldelsen. Som følge heraf vil sådanne navneændringer også skulle registreres i CPR.

Havde en person domicil i udlandet på det tidspunkt, hvor navneskiftet angives at have fundet sted, er det navnereglerne i dette land, som er afgørende.

Tvivlsspørgsmål kan forelægges for personregisterføreren i bopælssognet. For så vidt angår personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, rettes tvivlsspørgsmål dog til den kommune, hvor registreringen har fundet sted.

For nordiske statsborgere , der er født i udlandet, kan det korrekte navn ved den første registrering i CPR konstateres ved forevisning af personens pas, fødselsattest, udskrift af et civilstandsregister eller oplysning fra folkeregistreringsmyndighederne i det nordiske land, hvorfra vedkommende er tilflyttet.

Hvis de pågældende ønsker ændring i det tidligere registrerede navn, skal de rette henvendelse til personregisterføreren i bopælssognet eller bopælskommunen (Sønderjylland), eller hvis de ikke længere bor her i landet, i sidste bopælssogn eller bopælskommune (Sønderjylland). Hvis ændringsønsket er begrundet med, at der har været fejl i den oprindelige registrering i CPR, kan yderligere undersøgelser i visse tilfælde være påkrævet, herunder en gennemgang af vedkommendes eventuelle sag hos udlændingemyndighederne. Dette kræver et samtykke fra den pågældende.

For ikke-nordiske statsborgere træffes afgørelse om det korrekte navn af udlændingemyndighederne både ved førstegangsregistreringen og ved efterfølgende ansøgninger om navnerettelser – modsat aktuelt ønske om navneændring i Danmark, hvor den pågældende henvises til statsforvaltningen. Anmodning om navnerettelse skal derfor altid fremsættes over for udlændingemyndighederne. Enhver tvivlsom sag forelægges for Familiestyrelsen via den stedlige statsforvaltning.

Egentlige indrapporteringsfejl kan dog rettes af bopælskommunen efter kontakt med den kommune, som har foretaget fejlindrapporteringen.

Indfødsretskontoret i Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration kontrollerer, at navnet for ansøgere til dansk indfødsret er det samme, som er registreret i CPR. Ved uoverensstemmelser vil kontoret henvise den pågældende til inden optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse at få rettet en eventuel fejl, for nordiske statsborgere ved henvendelse til kommunen i bopælskommunen, for ikke-nordiske statsborgere ved henvendelse til udlændingemyndighederne.

 

5.4.- Civilstand

 

5.4.1.- Ægteskab

Ægteskab indgået i udlandet betragtes normalt som gyldigt her i landet, hvis det er gyldigt efter det pågældende lands regler. Undtagelse gælder, hvis ægteskabet må anses for stridende mod grundlæggende danske retsprincipper, f.eks. hvis den ene part ikke har været til stede ved vielsen.

Enhver myndighed, der skal træffe en afgørelse, hvor det er nødvendigt at tage stilling til en persons civilstand, har kompetence til at afgøre spørgsmålet.

En udlændings egne oplysninger om bl.a. civilstand fremgår ikke af Udlændingeservices opholdstilladelser til flygtninge. Udlændingeservice registrerer i øvrigt asylansøgeres oplysninger om bl.a. civilstand i udlændingeregistret uden en egentlig prøvelse.

Første gang en person registreres i CPR som tilflyttet fra udlandet, må kommunen derfor tage stilling til vedkommendes civilstand, herunder evt. fremlagte udenlandske attester.

Har en person ikke dokumentation for en oplysning om et ægteskab indgået i udlandet, og kan dette heller ikke skaffes, skal man altid kræve oplysning om navn og fødselsdato for ægtefællen samt dato og sted for ægteskabets indgåelse og registrere ægteskabet på dette grundlag.

Samtidig må den pågældende have forklaret, at vedkommende fremover i Danmark vil blive behandlet som gift, indtil der fremvises dokumentation for ægteskabets ophør. Der sættes derefter et notat ind i CPR om, hvornår den pågældende vejledning har fundet sted, således at der ikke bagefter kan rejses tvivl om, at orienteringen har fundet sted.

Hvis en person ønsker en ændring i den civilstand, der er registreret for den pågældende i CPR, skal vedkommende henvende sig til sin bopælskommune, der må træffe afgørelse i sagen.

Hvis ændringen er begrundet i fremlagt udenlandsk vielsesattest, skilsmissedokument eller dødsattest, må kommunen tage stilling til gyldigheden af disse attester.

Familiestyrelsen kan i begrænset omfang bistå med vejledende udtalelser ved tvivl om gyldigheden af sådanne udenlandske dokumenter, hvis det originale dokument forelægges for styrelsen og / eller der gives nærmere oplysninger om den pågældende hændelse.

Hvis den pågældende ikke har dokumentation for den ønskede civilstand, men hævder, at denne tidligere er blevet fejlagtigt registreret, må sagen afgøres på baggrund af vedkommendes tidligere oplysninger herom.

I mange tilfælde drejer henvendelsen fra den pågældende borger sig om at få ændret registreringen fra gift til ugift. Har kommunen i sådanne tilfælde ved registreringen af den pågældende som gift fulgt den ovenfor nævnte fremgangsmåde, vil sagen kunne afgøres med en henvisning hertil.

I andre tilfælde, hvor en registreret civilstand ønskes ændret uden dokumentation, er kommunen nødt til at undersøge sagen nærmere. Dette kan for personer, hvis sager har været behandlet af udlændingemyndighederne og af Indfødsretskontoret, ske ved med den pågældendes samtykke at indhente dennes sagsakter hos disse.

De afgørelser, kommunerne træffer i disse sager, skal opfylde forvaltningslovens krav, jf. herom bilag 3.

Udlændingeservice tager stilling til udenlandske ægteskabers gyldighed, hvor sådanne har afgørende betydning for spørgsmålet om imødekommelse af en ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskabet.

Kommunerne og Familiestyrelsen er kompetente til at udtale sig om, hvorvidt en udenlandsk skilsmisse kan anerkendes i Danmark i forbindelse med indgåelse af nyt ægteskab. Familiestyrelsen bistår desuden statsforvaltningerne med vejledende udtalelser om gyldigheden af udenlandske vielser i forbindelse med statsforvaltningens behandling af sager om administrativ separation og skilsmisse.

Når en kommune bliver gjort bekendt med, at andre danske myndigheder i ovennævnte eller andre tilfælde har fundet, at en person er registreret med en forkert civilstand i CPR, skal kommunen efter høring af parten og undersøgelse af sagen i øvrigt afgøre, om personens civilstand i CPR skal ændres.

 

5.4.2.- Registreret partnerskab

Registreret partnerskab indgået i Norge, Sverige, Island og Holland anerkendes i Danmark. Spørgsmålet om gyldigheden af registreret partnerskab indgået i andre lande forelægges for Familiestyrelsen.

 

5.4.3.- Skilsmisse

En udenlandsk afgørelse om skilsmisse er som udgangspunkt gyldig her i landet under forudsætning af, at

den ikke længere kan ankes eller appelleres,

den ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper, hvilket den f.eks. vil gøre, hvis den ene part ensidigt har forstødt den anden,

den er gyldig efter det lands ret, hvor skilsmissen er opnået, og at

den er givet i et land, hvortil mindst en af parterne på skilsmissetidspunktet havde en tilknytning i form af bopæl, hvor begge havde statsborgerskab, eller hvor en forudgående separation har fundet sted.

Tvivlsspørgsmål om gyldigheden af en skilsmisse forelægges for Familiestyrelsen.

Hvis der er tale om en ikke-nordisk udlænding , hvis skilsmisse udlændingemyndighederne tidligere har taget stilling til, følges disses opfattelse af gyldigheden af skilsmissen, ligesom eventuelle efterfølgende tvivlsspørgsmål vedrørende sagen forelægges for dem.

5.4.4.- Separation

Separationer, der har fundet sted i udlandet, inklusive de øvrige nordiske lande, skal forelægges for Familiestyrelsen inden registrering i CPR.

 

5.5.- Statsborgerskab

Har en person både dansk og andet statsborgerskab, registreres vedkommende som dansk statsborger i CPR.

Statsborgerskab for nordiske statsborgere, der er født i udlandet, kan dokumenteres ved forevisning af vedkommendes eget pas eller optagelse i en nordisk statsborgers pas. Optagelse i en anden persons pas bør efter omstændighederne ledsages af en udskrift af civilstandsregistret i det pågældende fødeland, hvoraf det skal fremgå, hvor og hvornår barnet er født, og hvem der er dets forældre.

Ifølge loven fra 1950 om ophævelse af Dansk-Islandsk Forbundslov m.m. (lov Nr. 205 af 16. maj 1950) tilkommer den særlige status «ligeret med danske statsborgere» (statsborgerskabskode 5105) kun islandske statsborgere, der den 6. marts 1946 var bosat i Danmark, samt islandske statsborgere, som havde været bosat i Danmark på et tidspunkt de sidste 10 år inden den 6. marts 1946. Loven skal forstås således, at den ret, der tilkommer voksne personer efter loven, ikke gælder disses børn eller ægtefælle, som – for at få rettighederne – selvstændigt må opfylde lovens betingelser.

Danske statsborgere født i udlandet kan i visse tilfælde fremvise et indfødsretsbevis.

Kan en persons danske indfødsret ikke dokumenteres, må den pågældende henvises til Indfødsretskontoret i Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration, som vil være behjælpelig med at fastlægge forholdene vedrørende statsborgerskab eller med at indgive en ansøgning om bevis for dansk indfødsret.

Afgørelsen af ikke-nordiske udlændinges nationalitet træffes af udlændingemyndighederne.

Er det undtagelsesvis ikke muligt at fastslå statsborgerskabet, registreres den pågældende med statsborgerskab «udlandet», eventuelt med den pågældende verdensdel.

 

5.6.- Slægtskab

 

5.6.1.- Indledning

Slægtskabsregistreringer i CPR er alene udtryk for slægtskab konstateret mellem forældre og børn. Indrapporteringen sker kun for barnet, hvorfra det automatisk overføres til forældrene, hvis disse også er registreret i CPR. Det betyder, at der ikke sker registrering af slægtskab, hvis barnet ikke er registreret i CPR.

 

5.6.2.- Biologisk slægtskab

Slægtskab for børn født af nordiske forældre i udlandet kan dokumenteres ved udskrift af civilstandsregister eller oplysning fra folkeregistreringsmyndighederne i det nordiske land, hvorfra vedkommende tilflytter.

Hvis slægtskab mellem et barn og dets forældre fremgår af opholdstilladelser / -beviser fra udlændingemyndighederne, kan oplysningen herom uden videre lægges til grund ved registreringen i CPR. Sådanne slægtskabsoplysninger findes i visse tilfælde på flygtninges overgivelsesbreve samt på de såkaldte «børnebreve».

Ønske om at få rettet slægtskabsoplysninger, som angives at være forkerte, skal for nordiske statsborgere rettes til bopælskommunen.

For ikke-nordiske statsborgere skal henvendelse om rettelse ske til udlændingemyndighederne, hvis disse tidligere har taget stilling til slægtskabet.

Hvis der ikke kan skaffes en tilstrækkelig dokumentation til afklaring af slægtskabet, kan tvivl herom i visse tilfælde afklares ved, at de pågældende får foretaget en dna-analyse.

Skal der gennemføres faderskabssag , sker dette efter de danske regler i stort set alle tilfælde, hvor en fødsel finder sted her i landet. Spørgsmålet om udenlandsk faderskabsanerkendelse er derfor kun aktuelt, hvis barnet indrejser efter fødslen, og der på dette tidspunkt foreligger en udenlandsk faderskabsanerkendelse, som skal registreres i forbindelse med indrejsen.

Efter loven om nordiske faderskabsafgørelser har dom om eller anden fastsættelse af faderskab i et andet nordisk land bindende virkning her i landet, medmindre,

dette er i strid med en endelig dansk dom eller administrativ afgørelse, som blev indledt før den nordiske,

der i Danmark eller udlandet verserer en faderskabssag, som er rejst før den nordiske, eller

hvis anerkendelsen ville være åbenbart uforenelig med grundlæggende danske retsprincipper.

Danmark har desuden tiltrådt en Europarådskonvention, hvorefter faderskab til ethvert barn født uden for ægteskab kan godtgøres eller fastslås ved frivillig anerkendelse eller ved retslig afgørelse.

For andre udenlandske faderskabssager er det ikke muligt at fastsætte nærmere retningslinier. Disse sager må, hvis der er tvivl om afgørelsens gyldighed her i landet, forelægges for Familiestyrelsen gennem den stedlige statsforvaltning.

 

5.6.3.- Adoption

Det er blandt andet en betingelse for at anerkende en adoption gennemført i udlandet, at adoptivforældrene ikke havde bopæl her i landet på adoptionstidspunktet.

Tvivlsspørgsmål om gyldigheden af udenlandske adoptioner, domicilspørgsmål i adoptionssager og andre adoptionsretlige spørgsmål kan forelægges for Familiestyrelsen, der efter praksis afgiver udtalelser om disse spørgsmål.

Er en adoption gennemført i udlandet, før adoptanterne og barnet fik bopæl i Danmark, forelægges sagen for udlændingemyndighederne, der kan forelægge spørgsmålet om adoptionens gyldighed for Familiestyrelsen. Er adoptanterne statsborgere i et af de nordiske lande, forelægges spørgsmålet om adoptionens gyldighed direkte for Familiestyrelsen.

 

5.6.4.- Forældremyndighed

Når et ægtepar flytter her til landet fra udlandet med et fælles barn, skal kommunen registrere begge forældre som indehavere af forældremyndigheden over barnet.

I andre tilfælde skal der fremlægges dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over barnet, enten ved fremlæggelse af det originale dokument for en udenlandsk forældremyndighedsafgørelse eller, såfremt forældremyndigheden følger af udenlandsk lovgivning ved oplysninger herom.

Tvivlsspørgsmål om gyldigheden af en udenlandsk forældremyndighedsafgørelse eller om indholdet af udenlandsk ret kan forelægges for Familiestyrelsen.

Dette gælder både ved tilflytning til Danmark fra udlandet og ved ændring af forældremyndighed ved udenlandsk afgørelse for børn, der er registreret i CPR.

Det bemærkes, at danske myndigheder normalt ikke anerkender overførsel af forældremyndighed over et barn, der er bosat i udlandet, når aftalen eller afgørelsen herom er truffet i nær tilknytning til barnets indrejse i Danmark. Undtaget herfra er afgørelser truffet i lande, der har tiltrådt Europarådskonventionen af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen om forældremyndighed, og afgørelsen er truffet efter konventionens ikrafttræden i afgørelseslandet.

 

5.7.- Under værgemål

En umyndiggørelse af en nordisk statsborger i et nordisk land har retsvirkning her i landet. Alle andre tilfælde af umyndiggørelse i udlandet bortfalder formentlig, når den pågældende bosætter sig her i landet. Tvivlsspørgsmål forelægges for Civilstyrelsen.

 

5.8.- Folkekirkeforhold

Tilflyttere, der oplyser, at de er medlemmer af et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, skal så vidt muligt dokumentere dette. Endvidere skal de orienteres om, at de vil blive registreret som medlemmer af folkekirken. Såfremt en person, der tilflytter landet, ønsker at melde sig ud af folkekirken, skal dette ske enten ved personligt fremmøde for eller ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor medlemmet tager bopæl. Sker udmeldelsen af folkekirken inden 6 måneder efter tilmelding til CPR (ajourføringsdatoen), registreres udmeldelsen med virkning fra indrejsedatoen.

Normalt vil kun tilflyttere fra de nordeuropæiske lande eller Nordamerika være omfattet heraf. Specielt kan nævnes, at de fleste finner tilhører den evangelisk-lutherske kirke i Finland, men at der også er en del, som tilhører den græsk-ortodokse kirke. Folkekirken på Færøerne er en del af den danske folkekirke.

Udmeldelse af den danske folkekirke under ophold i udlandet sker ved skriftlig anmeldelse til sognepræsten i det sogn her i landet, hvor den pågældende senest havde bopæl. Denne sørger for at indberette udmeldelsen til CPR.

Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en person af andre grunde skal anses for medlem / ikke medlem af folkekirken på grund af hændelser under ophold i udlandet, forelægges for den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet senest havde bopæl. Sognepræstens afgørelse kan indbringes for biskoppen i det pågældende stift.

 

5.9.- Dødsfald

Dødsfald i udlandet registreres af kommunerne, når den afdøde på dødstidspunktet stod registreret som boende her i landet eller udrejst fra kommunen. I særlige tilfælde sker registreringen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor.

Kommunernes registrering af sådanne dødsfald forudsætter altid enten forevisning af original eller bekræftet kopi af dødsattest udstedt af det pågældende lands kompetente myndighed eller tilsvarende dødsformodningsdom eller kendelse om, at den pågældende skal anses for død. For lande uden for Europa, USA eller Canada skal de pågældende dokumenter altid være legaliseret. Til Europa regnes ingen dele af Tyrkiet eller det tidligere Sovjetunionen. Kommunernes registrering af dødsfald efter underretning fra Rigspolitichefen via Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor kan dog ske uden yderligere dokumentation, idet denne dokumentation har været forelagt for Rigspolitichefen.

Hvis kommunen forgæves har anmodet om dokumentation som nævnt ovenfor, skal eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt der undtagelsesvis kan accepteres andet grundlag for registrering af et dødsfald, f.eks. fordi det oplyses, at der ikke udstedes dødsattester i det pågældende land, forelægges for Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor.

Bliver en kommune bekendt med et dødsfald, som formodes ikke at være anmeldt til skifteretten, har kommunen efter dødsboskifteloven (lov Nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer) en pligt til at give skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde sin bopæl, meddelelse om dødsfaldet.

Kommunerne har dog ikke pligt til at iværksætte nærmere undersøgelse af, hvorvidt en oplysning om et dødsfald, der eksempelvis alene er modtaget som en oplysning fra et familiemedlem til den afdøde, er korrekt. Folkeregistrene har kun pligt til at give meddelelsen videre til skifteretten, hvorefter skifteretten så kan foranstalte en undersøgelse af, hvorvidt meddelelsen er korrekt eller ej.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor registrerer ligeledes dødsfald, der er dokumenteret ved en dødsattest som nævnt ovenfor. Herudover registrerer ministeriet i visse tilfælde uden ledsagende dødsattest dødsfald i udlandet, dog aldrig efter anmeldelse fra private.

 

Bilag 2.- Offentlige myndigheder og private

1.- Danske offentlige myndigheder

Til danske offentlige myndigheder hører domstolene, Folketinget samt den offentlige forvaltning.

Til domstolene skal henregnes domstole, der er omfattet af retsplejeloven (lovbekendtgørelse Nr. 1001 af 5. oktober 2006), dvs. Højesteret, landsretterne, byretterne, Sø- og Handelsretten i København, Den Særlige Klageret og Rigsretten. Herudover skal medtages specialdomstole nedsat med hjemmel i særlovgivningen som f.eks. den kommunale og regionale tjenestemandsret.

Til Folketinget skal henregnes folketingsudvalg, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen samt Statsrevisorerne og deres sekretariat.

Begrebet den offentlige forvaltning skal afgrænses på samme måde som i relation til forvaltningsloven (lov Nr. 571 af 19. december 1985) og offentlighedsloven (lov Nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen), se nedenfor under afsnit 2.

Det bemærkes, at der med offentlig myndighed sigtes til danske offentlige myndigheder. Udenlandske offentlige myndigheder, herunder også nordiske myndigheder, skal altid behandles som private, og videregivelse af oplysninger til disse er således f.eks. ikke omfattet af kapitel 8 i CPR-loven.

 

2.- Offentlig myndighed eller privat

Der kan i en række tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om en offentlig myndighed eller en privat institution, organisation m.v.

Det er kommunen, som skal træffe afgørelse om dette spørgsmål i forhold til den konkrete sag. Kommunen kan eventuelt hente hjælp i nedenstående liste over offentlige myndigheder henholdsvis private. Fremgår den pågældende ikke af listen, må kommunen anmode den spørgende om yderligere oplysninger. Hvis den pågældende selv oplyser at være privat eller offentlig, eller hvis der kan fremlægges en skrivelse fra f.eks. Justitsministeriet eller et ressortministerium, som udtrykkeligt udtaler sig om spørgsmålet i forhold til forvaltningsloven eller offentlighedsloven, vil kommunen i almindelighed kunne lægge dette til grund. Det samme kan være tilfældet, hvis der kan gives oplysninger, der efter nedennævnte principper placerer spørgeren som enten offentlig eller privat. Forekommer sagen fortsat tvivlsom efter indhentning af de yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som enten vil besvare spørgsmålet eller henvise til den relevante ressortmyndighed.

Institutioner, foreninger og selskaber m.v., der er organiseret på privatretligt grundlag, falder som udgangspunkt uden for den offentlige forvaltning og anses som private. Dette gælder, uanset om den virksomhed, der udøves, ganske kan ligestilles med den, der sædvanligvis udøves af forvaltningsmyndigheder, eller udføres efter påbud eller aftale med en forvaltningsmyndighed.

Hvis en privatretligt organiseret institution m.v. indordnes under intensiv regulering, tilsyn og kontrol fra det offentliges side, må institutionen imidlertid anses som en del af den offentlige forvaltning. Dette gælder eksempelvis private daginstitutioner, der henregnes til den offentlige forvaltning, når der er indgået en driftsoverenskomst med kommunen, der medfører intensiv offentlig regulering, tilsyn og kontrol. Som eksempler på den form for regulering og kontrol, som institutionen m.v. skal undergives, for at denne vil kunne anses for en del af den offentlige forvaltning, kan bl.a. nævnes årlig kontrol med dennes regnskaber, godkendelse af revision, repræsentation i bestyrelse eller udpegning af bestyrelsesmedlemmer m.v. Det forhold, at institutionen m.v. modtager tilskud fra det offentlige, vil derimod ikke i sig selv medføre, at denne kan siges at være en del af den offentlige forvaltning.

Institutioner, der er oprettet ved lov, vil normalt være en del af den offentlige forvaltning. Dette gælder f.eks. Danmarks Radio.

 

3.- Eksempler på offentlige myndigheder og private

 

3.1.- Offentlige myndigheder

Advokatnævnet

ATP

Banestyrelsen

Boligselskabernes Landsbyggefond og Byggeskadefonden

Danmarks Nationalbank

Danmarks Radio (DR)

Danmarks Statistik

Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi

Danske ambassader i udlandet

Datatilsynet

DSB

Forbrugerklagenævnet

Fredningsnævn

Grundejernes Investeringsfond

Handelshøjskolerne

Hjemmeværnet

Jobcentre

Kommunale fællesskaber, dvs. selskaber godkendt efter § 60 i den kommunale styrelseslov

Lærerråd og skolebestyrelser i folkeskolen

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Lønmodtagernes Garantifond

Menighedsråd

Offentlige sygehuse

Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Personregisterførere i den danske folkekirke

Påtaleudvalget efter den kommunale og regionale tjenestemandsret

Regionale naturgasselskaber (som alle er kommunale fællesskaber)

Retslægerådet

Socialforskningsinstituttet

Stævningsmænd (1)

 

3.2.- Private

Advokater   (2) 

Advokatrådet

A-kasser, statsanerkendte

Ambassader og øvrige repræsentationer for fremmede lande

Anerkendte trossamfund    (3) 

Begravelsesforretninger

Boligforeninger og selskaber

Danske Regioner

Dansk Flygtningehjælp

DONG

Fagforeninger

Forsikringsselskaber

Frelsens Hær

Friskoler og private grundskoler

KL

KMD

Kreditforeninger

Kreditoplysningsbureauer

Kræftens Bekæmpelse

Meningsmålingsinstitutter

Niels Brock Copenhagen Business College

Pengeinstitutter

Post Danmark (samt andre postvirksomheder)

Privatpraktiserende læger og speciallæger

Privatpraktiserende tandlæger

Revisorer

SAS

Sygeforsikringen danmark

Tele Danmark / TDC (samt andre teleselskaber)

TV2

 

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(1) Gælder i det omfang stævningsmanden varetager en opgave for domstolene, men derimod ikke, hvis stævningsmanden handler for en privat person eller virksomhed.

(2) Hvis en advokat fungerer som bobestyrer, ligestilles denne dog i vidt omfang med skifteretten. Se nærmere i vejledningens kapitel 12, afsnit 3.

(3) Gælder i det omfang stævningsmanden varetager en opgave for domstolene, men derimod ikke, hvis stævningsmanden handler for en privat person eller virksomhed.

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Bilag 3.- Særligt vedrørende de forvaltningsretlige regler og sagsbehandlingen

1.- Indledning

Nedenfor følger en gennemgang af nogle af de vigtigste forvaltningsretlige begreber og regler. Bilaget kan samtidig fungere som en oversigt over de sagsbehandlingsskridt, som bør gennemgås eller i hvert fald overvejes i enhver sag efter CPR-loven, både sager om registrering, herunder bopælssager, og sager om videregivelse af oplysninger fra CPR til private.

Det bemærkes, at alle forvaltningsretlige aspekter ikke er gennemgået, idet der henvises til den forvaltningsretlige litteratur herom, men de vigtigste elementer i en korrekt sagsbehandling er kort beskrevet.

Det bemærkes endvidere, at en kommune inden den påbegynder en sag om bopælsregistrering altid bør overveje, om der reelt er tale om en sag, som bør afgøres efter CPR-loven, eller om afgørelsen bør træffes efter andre regelsæt.

Kommunen bør også overveje, hvem der har kompetencen til at undersøge og afgøre sagen. Med hensyn til tvangsflytningssager henvises til vejledningens afsnit 3.7.1. Med hensyn til sager, hvor en person ønsker at få registreret en flytteanmeldelse, henvises til CPR-lovens § 6, stk. 3, og folkeregistreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Med hensyn til videregivelsessager bemærkes, at det er den kommune, som modtager forespørgslen, eller hvis der er tale om ældre folkeregistermateriale som er i besiddelse af materialet, som har kompetencen til at træffe afgørelse om videregivelse.

2.- Afgørelsesbegrebet

Når en kommune træffer en beslutning, som har karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, skal reglerne om sagsoplysning, partshøring, begrundelse m.v., jf. nedenfor, følges. Derfor er det væsentligt, at kommunen gør sig klart, hvornår denne træffer en egentlig afgørelse.

Mange af de beslutninger, som ansatte i kommunernes folkeregistre træffer, er afgørelser i forvaltningslovens forstand. Der er f.eks. tale om en egentlig afgørelse i følgende tilfælde:

Kommunen registrerer en person på en bestemt adresse. Det er uden betydning, om vedkommende har indgivet flytteanmeldelse, eller der er tale om en tvangsflytning, og det er uden betydning, om der har været tvivl om registreringen, eller om kommunen blot har foretaget en rutinemæssig registrering af en anmeldelse, som ikke giver anledning til nærmere undersøgelser.

Kommunen afviser at registrere en person i overensstemmelse med vedkommendes flytteanmeldelse.

Kommunen annullerer eller ændrer en tidligere foretagen registrering.

Kommunen videregiver en oplysning om en bestemt person fra CPR eller ældre folkeregistermateriale til en privat.

Kommunen afviser at videregive oplysninger fra CPR eller ældre folkeregistermateriale til en privat.

Det bemærkes, at selve den faktiske registrering i CPR og afgørelsen herom er to sider af samme sag, idet kommunen de facto har truffet afgørelse om en ændret registrering, når ændringen registreres i CPR. En kommune kan således ikke først foretage en registrering og efterfølgende træffe afgørelse herom. Ligeledes bør en kommune altid foretage den faktiske registrering i umiddelbar forlængelse af, at den formelle afgørelse herom er truffet, medmindre der er truffet afgørelse om at tillægge en klage opsættende virkning, se nedenfor under afsnit 8.6.

Det samme gælder i forhold til den faktiske videregivelse af oplysninger til en privat.

Dette gælder endvidere i forhold til annullering af allerede foretagne registreringer. Selve annulleringen må ikke foretages, før sagen er undersøgt og afgjort formelt.

Det bemærkes særligt vedrørende kommunernes indberetning af oplysninger, som stammer fra en anden grundregistrerende myndighed, at der ikke er tale om en afgørelse, som er truffet af kommunen, men alene en praktisk gennemførelse af en afgørelse, som er truffet af denne anden myndighed.

 

3.- Partsbegrebet

Den registrerede person (eller den som kommunen afviser at registrere) er altid part i en sag om registrering af oplysninger, herunder adresseoplysninger. Endvidere gælder det generelt, at enhver anden person, som har en direkte, væsentlig, individuel og retlig interesse i en konkret sag, er part. Det kan f.eks. være personer, som bor på den adresse, som kommunen påtænker at tvangsflytte en registreret til, hvis disse ikke har accepteret, at den registrerede tilmeldes på adressen. Personer, som anmoder om at få udleveret oplysninger fra CPR, er også parter i sagen.

 

4.- Oplysning af sagen / notatpligt

Kommunen er forpligtet til at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, dvs., at der er det fornødne grundlag til at træffe en forsvarlig afgørelse. Med hensyn til mulighederne for at indhente oplysninger i bopælssager henvises til vejledningens afsnit 3.7. Med hensyn til registrering af hændelser, som har fundet sted i udlandet, henvises til bilag 1.

Dog gælder det, at hvis en person, som er registreret ifølge egen flytteanmeldelse, ønsker at få ændret registreringen, skal vedkommende selv dokumentere , at de oplysninger, vedkommende nu fremkommer med, er korrekte, jf. CPR-lovens § 12, stk. 6, 2. pkt.

Alle oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er af betydning for sagens afgørelse, og som mundtligt meddeles kommunen, skal noteres , jf. offentlighedslovens § 6. Dette gælder også, hvis den forvaltningsgren, som skal træffe afgørelse i en sag efter CPR-loven, modtager oplysninger fra en anden forvaltningsgren i samme kommune. Hvis en kommune modtager oplysninger fra en privat, og vedkommende oplyser sit navn, men ønsker at være anonym, kan ønsket herom noteres ned, men kommunen kan ikke af den grund undlade at notere identiteten på personen. Personen skal således gøres bekendt med, at kommunen ikke med sikkerhed kan imødekomme ønsket om anonymitet, og kommunen skal bede om en nærmere redegørelse for baggrunden for dette ønske.

Endvidere har kommunen pligt til at gøre notat om alle væsentlige ekspeditioner i en sag. Eksempelvis skal en kommune i en CPR-sag udfærdige et notat om modtagelsen af relevante oplysninger, også selvom oplysningerne kommer fra andre dele af kommunens egen forvaltning , ligesom det skal noteres, hvorfra et dokument er modtaget, hvis dette ikke fremgår af selve dokumentet. Herved sikres, at det altid er klart, hvor sagens oplysninger hidrører fra.

5.- Oplysningspligt efter persondataloven

Der gælder efter persondataloven (lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger) som udgangspunkt en pligt til at give den registrerede en række informationer, når der indsamles oplysninger om vedkommende (oplysningspligt), jf. persondatalovens §§ 28-30.

Der skal således oplyses om den dataansvarliges eller dennes repræsentants identitet, om formålene med indsamlingen af oplysningerne, samt om yderligere omstændigheder, der er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser. Endvidere skal der gøres opmærksom på bestemmelsen om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede.

Persondataloven og dermed reglerne om oplysningspligt gælder, hvis oplysningerne bliver behandlet elektronisk, eller hvis oplysningerne indgår i et manuelt register. I det øjeblik oplysningerne indkommer ved e-post eller bliver skrevet ind i et tekstbehandlingsdokument, gælder persondataloven således.

Oplysningspligten gælder som udgangspunkt både i situationer, hvor oplysningerne indhentes fra den registrerede selv, og hvor oplysningerne indhentes fra en anden end den registrerede, f.eks. fra andre offentlige myndigheder eller private. Der findes dog en række undtagelser til oplysningspligten.

Det følger eksempelvis af persondatalovens § 28, stk. 2, og § 29, stk. 2, at oplysningspligten ikke gælder i tilfælde, hvor den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne. Såfremt indsamlingen af oplysninger sker hos den registrerede selv, vil der eksempelvis i vidt omfang ikke skulle ske underretning, jf. § 28, stk. 2. Undladelse af at give den registrerede oplysninger kan endvidere ske efter persondatalovens § 29, stk. 2, såfremt registreringen eller videregivelsen udtrykkeligt er fastsat ved lov eller bestemmelser i henhold til lov. Oplysningspligten kan herudover fraviges, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller forholdsvis vanskelig, jf. persondatalovens § 29, stk. 3. Oplysningspligten vil også i medfør af persondatalovens § 30, stk. 2, Nr. 6, kunne udskydes eller helt undlades, hvor det konkret skønnes, at en oplysning til borgeren ved indsamlingen af oplysningen vil medføre, at det ikke er muligt at sikre en materielt korrekt afgørelse og registrering i CPR. Dette kan navnlig være tilfældet, hvis der er en risiko for, at den registrerede indretter sin adfærd ud fra sin viden om, at der pågår en undersøgelse, hvorved øjemedet forspildes.

Det bemærkes, at undtagelse fra oplysningspligten altid skal undergives en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Oplysningspligten skal normalt opfyldes i forbindelse med registreringen i kommunen, f.eks. ved indførelse af oplysningerne i et elektronisk journalark, og i almindelighed inden for 10 dage efter registreringen. Hvis kommunen allerede på registreringstidspunktet ved, at der i løbet af ganske kort tid herefter skal rettes henvendelse til den registrerede, f.eks. fordi der skal ske høring af vedkommende, vil oplysningspligten som altovervejende hovedregel kunne opfyldes samtidig med denne senere henvendelse.

Der henvises til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk , og til Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i persondataloven.

6.- Udsættelse af sagen

Såfremt en part under sagens behandling anmoder om aktindsigt i sagens dokumenter, og denne anmodning efter forvaltningslovens regler om partsaktindsigt skal imødekommes, skal kommunen som udgangspunkt udsætte sagens afgørelse, indtil parten har haft mulighed for at gøre sig bekendt med sagens dokumenter, jf. forvaltningslovens § 11.

Herudover kan den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling som udgangspunkt forlange, at sagen udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Kommunen kan fastsætte en frist for denne udtalelse. Der henvises til forvaltningslovens § 21.

 

7.- Høring af parterne

 

7.1.- Generelle regler i forvaltningsloven

En kommune, som påtænker at træffe en bestemt afgørelse, skal altid gøre sig klart, hvorfor den ønsker at træffe netop denne afgørelse. Kommunen skal herunder overveje, hvilke oplysninger i sagen der gør, at kommunen mener, at det påtænkte resultat er det rigtige resultat.

Kommunen skal herefter som udgangspunkt høre en part over alle oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagen, der kan være til ugunst for parten, jf. forvaltningslovens § 19 (partshøring). Dette gælder også i alle tilfælde, hvor vedkommende ikke er bekendt med, at de pågældende oplysninger indgår i den sag, der er under behandling, uanset at vedkommende i forvejen er bekendt med, at kommunen er i besiddelse af oplysningerne. Der bør altid fastsættes en frist for kommentarer til partshøringen af hensyn til muligheden for at kunne afslutte sagen. Af hensyn til parten skal fristen have en rimelig længde. Det bemærkes, at det er vigtigt, at kommunen over for parten tydeligt tilkendegiver, at der er tale om en partshøring.

Somme tider vil der under sagens behandling komme nye oplysninger i kommunens besiddelse, f.eks. fra en anden part i sagen. Disse skal der også høres over, hvis de er til ugunst for en anden part, inden der kan træffes afgørelse.

Partshøringen skal være præcis. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at oplyse, at parterne har fælles bankkonto, eller at der er modtaget oplysninger fra en ikke navngiven anmelder. Det skal præciseres,

 hvilke oplysninger kommunen er i besiddelse af (f.eks. hvilken bankkonto, hvad har anmelderen set),

 hvor oplysningerne kommer fra (f.eks. oplysninger fra socialforvaltningen i kommunen, hvilken anmelder har afgivet oplysninger), og

 hvilket tidspunkt / tidsrum oplysningerne vedrører (f.eks. periode for fælles bankkonto, hvornår har anmelderen set hvad).

I modsat fald har sagens parter ikke reel mulighed for at imødegå eventuelle misforståelser, komme med forklaringer eller betvivle eventuelle kilders troværdighed / anvendelighed.

Det er ofte en fordel at sende kopier af breve og notater i sagen i høring i stedet for at søge at gengive indholdet heraf i et høringsbrev. En gengivelse i et høringsbrev vil i mange situationer ikke være lige så dækkende som det originale materiale. Kommunen skal dog også sørge for, at eventuelle oplysninger, som ikke har betydning for sagen, (f.eks. oplysninger om andre tilmeldte personers personnumre eller lign.) slettes. Det samme gælder efter forvaltningslovens § 19, stk. 2, Nr. 4, for oplysninger, som parten ikke ville kunne få partsaktindsigt i efter forvaltningslovens kapitel 4.

Kommunens høring af en borger efter forvaltningsloven kan ske både skriftligt og mundtligt. Hvis høringen foretages mundtligt, skal kommunen notere, hvad der er blevet hørt over, hvornår og hvordan, og kommunen skal endvidere notere præcist, hvad parterne svarede hertil, jf. offentlighedslovens § 6. Dog henvises til afsnit 7.2. nedenfor for så vidt angår den særlige skriftlige høring, som altid skal udsendes i tvangsflytningssager, inden der træffes afgørelse.

En skriftlig høring skal sendes til den adresse, som vedkommende selv oplyser at bo eller opholde sig på. Den kan dog eventuelt også sendes til den adresse, som kommunen har en formodning om, at vedkommende bor på.

Det bemærkes, at borgeren altid har ret til at afgive sine bemærkninger til sagen mundtligt.

 

7.2.- Særlige regler i CPR-loven

I CPR-lovens § 11 er der fastsat særlige regler om høring i egentlige tvangsflytningssager, dvs. når en person allerede er registreret på en bestemt måde, og kommunen mener, at denne registrering bør ændres.

En kommune skal, når den har indhentet de fornødne oplysninger i sagen og umiddelbart finder, at sagen er klar til at blive afgjort, udsende en særlig høring («en agterskrivelse» eller «et forvarsel«), hvori kommunen opfordrer vedkommende til at melde flytning til en bestemt adresse og til et bestemt tidspunkt inden 14 dage. Kommunen skal endvidere redegøre for, hvorfor denne finder det godtgjort, at vedkommende skal være registreret på den pågældende adresse fra det pågældende tidspunkt.

Et tilsvarende brev skal sendes til eventuelle andre parter i sagen.

Reagerer parterne ikke på anmodningen inden for 14 dage, kan kommunen træffe afgørelse og eventuelt ændre vedkommendes registrering.

Hvis der imidlertid fremkommer nye oplysninger som følge af kommunens agterskrivelse, skal kommunen overveje, om den påtænkte afgørelse stadig er den rigtige afgørelse, og om der eventuelt skal ske partshøring af en eller flere af sagens parter over sagens nye oplysninger, jf. ovenfor.

Det bemærkes, at en agterskrivelse ikke er en afgørelse, og at der derfor ikke skal gives borgeren klagevejledning i forbindelse med en agterskrivelse.

I sager om videregivelse af oplysninger er der endvidere i CPR-lovens § 42, stk. 5, samt lovens § 43, stk. 1, fastsat særlige høringsregler. Der kan efter omstændighederne være behov for at foretage høring ud over de situationer, som er reguleret af disse regler, jf. bilagets afsnit 7.1. samt vejledningens afsnit 12.3.

 

8.- Afgørelse af sagen

 

8.1.- Er sagen klar til afgørelse?

Inden sagen afgøres, skal kommunen overveje, om der er indhentet alle de oplysninger , som er nødvendige og hensigtsmæssige at indhente.

Kommunen skal herefter overveje, om der er hørt over alle væsentlige oplysninger , som indgår i sagen, og som kan være til ugunst for en eller flere parter.

8.2.- Bevisvurdering

Udgangspunktet er, at det, en borger oplyser vedrørende sine bopælsforhold, er korrekt, medmindre kommunen kan godtgøre det modsatte. Bevisbyrden kan løftes ved oplysninger om faktuelle forhold, f.eks. oplysninger indhentet i kommunens andre forvaltninger eller efter CPR-lovens § 10, stk. 2, Nr. 2 og 3, eller eventuelt ved en række af indicier af en vis vægt. Det er ikke muligt at sige, præcis hvor meget der skal til, før bevisbyrden kan siges at være løftet.

Særligt bemærkes med hensyn til anonyme anmeldere eller oplysninger fra andre unavngivne personer, f.eks. ansatte i kommunen, at oplysninger fra sådanne kilder har en ringe bevisværdi.

 

8.3.- Afgørelsens form

Hvis der er tale om en afgørelse i en tvangsflytningssag, skal afgørelsen meddeles skriftligt , jf. CPR-lovens § 11, stk. 3.

I andre sager er der ikke et sådant udtrykkeligt krav, og afgørelsen vil således i princippet kunne meddeles mundtligt. Det er imidlertid i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at afgørelser som udgangspunkt meddeles skriftligt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal derfor anbefale, at alle afgørelser meddeles skriftligt. Hvis en kommune vælger at meddele afgørelsen mundtligt, skal der under alle omstændigheder udfærdiges et notat herom, jf. offentlighedslovens § 6, og en borger vil endvidere kunne kræve at få meddelt afgørelsen skriftligt, jf. forvaltningslovens § 23, hvis ikke afgørelsen giver vedkommende fuldt ud medhold.

I de tilfælde, hvor en kommune afviser at foretage registrering i overensstemmelse med en flytteanmeldelse, kan kommunen eventuelt lave en påtegning på selve flytteanmeldelsen eller udfærdige et selvstændigt notat om kommunens afgørelse. Påtegningen / notatet skal indeholde en angivelse af de oplysninger, som kommunen har lagt til grund for sin afgørelse og en angivelse af, at anmelderen er blevet gjort bekendt med afvisningen, begrundelsen og klagefristen efter CPR-lovens § 56, stk. 1. Kommunen kan herefter udlevere en kopi af flytteanmeldelsen med påtegningen om afvisningen med begrundelse og klagefrist og herefter gemme flytteanmeldelsen med påtegning i overensstemmelse med de almindelige arkivregler (se nærmere herom bilag 4).

 

8.4.- Begrundelse

Skriftlige afgørelser til borgerne skal efter forvaltningslovens §§ 22 og 24 altid begrundes , hvis ikke borgeren får fuldt ud medhold.

Afgørelsen skal således altid indeholde en henvisning til de retsregler , afgørelsen er truffet efter. Det bemærkes, at CPR-loven trådte i kraft den 1. juli 2000, og at afgørelser, som (også) vedrører bopælsforhold før denne dato, derfor (tillige) skal henvise til de tidligere gældende regler.

Herudover skal der være en kort angivelse af de faktiske omstændigheder / kendsgerninger , som kommunen har tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

I begrundelsen bør om nødvendigt suppleres med relevante oplysninger, som ikke udtrykkeligt fremgår af de anvendte bestemmelser, f.eks. at Færøerne i relation til CPR-lovgivningen behandles som udlandet, eller at formålet med et udlandsophold som hovedregel er uden betydning for, om dette skal registreres som en udrejse. Der kan f.eks. henvises til relevante passager i denne vejledning.

Det bemærkes, at kommunerne aldrig i deres afgørelse vil kunne henvise til en eventuel telefonisk vejledning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, idet ministeriet i forbindelse med telefonisk vejledning aldrig tager stilling til den konkrete sag, men alene giver generel vejledning.

I forbindelse med afgørelser, som meddeles mundtligt, bør vedkommende også altid informeres om begrundelsen, og det bør noteres, at dette er sket.

Som nævnt ovenfor under afsnit 8.3. anbefaler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at en afgørelse om afvisning af registrering i henhold til en flytteanmeldelse meddeles skriftligt, eventuelt i form af kopi af anmeldelsen med påtegning om begrundelse og klagevejledning.

 

8.5.- Klagevejledning

I en skriftlig afgørelse, som ikke giver sagens parter fuldt medhold, skal der endvidere orienteres om, at kommunens afgørelse kan påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder om fremgangsmåde og klagefrist, jf. forvaltningslovens § 25, stk. 1, og CPR-lovens § 56, stk. 1. En klagevejledning kan f.eks. formuleres således:

«Klage over denne afgørelse kan inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor De har modtaget meddelelse om afgørelsen, indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indbringelsen sker ved, at en skriftlig klage afleveres til Kommune. Det bemærkes, at klagen skal være modtaget af kommunen inden fristens udløb.»

I bopælssager kan det endvidere være hensigtsmæssigt at præcisere i klagevejledningen , at Indenrigs- og Sundhedsministeriet alene administrerer CPR-lovgivningen. Der kan f.eks. tilføjes følgende:

«Ønsker De at klage over, at folkeregistreringen er blevet tillagt betydning efter anden lovgivning, således at f.eks. Deres sociale ydelser er blevet nedsat, skal De klage efter de klageregler, der gælder på dette område.»

Uanset at afgørelsen meddeles mundtligt, bør der gives klagevejledning, og der bør foretages notat om, at vejledningen er givet. Der henvises i øvrigt til ovennævnte anbefaling vedrørende afviste flytteanmeldelser, jf. ovenfor afsnit 8.3.

En manglende klagevejledning bevirker, at klagefristen først løber fra det tidspunkt, klagevejledningen gives. Hvis der er givet klagevejledning, men der deri er angivet en for lang frist, kommer denne fejl som klart udgangspunkt modtageren til gode, således at klagen må antages for rettidigt indgivet, hvis den oplyste klagefrist overholdes.

 

8.6.- Opsættende virkning

Der er i CPR-lovens klageregler ikke nogen bestemmelse om opsættende virkning, og det er således de almindelige forvaltningsretlige regler for opsættende virkning, som finder anvendelse, hvis en klager anmoder om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Det er udgangspunktet, at der ikke tillægges klager opsættende virkning.

Ved behandlingen af en anmodning om, at en klage tillægges opsættende virkning, skal der foretages en afvejning af på den ene side offentlige og privates interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen (det vil sige den faktiske registrering i CPR eller videregivelsen af oplysninger til en privat) ikke udsættes, og på den anden side arten og omfanget af den skade, klageren kan blive påført, såfremt gennemførelsen ikke udsættes, herunder om der vil være tale om en skade, som ikke eller kun vanskeligt vil kunne genoprettes. Det skal endvidere tillægges betydning, om der efter en foreløbig vurdering foreligger et rimeligt grundlag for klagen.

En beslutning om at tillægge en klage opsættende virkning kan kun komme på tale, hvis der er tale om skader af en væsentlig karakter. Økonomiske interesser er normalt ikke i sig selv tilstrækkelige. F.eks. tillægges klager over afgørelser efter sociallovgivningen eller afgørelser om opkrævning ikke i almindelighed opsættende virkning. Et almindeligt ubehag eller praktiske ulemper ved, at en person i en periode er registreret på en adresse, som senere kan vise sig at være forkert, vil som klart udgangspunkt heller ikke kunne begrunde, at en klage tillægges opsættende virkning.

Der skal endvidere være en umiddelbar sammenhæng mellem kommunens afgørelse og den af klageren anførte skadevirkning. I nogle tilfælde vil en klager eventuelt anføre, at skadevirkningen består i, at der vil blive truffet en afgørelse til ugunst for vedkommende på baggrund af en bopælsregistrering i CPR. Hvis denne afgørelse imidlertid træffes på grundlag af en offentlig myndigheds selvstændige sagsbehandling efter anden lovgivning, f.eks. sociallovgivningen, kan der ikke af den grund gives opsættende virkning med hensyn til bopælsregistreringen.

Det er klageren, som skal angive og dokumentere, hvilke særlige skadevirkninger vedkommende mener at blive udsat for, hvis ikke klagen tillægges opsættende virkning.

Hvis klageren fremsætter et ønske om opsættende virkning, inden kommunen har foretaget sin genvurdering, skal kommunen tage stilling til spørgsmålet. Hvis klageren fremsætter sit ønske på et tidspunkt, hvor sagen er genvurderet og videresendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er det ministeriet, som skal tage stilling til spørgsmålet.

Endelig bemærkes det, at overvejelser om opsættende virkning skal ske under hensyntagen til lighedsgrundsætningen. En kommune skal derfor kun give opsættende virkning, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Omvendt skal alle, som opfylder betingelserne, have opsættende virkning.

 

9.- Genvurdering

Hvis en part i en sag klager over en afgørelse, som kommunen har truffet, skal kommunen genvurdere sagen. Hvis 4-ugersfristen i CPR-lovens § 56, stk. 2, er overskredet, skal kommunen, uden forinden at have genvurderet sagen, sende sagen videre til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med indstilling om, at sagen afvises på grund af fristoverskridelsen. Ministeriet tager herefter stilling til, om der er tale om en undskyldelig fristoverskridelse. Såfremt ministeriet beslutter at se bort fra fristoverskridelsen, sendes sagen tilbage til kommunen, der herefter skal genvurdere sagen. Beslutter ministeriet at afvise klagen på grund af overskridelse af klagefristen, må kommunen overveje, hvorvidt der er sådanne nye oplysninger i sagen, at behandlingen af sagen skal genoptages.

Det er af hensyn til vurderingen af, om der er sket en (undskyldelig) fristoverskridelse meget væsentligt, at kommunernestempler klager som indgået den dato, hvor disse er modtaget i kommunen.

Det bemærkes, at det ved beregning af klagefristen er væsentligt, om afgørelsen er afsendt med A- eller B-post.

Hvis 4-ugersfristen er overholdt, skal kommunen genvurdere sagen. Det vil sige, at kommunen skal overveje de relevante regler og faktuelle oplysninger / indicier en gang til. Desuden skal kommunen tage stilling til eventuelle nye oplysninger eller argumenter, som sagens parter gør gældende. Det bemærkes, at en genvurdering også er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand , og alle de ovenfor nævnte regler om partshøring, meddelelse af afgørelse, begrundelse m.v. gælder således.

10.- Indsendelse og orientering af parterne

Hvis kommunen ved sin genvurdering af sagen ikke kan give klageren (fuldstændig) medhold i klagen, indsendes sagen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K.

Alle sagens akter bedes medsendt.

Samtidig sendes klagen og genvurderingen til alle sagens parter med oplysning om, at eventuelle kommentarer skal fremsættes over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden 4 uger fra det tidspunkt, klageren / øvrige parter har fået meddelelse om genvurderingen, jf. CPR-lovens § 56, stk. 2.

 

11.- Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager en ny, selvstændig vurdering af sagen og efterprøver også det administrative skøn.

Ministeriet har mulighed for at afvise, hjemvise, stadfæste eller ændre den afgørelse, der klages over.

Afvisning vil f.eks. ske, hvis klagefristen er overskredet, og der ikke har været undskyldelige omstændigheder.

Hjemvisning vil f.eks. ske, hvis afgørelsen er ugyldig.

Om ugyldighedsgrunde kan følgende oplyses:

En afgørelse vil som hovedregel være ugyldig, hvis sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, f.eks. fordi parten / parterne ikke er blevet hørt. Det samme er tilfældet, hvis parten under sagen ulovligt er nægtet aktindsigt.

Hvis en tvangsflytning, som efter CPR-lovens § 11 skal meddeles skriftligt, i stedet meddeles mundtligt, bevirker dette også, at tvangsflytningen er ugyldig. Det samme er selvfølgelig også tilfældet, hvis afgørelsen slet ikke meddeles den pågældende, såfremt det er muligt at meddele denne til vedkommende.

En skriftlig afgørelse om bopælsregistrering eller videregivelse af oplysninger vil endvidere som hovedregel være ugyldig, hvis den mangler begrundelse.

Hvis en sag hjemvises, skal kommunen behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse, som skal begrundes m.v. Når ministeriet i en tvangsflytningssag træffer afgørelse om hjemvisning, tilbagefører ministeriet den registreredes bopælsregistrering i CPR, så den registrerede / klageren stilles, som om der ikke var truffet nogen afgørelse.

Stadfæstelse vil ske, hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enig i resultatet af kommunens afgørelse.

Ændring vil f.eks. ske, hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder, at klageren bør gives helt eller delvist medhold. Ministeriet vil imidlertid også kunne ændre en afgørelse, så den er mere til ugunst for klageren, end kommunens afgørelse, såfremt ministeriet finder tilstrækkeligt grundlag herfor. Ministeriet er således ikke «bundet» af hverken klagen eller kommunens oprindelige afgørelse eller genvurdering, idet der er et væsentligt hensyn at tage til rigtigheden af registreringer i CPR. Når ministeriet i en bopælssag ændrer en afgørelse, ændrer ministeriet også den registreredes bopælsregistrering i overensstemmelse hermed. Tilsvarende vil ministeriet i mange tilfælde videregive oplysninger i forbindelse med afgørelsen af sagen, såfremt ministeriet i en videregivelsessag giver en klager medhold i, at vedkommende var berettiget til at modtage disse.

Bilag 4.- Bevaring og kassation af folkeregistermateriale

Generelle bestemmelser om bevaring og kassation er fastsat i arkivloven (lov Nr. 1050 af 17. december 2002), og i medfør af denne i bekendtgørelse Nr. 591 af 26. juni 2003. Særlige bestemmelser om, hvad der skal bevares, og hvad der må kasseres af folkeregistermateriale, er i medfør af disse regelsæt fastsat i bekendtgørelse Nr. 692 af 3. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og Frederiksberg Kommuner, i bekendtgørelse Nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 og i bekendtgørelse Nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier (efter 1970). Bestemmelserne i de tre sidstnævnte bekendtgørelser gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.

Det fremgår af bilagene til de 3 sidstnævnte bekendtgørelser, hvilket materiale der skal bevares på folkeregistreringsområdet.

Af § 4, stk. 2, i bekendtgørelse Nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed fremgår, at det materiale, som ikke skal bevares, først må kasseres, når der ikke længere er administrativt eller retligt behov for det. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den forbindelse henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på behovet for bl.a. at bevare materiale i sager, som kan forventes at give anledning til klagesager.

Det bevaringspligtige folkeregistermateriale fra tiden indtil 1978 kan afleveres til landsarkiverne eller til en kommunal arkivinstitution oprettet i henhold til § 7 i arkivloven.

Landsarkiverne modtager bevaringspligtigt folkeregistermateriale fra tiden indtil 1978. Ved afleveringen skal materialet være ordnet og pakket efter det modtagende arkivs anvisning, jf. bekendtgørelse Nr. 925 af 6. september 2004 om aflevering af offentlige papirarkivalier til Statens Arkiver.

Landsarkiverne modtager bevaringspligtigt folkeregistermateriale for tiden indtil 1978 til vederlagsfri opbevaring, uanset den generelle regel om betaling for opbevaring af kommunale arkiver.

Kommunerne kan til eget brug fremstille mikrofilm / -fiche af det papirfolkeregistermateriale, der afleveres, men der er ikke pligt til at fremstille mikrofilm / -fiche af folkeregistermateriale, som afleveres til landsarkiverne.

Hvis man har afleveret folkeregistermaterialet til landsarkivet, påtager landsarkiverne sig at besvare forespørgsler ud fra det afleverede materiale. I denne forbindelse opkræver landsarkiverne betaling til dækning af de omkostninger, der er forbundet med undersøgelsen og besvarelsen, efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Dette gælder også ved forespørgsler fra den afleverende kommune.

Kommuner, der afleverer folkeregistermateriale indtil 1978, skal henvise forespørgsler vedr. materialet til det arkiv, der har modtaget materialet. 

01Ene/14

LEGE nr. 676 din 21 noiembrie 2001

LEGE Nr. 676 din 21 noiembrie 2001
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor
Parlamentul României adopta prezenta lege.

Obiect
Art. 1

(1) Prezenta lege asigura conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicatiilor.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica operatorilor retelelor publice de telecomunicatii si furnizorilor de servicii de telecomunicatii destinate publicului care, în îndeplinirea atributiilor lor, trateaza date cu caracter personal.

(3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date.

(4) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate:
a) în cadrul activitatilor în domeniul apararii nationale si sigurantei nationale, desfasurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege;
b) în cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si în cadrul altor activitati în domeniul dreptului penal, desfasurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

Definitii
Art. 2

În întelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

1. serviciu de telecomunicatii – serviciu a carui furnizare consta, integral sau partial, în transmiterea si directionarea de semnale în retelele de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si a televiziunii;

2. serviciu de telecomunicatii destinat publicului – orice serviciu de telecomunicatii, cu exceptia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup închis de utilizatori;

3. furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului – persoana juridica ce presteaza un serviciu de telecomunicatii destinat publicului;

4. retea publica de telecomunicatii – sisteme de transmisie si, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie si alte resurse ce permit transmiterea de semnale între puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau partial pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii destinate publicului;

5. operator al retelei publice de telecomunicatii – persoana juridica autorizata sa instaleze sau sa opereze o retea publica de telecomunicatii, în scopul oferirii de servicii de telecomunicatii destinate publicului;

6. abonat – orice persoana fizica sau juridica care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinate publicului în vederea furnizarii de astfel de servicii;

7. utilizator – orice persoana fizica beneficiara a unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului, în scopuri private sau profesionale, fara a fi în mod necesar abonat al acestui serviciu;

8. date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata
sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

9. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

10. autoritatea de reglementare – autoritatea prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor Nr. 74/1996;

11. autoritatea de supraveghere – autoritatea care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenta dispozitiilor legale care reglementeaza protectia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

12. registrele abonatilor – bazele de date, în forma scrisa sau electronica, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terti în scopuri comerciale, care contin date cu caracter personal ale abonatilor;

13. factura detaliata – suma informatiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apeleaza ori informatii referitoare la data si durata fiecarui apel. Masuri de securitate

Art. 3

(1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului si operatorul retelei publice de telecomunicatii prin care se furnizeaza serviciul respectiv trebuie sa ia toate masurile tehnice si de organizare adecvate garantarii securitatii serviciului si a retelei.

(2) Masurile adoptate trebuie sa garanteze un nivel de securitate proportional riscului, corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri.

(3) Cerintele minime de securitate adoptate ca masura preventiva vor fi stabilite de autoritatea de reglementare în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(4) Cerintele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, în concordanta cu stadiul dezvoltarii tehnice si cu experienta în domeniu, în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi si ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani.

(5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului este obligat sa informeze abonatii în situatia în care ia cunostinta despre aparitia unui risc special de încalcare a securitatii retelei. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.

(6) Informatiile prevazute la alin. (5) se înainteaza si autoritatii publice competente în domeniul protectiei persoanelor în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.
Confidentialitatea comunicatiilor

Art. 4

(1) Confidentialitatea comunicatiilor efectuate prin intermediul unei retele publice de telecomunicatii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicatii destinat publicului este garantata.

(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea sau orice alta forma de interceptare ori de supraveghere a comunicatiilor este interzisa, cu exceptia cazurilor urmatoare:
a) se realizeaza de utilizatorii care participa la comunicatia respectiva;
b) utilizatorii care participa la comunicatia respectiva si-au dat acordul scris prealabil;
c) se realizeaza în exercitarea prerogativelor de autoritate publica, în conditiile legii.

(3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligatia de a-l informa pe celalalt utilizator sau,
respectiv, abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizeaza echipament care permite ca aceasta convorbire sa fie ascultata, înregistrata sau stocata de catre alte persoane.

Art. 5
Serviciile de telecomunicatii si îndeosebi serviciile telefonice aflate în curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vietii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei si a libertatii de comunicare.

Art. 6
Orice imixtiune a autoritatilor publice în continutul unei comunicari, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicarilor, sunt interzise, exceptând cazurile în care asemenea ingerinte sunt prevazute de lege si constituie o masura necesara într-o societate democratica pentru:
a) protectia securitatii statului, a sigurantei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infractiunilor;
b) protectia persoanei în cauza, la cererea acesteia, ori a drepturilor si libertatilor altor persoane.

Art. 7
În caz de ingerinta a autoritatilor publice în continutul unei comunicari legea de autorizare trebuie sa prevada:
a) modul de exercitare de catre persoana în cauza a drepturilor de acces si de rectificare;
b) conditiile în care autoritatile publice competente vor fi în drept sa refuze sa dea informatii persoanei în cauza;
c) modalitatile de conservare sau de distrugere a acestor date.

Art. 8

(1) Operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului nu pot comunica datele obtinute cu prilejul imixtiunii în continutul unei comunicari decât persoanei desemnate în autorizatia eliberata potrivit legii sa obtina asemenea date.

(2) Autorizarea operatorilor retelelor publice de telecomunicatii de a interveni în continutul unei comunicari, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum si utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea conditiilor si garantiilor constitutionale de exercitare a drepturilor si libertatilor fundamentale recunoscute prin lege.

Datele referitoare la trafic si la facturare
Art. 9

(1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonatii si utilizatorii, prelucrate în vederea stabilirii convorbirilor efectuate si stocate de catre furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul unei retele publice de telecomunicatii destinate publicului, trebuie sa fie sterse sau facute anonime la terminarea comunicatiei, fara a se încalca prevederile alin. (2)-(4).

(2) Prelucrarea datelor continând: numarul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului si tipul postului, numarul total de unitati ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numarul abonatului apelat, tipul, momentul începerii si durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informatii referitoare la plati, precum plata în avans, plati pentru instalari, deconectari si restante, efectuata în scopul întocmirii facturilor abonatilor sau al stabilirii platilor pentru interconectare, este permisa doar pâna la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligatiei de plata corespunzatoare facturii, respectiv de la data scadentei obligatiei de plata corespunzatoare interconectarii.

(3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevazute la alin. (2), în vederea marketingului sau comercializarii propriilor servicii, numai dupa notificarea abonatului si cu acordul expres al acestuia.

(4) Accesul la si prelucrarea datelor referitoare la trafic si la facturare trebuie limitate la persoanele care actioneaza în virtutea unei obligatii de serviciu, în raport cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul retelei publice de telecomunicatii, si care au ca atributii facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clientilor, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicatii ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitata la datele care sunt necesare pentru îndeplinirea respectivelor obligatii de serviciu.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) nu pot fi invocate în scopul limitarii accesului autoritatilor competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, în conditiile legii, în scopul rezolvarii litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare. Facturarea detaliata

Art. 10

(1) Abonatii primesc facturi nedetaliate.

(2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea drepturilor la protectia vietii private a abonatilor si a utilizatorilor, în conditiile legii.

(3) Categoriile de informatii care pot fi cuprinse în facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Oferirea si restrictionarea oferirii serviciului de identificare a liniei la care apeleaza sau a liniei apelate
Art. 11

(1) Utilizatorul care apeleaza are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor respective pentru fiecare apel, în cazul în care se ofera si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei care apeleaza.

(2) Abonatul care apeleaza are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei care apeleaza, pentru fiecare linie, în cazul prevazut la alin. (1).

(3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii, în mod gratuit, în cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, în cazul prevazut la alin. (1).

(4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci când datele de identificare a liniei care apeleaza au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apeleaza, în cazul prevazut la alin. (1), daca datele de identificare a liniei care apeleaza sunt indicate înainte de începerea convorbirii.

(5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei apelate fata de utilizatorul care apeleaza, în cazul în care se ofera si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate.

(6) Dispozitiile alin. (1) si (2) vor fi aplicabile si apelurilor catre alte tari, provenind din România, iar dispozitiile alin. (3)-(5) vor fi aplicabile si apelurilor catre România provenind din alte tari.

(7) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului au obligatia de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum si despre drepturile prevazute la alin. (1)-(6), în cazul în care se ofera si servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apeleaza sau a liniei apelate.

Dispozitii derogatorii
Art. 12

Un furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului, respectiv un operator al unei retele publice de telecomunicatii poate deroga de la dispozitiile referitoare la identificarea liniei care apeleaza, cu conditia aducerii la cunostinta publicului a procedurilor prin care se realizeaza aceste derogari, în urmatoarele cazuri: a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele de identificare a liniei care apeleaza vor fi stocate si accesibile, în conditiile legii; b) pentru fiecare linie, pentru organizatiile care primesc apeluri de urgenta, special recunoscute în acest sens, în conditiile legii, cum ar fi: sectiile de politie, unitatile de pompieri sau serviciile de ambulanta.

Redirectionarea automata a apelului
Art. 13

Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de a bloca redirectionarea automata, efectuata de un tert, a apelurilor catre echipamentul terminal al abonatului respectiv. Registrele abonatilor

Art. 14

(1) Furnizorii de servicii de telecomunicatii au obligatia de a include în registrele abonatilor pe care le întocmesc sau de a pune la dispozitie tertilor care întocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificarii unui abonat anume, cu exceptia cazurilor în care abonatul respectiv si-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare.

(2) Orice abonat are dreptul sa solicite, cu titlu gratuit:
a) sa nu fie inclus într-un registru al abonatilor;
b) înscrierea mentiunii ca datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terti în scopul marketingului direct;
c) înscrierea adresei sale doar partial;
d) sa nu se efectueze nici o mentiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.

Apelurile nesolicitate
Art. 15

Apelurile nesolicitate, efectuate în scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu exceptia cazului în care abonatul apelat si-a exprimat în prealabil consimtamântul expres în acest sens.

Raspunderea
Art. 16

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

(2) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului sau/si operatorii retelelor publice de telecomunicatii raspund fata de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce le revin în conditiile prezentei legi.

Contraventii si sanctiuni
Art. 17

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) neadoptarea sau adoptarea incompleta a cerintelor minime de securitate mentionate la art. 3 alin. (3) si (4);
b) neîndeplinirea obligatiei de informare prevazute la art. 3 alin. (5) si (6);
c) neîndeplinirea obligatiei de confidentialitate prevazute la art. 4 alin. (2) si (3);
d) nerespectarea de catre autoritatile publice, respectiv de catre operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului, a obligatiilor prevazute la art. 5, 6, 7 si 8;
e) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la prelucrarea si la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevazute la art. 9;
f) încalcarea drepturilor abonatilor prevazute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate;
g) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apeleaza, respectiv a liniei apelate, prevazute la art. 11;
h) neîndeplinirea obligatiei referitoare la oferirea serviciului de redirectionare automata, prevazuta la art. 13;
i) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la întocmirea registrului abonatilor, prevazute la art. 14;
j) initierea unui apel nesolicitat, cu încalcarea art. 15.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se constata de personalul autoritatii de reglementare, precum si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.

(4) Pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) autoritatea de reglementare poate dispune si suspendarea sau anularea licentei ori a autorizatiei.

(5) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. e)-j) se constata de personalul autoritatii de supraveghere si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.

(6) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(7) Cuantumul amenzilor prevazute în prezenta lege poate fi actualizat prin hotarâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 18

Prezenta lege intra în vigoare la 3 luni de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 800 din data de 14 decembrie 2001

01Ene/14

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP-A (Uradni list RS, št. 25/04 z dne 19.3.2004)

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU (ZEPEP-A)


1. člen

V Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000 in 30/01 – ZODPM-C) se v prvem odstavku 1. člena crtata besedi «na daljavo».

 

2. člen

V 2. členu se:

– v 1. tocki beseda «ali» nadomesti z vejico, za besedo «shranjeni» pa se doda besedilo «poslani, prejeti ali izmenljivi»,

– v 5. tocki za podpicjem doda besedilo «varni casovni žig pa elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje tocke tega člena;»,

– 11. tocka spremeni tako, da se glasi: 

«11. Informacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska in druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki;»,

– v 19. tocki za besedilom «kvalificirano potrdilo je potrdilo» dodajo besede «iz prejšnje tocke»,

– na koncu 20. tocke pika nadomesti s podpicjem, za njo pa dodata novi 21. in 22. tocka, ki se glasita: 

«21. Storitev informacijske družbe je storitev, ki se obicajno zagotavlja za placilo, na daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo prejemnika storitev pri cemer pomeni:
– na daljavo, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani socasno prisotni; 
– z elektronskimi sredstvi, da se storitev na zacetku pošlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo (vkljucno z digitalnim stiskanjem) in shranjevanje podatkov in v celoti pošlje, prenese in sprejme po žici, radiu, opticnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih; 
– na posamezno zahtevo prejemnika storitev, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.

Storitve informacijske družbe vkljucujejo zlasti storitve prodaje blaga ali storitev, dostopa do podatkov ali oglaševanja na svetovnem spletu ter storitve dostopa do komunikacijskega omrežja, prenosa podatkov ali shranjevanja prejemnikovih podatkov v komunikacijskem omrežju. Storitve radijske in televizijske radiodifuzije niso storitve informacijske družbe po tem zakonu;

22. Ponudnik storitev informacijske družbe je fizicna ali pravna oseba, ki ponuja storitve iz prejšnje tocke tega člena.».

 

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se v tretji alinei besedi «je programiral» nadomestita z besedo «upravlja», besedilo «je bil sistem programiran» pa z besedama «kdo drug».

V drugi alinei drugega odstavka 5. člena in 6. členu se besedi «skrben gospodar» nadomestita z besedilom «dober gospodar oziroma dober gospodarstvenik».

 

4. člen

V prvem odstavku 12. člena se crta beseda «tudi».

 

5. člen

Za 13. členom se doda naslov novega 3. oddelka «Odgovornost ponudnikov storitev informacijske družbe» in novi 13.a, 13.b, 13.c in 13.d člen, ki se glasijo:

«13.a člen

(1) Za opravljanje storitev informacijske družbe ni potrebno posebno dovoljenje.

(2) Ponudniki storitev informacijske družbe so odgovorni za podatke, ki jih posredujejo ali shranjujejo v skladu z dolocbami tega oddelka, ce predpisi, ki urejajo njihovo odgovornost na podrocju davkov, varstva osebnih podatkov, varstva konkurence, odvetništva in notariata ter iger na sreco, ne dolocajo drugace.

(3) Od ponudnikov storitev informacijske družbe ni dovoljeno zahtevati splošnega spremljanja ali zavarovanja podatkov v elektronski obliki, ki jih posredujejo ali shranjujejo ali jim naložiti ukrepov, ki bi jih obvezali k aktivnemu poizvedovanju o dejstvih ali okolišcinah, ki kažejo na nezakonitost posamezne dejavnosti ali podatkov.

(4) Ponudniki storitev informacijske družbe iz tega oddelka so pri zagotavljanju varnosti delovanja svojih informacijskih sistemov in posredovanja podatkov v elektronski obliki dolžni ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

(5) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za informacijsko družbo, doloci izvajalca nalog za zagotavljanje varnosti delovanja informacijskih sistemov in posredovanje podatkov v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec nalog). Ponudniki storitev informacijske družbe so dolžni izvajalca nalog obvešcati o dejavnostih in podatkih, ki ogrožajo varnost delovanja informacijskih sistemov in z njim sodelovati. Izvajalec nalog zbira informacije o dejavnostih in podatkih, ki ogrožajo varnost delovanja informacijskih sistemov in podatkov v elektronski obliki, obvešca javnost, sodeluje z organi za zagotavljanje varnosti delovanja informacijskih sistemov in posredovanja podatkov v elektronski obliki drugih držav, opozarja na ogrožanje varnosti in predlaga rešitve za njihovo odpravo. Nacin izvajanja nalog podrobneje doloci Vlada Republike Slovenije v aktu o dolocitvi izvajalca nalog.

13.b člen

(1) Kadar je del storitve informacijske družbe prenos podatkov v elektronski obliki v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi prejemnik storitve ali zagotavljanje dostopa do komunikacijskega omrežja, ponudnik storitve ni odgovoren za posredovane podatke, pod pogojem, da:

– ne sproži prenosa podatkov;
– ne izbere naslovnika posredovanih podatkov in
– ne izbere ali spremeni vsebine posredovanih podatkov.

(2) Prenos in zagotavljanje dostopa iz prejšnjega odstavka vkljucujeta samodejno, vmesno in prehodno shranjevanje posredovanih podatkov v elektronski obliki, ce je to namenjeno izkljucno njihovem prenosu v komunikacijskem omrežju in ce se podatki ne shranjujejo dlje, kot je to obicajno potrebno za njihov prenos.

13.c člen

Kadar je del storitve informacijske družbe prenos podatkov v elektronski obliki v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ponudnik storitve ni odgovoren za samodejno, vmesno in zacasno shranjevanje teh podatkov, ce je to namenjeno izkljucno bolj ucinkovitemu prenosu podatkov drugim prejemnikom storitve na njihovo zahtevo, pod pogojem, da:

– ne spremeni vsebine podatkov;
– ravna v skladu s pogoji za dostop do podatkov;
– ravna v skladu s pogoji o sprotnem dopolnjevanju podatkov, dolocenimi v splošno priznanih in uporabljenih industrijskih standardih;
– njegovo ravnanje ne nasprotuje zakoniti uporabi tehnologij za pridobivanje informacij o rabi podatkov, ki je dolocena v splošno priznanih in uporabljenih industrijskih standardih in
– brez odlašanja odstrani ali onemogoci dostop do podatkov, ki jih je hranil, takoj ko je obvešcen o tem, da je bil prvotni vir teh podatkov odstranjen iz omrežja, ali da je bil dostop do njega onemogocen, ali da je sodišce ali upravni organ odredil odstranitev ali mu onemogocil dostop.

13.d člen

(1) Kadar je del storitve informacijske družbe shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ponudnik storitve ni odgovoren za podatke, ki jih je shranil na zahtevo prejemnika storitve, pod pogojem, da:

1. ne ve, da gre za protipravno dejavnost ali podatke in mu glede odškodninskih zahtevkov niso znana dejstva ali okolišcine iz katerih je razvidna protipravnost ali
2. takoj ko izve za protipravnost ali se je zaveda, nemudoma odstrani ali onemogoci dostop do teh podatkov.

(2) Dolocbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v primerih, ko prejemnik storitve ravna v okviru pooblastil ali pod nadzorom ponudnika storitev.».

 

6. člen

V 17. členu se crtajo besede «ali sredstev» in «ali sredstva».

 

7. člen

V prvem odstavku 20. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi: 

«- ce so bili podatki za elektronsko podpisovanje ali informacijski sistem imetnika potrdila ogroženi na nacin, ki vpliva na zanesljivost oblikovanja elektronskega podpisa in je overitelj s tem seznanjen, ali».

 

8. člen

V prvem odstavku 22. člena se crtajo besede «in sredstva» ter «in sredstev», za besedama «dobrega gospodarja» pa se dodajo besede «ali dobrega gospodarstvenika».

 

9. člen

25. člen
 se spremeni tako, da se glasi:

«25. člen

Za casovni žig in storitve, povezane z njim, se smiselno uporabljajo dolocbe tega zakona, ki urejajo potrdilo, za varen casovni žig in storitve, povezane z njim, pa dolocbe tega zakona, ki urejajo kvalificirano potrdilo.».

 

10. člen

V prvem odstavku 28. člena zakona se:

– tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 

«- ime oziroma psevdonim imetnika potrdila z obvezno navedbo, da gre za psevdonim»,

– v cetrti alinei doda besedilo «ki pa ne smejo biti v nasprotju z namenom uporabe psevdonima.».

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

«(2) Ce ni drugace dogovorjeno, potrdilo ne sme vsebovati podatkov, ki jih varuje poseben zakon.».

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

«(3) Kvalificirana potrdila, izdana za potrebe osebnih dokumentov, vsebujejo poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena tudi osebno identifikacijsko oznako, ki se lahko v ta namen sklicuje ali poveže s Centralnim registrom prebivalstva. Vlada Republike Slovenije podrobneje doloci nacin dolocanja osebne identifikacijske oznake, vzpostavitev in vodenje registra osebnih identifikacijskih oznak ter pogoje in nacin sklicevanja ali povezovanja s Centralnim registrom prebivalstva v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.». 

 

11. člen

Cetrti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

«(4) Ce overitelj, ki preneha z delovanjem, ne zagotovi hrambe dokumentacije in vodenja preklicanih kvalificiranih potrdil pri drugem overitelju, to zagotovi na njegove stroške ministrstvo.».

 

12. člen

V drugem odstavku 32. člena se za besedo «postopkih» dodata besedi «in predpisih».

 

13. člen

V prvem odstavku 36. člena se besede «pred sklenitvijo pogodbe», nadomestijo z besedami «pred izdajo potrdila».

V drugem odstavku se doda nova 7. tocka, ki se glasi: 

«7. opozorilo, da mora imetnik kvalificiranega potrdila sam sporociti spremembe obveznih podatkov kvalificiranega potrdila iz 28. člena tega zakona.».

V tretjem odstavku se crta besedilo «na trajnem nosilcu podatkov».

 

14. člen

V drugem odstavku 37. člena se besedi «podpisanih podatkov», nadomestita z besedilom «podatkov, ki se podpisujejo».

 

15. člen

V prvem odstavku 39. člena se v prvi alinei besedi «od trenutka» nadomestita z besedama «v trenutku».

 

16. člen

Tretji in cetrti odstavek 40. člena se spremenita tako, da se glasita:

«(3) Ministrstvo vodi elektronski javni register overiteljev v Republiki Sloveniji. V register overiteljev se vpišejo overitelji, ce izpolnjujejo pogoje iz tega zakona. V register overiteljev se na njihovo zahtevo vpišejo tudi tuji overitelji, ce izpolnjujejo pogoje iz tega zakona za veljavnost njihovih potrdil v Republiki Sloveniji.

(4) Register overiteljev varno elektronsko podpiše ministrstvo. Podatki za preverjanje kvalificiranega potrdila ministrstva se objavijo na spletnih straneh ministrstva skupaj z registrom overiteljev.».

 

17. člen

Tretji odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

«(3) Podatke o potrdilih, osebne podatke in podatke, ki so varovani po posebnem zakonu, s katerimi se inšpektor seznani pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot tajne.».

 

18. člen

Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

«(2) Register akreditiranih overiteljev varno elektronsko podpiše akreditacijski organ. Podatki za preverjanje kvalificiranega potrdila akreditacijskega organa se objavijo na spletnih straneh akreditacijskega organa skupaj z registrom akreditiranih overiteljev.».

 

19. člen

V petem odstavku 44. člena se besedilo «minister, pristojen za gospodarske dejavnosti», nadomesti z besedilom «minister, pristojen za informacijsko družbo».

 

20. člen

45. člen  se spremeni tako, da se glasi:

«45. člen

(1) Za opravljanje nalog akreditacijskega organa Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za informacijsko družbo, doloci pristojni organ za opravljanje nalog akreditacijskega organa ali za opravljanje teh nalog podeli javno pooblastilo, oziroma koncesijo. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka ne sme biti overitelj.».

 

21. člen

V 46. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

«(3) Potrdila overiteljev s sedežem v Evropski uniji, ki jih po tem zakonu ni mogoce opredeliti kot kvalificirana, se obravnavajo enako kot domaca v skladu z dolocbami tega zakona.».

 

22. člen

V prvem odstavku 47. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

«(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje overitelj, ce:».

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

«(2) Z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.».

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

«(3) Ce je overitelj posameznik, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev.».

 

23. člen

V 48. členu se:

– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

«Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek imetnik potrdila oziroma njegova odgovorna oseba, ce gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ce:», 

– v 2. tocki crtata besedi «in sredstva».

 

24. člen

49. člen  se spremeni tako, da se glasi:

«49. člen

Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez vednosti podpisnika ali imetnika potrdila uporabi njegove podatke za elektronsko podpisovanje (17. člen).».

 

25. člen

54. člen se crta.

 

PREDHODNE IN KONCNE DOLOCBE

 

26. člen

(1) Vlada Republike Slovenije doloci organ iz petega odstavka 13.a člena zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz tretjega odstavka 28. člena zakona najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

 

27. člen

(1) Globe, dolocene s tem zakonom, se do zacetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni, v razponih, dolocenih v prvem in drugem odstavku 22. člen
a, 23. in 24. členu tega zakona. 

(2) Za prekrške, dolocene v tretjem odstavku 22. člena tega zakona, se do zacetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka, kaznuje overitelj posameznik z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev.

(3) Dolocbe tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od zacetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).

 

28. člen

Ta zakon zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 043-03/00-2/2

Ljubljana, dne 27. februarja 2004

EPA 1154-III

Predsednik 
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor

01Ene/14

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). in der Fassung der Neubekanntmachung vom 14. Januar 2003

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). in der Fassung der Neubekanntmachung vom 14. Januar 2003

Inhaltsübersicht

 

Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen

 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
1. öffentliche Stellen des Bundes,
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie
a) Bundesrecht ausführen oder
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt,
3. nichtöffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten.

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegene verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. Dieses Gesetz findet Anwendung, sofern eine verantwortliche Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen ist, personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Soweit die verantwortliche Stelle nach diesem Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben über im Inland ansässige Vertreter zu machen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zwecke des Transits durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.

§ 2 Öffentliche und nichtöffentliche Stellen

(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. Als öffentliche Stellen gelten die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht.

(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung nichtöffentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn
sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden oder
dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht.
Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder.

(4) nichtöffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen. Nimmt eine nichtöffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren:
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,
2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten,
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft,
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,
5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch die ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können und
3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.

§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
2. a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten.
Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

§ 4a Einwilligung

(1) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben.

(2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks ergibt, schriftlich festzuhalten.

(3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften
gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30 nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1 entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. Satz 2 gilt nicht, wenn die Übermittlung zur Erfüllung eigener Aufgaben einer öffentlichen Stelle des Bundes aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist.

(3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden.

(4) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung die Daten übermittelt werden.

§ 4c Ausnahmen

(1) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, auch wenn bei ihnen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern
1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat,
2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung des Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,
3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im Interesse des Betroffenen von der verantwortlichen Stelle mit einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden soll,
4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,
5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist oder
6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind.
Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt werden.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann die zuständige Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen oder bestimmte Arten von Übermittlungen personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen genehmigen, wenn die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen Rechte vorweist; die Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregelungen ergeben. Bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz zuständig. Sofern die Übermittlung durch öffentliche Stellen erfolgen soll, nehmen diese die Prüfung nach Satz 1 vor.

(3) Die Länder teilen dem Bund die nach Absatz 2 Satz 1 ergangenen Entscheidungen mit.

§ 4d Meldepflicht

(1) Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind vor ihrer Inbetriebnahme von nichtöffentlichen verantwortlichen Stellen der zuständigen Aufsichtsbehörde und von öffentlichen verantwortlichen Stellen des Bundes sowie von den Post- und Telekommunikationsunternehmen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz nach Maßgabe von § 4e zu melden.

(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Datenschutz bestellt hat.

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei höchstens vier Arbeitnehmer mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen dient.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich um automatisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten von der jeweiligen Stelle
1. zum Zweck der Übermittlung oder
2. zum Zweck der anonymisierten Übermittlung
gespeichert werden.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauftragte für den Datenschutz. Dieser nimmt die Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 vor.
Er hat sich in Zweifelsfällen an die Aufsichtsbehörde oder bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu wenden.

§ 4e Inhalt der Meldepflicht

Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen meldepflichtig sind, sind folgende Angaben zu machen:
1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle,
2. Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfassung des Unternehmens berufene Leiter und die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragten Personen,
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle,
4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung,
5. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können,
7. Regelfristen für die Löschung der Daten,
8. eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten,
9. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind.
§ 4d Abs. 1 und 4 gilt für die Änderung der nach Satz 1 mitgeteilten Angaben sowie für den Zeitpunkt der Aufnahme und der Beendigung der meldepflichtigen Tätigkeit entsprechend.

 

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nichtöffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für nichtöffentliche Stellen, die höchstens vier Arbeitnehmer mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigen. Soweit auf Grund der Struktur einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz für mehrere Bereiche. Soweit nichtöffentliche Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung oder der anonymisierten Übermittlung erheben, verarbeiten oder nutzen, haben sie unabhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen.

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Mit dieser Aufgabe kann auch eine Person außerhalb der verantwortlichen Stelle betraut werden. Öffentliche Stellen können mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen Bediensteten aus einer anderen öffentlichen Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz bestellen.

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei nichtöffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch den Betroffenen befreit wird
.
(5) Die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen haben den Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Betroffene können sich jederzeit an den Beauftragten für den Datenschutz wenden.

§ 4g Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz

(1) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den Datenschutz in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrolle bei der verantwortlichen Stelle zuständige Behörde wenden. Er hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen.

(2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht über die in § 4e Satz 1 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Verfügung zu stellen. Im Fall des § 4d Abs. 2 macht der Beauftragte für den Datenschutz die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar. Im Fall des § 4d Abs. 3 gilt Satz 2 entsprechend für die verantwortliche Stelle.

(3) Auf die in § 6 Abs. 2 Satz 4 genannten Behörden findet Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. Absatz 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der behördliche Beauftragte für den Datenschutz das Benehmen mit dem Behördenleiter herstellt; bei Unstimmigkeiten zwischen dem behördlichen Beauftragten für den Datenschutz und dem Behördenleiter entscheidet die oberste Bundesbehörde.

§ 5 Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nichtöffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.
(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in der Weise gespeichert, dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht in der Lage festzustellen, welche Stelle die Daten gespeichert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und jene Stelle zu unterrichten. Die in § 19 Abs. 3 genannten Stellen, die Behörden der Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie öffentliche Stellen der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, können statt des Betroffenen den Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterrichten. In diesem Fall richtet sich das weitere Verfahren nach § 19 Abs. 6.

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen.

(2) Dies gilt nicht, wenn
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde oder
2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet und dem Betroffenen von der verantwortlichen Stelle die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als geeignete Maßnahme gilt insbesondere die Möglichkeit des Betroffenen, seinen Standpunkt geltend zu machen. Die verantwortliche Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu prüfen.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der ihn betreffenden Daten.

§ 6b Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend §§ 19a und 33 zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 6c Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den Betroffenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Mediums einschließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,
3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 19, 20, 34 und 35 ausüben kann, und
4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnahmen
unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis erlangt hat.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 7 Schadensersatz

Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat.

§ 8 Schadensersatz bei automatisierter Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen

(1) Fügt eine verantwortliche öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige automatisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist ihr Träger dem Betroffenen unabhängig von einem Verschulden zum Schadensersatz verpflichtet.

(2) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind insgesamt auf einen Betrag von 130 000 Euro begrenzt. Ist auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 130 000 Euro übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.

(4) Sind bei einer automatisierten Verarbeitung mehrere Stellen speicherungsberechtigt und ist der Geschädigte nicht in der Lage, die speichernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(5) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, gilt § 254 Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(6) Auf die Verjährung finden die für unerlabute Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen

Öffentliche und nichtöffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 9a Datenschutzaudit

Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und -programmen und Daten verarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt.

§ 10 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs bleiben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen:
1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten,
4. nach § 9 erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen.
Im öffentlichen Bereich können die erforderlichen Festlegungen auch durch die Fachaufsichtsbehörden getroffen werden.

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in § 12 Abs. 1 genannten Stellen beteiligt sind, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz unter Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 2 zu unterrichten. Die Einrichtung von Abrufverfahren, bei denen die in § 6 Abs. 2 und in § 19 Abs. 3 genannten Stellen beteiligt sind, ist nur zulässig, wenn das für die speichernde und die abrufende Stelle jeweils zuständige Bundes- oder Landesministerium zugestimmt hat.

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein zugänglicher Daten. Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann.

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 6, 7 und 8 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, die technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch die Fachaufsichtsbehörde erteilt werden. Der Auftraggeber hat sich von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen.

(4) Für den Auftragnehmer gelten neben den §§ 5, 9, 43 Abs. 1 Nr. 2, 10 und 11, Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 sowie § 44 nur die Vorschriften über die Datenschutzkontrolle oder die Aufsicht, und zwar für
1.a) öffentliche Stellen,
b) nichtöffentliche Stellen, bei denen der öffentlichen Hand die Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine öffentliche Stelle ist, die §§ 18, 24 bis 26 oder die entsprechenden Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder,
2. die übrigen nichtöffentlichen Stellen, soweit sie personenbezogene Daten im Auftrag als Dienstleistungsunternehmen geschäftsmäßig erheben, verarbeiten oder nutzen, die §§ 4 f , 4 g und 38.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

Zweiter Abschnitt. Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen

 

Erster Unterabschnitt. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

 

§ 12 Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen.

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist, gelten die §§ 12 bis 16, 19 bis 20 auch für die öffentlichen Stellen der Länder, soweit sie
1. Bundesrecht ausführen und nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen oder
2. als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt.

(3) Für Landesbeauftragte für den Datenschutz gilt § 23 Abs. 4 entsprechend.

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende oder zukünftige dienst- oder arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten an Stelle der §§ 13 bis 16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3 Nr. 1 sowie die §§ 33 bis 35, auch soweit personenbezogene Daten weder automatisiert verarbeitet noch in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder genutzt oder dafür erhoben werden.

§ 13 Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist.
(1a) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nichtöffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(2) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, soweit
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses zwingend erfordert,
2. der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat,
3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außer Stande ist, seine Einwilligung zu geben,
4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht hat,
5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist,
6. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist,
7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,
8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann oder
9. dies aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist.

§ 14 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,
2. der Betroffene eingewilligt hat,
3. offensichtlich ist, daß es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, daß er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern würde,
4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,
5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die speichernde Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckänderung offensichtlich überwiegt,
6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist,
7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,
8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder
9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

(5) Das Speichern, Verändern oder Ntuzen von besonderen Arten personeenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für andere Zwecke ist nur zulässig wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen würden oder dies zur Durchführugn wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(6) Die Speicherung, Verändnerung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) zu den in § 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.

§ 15 Datenübermittlung an öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und
2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 zulassen würden.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. § 10 Abs. 4 bleibt unberührt.

(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 zulässig.

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei diesen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer öffentlichen Stelle weitergegeben werden.

§ 16 Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 zulassen würden, oder
2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. Das Übermitteln von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 Abs. 5 und 6 zulassen würden oder soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

§ 17 Datenübermittlung an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
weggefallen

§ 18 Durchführung des Datenschutzes in der Bundesverwaltung

(1) Die obersten Bundesbehörden, der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens, sowie die bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die von der Bundesregierung oder einer obersten Bundesbehörde lediglich die Rechtsaufsicht ausgeübt wird, haben für ihren Geschäftsbereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Das Gleiche gilt für die Vorstände der aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht.

(2) Die öffentlichen Stellen führen ein Verzeichnis der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen. Für ihre automatisierten Verarbeitungen haben sie die Angaben nach § 4e sowie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung schriftlich festzulegen. Bei allgemeinen Verwaltungszwecken dienenden automatisierten Verarbeitungen, bei welchen das Auskunftsrecht des Betroffenen nicht nach § 19 Abs. 3 oder 4 eingeschränkt wird, kann hiervon abgesehen werden. Für automatisierte Verarbeitungen, die in gleicher oder ähnlicher Weise mehrfach geführt werden, können die Festlegungen zusammengefasst werden.

Zweiter Unterabschnitt. Rechte des Betroffenen

 

§ 19 Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und
3. den Zweck der Speicherung.
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten weder automatisiert noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Die verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde,
2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder
3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen
und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Falle ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann.

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 19a Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Der Betroffene ist auch über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von Daten zu unterrichten, soweit er nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,
2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder
3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezogenen Daten durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist.
Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Nummer 2 oder 3 abgesehen wird.

(3) § 19 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 20 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen bestritten, so ist dies in geeigneter Weise festzuhalten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit
1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die Behörde im Einzelfall feststellt, dass ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden und die Daten für die Aufgabenerfüllung der Behörde nicht mehr erforderlich sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und
2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

(9) § 2 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 des Bundesarchivgesetzes ist anzuwenden.

§ 21 Anrufung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

Jedermann kann sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen des Bundes in seinen Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch Gerichte des Bundes gilt dies nur, soweit diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

Dritter Unterabschnitt. Bundesbeauftragter für den Datenschutz

 

§ 22 Wahl des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Der Deutsche Bundestag wählt auf Vorschlag der Bundesregierung den Bundesbeauftragten für den Datenschutz mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Der Bundesbeauftragte muss bei seiner Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.

(2) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Bundesminister des Innern folgenden Eid:
«Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.»
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

(3) Die Amtszeit des Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Bundesbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Er ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung.

(5) Der Bundesbeauftragte wird beim Bundesministerium des Innern eingerichtet. Er untersteht der Dienstaufsicht des Bundesministeriums des Innern. Dem Bundesbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums des Innern in einem eigenen Kapitel auszuweisen. Die Stellen sind im Einvernehmen mit dem Bundesbeauftragten zu besetzen. Die Mitarbeiter können, falls sie mit der beabsichtigten Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit ihm versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden.

(6) Ist der Bundesbeauftragte vorübergehend an der Ausübung seines Amtes verhindert, kann der Bundesminister des Innern einen Vertreter mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen. Der Bundesbeauftragte soll dazu gehört werden.

§ 23 Rechtsstellung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Das Amtsverhältnis des Bundesbeauftragten für den Datenschutz beginnt mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde. Es endet
1. mit Ablauf der Amtszeit,
2. mit der Entlassung.
Der Bundespräsident entlässt den Bundesbeauftragten, wenn dieser es verlangt oder auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn Gründe vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält der Bundesbeauftragte eine vom Bundespräsidenten vollzogene Urkunde. Eine Entlassung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. Auf Ersuchen des Bundesministers des Innern ist der Bundesbeauftragte verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.

(2) Der Bundesbeauftragte darf neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Er darf nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben.

(3) Der Bundesbeauftragte hat dem Bundesministerium des Innern Mitteilung über Geschenke zu machen, die er in Bezug auf sein Amt erhält. Das Bundesministerium des Innern entscheidet über die Verwendung der Geschenke.

(4) Der Bundesbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm in seiner Eigenschaft als Bundesbeauftragter Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Dies gilt auch für die Mitarbeiter des Bundesbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts der Bundesbeauftragte entscheidet. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Bundesbeauftragten reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Schriftstücken von ihm nicht gefordert werden.

(5) Der Bundesbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihm amtlich bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Bundesbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des Bundesministeriums des Innern weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten. Für den Bundesbeauftragten und seine Mitarbeiter gelten die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung nicht. Satz 5 findet keine Anwendung, soweit die Finanzbehörden die Kenntnis für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Steuerverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. Stellt der Bundesbeauftragte einen Datenschutzverstoß fest, ist er befugt, diesen anzuzeigen und den Betroffenen hierüber zu informieren.

(6) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde. § 28 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes bleibt unberührt.

(7) Der Bundesbeauftragte erhält vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, im Falle des Absatzes 1 Satz 6 bis zum Ende des Monats, in dem die Geschäftsführung endet, Amtsbezüge in Höhe der einem Bundesbeamten der Besoldungsgruppe B 9 zustehenden Besoldung. Das Bundesreisekostengesetz und das Bundesumzugskostengesetz sind entsprechend anzuwenden. Im Übrigen sind die §§ 13 bis 20 des Bundesministergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 1971 (BGBl. I S. 1166), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Kürzung des Amtsgehalts der Mitglieder der Bundesregierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre vom 22. Dezember 1982 (BGBl. I S. 2007), mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der zweijährigen Amtszeit in § 15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine Amtszeit von fünf Jahren tritt. Abweichend von Satz 3 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 des Bundesministergesetzes berechnet sich das Ruhegehalt des Bundesbeauftragten unter Hinzurechnung der Amtszeit als ruhegehaltsfähige Dienstzeit in entsprechender Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes, wenn dies günstiger ist und der Bundesbeauftragte sich unmittelbar vor seiner Wahl zum Bundesbeauftragten als Beamter oder Richter mindestens in dem letzten gewöhnlich vor Erreichen der Besoldungsgruppe B 9 zu durchlaufenden Amt befunden hat.(1)
(1) Gemäß Artikel 3 Nr. 2 des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3926) ist am 1. Januar 2003 § 23 Abs. 7 wie folgt geändert worden:

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: «Im Übrigen sind die §§ 13 bis 20 und 21a Abs. 5 des Bundesminstergesetzes mit den Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle der zweijährigen Amtszeit in § 15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine Amtszeit von fünf Jahren und an die Stelle der Besoldungsgruppe B 11 in § 21a Abs. 5 des Bundesministergesetzes die Besoldungsgruppe B 9 tritt.

b) In Satz 4 wird die Angabe «§§ 15 bis 17» durch die Anabe «§§ 15 bis 17 und 21a Abs. 5» ersetzt.

(8) Absatz 5 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind.

§ 24 Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert bei den öffentlichen Stellen des Bundes die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz.

(2) Die Kontrolle des Bundesbeauftragten erstreckt sich auch auf
1. von öffentlichen Stellen des Bundes erlangte personenbezogene Daten über den Inhalt und die näheren Umstände des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs, und
2. personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen.
Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses des Artikels 10 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. Personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommission nach § 9 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz unterliegen, unterliegen nicht der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten, es sei denn, die Kommission ersucht den Bundesbeauftragten, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten unterliegen auch nicht personenbezogene Daten in Akten über die Sicherheitsüberprüfung, wenn der Betroffene der Kontrolle der auf ihn bezogenen Daten im Einzelfall gegenüber dem Bundesbeauftragten widerspricht.

(3) Die Bundesgerichte unterleigen der Kotnrolle des Budnesbeauftragten nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, den Bundesbeauftragten und seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere
1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Kontrolle nach Absatz 1 stehen,
2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren.
Die in § 6 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 genannten Behörden gewähren die Unterstützung nur dem Bundesbeauftragten selbst und den von ihm schriftlich besonders Beauftragten. Satz 2 gilt für diese Behörden nicht, soweit die oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden würde.

(5) Der Bundesbeauftragte teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der öffentlichen Stelle mit. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, verbinden. § 25 bleibt unberührt.

(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind.

§ 25 Beanstandungen durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Stellt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies
1. bei der Bundesverwaltung gegenüber der zuständigen obersten Bundesbehörde,
2. beim Bundeseisenbahnvermögen gegenüber dem Präsidenten,
3. bei den aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht, gegenüber deren Vorständen,
4. bei den bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ
und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. In den Fällen von Satz 1 Nr. 4 unterrichtet der Bundesbeauftragte gleichzeitig die zuständige Aufsichtsbehörde.

(2) Der Bundesbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt.

(3) Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung des Bundesbeauftragten getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Stellen leiten der zuständigen Aufsichtsbehörde gleichzeitig eine Abschrift ihrer Stellungnahme an den Bundesbeauftragten zu.

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht. Er unterrichtet den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit über wesentliche Entwicklungen des Datenschutzes.

(2) Auf Anforderung des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung hat der Bundesbeauftragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten. Auf Ersuchen des Deutschen Bundestages, des Petitionsausschusses, des Innenausschusses oder der Bundesregierung geht der Bundesbeauftragte ferner Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschutzes bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach. Der Bundesbeauftragte kann sich jederzeit an den Deutschen Bundestag wenden.

(3) Der Bundesbeauftragte kann der Bundesregierung und den in § 12 Abs. 1 genannten Stellen des Bundes Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben und sie in Fragen des Datenschutzes beraten. Die in § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen sind durch den Bundesbeauftragten zu unterrichten, wenn die Empfehlung oder Beratung sie nicht unmittelbar betrifft.

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. § 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

Dritter Abschnitt. Datenverarbeitung nichtöffentlicher Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen

 

Erster Unterabschnitt. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

 

§ 27 Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden Anwendung, soweit personenbezogene Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden durch
1. nichtöffentliche Stellen,
2. a) öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen,
b) öffentlichen Stellen der Länder, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht ausführen und der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist.
Dies gilt nicht, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten erfolgt. In den Fällen der Nummer 2 Buchstabe a gelten an Stelle des § 38 die §§ 18, 21 und 24 bis 26.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten nicht für die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten außerhalb von nicht automatisierten Dateien, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, die offensichtlich aus einer automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind.

§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für eigene Zwecke

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig
1. wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient,
2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt oder
3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.
Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen.

(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 übermittelt oder genutzt werden.

(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist auch zulässig:
1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder
2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, oder
3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung, wenn es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe handelt, die sich auf
a) eine Angabe über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe,
b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbeziehung,
c) Namen,
d) Titel,
e) akademische Grade,
f) Anschrift und
g) Geburtsjahr
beschränken
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat, oder
4. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen, dass dieses Interesse besteht, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses gespeicherte Daten übermittelt werden sollen, die sich
1. auf strafbare Handlungen,
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie
3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse
beziehen.

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Nutzung oder Übermittlung für diese Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung über die verantwortliche Stelle sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; soweit der Ansprechende personenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten Stelle gespeichert sind, hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten kann. Widerspricht der Betroffenen bei dem Drittten, dem die Daten nach Absatz 3 übermittelt werden, der Verarbeitung oder Nutzung zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die Daten für diese Zwecke zu sperren.

(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden sind, darf diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nichtöffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 und öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erlaubt. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen.

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig, soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn
1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außer Stande ist, seine Einwilligung zu geben,
2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht hat,
3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder
4. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig, wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. Die Verarbeitung und Nutzung von Daten zu den in Satz 1 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in Satz 1 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten. Werden zu einem in Satz 1 genannten Zweck Daten über die Gesundheit von Personen durch Angehörige eines anderen als in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Berufes, dessen Ausübung die Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten oder die Herstellung oder den Vertrieb von Hilfsmitteln mit sich bringt, erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist dies nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen ein Arzt selbst hierzu befugt wäre.

(8) Für einen anderen Zweck dürfen die besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Nr. 1 bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 übermittelt oder genutzt werden. Eine Übermittlung oder Nutzung ist auch zulässig, wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Personen oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zulässig. Absatz 3 Nr. 2 gilt entsprechend.

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Übermittlung

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder Verändern personenbezogener Daten zum Zwecke der Übermittlung, insbesondere wenn dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien, dem Adresshandel oder der Markt- und Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder Veränderung hat, oder
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder Veränderung offensichtlich überwiegt.
§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist zulässig, wenn
1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat oder
b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten nach § 28 Abs. 3 Nr. 3 handelt, die für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung übermittelt werden sollen, und
2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.
§ 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a sind die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses und die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die Daten übermittelt werden.

(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Telefon-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse hat zu unterbleiben, wenn der entgegenstehende Wille des Betroffenen aus dem zu Grunde liegenden elektronischen oder gedruckten Verzeichnis oder Register ersichtlich ist. Der Empfänger der Daten hat sicherzustellen, dass Kennzeichnungen aus elektronischen oder gedruckten Verzeichnissen oder Registern bei der Übernahme in Verzeichnisse oder Register übernommen werden.

(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten Daten gilt § 28 Abs. 4 und 5.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend.

§ 30 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Übermittlung in anonymisierter Form

(1) Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig erhoben und gespeichert, um sie in anonymisierter Form zu übermitteln, sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Diese Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit dies für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung oder zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Die Veränderung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Veränderung hat, oder
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Veränderung offensichtlich überwiegt.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist.

(4) § 29 gilt nicht.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend.

§ 31 Besondere Zweckbindung

Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

§ 32 Meldepflichten

weggefallen

Zweiter Unterabschnitt. Rechte des Betroffenen

 

§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen

(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und der Identität der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der erstmaligen Übermittlung und der Art der übermittelten Daten zu benachrichtigen. Der Betroffene ist in den Fällen der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von Empfängern zu unterrichten, soweit er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,
2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,
3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen,
4. die Speicherung oder Übermittlung durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist,
5. die Speicherung oder Übermittlung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,
6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, dass das Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde,
7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist, oder
b) die Benachrichtigung die Geschäftszwecke der verantwortlichen Stelle erheblich gefährden würde, es sei denn, dass das Interesse an der Benachrichtigung die Gefährdung überwiegt, oder
8. die Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, soweit sie sich auf diejenigen Personen beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, oder
b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten handelt (§ 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b)
und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist.
Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 abgesehen wird.

§ 34 Auskunft an den Betroffenen

(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,
2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden und
3. den Zweck der Speicherung.
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene über Herkunft und Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses überwiegt. In diesem Falle ist Auskunft über Herkunft und Empfänger auch dann zu erteilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind.

(2) Der Betroffene kann von Stellen, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zwecke der Auskunftserteilung speichern, Auskunft über seine personenbezogenen Daten verlangen, auch wenn sie weder in einer automatisierten Verarbeitung noch in einer nicht automatisierten Daei gespeichert sind. Auskunft über Herkunft und Empfänger kann der Betroffene nur verlangen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses überwiegt.

(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht wegen der besonderen Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist.

(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.

(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, kann jedoch ein Entgelt verlangt werden, wenn der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch die Auskunftserteilung entstandenen direkt zurechenbaren Kosten nicht hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt werden, in denen besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder unzulässig gespeichert werden, oder in denen die Auskunft ergibt, dass die Daten zu berichtigen oder unter der Voraussetzung des § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.

(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf in geeigneter Weise hinzuweisen.

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.

(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist,
2. es sich um Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, über Gesundheit oder das Sexualleben, strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen werden kann,
3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zweckes der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder
4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung verarbeitet werden und eine Prüfung jeweils am Ende des vierten Kalenderjahres beginnend mit ihrer erstmaligen Speicherung ergibt, dass eine längerwährende Speicherung nicht erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit
1. im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind oder deren Richtigkeit bestritten wird, müssen bei der geschäftsmäßigen Datenspeicherung zum Zwecke der Übermittlung außer in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden, wenn sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen und zu Dokumentationszwecken gespeichert sind. Auf Verlangen des Betroffenen ist diesen Daten für die Dauer der Speicherung seine Gegendarstellung beizufügen. Die Daten dürfen nicht ohne diese Gegendarstellung übermittelt werden.

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben werden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und
2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

Dritter Unterabschnitt. Beauftragter für den Datenschutz, Aufsichtsbehörde

 

§ 36 Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz

weggefallen

§ 37 Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz

weggefallen

§ 38 Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, soweit diese die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten oder die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien regeln einschließlich des Rechts der Mitgliedstaaten in den Fällen des § 1 Abs. 5. Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr gespeicherten Daten nur für Zwecke der Aufsicht verarbeiten und nutzen; § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 gilt entsprechend. Insbesondere darf die Aufsichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht Daten an andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie leistet den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz fest, so ist sie befugt, die Betroffenen hierüber zu unterrichten, den Verstoß bei den für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen sowie bei schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen zu unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig, spätestens alle zwei Jahre, einen Tätigkeitsbericht. § 21 Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 bis 7 gelten entsprechend.

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der nach § 4d meldepflichtigen automatisierten Verarbeitungen mit den Angaben nach § 4e Satz 1. Das Register kann von jedem eingesehen werden. Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die Angabe der zugriffsberechtigten Personen.

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen sowie die mit deren Leitung beauftragten Personen haben der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle beauftragten Personen sind befugt, soweit es zur Erfüllung der der Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich ist, während der Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume der Stelle zu betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen. Sie können geschäftliche Unterlagen, insbesondere die Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 sowie die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitungsprogramme, einsehen. § 24 Abs. 6 gilt entsprechend. Der Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden.

(5) Zur Gewährleistung des Datenschutzes nach diesem Gesetz und anderen Vorschriften über den Datenschutz, soweit diese die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten oder die Verarbeitung personenbezogener Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien regeln, kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass im Rahmen der Anforderungen nach § 9 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter technischer oder organisatorischer Mängel getroffen werden. Bei schwerwiegenden Mängeln dieser Art, insbesondere, wenn sie mit besonderer Gefährdung des Persönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie den Einsatz einzelner Verfahren untersagen, wenn die Mängel entgegen der Anordnung nach Satz 1 und trotz der Verhängung eines Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit beseitigt werden. Sie kann die Abberufung des Beauftragten für den Datenschutz verlangen, wenn er die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen ermächtigten Stellen bestimmen die für die Kontrolle der Durchführung des Datenschutzes im Anwendungsbereich dieses Abschnittes zuständigen Aufsichtsbehörden.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die den Vorschriften dieses Abschnitts unterliegenden Gewerbebetriebe bleibt unberührt.

§ 38a Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung datenschutzrechtlicher Regelungen

(1) Berufsverbände und andere Vereinigungen, die bestimmte Gruppen von verantwortlichen Stellen vertreten, können Entwürfe für Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung von datenschutzrechtlichen Regelungen der zuständigen Aufsichtsbehörde unterbreiten.

(2) Die Aufsichtsbehörde überprüft die Vereinbarkeit der ihr unterbreiteten Entwürfe mit dem geltenden Datenschutzrecht.

Vierter Abschnitt. Sondervorschriften

 

§ 39 Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen

(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen von der verantwortlichen Stelle nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den sie sie erhalten hat. In die Übermittlung an eine nichtöffentliche Stelle muss die zur Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwilligen.

(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn die Änderung des Zwecks durch besonderes Gesetz zugelassen ist.

§ 40 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt werden.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als öffentliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten oder zu nutzen und die Vorschrift des Absatzes 3 einzuhalten.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn
1. der Betroffene eingewilligt hat oder
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 41 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Medien

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt werden.

(2) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

(3) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn
1. der Betroffene eingewilligt hat oder
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 41a Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Medien

(1) Die Länder haben in ihrer Gesetzgebung vorzusehen, dass für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten von Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken den Vorschriften der §§ 5, 9 und 38a entsprechende Regelungen einschließlich einer hierauf bezogenen Haftungsregelung entsprechend § 7 zur Anwendung kommen.

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten durch die Deutsche Welle zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen des Betroffenen, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung der Deutschen Welle in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die der Berichterstattung zu Grunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit
1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann,
2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann,
3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journalistische Aufgabe der Deutschen Welle durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde.
Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

(4) Im Übrigen gelten für die Deutsche Welle von den Vorschriften dieses Gesetzes die §§ 5, 7, 9 und 38a. An Stelle der §§ 24 bis 26 gilt § 42, auch soweit es sich um Verwaltungsangelegenheiten handelt.

§ 42 Datenschutzbeauftragter der Deutschen Welle

(1) Die Deutsche Welle bestellt einen Beauftragten für den Datenschutz, der an die Stelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz tritt. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von vier Jahren, wobei Wiederbestellungen zulässig sind. Das Amt eines Beauftragten für den Datenschutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb der Rundfunkanstalt wahrgenommen werden.

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er ist in Ausübung dieses Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Im Übrigen untersteht er der Dienst- und Rechtsaufsicht des Verwaltungsrates.

(3) Jedermann kann sich entsprechend § 21 Satz 1 an den Beauftragten für den Datenschutz wenden.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet den Organen der Deutschen Welle alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Januar 1994 einen Tätigkeitsbericht. Er erstattet darüber hinaus besondere Berichte auf Beschluss eines Organes der Deutschen Welle. Die Tätigkeitsberichte übermittelt der Beauftragte auch an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz.

(5) Weitere Regelungen entsprechend den §§ 23 bis 26 trifft die Deutsche Welle für ihren Bereich. Die § 4f und 4g bleiben unberührt.

Fünfter Abschnitt. Schlussvorschriften

 

§ 43 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,
3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann,
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt,
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet,
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt,
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt,
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält,
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, oder
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in § 40 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihunderfünfzigtausend Euro geahndet werden.

§ 44 Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörde.

Sechster Abschnitt. Übergangsvorschriften

 

§ 45 Laufende Verwendungen

Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezogener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, sind binnen drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen. Soweit Vorschriften dieses Gesetzes in Rechtsvorschriften außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG  des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr zur Anwendung gelangen, sind Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezogener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, binnen fünf Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.

§ 46 Weitergeltung von Begriffsbestimmungen

(1) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der Begriff Datei verwendet, ist Datei
1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden kann (automatisierte Datei), oder
2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (nicht automatisierte Datei).
Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, dass sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können.

(2) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der Begriff Akte verwendet, ist Akte jede amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage, die nicht dem Dateibegriff des Absatzes 1 unterfällt; dazu zählen auch Bild- und Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

(3) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der Begriff Empfänger verwendet, ist Empfänger jede Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Empfänger sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

Anlage (zu § 9 Satz 1)

Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des DAtenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischenÜbertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dasss überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogenen Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),
6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),
7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 236/1999, 20 DE DICIEMBRE Jurisprudencia Informatica de

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 236/1999, 20 DE DICIEMBRE

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 3.819/94, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Pedro Vila Rodríguez, en representación de don José Ramón Prado Bugallo, con la asistencia letrada de don Gerardo Quintana Aparicio, contra la Sentencia de 26 de junio de 1993 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en la causa 8/1992 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, y contra las dictadas el 31 de octubre de 1994 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en casación de la misma causa. En el proceso de amparo ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito presentado en este Tribunal el día 28 de noviembre de 1994, el Procurador de los Tribunales don José Pedro Vila Rodríguez interpuso, en nombre y representación de don José Ramón Prado Bugallo, el recurso de amparo del que se hace mérito en el encabezamiento y en cuya demanda se nos dice que en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional se siguió el sumario núm. 8/1992 contra el demandante y otros por distintos delitos (tráfico de drogas, contrabando, receptación, falsedad, delito monetario, etc.), que una vez concluido fue remitido a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional (rollo de Sala núm. 12/92). En la fase de apertura del juicio oral, la defensa del demandante presentó escrito de calificación y proposición de prueba, en el que solicitó, entre otras pruebas, la documental consistente en la audición de las grabaciones telefónicas (bobinas originales) ordenadas por el Juez Instructor, y la pericial a cargo de distintos peritos, entre ellos dos ingenieros de telecomunicaciones expertos en escuchas telefónicas. Por Auto de 14 de abril de 1993, la Sala declaró pertinentes las pruebas propuestas, a excepción de la audición de las conversaciones telefónicas («por no insistir en ello las partes y en atención a las dificultades técnicas que conllevan, amén de que su contenido ha sido legalizado por el Juzgado Instructor, sin que ello prejuzgue su validez») y la pericial a practicar por dos ingenieros de telecomunicaciones («dado su carácter subsidiario» de la anterior).

Celebrado el juicio oral, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional dictó Sentencia el 26 de junio de 1993, donde condenó a este acusado como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas a las penas de veinte años de reclusión menor y multa de 205.000.000 pesetas; de un delito monetario de exportación dineraria no autorizada de los arts. 6.A.1 y 7.1.1 de la Ley Orgánica 19/1983, sobre control de cambios, a la pena de multa de 4.000.000 pesetas, con diez días de arresto sustitutorio en caso de impago; y de un delito de falsedad en documento de identidad, a las penas de tres meses de arresto mayor y multa de 150.000 pesetas, con diez días de arresto sustitutorio en caso de impago, contra cuya Sentencia interpuso el condenado recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resuelto por Sentencia de 31 de octubre de 1994, en la cual se suprimió el arresto sustitutorio de las penas de multa impuestas por el delito monetario y por el de falsedad en documento de identidad.

En la demanda de amparo se invoca la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.), a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.). La infracción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), en relación con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.), se imputa, en primer término, a la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la audición de las grabaciones telefónicas originales en el acto del juicio oral, pues, a juicio del recurrente, ninguna de las razones dadas por la Sala para denegar la práctica de dicha prueba son conformes con los derechos invocados. En un primer momento, la Sala denegó la audición solicitada porque las bobinas originales no habían sido incorporadas a los autos, por las dificultades técnicas que conllevaba la audición y porque las partes no habían insistido en ello (Auto de 14 de abril de 1993). Esta respuesta, en parte incongruente porque el recurrente sí había insistido en su inicial petición, motivó que la defensa del recurrente propusiera al inicio del juicio oral la nulidad de la prueba por entender que la no incorporación de las grabaciones originales le privaba de un importantísimo medio de defensa. Posteriormente, en la Sentencia, la Sala razona que, a pesar de haberse recibido las cintas al inicio de las sesiones de la vista del juicio oral, «no se consideró oportuno la reproducción de la totalidad de las mismas, pues por su número y considerable capacidad de archivo, ello hubiera conllevado una dilación manifiesta y perjudicial de sesiones. Sin embargo, por las partes no se reiteraron, en el acto de la vista, las peticiones de reproducción magnetofónica de las grabaciones remitidas, razón por la que la lectura de la correspondiente documentación cumple la exigencia normativa sobre tal particular». Esta respuesta tampoco puede considerarse válida puesto que las partes no tuvieron conocimiento de la remisión por el Juzgado Instructor de las grabaciones telefónicas originales, razón por la cual la defensa del recurrente no reiteró en el acto de la vista su petición de audición de las mismas.

En segundo término, la lesión también se imputa a la Sentencia de casación, que desestimó el motivo del recurso en el que se planteaba la queja referida a la no audición de las grabaciones telefónicas por la «falta de formal protesta (en el juicio oral) por la denegación de la misma» porque la prueba en cuestión era «prueba nada significativa para los intereses de las partes acusadas, habida cuenta el control de cotejo de tales cintas, con su transcripción escrita bajo la fe pública judicial y la amplia prueba pericial al respecto practicada en el plenario». Tampoco estos razonamientos pueden entenderse conformes con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, pues, de una parte, la falta de protesta formal no supone aquietamiento alguno, sino acotamiento a lo resuelto por la Sala , que reiteradamente manifestó que las bobinas originales de las grabaciones telefónicas no aparecían incorporadas a los autos. De otra parte, considerar como «nada significativa» la prueba de audición en el acto de la vista oral supone desconocer los principios de publicidad, concentración, inmediación, contradicción e igualdad de defensa.

Por otra parte, la infracción del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) se basa en que en el trámite de calificación provisional propuso la prueba pericial consistente en el informe de dos peritos, designados por la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones como expertos en escuchas telefónicas. La proposición de esta pericia tenía un sentido absolutamente lógico, pues según lo dictaminado por los peritos de la Policía (folio 11.368 del sumario 13/90, del que se desglosó luego el sumario 8/92) las grabaciones telefónicas eran de muy baja calidad, pero que, no obstante, podía intentarse el trabajo pericial respecto de algunos implicados, entre los que no se encontraba el recurrente, lo que significaba que las grabaciones de su voz pertenecían al grupo de las de baja o muy baja calidad. A pesar de ello, unos meses después se emitió dictamen pericial policial donde se dice que existe un alto índice de probabilidad de que la voz estudiada sea la del recurrente, y posteriormente, por el perito Dr. Blanco Carril, nombrado por el Juez Instructor, sin intervención de las partes, se emitió otro dictamen en el mismo sentido. Por todo ello, el recurrente, en aras del derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, tenía la obligación de designar otros peritos dadas las fundadas dudas sobre el valor de las anteriores pericias que se le presentaban.

Tampoco la respuesta del Tribunal Supremo en la Sentencia de casación puede considerarse respetuosa con el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, puesto que rechazó el motivo del recurso por la falta de protesta formal frente a la denegación de la prueba, cuando la petición de nulidad hecha en el inicio del juicio oral tiene, como mínimo, el mismo valor que la protesta formal y viene a denunciar una privación de un derecho fundamental. Por otra parte, el Tribunal Supremo también razona que los peritos, conforme al párrafo 2º del art. 656 L.E.Crim., deben ser designados nominativamente, cuando lo cierto es que, como puede comprobarse con la lectura del escrito de proposición de prueba, la forma de proponer los peritos cumple todos los requisitos.

Finalmente, la infracción del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) tiene como fundamento, en primer término, que ni una sola de las intervenciones telefónicas se sometió a contradicción en el acto del juicio oral, bajo los principios de contradicción y de defensa, porque las cintas magnetofónicas no fueron oídas en el plenario por las razones antes expuestas. Tampoco se llevó a cabo la ratificación en el juicio oral por los funcionarios policiales que practicaron las escuchas, grabaciones y transcripciones telefónicas, sin que pueda justificarse, como hace el Tribunal Supremo en la Sentencia de casación, la falta de ratificación en el hecho de que en el escrito de conclusiones provisionales no se solicitó tal prueba, puesto que, por imperativo del principio acusatorio y del derecho a la presunción de inocencia, era el Ministerio Fiscal el obligado a pedir tal declaración. En segundo término señala que en la Sentencia de instancia se reconoce expresamente que en las diligencias de cotejo de las cintas magnetofónicas no hay constancia de una serie de datos objetivos del material remitido, tales como si se trata de bobinas originales o copias, los números de teléfono y su radicación, fechas y demás datos que faciliten la identificación del material. Por último, denuncia que las intervenciones telefónicas acordadas por el Juez Instructor han de considerarse como ilícitas, por carecer de la exigible motivación, sin que sea posible admitir como válida la «motivación implícita» ni tampoco justificar a posteriori la proporcionalidad de las intervenciones, como parece entender en el presente caso el Tribunal Supremo. En atención a lo expuesto, el demandante solicitó el otorgamiento del amparo y la declaración de nulidad de las Sentencias recurridas. Por otrosí solicitó la suspensión de la ejecución de la condena durante la tramitación del recurso de amparo con base en el art. 56 LOTC.

2. La Sección Primera, por providencia de 30 de enero de 1995, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo diez días para formular alegaciones en relación con la concurrencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC, por la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda. Posteriormente, una vez presentados los escritos de alegaciones, en los que la representación del recurrente y el Fiscal solicitarón la admisión y la inadmisión de la demanda, respectivamete, la Sección Cuarta–a quien le correspondió el conocimiento de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Acuerdo del Pleno del Tribunal de 25 de abril de 1995–, por providencia de 29 de mayo de 1995, acordó admitir a trámite la demanda. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional interesando la remisión de las actuaciones correspondientes al rollo núm. 12/92, dimanantes del sumario 8/92 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, y el emplazamiento a quienes hubieren sido parte, a excepción del recurrente, en el proceso judicial para que pudiesen comparecer en el presente proceso constitucional.

3. Por escrito presentado el 23 de junio de 1995, la Procuradora de los Tribunales doña Yolanda García Hernández solicitó su personación en nombre y representación de doña Isabel Osorio Ramírez. La Sección, por providencia de 28 de septiembre de 1995, acordó no tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Yolanda García Hernández, en nombre y representación de doña Isabel Cristina Osorio Ramírez, por ostentar la misma situación procesal que el recurrente en amparo y haber transcurrido el plazo que la Ley Orgánica del Tribunal establece para recurrir. Asimismo, acordó dar vista de las actuaciones recibidas en el recurso de amparo núm. 3.775/94 a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimaren oportunas.

4. El Ministerio Fiscal, por escrito presentado el 31 de octubre de 1995, manifestó que en las actuaciones remitidas constaban sólo las procedentes del Tribunal Supremo, faltando las diligencias sumariales y las correspondientes al rollo de Sala de la Audiencia Nacional, por lo que solicitó, al amparo del art. 88.1 LOTC, recabar la documentación referida antes de evacuar el trámite de alegaciones.

5. La Sección, por providencia de 18 de enero de 1996, en atención a la extensión de las actuaciones en relación con el tiempo que se tardaría en obtener su testimonio y a la dilación en la resolución del presente proceso que ello supondría, así como, en el caso de que fuesen remitidas las actuaciones originales, a lo gravoso de su transporte y de la ubicación en local adecuado en la sede del Tribunal, acordó conceder un nuevo plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para efectuar las alegaciones, con la posibilidad de examinar las actuaciones en el lugar de su ubicación en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

6. El demandante, en escrito presentado el 13 de febrero de 1996, alegó, en primer término, que tal y como se deduce de distintos razonamientos de la Sentencia de instancia, no hay en las actuaciones prueba alguna independiente de las intervenciones telefónicas para considerar enervado el principio de presunción de inocencia y poder dictar sentencia condenatoria. En segundo término, en relación con las violaciones constitucionales planteadas, reiteró las alegaciones esgrimidas en el escrito de demanda y solicitó la estimación del amparo solicitado.

7. El Ministerio Fiscal, en su escrito de alegaciones, presentado el 28 de febrero de 1996, interesó la denegación del amparo, por no resultar del proceso la lesión de los derechos fundamentales que sirven de apoyo a la demanda. En efecto, luego de exponer los hechos de los que trae causa el recurso y la doctrina acerca de la validez probatoria de las intervenciones telefónicas, la exigencia de que la intervención esté sometida a los principios de legalidad, proporcionalidad y autorización judicial específica y razonada, y la necesidad de su reproducción en el acto del juicio oral, el Fiscal razonó la desestimación del recurso. En primer lugar aduce que el primer Auto de efectiva operatividad de intervenciones telefónicas fue dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 el 23 de noviembre de 1990 (folio 285), resolución ésta debidamente motivada y que se adopta a la vista de las actuaciones judiciales seguidas en el mismo Juzgado en otro procedimiento sumarial ya en marcha (sumario 13/90, seguido contra José Ramón Prado Bugallo, por posible delito de tráfico de drogas). Con posterioridad, se adoptan otras intervenciones relativas a personas concretas, sobre números telefónicos bien determinados, por plazo cierto (generalmente de un mes), que son objeto de prórroga en su caso, siempre mediante Auto, y para la específica investigación judicial de delitos de narcotráfico, concretadas en diversas resoluciones judiciales de intervención que obran a los folios 296, 299, 542, 545, 580, 583, 586, 587, 611, 629, 712, 715 y 724 del sumario 8/92. En todos los casos se procedió a la contrastación por el Secretario judicial de las cintas recibidas con sus respectivas transcripciones, que obran en los folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del mencionado sumario. Las exigencias de los principios de legalidad y proporcionalidad no presentan –a juicio del Fiscal– mayores dificultades, a la vista la gravedad de los delitos imputados, la complejidad de la organización delictiva, que exigía como único medio posible de investigación la intervención telefónica de diversos números, la fijación de plazos taxativos y su prórroga, acordada siempre de conformidad con las garantías constitucionales.

En cuanto al control judicial, todas las transcripciones se encuentran adveradas por el Secretario judicial y el hecho de que algunas conversaciones se produjeron en griego, francés, catalán y gallego y no conste la intervención de intérprete para su transcripción carece de relevancia como razona el Tribunal Supremo en la Sentencia de casación. Primero, porque las conversaciones en griego no aparecen transcritas de ninguna forma y no fueron objeto de valoración judicial. Segundo, porque, en los demás casos, «tratándose de lenguas romances o neolatinas, nada ha impedido al fedatario que haya podido contrastar lo oído con lo transcrito en castellano, pues en el sentido coloquial y no estrictamente literario son entendidas por muchos españoles». En cualquier caso, se trata de un problema de fe pública judicial, que es ajena a la competencia del Tribunal Constitucional. Por lo que se refiere a la queja de que las transcripciones no recogen la totalidad de las cintas grabadas, aparte de que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo exige la síntesis de lo grabado, lo cierto es que la Sentencia de casación aclara que todas las conversaciones telefónicas fueron transcritas, salvo en tres supuestos: las que no llegaron a intervenirse por cuestiones técnicas, las que carecían de interés y aquellos otros casos en que no ha existido propiamente conversación.

Las cintas, cassettes y demás pruebas de convicción se recibieron en la Sala al inicio de las sesiones del juicio oral, con lo que pudieron ser objeto de contradicción, y en el juicio oral depusieron diversos peritos, que afirmaron la validez de las cintas y su autenticidad. Aunque consta tan solo que parte de las cintas obrantes en el momento del juicio eran las originales, de lo que puede deducirse que el resto eran copias, no puede perderse de vista la finalidad del control judicial de la bobinas originales, que es la de evitar su manipulación, trucaje y distorsión (STC 190/1992). La existencia de dictámenes periciales que adveran la falta de manipulación de las cintas y la autenticidad de las voces de los intervinientes en las conversaciones cubre el necesario control judicial. En cualquier caso, nada se alega respecto de qué tipo de consecuencias negativas para el solicitante de amparo podría tener el hecho de que las cintas no sean las originales, pues ni se denuncia la falta de garantías que pudiera tener tal omisión ni se aduce aspecto concreto alguno del que pueda deducirse algún atisbo de indefensión para el recurrente.

La falta de audición en el juicio oral de las cintas que contenían las grabaciones telefónicas no supone lesión del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ni tampoco afecta al valor probatorio de las transcripciones. En primer término, las razones dadas por la Audiencia Nacional para denegar la práctica de tal prueba –porque la vista oral se hubiera visto dilatada innecesariamente y porque ya existían transcripciones de las cintas cuya lectura en el juicio oral eran factible– resultan más que suficientes para justificar la denegación. En segundo término, contra la resolución que denegó la práctica de la prueba, el recurrente no formuló protesta alguna para preparar, en su caso, el recurso de casación (art. 659.4 L.E.Crim.), lo que motivó que el Tribunal Supremo inadmitiera el motivo de casación en el que se planteó esta concreta queja. Concurre, por tanto, la causa de inadmisibilidad consistente en la falta de agotamiento de los recursos en la vía judicial. Por último, hay que tener en cuenta que en el juicio oral se dio lectura a los folios que contenían las transcripciones de las cintas, en su parte sustancial, con la consiguiente contradicción, y que la audición de las cintas en el acto del juicio oral no forma parte de los requisito exigibles para la validez de la prueba (STC 128/1988) y puede ser perfectamente sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las transcripciones.

Finalmente, tampoco la denegación por la Audiencia Nacional de la prueba pericial consistente en la declaración de dos peritos expertos en escuchas telefónicas supone la lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Como razona el Tribunal Supremo, aparte de la falta de requisitos formales (protesta formal, preguntas a los peritos, relevancia, etc.), la no producción de indefensión se deriva del testimonio prestado en el juicio oral por los peritos del Servicio Central de policía científica que ratificaron sus anteriores informes sumariales, así como del perito Dr. Ramón Blanco Carril, que, además de ratificar su informe anterior, declaró que no tenía la menor duda sobre la autenticidad de las voces (págs. 44 y 45 del acta del juicio oral). El requisito de relevancia de la prueba pretendida no aparece dada la coincidencia de objeto entre aquélla y la practicada, ni tampoco la aducida indefensión que únicamente se derivaría de una imposibilidad de rebatir o cuestionar la propuesta y practicada, lo que no ocurrió en el presente caso. En otro orden de cosas, el Fiscal sugirió, mediante otrosí, la posibilidad de hacer uso de la facultad prevista en el art. 84 LOTC y comunicar al recurrente la eventual quiebra del art. 25.1 C.E. en relación con el delito de exportación ilegal de moneda.

8. La Sección, por providencia de 7 de marzo de 1996, acordó, en aplicación del art. 84 LOTC, oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de diez días, alegasen sobre la eventual quiebra del art. 25.1 C.E. en relación con el delito de exportación ilegal de moneda y sobre la incidencia que en la resolución del recurso de amparo pudiesen tener las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1995 (Bordesa y otros) y 14 de diciembre de 1995 (Sanz de Lara y otros).

9. El demandante, en escrito presentado el 20 de marzo de 1996, alegó que, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las Sentencias de 23 de febrero y 14 de diciembre de 1995, en el sentido de que apartado 1 del art. 73 B y la letra b) del apartado 1 del art. 73 D del Tratado de la Comunidad Europea se oponen a una normativa nacional que supedita, de modo general, a un autorización previa la salida del territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, y que las citadas disposiciones del Tratado pueden invocarse ante el órgano jurisdiccional nacional y dar lugar a la inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias a dichas disposiciones, las Sentencias recurridas vulneran el principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.) al penalizar conductas despenalizadas por normas comunitarias de obligado cumplimiento.

10. El Ministerio Fiscal, en escrito presentado el 25 de marzo de 1995, alegó que el recurrente de amparo ha sido condenado por delito monetario de exportación ilegal de billetes de banco, previsto en el art. 6.A.1 de la Ley Orgánica 10/1983, pero que el requisito de la autorización previa ha sido eliminado por mor de la normativa comunitaria, según interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las Sentencias de 25 de febrero y 14 de diciembre de 1995, a la aplicación de la Directiva 88/361. En consecuencia, las previsiones del art. 6.A de la Ley Orgánica 10/1983, en cuanto tipifican como delictiva la exportación de capitales sin autorización previa, han quedado sin contenido y las consecuencias de la falta de la necesaria declaración previa no pueden extenderse al ámbito penal, sino en todo caso al administrativo sancionador, razón por la cual procede la estimación del amparo por este concreto motivo, con la anulación de las Sentencias que condenan al recurrente como autor de un delito monetario de exportación ilegal de billetes de banco.

11. Con fecha 14 de mayo de 1996, el Magistrado Ponente dirigió escrito al Presidente de la Sala donde solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se le tuviera por apartado del conocimiento de este recurso de amparo, escrito que se elevó al Presidente de este Tribunal quien, el 11 de junio de 1996, comunicó al de la Sala que el Pleno, después de oído el parecer unánime de los Magistrados componentes del Pleno, había acordado no dar lugar a la abstención. Por providencia de 22 de julio de 1996, la Sección acordó incorporar testimonio de la anterior comunicación al procedimiento y notificarla a las partes.

12. Por Auto de 3 de julio de 1995, dictado en la pieza separada de suspensión, la Sala acordó denegar la suspensión solicitada. Posteriormente, por Auto de 5 de mayo de 1997, denegó igualmente la nueva petición de suspensión que había interesado el recurrente.

13. El 5 de noviembre de 1999 se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que se indicara si había sido solicitada la revisión de las Sentencias, objeto del presente recurso de amparo, con posterioridad a las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 23 de febrero y 14 de diciembre de 1995, que interpretan la aplicación que debe realizarse de la Directiva comunitaria 88/361, respecto a la condena del recurrente como autor de un delito monetario de exportación dineraria.

El Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 24 de noviembre de 1999, remitió testimonio del Auto del día anterior por el que se revisa la Sentencia en lo relativo a la condena del recurrente que se contiene en el apartado 11 del fallo, que se deja sin efecto por despenalización de la conducta penada. Una vez incorporado dicho testimonio a las actuaciones, fue concedido a las partes un plazo de cinco días para que formularan las alegaciones que tuvieran por convenientes.

14. Por escrito presentado en este Tribunal el día 10 de diciembre de 1999, el Procurador de los Tribunales don Jose Pedro Vila Rodríguez, puso de manifiesto las alegaciones que formuló en nombre de su representado, don José Ramón Prado Bugallo, en el trámite coferido sobre la posible pérdida de objeto del presente recurso, que fue incorporado a las actuaciones.

15. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este Tribunal el 17 de diciembre de 1999, presentó sus alegaciones en el mismo trámite manifestando que, a la vista del Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 23 de noviembre de 1999, se desprende la carencia de objeto del presente recurso en lo que se refiere a la solicitud de amparo fundada en la vulneración del derecho fundamental contenido en el art. 25.1 C.E.. Por ello, considera el Fiscal que deberá dictarse Sentencia en relación con los demás motivos de la solicitud de amparo y declarar concluido el proceso respecto del anterior.

16. Por providencia de 16 de diciembre de 1999, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 20 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso se interpone contra dos Sentencias, una dictada el 26 de junio de 1993 por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en causa instruida por el Juez Central núm. 5 y otra, pronunciada el 31 de octubre de 1994 en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, condenando al demandante como autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), otro de exportación dineraria no autorizada, y un tercero de falsedad en documento de identidad. En la demanda se alega la vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), a obtener la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 C.E.) y a que sea respetado el principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.). El objeto del proceso, así inicialmente perfilado, ha visto posteriormente reducido su perímetro por iniciativa de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Auto de 23 de noviembre de 1999 cuya parte dispositiva acuerda «revisar la sentencia dictada en la presente causa del condenado José Ramón Prado Bugallo en lo relativo a la condena que se contiene en el apartado 11 del fallo, que se deja sin efecto por despenalización de la conducta penada, y alzar cuantas medidas cautelares tengan por objeto en la ejecutoria garantizar el cumplimiento de dicha condena», por aplicacion directa de las Sentencias que, en sendas cuestiones prejudiciales promovidas por el Juez Central de lo Penal, dictó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 23 de febrero y el 14 de diciembre de 1995, en cuya virtud los hechos determinantes de la condena no podían considerarse constitutivos de delito. Y puesto tal Auto de manifiesto a las partes, tanto el demandante como el Fiscal han coincidido en que una de las pretensiones soporte del amparo ha sido satisfecha fuera de este proceso constitucional, en la vía judicial de origen. Siendo esto así por dicha circunstancia sobrevenida, no hay duda de que la queja sobre la vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.) ha perdido su razón de ser y ha incurrido en causa de inadmisibilidad, ya que no reviste tampoco interés general que aconseje lo contrario.

2. En la opinión del demandante, y este es el núcleo esencial de la pretensión de amparo, su condena se ha basado en las intervenciones telefónicas realizadas en la fase de instrucción sumarial, que carecen de toda eficacia probatoria, primero por el defectuoso control judicial de las grabaciones realizadas por la policía, y, segundo, porque aquéllas no fueron debidamente reproducidas en el juicio oral, no habiendo sido oídas las cintas, a pesar de haberse solicitado expresamente, ni tampoco leídas las transcripciones de su contenido para permitir la contradicción. De ello deriva la lesión de los derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), a la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 C.E.).

Ahora bien, antes de entrar en materia conviene analizar la existencia, o no, de las invocadas infracciones constitucionales, a cuyo efecto resulta necesario hacer algunas observaciones para restringir aún más la pretensión de amparo. En primer lugar, el demandante sólo cuestiona indirectamente la legitimidad de las decisiones judiciales donde se autorizaron las distintas intervenciones telefónicas, pues se limita a denunciar que han de considerarse ilícitas por carecer de motivación suficiente, sin que sea posible –dice– admitir como válida una motivación implícita ni justificar a posteriori la proporcionalidad de las intervenciones. Desde otra perspectiva las quejas se extienden también a la forma en que el resultado de las intervenciones telefónicas se incorporó a las actuaciones judiciales, alegándose al respecto, por una parte, que las grabaciones y transcripciones de las mismas se hicieron sin el debido control judicial, y, por otra, que unas y otras no fueron oídas o leídas en el juicio oral.

En otro orden de cosas, se añade que la falta de audición de las cintas originales así como la denegación de la prueba pericial propuesta, infringen el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Se aduce a tal respecto que tal audición fue solicitada en el escrito de calificación provisional y el no haberse practicado sólo puede ser imputable a la Audiencia Nacional, que en principio señaló la imposibilidad de llevarla a efecto porque las grabaciones originales no habían sido incorporadas a las actuaciones (Auto de 15 de abril de 1993) sin que posteriormente, una vez recibidas comenzado el juicio oral, nada se comunicara a las partes. Por esta misma razón, carecen de sentido las razones dadas por el Tribunal Supremo para rechazar los motivos del recurso de casación donde se denunció esa falta de audición –no haber formulado protesta formal — puesto que en ningún momento se tuvo conocimiento de la recepción durante las sesiones del juicio. Por otra parte, la prueba pericial propuesta tenía un sentido absolutamente lógico y su denegación impidió la designación de otros peritos para valorar las anteriores periciales realizadas.

3. Delimitado así el objeto del recurso, es preciso comenzar el análisis por la alegada infracción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 C.E.). En relación con las intervenciones telefónicas existe un cuerpo de doctrina de este Tribunal (comprendido, entre otras, en las SSTC 85/1994, 86/1995, 181/1995, 49/1996, 123/1997 y sobre todo la 44/1999) que, en sintonía con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, predica el riguroso cumplimiento de una serie de exigencias constitucionalmente inexcusables que afectan al núcleo esencial de aquel derecho fundamental, como son la previsión legal, la autorización judicial previa y motivada, la estricta observancia del principio de proporcionalidad y la existencia de un control judicial efectivo en el desarrollo y cese de la medida.

Pues bien, la motivación de cada autorización judicial, tanto si ordena la intervención como si, en su caso, acuerda su prórroga, debe mencionar expresamente como fundamento los hechos investigados y las razones de hecho y jurídicas que apoyan la necesidad de hacerla, así como determinar con precisión su objeto (especialmente, la línea o líneas telefónicas intervenidas, las personas cuyas conversaciones han de ser interceptadas, la duración de la medida y quién y cómo ha de llevarse a cabo). A su vez, el principio de proporcionalidad exige una relativa gravedad de la infracción perseguida o relevancia social del bien jurídico protegido, pero también la ponderación de los intereses en juego para determinar si a la vista de las circunstancias concurrentes debe prevalecer el derecho constitucionalmente protegido. Por otra parte, el control judicial efectivo en el desarrollo y cese de la medida, indispensable para la corrección de la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, exige que el Juez que autorice la intervención conozca los resultados obtenidos con la misma, para lo cual deberá precisar los periodos en que haya de dársele cuenta para controlar su ejecución.

En el presente caso, el examen de las actuaciones –folios 285, 296, 299, 542, 545, 580, 583, 586, 587, 611, 629, 712, 715 y 724 del sumario núm. 8/92– pone de manifiesto, como señala el Ministerio Fiscal, que las intervenciones telefónicas respetaron las exigencias. En efecto, por cuanto respecta a la legitimidad de las intervenciones telefónicas, y desde el propio planteamiento del demandante, hemos de recordar, ante todo, que en reiteradas ocasiones hemos admitido la posibilidad de motivar por referencia y de remitir la efectiva ponderación de la proporcionalidad de la medida a un momento posterior. Sentado ésto, cabe destacar que la primera de las intervenciones telefónicas, acordada por el Juez Central de Instrucción núm. 5 en el Auto de 23 de noviembre de 1990, no carece de motivación sino que se adoptó a la vista de las actuaciones practicadas por el mismo Juez en otro sumario ya en marcha (el núm. 13/90, seguido también contra el hoy demandante por un eventual delito de tráfico de drogas), donde se reabrió otro procedimiento penal archivado a la sazón (las diligencias previas núm. 209/90) y se autorizó la intervención de distintos teléfonos, con indicación tanto de los números como de sus titulares, por considerar que tal medida podía proporcionar datos valiosos para la investigación de la trama de una organización dedicada al narcotráfico y la posible llegada de un importante alijo de cocaína. Las posteriores intervenciones telefónicas, a su vez, fueron ordenadas por el Instructor siempre para personas individualizadas y líneas telefónicas concretas, por plazo cierto (un mes generalmente) en una investigación judicial de narcotráfico.

En todos los Autos de autorización se indica la obligación de la policía de aportar, cada quince días y siempre que se solicite cualquier prórroga, la transcripción y las cintas originales para su comprobación por el Secretario Judicial antes de los últimos siete días. En este sentido, en las actuaciones constan, igualmente, no sólo las correspondientes diligencias de recepción de las cintas conteniendo las grabaciones sino las de cotejo por el fedatario procesal de las cintas grabadas y sus transcripciones (folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del sumario núm. 8/92). A su vez, en los Autos de prórroga de las intervenciones telefónicas se justifica la necesidad de la prórroga, en concreto por la complejidad de los hechos investigados, y para las mismas se adoptaron idénticas condiciones de control en cuanto a la aportación de las grabaciones y sus transcripciones para su posterior contrastación por el Secretario Judicial.

4. Por lo expuesto, y de conformidad con la doctrina constitucional antes citada, cabe concluir que en el presente caso no se aprecia lesión alguna del art. 18.3 C.E. desde la perspectiva, en el caso analizado, de la investigación de un delito que nuestra legislación considera grave. Así, las intervenciones telefónicas respetaron las exigencias de autorización judicial, legalidad y proporcionalidad, porque, en primer lugar, las resoluciones judiciales con incidencia sobre el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas expresaron de modo suficiente la concurrencia de los presupuestos habilitantes de la intervención o de su prórroga, y, en segundo lugar, el Juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad e imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público (juicio de proporcionalidad).

Por otra parte, la práctica totalidad de las irregularidades denunciadas, como antes se dijo, se refieren a la forma en que el resultado de las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juez Instructor se incorporaron, primero al sumario y después al juicio oral, y son ajenas al contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones. Como tiene declarado este Tribunal, no pueden confundirse, en este sentido, los defectos producidos en la ejecución de una medida limitativa de derechos y aquellos otros que acaezcan al documentar o incorporar a las actuaciones el resultado de dicha medida limitativa, ni cabe pretender que uno y otros produzcan las mismas consecuencias En concreto, no puede existir lesión del art. 18.3 C.E., cuando, como ocurre en el presente caso, las irregularidades denunciadas, por ausencia o insuficiencia del control judicial, no se refieren a la ejecución del acto limitativo sino a la forma de incorporar su resultado al proceso (por todas, SSTC 121/1998 y 151/1998).

5. Excluida la vulneración del art. 18.3 C.E., nuestro estudio ha de limitarse a examinar las demás infracciones constitucionales que el recurrente relaciona con las intervenciones telefónicas, en concreto las referidas a la supuesta infracción de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y a un proceso con todas las garantías. Al respecto, en la demanda se alega, de forma confusa y poco precisa, que la condena del recurrente se ha basado únicamente en las grabaciones telefónicas a pesar de que no existió control judicial en su recepción y que las mismas no fueron reproducidas en el juicio oral, no obstante haberse solicitado expresamente su audición.

De la lectura de las Sentencias recurridas y del examen de las actuaciones judiciales remitidas, se comprueba que ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas pueden servir como fundamento de la pretensión de amparo. Efectivamente, en las actuaciones constan las correspondientes diligencias de recepción de las grabaciones así como las diligencias de cotejo por el Secretario Judicial de las cintas y sus transcripciones (folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del sumario núm. 8/92). En tal aspecto, como se afirma en la Sentencia de casación, todas ellas aparecen transcritas a excepción de los supuestos, especificados, en los que no se hizo la grabación, por no existir conversación en sentido propio o cuando lo grabado carecía de interés para la investigación (fundamento jurídico 12). Por consiguiente, la transcripción mecanográfica de las comunicaciones intervenidas que accedió al juicio oral como medio de prueba ha gozado de la fiabilidad que proporciona haber sido practicada, cotejada y autentificada por medio de dicha intervención judicial.

Por otra parte ninguna relevancia tiene, en cuanto a la eficacia probatoria de las grabaciones telefónicas, el hecho de que las bobinas y cintas no fueran reproducidas en el juicio oral. En efecto, la audición de las cintas no es requisito imprescindible para su validez como prueba (por todas, STC 128/1988) y puede ser sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las transcripciones. Esto fue lo que justamente ocurrió en el presente caso, pues, según se afirma expresamente en la Sentencia de instancia, las transcripciones de las grabaciones telefónicas referidas a los procesados valoradas como pruebas «fueron leídas y sometidas a contradicción en la vista del juicio oral» (fundamento jurídico 3º). A la vista de cómo se llevó a efecto la selección y transcripción de las conversaciones intervenidas que accedieron al juicio oral, se aprecia que fueron cumplidas las garantías precisas de control judicial, contradicción y respeto al derecho de defensa. En consecuencia, la valoración y apreciación como prueba de las grabaciones telefónicas no ha supuesto violación alguna del derecho a un proceso con todas las garantías, por tratarse de pruebas lícitas, ni la condena basada, entre otras pruebas, en dichas grabaciones infringe el derecho a la presunción constitucional de inocencia.

Por último, de la falta de audición de las grabaciones y de la denegación de la prueba pericial propuesta tampoco es posible derivar indefensión para el recurrente ni infracción de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Es preciso advertir, al respecto, en primer término, que contra la decisión de la Audiencia Nacional (Auto de 14 de abril de 1993) que denegó tales pruebas, propuestas por la defensa en su escrito de calificación provisional, el recurrente no formuló la oportuna protesta para luego recurrir en casación, tal y como exige expresamente el art. 659 L.E.Crim., siendo ésta una de las razones por las que el Tribunal Supremo rechazó el motivo de casación en el que el recurrente denunció la inadmisión de las pruebas. En segundo término, la prueba de audición de las cintas fue considerada por la Audiencia, primero innecesaria, al constar su contenido transcrito y legalizado por el Juzgado (Auto de 14 de abril de 1993), y después inoportuna, porque «su número y considerable capacidad de archivo, ello hubiera llevado una dilación manifiesta y perjudicial de las sesiones, circunstancia verdaderamente impeditiva de una celebración normal» (fundamento jurídico 3º de la Sentencia de instancia). Lo mismo ocurrió respecto de la prueba pericial, que fue rechazada por su carácter subisdiario de la anterior (Auto de 14 de abril de 1993 de la Audiencia Nacional) y por tratarse de una prueba no pertinente al no existir discrepancia alguna sustancial entre los dictámenes periciales (fundamento jurídico 15 de la Sentencia de casación).

Es de aplicación, por ello, la reiterada doctrina de este Tribunal de que el derecho a utilizar los medios de prueba no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas (entre otras, SSTC 40/1986, 170/1987, 167/1988, 168/1991, 211/1991, 233/1992, 351/1993, y 131/1995), y que sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas relevantes sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad carente de razón (SSTC 149/1987, 233/1992, 351/1993, y 131/1995). Por último, la queja del recurrente aparece como puramente formal, pues aparte de que nada se dice en la demanda sobre la posible incidencia en el proceso de la audición de las grabaciones, ni se discute o pone en entredicho el contenido de las transcripciones adveradas por el Secretario Judicial, lo cierto es que no se aprecia menoscabo alguno del derecho de defensa ni indefensión material para el recurrente porque, como razona el Tribunal Supremo, la audición de las cintas «hubiera significado simplemente una nueva repetición de la lectura» (fundamento jurídico 14).

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1º Declarar que la pretensión de amparo con fundamento en la vulneración del derecho al principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.) ha perdido su objeto.

2º Desestimar en todo lo demás el recurso de amparo interpuesto por don José Ramón Prado Bugallo.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado»

Dada en Madrid, a veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

01Ene/14

Decreto 160/2004, de 5 de febrero de 2004. Legislacion Informatica de

Decreto 160/2004, de 5 de febrero de 2004

Desígnanse a los integrantes de la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital creada por la Ley Nº 25.506.

VISTO la Ley Nº 25.506, el Decreto Nº 2628 del 19 de diciembre de 2002, el Decreto Nº 624 del 21 de agosto de 2003, y el Decreto Nº 1028 del 6 de noviembre de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.506 se creó la COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL, se estableció su integración y definieron sus funciones.

Que por el Decreto Nº 2628/02 se estableció que dicha Comisión Asesora funcionará en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, así como los requisitos que deben reunir sus integrantes y el carácter ad honorem que tiene el ejercicio de dichas funciones.

Que en el Decreto Nº 1028/03 se determinó que la COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL actuará en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario designar a sus integrantes, para asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a la citada Comisión.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7, de la CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 35 de la Ley Nº 25.506 y lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º. Desígnase a los integrantes de la COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL creada por la Ley Nº 25.506, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Artículo 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

KIRCHNER.

Alberto A. Fernández.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

Apellidos
Nombres
Documento

ALTMARK
Daniel Ricardo
LE 4.527.543

AQUERRETA
Juan Carlos
DNI 10.134.048

BRUSA
Graciela María
DNI 12.545.190

CARRATALA EGEA
Armando Oscar
DNI 18.518.600

JENSEN
Cristian Alcídes
DNI 8.370.794

SAENZ
Carlos Agustín
DNI 17.759.675

VASSALLO
Guido Mario Adolfo Héctor
LE 4.374.480

01Ene/14

Recomendación de la Comisión, de 20 de marzo de 2003, Legislacion Informatica de

Recomendación de la Comisión, de 20 de marzo de 2003, relativa a la armonización del suministro de acceso publico R-LAN a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de la Comunidad. (DOCE L 78/12 de 25 de marzo de 2003).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva marco) (1), en adelante, «la Directiva marco», y, en particular, su artículo 19.

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo celebrado en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002 abogó por fomentar múltiples plataformas de banda ancha de acceso a la sociedad de la información e hizo hincapié en la necesidad de completar el mercado interior de los servicios de comunicaciones
electrónicas.

(2) El Comité de Comunicaciones emitió su dictamen favorable el 24 de enero de 2003, con arreglo al apartado 1 del artículo 19 de la Directiva marco.

(3) Conviene utilizar el sistema de autorización menos oneroso para permitir la prestación de servicios y redes de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el apartado 2 de artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (2), en adelante, «la Directiva autorización», el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, sin perjuicio de las obligaciones específicas recogidas en el
apartado 2 del artículo 6 o de los derechos de uso recogidos en el artículo 5, puede someterse solo a una autorización general

(4) De conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva autorización, cuando resulte posible y, en particular, cuando el riesgo de interferencia perjudicial sea insignificante, se requiere a los Estados miembros no someter el uso de las radiofrecuencias a la concesión de derechos individuales de uso; por otra parte, con arreglo al apartado 1 del artículo 2 y al artículo 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión (3), los Estados miembros no deben adoptar ni mantener medidas limitativas del número de empresas autorizadas para prestar servicios o utilizar las radiofrecuencias que no sean objetivas, proporcionales y no discriminatorias.

(5) De conformidad con los objetivos y los principios regulatorios definidos en el artículo 8 de la Directiva marco, las autoridades nacionales de reglamentación deben adoptar todas las medidas razonables para fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, fomentando la
innovación y estimulando el uso eficiente, y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias; asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben suprimir los obstáculos que se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos y servicios asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo.

(6) Las redes radioeléctricas de área local (R-LAN) son un medio innovador de suministro de acceso inalámbrico de banda ancha a Internet y a las redes intranet de las empresas no sólo para usos privados sino también para el público en general en zonas como aeropuertos, estaciones de ferrocarril y centros comerciales.

(7) La mayoría de los Estados miembros permiten ya el acceso público R-LAN a las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas sobre una base comercial o no comercial; considerando la importancia para los servicios de la sociedad de la información de las R-LAN como plataforma alternativa de acceso de banda ancha, conviene promover un enfoque armonizado para el
suministro de dicho acceso público R-LAN en la Comunidad; debe distinguirse entre el suministro de servicios y el uso del espectro radioeléctrico; el suministro de acceso R-LAN a las redes y servicios públicos de comunicaciones electrónicas con carácter comercial debe autorizarse
mediante el sistema menos oneroso, es decir, en la medida de lo posible sin condiciones específicas al sector.

(8) Las R-LAN pueden utilizar en su totalidad o en parte las bandas 2400,0-2483,5 MHz (en adelante, «la banda de 2,4 GHz») o las bandas 5150-5350 MHz o 5470-5725 MHz (en adelante, «las bandas de 5 GHz»); puede que algunas de estas bandas no estén actualmente disponibles
para las R-LAN en determinados Estados miembros; por lo tanto, puede ser necesaria una mayor armonización de estas bandas en el marco de la Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (4).

(9) Las partes interesadas aceptan el riesgo de interferencia entre los diversos usuarios que pueden compartir la banda de 2,4 GHz y entre los sistemas R-LAN que coexisten; en tanto en cuanto los usuarios de las R-LAN no creen interferencias perjudiciales a otros posibles usuarios protegidos de las mismas bandas, el uso de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz no debe estar sujeto a derechos individuales ni, en la medida de lo posible, a una autorización general distinta de lo establecido en el
punto 17 del anexo a la Directiva autorización; asimismo, la abertura de la banda de 5 GHz a los servicios públicos de acceso R-LAN reduciría la presión sobre la banda de 2,4 GHz.

(10) A fin de minimizar el riesgo de interferencias perjudiciales, podrían imponerse condiciones de autorización general en casos justificados y de forma apropiada; tales autorizaciones generales podrían hacer referencia a requisitos adecuados, de acuerdo con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones y de reconocimiento mutuo de su conformidad (5), cuya armonización puede realizarse con arreglo a la Decisión espectro radioeléctrico y a la Directiva citada.

(11) Conforme a la normativa comunitaria en materia de competencia, el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva marco recoge el principio de regulación tecnológicamente neutra, de modo que no se discrimine entre las diversas tecnologías R-LAN y de otro tipo que den acceso a las redes y servicios de comunicación.

(12) Las condiciones para conceder el acceso a la propiedad pública y privada para los proveedores de servicios públicos de acceso R-LAN están sujetas a las normas sobre competencia del Tratado así como, en su caso, a la Directiva marco.

(13) La seguridad y la confidencialidad están actualmente reguladas en los artículos 4 y 5 de la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (6); con la próxima derogación de esta Directiva estas disposiciones serán sustituidas por los artículos 4 y 5 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (7) el 1 de noviembre de 2003.

RECOMIENDA:

1. Que, al aplicar las medidas de aplicación de las Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE, los Estados miembros permitan el suministro de acceso público R-LAN a las redes y servicios
públicos de comunicaciones electrónicas en las bandas disponibles de 2,4 GHz y 5 GHz, en la medida de lo posible sin condiciones específicas al sector o, en casos justificados, solo sujeto a autorización general.

2. Que los Estados miembros no sometan el uso de las bandas disponibles de 2,4 GHz o 5 GHz para el funcionamiento de los sistemas R-LAN a la concesión de derechos individuales.

3. Que los Estados miembros no restrinjan las posibilidades de elección de los equipos R-LAN utilizados por los proveedores de servicios, siempre que éstos cumplan los requisitos previstos en la Directiva 1999/5/CE.

4. Que los Estados miembros presten especial atención a los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Directiva 97/66/CE y a las disposiciones equivalentes de la Directiva 2002/58/CE, que regulan la seguridad y la confidencialidad de las redes y servicios públicos de comunicaciones.

Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN
Miembro de la Comisión

(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(2) DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

(3) Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.).

(4) DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

(5) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

(6) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

(7) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Cuba Resolución por la que se crea la Oficina de Seguridad para las redes informática, de 21 de mayo de 2002.

Resolución por la que se crea la Oficina de Seguridad para las redes informática, de 21 de mayo de 2002.

POR CUANTO: El Decreto Ley nº 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la denominación actual del Ministerio de Comunicaciones por la de Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, que desarrollará las tareas y funciones que hasta el presente realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así como las de Informática y la Electrónica que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero Mecánica.

POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de fecha 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: Mediante el Acuerdo 3736 de fecha 18 de julio del 2000, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se aprobaron las nuevas funciones y atribuciones específicas del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: El Ministerio de Economía y Planificación, mediante la Resolución nº 304 de 22 de abril del 2002, autorizó la creación de la unidad presupuestada denominada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, adscripta al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, con efectos legales a partir del 1ro de abril del 2002.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

Resuelvo:

PRIMERO: Crear la Unidad Presupuestada denominada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, adscripta al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, con efectos a partir del 1ro. de abril del 2002.

SEGUNDO: Se autoriza crear esta entidad con los bienes y recursos que se le asignen por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y con los demás activos fijos, circulantes, diferidos, a largo plazo y otros que integren su patrimonio.

TERCERO: La Unidad Presupuestada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, tendrá como objeto social llevar a cabo la prevención, evaluación, aviso, investigación y respuesta a las acciones, tanto internas como externas, que afecten el normal funcionamiento de las tecnologías de la información del país.

CUARTO: Que su dirección, organización y funcionamiento se ajustan a las disposiciones vigentes y su estructura y plantilla se aprueban de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

QUINTO: La entidad de nueva creación, Unidad Presupuestada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, radicará en Avenida 49 nº 2839 esquina 49-A, Reparto Kohly, Municipio Playa, Ciudad de La Habana.

SEXTO: Comuníquese la presente Resolución a los Ministerios de Economía y Planificación y de Trabajo y Seguridad Social; a los Viceministros, a las Direcciones Ministeriales y en particular a las de Organización y Perfeccionamiento Empresarial y Recursos Humanos, que velarán por el cumplimiento de lo que por la presente se dispone, así como a la Dirección de la Unidad Presupuestada Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas y a cuantas personas naturales y jurídicas deban conocerla. Archivar el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Publicar en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Dada en la ciudad de La Habana, a los 21 días del mes de mayo del 2002. «Año de los Héroes Prisioneros del Imperio».

Ignacio González Planas
Ministro

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley nº 7.975 de Información no divulgada, del 4 de enero de 2000. (Publicada en la Gaceta nº 12 del 18 de enero de 2000).

Ley nº 7.975 de Información no divulgada, del 4 de enero de 2000. (Publicada en la Gaceta nº 12 del 18 de enero de 2000).

 

LEY DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Artículo 1. Objetivos

Son objetivos de la presente ley:

Proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales.

Contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 2. Ámbito de protección

Protégese la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.

c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción.

Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido.

La información que se considere como no divulgada deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

Artículo 3. Competencia del Registro de la Propiedad Industrial

Lo referente a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 de esta ley, será custodiado por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional, según la Ley No. 5695, Creación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, de 28 de mayo de 1975. El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo concerniente al depósito del soporte de la información que se considere como no divulgada, para lo cual adoptará todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros.

Artículo 4. Información excluida de protección

Esta ley no protegerá la información que:

a) Sea del dominio público.

b) Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo.

Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público la información confidencial que cumpla los requisitos del primer párrafo del artículo 2 de esta ley y haya sido proporcionada a cualquier autoridad por quien la posea, cuando la haya revelado para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad, por constituir un requisito formal. En todo caso, las autoridades o entidades correspondientes deberán guardar confidencialidad.

Artículo 5. Autorización de uso

Quien guarde información no divulgada podrá transmitirla a un tercero o autorizarle el uso. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o le autorizó el uso.

Artículo 6. Responsabilidad

Serán responsables quienes hayan actuado de manera contraria a los usos comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido o divulgado información confidencial sin la autorización del titular; asimismo, los que obtengan beneficios económicos de tales actos o prácticas.

Las acciones administrativas, civiles o penales, relativas a esta ley serán reguladas en una ley posterior sobre procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7. Confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya cesado.

En los contratos por los que se transmiten conocimientos técnicos especializados, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para proteger la información no divulgada que reúnan las condiciones referidas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.

Una ley posterior regulará las responsabilidades dispuestas en el presente artículo.

Artículo 8. Protección de datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos

Si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilicen nuevas entidades químicas, se exige presentar datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, los datos referidos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, salvo cuando el uso de tales datos se requiera para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal.

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades competentes podrán utilizar datos de prueba sin divulgar la información protegida, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor o para proteger la vida, la salud o la seguridad humanas, o bien, la vida o salud animal o vegetal, o el medio ambiente a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten el comercio injustificadamente.

Artículo 9. Protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales

En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ninguna de las partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información.

Artículo 10. Protección

La protección de la información no divulgada no otorga derechos como una patente; se caracteriza por otorgar un derecho limitado de propiedad en cuanto a su posesión y usufructo, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.

Artículo 11. Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de sesenta días a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carlos Vargas Pagán

PRESIDENTE

Manuel Ant. Bolaños Salas

PRIMER SECRETARIO

Rafael Ángel Villalta Loaiza

SEGUNDO SECRETARIO

01Ene/14

Legislacion Informatica de Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico. Resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones (B.O. 18/09/2001)

Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico. Resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones (B.O. 18/09/2001)

Adóptase el procedimiento de Documento de Consulta previsto en el reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, con la finalidad de tratar el documento que contendrá el «Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico».

Bs. As., 14/9/2001

VISTO el expediente EXPMINFRA VI EX nº 225-000322 del 14 de septiembre de 2001, del registro del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, los Decretos nº 772 del 4 septiembre de 2000, nº 252 del 17 de marzo de 2000 y nº 243 de fecha 26 de febrero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto nº 252/00 el Programa Nacional para la Sociedad de la Información.

Que el Decreto nº 243/01 dispone en su artículo 1°, que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, tendrá a su cargo la definición, coordinación y supervisión del mismo.

Que el artículo 6° del Decreto 252/00, establece que «Quedan incluidas en el Programa Nacional para la Sociedad de la Información, las actividades vinculadas al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a proveer a la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, al desarrollo del comercio electrónico, a la formación de recursos humanos especializados en su gestión, al fomento de las inversiones y al desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines».

Que en este contexto, la vigencia de un marco normativo adecuado, resulta fundamental para el logro de estos objetivos.

Que en este entendimiento, la Secretaría de Comunicaciones ha procedido a realizar una serie de actividades destinadas a avanzar en la redacción de diferentes documentos de consulta.

Que se ha decidido que el segundo de ellos sea el referido a la «Regulación de las Comunicaciones Comerciales Publicitarias por del Correo electrónico».

Que cabe resaltar que la utilización de este mecanismo de consulta es particularmente útil, toda vez que es relevante el aporte que puedan realizar los sectores interesados en la utilización del correo electrónico, así como las empresas involucradas en su prestación.

Que este procedimiento tiende a que los requeridos, y todos los interesados en general, manifiesten su opinión respecto de la temática abordada por el anteproyecto que se somete a consulta.

Que las propuestas que se eleven permitirán obtener una base cierta de información y opinión, que serán tomadas en cuenta al momento de elaborar el proyecto definitivo.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto nº 772 y el Decreto nº 243/01.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptase el procedimiento de Documento de Consulta previsto en el ANEXO I, artículo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aprobado por Resolución S.C. nº 57/96, a los fines de tratar el documento que contendrá el «Anteproyecto De Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico», que como ANEXO I integra la presente.

Artículo 2°. Las opiniones y sugerencias deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

Artículo 3°. Todo interesado podrá acceder a cada uno o todos los trabajos recibidos, ingresando a la página Web de la Secretaría de Comunicaciones ( www.secom.gov.ar ).

Artículo 4°. Sin perjuicio del derecho de formular sugerencias de todos aquellos interesados, remítase el Documento de Consulta a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Derecho de Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina, Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Cámara del Software Digital Interactivo, Cámara Argentina de Base de Datos y Servicios en Línea (CABASE), Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Webmaster Unidos Argentinos, Asociación Argentina de derecho de Alta Tecnología (AADAT), Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones (AADT), Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (Usuaria), Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho Administrativo e Internet Society, Capítulo Argentino (ISOC.AR).

Artículo 5°. Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Henoch D. Aguiar.

ANEXO I. ANTEPROYECTO DE LEY

REGULACION DE LAS COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS POR CORREO ELECTRONICO

Artículo 1° . Objetivo
La presente ley regirá las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.

Artículo 2°. Definiciones
A los efectos de la presente ley se definen los siguientes términos:
Correo Electrónico: significa toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras.
Correo Electrónico Comercial: significa todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica enviado con el fin de hacer publicidad, comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio o empresa.
Correo Electrónico no solicitado: significa todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica dirigido a un receptor con quien el originador del mensaje no tiene una relación comercial o personal existente y enviado sin que medie un pedido expreso del receptor o sin su expreso consentimiento.
Campo del Asunto: es el área que contiene una breve descripción del contenido del mensaje.
Persona: comprende a toda persona física o jurídica.
Proveedor de servicio de correo electrónico: comprende a toda persona física o jurídica que provee a los usuarios registrados la capacidad para enviar o recibir correo electrónico y que actúa como intermediario en el envío o la recepción de dicho correo electrónico.
Receptor: comprende a toda persona que recibe correo electrónico comercial no solicitado.
Bulletin Board electrónico: comprende todo foro de discusión o conferencia virtual.
Red Informática: significa una serie de dispositivos y facilidades de comunicaciones relacionados y conectados en forma remota y todo tipo de facilidades de comunicaciones que incluya a mas de una computadora que tenga la capacidad de transmitir datos entre sí a través de las facilidades de comunicaciones.
Sin autorización: significa que una persona utiliza una red informática de un proveedor de servicio de correo electrónico para transmitir correo electrónico comercial no solicitado excediendo el permiso concedido o violando las políticas establecidas por el proveedor del correo electrónico.
Dirección de correo electrónico: serie de caracteres utilizada para identificar el origen o el destino de un mensaje de correo electrónico.
Nombre de dominio de Internet: denominación global única y jerárquica de un sistema anfitrión (host) o de un servicio de Internet, que es asignada por autoridades centralizadas encargadas de otorgar dichas denominaciones y esta formada por una serie de caracteres separados por puntos.
Transmitir o ayudar a la transmisión: Significa toda acción efectuada por el remitente original de un mensaje de correo electrónico, no a la acción efectuada por cualquier proveedor de servicio de correo electrónico que pueda manejar o retransmitir el mensaje, salvo que dicho proveedor de servicio ayude en la transmisión sabiendo que se trata de correo electrónico que viola las disposiciones de la presente ley.

Artículo 3°. Correo electrónico comercial. Requisitos
Todo correo electrónico comercial no solicitado deberá contener:

a) La leyenda PUBLICIDAD o PUBLI en el campo del asunto de cada mensaje.

b) La leyenda PUBLI. ADULTO en el campo del asunto de cada mensaje si el contenido del mismo encuentra en relación con la venta o distribución de bienes, servicios o productos que sólo puedan ser vistos o adquiridos por mayores de 18 años.

c) Nombre legal, domicilio completo y dirección de correo electrónico de la persona que transmite el mensaje.

d) Aviso de que el receptor puede declinar la recepción de otros mensajes de correo electrónico que incluyan publicidad enviados por la persona que transmite dicho mensaje, con la inclusión de una dirección de correo electrónica de respuesta válida a la que éste pueda enviar un mensaje de correo electrónico para notificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados, conjuntamente con la dirección de correo electrónico que implementará la autoridad de aplicación de la presente ley.

e) Información veraz que permita identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión.

Artículo 4° . Correo electrónico comercial ilegal
El Correo Electrónico comercial no solicitado será considerado ilegal dando lugar a las acciones y sanciones que esta ley establece cuando:

a) No cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente ley.

b) Contenga el nombre, nombre de fantasía o nombre de dominio de un tercero en el campo de la dirección de respuesta sin autorización de ese tercero.

c) Contenga información falsa que imposibilite identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión del correo electrónico.

d) Se envíe o transmita a un receptor que haya formulado el pedido para que no se envíe dicha publicidad, pasados los cinco días hábiles de que el receptor haya remitido el mensaje a que se refiere el artículo 3 inciso.

e) Se envíe o transmita a una dirección de correo electrónico incluida en la lista de usuarios llevada por la autoridad de aplicación conforme artículo 6°.

f) Contenga información falsa o engañosa en el campo del asunto, que no coincida con el contenido del mensaje

g) Se realice en contravención de la autorización que le fuera otorgada o en violación de las políticas establecidas por el proveedor de servicios de correo electrónico.

Artículo 5° . Excepciones
El envío de correo electrónico comercial no solicitado no dará lugar a las acciones y sanciones previstas en la presente ley en los siguientes casos:

a) Cuando el receptor tenga relación comercial o personal preexistente con la persona que envía el correo electrónico.

b) Cuando el receptor ha aceptado expresamente recibir el mensaje de correo electrónico enviado.

c) Cuando la recepción de correo electrónico comercial no solicitado sea la condición que un proveedor de correo electrónico ha establecido para otorgar a los usuarios acceso gratuito al servicio de correo electrónico.

d) Cuando la transmisión provenga de una organización o entidad similar y sea transmitida a sus miembros.

e) Cuando se trate de publicidad enviada mediante correo electrónico a la que accede un receptor a través de un Bulletin Board electrónico.

Artículo 6° . Opción del receptor
Todo receptor que no desee recibir mensaje de correo electrónico comercial no solicitado, puede solicitar la inclusión de su dirección de correo electrónico en la lista que al efecto deberá implementar la Autoridad de Aplicación.

Artículo 7° . Notificación previa
Todo receptor cuya dirección de correo electrónico no se encuentre incluida en la lista implementada conforme artículo 6°, y reciba mensajes de correo electrónico comercial no solicitado, deberá notificar previamente a la persona que los envió, su deseo de no recibirlos más. Esta comunicación, es un requisito previo para el inicio de las acciones que se contemplan en la presente ley.

Artículo 8° . Facultad del proveedor
El proveedor de servicios de correo electrónico puede, por propia iniciativa, bloquear la recepción o la transmisión que se efectúe a través de su servicio, de todo correo electrónico comercial no solicitado que pueda considerar, de manera razonable, que viola la normativa de la presente ley. En caso de ejercer este derecho, deberá ponerlo en conocimiento de sus clientes.

Artículo 9° . Responsabilidad
Toda persona que transmita o ayude en la transmisión de correo electrónico en violación a la presente ley es responsable y deberá indemnizar al receptor y al proveedor de servicios de correo electrónico.

Artículo 10. Acciones legales
El proveedor de servicio de correo electrónico y el receptor de un correo electrónico comercial no solicitado ilegal podrán, independientemente, iniciar acción judicial por los daños y perjuicios contra la persona que transmita o ayude en la transmisión del mensaje de correo electrónico ilegal.

Artículo 11º. Indemnización
El receptor y el proveedor de servicio de correo electrónico podrán, en lugar de percibir una indemnización por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, optar por percibir de la persona que haya transmitido o causado la transmisión del mensaje de correo electrónico ilegal la suma de diez pesos ($ 10) por cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitido en violación de la presente ley o la suma de pesos un mil ($ 1.000), la que resulte mayor.

Artículo 12º. Exención de responsabilidad
El receptor damnificado no tendrá derecho a iniciar una acción contra el proveedor de servicios de correo electrónico que simplemente transmita la publicidad no solicitada enviada por correo electrónico a través de su red informática.

Artículo 13º. Indemnización a favor del proveedor de servicios
El proveedor de servicio de correo electrónico cuya política de servicios prohíba o restrinja el uso de su servicio o equipo para iniciar el envío de publicidad no solicitada por correo electrónico podrá, independientemente de cualquier otra acción que pueda iniciar en virtud de la ley, reclamar una indemnización monetaria por los daños y perjuicios sufridos debido a dicha violación, o una indemnización de cincuenta pesos ($ 50) por cada mensaje de correo electrónico enviado o distribuido hasta un máximo de veinte mil pesos ($ 20.000) diarios. En toda acción instaurada conforme este artículo, el proveedor de correo electrónico deberá acreditar el hecho de que con anterioridad a la alegada violación se haya notificado fehacientemente al demandado respecto de su política de publicidad.

Artículo 14º. Prohibición judicial de transmisión
Además de toda otra acción que pueda interponer en virtud de la presente ley, el receptor puede solicitar judicialmente que se prohíba a una persona determinada enviar correo electrónico comercial no solicitado ilegal a su dirección de correo electrónico. El Proveedor de Servicios de correo electrónico puede solicitar judicialmente una orden que prohíba a una determinada persona el envío de correo electrónico comercial no solicitado a sus abonados.

Artículo 15º. Multa
La autoridad de aplicación podrá aplicar una multa no inferior a la suma de cien pesos ($ 100) ni superior a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) a toda persona que transmita o ayude a iniciar la transmisión de un mensaje de correo electrónico, destinado a un receptor que previamente le haya notificado que no deseaba recibir más mensajes no solicitados por correo electrónico o que se encuentre incluido en la lista implementada conforme artículo 6°.

Artículo 16º. Autoridad de aplicación
La Secretaria de Comunicaciones de la Nación, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

FUNDAMENTOS

El auge de Internet en nuestra sociedad, y su acceso cada vez más fácil en diversos ámbitos, importan una serie de beneficios que hace muy poco tiempo atrás no imaginábamos. Paralelamente estos avances han generado un abanico de problemas para los usuarios que no tienen aún cobertura jurídica adecuada.

Una de las herramientas de uso masivo más extendido que generó Internet, es el correo electrónico o e-mail. Gracias a la posibilidad de comunicación inmediata, «sin fronteras» y de muy simple utilización, éste es el elemento que en mayor medida colaboró a extender de forma vertiginosa la utilización de la red, sobretodo por usuarios no especializados en temas o actividades informáticas, pero que de manera rápida y ágil se compenetraron con el uso del e-mail.

Sin embargo, así como importó un gran avance en materia de comunicaciones, el correo electrónico puede utilizarse como vehículo para transmitir elementos en sí mismo nocivos como los «virus informáticos» o nocivos por el contexto en el que se remiten y reciben como el «spam».

La palabra «spam» se originó en Estados Unidos, pues tal era el nombre de un producto alimenticio -carne enlatada- que no requería refrigeración, característica que hacía que estuviera en todas partes -al igual que el correo electrónico no solicitado- razón por la cual el término era utilizado en forma exagerada y graciosa en una comedia llamada «Monty Pyton».

Técnicamente, se utiliza la palabra spam para denominar al correo electrónico, de tipo comercial o publicitario, no solicitado por el receptor1.

Los proyectos de leyes anti-spam se han ido reproduciendo a lo largo de todo el mundo, pues los inconvenientes que el mismo genera no están dados sólo por las molestias que conlleva el leer algo que no interesa en absoluto al receptor, sino también por los problemas de tipo materiales que implican la pérdida de tiempo y de la capacidad de almacenamiento en las PC de los usuarios, utilizando así el remitente o «spammer» recursos de otros para transmitir su publicidad o información comercial.

Salvo que los títulos de los mensajes sean muy obvios, el usuario siempre debe perder tiempo en abrir el correo y leerlo para advertir que es un «spam», sin contar además el tiempo que debe perder para bajar la información ante el aumento del volumen de los mensajes.

Se vende publicidad no deseada, que obliga al receptor a pagar por recibirla, porque el usuario paga por el servicio de acceso a Internet y además, según el caso, por el uso de la línea telefónica para realizar su conexión2.

El mecanismo utilizado por los spammers -verdaderos comerciantes virtuales-, es muy sencillo: envían el mismo correo electrónico en forma simultánea a distintas direcciones extraídas de enormes listados de usuarios. En la mayoría de los casos, el usuario no proporciona su dirección de e-mail, sin embargo recibe este tipo de correo.

Según un estudio de la Unión Europea, cada día se envían 500 millones de mensajes masivos o correo comercial no solicitado (spam) que constituye el 30 por ciento del total de los mails que circulan por las redes. Aunque la práctica del «spam» es casi tan antigua como Internet, su desmesurado crecimiento y su enfoque comercial la han convertido en una amenaza para el correcto funcionamiento de la red.

Una encuesta realizada durante el año 1999 por Gartner, en Estados Unidos, señalaba que el 74 por ciento de los usuarios creen que los ISPs son los responsables de solucionar el problema del spam. Por ello, una de las prácticas defensivas del consumidor, es identificar la fuente del correo no solicitado para solicitar al proveedor de acceso la cancelación de la cuenta del spammer.

Pero estas críticas a veces son infundadas, ya que los primeros interesados en resolver el problema del «spam» son los propios proveedores de acceso y las compañías que ofrecen servicio de correo web, ya que el increíble volumen de correos electrónicos que circulan día a día por la red frecuentemente colapsa los servidores y retarda el tráfico de datos. Además el costo de los correos electrónicos no solicitados es soportado por los ISP (Internet Service Provider) y proveedores de acceso en su mayor parte. Cada mensaje le cuesta dinero al ISP por el uso de los servidores, de los canales de comunicación, las horas adicionales del personal, el equipo dañado, la productividad y oportunidades de negocio perdidas; costos que a su vez son en muchos casos trasladados a los usuarios.

Tanto los ISP, como las compañías que ofrecen servicio de correo web, trabajan en el desarrollo de herramientas que permitan identificar los correos no deseados antes de que lleguen al buzón del usuario.

Los spammers utilizan los recursos de otros (redes locales, ISPs, etc.) para publicitarse gratis, perjudicando tanto al usuario, como al ISP. Pero si consideramos individualmente a cada spam, podemos decir que los perjuicios que ocasiona el recibir un correo comercial no solicitado esporádicamente son pequeños, tan solo hay que enviar los mensajes a la papelera y siempre resultan inferiores a los costos de perseguir al culpable. Este es el pilar sobre el que se apoyan los spameres y lo que aún los mantiene a salvo: que el costo unitario por usuario es ínfimo, pero su conjunto es muy perjudicial para el funcionamiento de la Red.

Este presumible interés de los usuarios, es lo que ha dado lugar al nacimiento de la publicidad consentida.

Analizando la escasa jurisprudencia internacional que hoy existe sobre el abuso del correo electrónico, encontramos que la mayor parte de los juicios ha sido iniciado por ISP y un mínimo porcentaje por usuarios de correo electrónico.

Es difícil que un usuario haga frente a los gastos e incomodidades que la realización de un proceso judicial puede acarrearle para combatir el spam. Mucho más fácil es notificar al ISP para que le clausure la cuenta o utilizar un software de filtrado. Por otra parte, hay muchos servidores de correo que aún no se han animado a iniciar acciones judiciales en aquellos estados cuya legislación prohíbe o regula el spam.

La defensa que, en general, oponen quienes se encuentran a favor de la remisión de este tipo de correos electrónicos, es que diariamente se envía por correo tradicional, por fax y hasta por teléfono, publicidad comercial -impresa o no- indiscriminadamente, sin requerir autorización alguna por parte de quien la recibe.

Ello, si bien es cierto, pues todos hemos recibido alguna vez publicidad comercial por correo tradicional, tiene una diferencia fundamental con el denominado «spam». Esta diferencia está dada especialmente en el costo económico que uno y otro tipo de remisión de publicidad genera. El costo de cada mensaje publicitario enviado por medios electrónicos, así como los de réplicas de los mismos, es transferido, directa o indirectamente, a los usuarios y a los proveedores de servicios de Internet.

A través de este proyecto se pretende controlar la proliferación de este material por la Red.

La publicidad comercial es una actividad perfectamente legítima, que se encuentra en nuestro país protegida por la Constitución Nacional, que consagra el derecho a ejercer toda industria lícita. Pero el ejercicio de una industria lícita implica cargar con los costos para obtener los beneficios comerciales previstos. No puede hablarse de industria lícita cuando quien «la ejerce» abusa de los derechos de terceros, evitando todo gasto y obteniendo todo el beneficio económico.

Por eso, no se trata de prohibir expresamente la publicidad por e-mail, sino de proteger a aquél usuario que no tiene interés en recibirla, y menos aún, pagar por publicidad no solicitada.

Resulta hoy imprescindible, la sanción de una ley que regule, con carácter general, la publicidad por correo electrónico sin autorización por parte del receptor.

Como antecedente del ante-proyecto que se ha elaborado, se han estudiado las distintas leyes que contemplan esta problemática, los proyectos federales que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos y la situación en Europa. Asimismo, se ha realizado un estudio pormenorizado de la jurisprudencia existente en los distintos Estados de Norteamérica, de la cual podemos extraer las siguientes conclusiones generales:

Los distintos tribunales estatales de Estados Unidos se declararon competentes para entender en el análisis del litigio cuando el domicilio del usuario que recibió el correo comercial no solicitado, se encontraba en su jurisdicción o bien cuando el domicilio legal del ISP se hallaba en su jurisdicción o cuando el ISP tenía suscriptores o usuarios que recibían el correo no solicitado en la jurisdicción del Tribunal.

En todos los casos, las Cortes han manifestado que la prohibición de enviar correo no solicitado, o el bloqueo del spam por parte de los Servidores de Internet o de correo electrónico, no constituye violación a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ni de las constituciones estatales. Esto es así, ya que ello no atenta contra la libertad de expresión, teniendo en cuenta que los spammers tienen otras vías para hacer llegar sus mensajes publicitarios, como ser la publicidad a través de la World Wide Web, televisión, u otros medios de comunicación masivos.

En casi todos los casos, han declarado que el correo comercial no solicitado viola la privacidad, pudiendo llegar a configurar un acceso o entrada ilegal en la computadora del usuario que lo recibe, como así también en las redes de los ISP que los reciben y transmiten.

La argumentación técnica que han asumido los Juzgadores en la mayor parte de los casos para condenar a los spammers al pago de indemnizaciones o para prohibirles el envío de correo electrónico no solicitado a usuarios, ha sido que el envío de un correo electrónico controla parte de la computadora desde que ingresa hasta que es eliminado de la misma mediante la papelera de reciclaje. El spam priva al usuario final de usar el sistema de correo mientras se produce la bajada del mail. Además del tiempo que se pierde, también se consideran los costos de conexión a cargo del usuario final, quien debe pagar los minutos de tarifa telefónica y de servicio de Internet que lleva el proceso de bajada del correo. Cuando un correo electrónico entra en una computadora desde el servidor de correo, la información que representa queda impresa en la computadora del usuario. Al borrar ese correo, quedan agujeros en el sistema que se llama fragmentación. Esta fragmentación causa daños físicos al sistema, haciendo lento al procesador. Aun cuando se haga correr el programa de desfragmentación, se causa un esfuerzo y desgaste del disco rígido. Por lo tanto el correo electrónico no solicitado causa daños físicos en la propiedad personal del usuario. (Mark Ferguson vs. Friendfinders Inc. Corte de Apelaciones del Estado de California).

Este argumento se ha sostenido también en el caso de los ISP (Internet Service Provider) por cuyos sistemas circulan los correos no solicitados, donde el acceso ilegal es superior al del usuario final.

Las acciones por violación a las leyes antispam están en muchos casos relacionadas con otras acciones antijurídicas como:

a) con la «dilución de la marca» – «Motorola Inc. vs. Paging America y Otros» de la Corte de Distrito de Illinois, «Matthew Seidl vs. Greentree Mortgage Company» de la Corte de Distrito de Colorado-

b) con la practica del spoofing3, que constituye un ataque activo a las redes,

c) con otros delitos informáticos contemplados en la legislación estatal de Estados Unidos y en el Acta Federal de Fraude Informático.

Si bien en algunos juicios los sentenciantes sólo han prohibido a los spammers que envíen correos comerciales no solicitados a los usuarios de determinados ISP o bien a usuarios específicos demandantes, ya sea en forma provisoria o definitiva, en otros casos han condenado a los spammers a abonar elevadas sumas de dinero en concepto de daños resarcitorios y de daños punitivos.

En la mayoría de los casos, los demandantes reclaman, en primer lugar medidas precautorias que impidan a los spammers continuar con el envío de correo electrónico no solicitado a sus redes o usuarios, o bien la práctica del spoofing.

Por todo lo expuesto, consideramos que esta práctica merece ser contemplada por nuestra legislación y sometemos a vuestra consideración el presente proyecto de ley.

01Ene/14

Legislacion Informatica de

Recomendación de la Comisión 81/679/CEE, de 29 de julio de 1981

Recomendación de la Comisión de 29 de julio de 1981 relativa al Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal

I

1 . Con la introducción del tratamiento electrónico de datos y su creciente uso en muchos campos de la vida privada aumenta el peligro de utilización abusiva de dichos datos , sobre todo de aquellos que tienen carácter personal . La esfera de la vida privada exige por tanto una amplia protección de los datos de carácter personal .

2 . La protección de datos es un elemento necesario de la protección del individuo y constituye uno de sus derechos fundamentales . Por consiguiente es deseable que se lleve a cabo en todos los Estados miembros de la Comunidad una aproximación en materia de protección de datos , pues ello contribuirá de forma importante al establecimiento efectivo de los derechos del ciudadano en el ámbito europeo .

3 . Las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad relativas a la protección de datos crean además condiciones divergentes en el tratamiento de los mismos . La creación y el funcionamiento del mercado común del tratamiento de datos presupone un amplio esfuerzo de normalización de las condiciones de tratamiento y de protección de datos en el ámbito europeo . Del mismo modo es deseable , en beneficio de la libre circulación de datos e informaciones a través de las fronteras y para evitar situaciones desiguales de competencia que puedan dar lugar a distorsiones de la competencia en el mercado común , una aproximación en materia de protección de datos .

4 . Por lo mismo , la aproximación en materia de protección de datos en los Estados miembros contribuiría a eliminar las reservas existentes con relación al tratamiento de datos y a las industrias conexas .

5 . Por estas razones la Comisión de las Comunidades Europeas se congratula de la adopción por el Consejo de Europa del Convenio sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y considera que dicho Convenio es apropiado para introducir en el ámbito europeo un nivel uniforme en materia de protección de datos .

No obstante , si en un plazo de tiempo razonable todos los Estados miembros , no llegasen a firmar y ratificar dicho Convenio la Comisión se reserva el derecho de proponer al Consejo que adopte un acto basado en el Tratado CEE .

II

Por estos motivos la Comisión , visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y , en particular , el segundo guión del artículo 155 , formula la siguiente Recomendación :

1 . La Comisión recomienda a aquellos Estados miembros de la Comunidad que todavía no lo hayan hecho , que firmen en el presente año 1981 el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal , y que lo ratifiquen antes de terminar el año 1982 .

2 . Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros .

Hecho en Bruselas , el 29 de julio de 1981 .

Por la Comisión

Karl-Heinz NARJES

Miembro de la Comisión

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 26032/2005, sobre recepción y difusión de información por Internet. (Boletín Oficial de 17 de junio de 2005)

Ley 26032/2005, sobre recepción y difusión de información por Internet, de 18 de mayo de 2005. (Boletín Oficial de 17 de junio de 2005)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en congreso sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1°. La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

Artículo 2°. La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Resolução nº 1/98. Comitê Gestor Internet do Brasil. Registro de Dominio Br.

Resolução nº 1/98. Comitê Gestor Internet do Brasil. Registro de Dominio Br. (Publicado no D.O.U no dia 15 de maio de 1998).

O Coordenador do Comitê Gestor Internet do Brasil, no uso de suas atribuições, torna público que o referido Comitê, em reunião realizada no dia 15 de abril 1998, emitiu a seguinte Resolução:

Resolução nº 1/98

O Comitê Gestor Internet do Brasil (CGI.br, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995, considerando que, para conectividade à Internet, com o objetivo de disponibilização de informações e serviços, é necessário o registro de nomes de domínio e a atribuição de endereços IP (Internet Protocol), bem como a manutenção de suas respectivas bases de dados na rede eletrônica; considerando que dentre as atribuições institucionais do Comitê insere-se a de «coordenar a atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e o registro de nomes de domínio» e considerando, finalmente, ser necessário que se consolidem as decisões do Comitê Gestor acerca destas atividades, resolve:

Artigo 1º. O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

1º. Caso o requerente não satisfaça qualquer das condições para o registro do nome, na ocasião do requerimento, este será considerado sem efeito, permanecendo o nome liberado para registro por quem satisfaça as condições e o requeira.

2º. Constituem obrigações do requerente a escolha adequada e o uso regular do nome de domínio requerido, a observância das regras previstas nesta Resolução e seus Anexos, bem como das constantes do documento de Solicitação de Registro de Nome de Domínio.

3º. A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CGI.br e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extra-judiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem.

4º. O registro do nome de domínio poderá ser cancelado em qualquer das hipóteses previstas no Artigo 7º.

Artigo 2º. É permitido o registro de nome de domínio tão-somente para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto no Anexo II desta Resolução.

Artigo 3º. As categorias sob as quais serão registrados os nomes de domínio são as descritas no Anexo II, sob o espaço .br reservado ao Brasil pelo InterNic/IANA.

Artigo 4º. É da inteira responsabilidade do titular do nome de domínio a eventual criação e o gerenciamento de novas divisões e subdomínios sob o nome de domínio por ele registrado.

Artigo 5º. Pelo registro de nome de domínio e por sua manutenção anual na rede eletrônica serão cobradas retribuições.

1º. A retribuição por cada registro de nome de domínio será cobrada uma única vez.

2º. A retribuição pela manutenção será cobrada por ano-calendário, no seu primeiro trimestre. No ano em que ocorrer o registro do nome de domínio, o valor da retribuição pela manutenção será cobrado proporcionalmente aos meses faltantes para o seu encerramento, juntamente com a retribuição devida pelo registro.

Artigo 6º. A retribuição a que se refere o artigo 5º será cobrada pela entidade responsável pela realização do registro de nomes de domínio e sua manutenção, devendo ser compatível com os valores praticados internacionalmente.

Artigo 7º. Extingue-se o direito de uso de um nome de domínio registrado na Internet sob o domínio .br, ensejando o seu cancelamento, nos seguintes casos:

I. pela renúncia expressa do respectivo titular, por meio de documentação hábil;

II. pelo não pagamento nos prazos estipulados da retribuição pelo registro e/ou sua manutenção;

III. pelo não uso regular do nome de domínio, por um período contínuo de 180 (cento e oitenta) dias;

IV. pela inobservância das regras estabelecidas nesta Resolução e seus Anexos.

V. por ordem judicial;

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e IV, o titular será notificado para satisfazer à exigência no prazo de 30 (trinta) dias, decorridos os quais, sem atendimento, será cancelado o registro.

Artigo 8º. Constitui obrigação do requerente e do titular do nome de domínio manter atualizados seus dados junto à entidade incumbida do registro.

Parágrafo único. Se o titular do nome de domínio mudar de endereço sem atualizá-lo junto à entidade incumbida do registro, reputar-se-ão válidas as notificações comprovadamente enviadas para o endereço constante naquela entidade.

Artigo 9º. Em qualquer hipótese de cancelamento do registro do nome de domínio não assistirá ao titular direito a qualquer ressarcimento ou indenização.

Artigo 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, devendo ser divulgada no endereço eletrônico do servidor web do CGI.br na Internet: http://www.cgi.br.

Roberto Pinto Martins, Coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil

01Ene/14

Legislacion Informatica de Decisión Adminsitrativa 669/2004, de 20 de diciembre de 2004. Sobre Seguridad Informática. Establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus políticas de seguridad. Conforma Comités de Seguridad de la Información y establece responsabilidades en relación con la seguridad.

Decisión Adminsitrativa 669/2004, de 20 de diciembre de 2004. Sobre Seguridad Informática. Establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus políticas de seguridad. Conforma Comités de Seguridad de la Información y establece responsabilidades en relación con la seguridad.

VISTO

Los Decretos número 103 de fecha 25 de enero de 2001 y número 624 de fecha 21 de agosto de 2003 y

CONSIDERANDO:
Que por la norma citada en primer término, se aprobó el Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional orientado a un funcionamiento eficiente de la Administración Pública Nacional y a introducir en la gestión de las organizaciones públicas el cumplimiento de resultados mensurables y cuantifícables.

Que la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL no puede permanecer ajena a los avances y a la aplicación de las nuevas tecnologías de gestión, información y comunicación, ya que las mismas contribuyen al incremento de la productividad de los organismos y a optimizar el manejo de la información, reduciendo los costos asociados a su traslado y archivo.

Que este proceso sigue la tendencia, internacional de los países más adelantados, quienes han encarado proyectos de Gobierno Electrónico, con el fin de lograr la prestación de servicios más eficientes a los administrados y al mismo tiempo mejorar su gestión interna, mediante, la incorporación de modernas tecnologías informáticas.

Que dichos servicios deben ofrecerse con las máximas garantías de seguridad para satisfacer apropiadamente las demandas de la población y para evitar la comisión de ilícitos.

Que el uso de las tecnologías informáticas permite a la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL manejar y procesar gran cantidad de información imprescindible para su normal funcionamiento.

Que la información puede ser objeto de una amplia gama de usos indebidos, debiéndose preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, a fin de garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los diversos servicios prestados por el Sector Público Nacional.

Que en este marco, se torna necesario que cada organismo del Sector Público Nacional sea capaz de prevenir que sus sistemas de información se vean afectados, implementando a tal fin políticas de seguridad, procedimientos internos y sistemas de prevención.

Que a los efectos de facilitar la elaboración y ejecución de las políticas mencionadas y elevar los niveles de seguridad de los sistemas de información de los organismos públicos, deviene necesario establecer una Política de Seguridad Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias correspondientes.

Que es facultad de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS entender en la definición, de estrategias sobre tecnologías de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información en la ADMINISTRACION PUBLICA.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100º, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

Artículo 1º. Política de Seguridad de la Información. Establécese que los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el artículo 7° de la presente medida, deberán dictar o bien adecuar sus políticas de seguridad de la información conforme a la Política de Seguridad Modelo a dictarse de conformidad con el artículo 8°, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de aprobada dicha Política de Seguridad Modelo.

Artículo 2º. Comité de Seguridad de la Información. Las máximas autoridades de los organismos comprendidos en el artículo 7° de la presente medida, deberán conformar en sus ámbitos un Comité de Seguridad de la Información integrado por representantes de las Direcciones Nacionales o Generales o equivalentes del organismo.

Artículo 3º Coordinación del Comité de Seguridad de la Información. El Comité de Seguridad dé la Información citado en el artículo precedente, será coordinado por el Subsecretario o su equivalente en cada área Ministerial o Secretaría de la Presidencia de la Nación o por el funcionario designado por las máximas autoridades de cada organismo descentralizado, que tenga a su cargo las áreas de apoyo.

Artículo 4º. Funciones del Comité de Seguridad de la Información. Serán funciones del Comité de Seguridad de la Información:

1. Revisar y proponer a la máxima autoridad del organismo para su aprobación, la Politica y las responsabilidades generales en materia de seguridad de la información.

2. Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información frente a las amenazas más importantes.

3. Tomar conocimiento y supervisar la investigación y el monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad.

4. Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información.

5. Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la información.

6. Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información.

7. Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios.

8. Promover la difusión y apoyo, a la seguridad de la información dentro del Organismo.

9. Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de información del Organismo frente a interrupciones imprevistas.

Artículo 5º. Responsabilidades sobre la Seguridad de los Sistemas de Información. Las máximas autoridades de los organismos comprendidos en el artículo 7° del presente, deberán asignar las funciones relativas a la seguridad de sus sistemas de información a un funcionario de su planta dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de aprobada la Política de Seguridad Modelo.

Artículo 6º. La asignación de funciones relativas a la seguridad informática y la integración del Comité de Seguridad de la Información, establecidas en los artículos 5° y 2° de la presente medida, respectivamente, no deberá implicar erogaciones presupuestarias adicionales.

Artículo 7º. Alcance. La presente Decisión Administrativa será de aplicación a los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley número 24.156 y sus modificatorias.

Artículo 8º. Política de Seguridad Modelo. Normas aclaratorias y complementarias. Facúltase al señor SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a aprobar la Política de Seguridad Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida. El SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS podrá delegar en el DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION dichas facultades.

Artículo 9º. Invitación. Invitase a los Gobiernos Provinciales, Municipales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación a adherir a la presente.

Artículo 10º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Alberto A. Fernández.

Aníbal D. Fernández.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 22 janvier 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des allocations pour perte d'emploi des anciens administrés civils ou militaires de l'armée de

Arrêté du 22 janvier 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des allocations pour perte d'emploi des anciens administrés civils ou militaires de l'armée de l'air.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 89-509 du 18 juillet 1989 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par le commissariat de l'air ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2006 portant le numéro 1186693,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'air, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » GALPE » mis en oeuvre par le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air et dont la finalité est la gestion des allocations pour perte d'emploi des anciens administrés civils ou militaires de l'armée de l'air.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro du dossier de chômage, numéro d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi) ;

– au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants) ;

– à la vie professionnelle (dates [de début d'activité, de dernier jour travaillé, d'admission à l'allocation], régime de sécurité sociale d'affiliation) ;

– à la situation économique et financière (salaire de référence, période travaillée prise en compte, indicateur de dégressivité et de plan social, durées totales indemnisées [à taux plein, à taux dégressif], indemnités supplémentaires).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à huit ans à partir de l'ouverture des droits.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

– la caisse régionale d'assurance maladie de la région Centre ;

– la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

– le bureau chômage du centre » pensions » du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ;

– la division » finances » du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ;

– les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes mouvementés ;

– la sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

– l'observatoire social de la défense ;

– la sous-direction de la fonction militaire de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef du centre » pensions » du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air, base aérienne 705, 37081 Tours Cedex 2.

Article 6. Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef d'état-major du commandement du soutien des forces aériennes, D. Guignot

01Ene/14

Arrêté du ministre des technologies de l’information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures d’exploitation des centres d’appel locaux. (Journal Officiel de la République

Arrêté du ministre des technologies de l’information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures d’exploitation des centres d’appel locaux.

Le ministre des technologies de l’information et de la communication,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensembles les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007, le décret n° 2008-344 du 11 février 2008 et le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010 et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques tel que modifié et complété par le décret n° 2003- 1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture des services de téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par le décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications,

Vu le décret n° 3026-2008 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès,

Vu le décret n° 2012-2361 du 5 octobre 2012, fixant les services des télécommunications soumis à un cahier des charges,

Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh, chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009, portant approbation du plan national de numérotation et d’adressage, tel que modifié par l'arrêté du 24 juillet 2012,

Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication du 9 janvier 2010, fixant les redevances d’attribution des ressources de numérotation et d’adressage, tel que modifié par l'arrêté du 24 juillet 2012,

Vu l’avis du conseil de la concurrence.

 

Arrête :

 

Article premier .-

Est approuvé le cahier des charges fixant les conditions et les procédures d’exploitation des centres d’appel, annexé au présent décret.

Article 2 .-

Les dispositions du présent cahier s’appliquent à tous les centres d'appel qui ont été constitués avant sa promulgation.

Ces centres disposent d’une période transitoire de six (6) mois à compter de la date de la publication du présent cahier des charges au Journal Officiel de la République Tunisienne pour remplir les conditions prévues par ses dispositions.

Article 3 .-

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2013.

Le ministre des technologies de l’information et de la communication Mongi Marzouk

Vu

Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh

 

 

ANNEXE.- Cahier des charges fixant les conditions et les procédures d'exploitation des centres d’appel locaux

Chapitre 1.- Dispositions générales

Article premier .-

Le présent cahier des charges fixe les conditions et les procédures de fourniture des services de télécommunications à travers les centres d’appel locaux.

Article 2 .-

Peut exploiter les centres d’appel locaux, toute personne morale répondant aux conditions prévues par le présent cahier des charges.

Article 3 .-

On entend par centre d’appel local au sens du présent cahier des charges, tout espace aménagé en vue de fournir des renseignements ou des services à distance sur le territoire national à travers des numéros uniques et non géographiques dont les appels sont facturés à l’appelant compte tenu du prix de l’acheminement de l’appel et du prix de la fourniture du service.

Chapitre 2.- Conditions d’exploitation des centres d’appel locaux

Section 1 .- Les conditions administratives

 

Article 4 .-

Toute personne désirant exploiter un centre d’appel local doit remplir les conditions suivantes :

– être constituée conformément à la législation tunisienne, pour la personne morale,

– être de nationalité tunisienne et n’ayant pas d’antécédents judiciaires, pour le représentant légal de la personne morale,

– être titulaire d'un diplôme des études supérieures ou d'un diplôme de baccalauréat plus deux ans d'études supérieures au minimum en télécommunication ou en informatique, pour le représentant légal du centre,

– s'engager à recruter une équipe technique composée au moins d’un ingénieur et un technicien supérieur spécialisés en télécommunication ou en informatique.

 

Article 5 .-

Toute personne désirant exploiter un centre d’appel local dépose, auprès de l’instance nationale des télécommunications directement ou par la poste recommandée, trois copies signés dans toutes ses pages du présent cahier des charges avec la mention » lu et approuvé » ainsi que la déclaration d'activité jointe, et ce, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la conclusion d'un contrat avec un opérateur de réseau public de télécommunications, et il garde une copie sur laquelle figure le cachet de l’instance nationale des télécommunications et la date du dépôt.

L’instance nationale des télécommunications procède sur la base du dossier déposé auprès d’elle, à l’attribution des ressources de numérotation nécessaire, elle procède aussi à l'envoi d'une copie de ce cahier des charges ainsi que la déclaration d'activité au ministère chargé des télécommunications.

La personne désirant exploiter un centre d’appel local peut retirer le cahier des charges et le model de la déclaration d'activité directement auprès des services compétents de l’instance nationale des télécommunications ou de ministère chargé des télécommunications, ou par Internet ou en le copiant du Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 6 .-

Les documents et pièces devant accompagner le présent cahier des charges sont les suivants :

1- une copie de la carte d’identité nationale du représentant légal de la personne morale et de la personne chargée d’exploitation en cas de besoin,

2- les caractéristiques techniques de l'équipement et des systèmes utilisés pour fournir des services,

3- une présentation détaillée de chaque service en termes de conditions et types d'accès et le tarif proposé et la manière de sa facturation.

4- un rapport fournie par l’opérateur de réseau public des télécommunications indiquant la disponibilité des équipements et installations et de sa conformité aux normes et comprend obligatoirement :

– Siège du centre de production,

– le modèle de la liaison de connectivité adapté avec l’opérateur de réseau publique des télécommunications,

– les caractéristiques techniques du matériel et des équipements et leur capacité de recevoir le trafic.

5- les ressources humaines techniques recrutées conformément à l’article 4 du présent cahier des charges,

6- et le cas échéant, les accords avec les partenaires et les fournisseurs de contenu et les documents prouvant les droits d'exploitation des licences de logiciels liés aux services fournis conformément au droit de la propriété littéraire et artistique.

 

Section 2 .- Les conditions techniques

 

Article 7 .-

L’infrastructure et toutes ses composantes et espaces doit être fonctionnelle et appropriée pour assurer les services fournis par le centre d’appel local et répondre aux conditions générales dans les domaines de la santé et de la sécurité, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 .-

L’exploitant du centre d’appel local doit fournir le matériel et les équipements suivants :

– un distributeur téléphonique central dédié et équipé d’un système d’exploitation multi-fonctionnel avec une capacité propre suffisante pour garantir le traitement des appels entrants et sortants avec efficacité,

– une autorisation d’exploitation de logiciel de chaque service prévu, le cas échéant,

– une unité d’archivage électronique avec capacité de stockage suffisante pour une durée de six (6) mois des informations échangés,

– des équipements d’énergie garantissant l’autoexploitation des serveurs et des équipements des télécommunications pour une durée d’au moins vingt minutes dans le cas d’une panne électrique.

Article 9 .-

L’exploitant du centre d’appel local doit conclure avec l’opérateur de réseau public des télécommunications concerné un contrat qui fixe essentiellement les conditions techniques et commerciales pour la fourniture des services et les obligations et les droits de chaque partie.

Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article et après approbation de l'instance nationale des télécommunications, prend la forme d'un type qui sera appliqué à tous les exploitants des centres d'appel locaux.

Chapitre 3.- Obligations vis-à-vis de la clientèle

Article 10 –

L'exploitant du centre d’appel local s’engage à assurer la continuité des services, à mettre en service les équipements et les programmes informatiques en vue de fournir au public un service de qualité acceptable conformément au présent cahier des charges et à assurer de manière rapide et efficace toutes réparations nécessaires. Ces engagements doivent êtres prévues par le contrat conclu avec l’opérateur de réseau public des télécommunications concerné.

Article 11 .-

L’exploitant du centre d’appel local s’engage notamment à :

– conclure avec un opérateur du réseau public des télécommunications un contrat définissant les conditions techniques et commerciales d’exploitation du service ainsi que les pourcentages de partage de revenu entre les parties.

– fournir le service aux demandeurs de manière équitable et non discriminatoire sur tout le territoire de la république en utilisant les moyens techniques les plus efficaces.

– assurer la confidentialité de toutes les informations relatives aux données personnelles des utilisateurs sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

– fournir aux utilisateurs des données claires et précises sur l’objet des services et les modes d’accès.

– mettre à la disposition des utilisateurs un service de dépôt des réclamations.

– informer les utilisateurs des tarifs de services tout en veillant à ce que le tarif soit accolé au numéro d’appel quelque soit le support publicitaire utilisé.

– offrir aux utilisateurs un temps d’attente gratuit de 15 secondes et les informer au cours de cette période de manière claire de tarif de service par minute.

– exiger à ce que les agents du centre d’appel communiquent aux utilisateurs dés le début de la communication, leurs noms ou prénoms ou toute autre donnée qui permet de les identifier.

– ne pas utiliser des informations à caractère personnel sans autorisation de son titulaire et les supprimer chaque foi qu’il le demande.

– s’abstenir de faire de la publicité durant la fourniture de service.

– s’abstenir d’adopter des moyens et des méthodes anticoncurrentielles.

Chapitre 4.- Obligations vis-à-vis de l’administration

Article 12 .-

Les exploitants des centres d’appel locaux mettent à la disposition de l’instance nationale des télécommunications et du ministère chargé des télécommunications toutes les informations et les pièces nécessaires permettant de s’assurer du respect de leurs obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au présent cahier des charges.

 

Article 13 .-

L’exploitant du centre d’appel local s’engage à informer l’Instance Nationale des Télécommunications de tout changement du statut juridique ou des informations déclarées dans un délai de 15 jours à compter de la date du changement.

Chapitre 5.- Infractions et sanctions

Article 14 –

Les infractions sont constatées par des procès- verbaux dressés par des les agents habilités conformément aux disposition des articles 78 et 79 du code des télécommunications.

Les agents prévus à l'alinéa premier du présent article sont habilités d’entrer à tout moment et sans préavis au centre d'appel local pour effectuer les travaux d’inspection.

Ils ont le droit de consulter notamment les documents suivants :

– la carte d’identité nationale du représentant légal de la personne morale de la personne chargée de l’exploitation,

– une copie des statuts de la personne morale qui exploite le centre,

– l’attestation de prévention spéciale au local délivrée par les services compétents de l’office national de la protection civile en cours de validité,

– les diplômes cités au présent cahier des charges, – les documents relatifs à l’exploitation du centre.

Article 15 .-

Sans préjudice aux sanctions pénales prévues par le code des télécommunications et la législation et réglementation en vigueur, le ministre chargé des télécommunications peut après audition de la personne concernée et avis de l’instance nationale des télécommunications, infliger à tout contrevenant aux dispositions du présent cahier des charges, les sanctions suivantes :

– la mise en demeure du contrevenant qui lui est adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le rappelant à l’obligation de lever l’infraction dans un délai maximum de 30 jours de la date de la réception de la mise en demeure.

– la fermeture du local ou de l’emplacement pour une période n’excédant pas un (1) mois en cas de non soumission à la mise en demeure ou de récidive.

Le contrevenant peut poursuivre l’activité en vertus d'un arrêté du ministre chargé des télécommunications suite à une déclaration sur l’honneur confirmant la levée de l’infraction constaté dans un rapport établi à cet effet par les agents habilités prévus à l’article 13 susvisé mentionnant la régularisation de la situation.

Article 16 .-

La fermeture provisoire du local ne dispense pas l’exploitant du respect de ses obligations vis à vis des personnes bénéficiaires des services du centre.

 

 

Je soussigné et je déclare avoir lu toutes les dispositions et les conditions prévues dans ce cahier et je m’engage de les respecter et de les exécuter en exerçant mon activité.

Signature (conforme)

Tunis le …………………

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère des technologies de l’information et de la communication

Déclaration de l’activité d'exploitation d'un centre d’appel local Données concernant l’exerçant de l’activité

Personne physique

• Nom et Prénom :

• C.I.N n°………………………………………………….délivrée le…………………………………….à …………………

• Adresse :……………………………………………………………………………..….……………………………………

• le diplôme scientifique :……………………………………………………………………………..… ……………………

• N° De l’immatriculation au registre de commerce……………….………………………………………………………

• Numéro d’identification fiscale………………………………………………………………………………………………

• L’adresse de lieu de l’activité : ………………………………………………..……………………………………………

• Téléphone………………………………….………fax……………………… adresse électronique……………..……..

Personne morale

• Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………

• Siège social……………………………………………………………………………………………………………..…….

• Téléphone…………………………………………………………..fax………………………………………………….….

• N° De l’immatriculation au registre de commerce……………………….………………………………………………

• Numéro d’identification fiscale………………………………………………………………………………………………

• Nom et prénom du procureur de la société………………………………………………………………..………………

• C.I.N n°……………………………….…….délivrée le……………………………..………….à …………….……………

• le diplôme scientifique :………………………………………………………………………………… ……………………

Données concernant l’activité

• Les services à fournir……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Nom et Prénom du chargé de l’exploitation………….……… le diplôme scientifique…………………………..……

……..le……….

Signature (légalisée)

01Ene/14

Legislación de Alemania. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung. In der Fassung vom 20. 20. Dezember 1990 (BGBl.I 1990 S.2954), geändert durch das Gesetz vom 14. September 1994 (BGB

Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Frei verfügbare Informationen zu einem neuen Faktor in der Wirtschaft, ja, es ist jetzt zu den wichtigsten Faktoren des wirtschaftlichen Lebens. Datenschutz bedeutet eigentlich das Recht des Einzelnen, seine persönlichen Daten vor unbefugter Benutzung geschützt sind. Datenschutz hat im Tandem mit den Fortschritten in elektronischen Informations-Technologie seit den frühen 1970er Jahren entwickelt.

Moderne Technik macht es leichter, Informationen zu verarbeiten, mit dem Ergebnis, dass die Menge an Informationen verarbeitet hat enorm zugenommen. Es ist inzwischen möglich zu sammeln, systematisch Zugang und pass auf nahezu unvorstellbare Mengen an Daten mit hoher Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite, diese Fähigkeit zu Problemen führen kann, wie es notwendig ist, um die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen. In diesem Sinne ist der Datenschutz als «eine der sozialen Grenzen, die Gesellschaft hat sich auf den technologischen Fortschritt zu verhängen» beschrieben. Die gesetzlichen Grenzwerte werden durch Gesetz zum Schutz der Daten zur Verfügung gestellt.

Datenschutz Gesetz wurde in Deutschland vor etwa dreißig Jahren eingeführt, es begann in Hessen 1970. Seit 1977 hat es ein Bundesgesetz wurde. Im Jahr 1983 hat Deutschland `s Supreme Court ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung. Seitdem das grundlegende Kriterium für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die öffentliche Verwaltung und von privaten Daten-Prozessoren hat das Recht des Individuums auf die Nutzung seiner eigenen Daten zu bestimmen ist. Es ist besonders wichtig, die Transparenz der Bewegung der Informationen zu gewährleisten. Daher werden die wichtigsten Kriterien für den Umgang mit Daten «Notwendigkeit» und der «Grundsatz der Zweckbindung». Datenschutz geführt, um eine neue verfassungsmäßige Recht des Einzelnen. Das «Recht auf Ruhe gelassen zu werden», dh auf oder zu verweigern, Informationen weiterzugeben, ist ein Grundrecht, das aus dem Grundrecht ergibt sich auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Da die Bundesrepublik Data Protection Act 1977 Datenverarbeitung ist nur auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften im Einvernehmen mit der betroffenen Person zulässig. Es wurde somit möglich für die einzelnen zu verfolgen, seine persönlichen Daten zu behalten.

Der geänderte Data Protection Act von 1990 soll auch der Einzelne mit seiner persönlichen Rechte verletzt zu schützen. Der Einzelne muss einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert werden, oder es muss eine gesetzliche Regelung. In der Regel ist der Staat nicht erlaubt zu sammeln oder persönliche Daten speichern, ohne eine individuelle Zustimmung; die wichtigsten Ausnahmen sind in den Bereichen der polizeilichen Ermittlungen, die Nachrichtendienste oder Verteidigung. Die Daten selbst sind, unterliegen dem Datenschutz, wenn sie nicht ausschließlich im privaten persönlichen Bereich verwendet werden.

Öffentliche und private Einrichtungen erforderlich sind, um den einzelnen auf seinen Antrag über die Daten, die sie halten ihn zu informieren.

Der Eidgenössische Datenschutz-Gesetz enthält eine Reihe von Sicherheitsanforderungen beschränken zum Beispiel den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen. Schwerpunkte liegen in zunehmendem Maße auf die Vermeidung der Speicherung von Daten und zur Förderung des Einsatzes der damit umgehen.

Das Gesetz hat das Amt eines Bundesbeauftragten für den Datenschutz, wer gewählt wird durch den Bundestag geschaffen. Seine wichtigsten Aufgaben sind den Umgang mit Beschwerden von Einzelpersonen und die Information der Kläger über die Ergebnisse seiner Untersuchungen, aber auch Empfehlungen geben, sowohl dem Parlament und der Regierung.

Eine Verletzung des Datenschutzrechts können strafrechtlich verfolgt werden. Der Täter kann erwarten, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, der zwischen einem Jahr und fünf Jahren.

Das Europäische Datenschutz-Richtlinie aus dem Jahr 1995 sichergestellt, dass die Daten in der gleichen Weise sind in der gesamten europäischen Binnenmarkt geschützt. Die Richtlinie erweitert die Rechte des Einzelnen informiert werden und die Herausforderung, die Art und Weise seine Daten verarbeitet werden. Das Individuum hat das Recht zu wissen, welche Behörden Zugriff haben, welche Art von personenbezogenen Daten.

Im Jahr 1980 wurde ein internationaler Basis an Stelle von der OECD mit einer – nicht verbindliche – Empfehlung über «Leitlinien für den Schutz der Privatsphäre stellen und Transponder Verkehr personenbezogener Daten». Im Jahr 1990 der Vereinten Nationen herausgegeben «Richtlinien für die EDV-Daten», «angewandte ganzen Welt zwar nicht rechtsverbindlich ist.

Die Organisation / Struktur des Datenschutzes in Deutschland

* Der Eidgenössische Datenschutz-Gesetz gilt für die Datenverarbeitung von allen Bundesländern, ua der Bundesregierung sowie den privaten Sektor.

* 16 Datenschutzgesetze der Länder decken die Daten des öffentlichen Sektors Verarbeitung der Agenturen der Länder (z. B. Landkreise, Städte oder Universitäten).

* Zahlreiche spezielle Gesetze des Bundes und auf der Ebene der Bundesländer regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten und geben Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden.

* Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist für die Prüfungen verantwortlich ist / sind Kontrollen aller Bundesstellen, alle Telekommunikations-Dienstleistungen und alle Postdienste.

* 16 Commissioners der Länder sind für die Prüfungen verantwortlich ist / sind Kontrollen aller Agenturen der Länder und einige von ihnen (Berlin, Bremen, Hamburg und Niedersachsen) sind auch verantwortlich für den privaten Sektors zur Verfügung.

* So genannte Aufsichtsbehörden für den Datenschutz (Aufsichtsbehörde nach dem BDSG) sind Einrichtungen der Länder. Sie sind für die Kontrolle von privaten Agenturen verantwortlich.

Vorwort zur Verfügung gestellt von der Bundesbeauftragter für den Datenschutz.

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

Abschnitt 1 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Der Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen gegen sein Recht auf Schutz der Privatsphäre wird durch die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten beeinträchtigt.

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch

1. öffentlichen Einrichtungen des Bundes,

2. öffentlichen Stellen der Länder, soweit Datenschutzes nicht durch Landesrecht und so weit geregelt, wie sie

a) Bundesrecht ausführen oder

b) als Organe der Rechtspflege zu handeln und sich nicht um

3. privaten Einrichtungen, soweit sie verarbeiten oder nutzen, Daten in oder aus Dateien in den normalen Verlauf des Geschäfts-oder für berufliche oder kommerzielle Zwecke.

(3) Es werden die folgenden Einschränkungen für die Anwendung dieses Gesetzes:

1. § § 5 und 9 nur dieses Gesetzes gelten für die automatisierten Dateien, die temporär eingerichtet werden ausschließlich aus Gründen der Verarbeitung und werden automatisch nach der Bearbeitung gelöscht werden.

2. § § 5, 9, 39 und 40 nur dieses Gesetzes gelten für die nicht automatisierten Dateien, in denen die persönlichen Daten nicht für die Kommunikation an Dritte bestimmt sind. Darüber hinaus werden die Vorschriften über die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in den Aufzeichnungen für die Dateien in öffentlichen Einrichtungen. Werden personenbezogene Daten in einem bestimmten Fall mitgeteilt werden, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten ohne Einschränkung.

(4) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes gelten für personenbezogene Daten, einschließlich ihrer Veröffentlichung dieser Bestimmungen haben Vorrang vor den Bestimmungen dieses Gesetzes. Dies berührt nicht die Pflicht, die gesetzliche Verpflichtung zur Geheimhaltung, oder Berufs-oder besonderen öffentlichen Vertraulichkeit nicht allein auf gesetzliche Bestimmungen stützen zu beobachten.

(5) Die Bestimmungen dieses Gesetzes haben Vorrang vor denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes, soweit personenbezogene Daten werden bei der Ermittlung des Sachverhalts verarbeitet.

Abschnitt 2 Öffentliche und private Einrichtungen

(1) «Die öffentlichen Stellen des Bundes» die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Verbände unabhängig von ihrer Rechtsform Struktur. Die Unternehmen per Gesetz aus dem Sondervermögen des Deutschen Bundesforschungsanstalt für Postverwaltung ansässig sind, als öffentliche Einrichtungen angesehen werden, solange sie ein ausschließliches Recht nach der Postverwaltung Gesetz oder die Fernmeldeanlagen Gesetz.

(2) «Öffentliche Einrichtungen der Länder» die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtliche Institutionen eines Landes, einer Gemeinde, einer Vereinigung von Gemeinden oder andere juristische Personen des öffentlichen Rechts unter Aufsicht sowie Land wie ihrer Verbände unabhängig von ihrer Rechtsform.

(3) Privatrechtliche Vereinigungen von öffentlichen Einrichtungen des Bundes und der Länder Aufgaben der öffentlichen Verwaltung Aufgaben gelten als öffentliche Stellen des Bundes angesehen werden, unabhängig davon, private Beteiligungen, wenn

1. sie tätig sind über das Gebiet eines Landes oder

2. der Bund verfügt über die absolute Mehrheit der Anteile oder der Stimmen.

Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder betrachtet werden.

(4) «Private bodies» sind natürliche oder juristische Personen, Gesellschaften und anderen privatrechtlichen Vereinigungen, soweit sie nicht von den Absätzen 1 bis 3 vorliegt. In dem Maße, dass eine private Einrichtung der öffentlichen Verwaltung führt souveränen Aufgaben nehmen sie als öffentliche Einrichtung im Sinne dieses Gesetzes behandelt werden.

Abschnitt 3 Weitere Definitionen

(1) «Personenbezogene Daten» alle Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (betroffene Person).

(2) «Data File» bedeutet,

1. eine Reihe von persönlichen Daten, die nach bestimmten Merkmalen kann durch automatisierte Verfahren ausgewertet (automatisierte Datei) oder

2. sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die ähnlich strukturiert und organisiert werden, neu bewertet und entsprechend den spezifischen Eigenschaften (nicht-automatisierte Datei).

Dies gilt nicht umfasst die Aufzeichnungen und Datensatzmengen, sofern sie nicht umgestellt werden kann und durch automatisierte Verfahren ausgewertet.

(3) «Record» jede andere Stelle tretenden Dokuments amtliche Zwecke; dies gilt Bild-und Tonträger enthalten. Sie umfasst keine Entwürfe und Notizen, die nicht dazu bestimmt sind, Teil eines Satzes bilden.

(4) «Collection» ist die Übernahme von Daten über die betroffene Person.

(5) «Verarbeitung» die Speicherung, Änderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten. In besonderen Fällen, unabhängig von der angewandten Verfahren,

1. «Lagerung» die Einreise, Aufnahme oder Erhaltung der persönlichen Daten auf einem Datenträger, so dass sie verarbeitet werden können oder wieder verwendet werden,

2. «Änderung» ist die Änderung der Substanz der gespeicherten personenbezogenen Daten,

3. «Kommunikation» die Weitergabe an einen Dritten (Empfänger) der gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten oder mit Hilfe der Datenverarbeitung entweder

a) durch die Übermittlung der Daten an den Empfänger von der Steuerung der Daten-Datei oder

b) durch den Empfänger Inspektion oder Abrufen von Daten bereit gehalten von der Steuerung der Daten-Datei für Prüfung oder Abruf,

4. «Sperrung»: Etikettierung gespeicherten personenbezogenen Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. «Löschung» bezeichnet die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten.

(6) «Nutzung»: jede Verwendung von personenbezogenen Daten mit Ausnahme der Umwandlung.

(7) «Depersonalisation» ist die Änderung der persönlichen Daten, so dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zugeordnet werden einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.

(8) «Controller der Datendatei» ist jede Person oder Stelle, die Speicherung personenbezogener Daten auf seinem oder ihrem eigenen Namen oder Inbetriebnahme anderer zu speichern.

(9) «Dritter» jede Person oder jede andere Stelle als die Steuerung der Daten-Datei. Dieser Begriff umfasst nicht die betroffene Person oder Personen und Einrichtungen in Auftrag zu verarbeiten oder zu personenbezogenen Daten verwenden, im Bereich der Anwendung dieses Gesetzes.

Abschnitt 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung und-nutzung

(1) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift erlaubt oder anordnet oder wenn sie die betroffene Person eingewilligt hat.

(2) Wenn die Zustimmung der betroffenen Person erhoben, so wird er von den Zweck der Speicherung sowie über alle geplanten Mitteilung seiner Daten informiert werden, und auf seinen Antrag, der die Folgen der Verweigerung Zustimmung. Die Zustimmung wird schriftlich erteilt werden, sofern nicht besondere Umstände eine andere Form zu rechtfertigen. Erteilt der Kunde zusammen mit anderen schriftlichen Erklärungen gegeben werden, wird die Erklärung der Zustimmung angefertigt werden unterschieden in ihrer Erscheinung.

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung ein besonderer Umstand gemäß dem zweiten Satz von Absatz 2 gilt auch als vorhanden, wenn die definierten Zweck der Forschung erheblich beeinträchtigt würde, sofern die Zustimmung in schriftlicher Form eingeholt wurden. In einem solchen Fall die Informationen gemäß dem ersten Satz von Absatz 2 und die Gründe, aus denen erhebliche Beeinträchtigung der definierten Zweck der Forschung würden entstehen wird schriftlich festgehalten werden.

Abschnitt 5 Vertraulichkeit

Beschäftigte in der Datenverarbeitung gilt nicht Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ohne Genehmigung (Vertraulichkeit). Auf der Aufnahme ihrer Tätigkeit dieser Personen, soweit sie arbeiten für den privaten Einrichtungen, sind verpflichtet, ein Unternehmen eine solche Vertraulichkeit zu wahren geben. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit gültig sein.

Abschnitt 6 unveräußerlichen Rechte der betroffenen Person

(1) Die betroffene Person hat das Recht auf Information (§ § 19, 34) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§ § 20,) 35 kann nicht ausgeschlossen werden, oder durch ein Rechtsgeschäft beschränkt.

(2) Wenn die Daten der betroffenen Personen sind in einer Datei, die mehrere Stellen, die berechtigt sind, zu speichern und zu, wenn die betroffene Person ist nicht möglich, die Steuerung der Daten zu überprüfen gespeichert, so kann er Ansatz einer dieser Einrichtungen. Diese Stelle ist verpflichtet, dem Ersuchen der betroffenen Person an die Steuerung der Daten-Datei zu übermitteln. Die betroffene Person wird von der Weiterleitung des Antrags und des für die Verarbeitung der Daten informiert werden benötigt. Die Einrichtungen gemäß Abschnitt 19 (3) dieses Gesetzes, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden sowie der öffentlichen Finanzen Behörden können, soweit sie speichern personenbezogener Daten bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Bereich der Anwendung der Abgabenordnung zur Überwachung und Steuerung zu informieren dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz statt der betroffenen Person. In einem solchen Fall das weitere Verfahren wird wie in Abschnitt 19 (6) dieses Gesetzes bezeichnet werden.

Abschnitt 7 Vergütung von öffentlichen Einrichtungen

(1) Wird eine öffentliche Einrichtung schadet der betroffenen Person durch die automatisierte Verarbeitung seiner persönlichen Daten, die unzulässig oder falsch gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes oder andere Datenschutzvorschriften, eine solche Stelle ist verpflichtet, die betroffene Person für den Schaden so zu kompensieren verursacht werden, unabhängig von einem Verschulden.

(2) In schweren Fällen der Verletzung der Privatsphäre, hat der Betroffene eine angemessene finanzielle Entschädigung für den immateriellen Schaden verursachte.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 werden zu einem Gesamtbetrag von 250.000 DM beschränkt werden. Wo sich aufgrund der gleichen Vorkommen, eine Entschädigung zu mehreren Personen zu zahlen und überschreitet die maximale Höhe von DM 250.000, die Entschädigung für jeden von ihnen bezahlt wird im Verhältnis zu dem Höchstbetrag reduziert werden.

(4) Wird im Falle einer Daten-Datei sind mehrere Einrichtungen berechtigt, die Daten zu speichern und die verletzte Person ist nicht möglich, die Steuerung der Daten-Datei zu ermitteln, wird jeder Stelle haftbar gemacht werden.

(5) Sind mehrere Parteien verantwortlich sind, werden sie als Gesamtschuldner haften.

(6) § § 254 und 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten sinngemäß für Mitverschulden gelten, die zum Teil von der betroffenen Person und auf die Verjährung.

(7) Vorschriften, nach denen eine Partei verantwortlich ist geeignet, in größerem Umfang als nach dieser Vorschrift oder nach denen eine andere Person für den Schaden verantwortlich ist, bleiben unberührt.

(8) Die Inanspruchnahme kann ordentlichen Gerichten zu haben.

Abschnitt 8 Vergütung von privaten Stellen

Wenn eine betroffene Person behauptet, einen Anspruch gegen eine private Einrichtung für die Entschädigung, weil die automatisierte Datenverarbeitung, die unzulässig oder falsch ist nach diesem Gesetz oder anderen Vorschriften über den Datenschutz und wenn es umstritten ist, ob die Ergebnisse verursachten Schaden auf einem Umstand, der die Steuerung der Datei verantwortlich ist, die Beweislast wird mit der Steuerung der Daten Rest-Datei.

Abschnitt 9 Technische und organisatorische Maßnahmen

Öffentliche und private Einrichtungen der Verarbeitung personenbezogener Daten entweder im eigenen Namen oder im Namen der anderen trifft die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Umsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu gewährleisten, insbesondere die Anforderungen gemäß Anhang zu diesem Gesetz. Die Maßnahmen werden nur verlangt werden, wenn der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

Abschnitt 10 Einrichtung von automatisierten Abrufverfahren

(1) Ein automatisiertes Verfahren für das Abrufen von personenbezogenen Daten, soweit solche Verfahren sei angemessen festgelegt werden, unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der betroffenen Personen und die Zölle oder geschäftliche Zwecke der beteiligten Stellen. Die Bestimmungen über die Zulässigkeit des Abrufs im Einzelfall bleibt unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen sorgen dafür, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. Für diesen Zweck werden sie schriftlich fest:

1. den Grund und Zweck des Abrufverfahrens,

2. Empfänger der Daten,

3. die Art der Daten, die übermittelt werden,

4. die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gemäß § 9 dieses Gesetzes.

Im öffentlichen Sektor die Aufsichtsbehörden können festlegen, wie Spezifikationen.

(3) In den Fällen, wo die Leichen in Abschnitt 12 (1) dieses Gesetzes genannten beteiligt sind, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz wird über die Einrichtung von Abrufverfahren und der Vorgaben nach Absatz 2 unterrichtet. Die Einrichtung von Abrufverfahren, in denen die Leichen in den Abschnitten 6 (2) und 19 (3) dieses Gesetzes beteiligt sind, ist nur zulässig, wenn der Bund oder Land zuständigen Minister für die Steuerung der Daten-und Datei für das Abrufen des Körpers oder der ihre Vertreter haben ihre Einwilligung gegeben hat.

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Abrufs in einem bestimmten Fall trägt der Empfänger. Die Steuerung der Daten-Datei hat die Zulässigkeit des Abrufs nur prüfen, wenn es Anlass für eine solche Untersuchung. Die Steuerung der Daten-Datei sorgt dafür, dass die Übermittlung personenbezogener Daten festgestellt werden kann und zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren überprüft. Wenn alle persönlichen Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so genügt es, um sicherzustellen, dass die Zulässigkeit der Abfrage oder Übermittlung von Daten ermittelt werden können und überprüft.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf von Daten, die niemand kann entweder ohne oder nach besonderer Genehmigung.

Abschnitt 11 Auftraggeber Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten

(1) Soweit andere Stellen beauftragt werden zu verarbeiten oder persönliche Daten, die Verantwortung für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz Verwendung ist mit den wichtigsten übrigen. Die Rechte, die in den Abschnitten 6 bis 8 dieses Gesetzes genannten geltend gemacht werden, vis-à-vis der wichtigsten.

(2) Der Agent wird sorgfältig ausgewählt werden, mit besonderer Berücksichtigung der Eignung des technischen und organisatorischen Maßnahmen, die von ihm genommen. Der Auftrag erfolgt schriftlich unter Angabe der Verarbeitung und Nutzung der Daten, die technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterkommissionen. Im Falle von öffentlichen Einrichtungen kann die Kommission durch die Aufsichtsbehörde gegeben werden.

(3) Der Vermittler verarbeiten und nutzen dürfen die Daten nur durch den Auftraggeber beauftragt. Wenn er meint, dass eine Anweisung des Auftraggebers diesem Gesetz oder anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen verstößt, so ist er weise darauf hin, zu den wichtigsten unverzüglich.

(4) Bei der Agent die nur für andere als die Bestimmungen der § § 5, 9, 43 (1), (3) und (4) sowie gemäß § § 44 (1), Nr. 2, 5, 6 und 7 und (2) dieses Gesetzes werden die Bestimmungen über den Datenschutz der Kontrolle oder Aufsicht, nämlich für

1. a) öffentliche Einrichtungen,

b) private Gremien, in denen der öffentliche Sektor besitzt die Mehrheit der Anteile oder der Stimmen und in denen der Auftraggeber eine öffentliche Einrichtung,

§ § 18, 24 bis 26 dieses Gesetzes oder der einschlägigen Datenschutzgesetze der Länder,

2. anderen privaten Einrichtungen, soweit sie in Auftrag gegeben werden, um Prozess-oder personenbezogenen Daten verwenden, im normalen Geschäftsgang als Service-Unternehmen, Abschnitte 32, 36 bis 38 dieses Gesetzes.

Teil II Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen

Kapitel I Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Abschnitt 12 Anwendungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Teils gilt für öffentliche Einrichtungen des Bundes, soweit sie nicht am Wettbewerb teilnehmen als öffentlich-rechtliche Unternehmen.

(2) Ist der Datenschutz nicht durch Landesrecht, Abschnitte 12 bis 17, 19 und 20 dieses Gesetzes geregelt werden auch öffentliche Stellen der Länder gelten, soweit sie

1. Bundesrecht ausführen und nicht im Wettbewerb als öffentlich-rechtliche Unternehmen oder an

2. handeln als Organe der Rechtspflege und sich nicht um administrative Fragen.

(3) § 23 (4) dieses Gesetzes gelten sinngemäß für die Landesbeauftragte für den Datenschutz.

(4) Werden personenbezogene Daten verarbeitet oder für die Zwecke der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Service oder Arbeitsverträge, Abschnitt 28 (1) und verwendet (2), Nr. 1, sowie gemäß § § 33 bis 35 dieses Gesetzes gelten Statt der § § 14 bis 17, 19 und 20.

Abschnitt 13 Erhebung von Daten

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten sind zulässig, wenn die Kenntnisse über diese benötigt wird, um die Aufgaben der Gremien, sie zu sammeln durchzuführen.

(2) Personenbezogene Daten werden von der betroffenen Person erhoben werden. Sie dürfen ohne seine Beteiligung nur erhoben werden, wenn

1. eine gesetzliche Bestimmung schreibt oder gebieterisch setzt eine solche Sammlung oder

2. a) die Art des Verwaltungs-Pflicht nicht nachgekommen sind erforderlich Erhebung der Daten von anderen Personen oder Stellen oder

b) Erhebung der Daten bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und es gibt keine Anzeichen dafür, dass überwiegende berechtigte Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Sind personenbezogene Daten von den Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so hat er den Zweck der Datenerhebung informiert werden. Wenn sie von der betroffenen Person aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung, die die Lieferung von obligatorischen Angaben macht oder wenn eine solche Versorgung ist die Voraussetzung für die Gewährung von gesetzlichen Leistungen, die betroffene Person wird darüber informiert, dass die Lieferung obligatorisch oder freiwillig ist, die gesammelten Fall sein kann. Auf seinen Wunsch wird er von den gesetzlichen Bestimmungen informiert zu werden und die Folgen der Verweigerung Angaben.

(4) Werden personenbezogene Daten von einer privaten Einrichtung erhoben, nicht bei der betroffenen Person ein derartiges Gremium setzt sich aus der gesetzlichen Bestimmung, wonach die Lieferung von Angaben informiert zu werden oder dass eine solche Versorgung ist freiwillig, wie der Fall sein.

Abschnitt 14 Speicherung, Änderung und Nutzung von Daten

(1) Die Speicherung, Änderung oder Nutzung von personenbezogenen Daten ist zulässig, sofern dies für die Erfüllung der Pflichten des für die Verarbeitung der Daten ist notwendig, Datei und wenn es dient dem Zwecke, für die die Daten erhoben wurden. Wenn es keine vorhergehenden Erhebung wurden, können die Daten geändert werden oder nur für die Zwecke, zu denen sie gelagert waren, verwendet.

(2) Speicherung, Veränderung oder Verwendung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn

1. eine gesetzliche Bestimmung schreibt oder setzt diese gebieterisch,

2. die betroffene Person eingewilligt hat,

3. es ist offensichtlich, dass dies im Interesse der betroffenen Person, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er Zustimmung zu versagen würde, wenn er wußte von diesen Zweck

4. Angaben, die von der betroffenen Person geliefert haben, zu überprüfen, weil es tatsächliche Anhaltspunkte, dass sie falsch sind,

5. können die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen oder die Steuerung der Daten-Datei übernommen werden berechtigt wäre, sie zu veröffentlichen, es sei denn, die betroffene Person eindeutig ein überwiegendes berechtigtes Interesse an der mit Ausnahme der Änderung der Zweckbestimmung hat,

6. Dies ist notwendig, um erhebliche Nachteile für das Gemeinwohl oder sonstige unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Sicherheit abzuwenden,

7. Dies ist notwendig, um strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Verfolgung von Straftaten, die Strafe oder Maßnahme als Umsetzung der Definition in Abschnitt 11 (1), Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder Besserungsanstalt oder Disziplinarmaßnahmen wie in der Jugend-Courts Act definiert oder Entscheidungen zur Verhängung von administrativen ausführen Geldbußen,

8. Dies ist notwendig, um eine schwere Verletzung der Rechte einer anderen Person oder zu verhindern

9. Dies ist für die Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens wesentlich schwerer wiegt als das Interesse des Betroffenen durch den Ausschluss der Änderung des Zwecks und der Forschungs-Ziel nicht mit anderen Mitteln erreicht werden oder kann damit erreicht nur mit unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nicht vorliegt, wenn diese die Ausübung der Befugnisse der Aufsicht oder Kontrolle dient, File die Durchführung der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisations-Studien für die Steuerung der Daten. Dies gilt auch für die Verarbeitung oder Nutzung für die Ausbildung und Prüfung zum Zwecke der Steuerung der Daten-Datei, es sei denn, die betroffene Person hat zwingenden berechtigten Interessen.

(4) gespeicherten personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Überwachung des Datenschutzes, die Sicherung von Daten oder eine ordnungsgemäße Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage darf ausschließlich für solche Zwecke verwendet werden.

Abschnitt 15 Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1. Dies ist für die Ausübung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder des Empfängers und notwendig

2. den Anforderungen des § 14 dieses Gesetzes erfüllt sind.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Kommunikation trägt der übermittelnde Stelle. Wenn die Daten auf Antrag des Empfängers übermittelt, wird diese Verantwortung tragen. In einem solchen Fall die übermittelnde Stelle lediglich zu prüfen, ob die Anforderung für die Kommunikation in den Zuständigkeitsbereich des Empfängers liegt, es sei denn, besondere Gründe für die Zulässigkeit der Mitteilung zu überprüfen. § 10 (4) dieses Gesetzes bleibt unberührt.

(3) Der Empfänger verarbeiten oder nutzen dürfen die übermittelten Daten für die Zwecke, für die sie übermittelt wurden. Eine Verarbeitung oder Nutzung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn die Anforderungen von Abschnitt 14 (2) dieses Gesetzes erfüllt sind.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften anzuwenden, sofern sichergestellt ist, dass ausreichende Maßnahmen zum Schutz der Daten durch den Empfänger getroffen werden.

(5) Werden personenbezogene Daten, die nach Absatz 1 kann mitgeteilt werden, um andere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in den Aufzeichnungen in einer Weise verbunden, dass eine Trennung nicht möglich ist oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwand, der Kommunikation der möglichen diese Daten sind auch zulässig, es sei denn, die betroffene Person oder ein Dritter eindeutig ein überwiegendes berechtigtes Interesse an der sie geheim zu halten; Verwendung dieser Daten hat, sind unzulässig.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer öffentlichen Stelle übertragen.

Abschnitt 16 Übermittlung von Daten an private Stellen

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an private Stellen sind zulässig, wenn

1. dies für die Wahrnehmung der Aufgaben der übermittelnden Stelle und die Anforderungen von Abschnitt 14 dieses Gesetzes erforderlichen erfüllt sind oder

2. der Empfänger glaubhaft nachweist, ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten mitgeteilt werden und die betroffene Person nicht über ein berechtigtes Interesse an ausschließlich deren Kommunikation.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Kommunikation trägt der übermittelnde Stelle.

(3) Im Falle der Mitteilung nach Absatz 1, Nr. 2 über die übermittelnde Stelle unterrichtet die betroffene Person von der Mitteilung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn man davon ausgehen kann, dass er Kenntnis von solchen Kommunikation in einer Art und Weise erwerben wird oder wenn diese Informationen die öffentliche Sicherheit gefährden oder auf andere Weise zum Nachteil des Bundes oder eines Landes werden.

(4) Der Empfänger verarbeiten oder nutzen dürfen die übermittelten Daten nur zu dem Zweck, zu dem sie ihm mitgeteilt. Die übermittelnde Stelle dieser Stelle aus an den Empfänger. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn die Kommunikation nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

Abschnitt 17 Übermittlung von Daten an Stellen außerhalb des Gebiets der Anwendung dieses Gesetzes

(1) § 16 (1) dieses Gesetzes in Verbindung mit den einschlägigen Gesetzen und Vereinbarungen sowie § 16 (3) dieses Gesetzes gelten für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb des Gebiets der Anwendung dieses Gesetzes und zur supranationalen und internationalen Gremien.

(2) Mitteilung unterbleibt, wenn es Grund zu der Annahme, dass dies mit dem Ziel, ein deutsches Gesetz unvereinbar wäre.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Kommunikation trägt der übermittelnde Stelle.

(4) Es ist darauf hinzuweisen, um es dem Empfänger, dass die übermittelten Daten verarbeitet werden können oder nur für den Zweck, zu dem sie ihm mitgeteilt werden.

Abschnitt 18 Durchführung des Datenschutzes in der Bundesverwaltung

(1) obersten Bundesbehörden, der Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes Sondervermögen sowie direkte Gremien, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts unterliegen nur der Rechtsaufsicht des Bundes oder eine oberste Bundesbehörde haben, die Umsetzung dieses Gesetzes zu gewährleisten und anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen.

Das gleiche gilt für das Board of Directors der Unternehmen durch das Gesetz aus dem Sondervermögen der Deutschen Bundespost, solange sie das ausschließliche Recht, in der nach dem Postverwaltung Gesetz oder die Installation von Telekommunikationsanlagen Act.

(2) Die öffentlichen Stellen führen ein Verzeichnis der Datenverarbeitung verwendeten Systeme. In Bezug auf ihre Daten-Dateien müssen folgenden schriftlich festzuhalten:

1. Bezeichnung und Art der Daten-Dateien,

2. Zweck,

3. Art der gespeicherten Daten,

4. betroffenen Personen,

5. Art der Daten, die regelmäßig und in ihren Empfängern mitgeteilt,

6. Regelfristen für die Löschung der Daten,

7. Gruppen von Personen, die Zugang oder Personen, die ausschließlich den Zugriff auf das Recht zustehen.

Sie sorgen außerdem dafür, dass die ordnungsgemäße Verwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, überwacht wird.

(3) Der zweite Satz von Absatz 2 gilt nicht für Dateien, die nur vorübergehend gehalten werden und sind innerhalb von drei Monaten gelöscht werden derzeit eingerichtet.

Kapitel II Rechte der betroffenen Person

Abschnitt 19 Bereitstellung von Informationen für die betroffene Person

(1) Die betroffene Person hat auf seinen Antrag, mit Informationen zu Verfügung gestellt werden

1. über ihn gespeicherten Daten, einschließlich der Hinweise in ihnen zu ihrer Herkunft oder Empfänger und

2. den Zweck der Speicherung.

In dem Antrag ist die Art der personenbezogenen Daten, auf denen Informationen bereitgestellt werden. Sind die personenbezogenen Daten in Datensätze gespeichert sind, werden Informationen nur insoweit gewährt, als die Daten, die Gegenstand Lieferungen Angaben es möglich, die Daten und die Anstrengungen nötig, um die Informationen zu finden ist nicht außer Verhältnis zu dem Interesse an solchen Informationen zum Ausdruck gebracht von der betroffenen Person. Die Steuerung der Daten-Datei wird durch Ermessensspielraum bei der Festlegung des Verfahrens für die Ausübung der Bereitstellung solcher Informationen und vor allem, in dem die Form sie geleistet wurde.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die gespeichert werden, nur weil sie nicht gelöscht, kann aufgrund der rechtlichen, gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen zu ihrer Erhaltung oder dienen ausschließlich Zwecken der Daten werden die Sicherheit oder die Kontrolle des Datenschutzes.

(3) Wenn die Bereitstellung von Informationen bezieht sich auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden für den Schutz der Verfassung, der BND, der Bundeswehr Abschirmdienst und, wenn die Sicherheit des Bundes betrifft, anderer Behörden der das Bundesministerium der Verteidigung, so muss er nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(4) Die Informationen werden nicht gewährt, wenn

1. Das wäre gefährlich für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Steuerung der Daten-Datei,

2. dies beeinträchtigt die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder auf andere Weise zum Nachteil des Bundes oder eines Landes oder

3. die Daten oder die Tatsache, dass sie gespeichert werden, müssen geheim gehalten werden, in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen Bestimmung oder die aufgrund ihrer Art, die insbesondere wegen eines überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, und aus diesem Grund das Interesse der betroffenen Person bei der Bereitstellung von Informationen untergeordnet werden.

(5) Gründe, brauchen nicht auf die Weigerung zur Bereitstellung von Informationen angegeben werden, falls die Erklärung des tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf denen die Entscheidung beruht die Zwecke durch die Weigerung, Informationen geliefert werden können gefährden würde. In diesem Fall wird darauf hingewiesen werden, um die betroffene Person, dass er an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz Rechtsmittel kann.

(6) Wenn keine Informationen an die betroffene Person vorgesehen ist, tritt er auf seinen Antrag an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz geliefert werden, es sei denn, die entsprechenden Bundesoberbehörde bestimmt in einem bestimmten Fall, dass dies die Sicherheit des Bundes oder gefährden würde ein Land. In der Mitteilung der Beauftragten der Bundesregierung für die betroffene Person muss keine Rückschlüsse zu, wie das Wissen gezogen werden zur Verfügung der Steuerung der Daten-Datei, sofern diese nicht mehr stimmt, um umfassende Informationen werden zur Verfügung gestellt.

(7) Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Abschnitt 20 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) Unrichtige personenbezogene Daten werden korrigiert werden. Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten in den Aufzeichnungen unrichtig sind oder wenn der Betroffene bestreitet, dass sie richtig sind, eine Notiz zu diesem Zweck ist in dem Protokoll gemacht werden oder es wird durch andere Mittel aufgezeichnet werden.

(2) Personenbezogene Daten in Dateien werden gelöscht, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

2. Wissen sie nicht mehr benötigt wird von der Steuerung der Daten-Datei für die Ausübung seines Amtes.

(3) Anstelle der Löschung werden personenbezogene Daten, soweit blockiert werden

1. vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen von Gesetz, Statuten oder Verträge, die jegliche Löschung,

2. Besteht Grund zu der Annahme, dass eine Löschung würde berechtigten Interessen der betroffenen Person oder beeinträchtigen

3. Löschen ist nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich aufgrund der spezifischen Art der Lagerung.

(4) Personenbezogene Daten in Dateien sind ebenfalls gesperrt werden, wenn der Betroffene bestreitet, dass sie richtig sind, und es kann nicht festgestellt werden, ob sie richtig oder falsch.

(5) Personenbezogene Daten in Datensätze werden gesperrt, wenn die Behörde fest, in dem besonderen Fall, dass ohne zu blockieren, würde berechtigten Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden und die Daten werden nicht mehr für die Ausübung der Aufgaben der Behörde erforderlich.

(6) Gesperrte Daten übermittelt werden können oder ohne die Zustimmung der betroffenen Person verwendet werden, wenn

1. Dies ist für wissenschaftliche Zwecke unabdingbar, zur Verwendung als Beweismittel oder aus anderen Gründen in das übergeordnete Interesse des für die Verarbeitung der Daten-Datei oder einem Dritten und

2. Kommunikation oder die Verwendung der Daten für diese Zwecke sei zulässig, wenn sie nicht gesperrt wurden.

(7) Wenn notwendig, um berechtigten Interessen der betroffenen Person zu schützen, die Berichtigung unrichtiger Daten, die Sperrung bestrittener Daten und die Löschung oder Sperrung von Daten aufgrund einer unzulässigen Lagerung gilt für die Einrichtungen, zu denen diese Daten zur Speicherung übertragen werden benachrichtigt im Rahmen der regelmäßigen Datenkommunikation.

(8) § 2 (1) bis (6), (8) und (9) des Bundesarchivs ist anzuwenden.

Abschnitt 21 appelliert an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz

Jeder kann Appell an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, wenn er glaubt, dass seine Rechte durch die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen des Bundes verletzt worden Dies gilt auch für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von den Gerichten des Bundes nur insoweit, als sie sich mit administrativen Fragen.

Kapitel III Bundesbeauftragten für den Datenschutz

Abschnitt 22 Wahl des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Auf Vorschlag der Bundesregierung dem Bundestag wird dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz wählen, mit über der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Der Beauftragte der Bundesregierung muss mindestens 35 Jahre alt zum Zeitpunkt seiner Wahl. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten ernannt werden.

(2) Der Beauftragte der Bundesregierung werden die folgenden Eid in Anwesenheit des Bundesministers des Innern:

«Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das Wohlergehen des deutschen Volkes, um sie vor Schaden zu schützen und das Grundgesetz zu verteidigen und die Gesetze des Bundes, um meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit in allen Ausübung meiner Geschäfte, so wahr mir Gott helfe. »

Der Bezug auf Gott kann aus den Eid weggelassen werden.

(3) Die Amtszeit des Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. Es kann einmal verlängert werden.

(4) Der Beauftragte der Bundesregierung sind, haben durch dieses Gesetz richtet, öffentlich-rechtliche offiziellen Status in Bezug auf die Föderation. Er ist in der Ausübung seines Amtes und unterliegen dem Recht nur unabhängig. Er unterliegt der Rechtsaufsicht der Bundesregierung.

(5) Der Beauftragte der Bundesregierung wird mit dem Bundesminister des Innern festgelegt werden. Er unterliegt der Aufsicht der hierarchischen des Bundesministers des Innern. Der Beauftragte der Bundesregierung wird mit den personellen und materiellen Ressourcen, die für die Ausübung seines Amtes bereitgestellt werden; diesen Mitteln werden in einem gesonderten Kapitel des Haushaltsplans des Bundesministers des Innern angezeigt. Die Stellen werden im Einvernehmen mit der Beauftragten der Bundesregierung gefüllt werden. Wenn sie nicht einverstanden sind an den vorgesehenen Maßnahmen, kann Bediensteten übertragen werden, delegierte oder nur im Einvernehmen mit der Beauftragten der Bundesregierung verlegt.

(6) Ist der Bundesbeauftragte vorübergehend an der Ausübung seiner Pflichten verhindert, kann der Bundesminister des Innern bestellt einen Ersatz für diese Aufgaben wahrzunehmen. Der Beauftragte der Bundesregierung wird über diese Absprache eingesehen werden.

Abschnitt 23 Rechtsstellung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Die Amtszeit des Bundesbeauftragten für den Datenschutz beginnt mit Übergabe der Ernennungsurkunde. Es Zweck

1. nach Ablauf seiner Amtszeit;

2. über seine Entlassung.

Der Bundespräsident wird der Beauftragten der Bundesregierung auf dessen Anfrage zu entlassen oder auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn es Gründe, die im Falle einer festgestellten Richter, rechtfertigen die Entlassung aus dem Dienst. Im Falle der Beendigung des Mandats, der Beauftragten der Bundesregierung erhält ein Dokument vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Eine Kündigung ist bei der Lieferung dieses Dokuments wirksam. Wenn der Bundesminister des Innern auf Antrag, der Beauftragten der Bundesregierung ist verpflichtet, seine Arbeit fortzusetzen, bis ein Nachfolger ernannt worden ist.

(2) Der Beauftragte der Bundesregierung besitzt keine andere bezahlte Büro oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung zusätzlich zu seiner amtlichen Tätigkeit und nicht auf die Verwaltung gehören, Aufsichts-oder boa boa rd of Directors von rd einen Gewinn arbeitendes Unternehmen noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes. Er kann nicht liefern außergerichtlicher Stellungnahmen im Gegenzug für die Zahlung.

(3) Der Beauftragte der Bundesregierung hat der Bundesminister des Innern unterrichtet aller Gaben, die er erhält in der Ausübung seines Amtes. Der Bundesminister des Innern wird entscheiden, wie solche Geschenke verwendet werden sollen.

(4) Der Beauftragte der Bundesregierung hat das Recht, sich zu weigern, als Zeuge über die Personen, die Informationen, die ihm in seiner Eigenschaft als Beauftragter der Bundesregierung und auf solche Informationen selbst anvertraut haben, zu geben. Dies gilt auch für das Personal von der Beauftragten der Bundesregierung, unter der Bedingung, dass der Beauftragten der Bundesregierung entscheidet über die Ausübung dieses Rechts. Im Rahmen des Rechts der Beauftragten der Bundesregierung zu Zeugnisverweigerungsrecht als Zeuge auszusagen, kann er nicht verlangt werden, einreichen oder Aufzeichnungen oder anderen Dokumenten ergeben.

(5) Der Beauftragte der Bundesregierung sind verpflichtet, auch nach Beendigung seines Dienstes, zur Verschwiegenheit über die Informationen, von denen er Kenntnis erhalten hat, auf Grund seiner Aufgaben erhalten. Dies gilt nicht für Mitteilungen im Rahmen der normalen Aufgaben gestellt oder über Tatsachen, die gemeinsame Wissen sind oder nicht wichtig genug, um vertrauliche Behandlung rechtfertigen. Der Beauftragte der Bundesregierung darf nicht, auch nach Ausscheiden aus dem Dienst, stellen keine Äußerungen oder Erklärungen, entweder innerhalb oder außerhalb des Gerichts über diese Dinge ohne die Zustimmung des Bundesministers des Innern. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht beeinträchtigen seine Pflicht durch das Gesetz zu Straftaten Bericht zu erstatten und Maßnahmen ergreifen, um die freiheitliche demokratische Grundordnung, wann immer sie gefährdet ist aufrecht zu erhalten.

(6) Die Zustimmung zur Aussage als Zeuge auszusagen darf nur versagt werden, wenn eine solche Aussage zu Lasten des Bundes oder eines Landes oder ernsthaft gefährden würde oder behindern die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Die Zustimmung zur Abgabe einer Stellungnahme kann abgelehnt werden, wenn sie gegen das Interesse des Dienstes wäre. § 28 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht, veröffentlicht am 12. Dezember 1985 (BGBl. I, S. 2229), bleibt unberührt.

(7) Ab dem Beginn des Kalendermonats, in dem er beginnt seine Aufgaben bis zum Ende des Kalendermonats, in dem er aus seinem Amt oder, im Falle des sechsten Satz von Absatz 1 angewandt werden, bis zum Ende des Monate, in denen seine Tätigkeit einstellen, der Beauftragten der Bundesregierung erhält die Vergütung der Besoldungsgruppe B 9 Bundesländern offiziell. Das Bundesgesetz über die Reise-und des Bundesgesetzes über die Umzugskosten gelten sinngemäß. In allen anderen Punkten, Abschnitte 13 bis 20 des Gesetzes über die Bundesminister, als am 27. Juli 1971 (BGBl. I, S. 1166 veröffentlicht) und zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 1982 Die Reduzierung der Vergütung der Mitglieder des Bundes Regierung und Parlamentarische Staatssekretäre (BGBl. I, S. 2007), so gelten die Ausnahme, dass die Amtszeit von zwei Jahren in Abschnitt 15 (1) des Gesetzes über die Bundesminister müssen von einem Amtszeit der Fassung fünf Jahre. Abweichend von Satz oben in Verbindung mit § § 15 bis 17 des Gesetzes über die Bundesminister, die Rente von der Beauftragten der Bundesregierung errechnet sich unter Berücksichtigung des versicherten Dienstzeit auf der Grundlage der Beamtenpensionen Gesetz, wenn dies günstiger und wenn unmittelbar vor seiner Wahl hat der Beauftragte der Bundesregierung als Beamter oder Richter zumindest in den letzten Position gewöhnlich vor Erreichen der B 9 Gehaltsgruppe erforderlich.

Abschnitt 24 Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz durch öffentliche Stellen des Bundes. Werden personenbezogene Daten in Datensätze verarbeitet oder verwendet werden, der Beauftragten der Bundesregierung wird ihre Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwachen, ob die betroffene Person angemessen darauf hinweisen, dass seine Rechte in dieser Hinsicht verletzt worden sind oder wenn der Beauftragten der Bundesregierung hat sich in seinem Besitz befindlichen ausreichende Hinweise auf eine derartige Verletzung .

(2) Überwachung durch die Beauftragte der Bundesregierung gilt auch für personenbezogene Daten zu verlängern unter Berufs-oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung. Im Falle der Bundesbehörden im Sinne des § 2 Abs.. (1) Satz 2 der Post-und Fernmeldegeheimnis (§ 10 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt, solange es für die Ausübung der Aufsicht des für die Verarbeitung der Daten erforderliche Datei. Außer wie in Nr. 1 unten bestimmt ist, gilt das Recht der Überwachung erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Post-und Fernmeldewesen. Die folgenden werden, unterliegen nicht der Kontrolle durch die Beauftragte der Bundesregierung:

1. personenbezogener Daten unterliegen der Überwachung durch die Kommission gemäß § 9 des Gesetzes eingerichtet Umsetzung von Artikel 10 des Grundgesetzes, es sei denn, die Kommission fordert von der Beauftragten der Bundesregierung um die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Zusammenhang überwachen, spezifische Verfahren oder in bestimmten Bereichen und diesbezüglichen Bericht ausschließlich auf sie, und

(a) Personenbezogene Daten unterliegen der Privatsphäre von Post-und Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes,

(b) Personenbezogene Daten unterliegen der ärztlichen Privatsphäre und

(c) Personenbezogene Daten bei Personal-oder der Prüfung der Unterlagen, wenn der Betroffene Objekte in einem bestimmten Fall vis-à-vis dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, die Überwachung von Daten über ihn. Unbeschadet des Rechts der Beauftragten der Bundesregierung ist der Überwachung wird die öffentliche Einrichtung, die Betroffenen zu informieren in allgemeiner Form von ihrem Recht auf Einspruch.

(3) Bundesgerichte unterliegen wird die Überwachung durch die Beauftragte der Bundesregierung nur dann, wenn sie sich mit administrativen Fragen.

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, zur Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung und seine Helfer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Insbesondere müssen sie gewährt werden,

1. Angaben in der Antwort auf ihre Fragen sowie die Möglichkeit, alle Dokumente und Unterlagen, insbesondere gespeicherten Daten und Datenverarbeitungsprogramme, mit der Überwachung zu besichtigen in Absatz 1 genannten

2. Zugang zu allen Diensträumen zu jeder Zeit.

Die Behörden auf die in Abschnitt 6 (2) und Artikel 19 (3) dieses Gesetzes ist ausschließlich auf die Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung selbst und die Mitarbeiter von ihm schriftlich bestellt leisten. Der zweite Satz gilt nicht für solche Behörden, sofern die oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass solche Informationen oder Überprüfung würde die Sicherheit des Bundes oder eines Landes zu gefährden.

(5) Der Beauftragte der Bundesregierung unterrichtet die öffentliche Stelle über die Ergebnisse seiner Kontrolle. Er kann sie mit Vorschlägen zur Verbesserung des Datenschutzes zu kombinieren, insbesondere für die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten entdeckt. § 25 dieses Gesetzes bleibt unberührt.

(6) Ziffer 2 gelten entsprechend für öffentliche Stellen für die Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in den Bundesländern.

Abschnitt 25 Beschwerden von der Beauftragten der Bundesregierung für den Datenschutz

(1) Sollte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz zu entdecken Verstöße gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, so hat er eine Beschwerde einreichen,

1. im Falle der Bundesverwaltung, bei der zuständigen Bundesoberbehörde,

2. im Fall der Deutschen Bundesbahn, mit dem Vorstand,

3. im Falle der Unternehmen durch das Gesetz aus dem Sondervermögen der Deutschen Bundespost, solange sie das ausschließliche Recht, vis-à-vis ihres Vorstands in der nach dem Postverwaltung Gesetz oder die Installation von Telekommunikationsanlagen Gesetz,

4. im Falle von bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, mit dem Vorstand oder die zuständige Gremium, und legt eine Erklärung verlangen bis zu einem Zeitpunkt, den er festlegt. In den Fällen der Nr. 4 des ersten Satzes vor, der Beauftragten der Bundesregierung genannt werden zur gleichen Zeit die zuständige Aufsichtsbehörde.

(2) Der Beauftragte der Bundesregierung kann mit einer Beschwerde oder eine Erklärung des betreffenden Stelle verzichten vor allem, wenn die Unregelmäßigkeiten keine oder inzwischen korrigiert worden sind.

(3) Die Erklärung geliefert werden sollten auch die Maßnahmen aufgrund der Beschwerde der Beauftragten der Bundesregierung Rechnung getragen zu beschreiben. Die Einrichtungen nach Nr. 4 der erste Satz in Absatz 1 genannten sind bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Kopie der Erklärung vorzulegen mitteilte der Beauftragten der Bundesregierung.

Abschnitt 26 Weitere Pflichten der Bund-Kommissar für den Datenschutz; Verzeichnis der Dateien

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist ein Tätigkeitsbericht vorzulegen, dem Bundestag alle zwei Jahre. Dieser Bericht sollte auch eine Beschreibung der wichtigsten Entwicklungen in Bezug auf den Datenschutz in der Privatwirtschaft.

(2) Wenn so durch den Bundestag oder die Bundesregierung, der Beauftragten der Bundesregierung beantragt wird, erstellt Gutachten und Berichte. Wenn dies beantragt durch den Bundestag, den Petitionsausschuss, der Ausschuss für innere Angelegenheiten oder der Bundesregierung, der Beauftragten der Bundesregierung wird auch untersuchen, Fragen des Datenschutzes und Vorkommen in öffentlichen Einrichtungen des Bundes. Der Bundesbeauftragte kann jederzeit eingesehen des Bundestages.

(3) Der Bundesbeauftragte kann Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes an die Bundesregierung sowie an die Einrichtungen des Bundes in § 12 (1) dieses Gesetzes bezeichnet und kann sie beraten in Fragen hinsichtlich des Datenschutzes. Die Einrichtungen in den Nummern 1 bis 4 des § 25 (1) dieses Gesetzes wird darüber informiert, von der Beauftragten der Bundesregierung, wenn die Empfehlung oder Beratung nicht sie unmittelbar betreffen.

(4) Der Beauftragte der Bundesregierung bemüht sich der Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen für die Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in den Ländern und mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 dieses Gesetzes.

(5) Der Bundesbeauftragte führt ein Register der automatisch betriebenen Dateien, in denen personenbezogene Daten gespeichert werden. Dies gilt nicht für die Daten-Dateien der Behörden für die in Abschnitt 19 (3) dieses Gesetzes genannten Daten und Dateien unter Abschnitt 18 (3) dieses Gesetzes. Die öffentlichen Stellen, deren Daten-Dateien werden in das Register aufgenommen sind verpflichtet, den Beauftragten der Bundesregierung legen eine Liste gemäß Nr. 1 bis 6 der zweite Satz des Abschnitts 18 (2) dieses Gesetzes. Das Register muss zur Einsicht von einer Person. Die Angaben nach Nr. 3 und Nr. 5 der zweite Satz des Abschnitts 18 (2) dieses Gesetzes über die Dateien der Behörden, die in Abschnitt 6 (2) dieses Gesetzes gelten nicht der Überprüfung unterzogen werden. In besonderen Fällen kann der Beauftragten der Bundesregierung mit anderen öffentlichen Einrichtungen einig, dass bestimmte Informationen nicht Gegenstand einer Überprüfung.

Teil III Datenverarbeitung von privaten Stellen und öffentlich-rechtlichen beteiligten Unternehmen im Wettbewerb

Kapitel 1 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Abschnitt 27 Anwendungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Teils gelten, soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden oder in oder aus Dateien in den normalen Verlauf des Geschäfts-oder für berufliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden durch

1. private Einrichtungen,

2. a) öffentliche Einrichtungen des Bundes, soweit sie am Wettbewerb teilnehmen als öffentlich-rechtliche Unternehmen,

b) die öffentlichen Einrichtungen der Länder, soweit sie im Wettbewerb als öffentlich-rechtliche Unternehmen, führen Bundesgesetz und den Datenschutz zu beteiligen, ist nicht durch Landesrecht geregelt.

In den Fällen, in Nr. 2 genannten (a), gelten die § § 18, 21 und 24 bis 26 dieses Gesetzes gelten anstelle des § 38.

(2) Die Bestimmungen dieses Teils gelten nicht für die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in den Aufzeichnungen gelten, soweit sie nicht persönliche Daten eindeutig eine Daten-Datei aufgenommen.

Abschnitt 28 Speicherung, Übermittlung und Nutzung von Daten für eigene Zwecke

(1) Die Speicherung, Änderung oder Weitergabe von personenbezogenen Daten bzw. deren Verwendung als Mittel zur Erfüllung der eigenen geschäftlichen Zwecken sind zulässig

1. in Einklang mit den Zielen eines Vertrages oder einer quasi-vertraglichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen,

2. soweit dies erforderlich ist, um berechtigten Interessen des für die Verarbeitung der Daten sicherzustellen Datei und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die betroffene Person ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten bei der Verarbeitung oder Nutzung ausgeschlossen,

3. wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen oder die Steuerung der Daten-Datei übernommen werden berechtigt wäre, sie zu veröffentlichen, es sei denn, die betroffene Person eindeutig ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten bei der Verarbeitung oder Nutzung ausgeschlossen,

4. wenn dies im Interesse des für die Verarbeitung der Daten notwendig für die Durchführung der wissenschaftlichen Forschung, sofern eine entsprechende wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens wesentlich das Interesse der Daten überwiegt Thema ohne die Änderung der Zwecke und wenn der Zweck der Forschung kann nicht mit anderen Mitteln erreicht werden kann oder werden daher nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden.

Die Daten müssen nach Treu und Glauben und rechtmäßig erlangt.

(2) Mitteilung oder Verwendung gilt auch zulässig

1. a) soweit dies erforderlich ist, um berechtigte Interessen eines Dritten oder öffentlicher Interessen oder Schutzmaßnahmen

b) wenn die Daten, erstellt in Listen oder in Verbindung, betreffen die Mitglieder einer Gruppe von Personen und beschränken sich auf

– Der betroffenen Person die Mitgliedschaft in dieser Gruppe von Personen,

– Beruf und Art des Unternehmens,

– Name,

– Titel,

– Akademischer Grad,

– Anschrift,

– Jahr der Geburt

und wenn es keinen Grund anzunehmen, dass die betroffene Person ein berechtigtes Interesse daran hat, seine Daten

wird von der Kommunikation ausgeschlossen. In den Fällen unter (b) es kann in der Regel davon auszugehen, dass ein solches Interesse liegt vor, wenn Daten übermittelt werden, die für die Zwecke eines Vertrages oder einer quasi-vertragliche treuhänderische Beziehung und die Sorge gespeichert wurden, sind

– Gesundheitsfragen,

– Straftaten,

– Ordnungswidrigkeiten,

– Religiöse oder politische Ansichten und

– Wenn sie vom Arbeitgeber mitgeteilt, zum rechtlichen Status nach Arbeitsrecht oder

2. wenn dies im Interesse eines Forschungsinstituts für die Durchführung der wissenschaftlichen Forschung erforderlich, wenn durch eine wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens wesentlich das Interesse der Daten überwiegt Thema ohne die Änderung der Zwecke und wenn der Zweck der Forschung nicht erreicht werden durch oder andere Mittel können daher nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden.

(3) Wenn die betroffene Objekte vis-à-vis der Steuerung der Daten-Datei auf der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt-oder Meinungsforschung, Verwendung oder die Kommunikation zu solchen Zwecken ist nicht zulässig. Wenn die betroffene Person Objekte vis-à-vis der Empfänger der Daten nach Absatz 2 zur Verarbeitung oder Verwendung für Zwecke der Werbung oder der Markt-oder Meinungsforschung mitgeteilt, so wird der Empfänger blockiert die Daten für diese Zwecke.

(4) Der Empfänger verarbeiten oder nutzen dürfen die übermittelten Daten für den Zweck, zu dem sie ihm mitgeteilt. Eine Verarbeitung oder Nutzung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn die Vorschriften der Absätze 1 und 2 erfüllt sind. Die übermittelnde Stelle dieser Stelle aus an den Empfänger.

Abschnitt 29 Speicherung von Daten, die im normalen Geschäftsverlauf für die Zwecke der Kommunikation

(1) Die Lagerung oder Änderung der persönlichen Daten, die im normalen Geschäftsverlauf für die Zwecke der Kommunikation sind zulässig, wenn

1. es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die betroffene Person ein berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten von der Lagerung oder der Änderung oder ausgeschlossen

2. können die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen oder die Steuerung der Daten-Datei übernommen werden berechtigt wäre, sie zu veröffentlichen, es sei denn, die betroffene Person eindeutig ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten aus der Nutzung oder Bearbeitung ausgeschlossen.

Der zweite Satz des Abschnitts 28 (1) dieses Gesetzes gelten.

(2) Mitteilung sind zulässig, wenn

1. a) der Empfänger glaubhaft nachweist, ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten oder

b) die Daten gemäß § 28 (2), Nr. 1 (b) dieses Gesetzes wurden in Listen zusammengestellt oder in Verbindung und sind für Zwecke der Werbung oder der Markt-oder Meinungsforschung und mitgeteilt werden

2. es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die betroffene Person ein berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten von der Kommunikation ausgeschlossen.

Der zweite Satz des Abschnitts 28 (2), Nr. 1 dieses Gesetzes gelten sinngemäß. Im Falle der Mitteilung nach Nr. 1 (a) die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses und die Mittel sind glaubwürdig präsentieren sie richten sich nach der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der Kommunikation durch automatisierten Abruf wird, wie die Aufnahme des Empfängers erforderlich sein.

(3) § 28 (3) und (4) dieses Gesetzes gelten für die Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten Daten.

Abschnitt 30 Speicherung von Daten, die im normalen Geschäftsverlauf für die Zwecke der Kommunikation in unpersönlicher Form

(1) Werden personenbezogene Daten, die im normalen Geschäftsverlauf gespeichert, um sie in unpersönlicher Form zu kommunizieren, die Merkmale ermöglichen Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse, um eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person werden separat gelagert zugeordnet werden könnte. Diese Merkmale können die Informationen nur im Bedarfsfall für die Lagerung oder wissenschaftliche Zwecke kombiniert werden.

(2) Die Änderung der persönlichen Daten ist zulässig, wenn

1. es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die betroffene Person ein berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten vor Änderung oder ausgeschlossen

2. können die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen oder die Steuerung der Daten-Datei übernommen werden berechtigt wäre, sie zu veröffentlichen, es sei denn, die betroffene Person eindeutig ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Daten vor Änderung ausgeschlossen.

(3) Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn ihre Speicherung unzulässig ist.

(4) § § 29, 33 bis 35 dieses Gesetzes findet keine Anwendung.

Abschnitt 31 Einschränkung der Nutzung auf die spezifischen Zwecke

Gespeicherten personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Kontrolle des Datenschutzes und der Datensicherheit oder um das ordnungsgemäße Funktionieren der Datenverarbeitung zu gewährleisten dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

Abschnitt 32 Verbindliche Anmeldung

(1) Stellen, die im normalen Geschäftsverlauf

1. Speichern von persönlichen Daten zum Zwecke der Kommunikation,

2. Speichern von persönlichen Daten zum Zwecke der Kommunikation oder entpersönlicht

3. sind beauftragt, Prozess-oder personenbezogenen Daten verwenden, wie ein Service-Unternehmen

sowie deren Niederlassungen und Büros abhängig sind Beginn und Beendigung ihrer Tätigkeit an die zuständigen Aufsichts-Behörde innerhalb eines Monats.

(2) Nach der Eintragung muss folgende Angaben für das Register geliefert werden gehalten von der Aufsichtsbehörde:

1. Name oder Titel des Körpers,

2. Eigentümer, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzlich oder verfassungsrechtlich ernannte und die Verantwortlichen der Datenverarbeitung gestellt,

3. Adresse,

4. geschäftliche Zwecke des Körpers und der Datenverarbeitung,

5. Name des Beauftragten für den Datenschutz,

6. Allgemeine Beschreibung der Art der gespeicherten personenbezogenen Daten. Diese Informationen dürfen nicht in den Fällen des Absatzes 1, Nr. 3 verlangt werden, vor.

(3) Nach der Registrierung, die die folgenden Angaben nicht in das Register aufgenommen werden ebenfalls geliefert werden:

1. Art der Datenverarbeitung genutzt wird,

2. im Falle der regelmäßigen Übermittlung von personenbezogenen Daten, die Empfänger und die Art der übermittelten Daten.

(4) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Änderung der Angaben gemäß den Absätzen 2 und 3 geliefert.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann bestimmen, in einem bestimmten Fall die Angaben gemäß Absatz 2, Nr. 4 und 6, Absatz 3 und Ziffer 4 geliefert werden müssen. Der Aufwand im Zusammenhang mit der Bereitstellung dieser Angaben müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Bedeutung für die Überwachung durch die Aufsichtsbehörde werden.

Kapitel II Rechte der betroffenen Person

Abschnitt 33 Benachrichtigung der betroffenen Person

(1) Werden personenbezogene Daten zum ersten Mal für eigene Zwecke gespeichert sind, werden die Daten Gegenstand einer solchen Lagerung und der Art der Daten informiert werden. Werden personenbezogene Daten, die im normalen Geschäftsverlauf für den Zweck der Kommunikation gespeichert werden, die betroffene Person über ihre erste Mitteilung mitgeteilt werden und daß von der Art der übermittelten Daten.

(2) Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn

1. Die betroffene Person hat Kenntnisse auf andere Weise der Speicherung oder Übermittlung der Daten erhalten,

2. die Daten gespeichert werden, nur weil sie nicht gelöscht, kann aufgrund der rechtlichen, gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen zu ihrer Erhaltung oder dienen ausschließlich Zwecken der Daten werden die Sicherheit oder die Kontrolle des Datenschutzes,

3. die Daten müssen geheim gehalten werden, in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen Bestimmung oder die aufgrund ihrer Art, die insbesondere wegen eines überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten,

4. die maßgeblichen Verkehrskreise Körper an die Steuerung der Daten-Datei erklärt, dass die Veröffentlichung der Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst zum Nachteil des Bundes oder eines Landes,

5. Die Daten sind in einer Datei gespeichert, die nur vorübergehend gehalten wird und ist innerhalb von drei Monaten gelöscht eingerichtet,

6. Die Daten werden für eigene Zwecke gespeichert und

a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen oder

b) die Unterrichtung würde zu einer erheblichen Beeinträchtigung der geschäftlichen Zwecken der Steuerung der Daten-Datei, es sei denn, das Interesse an der Bekanntgabe dieser Beeinträchtigung oder überwiegt

7. Die Daten sind in den normalen Gang der Geschäfte zum Zweck der Kommunikation und gespeichert

a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen-in, soweit sie für Personen, die diese Daten veröffentlicht oder beziehen sich

b) die Daten werden in Listen zusammengestellt oder in Verbindung (§ 29 (2), Nr. 1 (b) dieses Gesetzes)

Abschnitt 34 Bereitstellung von Informationen für die betroffene Person

(1) Die betroffene Person kann Informationen auf Anfrage

1. über ihn gespeicherten Daten, einschließlich der Hinweise in der sie ihre Herkunft und Empfänger,

2. den Zweck der Speicherung und

3. Personen und Stellen, an wen seine Daten regelmäßig übermittelt, wenn seine Daten automatisiert verarbeitet werden.

Er sollte die Art der persönlichen Daten, auf denen Informationen bereitgestellt werden. Sind die personenbezogenen Daten, die im normalen Geschäftsverlauf für den Zweck der Kommunikation gespeichert werden, kann die betroffene Person Informationen über ihre Herkunft und Empfänger nur verlangen, wenn er gut hat begründete Zweifel an der Richtigkeit der Daten. In diesem Fall Informationen über die Herkunft und Empfänger muss so gewählt werden, auch wenn diese Angaben werden nicht gespeichert.

(2) Im Falle von Stellen, die personenbezogene Daten, die im normalen Geschäftsverlauf für die Zwecke der Bereitstellung von Informationen zu speichern, kann die betroffene Person Auskunft über seine persönlichen Daten, auch wenn sie nicht in einer Datenbank gespeichert sind Anfrage-Datei. Die betroffene Person kann Informationen über ihre Herkunft und Empfänger nur verlangen, wenn er nachweist, dass er wohl hat begründete Zweifel an der Richtigkeit der Daten. § 38 (1) dieses Gesetzes gilt unter der Voraussetzung, dass die Aufsichtsbehörde überprüft im Einzelfall die Einhaltung der erste Satz vor, wenn die betroffene Person aus Gründen beweisen, dass die Informationen nicht zur Verfügung gestellt wurden oder wurde falsch gestellt.

(3) Die Unterrichtung erfolgt schriftlich mitgeteilt werden, sofern nicht besondere Umstände eine andere Form zu rechtfertigen.

(4) Die Bereitstellung von Informationen ist nicht erforderlich, wenn die betroffene Person nicht über die gemäß § 33 (2), Nr. 2 bis 6 mitgeteilt werden, dieses Gesetzes.

(5) Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Allerdings, wenn die persönlichen Daten sind in den normalen Gang der Geschäfte zum Zweck der Kommunikation gespeichert werden, kann eine Gebühr erhoben werden, wenn die betroffene Person die Informationen finden Sie vis-à-vis Dritte zu kommerziellen Zwecken. Die Gebühr wird nicht über die Kosten unmittelbar auf die Bereitstellung von Informationen. Keine Gebühr kann in den Fällen erhoben werden, wenn besondere Umstände Anlass zu der Annahme, dass die gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind oder dass ihre Speicherung unzulässig war, oder wenn die Informationen hat ergeben, dass die persönlichen Daten zu korrigieren oder vorbehaltlich der Nr. 1 haben der zweite Satz des Abschnitts 35 (2) dieses Gesetzes müssen gelöscht werden.

(6) Werden Informationen nicht kostenlos zur Verfügung gestellt, so wird die betroffene Person die Möglichkeit gegeben werden, persönliche Kenntnis der Daten und Angaben über die ihm im Rahmen seines Anspruchs auf Informationen zu erwerben. Dies soll darauf hingewiesen werden, um ihn in geeigneter Weise.

Abschnitt 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) Unrichtige personenbezogene Daten sind zu berichtigen.

(2) Abgesehen von den Fällen des Absatzes 3, Nr. 1 und 2 genannten, unter personenbezogenen Daten kann jederzeit gelöscht werden. Sie werden gelöscht, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist,

2. sie beziehen sich auf Gesundheitsfragen, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten sowie religiöse oder politische Ansichten und die Steuerung der Daten-Datei kann nicht beweisen, dass sie richtig sind,

3. sie sind für die eigenen Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre Kenntnis von ihnen ist nicht mehr erforderlich zur Erreichung des Zwecks, für die sie gespeichert sind, oder

4. sie sind in den normalen Gang der Geschäfte zum Zweck der Mitteilung verarbeitet und eine Prüfung fünf Kalenderjahre nach ihrem ersten gelagert zeigt, dass eine weitere Lagerung ist nicht erforderlich.

(3) Anstelle der Löschung werden personenbezogene Daten, soweit blockiert werden

1. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 oder 4, Aufbewahrungsfristen durch Gesetz, Statuten oder Verträge, die jegliche Löschung vorgeschrieben ist,

2. Besteht Grund zu der Annahme, dass eine Löschung würde berechtigten Interessen der betroffenen Person oder beeinträchtigen

3. Löschen ist nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich aufgrund der spezifischen Art der Lagerung.

(4) Personenbezogene Daten werden ebenfalls blockiert werden, wenn der Betroffene bestreitet, dass sie richtig sind, und es kann nicht festgestellt werden, ob sie richtig oder falsch.

(5) Wenn sie in der normalen Geschäftstätigkeit für die Zwecke der Kommunikation, persönliche Daten, die unrichtig sind oder deren Richtigkeit bestritten wird gespeichert müssen nicht korrigiert werden, blockiert oder nur in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 oben gelöscht , wenn sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen und zu Dokumentationszwecken gespeichert. Auf Antrag der betroffenen Person ist, seine Gegendarstellung zu den Daten für die Dauer ihrer Speicherung hinzugefügt werden. Die Daten dürfen nicht ohne diese Zähler mitgeteilt werden-Anweisung.

(6) Falls erforderlich sind, um berechtigte Interessen der betroffenen Person zu schützen, die Berichtigung unrichtiger Daten, die Sperrung bestrittener Daten und die Löschung oder Sperrung von Daten aufgrund einer unzulässigen Lagerung gilt für die Einrichtungen, zu denen diese Daten zur Speicherung übertragen werden benachrichtigt im Rahmen der regelmäßigen Datenkommunikation.

(7) Gesperrte Daten übermittelt werden können oder ohne die Zustimmung der betroffenen Person verwendet werden, wenn

1. Dies ist für wissenschaftliche Zwecke unabdingbar, zur Verwendung als Beweismittel oder aus anderen Gründen in das übergeordnete Interesse des für die Verarbeitung der Daten-Datei oder einem Dritten und

2. Kommunikation oder die Verwendung der Daten für diese Zwecke sei zulässig, wenn sie nicht gesperrt wurden.

Kapitel III Datenschutzbeauftragter, Aufsichtsbehörde

Abschnitt 36 Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

(1) Private Stellen, die personenbezogene Daten automatisch und regelmäßig beschäftigen mindestens fünf ständigen Mitarbeitern zu diesem Zweck sind schriftlich eines Datenschutzbeauftragten innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit zu benennen. Das gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise verarbeitet werden und mindestens 20 Personen sind dauerhaft für diesen Zweck eingesetzt.

(2) Nur Personen, die das Fachwissen besitzen und müssen die erforderliche Zuverlässigkeit für die Durchführung der betreffenden Aufgaben bestellt werden Datenschutzbeauftragten.

(3) Der Datenschutzbeauftragte wird direkt dem Eigentümer, Vorstand, Geschäftsführer oder sonstige gesetzlich oder verfassungsrechtlich als Geschäftsführer eingesetzt. Er steht es frei, sein Fachwissen im Bereich des Datenschutzes nach eigenem Ermessen verwenden. Er darf keine Nachteile erleiden, durch die Ausübung seines Amtes. Die Benennung eines Datenschutzbeauftragten kann nur auf Antrag der Aufsichtsbehörde widerrufen oder nach § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird sinngemäß anzuwenden.

(4) Der Datenschutzbeauftragte ist verpflichtet, zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Person zu erhalten und auf die Umstände es erlauben Rückschlüsse auf die betroffene Person gezogen werden, wenn er von dieser Verpflichtung durch die betroffene Person freigegeben wird.

(5) Die private Stelle Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben und insbesondere die Unterstützung, soweit für diese Leistung benötigt wird, zur Verfügung stellen Assistenten sowie Räumlichkeiten, Mobiliar, Ausrüstung und anderen Ressourcen.

Abschnitt 37 Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz

(1) Der Datenschutzbeauftragte sorgt dafür, dass dieses Gesetz und andere Vorschriften über den Datenschutz eingehalten wird. Zu diesem Zweck kann er für die Aufsichtsbehörde in den Fällen des Zweifels. Insbesondere wird er

1. überwacht die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, Programme mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen; zu diesem Zweck wird er rechtzeitig über Vorhaben zur automatischen Verarbeitung von personenbezogenen Daten unterrichtet zu werden;

2. treffen alle geeigneten Maßnahmen vertraut, die Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere in Bezug auf die Lage in diesem Bereich und die besonderen Anforderungen des Datenschutzes sich daraus ergebenden beschäftigt;

3. Unterstützung und Beratung bei der Auswahl der Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingesetzt werden.

(2) Der Datenschutzbeauftragte erhält von den privaten Einrichtung einer Liste auf

1. Datenverarbeitungssysteme eingesetzt,

2. Bezeichnung und Art der Daten-Dateien,

3. Art der gespeicherten Daten,

4. geschäftliche Zwecke, deren Erfüllung erfordern die Kenntnis dieser Daten,

5. ihren regelmäßigen Empfänger

6. Gruppen von Personen, die Zugang oder Personen, die ausschließlich den Zugriff auf das Recht zustehen.

(3) Absatz 2, Nr. 2 bis 6 gilt nicht für Daten, Dateien, die nur vorübergehend gehalten werden und sind innerhalb von drei Monaten gelöscht werden derzeit eingerichtet.

Abschnitt 38 Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde im Einzelfall prüfen, ob dieses Gesetz und andere Vorschriften über den Datenschutz für die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus Dateien beachtet werden, wenn es genügend Anhaltspunkte, dass eine solche Bestimmung wurde von privaten Stellen verletzt hat , insbesondere wenn der betroffenen Person selbst die Beweismittel in diesem Sinne.

(2) Werden personenbezogene Daten sind in den normalen Gang der Geschäfte

1. gespeichert zum Zwecke der Kommunikation,

2. gespeichert zum Zwecke der Kommunikation oder entpersönlicht

3. bearbeitet von Service-Unternehmen in Auftrag gegeben, dies zu tun, die Aufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes oder anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften für die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus Dateien. Die Aufsichtsbehörde führt ein Register gemäß § 32 (2) dieses Gesetzes. Das Register muss zur Einsicht von einer Person.

(3) Die Anstalten unter der Überwachung und die verantwortlichen Personen für ihre Geschäftsführung hat die Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung stellen und unverzüglich die erforderlichen Informationen für die Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Eine Person verpflichtet, die Informationen können sich weigern, dies zu tun, wo er selbst oder eine der Personen in § 383 (1) bezeichnet, Nr. 1 bis 3 aussetzen würde, der Zivilprozessordnung, um die Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens im Rahmen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Dies sei darauf hingewiesen, die Person verpflichtet, Informationen zu liefern.

(4) Die Personen, die von der Aufsichtsbehörde die Überwachung ernannt wird ermächtigt, soweit dies für die Durchführung der Aufgaben der Aufsichtsbehörde, die das Eigentum und die Räumlichkeiten der Körper während der Geschäftszeiten zu betreten und Kontrollen durchführen und Kontrollen gibt. Sie können Business-Dokumente zu überprüfen, insbesondere die Liste gemäß § 37 (2) dieses Gesetzes sowie die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitung Programme. § 24 (6) dieses Gesetzes gelten sinngemäß. Die Person verpflichtet, Auskünfte zu diesen Maßnahmen Genehmigung gestellt.

(5) Um den Datenschutz im Rahmen dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz für die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus Dateien zu gewährleisten, können anweisen, die Aufsichtsbehörde, die im Rahmen der Anforderungen in Abschnitt 9 dieses Gesetzes festgelegten , Maßnahmen zur technischen oder organisatorischen Behebung von Unregelmäßigkeiten entdeckt werden. Im Falle eines schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten dieser Art, insbesondere wenn sie mit einer bestimmten Beeinträchtigung der Privatsphäre verbunden sind, kann die Aufsichtsbehörde verbieten die Verwendung bestimmter Verfahren, wenn die Unregelmäßigkeiten nicht innerhalb einer angemessenen Frist entgegen der Anweisung gemäß dem ersten behoben Satz vor und trotz der Verhängung eines Bußgeldes. Die Aufsichtsbehörde kann die Entlassung des Beauftragten für den Datenschutz verlangen, wenn er nicht das Fachwissen besitzen und müssen die erforderliche Zuverlässigkeit für die Ausübung seines Amtes.

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen benennen die zuständigen Behörden «für die Überwachung der Umsetzung des Datenschutzes im Bereich der Anwendung dieses Teils.

(7) Die Gewerbeordnung gilt weiterhin für die kommerziellen Unternehmen vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Teils gelten.

Teil IV Besondere Bestimmungen

Abschnitt 39 Limited Verwendung personenbezogener Daten unterliegen Berufs-oder besonderen Amtsgeheimnis

(1) Personenbezogene Daten, die Berufs-oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und die von den Körper zur Verschwiegenheit bei der Ausübung ihrer beruflichen oder dienstlichen Pflichten gebunden geliefert wurden, dürfen verarbeitet werden oder von der Steuerung der Daten verwendeten Dateien nur für den Zweck , für die er sie erhalten haben. Im Falle einer Mitteilung an eine private Einrichtung, den Körper zur Verschwiegenheit verpflichtet muss seine Zustimmung geben.

(2) Die Daten dürfen nur verarbeitet werden, oder für einen anderen Zweck nur, wenn die Änderung der Zwecke durch spezielle Rechtsvorschriften zugelassen werden.

Abschnitt 40 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen

(1) Personenbezogene Daten, die für wissenschaftliche oder Forschungszwecke aufbewahrt, dürfen verarbeitet werden oder nur für solche Zwecke verwendet werden.

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an andere als öffentliche Einrichtungen zu Forschungszwecken ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten Daten für andere Zwecke und mit den Bestimmungen des Absatzes 3 erfüllen.

(3) Die personenbezogenen Daten werden, sobald der Zweck der Forschung entpersönlicht dies zulässt. Bis zu diesem Zeitpunkt die Merkmale ermöglichen Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse, um eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person werden separat gelagert zugeschrieben werden. Sie können die Informationen nur in dem erforderlichen Umfang durch das Forschungs-Zwecke kombiniert werden.

(4) Einrichtungen, zu deren wissenschaftlicher Erforschung dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn

1. die betroffene Person eingewilligt hat oder

2. Dies ist für die Präsentation von Forschungsergebnissen zu aktuellen Ereignissen unverzichtbar.

Abschnitt 41 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Medien

(1) Werden personenbezogene Daten verarbeitet werden, oder von Unternehmen oder Hilfs-Unternehmen in der Presse oder Film-Sektor oder durch eine Hilfsperson Unternehmen im Bereich des Rundfunks ausschließlich für den eigenen journalistischen – redaktionelle Zwecke, nur Nummern 5 und 9 dieses Gesetzes gelten verwendet. Wo Verlage Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für die Veröffentlichung von Adresse, Telefon, klassifiziert oder ähnlichen Verzeichnissen der erste Satz oben gilt nur, wenn eine journalistische – redaktionelle Tätigkeit ist mit einer solchen Veröffentlichung verbunden.

(2) Wenn journalistische – redaktionelle Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten durch die Rundfunkanstalten nach Bundesrecht führt zu der Veröffentlichung von Gegendarstellungen von der betroffenen Person, wie Counter-Erklärungen werden mit den gespeicherten Daten kombiniert werden, und für den gleichen Zeitraum wie haltbar die Daten selbst.

(3) Ist die Privatsphäre einer Person wird durch Berichterstattung durch die Rundfunkanstalten des Bundesrechts beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die gespeicherten persönlichen Daten, auf denen die Berichte waren Grundlage zu beantragen. Solche Informationen kann abgelehnt werden, wenn die Daten ermöglichen Rückschlüsse auf den Autor, Lieferant oder die Bezugsquelle von Beiträgen, Dokumenten und Mitteilungen gezogen werden für den redaktionellen Teil. Die betroffene Person kann verlangen, dass falsche Daten korrigiert werden.

(4) In jeder anderen Hinsicht gelten die § § 5 und 9 dieses Gesetzes gelten für Rundfunkanstalten des Bundesrechts. Anstelle der § § 24 bis 26 dieses Gesetzes, so § 42 gelten auch dann, wenn der Verwaltung betroffen sind.

Abschnitt 42 Datenschutz Officer bei Rundfunkanstalten des Bundesrechts

(1) Rundfunkanstalten des Bundesrechts ernennen je einen Datenschutzbeauftragten, der an die Stelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu gewährleisten. Der Datenschutzbeauftragte wird von dem Verwaltungsrat für eine Amtszeit von vier Jahren ernannt werden auf Vorschlag des Generaldirektors; Wiederbestellung ist zulässig. Das Amt des Datenschutzbeauftragten kann neben anderen Aufgaben innerhalb der Rundfunkanstalt wahrgenommen werden.

(2) Der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er ist bei der Ausübung dieses Amtes unabhängig und unterliegen nur dem Gesetz. In allen anderen Punkten, so unterliegt er auf der offiziellen und rechtlichen Autorität des Verwaltungsrates.

(3) Jedermann kann Berufung auf die Daten. Schutz Offizier in Übereinstimmung mit dem ersten Satz des Abschnitts 21 dieses Gesetzes.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz einen Tätigkeitsbericht, den Organen der jeweiligen Rundfunkanstalt nach Bundesrecht legt alle zwei Jahre, beginnend am 1. Januar 1994. Darüber hinaus soll er vorlegen Sonderberichte gemäß einer Entscheidung eines Organs der jeweiligen Rundfunkanstalt. Der Beauftragte für den Datenschutz in die Tätigkeitsberichte nach der Beauftragten der Bundesregierung übermittelt für den Datenschutz als auch.

(5) Rundfunkanstalten des Bundesrechts werden weitere Vorkehrungen für ihren Bereich der Erwerbstätigkeit in Übereinstimmung mit den Abschnitten machen zwischen 23 und 26 dieses Gesetzes. § 18 dieses Gesetzes bleibt unberührt.

Teil V Schlussbestimmungen

Abschnitt 43 Straftaten

(1) Wer ohne Genehmigung

1. speichert, ändert oder kommuniziert,

2. zur Verfügung stellt für den automatischen Abruf oder

3. abruft oder erhält man für sich selbst oder für andere von Dateien

keine persönlichen Daten geschützt durch dieses Gesetz, die nicht alltäglich sind Wissen wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.

(2) Ebenso wird bestraft werden, wer

1. erhält man durch falsche Angaben die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch dieses Gesetz, die nicht alltäglich sind Wissen geschützt,

2. entgegen dem ersten Satz des Abschnitts 16 (4), der erste Satz des Abschnitts 28 (4), auch in Verbindung mit § 29 (3), der erste Satz des Abschnitts 39 (1) oder § 40 (1) dieses Gesetzes verwendet die übermittelten Daten für andere Zwecke ihrer Übermittlung an Dritte oder

3. im Gegensatz zu dem zweiten Satz des § 30 (1) dieses Gesetzes, kombiniert die Eigenschaften in den ersten Satz des Abschnitts 30 (1) mit den Informationen aufgeführt sind, oder, im Gegensatz zu dem dritten Satz des Abschnitts 40 (3), kombiniert die Eigenschaften erwähnt im zweiten Satz des § 40 (3) mit den Informationen.

(3) Ist der Täter die Straftat begeht, gegen Entgelt oder in der Absicht, sich selbst zu bereichern oder einer anderen Person oder von einer anderen Person zu schädigen, so ist er haftbar zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

(4) Solche Straftaten werden strafrechtlich verfolgt werden, wenn eine Beschwerde eingereicht.

Abschnitt 44 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gilt als von irgend jemand begangen hat, ob vorsätzlich oder fahrlässig,

1. Verstoß gegen die dritte oder vierte Satz des Abschnitts 29 (2) dieses Gesetzes nicht zu den dort beschriebenen Gründen Datensatz oder die Mittel, glaubwürdig präsentieren sie,

2. entgegen § 32 (1), auch in Verbindung mit § 32 (4) dieses Gesetzes war, nicht zur Einreichung einer Anmeldung oder diese Forderung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht oder entgegen § 32 (2), auch in Verbindung mit Abschnitt 32 (4) dieses Gesetzes fällt, bei der Anmeldung, zu den erforderlichen Daten zu liefern oder Richtigkeit und Vollständigkeit Angaben liefern,

3. entgegen § 33 (1) dieses Gesetzes nicht an den Betroffenen mitzuteilen oder nicht so richtig oder vollständig tun,

4. Verstoß gegen die dritte Satz des Abschnitts 35 (5) dieses Gesetzes, kommuniziert Daten ohne

Gegen-Erklärung,

5. entgegen § 36 (1) dieses Gesetzes, nicht eines Datenschutzbeauftragten ernennen oder diese Forderung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit beschränken,

6. entgegen dem ersten Satz des Abschnitts 38 (3) dieses Gesetzes nicht zur Bereitstellung von Informationen oder nicht, dies zu tun, korrekt, vollständig oder innerhalb der vorgeschriebenen Frist, oder, im Gegensatz zu dem vierten Satz des § 38 (4) dieses Gesetzes, weigert sich, den Zugang zu Eigentum oder Räumlichkeiten zu gewähren oder sich weigert, Kontrollen oder Prüfungen oder die Prüfung von Geschäftsdokumenten, oder zulassen,

7. nicht mit einem ausführbaren Anweisung nach dem ersten Satz des § 38 (5) dieses Gesetzes entsprechen.

(2) Diese Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 DM geahndet werden.

Anhang (den ersten Satz des § 9 des Gesetzes)

Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden, Maßnahmen, um die Art der personenbezogenen Daten zu schützen geeignet zu treffen,

1. um Unbefugten den Zugang zu den Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden (Zugangskontrolle),

2. auf einen Datenträger aus gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden, ohne, Autorisierung (Speichermedien Kontrolle zu verhindern),

3. um unbefugte Eingabe in den Speicher zu verhindern und die unerlaubte Untersuchung, Veränderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten (Speicher Kontrolle),

4. zu den Datenverarbeitungsanlagen verhindern, dass durch unbefugte Personen verwendet mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung (Benutzerkontrolle),

5. um sicherzustellen, dass Personen, die ein Datenverarbeitungssystem verwendet Anspruch haben nur Zugriff auf die Daten, auf die sie ein Recht auf Zugang (Access Control) haben,

6. um sicherzustellen, dass es möglich ist, überprüft und festgestellt werden, an welche Stellen personenbezogene Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung (Übermittlungskontrolle mitgeteilt)

7. um sicherzustellen, dass es möglich ist, überprüft und festgestellt werden, welche personenbezogenen Daten eingegeben worden in Datenverarbeitungssysteme von wem und zu welchem Zeitpunkt (Eingabekontrolle),

8. um sicherzustellen, dass im Falle der Auftrag Verarbeitung personenbezogener Daten, die Daten werden streng im Einklang mit den verarbeiteten Weisungen des Auftraggebers (Job-Kontrolle),

9. zu verhindern, dass Daten gelesen, kopiert, verändert oder ohne Genehmigung während der Übermittlung von personenbezogenen Daten oder den Transport von Datenträgern (Transfer Control) gelöscht,

10. die interne Organisation der Behörden oder Unternehmen, die so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes erfüllt die Schutzart (Organisations-Kontrolle).  

 

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Aktualisierte, nicht amtliche Fassung

Herausgeber: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Stand: 11. Juni 2010

Erster Abschnitt

Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen

§ 1.- Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch

1. öffentliche Stellen des Bundes,

2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie

a) Bundesrecht ausführen oder

b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt,

3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten.

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegene verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. Dieses Gesetz findet Anwendung, sofern eine verantwortliche Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen ist, personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Soweit die verantwortliche Stelle nach diesem Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben über im Inland ansässige Vertreter zu machen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zweck des Transits durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.

§ 2.- Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen

(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

Als öffentliche Stellen gelten die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht.

(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung nicht öffentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn

1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden oder

2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht.

Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder.

(4) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen. Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

§ 3.- Weitere Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren:

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten,

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass

a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder

b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle.

Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

(10) Mobile personenbezogene Speicherund Verarbeitungsmedien sind Datenträger,

1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,

2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch die ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.

(11) Beschäftigte sind:

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte,

5. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz Beschäftigte,

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

7. Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist,

8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende.

§ 3a.- Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

§ 4.- Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder

2.

a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder

b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,

2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und

3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss, zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

§ 4a.- Einwilligung

(1) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben.

(2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks ergibt, schriftlich festzuhalten.

(3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 4b.- Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen

1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder

3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30a nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1 entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. Satz 2 gilt nicht, wenn die Übermittlung zur Erfüllung eigener Aufgaben einer öffentlichen Stelle des Bundes aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist.

(3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden.

(4) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung die Daten übermittelt werden.

§ 4c.- Ausnahmen

(1) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, auch wenn bei ihnen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern

1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat,

2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung des Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,

3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im Interesse des Betroffenen von der verantwortlichen Stelle mit einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden soll,

4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,

5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist oder

6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind.

Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt werden.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann die zuständige Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen oder bestimmte Arten von Übermittlungen personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen genehmigen, wenn die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen Rechte vorweist; die Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregelungen ergeben. Bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zuständig. Sofern die Übermittlung durch öffentliche Stellen erfolgen soll, nehmen diese die Prüfung nach Satz 1 vor.

(3) Die Länder teilen dem Bund die nach Absatz 2 Satz 1 ergangenen Entscheidungen mit.

§ 4d.- Meldepflicht

(1) Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind vor ihrer Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen verantwortlichen Stellen der zuständigen Aufsichtsbehörde und von öffentlichen verantwortlichen Stellen des Bundes sowie von den Post- und Telekommunikationsunternehmen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Maßgabe von § 4e zu melden.

(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Datenschutz bestellt hat.

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Ver-arbeitung oder Nutzung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit den Betroffenen erforderlich ist.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich um automatisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten von der jeweiligen Stelle

1. zum Zweck der Übermittlung,

2. zum Zweck der anonymisierten Übermittlung oder

3. für Zwecke der Markt- oder Meinungs forschung gespeichert werden.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten einschließ-lich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Verhaltens, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauftragte für den Datenschutz. Dieser nimmt die Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 vor. Er hat sich in Zweifelsfällen an die Aufsichtsbehörde oder bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu wenden.

§ 4e.- Inhalt der Meldepflicht

Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen meldepflichtig sind, sind folgende Angaben zu machen:

1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle,

2. Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfassung des Unternehmens berufene Leiter und die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragten Personen,

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle,

4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung,

5. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können,

7. Regelfristen für die Löschung der Daten,

8. eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten,

9. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind.

§ 4d Abs. 1 und 4 gilt für die Änderung der nach Satz 1 mitgeteilten Angaben sowie für den Zeitpunkt der Aufnahme und der Beendigung der meldepflichtigen Tätigkeit entsprechend.

§ 4f.- Beauftragter für den Datenschutz

(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen.

Nicht-öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nicht-öffentlichen Stellen, die in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. Soweit aufgrund der Struktur einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz für mehrere Bereiche. Soweit nicht-öffentliche Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung automatisiert verarbeiten, haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der automatisierten Verarbeitung beschäftigten Personen einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen.

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Das Maß der erforderlichen Fachkunde bestimmt sich insbesondere nach dem Umfang der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt oder verwendet. Zum Beauftragten für den Datenschutz kann auch eine Person außerhalb der verantwortlichen Stelle bestellt werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen. Öffentliche Stellen können mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen Bediensteten aus einer anderen öffentlichen Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz bestellen.

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der öffentlichen oder nicht öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen.

Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, bei nicht öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter für den Datenschutz zu bestellen, so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.

Nach der Abberufung als Beauftragter für den Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-chen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch den Betroffenen befreit wird.

(4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die dem Leiter oder einer bei der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Beauftragten für den Datenschutz und dessen Hilfspersonal zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Beauftragten für den Datenschutz reicht, unterliegen seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot.

(5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen haben den Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfü-gung zu stellen. Betroffene können sich jederzeit an den Beauftragten für den Datenschutz wenden.

§ 4g.- Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz

(1) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den Datenschutz in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrolle bei der verantwortlichen Stelle zuständige Behörde wenden. Er kann die Beratung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Anspruch nehmen. Er hat insbesondere

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen.

(2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht über die in § 4e Satz 1 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Verfügung zu stellen. Der Beauftragte für den Datenschutz macht die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar.

(2a) Soweit bei einer nichtöffentlichen Stelle keine Verpflichtung zur Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz besteht, hat der Leiter der nichtöffentlichen Stelle die Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 in anderer Weise sicherzustellen.

(3) Auf die in § 6 Abs. 2 Satz 4 genannten Behörden findet Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. Absatz 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der behördliche Beauftragte für den Datenschutz das Benehmen mit dem Behördenleiter herstellt; bei Unstimmigkeiten zwischen dem behördlichen Beauftragten für den Datenschutz und dem Behördenleiter entscheidet die oberste Bundesbehörde.

§ 5.- Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis).

Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 6.- Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in der Weise gespeichert, dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht in der Lage festzustellen, welche Stelle die Daten gespeichert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und jene Stelle zu unterrichten. Die in § 19 Abs. 3 genannten Stellen, die Behörden der Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie öffentliche Stellen der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, können statt des Betroffenen den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unterrichten. In diesem Fall richtet sich das weitere Verfahren nach § 19 Abs. 6.

(3) Personenbezogene Daten über die Aus-übung eines Rechts des Betroffenen, das sich aus diesem Gesetz oder aus einer anderen Vorschrift über den Datenschutz ergibt, dürfen nur zur Erfüllung der sich aus der Ausübung des Rechts ergebenden Pflichten der verantwortlichen Stelle verwendet werden.

§ 6a.- Automatisierte Einzelentscheidung

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung gestützte Entscheidung liegt insbesondere dann vor, wenn keine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch eine natürliche Person stattgefunden hat.

(2) Dies gilt nicht, wenn

1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist und die verantwortliche Stelle dem Betroffenen die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlangen die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitteilt und erläutert.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der ihn betreffenden Daten.

§ 6b.- Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend den §§ 19a und 33 zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 6c.- Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den Betroffenen

1. über ihre Identität und Anschrift,

2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Mediums einschließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 19, 20, 34 und 35 ausüben kann, und4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnahmen unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis erlangt hat.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 7.- Schadensersatz

Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat.

§ 8.- Schadensersatz bei automatisierter Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen

(1) Fügt eine verantwortliche öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige automatisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist ihr Träger dem Betroffenen unabhängig von einem Verschulden zum Schadensersatz verpflichtet.

(2) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind insgesamt auf einen Betrag von 130 000 Euro begrenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 130 000 Euro übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.

(4) Sind bei einer automatisierten Verarbeitung mehrere Stellen speicherungsberechtigt und ist der Geschädigte nicht in der Lage, die speichernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(5) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(6) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 9.- Technische und organisatorische Maßnahmen

Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in ei-nem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 9a.- Datenschutzaudit

Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt.

§ 10.- Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs bleiben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen:

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,

2. Dritte, an die übermittelt wird,

3. Art der zu übermittelnden Daten,

4. nach § 9 erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen.

Im öffentlichen Bereich können die erforderlichen Festlegungen auch durch die Fachaufsichtsbehörden getroffen werden.

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in § 12 Abs. 1 genannten Stellen beteiligt sind, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unter Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 2 zu unterrichten. Die Einrichtung von Abrufverfahren, bei denen die in § 6 Abs. 2 und in § 19 Abs. 3 genannten Stellen beteiligt sind, ist nur zulässig, wenn das für die speichernde und die abrufende Stelle jeweils zuständige Bundesoder Landesministerium zugestimmt hat.

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein zugänglicher Daten. Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann.

§ 11.- Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 6, 7 und 8 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen.

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:

1. der Gegenstand und die Dauer des Auf trags,

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten,

5. die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzunehmenden Kontrollen,

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbehält,

10 die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.

Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch die Fachaufsichtsbehörde erteilt werden.

Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen.

(4) Für den Auftragnehmer gelten neben den §§ 5, 9, 43 Abs. 1 Nr. 2, 10 und 11, Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 sowie § 44 nur die Vorschriften über die Datenschutzkontrolle oder die Aufsicht, und zwar für 1.

a) öffentliche Stellen,

b) nicht-öffentliche Stellen, bei denen der öffentlichen Hand die Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine öffentliche Stelle ist,die §§ 18, 24 bis 26 oder die entsprechenden Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder,

2. die übrigen nicht öffentlichen Stellen, soweit sie personenbezogene Daten im Auftrag als Dienstleistungsunternehmen geschäftsmäßig erheben, verarbeiten oder nutzen, die §§ 4 f, 4 g und 38.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

Zweiter Abschnitt

Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen

Erster Unterabschnitt

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

§ 12.- Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen.

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist, gelten die §§ 12 bis 16, 19 bis 20 auch für die öffentlichen Stellen der Länder, soweit sie

1. Bundesrecht ausführen und nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen oder

2. als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt.

(3) Für Landesbeauftragte für den Datenschutz gilt § 23 Abs. 4 entsprechend.

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende oder zukünftige Beschäftigungsverhältnisse erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten § 28 Absatz 2 Nummer 2 und die §§ 32 bis 35 anstelle der §§ 13 bis 16 und 19 bis 20.

§ 13.- Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist.(1a) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft vepflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(2) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses zwingend erfordert,

2. der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat,

3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben,

4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht hat,

5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist,

6. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist,

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,

8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann oder 9. dies aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist.

§ 14.- Datenspeicherung, –veränderung und –nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2. der Betroffene eingewilligt hat,

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern würde,

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt,

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist,

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Aus-schluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn

1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen würden oder

2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen des öffentlichen Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.

(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) zu den in § 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.

§ 15.- Datenübermittlung an öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 zulassen würden.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verantwortung.

In diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. § 10 Abs. 4 bleibt unberührt.

(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur unter den  Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 zulässig.

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei diesen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer öffentlichen Stelle weitergegeben werden.

§ 16 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 zulassen würden, oder

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. Das Übermitteln von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 Abs. 5 und 6 zulassen würden oder soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

§ 17

(weggefallen)

§ 18.- Durchführung des Datenschutzes in der Bundesverwaltung

(1) Die obersten Bundesbehörden, der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens, sowie die bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die von der Bundesregierung oder einer obersten Bundesbehörde lediglich die Rechtsaufsicht ausgeübt wird, haben für ihren Geschäftsbereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Das gleiche gilt für die Vorstände der aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange diesen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht.

(2) Die öffentlichen Stellen führen ein Verzeichnis der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen. Für ihre automatisierten Verarbeitungen haben sie die Angaben nach § 4e sowie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung schriftlich festzulegen. Bei allgemeinen Verwaltungszwecken dienenden automatisierten Verarbeitungen, bei welchen das Auskunftsrecht des Betroffenen nicht nach § 19 Abs. 3 oder 4 eingeschränkt wird, kann hiervon abgesehen werden. Für automatisierte Verarbeitungen, die in gleicher oder ähnlicher Weise mehrfach geführt werden, können die Festlegungen zusammengefasst werden.

Zweiter Unterabschnitt

Rechte des Betroffenen

§ 19.- Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und

3. den Zweck der Speicherung.

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten weder automatisiert noch in nicht automatisierten Da-teien gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Die verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde,

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheimgehalten werden müssen und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Falle ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden kann.

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 19a.- Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Der Betroffene ist auch über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von Daten zu unterrichten, soweit er nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn

1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder

3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezogenen Daten durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Nummer 2 oder 3 abgesehen wird.

(3) § 19 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 20.- Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen bestritten, so ist dies in geeigneter Weise festzuhalten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die Behörde im Einzelfall feststellt, dass ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden und die Daten für die Aufgabenerfüllung der Behörde nicht mehr er forderlich sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

(9) § 2 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 des Bundesarchivgesetzes ist anzuwenden.

§ 21.- Anrufung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Jedermann kann sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen des Bundes in seinen Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch Gerichte des Bundes gilt dies nur, soweit diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

Dritter Unterabschnitt

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

§ 22.- Wahl des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

(1) Der Deutsche Bundestag wählt auf Vorschlag der Bundesregierung den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Der Bundesbeauftragte muss bei seiner Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.

(2) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Bundesminister des Innern folgenden Eid:

«Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.»

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

(3) Die Amtszeit des Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Bundesbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Er ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung.

(5) Der Bundesbeauftragte wird beim Bundesministerium des Innern eingerichtet. Er untersteht der Dienstaufsicht des Bundesministeriums des Innern. Dem Bundesbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums des Innern in einem eigenen Kapitel auszuweisen. Die Stellen sind im Einvernehmen mit dem Bundesbeauftragten zu besetzen. Die Mitarbeiter können, falls sie mit der beabsichtigten Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit ihm versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden.

(6) Ist der Bundesbeauftragte vorübergehend an der Ausübung seines Amtes verhindert, kann der Bundesminister des Innern einen Vertreter mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen. Der Bundesbeauftragte soll dazu gehört werden.

§ 23.- Rechtsstellung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

(1) Das Amtsverhältnis des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beginnt mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde. Es endet

1. mit Ablauf der Amtszeit,

2. mit der Entlassung.

Der Bundespräsident entlässt den Bundesbeauftragten, wenn dieser es verlangt oder auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn Gründe vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Fall der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält der Bundesbeauftragte eine vom Bundespräsidenten vollzogene Urkunde. Eine Entlassung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. Auf Ersuchen des Bundesministers des Innern ist der Bundesbeauftragte verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.

(2) Der Bundesbeauftragte darf neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Er darf nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben.

(3) Der Bundesbeauftragte hat dem Bundesministerium des Innern Mitteilung über Geschenke zu machen, die er in bezug auf sein Amt erhält. Das Bundesministerium des Innern entscheidet über die Verwendung der Geschenke.

(4) Der Bundesbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm in seiner Eigenschaft als Bundesbeauftragter Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern.

Dies gilt auch für die Mitarbeiter des Bundesbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts der Bundesbeauftragte entscheidet. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Bundesbeauftragten reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Schriftstücken von ihm nicht gefordert werden.

(5) Der Bundesbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihm amtlich bekanntge-wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Bundesbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des Bundesministeriums des Innern weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten. Für den Bundesbeauftragten und seine Mitarbeiter gelten die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung nicht. Satz 5 findet keine Anwendung, soweit die Finanzbehörden die Kenntnis für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Steuerverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. Stellt der Bundesbeauftragte einen Datenschutzverstoß fest, ist er befugt, diesen anzuzeigen und den Betroffenen hierüber zu informieren.

(6) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde.

Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde. § 28 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes bleibt unberührt.

(7) Der Bundesbeauftragte erhält vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, im Falle des Absatzes 1 Satz 6 bis zum Ende des Monats, in dem die Geschäftsführung endet, Amtsbezüge in Höhe der einem Bundesbeamten der Besoldungsgruppe B 9 zustehenden Besoldung.

Das Bundesreisekostengesetz und das Bundesumzugskostengesetz sind entsprechend anzuwenden. Im übrigen sind § 12 Abs. 6 sowie die §§ 13 bis 20 und 21a Abs. 5 des Bundesministergesetzes mit den Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle der vierjährigen Amtszeit in § 15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine Amtszeit von fünf Jahren und an die Stelle der Besoldungsgruppe B 11 in § 21a Abs. 5 des Bundesministergesetzes die Besoldungsgruppe B 9 tritt. Abweichend von Satz 3 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 und 21 a Abs. 5 des Bundesministergesetzes berechnet sich das Ruhegehalt des Bundesbeauftragten unter Hinzurechnung der Amtszeit als ruhegehaltsfähige Dienstzeit in entsprechender Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes, wenn dies günstiger ist und der Bundesbeauftragte sich unmittelbar vor seiner Wahl zum Bundesbeauftragten als Beamter oder Richter mindestens in dem letzten gewöhnlich vor Erreichen der Besoldungsgruppe B 9 zu durchlaufenden Amt befunden hat.

(8) Absatz 5 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind.

§ 24.- Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kontrolliert bei den öffentlichen Stellen des Bundes die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz.

(2) Die Kontrolle des Bundesbeauftragten erstreckt sich auch auf

1. von öffentlichen Stellen des Bundes erlangte personenbezogene Daten über den Inhalt und die näheren Umstände des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs, und

2. personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen.

Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses des Artikels 10 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.

Personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommission nach § 15 des Artikel 10-Gesetzes unterliegen, unterliegen nicht der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten, es sei denn, die Kommission ersucht den Bundesbeauftragten, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließ-lich ihr darüber zu berichten. Der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten unterliegen auch nicht personenbezogene Daten in Akten über die Sicherheitsüberprüfung, wenn der Betroffene der Kontrolle der auf ihn bezogenen Daten im Einzelfall gegenüber dem Bundesbeauftragten widerspricht.

(3) Die Bundesgerichte unterliegen der Kontrolle des Bundesbeauftragten nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, den Bundesbeauftragten und seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Kontrolle nach Absatz 1 stehen,

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren.

Die in § 6 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 genannten Behörden gewähren die Unterstützung nur dem Bundesbeauftragten selbst und den von ihm schriftlich besonders Beauftragten.

Satz 2 gilt für diese Behörden nicht, soweit die oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden würde.

(5) Der Bundesbeauftragte teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der öffentlichen Stelle mit.

Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, verbinden. § 25 bleibt unberührt.

(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind.

§ 25.- Beanstandungen durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

(1) Stellt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies

1. bei der Bundesverwaltung gegenüber der zuständigen obersten Bundesbehörde,

2. beim Bundeseisenbahnvermögen gegenüber dem Präsidenten,

3. bei den aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht, gegenüber deren Vorständen,

4. bei den bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. In den Fällen von Satz 1 Nr. 4 unterrichtet der Bundesbeauftragte gleichzeitig die zuständige Aufsichtsbehörde.

(2) Der Bundesbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt.

(3) Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung des Bundesbeauftragten getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Stellen leiten der zuständigen Aufsichtsbehörde gleichzeitig eine Abschrift ihrer Stellungnahme an den Bundesbeauftragten zu.

§ 26.- Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht. Er unterrichtet den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit über wesentliche Entwicklungen des Datenschutzes.

(2) Auf Anforderung des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung hat der Bundesbeauftragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten. Auf Ersuchen des Deutschen Bundestages, des  Petitionsausschusses, des Innenausschusses oder der Bundesregierung geht der Bundesbeauftragte ferner Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschutzes bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach. Der Bundesbeauftragte kann sich jederzeit an den Deutschen Bundestag wenden.

(3) Der Bundesbeauftragte kann der Bundesregierung und den in § 12 Abs. 1 genannten Stellen des Bundes Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben und sie in Fragen des Datenschutzes beraten. Die in § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen sind durch den Bundesbeauftragten zu unterrichten, wenn die Empfehlung oder Beratung sie nicht unmittelbar betrifft.

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. § 38 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

Dritter Abschnitt

Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen und öffentlichrechtlicher Wettbewerbsunternehmen

Erster Unterabschnitt

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

§ 27.- Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden Anwendung, soweit personenbezogene Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden durch

1. nicht öffentliche Stellen,

2.

a) öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen,

b) öffentlichen Stellen der Länder, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht ausführen und der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist.

Dies gilt nicht, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten erfolgt. In den Fällen der Nummer 2 Buchstabe a gelten anstelle des § 38 die §§ 18, 21 und 24 bis 26.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten nicht für die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten außerhalb von nicht automatisierten Dateien, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, die offensichtlich aus einer automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind.

§ 28.- Datenerhebung und –speicherung für eigene Geschäftszwecke

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig,

1. wenn es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist,

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annah me besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt oder

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen.

(2) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist zulässig:

1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3,

2. soweit es erforderlich ista) zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder

b) zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat, oder 3. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für Zwecke des Adresshandels oder der Werbung ist zulässig, soweit der Betroffene eingewilligt hat und im Falle einer nicht schriftlich erteilten Einwilligung die verantwortliche Stelle nach Absatz 3a verfährt. Darüber hinaus ist die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zulässig, soweit es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe handelt, die sich auf die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein Geburtsjahr beschränken, und die Verarbeitung oder Nutzung erforderlich ist

1. für Zwecke der Werbung für eigene Angebote der verantwortlichen Stelle, die diese Daten mit Ausnahme der Angaben zur Gruppenzugehörigkeit beim Betroffenen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder aus allgemein zugänglichen Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbaren Verzeichnissen erhoben hat,

2. für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit des Betroffenen und unter seiner beruflichen Anschrift oder

3. für Zwecke der Werbung für Spenden, die nach § 10b Absatz 1 und § 34g des Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt sind.

Für Zwecke nach Satz 2 Nummer 1 darf die verantwortliche Stelle zu den dort genannten Daten weitere Daten hinzuspeichern.

Zusammengefasste personenbezogene Daten nach Satz 2 dürfen auch dann für Zwecke der Werbung übermittelt werden, wenn die Übermittlung nach Maßgabe des § 34 Absatz 1a Satz 1 gespeichert wird; in diesem Fall muss die Stelle, die die Daten erstmalig erhoben hat, aus der Werbung eindeutig hervorgehen. Unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 2 dürfen personenbezogene Daten für Zwecke der Werbung für fremde Angebote genutzt werden, wenn für den Betroffenen bei der Ansprache zum Zwecke der Werbung die für die Nutzung der Daten verantwortliche Stelle eindeutig erkennbar ist. Eine Verarbeitung oder Nutzung nach den Sätzen 2 bis 4 ist nur zulässig, soweit schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen. Nach den Sätzen 1, 2 und 4 übermittelte Daten dürfen nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den sie übermittelt worden sind.

(3a) Wird die Einwilligung nach § 4a Absatz 1 Satz 3 in anderer Form als der Schriftform erteilt, hat die verantwortliche Stelle dem Betroffenen den Inhalt der Einwilligung schriftlich zu bestätigen, es sei denn, dass die Einwilligung elektronisch erklärt wird und die verantwortliche Stelle sicherstellt, dass die Einwilligung protokolliert wird und der Betroffene deren Inhalt jederzeit abrufen und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie in drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders hervorzuheben.

(3b) Die verantwortliche Stelle darf den Abschluss eines Vertrags nicht von einer Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 3 Satz 1 abhängig machen, wenn dem Betroffenen ein anderer Zugang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder nicht in zumutbarer Weise möglich ist. Eine unter solchen Umständen erteilte Einwilligung ist unwirksam.

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Verarbeitung oder Nutzung für diese Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck der Wer-bung oder der Markt- oder Meinungsforschung und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 auch bei Begründung des rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses über die verantwortliche Stelle sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; soweit der Ansprechende personenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten Stelle gespeichert sind, hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten kann. Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, dem die Daten im Rahmen der Zwecke nach Absatz 3 übermittelt worden sind, der Verarbeitung oder Nutzung zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die Daten für diese Zwecke zu sperren. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 darf für den Widerspruch keine strengere Form verlangt werden als für die Begründung des rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses.

(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden sind, darf diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nicht-öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 und öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erlaubt. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen.

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig, soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn

1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben,

2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht hat,

3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder

4. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig, wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen er-folgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. Die Verarbeitung und Nutzung von Daten zu den in Satz 1 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in Satz 1 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten. Werden zu einem in Satz 1 genannten Zweck Daten über die Gesundheit von Personen durch Angehörige eines anderen als in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs genannten Berufes, dessen Ausübung die Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten oder die Herstellung oder den Vertrieb von Hilfsmitteln mit sich bringt, erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist dies nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen ein Arzt selbst hierzu befugt wäre.

(8) Für einen anderen Zweck dürfen die besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Nr. 1 bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 übermittelt oder genutzt werden. Eine Übermittlung oder Nutzung ist auch zulässig, wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der Organisation erforderlich ist.

Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Personen oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zulässig. Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b gilt entsprechend.

§ 28.- Datenerhebung, –verarbeitung und –nutzung für eigene Zwecke

(bis zum 31.08.2009 geltende Fassung, vgl. Übergangsregelung in § 47)

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig,

1. wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient,

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annah me besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt oder

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen.

(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 übermittelt oder genutzt werden.

(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist auch zulässig:

1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder

2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, oder

3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung, wenn es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe handelt, die sich auf

a) eine Angabe über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe,

b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung,

c) Namen,

d) Titel,

e) akademische Grade,

f) Anschrift und

g) Geburtsjahr beschränken und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat, oder 4. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen, dass dieses Interesse besteht, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses gespeicherte Daten übermittelt werden sollen, die sich

1. auf strafbare Handlungen,

2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie

3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse beziehen.

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Nutzung oder Übermittlung für diese Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung über die verantwortliche Stelle sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; soweit der Ansprechende personenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten Stel-le gespeichert sind, hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten kann. Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, dem die Daten nach Absatz 3 übermittelt werden, der Verarbeitung oder Nutzung zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die Daten für diese Zwecke zu sperren.

(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden sind, darf diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nicht-öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 und öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erlaubt. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen.

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig, soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn

1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben,

2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht hat,

3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder

4. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig, wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. Die Verarbeitung und Nutzung von Daten zu den in Satz 1 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in Satz 1 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten. Werden zu einem in Satz 1 genannten Zweck Daten über die Gesundheit von Personen durch Angehörige eines anderen als in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs genannten Berufes, dessen Ausübung die Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten oder die Herstellung oder den Vertrieb von Hilfsmitteln mit sich bringt, erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist dies nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen ein Arzt selbst hierzu befugt wäre.

(8) Für einen anderen Zweck dürfen die besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Nr. 1 bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 übermittelt oder genutzt werden. Eine Übermittlung oder Nutzung ist auch zulässig, wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der Organisation erforderlich ist.

Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Personen oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zulässig. Absatz 3 Nr. 2 gilt entsprechend.

§ 28a.- Datenübermittlung an Auskunfteien

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten über eine Forderung an Auskunfteien ist nur zulässig, soweit die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist, die Übermittlung zur Wahrung berechtig-ter Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und

1. die Forderung durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden ist oder ein Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozessordnung vorliegt,

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin bestritten worden ist,

3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich anerkannt hat,

4.

a) der Betroffene nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden ist,

b) zwischen der ersten Mahnung und der Übermittlung mindestens vier Wochen liegen,

c) die verantwortliche Stelle den Betroffenen rechtzeitig vor der Übermittlung der Angaben, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat und

d) der Betroffene die Forderung nicht bestritten hat oder

5. das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden kann und die verantwortliche Stelle den Betroffenen über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortliche Stelle selbst die Daten nach § 29 verwendet.

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 dürfen Kreditinstitute personenbezogene Daten über die Begründung, ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung eines Vertragsverhältnisses betreffend ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des Kreditwesengesetzes an Auskunfteien übermitteln, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung gegenüber dem Interesse der Auskunftei an der Kenntnis der Daten offensichtlich überwiegt. Der Betroffene ist vor Abschluss des Vertrages hierüber zu unterrichten. Satz 1 gilt nicht für Giroverträge, die die Einrichtung eines Kontos ohne Überziehungsmöglichkeit zum Gegenstand haben. Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 ist die Übermittlung von Daten über Verhaltensweisen des Betroffenen, die im Rahmen eines vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses der Herstellung von Markttransparenz dienen, an Auskunfteien auch mit Einwilligung des Betroffenen unzulässig.

(3) Nachträgliche Änderungen der einer Übermittlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 zugrunde liegenden Tatsachen hat die verantwortliche Stelle der Auskunftei innerhalb von einem Monat nach Kenntniserlangung mitzuteilen, solange die ursprünglich übermittelten Daten bei der Auskunftei gespeichert sind. Die Auskunftei hat die übermittelnde Stelle über die Löschung der ursprünglich übermittelten Daten zu unterrichten.

§ 28b.- Scoring

(1) Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen erhoben oder verwendet werden, wenn

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind,

2. im Falle der Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts durch eine Auskunftei die Voraussetzungen für eine Übermittlung der genutzten Daten nach § 29 und in allen anderen Fällen die Voraussetzungen einer zulässigen Nutzung der Daten nach § 28 vorliegen,

3. für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt werden,

4. im Falle der Nutzung von Anschriftendaten der Betroffene vor Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene Nutzung dieser Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

§ 29.- Geschäftsmäßige Datenerhebung und speicherung zum Zweck der Übermittlung

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien oder dem Adresshandel dient, ist zulässig, wenn

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder Veränderung hat,

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder Veränderung offensichtlich überwiegt, oder

3. die Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 oder Abs. 2 erfüllt sind; Daten im Sinne von § 28a Abs. 2 Satz 4 dürfen nicht erhoben oder gespeichert werden. § 28 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 3b ist anzuwenden.

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist zulässig, wenn

1. der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. § 28 Absatz 3 bis 3b gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach Satz 1 Nr. 1 sind die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses und die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die Daten übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat Stichprobenverfahren nach § 10 Abs. 4 Satz 3 durchzuführen und dabei auch das Vorliegen eines berechtigten Interesses einzelfallbezogen festzustellen und zu überprüfen.

(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse hat zu unterbleiben, wenn der entgegenstehende Wille des Betroffenen aus dem zugrunde liegenden elektronischen oder gedruckten Verzeichnis oder Register ersichtlich ist. Der Empfänger der Daten hat sicherzustellen, dass Kennzeichnungen aus elektronischen oder gedruckten Verzeichnissen oder Registern bei der Übernahme in Verzeichnisse oder Register übernommen werden.

(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten Daten gilt § 28 Abs. 4 und 5.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend.

(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum Zweck der Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat Auskunftsverlangen von Darlehensgebern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum genauso zu behandeln wie Auskunftsverlangen inländischer Darlehensgeber.

(7) Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags oder eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit einem Verbraucher infolge einer Auskunft einer Stelle im Sinne des Absatzes 6 ablehnt, hat den Verbraucher unverzüglich hierüber sowie über die erhaltene Auskunft zu unterrichten. Die Unterrichtung unterbleibt, soweit hierdurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. § 6a bleibt unberührt.

§ 30.- Geschäftsmäßige Datenerhebung und –speicherung zum Zweck der Übermittlung in anonymisierter Form

(1) Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig erhoben und gespeichert, um sie in anonymisierter Form zu übermitteln, sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Diese Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit dies für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung oder zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Die Veränderung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Veränderung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Veränderung offensichtlich überwiegt.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist.

(4) § 29 gilt nicht.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend.

§ 30a.- Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung.

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener Daten für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung ist zulässig, wenn

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte und das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem Interesse der verantwortlichen Stelle nicht offensichtlich überwiegt. Besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9) dürfen nur für ein bestimmtes Forschungsvorhaben erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

(2) Für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. Daten, die nicht aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen worden sind und die die verantwortliche Stelle auch nicht veröffentlichen darf, dürfen nur für das Forschungsvorhaben verarbeitet oder genutzt werden, für das sie erhoben worden sind. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn sie zuvor so anonymisiert werden, dass ein Personenbezug nicht mehr hergestellt werden kann.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Zweck des Forschungsvorhabens, für das die Daten erhoben worden sind, möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Diese Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit dies nach dem Zweck des Forschungsvorhabens erforderlich ist.

(4) § 29 gilt nicht.

(5) § 28 Absatz 4 und 6 bis 9 gilt entsprechend.

§ 31.- Besondere Zweckbindung

Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

§ 32.- Datenerhebung, –verarbeitung und –nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen Datei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben unberührt

Zweiter Unterabschnitt

Rechte des Betroffenen

§ 33.- Benachrichtigung des Betroffenen

(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und der Identität der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der erstmaligen Übermittlung und der Art der übermittelten Daten zu benachrichtigen. Der Betroffene ist in den Fällen der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von Empfängern zu unterrichten, soweit er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn

1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,

2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, geheimgehalten werden müssen,

4. die Speicherung oder Übermittlung durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist,

5. die Speicherung oder Übermittlung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,

6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, dass das Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde,

7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind und

a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist, oder

b) die Benachrichtigung die Geschäftszwecke der verantwortlichen Stelle erheblich gefährden würde, es sei denn, dass das Interesse an der Benachrichtigung die Gefährdung überwiegt,

8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert sind und

a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, soweit sie sich auf diejenigen Personen beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten handelt (§ 29 Absatz 2 Satz 2) und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist,

9. aus allgemein zugänglichen Quellen entnommene Daten geschäftsmäßig für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung gespeichert sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 abgesehen wird.

§ 34.- Auskunft an den Betroffenen

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,

2. den Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, und

3. den Zweck der Speicherung.

Der Betroffene soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, ist Auskunft über die Herkunft und die Empfänger auch dann zu erteilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. Die Auskunft über die Herkunft und die Empfänger kann verweigert werden, soweit das Interesse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Informationsinteresse des Betroffenen überwiegt.

(1a) Im Fall des § 28 Abs. 3 Satz 4 hat die übermittelnde Stelle die Herkunft der Daten und den Empfänger für die Dauer von zwei Jahren nach der Übermittlung zu speichern und dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft über die Herkunft der Daten und den Empfänger zu erteilen. Satz 1 gilt entsprechend für den Empfänger.

(2) Im Fall des § 28b hat die für die Entscheidung verantwortliche Stelle dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über

1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens erhobenen oder erstmalig gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte,

2. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Datenarten und

3. das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Entscheidung verantwortliche Stelle

1. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Daten ohne Personenbezug speichert, den Personenbezug aber bei der Berechnung herstellt oder

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt.

Hat eine andere als die für die Entscheidung verantwortliche Stelle

1. den Wahrscheinlichkeitswert oder

2. einen Bestandteil des Wahrscheinlichkeitswerts berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung der Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Angaben auf Verlangen der für die Entscheidung verantwortlichen Stelle an diese zu übermitteln. Im Falle des Satzes 3 Nr. 1 hat die für die Entscheidung verantwortliche Stelle den Betroffenen zur Geltendmachung seiner Auskunftsansprüche unter Angabe des Namens und der Anschrift der anderen Stelle sowie der zur Bezeichnung des Einzelfalls notwendigen Angaben unverzüglich an diese zu verweisen, soweit sie die Auskunft nicht selbst erteilt. In diesem Fall hat die andere Stelle, die den Wahrscheinlichkeitswert berechnet hat, die Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 gegenüber dem Betroffenen unentgeltlich zu erfüllen. Die Pflicht der für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts verantwortlichen Stelle nach Satz 3 entfällt, soweit die für die Entscheidung verantwortliche Stelle von ihrem Recht nach Satz 4 Gebrauch macht.

(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zwecke der Übermittlung speichert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn sie weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind. Dem Betroffenen ist auch Auskunft zu erteilen über Daten, die

1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug aufweisen, bei denen ein solcher aber im Zusammenhang mit der Auskunftserteilung von der verantwortlichen Stelle hergestellt werden soll,

2. die verantwortliche Stelle nicht speichert, aber zum Zweck der Auskunftserteilung nutzt. Die Auskunft über die Herkunft und die Empfänger kann verweigert werden, soweit das Interesse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Informationsinteresse des Betroffenen überwiegt.

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zweck der Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über

1. die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen sowie die Namen und letztbekannten Anschriften der Dritten, an die die Werte übermittelt worden sind,

2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum Zeitpunkt des Auskunftsverlangens nach den von der Stelle zur Berechnung angewandten Verfahren ergeben,

3. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte nach den Nummern 1 und 2 genutzten Datenarten sowie

4. das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständlicher

Form. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortliche Stelle

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten ohne Personenbezug speichert, den Personenbezug aber bei der Berechnung herstellt oder

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt.

(5) Die nach den Absätzen 1a bis 4 zum Zweck der Auskunftserteilung an den Betroffenen gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden; für andere Zwecke sind sie zu sperren.

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform zu erteilen, soweit nicht wegen der besonderen Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist.

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene einmal je Kalenderjahr eine unentgeltliche Auskunft in Textform verlangen. Für jede weitere Auskunft kann ein Entgelt verlangt werden, wenn der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann.

Das Entgelt darf über die durch die Auskunftserteilung entstandenen unmittelbar zurechenbaren Kosten nicht hinausgehen.

Ein Entgelt kann nicht verlangt werden, wenn

1. besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder unzulässig gespeichert werden, oder

2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach § 35 Abs. 1 zu berichtigen oder unter nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf hinzuweisen.

§ 35.- Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Geschätzte Daten sind als solche deutlich zu kennzeichnen.

(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist,

2. es sich um Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben, strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen werden kann,

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre Kenntnis für die Erfül-lung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung verarbeitet werden und eine Prüfung jeweils am Ende des vierten, soweit es sich um Daten über erledigte Sachverhalte handelt und der Betroffene der Löschung nicht widerspricht, am Ende des dritten Kalenderjahres beginnend mit dem Kalenderjahr, das der erstmaligen Speicherung folgt, ergibt, dass eine längerwährende Speicherung nicht erforderlich ist. Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage von § 28a Abs. 2 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gespeichert werden, sind nach Beendigung des Vertrages auch zu löschen, wenn der Betroffene dies verlangt.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit

1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt.

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht übermittelt werden.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind oder deren Richtigkeit bestritten wird, müssen bei der geschäftsmäßigen Datenspeicherung zum Zweck der Übermittlung außer in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden, wenn sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen und zu Dokumentationszwecken gespeichert sind. Auf Verlangen des Betroffenen ist diesen Daten für die Dauer der Speicherung seine Gegendarstellung beizufügen. Die Daten dürfen nicht ohne diese Gegendarstellung übermittelt werden.

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn

1 es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

Dritter Unterabschnitt

Aufsichtsbehörde

§ 36

(weggefallen)

§ 37

(weggefallen)

§ 38.- Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, soweit diese die automatisierte Verarbeitung per-sonenbezogener Daten oder die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien regeln einschließlich des Rechts der Mitgliedstaaten in den Fällen des § 1 Abs. 5. Sie berät und unterstützt die Beauftragten für den Datenschutz und die verantwortlichen Stellen mit Rücksicht auf deren typische Bedürfnisse. Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr gespeicherten Daten nur für Zwecke der Aufsicht verarbeiten und nutzen; § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 gilt entsprechend. Insbesondere darf die Aufsichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht Daten an andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie leistet den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz fest, so ist sie befugt, die Betroffenen hier über zu unterrichten, den Verstoß bei den für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen sowie bei schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen zu unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig, spätestens alle zwei Jahre, einen Tätigkeitsbericht. § 21 Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 bis 7 gelten entsprechend.

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der nach § 4d meldepflichtigen automatisierten Verarbeitungen mit den Angaben nach § 4e Satz 1. Das Register kann von jedem eingesehen werden. Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die Angabe der zugriffsberechtigten Personen.

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen sowie die mit deren Leitung beauftragten Personen haben der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle beauftragten Personen sind befugt, soweit es zur Erfüllung der der Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich ist, während der Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume der Stelle zu betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen. Sie können geschäftliche Unterlagen, insbesondere die Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 sowie die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitungsprogramme, einsehen. § 24 Abs. 6 gilt entsprechend. Der Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden.

(5) Zur Gewährleistung der Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz kann die Aufsichtsbehörde Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Verstöße bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten oder technischer oder organisatorischer Mängel anordnen. Bei schwerwiegenden Verstößen oder Mängeln, insbesondere solchen, die mit einer besonderen Gefährdung des Persönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung oder den Einsatz einzelner Verfahren untersagen, wenn die Verstöße oder Mängel entgegen der Anordnung nach Satz 1 und trotz der Verhängung eines Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit beseitigt werden. Sie kann die Abberufung des Beauftragten für den Datenschutz verlangen, wenn er die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen ermächtigten Stellen bestimmen die für die Kontrolle der Durchführung des Datenschutzes im Anwendungsbereich dieses Abschnittes zuständigen Aufsichtsbehörden.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die den Vorschriften dieses Abschnittes unterliegenden Gewerbebetriebe bleibt unberührt.

§ 38a.- Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung datenschutzrechtlicher Regelungen

(1) Berufsverbände und andere Vereinigungen, die bestimmte Gruppen von verantwortlichen Stellen vertreten, können Entwürfe für Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung von datenschutzrechtlichen Regelungen der zuständigen Aufsichtsbehörde unterbreiten.

(2) Die Aufsichtsbehörde überprüft die Vereinbarkeit der ihr unterbreiteten Entwürfe mit dem geltenden Datenschutzrecht.

Vierter Abschnitt

Sondervorschriften

§ 39.- Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen

(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen von der verantwortlichen Stelle nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den sie sie erhalten hat. In die Übermittlung an eine nicht öffentliche Stelle muss die zur Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwilligen.

(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn die Änderung des Zwecks durch besonderes Gesetz zugelassen ist.

§ 40.- Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt werden.

(2) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

(3) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn

1. der Betroffene eingewilligt hat oder

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 41.- Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Medien

(1) Die Länder haben in ihrer Gesetzgebung vorzusehen, dass für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten von Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken den Vorschriften der §§ 5, 9 und 38a entsprechende Regelungen einschließlich einer hierauf bezogenen Haftungsregelung entsprechend § 7 zur Anwendung kommen.

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten durch die Deutsche Welle zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen des Betroffenen, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung der Deutschen Welle in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann,

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann,

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journalistische Aufgabe der Deutschen Welle durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde.

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

(4) Im übrigen gelten für die Deutsche Welle von den Vorschriften dieses Gesetzes die §§ 5, 7, 9 und 38a. Anstelle der §§ 24 bis 26 gilt § 42, auch soweit es sich um Verwaltungsangelegenheiten handelt.§ 42 Datenschutzbeauftragter der Deutschen Welle

(1) Die Deutsche Welle bestellt einen Beauftragten für den Datenschutz, der an die Stelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit tritt. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von vier Jahren, wobei Wiederbestellungen zulässig sind. Das Amt eines Beauftragten für den Datenschutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb der Rundfunkanstalt wahrgenommen werden.

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er ist in Ausübung dieses Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Im übrigen untersteht er der Dienst- und Rechtsaufsicht des Verwaltungsrates.

(3) Jedermann kann sich entsprechend § 21 Satz 1 an den Beauftragten für den Datenschutz wenden.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet den Organen der Deutschen Welle alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Januar 1994 einen Tätigkeitsbericht. Er erstattet darüber hinaus besondere Berichte auf Beschluss eines Organes der Deutschen Welle. Die Tätigkeitsberichte übermittelt der Beauftragte auch an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

(5) Weitere Regelungen entsprechend den §§ 23 bis 26 trifft die Deutsche Welle für ihren Bereich. Die §§ 4f und 4g bleiben unberührt.

§ 42a.- Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten

Stellt eine nichtöffentliche Stelle im Sinne des § 2 Absatz 4 oder eine öffentliche Stelle nach § 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fest, dass bei ihr gespeicherte

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9),

2. personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen,

3. personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten beziehen oder

4. personenbezogene Daten zu Bankoder Kreditkartenkonten unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, hat sie dies nach den Sätzen 2 bis 5 unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie den Betroffenen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Betroffenen muss unverzüglich erfolgen, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Die Benachrichtigung der Betroffenen muss eine Darlegung der Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und Empfehlungen für Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen enthalten. Die Benachrichtigung der zuständigen Aufsichtsbehörde muss zusätzlich eine Darlegung möglicher nachteiliger Folgen der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und der von der Stelle daraufhin ergriffenen Maßnahmen enthalten. Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, insbesondere aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fälle, tritt an ihre Stelle die Information der Öffentlichkeit durch Anzeigen, die mindestens eine halbe Seite umfassen, in mindestens zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen oder durch eine andere, in ihrer Wirksamkeit hinsichtlich der Information der Betroffenen gleich geeignete Maßnahme. Eine Benachrichtigung, die der Benachrichtigungspflichtige erteilt hat, darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen ihn oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen des Benachrichtigungspflichtigen nur mit Zustimmung des Benachrichtigungspflichtigen verwendet werden.

Fünfter Abschnitt

Schlussvorschriften

§ 43.- Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt, 2a entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung festgestellt und überprüft werden kann, 2b entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung über die Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugt,

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann,

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt,

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt,

4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet,

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,

7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt,

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt,

8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht speichert,

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt,

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle verweist,

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt,

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält,

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugäng-lich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt,

5a entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen abhängig macht,

5b entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Marktoder Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden.

§ 44.- Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde.

Sechster Abschnitt

Übergangsvorschriften

§ 45.- Laufende Verwendungen

Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezogener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, sind binnen drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen. Soweit Vorschriften dieses Gesetzes in Rechtsvorschriften außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr zur Anwendung gelangen, sind Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezogener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, binnen fünf Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.

§ 46.- Weitergeltung von Begriffsbestimmungen

(1) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der Begriff Datei verwendet, ist Datei

1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden kann (automatisierte Datei), oder

2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (nicht automatisierte Datei).

Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, dass sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können.

(2) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der Begriff Akte verwendet, ist Akte jede amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage, die nicht dem Dateibegriff des Absatzes 1 unterfällt; dazu zählen auch Bild- und Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

(3) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der Begriff Empfänger verwendet, ist Empfänger jede Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Empfänger sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

§ 47.- Übergangsregelung

Für die Verarbeitung und Nutzung vor dem

1. September 2009 erhobener oder gespeicherter Daten ist § 28 in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden 1. für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung bis zum 31. August 2010,

2. für Zwecke der Werbung bis zum 31. August 2012.

§ 48.- Bericht der Bundesregierung

Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag

1. bis zum 31. Dezember 2012 über die Auswirkungen der §§ 30a und 42a,

2. bis zum 31. Dezember 2014 über die Auswirkungen der Änderungen der §§ 28 und 29.

Sofern sich aus Sicht der Bundesregierung gesetzgeberische Maßnahmen empfehlen, soll der Bericht einen Vorschlag enthalten.Anlage (zu § 9 Satz 1) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind,

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Da ten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme einge geben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle)

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist insbesondere die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Decreto 1023/2001 de 13 de agosto de 2001

Decreto 1023/2001 de 13 de agosto de 2001

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y Transitorias.

VISTO el expediente nº 004/2001 del Registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el cual tramita la aprobación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley nº 25.414, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el VISTO el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 1° de marzo del año 2002, el ejercicio de atribuciones legislativas en materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública.

Que, en todos los casos, las facultades delegadas tienden a fortalecer la competitividad de la economía o a mejorar la eficiencia de la Administración Nacional.

Que, conforme surge del artículo 1° apartado II inciso e) de dicha ley, ésta, entre otros aspectos, tiene por objeto dar continuidad a la desregulación económica, derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional que perjudiquen la competitividad de la economía.

Que el incremento de la eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo, en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad sistémica.

Que el crecimiento competitivo en el actual contexto económico requiere que, tanto el sector público como el privado, adquieran, internalicen y utilicen de manera intensiva los nuevos conocimientos, metodologías y tecnologías.

Que durante los CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS sucedidos desde el dictado de la Ley de Contabilidad se fue poniendo de manifiesto, en forma creciente, su falta de adecuación a las cambiantes condiciones del contexto, siendo las circunstancias actuales sustancialmente diferentes a las existentes en la época de su entrada en vigencia.

Que, en este orden de ideas, resulta pertinente sustituir los artículos 55 al 63 del Decreto Ley nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley nº 14.467, vigente en función de lo establecido por el inciso a) del Artículo 137 de la Ley 24.156.

Que, tanto la evolución operada en dicho contexto, cuanto en las funciones propias del Poder Administrador llevaron, en su momento, al dictado de la Ley de Administración Financiera nº 24.156, en la cual se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL debía presentar al Congreso un proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose presentado sucesivos proyectos de ley para regular las contrataciones públicas, no alcanzando ninguno de ellos sanción legislativa.

Que dado el tiempo transcurrido sin que se alcanzara el objetivo propuesto y habida cuenta de los propósitos que inspiraron el dictado de la Ley nº 25.414, resulta procedente el dictado de una norma superadora del texto contenido en el del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad adecuando, asimismo, el régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas nº 13.064.

Que los artículos 55 a 63 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad, relativos a las contrataciones estatales, vigentes en función de lo dispuesto por el artículo 137 inciso a) de la Ley nº 24.156, resultan en diversos casos contrarios al objeto que deben cumplir dichas contrataciones en relación con el propósito de incrementar la competitividad global de la economía nacional.

Que las diversas previsiones del artículo 56 de la Ley de Contabilidad no posibilitan la utilización de métodos competitivos, afectando la transparencia de los procedimientos de selección.

Que los plazos de anticipación fijados por el artículo 62 de la Ley resultan harto exiguos e impiden una adecuada concurrencia y competencia.

Que a los efectos de dotar a la norma que se dicta de una amplia base consensual la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL, con el apoyo de la OFICINA ANTICORRUPCION dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES organizó una serie de consultas tanto en el ámbito de la Administración como en el del sector privado de la economía, así como también con los organismos internacionales con los que la Nación mantiene vínculos.

Que, con el propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del desarrollo científico y tecnológico operado en materia de comunicaciones e informática, se ha incluido un capítulo destinado a posibilitar las transacciones electrónicas, abriendo el camino hacia la previsible evolución que tendrán dichas materias en un futuro cercano.

Que resulta necesaria la supresión de regímenes especiales aprobados por ley, a los efectos de dar uniformidad a los procedimientos de selección que emplean los distintos organismos, eliminándose así la limitación que significa, para la concurrencia de oferentes, la necesidad de conocer cada uno de los regímenes previo a la presentación de las ofertas, lo que encarece los costos de presentación y, en consecuencia, los precios que paga el Estado por los bienes y servicios que recibe.

Que dicha uniformidad debe comprender, también, a los sistemas de identificación de bienes y servicios utilizados por los diversos organismos, de manera que la misma información sea utilizada por los proveedores y todas las jurisdicciones y entidades, e incorporada de una única manera en el sistema integrado de información financiera.

Que el presente régimen de contrataciones tiene como meta acompañar la política de Estado en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1° inciso II, apartado e) de la Ley nº 25.414.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I. DISPOSICIONES COMUNES

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL

Artículo 1° OBJETO. El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Artículo 2° AMBITO DE APLICACION. El presente régimen será de aplicación a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley nº 24.156.

Artículo 3° PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:

a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.

b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes.

c) Transparencia en los procedimientos.

d) Publicidad y difusión de las actuaciones.

e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.

f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden.

Artículo 4° CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos:

a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Artículo 5° CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos los siguientes contratos:

a) Los de empleo público.

b) Las compras por caja chica.

c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien, total o parcialmente, con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente Régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley nº 24.156 confiere a los Organismos de Control.

d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.

Artículo 6° PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada unidad ejecutora de programas o proyectos formulará su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

Artículo 7° NORMATIVA APLICABLE. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda.

Artículo 8° OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 9° TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.

Artículo 10. ANTICORRUPCION. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

Artículo 11. FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley nº 19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieren necesario:

a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.

b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.

d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.

e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes.

f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación

g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.

h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación.

i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato

Artículo 12. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. La autoridad administrativa tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este régimen, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual.

Especialmente tendrá:

a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución, y determinar los efectos de éstas. Los actos administrativos que dicten en consecuencia tendrán los caracteres y cualidades otorgados por el artículo 12 de la Ley 19.549. La facultad de modificación deberá ser utilizada en forma razonable; cuando la modificación exceda en un VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos del monto total del contrato, y la misma no sea aceptada por el cocontratante, el contrato deberá ser declarado extinguido sin culpa de las partes. Las ampliaciones no podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante;

b) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación;

c) La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

d) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.

e) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a llevar los cocontratantes.

Artículo 13. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá:

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o impre visibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

Artículo 14. RESPONSABILIDAD. Los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas.

Artículo 15. CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso.

Artículo 16. ELEGIBILIDAD. La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 17. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este régimen, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 18. REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 19. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

Artículo 20. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con las modalidades que determine la reglamentación.

Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cual quier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

CAPITULO II. CONTRATACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS

Artículo 21. CONTRATACIONES EN FORMATO DIGITAL Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos regulados por el presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8° de la Ley nº 19.549, su modificatoria y normas reglamentarias, en los términos establecidos en las disposiciones referentes al empleo de la firma digital en el Sector Público Nacional, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en los artículos 4° y 5° de este régimen, aun a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa.

Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Artículo 22. REGULACION. La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

TITULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I. CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 23. ORGANIZACION DEL SISTEMA. El sistema de contrataciones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa.

Los órganos del sistema y sus respectivas funciones serán:

a) El Organo Rector será la Oficina Nacional de Contrataciones o el organismo que en el futuro la reemplace, el que tendrá por función proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema, proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias, elaborar el pliego único de bases y condiciones generales, diseñar e implementar un sistema de información, ejercer la supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de contrataciones y aplicar las sanciones previstas en el artículo 29, inciso b) del presente régimen; y

b) Las unidades operativas de contrataciones funcionarán en las jurisdicciones y entidades aludidas en el artículo 2° del presente y tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.

Artículo 24. SELECCION DEL COCONTRATANTE. La selección del cocontratante para la ejecución de los contratos contemplados en el artículo 4° de este régimen se hará por regla general mediante licitación pública o concurso público, según corresponda, por aplicación del inciso a) apartados 1. y 2. del artículo 25.

La selección del cocontratante mediante subasta pública , licitación o concurso abreviados, o contratación directa sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 25, respectivamente.

Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con su naturaleza y objeto, las que serán establecidas en la reglamentación.

En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las formalidades establecidas por el artículo 11 del presente régimen, bajo pena de nulidad.

Artículo 25. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. Los procedimientos de selección serán:

a) LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.

1 . El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.

2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda.

b) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes casos:

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior.

Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa previsto por el apartado 2. del inciso d) de este artículo, en los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación.

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.

c) LICITACION O CONCURSO ABREVIADOS. La licitación o el concurso serán abreviados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el Organo Rector, conforme lo determine la reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación.

2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes.

4. Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y se efectuare un nuevo llamado, deberán modificarse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si esta licitación también resultare desierta o fracasare, podrá realizarse la contratación directa, utilizando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del segundo llamado.

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

8. Las contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga participación mayoritaria el ESTADO NACIONAL. En estos casos quedará prohibida la subcontratación del objeto.

En las contrataciones directas en las que corresponda efectuar invitaciones, de acuerdo con la reglamentación, también serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

Artículo 26. CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS. Podrán efectuarse licitaciones y concursos públicos de las siguientes clases:

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.

1 . La licitación o el concurso públicos serán de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen, la licitación o el concurso públicos deberán instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso públicos serán de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas. En todos los casos en que se utilice esta variante, la presentación de los sobres respectivos será simultánea. Sólo se procederá a abrir los sobres correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que hubieran sido precalificados.

b) NACIONALES O INTERNACIONALES.

1 La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente inscripta.

2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter aquellos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.

Artículo 27. PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Artículo 28. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, nº 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley nº 24.156.

Artículo 29. PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y sanciones:

a) PENALIDADES.

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.

2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Rescisión por su culpa.

b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1. Apercibimiento

2. Suspensión.

3. Inhabilitación.

A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, los organismos deberán remitir al Organo Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales hubieren aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes.

Artículo 30. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. La reglamentación deberá prever cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha reglamentación.

Artículo 31. GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquélla determine.

Artículo 32. PUBLICIDAD Y DIFUSION. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en formato digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la reglamentación.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos, en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.

La invitación a presentar ofertas en las licitaciones y concursos abreviados deberá efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Organo Rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el medio específico que se establezca en el presente o en la reglamentación, o desde que se cursen invitaciones, hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 3° de este régimen.

Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difundirán por INTERNET, en el sitio del Organo Rector, las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad competente someta a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, el acta de apertura, las adjudicaciones, las órdenes de compra y toda otra información que la reglamentación determine.

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 y de difusión de la convocatoria las de los apartados 5, para los casos de emergencia, y 8.

CAPITULO II. OBRAS PUBLICAS

Artículo 33. MODIFICACION DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 13.064. Modificase el artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas nº 13.064, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:

a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios antedichos no excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional.

c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable;

d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva;

e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad;

f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible;

g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, en tanto no se opongan a las disposiciones del presente.

Artículo 34. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 11 Y 17 DE LA LEY nº 13.064. Dispónese el reemplazo de los términos «remate» y «subasta» por la expresión «licitación pública» en los artículos 4, 11 y 17 de la Ley nº 13.064.

Artículo 35. APLICACION DEL TITULO I. Las disposiciones del Título I del presente régimen serán aplicables a los contratos de Obras Públicas regulados por la Ley nº 13.064, en tanto no se opongan a sus prescripciones.

TITULO III. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 36. MODIFICACION DEL ARTICULO 7° DE LA LEY nº 19.549 Y SUS MODIFICATORIAS. Modifícase el último párrafo del artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el que quedará redactado de la siguiente forma:

«Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente.»

Artículo 37. VIGENCIA. Este régimen entrará en vigencia a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.

Artículo 38. DEROGACIONES. Deróganse los artículos 55 al 63 del Decreto Ley nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley nº 14.467; la Ley nº 19.900, la Ley nº 20.124 en lo que respecta a los contratos comprendidos en este régimen y el artículo 12 de la Ley nº 22.460.

Artículo 39. REGLAMENTACION. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público reglamentarán el presente Régimen para su aplicación en sus respectivas jurisdicciones y establecerán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones. El Poder Ejecutivo Nacional lo hará en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Invítase a los otros poderes y al Ministerio Público a efectuarla en un plazo similar. Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes.

Artículo 40. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DE LA RUA.

Chrystian G. Colombo.

Carlos M. Bastos.

José H. Jaunarena.

Jorge E. De La Rúa.

Andrés G. Delich.

FE DE ERRATAS Decreto 1023/2001

En la edición del 16 de agosto de 2001, donde se publicó el citado Decreto, se deslizaron determinados errores de imprenta, tanto en el inciso d), Punto 5 del Artículo 25, como en el inciso g) del Artículo 28, los que se transcriben a continuación, en forma correcta:

Artículo 25, inciso d)

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

Artículo 28

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley nº 24.156.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Decreto N° 1914/05, B.O. N° 2351 del 4 de enero de 2006.

Decreto nº 1914/05 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, B.O. nº 2351 del 4 de enero de 2006.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

 

Visto, el Expediente nº 87.270/05 por el cual tramita la Ley nº 1.845, y

CONSIDERANDO:

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2005 sancionó la ley indicada en el visto, la cual tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

Que la precitada norma constitucional establece que «Toda persona tiene mediante una acción de amparo, libre acceso a todo registro, archivo o banco de datos que conste en organismos públicos o en los privados destinados a proveer informes, a fin de conocer cualquier asiento sobre su persona, su fuente, origen, finalidad o uso que del mismo se haga. También puede requerir su actualización, rectificación, confidencialidad o supresión, cuando esa información lesione o restrinja algún derecho. El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística»;

Que en primer lugar corresponde señalar que la ley sancionada no alcanza a los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector privado, quedando los mismos regulados bajo el régimen de la Ley Nacional nº 25.326;

Que la norma en su artículo 22 instituye como organismo de control de la ley, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, creada por Ley nº 3 (B.O.C.B.A. nº 394), que reviste el carácter de «…órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera…» (conf. art. 137 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires);

Que el artículo 23 dispone la creación de un Registro de Datos Personales en el ámbito del citado organismo, el cual tiene como funciones entre otras las de:

«Autorizar y habilitar la creación, uso y funcionamiento de los archivos, registros, bases y bancos de datos personales del sector público de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con lo preceptuado en la presente ley.» (párrafo 2°) «…Establecer los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires relativos al proceso de recolección de datos, diseño general del sistema, incluyendo los mecanismos de seguridad y control necesarios, equipamiento técnico, mecanismos adoptados para garantizar los derechos de acceso, supresión, rectificación y actualización así como demás extremos pertinentes» (párrafo 3°) «…Colaborar con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y con los correspondientes organismos de control provinciales en cuantas acciones y actividades sean necesarias para aumentar el nivel de protección de los datos personales en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires.» (párrafo penúltimo);

Que la gestión de gobierno en general hace indispensable la utilización de herramientas registrales o de bases de datos conforme lo permite el desarrollo tecnológico alcanzado, por lo que buena parte del instrumental que utilizan los tres poderes de Gobierno se nutre de la generación de bases de datos que, compartiendo con el espíritu de la ley, necesariamente deben ser controladas para evitar un avance estatal sobre la privacidad y derechos que la Constitución de la Ciudad garantiza a las personas que habitan en nuestro territorio, independientemente de la protección que otorga la Constitución y Ley Nacional;

Que no obstante lo expuesto, del análisis de los párrafos 2°, 3° y penúltimo del referido artículo se advierte que la norma ha conferido a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires facultades propias del Poder Ejecutivo que exceden la natural esfera de control que debe ejercer el citado organismo, para incursionar en las correspondientes a la administración activa, relacionadas con la implementación y ejecución de las políticas gubernamentales;

Que las estipulaciones del mismo, al otorgar facultades ejecutivas al órgano de control -la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires-, a través de la creación del Registro de Datos Personales que funcionaría en su órbita, devienen exorbitantes, toda vez que el referido registro concentra la capacidad de autorizar y habilitar la creación, uso y funcionamiento de los archivos, registros, bases y bancos de datos personales del sector público de la Ciudad; estableciendo los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar dichos archivos, registros, bases y bancos de datos personales, relativos al proceso de recolección de datos, diseño general del sistema, mecanismos de seguridad y control, etc.;

Que en este aspecto, la ley que se analiza avanza sobre la competencia natural del órgano ejecutivo, al atribuir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires la capacidad de dictar la normativa reglamentaria, vulnerando de esta manera flagrantemente lo normado por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que ha otorgado en forma expresa dicha atribución al Poder Ejecutivo;

Que según surge del artículo referido el registro que se crea, no sólo determinaría eventualmente qué conformación técnica deberían tener los registros o bases de datos del sector público de la Ciudad, sino que además debería habilitar su funcionamiento;

Que de no observarse el artículo 23 en los párrafos señalados, la Defensoría del Pueblo debería autorizar, sólo a modo de ejemplo el funcionamiento de las constancias de datos del Padrón de Contribuyentes y el Registro de Contribuyentes de la Dirección General de Rentas, las bases de prestatarios de servicios de taxis y remises; el Sistema de Seguimiento de Juicios de la Procuración General (SISEJ); las bases de permisionarios en cementerios; el Registro Único de Proveedores (RUP), todas las bases de datos del Registro Civil, el sistema único de mesa de entradas (SUME), etc.;

Que ello implicaría supeditar todo el funcionamiento de la administración a la autorización de un órgano de control independiente, la Defensoría del Pueblo;

Que si bien se comparte el espíritu de la ley sancionada, en cuanto al necesario control que debe instrumentarse en esta materia sobre la actividad administrativa del subsector estatal, e independientemente del poder de gobierno que esté a cargo de su implementación, corresponde señalar que tanto la actividad de reglamentación del sistema, como la de habilitación de los registros o bases, atribuida a un «Registro» creado en la órbita de la Defensoría del Pueblo, podría subvertir el orden constitucional;

Que en idéntico sentido resultan objetables los párrafos 1° y 2° del artículo 5° de la norma, toda vez que los mismos establecen que: «Cuando el responsable de un archivo, registro, base o banco de datos decida encargar a un tercero la prestación de servicios de tratamiento de datos personales, deberá requerir previamente la autorización del organismo de control, a cuyo efecto deberá fundar los motivos que justifican dicho tratamiento. Los tratamientos de datos personales por terceros que sean aprobados por el organismo de control no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en la norma de creación de archivos, registros, bases o bancos de datos…»;

Que por otra parte el artículo 30 determina la legitimación pasiva de la Acción de Protección de Datos, estableciendo que «La acción procederá respecto de los responsables y/o encargados de tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a elección del titular de los datos»;

Que dicho artículo resulta objetable en este punto, puesto que es indudable que la acción deberá ser dirigida contra los organismos determinados en el art. 2° de la norma y no contra cada uno de los funcionarios de las áreas intervinientes;

Que sobre la base de tales consideraciones y a efectos de propiciar la revisión del proyecto de ley por parte de la Legislatura en los aspectos que han merecido observación, corresponde ejercer mecanismo excepcional del veto, respecto de los artículos 5º, párrafos primero y segundo; 23, párrafos segundo, tercero y penúltimo, y 30 de la Ley nº 1.845;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102, 104 y 88 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

 

El JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1º.-

Vétase parcialmente la Ley nº 1.845, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2005, en sus artículos 5º, párrafos primero y segundo, 23, párrafos segundo, tercero y penúltimo; y 30.

 

Artículo 2º.-

El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete.

 

Artículo 3º.-

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos y Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría Jefe de Gabinete. Cumplido, archívese.

01Ene/14

Decreto nº 335/2003 del 8 de abril de 2003. Reglamento de la Ley nº 126/2002

CONSIDERANDO: Que la promulgación de la Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, constituye un hito significativo para la inserción de la República Dominicana en la sociedad de la información, como agente de competitividad del sector productivo, de modernización de las instituciones públicas y de socialización de la información a través del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones que intervienen en estos intercambios, como la telefonía e Internet;

 

CONSIDERANDO: Que el volumen de intercambio por medios electrónicos ha crecido en forma notable en la República Dominicana siendo un ejemplo de ello el incremento de transacciones en cajeros automáticos y operaciones de débito en las terminales de puntos de venta;

 

CONSIDERANDO: Que la posibilidad de efectuar transacciones comerciales mediante los medios electrónicos, fomenta la creación e incremento de nuevos y más ágiles servicios, con mayor grado de personalización y calidad, y disminuye los costos de transacción, tanto para consumidores, como para los suplidores;

 

CONSIDERANDO: Que, no obstante las grandes ventajas del comercio electrónico, la incorporación de seguridad jurídica en las transacciones cursadas por este medio, resulta un punto medular para estimular su expansión en beneficio de las personas físicas o jurídicas que participan en él, en la medida que la celebración de contratos por la vía digital requiere la identificación cabal de las personas que realizan las transacciones y la verificación de la integridad de los contenidos de los documentos electrónicos, a fin de garantizar el eventual valor probatorio, judicial y extrajudicialmente de las firmas digitales y los mensajes de datos;

 

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 y el Reglamento de Aplicación que aprueba el presente Decreto, pretenden dotar a la República Dominicana de un marco legal adecuado que el desarrollo del comercio electrónico requiere, complementando las normas de derecho vigentes en materia civil, comercial y administrativa, al brindar el adecuado reconocimiento legal a las transacciones en formato digital, y adoptar medidas que permitan identificar en forma fehaciente a las personas que intervienen, con el propósito de reconocer derechos y obligaciones respectivas, así como también garantizar su valor probatorio;

 

CONSIDERANDO: Que la efectiva implementación de la Ley nº 126-02 permitirá dotar al comercio electrónico de reglas claras sobre el perfeccionamiento de los compromisos asumidos a través de expresiones de la voluntad por la vía electrónica, lo cual brindará un marco de seguridad y confianza para el desarrollo de transacciones electrónicas con plena identificación de sus participantes y certeza respecto de la integridad del contenido de los documentos digitales y mensajes de datos emitidos por estos;

 

CONSIDERANDO: Que, al mismo tiempo, este régimen legal y reglamentario permitirá el desarrollo del «Gobierno Electrónico» y facilitará el acceso de la comunidad a la información y servicios que brinda el Estado, aumentando la eficiencia de sus organizaciones, mediante la digitalización de sus procedimientos, el acceso remoto a bases de datos y la facilitación de la información y comunicación de servicios públicos, con la consecuente reducción de los tiempos de los trámites correspondientes, así como de los costos asociados al suministro de los mismos;

 

CONSIDERANDO: Que, dada la naturaleza de las transacciones electrónicas en las cuales es posible realizar operaciones comerciales generadoras de derechos y obligaciones, entre partes situadas en lugares remotos, más allá del ámbito de aplicación de este ordenamiento legal, la República Dominicana deberá adoptar normas jurídicas y técnicas que permitan la interoperabilidad entre los diferentes sistemas con los que se encuentra interconectada a nivel internacional;

 

CONSIDERANDO: Que, en ese orden de ideas, es necesario contar con mecanismos reglamentarios y administrativos de reconocimiento de validez legal de certificados digitales emitidos fuera del país, y utilizados por personas situadas en el extranjero en sus intercambios con la República Dominicana, reconociendo, a dichos fines, al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en su calidad de órgano regulador, la facultad de celebrar acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados con otros países;

 

CONSIDERANDO: Que un elemento fundamental para el impulso al comercio electrónico es la puesta en marcha de una Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana, la cual permitirá la identificación fehaciente de las personas físicas o jurídicas suscriptoras de certificados digitales;

 

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 establece que las entidades de certificación deben cumplir con los requerimientos establecidos en los reglamentos de aplicación;

 

CONSIDERANDO: Que una de las funciones esenciales de las entidades de certificación es la de validar los datos de identidad de los suscriptores de certificados digitales, actividad que desarrolla por sí o por terceros, de acuerdo con los usos internacionales;

 

CONSIDERANDO: Que esta actividad, desarrollada por las Unidades de Registro, amerita una reglamentación específica dada la trascendencia de su rol como eje del sistema de confianza que implica una Infraestructura de Clave Pública;

 

CONSIDERANDO: Que otro aspecto relevante lo constituye la determinación del día y la hora oficial, en un momento dado, en los medios electrónicos, así como el diseño de los mecanismos de comunicación y distribución de la fecha y hora oficial en la Internet, a fin de que, tanto los organismos públicos como las entidades de certificación procedan a tomar de este mecanismo, la fecha y la hora exacta como insumo para su registro y distribución posterior, y para el suministro del servicio de registro y estampado cronológico;

 

CONSIDERANDO: Que, por otra parte, la posibilidad de contar con la fecha y la hora cierta en medios electrónicos e Internet permitirá la realización de actos y convenios para los cuales la determinación fehaciente del momento preciso de la ocurrencia de un hecho generador de derechos u obligaciones constituye un elemento esencial en la formación y manifestación de la voluntad, tales como en la presentación de evidencia en formato digital en instancia judicial y administrativa, como prueba documental, en la realización de compras electrónicas o en las notificaciones electrónicas;

 

CONSIDERANDO: Que, conforme a la Ley nº 126-02, se reconoce la eficacia jurídica de los mecanismos de identificación de autoría que hayan sido acordados por las partes, aun en el caso que no se trate de firma digital;

 

CONSIDERANDO: Que, sin embargo, la Ley nº 126-02 no utiliza ninguna denominación especial para estos mecanismos de identificación acordados entre las partes de una transacción digital no sujeta a formas solemnes, que no constituyan firma digital por ausencia de algunos de sus elementos, aunque la misma Ley le reconoce eficacia jurídica a dichos mecanismos de identificación de autoría;

 

CONSIDERANDO: Que el derecho comparado, tanto en la legislación vigente como en las leyes modelos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- CNUDMI, en las que se apoya la Ley nº 126-02 denomina como firma electrónica a estos mecanismos de identificación en el mundo virtual que no constituyen firmas digitales o firmas electrónicas avanzadas;

 

CONSIDERANDO: Que la interpretación que debe darse a las alternativas contempladas por la Ley nº 126-02 respecto de los mecanismos de autenticación acordados entre partes que no constituyan firma digital está orientada por la misma Ley cuando precisa los principios generales que la inspiran y los criterios a los cuales para su interpretación se debe acudir;

 

CONSIDERANDO: Que, en su Artículo 3, la Ley nº 126-02 establece como criterio de interpretación las recomendaciones de organismos multilaterales en la materia, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe y señala como principios generales el facilitar el comercio electrónico, validar las transacciones entre partes, promover y apoyar la implantación de nuevas tecnologías y apoyar las prácticas comerciales;

 

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con lo establecido por la Ley nº 126-02, corresponde denominar como firma electrónica a los mecanismos de autenticación acordados entre partes, en consonancia con el derecho comparado tanto de la legislación vigente en los distintos países como la contenida en las Leyes Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- CNUDMI;

 

CONSIDERANDO: Que, en igual sentido, los sistemas internacionales de firma electrónica o firma digital contemplan, en general, esquemas voluntarios de acreditación, de acuerdo con el principio de libertad de comercio;

 

CONSIDERANDO: Que, sin embargo, es necesario, a los fines de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de firmas digitales, regular, de manera mínima, la prestación de servicios de certificación efectuada por proveedores de firma electrónica;

 

CONSIDERANDO: Que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- CNUDMI, así como las legislaciones basadas en sus principios, expresamente prevén sistemas de acreditación voluntaria de las prestadoras de servicios de certificación ante los órganos reguladores específicos, diferenciando los efectos jurídicos de los certificados digitales emitidos por certificadores autorizados con pleno valor legal de firma manuscrita, respecto de los certificados emitidos por certificadores no autorizados, los cuales no gozan del mismo valor jurídico que las normas asignan a la firma digital, pero que no carecen de todo valor, ya que se los considera como firma electrónica;

 

CONSIDERANDO: Que, en dichos casos, se asigna solamente el mismo efecto legal que se otorga a la firma manuscrita a la firma digital, también denominada firma electrónica avanzada, firma electrónica fiable, cuando dichas firmas son generadas a partir de certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas por el órgano regulador correspondiente, previsto por cada norma en particular en el derecho comparado;

 

CONSIDERANDO: Que, en atención a los anteriores aspectos, es necesario reconocer la existencia de prestadores de servicios de certificación que opten por no solicitar autorización y cumplir con los requisitos establecidos por el INDOTEL para prestar servicios de firma digital, con valor equivalente al otorgado en el ordenamiento jurídico vigente a la firma holográfica, dejando expresamente establecido que sus certificados no tendrán los efectos de firma digital;

 

CONSIDERANDO: Que el Reglamento que aprueba el presente Decreto tiene por objeto estimular el desarrollo de iniciativas tecnológicas vinculadas con el comercio electrónico, promover la utilización de estos servicios y difundir su uso entre la población a fin de familiarizar a un mayor número de personas con el sistema;

 

CONSIDERANDO: Que, asimismo, se estima conveniente la creación de un Registro de Entidades de Certificación que permita su consulta en forma permanente por la Internet para facilitar la constatación de los aspectos relevantes de la Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana por parte de suscriptores y usuarios de firmas digitales;

 

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, en su Artículo 61, establece un plazo de seis (6) meses, contados partir de la publicación de la referida Ley, para que el Poder Ejecutivo dicte el Reglamento de Aplicación correspondiente;

 

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana fue publicada en la Gaceta Oficial nº 10172 a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil dos (2002);

 

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 56 de la referida Ley, el cual faculta al INDOTEL a proponer al Poder Ejecutivo la implementación de políticas en relación con la regulación de actividades de las entidades de certificación, así como aprobar los reglamentos internos de la prestación de servicios, entre otras funciones, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil tres (2003), el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) aprobó, mediante su Resolución nº 042-03, el proyecto del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales para ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo, el cual fue elaborado por dicha institución con la participación de consultores internacionales, luego de haber agotado varias rondas de consultas, en la que participaron representantes de sectores de telecomunicaciones, del sector financiero, de asociaciones de contadores y auditores, del sector público y de asociaciones profesionales y sin fines de lucro de la República Dominicana.

 

CONSIDERANDO: Que por delegación expresa efectuada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil tres (2003), el Presidente del Consejo Directivo de esa institución, Lic. Orlando Jorge Mera, remitió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el citado Proyecto de Reglamento para fines de aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

 

VISTOS: Los Códigos Civil, Comercial y de Procedimiento Civil y Procedimiento Criminal de la República Dominicana;

 

VISTA: La Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana, promulgada en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dos (2002);

 

VISTA: La Resolución nº 042-03, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), de fecha diecisiete (17) de marzo de 2003;

 

VISTA: La solicitud de aprobación del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana, presentada al Poder Ejecutivo por el Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Lic. Orlando Jorge Mera, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil tres (2003).

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República Dominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

 

REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA Ley nº 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES

 

TÍTULO I.- DEFINICIONES Y ALCANCE

 

Artículo 1.- Definiciones.-

En adición a las definiciones establecidas en la Ley, las expresiones y términos que se emplean en este Reglamento tendrán el significado que se señala a continuación:

1.1. Autorización: El acto jurídico mediante el cual, en forma escrita y formal, el INDOTEL otorga a una Entidad de Certificación el derecho a emitir certificados digitales con valor legal de firma digital y proveer otros servicios de certificación previstos por la Ley nº 126-02 y sus normas reglamentarias;

1.2. Certificado (Certificado Digital): Es el documento digital emitido y firmado digitalmente por una Entidad de Certificación, que identifica unívocamente a un suscriptor durante el período de vigencia del certificado, y que se constituye en prueba de que dicho suscriptor es la fuente o el originador del contenido de un documento digital o mensaje de datos que incorpore su certificado asociado;

1.3. Clave criptográfica privada: Es el valor o valores numéricos o caracteres binarios que, utilizados conjuntamente con un procedimiento matemático conocido, sirven para generar la firma digital de un mensaje de datos o de un documento digital;

1.4. Clave criptográfica pública: Es el valor o valores numéricos o caracteres binarios que son utilizados para verificar que una firma digital fue generada con la clave privada del suscriptor del certificado digital que ha emitido el mensaje de datos o el documento digital;

1.5. Confiabilidad Técnica: Es la cualidad del conjunto de equipos de computación, software, protocolos de comunicación, seguridad y procedimientos administrativos relacionados que cumplan los siguientes requisitos:

a) Protección contra la posibilidad de intrusión o uso no autorizado;

b) Garantía de la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento;

c) Aptitud para el desempeño de sus funciones específicas;

d) Cumplimiento de las normas de seguridad apropiadas, acordes a estándares internacionales en la materia; y,

e) Cumplimiento con los estándares técnicos y de auditoría que establezca el INDOTEL;

1.6. Criptografía: Es la rama de las matemáticas aplicadas a la ciencia informática que se ocupa de la transformación de documentos digitales o mensajes de datos, de su representación original a una representación ininteligible e indescifrable que protege y preserva su contenido y forma, y de la recuperación del documento o mensaje de datos original a partir de ésta;

1.7. Criptosistema asimétrico: Es el algoritmo que utiliza un par de claves, una clave privada para firmar digitalmente y su correspondiente clave pública para verificar dicha firma digital, de esta manera, una clave no puede operar sin la otra y de tal forma que el usuario que conozca la clave pública no pueda derivar de ella la clave privada;

1.8. Datos de creación de firma digital: Son aquellos datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el suscriptor utiliza para crear su firma digital;

1.9. Datos de verificación de firma digital: Son aquellos datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma digital, la integridad del documento digital o mensaje de datos y la identidad del suscriptor;

1.10. Destinatario: La persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a título de intermediario con respecto a ese mensaje;

1.11. Dispositivo de creación de firma digital: Es el dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite firmar digitalmente;

1.12. Dispositivo de verificación de firma digital: Es el dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite verificar la integridad del documento digital y la identidad del suscriptor;

1.13. Documento digital: Es la información codificada en forma digital sobre un soporte lógico o físico, en la cual se usan métodos electrónicos, fotolitográficos, ópticos o similares que se constituyen en representación de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes;

1.14. Entidad de Certificación: Es aquella institución o persona jurídica que, autorizada conforme a la Ley, el presente Reglamento y las normas a ser dictadas por el INDOTEL, que está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales;

1.15. Estampado Cronológico o Certificación digital de fecha y hora: Es la indicación de la fecha y la hora cierta, asignada a un documento o registro electrónico por una Entidad de Certificación y firmada digitalmente por ésta;

1.16. Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión;

1.17. Firma Electrónica: Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, que por acuerdo entre las partes se utilice como medio de identificación entre el emisor y el destinatario de un mensaje de datos o un documento digital y que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital;

1.18. INDOTEL: Es la sigla que denomina al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, órgano regulador de las telecomunicaciones y del comercio electrónico, documentos y firmas digitales, de conformidad con las Leyes nº153-98 General de Telecomunicaciones y nº126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana, respectivamente;

1.19. Iniciador: Toda persona que, al tenor de un mensaje de datos, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado, para enviar o generar dicho mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no lo haya hecho a título de intermediario con respecto a ese mensaje;

1.20. Ley: Se refiere a la Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, número 126-02;

1.21. Ley de Telecomunicaciones: Se refiere a la Ley General de Telecomunicaciones, número 153-98;

1.22. Mensajes de datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;

1.23. Manual de Procedimientos: Es el conjunto de prácticas utilizadas por la Entidad de Certificación en la emisión y administración de los certificados. En inglés, Certification Practice Statement (CPS);

1.24. Plan de Cese de Actividades: Es el conjunto de actividades aprobadas por el INDOTEL, a desarrollar por la Entidad de Certificación en caso de finalizar la prestación de sus servicios;

1.25. Plan de Contingencias: Es el conjunto de procedimientos a seguir por la Entidad de Certificación ante la ocurrencia de situaciones no previstas que puedan comprometer la continuidad de sus operaciones;

1.26. Plan de Seguridad: Es el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos destinados a la protección de los recursos de la Entidad de Certificación;

1.27. Prácticas de Certificación: Es el conjunto de información relativa al cumplimiento de los requisitos de autorización y operación que debe publicar cada Entidad de Certificación según lo establecido en el Artículo 38 de la Ley nº 126-02;

1.28. Políticas de Certificación: Son las reglas definidas por las Entidades de Certificación y aprobadas por el INDOTEL, en las que se establecen los criterios de emisión y utilización de los certificados digitales. En inglés, Certification Policy (CP);

1.29. Procedimiento de verificación de firma digital: Es el proceso utilizado para determinar la validez de una firma digital. Dicho proceso debe constar por lo menos, de los pasos siguientes:

a) La verificación de que dicha firma digital ha sido creada durante el período de validez del certificado digital del suscriptor;

b) La comprobación de que dicha firma digital ha sido creada utilizando los datos de creación de firma digital correspondientes a los datos de verificación de firma digital indicados en el certificado del suscriptor; y,

c) La verificación de la autenticidad y la validez de los certificados involucrados;

1.30. Proveedor de Servicios de Firma Electrónica: Es toda persona moral, nacional o extranjera, pública o privada, que preste servicios de certificación, y cuyos certificados digitales no tienen valor legal de firma digital, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar;

1.31. Registro de Entidades de Certificación: Es el registro de acceso público que mantiene el INDOTEL en el cual constan las informaciones relativas a las Entidades de Certificación;

1.32. Registro Nacional: Es el registro, establecido en el Capítulo IX del Reglamento de Concesiones, Inscripciones en Registros Especiales y Licencias para Prestar Servicios de Telecomunicaciones en la República Dominicana, que mantiene un listado de todas las autorizaciones otorgadas por el INDOTEL;

1.33. Reglamento: Se refiere al presente Reglamento de la Ley nº 126-02;

1.34. Repositorio: Es un sistema de información para el almacenamiento y recuperación de certificados u otro tipo de información relevante para la expedición y validación de los mismos;

1.35. Revocar un certificado: Es finalizar definitivamente el período de validez de un certificado, desde una fecha específica, en adelante;

1.36. Suscriptor o titular de certificado digital: Es la persona que contrata con una Entidad de Certificación la expedición de un certificado, para que sea nombrada o identificada en él. Esta persona tiene la obligación de mantener bajo su estricto y exclusivo control el procedimiento para generar su firma digital;

1.37. Suspender un certificado: Es Interrumpir temporalmente el período operacional de un certificado desde una fecha específica, en adelante;

1.38. Unidad de Registro: Es toda persona moral o física, u organismo público, posibilitada a validar los datos de identidad de personas físicas y jurídicas, suscriptoras de certificados y en capacidad de prestar otros servicios de validación relacionados con las firmas digitales, conforme a la autorización otorgada a tales fines por el INDOTEL. En inglés, Registration Authority (RA);

1.39. Usuario: Es la persona que, sin ser suscriptor y sin contratar los servicios de emisión de certificados de una Entidad de Certificación, puede, sin embargo, validar la integridad y autenticidad de un documento digital o de un mensaje de datos, con base en un certificado del suscriptor originador del mensaje;

1.40. Validar la integridad y autenticidad de un documento digital o un mensaje de datos: Es el procedimiento de verificación de firma digital aplicado a un documento digital o mensaje de datos.

 

Artículo 2.- Alcance.-

2.1. Este Reglamento constituye el marco regulatorio que se aplicará en todo el territorio nacional para la prestación de servicios de certificación digital, en el marco de la Ley nº 126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, y regula a las entidades comprendidas en la Ley y el presente Reglamento.

2.2. Son sujetos regulados por la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias que dicte el INDOTEL, las entidades de certificación, los proveedores de servicios de firma electrónica y las unidades de registro, así como los proveedores de servicios o infraestructura de soporte operacionalmente vinculados con estas en la medida de su relación contractual.

2.3. Este Reglamento deberá ser interpretado de conformidad con la Ley, los reglamentos y normas dictadas por el INDOTEL y se tendrán en cuenta las normas y recomendaciones internacionales en la materia.

2.4. El INDOTEL aprobará las normas complementarias al presente Reglamento, las cuales podrán ser ampliadas, modificadas o derogadas de acuerdo con la evolución de los estándares internacionalmente aceptados.

 

Artículo 3.- Autoridad.-

3.1. El INDOTEL velará por el fiel cumplimiento de este Reglamento, estipulará los estándares tecnológicos, legales, económicos y de procedimientos aplicables en materia de firma digital, documentos digitales y mensajes de datos, y emitirá las resoluciones correspondientes a fin de garantizar la aplicación efectiva de la Ley y este Reglamento.

3.2. El INDOTEL constituye la única institución del Estado con calidad legal para autorizar la instalación y operación de servicios públicos y privados de certificación digital en el territorio nacional, no pudiendo ser sustituida esta facultad por ninguna otra autoridad centralizada, autónoma o descentralizada del Estado.

 

TÍTULO II.- SUJETOS REGULADOS

 

PARTE I.- ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

 

Artículo 4.- Categorías.-

4.1. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica se encuentran regulados por la Ley, el presente Reglamento y sus normas complementarias, así como por las normas de derecho común aplicables.

4.2. Entidades de Certificación: Son aquellas que, siendo personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, y las Cámaras de Comercio y Producción, domiciliadas en la República Dominicana, que, previa solicitud, sean autorizadas por el INDOTEL en conformidad con la Ley, este Reglamento y las normas que dicte el INDOTEL, están facultadas para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.

4.3. Proveedores de Servicios de Firma Electrónica: Son aquellas personas morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que otorguen certificados digitales que carecen de valor legal de firma digital, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.

 

Artículo 5.- Prestación de Servicios de Firma Electrónica.-

5.1 La prestación de servicios de certificación digital por Proveedores de Servicios de Firma Electrónica no requiere de autorización previa por parte del INDOTEL.

5.2. A los fines de proteger los derechos de los consumidores, el INDOTEL determinará la información a presentar y los procedimientos a cumplir por los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica.

 

Artículo 6.- Efectos de los Certificados emitidos por Proveedores de Servicios de Firma Electrónica.-

6.1. Los certificados y demás servicios de certificación prestados por los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica no tienen el valor jurídico que la Ley otorga a la firma digital, esta circunstancia deberá constar en la información que suministren sobre sus servicios tanto en forma impresa como en formato digital, en el sitio de Internet de que dispongan y en general, en toda comunicación vinculada a los mismos.

6.2. Los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deberán comunicar expresamente tal circunstancia a los solicitantes y/o suscriptores de certificados digitales que emitan y a todo tercero que tome contacto con dicho Proveedor de Servicios de Firma Electrónica.

 

Artículo 7.- Normas.-

El cumplimiento de las normas fijadas para la aplicación del presente Reglamento es obligatorio para las Entidades de Certificación. El INDOTEL tiene la potestad para efectuar, de oficio o a solicitud de parte, verificaciones de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en las Entidades de Certificación cuando lo considere necesario en la forma dispuesta por la Ley y sus normas reglamentarias.

 

Artículo 8.- Actualización de las normas.-

8.1. Los actos administrativos que impliquen la modificación de normas para la prestación de servicios de certificación digital establecerán los plazos en los cuales las Entidades de Certificación deberán adecuarse a las mismas.

8.2. El incumplimiento de las disposiciones de las nuevas normas será calificado como falta muy grave y facultará al INDOTEL a dejar sin efecto la autorización, de conformidad con los Artículos 56 y 57 de la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 9.- Prácticas de Certificación.-

9.1. Las Entidades de Certificación contarán con reglas específicas sobre sus prácticas de certificación, consistentes en una descripción detallada de las políticas, procedimientos, mecanismos y condiciones de prestación de los servicios así como las obligaciones que asumen.

9.2. Las Prácticas de Certificación deben declarar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 68 de este Reglamento, con excepción de la póliza de seguro que se acredita por medio de la presentación de la misma.

9.3. Las Prácticas de Certificación deben ser objetivas y no discriminatorias, deben estar publicadas de conformidad con el Artículo 38 de la Ley y el presente Reglamento y se deben comunicar a los suscriptores y usuarios de manera sencilla y en idioma español.

9.4. Las Políticas de Certificación estarán sujetas a la aprobación del INDOTEL y deberán ser remitidas junto a la solicitud de autorización.

9.5. Las Políticas de Certificación deberán ser publicadas y actualizadas en forma permanente y deben estar accesibles al público por medios electrónicos, en la dirección correspondiente al sitio de que disponga la Entidad de Certificación, en el boletín del INDOTEL y en el sitio de Internet del INDOTEL.

9.6. Las disposiciones de las Prácticas de Certificación deberá contener de manera enunciativa, por lo menos la siguiente información:

a) Datos generales:

i) El nombre, la dirección física y el número telefónico de la Entidad de Certificación;

ii) El número del Registro Nacional de Contribuyente (RNC);

iii) La dirección electrónica, en la cual serán válidas las comunicaciones y notificaciones;

iv) El certificado digital que contiene la clave pública actual de la Entidad de Certificación;

v) El resultado de la evaluación obtenida por la Entidad de Certificación en la última auditoría realizada por el INDOTEL;

vi) Si la autorización para operar como Entidad de Certificación ha sido revocada o suspendida, este registro deberá incluir la fecha de la revocación o suspensión para operar para todos los casos en los cuales se haya producido;

vii) Los límites impuestos a la Entidad de Certificación en la autorización para operar; y,

viii) Cualquier evento que sustancialmente afecte la capacidad de la Entidad de Certificación para operar.

b) Políticas de Certificación que contemplen al menos los siguientes contenidos:

i) Introducción, la cual contendrá un resumen de las prácticas de certificación de que se trate, mencionando tanto la entidad que suscribe el documento, como el tipo de suscriptores y productos a los que son aplicables;

ii) Consideraciones generales, las cuales contendrán información sobre obligaciones, responsabilidades, cumplimiento de auditorías, confidencialidad, y derechos de propiedad intelectual, con relación a todas las partes involucradas;

iii) Identificación y autenticación, en la cual se describan los procesos de autenticación aplicados a los solicitantes de certificados, así como los procesos para autenticar a los mismos cuando pidan la suspensión o la revocación de un certificado. En caso de operar con una Unidad de Registro, la entidad suministrará los datos de esta Unidad;

iv) Requerimientos operacionales, los cuales contendrán información operacional y procedimientos a seguir para los procesos de solicitud de certificados, emisión de certificados, suspensión y revocación de certificados, procesos de auditoría, de seguridad, almacenamiento de información relevante, cambio de datos de creación de firma digital, superación de situaciones críticas, casos de fuerza mayor, caso fortuito, y procedimiento de término del servicio de certificación;

v) Controles de procedimiento, personal y físicos, describirán los controles de seguridad no técnicos utilizados por la entidad de certificación para asegurar las funciones de generación de datos de creación de firma digital, autenticación de usuarios, emisión de certificados, suspensión y revocación de certificados, auditoría y almacenamiento de información relevante;

vi) Controles de seguridad técnica, señalarán las medidas de seguridad adoptadas por la Entidad de Certificación para proteger los datos de creación de su propia firma digital;

vii) Perfiles de certificados y del registro de acceso público, especificarán los formatos del certificado y del registro de acceso público;

viii) Especificaciones de administración de la política de certificación, señalarán la forma en que la misma está contenida en la Práctica, y los procedimientos para cambiar, publicar y notificar dicha política.

c) Plan de Cese de Actividades

d) Plan de Contingencia

e) Política de Protección de Datos Personales, acorde con la normativa complementaria a ser dictada por el INDOTEL.

f) El reconocimiento de certificados extranjeros por parte de la Entidad de Certificación, en caso de que corresponda.

 

Artículo 10.- Registro de Certificados Digitales.-

10.1. Cada Entidad de Certificación y cada Proveedor de Servicios de Firma Electrónica mantendrá un Registro de certificados accesible al público, en el que se garantice la disponibilidad de la información actualizada contenida en él de manera regular y continua.

10.2. Dicho Registro contendrá los certificados emitidos por las Entidades de Certificación y por los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica, indicando el estatus de los certificados de modo tal que señale, al menos, lo siguiente:

a) Si los mismos se encuentran vigentes, revocados, suspendidos o reactivados;

b) Si son reconocidos por la Entidad de Certificación en caso de que hayan sido emitidos por una Entidad de Certificación extranjera;

c) La Política de Certificación bajo la cual fue emitido;

d) Las fechas de emisión y vencimiento; y

e) Todas las menciones relevantes para la utilización de los mismos.

10.3. Las Entidades de Certificación y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica garantizarán el acceso al público de manera permanente a dicho Registro por medios electrónicos.

 

Artículo 11.- Comunicación de cesación de actividades.-

11.1. Entidades de Certificación. En caso de que una Entidad de Certificación cese en la prestación del servicio, notificará tal situación a los suscriptores de los certificados emitidos por ella en la siguiente forma:

11.1.1. Cesación voluntaria. Con una antelación no menor a NOVENTA (90) días hábiles y señalando a los suscriptores que de no existir objeción a la transferencia de los certificados a otra Entidad de Certificación, la cual será indicada en dicha notificación, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles luego de la recepción de la comunicación, se entenderá que el suscriptor ha consentido la transferencia de los mismos.

11.1.2. Cesación no voluntaria. La cancelación de la autorización será notificada inmediatamente a los suscriptores. En caso de que la Entidad de Certificación se encuentre en situación de traspasar los certificados a otra Entidad de Certificación, informará tal situación en la forma y plazo señalado en el apartado 11.1.1.

11.2. Si el suscriptor del certificado comunica que se opone a la transferencia en el plazo establecido, el certificado será revocado sin ningún trámite adicional.

 

Artículo 12.- Cesación voluntaria de actividades.-

12.1. Entidades de Certificación. En caso de que la cesación en la prestación del servicio ocurra por voluntad de la Entidad de Certificación, ésta solicitará al INDOTEL mediante documento firmado por su representante, con NOVENTA (90) días hábiles de anticipación, la cancelación de su inscripción en el Registro de Entidades de Certificación, comunicándole el destino que dará a los certificados, especificando, en su caso, los que va a transferir y a quién, cuando proceda.

12.1.1. El INDOTEL dispondrá la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades de Certificación una vez constatado el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Plan de Cese de Actividades aprobado por éste.

12.2. Proveedores de Servicios de Firma Electrónica. En caso de cesación de actividades, los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deberán informar al INDOTEL tal circunstancia, con NOVENTA (90) días hábiles de anticipación, mediante documento firmado por su representante.

 

Artículo 13.- Subsistencia de las Obligaciones.-

13.1. El INDOTEL reglamentará los procedimientos aplicables a la cesación de actividades de las Entidades de Certificación y de los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica en base a la necesidad de preservar la protección de los derechos de los consumidores.

13.2. Las Entidades de Certificación contemplarán en sus Planes de Cese de Actividades, aprobados por el INDOTEL, la subsistencia de las obligaciones relativas a la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por los suscriptores de certificados.

 

Artículo 14.- Conservación de los Documentos y Datos de Apoyo para la Emisión de Certificados.-

14.1. Los datos proporcionados por los suscriptores de certificados digitales, y los documentos de apoyo, serán conservados por las Entidades de Certificación por lo menos durante VEINTE (20) años desde la revocación o expiración de los certificados.

14.2. En caso de que las Entidades de Certificación cesen en su actividad, transferirán dichos datos a otra Entidad de Certificación o bien a una empresa especializada en la custodia de datos electrónicos debidamente autorizada por el INDOTEL, por el tiempo faltante para completar los VEINTE (20) años desde la revocación o expiración de cada certificado. Esta situación deberá verse reflejada tanto en el Registro de Entidades de Certificación como en la Política de Certificación aprobada por el INDOTEL.

 

Artículo 15.- Conservación del Registro de Certificados.-

15.1. Las Entidades de Certificación conservarán los datos contenidos en los registros mencionados en el Artículo 51 de la Ley por un plazo de CUARENTA (40) años, contados a partir de la fecha de la revocación o expiración de cada certificado.

15.2. En caso de que las Entidades de Certificación cesen en su actividad, transferirán dichos datos a otra Entidad de Certificación, o bien a una empresa especializada en la custodia de datos electrónicos debidamente autorizada por el INDOTEL, por el tiempo faltante para completar los CUARENTA (40) años desde la revocación o expiración de cada certificado. Esta situación deberá verse reflejada tanto en el Registro de Entidades de Certificación como en la Política de Certificación aprobada por el INDOTEL.

 

Artículo 16.- Seguros.-

La Entidad de Certificación contará con seguros vigentes acordes con las responsabilidades asumidas, que cumplan con los requisitos que establezca la norma complementaria sobre las políticas de acreditación o autorización que dicte el INDOTEL.

 

Artículo 17.- Obligaciones de las Entidades de Certificación.-

En adición a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley, las Entidades de Certificación tienen las siguientes obligaciones:

a) Comprobar por sí o por medio de una Unidad de Registro, en la cual haya delegado tal función, la identidad u otro dato de los solicitantes considerado relevante para los procedimientos de verificación de identidad previos a la emisión del certificado digital, según la Política de Certificación bajo la cual se solicita el certificado;

b) Mantener a disposición permanente del público las Políticas de Certificación y el Manual de Procedimientos, en aquellos aspectos que no contengan información confidencial, en los formatos que apruebe el INDOTEL a tales fines;

c) Cumplir cabalmente con las Políticas de Certificación acordadas con el suscriptor y con su Manual de Procedimientos, considerándose su incumplimiento como falta grave;

d) Garantizar la prestación establecida según los niveles definidos en el acuerdo de servicios pactado con el suscriptor, relativo a los servicios para los cuales solicitó autorización;

e) Informar al solicitante de un certificado digital, en un lenguaje claro y accesible, en idioma español, respecto de las características del certificado solicitado, las limitaciones a la responsabilidad, si las hubiere, los precios de los servicios de certificación, uso, administración y otros asociados, incluyendo cargos adicionales y formas de pago, los niveles de servicio a proveer, las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del servicio de certificación, su domicilio en la República Dominicana y los medios a los que el suscriptor puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema o presentar sus reclamos;

f) Disponer de un servicio de atención a suscriptores de certificados y usuarios, mediante acceso personal, telefónico y por Internet, que permita enviar las consultas y la pronta respuesta a la solicitud de suspensión o revocación de certificados;

g) Garantizar el acceso público, eficiente y gratuito de los suscriptores y usuarios al registro de certificados emitidos, suspendidos, revocados, reactivados o reconocidos;

h) Mantener actualizados los registros de certificados emitidos, suspendidos, revocados o reactivados por el término de CUARENTA (40) años, contado a partir de la fecha de la revocación o expiración de cada certificado;

i) Adoptar los procedimientos y resguardos de seguridad confiables, conforme lo establezca el INDOTEL para garantizar que las claves privadas de los suscriptores no permanecerán en su poder ni podrán ser utilizadas por terceros en caso de que preste el servicio de generación de claves;

j) Informar al INDOTEL de modo inmediato la ocurrencia de cualquier evento que comprometa la correcta prestación del servicio;

k) Garantizar la integridad de la información que mantienen bajo su control;

l) Respetar el derecho del suscriptor del certificado digital a no recibir publicidad de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento expreso de éste;

m) Publicar por medios electrónicos y en un periódico de circulación nacional el certificado de clave pública correspondiente a la política de certificación para la cual obtuvo autorización;

n) Cumplir las normas y recaudos establecidos para la protección de datos personales, así como las demás normas aprobadas por el INDOTEL;

o) Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las normas que dicte INDOTEL que motivaron la autorización obtenida para la prestación de servicios de certificación;

p) En los casos de revocación de certificados contemplados en el numeral 6 del Artículo 49 de la Ley, deberá sustituir en forma gratuita aquel certificado digital que ha dejado de ser seguro por otro que sí cumpla con estos requisitos. El INDOTEL establecerá el proceso de reemplazo de certificados en estos casos.

En los casos en los que un certificado digital haya dejado de ser seguro por razones atribuibles a su suscriptor, la Entidad de Certificación no estará obligada a sustituir el certificado digital;

q) Enviar los informes de estado de operaciones con carácter de declaración jurada que solicite el INDOTEL en las fechas y formatos determinados por la reglamentación que dicte el INDOTEL a tales fines;

r) Contar con personal idóneo y confiable, con antecedentes profesionales acordes a la función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades legales que asume por los servicios suministrados ;

s) Cumplir con los requerimientos realizados en virtud de sentencia con valor de la cosa irrevocablemente juzgada o autorización de un juez para entregar los datos;

t) Responder a los pedidos de informes por parte de los usuarios de certificados respecto de la validez y alcance de un certificado digital emitido por ella; y,

u) Informar al INDOTEL la terminación del contrato o las modificaciones respecto de los alcances o montos de la cobertura de los seguros.

 

Artículo 18.- Responsabilidad de las Entidades de Certificación.-

En ningún caso, la responsabilidad que pueda emanar de una certificación efectuada por una Entidad de Certificación comprometerá la responsabilidad civil del Estado en su calidad de órgano de control y vigilancia, ni en particular, la responsabilidad civil del INDOTEL, como entidad pública con personería jurídica.

 

Artículo 19.- Recursos de las Entidades de Certificación.-

19.1. Para el desarrollo adecuado de las actividades para las cuales solicita autorización, la Entidad de Certificación evidenciará que cuenta con un equipo de profesionales, infraestructura física y tecnológica y recursos financieros, así como procedimientos y sistemas de seguridad que permitan:

a) Generar, en un ambiente seguro, las firmas digitales propias y todos los servicios para los cuales solicita autorización;

b) Cumplir con lo previsto en sus políticas y procedimientos de certificación;

c) Garantizar la confiabilidad de los sistemas de acuerdo con los estándares aprobados por el INDOTEL;

d) Expedir certificados que cumplan con:

i. Lo previsto en el Artículo 44 de la Ley;

ii. Los estándares tecnológicos aprobados por el INDOTEL; y,

iii. La Política de Certificación correspondiente;

e) Garantizar la existencia de sistemas de seguridad física y lógica en sus instalaciones que aseguren el acceso restringido a los equipos que manejan los sistemas de operación de la Entidad de Certificación;

f) Proteger el manejo de la clave privada de la Entidad de Certificación mediante un procedimiento de seguridad que impida el acceso a la misma a personal no autorizado;

g) Proteger el acceso y el uso de la clave privada mediante procedimientos que exijan la participación de más de una persona;

h) Registrar las transacciones realizadas, a fin de identificar al autor y el momento de cada una de las operaciones;

i) Utilizar con exclusividad los sistemas que cumplan las funciones de certificación con ese propósito, sin que se les asigne ninguna otra función;

j) Proteger a todos los sistemas utilizados directa o indirectamente en la función de certificación con procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel de protección, que deben ser actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos para garantizar la correcta prestación de los servicios de certificación;

K) Garantizar la continuidad de las operaciones mediante un Plan de Contingencia actualizado y probado; y,

l) Disponer de los recursos financieros adecuados al tipo de actividad de certificación que desarrolla, acorde con los niveles de responsabilidad derivados de la misma.

19.2. Los criterios de evaluación de lo dispuesto en el apartado anterior serán establecidos por el INDOTEL de acuerdo a estándares internacionales y la reglamentación dictada a tales fines.

 

Artículo 20.- Servicios de terceros.-

20.1. En los casos en que la Entidad de Certificación requiera o utilice los servicios o infraestructura tecnológicos prestados por un tercero, deberá prever dentro de su Plan de Contingencia los procedimientos a seguir en caso de interrupción de estos servicios, de modo tal que permita continuar prestando sus servicios de certificación sin ningún perjuicio para los suscriptores.

20.2. Los contratos entre la Entidad de Certificación y los Proveedores de Servicios o Infraestructura, deberán garantizar la ejecución de los procedimientos contemplados en el Plan de Cese de Actividades aprobado por el INDOTEL. La Entidad de Certificación autorizada o que haya iniciado el procedimiento para obtener la autorización, facilitará al INDOTEL toda aquella información, contenida en los contratos, vinculada a la prestación de los servicios de certificación y a la implementación del Plan de Cese de Actividades y del Plan de Contingencia.

 

Artículo 21.- Efectos de la Autorización.-

Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones impuestas bajo la Ley, disposiciones legales o reglamentarias, u otras obligaciones contraídas de manera particular, las Entidades de Certificación están obligadas a:

a) Prestar los servicios autorizados por el INDOTEL, de manera continua, de acuerdo a los términos, condiciones y plazos establecidos en la Ley, este Reglamento, las Resoluciones que al efecto dicte el INDOTEL y la respectiva autorización;

b) Cumplir con los requisitos económicos, técnicos y jurídicos mínimos que hayan sido requeridos por el INDOTEL y en virtud de los cuales se le haya otorgado la Autorización, así como cumplir con cualquier otro requisito establecido por el INDOTEL;

c) Cumplir con las Políticas de Certificación para las cuales obtuvo autorización, que respaldan la emisión de sus certificados, con el Manual de Procedimientos, con el Plan de Seguridad, con el Plan de Cese de Actividades y con el Plan de Contingencia aprobados por el INDOTEL, así como con las normas complementarias dictadas por el INDOTEL en materia de estándares tecnológicos, procedimientos de certificación, resguardo de la seguridad y confidencialidad de la información, protección de datos personales de los suscriptores de certificados, y toda otra norma emitida por el INDOTEL.

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales de los suscriptores de certificados digitales;

e) Pagar oportunamente los costos y derechos establecidos en este Reglamento, así como cualesquiera tasas, contribuciones u otras obligaciones que origine la Autorización;

f) Cooperar con el INDOTEL en sus labores de defensa de los intereses de los suscriptores y usuarios de servicios de certificación digital;

g) Admitir como cliente o usuario de los servicios que suministra, de manera no discriminatoria, a todas las personas que lo deseen y cumplan con las condiciones técnicas y económicas que se establezcan, sin más limitaciones que las que se deriven de la capacidad del servicio;

h) Suministrar al INDOTEL, en el plazo requerido, las informaciones y datos fidedignos que éste les solicite, concernientes a la actividad regulada; y,

i) Cooperar con el INDOTEL en sus labores de detección de actividades fraudulentas relativas a los servicios de certificación digital objeto de este Reglamento.

 

Artículo 22.- Uso Exclusivo de la Expresión «Entidad de Certificación»

El uso de la expresión «Entidad de Certificación» y frases similares es de uso exclusivo de los prestadores de servicios de certificación digital que hayan sido autorizados para operar como Entidades de Certificación a tal efecto por el INDOTEL mediante resolución e incorporados al Registro de Entidades de Certificación.

 

PARTE II UNIDADES DE REGISTRO

 

Artículo 23.- Funciones y Obligaciones de las Unidades de Registro.-

Sin perjuicio de lo que pueda disponer la reglamentación dictada por el INDOTEL, las Unidades de Registro tendrán las funciones y obligaciones de:

a) Recepción de las solicitudes de emisión de certificados digitales;

b) Validación de la identidad y autenticación de los datos de los solicitantes de certificados digitales;

c) Validación de otros datos de los solicitantes de certificados digitales que se presenten ante ella cuya verificación delegue la Entidad de Certificación, para el otorgamiento de certificados digitales con atributos determinados, como por ejemplo, calidad de representante de una persona jurídica, calidad de funcionario de una organización, calidad de miembro de un colegio profesional, entre otros;

d) Remisión de las solicitudes aprobadas a la Entidad de Certificación con la que se encuentre operativamente vinculada;

e) Recepción y validación de las solicitudes de suspensión o revocación de certificados digitales, y su direccionamiento a la Entidad de Certificación con la que se vinculen, una vez que se realicen las verificaciones de identidad correspondientes;

f) Identificación y autenticación de los solicitantes de suspensión o revocación de certificados digitales emitidos por la Entidad de Certificación;

g) Conservación y archivo de toda la documentación de respaldo del proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad de Certificación;

h) Cumplimiento de las normas legales aplicables así como las que pudiera dictar el INDOTEL en relación con la protección de datos personales, la confidencialidad de la información y otros temas vinculados con la actividad;

i) Cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política de Certificación y el Manual de Procedimientos de la Entidad de Certificación con la que se encuentre vinculada, en la parte que resulte aplicable; y,

j) Colaboración para la realización de inspecciones o auditorías por parte de la Entidad de Certificación, el INDOTEL o sus auditores.

 

Artículo 24.- Delegación.-

24.1 Las Entidades de Certificación podrán delegar en Unidades de Registro la función de validación de identidad y de otros datos de los suscriptores de certificados, así como la función de registro de las presentaciones y de los trámites que les sean formulados.

24.2 Para efectuar esta delegación, tanto las Entidades de Certificación como las Unidades de Registro, deben cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones dictadas por el INDOTEL.

24.3 Las Entidades de Certificación serán autorizadas por el INDOTEL para efectuar esta delegación.

 

Artículo 25.- Responsabilidad de la Entidad de Certificación respecto de la Unidad de Registro.-

25.1. Una Unidad de Registro puede constituirse como una única unidad o como varias unidades dependientes jerárquicamente entre sí, pudiendo delegar su operación en otras Unidades de Registro, siempre que medie la aprobación de la Entidad de Certificación y la respectiva autorización del INDOTEL.

25.2. La Entidad de Certificación es responsable de acuerdo con lo establecido en la Ley, aún en el caso que delegue parte de su operación en Unidades de Registro, sin perjuicio del derecho de la Entidad de Certificación de reclamar a la Unidad de Registro las indemnizaciones por los daños y perjuicios que sufriera como consecuencia de los actos u omisiones de ésta.

 

Artículo 26.- Titulares de Unidades de Registro.-

Podrán cumplir la función de Unidad de Registro los notarios públicos, las oficinas del Registro Civil, las asociaciones profesionales para sus miembros, las Cámaras de Comercio para sus miembros, las entidades bancarias para sus clientes y en relación con las Entidades de Certificación pertenecientes a organismos públicos, las áreas de personal de las jurisdicciones u otras dependencias, que cumplan con los requisitos establecidos por el INDOTEL a tales fines. Esta enumeración no es limitativa pudiendo ser modificada por el INDOTEL en uso de su facultad regulatoria.

 

Artículo 27.- Supervisión por el INDOTEL.-

27.1. Las Unidades de Registro están sujetas a las facultades regulatorias y de inspección del INDOTEL como órgano de vigilancia y de control en materia de firma digital.

27.2. El INDOTEL autorizará el funcionamiento de las Unidades de Registro sobre la base del cumplimiento de los recaudos establecidos en los procedimientos que dicte a tal fin.

27.3. Las Unidades de Registro están sujetas a las mismas obligaciones que las Entidades de Certificación en las siguientes materias:

a) Conservación de datos de suscriptores de certificados;

b) Protección de derechos del consumidor;

c) Confidencialidad de la información;

d) Protección de datos personales; y,

e) En todo otro aspecto que establezca el INDOTEL mediante normas que complementan este Reglamento.

 

PARTE III.- COSTOS Y DERECHOS

 

Artículo 28.- Costos y derechos.-

28.1. Toda entidad regulada está sujeta al pago de los siguientes costos y derechos, los cuales serán aplicados por el INDOTEL:

a) Costos de Procesamiento, que se refieren a los costos directamente involucrados en la tramitación administrativa, de la Autorización, de la inscripción en el Registro de Entidades de Certificación y de otros trámites que determine el INDOTEL; y,

b) Derecho de supervisión, correspondiente a la realización de inspecciones y auditorías ordinarias y extraordinarias.

28.2. Los costos de procesamiento serán aplicados por servicio, y serán recaudados concomitantemente a la presentación de las siguientes solicitudes:

a) Solicitud de Autorización para constituirse en Entidad de Certificación;

b) Solicitud de Autorización para constituirse en Unidad de Registro;

c) Solicitud de Autorización para una transferencia, cesión, arrendamiento, otorgamiento del derecho de uso, constitución de gravámenes o transferencia de control de una Entidad de Certificación, de un Proveedor de Servicios de Firma Electrónica o de una Unidad de Registro vigente; y,

d) Toda otra presentación que el INDOTEL incluya en el listado precedente.

28.3. Los costos de procesamiento serán pagados, según corresponda. Estos costos no serán restituidos en el evento que la autorización o la inscripción no se concedan por incumplimiento de los requisitos y obligaciones legales y reglamentarias exigidas.

28.4. El derecho de supervisión comprenderá los costos correspondientes a las inspecciones y auditorías ordinarias y extraordinarias. El monto deberá ser pagado dentro de los NOVENTA (90) días-calendario siguientes a la fecha de la Resolución que los fija, en función de los costos que las inspecciones y auditorías demanden al INDOTEL.

28.5. Los montos de los costos de procesamiento, de los derechos de supervisión y de las multas serán establecidos por el INDOTEL, mediante Resolución.

 

TÍTULO III.- CERTIFICADOS DIGITALES

 

Artículo 29.- Contenidos de los certificados digitales.-

29.1. Sin perjuicio de lo que pudiera establecer el INDOTEL, los certificados digitales provistos por las Entidades de Certificación contendrán, por lo menos, los siguientes datos:

a) Firma digital de la Entidad de Certificación;

b) Nombre y dirección electrónica del suscriptor;

c) Identificación del suscriptor nombrado en el certificado;

d) Nombre, dirección electrónica y lugar donde realiza actividades la Entidad de Certificación, y los antecedentes de la autorización obtenida;

e) Clave pública del suscriptor;

f) Metodología utilizada para verificar la firma digital del suscriptor;

g) Número de serie del certificado;

h) Fecha y hora de emisión y expiración del certificado; e,

i) Identificación de la Política de Certificación bajo la cual el certificado fue emitido.

29.2. El INDOTEL podrá modificar los contenidos mínimos de los certificados, de acuerdo al avance de los estándares tecnológicos internacionales.

 

Artículo 30.- Incorporación de Contenidos Adicionales.-

30.1. Las Entidades de Certificación deberán introducir en los certificados que emitan, los datos mencionados en el Artículo anterior, y eventualmente los que disponga el INDOTEL en los plazos previstos en el presente Reglamento.

30.2. Los atributos adicionales que las Entidades de Certificación introduzcan con la finalidad de incorporar límites al uso del certificado, no deberán dificultar o impedir la lectura de los datos señalados en el Artículo anterior ni su reconocimiento por terceros.

 

Artículo 31.- Firma digital segura.-

31.1. Para la emisión de certificados de firma digital segura contemplada en el Artículo 32 de la Ley, la Entidad de Certificación deberá comprobar fehacientemente la identidad del solicitante antes de su emisión, y cumplir con las normas técnicas y de procedimientos que dicte el INDOTEL.

31.2. La Entidad de Certificación podrá efectuar dicha comprobación por sí o por medio de Unidades de Registro, requiriendo la comparecencia personal y directa del solicitante o de su representante legal si se tratare de una persona jurídica.

31.3 La comprobación de los datos de identidad de las personas que soliciten la emisión de un certificado digital enmarcado en una Política de Certificación para firma digital segura, se efectuará en base al número de la Cédula de Identidad y Electoral, al de la Cédula de Identidad, al del Pasaporte o al de cualquier otro documento oficial de identidad personal que el Estado Dominicano adopte en el futuro.

31.4. En el caso de que la persona física no sea de nacionalidad dominicana, la comprobación de los datos de identidad del solicitante de un certificado digital enmarcado en una Política de Certificación para firma digital segura se efectuará en base al número de Pasaporte.

31.5. El INDOTEL establecerá los procedimientos y documentos que serán considerados para la comprobación de la identidad de las personas menores de edad que soliciten la emisión de un certificado digital.

 

Artículo 32.- Resguardo de la clave privada.-

32.1. Los datos de creación de una firma, cuando sean generados por la Entidad de Certificación, deben ser entregados al suscriptor del certificado a fin de garantizar la recepción de los mismos en forma personal y confidencial. A partir de este momento la clave privada queda bajo el control y responsabilidad del suscriptor para los efectos previstos en la Ley y su reglamentación.

32.2. Queda prohibido a la Entidad de Certificación mantener copia de los datos de creación de firma digital una vez que éstos hayan sido entregados a su suscriptor, momento desde el cual éste comenzará a ser responsable de mantenerlos bajo su exclusivo control.

32.3. El incumplimiento de las disposiciones sobre resguardo de la clave privada dispuestas en los Artículos anteriores constituye una falta muy grave que dará lugar a la inmediata suspensión de la autorización, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder.

 

Artículo 33.- Alcance del Uso de Certificados Digitales.-

33.1. El certificado digital podrá ser usado por su suscriptor de conformidad con las disposiciones establecidas en la Política de Certificación de la Entidad de Certificación con quien se ha contratado la emisión y administración del mismo.

33.2. El certificado digital deberá permitir, a quien lo reciba, verificar, en forma directa o mediante consulta electrónica o por cualquier otro medio razonablemente disponible, que ha sido emitido por una Entidad de Certificación con la finalidad de comprobar la validez del mismo.

 

Artículo 34.- Suspensión de Certificados Digitales.-

Las Entidades de Certificación procederán a suspender la vigencia del certificado cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

a) Solicitud del suscriptor del certificado;

b) Iniciación del trámite de ausencia con presunción de fallecimiento del suscriptor del certificado, o por iniciación de un procedimiento de declaratoria de incapacidad, en ambos casos, mediante decisión provisional del Juez competente;

c) Decisión de la Entidad de Certificación en virtud de razones técnicas, circunstancia que será comunicada en forma inmediata en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas al suscriptor del certificado y al INDOTEL, por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento;

d) Mediante sentencia de un tribunal con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; y,

e) En virtud de las demás causas dispuestas en la Política de Certificación de cada Entidad de Certificación debidamente aprobada por el INDOTEL.

 

Artículo 35.- Efectos de la Suspensión del Certificado.-

35.1. El efecto de la suspensión del Certificado es la cesación temporal de sus efectos jurídicos conforme a los usos que le son propios e impide el uso legítimo del mismo por parte del suscriptor, a partir de la notificación y durante el lapso que ésta perdure.

35.2. La suspensión del Certificado terminará por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la decisión de la Entidad de Certificación de revocar el Certificado, en los casos previstos en la Ley, este reglamento y las normas técnicas complementarias;

b) Por la decisión de la Entidad de Certificación de levantar la suspensión del Certificado, una vez que cesen las causas que la originaron;

c) Por la decisión del suscriptor del certificado, cuando la suspensión haya sido solicitada por éste, y este hecho sea comunicado a la Entidad de Certificación;

d) Por sentencia del tribunal con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que declara la incapacidad, o la ausencia temporal con presunción de fallecimiento o el fallecimiento por ausencia definitiva del suscriptor del certificado, que implica su revocación; y,

e) En virtud de las demás causas dispuestas en la Política de Certificación debidamente aprobada por el INDOTEL;

 

Artículo 36.- Revocación de Certificados Digitales.-

36.1. Los certificados digitales quedarán sin efecto por la revocación practicada por la Entidad de Certificación.

36.2. La revocación tendrá lugar cuando la Entidad de Certificación constate y comunique de manera formal por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento alguna de las siguientes circunstancias:

a) La solicitud del suscriptor del certificado digital;

b) La solicitud de un representante legal del suscriptor del certificado, acreditando la representación invocada;

c) Si se determina que un certificado digital fue emitido en base a una información falsa que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación;

d) Si se determina, en virtud de la auditoría realizada, que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros;

e) Por condiciones especiales definidas en las Políticas de Certificación;

f) Por decisión judicial o de entidad administrativa competente, debidamente motivada;

g) Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica suscriptor;

h) Por declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento del suscriptor;

i) Por declaración mediante sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de incapacidad jurídica del suscriptor;

j) Por la determinación de que la información contenida en el certificado ha dejado de ser válida;

k) Por la cesación de la relación de representación, laboral o contractual respecto de una persona jurídica o de un organismo público;

l) En caso de revocación, ordenada por el INDOTEL, de la autorización para funcionar otorgada a la Entidad de Certificación, siempre que no se haya decidido la transferencia del certificado a otra Entidad de Certificación; y,

m) Por la cesación de actividades de la Entidad de Certificación y siempre que no se haya decidido la transferencia del certificado a otra Entidad de Certificación.

36.3. El efecto de la revocación del certificado digital es la cesación permanente y definitiva de los efectos jurídicos de éste conforme a los usos que le son propios e impide su uso legítimo a partir del momento de la revocación.

 

Artículo 37.- Procedimiento de Suspensión o Revocación.-

37.1. La revocación de un certificado digital podrá producirse de oficio o a solicitud de su suscriptor por la concurrencia de algunas de las causas previstas en la Ley, este Reglamento, normas complementarias o en las políticas de certificación debidamente aprobadas por el INDOTEL.

37.2. La solicitud de suspensión o revocación, según corresponda, será dirigida a la Entidad de Certificación o a la Unidad de Registro dependiente de la misma, en cualquiera de las formas que prevean sus Políticas de Certificación.

37.3. La suspensión o revocación del certificado deberá ser notificada inmediatamente en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas a su suscriptor, por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento, sin perjuicio que deba publicarse en el Registro de acceso público que señala el Artículo 51 de la Ley.

37.4. Tratándose de la suspensión por razones técnicas o revocación del certificado digital por las circunstancias previstas en los incisos b), i) o j) del artículo anterior, dicha decisión deberá ser comunicada al suscriptor con una anterioridad de, por lo menos, VEINTICUATRO (24) horas a su puesta en práctica, indicando la causa que la provoca y el momento en que se hará efectiva, por los medios establecidos en el Artículo 51del presente Reglamento.

37.5. El término de la vigencia del certificado será oponible a terceros desde el momento de la publicación de la suspensión o revocación en el registro de acceso público que señala el Artículo 51 de la Ley.

 

Artículo 38.- Reconocimiento de Certificados Extranjeros.-

38.1. Las Entidades de Certificación podrán reconocer los certificados digitales emitidos por Entidades de Certificación extranjeras, bajo su responsabilidad.

38.2. Para ello la Entidad de Certificación demostrará al INDOTEL que los certificados a ser reconocidos por ella, han sido emitidos por un prestador de servicios de certificación no establecido en República Dominicana que cumple con normas técnicas y de procedimientos equivalentes a las establecidas en la Ley, este Reglamento, sus normas complementarias y modificaciones, para el desarrollo de la actividad. En particular, deberá acreditar que los certificados a ser reconocidos por ella, cumplen las disposiciones referentes a contenidos mínimos de los certificados, establecidas en la Ley, este Reglamento y las normas emitidas por el INDOTEL.

38.3. El INDOTEL verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y publicará la información sobre el reconocimiento en el Registro de Entidades de Certificación. En caso de que la Entidad de Certificación no acredite el cumplimiento de los recaudos legales y reglamentarios para el reconocimiento de certificados extranjeros, el INDOTEL mediante resolución motivada, rechazará la solicitud de reconocimiento.

38.4. Una vez practicado el reconocimiento la Entidad de Certificación, en un plazo de TRES (3) días hábiles, comunicará tal situación al INDOTEL y la publicará, inmediatamente en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas, en el Registro de acceso público contemplado en el Artículo 51 de la Ley.

38.5. El reconocimiento de certificados deberá estar declarado en las Prácticas de Certificación.

 

TÍTULO IV ORGANO REGULADOR

 

Artículo 39.- Facultad Regulatoria.-

El INDOTEL está facultado para establecer:

a) Los estándares tecnológicos aplicables en consonancia con estándares internacionales vigentes;

b) Los procedimientos de firma y verificación en consonancia con los estándares tecnológicos definidos en el inciso precedente;

c) Las condiciones mínimas de emisión de certificados digitales;

d) Los casos en los cuales deben suspenderse o revocarse los certificados digitales;

e) Los datos considerados públicos contenidos en los certificados digitales;

f) Los mecanismos que garanticen la validez y autoría de las listas de certificados revocados;

g) La información que los sujetos regulados deberán publicar por la Internet;

h) La información que las Entidades de Certificación deberán publicar en los medios establecidos por el presente reglamento;

i) Los procedimientos mínimos de revocación de los certificados digitales cualquiera que sea la fuente de emisión, y los procedimientos mínimos de conservación de la documentación de respaldo de la operación de las Entidades de Certificación, en el caso que éstas cesen en su actividad;

j) El sistema de inspección y auditoría sobre los sujetos regulados, incluyendo las modalidades de difusión de los informes de auditoría y los requisitos de habilitación de entidades para efectuar auditorías y los criterios y estándares de auditoría mínimos que deberán cubrir;

k) Las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y revocación de las autorizaciones;

l) El procedimiento de instrucción y la gradación de sanciones previstas en la Ley, en virtud de reincidencia y/u oportunidad;

m) Los procedimientos aplicables para el reconocimiento de certificados extranjeros;

n) Los acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados digitales con otros países;

o) Las condiciones de aplicación de la Ley y el presente reglamento en el sector público dominicano, incluyendo la autorización para prestar servicios de certificación digital para sus entidades y jurisdicciones;

p) Los contenidos mínimos de las políticas de certificación de acuerdo con estándares nacionales e internacionales;

q) Las condiciones mínimas que deberán cumplirse en el caso de cesación de actividades de una Entidad de Certificación;

r) Los tipos de riesgos que cubrirán los seguros que deberán ser contratados por las Entidades de Certificación, y los montos correspondientes de contratación y cobertura;

s) Las condiciones de prestación de otros servicios en relación con la firma digital y otros aspectos contemplados en la Ley; y,

t) La modificación y actualización de los temas considerados en los apartados precedentes.

 

Artículo 40.- Procedimiento para formulación y modificación de normas técnicas.-

40.1. A solicitud de parte o de oficio, y con el objeto de formular o modificar las normas establecidas por este Reglamento, el INDOTEL podrá iniciar el procedimiento para la elaboración y fijación de normas.

40.2. A tal fin, se informará al público la apertura del procedimiento de reformulación de normas, y se someterá a consulta pública según lo dispuesto mediante Resolución dictada por el INDOTEL.

40.3. De ser necesario, se podrán fijar conjuntos alternativos de normas técnicas para la prestación del servicio con el objeto de permitir el uso de diversas tecnologías y medios electrónicos, en conformidad a la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 41.- Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.-

De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 37 y 55 de la Constitución de la República Dominicana, se delega en el titular del INDOTEL la facultad de celebrar acuerdos de reciprocidad con gobiernos de países extranjeros, cuyo objeto sea otorgar validez, en sus respectivos territorios, a los certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas de ambos países, en tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley, este Reglamento, las normas complementarias y sus modificaciones para los certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas por el INDOTEL

 

Artículo 42.- Políticas de Certificación.-

El INDOTEL definirá el contenido mínimo de las Políticas de Certificación, de acuerdo con los estándares internacionales vigentes y la legislación nacional, las que deberán contener al menos la siguiente información:

a) Identificación de la Entidad de Certificación;

b) Política de administración de los certificados y detalle de los servicios;

c) Procedimientos de verificación de la identidad de los suscriptores de los certificados;

d) Obligaciones de la Entidad de Certificación, de la Unidad de Registro en su caso y de los suscriptores de los certificados;

e) Tratamiento de la información suministrada por los suscriptores, y resguardo de la confidencialidad en su caso;

f) Alcances y límites de la responsabilidad admitidos.

 

Artículo 43.- Funciones del INDOTEL.-

Sin perjuicio y en adición a las funciones asignadas por la Ley, el INDOTEL ejercerá la función de entidad de vigilancia y control de las actividades desarrolladas por los sujetos regulados. Tendrá, en especial, las siguientes funciones:

a) Autorizar, conforme a la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias, la operación de Entidades de Certificación en el territorio nacional;

b) Velar por el adecuado funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de los sujetos regulados y el cabal cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la actividad;

c) Efectuar las inspecciones y auditorías previstas en la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias;

d) Definir reglamentariamente los requerimientos técnicos que califiquen la idoneidad de las actividades desarrolladas por los sujetos regulados;

e) Aprobar las políticas de certificación, el manual de procedimientos, el plan de seguridad, el plan de cese de actividades y el plan de contingencia, presentados por las Entidades de Certificación que requieren autorización;

f) Evaluar las actividades desarrolladas por los sujetos regulados conforme a los requerimientos definidos en los reglamentos técnicos;

g) Denegar, revocar o suspender la autorización para operar a las Entidades de Certificación que no cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias;

h) Requerir en cualquier momento a los sujetos regulados para que suministren información relacionada con los certificados, las firmas digitales emitidas y los documentos en soporte informático que custodien o administren;

i) Disponer el proceso de instrucción y la posterior aplicación de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de servicio;

j) Ordenar la revocación o suspensión de certificados cuando la Entidad de Certificación los emita sin el cumplimiento de las formalidades legales;

k) Emitir certificados en relación con las firmas digitales de las Entidades de Certificación, en caso de considerarlo necesario;

l) Publicar en la Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos, direcciones de la Internet y certificados digitales de:

i. las Entidades de Certificación

ii. las Entidades de Certificación cuyas autorizaciones hayan sido revocadas;

m) Administrar los recursos generados de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 44 de la presente reglamentación, provenientes de las distintas fuentes de financiamiento;

n) Fijar en casos concretos, el concepto y los importes de todo tipo de costos, derechos y multas previstos en la Ley y en el Artículo 28 y 44 de la presente reglamentación;

o) Solicitar ampliación o aclaración sobre la documentación presentada por los sujetos regulados;

p) Velar por el correcto manejo y mantenimiento de la confidencialidad, por parte de los sujetos regulados, de las informaciones de los suscriptores y sus respectivos certificados digitales.

q) Velar por la observancia de las disposiciones legales sobre la promoción de la competencia y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en los mercados atendidos por las entidades de certificación.

r) Permitir el acceso público permanente a la información actualizada del Registro de Entidades de Certificación y a los certificados de clave pública de las mismas, por medio de conexiones de telecomunicaciones públicamente accesibles. Esto también se aplica a la información sobre nombres, domicilio constituido, dirección electrónica y números telefónicos propios, de las Entidades de Certificación y las Unidades de Registro;

s) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de las Entidades de Certificación que cesan sus funciones;

t) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;

u) Supervisar la ejecución de planes de contingencia de las Entidades de Certificación;

v)Efectuar las tareas de control del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los dictámenes de auditoría a los sujetos regulados, para determinar, en su caso, si el auditado ha tomado las acciones correctivas correspondientes;

w) Recibir los reclamos de los suscriptores y usuarios de certificados digitales relativos a la prestación del servicio por parte de los sujetos regulados; y,

x) En su calidad de suscriptor de un certificado digital, debe cumplir idénticas obligaciones que los suscriptores de certificados y que las Entidades de Certificación, en relación con el resguardo de las medidas de seguridad sobre su clave privada y su certificado digital.

 

Artículo 44.- Fijación de Costos y Derechos.-

44.1. El INDOTEL podrá fijar y cobrar, a los sujetos regulados por la Ley y el presente Reglamento, derechos por los costos de procesamiento y derechos de supervisión, para cubrir total o parcialmente su costo operativo y de las inspecciones y auditorías realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.

44.2. Los recursos propios del INDOTEL se integrarán con:

a) Los importes provenientes de los costos y derechos, previstos en el apartado anterior, correspondientes a los siguientes servicios:

1. servicios de certificación digital;

2. servicios de certificación digital de fecha y hora ciertas;

3. servicios de almacenamiento seguro de documentos digitales;

4. servicios prestados por Unidades de Registro;

5. servicios prestados por terceras partes confiables;

6. servicios de certificación de documentos digitales firmados digitalmente; y,

7. otros servicios o actividades relacionados a la firma digital.

b) Los importes provenientes de los derechos de supervisión aplicados a los sujetos regulados;

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba;

d) Los ingresos percibidos por el pago de las multas aplicadas a los sujetos regulados;

e) Las asignaciones presupuestarias que en su caso le asigne el Gobierno Central, en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos; y,

f) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de la Ley de Telecomunicaciones; y,

g) Las contribuciones provenientes de aplicaciones que utilicen firmas digitales, a ser determinados por las normas respectivas.

 

Artículo 45.- Facultad de Inspección.-

45.1. A los fines de efectuar las auditorías, el INDOTEL ejercerá la facultad de inspección conferida por la Ley nº 126-02 y la Ley de Telecomunicaciones.

45.2. El INDOTEL ejercerá la facultad de inspección sobre las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica y velará por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los mismos. En relación con las Entidades de Certificación, el INDOTEL velará por la observancia de los requisitos que se aprobaron al momento de otorgarse la autorización y las obligaciones que imponen la Ley, este Reglamento y las normas complementarias.

45.3. El INDOTEL ejercerá la facultad de auditoría e inspección sobre los sistemas y procedimientos de los proveedores de servicios o infraestructura contratados por la Entidad de Certificación, de acuerdo con lo previsto en el Artículo anterior.

45.4. La facultad de inspección comprende tanto la inspección ordinaria como la extraordinaria. La inspección ordinaria consiste en la facultad de practicar auditorías periódicas a las instalaciones de las entidades sujetas al control y vigilancia del INDOTEL, como asimismo realizar un monitoreo permanente sobre el desarrollo de la actividad. La inspección extraordinaria será practicada de oficio o por denuncia motivada sobre la prestación del servicio, ordenada por el INDOTEL mediante resolución fundada.

45.5. Las inspecciones podrán ser practicadas por medio de funcionarios de planta o por peritos especialmente contratados y habilitados para estos fines por el INDOTEL, los que en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a las entidades sujetas a vigilancia y control información adicional a la proporcionada originariamente.

45.6. La información solicitada por el INDOTEL deberá ser proporcionada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de la solicitud.

45.7. El INDOTEL fijará los criterios que deben cumplir los terceros contratados para efectuar las inspecciones y auditorías.

 

Artículo 46.- Registro de Entidades de Certificación.-

46.1. El INDOTEL mantendrá un Registro de Entidades de Certificación, el cual formará parte del Registro Nacional. Sin perjuicio de lo que pudiera disponer el INDOTEL, el Registro de Entidades de Certificación contendrá los siguientes datos:

a) Número de resolución que concede la autorización;

b) Nombre o razón social de la Entidad de Certificación, su domicilio, el nombre de su Representante Legal, el número de su teléfono, la dirección electrónica de su sitio de dominio y de la cuenta de correo electrónico en la cual serán válidas las notificaciones, así como los datos de la compañía de seguros con que ha contratado la póliza de seguros, en su caso;

c) El Certificado Digital que contiene la clave pública de la Entidad de Certificación;

d) La fecha en que expira la autorización para operar;

e) El resultado de la evaluación obtenida por la Entidad de Certificación en la última auditoría e inspección realizada por el INDOTEL; y,

f) Estatus de la autorización para operar señalando si ésta en algún momento ha sido revocada, suspendida o ha caducado.

46.2. El acceso a los datos públicos del Registro de Entidades de Certificación, deberá poder efectuarse tanto en soporte papel como por medios electrónicos.

Deberá garantizarse el acceso regular y continuo, así como la permanente actualización de la información.

 

Artículo 47.- Protección de los Derechos de los Suscriptores y Usuarios.-

47.1. A los efectos de atender los reclamos presentados por suscriptores y usuarios de servicios de certificación, el INDOTEL dictará una norma complementaria sobre protección de los derechos de los suscriptores y los usuarios.

47.2. Los sujetos regulados deben disponer de un operador para responder llamadas telefónicas de los usuarios VEINTICUATRO (24) horas al día, SIETE (7) días de la semana o debe grabar electrónicamente las quejas y llamadas de los usuarios. Se podrá utilizar una combinación de operadores y grabadoras.

En caso de que se utilicen grabadoras la compañía deberá contactar al usuario a más tardar el próximo día laborable luego de la recepción del mensaje grabado. Deberán asimismo prestar el servicio de atención de consultas mediante el acceso por la Internet.

47.3. Los sujetos regulados deberán suministrar a los usuarios, a través de una línea telefónica de acceso gratuito o dirección electrónica, dedicada al servicio al cliente, las siguientes informaciones:

a) Número de inscripción en el Registro de Entidades de Certificación;

b) Recibir y aceptar reportes, solicitudes sobre revocación o suspensión de certificados;

c) Tarifas e impuestos aplicables;

d) Fecha de expiración de la autorización, si existe ; y,

e) Consultas u otra información relevante para la utilización del servicio;

 

Artículo 48.- Normas de Conducta.-

48.1. Ningún funcionario o empleado del INDOTEL podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. La revelación de tales informaciones será sancionada con el cese de las funciones de dicho empleado, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales en su contra.

48.2. Esta obligación de confidencialidad se hará extensiva a las entidades auditoras contratadas por el INDOTEL.

48.3. Ningún funcionario o empleado del INDOTEL, mientras esté en ejercicio de su cargo, podrá recibir pago alguno por ningún concepto de empresas sujetas a la facultad reglamentaria del INDOTEL. Tampoco podrán tener ninguna relación laboral, participación accionaria u otro vínculo con alguna entidad regulada. Dicha prohibición se extenderá por el período de UN (1) año posterior al abandono del cargo o función.

48.4. Se encuentran prohibidos los contactos informales o individuales entre las partes interesadas y el personal del INDOTEL, sobre temas pendientes de resolución. Esas comunicaciones deberán ser formales y accesibles a los interesados o sus representantes en casos de actos de alcance general, ya sea participando en las reuniones o conociendo las presentaciones o actas respectivas, en la forma en que lo reglamente el INDOTEL.

48.5. Los funcionarios del INDOTEL estarán sujetos a los principios del Código de Ética del INDOTEL.

 

Artículo 49.- Conflicto de Intereses para Entidades Auditoras.-

49.1. Para el cumplimiento de las funciones de entidad de vigilancia y control previstas en la Ley y en este Reglamento, el INDOTEL podrá contratar expertos, a cuyos contratos se incorporarán las normas de conducta previstas en el Artículo anterior.

49.2. No podrán efectuar auditorías las entidades auditoras o las personas que se encuentren directa o indirectamente vinculadas con los sujetos regulados.

 

Artículo 50.- Facultades de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos.-

50.1. La Junta Monetaria, en uso de la facultad regulatoria que le confiere la Ley nº 126-02 y la Ley nº 183-02 Monetaria y Financiera en materia de operaciones y servicios financieros asociados a los medios de pagos electrónicos que realice el sistema financiero nacional, establecerá los requisitos relativos a las condiciones de uso de los servicios de certificación en dicho sistema.

50.2 La Superintendencia de Bancos, en su condición de supervisor del sistema financiero nacional, dictará los instructivos y circulares que considere necesarios con la finalidad de que las entidades de intermediación financiera den fiel cumplimiento a las condiciones establecidas por la Junta Monetaria.

 

TÍTULO V.- PROCEDIMIENTOS

 

PARTE I.- ASPECTOS GENERALES

 

Artículo 51.- Notificaciones.-

51.1. Todas las notificaciones a las que se refiere la Ley y el presente Reglamento serán formuladas por escrito, utilizando por lo menos uno de los siguientes métodos:

a) Documentos digitales o mensajes de datos firmados digitalmente, transmitidos por protocolos de comunicación electrónica tales como correo electrónico, transferencia de archivos, entre otros.

b) Facsímil, con la condición de que el remitente pueda dejar constancia de la recepción;

c) Correspondencia con acuse de recibo;

d) Aquellas efectuadas por funcionarios acreditados del INDOTEL mediante actas de notificación;

e) Acto de Alguacil; o,

f) Cualquier otro medio físico o electrónico mediante el cual el INDOTEL pueda dejar constancia de la certitud de su recepción.

51.2. Para los efectos de este Reglamento, toda notificación que se haga de conformidad con las letras c), d) y e) deberá ser entregada, para el caso de una persona física o natural, a su persona o en el domicilio constituido, y para el caso de una persona jurídica, entregadas a la persona de su representante legal o un(a) funcionario(a) acreditado(a) del notificado, o en su domicilio constituido, en ambos casos, dejando constancia del día, hora y lugar en que se practicó la notificación, así como el nombre de la persona que la recibió y su relación con el requerido. Cuando sea aplicable, se deberá entregar una copia íntegra de la Resolución o documento de que se trate.

51.3. En el caso en que la persona a ser notificada se niegue a recibir o firmar la notificación, el funcionario del INDOTEL o Alguacil actuante levantará un acta dando constancia de dicha circunstancia y procederá de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil Dominicano.

51.4. Toda notificación a una persona natural o jurídica cuyo domicilio se desconozca, será efectuada de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil Dominicano.

51.5. Las notificaciones realizadas por los funcionarios acreditados del INDOTEL harán fe de su contenido, hasta prueba en contrario.

51.6. El INDOTEL tiene la facultad de modificar los mecanismos para efectuar las notificaciones previstas en este Reglamento.

51.7. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deberán constituir una dirección de correo electrónico ante el INDOTEL en la cual se considerarán válidas las comunicaciones y notificaciones.

51.8. Las disposiciones del presente Artículo se aplican igualmente a las comunicaciones entre los sujetos regulados y los usuarios y suscriptores de certificados digitales.

 

Artículo 52.- Constitución de Domicilio.-

52.1. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deben constituir domicilio ante el INDOTEL al momento de depositar su solicitud de Autorización o al momento de efectuar su primera presentación.

52.2. Los cambios del domicilio constituido deberán ser informados al INDOTEL.

52.3. En el caso de personas jurídicas deberán informar al INDOTEL los nombres y cambios que ocurran entre los miembros de su Consejo de Administración o Junta Directiva.

 

Artículo 53.- Presentación de Observaciones u Objeciones.-

Toda persona que acredite un interés legítimo y directo sobre una solicitud de autorización que se esté llevando a cabo por ante el INDOTEL tendrá la oportunidad de presentar observaciones u objeciones relacionadas directamente con dicha solicitud, siguiendo los procedimientos aplicables. Las observaciones recibidas no serán vinculantes para el INDOTEL.

 

Artículo 54.- Confidencialidad.-

54.1. Todo solicitante de una Autorización podrá requerir por escrito, que cierta información no sea objeto de inspección pública. Dicha solicitud de confidencialidad deberá:

a) Identificar el documento que contiene la información, describir las razones que la motivan y el plazo durante el cual se requiere la confidencialidad de la información; y,

b) Explicar la forma y medida en que la revelación de la información podría resultar en un perjuicio competitivo sustancial para el solicitante.

54.2. El INDOTEL revisará la solicitud, y emitirá su decisión dentro de un plazo de QUINCE (15) días calendario, contados a partir del recibo de la misma, haciendo constar, en el caso de que acceda a la solicitud, el plazo durante el cual la información mantendrá el carácter confidencial.

54.3. Si las condiciones que motivan la solicitud se mantienen y se acerca la fecha de vencimiento del plazo fijado por el INDOTEL, el solicitante podrá requerir una extensión del indicado plazo, siempre y cuando presente la solicitud con por lo menos DIEZ (10) días calendario de antelación al vencimiento del mismo.

54.4. El INDOTEL revisará la solicitud y actuará conforme prescribe el Artículo 54 numeral 2 de este Reglamento.

54.5. El INDOTEL no divulgará, por ninguna razón, información declarada confidencial, salvo en los siguientes casos:

a) Se convierta del dominio público por causas no atribuibles a un acto ilícito u omisión del INDOTEL o por el vencimiento del plazo durante el cual se otorgó carácter confidencial a la información; o,

b) Se encuentre disponible por medio de otra fuente, de buena fe y sin limitación alguna de su uso.

 

Artículo 55.- Cambio de Información.-

55.1. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica, tienen la obligación de informar ante el INDOTEL cualquier cambio de la información que hayan presentado, que no requiera de la aprobación previa del INDOTEL, pero que pueda afectar la autorización otorgada, dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la fecha efectiva del cambio.

55.2. La falta de cumplimiento de esta obligación constituirá una falta muy grave, y será sancionada de conformidad con la Ley.

55.3. Si la información fuere necesaria para la solución de un proceso o controversia, el INDOTEL podrá requerir la abreviación del plazo.

 

Artículo 56.- Resoluciones y su Contenido.-

56.1. El INDOTEL tomará sus decisiones por medio de Resoluciones, las cuales serán fechadas, numeradas consecutivamente y registradas en un medio de acceso público. Las resoluciones de carácter general, y otras de interés público que el INDOTEL determine, deberán ser además publicadas en un periódico de circulación nacional.

56.2. Las resoluciones del INDOTEL deberán estar debidamente motivadas y como mínimo incluir:

a) Descripción de las posiciones de las partes y de los motivos para aceptar o rechazar cada una de ellas;

b) Los hechos relevantes en que se fundamenta su adopción;

c) Las normas que aplican;

d) El interés público protegido; y,

e) El dispositivo de la Resolución.

 

Artículo 57.- Criterios de acción.

57.1. En sus actuaciones el INDOTEL deberá respetar el derecho de defensa de los interesados y la protección de los derechos de los consumidores de los servicios de certificación digital.

57.2. Los aspectos relativos a la graduación de las faltas y aplicación de las sanciones estarán contenidos en la norma complementaria que a tal efecto dictará el INDOTEL.

 

Artículo 58.- Normas de alcance general.-

58.1. Antes de dictar resoluciones de carácter general, el INDOTEL deberá consultar a los interesados, debiendo quedar constancia escrita de la consulta y sus respuestas.

58.2. Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, el INDOTEL convocará a una audiencia pública en la que, previa acreditación y por los procedimientos que se prevean en el reglamento que se dicte, los posibles interesados podrán emitir su opinión, que no será vinculante para el INDOTEL.

Como método de consulta alternativo, el INDOTEL podrá publicar, en un periódico de circulación nacional, la norma prevista, estableciendo un plazo razonable para recibir comentarios del público.

 

Artículo 59.- Propuestas regulatorias.-

En los casos en que sea necesario ejecutar acciones determinadas en beneficio del interés público, ello se hará sin perjuicio de la obligación de consulta y del derecho de participación, dictando el INDOTEL una resolución provisional ejecutoria. Dicha resolución se publicará y estará sujeta a observaciones por NOVENTA (90) días calendario, plazo en el que deberá tomarse una resolución definitiva. En ese plazo, y antes de la resolución definitiva, el INDOTEL puede modificar su propuesta regulatoria provisional.

 

Artículo 60.- Publicidad.-

Todas las actuaciones ante el INDOTEL y sus actos podrán ser consultados por el público en general, salvo que, por solicitud motivada de parte interesada, en un caso concreto y por el tiempo que se fije, el INDOTEL, basándose en razones de secreto o reserva comercial o de otro tipo que se justifique, determine no hacerlo público.

 

Artículo 61.- Recursos.-

61.1. Las decisiones del Director Ejecutivo y del Consejo Directivo podrán ser objeto de un recurso de reconsideración, el cual deberá ser sometido dentro del plazo de DIEZ (10) días calendario, contados a partir de la notificación o publicación del acto. Tanto el Director Ejecutivo cuanto el Consejo Directivo deberán pronunciarse en un plazo máximo de TREINTA (30) días calendario desde la interposición.

61.2. Asimismo, las decisiones del Director Ejecutivo podrán ser objeto de un recurso jerárquico por ante el Consejo Directivo. El Consejo Directivo deberá pronunciarse en un plazo máximo de QUINCE (15) días calendario desde dicha interposición.

61.3. Las decisiones del Consejo Directivo serán objeto de recurso jerárquico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la forma y plazos previstos por las normas que rigen la materia.

 

Artículo 62.- Motivos de Impugnación.-

Los recursos contra las decisiones del Consejo Directivo sólo podrán basarse en las siguientes causas:

a) Extralimitación de facultades;

b) Falta de fundamento sustancial en los hechos de la causa;

c) Evidente error de derecho; o,

d) Incumplimiento de las normas procesales aplicables.

 

Artículo 63.-Obligatoriedad de Recurso Administrativo.-

La vía administrativa previa es obligatoria para los sujetos regulados que quieran recurrir a la vía judicial.

 

Artículo 64.- Ejecución del Acto Administrativo.-

Los actos administrativos del INDOTEL serán de ejecución inmediata y de cumplimiento obligatorio, salvo la decisión de una autoridad competente que suspenda su ejecución.

 

Artículo 65.- Entrega de información.-

65.1. El INDOTEL podrá solicitar a los sujetos regulados informes, datos contables y estadísticos en los casos siguientes:

a) Cuando existiera una controversia en la que el INDOTEL deba de intervenir;

b) Cuando existiere una imputación de infracción y la misma estuviere estrictamente vinculada al hecho imputado;

c) Cuando la información sea necesaria y tenga una vinculación directa con la formulación de políticas o normas; y,

d) En los procesos de auditoría establecidos por la Ley, este Reglamento y las normas complementarias.

65.2. Los informes deberán ser proporcionados en los plazos razonables que se fijen en cada oportunidad, los que no podrán ser inferiores a CINCO (5) días hábiles. En los casos previstos, los sujetos regulados deberán permitir el libre acceso del INDOTEL a los libros, documentación contable e información registrada bajo cualquier forma.

65.3. El INDOTEL podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley.

65.4. El INDOTEL podrá establecer los requisitos mínimos razonables que reunirá la contabilidad de los sujetos regulados. Asimismo, establecerá los requisitos mínimos razonables para el suministro y conservación de la información contable, de costos y de operaciones.

 

PARTE II.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION

 

Artículo 66.- Autorización para operar como Entidad de Certificación.-

66.1. Se requiere autorización por parte del INDOTEL para la provisión de los siguientes servicios vinculados a la firma digital, de acuerdo con lo establecido por los Artículos 35 inciso a), 36 y 56 numeral 1) de la Ley, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del INDOTEL para modificar el presente listado:

a) Servicios de emisión, administración, registro y conservación de certificados digitales;

b) Servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos;

c) Servicios de registro y estampado cronológico de documentos digitales;

d) Servicios de almacenamiento seguro de documentos digitales;

e) Servicios prestados por Unidades de Registro;

f) Servicios de certificación de documentos digitales firmados digitalmente;

g) Otros servicios o actividades relacionados a la firma digital a ser determinados por el INDOTEL.

66.2. La autorización, es el procedimiento en virtud del cual el INDOTEL confirma que la Entidad de Certificación cuenta con los procedimientos, sistemas y los recursos humanos necesarios para brindar servicios de certificación digital. Además, las Entidades de Certificación deben solicitar autorización para efectuar transferencias, cesiones, arrendamientos, otorgamientos del derecho de uso, constitución de gravámenes o transferencia de control accionario en los términos que se establecen en la Ley, este Reglamento y las normas complementarias a ser dictadas por el INDOTEL.

 

Artículo 67.- Requisitos para solicitar autorización.-

67.1. La solicitud de autorización para la prestación de servicios de certificación digital es voluntaria.

67.2. Para obtenerla la solicitante, deberá cumplir, al menos, con las siguientes condiciones:

a) Demostrar la confiabilidad necesaria de sus servicios de acuerdo con las normas técnicas y de procedimientos aprobadas por el INDOTEL;

b) Garantizar la existencia de un servicio seguro de consulta del registro de certificados emitidos;

c) Emplear personal calificado para la prestación de los servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma digital y los procedimientos de seguridad y gestión adecuados.

d) Utilizar sistemas y productos confiables que garanticen la seguridad de sus procesos de certificación;

e) Haber contratado un seguro apropiado en los términos que señala el Artículo 16 de este Reglamento;

f) Contar con la capacidad tecnológica informática y de comunicaciones necesaria para el desarrollo de la actividad de certificación; y,

g) Cumplir los demás recaudos que establezca el INDOTEL.

67.3. El cumplimiento de dichas condiciones será evaluado por el INDOTEL de conformidad con las normas técnicas y de procedimientos aplicables a la prestación del servicio, durante el procedimiento de autorización.

 

Artículo 68.- Contenidos de la solicitud de autorización.-

68.1. En la solicitud de autorización, las Entidades de Certificación especificarán las actividades o servicios para las cuales requieren autorización, y acreditarán ante el INDOTEL por los medios que éste determine, lo siguiente:

a) Documentación demostrando su personería jurídica;

b) Autorización del organismo de dirección correspondiente para iniciar el procedimiento de obtención de autorización para operar como Entidad de Certificación, cuando se trate de instituciones;

c) Políticas de certificación para la cual solicita autorización, que respaldan la emisión de sus certificados, Manual de Procedimientos, Plan de Seguridad, Plan de Cese de Actividades y Plan de Contingencia de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas emitidas por el INDOTEL; y

d) Toda otra documentación requerida por el INDOTEL.

 

Artículo 69.- Procedimiento de Solicitud.-

69.1. Recibida la solicitud de autorización, el INDOTEL procederá a analizar la admisibilidad de la misma mediante la verificación de los antecedentes requeridos, en un plazo de DIEZ (10) días hábiles.

69.2. De ser inadmisible la solicitud, dentro de los TRES (3) días hábiles se procederá a comunicar al solicitante tal situación. En dicha comunicación, se otorgará plazo no inferior a QUINCE (15) días hábiles, para que complete los antecedentes, información o documentación, bajo la advertencia de ser rechazada la solicitud.

69.3. Una vez admitida la solicitud, el INDOTEL procederá a un examen sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidas por la Ley y este Reglamento para obtener la autorización. Este examen se realizará mediante la elaboración de una auditoría de inicio, ya sea por el INDOTEL o por terceros, certificando dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contados desde la fecha de la admisibilidad de la solicitud, prorrogables por una vez e igual período y por motivos fundados, que el interesado cumple los requisitos y obligaciones para ser autorizado y que dispone de un plazo de VEINTE (20) días hábiles para presentar la póliza de seguros que exige el presente Reglamento, so pena de ser rechazada la solicitud.

 

Artículo 70.- Incumplimiento de los Requerimientos Técnicos o de Procedimientos.-

70.1. En caso de que el INDOTEL determine que la Entidad de Certificación no cumple con los requerimientos fijados en las normas para el desarrollo de la actividad, señalará si estos incumplimientos son subsanables, y si no afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la Ley, este Reglamento y las normas complementarias.

70.2. En caso de que los incumplimientos no sean subsanables, el INDOTEL procederá a dictar una resolución en la que rechaza la solicitud de autorización.

70.3. Si los incumplimientos son subsanables y no afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la Ley, este Reglamento y las normas complementarias, el INDOTEL otorgará un plazo para la subsanación de los incumplimientos. Vencido dicho plazo, el INDOTEL verificará si se han aplicado las medidas correctivas, y procederá a dar continuidad al trámite en caso afirmativo o a dictar una resolución rechazando la solicitud de autorización.

 

Artículo 71.-Estado de resolución del trámite.-

Una vez completados los requisitos exigidos, el INDOTEL procederá a autorizar al interesado en el plazo de VEINTE (20) días hábiles contados desde que, a petición del interesado o de oficio, se certifique que la solicitud se encuentra en estado de resolución.

 

Artículo 72.- Información adicional.-

Durante todo el proceso de autorización, el INDOTEL podrá solicitar documentación adicional, realizar visitas y efectuar inspecciones a las instalaciones del interesado.

 

Artículo 73.- Alcance del Otorgamiento de la Autorización y de la Inscripción en el Registro de Entidades de Certificación.-

73.1. El otorgamiento de la autorización no implica que el INDOTEL, las entidades de auditoría o cualquier organismo del Estado, garantice la provisión de los servicios de certificación o los productos ofrecidos por la Entidad de Certificación. La responsabilidad por la prestación de los servicios de certificación digital corresponde exclusivamente a cada entidad de certificación.

73.2. La inscripción en el Registro no exime a la Entidad de Certificación de la obligación de obtener otras autorizaciones necesarias para ofrecer otros servicios y para la efectiva implementación de los sistemas autorizados.

 

Artículo 74.- Duración de la Autorización.-

74.1. La autorización para funcionar como entidad de certificación tendrá un plazo de duración de cinco (5) años, pudiendo ser renovada, previo dictamen favorable de auditoría. Su vigencia se encontrará condicionada al resultado de las auditorías periódicas y a las inspecciones dispuestas por el INDOTEL.

74.2. Las Entidades de Certificación deberán efectuar anualmente un informe de estado de operaciones con carácter de declaración jurada en el cual conste el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley, en el presente Reglamento y en las normas complementarias. Las Entidades de Certificación serán sometidas a auditorías periódicas. El formato y procedimientos para la auditoría serán determinados por el INDOTEL.

 

Artículo 75.- Causas de suspensión de la autorización.-

75.1. El INDOTEL dispondrá de oficio la suspensión de la autorización en los siguientes casos:

a) Falta de presentación del informe de estado de operaciones con carácter de declaración jurada anual;

b) Falsedad de los datos contenidos en el informe de estado de operaciones con carácter de declaración jurada anual;

c) Dictamen desfavorable de auditoría basado en causas graves;

d) Informe de la inspección dispuesta por el INDOTEL desfavorable basado en causas graves;

e) Cuando la Entidad de Certificación no permita la realización de auditorías o inspecciones dispuestas por el INDOTEL; y,

f) Cuando el titular de la Entidad de Certificación haya sido condenado en causa penal con sentencia de carácter de cosa juzgada.

 

Artículo 76.- Revocación de la autorización.-

76.1. El INDOTEL podrá dejar sin efecto la autorización mediante Resolución debidamente motivada, por las causas previstas en el Artículo siguiente.

76.2. Dicha Resolución deberá ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades de Certificación.

 

Artículo 77.- Causas de Revocación de la Autorización.-

77.1. La autorización a las Entidades de Certificación se dejará sin efecto por las siguientes causas:

a) Por solicitud de la Entidad de Certificación, ante el INDOTEL con una antelación no menor a NOVENTA (90) días hábiles previa a la cesación de actividades prevista, indicando el destino que dará a los certificados, a los datos y documentación de apoyo de ellos, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 11 de este Reglamento, y garantizar el pago del aviso que deberá ser publicado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo siguiente;

b) Por pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su autorización, la que será calificada por el INDOTEL en cumplimiento de la facultad de inspección;

c) Por reincidencia en las causas de suspensión de la autorización indicadas en el presente Reglamento;

d) Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece la Ley y este Reglamento;

e) Por el estado de cesación de pagos de la Entidad de Certificación, declarado por sentencia irrevocable del tribunal competente;

f) Por reincidencia en la comisión de infracciones graves o muy graves;

g) Por imposibilidad de cumplimiento del objeto social del autorizado según su mandato estatutario en la medida en que esté relacionado con la autorización otorgada;

h) Por la suspensión injustificada del servicio;

i) Por haber efectuado una transferencia, cesión, arrendamiento, otorgamiento del derecho de uso, constitución de gravámenes o transferencia de control accionario sin autorización del INDOTEL; y,

j) Por cualquier otra acción de las Entidades de Certificación que decida el INDOTEL, mediante resolución debidamente motivada y que atente en forma deliberada en contra de los principios de la Ley.

77.2. En los casos de las letras b), c), d), e), f), g) h) e i), la Resolución deberá ser adoptada previo traslado de cargos y audiencia del afectado, para lo cual el INDOTEL dará un plazo de CINCO (5) días hábiles para que éste presente por escrito la respuesta a los cargos formulados. Recibida esta, el INDOTEL deberá resolver dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, prorrogables por el mismo período por motivos fundamentados.

77.3. En los casos que los incumplimientos o condiciones objetivas impliquen un grave riesgo para la Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana, el INDOTEL podrá suspender preventivamente de inmediato todas o algunas de las actividades de la entidad infractora, mediante Resolución motivada.

 

Artículo 78.- Comunicación de la revocación.-

78.1. Las Entidades de Certificación cuya inscripción en el Registro haya sido revocada, deberán comunicar inmediatamente este hecho a los suscriptores de certificados emitidos por ellas, en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas y por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento.

Sin perjuicio de ello, el INDOTEL publicará, cuyo costo estará a cargo de la Entidad de Certificación, un aviso dando cuenta de la revocación de la autorización.

78.2. Dicho aviso deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de la publicación de la resolución en el Registro de Entidades de Certificación. El aviso deberá señalar que desde esta publicación los certificados quedarán sin efecto y serán revocados en forma inmediata, a menos que hayan sido transferidos a otra Entidad de Certificación.

78.3. Adicionalmente, la revocación se publicará en la página de la Internet del INDOTEL y en su Boletín Oficial.

 

TÍTULO VI.- CONDICIONES PARA EL USO DE FIRMA DIGITAL EN INTERACCIONES DOCUMENTALES ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO O ENTRE PERSONAS PRIVADAS Y ENTIDADES DEL ESTADO

 

Artículo 79.- Validez de los Documentos Digitales.-

79.1. En las relaciones entre organismos públicos entre sí o entre personas privadas y entes estatales no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una declaración de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de documento digital o mensaje de datos.

79.2. Los órganos de la administración del Estado Dominicano podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de firma electrónica o digital, según la naturaleza del acto.

79.3. Para tal efecto, los actos administrativos, formalizados por medio de documentos digitales y que consten en decretos o resoluciones, en acuerdos de órganos colegiados, así como la celebración de contratos, la emisión de cualquier otro documento que exprese la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de sus potestades legales y, en general, todo documento que revista la naturaleza de instrumento público o aquellos que deban producir los efectos jurídicos de éstos, deberán suscribirse mediante firma digital.

 

Artículo 80.- Provisión de certificados para uso del Estado.-

80.1. Los organismos del Estado podrán contratar, de acuerdo con las normas que rigen la contratación administrativa, los servicios de certificación de firma digital con una Entidad de Certificación, cuando mediante resolución fundada constaten su conveniencia técnica y económica. La estimación de dicha conveniencia estará basada en criterios de calidad de servicio y precio.

80.2. En caso contrario, podrán constituirse como prestador de servicios de certificación, solicitando al INDOTEL la respectiva autorización para funcionar como Entidad de Certificación.

80.3. En aquellas aplicaciones en las que el Estado interactúe con la comunidad, se deberá admitir el uso de Certificados Digitales emitidos por Entidades de Certificación pertenecientes al sector público o al sector privado, indistintamente. No podrán establecerse criterios discriminatorios, en la medida que se satisfagan todos los requisitos funcionales, legales y reglamentarios.

 

Artículo 81.- Unidades de Registro pertenecientes al Estado.-

81.1. En las entidades y jurisdicciones pertenecientes a órganos del Estado, las áreas de recursos humanos cumplirán las funciones de Unidad de Registro para los agentes y funcionarios de su jurisdicción. En su caso, y si las aplicaciones de que se trate lo requieren, la máxima autoridad del organismo podrá asignar, adicionalmente, a otra unidad las funciones de Unidad de Registro.

81.2. El INDOTEL autorizará el funcionamiento de dichas Unidades de Registro y supervisará su actividad.

 

Artículo 82.- Presentación de documentos digitales.-

82.1. Los organismos del Estado deberán establecer mecanismos que garanticen la opción de remisión, recepción, mantenimiento y publicación de información en formato digital, siempre que esto sea aplicable, tanto para la gestión de documentos entre organismos como en su interacción con los ciudadanos, tales como ventanilla única electrónica, disponibilidad de una dirección de correo electrónico o un formulario en la página de Internet para la atención de consultas, medios de entradas electrónica, contrataciones públicas electrónicas, seguimiento de expedientes por la Internet, y otras aplicaciones que permitan la consulta de información, la remisión de documentación y el seguimiento de los trámites por la Internet

 

Artículo 83.- Archivo de Documentos Digitales (Repositorios).-

83.1. Los órganos de la Administración del Estado que utilicen documentos digitales deberán contar con un Repositorio o Archivo electrónico a los efectos de su guarda y conservación una vez que haya finalizado su tramitación, de conformidad con las normas que regulan su competencia.

83.2. El Repositorio será responsabilidad del respectivo funcionario a cargo del archivo, sin perjuicio de la celebración de convenios de cooperación entre diferentes organismos para la guarda y conservación de documentos digitales.

83.3. El Repositorio deberá contar con una autorización para operar dispuesta por el INDOTEL.

 

Artículo 84- Requisitos mínimos para Archivo de Documentos Digitales.-

84.1. El Repositorio deberá garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información contenida en él.

84.2. El INDOTEL fijará las normas técnicas referidas a copias de resguardo, medidas de seguridad física y lógicas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y las medidas de protección de la privacidad de los datos personales.

 

Artículo 85.- Comunicaciones electrónicas.-

Los órganos de la Administración del Estado podrán relacionarse por medios electrónicos con los particulares, utilizando mensajes de datos o documentos digitales, cuando éstos hayan consentido expresamente en esta forma de comunicación.

 

Artículo 86.- Fijación de la hora oficial electrónica.-

86.1. El INDOTEL analizará las alternativas y regulaciones necesarias para la fijación de día y hora oficial en los medios electrónicos, así como el diseño de los mecanismos de distribución de la hora oficial en Internet, a fin de que tanto los organismos públicos como las Entidades de Certificación procedan a tomar de allí la hora como insumo para su registro y distribución posterior, y para el suministro del servicio de registro y estampado cronológico. Esta hora oficial en medios electrónicos e Internet será utilizada para la determinación de fecha y hora cierta en la realización de actos para los cuales la determinación fehaciente de la hora constituye un elemento esencial, tales como la presentación de escritos en formato digital en instancia judicial y administrativa como medio de prueba documental, la realización de compras electrónicas o las notificaciones electrónicas.

86.2. El INDOTEL coordinará las acciones con los órganos del Estado responsables de la fijación de la hora oficial a fin de elaborar las normas para la fijación de la hora oficial en medios electrónicos y su distribución por la Internet, a la cual deberán ajustarse los servidores de los organismos públicos y de los sujetos regulados.

86.3. Una vez aprobadas dichas normas, los sujetos regulados por la Ley, los proveedores de servicios de la Internet, los organismos públicos, deberán ajustar sus servidores a la hora oficial electrónica fijada, y la distribuirán de acuerdo con la reglamentación que se dicte.

86.4. Las comunicaciones y notificaciones electrónicas deberán contar con estampado cronológico, basado en fecha y hora electrónica ciertas.

 

TÍTULO VII.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 87.- Acuerdo de partes.-

87.1 En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, o entre las partes firmantes de un documento digital, cuando las hubiere, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de documento digital o mensaje de datos.

87.2. Las partes podrán acordar el uso de mecanismos de comprobación de autoría e integridad tales como:

a) Firma electrónica;

b) Firma electrónica basada en certificados digitales emitidos por proveedores de servicios de firma electrónica en el marco de la presente reglamentación;

c) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por Entidades de Certificación en el marco de la presente reglamentación; y,

d) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros que hayan sido reconocidos en los siguientes casos:

1. En virtud de la existencia de acuerdos de reciprocidad entre la República Dominicana y el país de origen del certificador extranjero; y,

2. Por una Entidad de Certificación en la República Dominicana.

 

Artículo 88.- Conservación.-

88.1. Respecto de la conservación de documentos digitales en cuanto a tiempo de almacenamiento, se aplican las disposiciones contenidas en las normas de fondo aplicables a la transacción de que se trate.

88.2. El cumplimiento de la exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, conforme la legislación vigente en la materia, podrá quedar satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales.

88.3. Los documentos, registros o mensajes de datos digitales deberán ser almacenados por las partes intervinientes en cada transacción electrónica, o por una tercera parte confiable aceptada por las partes intervinientes, durante los plazos establecidos en las normas específicas.

88.4. Se podrán obtener copias autenticadas en soporte papel o en formato digital a partir de los documentos digitales originales, en formato digital. La certificación de autenticidad se hará de conformidad con los procedimientos legales vigentes para el acto de que se trate, identificando el soporte del que procede la copia.

 

Artículo 89.- Entrada en Vigencia.-

El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la gaceta oficial o en un periódico de circulación nacional.

89.1. DISPONER que la Ley nº 126-02, su Reglamento de Aplicación y las normas complementarias que el INDOTEL dicte al efecto, regirán la utilización de los documentos digitales, mensajes de datos y firmas digitales, la expedición de certificados digitales para las personas naturales y jurídicas de derecho privado y la administración del Estado, la prestación de los servicios de certificación, la autorización de las entidades de certificación y la generación de derechos y obligaciones de los suscriptores y usuarios de documentos digitales, mensajes de datos y firmas digitales y electrónicas;

89.2. DELEGAR en el INDOTEL, acorde con lo dispuesto por los Artículos 37 y 55 de la Constitución de la República Dominicana, la facultad de celebrar acuerdos de reciprocidad con gobiernos de países extranjeros, cuyo objeto sea otorgar validez, en sus respectivos territorios, a los certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas de ambos países, en tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley nº 126-02, su Reglamento de Aplicación y las normas complementarias o modificatorias para los certificados digitales emitidos por entidades de certificación;

89.3. ORDENAR al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo la remisión de una copia íntegra de este Decreto al Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (INDOTEL) para su conocimiento y para que proceda a su publicación en la Gaceta Oficial o en un periódico de circulación nacional.

 

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Abril del año dos mil tres (2003), año 160 de la Independencia y 140 de la Restauración.

 

HIPOLITO MEJIA

01Ene/14

Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos

En ejercicio de la potestad reconocida en el artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja para la creación y estructuración de su propia Administración Pública, se procede a regular esta institución de vital importancia para el funcionamiento interno de la Administración pero también para sus relaciones con los ciudadanos.

Siguiendo las directrices del Plan Estratégico para la Calidad en el Gobierno de La Rioja y el Plan Riojano para la Sociedad del Conocimiento en cuanto al impulso de la utilización de los sistemas y tecnologías de la información en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, la principal novedad que aporta la presente norma es que ofrece dos cauces de entrada del ciudadano a la Administración, el presencial significado en el Registro tradicional y el telemático; ambos comparten el ejercicio de una misma función que se considera única y que no es sino la de registro.

La vía telemática es un instrumento esencial para el desarrollo de la Administración electrónica ya que el que el registro telemático permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones a través de internet con los mismos efectos que el registro tradicional garantizando por lo tanto su eficacia autenticadora de las fechas de presentación o salida de solicitudes, escritos, comunicaciones que los ciudadanos dirigen a la Administración en ejercicio de sus derechos reconocidos legalmente y su eficacia determinante de la iniciación de los procedimientos.

Por otra parte, el Decreto aborda la regulación de las funciones de registro de manera separada de las funciones de información. Ambas funciones forman parte del concepto amplio de Atención al ciudadano pero cada una de ellas requiere un tratamiento específico y diferenciado que las hace acreedoras de una regulación propia.

Asimismo, en el plano organizativo, hasta la fecha, las funciones de registro eran desempeñadas en general por pluralidad de unidades administrativas no especializadas en esta función. La singularidad de las funciones de registro en sentido amplio y su trascendencia y eficacia externa justifican una nueva consideración organizativa del mismo, más acorde con su trascendencia jurídica. Dichas funciones serán ejercidas en el ámbito presencial únicamente por las denominadas Oficinas de registro siguiendo la terminología que utiliza la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entrando en el contenido de la norma, ésta restringe su ámbito de aplicación a la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos, si bien se prevé que las entidades públicas empresariales suscriban para ello el oportuno convenio.

Tras establecer los dos cauces de acceso, el presencial y el telemático, antes citados y que la función de registro se ejercerá de manera automatizada sobre una plataforma común, la norma define las Oficinas de registro y la diferenciación entre Oficina General y Oficinas auxiliares así como el procedimiento de autorización de éstas últimas cuando no estén ubicadas en una Secretaría General Técnica. La norma introduce una Disposición transitoria para la adaptación de los usuarios de registro a la consideración de Oficinas de registro.

La diferenciación entre Oficina general y Oficinas auxiliares se basa en las funciones que sobre las mismas ejercen las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías y la de la Consejería competente en materia de administraciones públicas.

La principal novedad que aporta el Decreto en cuanto a los lugares de presentación es la previsión de la posibilidad de suscribir convenios de registro con entidades o instituciones públicas o privadas para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones legales o la realización de trámites administrativos en los términos previstos en dichos convenios.

La presente norma se ocupa además de llenar un vacío normativo en el ámbito de la Administración autonómica estableciendo una regulación detallada de los distintos aspectos del funcionamiento del registro tales como el ámbito material del mismo, el contenido de los asientos o el procedimiento registral.

Por su íntima conexión con la materia registral sobre todo en la vertiente de las relaciones con los ciudadanos, se estima oportuno recoger en esta norma el procedimiento para hacer efectivos los derechos regulados en el artículo 35 c) y 38.5 de la citada Ley 30/1992 en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto a la expedición de copias selladas de documentos cuando el ciudadano debe aportar documentos originales con la solicitud, compulsa o cotejo de documentos originales y la emisión de los acuses de recibo o copias anotadas en los términos del artículo 70.3 de la citada Ley.

La existencia de una regulación clara de la expedición de copias de documentos es importante para llevar a la práctica el derecho contemplado en el artículo 35 f) a no presentar documentos que ya obran en poder de la Administración.

Por otra parte, la norma da un tratamiento específico a las comunicaciones internas que define como aquellas que se producen entre órganos o unidades de una misma Consejería o entre Consejerías entre sí. En este caso, se trata de aprovechar las tecnologías de la información para posibilitar que dichas comunicaciones que no tienen una eficacia para el ciudadano, se realicen de una manera más ágil.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja asume normativamente el compromiso de publicar y mantener actualizada la relación de Oficinas de registro existentes en los términos del artículo 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente norma desarrolla por último algunos de los aspectos previstos en la Ley 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo de la firma electrónica en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, oído el Consejo Consultivo de La Rioja, a propuesta del Consejero de Administraciones Públicas y Política Local y previa deliberación de sus miembros, en su reunión celebrada el día 29 de octubre de 2004, acuerda aprobar el siguiente,

 

Decreto

 

CAPÍTULO I.- REGISTRO.

 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación y objeto.

1. El presente Decreto será de aplicación a la Administración General de Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos. A los efectos de la presente norma, las Entidades Públicas Empresariales que quieran adquirir la consideración de Oficinas de Registro deberán suscribir el oportuno convenio para ello.

2. La presente norma tiene por objeto regular

El régimen y funcionamiento de las Oficinas de Registro

El régimen y funcionamiento del Registro Telemático.

La expedición de copias compulsadas y copias selladas.

 

Artículo 2.- Canales de acceso al registro.

Los ciudadanos tienen derecho a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos, bien de manera presencial a través de las Oficinas de Registro, o bien de manera telemática a través del Registro Telemático en los términos previstos en la presente norma.

 

Artículo 3.- Instalación del registro en soporte informático.

1. La función de registro se gestionará de manera automatizada sobre una aplicación única corporativa bajo un modelo de libro único.

2. Corresponde a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas la administración del sistema.

 

SECCIÓN II.- OFICINAS DE REGISTRO.

 

Artículo 4.- Oficina General y Oficinas Auxiliares.

1. Existirá una Oficina General cuya gestión corresponderá a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas.

2. Junto a la Oficina General existirán las Oficinas Auxiliares que serán gestionadas por las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías bajo la coordinación y control de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas.

3. Existirá una Oficina General de Registro en cada Organismo Público.

Los Organismos Públicos podrán contar también con Oficinas Auxiliares de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del presente Decreto

 

Artículo 5.- Autorización de Oficinas de Registro Auxiliar.

1. Fuera de los supuestos recogidos en el artículo anterior, el titular de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas podrá autorizar la creación de Oficinas Auxiliares en aquellos órganos o unidades administrativas en las que el volumen de escritos, su localización geográfica u otro tipo de circunstancias relativas al funcionamiento del servicio así lo aconsejen.

 

Artículo 6.-  Lugares de presentación.

1. Las solicitudes, escritos, comunicaciones y la documentación complementaria que las acompañen que los ciudadanos dirijan a cualquier órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos podrán presentarse en

Las Oficinas de Registro:

Del órgano administrativo al que se dirijan, si las hubiera

De los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de los organismos Públicos vinculados o dependientes de la misma

De los órganos de la Administración General del Estado

De los órganos de cualquier otra Administración autonómica

De las entidades que integran la Administración local si se hubiera suscrito el correspondiente convenio

Las oficinas de correos de acuerdo con su normativa específica

Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero

Aquellas entidades o instituciones públicas o privadas con las que se haya suscrito el oportuno convenio.

 

Artículo 7.- Obligaciones de las Oficinas de Registro.

Las Oficinas de Registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos estarán obligadas a recepcionar, validar, dar asiento y traslado a cuantas solicitudes, escritos, comunicaciones y documentación complementaria que las acompañen que presenten los ciudadanos en las mismas dirigidos a cualquier Administración Pública en los términos dispuestos en normativa básica estatal.

 

Artículo 8.- Funciones de las Oficinas de Registro.

Las Oficinas de Registro ejercerán las siguientes funciones:

Recepcionar las solicitudes, escritos y comunicaciones y los documentos que los acompañen presentados por los ciudadanos, dirigidos a las Administraciones Públicas.

Validar y anotar los asientos de entrada y salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

Expedir las copias anotadas o recibos de presentación.

Expedir las copias selladas de los documentos originales que aporten los ciudadanos y que deban obrar en el procedimiento.

Expedir las copias compulsadas de los documentos originales cuando éstos no deban obrar en el procedimiento

Trasladar toda la documentación a las personas, órganos o unidades destinatarias.

Verificación de la identidad de los ciudadanos mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad.

Cualquiera otra que legal o reglamentariamente les sea atribuida.

 

Artículo 9.- Documentos que deben registrarse.

1. Debe registrarse toda solicitud, escrito o comunicación oficial que sea presentada o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia, así como la salida de las mismas siempre que estén dirigidas a otras Administraciones Públicas o particulares, y quede correctamente identificado el remitente y la persona, órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

No serán objeto de registro por lo tanto, los documentos o escritos que se acompañen a las solicitudes, los documentos de naturaleza publicitaria, comercial, informativa y análogos y aquellos que carezcan absolutamente de los requisitos mínimos legalmente establecidos con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Las Oficinas de Registro no recepcionarán los escritos, solicitudes o comunicaciones internas que se sujetarán a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda.

 

Artículo 10.- Recepción y asiento registral.

Deberá practicarse asiento respecto de todo escrito, solicitud o comunicación que se reciba en las Oficinas de Registro salvo los casos previstos en el artículo anterior.

Si en el momento de la recepción del escrito existiera imposibilidad material o técnica para realizar el asiento, se procederá de manera manual haciendo constar esta circunstancia en el asiento que con posterioridad se practique.

 

Artículo 11.- Contenido de los asientos registrales.

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número de registro, epígrafe expresivo de su naturaleza, es decir, si es de entrada o salida, fecha de entrada o salida, fecha y hora de su presentación por el interesado, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona, unidad u órgano administrativo al que se envía, así como una breve referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

El número de registro es un código secuencial generado automáticamente por el sistema.

El registro ha de cerrarse cada día y los asientos han de quedar cronológicamente ordenados según el orden temporal de entrada o salida.

 

Artículo 12.- Validación mecánica y recibo acreditativo de la presentación.

1. La validación mecánica de entrada inicial o salida se hará constar en la primera página del escrito, solicitud o comunicación de acuerdo con las normas en materia de identidad corporativa. En ella se reflejará como mínimo, la Consejería donde se realiza el registro, y la fecha de presentación.

2. Cuando el escrito vaya acompañado de una copia, sobre la primera página de ésta se imprimirá, previa comprobación de la exacta coincidencia con el original, idéntica validación mecánica que la prevista en el apartado anterior, que servirá como justificante de su presentación.

3. Cuando el interesado no acompañe copia y desee recibo acreditativo de la presentación, el personal de registro podrá expedir un recibo que contendrá la identificación de la unidad de registro, el número de registro asignado, la fecha y hora de presentación, el remitente, el destinatario y un extracto del contenido.

 

Artículo 13.- Traslado de documentación.

Concluido el trámite registral, se cursarán las solicitudes, escritos y comunicaciones y los documentos que en su caso los acompañen a los órganos y unidades administrativas destinatarios de los mismos de manera inmediata.

 

Artículo 14.- Efectos de la presentación y garantía del registro.

A efectos de cumplimiento de plazos por los ciudadanos, se entenderá como fecha de recepción por el órgano competente, la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 6.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, a los efectos de los plazos que haya de cumplir la Administración, éstos se computarán a partir de la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de las oficinas de registro.

 

SECCIÓN III.- REGISTRO TELEMÁTICO.

 

Artículo 15.- Disposiciones generales.

El Registro Telemático de la Administración General de La Rioja y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de la misma se instalará en una plataforma informática común y se regirá por lo dispuesto en los artículos siguientes.

Dicho registro sólo estará habilitado para la recepción o transmisión de los escritos previstos en el artículo 16 a relativos a las actuaciones, servicios o procedimientos que se determinen en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la de sus organismos públicos, en su caso, así como para cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración titular del registro.

Cuando se presenten por este medio solicitudes, escritos y comunicaciones referidas a procedimientos no habilitados, no serán tenidos en cuenta y se procederá al archivo de los mismos comunicándolo así al remitente.

 

Artículo 16.- Funciones.

El Registro Telemático realizará las siguientes funciones:

La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones realizadas a través de formulario electrónico y con firma electrónica avanzada y los documentos que en su caso los acompañen en los términos que reglamentariamente se determinen.

La anotación de los correspondientes asientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente norma.

La emisión de una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación que incluya la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

La generación de recibos acreditativos de la entrega de los documentos que en su caso acompañen a los escritos, solicitudes o comunicaciones.

Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable.

El Registro Telemático no recepcionará ni remitirá ningún documento en soporte papel.

 

Artículo 17.- Funcionamiento. 

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

El funcionamiento del registro electrónico podrá interrumpirse cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo por el tiempo imprescindible. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios con al menos cuarenta y ocho horas de antelación cuando se trate de interrupciones planificadas. En caso contrario, siempre que sea posible, el usuario visualizará un mensaje en el que se comunique la interrupción y la habilitación, en su caso, de otros medios para dirigirse a la Administración.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción de la copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación o la recepción de un mensaje de error en la transmisión implica que la presentación no ha tenido lugar.

 

Artículo 18.- Cómputo de plazos. 

A efectos de cómputo de plazos, la fecha y hora oficial será la de la sede electrónica de acceso y permanecerá visible en la misma.

La presentación y recepción en día inhábil para el órgano o entidad afectada se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los ciudadanos y la Administración vendrá determinado por la fecha y hora de recepción que proporcione el registro electrónico y que figurará necesariamente en la copia autenticada

La consideración de día hábil o inhábil figurará visible en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la de sus organismos públicos, en su caso, de acuerdo con el calendario de días inhábiles que sea aplicable.

 

Artículo 19.- Eficacia. 

 

CAPÍTULO II.- EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS.

 

SECCIÓN I.- COPIAS SELLADAS.

 

Artículo 20.- Expedición de copias selladas de documentos originales.

Cuando las normas reguladoras del procedimiento exijan la aportación de documentos originales, los ciudadanos tendrán derecho a solicitar que se les expida una copia sellada de los mismos en el momento de su presentación siempre que acompañen los originales.

El personal del registro cotejará la copia comprobando la identidad con el original, unirá el documento original a la solicitud, escrito o comunicación y entregará la copia debidamente diligenciada con un sello en el que consten los siguientes datos: fecha y lugar de presentación del original, breve extracto del procedimiento o actuación para la cual se requirió la aportación del documento original y órgano destinatario del documento.

 

Artículo 21.- Eficacia de las copias selladas.

La copia sellada acreditará que el documento se halla en poder de la Administración actuante a los efectos del ejercicio del derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración.

Los interesados podrán solicitar la devolución del documento original una vez finalizado el procedimiento o actuación de acuerdo con lo dispuesto en su caso en la norma reguladora del procedimiento, debiendo éstos aportar la copia sellada en su lugar.

Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de la copia, su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el interesado en la que se exponga por escrito las circunstancias que motivan la no aportación de la copia.

 

Artículo 22.- Registro de copias selladas.

Las Oficinas de Registro llevarán un registro de las copias selladas que emitan.

Los órganos gestores deberán comunicar a las mismas la devolución de los documentos originales a los interesados para que lo hagan constar en los registros correspondientes de copias selladas.

 

SECCIÓN II.- COPIAS COMPULSADAS.

 

Artículo 23.Aportación de copias compulsadas al procedimiento. 

1. En los casos de que las normas reguladoras del procedimiento no exijan la incorporación de documentos originales, los ciudadanos tienen derecho a optar entre obtener copia compulsada de los mismos cuando se aporten con las solicitudes, escritos y comunicaciones o a aportar copias de los primeros cuya fidelidad con el original quedará garantizada mediante la aportación de declaración responsable del interesado, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación por parte de la Administración.

2. En el caso de optarse por la compulsa, el personal del registro, una vez comprobada la identidad de la copia con el original, devolverá este último, diligenciará la copia con un sello en el que conste la fecha de la compulsa y el lugar de presentación y nombre y cargo del funcionario que la expide y unirá la copia a la solicitud, escrito o comunicación.

El funcionario responsable de la compulsa podrá optar por realizar ésta mediante diligencia de compulsa en sustitución del sello previsto en el párrafo anterior. En la diligencia de compulsa figurarán los mismos datos que en el sello de compulsa.

3. Las oficinas de registro no compulsarán copias de documentos originales cuando dichas copias no acompañen a solicitudes escritos o comunicaciones presentadas por los ciudadanos.

4. En las copias de documentos que aporten los interesados a través del registro electrónico, la fidelidad con el original quedará garantizada mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

 

Artículo 24.- Eficacia de las copias compulsadas.

La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

 

SECCIÓN III.- PERSONAL QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE EXPEDICIÓN DE COPIAS COMPULSADAS Y SELLADAS.

 

Artículo 25.- Personal que realiza las funciones de expedición de copias compulsadas y selladas.

Estarán habilitados para expedir copias:

El personal funcionario destinado en las Oficinas de Registro.

El personal funcionario destinado en el órgano en el que se tramite o vaya a tramitarse el procedimiento al que deba incorporarse la documentación objeto de la copia.

El personal funcionario destinado en el órgano que haya emitido la documentación cuya compulsa se solicita o si ya no existiere, el personal funcionario del órgano que haya asumido sus funciones.

El ejercicio de estas funciones es obligatorio.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Actualización oficinas de registro. 

La relación actualizada de oficinas de registro y sus sedes y horarios de funcionamiento se publicará en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la de sus organismos públicos, en su caso.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Comunicaciones internas.

1. Las comunicaciones ente órganos y/o unidades de una misma Consejería o Consejerías entre sí con independencia del asunto sobre el que traten, podrán realizarse a través de soportes, medios y aplicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas.

2. Las comunicaciones efectuadas en los soportes o a través de los medios y aplicaciones referidas en el apartado anterior serán válidas siempre que:

Exista constancia de la transmisión y recepción y de sus fechas.

Se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de la comunicación.

Se respeten las normas reguladoras de la distribución de competencias entre los órganos administrativos

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Integración en sede electrónica. 

La recepción o transmisión de los escritos previstos en el artículo 16 a) relativos a las actuaciones, servicios o procedimientos recogidos en el desarrollo reglamentario del presente Decreto y cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro quedarán integrados en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma y la de sus organismos públicos, en su caso, a la fecha de entrada en vigor de la presente norma.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Procedimientos especiales. 

Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de este Decreto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación especial contenida en la normativa vigente en materia de contratación pública y en materia tributaria.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Régimen de adaptación de los usuarios de registro.

Los órganos o unidades administrativas que a la entrada de vigor de la presente norma ejercieran funciones de registro, mantendrán el ejercicio de dichas funciones, si bien en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la misma deberán adecuarse a lo previsto en el artículo 5 para ser consideradas Oficinas de registro auxiliar en los términos previstos en el presente Decreto

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Se faculta al Consejero competente en materia de Administraciones Públicas a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

El presente Decreto entrará en vigor al mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

 

En Logroño, a 29 de octubre de 2004.

 

El Presidente, 
Pedro Sanz Alonso. 
El Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Alberto Bretón Rodríguez.

 

01Ene/14

Decreto nº 8.072, de 14 de agosto de 2013. Altera o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, para dispor sobre habilitação para fruição dos benefícios fiscais da lei de informática

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos. 8.248, de 23 de outubro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004,

 

 

DECRETA:

 

 

Artigo 1º.- O Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Artigo 22.  ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

§ 2º Comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos neste artigo, será editado ato conjunto dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que reconheça o direito à fruição da isenção ou da redução do IPI quanto aos produtos nela mencionados, fabricados pela pessoa jurídica interessada.

………………………………………………………………………….»

 

«Artigo 23-A.- A pessoa jurídica poderá requerer, juntamente com o pleito de habilitação definitiva de que trata o Artigo 22, a habilitação provisória para fruição dos benefícios fiscais de que trata este Decreto, desde que atendidas as seguintes condições:

 

I.-  apresentação da proposta de projeto ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação;

 

II.- regularidade fiscal e tributária da pessoa jurídica pleiteante, verificada por meio das certidões de que trata o inciso IV do caput do Artigo 22;

 

III.- adimplência com os investimentos em pesquisa e desenvolvimento perante o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ou apresentação de plano de pesquisa e desenvolvimento, quando aplicável;

 

IV.- adequação dos Processos Produtivos Básicos (PPB) indicados aos produtos pleiteados;

 

V.- ter sido concedida habilitação definitiva à empresa nos últimos vinte e quatro meses ou realizada inspeção prévia de estrutura produtiva, com laudo favorável; e

 

VI.- possuir, entre as atividades econômicas constantes do seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  – CNPJ, atividade de fabricação aplicável aos produtos objetos do pleito.

 

§ 1º  A habilitação provisória de que trata este artigo poderá ser solicitada também para produtos novos não abrangidos pela habilitação definitiva em vigor, observadas as condições de que tratam os incisos I a VI do caput.

 

§ 2º A concessão da habilitação provisória será realizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

 

§ 3º No caso de deferimento do pleito de habilitação definitiva de que trata o § 2º do Artigo 22, cessará a vigência da habilitação provisória e convalidados seus efeitos.

 

§ 4º No caso de indeferimento do pleito de habilitação definitiva de que trata o § 2º do Artigo 22, ou quando da desistência do pedido de habilitação definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a empresa deverá recolher, no prazo de dez dias do indeferimento do pleito ou da desistência do pedido, os tributos objeto do benefício fiscal fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para recolhimento espontâneo.»

 

«Artigo 36.  ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

§ 6º O cancelamento será procedido, inclusive no caso de descumprimento de PPB, mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.» 

 

«Artigo 45.- As notas fiscais relativas à saída do estabelecimento industrial dos produtos contemplados com isenção ou redução do IPI deverão fazer referência expressa a este Decreto e ao benefício fiscal usufruído.

 

Parágrafo único.- As notas fiscais a que se refere o caput deverão também fazer referência expressa ao ato de habilitação de que trata o § 2º do Artigo 22 ou ao ato de habilitação provisória de que trata o Artigo 23-A, durante a sua vigência.»

 

 

Artigo 2º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 14 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

 

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Fernando Damata Pimentel
Marco Antonio Raupp

 

 

 

01Ene/14

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012)

Titolo I.- Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I.- Disposizioni generali in materia di semplificazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessitá ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equitá, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attivitá culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.- Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione é disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilitá disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piú elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puó rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metá di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non é stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte é espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 2.- Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».

Articolo 3.- Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 é sostituito dai seguenti:

«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformitá ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione é comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalitá degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attivitá;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivitá esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformitá da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attivitá di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalitá degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attivitá di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5- bis»;

b) le parole «5- bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter. »

Capo II.- Semplificazioni per i cittadini

Articolo 4.- Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilitá e partecipazione ai giochi paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilitá.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale é presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietá sulla conformitá all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrá altresí dichiarare che quanto ivi attestato non é stato revocato, sospeso o modificato.

3. Il Governo é autorizzato ad emanare uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalitá per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilitá, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. Al fine di dare continuitá all'attivitá di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, é autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 5.- Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica é inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalitá di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto é emerso alla competente autoritá di pubblica sicurezza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresí che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non é stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.

Articolo 6.- Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalitá telematica in conformitá alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o piú decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-cittá ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalitá e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o piú decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalitá e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

Articolo 7.- Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identitá e di riconoscimento

1. I documenti di identitá e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validitá fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Articolo 8.- Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalitá di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina».

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universitá della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universitá della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.»

Articolo 9.- Dichiarazione unica di conformitá degli impianti termici

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti é approvato il modello di dichiarazione unica di conformitá che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformitá e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilitá da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Articolo 10.- Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, é sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilitá dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietá dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puó essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unitá immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unitá immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.».

Articolo 11.- Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocitá

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, é anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea é sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici é effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresí alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, é soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo é soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis « sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneitá alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di etá, rinnovano la validitá dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformitá alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivitá di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.» ;

b) «la lettera c)« é soppressa.

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneitá professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneitá professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivitá in una o piú imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivitá alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilitá e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, é autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilitá, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli é effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

Capo III.- Semplificazioni per le imprese

Sezione I .- Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivitá economiche e di controlli sulle imprese

Articolo 12.- Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivitá economiche

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivitá economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivitá delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertá dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunitá tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertá, alla dignitá umana e possibili contrasti con l'utilitá sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attivitá di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalitá asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attivitá sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attivitá economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autoritá garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresí individuate le attivitá sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivitá (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivitá (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestá normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 13.- Modifiche al T.U.L.P.S.

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;

b) all'articolo 42, terzo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza ha validitá annuale»;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validitá di due anni dalla data del rilascio»;

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo é soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» é sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

3) il sesto comma é sostituito dal seguente: «Le attivitá di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivitá di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autoritá.»;

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Articolo 14.- Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, é ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicitá, della proporzionalitá dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it  la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivitá, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalitá di svolgimento delle relative attivitá.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivitá delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivitá di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalitá dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivitá controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attivitá di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivitá dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni giá effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolaritá;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualitá (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivitá di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Sezione II.- Semplificazioni in materia di lavoro

Articolo 15.- Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piú periodi, la cui durata sará determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;

b) al comma 3, le parole: «é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «é disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalitá definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;

c) al comma 4, le parole: «puó essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «é disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» é sostituita dalla seguente: «emerga»;

d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

Articolo 16.- Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalitá definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalitá di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere piú efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalitá di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola «INPS» é sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;

b) il terzo periodo é soppresso;

c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione é immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione é irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti:«nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196« e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 é prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalitá l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.- Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validitá, che abiliti allo svolgimento di attivitá di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 é inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero giá autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

b) dopo il comma 3, é inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puó essere rinnovato in caso di nuova opportunitá di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puó essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piú datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed é rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore é esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autoritá consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualitá successive alla prima, puó essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

Articolo 18.- Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo é soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unitá produttive ubicate in piú province»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il Ministero».

Articolo 19.- Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualitá o quantitá della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».

Sezione III .- Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Articolo 20.- Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 é inserito il seguente:

«Articolo 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). – 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice é acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autoritá dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalitá di cui al comma 1, l'Autoritá stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali é obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui é prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti é verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autoritá entro i termini e secondo le modalitá previste dalla stessa Autoritá. Con le medesime modalitá, gli operatori economici sono tenuti altresí ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalitá previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.»;

b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;

2) dopo il comma 2, é aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresí le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.»;

c) all'articolo 27, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;

d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;

e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82« sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82« sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono redatti in conformitá al modello di cui all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati sono redatti in conformitá ai modelli definiti dal regolamento.»;

h) dopo l'articolo 199, é inserito il seguente:

«Articolo 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). – 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicitá, efficacia, imparzialitá, paritá di trattamento, trasparenza, proporzionalitá, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilitá, anche semplificati, o i progetti preliminari.

In tale allegato possono essere altresí inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione é dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso é altresí specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi é stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessitá, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puó indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puó, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilitá stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneitá professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacitá economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.».

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autoritá, con dolo o colpa grave,»;

b) l'articolo 84 é sostituito dal seguente:

«Articolo 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). –

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione é rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione é rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autoritá, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed é soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autoritá consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puó essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione é prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, é corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalitá stabilite dall'Autoritá secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piú di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltá nel medesimo Paese, puó fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.- Responsabilitá solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é sostituito dal seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.».

Articolo 22.- Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societá di gestione aeroportuali

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;

b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;

c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societá di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo é fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puó essere determinata secondo le modalitá di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

Sezione IV.- Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 23.- Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivitá di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale é rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalitá degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivitá, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrá comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 é emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Articolo 24.- Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:

«titoli abilitativi giá rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;

b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» é sostituita dalla seguente: «rilasciata»;

c) all'articolo 29-decies, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;

d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: «é rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «é rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali é rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» é inserita la seguente «regionale»;

e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autoritá competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»;

f) all'articolo 228, dopo il comma 3, é inserito il seguente:

«3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. é fatta salva la facoltá di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.»;

g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: «per le piattaforme off-shore, l'autoritá competente é il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;

 h) all'articolo 281, dopo il comma 5, é inserito il seguente:

«5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 é inserito il seguente:

«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».

Sezione V.- Semplificazioni in materia di agricoltura

Articolo 25.- Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivitá, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalitá di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalitá operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, é aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».

Articolo 26.- Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuitá del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;

b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualitá di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.».

Articolo 27.- Esercizio dell'attivitá di vendita diretta

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo é sostituito dal seguente:

«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante é soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puó essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».

Articolo 28.- Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 é inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non é considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non é altresí considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilitá giuridica della cooperativa agricola di cui é socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilitá giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

Articolo 29.- Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 1, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutivitá dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessitá, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI .- Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Articolo 30.- Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa é incentivato secondo modalitá e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. é consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualitá e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puó valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entitá, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piú complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivitá facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, é presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivitá svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;

2) al comma 4 é aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilitá complessive del Fondo agevolazioni ricerca é comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;

d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti giá selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilitá economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivitá svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilitá da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivitá di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilitá alle agevolazioni é comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piú imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi é anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puó avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca sono definite modalitá di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».

Articolo 31.- Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivitá dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma é sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é destinata a interventi in favore di ricercatori di etá inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca.».

Articolo 32.- Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalitá, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puó essere definita la prioritá degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 é sostituito dal seguente:

«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilitá complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;

b) il comma 873 é sostituito dal seguente:

«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalitá di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneitá degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33.- Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universitá che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivitá di ricerca presso l'ente di appartenenza, é collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivitá di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non puó eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piú elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universitá che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivitá di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sezione VII.- Altre disposizioni di semplificazione

Articolo 34.- Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivitá di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Articolo 35.- Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile é sostituito dal seguente:

«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma é sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo puó prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo é costituito da un solo membro effettivo.»;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;

c) il quinto comma é sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societá per azioni.».

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimitá, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto é richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é sostituito dal seguente: «Articolo195 – (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».

Articolo 36.- Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) é sostituito dal seguente:

«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle societá ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;» .

Articolo 37.- Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Articolo 38.- Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1″ sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».

2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universitá e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universitá e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».

Articolo 39.- Soppressione del requisito di idoneitá fisica per avviare l'esercizio dell'attivitá di autoriparazione

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) é soppressa.

Articolo 40.- Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, é soppresso.

Articolo 41.- Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. L'attivitá temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, é avviata previa segnalazione certificata di inizio attivitá priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non é soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Articolo 42.- Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 é disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Articolo 43.- Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivitá culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalitá tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44.- Semplificazioni in materia di interventi di lieve entitá

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attivitá culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entitá, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».

Articolo 45.- Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari é altresí consentito quando é effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalitá organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;

b) all'articolo 27, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;

c) all'articolo 34 é soppressa la lettera g) del comma 1 ed é abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Articolo 46.- Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. Con uno o piú regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si puó procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa giá conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

Titolo II.- Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I.- Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

Sezione I.- Innovazione tecnologica

Articolo 47.- Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivitá a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacitá industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, é istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalitá da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Sezione II.- Disposizioni in materia di universitá

Articolo 48.- Dematerializzazione di procedure in materia di universitá

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, é inserito il seguente:

«Articolo 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universitá sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalitá informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universitá adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49.- Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universitá

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

 1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» é inserita la seguente: «massima»;

2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca»;

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle universitá» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo é soppresso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo é soppresso;

2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono giá inserite tra le universitá non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;

f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» é inserita la seguente: «16,»;

g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;

3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «universitá» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;

5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;

i) all'articolo 21:

1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalitá di cui al comma 1. L'elenco ha validitá biennale e scaduto tale termine é ricostituito con le modalitá di cui al comma 1.»;

3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;

l) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attivitá di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) il terzo periodo é soppresso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicitá dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;

2) dopo il comma 9 é aggiunto il seguente:

«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» é inserita la seguente: «7,».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III.- Disposizioni per l'istruzione

Articolo 50.- Attuazione dell'autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilitá e valorizzando la responsabilitá e la professionalitá del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalitá:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivitá didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalitá di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertá e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilitá per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51.- Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universitá, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivitá ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Articolo 52.- Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piú di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 53.- Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano é trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano é approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non piú utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piú utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o piú fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietá pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili giá esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalitá di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalitá e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalitá di attuazione piú efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico é acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attivitá scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piú moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresí, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalitá urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universitá e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV.- Altre disposizioni in materia di universitá

Articolo 54.- Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attivitá di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 é inserito il seguente:

«Articolo 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). –

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivitá di supporto tecnico e amministrativo alle attivitá di ricerca, le universitá possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivitá prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalitá di svolgimento delle attivitá predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universitá, fermi restando l'obbligo di pubblicitá dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalitá di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puó in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universitá. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, é stabilito dalle universitá ed é determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universitá. L'onere del trattamento economico é posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universitá.».

Articolo 55.- Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universitá ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

Sezione V.- Disposizioni per il turismo

Articolo 56.- Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilitá senza oneri per la finanza pubblica»;

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) é soppressa.

2. I beni immobili confiscati alla criminalitá organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitá organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di etá non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalitá di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».

Sezione VI.- Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Articolo 57.- Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivitá nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacitá autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacitá autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 é rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale é coordinato con i tempi sopra indicati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, é inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.»

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni giá rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitivitá economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivitá dell'attivitá produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali giá in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivitá autorizzata residuale, mantengono la loro validitá fino alla naturale scadenza.

9. Nel caso di attivitá di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa giá in atto possono continuare a essere eserciti senza necessitá di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. La durata delle nuove concessioni per le attivitá di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione é fissata in almeno dieci anni.

11. é abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é consentito:

a) la detenzione promiscua di piú parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;

b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 58.- Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalitá procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'articolo 45, dopo il comma 6, é inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autoritá per l'energia elettrica e il gas puó, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.».

Capo II.- Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Articolo 59.- Disposizioni in materia di credito d'imposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo é sostituito dal seguente:

«L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»;

d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»;

e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;

f) dopo il comma 8 é inserito il seguente: «8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalitá di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»;

g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60.- Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertá assoluta, é avviata una sperimentazione nei comuni con piú di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'ammontare della disponibilitá sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalitá con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puó superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio é attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

Titolo III.- Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 61.- Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivitá culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilitá di definire, con provvedimento dell'Autoritá per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, é abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piú Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puó, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine é comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 62.- Abrogazioni

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

Articolo 63.- Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sará presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sará inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addí 9 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca

Cancellieri, Ministro dell'interno

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ornaghi, Ministro per i beni e le attivitá culturali

Visto, il Guardasigilli: Severino

01Ene/14

Decreto-Lei nº 165/2004 de 6 de Julho de 2004, aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital. (Diário da República n.º 157, Série I – A, de 6 de Julho de 2004).

Decreto-Lei nº 165/2004,Aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital.

 

O Decreto-Lei nº 62/2003, de 3 de Abril, procurou compatibilizar o regime jurídico da assinatura digital, estabelecido no Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, com a Directiva nº 1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas.

No anexo I da referida directiva eram estabelecidos os requisitos aplicáveis aos certificados qualificados, definidos nos termos do nº 10 do artigo 2.º Estas disposições da directiva comunitária foram transpostas, respectivamente, pelo artigo 29.º e pela alínea q) do artigo 2.º, ambos resultantes da alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 62/2003 ao Decreto-Lei nº 290-D/99.

Contudo, em lugar de se impor como requisito do certificado qualificado emitido pelas entidades certificadoras informação sobre o nome e assinatura electrónica avançada da entidade certificadora, a par da indicação do país onde a mesma se encontra estabelecida, reforçou-se a exigência do requisito, impondo-se a apresentação, no certificado qualificado, da assinatura electrónica qualificada da entidade certificadora.

A minuciosa tarefa de regulamentação do referido decreto-lei obriga, porém, a uma reponderação daquele nível de exigência e a uma alteração do diploma num sentido mais conforme com as obrigações impostas pela directiva e mais adequado do ponto de vista da harmonização comunitária da matéria.

Procura-se, assim, ir ao encontro dos princípios subjacentes à criação de um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas, que, possibilitando a existência de regras comuns quanto ao reconhecimento legal daquelas assinaturas e à acreditação dos prestadores de serviço de certificação nos Estados membros, fomentam a utilização de comunicações electrónicas e do comércio electrónico no espaço comum europeu.

Foi ouvida a Autoridade Nacional de Segurança.

 

Assim:

 

Nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único.- Alteração ao Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 62/2003, de 3 de Abril

O artigo 29.º do Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 62/2003, de 3 de Abril, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 29.º

[…]

1 – …

a) …

b) Nome e assinatura electrónica avançada da entidade certificadora, bem como indicação

do país onde se encontra estabelecida;

c) …

e) …

f) …

g) …

h) …

i) …

j) …

2 – …»

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Maio de 2004.

José Manuel Durão Barroso

Maria Manuela Dias Ferreira Leite

Maria Teresa Pinto Basto Gouveia

Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona

Nuno Albuquerque Morais Sarmento

José Luís Fazenda Arnaut Duarte

Maria da Graça Martins da Silva Carvalho.

Promulgado em 22 de Junho de 2004.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 24 de Junho de 2004.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

01Ene/14

Decreto Supremo nº 003-2009/EF de 12 de enero de 2009, Reglamento del Decreto Legislativo nº 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas

TÍTULO I.- GENERALIDADES

 

 

Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento tiene como objeto regular las medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas instituidas mediante el Decreto Legislativo Nº 1092.

 

Artículo 2.- Definiciones

Para los fines del presente Reglamento, se define como:

a) INDECOPI: Al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

b) Ley: El Decreto Legislativo Nº 1092.

c) Suspensión del Levante: La acción de la Administración Aduanera mediante la cual se dispone que las mercancías a las que se refiere la Ley destinadas a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado o tránsito aduanero, a las que no se les ha otorgado el levante, permanezcan en zona primaria o en zona que autorice la autoridad aduanera.

 

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación

El presente Reglamento es aplicable a las mercancías a las que se refiere la Ley, que han sido destinadas a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado o tránsito aduanero.

 

Artículo 4.- Pequeñas partidas

4.1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley se entiende por pequeñas partidas a las mercancías que por su valor no tienen fines comerciales o si los tuviere no son significativos a la economía del país.

4.2. Para la aplicación de este Reglamento, no son significativas a la economía del país, las mercancías cuyo valor FOB declarado no supere los US$ 200.00 (Doscientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

 

TÍTULO II.- DEL REGISTRO

 

 

Artículo 5.- Del Registro ante la Administración Aduanera

5.1. A fin de comprobar la titularidad del derecho y a efectos de aplicar la suspensión del levante, los titulares del derecho o sus representantes legales o apoderados procederán a inscribirse en el registro que, para el efecto, implemente la Administración Aduanera.

5.2. La Administración Aduanera solicitará opinión previa al INDECOPI a efectos de registrar al titular del derecho.

5.3. El registro deberá ser renovado por el titular del derecho anualmente dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario. La falta de renovación determinará la caducidad de pleno derecho del registro.

5.4. Será responsabilidad del titular del derecho proporcionar la información relativa a los derechos de autor, derechos conexos o derechos de marcas que pretende proteger y que razonablemente disponga. La actualización de esta información por parte del titular del derecho se efectuará conforme a lo que establezca la Administración Aduanera.

5.5. Asimismo, la Autoridad Aduanera podrá solicitar al titular del derecho registrado toda información adicional que le pueda ser útil para ejercer la suspensión del levante conforme con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 6.- De los Registros de INDECOPI

El INDECOPI proveerá a la Administración Aduanera acceso a los registros relativos a derechos de marcas, derechos de autor y derechos conexos que tengan implementados.

 

TÍTULO III.- PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DE PARTE

 

 

Artículo 7.- Oportunidad de Presentación de la Solicitud

El titular del derecho o su representante legal o apoderado presentará ante la Administración Aduanera la solicitud de suspensión del levante, de acuerdo al régimen aduanero que corresponda, conforme a lo siguiente:

a) La importación para el consumo: a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el levante.

b) La reimportación en el mismo estado: a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el levante.

c) La admisión temporal para reexportación en el mismo estado: a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el levante.

d) La exportación definitiva: a partir de la numeración de la declaración provisional hasta antes de autorizarse el embarque.

e) La exportación temporal para reimportación en el mismo estado: a partir de la numeración de la declaración provisional hasta antes de autorizarse el embarque.

f) El tránsito aduanero hacia el exterior: a partir de la numeración de la declaración en la aduana de origen hasta antes de la autorización de salida de la mercancía del país.

g) El tránsito aduanero interno: a partir de la numeración de la declaración en la aduana de origen hasta antes de la conclusión del régimen.

 

Artículo 8.- De las Garantías

8.1. La Administración Aduanera verificará la constitución de una fianza o garantía equivalente otorgada por una entidad financiera o de una caución juratoria; a favor del dueño, consignatario o consignante.

8.2. La fianza o garantía equivalente deberá otorgarse por Escritura Pública o, de ser el caso, por medio de una entidad financiera debidamente constituida en el país, debiendo ser solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización inmediata y sin beneficio de excusión.

8.3. La fianza, garantía equivalente o caución juratoria deberá tener un plazo de vigencia no menor a treinta (30) días calendario y deberá mantener su vigencia mientras dure la suspensión del levante, el procedimiento administrativo o proceso judicial, según corresponda de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.

8.4. La fianza, garantía equivalente o caución juratoria deberá constituirse por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía sobre la cual se solicita la suspensión. En el caso de mercancía perecible, la fianza, garantía equivalente o caución juratoria se constituirá por el cien por ciento (100%) del valor FOB de la misma.

8.5. En caso la autoridad competente determinase que la mercancía suspendida no es pirata, falsificada o confusamente similar; o el solicitante no hubiese cumplido con acreditar la interposición de la acción por infracción o denuncia correspondiente, la autoridad aduanera entregará el documento que contiene la fianza o garantía equivalente al beneficiario de la misma para su ejecución.

 

Artículo 9.- De la Presentación o Transmisión de la Fianza, Garantía Equivalente o Caución Juratoria

La SUNAT dictará las disposiciones para la presentación o transmisión de la fianza, garantía equivalente o caución juratoria, así como para su notificación y/o entrega al dueño, consignatario, consignante o declarante según corresponda.

 

Artículo 10.- De la Caución Juratoria

10.1. El solicitante presentará a la Administración Aduanera la caución juratoria, quien la entregará al importador, consignatario o consignante a través de su agente de aduana. En el caso del régimen de tránsito aduanero la Administración Aduanera entregará la caución juratoria al declarante.

10.2. Sólo se aceptará caución juratoria a entidades del sector público así como a las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional – ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales – ONGD-PERU, e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional – IPREDAS inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.

 

Artículo 11.- De la Ejecución de la Fianza

A efectos de lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley, la determinación que las mercancías objeto de suspensión no constituyen una infracción a los de Derechos de Autor o Derechos Conexos o Derechos de Marcas se entenderá cumplida con la resolución o sentencia emitida por la Autoridad Competente que quede firme o que haya causado estado o ejecutoria, según sea el caso.

 

Artículo 12.- De la Inspección

La Autoridad Competente efectuará la inspección de la mercancía objeto de suspensión en presencia del representante del almacén aduanero.

 

Artículo 13.- De la Medida Cautelar Dictada por la Autoridad Competente

A efectos de lo dispuesto en los artículos 8.4 y 10.4 de la Ley, se entenderá que una medida cautelar está destinada a la retención de la mercancía, cuando se disponga, alternativamente, su inmovilización o incautación.

 

Artículo 14.- Del Levantamiento de la Medida

La Administración Aduanera procederá a dejar sin efecto la suspensión del levante cuando:

a) El solicitante no haya comunicado la interposición de la acción por infracción o la denuncia respectiva, trascurrido el plazo establecido en el artículo 8.3 de la Ley.

b) El INDECOPI o el Poder Judicial no hayan comunicado a la SUNAT que se ha dictado una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, trascurrido el plazo señalado en el artículo 8.3 y la prórroga establecida en el artículo 8.4 de la Ley.

 

Artículo 15.- De la Disposición de la Mercancía.

La Administración Aduanera pondrá la mercancía a disposición de la Autoridad Competente, en caso que ésta dicte la medida cautelar destinada a la retención de la mercancía.

 

TÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO DE OFICIO

 

 

Artículo 16.- De la Suspensión del Levante de Oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, la suspensión del levante será notificada al titular del derecho, representante legal o apoderado, debidamente acreditado, conforme la información contenida en el Registro al que se refiere el artículo 5 del presente Reglamento.

 

Artículo 17.- De la acreditación de la interposición de acción por infracción o denuncia

Recibida la notificación el titular del derecho, representante legal o apoderado tendrá un plazo de tres (03) días hábiles para presentar a la autoridad aduanera copia del escrito por el cual interpuso la acción por infracción o denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Transcurrido este plazo sin que el titular del derecho, representante legal o apoderado presente la información solicitada, la autoridad aduanera levantará la suspensión del levante.

 

Artículo 18.- Del plazo máximo de suspensión

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de conformidad con el artículo 10.3 de la Ley, el plazo máximo dentro del cual la autoridad aduanera mantendrá suspendida la mercadería será de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación del acto administrativo al que se refiere el artículo 17 de este Reglamento, salvo los casos de prórroga dispuestos en el artículo 10.4 de la Ley.

 

Artículo 19.- De la Inspección, Levantamiento de la Medida y Disposición de la Mercadería

Para el procedimiento de oficio, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 del presente Reglamento.

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

 

Única.– La SUNAT aprobará los procedimientos, instructivos, circulares y otros documentos necesarios para la aplicación de lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Peru. Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 2005.

Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 2005. Publicado en el Diario Oficial «El Peruano» el D.S. Nº 077-2005-PCM.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TÍTULO I. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES

Artículo 1º.- Denominación y personería del INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI – es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.

Artículo 2º.- Funciones del INDECOPI

El INDECOPI rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Creación, Ley sobre Facultades, Normas y Organización y normas complementarias que establecen la competencia funcional de sus órganos resolutivos.

Son funciones generales del INDECOPI:

a) Aplicar las normas legales destinadas a proteger el mercado de las prácticas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia;

b) Sancionar las conductas y/o prácticas que constituyan actos de competencia desleal;

c) Supervisar el cumplimiento de las normas legales que tutelan los derechos de los consumidores;

d) Aplicar las normas que protegen los derechos de propiedad intelectual, en todas sus manifestaciones y administrar los registros de la propiedad intelectual;

e) Aplicar las normas que integran el sistema concursal;

f) Aprobar las normas técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre metrología legal;

g) Actuar como organismo nacional de acreditación,

h) Identificar y pronunciarse sobre la eliminación de restricciones y/o barreras técnicas al comercio;

i) Emitir pronunciamiento sobre actos y/o exigencias de la Administración Pública que constituyan barreras de acceso y/o de permanencia en el mercado, disponiendo su eliminación en los casos que corresponda; y

j) Aplicar las normas legales relacionadas con las prácticas de dumping, subvenciones y de salvaguardias, conforme a la legislación nacional e internacional sobre la materia.

TÍTULO II. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL

Artículo 3º.- Estructura orgánica del INDECOPI

Para el cumplimiento de sus fines, el INDECOPI cuenta con la siguiente estructura orgánica:

a) ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

* Directorio
* Consejo Consultivo
* Gerencia General
* Órgano de Desarrollo de Políticas

b) ÓRGANO DE CONTROL

* Órgano de Control Institucional

c) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL:

* Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

– Sala de Propiedad Intelectual

– Sala de Defensa de la Competencia

* Comisiones de Defensa de la Competencia

– Comisión de Libre Competencia

– Comisión de Protección al Consumidor

– Comisión de Represión de la Competencia Desleal

– Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

– Comisión de Procedimientos Concursales

– Comisión de Acceso al Mercado

– Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales

* Jefes de Oficinas de la Propiedad Intelectual

– Jefe de la Oficina de Signos Distintivos

– Jefe de la Oficina de Derechos de Autor

– Jefe de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

d) ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA:

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

* Gerencia Legal

ÓRGANOS DE APOYO

* Gerencia de Administración y Finanzas

* Gerencia de Estudios Económicos

ÓRGANOS DE LÍNEA

* Servicio Nacional de Metrología

* Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados

TÍTULO III. DE LA ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO I. DEL DIRECTORIO

Artículo 4º.- Directorio

El Directorio es el órgano de máxima jerarquía institucional. Tiene a su cargo la dirección y la supervisión de las actividades del Instituto. Aprueba las políticas institucionales y designa o propone, en su caso, a los funcionarios que integran los órganos resolutivos de la institución. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la Institución.

El Directorio del INDECOPI está integrado por tres miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales lo preside y por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, los que serán designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Artículo 5º.- Funciones del Directorio

Son funciones generales del Directorio:

a) Aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, imagen, comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INDECOPI.

b) Proponer al Poder Ejecutivo la designación de vocales del Tribunal del INDECOPI.

c) Designar a los miembros de las Comisiones y a los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual, así como removerlos;

d) Designar y remover al Gerente General del INDECOPI;

e) Designar y remover a los Secretarios Técnicos.

f) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Institucionales en las distintas regiones del país, así como disponer su desactivación.

g) Aprobar los proyectos del Reglamento de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal del INDECOPI y proponer dichos documentos de gestión conforme a Ley.

h) Expedir directivas que normen el funcionamiento administrativo del INDECOPI.

i) Las demás que le sean asignadas por normas sectoriales y reglamentarias.

Artículo 6º.- Representación del INDECOPI

El Presidente del Directorio ejerce la representación oficial del Instituto y en tal calidad es el único autorizado para efectuar declaraciones públicas sobre cualquiera de las materias de competencia de los órganos de la Institución, salvo delegación expresa. El cargo de Presidente de Directorio es remunerado.

Artículo 7º.- Funciones del Presidente del Directorio

Son funciones y/o atribuciones del Presidente del Directorio:

a) Dirigir y supervisar la marcha institucional, ejerciendo las funciones generales como Titular de Pliego presupuestario.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Consultivo y del Directorio.

c) Ejercer la representación del INDECOPI en foros nacionales e internacionales.

d) Delegar la representación del INDECOPI en actos públicos y privados.

e) Proponer a las autoridades pertinentes del Gobierno la adopción de las medidas que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos amparados en las leyes que regulan las competencias de los órganos de la institución.

f) Celebrar actos, convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

g) Autorizar los viajes al exterior del personal de la Institución, con sujeción a las normas vigentes sobre la materia.

h) Otras que le encomiende el Directorio o que se deriven de normas sectoriales o presupuestarias.

Artículo 8º.- Periodo de designación

La Presidencia del Directorio se ejerce por un período de cinco (5) años. Transcurrido dicho período, el cesante permanecerá en el ejercicio del cargo hasta que sea designado el nuevo Presidente.

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será reemplazado por el miembro del Directorio que representa a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Transcurrido un período de tres (3) meses desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente del Directorio, su mandato caducará automáticamente, debiendo el Presidente de la República designar al nuevo Presidente Institucional conforme a la Ley que regula los nombramientos de funcionarios públicos.

Artículo 9º.- Remoción del Presidente de Directorio

El Presidente del Directorio sólo puede ser removido de su cargo por la comisión de falta grave, según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al sector público.

Artículo 10º.- Causales de vacancia del cargo

El cargo de miembro del Directorio vaca por:

a) Aceptación de renuncia formalizada a través de la resolución correspondiente.

b) Conclusión del periodo de designación o remoción dispuesta conforme a lo establecido en el artículo 8º del presente Reglamento.

c) Muerte o incapacidad permanente que le impida ejercer el cargo.

CAPÍTULO II. DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 11º.- Órgano de consulta del INDECOPI

El Consejo Consultivo del INDECOPI es el órgano de consulta de la institución. Emite opinión, a solicitud del Presidente del Directorio, en los asuntos que se ponga a su consideración.

Artículo 12º.- Conformación del Consejo Consultivo

Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el Directorio del INDECOPI, en un número no menor a seis y no mayor a doce miembros. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia, que representan distintos sectores de la actividad pública y privada que guardan relación con el rol y funciones de la Institución y que reflejan pluralidad de perspectivas. El cargo de miembro del Consejo Consultivo no es remunerado.

Son funciones del Consejo Consultivo:

a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del INDECOPI someta a su consideración;

b) Recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado para la adopción de medidas destinadas a proteger los derechos a que se refiere el Artículo 2º;

c) Asesorar al Presidente del INDECOPI en las gestiones que lleve a cabo ante los organismos de cooperación técnica internacional, coordinando las acciones que realice con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores;

d) Proponer la adopción de políticas orientadas a la consecución de los fines del INDECOPI;

e) Emitir opinión, a solicitud del Directorio, en la designación de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, los miembros de las Comisiones y los Jefes de Oficina.

f) Otras que se le encomiende.

Artículo 13º.- Convocatoria del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo se reúne a convocatoria del Presidente del Directorio del INDECOPI.

CAPÍTULO III. DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 14º.- Gerencia General

La Gerencia General es el órgano de mayor nivel jerárquico ejecutivo y administrativo de la Institución. Depende jerárquica y funcionalmente del Directorio. El personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual, dependen jerárquicamente de la Gerencia General en lo concerniente a los asuntos de Administración.

Son funciones generales de la Gerencia General, las siguientes:

a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de las diferentes dependencias administrativas del INDECOPI

b) Prestar el apoyo que requieran las áreas de la Institución para el logro de sus fines

c) Ejercer la representación legal del INDECOPI, siendo posible que la delegue a otros funcionarios de la Institución.

d) Administrar los recursos económicos y presupuestales

e) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución, dentro del ámbito de su competencia.

f) Ejercer las atribuciones que confieren las normas de índole presupuestaria al máximo nivel jerárquico de rango administrativo; y

g) Las demás que le sean asignadas por el Directorio o por las normas legales o reglamentarias.

Artículo 15º.- Áreas dependientes de la Gerencia General

Las Áreas son: Área de Servicios de Atención al Ciudadano; el Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales; el Área de Imagen y Comunicaciones y el Área de Fomento de la Competencia e Innovación.

– El Área de Servicios de Atención al Ciudadano es la encargada de canalizar los servicios de las áreas funcionales y administrativas, brindar información de los procedimientos y requisitos de todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de consumo, a través de conciliaciones, por delegación de funciones de la Comisión de Protección al Consumidor.

– El Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales tiene a su cargo gestionar la obtención de cooperación técnica proveniente de organismos nacionales y extranjeros, necesaria para el buen funcionamiento de las áreas institucionales.
– El Área de Imagen y Comunicaciones se encarga de planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las acciones relativas a la imagen institucional, difusión, comunicaciones y actividades institucionales.

– El Área de Fomento de la Competencia e Innovación tiene a su cargo el procesamiento y sistematización de la información que se produce en las diversas áreas de la institución a fin de generar productos y programas, con valor agregado, que se conviertan en herramientas de utilidad para las empresas e inversionistas, promoviendo la innovación y el desarrollo competitivo.

Las funciones específicas de las Áreas de la Gerencia General se establecen en el respectivo Manual de Organización y Funciones del INDECOPI, que aprueba el Directorio de la Institución.

CAPÍTULO IV. DEL ÓRGANO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS

Artículo 16º.- Órgano de Desarrollo de Políticas

El Órgano de Desarrollo de Políticas es el encargado de generar propuestas de políticas y posiciones institucionales relacionadas a la propiedad intelectual y a la defensa de la competencia.

Son funciones generales del Órgano de Desarrollo de Políticas:

a) Formular documentos de política institucional relacionados con aspectos contenidos en acuerdos y/o foros internacionales en temas de competencia institucional.

b) Plantear al Directorio del INDECOPI la aprobación de políticas institucionales en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual y de la defensa de la competencia.

c) Coordinar con los distintos órganos resolutivos la información necesaria para la formulación de posiciones institucionales en foros nacionales o internacionales vinculados a los temas de competencia institucional

d) Desarrollar lineamientos de política relacionados con las actividades de representación institucional en foros internacionales.

e) Otras que le asigne la Alta Dirección

TÍTULO IV. DEL ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 17º.- Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional del INDECOPI es el encargado de conducir, programar, evaluar y ejecutar las acciones de control, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.

El Órgano de Control Institucional está a cargo de un Jefe, que es designado por la Contraloría General de la República, manteniendo vinculación y dependencia funcional y administrativa con dicha entidad, en su condición de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control.

Artículo 18º.- Funciones del Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene las funciones y atribuciones establecidas en las normas, disposiciones, lineamientos y directivas que rigen el Sistema Nacional de Control, siendo éstas las siguientes:

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Institución, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, a que se refiere el artículo 7° de la Ley del Sistema Nacional de Control y el control externo a que se refiere el artículo 8° de la ley acotada, por encargo de la Contraloría General.

b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. Alternativamente, estas auditorias pueden ser efectuadas por Sociedades de Auditoria Externa, con sujeción al reglamento sobre la materia.

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Institución, que disponga la Contraloría General, así como, las que sean requeridas por el titular del INDECOPI. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será comunicada a la Contraloría General por el Jefe del Órgano de Control Institucional. Se consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones.

d) Efectuar control preventivo, sin carácter vinculante, al órgano del más alto nivel del INDECOPI, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior.

e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así como al Titular de la Institución y del Sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Institución se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Institución, otorgándoles el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.

h) Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Institución como resultados de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control.

j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Institución. Asimismo, el Jefe del Órgano de Control Institucional y personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad.

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a la Institución, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.

l) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente por la Entidad.

m) Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General.

n) Ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 15° de la Ley del Sistema Nacional de Control.

o) Otras que establezca la Contraloría General.

TÍTULO V. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

CAPÍTULO I. DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19º.- Tribunal del INDECOPI

El Tribunal constituye la segunda y última instancia administrativa en las materias de competencia de las Comisiones y Oficinas del INDECOPI.

Artículo 20º.- Conformación del Tribunal

El Tribunal está integrado por dos salas permanentes. La Sala de Defensa de la Competencia conformada por seis (6) vocales y la Sala de Propiedad Intelectual integrada por cuatro (4) vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala cuenta con el apoyo de un (1) Secretario Técnico. En caso de ausencia, o impedimento de algún vocal de una Sala, cualquier vocal integrante de la otra Sala puede reemplazarlo para completar el quórum reglamentario. Cada Sala está facultada para nombrar a su Presidente y Vicepresidente.

Artículo 21º.- Ejercicio del cargo de vocal

El cargo de vocal del Tribunal puede ser ejercido a tiempo completo o a tiempo parcial. En este último caso, el cargo puede ser desempeñado por funcionarios públicos que desempeñen otros cargos remunerados por el Estado, resultando de aplicación las restricciones correspondientes en materia de percepción de dietas. La periodicidad y monto de las dietas correspondientes al cargo de vocal del INDECOPI es fijada por el Directorio. La designación de los vocales del Tribunal es por tiempo indefinido.

Artículo 22º.- Funciones del Tribunal

Son funciones del Tribunal las siguientes:

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como de los derechos de la propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el Artículo 2º del presente Reglamento;

b) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones a que se refiere el inciso anterior;

c) Recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante las autoridades pertinentes del Gobierno para la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar el ejercicio de las funciones a que se refiere el Artículo 2º del presente Reglamento;

d) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones en caso de ser necesario;

e) Conocer y resolver las contiendas de competencia que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los diversos órganos resolutivos del INDECOPI.

f) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI; y

g) Dictar directivas para la determinación de competencias entre los distintos órganos de la estructura orgánico resolutiva.

Artículo 23º.- Requisitos del cargo de vocal

Son requisitos para ser designado vocal del Tribunal:

a) Contar con título profesional con valor oficial;

b) Contar con no menos de cinco años de experiencia en algunas de las materias de competencia del Tribunal, considerándose para el efecto los años de ejercicio profesional, la cátedra universitaria, las publicaciones realizadas, los grados académicos obtenidos, y los trabajos desempeñados en cargos afines;

c) Tener plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles, conforme a lo establecido en el Código Civil;

d) Tener reconocida solvencia moral.

Artículo 24º.- Licencias

Las licencias de los vocales del Tribunal serán concedidas por el Directorio.

Artículo 25º.- Vacancia del cargo

El cargo de vocal del Tribunal vaca por:

a) Aceptación de la renuncia por Resolución Suprema refrendada por el Ministro del Sector;

b) Remoción, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 8 del presente Reglamento y el artículo 15º de la Ley;

c) Sobrevenir alguna de las incompatibilidades establecidas en la normatividad aplicable al sector público;

d) Muerte o incapacidad permanente para ejercer el cargo.

Producida la vacancia, se designará al vocal reemplazante con las formalidades establecidas en la Ley.

En caso de conflicto de interés, será de aplicación a los vocales lo establecido en el Artículo 40º del presente Reglamento.

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE ELTRIBUNAL

Artículo 26º.- Normas aplicables

Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos resolutivos del INDECOPI, la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y el presente Reglamento. En todo caso, los miembros del Tribunal están obligados a observar las normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que resulte aplicable.

Artículo 27º.- Regla de quórum

El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros para la Sala de Defensa de la Competencia y de tres (3) vocales para la Sala de Propiedad Intelectual. Sus acuerdos y resoluciones se aprueban por mayoría de votos de los vocales concurrentes. El Presidente de la Sala tiene voto dirimente.

Las decisiones deberán constar en acta así como los votos singulares. De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopte la Sala respectiva.

Las resoluciones son suscritas únicamente por el Presidente de la Sala.

Artículo 28º.- Competencia funcional de Salas del Tribunal

Las Salas que integran el Tribunal del INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente en los siguientes casos:

a) Apelación de las resoluciones expedidas por las Comisiones u Oficinas del INDECOPI;

b) Quejas por defectos de tramitación promovidas contra funcionarios de las Comisiones u Oficinas;

c) Contiendas de competencia que se susciten entre Comisiones u Oficinas o entre Comisiones y Oficinas, que se sometan a su consideración;

d) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan.

Artículo 29º.- Enmienda y aclaración de resoluciones

El Tribunal solamente podrá enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de oficio o a pedido de parte.

Asimismo, procederá la ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos. El pedido deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la ampliación dentro de los diez (10) días siguientes de formulado el pedido.

Artículo 30º- Conflicto de competencia

Producido un conflicto de competencia negativo o positivo, entre las Comisiones u Oficinas del INDECOPI, la Sala correspondiente deberá resolver en un plazo no mayor de diez (10) días siguientes de recibidos los actuados.

En estos casos y una vez asignada la competencia, el plazo para emitir resolución definitiva en primera instancia correrá a partir de la fecha de la devolución de los actuados con la Resolución expedida por el Tribunal.

En caso que un determinado asunto deba ser visto por dos (2) Comisiones u Oficinas, el Tribunal dispondrá la expedición de las copias correspondientes y precisará los puntos sobre los cuales deba pronunciarse una y otra. En tal circunstancia, los plazos para resolver en primera instancia correrán en forma paralela, a partir de la fecha de notificación de la Resolución del Tribunal.

Artículo 31º.- Informes previos

Cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del previo pronunciamiento de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.

Artículo 32º.- Trámite del recurso de apelación

Cuando corresponda, una vez admitido el recurso de apelación, el Tribunal correrá traslado a la otra parte para que ésta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la admisión del recurso, salvo plazos distintos previstos en las normas que regulan la materia de controversia.

Artículo 33º.- Sanciones y medidas correctivas

El Tribunal podrá imponer las sanciones y medidas correctivas, así como las medidas provisionales requeridas para evitar un daño grave o irreparable, siempre que dichas medidas estén contempladas en las normas legales que regulan la materia objeto del proceso.

Artículo 34º.- Dictámenes previos

Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para la apelación, el Tribunal podrá solicitar a las Comisiones, Oficinas y otros organismos públicos y privados, los informes, dictámenes y, en general, todos aquellos elementos de juicio para la mejor resolución del caso.

Igualmente, podrá celebrar audiencias públicas, para interrogar a las partes, escuchar sus alegatos y oír las opiniones de terceros con legítimo interés que así lo soliciten o que el propio Tribunal hubiere convocado.

Artículo 35º.- Ejecutividad de resoluciones

Las resoluciones que emite el Tribunal tienen fuerza obligatoria a partir del día siguiente de su notificación.

Artículo 36º.- Agotamiento de la vía administrativa

Las resoluciones que expide el Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial, conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo.

CAPÍTULO II. DE LAS COMISIONES

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37º.- Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones son órganos colegiados encargados de resolver, en primera instancia administrativa, los asuntos concernientes a las leyes del ámbito de su competencia.

Para el ejercicio de su función resolutiva gozan de autonomía técnica y funcional.

Artículo 38º.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI

Son atribuciones de las Comisiones:

a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procesos de su competencia;

b) Conocer y resolver, en los casos que proceda, los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;

c) Disponer la adopción de medidas cautelares, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

d) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;

e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente;

f) Requerir a las entidades del Sector Público, a través del Presidente del INDECOPI, los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo éstas brindar dicha información bajo responsabilidad;

g) Disponer la presentación de la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;

h) Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su conocimiento, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

i) Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;

j) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;

k) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

l) Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia y/o que regulen la actuación administrativa de las entidades de Derecho Público.

Artículo 39º.- Conformación de las Comisiones

Las Comisiones están integradas por seis (6) miembros, uno de los cuales lo preside.

El Vicepresidente reemplaza al Presidente en los casos de ausencia o impedimento temporal. Transcurrido el período de un mes sin justificación desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente de la Comisión, dicho cargo caducará automáticamente. En este caso la Comisión procederá a elegir al nuevo Presidente.

En casos de inhibición y/o abstención de miembros, que afecten el quórum reglamentario, el número legal de miembros puede completarse con miembros originarios de otras Comisiones del INDECOPI, debiendo ser designados por el Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal.

Para sesionar válidamente las Comisiones requieren la presencia de cuatro (4) miembros. Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos. Su presidente tiene voto dirimente.

Las decisiones deberán constar en acta así como los votos singulares. De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopta la Comisión respectiva.

Las resoluciones que emiten las Comisiones son suscritas únicamente por su Presidente.

El régimen de dietas de los miembros de las Comisiones del INDECOPI es determinado por el Directorio de la Institución.

Artículo 40º.- Reglas aplicables a conflictos de interés

En caso que un miembro de Comisión tuviera conflicto de interés en algún procedimiento sometido a conocimiento de su Comisión, deberá informar de tal hecho a los demás miembros y excusarse de participar en la deliberación y resolución de tal caso.

Asimismo, los miembros de las Comisiones están impedidos de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante su Comisión u otro órgano resolutivo del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata conforme al inciso b) del artículo 25º del presente Reglamento.

Artículo 41º.- Sede de las Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones tienen su sede en la ciudad de Lima, salvo el caso de las Comisiones que operan en las Oficinas Descentralizadas y/o Desconcentradas que tienen su sede en la ciudad en la que ejercen las funciones delegadas. Las comisiones, sesionarán periódicamente a convocatoria de su Presidente.

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES A TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS COMISIONES

Artículo 42º.- Normas aplicables por Comisiones del INDECOPI

Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las Comisiones las disposiciones procesales contenidas en los artículos 29º, 34º y 35º del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

SECCIÓN III. DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA

Artículo 43º.- Comisión de Libre Competencia

La Comisión de la Libre Competencia es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con el abuso de posición de dominio en el mercado, o con actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 44º.- Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por las prácticas de dumping y/o subsidios, conforme a lo dispuesto en la legislación internacional y nacional sobre la materia. Actúa también como órgano técnico, de investigación, en materia de imposición de salvaguardias a la importación de productos, dentro del marco legal dispuesto por la Organización Mundial del Comercio.

Artículo 45º.- Comisión de Protección al Consumidor

La Comisión de Protección al Consumidor tiene competencia exclusiva para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la protección del derecho de los consumidores de contar con la adecuada información sobre los productos y servicios, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.

Artículo 46º.- Comisión de Represión de la Competencia Desleal

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para conocer sobre los asuntos relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe comercial y el normal desarrollo de las actividades económicas, siempre que dichas conductas no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de la especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de la Oficinas del INDECOPI, conforme lo dispone el presente Reglamento. Asimismo, es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la publicidad comercial de bienes y servicios, en defensa del consumidor, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.

Artículo 47º.- Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la imposición de restricciones paraarancelarias, Así mismo, es competente para aprobar las normas técnicas de carácter voluntario y de metrología nacional. Adicionalmente, es competente para conocer los asuntos relacionados con el registro y supervisión de las entidades autorizadas para ejercer funciones de evaluación de la conformidad, así como de entidades de certificación y entidades de registro o verificación que brindan servicios de certificación digital.

Artículo 48º.- Comisión de Acceso al Mercado

La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la imposición de barreras burocráticas que impidan u obstaculicen el acceso de los agentes económicos al mercado, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre simplificación administrativa.

Artículo 49º.- Comisión de Procedimientos Concursales

La Comisión de Procedimientos Concursales es competente para conocer y resolver todos los asuntos concernientes a los procedimientos previstos en la legislación concursal.

Artículo 50º.- Limitación de competencia funcional

Las Comisiones sólo podrán expedir normas de carácter general cuando las leyes que regulan las materias de su competencia las faculten expresamente para ello.

CAPÍTULO III. DE LOS JEFES DE OFICINAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51º.- De los Jefes de Oficina de la Propiedad Intelectual

Los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual sirven de enlace con la estructura orgánica administrativa del INDECOPI y están a cargo de las Oficinas de Propiedad Intelectual, encargadas de resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia, conforme a las atribuciones que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 52º.- Atribuciones de los Jefes de Oficina de la Propiedad Intelectual

Son atribuciones de los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual:

a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia;

b) Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;

c) Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derechos, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad, conforme a los Reglamentos pertinentes de cada Registro;

d) Declarar el abandono de las solicitudes de registro, conforme a lo que disponen las normas pertinentes;

e) Autenticar o certificar las transcripciones de los documentos que emitan;

f) Disponer la adopción de medidas cautelares, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

g) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;

h) Inhibirse de conocer sobre los asuntos que escapen del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente;

i) Requerir a las entidades del Sector Público, a través del Presidente del INDECOPI, los datos e informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones, debiendo éstas brindar dicha información, bajo responsabilidad;

j) Disponer la presentación de la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en lo asuntos sometidos a su consideración;

k) Actuar como instancia de conciliación en los asuntos sometidos a su consideración, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

l) Calificar como reservados determinados documentos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;

m) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;

n) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

o) Otras requeridas para su cabal funcionamiento.

Artículo 53º.- Designación de Jefes de Oficina de la Propiedad Intelectual

Los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual son designados por el Directorio.

La Jefatura se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva.

En caso de ausencia o impedimento temporal, es reemplazado por el funcionario que acuerde el Directorio.

Artículo 54º.- Prohibiciones aplicables

Los Jefes de las Oficinas de Propiedad Intelectual están impedidos de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante su Oficina o ante cualquier otro órgano resolutivo del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata por el Directorio.

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES EN LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ANTE OFICINAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 55º.- Normas aplicables en Oficinas de Propiedad Intelectual

Los procedimientos que se siguen ante las Oficinas de la Propiedad Intelectual se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las Oficinas de protección de la Propiedad Intelectual las disposiciones procesales contenidas en los artículos 29º, 34º y 35º del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

SECCIÓN III. DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA

Artículo 56º.- Oficina de Signos Distintivos

La Oficina de Signos Distintivos es el órgano competente para conocer y resolver todos los asuntos relacionados con el otorgamiento, cancelación, anulación y tutela de los registros de marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen.

Tutela los referidos derechos de la propiedad industrial vía acciones de fiscalización, de oficio o a pedido de parte.

Artículo 57º.- Oficina de Derechos de Autor

La Oficina de Derecho de Autor es competente para supervisar y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de derechos de autor y derechos conexos, en todas sus manifestaciones. Realiza acciones de fiscalización de oficio, o a pedido de parte.

La Oficina de Derechos de Autor autoriza y supervisa el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, que representan a los autores o titulares de los derechos de autor o derechos conexos.

Artículo 58º.- Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías es el órgano competente para administrar el registro y otorgar patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, conocimientos colectivos de pueblos indígenas, circuitos integrados, certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales y otras nuevas tecnologías. Protege los referidos derechos actuando de oficio o a pedido de parte.

Tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

CAPÍTULO IV. DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS Y OFICINAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 59º.- Órganos de enlace

Las Secretarías Técnicas son los órganos técnicos de investigación y apoyo a la gestión de las Comisiones y de las Salas del Tribunal. Constituyen los órganos de enlace con la Estructura Orgánico Administrativa del INDECOPI.

Cada Comisión y cada Sala del Tribunal del INDECOPI cuenta con una Secretaría Técnica, la misma que está a cargo de un Secretario Técnico quien desempeña el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Son aplicables a las Comisiones y Salas las disposiciones del Artículos 31º del presente Reglamento.

Las Oficinas de Protección de la Propiedad Intelectual gozan de autonomía técnica, funcional y administrativa en los procedimientos de su competencia.

Artículo 60º.- Conformación de las Secretarías Técnicas y Oficinas

Las Secretarías Técnicas y las Oficinas de la Propiedad Intelectual están integradas por personal profesional y técnico especializado en los temas de su competencia.

Cada Oficina de Protección de la Propiedad Intelectual está a cargo de un Jefe y un Subjefe, quienes desempeñan su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva, siéndoles aplicables las disposiciones del Artículo 40º del presente Reglamento, el mismo que también rige para los Secretarios Técnicos.

Artículo 61º.- Funciones de Secretarías Técnicas y Oficinas de la Propiedad Intelectual

Las Secretarías Técnicas y las Oficinas de Protección de la Propiedad Intelectual, además de las funciones señaladas en su Ley de Creación y en la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, se encargan de:

a) Realizar los estudios y trabajos técnicos o administrativos que requiera la Comisión o Jefatura correspondiente, para el cumplimiento de sus funciones;

b) Tramitar los asuntos que se sometan a conocimiento de la Comisión o Jefatura de Oficina, conforme a lo que establecen las normas legales que regulan las materias de su competencia;

c) Realizar las investigaciones, inspecciones y verificaciones requeridas para que la Comisión o Jefatura de Oficina cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar acuerdos y/o emitir las resoluciones correspondientes, conforme a las facultades que les otorgan las normas legales que regulan su respectivo funcionamiento;

d) Proponer a la Comisión o Jefatura de Oficina correspondiente la adopción de medidas provisionales o cautelares, así como la aplicación de sanciones, conforme a lo que disponen las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;

e) Informar y absolver las consultas de carácter técnico que le formulen los distintos órganos del INDECOPI;

f) Servir de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI

g) Realizar otras funciones que se le encomienden

Es de aplicación a los Secretarios Técnicos lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento.

Artículo 62º.- Organización interna

La organización y funciones específicas de las áreas que conforman las Oficinas de Protección de la Propiedad Intelectual a que se refieren los Artículos 56º, 57º y 58º del presente Reglamento, se establece en el respectivo Manual de Organización y Funciones del INDECOPI.

TÍTULO VI. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I. DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 63º.- Gerencia Legal

La Gerencia Legal es la encargada de prestar asesoría legal a todos los órganos que conforman la estructura orgánico administrativa y orgánico funcional del INDECOPI.

Sus funciones generales son las siguientes:

a) Asumir las acciones relativas a la defensa judicial de las resoluciones y actuaciones procesales de la institución, así como el patrocinio del personal, cuando es emplazado con ocasión del ejercicio de sus funciones.

b) Dirigir, coordinar y supervisar el patrocinio de los procesos judiciales o administrativos en los que es parte el INDECOPI.

c) Representar a la institución ante las distintas instancias judiciales, fiscales, policiales y administrativas, efectuando las gestiones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses institucionales.

d) Prestar la asesoría legal que requieran las distintas áreas institucionales para la debida ejecución de las actividades propias de su competencia.

e) Brindar la asesoría y consultoría que requieran los órganos encargados de llevar a cabo los procesos de selección conducentes a la contratación de servicios o adquisición de bienes e intervenir, a través de un representante, en los procesos de selección a que se refiere la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que lleva a cabo el INDECOPI, conforme a las normas reglamentarias vigentes.

f) Delegar la representación del INDECOPI ante autoridades administrativas y judiciales.

g) Coordinar las acciones relativas a las reformas normativas de competencia de la institución.

h) Otras que sean materia de encargo por la Alta Dirección del INDECOPI.

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 64º.- Órganos de Apoyo

Son órganos de apoyo del INDECOPI, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Estudios Económicos.

SECCIÓN I. DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo 65º.- Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas; tiene a su cargo brindar los recursos necesarios para el funcionamiento de los distintos órganos de la Institución.

Son funciones generales de la Gerencia de Administración y Finanzas:

a) Planear, organizar, dirigir y controlar los sistemas administrativos, financieros, de seguridad y de recursos humanos de la Institución.

b) Supervisar y/o ejecutar los procesos relacionados a los procesos de adquisición y/o baja de bienes, y contratación de servicios, teniendo a su cargo el control patrimonial de la Institución.

c) Cautelar el uso óptimo de los recursos financieros, materiales y de información que la institución tiene bajo su control para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente.

d) Asesorar a la Gerencia General sobre temas administrativos, financieros y presupuestales que requiera.

e) Orientar y asesorar en materia administrativa a los demás órganos de la institución, a fin de contribuir al logro de sus objetivos.

f) Encargarse de las actividades requeridas para la programación, formulación, aprobación, ejecución y control del proceso presupuestal de la institución.

g) Proponer la relación de tasas y tarifas por los procedimientos y servicios a cargo del INDECOPI

h) Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 66º.- Conformación de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas está conformada por la Subgerencia de Recursos Humanos y las Áreas de Informática y Sistemas; de Contabilidad y Presupuesto; de Tesorería; de Logística y Control Patrimonial; de Fiscalización y por el Área de Cobranza Coactiva.

Artículo 67º.- Subgerencia de Recursos Humanos

La Subgerencia de Recursos Humanos se encarga de planificar, dirigir y supervisar la gestión del personal del INDECOPI. Dirige, administra, coordina y controla el aprovisionamiento oportuno de los recursos humanos necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Institución y busca mantener un ambiente de trabajo idóneo para que todo el personal se identifique con los objetivos y metas institucionales.

Artículo 68º.- Áreas de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con las Áreas siguientes:

a) Área de Informática y Sistemas; Se encarga de la planificación, coordinación y control de las actividades de procesamiento de datos y de sistemas de registro de información de todas las áreas del INDECOPI.

b) Área de Contabilidad y Presupuesto; Tiene a su cargo la planificación y ejecución de las labores inherentes a los Sistemas de Presupuesto y Contabilidad, con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables.

c) Área de Tesorería; Se encarga de la planificación, coordinación y ejecución de las labores inherentes al Sistema de Tesorería con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables.

d) Área de Logística y Control Patrimonial; Se encarga de administrar y controlar el aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento de las dependencias del INDECOPI.

e) Área de Fiscalización; Tiene a su cargo las acciones de fiscalización que le encargan los órganos del INDECOPI, con la finalidad de apoyar en la función de ejecución de los pronunciamientos institucionales sujetos al ámbito del Derecho Público.

f) Área de Cobranza Coactiva; Se encarga de la tramitación de procedimientos de Ejecución Coactiva derivados de las resoluciones emitidas por los órganos funcionales del INDECOPI, con arreglo a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley nº 26979 y su Reglamento.

SECCIÓN II. DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Artículo 69º.- Gerencia de Estudios Económicos

La Gerencia de Estudios Económicos es la encargada de brindar apoyo técnico e información sectorial a los órganos resolutivos del INDECOPI, en los ámbitos que estos requieran. Tiene a su cargo la edición de publicaciones especializadas sobre temática de competencia institucional.

Son funciones de la Gerencia de Estudios Económicos las siguientes:

a) Realizar estudios económicos sobre temas de competencia del INDECOPI y emitir documentos de trabajo, de discusión, informes de análisis económico y estudios de mercado.

b) Elaborar reportes periódicos de los principales indicadores de mercado.

c) Expedir informes respecto a las características y/o situación de los sectores económicos y/o mercados, que sean requeridos por los órganos resolutivos de la institución.

d) Pronunciarse sobre proyectos de ley que guarden relación con los ámbitos de competencia de los distintos órganos de la institución, emitiendo el informe correspondiente.

e) Coordinar actividades relacionadas a proyectos de investigación y/o actividades a ejecutarse en el marco de convenios de cooperación o foros internacionales.

f) Coordinar la política de publicaciones de la Institución y promover la producción de reportes y boletines para los usuarios internos y externos de la Institución.

g) Otras que le asigne la Alta Dirección.

CAPÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

SECCIÓN I. DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA

Artículo 70º.- Servicio Nacional de Metrología

El Servicio Nacional de Metrología tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los patrones nacionales de las unidades de medida.

Son funciones generales del Servicio Nacional de Metrología:

a) Planear y dirigir la custodia y ampliación de la colección de patrones nacionales de las unidades legales de medida, encargándose de su conservación y mantenimiento.

b) Difundir el Sistema Legal de Unidades del Perú y absolver las consultas que formulen los organismos del sector público y privado.

c) Coordinar las afericiones y calibraciones de los instrumentos de medida y firmar los respectivos certificados, así como suscribir los certificados de conformidad de productos con respecto a normas de carácter metrológico (aprobación de modelo).

d) Coordinar los servicios de mediciones de instalaciones, productos, piezas o partes y firmar los respectivos informes o certificados

e) Prestar servicios de asesoría técnica en el campo de la metrología.

f) Promover el desarrollo de la metrología en el país.

g) Representar al país, en coordinación con la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, en eventos nacionales e internacionales que traten las materias de su competencia.

h) Establecer las políticas y objetivos de calidad de los servicios de calibración acordes con las políticas generales de la Institución.

i) Otras que le asignen las normas reglamentarias.

SECCIÓN II. DE LA OFICINA DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS

Artículo 71º.- Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados

La Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados tiene a su cargo el planeamiento, la organización, la dirección, administración y supervisión de los servicios que presta el INDECOPI en las distintas regiones del país.

Sus funciones generales son las siguientes:

a) Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Regionales y Comisiones Descentralizadas y/o Desconcentradas del INDECOPI.

b) Coadyuvar a las acciones relativas al fortalecimiento del Sistema Concursal, el Sistema de Protección al Consumidor, Sistema de Registro de Marcas y del Sistema de Apoyo al Consumidor, a nivel nacional.

c) Impulsar la ejecución de Programas de Difusión Institucional, a nivel nacional, tales como el Programa INDECOPI Educa, INDECOPI Empresa e INDECOPI Vecinal.

d) Proponer la creación, reubicación geográfica o desactivación de Oficinas regionales de la institución.

e) Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 72º.- Oficinas Regionales

La Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados está conformada por Oficinas Regionales del INDECOPI, las cuales tienen a su cargo la realización de las acciones conducentes a la prestación de los servicios institucionales en su respectiva zona de adscripción territorial.

Cada Oficina Regional constituye un órgano de naturaleza unitario; en tal sentido, está a cargo de un Jefe, quien cumple funciones administrativas y de representación Institucional.

TÍTULO VII. DEL RÉGIMEN LABORAL

Artículo 73º.- Régimen Laboral del INDECOPI

El personal del INDECOPI está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, rigiéndose por lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nº 728, normas complementarias, modificatorias y conexas, sin perjuicio de las normas aplicables vigentes o que se dicten en el ámbito de la función pública.

TÍTULO VIII. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 74º.- Recursos del INDECOPI

Constituyen recursos del INDECOPI los siguientes:

a) Los derechos de tramitación de procedimientos que se siguen ante las Comisiones u Oficinas

b) Los derechos de registro de la propiedad intelectual

c) Los montos que recaude por concepto de multas impuestas por sus distintos órganos

d) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional

e) Los legados y donaciones que reciba

f) Los montos que capte por los servicios que presta; y

g) Los montos que le transfiera el Tesoro Público, conforme a Ley

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Del Manual de Organización y Funciones

El Directorio del INDECOPI aprobará, en un plazo no mayor a 60 días contado a partir de la publicación del presente Reglamento, un nuevo Manual de Organización y Funciones que contendrá las funciones específicas correspondientes a las áreas que conforman la Estructura Orgánico Institucional, no previstas expresamente en el presente Reglamento.

SEGUNDA.- Medidas para descentralización de funciones

Facultase al Directorio del INDECOPI a adoptar las medidas administrativas que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Regionales ubicadas en el interior del país, sin generar mayores egresos a los aprobados en el respectivo presupuesto anual.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Délibération n° 2006-235 du 9 novembre 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre par les organismes de location de véhicules de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la ge

Délibération nº 2006-235 du 9 novembre 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre par les organismes de location de véhicules de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de personnes à risques (décision d'autorisation unique nº AU-11).

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention nº 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25-II ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu la délibération nº 2003-012 du 11 mars 2003 de la CNIL portant recommandation relative à la gestion de fichiers de personnes à risques par les loueurs de véhicules ;

Après avoir entendu M. Guy Rosier, vice-président, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

Les organismes de location de véhicules mettent en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour objet la prévention des risques liés à leur activité : lorsqu'ils sont victimes de préjudices correspondant à des faits dont la liste est préétablie, ils peuvent, à partir des données à caractère personnel des clients responsables, décider de ne plus leur louer de véhicules.

Saisie de plaintes par plusieurs personnes qui se voyaient refuser la location d'un véhicule, la commission, après avoir procédé à des contrôles auprès des principales sociétés concernées et de la branche loueurs du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), a adopté et publié la délibération susvisée du 11 mars 2003 portant recommandation sur la gestion des fichiers de personnes à risques par les loueurs de véhicules.

Depuis la modification intervenue en 2004 de la loi du 6 janvier 1978, il y a lieu de faire application du nouvel article 25 (4°) de la loi qui soumet à autorisation les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire. En conséquence, la commission constate que tout traitement de gestion de personnes à risques mis en oeuvre par les loueurs de véhicules – ou toute modification substantielle d'un tel traitement – est soumis à autorisation préalable.

Elle considère qu'en vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, une décision unique d'autorisation est susceptible d'être appliquée aux traitements de l'espèce répondant aux mêmes finalités et portant sur des catégories de données et de destinataires identiques.

Le responsable de chaque traitement se conformant à cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.

La commission décide que les responsables de traitement qui lui adressent une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à les mettre en oeuvre.

Article 1. Finalité et caractéristiques du traitement.

Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements mis en oeuvre par les entreprises de location de véhicules ayant pour finalité la gestion d'un fichier des personnes susceptibles de représenter un risque contractuel ayant pour conséquence le refus de location aux personnes concernées.

Article 2. Données à caractère personnel traitées.

Les seules données à caractère personnel pouvant être traitées dans les fichiers de gestion interne au titre de la présente décision unique d'autorisation sont :

a) La dénomination de l'entreprise et de l'agence ayant loué le véhicule ;

b) Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) du client et/ou du conducteur déclaré ;

c) La date et le lieu de naissance de la personne concernée ;

d) L'identifiant client ;

e) L'adresse du client ;

f) Le numéro de téléphone indiqué au contrat ;

g) Le numéro, la date, le lieu de délivrance du permis de conduire du client et/ou du conducteur déclaré ;

h) Le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le modèle du véhicule concerné ;

i) Le numéro, la date et l'heure du contrat de location du véhicule.

Seules ces données associées aux actes ou faits entrant dans l'une des catégories suivantes peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans les fichiers de gestion interne :

1. Incident de paiement ayant donné lieu à contentieux ;

2. Accidents ou dommages répétés imputables au conducteur ou à la personne inscrite au contrat ;

3. Accidents ou dommages causés volontairement ;

4. Utilisation d'un véhicule sans respecter les conditions générales du contrat de location.

Seuls les employés ayant compétence pour vérifier le caractère certain du préjudice subi, et qui sont individuellement désignés et spécifiquement formés à cet effet, peuvent procéder à une inscription dans le fichier des personnes à risques. Le responsable du traitement s'engage à disposer des moyens suffisants pour permettre les vérifications nécessaires.

Des zones bloc-notes peuvent être associées aux seuls actes et faits énumérés ci-dessus : les mentions inscrites dans ces zones ne doivent porter que sur des actes et des faits objectifs et ne peuvent, en aucun cas, faire apparaître, directement ou indirectement, des données relatives aux origines raciales, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, aux appartenances syndicales ou aux moeurs de la personne concernée par ces actes ou ces faits.

Dans les cas où le conducteur déclaré est un employé du client, ainsi que dans ceux où il y a pluralité de conducteurs déclarés, ne peuvent être associées aux actes et faits listés ci-dessus que les données afférentes à la seule personne concernée par les actes ou faits correspondants.

L'inscription dans ce fichier ne peut être effectuée qu'après constat d'actes et de faits objectifs ou sur la base de documents tendant à prouver la réalité du préjudice subi par les organismes de location de véhicules concernés.

Article 3. Destinataires des informations.

Seuls peuvent avoir communication des données précitées, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de la finalité visée à l'article 1er de la présente décision :

a) Les personnels individuellement désignés du service chargé des relations clientèle ;

b) Les responsables d'agences de location ;

c) Les personnes individuellement désignées du service en charge de la gestion du contentieux.

Les agents de comptoir en contact avec la clientèle n'ont pas directement accès aux motifs ayant justifié l'inscription dans le fichier, mais à un message d'alerte précisant l'existence d'un risque et leur indiquant la nécessité de renvoyer la personne concernée vers l'une des catégories de personnes susvisées.

Dans le cas d'une transmission au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) dans le cadre de l'autorisation donnée par la délibération susvisée nº 236 du 9 novembre 2006, les seules données à caractère personnel pouvant être traitées au titre de la présente décision sont les données énumérées à l'article 2.

Article 4. Durées de conservation.

Les données visées à l'article 2 de la présente décision sont conservées pendant au maximum :

– trois ans à compter de la date de survenance pour les actes et faits entrant dans les catégories de 1 à 3 inclus ;

– cinq ans à compter de la date de survenance pour les actes et faits entrant dans la quatrième catégorie.

S'agissant des incidents de paiement, les faits et les données associées sont supprimés dès le paiement des sommes dues.

Article 5. Mesures de sécurité.

Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.

En particulier, le responsable de traitement assure une gestion rigoureuse des contrôles d'accès. Ainsi, les accès aux traitements de données s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant, a minima, un même niveau de sécurité.

Le responsable de traitement établit un état journalier des accès afin de pouvoir en assurer le contrôle. Il doit également disposer de moyens humains suffisants et formés.

Pour la consultation à distance du fichier ou la transmission des données qu'il contient, via un réseau de communication, le responsable de traitement recourt à des protocoles de communications sécurisés permettant de se prémunir contre les risques d'intrusion et le détournement de finalité.

Afin de parer au risque d'homonymie, la consultation du traitement s'effectue sur la base du nom, du prénom ainsi que de la date et du lieu de naissance.

Le responsable de traitement porte la mention » identité usurpée » concernant les personnes pour lesquelles il est établi que leur identité a été usurpée par un tiers et que les actes et faits incriminés ne leur sont pas imputables.

Article 6. Information des personnes.

Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'information des personnes concernées par la diffusion à chacune d'entre elles d'une note d'information, incluse dans le contrat de location du véhicule, précisant l'existence d'un traitement interne relatif à la prévention des risques, les conséquences d'une inscription dans un tel traitement et la possibilité qui leur est reconnue d'exercer un droit d'accès, de rectification et, le cas échéant, d'opposition à figurer dans un tel traitement pour motif légitime. Cette note d'information indique la transmission éventuelle des données à la branche loueurs du CNPA et leur mutualisation au profit des adhérents à cette branche.

Lorsque survient un acte ou un fait visé à l'article 2 de la présente décision, la personne concernée doit, préalablement à toute inscription dans un fichier de gestion des personnes à risques, en être informée et disposer de la possibilité de régulariser sa situation dans un délai déterminé porté à sa connaissance, ne pouvant être inférieur à quinze jours s'il s'agit d'un impayé.

En cas de contestation par la personne concernée des motifs pouvant entraîner son inscription dans le fichier de gestion des personnes à risques, le responsable de traitement doit procéder à une instruction contradictoire de cette contestation, dans un délai raisonnable, de façon non automatisée et assortie de la suspension du processus d'inscription dans le fichier.

Lors de son inscription effective dans le traitement ayant pour objet la prévention des risques, la personne concernée doit également en être informée.

Les droits d'accès, de rectification et, le cas échéant, d'opposition s'exercent auprès des personnes ou des services de l'entreprise de location ou, s'il y a lieu, du CNPA, dont les coordonnées doivent être clairement indiquées dans la note d'information précitée.

Article 7. Tout traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet la prévention des risques qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 (4°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 8. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président, A. Türk

01Ene/14

DG MARKT/5401/01/ES/final WP 55

WP 55 Documento de trabajo relativo a la vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo

Aprobado el 29 de mayo de 2002

 

Comentarios:

* los capítulos nacionales podrán modificarse posteriormente de acuerdo con las delegaciones nacionales

EL GRUPO DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

creado en virtud de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(1),

Vistos el artículo 29 y los apartados 1, letra a), y 3 del artículo 30 de dicha Directiva,

Visto su Reglamento interno y, en particular, sus artículos 12 y 14,

Ha aprobado el siguiente documento de trabajo:

(1) Diario Oficial L 281 de 23.11.1995, p. 31, que puede consultarse en: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm.

Documento de trabajo del Grupo de Trabajo «Artículo 29»(2) relativo a la vigilancia y el control de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo Proyecto de resumen

El presente documento de trabajo completa el dictamen 8/2001 sobre el tratamiento de datos personales en el contexto laboral(3) y contribuye a la aplicación uniforme de las medidas nacionales adoptadas en el marco de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de datos(4). No afecta a la aplicación de la legislación nacional en ámbitos vinculados a la protección de los datos.

El Grupo de Trabajo «Artículo 29» ha creado un subgrupo para examinar esta cuestión(5) y ha aprobado un extenso documento, disponible en Internet en la siguiente dirección(6): http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm

En el presente documento de trabajo, el Grupo de Trabajo «Artículo 29» examina la cuestión de la vigilancia y el control de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, o, dicho de otro modo, la vigilancia por el empleador de la utilización del correo electrónico e Internet por los trabajadores. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, otros textos internacionales pertinentes y la Directiva 95/46/CE, el presente documento de trabajo ofrece una orientación y ejemplos concretos sobre lo que constituyen actividades de control legítimas y límites aceptables de la vigilancia de los trabajadores por el empleador. Téngase en cuenta que en algunos Estados miembros la legislación puede prever un nivel de protección más elevado que el que contempla el presente documento de trabajo.

Los trabajadores no dejan su derecho a la vida privada y a la protección de datos cada mañana a la puerta de su lugar de trabajo. Esperan legítimamente encontrar allí un grado de privacidad, ya que en él desarrollan una parte importante de sus relaciones con los demás. Este derecho debe, no obstante, conciliarse con otros derechos e intereses legítimos del empleador, en particular, su derecho a administrar con cierta eficacia la empresa, y sobre todo, su derecho a protegerse de la responsabilidad o el perjuicio que pudiera derivarse de las acciones de los trabajadores. Estos derechos e intereses constituyen motivos legítimos que pueden justificar la adopción de medidas adecuadas destinadas a limitar el derecho a la vida privada de los trabajadores. Los casos en que el empleador es víctima de un delito imputable a un trabajador constituyen el ejemplo más claro.

No obstante, para equilibrar los distintos derechos e intereses es preciso tener en cuenta varios principios, en particular, el principio de proporcionalidad. Debe quedar claro que el mero hecho de que una actividad de control o vigilancia se considere útil para proteger el interés del empleador no justifica la intromisión en la vida privada del trabajador. Antes de aplicar en el lugar de trabajo cualquier medida de vigilancia, deben sopesarse una serie de aspectos que se detallan en el presente documento.

En las siguientes preguntas puede resumirse la naturaleza de esta evaluación:

a) ¿Es la actividad de vigilancia transparente para los trabajadores?

b) ¿Es necesaria? ¿No podría el empleador obtener el mismo resultado con métodos tradicionales de supervisión?

c) ¿Garantiza el tratamiento leal de los datos personales de los trabajadores?

d) ¿Es proporcional respecto a las preocupaciones que intenta solventar?

Al centrarse en la aplicación práctica de estos principios, el documento de trabajo proporciona orientación sobre el contenido mínimo de las directrices de las empresas en relación con la utilización del correo electrónico e Internet, que los empleadores y trabajadores pueden tomar como base para una adaptación posterior (habida cuenta de las especificidades de cada empresa, su tamaño y la legislación nacional en ámbitos vinculados a la protección de datos).

Al plantearse la utilización de Internet con fines privados, el Grupo de Trabajo «Artículo 29» considera que la prevención debería prevalecer sobre la detección; es decir, que es mejor para el empleador prevenir la utilización abusiva de Internet que detectarla. En este contexto las soluciones tecnológicas pueden resultar especialmente útiles. Prohibir terminantemente que los trabajadores utilicen Internet con fines privados no parece razonable y no tiene en cuenta la ayuda que Internet puede aportarles en su vida diaria.

El Grupo de Trabajo desearía destacar que es esencial que el empleador informe al trabajador (i) de la presencia, utilización y objetivo de todo equipo y/o aparato de detección activado en su puesto de trabajo, así como (ii) de cualquier abuso de las comunicaciones electrónicas detectado (correo electrónico o Internet), salvo si existen razones imperiosas que justifiquen la continuación de la vigilancia encubierta(7), lo que normalmente no sucede. Puede transmitirse información rápida fácilmente mediante un programa informático, por ej. ventanas de advertencia que avisen al trabajador de que el sistema ha detectado y/o tomado medidas para evitar una utilización ilícita de la red.

Como recomendación práctica, los empleadores pueden considerar la posibilidad de proporcionar a los trabajadores dos cuentas de correo electrónico:

a) una de uso profesional exclusivo, en la que se permitiría un control dentro de los límites del presente documento de trabajo,

b) otra de uso estrictamente privado (o con autorización de utilizar el correo web), que sólo sería objeto de medidas de seguridad y que se controlaría para prevenir abusos en casos excepcionales.

El Grupo de Trabajo «Artículo 29» ha observado divergencias entre las legislaciones nacionales en ámbitos vinculados a la protección de datos, que se refieren principalmente a las excepciones previstas al derecho fundamental al secreto de correspondencia y al alcance y repercusión de la representación y la codecisión colectivas de los trabajadores. No obstante, no ha detectado divergencias entre las legislaciones nacionales en el ámbito de la protección de datos que puedan constituir obstáculos importantes para un enfoque común, por lo que ha redactado el presente documento de trabajo, que se revisará en 2002-2003 a la luz de la experiencia y la evolución en este ámbito.

 

(2) El Grupo de Trabajo «Artículo 29» es un grupo consultivo independiente compuesto por representantes de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de datos, cuya misión es, en particular, examinar todas las cuestiones relativas a la aplicación de las medidas nacionales adoptadas en virtud de la Directiva sobre protección de datos con el fin de contribuir a su aplicación uniforme.

(3) Dictamen adoptado el 13 de septiembre de 2001 y accesible en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp48en.pdf .

Este dictamen incluye un análisis detallado de la aplicación de la Directiva relativa a la protección de datos (en particular, sus artículos 6, 7 y 8) al tratamiento de datos personales en el marco de las actividades profesionales.

(4) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. DO L 281 de 23.11.95, p. 31.

(5) Al trabajo de este subgrupo han contribuido las siguientes autoridades de supervisión: AT, BE, DE, ES, FR, IR, IT, NL, UK.

(6) Este documento incluye un anexo en el que figura la legislación sobre protección de datos más pertinente de los Estados miembros con alguna repercusión en las actividades de vigilancia y control de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo.

(7) Los casos de vigilancia encubierta justificada constituyen un buen ejemplo.

 

1. LA VIGILANCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO. UN RETO PARA LA SOCIEDAD.

Últimamente, la cuestión de la vigilancia de los trabajadores ha sido abordada en numerosas ocasiones por los medios de comunicación y es en la actualidad objeto de un debate público en la Comunidad. En efecto, la introducción progresiva en toda la Comunidad del correo electrónico en el lugar de trabajo ha sensibilizado tanto a los empleadores como a sus trabajadores de los riesgos de intromisión en su vida privada en el lugar de trabajo.

Al examinar la cuestión de la vigilancia, conviene tener siempre presente que, si bien los trabajadores tienen derecho a un cierto grado de respeto de la vida privada en el trabajo, este derecho no debe lesionar el derecho del empleador de controlar el funcionamiento de su empresa y de protegerse contra una actuación de los trabajadores susceptible de perjudicar sus intereses legítimos, por ejemplo la responsabilidad del empleador por acciones de sus trabajadores.

Aunque las nuevas tecnologías constituyen un desarrollo positivo de los recursos a disposición de los empleadores, las herramientas de vigilancia electrónica pueden utilizarse para atentar contra los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores. Conviene no olvidar que, con la llegada de las tecnologías de la información, es vital que éstos se beneficien de los mismos derechos, ya trabajen en línea o fuera de línea.

Es necesario destacar también que las condiciones laborales han evolucionado, en el sentido de que en la actualidad cada vez es más difícil separar claramente el trabajo de la vida privada. En particular, a medida que se desarrolla la «oficina a domicilio», numerosos trabajadores continúan su trabajo en casa, utilizando la infraestructura informática puesta a su disposición por el empleador para estos u otros fines.

La dignidad humana de un trabajador prima sobre cualquier otra consideración. Al examinar esta cuestión, es importante tenerlo en cuenta, al igual que las consecuencias negativas que este tipo de acciones puede tener en la calidad de la relación de un trabajador con su empleador y en el trabajo propiamente dicho.

Habida cuenta de todos estos factores, no es de extrañar que esta problemática sea objeto de un intenso debate público; por ello es urgente contribuir a una interpretación uniforme de las disposiciones de la Directiva 95/46/CE y de las legislaciones nacionales que la aplican, a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo consideró por tanto que sería útil transmitir la información y las recomendaciones siguientes a los sectores público y privado. Es preciso señalar que el documento de trabajo cubre toda actividad vinculada a la vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, tanto la vigilancia en tiempo real como el acceso a datos almacenados.

 

2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

 

2.1 ARTÍCULOS 8 Y 10 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES.

Artículo 8

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Artículo 10

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o e para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Todos los Estados miembros y la Unión Europea deben cumplir las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Estos derechos se han ejercido tradicionalmente de forma vertical (es decir, el individuo frente al Estado) y actualmente se discute hasta qué punto pueden ejercerse horizontalmente (es decir, entre los individuos). No obstante, queda claro que en general estos derechos están presentes.

El Grupo de Trabajo considera por lo tanto que, a la hora de examinar las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 95/46/CE con el fin de contribuir a su aplicación uniforme, es preciso recordar los grandes principios consagrados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con esta disposición y, en particular, en lo que respecta al secreto de correspondencia.

En las sentencias dictadas hasta ahora, el Tribunal ha precisado que la protección de la «vida privada» consagrada por el artículo 8 no se limita al hogar, sino que se aplica también al lugar de trabajo.

El asunto Niemitz contra Alemania se refería al registro, por una autoridad pública, de la oficina del demandante. El Gobierno alemán alegó que el artículo 8 no ofrecía protección alguna contra el registro de una oficina, ya que el Convenio establece una clara distinción entre vida privada y domicilio, por una parte, y vida profesional y lugar de trabajo, por otra.

El Tribunal desestimó esta alegación y resolvió del siguiente modo: «El respeto de la vida privada debe también englobar, hasta cierto punto, el derecho a entablar y desarrollar relaciones con los semejantes. Además, ninguna razón de principio permite excluir las actividades profesionales o comerciales del concepto de «vida privada», puesto que es en el trabajo donde la mayoría de las personas disponen de muchas, o incluso las máximas, oportunidades de relacionarse con el mundo exterior.

Un hecho, destacado por la Comisión, lo confirma: no siempre se puede distinguir con claridad entre las actividades que pertenecen al ámbito profesional o laboral de las personas y las que no(8)«.

Más concretamente, en el asunto Halford contra el Reino Unido, el Tribunal estableció que la interceptación de las llamadas telefónicas efectuadas por los trabajadores desde su puesto de trabajo constituye una violación del artículo 8 del Convenio. Curiosamente, la Sra. Halford tenía a su disposición dos aparatos telefónicos, uno de los cuales estaba reservado para sus comunicaciones privadas. La utilización de estos teléfonos no estaba sometida a restricción alguna ni se le transmitió ninguna orientación a este respecto.

Para la Sra. Halford, la interceptación de sus llamadas telefónicas constituyó una violación del artículo 8 del Convenio. Su empleador, una autoridad pública, consideró en cambio que las llamadas telefónicas realizadas por la Sra. Halford desde su puesto de trabajo no estaban sujetas a la protección del artículo 8, ya que la demandante no podía confiar razonablemente en que se les reconociera carácter privado. En la vista ante el Tribunal, la defensa de la Administración declaró que el empleador debe en principio poder supervisar, sin que los interesados lo sepan de antemano, las llamadas que éstos realizan desde los aparatos que pone a su disposición.

Para el Tribunal, sin embargo, «se desprende claramente de su jurisprudencia que las llamadas telefónicas que proceden de locales profesionales, al igual que las procedentes del domicilio, pueden incluirse en los conceptos de 'vida privada' y de 'correspondencia' citados en el apartado 1 del artículo 8 [… ].

No hay pruebas de que a la Sra. Halford se le hubiera avisado, en calidad de usuaria de la red interna de telecomunicaciones, de que las llamadas efectuadas mediante la misma podían ser interceptadas. El Tribunal considera que ella podía razonablemente esperar que se reconociera el carácter privado de este tipo de llamadas [… ]»(9).

El concepto de «correspondencia» engloba no sólo las cartas redactadas en papel, sino también otras formas de comunicación electrónica recibidas o enviadas en el lugar de trabajo, como las llamadas telefónicas efectuadas o recibidas en locales profesionales o los mensajes electrónicos recibidos o enviados en ordenadores puestos a disposición en el lugar de trabajo.

Algunos interpretan la sentencia en el sentido de que parece implicar (aunque no se declare explícitamente) que si el empleador informa previamente al trabajador de que sus comunicaciones pueden interceptarse, el trabajador ya no podrá esperar que se reconozca carácter privado a sus llamadas, con lo que la interceptación no constituirá una violación del artículo 8 del Convenio. El Grupo de Trabajo opina que una advertencia previa al trabajador no basta para justificar una violación de sus derechos en cuanto a protección de datos.

De manera más general, de la jurisprudencia relativa al artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales pueden deducirse los tres principios siguientes:

a) Los trabajadores tienen confianza legítima en que se respetará su vida privada en el lugar de trabajo, confianza que no queda anulada por el hecho de utilizar herramientas de comunicación u otros medios profesionales del empleador.

Sin embargo, el suministro de información adecuada por el empleador al trabajador puede disminuir esta confianza legítima.

b) El principio general del secreto de correspondencia se aplica a las comunicaciones en el lugar de trabajo, lo que incluye muy probablemente el correo electrónico y los ficheros anexos.

c) El respeto de la vida privada cubre también, hasta cierto punto, el derecho del individuo a entablar y desarrollar relaciones con sus semejantes. El hecho de que estas relaciones se produzcan en gran parte en el lugar de trabajo limita la necesidad legítima del empleador de aplicar medidas de vigilancia.

El artículo 10 es también pertinente, aunque en menor medida, puesto que regula las libertades de expresión e información y destaca el derecho del individuo a recibir y comunicar información e ideas sin injerencia de una autoridad pública. La pertinencia del artículo 10 parece reflejarse en las consideraciones del Tribunal en el asunto Niemitz contra Alemania previamente mencionado. Como afirmó el Tribunal, en el lugar de trabajo las personas desarrollan una parte importante de su relación con el mundo exterior y su derecho a la libertad de expresión desempeña indudablemente un papel en este contexto.

(8) 23 de noviembre de 1992, serie A nº 251/B, apartado 29

(9) 27 de mayo de 1997.

 

 

2.2 CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (STE Nº 18)

Abierto a la firma el 28 de enero de 1981, el Convenio fue el primer instrumento internacional legalmente vinculante en el ámbito de la protección de datos. Este Convenio obliga a las partes a adoptar las medidas necesarias en su legislación nacional para aplicar los principios que enuncia con el fin de garantizar el respeto, en su territorio, de los derechos humanos fundamentales de todos los individuos con respecto al tratamiento de los datos de carácter personal(10).

Otros documentos importantes vinculados al Convenio 108, también pertinentes en este contexto, son los siguientes:

Recomendación (89) 2 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos de carácter personal utilizados con fines de empleo(11).

Recomendación (97) 5 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos médicos(12).

Recomendación (86) 1 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos de carácter personal con fines de seguridad social(13).

Recomendación (95) 4 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos personales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en lo que respecta a los servicios telefónicos.

(10) Véase también la Recomendación (89) 2 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos de carácter personal utilizados con fines de empleo: http://cm.coe.int/ta/rec/1989/89r2.htm

(11) http://cm.coe.int/ta/rec/1989/89r2.htm

(12) http://cm.coe.int/ta/rec/1997/97r5.html

(13) http://www.legal.coe.int/dataprotection/Default.asp?fd=recñfn=R(86)1E.htm

 

 

2.3. LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo 7. Respeto de la vida privada y familiar

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.

Artículo 8. Protección de datos de carácter personal

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea parece ir en el mismo sentido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El concepto de secreto de correspondencia se ha ampliado para convertirse en un concepto de nueva generación: el «secreto de las comunicaciones», con el fin de reconocer a las comunicaciones electrónicas el mismo nivel de protección del que se beneficia el correo tradicional.

Además, al conferir a la protección de datos una naturaleza claramente diferenciada, el artículo 8 completa la protección prevista por el artículo 7. Ello reviste una importancia singular en el contexto de la vigilancia del correo electrónico.

 

 

2.4. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Repertorio de recomendaciones prácticas de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la protección de los datos personales de los trabajadores (1997).

«5. Principios generales

5.1. El tratamiento de datos personales de los trabajadores debería efectuarse de manera ecuánime y lícita y limitarse exclusivamente a asuntos directamente pertinentes para la relación de empleo del trabajador.

5.2. En principio, los datos personales deberían utilizarse únicamente con el fin para el cual hayan sido acopiados.

5.3. Cuando los datos personales se exploten con fines distintos de aquéllos para los que fueron recabados, el empleador debería cerciorarse de que no se utilizan de un modo que sea incompatible con esa finalidad inicial y adoptar las medidas necesarias para evitar toda interpretación errada por causa de su aplicación en otro contexto.

5.4. Los datos personales reunidos en función de disposiciones técnicas o de organización que tengan por objeto garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los sistemas automatizados de información no deberían servir para controlar el comportamiento de los trabajadores.

5.5. Las decisiones relativas a un trabajador no deberían basarse exclusivamente en un tratamiento informático de los datos personales que a él se refieran.

5.6. Los datos personales obtenidos por medios de vigilancia electrónica no deberían ser los únicos factores de evaluación profesional del trabajador. (…).

6.1)(14) Cuando los trabajadores sean objeto de medidas de vigilancia, éstos deberían ser informados de antemano de las razones que las motivan, de las horas en que se aplican, de los métodos y técnicas utilizados y de los datos que serán acopiados, y el empleador deberá reducir al mínimo su injerencia en la vida privada de aquéllos.

2) El secreto en materia de vigilancia sólo debería permitirse cuando

a) se realice de conformidad con la legislación nacional; o

b) existan sospechas suficientes de actividad delictiva u otras infracciones graves.

3) La vigilancia continua debería permitirse solamente si lo requieren la salud, la seguridad y la protección de los bienes. (…)

12.2. Los representantes de los trabajadores, cuando los haya, y de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberían ser informados y consultados:

a) acerca de la instalación o modificación de sistemas automatizados de tratamiento de los datos personales de los trabajadores;

b) antes de la instalación de sistemas de vigilancia electrónica del comportamiento de los trabajadores en el lugar de trabajo; y

c) sobre la finalidad, el contenido, la aplicación y la interpretación de cuestionarios y pruebas relativos a los datos personales de los trabajadores.»

(14) http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp48fr.pdf

 

3. VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 95/46/CE

El presente documento de trabajo se basa en una aplicación de los principios enunciados en la Directiva 95/46/CE a la cuestión que nos ocupa, teniendo en cuenta el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que exige el respeto de la correspondencia y de la vida privada.

El empleador dispone de múltiples formas de vigilancia en el lugar de trabajo, cada una de las cuales con su propia problemática. El presente documento examinará dos formas de vigilancia, a las cuales se aplican principios similares: el control del correo electrónico y la vigilancia del acceso a Internet.

El punto de partida es la confirmación de la tesis defendida en el dictamen 8/2001 según el cual la Directiva 95/46/CE se aplica al tratamiento de los datos personales en el contexto profesional como en cualquier otro contexto14. Además de la Directiva general 95/46/CE, la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones puede también resultar pertinente. Esta Directiva especifica y completa la Directiva 95/46/CE respecto al tratamiento de los datos personales en el sector de las telecomunicaciones. Además de estar prevista en la Directiva 95/46/CE, la vigilancia por el empleador de las comunicaciones electrónicas, incluidos el correo electrónico y el acceso a Internet, podría también entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/66/CE, que actualmente se está examinando en el contexto de la revisión del marco jurídico comunitario en materia de telecomunicaciones.

Cuando esta Directiva es aplicable, sus artículos 5 (Confidencialidad de las telecomunicaciones) y 6 (Tráfico y facturación) pueden desempeñar un papel especialmente importante.

 

 

3.1 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A LA VIGILANCIA DEL CORREO ELECTRÓNICO Y LA UTILIZACIÓN DE INTERNET

Los siguientes principios de protección de datos se derivan de la Directiva 95/46/CE y deben respetarse en el tratamiento de los datos personales que implica este tipo de vigilancia. Para que una actividad de control sea legal y se justifique, deben respetarse todos los principios siguientes.

 

 

3.1.1. NECESIDAD

Según este principio, el empleador, antes de proceder a este tipo de actividad, debe comprobar si una forma cualquiera de vigilancia es absolutamente necesaria para un objetivo específico. Debería plantearse la posibilidad de utilizar métodos tradicionales de supervisión, que implican una intromisión menor en la vida privada de los trabajadores, y, cuando proceda, aplicarlos antes de recurrir a una forma de vigilancia de las comunicaciones electrónicas.

Sólo en circunstancias excepcionales se considerará necesaria la vigilancia del correo electrónico o de la utilización de Internet de un trabajador. Podría resultar necesario controlar el correo electrónico de un trabajador para obtener una confirmación o una prueba de determinados actos del mismo. En este tipo de actos se incluiría la actividad delictiva de un trabajador que obligara al empleador a defender sus intereses, por ejemplo, cuando es responsable subsidiario de los actos del trabajador. Estas actividades de vigilancia incluirían también la detección de virus y, en general, cualquier actividad realizada por el empleador para garantizar la seguridad del sistema.

Cabe mencionar que la apertura del correo electrónico de un trabajador puede también resultar necesaria por razones distintas del control o la vigilancia, por ejemplo para mantener la correspondencia cuando el trabajador está ausente (por ej. enfermedad o vacaciones) o cuando la correspondencia no puede garantizarse de otra forma (por ej. mediante las funciones de respuesta o desviación automática).

El principio de necesidad significa también que un empleador sólo debe conservar los datos durante el tiempo necesario para el objetivo específico de la actividad de vigilancia.

 

 

3.1.2. FINALIDAD

Este principio significa que los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. En el presente contexto, el principio de «compatibilidad» significa, por ejemplo, que si el tratamiento de los datos se justifica a efectos de seguridad del sistema, estos datos no podrán tratarse posteriormente con otro objetivo, por ejemplo, para supervisar el comportamiento del trabajador.

 

 

3.1.3. TRANSPARENCIA

Este principio significa que un empleador debe indicar de forma clara y abierta sus actividades. Dicho de otro modo, el control secreto del correo electrónico por el empleador está prohibido, excepto en los casos en que exista en el Estado miembro una ley que lo autorice en virtud del artículo 13 de la Directiva(15). Ello puede ocurrir cuando se detecte una actividad delictiva particular (que haga necesaria la obtención de pruebas, y siempre que se cumplan las normas jurídicas y procesales de los Estados miembros) o cuando existan leyes nacionales que autoricen al empleador, previendo las garantías necesarias, a adoptar algunas medidas para detectar infracciones en el lugar de trabajo.

Por otra parte, este principio puede subdividirse en tres aspectos:

(15) El artículo 13 de la Directiva permite a los Estados miembros adoptar medidas legales para limitar el alcance de las obligaciones y los derechos previstos en algunos artículos de dicha Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguardia de intereses públicos importantes, como la seguridad del Estado, o la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales, o también la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.

 

3.1.3.1. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN AL INTERESADO

Se trata probablemente del ejemplo más pertinente del principio de transparencia aplicado a la cuestión que nos ocupa. Significa que el empleador debe transmitir a  su personal una declaración clara, precisa y fácilmente accesible de su política relativa a la vigilancia del correo electrónico y la utilización de Internet.

Los trabajadores deben ser informados de manera completa sobre las circunstancias particulares que pueden justificar esta medida excepcional; así como del alcance y el ámbito de aplicación de este control. Esta información debería incluir:

1. La política de la empresa en cuanto a utilización del correo electrónico e Internet, describiendo de forma pormenorizada en qué medida los trabajadores pueden utilizar los sistemas de comunicación de la empresa con fines privados o personales (por ejemplo, períodos y duración de utilización).

2. Los motivos y finalidad de la vigilancia, en su caso. Cuando el empleador autorice a los trabajadores a utilizar los sistemas de comunicación de la empresa con fines personales, las comunicaciones privadas podrán supervisarse en circunstancias muy limitadas, p. ej. para garantizar la seguridad del sistema informático (detección de virus).

3. Información detallada sobre las medidas de vigilancia adoptadas, p. ej. ¿quién? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo?

4. Información detallada sobre los procedimientos de aplicación, precisando cómo y cuándo se informará a los trabajadores en caso de infracción de las directrices internas y de los medios de que disponen para reaccionar en estos casos.

El Grupo de Trabajo desearía destacar aquí que es aconsejable desde un punto de vista práctico que el empleador informe inmediatamente al trabajador de cualquier abuso de las comunicaciones electrónicas detectado, salvo si razones imperiosas justifican la continuación de la vigilancia(16), lo que normalmente no es el caso.

Puede transmitirse información rápida fácilmente mediante un programa informático, por ej. ventanas de advertencia que avisen al trabajador de que el sistema ha detectado una utilización ilícita de la red. Un gran número de malentendidos podrían también evitarse de esta manera.

Otro ejemplo del principio de transparencia es la práctica de los empleadores consistente en informar y/o consultar a los representantes de los trabajadores antes de introducir políticas que les conciernan. Cabe destacar que las decisiones relativas a la vigilancia de los trabajadores, en particular, el control de sus comunicaciones electrónicas, están cubiertas por la reciente Directiva 2002/14/CE, siempre que la empresa en cuestión figure en su ámbito de aplicación. En particular, esta Directiva establece la necesidad de informar y consultar a los trabajadores sobre decisiones que puedan implicar cambios importantes en la organización del trabajo o en las relaciones contractuales. La legislación nacional o los convenios colectivos pueden introducir disposiciones más favorables incluso para los trabajadores.

Es posible que los convenios colectivos no sólo obliguen al empleador a informar y consultar a los representantes de los trabajadores antes de instalar sistemas de vigilancia, sino que también supediten esta instalación a su consentimiento previo. Asimismo, en los convenios colectivos pueden establecerse los límites de la utilización de Internet y del correo electrónico por los trabajadores, así como proporcionarse información detallada sobre el control de esta utilización.

(16) En tales casos, por ejemplo, estaría justificada la vigilancia encubierta.

 

3.1.3.2. LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A LAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO TOTAL O PARCIALMENTE AUTOMATIZADO O DE UN CONJUNTO DE TRATAMIENTOS DE ESTE TIPO

Se trata de otro medio de garantizar la transparencia, ya que los trabajadores pueden siempre comprobar en los registros de protección de datos, por ejemplo, qué categorías de datos personales de los trabajadores puede procesar el empleador, con qué finalidad y para qué destinatarios.

 

 

3.1.3.3. EL DERECHO DE ACCESO

Un trabajador, así como cualquier otra persona de conformidad con la Directiva17, tiene derecho a acceder a los datos personales que le conciernen tratados por su empleador y, cuando proceda, a pedir la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la Directiva, en particular, debido a su carácter incompleto o inexacto.

El acceso de los trabajadores a los archivos del empleador sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos es una herramienta poderosa que los trabajadores pueden utilizar individualmente para garantizar la lealtad y legitimidad de las actividades de vigilancia en el lugar de trabajo. El acceso a los archivos del empleador puede no obstante resultar problemático en circunstancias excepcionales, por ejemplo, el acceso a los datos considerados de evaluación.

El Grupo de Trabajo ya abordó de forma somera esta cuestión(18) y podría proporcionar más orientaciones al respecto a la luz de la experiencia.

(17) Artículo 12: Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento:

a) libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos:

– la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así como información por lo menos de los fines de dichos tratamientos, las categorías de datos a que se refieran y los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos;

– la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así como toda la información disponible sobre el origen de los datos;

– el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de los datos referidos al interesado, al menos en los casos de las decisiones automatizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 15;

b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos;

c) la notificación a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos de toda rectificación, supresión o bloqueo efectuado de conformidad con la letra b), si no resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado.

(18) Véase la recomendación 1/2001 sobre los datos de evaluación de los trabajadores.

 

 

3.1.4. LEGITIMIDAD

Este principio significa que una operación de tratamiento de datos sólo puede efectuarse si su finalidad es legítima según lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva y la legislación nacional de transposición. La letra f) del artículo 7 de la Directiva se aplica especialmente a este principio, dado que, para autorizarse en virtud de la Directiva 95/46/CE, el tratamiento de los datos de un trabajador debe ser necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el empleador y no perjudicar los derechos fundamentales de los trabajadores.

La necesidad del empleador de proteger su empresa de amenazas importantes, por ejemplo para evitar la transmisión de información confidencial a un competidor, puede considerarse un interés legítimo.

El tratamiento de datos delicados en este contexto es especialmente problemático, ya que el artículo 8 de la Directiva no prevé un equilibrio de intereses según lo dispuesto en la letra f) del artículo 7 de la Directiva. Sin embargo, la letra b) del apartado 2 del artículo 8 hace referencia al tratamiento «necesario para respetar las obligaciones y derechos específicos del responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral en la medida en que esté autorizado por la legislación y ésta prevea garantías adecuadas».

El tratamiento de datos delicados en relación con las actividades de control y vigilancia es una cuestión espinosa que no sólo es pertinente en un contexto profesional. Se trata en efecto de una cuestión de carácter general sobre la cual el Grupo podría proporcionar orientación en el futuro.

En realidad, a menos que la legislación nacional las autorice específicamente previendo garantías adecuadas, las actividades de vigilancia destinadas directamente al tratamiento de datos delicados relativos a los trabajadores no son legítimas de conformidad con la Directiva 95/46/CE ni tampoco aceptables. No obstante, tampoco parece aceptable impedir o complicar en exceso las actividades de vigilancia (que, en muchos casos no sólo son legales, sino también deseables, como las que tienen por objeto directamente garantizar la seguridad del sistema) por el mero hecho de que sea inevitable el tratamiento de información delicada.

 

 

3.1.5. PROPORCIONALIDAD

Según este principio, los datos personales, incluidos los que se utilicen en las actividades de control, deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben. La política de la empresa en este ámbito deberá adaptarse al tipo y grado de riesgo al que se enfrente dicha empresa.

El principio de proporcionalidad excluye por lo tanto el control general de los mensajes electrónicos y de la utilización de Internet de todo el personal, salvo si resulta necesario para garantizar la seguridad del sistema. Si existe una solución que implique una intromisión menor en la vida privada de los trabajadores y que permita lograr el objetivo perseguido, el empleador debería considerar su aplicación (por ejemplo, debería evitar los sistemas que efectúan una vigilancia automática y continua).

Si es posible, el control del correo electrónico debería limitarse a los datos sobre tráfico de los participantes y a la hora de una comunicación más que al contenido, si ello es suficiente para satisfacer las necesidades del empleador. Si el acceso al contenido de los mensajes es indispensable, convendría tener en cuenta el respeto de la vida privada de los destinatarios externos e internos de la organización. Por ejemplo, el empleador no puede obtener el consentimiento de las personas ajenas a la organización que envían mensajes a los miembros de su personal. Del mismo modo, el empleador debería aplicar todos los medios razonables para informar a las personas ajenas a la organización de la existencia de actividades de vigilancia que pudieran afectarlas. Se podría, por ejemplo, insertar avisos de la existencia de sistemas de vigilancia en todos los mensajes salientes de la organización. La tecnología ofrece al empleador importantes posibilidades de evaluar la utilización del correo electrónico por sus trabajadores, comprobando, por ejemplo, el número de mensajes enviados y recibidos o el formato de los documentos adjuntos; por ello la apertura efectiva de los mensajes electrónicos es desproporcionada. La tecnología puede también utilizarse para garantizar que sean proporcionadas las medidas adoptadas por el empleador para proteger de todo abuso el acceso a Internet autorizado a su personal, utilizando mecanismos de bloqueo más que de vigilancia(19).

Deberían crearse sistemas de tratamiento de las comunicaciones electrónicas para limitar al mínimo estricto la cantidad de datos personales tratados(20).

Por lo que se refiere a la cuestión de la proporcionalidad, debe destacarse que el mecanismo de negociación colectiva puede resultar muy útil para decidir qué acciones son proporcionadas al riesgo que corre el empleador. Es posible alcanzar un acuerdo entre el empleador y los trabajadores sobre la forma de conciliar los intereses de ambas partes.

(19) Ya existen numerosos ejemplos prácticos de la utilización de estos medios tecnológicos:

– Internet: algunas empresas utilizan un programa informático que puede configurarse para impedir la conexión a categorías predeterminadas de sitios web. Tras consultar la lista global de los sitios web visitados por su personal, el empleador puede decidir añadir algunos sitios a la lista de los bloqueados (eventualmente después de haber informado a los trabajadores de que se bloqueará la conexión con este sitio, salvo si un trabajador le demuestra la necesidad de conectarse).

– Correo electrónico: otras empresas utilizan una función de desviación automática hacia un servidor aislado para todos los mensajes que superan un determinado volumen. Se informa automáticamente al destinatario de que se ha desviado un mensaje sospechoso hacia este servidor, donde puede consultarlo.

(20) Proyecto de Directiva 97/66, considerando 30.

 

 

3.1.6. EXACTITUD Y CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Este principio requiere que todos los datos legítimamente almacenados por un empleador (después de tener en cuenta todos los demás principios enunciados en este capítulo) que incluyan datos procedentes de una cuenta de correo electrónico de un trabajador, de su utilización de Internet o relativos a las mismas deberán ser precisos y actualizarse y no podrán conservarse más tiempo del necesario. Los empleadores deberían especificar un período de conservación de los mensajes electrónicos en sus servidores centrales en función de las necesidades profesionales. Normalmente, es difícil imaginar que pueda justificarse un período de conservación superior a tres meses.

 

 

3.1.7. SEGURIDAD

Este principio obliga al empleador a aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger todos los datos personales en su poder de toda intromisión exterior. Incluye también el derecho del empleador a proteger su sistema contra los virus y puede implicar el análisis automatizado de los mensajes electrónicos y de los datos relativos al tráfico en la red.

El Grupo de Trabajo opina que, dada la importancia de garantizar la seguridad del sistema, la apertura automatizada de los mensajes electrónicos no debe considerarse una violación del derecho del trabajador a la vida privada, siempre y cuando existan garantías adecuadas. Por ejemplo, los empleadores pueden ahora utilizar tecnologías que responden a sus intereses en términos de seguridad, pero que no violan el derecho de los trabajadores a la vida privada.

El Grupo de Trabajo «Artículo 29» llama la atención sobre el papel del administrador del sistema, un trabajador cuyas responsabilidades en materia de protección de datos son importantes. Es fundamental que el administrador del sistema, así como cualquier persona que tenga acceso a datos personales de los trabajadores durante las operaciones de control, esté sometido a una obligación estricta de secreto profesional respecto a la información confidencial a la que pueda acceder.

 

 

4. CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO

 

 

4.1. EL SECRETO DE CORRESPONDENCIA

Tal como se ha explicado anteriormente en el presente documento de trabajo, el Grupo de Trabajo considera que las situaciones en línea y fuera de línea no deben tratarse de manera diferente sin motivo y que, por lo tanto, los mensajes electrónicos deben beneficiarse de la misma protección de los derechos fundamentales que el correo tradicional(21). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha proporcionado orientación sobre la aplicación del principio del secreto de correspondencia en una sociedad democrática. No obstante, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros interpretan este principio de manera ligeramente diferente, en particular, desde el punto de vista de su ámbito de aplicación a las comunicaciones profesionales, tanto por lo que se refiere a su contenido como a los datos relativos al tráfico. Desde el punto de vista de la protección de datos, este principio tiene consecuencias importantes al considerar el grado de intromisión tolerable en el correo electrónico de los trabajadores.

El Grupo de Trabajo «Artículo 29» opina que las comunicaciones electrónicas que proceden de locales profesionales pueden estar cubiertas por los conceptos de «vida privada» y de «correspondencia» según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8 del Convenio europeo. Hay poco margen de interpretación a este respecto, puesto que el Tribunal ya reguló claramente la cuestión en el asunto Halford contra el Reino Unido mencionado más arriba.

Lo que queda por examinar, y se presta de hecho a cierto margen de interpretación, es en qué medida pueden permitirse excepciones o restricciones a este principio, sobre todo cuando entra en conflicto con derechos y libertades de otros que también son protegidos por el Convenio (por ej. los intereses legítimos del empleador). En cualquier caso, el secreto de las comunicaciones y de la correspondencia no depende de la ubicación y la propiedad de los medios electrónicos utilizados, según se establece en constituciones y principios jurídicos fundamentales.

El Grupo de Trabajo «Artículo 29» desearía, sin embargo, recordar que no se trata de un problema específico del tratamiento de los datos de carácter personal en el contexto profesional, sino de un problema general que se deriva del hecho de que las legislaciones y reglamentos sobre protección de datos no se aplican en abstracto. Se supone que los derechos relativos a la protección de datos se aplican a distintos sistemas jurídicos, con otras leyes vigentes que prevén otros derechos y obligaciones para los individuos (por ej. el Derecho laboral). No obstante, el Grupo de Trabajo «Artículo 29» está convencido de que las soluciones propuestas en el presente documento pueden ser útiles para alcanzar este difícil equilibrio de intereses.

(21) Una de las primeras recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, la Recomendación 3/97 «Anonimato en Internet», ya precisaba que las situaciones en línea y fuera de línea debían tratarse de manera idéntica.

Véase http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp6es.pdf

El documento del Grupo de Trabajo sobre Internet, que es el más importante adoptado por el Grupo de Trabajo sobre la privacidad en Internet, hacía hincapié en esta idea en su capítulo 3, página 23:

Véase http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp37es.pdf

 

 

 

4.2. LEGITIMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 95/46/CE

Los mensajes electrónicos contienen datos personales que son protegidos por la Directiva 95/46/CE, por lo que los empleadores deben tener un motivo legítimo para proceder al tratamiento de estos datos. Como se explicó de manera detallada en el dictamen 8/2001, los trabajadores deben dar su consentimiento libremente y con conocimiento de causa; y los empleadores no deben recurrir al consentimiento como medio general de legitimar tratamientos de este tipo.

La legitimación más idónea de la vigilancia del correo electrónico puede encontrarse en la letra f) del artículo 7 de la Directiva, que prevé que el tratamiento sólo pueda efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos. Antes de analizar la aplicación de esta disposición al ámbito que nos ocupa, conviene indicar que tal legitimación no puede anular derechos y libertades fundamentales de los trabajadores. Ello incluye, en su caso, el derecho fundamental al secreto de la correspondencia.

El Grupo de Trabajo ya ha opinado lo siguiente(22):

«Si un empresario debe tratar datos personales como consecuencia inevitable y necesaria de la relación laboral, actuará de forma engañosa si intenta legitimar este tratamiento a través del consentimiento. El recurso al consentimiento deberá limitarse a los casos en los que el trabajador pueda expresarse de forma totalmente libre y tenga la posibilidad de rectificar posteriormente sin verse perjudicado por ello.»

Dado que los mensajes electrónicos contienen datos personales que se refieren tanto al emisor como al destinatario y que los empleadores pueden en general obtener el consentimiento de una de estas partes sin demasiadas dificultades (a menos que el correo electrónico incluya también la correspondencia entre trabajadores de la empresa), la posibilidad de legitimar el control del correo electrónico sobre la base del consentimiento es muy limitada. Estas consideraciones se aplican también a la letra b) del artículo 7 de la Directiva, ya que una de las partes de la correspondencia nunca tendría contrato con el responsable del tratamiento con arreglo a dicha disposición, es decir, para el control de la correspondencia.

En esta fase, debe señalarse que cuando el trabajador recibe una cuenta de correo electrónico para uso estrictamente personal o puede acceder a una cuenta de correo web, la apertura por el empleador de los mensajes electrónicos de esta cuenta (excepto para detectar virus) sólo podrá justificarse en circunstancias muy limitadas(23) y no podrá justificarse en circunstancias normales con arreglo a la letra f) del artículo 7, ya que acceder a este tipo de datos no es necesario para satisfacer un interés legítimo del  empleador. En este caso, prevalece por el contrario el derecho fundamental al secreto de correspondencia.

En consecuencia, la cuestión de en qué medida la letra f) del artículo 7 autoriza el control del correo electrónico depende de la aplicación caso por caso de los principios fundamentales explicados en el capítulo 3.2. Como ya se menciona en el apartado 3.1.4 (Legitimidad), al sopesar los intereses de las partes, conviene tener en cuenta el respeto de la vida privada de las personas ajenas a la organización afectadas por la actividad de vigilancia.

(22) Véase el recuadro de la página 23 del dictamen 8/2001.

(23) Por ejemplo, actividades delictivas del trabajador que obliguen al empleador a defender sus intereses, cuando sea responsable de los actos del trabajador o cuando él mismo sea víctima del delito.

 

 

4.3 INFORMACIÓN MÍNIMA RECOMENDADA QUE UNA EMPRESA DEBERÍA FACILITAR A SU PERSONAL

Al elaborar su política, los empleadores deben respetar los principios enunciados en el apartado 3.1.3 relativo al principio general de transparencia(24), habida cuenta de las necesidades y el tamaño de la organización.

Además, en el ámbito más específico del correo electrónico, deberán abordarse los puntos siguientes:

a) Determinar si un trabajador está autorizado a disponer de una cuenta de correo electrónico de uso estrictamente personal, si está permitida la utilización de cuentas de correo web en el lugar de trabajo y si el empleador recomienda a su personal la utilización de una cuenta privada de correo web para utilizar el correo electrónico con fines exclusivamente personales (véase el capítulo 4.4).

b) Los acuerdos con los trabajadores sobre el acceso al contenido del correo electrónico, por ej. cuando el trabajador se ausenta repentinamente, y las finalidades específicas de este acceso.

c) Indicar el periodo de conservación de las posibles copias de protección de los mensajes.

d) Precisar cuándo se borran definitivamente los mensajes electrónicos del servidor.

e) Cuestiones de seguridad.

f) Participación de los representantes de los trabajadores en la formulación de la política.

Conviene señalar que el empleador debe garantizar permanentemente la actualización de su política de acuerdo con la evolución tecnológica y la opinión de su personal.

(24)

1. La política de la empresa en cuanto a utilización del correo electrónico e Internet, describiendo de forma pormenorizada en qué medida los trabajadores pueden utilizar los sistemas de comunicación de la empresa con fines privados o personales (por ejemplo, períodos y duración de utilización).

2. Los motivos y finalidad de la vigilancia, en su caso. Cuando el empleador autorice a los trabajadores a utilizar los sistemas de comunicación de la empresa con fines personales, las comunicaciones privadas podrán supervisarse en circunstancias muy limitadas, p. ej. para garantizar la seguridad del sistema informático (detección de virus).

3. Información detallada sobre las medidas de vigilancia adoptadas, p. ej. ¿quién? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo?

4. Información detallada sobre los procedimientos de aplicación, precisando cómo y cuándo se informará a los trabajadores en caso de infracción de las directrices internas y de los medios de que disponen para reaccionar en estos casos.

 

 

4.4 CORREO WEB(25)

El Grupo de Trabajo considera que la posibilidad de que los trabajadores utilicen una cuenta privada de correo electrónico o un correo web podría suponer una solución pragmática del problema. Una recomendación en este sentido por parte del empleador facilitaría la distinción entre el correo electrónico de uso profesional y el de uso privado y reduciría el riesgo de intromisión de los empleadores en la vida privada de sus trabajadores. Además, los costes suplementarios para el empleador serían nulos o mínimos.

Si se adopta esta política, el empleador podrá controlar, en casos específicos en que existan sospechas graves sobre el comportamiento de un trabajador, en qué medida éste utiliza su ordenador con fines personales, contabilizando el tiempo que emplea en las cuentas del correo web. Esta solución satisface los intereses del empleador y evita el riesgo de revelación de datos personales de los trabajadores, y, en particular, de datos delicados.

Además esta política favorecería también a los trabajadores, porque les permitiría saber con seguridad el nivel de confidencialidad que pueden esperar, lo que no quizá no sería el caso con códigos de conducta más complejos y confusos. Dicho esto, conviene también indicar lo siguiente:

a) El hecho de autorizar la utilización del correo web o de cuentas privadas no es óbice para la plena aplicación de los puntos anteriores del presente capítulo a otras cuentas de correo electrónico en el lugar de trabajo.

b) Al autorizar el correo web, las empresas deben saber que su uso puede comprometer la seguridad de sus redes, en particular, por lo que se refiere a la proliferación de virus.

c) Los trabajadores deberían saber que, a veces, los servidores del correo web están situados en terceros países que quizá no cuenten con un sistema adecuado de protección de los datos de carácter personal.

Debe tenerse en cuenta que estas consideraciones se aplican a las relaciones normales entre empleadores y trabajadores. Podría resultar necesario aplicar normas especiales a la comunicación de los trabajadores obligados a guardar secreto profesional.

(25) El correo web es un sistema de correo electrónico en la red que ofrece funciones de correo electrónico a partir de cualquier distribuidor POP o IMAP y que está protegido generalmente por un nombre de usuario y una contraseña.

 

 

5. CONTROL DEL ACCESO A INTERNET

 

 

5.1 UTILIZACIÓN DE INTERNET CON FINES PRIVADOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

En primer lugar, conviene destacar que incumbe a la empresa decidir si autoriza a su personal a navegar en Internet con fines privados y, en caso afirmativo, en qué medida se tolera esta utilización privada.

El Grupo considera no obstante que una prohibición absoluta de la utilización de Internet con fines privados por los trabajadores podría considerarse inaplicable y un tanto irrealista, ya que no se tendría en cuenta el apoyo que Internet puede brindar a los trabajadores en su vida diaria.

 

 

5.2. PRINCIPIOS RELATIVOS AL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE INTERNET

Al considerar la cuestión del control de la utilización de Internet por los trabajadores pueden aplicarse algunos principios.

En la medida de lo posible, la prevención debería primar sobre la detección. En otras palabras, al empleador le es más beneficioso prevenir la utilización abusiva de Internet por medios técnicos que destinar recursos a su detección. Dentro del límite de lo que es razonablemente posible, la política de la empresa respecto a Internet debería basarse en herramientas técnicas para limitar el acceso, más que en dispositivos de control de los comportamientos, por ejemplo, bloqueando el acceso a algunos sitios o instalando advertencias automáticas.

El suministro al trabajador de información rápida sobre la detección de una utilización sospechosa de Internet es importante para minimizar los problemas. Aunque sea necesaria, toda medida de control debe ser proporcionada al riesgo que corre el empleador. En la mayoría de los casos, la utilización abusiva de Internet puede detectarse sin tener que analizar el contenido de los sitios visitados. Por ejemplo, la comprobación del tiempo empleado o la elaboración de una lista de los sitios más visitados por un servicio podría bastar para confirmar al empleador que sus sistemas se emplean correctamente. Si estas comprobaciones generales revelaran una posible utilización abusiva de Internet, el empleador podría entonces considerar la posibilidad de proceder a nuevos controles en la zona de riesgo.

Al analizar la utilización de Internet por los trabajadores, los empleadores deberían evitar sacar conclusiones precipitadas, dada la facilidad con que pueden visitarse involuntariamente algunos sitios a través de respuestas de motores de búsqueda, vínculos hipertextuales ambiguos, pancartas publicitarias engañosas o errores al pulsar las teclas.

En todos los casos, deberán presentarse al trabajador en cuestión todos los hechos de que se le acusa y ofrecerle la posibilidad de refutar la utilización abusiva alegada por el empleador.

 

 

5.3 CONTENIDO MÍNIMO RECOMENDADO DE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE INTERNET

1. La información que se especifica en el apartado 3.1.3., relativo al principio de transparencia(26).

Además, en el ámbito más específico del correo electrónico, deberán abordarse los puntos siguientes.

2. El empleador deberá precisar claramente a los trabajadores en qué condiciones se autoriza la utilización de Internet con fines privados e indicarles los elementos que no pueden visualizar o copiar. Estas condiciones y restricciones deberán explicarse al personal.

3. Deberá informarse a los trabajadores de los sistemas instalados para impedir el acceso a algunos sitios o para detectar una posible utilización abusiva. Deberán precisarse el alcance del control, por ejemplo si este control se efectúa de manera individualizada o por departamentos de la empresa, o si el contenido de los sitios consultados será visualizado o registrado por el empleador en determinados casos.

Además, la política de la empresa deberá especificar, cuando proceda, el uso que se hará de los datos recogidos sobre las personas que visitaron sitios específicos.

4. Deberá informarse a los trabajadores del papel de sus representantes, tanto en la aplicación de la política como en la investigación de las presuntas infracciones.

(26)

1. La política de la empresa en cuanto a utilización del correo electrónico e Internet, describiendo de forma pormenorizada en qué medida los trabajadores pueden utilizar los sistemas de comunicación de la empresa con fines privados o personales (por ejemplo, períodos y duración de utilización).

2. Los motivos y finalidad de la vigilancia, en su caso. Cuando el empleador autorice a los trabajadores a utilizar los sistemas de comunicación de la empresa con fines personales, las comunicaciones privadas podrán supervisarse en circunstancias muy limitadas, p. ej. para garantizar la seguridad del sistema informático (detección de virus).

3. Información detallada sobre las medidas de vigilancia adoptadas, p. ej. ¿quién? ¿qué? ¿cómo?¿cuándo?

4. Información detallada sobre los procedimientos de aplicación, precisando cómo y cuándo se informará a los trabajadores en caso de infracción de las directrices internas y de los medios de que disponen para reaccionar en estos casos.

26 aplican la Directiva 95/46/CE constituye un obstáculo fundamental para la adopción del enfoque común previsto en los principios y buenas prácticas señaladas en el presente documento de trabajo.

 

CONCLUSIÓN

El Grupo de Trabajo ha redactado el presente documento de trabajo con el fin de contribuir a la aplicación uniforme de las medidas nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 95/46/CE en el ámbito de la vigilancia y el control de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo. (Sírvanse consultar los resúmenes de las legislaciones nacionales que se adjuntan al presente documento).

El Grupo de Trabajo ha observado algunas divergencias entre las legislaciones nacionales, principalmente en ámbitos vinculados a la protección de datos que tratan de las excepciones al derecho fundamental al secreto de correspondencia y al alcance y repercusiones de la representación y la codecisión colectivas. Desearía, sin embargo, destacar que ninguna divergencia entre las legislaciones de los Estados miembros que

El Subgrupo de Empleo seguirá revisando el presente documento de trabajo a la luz de la experiencia y de futuros avances en este ámbito durante 2002- 2003.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 2002

Por el Grupo de Trabajo

El Presidente

Stefano RODOTA

01Ene/14

Official Secrets Act, february 27, 1970 (amended at December 31, 2004)

AN ACT to prohibit the disclosure for any purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe of information which might be useful to an enemy; to make provision for the purpose of preventing persons from obtaining or disclosing official secrets in Zimbabwe; to prevent unauthorized persons from making sketches, plans or models of and to prevent trespass upon defence works, fortifications, military reserves and other prohibited places; and to provide for matters incidental to the foregoing.

[Date of commencement: 27th February, 1970.]

 

1,. Short title

This Act may be cited as the Official Secrets Act [Chapter 11:09].

 

2.- Interpretation

(1)  In this Act

«document» includes

(a) any book, pamphlet, record, list, placard or poster; or

(b) any drawing, sketch, picture, plan or photographic or other representation of a place or thing; or

(c) any sound recording or other contrivance for the reproduction of sound;

«enemy» includes a hostile organization;

«foreign agent» includes any person who

(a) is or has been or is reasonably suspected of being or having been, directly or indirectly, employed by the government of a country or a hostile organization for the purpose of committing in Zimbabwe or elsewhere an act prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe; or

(b) has or is reasonably suspected of having committed or attempted to commit in Zimbabwe or elsewhere, in the interests of a country other than Zimbabwe or of a hostile organization, an act prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe;

«hostile organization» means

(a) any organization which is an unlawful organization in terms of the Unlawful Organizations Act [Chapter 11:13]; or

(b) any other organization operating outside Zimbabwe which is declared by the President, by notice in a statutory instrument, to be a hostile organization on the grounds that it is furthering or encouraging persons to commit acts prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe;

«model» includes a design, pattern or specimen;

«munitions of war» means any article, material or device or any part thereof, whether actual or proposed,

intended or adapted for use in war or the defence of Zimbabwe or capable of being adapted for such use;

«prohibited place» means

(a) any defence work belonging to, occupied by or used by or on behalf of the State, including

(i) any arsenal, military or air force establishment or station, factory, harbour, camp, ship, vessel or aircraft;

(ii) any police camp or depot at the time being used for the purposes of defence;

(iii) any place used for building, repairing, making or keeping munitions of war or any model or document relating thereto;

(b) any place where munitions of war or any model or document relating thereto is being built, repaired, made, kept or obtained under contract with or on behalf of the State or of the government of any country other than Zimbabwe;

(c) any place declared by the President in terms of section thirteen to be a prohibited place for the purposes of this Act.

(2)  References in this Act to

(a) communicating or receiving any thing, shall be construed as including a reference to communicating or receiving any part or the substance, effect or description thereof;

(b) obtaining or retaining any thing, shall be construed as including a reference to obtaining or retaining any part or copying or causing to be copied the whole or any part thereof, whether by photographic means or otherwise;

(c) communicating any thing, shall be construed as including a reference to the transmission or transfer thereof.

 

3.- Espionage

Any person who, for any purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe

(a) approaches, inspects, passes over or is in the vicinity of or enters any prohibited place; or

(b) makes any model or document which is calculated to be or which might or is intended to be useful, directly or indirectly, to an enemy; or

(c) obtains, collects, records, publishes or communicates to any person

(i) any secret official code or password; or

(ii) any model, article, document or other information which is calculated to be or which might or is intended to be useful, directly or indirectly, to an enemy;

shall be guilty of an offence and liable to imprisonment for a period not exceeding twenty-five years.

 

4.- Prohibition of communication of certain information

(1)  Any person who has in his possession or under his control any secret official code or password or any model, article, document or information which

(a) relates to or is used in a prohibited place or relates to any thing in a prohibited place; or

(b) has been made or obtained in contravention of this Act; or

(c) has been entrusted in confidence to him by a person holding an office in the service of the State; or

(d) he has obtained or to which he has had access owing to his position as a person who holds or has held office in the service of the State or as a person who holds or has held a contract made on behalf of the State or a contract the performance of which in whole or in part is carried out in a prohibited place or as a person who is or has been employed under a person who holds or has held such an office or contract;

and who

(i) communicates such code, password, model, article, document or information to any person, other than a person to whom he is authorized to communicate it or a person to whom it is in the interests of Zimbabwe his duty to communicate it; or

(ii) uses such information in any manner or for any purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe; or

(iii) retains such model, article or document in his possession or under his control when he has no right to retain it or when it is contrary to his duty to retain it, or fails to comply with any directions issued by lawful authority with regard to the return or disposal thereof; or

(iv) fails to take proper care of or so conducts himself as to endanger the safety of such model, article, document, code, password or information;

shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding level fourteen or to imprisonment for a period not exceeding twenty years or to both such fine and such imprisonment.

(1a)  For the avoidance of doubt it is declared that subsection (1) shall not apply to the disclosure in accordance with the Access to Information and Protection of Privacy Act [Chapter 10:27] of any document or information by a person who, being the head of a public body as defined in that Act, has lawfu access to the document or information.

(2)  Any person who

(a) has in his possession or under his control any model, article, document or information which relates to

(i) munitions of war or any military matter; or

(ii) the preservation of the security of Zimbabwe or the maintenance of law and order by the Police Force or any other body or organization appointed or established by the Government for the purpose of assisting in the preservation of the security of Zimbabwe; and

(b) publishes or communicates such model, article, document or information to any person in any manner or for any purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe;

shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a period not exceeding twenty years or to both such fine and such imprisonment.

(3)  Any person who receives any secret official code or password or any model, article, document or information, knowing or having reasonable grounds to believe, at the time when he receives it, that the code, password, model, article, document or information is communicated to him in contravention of this Act, shall, unless he proves that the communication thereof to him was against his wish, be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a period not exceeding twenty years or to both such fine and such imprisonment.

 

5.- Certain acts prejudicial to safety or interests of Zimbabwe prohibited

(1)  Any person who for the purpose of gaining or assisting any other person to gain admission to a prohibited place or for any other purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe

(a) without lawful authority, uses or wears any military, air force, police or other official uniform of Zimbabwe or any uniform so closely resembling the same as to be calculated to deceive or falsely represents himself to be a person who is or has been entitled to use or wear any such uniform; or

(b) orally or in writing in any declaration or application or in any document signed by him or on his behalf knowingly makes any false statement or omits any relevant fact; or

(c) forges, alters or tampers with any passport or any official pass, permit, certificate, licence or other document, hereinafter in this section referred to as an official document, or uses or has in his possession any forged, altered or irregular official document; or

(d) impersonates or falsely represents himself to be a person holding, or in the employment of a person holding, office in the service of the State or to be or not to be a person to whom an official document or a secret official code or password has been duly issued or communicated or, with intent to obtain an official document or any secret official code or password, whether for himself or for any other person, knowingly makes any false statement; or

(e) uses or has in his possession or under his control without lawful authority any official die, seal or stamp of Zimbabwe or any die, seal or stamp so closely resembling any such official die, seal or stamp as to be calculated to deceive or counterfeits any such official die, seal or stamp or uses or has in his possession or under his control any such counterfeited die, seal or stamp;

shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding level twelve or to imprisonment for a period not exceeding ten years or to both such fine and such imprisonment.

(2)  Any person who

(a) retains for any purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe any official document, whether or not completed or issued for use, when he has no right to retain it or when it is contrary to his duty to retain it or fails to comply with any directions issued by lawful authority with regard to the return or disposal thereof; or

(b) allows any other person to have possession of any official document issued for his use alone; or

(c) communicates to any person any secret official code or password issued for his use alone or without lawful authority or excuse has in his possession any official document or secret official code or password issued for the use of some person other than himself; or

(d) on obtaining possession of any official document, whether by finding or otherwise, neglects or fails to hand it over to the person or authority by whom or for whose use it was issued or to a police officer; or

(e) without lawful authority or excuse, the proof whereof lies on him, manufactures or sells or has in his possession for sale any die, seal or stamp referred to in paragraph (e) of subsection (1);

shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding level twelve or to imprisonment for a period not exceeding ten years or to both such fine and such imprisonment.

 

6.- Obstructing persons on guard at or loitering near prohibited places

Any person who

(a) in the vicinity of a prohibited place, obstructs, knowingly misleads or otherwise interferes with a person engaged on guard, sentry, patrol or other similar duty in relation to the prohibited place; or

(b) is found loitering within one hundred metres of a prohibited place and who fails to depart therefrom upon being requested to do so by any person referred to in paragraph (a);

shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding level six or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both such fine and such imprisonment.

 

7.- Harbouring or concealing certain persons and failing to report information relating to foreign agents

Any person who

(a) knowingly harbours or conceals any person whom he knows or has reason to believe to be a person who is about to commit or who has committed an offence in terms of this Act or knowingly permits any such persons to meet or assemble in any premises in his occupation or under his control; or

(b) having harboured or concealed any such person or permitted such persons to meet or assemble in any premises in his occupation or under his control, wilfully omits or refuses to disclose to any police officer any information it is in his power to give in relation to any such person; or

(c) being aware that any foreign agent or any person who has been or is in communication with a foreign agent, whether in Zimbabwe or elsewhere, is in Zimbabwe, fails forthwith to report to any police officer the presence of or any information it is in his power to give in relation to any such foreign agent or person;

shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding level twelve or to imprisonment for a period not exceeding ten years or to both such fine and such imprisonment.

 

8.- Communication with foreign agent proof of certain facts

(1)  For the purposes of this section

(a) a person shall, unless he proves the contrary, be presumed to have been in communication with a foreign agent if

(i) he has, in Zimbabwe or elsewhere, visited the address of a foreign agent or associated or consorted with a foreign agent; or

(ii) in Zimbabwe or elsewhere, the name or address of or any other information regarding a foreign agent has been found in his possession or under his control or has been supplied by him to any other person or has been obtained by him from any other person;

(b) any place in Zimbabwe or elsewhere reasonably suspected of being a place used for the receipt of communications intended for a foreign agent or at which a foreign agent resides or to which he resorts for the purpose of giving or receiving communications or at which he carries on any business shall be deemed to be the address of a foreign agent and any person who addresses or delivers communications to or collects communications from such an address shall be deemed to have been in communication with a foreign agent.

(2)  If, in any prosecution against a person for an offence in terms of section three, it is proved that he has been in communication with or attempted to communicate with a foreign agent in Zimbabwe or elsewhere, it shall, unless the contrary is proved, be presumed that he has for a purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe obtained or attempted to obtain information which is calculated to be or which might or is intended to be, directly or indirectly, useful to an enemy.

 

9.- Proof of purpose prejudicial to safety or interests of Zimbabwe

(1)  If, in any prosecution under this Act upon a charge of committing an act for a purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe, it appears from the circumstances of the case or the conduct or known character of the accused as proved that his purpose was a purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the purpose for which that act has been committed is a purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe.

(2)  If, in any prosecution under this Act upon a charge of making, obtaining, collecting, recording, publishing or communicating any thing for a purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe, it is proved that it was made, obtained, collected, recorded, published or communicated by any person other than a person acting under lawful authority, it shall, unless the contrary is proved, be presumed that the purpose for which it was made, obtained, collected, recorded, published or communicated is a purpose prejudicial to the safety or interests of Zimbabwe.

 

10.- Forfeiture

Where a person is convicted of an offence in terms of this Act a court may, in addition to any fine or term of imprisonment imposed in terms of this Act, order that any equipment used for the purpose of or in connection with the commission of the offence shall be forfeited to the State:

Provided that if it is proved that such equipment is not the property of the person convicted and that its owner was

(a) unaware that the equipment was being so used; and

(b) unable to prevent its use for the purpose of or in connection with the commission of the offence;

the court shall not make any such order in respect thereof.

 

11.- Authority of Attorney-General required for institution of criminal proceedings

Where any person is brought before a court on a charge of

(a) committing an offence in terms of this Act; or

(b) attempting to commit or inciting another person or conspiring with another person to commit an offence in terms of this Act; or

(c) being an accessory after the fact of the commission of an offence in terms of this Act;

no further proceedings in respect thereof shall be taken against him without the authority of the Attorney-General except such as the court may think necessary by way of remand to secure the due appearance of the person charged.

 

12.- Extra-territorial application of Act

(1)  This Act shall apply also in respect of any act which constitutes an offence in terms of this Act and is committed outside Zimbabwe by a person who is a citizen or resident of Zimbabwe.

(2)  A person shall not be deemed to have ceased to be a resident of Zimbabwe for the purposes of subsection (1) by reason only of his absence therefrom, if

(a) he retains a home in Zimbabwe; or

(b) he is absent from Zimbabwe for a temporary purpose; or

(c) he is domiciled in Zimbabwe.

(3)  In any proceedings for any offence referred to in subsection (1) it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the person accused was at all times a citizen or resident of Zimbabwe.

 

13.- Declaration of prohibited place

(1)  If it appears to the President to be necessary or expedient that any premises or area should be a prohibited lace for the purposes of this Act, he may by order declare such premises or area to be a prohibited place for the purposes of this Act.

(2)  An order in terms of subsection (1)

(a) shall be made in writing signed by or on behalf of the President and addressed to the owner or occupier of the premises or area; and

(b) shall specify

(i) the extent of the premises or area declared to be a prohibited place; and

(ii) any measures necessary for demarcating the premises or area; and

(c) shall be served on the owner or occupier of the premises or area by a person appointed by the President:

Provided that where the premises or area is owned by the State or occupied by a department of the State, the order shall be addressed to and served on the Secretary to the Ministry responsible for the administration of the premises or area or occupying the premises or area, as the case may be.

(3)  The owner or occupier of any premises or area on whom an order is served in terms of subsection (2) shall, at his own expense, erect or cause to be erected at or near such premises or area, within such period as may be specified by the President in the order, warning notices in accordance with such provisions as may be specified by the Minister by notice in a statutory instrument.

(4)  If the owner or occupier fails to comply with subsection (3), the Minister may cause such measures to be taken and recover by action in a competent court the expenses incurred in doing so from the owner or occupier concerned.

(5)  The President may at any time revoke or amend an order in terms of subsection (1) by causing a further order in writing signed by him or on his behalf to be served on the owner or occupier of the premises or area to which the first-mentioned order relates.

 

 

 

01Ene/14

Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (B.O.E. del 25 de julio de 2012).

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, crea, en su artículo 15, el registro electrónico de apoderamientos para actuar ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o vinculados. La creación de este registro tiene como finalidad mejorar la atención a los ciudadanos, poniendo a su disposición un instrumento que facilite la acreditación, ante los órganos de la Administración, de los apoderamientos concedidos para la realización de trámites administrativos, por lo que la creación del registro no supone ninguna modificación de la regulación de la representación existente en nuestro ordenamiento y se realiza sin perjuicio de la existencia, actual o futura, de otros registros similares de ámbito más limitado en la Administración General del Estado. En la medida en que su finalidad es la mejora del servicio público, el acceso al registro tiene carácter absolutamente voluntario para los ciudadanos, que además van a poder determinar los trámites y actuaciones a los que, entre los que se encuentren en cada momento habilitados en el registro, se extienden los apoderamientos concedidos.

La incorporación de las tecnologías de la información a la actividad administrativa posibilita la realización de trámites o actuaciones por medios electrónicos, lo que supone una clara mejora del servicio prestado a los ciudadanos, en la medida en que éstos obtienen una respuesta administrativa inmediata que permite atender mejor sus necesidades. En otros casos, esa automatización facilita tanto el mejor ejercicio de sus derechos como el puntual cumplimiento de sus obligaciones.

Por otro lado, el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula la representación de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas. Del mismo modo, el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, establece que las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

En este contexto jurídico, y con el único objetivo de facilitar al ciudadano que así lo desee el acceso electrónico a los Servicios Públicos, se creó el Registro electrónico de apoderamientos. De esta manera se habilita una nueva vía al ciudadano para apoderar, a cualquier otro ciudadano o empresa, para que actúe en su nombre. De acuerdo con el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se considera ciudadano a cualesquiera persona física, persona jurídica y ente sin personalidad que se relacione, o sea susceptible de relacionarse, con las Administraciones Públicas.

Conforme a lo previsto en el apartado 5 del citado artículo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos se establecerán mediante Orden del Ministro de la Presidencia. En la actualidad y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el ministerio competente para dictar la presente Orden es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La presente Orden recoge todos los aspectos enunciados en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Esta norma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, esta norma ha recibido el informe favorable del Consejo Superior de Administración Electrónica.

En uso de la atribución que me ha sido conferida en el artículo 15.5 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, dispongo:

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro electrónico de apoderamientos, creado por el artículo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

2. En el Registro electrónico de apoderamientos se podrán hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

3. Sólo se inscribirán en el Registro las representaciones que los interesados otorguen voluntariamente, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Queda así excluida la inscripción de las representaciones legales.

4. El ámbito del Registro Electrónico de Apoderamientos se extiende a la Administración General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma. Sólo podrán comprobar la representación o apoderamiento mediante el acceso al Registro electrónico de apoderamientos aquellos ministerios u organismos públicos que se suscriban al Registro.

5. La representación que se inscriba en el Registro sólo será válida para los trámites y actuaciones por medios electrónicos de su competencia que, con carácter previo y en los términos especificados en el artículo 9, haya determinado cada departamento ministerial u organismo público suscrito a aquel, lo que oportunamente será comunicado al Registro.

6. El Registro Electrónico de Apoderamientos, regulado en esta Orden, no participa de la naturaleza jurídica de los registros electrónicos regulados en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

 

Artículo 2.- Órganos competentes.

1. El Registro electrónico de apoderamientos será gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, quedando a cargo del mismo la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

2. Los ministerios y organismos públicos vinculados o dependientes serán los competentes para dar de alta, modificar y dar de baja en el Registro los trámites y actuaciones por medios electrónicos de su competencia para los que será válida la representación incorporada a dicho Registro.

3. La inscripción en el Registro será automática para los apoderamientos que se otorguen de persona física a persona física y se tramiten electrónicamente. Cuando el poderdante sea una persona física y el apoderamiento se produzca por comparecencia ante un funcionario expresamente autorizado para dar de alta en el Registro los apoderamientos, será aquél el responsable de la inscripción. En cualquier otro supuesto, el órgano competente para dicha inscripción y para, en su caso, requerir al interesado eventuales subsanaciones de defectos en la representación, será el que ostente la competencia sobre los trámites o actuaciones por medios electrónicos objeto del apoderamiento. En este último caso, el apoderamiento deberá estar referido a trámites de un único órgano.

 

Artículo 3.- Incorporación de los apoderamientos al Registro.

1. En la tramitación electrónica de las solicitudes de inscripción de apoderamientos en el Registro se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título tercero de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

2. Cuando el poderdante es una persona física, la inscripción de apoderamientos en el Registro podrá llevarse a efecto mediante uno de estos procedimientos:

a) Por Internet, mediante el uso de los sistemas de identificación y autenticación previstos en el artículo 13.2.a) y b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio. La inscripción del apoderamiento se realizará mediante el formulario que figura en el anexo I de esta Orden, a excepción de los datos asociados a documento público o privado con firma notarialmente legitimada. La solicitud quedará anotada en el Registro Electrónico Común. Los efectos de la inscripción en el Registro electrónico de apoderamientos serán, en este caso, inmediatos.

b) Mediante comparecencia personal del poderdante en las oficinas de atención al ciudadano 060, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en las oficinas consulares o en las oficinas dependientes de los organismos adheridos al Registro que estos determinen, mediante el empleo del formulario del Anexo I. En el formulario deberá constar la firma del poderdante y la identificación y firma del funcionario ante quien se comparece que, en todo caso, deberá estar expresamente autorizado para dar de alta en el Registro los apoderamientos. La solicitud quedará anotada en el Registro Electrónico Común. Será inscrita en el Registro electrónico de apoderamientos por el funcionario y surtirá efectos a partir de esta inscripción, que en todo caso no deberá ser posterior en dos días hábiles a la inscripción en el Registro Electrónico Común.

c) Poder otorgado mediante documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada, presentado en una oficina adherida al Registro. La solicitud quedará anotada en el Registro Electrónico Común. En este caso, el órgano u organismo competente de los trámites objeto del apoderamiento solicitará, en su caso, a su Asesoría Jurídica un informe sobre el poder presentado por el representante de la entidad, que deberá ser emitido en un plazo no superior a siete días. La posterior inscripción del apoderamiento en el Registro, que deberá hacerse en un plazo no superior a dos días hábiles desde la emisión del informe de Asesoría Jurídica, o la eventual solicitud de subsanación de errores al interesado, será llevada a cabo por el órgano u organismo competente. El poder será incorporado al Registro, como un documento electrónico, según la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. En este caso, el documento de acreditación del apoderamiento deberá ajustarse al contenido recogido en el formulario del Anexo I.

3. Cuando el poderdante es una persona jurídica o ente sin personalidad, la inscripción de apoderamientos en el Registro podrá llevarse a efecto mediante uno de estos procedimientos:

a) Por comparecencia personal del representante legal de la entidad, en las oficinas de atención al ciudadano 060, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en las oficinas consulares o en las oficinas dependientes de los organismos adheridos al Registro que éstos determinen, mediante el empleo del formulario del Anexo I. La solicitud quedará anotada en el Registro Electrónico Común. El organismo competente de los trámites objeto del apoderamiento solicitará, en su caso, a su Asesoría Jurídica un informe sobre los poderes presentados por el representante de la entidad, que deberá ser emitido en un plazo no superior a siete días. La posterior inscripción del apoderamiento en el Registro, que deberá hacerse en un plazo no superior a dos días hábiles desde la emisión del informe de Asesoría Jurídica, o la eventual solicitud de subsanación de errores al interesado, será llevada a cabo por el órgano u organismo competente. Los poderes presentados por el representante de la entidad serán incorporados al Registro, como un documento electrónico, según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico, aprobada por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

b) Por Internet, mediante el uso por el representante de la entidad de los sistemas de identificación y autenticación previstos en el artículo 13.2.a) y b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Con carácter previo el representante habrá presentado en una oficina adherida al Registro sus poderes como representante. El organismo competente de los trámites objeto del apoderamiento solicitará, en su caso, a su Asesoría Jurídica un informe sobre los poderes presentados por el representante de la entidad, que deberá ser emitido en un plazo no superior a siete días. La posterior inscripción del apoderamiento en el Registro, que deberá hacerse en un plazo no superior a dos días hábiles desde la emisión del informe de Asesoría Jurídica, o la eventual solicitud de subsanación de errores al interesado, será llevada a cabo por el organismo competente.

c) Poder otorgado mediante documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado en una oficina adherida al Registro. La solicitud quedará anotada en el Registro Electrónico Común. El órgano u organismo competente de los trámites objeto del apoderamiento solicitará, en su caso, a su Asesoría Jurídica un informe sobre el poder presentado, que deberá ser emitido en un plazo no superior a siete días. La posterior inscripción del apoderamiento en el Registro, que deberá hacerse en un plazo no superior a dos días hábiles desde la emisión del informe de Asesoría Jurídica, o la eventual solicitud de subsanación de errores al interesado, será llevada a cabo por el órgano u organismo competente. El poder presentado será incorporado al Registro, como un documento electrónico, según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico, aprobada por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública. En este caso, el documento de acreditación del apoderamiento deberá ajustarse al contenido recogido en el formulario del Anexo I.

 

Artículo 4.- Inscripción de apoderamientos con confirmación explícita del apoderado.

En el caso de inscripción de apoderamientos para los trámites y actuaciones por medios electrónicos para los que el órgano u organismo competente exija la confirmación del apoderado, será necesaria la aceptación explícita del mismo, que se acreditará por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo anterior. El poder se entenderá como no conferido en tanto no conste en el Registro la mencionada aceptación. La confirmación explícita del apoderado es inexcusable en los supuestos en los que éste deba recibir comunicaciones o notificaciones por vía electrónica, sea cual sea la naturaleza del procedimiento.

 

Artículo 5.- Comprobación del contenido del apoderamiento.

1. Cuando el poderdante es una persona física:

a) En los apoderamientos otorgados mediante comparecencia personal del poderdante, en los términos referidos en el artículo 3, punto 2, apartado b), el funcionario que proceda a inscribir un apoderamiento en el Registro electrónico de apoderamientos deberá comprobar el contenido del mismo. A tal efecto, verificará la identidad del compareciente y el contenido del formulario del anexo I.

b) En los apoderamientos otorgados por Internet, la aplicación informática que soporte el Registro únicamente permitirá el alta en el mismo de aquellos apoderamientos que contengan todos los datos solicitados en el formulario del Anexo I. En aquellos casos en los que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmisión electrónica del formulario de otorgamiento del poder, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del interesado por el propio sistema, mediante los correspondientes mensajes de error, para que pueda proceder a su inmediata subsanación.

c) En los apoderamientos otorgados mediante documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada, el órgano u organismo competente de los trámites objeto del apoderamiento, solicitará, en su caso, informe a su Asesoría Jurídica sobre la suficiencia de los poderes aportados. La inscripción del apoderamiento en el Registro o la eventual solicitud de subsanación de defectos en la representación al interesado, será llevada a cabo por el órgano u organismo competente. Si la subsanación no es atendida en un plazo máximo de diez días, se comunicará al interesado la imposibilidad de continuar el procedimiento, y la posibilidad de interponer el recurso previsto en artículo 29.2 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

2. Cuando el poderdante es una persona jurídica o ente sin personalidad, el órgano competente de los trámites objeto del apoderamiento, solicitará, en su caso, informe a su Asesoría Jurídica sobre la suficiencia de los poderes y demás documentos justificativos de la personalidad o de la representación. La inscripción del apoderamiento en el Registro o la eventual solicitud de subsanación de defectos en la representación al interesado, será llevada a cabo por el organismo competente. Si la subsanación no es atendida en un plazo máximo de diez días, se comunicará al interesado la imposibilidad de continuar el procedimiento, y la posibilidad de interponer el recurso previsto en artículo 29.2 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

 

Artículo 6.- Contenido del Registro electrónico de apoderamientos.

1. Los apoderamientos dados de alta en el Registro sólo surtirán efecto respecto de las actuaciones o categorías a las que expresamente se refiera el apoderamiento otorgado, y hayan sido consignadas en el correspondiente formulario, de entre las que en cada momento se encuentren incorporadas al conjunto de trámites y actuaciones por medios electrónicos del Registro.

2. El Registro electrónico de apoderamientos estará disponible en la sede electrónica del punto de acceso general de la Administración General del Estado (https://sede.060.gob.es), donde se mantendrá una relación pública de todos los trámites y actuaciones por medios electrónicos de los departamentos ministeriales u organismos públicos adheridos al Registro, que pueden ser objeto de apoderamiento. Respecto de cada uno de los trámites que figuren en dicha relación se harán constar los datos que se aportaron para su inscripción en el Registro, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.

3. Para inscribir un apoderamiento en el Registro se harán constar los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del poderdante (o, en su defecto, documento equivalente).

b) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del apoderado (o, en su defecto, documento equivalente).

c) Trámites y actuaciones por medios electrónicos o categorías objeto de apoderamiento.

d) Periodo de vigencia del poder.

e) Fecha de otorgamiento.

f) Número de referencia del alta y fecha de alta en el Registro.

 

Artículo 7.- Renuncia y revocación del apoderamiento.

La renuncia del apoderado a un apoderamiento inscrito en el Registro que regula esta Orden, o la revocación del mismo por el poderdante, surtirá efectos desde la comunicación fehaciente al órgano u organismo competente. La revocación y la renuncia podrán realizarse, utilizando los formularios previstos en los anexos II y III de esta Orden, por los mismos medios previstos en el artículo 3. La comprobación de la renuncia o revocación se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.

 

Artículo 8.- Trámites y actuaciones por medios electrónicos y sus categorías.

1. En los supuestos en los que sea legalmente posible, y así lo determine el departamento ministerial u organismo competente sobre los trámites y actuaciones electrónicas objeto de apoderamiento, éste podrá establecer agrupaciones de trámites en categorías a las que podrán referirse los apoderamientos.

2. La categorización de los trámites será responsabilidad del organismo que se adhiera al Registro y, como mínimo, deberán diferenciarse los trámites que impliquen la consulta de datos personales y los trámites de recepción de notificaciones.

 

Artículo 9.- Adhesión al Registro electrónico de apoderamientos.

1. La adhesión de un departamento ministerial u organismo público al Registro se llevará a efecto mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de una Resolución del titular de la Subsecretaría del departamento o del titular del organismo. En dicha Resolución se concretarán además los trámites y actuaciones iniciales por medios electrónicos para los que será válida la representación incorporada al Registro electrónico de apoderamientos.

2. En la Resolución a que se refiere el apartado anterior se indicará para cada uno de los trámites y actuaciones por medios electrónicos referenciados:

a) El código y denominación del trámite, en su caso según la base de datos de procedimientos administrativos del Sistema de Información Administrativa, regulado en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

b) La categoría a la que pertenece, de entre las definidas con anterioridad por el departamento ministerial, si procede.

c) El periodo máximo de vigencia de los apoderamientos para este trámite, que no podrá superar los 5 años.

d) En su caso, la necesidad de confirmación por el apoderado, para su eficacia.

e) La unicidad del apoderamiento. Se indicará si, para dicho trámite o actuación por medios electrónicos, un poderdante sólo puede inscribir a un apoderado en el Registro.

3. La incorporación posterior al Registro de nuevos trámites y actuaciones por medios electrónicos, y su eventual modificación corresponderá al departamento ministerial u organismo competente sobre los mismos. Esta incorporación se hará electrónicamente y deberá estar acompañada de una nueva Resolución del órgano competente modificando o ampliando la relación inicial de trámites.

4. En la sede electrónica de cada departamento ministerial u organismo público se relacionarán los trámites y actuaciones por medios electrónicos de su ámbito para los que se reconocen los apoderamientos inscritos en el Registro. Se resaltarán, además, en dicha sede las incorporaciones de nuevos trámites al Registro.

5. Aquellos departamentos ministeriales u organismos públicos que gestionen un Registro de apoderamientos propio, de ámbito limitado a trámites y actuaciones por medios electrónicos de su competencia no deberán inscribir éstos en el Registro electrónico de apoderamientos que regula esta Orden. No obstante, los organismos que gestionen un registro de apoderamientos propio podrán adherirse al Registro que regula esta Orden para la inscripción de trámites diferentes a los gestionados por su registro.

 

Artículo 10.- Consultas y certificaciones para el interesado.

1. El Registro electrónico de apoderamientos no tiene carácter público, por lo que el interesado sólo podrá acceder, en aplicación del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado.

2. Las consultas y certificaciones podrán obtenerse por medios electrónicos, para lo cual el interesado podrá identificarse con los sistemas de identificación y autenticación previstos en el artículo 13.2.a) y b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Estas opciones estarán disponibles en la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (https://sede.060.gob.es). Las consultas y certificaciones serán firmadas con un certificado de sello electrónico. Además las consultas y certificaciones emitidas incluirán un Código Seguro de Verificación vinculado a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (https://sede.060.gob.es).

 

Artículo 11.- Acceso electrónico al Registro por la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

El Registro ofrecerá los siguientes procedimientos de acceso a la información a los departamentos ministeriales y organismos públicos adheridos al mismo:

a) Descarga bajo petición de un fichero, que contendrá todos los apoderamientos vigentes y válidos para los trámites y actuaciones por medios electrónicos de los que el órgano peticionario sea competente. El fichero contendrá todos los datos de los apoderamientos que se enumeran en el artículo 8.

b) Acceso en línea mediante servicios web, a los efectos de comprobar automáticamente y en tiempo real desde las aplicaciones que un apoderamiento está vigente. Las peticiones al Registro, relativas a los apoderamientos vigentes y válidos para los trámites y actuaciones por medios electrónicos de las que el órgano peticionario sea competente, se enviarán por un canal seguro de comunicaciones y deberán firmarse con un certificado de componente o de sello electrónico del citado órgano. La aplicación de soporte al Registro mantendrá traza de todas las peticiones recibidas.

 

Artículo 12. Protección de Datos de Carácter Personal.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando el poderdante o el apoderado fueran persona física, deberá constar su consentimiento al tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de apoderamientos. Este consentimiento, que no será necesario reiterar para cada apoderamiento, dejará a salvo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

Artículo 13.- Fichero de Protección de Datos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se crea el fichero de datos personales «Registro electrónico de apoderamientos», cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, calle María de Molina, 50, 28071 Madrid, válido a efectos del ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos previsto por dicha Ley. El contenido del fichero se recoge en el anexo IV de la presente Orden. (Artículo derogado por Orden HAP 2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados organismos adscritos al mismo).

 

Disposición adicional primera.- Adhesión al Registro.

El ámbito de aplicación previsto en el artículo 1 de esta Orden podrá extenderse a otras Administraciones Públicas, mediante la formalización de un convenio al efecto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 

Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.

La constitución y funcionamiento del registro se atenderán con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.

 

Disposición final primera. Modificación de formularios

Corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas la modificación de los formularios para la inscripción en el Registro, que se incluye en el anexo I de la presente Orden, para la revocación de poderes, que se incluye en el Anexo II, para la renuncia de apoderamientos, que se incluye en el anexo III, así como la aprobación de otros formularios que, en su caso, resulten precisos para la gestión de dicho Registro.

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Madrid, 5 de julio de 2012

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

 

ANEXO I.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y ACTUACIONES POR MEDIO ELECTRÓNICOS, MEDIANTE COMPARECENCIA DEL PODERDANTE O MEDIANTE PODER OTORGADO POR DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO NOTARIALMENTE LEGITIMADO

ANEXO II.- REVOCACIÓN DE APODERAMIENTOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y ACTUACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, MEDIANTE COMPARECENCIA DEL PODERDANTE O MEDIANTE PODER OTORGADO POR DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO NOTARIALMENTE LEGITIMADO

ANEXO III.- RENUNCIA DE APODERAMIENTOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y ACTUACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, MEDIANTE COMPARECENCIA DEL APODERADO

ANEXO IV.- FICHERO DE DATOS PERSONALES ((Anexo derogado por Orden HAP 2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados organismos adscritos al mismo).

01Ene/14

Legislación de Argentina. Ordenanza 1970/04 de 14 de abril de 2004 del Municipio de Cañuelas (Provincia de Buenos Aires), sobre el acceso a la información pública

VISTO.-

El despacho favorable de la Comisión de Legislación, Reglamento e Interpretación, referente al Expediente P-18/04, caratulado «Germán Hergenrether .- Telma Martínes.- proyecto sobre el libre acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo y el Legislativo«; y

 

CONSIDERANDO.-

La necesidad de contar con una legislación local referente al libre acceso a la Información Pública;

Que, el derecho a la Información Pública está garantizado en nuestra Constitución Nacional, cuyo Artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que afirman claramente el derecho de libre acceso a la información.- Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos;

Que, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) el 20 de octubre del año 2000, sostiene que «el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos» y luego agrega.- «al no existir una cultura de ocultamiento que suele ser la contrapartida necesaria para hacer germinar la corrupción dentro del órgano administrativo. Es por ello que es necesario cambiar dicha cultura institucional, promoviendo la apertura y la transparencia»;

Que, las democracias más modernas del planeta han institucionalizado mecanismos relacionados con las formas de libre acceso a la información.

Que, el derecho cuya sanción estamos promoviendo tiene antecedentes muy lejanos en la historia. Tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca de 1766 en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. En 1966 los Estado Unidos dictaron la «Freedom of Information Act», según la cual toda agencia gubernamental debe responder a cualquier pedido específico de información, dentro de un período limitado de tiempo;

Que, los funcionarios públicos son generalmente renuentes a entregar información .- fruto del desconocimiento sobre las normativas nacionales e internacionales;

Que, la sociedad en general no está enterada sobre el derecho de acceso a la información de carácter público;

Que, esta falta de acercamiento entre los dos actores condiciona el correcto funcionamiento del sistema republicano a la vez que empobrece el debate público porque la información necesaria para alimentarlo está vedada a la población en general;

Que, acceder a la Información Pública es un prerrequisito de la participación ciudadana y que no es posible participar en ninguna instancia de un proceso de toma de decisiones o de control del gobierno si no se cuenta con la información necesaria para poder intervenir en ambos casos;

Que, los actos de gobierno son la expresión de la voluntad de alguno de los poderes políticos del Estado. Esta voluntad se materializa en una ordenanza si hablamos del Concejo Deliberante; en un decreto, si hablamos del Poder Ejecutivo; o en una sentencia, si hablamos del Poder Judicial. La publicidad de dichos actos está garantizada por su publicación en el Boletín Oficial, por ejemplo. Pero también porque cualquier vecino puede acceder a ellos, simplemente solicitándolos. En esto consiste el principio republicano que consagra la «publicidad de los actos de gobierno»;

Que, el derecho de libre acceso a la información es mucho más amplio.- abarca toda la actividad política del Estado. Detrás de todo acto de gobierno podemos encontrar, además de los debates públicos que lo preceden, un número elevado de estudios, pericias, recopilación de antecedentes, opiniones de expertos, dictámenes de organismos especializados oficiales o privados, etc.. El derecho de libre acceso a la información nos permite acceder a todo ese proceso. Es lo que en derecho se conoce como la causa de toda decisión gubernamental;

Que, la información en cuestión .- siendo de naturaleza pública- es por lo tanto, relevante a la vida y las decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. Y en tal carácter le corresponde a los gobernados. Para que esta premisa se cumpla es necesario el reconocimiento del derecho al libre acceso a la información administrativa por el Estado Municipal;

Que, la necesidad de normativa local al respecto ha sido reconocida, tal como surge de las constancias del Expte.P-18/04, por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; la Presidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Diputada Nacional Margarita Stolbizer; PROBIDAD; Poder Ciudadano; por la Asociación PERIODISTAS; como así también analizada minuciosamente con el Dr. Damián Loreti (Especialista en Derecho Comunicacional);

Que, en distintas provincias y municipios de nuestro país este derecho ha sido normado; como por ejemplo en la Ley 12.475 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada el 15 de agosto del año 2000; o la ordenanza 13.712 de la Comuna de General Pueyrredón, promulgada el 6 de diciembre del mismo año;

Que, el 3 de diciembre de 2003 el Sr. Presidente de la Nación Néstor Kirchner firmó el Decreto 1.172 sobre «Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos»;

 

POR ELLO.-

 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CAÑUELAS, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias, por Unanimidad en general y en particular, sanciona la siguiente:

 

ORDENANZA

 

TÍTULO I .- DE LOS OBJETIVOS Y DEFICINIONES

Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir, sin costo y sin justificar causa ni interés legítimo, información pública completa y veraz de parte de quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiados por medio de los presupuestos públicos.

 

TÍTULO II.- DEFINICIONES CONCEPTUALES

Artículo 2º.- La expresión «toda persona» comprende a:

a) Toda persona física y/o jurídica que habite y/o desarrolle todas o parte de sus actividades en el partido de Cañuelas;

b) Todos los empleados de los órganos enumerados en el Artículo 4º de la presente, por lo que esta Ordenanza les otorga el derecho de libre acceso a la información sobre las políticas de esos órganos que los afecten o puedan afectarlos directa o indirectamente;

c) Todos los concejales, que podrán acogerse a las prescripciones de esta Ordenanza ante la falta de respuesta o respuesta insatisfactoria de sus pedidos de informe según el procedimiento vigente para ello, sin perjuicio de que lo hagan, incluso, sin recurrir a este procedimiento.

 

Artículo 3º.- La expresión «información pública» comprende:

a) Cualquier tipo de documento escrito, fotográfico, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creado, obtenido o financiado total o parcialmente con presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa y la decisión misma; incluyendo las actas de las reuniones oficiales;

b) Cualquier tipo de documentación, aún obtenida con financiamiento privado, que cumpla fines o objetivos de carácter público, en la esfera de cualquiera de los órganos descriptos en el Artículo 4º.

Artículo 4º.- La expresión «quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiado con cargo a los presupuestos públicos» comprende a cualquier autoridad u órgano perteneciente a:

a) Administración Central del Departamento Ejecutivo;

b) Administración Descentralizada del Departamento Ejecutivo;

c) Concejo Deliberante;

d) Justicia de Faltas;

e) Departamento Legal del Municipio

f) Entes autárquicos o descentralizados;

g) Empresas y sociedades del Estado Comunal, si las hubiere;

h) Organizaciones empresariales de cualquier tipo en las que el Estado Comunal tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, si las hubiere;

i) Empresas a las que se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de servicios públicos comunales.

j) Organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público municipal

k) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del gobierno municipal a través de sus entidades.

 

TÍTULO III .- PRINCIPIOS Y ALCANCES

Artículo 5º.- El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.

 

Artículo 6º.- En el marco del ejercicio del derecho de libre acceso a la información pública, cualquier vecino del distrito de Cañuelas podrá acceder, con solo requerirlo, no solamente a las normas municipales publicadas en el boletín oficial, si lo hubiere, sino también a las informaciones contenidas en actas, expedientes o cualquier tipo de documentación (estudios, peritajes, recopilación de antecedentes, opiniones de expertos, dictámenes técnicos y/o científicos de organismos especializados estatales y/o privados) que quienes ejercer funciones públicas o realicen actividades y programas financiados con cargo a los presupuestos públicos generen, produzcan, procesen o posean, en cualquier soporte o formato, y hayan formado o formen parte del proceso de toma de decisión de cualquier acto que haya afectado (en el caso de un acto consumado) o pueda afectar (en el caso de un acto por consumarse), de cualquier manera, a la comunidad, a un sector de ella o a una sola persona, siempre y cuando el acceso a esta información no lesione cualquier otro derecho.

 

Artículo 7º.- En el caso de informaciones vinculadas a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiados con cargo a los presupuestos públicos, la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de tres meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador sin que se haya dictado resolución final.

 

Artículo 8º.- Si no es posible satisfacer, total o parcialmente, la solicitud de información requerida se deberá comunicar por escrito al solicitante que la denegatoria de la misma se debe a la inexistencia de la información pedida y la explicación pertinente acerca de la carencia.

 

TÍTULO IV .- EXCEPCIONES

Artículo 9º.- Los sujetos comprendidos en el Artículo 4º sólo pueden exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Información referida a datos personales de carácter sensible en los términos de la Ley 25.326 cuya publicidad constituya una vulneración con derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;

b) Información que pueda ocasionar peligro a la vida o seguridad de la persona;

c) Información que comprometa los derechos e intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;

d) Información preparada por los asesores jurídicos de la Administración Municipal cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgara las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privara a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;

e) Cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;

f) Notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de una acto administrativo o a la toma de decisión, que no formen parte de un expediente.

 

TÍTULO V .- PROCEDIMIENTO

Artículo 10º.- La solicitud de acceso a la información pública debe ser planteada en forma escrita y deberá contener los siguientes requisitos:

a) Nombre completo y documento de identidad de la persona solicitante.

b) Domicilio.

c) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere.

 

Artículo 11º.- Si la solicitud es presentada a una dependencia que no es competente para brindar la información o que carece de ella por no ser de su competencia, la oficina receptora deberá enviar la solicitud a la administración pertinente para la tramitación. En ningún caso la presentación de una solicitud a un área no vinculada dará razón al rechazo o archivo de una gestión de acceso.

 

Artículo 12º.- Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente Ordenanza debe ser satisfecha en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. El plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por cinco (5) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar por escrito al solicitante, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

 

Artículo 13º.- La información solicitada deberá entregarse por escrito con firma y sello de la autoridad competente.

 

Artículo 14º.- El acceso público a la información es gratuito. Los costos de las copias de la información requerida estarán a cargo del solicitante y no podrán exceder el valor de la reproducción, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal hacer uso de las facultades conferidas en el Artículo 72 de la Ordenanza Tributaria Fiscal vigente en aquellos casos en los que el peticionante carezca de recursos económicos.

 

TÍTULO VI .- RESPONSABILIDADES

Artículo 15º.- Quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiados con cargo a los presupuestos públicos están obligados a entregar información sencilla y accesible a cualquier persona de Cañuelas que lo solicite sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para ejercer su derecho de libre acceso a la información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos y la manera de diligenciar los formularios que se requieran, así como de las dependencias ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la entidad o persona que se trate.

 

Artículo 16º.- Los funcionarios y agentes responsables que arbitrariamente y sin razón que lo justifique no hicieren entrega de la información solicitada o negaren el acceso a su fuente, la suministraren incompleta y obstaculizaren en alguna forma el cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza serán considerados incursos en falta grave en el ejercicio de sus funciones, siéndole aplicable el régimen sancionatorio vigente, previa instrucción de sumario administrativo.

 

Artículo 17º.- El principio general que habrá de respetarse siempre es que toda denegatoria de entrega de información, por razones de reserva, confidencialidad de la información o porque la información solicitada se considera lesiva de intereses públicos o particulares preponderantes, debe hacerse en forma escrita, con firma y sello de autoridad competente, indicando las razones de hecho y/o legales. Dado este supuesto, o si el solicitante considera que la demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial o en cualquiera de los casos conflictivos contemplados en esta Ordenanza, quedará habilitada la Acción de Amparo ante la autoridad judicial

 

TÍTULO VII .- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 18º.- La administración central y descentralizada contará con un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la sanción de la presente Ordenanza para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Una vez vencido ese plazo, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquiera de los entes mencionados en el Artículo 4º.

 

Artículo 19º.- Elévese copia de esta Ordenanza a las Cámaras del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a efectos que legislen en idéntica forma a la presente.

 

Artículo 20°.- Enviase copia de la presente Ordenanza a todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 21°.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, dese al Libro Oficial de Ordenanzas bajo el Nº 1970/04, y cumplido, archívese.

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CAÑUELAS, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

 

Agrim. ISMAEL VANÍA

EDUARDO RECALT Secretario Presidente 

01Ene/14

Organic Act nº 2004-63 of July 27th 2004 on the protection of personal data.

Chapter I.- General provisions

Article 1.-

Everyone has the right to the protection of personal data related to his privacy as one of the fundamental rights guaranteed by the Constitution. The processing of personal data shall respect transparency, fairness and the respect of human dignity, in accordance with the clauses of this act.

 

Article 2.-

The provisions of this act shall apply to automatic processing of personal data as well as non-automatic processing of personal data carried out by individuals or by legal entities.

 

Article 3.-

The provisions of this act shall not apply to the processing of personal data which does not exceed private use or the family circle subject to it not being transmitted to third parties.

 

Article 4.-

Personal data means any information whatever its origin or its means relating to an individual who can be identified, directly or indirectly, with the exception of any information related to public life or considered public life by law.

 

Article 5.-

An individual is identifiable, directly or indirectly, through many facts or symbols related to his identity and to his physical, physiological, genetic, psychological, social, economical or cultural characteristics.

 

Article 6.-

According to this act, the following shall be understood :

Processing of personal data.- the automatic processing as well as non-automatic processing of personal data carried out by an individual or legal entity especially obtaining, recording, storage, organization, alteration, use, distribution, dissemination, destruction or consultation

The processing of personal data means any operation in relation to the use of such data, indexes, directories, data files or their combination.

Data file.- any structured and stable set of personal data that is accessible according to specific criteria which allow identification of a given person.

Data subject.- individuals to whom the data covered by the processing relates.

Data controller.- individuals or legal entities who determine the aims and the means of the data processing

Third parties.- any individuals or legal entities or public authority as well as their collaborators with the exception of the data subject, the recipient of a processing of personal data, the data controller, the sub-contractor as well as their collaborators.

Sub-contractor.- individuals or legal entities in charge of the processing of personal data on behalf of the data controller.

The «Instance».-refers to The National Authority for Protection of Personal Data..

Communication.- the fact of giving, handing-over or disclosing personal data, whatever the methods and the means, to one or more people other than the data subject.

Combination.- correlating data contained in one or more data files held by other data controller

Recipient.- any individuals or legal entities who are given personal data.

 

Chapter II.- Conditions of personal data processing

 

Section I.- Formalities prior to commencing data processing

 

Article 7.-

The processing of personal data must be declared to the The National Authority for Protection of Personal Data at its head office. The Instance shall directly deliver a receipt or send a registered letter with acknowledgement on receipt or by any other means that leave a written trace.

The notification is carried out by the data controller or his legal representative.

The notification does not exempt the data controller or his legal representative from his responsibility toward third-parties.

Conditions and proceedings of the notification shall be set by decree.

The Instance shall issue its decision within one month from the date of receipt of the application. However, when the «Instance» has not given its opinion within this time limit, the application for notification shall be deemed to have been accepted.

 

Article 8.-

In the case where an authorization of the «Instance» is required by the hereby Act, the application for authorization shall specify in particular:

-The first name, the last name and residence of the data controller and in case of legal entity the company name, its head office and the identity of its legal representative;

– The purposes of the processing of personal data and its norms;

– The identities of data subjects and their residence;

– The categories of the processing, its location and date;

– The personal data and their origins;

– The people or authorities who are allowed, regarding their functions, to take cognizance of the data;

– The recipients to whom the data may be disclosed;

– The place and period of storage of the processed information;

-The steps taken to ensure confidentiality and security of processing;

– The description of the combinations by the data controller with other data files;

– The undertaking to process personal data according to the present Act.

– The statement that the conditions mentioned in Article 22 of the hereby Act are fulfilled;

In case of any change in the above conditions, the authorization of the «Instance» shall be obtained.

The application for authorization is introduced by the data controller or his legal representative.

The authorization does not exempt the data controller or his legal representative from his responsibility toward third-parties.

Conditions and proceedings of the application for authorization shall be set by decree.

 

Section II.- Obligations incumbent upon data controllers

 

Article 9.-

The processing of personal data shall be done as part of the respect of human dignity, privacy and public liberties.

The processing of personal data, whatever its origin or its methods shall not harm the human rights protected by the laws and the rules in force. In every case, it is forbidden to use personal data with the aim of infringing people's rights or damaging their reputation.

 

Article 10.-

Collecting of personal data shall be exclusively carried out for lawful, given and clear purposes.

 

Article 11.-

The processing of personal data shall be done loyally within the limits of the collecting purpose. The data controller shall also make sure of the accuracy, precision and update of the data.

 

Article 12.-

The processing of personal data shall not be carried out for other purposes than that which it has been collected for, except for the following.-

– If the data subject has given his consent;

– If the processing is essential for the safety of the data subject's vital interest;

– If the processing is essential for definite scientific purposes.

 

Article 13.-

The processing of personal data relating to offenses, convictions, criminal prosecutions, sentencing and penalties and security measures or previous criminal records is not allowed.

 

Article 14.-

The processing of personal data that reveals, directly or indirectly, the racial and genetic origins, religious beliefs, political, philosophical and trade union belonging or health is prohibited

However, the prohibition provided for the above shall not apply to the processing for which the data subject has given his explicit consent by any means that leave a written trace or if the processing relates to personal data which have become obviously public or if the processing is necessary for historical or scientific purposes or if the processing is necessary for the protection of the data subjects vital interests.

The processing of personal data related to health is governed by chapter 5 of the hereby Act.

 

Article 15.-

The processing of personal data mentioned in Article 14 of the hereby Act is subjected to the authorization given by «l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère personnel» with the exception of data related to health.

The» Instance» shall issue its decision within one month from the date of receipt of the application. However, when the «Instance» has not given its opinion within this time limit, the application for authorization shall be deemed to have been rejected.

The» Instance» can accept the application with imposition upon the data controller to take the necessary measures required for the protection of the data subject's interests.

 

Article 16.-

The provisions of articles 7,8,27,28,31 and 47 of the hereby Act shall not apply to the processing of personal data in relation to the employee in the work situation, providing the processing has been carried out by the employer and is necessary for the work performance and organization.

The provisions of the articles mentioned above shall not apply to the processing of data in relation to monitoring the health of the data subject.

 

Article 17.-

In all cases, it is strictly prohibited to give an advantage or a favor to a person in return for his consent to the processing of his personal data or the use of his personal data for other purposes.

 

Article 18.-

Each person who carries out directly or by a third party the processing of personal data shall take all the required steps to ensure the safety of the data processing and prevent any third party from changing, modifying or consulting it without prior authorization of the data subject.

 

Article 19.-

The required steps that shall be taken in accordance with article 18 of the hereby Act are the following :

– To prevent the facilities and equipment, used in the processing of personal data, from being placed in such conditions or sites that allow the access of non- authorized third parties;

– To prevent the media data from being read, copied, modified or shifted by non -authorized third parties;

– To prevent all non- authorized data insertion inside the information network as well as knowledge, deletion or radiation of the recorded data;

– To prevent the use of the information network by non- authorized third parties;

– To guarantee, a posteriori, the checking of the identities of people that have had an access to the information network, to the data that have been inserted in the network, to the time of this insertion as well as the person who did it;

– To prevent the data from being read, copied, modified, deleted or struck off at the time of its communication or its media transport;

– To save the data by the constitution of a stock of secured copies.

 

Article 20.-

When the data controller entrusts to third -parties some or all the processing within the framework of a sub- contracting contract, he shall choose the sub-contractor very carefully.

The sub-contractor shall observe the provisions of this Act and may act only under the data controller's authorized limitations. Furthermore, the sub-contractor shall offer all the required and appropriate technical means to carry out his assignments.

In case of violation of the provisions of this Act, the data controller and the sub-contractor shall engage their civil liabilities.

 

Article 21.-

The data controller and the sub-contractor shall rectify, complete, modify, update or delete personal data from data files if they know of any inaccuracy or insufficiency in this data.

In this case, the data controller and the sub-contractor must inform the data subject and the data beneficiary of every modification made to the personal data.

Notification shall be done within two months from the date of modification, by registered letter with acknowledgement on receipt or by any other means that leave a written trace.

 

Article 22.-

Without prejudice of the laws and rules in force, the individual or the legal representative of a legal entity who applied for the processing of personal data, as well as their employees, must fulfill the following conditions :

– To be Tunisian;

– To be resident in Tunisia;

– To be without criminal record.

These conditions shall also apply to the sub-contractor and his employees.

 

Article 23.-

Even after the end of the processing or loss of their qualities, the data controller, the sub-contractor and their employees must protect the confidentiality of personal data and the processed information, except when diffusion of information has been accepted in writing by the data subject or in all cases regulated by the law in force.

 

Article 24.-

The data controller and the sub-contractor, who intend putting an end to their activities, shall inform the «Instance» three months before the date of suspension of their activities.

In case of death or bankruptcy of the data controller or the sub-contractor or in the case of winding-up the legal entity and according to the situation, the heirs, the trustee in bankruptcy or the liquidator must inform the «Instance» within three months from the date of the event.

The «Instance», in accordance with the former paragraph, shall authorize the destruction of personal data within one month from the date of its being informed.

 

Article 25.-

In case of suspension of activities for the reasons specified in the previous article, the «Instance» may decide to communicate personal data, in the two following cases.-

1) Whether the «Instance» considers it useful for historical or scientific purposes;

2) Whether the person, who gave notification, proposes to communicate all or a part of the personal data to an individual or a legal entity, after giving its identity accurately.

The «Instance», in that case, may accept communication of the personal data to the proposed person. Effective communication shall be carried out after consent of the data subject, his tutors or his heirs received by any means that leave a written trace.

If consent is not given, within three months from the date of its formulation, the personal data must be destroyed

 

Article 26.-

In case of suspension of the activities of the data controller or the sub-contractor for the reasons mentioned in Article 24 of the hereby Act, the data subject, his heirs or each person who has an interest or the Public Prosecutor may ask the «Instance» to take appropriate steps for the conservation and protection of the personal data as well as its destruction.

The «Instance» must decide within ten days from its entitlement.

 

Section III.- The rights of the data subject

 

Sub-section I.- The consent of the data subject

 

Article 27.-

With the exception of the cases regulated by the hereby Act and the laws in force, the processing of personal data cannot be carried out without the express and written consent of the data subject. This consent shall be governed by the general rules of law if the data subject is incompetent or unauthorized or incompetent to sign.

The data subject or his tutor is allowed to withdraw his consent, at anytime during the processing.

 

Article 28.-

The processing of personal data related to a child cannot be carried out without the consent of his tutor and after authorization of the juvenile and family court judge.

The juvenile and family court judge may authorize processing even without the tutors consent when it is required in the childs best interest.

At anytime, the authorization may be withdrawn by the juvenile and family court judge.

 

Article 29.-

The processing of personal data can be carried out without the consent of the data subject in the following situations :

– When it has been proved without doubt that the processing is carried out in the data subjects own interest;

– When it is impossible to contact the data subject;

– When obtaining consent implicates disproportionate endeavor;

– When the processing of personal data is allowed by law or contract to which the data subject is a party.

 

Article 30.-

The consent given to the processing of personal data under a given form for a given purpose shall not apply to other forms or purposes.

It is prohibited to use the processing of personal data for promotional purposes unless the data subject, his heirs or his tutor gives his explicit and specific consent. This consent shall be governed by the general rules of law.

The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child.

 

Article 31.-

After the deadline of the opposition of the «Instance» set by article 7 of the hereby Act, the data subject must be notified first, by any means that leave a written trace, as follows :

– The kind of personal data concerned by the processing;

– The purposes of the personal data processing;

– Whether replies to the questions are compulsory or optional;

          – The possible consequences of the absence of reply;

          – The name of the individual or legal entity which benefits from the data or the name of the individual or legal entity which disposes of the right of access and its residence;

          – The name and first name or the company name of the data controller and if needs be the name and residence of his representative;

          – Their right of access to the data relating to them;

          – Their right to withdraw, at anytime, their consent to the processing;

          – Their right of opposition to the processing of their personal data;

          – The period of personal data storage;

          – A synopsis of the steps taken in order to guarantee the safety of personal data;

          – When applicable, the intended transfer of personal data to another state.

Notification shall be given within one month of the scheduled date of the personal data processing, by registered letter with acknowledgement on receipt or by any other means that leave a written trace.

 

Sub-section II.- The right of access of the data subject

 

Article 32.-

In accordance with this act, the right of access shall be understood as the right of the data subject, his heirs or his tutor to consult all the personal data related to him as well as the right to correct, complete, rectify, update, modify, clarify or delete it, when it has been proved that it is inaccurate, equivocal or prohibited for processing by law.

The right of access shall also be understood as the right to obtain a copy of the personal data in clear language, in accordance with the content of the recordings and in an understandable way in the case of automatic processing.

 

Article 33.-

The data subject may not abandon his right of access beforehand.

 

Article 34.-

The right of access is done by the data subject, his heirs or his tutor in reasonable time intervals and in non excessive ways.

 

Article 35.-

The limitation of right of access of the data subject, his heirs or his tutor, to the personal data related to him is prohibited, except in the following cases :

– When the processing of personal data is carried out for scientific purposes and the data shall affect the privacy of the data subject in a limited way.

– When the purpose of the limitation of right of access is to protect the data subject or third- parties.

 

Article 36.-

When the processing of personal data is carried out by several responsible persons or by a sub-contractor, the right of access is used with each one.

 

Article 37.-

The person responsible for the automatic processing of the personal data and the sub-contractor must take all the required technical steps to ensure that the data subject, his heirs or his tutor may request by e-mail rectification, modification, correction or deletion of their personal data.

 

Article 38.-

The right of access is submitted by the data subject, his heirs or his tutor by any means that leave a written trace. The data subject, his heirs or his tutor may receive a copy of the personal data at their request. The data controller must answer the request within one month.

In case the data subject, his heirs or his tutor are not allowed, by the data controller or the sub-contractor, the right to consult their personal data or when the access is postponed or when there is a refusal to give them a copy of the personal data, the data subject, his heirs or his tutor shall notify the «Instance» within one month of the refusal.

The «Instance», after hearing the two parties and making all the required investigations, may give the right of consultation of the personal data or the issue of a copy or may approve of the refusal within one month from the application.

The data subject, his heirs or his tutor may ask the «Instance» to take all the required steps in order to avoid any risk of concealment or the disappearance of personal data.

The Instance shall issue its decision within seven days from the application.

Dating from the application, concealment or the disappearance of personal data is prohibited.

 

Article 39.-

In the case of any litigation concerning the accuracy of personal data, the person responsible for the processing or the sub-contractor must mention the litigation until it has been decided upon.

 

Article 40.-

The data subject, his heirs or his tutor is entitled to ask for rectification, completion, modification, clarification, updating and deletion of personal data related to him when the data is inaccurate, incomplete or equivocal. The data subject, his heirs or his tutor is also entitled to ask for destruction of the data when their collection or use has been carried out in violation of the hereby Act.

Furthermore, and after the accomplishment of required procedures, the data subject, his heirs or his tutor is entitled to ask for a copy, with no additional costs, and indicates what it has not been carried out.

In that case, the person responsible of processing or the sub-contractor must give him a copy of the requested data within one month of the application.

In case of explicit or implicit refusal, the «Instance» may be notified within one month from expiry of the time mentioned in the above paragraph.

 

Article 41.-

All litigation related to the right of access is notified to the «Instance».

Subject to specific terms mentioned by the hereby Act, the «Instance» shall issue its decision within one month of the application.

 

Sub-section IIII.- The right of objection of the data subject

 

Article 42.-

At anytime, the data subject, his heirs or his tutor has the right to object to the processing of personal data related to him for good, legitimate and serious reasons, except when the processing is scheduled by law or is required by the nature of the commitment.

Furthermore, the data subject, his heirs or his tutor have the right to object to the communication to third parties of personal data related to him, in order to exploit it for promotional purpose.

The objection immediately suspends the processing.

 

Article 43.-

All litigation related to the right to object are notified to the «'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel».

The «Instance» shall issue its decision within the time set by article 41 of the hereby Act.

The juvenile and family court judge shall decide on any litigation related to the right of objection when the data subject is a child

 

Chapter III.- The collection, conservation, deletion and destruction of personal data

Article 44.-

Personal data must be collected directly from the data subject.

Personal data collected from third- parties are admitted whenever the data subject, his heirs or his tutor have already given their consent. The consent is not required whenever collection of personal data obtained from third parties is regulated by law or whenever the collection from the data subject would involve disproportionate efforts or whenever the said collection shall not flagrantly affect the data subjects lawful interests or whenever the data subject has died.

The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child.

 

Article 45.-

Personal data must be destroyed as soon as its preservation term expires, as specified in the notification or authorization or by special laws or whenever the purposes of the collection of personal data have been realized or have become of no use to the data controller. A minute shall be written by a bailiff in the presence of an expert appointed by the «Instance».

The data controller is responsible for the experts fees and the bailiffs fees.

 

Article 46.-

Personal data communicated or susceptible to be communicated to the entities endorsed in article 53 of the hereby Act may not be destroyed or removed without the opinion of the said entities and the authorization from the «'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel».

The Instance shall issue its decision within one month from the date of receipt of the application.

 

Chapter IV.- The communication and transfer of personal data

Article 47.-

The communication of personal data to third parties without the express consent of the data subject, his heirs or his tutor, given by any means that leaves a written trace, is prohibited, except when the data is necessary for public authorities missions, for public security or national defense, for criminal prosecutions or for carrying out missions in accordance with the laws and regulations in force.

The «Instance» may authorize the communication of personal data in case of written and explicit refusal of data subject, his heirs or his tutor whenever the communication is necessary for the protection of the data subject's life, or for scientific or historic researches, or for the performance of a contract at which the data subject is a part under the condition that the part whose personal data are communicate shall commit to take all required guarantees for the protection of data and linked rights, in accordance with the directives of the «Instance» and also under the condition that personal data shall not be used on other purposes for which they have been communicated.

The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child.

 

Article 48.-

The authorization applying shall be submitted to the «Instance» within one month from the date of the data subject's refusal to communicate his personal data to third parties.

The «Instance» shall issue its decision within one month from the date of receipt of the application.

The «Instance» shall inform the applicant within fifteen days from the date of its decision by registered letter with acknowledgement on receipt or any other means that leave a written trace.

 

Article 49.-

The personal data processed for specific aims may be communicated for being processed later for historical or scientific purposes, under the condition of the data subject's consent, his heir or his tutor and the authorization of the «'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel».

According to the cases, the «Instance» shall decide to remove or to leave the data susceptible to identify the data subject.

The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child.

 

Article 50.-

In any cases, the transfer of personal data to a foreign State is prohibited whenever it may endanger public security or Tunisia's vital interests.

 

Article 51.-

The transfer to a foreign State of personal data which are under processing or bound to be under processing may not take place if this State does not provide an adequate level of protection, in reference with the kind and the purposes of the data and the period of its processing and the foreign State where the data shall be transferred and the precautions which have been taken for data safety. In every cases, the transfer of personal data must be carried out in accordance with the conditions set by the hereby Act.

 

Article 52.-

In every case, the authorization of the «Instance» is required before the transfer of personal data.

The «Instance» shall issue its decision within one month from the date of receipt of the application.

The application is introduced before the juvenile and family court judge whenever the personal data subject to transfer refers to a child.

 

Chapter V.- Some specific categories of processing

Section 1.- Processing of personal data carried out by public entities

 

Article 53.-

Provisions of this section shall apply when processing of personal data is carried out by public authorities, local government and administrative public institutions, on the occasion of public security or national defense or criminal prosecutions or when the processing is necessary to execute their missions, in accordance with laws and rules in force.

Furthermore, provisions of this section shall apply to the processing of personal data carried out by health public institutions and public institutions not mentioned in the former paragraph whenever they use prerogatives of public power in order to accomplish their mission.

 

Article 54.-

The provisions of articles 7,8,13, 27, 28, 37, 44 and 49 of the hereby Act shall not apply to the processing of personal data carried out by the entities mentioned in the former article.

The processing of personal data carried out by the entities mentioned in the first paragraph of article 53 of the hereby Act is not subject to the provisions of articles 14, 15 and 42 and to the provisions of the fourth section of the fifth chapter of the hereby Act.

 

Article 55.-

The entities mentioned in article 53 of the hereby Act must rectify, complete, modify, update or delete personal data if the data subject, his tutor or his heirs have reported, by any means that leave a written trace, the inaccuracy or insufficiency of the data.

 

Article 56.-

The right of access cannot be exercised if the processing of personal data is carried out by entities mentioned in the article 53 of the hereby Act.

However, as far as the processing of personal data carried out by the entities mentioned in the second paragraph of article 53 of the hereby Act, is concerned the data subject, his tutor or his heirs can ask, for lawful reasons, to correct, complete, rectify, update, modify or delete them, when it is proved that data is inaccurate and that they have taken cognizance of that.

 

Article 57.-

Communication of personal data to private entities by the entities mentioned in article 53 of the hereby Act, without the express consent of the data subject by any means that leave a written trace, is prohibited.

The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child. The specific laws in force regulate the other communications.

 

Article 58.-

The data subject, his tutor or his heirs have the right to object to the processing of personal data carried out by the entities mentioned in the second paragraph of article 53 of the hereby Act if the processing is contrary to the requirements of the said Act .

 

Article 59.-

All the litigations related to the application of the second paragraph of article 56 and article 58 of the hereby Act are notified to the «Instance» by the data subject, his tutor or his heirs.

The «Instance» must decide within one month from its entitlement.

 

Article 60.-

In the case of dissolution or merger of the entities mentioned in article 53 of the hereby Act, the supervisory authority must take all the required measures for preservation and protection of the data processed by the dissolved or merged entity.

The supervisory authority may decide to destroy personal data or to communicate them for historical or scientific purposes.

In every case, an administrative minute is reported.

 

Article 61.-

The entities mentioned in article 53 of the hereby Act must destroyed personal data if its time's storage has lapsed or if the purpose for which they have been processed has been realized or if personal data is not anymore necessary to the followed activity, in accordance with laws on force. An administrative minute is reported.

 

Section II.- Processing of personal data related to health

 

Article 62.-

Without prejudice to article 14 of the hereby Act, personal data related to health may be processed in the following cases.-

1- When the data subject, his heirs or his tutor has given his consent prior to the processing. The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child;

2- When the processing is required for the realization of purposes authorized by law and by-laws;

3- When the processing is necessary for the development and protection of public health, among other researches related to illnesses;

4- When the processing is salutary for the data subject's health or is required to follow-up his health condition, for preventive or therapeutic purposes;

5- When the processing is carried out for scientific research concerning health.

 

Article 63.-

Personal data processing related to health must be carried out exclusively by doctors or by people bound by their duties to professional confidentiality.

The doctors may communicate personal data in their possession to people or entities who do scientific researches related to health, referring to a notification and after prior authorization from the «'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel».

The «Instance» shall issue its decision within one month from the application.

 

Article 64.-

The processing shall not exceed the required time for the realization of the purpose for which it has been carried out.

 

Article 65.-

When its gives authorization mentioned in the second paragraph of article 63 of the hereby Act, the «Instance» may set the precautions and measures that must be taken to guarantee the protection of personal data related to health.

The «Instance» may prohibit the spread of personal data related to health.

 

Section II1.- Processing of personal data for scientific research purpose

 

Article 66.-

The collection or recording of personal data for scientific purposes must be exclusively processed or used for scientific purposes.

 

Article 67.-

In case where scientific research allows it, the personal data must not reveal the identity of the data subject. Data related to the situation of an identified or identifiable natural person must be distinctly recorded and may not be gathered with the others data related to this person except when they are necessary for research purposes.

 

Article 68.-

The spread or dissemination of personal data which are under processing as part of scientific research is prohibited, unless the data subject, his heirs or his tutor have given their consent, by any means that leave a written trace or unless it is necessary for presentation of the results of research related to existing events at that time.

The provisions of article 28 of the hereby Act shall apply if the data subject is a child.

 

Section IV.- Processing of personal data for the purpose of video surveillance

 

Article 69.-

Without prejudice to the legislation in force, a prior authorization of the The National Authority for Protection of Personal Data. is required for the use of video surveillance means.

The Instance shall issue its decision within one month from the date of receipt of the application.

 

Article 70.-

The use of the video surveillance means mentioned in the previous article must be restricted to the following places :

1- Places opened to the public and their entrances;

2- Car parks, stations, public transport means, seaports, airports;

3- Places of collective work.

 

Article 71.-

The use of video surveillance means in the places mentioned in the previous article must be necessary to ensure people's security, prevention of accidents, protection of real estate and personal property or supervision of the entrances and exits from these places. In every case, video recordings may not been supported by soundtracks.

 

Article 72.-

The public must always be clearly informed of the presence of video surveillance means.

 

Article 73.-

The communication of video recordings collected for surveillance purpose is prohibited, except in the following situations :

1- The data subject, his heirs or his tutor have given their consent. When the data subject is a child, the provisions of article 28 of the hereby Act shall apply;

2- The communication is a necessary condition for the public authorities in order to accomplish their missions;

3- The communication is a necessary condition for the conviction, discovery or prosecution of criminal offenses.

Article 74.-

Video recordings must be destroyed when they are not any more necessary for their specific purposes or for the data subject's interests and if they are not any more necessary for research and prosecutions of criminal offences.

 

Chapter VI

«L'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel»

Article 75.-

The «'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel», which is a legal entity, is established by the provisions of this Act. The Instance is financially independent. Its main office is in Tunis.

The budget of the Instance is attached to the budget of the Ministry of Human Rights.

Its operating methods shall be set by decree.

Article 76.-

The «'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel» shall have the following assignments :

– It shall authorize and receive notification relating to personal data processing or shall withdraw them according to the present Act;

– It shall receive claims within its competence according to the present Act;

– It shall specify the necessary guarantees and the appropriate steps for the protection of personal data;

– It shall access the processing of personal data in order to check them and shall collect the important information for the execution of its mission;

– It shall give its opinion on any matter linked with the requirements of this Act;

– It shall develop rules of conduct concerning the processing of personal data;

– It shall contribute to research, training and studies in the field of personal data protection and all other activities in relation to its mission.

 

Article 77.-

The «Instance» conducts investigations by hearing statements from specific people and by ordering access to the places and premises used for the processing of personal data with the exception of buildings destined for occupancy. The «Instance» may be assisted, in order to do research and specific evaluations, by sworn agents from the Ministry in charge of communication technology or by judiciary experts or by any other person that the «Instance» judges useful.

The public prosecutor in the jurisdiction where the investigation takes place shall be informed by the «Instance»of any offenses that it has detected.

The duty of professional confidentiality is not opposed to the «Instance».

 

Article 78.-

The «Instance» shall be composed as follows :

A President chosen among the eminent persons known for their knowledge in the field;

– A member chosen among the members of the «Chambre des Députés»;

– A member chosen among the members of the «Chambre des Conseillers»;

– A representative of the Prime Ministry;

– Two magistrates from the third degree;

– Two magistrates from the «Tribunal Administratif»;

– A representative from the Ministry of Interior;

– A representative from the Minister of Defence;

– A representative from the Ministry in charge with communication technology;

– A researcher from the Ministry in charge with Scientific Research;

– A doctor from the Ministry in charge with Public Health;

– A member from the «Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales»;

– A member chosen among experts in communication technology.

The President and the Members of the «Instance» are appointed by decree for three years.

 

Article 79.-

It is prohibited for the President and the Members of the «Instance» to hold any direct or indirect interest inside a firm relating to the personal data processing, whether automatic or non-automatic.

 

Article 80.-

The President and the Members of the «Instance» are bound by a duty of confidentiality in respect of the personal data and the information of which they have knowledge by virtue of their functions, even after the end of their term of office, except for other provisions made by the law.

 

Article 81.-

The «Instance» may decide after fair proceedings with the data controller or the sub-contractor to withdraw authorization or to prohibit processing in the case of non respect of the duties provided by the present Act.

The proceedings of withdrawal or prohibition shall be set by decree.

 

Article 82.-

The decisions of the «Instance» shall be reasoned and notified to the parties by a bailiff.

The decisions of the «Instance» shall be appealed before the «Cour d'Appel de Tunis» within one month of their notification. In this case, the «Code de procedure Civile et Commerciale» is the applicable law.

Given that the appeal is not suspenseful, the decisions of the «Instance» shall be executed.

If the execution can make irreversible damage, a summary judgment of the «Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis» may ordain a provisional suspension of proceedings until the decision of the «Cour d'Appel de Tunis»is made,. The decision of provisional suspension of proceedings is not susceptible in any way to appeal. The court in charge of the file must decide within three months from seizure of jurisdiction.

The judgments of the «Cour d'Appel de Tunis» may appeal before the «Cour de Cassation»

 

Article 83.-

The applicant shall submit the assessment expenses and notification of the decisions expenses as well as other required expenses determined by the President of the «Instance».

 

Article 84.-

State personal property and real estate required for the execution of missions of the «Instance» can be given by allocation. In the case of winding-up of the «Instance», its properties shall be transmitted to the State which proceeds to the enforcement of the «Instance” duties and covenants in accordance with current legislation.

 

Article 85.-

The «Instance» shall present to the President of the Republic an annual report.

 

Chapter VII.- The sanctions

Article 86.-

A penalty of two to five years imprisonment and a fine of five thousand to fifty thousand Dinars are applicable to the violation of the provisions of article 50 of the hereby Act.

The attempt is also punishable.

 

Article 87.-

A penalty of two years imprisonment and a fine of ten thousand Dinars are applicable to violation of the provisions of article 13 of the hereby Act and the first paragraph of article 14, the first paragraph of article 28, the first paragraph of article 63 and articles 70 and 71 of the hereby Act.

The same penalty is also applicable to the violation of the provisions of the first paragraph of article 27 and the articles 31, 44 and 68 of the hereby Act.

 

Article 88.-

A penalty of one year imprisonment and a fine of ten thousand Dinars are applicable to a person who uses fraud, violence and threats to exhort consent from a person for the processing of his personal data.

 

Article 89.-

A penalty of one year imprisonment and a fine of five thousand Dinars are applicable to a person who intentionally communicates personal data in order to make a profit for himself or for a third party or to harm the data subject.

 

Article 90.-

A penalty of one year imprisonment and a fine of five thousand Dinars are applicable to whoever :

– Does intentionally a processing of personal data without the notification required by article 7 of the hereby Act or the authorization required by articles 15 and 69 of the hereby Act or continues to do the processing of personal data after the forbiddance of the processing or the withdrawal of the authorization;

– Spreads personal data related to health despite the forbiddance of the «Instance» referred to in the second paragraph of article 65 of the hereby Act;

– Transfers personal data abroad, without the authorization of the «Instance»;

– Communicates personal data without the consent of the data subject or the agreement of the «Instance» in the cases ruled by the hereby Act.

 

Article 91.-

A penalty of one year imprisonment and a fine of five thousand Dinars are applicable to the data controller and the sub-contractor who continue the processing of personal data despite the objection of the data subject according to the article 42 of the hereby Act.

 

Article 92.-

A penalty of eight months imprisonment and a fine of three thousand Dinars are applicable to the data controller and the sub-contractor who intentionally limit or hamper the right of access in cases which are not regulated by article 35 of the hereby Act.

 

Article 93.-

A penalty of three months imprisonment and a fine of three thousand Dinars are applicable to whoever, for the occasion of processing, spreads intentionally personal data in a way that detracts the data subject or his privacy.

A penalty of three months imprisonment and a fine of three thousand Dinars are applicable when the spread has been done without the intention of detracting.

At the request of the data subject, the court of justice shall command to publish an excerpt of the judgment in one or several Tunisian newspapers selected by the data subject. Publication expenses shall be supported by the convicted.

Prosecution may be set only on the request of the data subject.

The withdrawal shall stop the prosecution, the trial or the execution of the sentence.

 

Article 94.-

A penalty of eight months imprisonment and a fine of one thousand Dinars are applicable to whoever shall infringe the provisions of articles 12,18, and 19 and the first and second paragraphs of article 20 and articles 21,37,45,64 and 74 of the hereby Act.

The same penalties are also applicable to whoever collects personal data for illegitimate aims or against the law and order purposes or does intentionally the processing of inaccurate, not updated or unnecessary personal data.

 

Article 95.-

A fine of ten thousand Dinars is applicable to whoever shall not respect the guarantees and measures set by the «Instance»in accordance with the provisions of the second paragraph of article 47 and the first paragraph of article 65 of the hereby Act.

 

Article 96.-

A fine of five thousand Dinars is applicable to whoever :

– Hamper the work of the The National Authority for Protection of Personal Data. by preventing its investigations or by refusing to give it the required documents;

– Communicate in bad faith to the «Instance» or notice intentionally to the data subject inaccurate information.

 

Article 97.-

Except for the cases regulated by law, article 254 of the Criminal Code is applicable to the data controller, the sub-contractor, their agents, the President of the «Instance» and its members who reveal the content of personal data.

 

Article 98.-

A fine of one thousand Dinars is applicable to the data controller, the sub-contractor, the trustee in bankruptcy or the liquidator who infringes the provisions of article 24 of the hereby Act.

 

Article 99.-

A fine of one thousand Dinars is applicable to the data controller or the sub-contractor who infringes the provisions of article 39 of the hereby Act.

 

Article 100.-

In addition to the sentences regulated by former articles of the hereby Act, the court of justice may, in each case, withdraw the authorization of data processing or suspend it.

 

Article 101.-

In case the offender is a legal entity, the penalties mentioned above are applicable personally to the legal or de facto manager responsible for the offenses.

 

Article 102.-

The offenses mentioned in this chapter are certified by judiciary police officers provided for in numbers 1 to 4 of article 10 of the Criminal Proceedings Code and by sworn on oath officers of the Ministry in charge with communication technology; the minutes are prepared in accordance to the proceedings of the Criminal Proceedings Code.

 

Article 103.-

The penal mediation may be considered with reference to the offenses mentioned in the second paragraph of article 87 and articles 89 and 91 of the hereby Act, in accordance with the ninth chapter of the fourth book of the Criminal Proceedings Code.

 

Miscellaneous

 

Article 104.-

The rules opposite to the hereby Act shall be abrogated in particular articles 38, 41 and 42 of the act n°2000-83 of 9 August 2000 on interchange and electronic trade.

 

Article 105.-

The persons who have carried out a processing of personal data at the date of the promulgation of the present Act are given a one year duration to comply with its rules, starting from its coming into force.

The present Act shall be published in the «Journal Officiel de la République Tunisienne» and executed as a State Act.

 

Tunis, July 27th 2004

Zine El Abidine Ben Ali  

01Ene/14

Protection of Privacy Law, 5741-1981

Chapter One: Infringement of Privacy

1.-Prohibition of infringement of privacy

No person shall infringe the privacy of another without his consent.

2.-What is infringement of privacy

Infringement of privacy is any of the following:

(1) spying on or trailing a person in a manner likely to harass him, or any other harassment;

(2) listening-in prohibited under any Law;

(3) photographing a person while he is in the private domain;

(4) publishing a person’s photograph under such circumstances that the publication is likely to humiliate him or bring him into contempt;

(5) copying or using, without permission from the addressee or writer, the contents of a letter or any other writing not intended for publication, unless the writing is of historical value or fifteen years have passed since the time of writing.
In this section «writing» – including electronic message as defined in Electronic Signature Law, 5761-2001.

(6) using a person’s name, appellation, picture or voice for profit;

(7) infringing a duty of secrecy laid down by law in respect of a person’s private affairs;

(8) infringing a duty of secrecy laid down by express or implicit agreement in respect of a person’s private affairs;

(9) using, or passing on to another, information on a person’s private affairs otherwise than for the purpose for which it was given;

(10) publishing or delivering anything obtained by way of an infringement of privacy under paragraphs (1) to (7) or (9);

(11) publishing any matter relating to a person’s intimate life, including his sexual history, state of health or conduct in the private domain.


3.- Definition of terms
.

In this Law:

«person», for the purposes of sections 2, 7, 13, 14, 17B, 17C, 17F, 17G, 23A, 23B and 25, does not include a body corporate;

«consent» means informed, express or implied consent;

«possessor, for the purpose of a database» means a person who has a database in his possession permanently and is permitted to use it;

«publication» has the same meaning as in section 2 of the Prohibition of Defamation Law, 5725-1965;

«photography» includes filming;

«use» includes disclosure, transfer and delivery.

4.- Infringement of privacy a civil wrong

An infringement of privacy is a civil wrong, and the provisions of the Civil Wrongs Ordinance (New Version) shall apply to it subject to the provisions of this Law.

5.- Infringement of privacy an offense
A person who willfully infringes the privacy of another in any of the ways stated in sections 2(1), (3) to (7) and (9) to (11) is liable to imprisonment for a term of five years.

6.-Trifling act

No right to bring a civil or criminal action under this Law shall accrue though an infringement of no real significance.

Chapter Two: Protection of Privacy in Database

7.- Definitions

In this chapter :
«information security» means protection of the integrity of the information, or protection of the information from being exposed, used or copied, without lawful permission;

«database» means a collection of data, kept by a magnetic or optic means and intended for computer processing, except :

(1) a collection for personal use that is not for business purposes; or

(2) a collection that includes only the name, address and method of communication, which in itself does not produce a characterization which infringes the privacy of the persons whose names are included therein, provided that the owner of the collection or the body corporate under his control does not have another collection;

«information» means data on the personality, personal status, intimate affairs, state of health, economic position, vocational qualifications, opinions and beliefs of a person;

«sensitive information» means :

(1) data on the personality, intimate affairs, state of health, economic position, opinions and beliefs of a person;

(2) information that the Minister of Justice determined by order, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, is sensitive information;

«manager of database» means an active manager of a body that owns or possesses a database or a person whom the aforesaid manager authorized for this purpose;

«Registrar» means a person who has the qualifications to be appointed judge of a Magistrate’s Court, and was appointed by the Government, by notice in Reshumot, to keep a «Register of Databases» (hereinafter referred to as «the Register») as prescribed in section 12;

«information integrity» means the data in the database is identical to the source from which it was drawn, not having been changed, delivered or destroyed without lawful permission.

Part One: Databases

8.- Registration and use of database

(a) No person shall manage or possess a database that requires registration pursuant to this section, unless one of the following has occurred:

(1) the database has been registered in the Register;

(2) an application has been made to register the database and the provisions of section 10(B1) have been met;

(3) the database requires registration pursuant to subsection (e) and the Registrar’s order permitted management and possession of the database until the time of its registration.

(b) A person shall not use information in a database that requires registration under this section except for the purpose for which the database was established.

(c) A database owner is obligated to register his database in the Registry, and he shall register the database if one of the following applies:

(1) the database contains information on more than 10,000 persons;

(2) the database contains sensitive information;

(3) the database includes information on persons, and the information was not delivered to this database by them, on their behalf or with their consent to this database;

(4) the database belongs to a public body as defined in section 23;

(5) the database is used for direct-mailing services as referred to in section 17C.

(d) The provisions of subsection (c) shall not apply to a database that only contains information that was made public pursuant to lawful authority or was made available for public inspection pursuant to lawful authority;

(e) The Registrar may, for special reasons that shall be recorded, order the registration of a database that is exempt from registration pursuant to subsections (c) and (d); the said order, in which the Registrar shall set forth instructions as to managing and possessing the database until its registration, shall be served to the owner of the database.

9.- Application for registration

(a) An application for registration of a database shall be submitted to the Registrar.

(b) An application for registration shall state :

(1) the names of the owner of the database, the possessor of the database and the manager of the database, and their addresses in Israel;

(2) the purposes for which the database was established and the purposes for which the information is intended;

(3) the kinds of information that will be included in the database;

(4) particulars on the transfer of information abroad;

(5) particulars on receiving information, on a permanent basis, from a public body as defined in section 23, the name of the public body delivering the information and the nature of the information delivered, except for
particulars that are delivered with the consent of the persons as to whom the information relates.

(c) The Minister of Justice may prescribe by regulations further particulars to be stated in the application for registration.

(d) The owner or possessor of a database shall notify the Registrar of every change in any of the particulars specified in subsection (b) or in subsection (c) and of the discontinuance of the operation of the database.

10.- Powers of Registrar

(a) Where an application for registration of a database is submitted :

(1) The Registrar shall register it in the register it, within 90 days from the day the application was submitted to him, unless he sees reasonable cause for believing that the database serves or is liable to serve illegal activities or as a cover for them, or that the information included within it was received, accumulated or collected in violation of this Law or in violation of the provisions of any law;

(2) The Registrar may, if he is of the opinion doing so is appropriate for the actual operation of the database, record a different purpose than the one set forth in the application, record a number of purposes for the database, or order the submission of a number of applications under the application that was submitted;

(3) The Registrar shall not refuse to register the database pursuant to paragraph (1) and shall not exercise his powers pursuant to paragraph (2) unless he has given the applicant an opportunity to be heard.

(b) Repealed.

(b1) Where the Registrar does not register the database within 90 days from the day the application was submitted to him, and does not notify the applicant of his refusal to register or of delay of the registration for special reasons that he shall record in his notice, the applicant may manage or possess the database although it is not registered.

(b2) Where the Registrar notifies the applicant of his refusal to register the database or of delaying the registration as stated in subsection (b1), the applicant shall not be allowed to manage or possess the database, unless the court rules otherwise.

(b3) The Registrar shall delete the registration of a database from the Register if the owner of the database notifies him that the information in the database has been destroyed and verified the notice by affidavit; where a person other than the owner possesses the database, the notice shall also be verified by affidavit of the possessor.

(c) The Registrar shall supervise compliance with the provisions of this Law and the regulations thereunder.

(d) The Minister of Justice, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, shall establish by order, a supervisory unit that will supervise the databases, their registration, and the
information security therein; the unit shall be sized accordingly with the supervision needs.

(e) The Registrar shall head the supervisory unit, and shall appoint inspectors to carry out the supervision pursuant to this Law; no person shall be appointed inspector unless he received the appropriate professional training in the field of computerization and information security and exercising powers under this Law, and the Israel Police did not object to his appointment for reasons of public safety.

(e1) In carrying out his functions, an inspector may :

(1) demand every relevant person to deliver to him information and documents relating to a database;

(2) enter a place as to which he has reasonable belief that a database is being operated, search the place and seize objects, if he is convinced that doing so is necessary to ensure implementation of this Law and to prevent violation of its provisions; the provisions of the Criminal Procedure (Arrest and Search) Ordinance [New Version], 5869-1969 shall apply to an object that has been seized under this section; arrangements for entering a military installation or an installation of a security authority within its meaning in section 19(c) shall be determined by the Minister of Justice upon consultation with the minister in charge of the security authority, as the case may be; in this paragraph, «object» includes computer material and output as defined in the Computers Law, 5765-1995;

(3) notwithstanding the provisions of paragraph (2), an inspector shall not enter a place that is used solely as a residence, other than pursuant to an order given by a judge of the Magistrate’s Court.

(f) Where the possessor or owner of a database infringes any provision of this Law or the regulations thereunder, or fails to comply with a request made to him by the Registrar, the Registrar may suspend the registration for a period that he shall determine or cancel the registration of the database in the Register, provided that prior to the suspension or cancellation the owner of the database was given the opportunity to be heard.

(g) The Registrar and any person acting on his behalf shall be treated as State employees.

10A.- Protection of privacy report

No later than the first of April every year, the Protection of Privacy Council shall submit to the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset a report that the Registrar shall prepare on the enforcement and supervisory activities in the year preceding submission of the report, along with the Council’s comments.

11.- Notice to accompany request for information

A request to a person for information with a view to the keeping and use thereof in a database shall be accompanied by a notice indicating :

(1) whether that person is under a legal duty to deliver that information or whether its delivery depends on his volition and consent;

(2) the purpose for which the information is requested;

(3) to whom the information is to be delivered and the purposes of such delivery.

12.- Register of databases

(a) The Registrar shall keep a register of databases, which shall be open for inspection by the public.

(b) The register shall contain the particulars for registering the database as stated in section 9.

(c) Notwithstanding the provisions of subsections (a) and (b), in a database of a security authority, the particulars stated in section 9(b)(3), (4) and (5) shall not be open to inspection by the public.

13.- Right to inspect information

(a) Every person is entitled to inspect, either himself or through a representative authorized by him in writing or his guardian, any information about him kept in a database.

(b) The owner of a database shall enable, at the request of a person referred to in subsection (a) (hereinafter – person making the request) inspection of the information, in the Hebrew, Arabic or English language.

(c) The owner of a database may refuse to deliver to the person making the request information relating to his physical or mental health if, in his opinion, it is liable to severely harm the physical or mental health of the person making the request or endanger his life; in such case, the owner of the database shall deliver the information to a physician or psychologist on behalf of the person making the request.

(c1) The provisions of this section shall not require the delivery of information in violation of a privilege prescribed by law, unless the person making the request is the person who is the beneficiary of the privilege.
In this subsection, «law» includes common law.

(c2) The mode and conditions of, and the payment for, the exercise of the right of inspection of information shall be prescribed by regulations.

(c3) The provisions of this section shall not apply :

(1) to a database of a security authority within the meaning of section 19(c);

(1A) to a database of the Prisons Service;

(2) to a database of a tax authority within the meaning of the Tax Law Amendment (Exchange of Information between Tax Authorities) Law, 5727-1967;

(3) where the security or foreign relations of the State or the provisions of any enactment require that information about any person not be disclosed to him;

(4) to any database, in respect of which the Minister of Justice, in consultation with the Minister of Defense or the Minister of Foreign Affairs, as the case may be, and with the approval of the Foreign Affairs and Security Committee of the Knesset, has determined that it contains information as to which the security or foreign relations of the State requires or require that it not be disclosed (such information hereinafter referred to as «secret information»), provided that a person wishing to inspect information about himself kept at any such database shall be entitled to inspect information other than secret information.

(5) to a database about investigations and law enforcement of an authority empowered to investigate by law an offense, which the Minister of Justice determined by order, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset.

(6) to a data base established under section 28 of the Prohibition on Money Laundering Law, 5760-2000.

13A.- Inspection of information not in the possession of the owner of the database

Without derogating from the provisions of section 13 :

(1) The owner of a database who keeps it at the place of another person (in this section – the possessor) shall refer the person making the request to the possessor, with his address, and order the possessor, in writing, to enable the person making the request the inspection;

(2) Where the person making the request applies to the possessor first, the possessor shall inform him if he possesses information about him, and also the name and address of the owner of the database.

14.- Amendment of information

(a) A person who, on inspecting any information about himself finds that it is not correct, not complete, not clear or not up to date may request the owner of the database or, if such owner is a non-resident, the possessor thereof to amend or delete the information.

(b) Where the owner of a database agrees to a request under subsection (a), he shall make the necessary changes in the information and shall notify them to every person who received the information from him within a period prescribed by regulations.

(c) Where the owner of a database refuses to comply with a request under subsection (a), he shall give notice to such effect, in the form and manner prescribed by regulations, to the person who made the request.

(d) The possessor is obligated to correct the information, if the owner of the database agreed to the requested correction or the court ordered that the correction be made.

15.- Appeal to court

A person requesting information may, in the form and manner prescribed by regulations, appeal to the Magistrate’s Court against refusal by the owner of a database to enable inspection under section 13 or section 13A and against notice of refusal under section 14(c).

16.- Secrecy

No person shall disclose any information obtained by him by virtue of his functions as an employee, manager or possessor of a database save for the purpose of carrying out his work or implementing the Law or under a court order in connection with a legal proceeding; where the request is made before a proceeding has been instituted, it shall be heard in the Magistrate’s Court.

A person who infringes the provisions of this section shall be liable to imprisonment for a term of five years.

17.- Responsibility to information security

A database owner, possessor or manager, are each responsible for the information security in the database.

17A.- Possessor of databases of different owners

(a) A person who possesses databases of different owners shall ensure that access to each database is provided only to persons who are expressly authorized to do so by written agreement between the person and the owner of the said database.

(b) A person who possesses at least five databases that require registration under section 8 shall deliver annually to the Registrar a list of the databases in his possession, indicating the names of the owners of the databases, verified by affidavit that, in respect of each of the databases, the persons entitled to access to the database were determined by agreement between the person and the owner, and the name of the security supervisor, as referred to in section 17B.

17B.- Security supervisor

(a) The bodies set forth below shall appoint a person with the appropriate qualifications to be in charge of the information security (hereinafter – security supervisor):

(1) a possessor of five databases that require registration under section 8;

(2) a public body as defined in section 23;

(3) a bank, an insurance company, a company involved in rating or evaluating credit.

(b) Without derogating from the provisions of section 17, the security supervisor shall be responsible for the information security in the databases kept in the possession of the bodies referred to in subsection (a)

(c) A person who has been convicted of an offense involving moral turpitude or an offense of the provisions of this Law shall not be appointed as security supervisor.

Part Two: Direct Mailing

17C.- Definitions

In this part :

«direct mailing» means contacting a person personally, based on his belonging to a group of the population that is determined by one or more characteristics of persons whose names are included in a database;

«contact» includes in writing, printed matter, telephone, facsimile, in a computerized way or by other means;

«direct-mailing services» means providing direct-mailing services to others by way of transferring lists, labels or data by any means.

17D.- Direct mailing

A person shall not manage or possess a database used for directmailing services, unless it is registered in the Register and one of its registered purposes is mailing services.

17E.- Mentioning source of the information

A person shall not manage or possess a database used for directmailing services, unless he has a record indicating the source from which he received every collection of data used for the database, and the date it was received, and to whom each said collection of data was delivered.

17F.- Deletion of information from a database used for direct mailing

(a) Every contact by direct mailing shall include in a clear an conspicuous manner :

(1) mention that the contact is direct mailing, indicating the registration number of the database being used for direct-mailing services as stated in the Register of databases;

(2) notice of the right of the recipient of the contact to be removed from the database as referred to in subsection

(b); along with the address which he should contact for this purpose;

(3) the name and address of the owner of the database containing the information based on which the contact was made, and the sources from which the owner of the database received this information.

(b) Every person is entitled to demand, in writing, of the owner of the database used for direct mailing that the information relating to him be deleted from the database.

(c) Every person is entitled to demand, in writing, of the owner of the database used for direct-mailing services or of the owner of the database containing the information based on which the contact was made, that the information relating to him not be delivered to a person, to a type of persons or to specific persons, for either a limited period of time or permanently.

(d) Where a person informed the owner of the database of his demand as specified in subsections (b) or (c), the owner of the database shall act in accordance with the demand and notify the person, in writing, that he acted accordingly.

(e) Where the owner of the database did not give notice as specified in subsection (d) within 30 days from the day of receipt of the demand, the person whom the information is about may apply to the Magistrate’s Court in the manner prescribed by regulations, to order the owner of the database to act as specified.

(f) The rights under this section of a deceased person recorded in a database are given also to his spouse, child, parent or sibling.

17G.- Application to data items

The provisions of this part shall apply to data items relating to the private affairs of a person, although not classified as information, in the same way that they apply to information.

17H.- Non-application to a public body

This part shall not apply to a public body within the meaning of section 23(1) in carrying out its functions under law.

17I.- Saving of laws

The provisions of this part are in addition to the provisions of any law.

Chapter Three: Defenses

18.- Defenses

In any criminal or civil proceeding for infringement of privacy, it shall be a good defense if one of the following is the case:

(1) the infringement was committed by way of a publication protected under section 13 of the Defamation (Protection) Law, 5725-1965;

(2) the defendant or accused committed the infringement in good faith and in any of the following circumstances:

(a) he did not know and need not have known that an infringement of privacy might occur;

(b) the infringement was committed in circumstances in which the infringer was under a legal, moral, social or professional obligation to commit it;

(c) the infringement was committed in defense of a legitimate personal interest of the infringer;

(d) the infringement was committed in the lawful pursuit of the infringer’s occupation and in the ordinary course of his work, so long as it was not committed by way of publication;

(e) the infringement was committed by way of taking a photograph, or of publishing a photograph taken, in the public domain, and the injured party appears in it accidentally;

(f) the infringement was committed by way of a publication protected under paragraphs (4) to (11) of section 15 of the Defamation (Prohibition) Law, 5725-1965;

(3) The infringement involved a public interest justifying it in the circumstances of the case, provided that, if the infringement was committed by way of publication, the publication was not untruthful.

19.- Exemption

(a) No person shall bear responsibility under this Law for an act which he is empowered to do by law.

(b) A security authority or a person employed by it or acting on its behalf shall bear no responsibility under this Law for an infringement reasonably committed within the scope of their functions and for the purpose of carrying them out.

(c) For the purposes of this section, «security authority» means any of the following:

(1) the Israel Police;

(2) the Intelligence Branch of the General Staff, and the Military Police, of the Israel Defense Forces;

(3) the General Security Service;

(4) the Intelligence and Special Duties Agency (Mossad).

20.- Onus of proof

(a) Where the accused or defendant proves that he committed infringement of privacy under any of the circumstances referred to in section 18(2) and that it did not exceed the limits reasonable under those circumstances, he shall be presumed to have committed it in good faith.

(b) The accused or defendant shall be presumed not to have committed the infringement of privacy in good faith if in committing it he knowingly went further than was reasonably necessary for the purposes of the matters
protected by section 18(2).

(c) An accused person or defendant who sets up the plea provided by section 18(2)(b) or (d) shall be presumed not to have infringed privacy in good faith if he infringed it in violation of the rules or principles of professional ethics applying to him by law or accepted by members of the profession to which he belongs; however, this presumption will not apply if the infringement was caused in circumstances that the accused person or defendant acted according to a legal duty that was imposed on him.

21.- Rebuttal of defense pleas

Where the accused or defendant produces evidence or himself testifies to prove one of the defense pleas provided by this Law, the prosecutor or plaintiff may produce rebutting evidence. This provision shall not derogate from the power of the court under any law to permit the production of evidence by the parties.

22.- Mitigating circumstances

In passing sentence or awarding compensation, the court may also take the following into account in favor of the accused or defendant:

(1) that the infringement of privacy was merely a repetition of something said before and that he mentioned the source on which he relied;

(2) that he did not intend to commit an infringement;

(3) if the infringement was committed by way of publication :

that he has apologized and has taken steps for the discontinuance of the sale or distribution of copies of the publication containing the infringement, provided that the apology was published in the same place and in the same dimensions and manner in which the infringing matter had been published and was unqualified.

Chapter Four: Imparting of Information or Data Items by Public Bodies

23.-Definitions

In this chapter :

«public body» means

(1) a Government Department and any other State institution, a local authority and any other body carrying out public functions under any law;

(2) a body designated by the Minister of Justice, by order, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, provided that the order shall prescribe the categories of information and data items which the body may impart and receive.

23A.- Application to any data items

The provisions of this chapter shall apply to any data items as to a person’s private affairs, even though it may not come within the definition of information, in like manner as they apply to information.

23B.- Prohibition of delivery of information

(a) The imparting of information by a public body is prohibited unless it has been published by lawful authority, or the person to whom it relates has consented to its being imparted.

(b) The provisions of this section shall not prevent a security authority, within the meaning of section 19, from receiving or imparting information for the purpose of carrying out its functions, provided that its communication or receipt is not prohibited by any enactment.

23C.- Restriction as to prohibition

Notwithstanding the provisions of section 23B, the imparting of information, unless prohibited by any enactment or by the principles of professional ethics, is permitted :

(1) between public bodies if :

(a) the imparting of the information takes place within the framework of the powers or functions of the person imparting the information and is required for the purpose of implementing any enactment or for any purpose within the framework of the powers or functions of the person importing or receiving the information, or

(b) the information is imparted to a public body permitted by law to demand it from any other source;

(2) from a public body to a Government Department or other State institution, or between such Departments or institutions as aforesaid, if the imparting of the information is required for the purpose of implementing any enactment or for any purpose within the framework of the powers or functions of the person imparting or receiving the information; provided that no information shall be imparted as aforesaid if it had been given on condition that it not be communicated to another.

23D.- Duties of public body

(a) A public body which regularly imparts information under section 23C shall indicate such fact in every request for information made in accordance with the Law.

(b) A public body which imparts information under section 23C shall keep a record of the information imparted.

(c) Where a public body receives information under section 23C and such information is stored in a database, it shall notify the Registrar of such fact, and such fact shall be included in the particulars of the list of databases under section 12.

(d) A public body which receives information under section 23C shall only make use of it within the framework of its powers or functions.

(e) For the purposes of the duty of secrecy under any law, any information communicated to a public body by virtue of this Law shall be treated like information obtained by that body from any other sources and, in addition, all the provisions applying to the communicating body shall apply to the receiving body.

23E.- Excess information

(a) Where any information permitted to be imparted under sections 23B or 23C is stored in a file with any other information (hereinafter referred to as «excess information»), the communicating body may deliver to the
receiving body such first-mentioned information together with the excess information.

(b) Excess information may only be imparted under subsection (a) if procedures have been prescribed preventing any use being made thereof. Such procedures shall be prescribed by regulations. So long as they have not been so prescribed, the requesting body shall prescribe procedures in writing and shall forward a copy thereof to the communicating body upon its request.

23F.- Permitted delivery is not an infringement of privacy

The imparting of information permitted under this Law shall not constitute an infringement of privacy and the provisions of sections 2 and 8 shall not apply thereto.

23G.- Regulations

The Minister of Justice may, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, make regulations as to procedure for the imparting of information by public bodies.

23H.- Penalties

Repealed.

Chapter Five: Miscellaneous

24.- Status of the State

This Law shall apply to the State.

25.- Death of injured party

(a) Where a person whose privacy has been infringed dies within six months after the infringement without having filed an action or complaint in respect thereof, his spouse, child or parent or, if he leaves no spouse, child or parent, his brother or sister may file an action or complaint in respect of that infringement within six months after his death.

(b) Where a person who has filed an action or complaint in respect of an infringement of privacy dies before the termination of the proceeding, his spouse, child or parent or, if he leaves no spouse, child or parent, his brother or sister may, within six months after his death, notify the court that he or she wishes to proceed with the action or complaint, and upon so notifying, he or she shall take the place of the plaintiff or complainant.

26.-Prescription

The period of prescription of civil actions under this Law is two years.

27.- Applicability of certain provisions of the Prohibition of Defamation Law.

The provisions of sections 21, 23 and 24 of the Defamation (Prohibition) Law, 5725-1965, shall apply mutatis mutandis to legal proceedings for infringement of privacy.

28.- Evidence as to person’s bad reputation, character or past

In a criminal or civil proceeding for infringement of privacy, no evidence shall be produced, and no witness shall be examined, as to the bad reputation or as to the character, past, activities or opinions of the injured party.

29.- Additional orders

(a) In addition to any penalty and other relief, the court may, in a criminal or civil proceeding for infringement due to a violation of a provision of this law, order :

(1) prohibition of the distribution of copies, or confiscation, of the infringing matter; a confiscation order under this paragraph is effective against any person who has such material in his possession for sale, distribution or storage, also if he is not a party to the proceeding; where the court orders confiscation, it shall direct how the confiscated copies shall be disposed of;

(2) publication of the whole or part of the judgment; the publication shall be made at the expense of the accused or defendant, in the place and in the dimensions and manner prescribed by the court.

(3) surrender of the infringing matter to the injured party;

(4) destruction of information unlawfully received, or prohibition of use of the aforesaid information or of excess information as defined in section 23E, or any other order in respect of the information.

(b) The provisions of this section shall not prevent the keeping of a copy of a publication in public libraries, archives and the like unless the court, by a confiscation order under subsection (a)(1), imposes a restriction also on such keeping, and they shall not prevent the keeping of a copy of a publication by an individual.

29A.- Statutory damages

(a) The court may order a person who has been convicted under section 5 to pay the injured person statutory damages, that will not exceed 50,000 new shekels; an order for damages under this subsection shall be regarded as a ruling of the same court in a civil proceeding of the entitled against the person obliged.

(b)

(1) In a civil wrong-doing proceeding under section 4, the court may order that the defendant shall pay the plaintiff statutory damages that will not exceed 50,000 new shekels.

(2) In a proceeding under paragraph (1) in which it was proven that the infringement on privacy was made with intent to cause harm, the court may order that the defendant shall pay the plaintiff statutory damages that
will not exceed double the amount in that paragraph.

(c) A person shall not be awarded statutory damages under this section, for the same infringement on privacy, more than once.

(d) The amounts in this section shall be updated at the 16th of each month, in accordance with the rate of change in the new index compared with the basic index; in this regard:

«index» : the consumer price index as published by the Centeal Bureau of Statistics;

«the new index»: the index of the month which proceeded the month of update;

«the basic index»:  the index of May 2007.

30.- Responsibility for publication in newspaper

(a) Where an infringement of privacy is published in a newspaper, within the meaning of the Press Ordinance (hereinafter referred to as «a newspaper»), criminal and civil responsibility for the infringement shall be borne by the person who brought the material to the newspaper and thereby caused its publication, the editor of the newspaper and the person who actually decided upon the publication of the infringement in the newspaper, and civil responsibility shall be borne also by the publisher of the newspaper.

b) In a criminal case under this section, it shall be a good defense for the editor of the newspaper that he took reasonable steps to prevent the publication of the infringement or that he did not know of the publication.

(c) In this section, «editor» of a newspaper includes the actual editor.

31A.- Penalty for offenses of strict responsibility

(a) A person who commits any of the following is subject to imprisonment for a term of one year :

(1) manages, possesses or uses a database in violation of the provisions of section 8;

(2) provides incorrect particulars in an application for registration of a database as required in section 9;

(3) fails to provide particulars or provides incorrect particulars in the notice accompanying a request to obtain information under section 11;

(4) fails to comply with the provisions of sections 13 and 13A regarding the right to inspect information kept in a database or fails to correct information in accordance with the provisions of section 14;

(5) enables access to a database in violation of the provisions of section 17A(a) or fails to provide to the Registrar documents or an affidavit in accordance with the provisions of section 17A(b);

(6) fails to appoint a security supervisor in accordance with the provisions of section 17B;

(7) manages or possesses a database used for direct-mailing services, in violation of the provisions of sections 17D to 17F;

(8) delivers information in violation of the provisions of sections 23B to 23E.

(b) An offence under this section does not require proof of criminal intent or negligence.

31B.- Civil wrong

An act or omission in violation of the provisions of chapters two or four or in violation of regulations enacted under this Law shall be a wrong under the Civil Wrongs Ordinance.

31.- Responsibility of printer and distributor

Where an infringement of privacy is published in print, except in a newspaper published under a valid license at intervals of not less than forty days, criminal and civil responsibility for the infringement shall be borne also by the possessor of the printing press, within the meaning of the Press Ordinance, in which the infringement was printed and by a person who sells or otherwise distributes the publication; provided that they shall not bear
responsibility unless they knew or ought to have known that the publication contained an infringement of privacy.

32.- Material inadmissible as evidence

Material obtained by the commission of an infringement of privacy shall not be used as evidence in court without the consent of the injured party, unless the court, for reasons which shall be recorded, permits it to be used or if the infringer, being a party to the proceeding, has a defense or enjoys exemption under this Law.

33.- Amendment of Civil Wrongs Ordinance

Section 34A of the Civil Wrongs Ordinance is hereby repealed.

34.- Amendment of Criminal Procedure Law

In the schedule to the Criminal Procedure Law, 5725-1965, the following paragraph shall be added after paragraph (12):

«(13) offenses under the Protection of Privacy Law, 5741-1981.»

35.- Saving of laws

The provisions of this Law shall not derogate from the provisions of any other law.

36.- Implementation of regulations

The Minister of Justice is charged with the implementation of this Law and may, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, make regulations as to any matter relating to its implementation, and inter alia :

(1) conditions of keeping and safeguarding information at databases;

(2) conditions of transmitting information to or from databases outside the boundaries of the State;

(3) rules of conduct and ethics for owners, possessors and managers of databases and their employees.

36A.- Fees

(a) The Minister of Justice, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, may institute :

(1) fees for registration of a database and its inspection under this Law;

(2) a fee, for a period that shall be determined, for a database registered in the Register (hereinafter – periodic fee), unless the database is owned by the State, in addition, the Minister may fix different amounts for the periodic fee, based on the kind of database, and also fix the date on which the period fees shall be paid, and an additional fee for a periodic fee that is not paid at the fixed time.

(b) The funds collected from the fees under this section shall be designated for the Registrar and the supervisory unit for purposes of carrying out their activities under this Law.

(c) Where the periodic fee or the additional fee to the periodic fee is not paid, as the case may be, within six months from the date fixed by regulations for payment of the additional fee, the registration of the database in the Register shall be suspended until payment is made.

37.- Commencement

Chapter Two shall come into force six months from the date of publication of this Law.

01Ene/14

Legislación de Bolivia. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de agosto de 2008

 

PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

 

Ministerio de Justicia

 

Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

 

La Paz, agosto de 2008.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

A lo largo de la historia de nuestro país, el ciudadano común ha encontrado una infinidad de impedimentos y obstáculos para la obtención de información pública, incluso sobre aquella que le concierne o afecta directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal.

Estos obstáculos al acceso a la información si bien se han venido ejerciendo principalmente desde la administración pública, también han tenido gran participación el ámbito de sector privado, aún más con el regreso de políticas gubernamentales de carácter neoliberal que han incurrido en el abuso del poder económico, de manejo de recursos económicos de la población de manera irrestricta. Estos hechos han generado actos de corrupción y malos manejos de los recursos e intereses públicos, de manera que se han generado negocios de carácter internacional irregulares como es el caso de los contratos para la explotación de nuestros recursos gasíferos, avalados por leyes y disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz, como la anterior Ley de Hidrocarburos. Ni que decir de los Gastos Reservados, de  administración directa de la Presidencia de la República, y de los que hicieron uso y abuso los gobiernos demo- dictatoriales y con los cuales se causo dolor y sangre en la población boliviana.

Si este obstáculo en la obtención de información ha sido funesta para diferentes sectores sociales del país, no lo ha sido menos para el ciudadano común, quien muchas veces esta privado de mecanismos e instrumentos institucionales para obtener la información que necesita. Todo ello acaba en la falta de credibilidad de la Administración y los servicios públicos por parte de la población, como sucedió en la Policía, las Superintendencias, las empresas prestadoras de servicios de electricidad, teléfono, basura y aguas, etc. Esto se expresa en una premisa sencilla: cuando hay asimetría en la información entre los habitantes de un país, las desigualdades se exacerban y los desequilibrios se perpetúan.

 Por ello, en el marco de la Revolución Democrática y Cultural, que implica una revolución jurídica, y dentro las directrices trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo, es tarea del gobierno amparar y garantizar el derecho de acceso a la información por parte de todo el aparato estatal y de toda entidad en la que ésta participe.

Esto no quiere decir que no se deba proteger y dar seguridad a los funcionarios públicos en el actuar de su vida normal y cotidiana, por el contrario, se trata de proteger y otorgar seguridad a intereses del Estado.

La transparencia en la actuación del Estado debe ser contundente y este debe constituirse en una constante y referente de él. El resultado principal en este caso es romper la política que ha caracterizado a nuestro sistema político y administrativo en donde el secreto se convirtió en regla y la publicidad en excepción.

Hacia el año 2000 las primeras iniciativas para que los poderes del Estado puedan otorgar información requerida por los ciudadanos en diversos temas, especialmente de orden económico.

No obstante que el acceso a la información se encuentra en diversas normas como la Ley nº 1178 de 20 de julio de 1990, su Reglamento el D.S. 23318-A de 3 de Noviembre de 1992, así como también en la Ley nº 2027, Ley del Estatuto del Funcionario Público y su Decreto Reglamentario nº 25749 de 20 de Abril de 2000. Sin embargo, estos han tenido resultados insatisfactorios, por lo que organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones internacionales han motivado la redacción de una Ley especial. 

La ciudadanía tuvo amplia participación en la fase de socialización y redacción de este Anteproyecto de Ley. En dicho proceso se recogieron las sugerencias y comentarios considerados pertinentes, correspondiendo al Ministerio de Justicia la revisión final.

Este es un mensaje más que debe emitir el gobierno para hacer conocer al contexto internacional, que este país ya no será más campeón de la corrupción. Asimismo, se coadyuvará en la prevención y reducción de la corrupción y se impulsará un adecuado control del uso de los recursos del Estado. En este accionar se considera necesaria la participación de la ciudadanía como una forma de control social en los negocios del Estado.

Por otro lado, el Proyecto de Ley permite dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Bolivia mediante Ley nº 3068 de 1 de junio de 2005, establece en su CAPÍTULO II, de Medidas preventivas, Art. 5º, que los Estados deben, en materia de prevención de la corrupción, formular, aplicar o mantener en vigor políticas que promuevan entre otras cosas, la transparencia en la gestión pública.

Específicamente, el artículo 10, Información Pública, de la Convención dispone que los Estados «deben adoptar medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones.

Incluyendo, entre las medidas, la instauración de procedimientos que permitan al público obtener información sobre organización, funcionamiento, y adopción de decisiones, con la debida protección de datos privados; la simplificación de los procedimientos de acceso a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones y la publicación de información, que puede incluir informes sobre riesgos de corrupción en la administración pública.»

«Artículo 10.- Información pública.- Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.» (Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción).

Asimismo, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (CICC) de la OEA, ratificada por Bolivia mediante Ley nº 1743 de 17 de enero de 1997, señala en su artículo III que los Estados deben adoptar medidas preventivas contra la corrupción, destinadas a crear, mantener y fortalecer, por ejemplo, «normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.»

El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información consta de 27 artículos, divididos en dos Títulos, con sus tres Capítulos y dos Capítulos, respectivamente. Contiene normas sobre:

Disposiciones generales, Valores y Principios, Información Pública, Excepciones y  

Procedimiento y Disposiciones Finales.

Esta Ley reglamentará el ejercicio del derecho a la información o el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, como un derecho fundamental aún no reconocido expresamente en la Constitución. En este sentido, el Proyecto de Ley establece los requisitos, condiciones, plazos y procedimiento para que cualquier persona interesada pueda acceder y obtener información pública que genera y produce el Estado en todas sus entidades e instituciones, así las personas de derecho privado sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley.

En otras disposiciones importantes, se establece las exclusiones al ejercicio de este derecho (información clasificada: privilegiada, reservada, secreta, etc.); la obligación del Estado de conservar y mantener los documentos e información pública; la obligación de designar a un responsable de atender las solicitudes de información en todas las entidades públicas; y la posibilidad de impugnar el rechazo o denegatoria a la atención de las solicitudes de información pública.

En resumen, el espíritu que anima a este Proyecto de Ley es la búsqueda de una mayor y mejor transparencia en los actos administrativos y negocios del Estado.

 

La Paz, agosto de 2008.

 

 

PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

TÍTULO I

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1º.- Objeto.-

La presente Ley tiene por objeto:

a. Regular el derecho de toda persona de acceder a la información pública, así como los mecanismos para hacer efectivo su ejercicio

b. Garantizar a toda persona el acceso a la información generada en los poderes del Estado y las instituciones o entidades de su dependencia, así como las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.

c. Establecer normas de protección de los datos personales en posesión de las entidades del sector público.

d. Determinar los procedimientos ante la administración pública, para el acceso a la información que curse en su poder.

 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación y alcance.-

I. La presente Ley se aplicará a los servidores públicos que prestan servicios en el Estado, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los que desempeñan funciones en entidades, instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y en toda otra entidad donde el Estado tenga presencia y/o participación.

II. Quedan también obligadas aquellas personas naturales o jurídicas no comprendidas en el parágrafo anterior, que hayan suscrito contratos de concesión con el Estado para la prestación de servicios públicos, que presten servicios públicos básicos y que realicen de manera permanente actividades de beneficencia pública.

 

Artículo 3º.- Obligación de informar.-

Toda información generada o conservada en cualquier institución del sector público, adquiere la calidad de pública con alcance a las entidades a las que hace referencia el artículo 2º; consecuentemente, los responsables de la información, tienen la obligación de informar a las personas peticionarias, conforme las disposiciones de esta Ley.

 

Artículo 4º.- Legitimación.-

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir la información de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley.

 

Artículo 5º.- Conservación de la información.-

I. Para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, quedan obligadas a la conservación de la información generada o recibida, en el marco de las normas legales en vigencia relativas a su preservación. Su omisión hará pasible al responsable, de las sanciones establecidas en el Código Penal.

II. Los servidores públicos que incumplan las disposiciones de la presente Ley, serán pasibles al establecimiento de las responsabilidades administrativa, ejecutiva, civil o penal, según corresponda.

 

CAPÍTULO II.- VALORES Y PRINCIPIOS

 

Artículo 6º.- Valores.-

La presente Ley se sustenta en los siguientes valores:

a. Transparencia, en el sentido de proporcionar información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable, a toda persona que lo solicite, en el marco de la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de la información, en especial aquella referida a la asignación y uso de los recursos, los principales resultados obtenidos y los factores que influyeron en sus resultados.

b. Integridad pública, entendida como la coherencia que debe existir entre las políticas públicas y los resultados obtenidos en la gestión pública.

c. Ética Pública, la conducta que el servidor público deberá demostrar en el ejercicio de sus funciones.

d. Participación ciudadana, la ciudadanía tiene el deber de coadyuvar en la conservación, custodia y preservación de la información pública.

 

Artículo 7º.- Principios.-

La presente Ley, se rige por los siguientes principios:

a. Dominio público, en razón a que toda información que se encuentre en las entidades mencionadas es de de interés de la colectividad.

b. Oportunidad, la información solicitada por personas naturales o jurídicas, debe ser proporcionada con celeridad.

c. Accesibilidad, por el cual la información a ser requerida debe ser otorgada sin ninguna restricción, salvo casos específicamente establecidos en la presente Ley.

d. Publicidad, la información generada y conservada en las entidades en el marco de la presente Ley, es de carácter público consecuentemente será puesta en conocimiento de la colectividad por cualquier medio de información y comunicación.

e. Economía, la información solicitada por personas naturales o jurídicas, será proporcionada en gratuidad, con excepción de los costos que demanden su reproducción o legalización.

f. Buena fe, por el que se presume que la solicitud o petición de información de las personas naturales o jurídicas, se efectúa con fines lícitos.

 

 

CAPÍTULO III.- INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Artículo 8º.- Oficial de Información.-

En estructura orgánica de las entidades públicas y las personas señaladas articulo 2º, se creará el cargo del Oficial de Información, quien tendrá bajo su responsabilidad el proceso administrativo de acceso a la información, en la recepción de solicitudes, gestión y entrega de la información. En las entidades que por razones presupuestarias este cargo no pueda ser creado, se designará a un funcionario responsable de estas tareas.

 

Articulo 9º.- Alcance y forma.-

La información pública es la producida o procesada por las entidades y personas de derecho privado comprendidas en la presente ley, en sus fases de inicio, procesamiento o conclusión, resguardada o conservada en los archivos de la repartición responsable de su atención o de la entidad correspondiente, sea en su forma impresa, gráfica, fotográfica, grabada en cinta de video, soporte magnético, digital u otro de mayor avance tecnológico.

 

Artículo 10.- Portal de acceso y actualización.-

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley deberán construir el Portal de acceso institucional, y velar por su permanente actualización, para hacer pública la información bajo responsabilidad.

 

Artículo 11.- Contenido mínimo del portal de acceso.-

El Portal de acceso, deberá contener como mínimo, la siguiente información:

a. Datos generales de la entidad: misión, visión, principios, objetivos institucionales, domicilio, números de teléfono, fax y correo electrónico institucional.

b. Recursos humanos: nómina de autoridades y del personal dependiente, en todos sus niveles y jerarquías; así como la modalidad de selección y contratación.

c. Planificación: Plan Estratégico Institucional, Programación Operativa Anual (POA), programado, ejecutado y resultados de gestión.

d. Información financiera y no financiera: presupuesto institucional, fuente de financiamiento, escala salarial y balance de gestión, adquisición de bienes y/o servicios, programados y ejecutados, y nómina de proveedores.

e. Información sobre contrataciones:

f. Viajes oficiales: información de los resultados de los viajes oficiales de las autoridades ejecutivas y administrativas.

g. Marco legal: normas aplicables generales, especiales, conexas, complementarias en sus diferentes categorías; así como los anteproyectos de Ley, Decretos Supremos u otra norma de inferior jerarquía, que por iniciativa o a petición, estuvieren bajo su responsabilidad.

h. Información estadística: relativa a la atención de las solicitudes de información en la gestión.

i. Formulario de solicitud de información.

j. Comentarios y sugerencias.

 

TÍTULO II

 

CAPÍTULO I.- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

Artículo 12.- Derecho de acceso a la información.-

El acceso a la información constituye un derecho de toda persona natural o jurídica, a cuyo fin las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley deberán otorgar facilidades para la atención oportuna, eficiente y eficaz.

 

Artículo 13.- Petición de información.-

La persona natural o jurídica que requiera información, podrá hacerlo en forma escrita o verbal. El Oficial de Información o el funcionario responsable atenderán las solicitudes en el marco de lo establecido en la presente Ley.

 

Artículo 14.- Obligación de informar.-

Cuando las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley reciban una petición de información, tienen la obligación de satisfacer ese derecho, sin distinción de sexo, raza, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o motivo de otra índole, origen, condición económica o social u otro argumento, excepto lo establecido en el artículo 18 de la presente Ley, no se rechazará ninguna solicitud, caso contrario se aplicará la sanción que corresponda.

 

Artículo 15.- Forma y estado de la información.-

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley sólo tienen obligación de entregar la información en el estado y forma en que se encuentre; y no están obligados a cambiar el formato de la información solicitada.

 

Artículo 16.- Remisión.-

 

I. La solicitud de información en ningún caso supone la obligación de crear información adicional que no cuente o que no tenga obligación de poseer las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley. En caso de no contar con toda la información solicitada, deberá permitir el acceso a la información que se encuentra bajo su custodia.

 

II. Para el caso de que las entidades a la que hace referencia esta Ley, no posea la información y tenga certeza de que se encuentra en poder de otra entidad hará conocer de esta situación al interesado en el término de cuarenta y ocho horas de recibida la petición, la que deberá responder conforme el artículo 23 de la presente Ley.

 

III. Si el Oficial de Información o responsable de la información desconociera el destino de la información solicitada, en el plazo señalado en el parágrafo precedente, deberá hacer conocer sobre esta situación al interesado, otorgando la orientación que corresponda con el fin de encaminar su petición.

 

Artículo 17.- Imposibilidad material de informar.-

Cuando el Oficial de Información o responsable se encuentren imposibilitados materialmente de informar, deberán responder al peticionario, exponiendo por escrito los motivos o causas que impiden atender su solicitud. Estos sólo podrán referirse a la inexistencia de la información o documentación, extravió, pérdida o destrucción.

 

CAPÍTULO II.- EXCEPCIONES Y PROCEDIMIENTO

 

Artículo 18.- Excepciones.-

 

I. El acceso a la información que con anterioridad a la petición y en virtud a leyes hubiera sido clasificada, será restringida de manera excepcional. Dicha clasificación no será en ningún caso discrecional de la autoridad pública.

 

II. Con carácter general, se establecen las siguientes excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública:

 

a. Relativa a la intimidad o privacidad de la persona o que estén protegidos por el secreto profesional.

 

b. Relacionada a la seguridad interna y externa del Estado.

 

c. Información cuya difusión pueda poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad de las personas.

 

Artículo 19.- Regulación de excepciones.-

 

I. Los casos establecidos como excepción en la presente Ley son las únicas causales para restringir el acceso a la información pública, debiendo ser interpretados en caso de duda a favor del derecho de acceder a dicha información.

 

II. La excepción se entenderá por un máximo de veinte años en el caso de seguridad externa; y en el caso de seguridad interna en un máximo de diez años. A su vencimiento, la información considerada clasificada se hará pública y accesible.

 

Artículo 20.- Información del derecho de acceso a la información.-

 

I. En el primer trimestre del año las Máximas Autoridades Ejecutivas y los responsables de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, están obligadas a presentar al Ministerio de Justicia un informe acerca del tratamiento otorgado a las solicitudes de acceso a la información.

 

II. El Informe a que se refiere el parágrafo precedente, deberá ser de conocimiento de la opinión pública a través del Portal de acceso u otro medio de difusión masiva determinada por la entidad informante.

 

Artículo 21.- Obstrucción y retraso.-

 

I. La persona natural responsable de proporcionar información y que arbitrariamente impida, retrase, dificulte o restrinja el acceso a la información, la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la presente Ley, será pasible a las responsabilidades previstas en el artículo 5º de esta Ley.

 

II. El control en la debida atención a las solicitudes de información será ejercido por el superior jerárquico, a éste por la máxima autoridad y a la máxima autoridad por la entidad que ejerza tuición sobre ella.

 

Artículo 22.- Acatamiento funcional.-

El cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, no dará lugar a sanciones ni represalias de terceros o superiores jerárquicos contra los funcionarios responsables de entregar la información solicitada.

 

Artículo 23.- Requisitos de la solicitud y plazos.-

 

I. La solicitud de la información, debe contener:

 

a. Nombres, apellidos y domicilio del solicitante, y si correspondiere, número de fax, correo electrónico, teléfono fijo o celular; alternativamente, el medio por el que desea recibirla.

b. La descripción clara y precisa de la información que solicita.

c. Todo dato que facilite la búsqueda y ubicación de la información

 

II. En el caso de que la solicitud de acceso a la información sea de modo verbal, el Oficial de Información deberá transcribir los datos del solicitante y los datos que señalan en el parágrafo anterior, en un formulario adecuado para tal efecto.

 

III. Si la solicitud no es clara o es errónea, la entidad o persona comprendida en el ámbito de aplicación de esta Ley, requerirá al solicitante que la aclare o corrija en el plazo máximo de diez días hábiles, a cuyo vencimiento se desestimará la petición.

 

IV. Ante cualquier duda, el Oficial de Información y/o responsable de la información deberá orientar al solicitante respecto de la forma de petición del acceso a la información

 

V. La persona natural o jurídica a la que se hubiere acudido para acceder a la información, deberá responder en el plazo máximo de veinte días hábiles, plazo que podrá prorrogarse por diez días hábiles adicionales por razones motivadas y por escrito.

 

VI. Si no tuviera la información solicitada, o si la tuviere parcialmente o no la pudiese entregar por tratarse de información clasificada, deberá informar por escrito al solicitante en el plazo de veinte días hábiles.

 

VII. El Oficial de Información o responsable de la información procederá al registro de las solicitudes recibidas y el tratamiento que hubiera merecido.

 

Artículo 24.- Silencio administrativo.-

El incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo precedente implicará la aceptación de la solicitud, otorgándose un plazo improrrogable de 24 horas para que el encargado de proporcionar la información la efectivice, pudiendo ante la negativa el peticionario interponer los recursos administrativos de impugnación que pudieran corresponder.

 

Artículo 25.- Medios de impugnación.-

Contra la decisión del Oficial de Información y/o responsable de la información, el solicitante podrá interponer los recursos de revocatoria y jerárquico, de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario.

 

Artículo 26.- Petición de Información Individual

 

I. Toda persona, en la vía administrativa, podrá solicitar ante la autoridad encargada de los archivos o registros el acceso a la información, la actualización, complementación, eliminación o rectificación de sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, relativos a sus derechos fundamentales a la identidad, intimidad, imagen y privacidad.

 

II. La petición de Información Individual se resolverá en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso de negativa injustificada de la petición, la autoridad jerárquica competente, adicionalmente tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para dar curso a la petición solicitada.

 

La petición de Información Individual no reemplaza ni sustituye el Recurso Constitucional establecido en el Artículo 23 de la Constitución Política del Estado.

 

Artículo 27.- Costos.-

Por regla general el suministro o entrega de la información o documentación, si correspondiere, es en gratuidad, con excepción de los costos emergentes de la reproducción del documento, de la extensión de fotocopias legalizadas o el emergente del envío de la información. Las entidades y personas comprendidas en los alcances de la presente Ley, quedan obligadas a reducir los costos para facilitar la entrega de la información requerida.

 

CAPÍTULO ÚNICO.- DISPOSICION FINAL

 

Disposición única.- Desclasificación.-

La información que hubiera sido clasificada con anterioridad a la promulgación de esta Ley, será desclasificada y puesta a conocimiento público, en virtud de los plazos transcurridos y previstos en esta Ley, con excepción de la información y documentación relativa a la seguridad interna y externa de país.

 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

 

Disposición Única.- Abrogaciones y derogaciones.-

 

I. Queda abrogado el D.S. nº 28168 de 17 de mayo de 2005.

 

II. Se derogan los parágrafos I y II del artículo 18 de la Ley nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo; el inciso d) del D.S. nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública; y además todas las disposiciones contrarias a las presente Ley.

 

La Paz, agosto de 2008. 

01Ene/14

Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual (B.O.E. núm. 37 del 12 de febrero de 2004).

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece, en su artículo 57, que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular. Del mismo modo, la ley establece que, sin perjuicio de su gestión en el ámbito territorial respectivo por cada comunidad autónoma, las tarjetas incluirán, de manera normalizada, los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica y del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria. Los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica y las aplicaciones que la traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado.

Por otra parte, y con el objetivo de poder identificar de forma segura y unívoca a cada ciudadano, la ley encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo la generación de un código de identificación personal único para el Sistema Nacional de Salud, mediante el desarrollo de una base datos que recoja la información básica de usuarios del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los servicios de salud dispongan de un servicio de intercambio de información sobre la población protegida, mantenido y actualizado por los propios integrantes del sistema.

Para dar cumplimiento a las previsiones legales es necesario abordar, en primer lugar, los aspectos relativos a la emisión de la tarjeta por parte de las Administraciones sanitarias, como elemento necesario para acceder a los servicios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Del mismo modo, debe normalizarse la información mínima que la tarjeta ha de suministrar acerca de los ciudadanos, a través de la incorporación de un conjunto básico común de datos en todas las tarjetas sanitarias emitidas.

Con el fin de minimizar los costes de transición y posibilitar el desarrollo y adecuación técnica de las nuevas tarjetas sanitarias, se prevé la sustitución de las actuales a medida que éstas vayan caducando, estableciéndose, además, un plazo para la preparación de los requerimientos necesarios para el inicio de su sustitución.

El real decreto aborda también la regulación del código de identificación personal que establece la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que será único a lo largo de la vida de la persona. Ello facilitará, entre otros aspectos, la búsqueda y consulta de la información clínica de cada paciente, posibilitando el intercambio de dicha información dentro del Sistema Nacional de Salud en las condiciones legalmente permitidas y siempre con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad asistencial.

De igual forma, es necesario regular el funcionamiento de la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud, que tiene como objetivo fundamental la generación de este código de identificación personal con la mayor certidumbre posible de su carácter único.

La base de datos se concibe como un sistema de intercambio de información sobre la población protegida entre las Administraciones sanitarias, con el fin de mantener la coherencia de los datos de aseguramiento y ser fuente fiable para la gestión de las políticas de cohesión sanitaria. Es también preciso establecer los aspectos de seguridad y acceso a la información y la cesión de datos.

Por último, es necesario incorporar a este mismo sistema a todos aquellos colectivos cuya cobertura sanitaria se financia públicamente y que están incluidos en regímenes especiales a través del mutualismo administrativo. Con ello se logrará la correcta ordenación de las situaciones y se colocará a todos los asegurados en pie de igualdad respecto a las utilidades que proporciona el sistema de intercambio de información sobre población protegida del Sistema Nacional de Salud.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 2004,

 

DISPONGO:

 

Artículo 1.- Objeto.

Este real decreto regula, en desarrollo del artículo 57 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la emisión y validez de la tarjeta sanitaria individual, los datos básicos comunes que de forma normalizada deberán incorporar, el código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud y la base de datos de población protegida de dicho sistema.

 

Artículo 2.- Emisión y validez de la tarjeta sanitaria individual.

1. Las Administraciones sanitarias autonómicas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria emitirán una tarjeta sanitaria individual con soporte informático a las personas residentes en su ámbito territorial que tengan acreditado el derecho a la asistencia sanitaria pública.

2. La tarjeta sanitaria individual emitida por cualquiera de las Administraciones sanitarias competentes será válida en todo el Sistema Nacional de Salud, y permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos previstos por la legislación vigente.

 

Artículo 3.- Datos básicos comunes de la tarjeta sanitaria individual.

1. Con objeto de disponer de datos normalizados de cada persona, en su condición de usuario del Sistema Nacional de Salud, independientemente del título por el que accede al derecho a la asistencia sanitaria y de la Administración sanitaria emisora, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud.

2. Sin perjuicio de la información que la ley autorice a incorporar a cada Administración competente, la tarjeta sanitaria individual contendrá, de manera normalizada y de forma visible, los siguientes datos:

a) Administración sanitaria emisora de la tarjeta.

b) Apellidos y nombre del titular de la tarjeta.

c) Código de identificación personal asignado por la Administración sanitaria que emite la tarjeta.

d) Modalidad de la prestación farmacéutica.

e) Leyenda que informa de su validez en todo el Sistema Nacional de Salud: «Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud».

3. El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con las comunidades autónomas y demás Administraciones públicas competentes, establecerá los requisitos y los estándares necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica, y las aplicaciones que las traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado.

 

Artículo 4.- Código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud.

1. La asignación del código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud se realizará en el momento de inclusión de los datos relativos a cada ciudadano en la base de datos de población protegida por el Sistema Nacional de Salud, desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y actuará como clave de vinculación de los diferentes códigos de identificación personal autonómicos que cada persona pueda tener asignado a lo largo de su vida.

2. El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud tendrá carácter irrepetible y será único a lo largo de la vida de cada persona, independientemente de la Administración sanitaria competente en su atención sanitaria en cada momento.

3. Dicho código de identificación facilitará la búsqueda de la información sanitaria de un paciente que pueda encontrarse dispersa en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de que pueda ser localizada y consultada por los profesionales sanitarios, exclusivamente cuando ello redunde en la mejora de la atención sanitaria, con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, garantizando asimismo la confidencialidad e integridad de la información.

 

Artículo 5.- Base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud.

1. Con el fin de proceder a la generación del código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Información Sanitaria, desarrollará una base datos que recoja la información básica de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como el fichero histórico de las situaciones de aseguramiento y de la adscripción de la persona, en su caso, a diferentes Administraciones sanitarias a lo largo de su vida.

2. Para facilitar la gestión de la población protegida, su movilidad y el acceso a los servicios sanitarios, dicha base actuará como un sistema de intercambio de información entre las Administraciones sanitarias. La información que recoja deberá posibilitar la coherencia de los datos de aseguramiento, evitar la adscripción simultánea a distintos servicios de salud y obtener la mayor rentabilidad posible en los cruces de datos entre los ficheros oficiales necesarios para su correcto mantenimiento.

3. La base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud será mantenida por las Administraciones sanitarias emisoras de la tarjeta sanitaria individual. Dichas Administraciones serán las competentes para la inclusión en aquélla de las personas protegidas en su ámbito territorial. Del mismo modo, serán las responsables del tratamiento de los datos, actuales e históricos, de su población protegida.

4. Dicha base de datos respetará el modelo de funcionamiento y de gestión de las bases de datos de tarjeta sanitaria individual de cada Administración sanitaria.

5. La base de datos incorporará información del sistema de Seguridad Social y del mutualismo administrativo, con el fin de suministrar a las Administraciones sanitarias datos permanentemente actualizados que permitan la correcta gestión de las situaciones de las personas respecto a altas, bajas, cobertura de prestaciones y movilidad de pacientes en la Unión Europea, de acuerdo con los reglamentos comunitarios vigentes en esta materia.

6. El plan de explotación estadística de la base de datos será acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la información obtenida se pondrá a disposición de las Administraciones sanitarias. En todo caso, la información que se facilite a estos fines será previamente objeto de disociación.

7. El Ministerio de Sanidad y Consumo atenderá con los medios de que disponga el funcionamiento de la base de datos.

 

Artículo 6.- Seguridad y accesos.

1. La relación de agentes del sistema sanitario autorizados para el acceso a la base de datos y sus capacidades de operación con esta base serán acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

2. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos, el Ministerio de Sanidad y Consumo determinará las medidas de índole técnica y organizativa que hayan de imponerse en relación con la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud y que sean necesarias para garantizar tanto la seguridad como la disponibilidad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y, en especial, el acceso no autorizado a aquélla. En todo caso, dichas medidas se atendrán a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

3. El Ministerio de Sanidad y Consumo, como responsable de la base de datos, aplicará las medidas de seguridad y accesos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.

 

Artículo 7.- Cesión de datos.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en caso de considerar necesaria la cesión de los datos de esta base, recabará la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos, a fin de que por ésta se determinen los supuestos bajo los que podrá efectuarse la cesión a terceros. Dicha cesión se atendrá, en todo caso, a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

 

Artículo 8.- Colectivos asegurados a través de regímenes especiales.

Las Administraciones públicas competentes en materia de cobertura sanitaria por razón de determinados colectivos expedirán a cada uno de sus asegurados una tarjeta sanitaria, con soporte informático y con las características básicas que se definen en este real decreto, incluida la asignación de código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud, y se incorporarán al sistema de intercambio de información que la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud proporciona.

 

Disposición adicional única.- Normalización de tarjetas sanitarias en la Unión Europea.

En la medida en que se establezcan por la Unión Europea criterios de normalización que faciliten la circulación y mejora de la asistencia sanitaria de pacientes en el ámbito comunitario, las tarjetas sanitarias individuales del Sistema Nacional de Salud deberán adaptarse a aquéllos.

 

Disposición transitoria primera.- Sustitución de las tarjetas sanitarias actualmente existentes.

El proceso de sustitución de las tarjetas actualmente existentes por las que cumplan los requisitos establecidos en este real decreto deberá iniciarse dentro del plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor. La sustitución, una vez iniciado el proceso, se producirá a medida que las tarjetas vayan caducando, o cuando por cualquier motivo vayan a renovarse.

 

Disposición transitoria segunda.- Incorporación a la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud.

Se establece un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto para la constitución de la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud con la incorporación a ésta de todos los sistemas de tarjeta sanitaria de las Administraciones sanitarias y de las Administraciones públicas a las que se refiere el artículo 8.

 

Disposición final primera.- Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.a y 17.a de la Constitución Española, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para que, en el ámbito de sus competencias, proceda al desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.

 

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Dado en Madrid, a 30 de enero de 2004.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad y Consumo,

ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Recomendación 94/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos.

Recomendación 94/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos. (DO L 338 de 28.12.1994, pp. 98-117).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que la Decisión 91/385/CEE del Consejo (1), estableció la segunda fase del programa TEDIS (Sistemas de intercambio electrónico de datos de interés comercial), y que su artículo 3 se refiere a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos (EDI); que el Anexo I de dicha Decisión prevé la finalización del proyecto de Modelo Europeo de Acuerdo de EDI;

Considerando que en 1989 (2) el Consejo aprobó los acuerdos para la participación de los países de la AELC, a saber, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza;

Considerando que el EDI, al facilitar el intercambio de datos entre los usuarios, puede contribuir cada vez en mayor medida a la competitividad de las empresas europeas pertenecientes a los sectores de fabricación y servicios;

Considerando que la promoción y el rápido desarrollo del EDI en Europa, así como entre Europa y los terceros países, exige que los agentes económicos conozcan mejor cuáles son las repercusiones jurídicas de la realización de transacciones mediante el EDI;

Considerando que los trabajos ya iniciados en el ámbito del intercambio electrónico de datos durante la primera fase del programa TEDIS (1988 a 1989), establecido por la Decisión 87/499/CEE del Consejo (3), desembocaron en la preparación de un proyecto de Modelo Europeo de Acuerdo de EDI;

Considerando que un Modelo Europeo de Acuerdo de EDI contribuiría a la promoción del EDI al permitir abordar de manera flexible y concreta las cuestiones jurídicas planteadas por el uso del EDI, fomentando la cooperación entre los usuarios para el intercambio de mensajes de EDI;

Considerando que el uso de un Modelo Europeo de Acuerdo de EDI mejoraría el marco jurídico al abordar de manera uniforme las cuestiones jurídicas; que incrementaría la seguridad jurídica de quienes participasen en el intercambio y reduciría la incertidumbre asociada al uso del EDI; que evitaría la necesidad de que todas las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas, redactaran su particular » Acuerdo de intercambio «, con lo que se evitaría la repetición de un mismo trabajo;

Considerando que el Modelo Europeo de Acuerdo de EDI contiene disposiciones legales que es preciso completar mediante las especificaciones técnicas que figuran en un Anexo Técnico en función de las necesidades específicas de los usuarios;

Considerando que el Modelo Europeo de Acuerdo de EDI pretende garantizar una protección adecuada de los datos confidenciales y personales, en particular a la luz de la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4);

Considerando que el Modelo Europeo de Acuerdo de EDI se ajusta a las normas europeas e internacionales;

Considerando que también reconocen la necesidad de contar con unos «acuerdos de intercambio» normalizados otras organizaciones internacionales que participan en la promoción del EDI, tales como la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), el Grupo de trabajo sobre facilitación de los procedimientos del comercio internacional a través de su programa de trabajo sobre cuestiones jurídicas, y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI);

Considerando que la existencia de un enfoque europeo uniforme con respecto a las cuestiones relacionadas con el uso del EDI mejorará la situación de las empresas de los Estados miembros en cuanto a capacidad de negociación cuando comercien con terceros países mediante el EDI;

Considerando que la Comisión seguirá vigilando la evolución del sector y, si procede, tomará las medidas adecuadas para actualizar, revisar y completar este Modelo Europeo de Acuerdo de EDI,

RECOMIENDA:

1. Que los agentes económicos y las organizaciones que lleven a cabo actividades de intercambio comercial mediante el EDI utilicen el Modelo Europeo de Acuerdo de EDI y las correspondientes observaciones que figuran en los Anexos.

2. Que los Estados miembros faciliten el uso de este Modelo Europeo de Acuerdo de EDI y adopten las medidas más adecuadas a tal efecto.

Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 1994.

Por la Comisión

Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

ANEXO 1 . MODELO EUROPEO DE ACUERDO DE EDI DISPOSICIONES LEGALES

El presente Modelo Europeo de Acuerdo de intercambio electrónico de datos (EDI) se celebra por y entre:

y en lo sucesivo denominados » las partes «.

Artículo 1 . Objeto y ámbito de aplicación

1.1. El » Modelo Europeo de Acuerdo de EDI «, denominado en lo sucesivo » el Acuerdo «, estipula las condiciones legales a las que se ajustarán las partes al efectuar transacciones mediante el uso del intercambio electrónico de datos (EDI).

1.2. El Acuerdo consta de las disposiciones legales que figuran a continuación, y será completado por un Anexo Técnico.

1.3. Salvo que las partes acuerden otra cosa, no está previsto que lo dispuesto en el Acuerdo regule las obligaciones contractuales que deriven de las transacciones subyacentes efectuadas mediante el uso del EDI.

Artículo 2 . Definiciones

2.1. A efectos del presente Acuerdo, se aplicarán las siguientes definiciones:

2.2. EDI

El intercambio electrónico de datos es la transferencia electrónica, de ordenador a ordenador, de datos comerciales y administrativos que estructuran un mensaje de EDI con arreglo a una norma acordada.

2.3. Mensaje de EDI

Un mensaje de EDI consta de una serie de segmentos, estructurados con arreglo a una norma aceptada, preparados en un formato legible por ordenador y capaz de ser procesado automáticamente y sin ambigueedades.

2.4. UN/EDIFACT

Según las define la CEPE (5), las reglas de las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de datos en la administración, el comercio y el transporte constan de una serie de normas, directorios y orientaciones aceptados internacionalmente para el intercambio electrónico de datos estructurados y, en particular, para el intercambio relacionado con el comercio de bienes y servicios entre sistemas de información independientes e informatizados.

2.5. Acuse de recibo

El acuse de recibo de un mensaje de EDI es el procedimiento mediante el cual, al recibir dicho mensaje, el receptor comprueba su sintaxis y semántica y envía el correspondiente acuse de recibo.

Artículo 3 . Validez y formación del contrato

3.1. Las partes, con la intención de que este acuerdo resulte legalmente vinculante, renuncian expresamente a hacer uso de cualquier derecho interponer una acción tendente a invalidar un contrato celebrado mediante el uso de EDI de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo basándose únicamente en el hecho de que se celebró mediante el uso del EDI.

3.2. Cada una de las partes velará por que el contenido de un mensaje de EDI enviado o recibido no esté en contradicción con la legislación de su país correspondiente, que podría limitar el contenido de un mensaje de EDI, y tomará todas las medidas necesarias para informar sin demora a la otra parte de la existencia de tal contradicción.

3.3. Un contrato celebrado mediante el EDI se considerará celebrado en el lugar y momento en que el mensaje de EDI que contenga la aceptación de una oferta llegue al sistema informático del ofertante.

Artículo 4 . Admisibilidad como prueba de los mensajes de EDI

En la medida en que lo permita la legislación nacional aplicable, las partes acuerdan que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de EDI que hayan mantenido en cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo serán admisibles ante los tribunales y constituirán prueba de los hechos que en ellos figuran salvo que se aporte prueba de lo contrario.

Artículo 5 . Procesamiento y acuse de los mensajes de EDI

5.1. Los mensajes de EDI serán procesados, cuando se reciban, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, dentro de los plazos especificados en el Anexo Técnico.

5.2. No será preciso el acuse de recibo salvo que se haya solicitado bien en virtud de una disposición específica incluida en el Anexo Técnico, bien por petición expresa del remitente de un mensaje de EDI.

5.3. Cuando se precisa un acuse de recibo, el receptor de mensaje de EDI del cual debe acusarse recibo velará por que dicho acuse de recibo sea enviado en el plazo de . . . (un) día laborable a contar desde el momento en que se recibió dicho mensaje, a menos que en el Anexo Técnico se especifique otro plazo.

Se entenderá por día laborable cualquier día con excepción del sábado, domingo o día declarado festivo en el lugar de recepción del mensaje de EDI.

El receptor de un mensaje de EDI del cual debe acusarse recibo no actuará en función del contenido de dicho mensaje hasta haber enviado el acuse de recibo.

5.4. Si el remitente no recibe el acuse de recibo en el plazo establecido, podrá, previa notificación al receptor, considerar no válido el mensaje de EDI desde el momento en que expire dicho plazo o iniciar un procedimiento alternativo de recuperación, según se especifica en el Anexo Técnico para garantizar la recepción efectiva del acuse de recibo.

Si el procedimiento de recuperación no tiene éxito dentro del plazo señalado, el mensaje de EDI se considerará definitivamente no válido a partir del momento en que expire dicho plazo y previa notificación al receptor.

Artículo 6 . Seguridad de los mensajes de EDI

6.1. Las partes se comprometen a aplicar y mantener unos procedimientos y medidas de seguridad para garantizar la protección de los mensajes de EDI frente al riesgo del acceso no autorizado, la alteración, la demora, la destrucción o la pérdida.

6.2. Entre los procedimientos y medidas de seguridad figurarán la comprobación del origen, la comprobación de la integridad, el no repudio del origen y el destino y la confidencialidad de los mensajes de EDI.

Deberán aplicarse obligatoriamente a todos los mensajes de EDI unos procedimientos y medidas de seguridad que permitan comprobar su origen y comprobar su integridad con vistas a identificar al remitente de cualquier mensaje de EDI y a garantizar que los mensajes recibidos están completos y no han sido alterados. Cuando proceda, podrán especificarse expresamente en el Anexo Técnico procedimientos y medidas de seguridad complementarios.

6.3. Si la utilización de los procedimientos y medidas de seguridad supone el rechazo de un mensaje de EDI o la detección de un error en el mismo, el receptor deberá informar de ello al remitente en el plazo especificado.

El receptor de un mensaje de EDI que ha sido rechazado o que contiene un error no deberá actuar en función del contenido de dicho mensaje antes de recibir instrucciones del remitente. Cuando el remitente vuelva a transmitir un mensaje de EDI rechazado o erróneo, en este mensaje de EDI deberá especificarse claramante que se trata de un mensaje corregido.

Artículo 7 . Confidencialidad y protección de los datos personales

7.1. Las partes velarán por que los mensajes de EDI que contengan información considerada confidencial, porque así lo haya especificado el remitente o porque así lo hayan acordado mutuamente las partes, se mantengan en secreto y no revelen ni transmitan a personas no autorizadas ni se utilicen para fines distintos de los pretendidos por las partes.

La ulterior transmisión de esta información confidencial, cuando se autorice, estará sometida al mismo grado de confidencialidad.

7.2. No se considerará que un mensaje de EDI contiene información confidencial en la medida en que dicha información sea de dominio publico.

7.3. Las partes podrán acordar la utilización de una forma concreta de protección para determinados mensajes, tal como un método de cifrado en la medida en que lo permita la legislación de sus respectivos países.

7.4. Cuando se envíen o reciban mensajes de EDI que contengan datos personales en países en los que no exista legislación de protección de datos, y hasta el momento en que se aplique una legislación comunitaria pertinente, las partes acuerdan, como criterio mínimo, respetar lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos con carácter personal (6).

Artículo 8 . Registro y almacenamiento de mensajes de EDI

8.1. Cada una de las partes deberá conservar un registro cronológico completo de todos los mensajes de EDI intercambiados por las partes en el curso de una transacción comercial, sin modificar y debidamente protegido, de conformidad con los plazos y las especificaciones previstos por las disposiciones legales de su Derecho interno y, en cualquier caso, durante un mínimo de . . . (tres) años después de concluir la transacción.

8.2. Salvo que la legislación nacional disponga otra cosa, el remitente deberá almacenar los mensajes de EDI en el formato en que los haya transmitido y el receptor en el formato en que los haya recibido.

8.3. Las partes velarán por que los registros electrónicos o informáticos de los mensajes de EDI sean fácilmente accesibles, puedan reproducirse en forma legible por el hombre y puedan imprimirse, si resulta necesario. Deberán conservarse en estado de funcionamiento los equipos necesarios a tal efecto.

Artículo 9 . Requisitos para la explotación del EDI

9.1. Las partes se comprometen a implementar y mantener en funcionamiento el entorno necesario para explotar el EDI con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, que incluye, sin limitarse a ello, lo siguiente:

9.2. Equipos

Las partes aportarán y mantendrán los equipos, programas de ordenador y servicios necesarios para transmitir, recibir, traducir, registrar y almacenar los mensajes de EDI.

9.3. Medios de comunicación

Las partes determinarán que medios de comunicación van a utilizarse, incluidos los protocolos de comunicación y, si procede, los terceros proveedores de servicios.

9.4. Mensajes de EDI normalizados

Todos los mensajes de EDI se transmitirán de acuerdo con las normas, recomendaciones y procedimientos UN/EDIFACT (7) aprobados por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE- WP.4) y con las normas europeas.

9.5. Códigos

Las listas de códigos de elementos de datos a las que se refieren los mensajes de EDI deben incluir las listas de códigos mantenidos por UN/EDIFACT, las listas de códigos internacionales publicados como normas internacionales ISO y las listas de códigos CEPE u otras publicadas oficialmente.

Cuando no se disponga de tales listas de códigos, se da prioridad al uso de listas de códigos publicadas, mantenidas y que permitan establecer correspondencias con otros sistemas de codificación.

Artículo 10 . Especificaciones y requisitos técnicos

En el Anexo Técnico figurarán las especificaciones y requisitos técnicos, organizativos y de procedimiento necesarios para explotar el EDI de conformidad con las condiciones el presente Acuerdo, lo que incluye, sin limitarse a ello, lo siguiente:

– requisitos para la explotación del EDI, según se menciona en el artículo 9, incluidos los equipos, los medios de comunicación, las normas y códigos de los mensajes de EDI,

– procesamiento y acuse de recibo de mensajes de EDI,

– seguridad de los mensajes de EDI,

– registro y almacenamiento de los mensajes de EDI,

– plazos,

– procedimientos correspondientes a los ensayos y experimentos que permitan vigilar la adecuación de las especificaciones y requisitos técnicos.

Artículo 11 . Responsabilidad

11.1. Ninguna de las partes firmantes del presente Acuerdo será responsable de ningún perjuicio especial, indirecto o consecuente causado por un incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente Acuerdo.

11.2. Ninguna de las partes firmantes del presente Acuerdo será responsable de ninguna pérdida o perjuicio sufrido por la otra parte y causado por cualquier demora o incumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, siempre que la demora o incumplimiento estén causados por un impedimento ajeno a la voluntad de dicha parte y que no cabía razonablemente tener en cuenta en el momento de firmarse el Acuerdo o cuyas consecuencias no podían evitarse o superarse.

11.3. Si una parte utiliza un intermediario para la prestación de servicios tales como la transmisión, registro o procesamiento de un mensaje de EDI, dicha parte será responsable de los perjuicios que deriven directamente de los actos, fallos u omisiones del intermediario en la presentación de dichos servicios.

11.4. Si una parte solicita que otra utilice los servicios de un intermediario para efectuar la transmisión, registro o procesamiento de un mensaje de EDI, la parte que lo haya solicitado será responsable frente a la otra de los perjuicios resultantes directamente de los actos, fallos u omisiones del intermediario en la prestación de dichos servicios.

Artículo 12 . Resolución de litigios

Alternativa 1 (8)

Cláusula de arbitraje

Cualquier litigio que surja del presente contrato o en relación con él, incluidas las cuestiones relacionadas con su existencia, validez o terminación, se someterá para que lo resuelva definitivamente al arbitraje de una /(tres) persona(s) designada(s) de común acuerdo entre las partes o, en ausencia de acuerdo, designada(s) (9) de común acuerdo entre las partes o, en ausencia de acuerdo, designada(s) por …………………………….. (9), de conformidad con las normas de procedimiento de …………………………….. (10).

Alternativa 2 (8)

Cláusula de jurisdicción

Cualquier ligitio que surja del presente contrato o en relación con él se someterá a los tribunales de …………………………….. (11), que serán los únicos competentes.

Artículo 13 . Derecho aplicable

Sin perjuicio de las disposiciones legales nacionales obligatorias que puedan ser de aplicación a las partes en lo que se refiere al registro y almacenamiento de mensajes de EDI o a la confidencialidad y la protección de los datos personales, el presente Acuerdo se regirá por el Derecho de …………………………….. (11).

Artículo 14 . Efecto, modificaciones, duración y separabilidad

14.1. Efecto

El presente Acuerdo surtirá efecto a partir de la fecha en que sea firmado por las partes.

14.2. Modificaciones

Cuando proceda, las disposiciones alternativas o adicionales al presente Acuerdo que las partes hayan aceptado por escrito se considerarán parte del Acuerdo desde el momento en que se firmen.

14.3. Duración

Cualquiera de las partes podrá poner fin al Acuerdo notificándolo con una antelación no inferior a . . . (un) mes por correo certificado o por cualquier otro medio acordado por las partes. La terminación del Acuerdo afectará solamente a las transacciones que se efectúen con posterioridad a esa fecha.

A pesar de la terminación del Acuerdo por cualquier motivo, los derechos y obligaciones de las partes mencionados en los artículos 4, 6, 7 y 8 seguirán vigentes.

14.4. Separabilidad

Caso de que algún artículo, o parte de un artículo, del presente Acuerdo se considere inválido, todos los demás artículos seguirán teniendo todo su valor y eficacia.

 

ANEXO 2 . MODELO EUROPEO DE ACUERDO DE EDI DISPOSICIONES LEGALES

OBSERVACIONES

Introducción

El Modelo Europeo de Acuerdo de EDI pone en manos de los usuarios del EDI un conjunto de disposiciones que constituye un modelo de » acuerdo de intercambio «. Para evitar confusiones con los acuerdos de intercambio técnicos, se le ha denominado » Acuerdo de EDI «, nombre que refleja también su objeto, según se describe en el artículo 1.

Este Modelo es fundamentalmente el resultado de un proceso de consenso a nivel europeo y pretende satisfacer las necesidades de las empresas y organizaciones europeas. No obstante, en su redacción se ha tenido en cuenta la situación internacional en este sector.

Para que pueda servir de marco jurídico adecuado, el Modelo Europeo de Acuerdo de EDI contiene un acuerdo completo destinado a regir las relaciones entre los agentes económicos u otros usuarios del EDI, que debe ser ejecutado formalmente. En tanto que modelo, ofrece la posibilidad de efectuar adaptaciones cuando convenga (12).

I. Objetivos del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI Se ha comprobado que el uso del EDI para efectuar transacciones comerciales o para otros fines puede plantear diversos problemas jurídicos que pueden tener distintas consecuencias. Aunque estos problemas no impiden utilizar el EDI, sí crean cierta inseguridad jurídica. Una de las maneras más pragmáticas de hacer frente a estos problemas es resolverlos, en la medida de lo posible, en un marco contractual.

El objetivo del » Modelo Europeo de Acuerdo de EDI « es poner en manos de los usuarios del EDI una herramienta que responde a la necesidad de disponer de una base contractual, con lo que podrán ahorrarse la redacción de un acuerdo particular, con la consiguiente repetición de trabajo que ello representa.

La disponibilidad de este modelo en toda Europa constituye también una oportunidad para mejorar la coherencia de estos acuerdos fuera de las fronteras nacionales, con el consiguiente aumento de la seguridad que de ello puede derivarse.

II. Contenido del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI Las partes pueden adoptar este Acuerdo tal como se presenta. En tanto que documento bilateral, las partes pueden limitarse a consignar sus datos y adoptarlo tal cual. También puede utilizarse como acuerdo multilateral y ser adoptado por un grupo de empresas, por una o más organizaciones, por un colectivo de usuarios o por cualquier grupo de usuarios.

Artículo 1 . Objeto y ámbito de aplicación

1.1. EDI

El objeto del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI, » el Acuerdo «, como el de la mayor parte de los acuerdos de intercambio, es regular las relaciones de EDI entre las partes y las condiciones en las que actúan las partes que utilizan el EDI en sus transacciones.

1.2. Disposiciones Legales y Anexo Técnico

El » Modelo Europeo de Acuerdo de EDI » contiene las Disposiciones Legales que es necesario tener en cuenta cuando se utiliza el EDI. Algunas de ellas incluyen referencias generales a cuestiones técnicas. Dichas cuestiones técnicas precisan de ulterior especificación, que suele encontrarse en los llamados » manuales del usuario «.

Las Disposiciones Legales del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI deben completarse mediante un Anexo Técnico en el que figuren las especificaciones técnicas que las partes consideren necesarias. El Anexo Técnico deben concebirlo, redactarlo y/o acordarlo los usuarios del EDI en función de sus necesidades, aunque siempre teniendo en cuenta los requisitos básicos mencionados en las Disposiciones Legales.

En el marco jurídico actual, las partes podrían firmar las Disposiciones Legales para demostrar que pretenden establecer un acuerdo. De este acuerdo derivarán ulteriores derechos y obligaciones y las consecuencias jurídicas del uso del EDI entre las partes.

Toda vez que constituye un modelo de acuerdo, cabe modificarlo en función de las necesidades especificas de las partes. En el artículo 14 figuran las disposiciones relativas a la modificación de las Disposiciones Legales.

1.3. Transacciones subyacentes

Conviene subrayar que el acuerdo regula solamente las relaciones entre las partes en lo que se refiere al EDI y no, salvo que las partes acuerden otra cosa, las transacciones propiamente dichas que efectivamente se lleven a cabo utilizando el EDI.

Artículo 2 . Definiciones

2.1. Las definiciones que figuran en este artículo son las definiciones generales de EDI, mensaje de EDI, UN/EDIFACT y acuse de recibo, por ser las definiciones básicas utilizadas en todo el Acuerdo.

Se pretende de esta manera que estos términos utilizados en el Acuerdo sean entendidos de manera no ambigua. Algunas definiciones específicas, que sólo se mencionan una vez, se han consignado en los artículos correspondientes.

2.2. EDI

Existen muchas definiciones del EDI y la que aquí se da se basa esencialmente en una definición ampliamente utilizada y que han mencionado, en particular, los ponentes de UN/EDIFACT (13). Esta definición subraya las características esenciales del EDI.

El uso del término » norma acordada « incluye, aunque no exclusivamente, el uso de normas UN/EDIFACT y puede aplicarse a otras normas que las partes acuerden.

2.3. Mensaje de EDI

El EDI se basa en el empleo de unos mensajes estructurados y codificados cuya característica principal es que pueden ser procesados por los ordenadores y transmitidos automáticamente y sin ambigueedad. Esta definición subraya estas características esenciales que singularizan el EDI en comparación con otros tipos de intercambio de datos tales como el correo electrónico.

2.4. UN/EDIFACT

La definición es la adoptada oficialmente por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, Grupo de trabajo sobre facilitación de los procedimientos de comercio internacional.

En el Acuerdo, se supone que el EDI se refiere al intercambio de mensajes estructurados sobre la base de las normas y recomendaciones UN/EDIFACT. Las normas UN/EDIFACT son europeas e internacionales y son las aprobadas por organismos de normalización tales como el CEN y la ISO. Conviene, por lo tanto, recomendarlas, teniendo en cuenta el respaldo que estas normas reciben del programa TEDIS, que actúa como secretaría de la Junta de EDIFACT para Europa Occidental, y de conformidad con el enfoque sobre normalización de la Comisión Europea.

2.5. Acuse de recibo

Como hay diversos tipos de acuse de recibo de un mensaje de EDI, resulta esencial indicar claramente a qué nivel de acuse de recibo está aludiendo, para evitar confusiones. Esta definición refleja el nivel elegido en el Acuerdo en particular según se menciona en el artículo 5.

Artículo 3 . Validez y formación del contrato

3.1. y 3.2. Validez del contrato

El apartado 3.1 pretende subrayar la intención de las partes de formalizar un contrato válido y vinculante mediante el EDI y probar esta intención ante terceros. Por ello, la disposición prevé que las partes no puedan discutir la validez de las transacciones efectuadas mediante el EDI por la sola razón que se hayan efectuado por dicho procedimiento.

Es posible que la legislación aplicable de los datos transferidos difiera de un país a otro, y puede que las partes no conozcan necesariamente las restricciones impuestas por las legislaciones nacionales al contenido de un mensaje de EDI. Conviene garantizar que las partes respeten la legislación nacional aplicable al contenido del mensaje de EDI. En el apartado 3.2 se incluye una disposición a tal efecto.

Cuando los datos incluidos en un mensaje de EDI recibido están en contradicción con la legislación nacional del receptor, tendrá la obligación de informar a la otra parte de dicha contradicción y podrá adoptar las medidas necesarias para evitar el incumplimiento de su propia legislación.

Un ejemplo de requisito legal que podría imponer limitaciones al contenido de un mensaje es el caso en que se envíen mensajes desde un país que carezca de legislación sobre la protección de datos personales a un país en que sí existan restricciones.

3.3. Formación del contrato

El apartado 3.3 se refiere al momento y lugar en que se celebra o formaliza un contrato. Es importante determinar el momento y lugar en que se formaliza un contrato por las consecuencias legales que acarrea. Se han definido normas relativas a los contratos celebrados por correo o por teléfono, pero sigue sin estar claro cuál es el tipo de norma que puede aplicarse en los contratos celebrados mediante el EDI. Una posición clara referente a la norma aplicable contribuirá a reforzar la seguridad.

La mayor parte de los Estados miembros aprueban, en el caso de contratos celebrados no estando presentes todas las partes, la aplicación de la » norma de la recepción «, según la cual la aceptación se produce en el lugar y momento en que el ofertante recibe dicha aceptación. El Convenio de Viena sobre la venta internacional de mercancías prevé la aplicación de esta norma a los contratos celebrados » la distancia «. Un estudio llevado a cabo en la primera fase del programa TEDIS llegó a la conclusión de que ésta es la norma que conviene aplicar a los contratos de EDI (14), sobre todo porque permite evitar, en gran medida, el riesgo de que distintas legislaciones entren en conflicto en relación con el uso del EDI. Estos factores justifican la inclusión de esta norma en el Acuerdo de EDI.

La norma de la recepción debe entenderse, en el caso del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI, como la norma en virtud de la cual un mensaje de EDI se recibe en el lugar y momento en el que el mensaje llega al ordenador o al sistema de información del ofertante.

Artículo 4 . Admisibilidad como prueba de los mensajes de EDI

Sigue predominando la incertidumbre en el área de la admisibilidad y el valor probatorio. Dado que en la mayoría de los países las Disposiciones Legales relativas al valor probatorio no tienen carácter vinculante, específicamente en el área comercial, las partes pueden llegar a un acuerdo sobre el tema del valor probatorio, con lo que la incertidumbre queda parcialmente eliminada.

Efectuar transacciones mediante el EDI, como alternativa a las transacciones en papel, significa que los mensajes de EDI sustituyen a los documentos que anteriormente se intercambiaban, lo cual significa que las partes tendrán que recurrir a estos intercambios de mensajes para aprobar los hechos, por ejemplo, en caso de litigio.

Dentro de los límites de la legislación que pueda aplicarse, y siempre que las partes hayan respetado lo dispuesto en el Acuerdo, los tribunales deberían admitir estos mensajes de EDI como prueba y dichos mensajes deberían considerarse un medio de probar los hechos registrados salvo que se aportara prueba en contrario.

En este artículo se pretenden reflejar estos puntos de vista. No obstante, los requisitos legales nacionales podrán limitar la aplicación de estas cláusulas.

Artículo 5 . Procesamiento y acuse de recibo de los mensajes de EDI

5.1. Procedimiento de los mensajes de EDI

En este artículo, » procesamiento « significa que el receptor trata el mensaje de EDI. Como el EDI supone una mayor automatización del procesamiento, los plazos adquieren una enorme importancia.

Las partes deben comprometerse a tratar los mensajes de EDI que reciban en un plazo fijo que debe figurar en el Anexo Técnico. Caso de que las partes no hayan establecido dicho plazo, deben procesar los mensajes recibidos a la mayor brevedad posible.

Un Anexo al presente documento contiene la lista de disposiciones del Acuerdo en las que se han incluido plazos que deben especificarse en el Anexo Técnico o modificarse.

Se incluye esta disposición no solamente en pro de la eficacia comercial y de las buenas prácticas comerciales, sino también para definir los derechos y obligaciones contractuales de las partes caso de que un mensaje no se reciba, llegue tarde o contenga errores, con lo que el contrato no llega a realizarse.

5.2. Acuse de recibo de los mensajes de EDI

A menudo se ha interpretado erróneamente el concepto de acuse de recibo, en particular en lo que se refiere al contenido del mensaje de EDI propiamente dicho. La definición que figura en este Acuerdo (artículo 2) pretende aclarar el nivel de acuse de recibo a que se hace referencia en este Modelo de Acuerdo de EDI.

Existen distintos niveles de acuse de recibo: puede transmitirse automáticamente a nivel de la red de telecomunicación cuando se pone el mensaje a disposición del receptor, puede enviarse automáticamente al recibirse el mensaje de EDI en el sistema de información del receptor sin efecutar ninguna comprobación, puede enviarse después de efectuar algún tipo de comprobación, o puede también significar, el alguna etapa, aceptación del contenido del mensaje o confirmación de que el receptor actuará en función del contenido del mensaje.

El nivel elegido en el Modelo Europeo de Acuerdo de EDI no se limita a confirmar la recepción. Corresponde al nivel en el que se ha efectuado una comprobación semántica y sintáctica y consiste en una respuesta al mensaje de EDI en la que se afirma que dicho mensaje ha sido recibido y que su sintaxis y su semántica eran correctas.

Es posible que las partes precisen de otros niveles de acuse de recibo. En ese caso, a ellas corresponderá determinarlo en función de sus necesidades, y los detalles pertinentes deberán figurar en el Anexo Técnico.

El principio que se establece en el artículo 5 es el de que no se precisa un acuse de recibo de un mensaje de EDI salvo que se solicite.

En el Anexo Técnico puede disponerse que todos los mensajes de EDI, o ciertos tipos de mensaje (por ejemplo), todos los mensajes de » PEDIDO « sean comprobados automáticamente y se envíe un acuse de recibo. Otra posibilidad es, si nada se ha dispuesto concretamente con respecto al acuse de recibo, incluir en el mensaje que se envía un segmento que efectúe una petición de acuse de recibo. No todos los mensajes exigirán un acuse de recibo y en el Anexo Téncico debe distinguirse claramente cuáles sí y cuáles no.

5.3. Plazos y transmisión del acuse de recibo

El EDI se caracteriza, en particular, por la mayor fiabilidad que deriva de un menor número de errores, un flujo de la información más rápido y preciso y una mayor automatización del procesamiento de los datos. Los acuses de recibo contribuyen a incrementar la fiabilidad y la precisión del EDI y, en este contexto, resultan críticos los plazos.

La importancia del plazo para el envío del acuse de recibo se debe a que no se puede actuar en función del mensaje de EDI, y por lo tanto no pueden ejecutarse las obligaciones contractuales, hasta que se haya enviado el acuse de recibo, cuando éste sea necesario.

Se considera que un día laborable es un plazo adecuado en el entorno del EDI. Sin embargo, la gestión just in time u otras prioridades podrían exigir un plazo más breve, o, al contrario, podría resultar inadecuado o poco práctico y resultar necesaria una ampliación, en cuyo caso las partes deberían ponerse de acuerdo sobre el plazo y consignarlo el Acuerdo de EDI.

Aunque esta disposición define qué se entiende por día laborable, acaso convenga que las partes especifiquen con más precisión cuáles son los días feriados o a qué horas está disponible el sistema.

La obligación de enviar un acuse de recibo de un mensaje de EDI corresponde al receptor, que no debe actuar en función de un mensaje que exige el envío de un acuse de recibo antes de haber transmitido dicho acuse de recibo.

5.4. Problemas en la recepción de un acuse de recibo

Cuando el remitente de un mensaje de EDI solicita un acuse de recibo y no llega a recibirlo dentro del plazo aplicable, puede razonablemente dar por supuesto que se ha producido un problema en la transmisión del mensaje o que el receptor no quiere o no puede tratarlo y, por consiguiente, lo normal es que pueda considerar tal mensaje como no válido siempre que así se lo comunique al receptor. Esta última condición resultaría especialmente útil caso de que se haya producido un problema con la transmisión del acuse de recibo. Una vez más, los plazos establecidos resultarán críticos.

Otra posibilidad es que las partes establezcan un procedimiento de recuperación en el caso de que se produzca un problema técnico, de manera que el remitente de un mensaje de EDI para el que se ha solicitado acuse de recibo pueda poner en marcha dicho procedimiento de recuperación si no recibe el acuse en el plazo prescrito. Corresponde al Anexo Técnico fijar los pormenores de este tipo de procedimiento.

Artículo 6 . Seguridad de los mensajes de EDI

6.1. Obligaciones de las partes

Es preciso garantizar un nivel de seguridad de los mensajes satisfactorio para evitar cualquier riesgo asociado al intercambio de mensajes a través del EDI y dicho nivel debe depender de la importancia de las transacciones o de los mensajes que se intercambien.

6.2. Procedimientos y medidas de seguridad

Se establece que la comprobación y la integridad sean obligatorias para todo mensaje de EDI por constituir un nivel de seguridad básico. No obstante, se recomienda vivamente que las partes acuerden, cuando proceda, otras medidas de seguridad complementarias cuyo nivel dependerá, sin duda, del valor y la importancia del contenido de los mensajes y de la posible responsabilidad en caso de fracasar el intercambio de mesajes.

En los directorios y orientaciones UN/EDIFACT se prevén medidas de control tales como comprobaciones específicas, acuses de recibo, recuentos de control, números de referencia, identificación , etc. Puede resultar necesarios unos controles más elaborados, sobre todo si las transacciones son importantes, lo que podría implicar el uso de determinados mensajes específicos de refuerzo de la seguridad, tales como los que recomiendan los expertos en seguridad (15), o cualquier otra media o método de seguridad disponible, incluidas, por ejemplo, las firmas digitales.

Los medios, métodos y especificaciones de seguridad y los mensajes que deben utilizar las partes para garantizar el nivel de seguridad necesario deben explicarse detalladamente en el Anexo Técnico.

6.3. Fallo de los procedimientos de seguridad

Es necesario informar al remitente de que un intercambio de mensajes de EDI ha fracasado o de que el mensaje contiene un error en el plazo especificado para que éste pueda adoptar las medidas pertinentes, cuando ello sea posible.

Si se rechaza un mensaje de EDI o se detecta un error, es necesario solicitar instrucciones al remitiente antes de emprender ninguna otra actuación con respecto al mensaje propiamento dicho.

Artículo 7 . Confidencialidad y protección de los datos personales

7.1. Confidencialidad

Se pretende que el nivel de confidencialidad mantenido para los mensajes de EDI refleje el propio de los documentos en papel. Debe mantenerse el nivel de confidencialidad de un mensaje siempre que dicho mensaje se someta a una posterior transmisión.

7.2. Dominio público

La idea de información perteneciente al dominio público debe entenderse en el sentido general de estas palabras, es decir, cualquier información que sea conocida corrientemente y a la cual la población pueda acceder sin dificultad.

7.3. Forma de protección específica

Se hace referencia al cifrado para recordar que puede utilizarse este método para proteger los datos, aunque determinadas legislaciones nacionales imponen restricciones al respecto. Si las partes desean ponerse de acuerdo para utilizar un método de cifrado, deberán procurarse, si procede, las autorizaciones o declaraciones adecuadas.

7.4. Protección de datos personales

Los datos personales deben someterse a la reglamentación vigente que regule la transmisión de estos datos en los países hacia los cuales, o desde los cuales, se transmiten. La mayor parte de los Estados miembros ha adoptado una legislación relativa a la protección de los datos personales, aunque el tipo de protección difiere de una a otra. La Comisión Europea ha presentado al Consejo de Ministros una propuesta de Directiva en este ámbito. Cuando se adopte dicha propuesta, habrá que modificar el presente Acuerdo para tener en cuenta la necesidad de respetar lo dispuesto en la Directiva. Mientras tanto, parece conveniente remitirse al Convenio del Consejo de Europa en aquellos casos en que la legislación nacional no proporcione orientación alguna.

Parece razonable establecer que los usuarios del EDI y quienes participan en las transacciones comerciales en Europa y operan en un Estado miembro que no cuente con legislación en este ámbito apliquen los principios establecidos en dicho Convenio. El Consejo de Europa está preparando un modelo de contrato, del que se tiene ya conocimiento, con el objetivo de garantizar una protección de los datos equivalente en el contexto de los flujos de datos transfronterizos. Esto podría servir de base para resolver problemas que se situaran fuera del ámbito de las actuales legislaciones nacionales (16).

Artículo 8 . Registro y almacenamiento de mensajes de EDI

8.1. Procedimiento de almacenamiento y plazos

En algunos países la legislación, fiscal en la mayor parte de los casos, establece los requisitos referentes al almacenamiento de mensajes de EDI, En los países en los que no existen disposiciones al respecto, debe aplicarse el principio de analogía con los requisitos establecidos para los documentos en papel. El plazo de almacenamiento exigido difiere de un país a otro (17) y puede también variar en función del área y de las circunstancias.

Por esta razón, las partes deben cerciorarse de que los plazos de almacenamiento que aplican se ajustan a su legislación nacional. Algunos de los estudios de TEDIS que han analizado estas cuestiones pueden servir de orientación; podría resultar necesario introducir cierta armonización en este ámbito (18).

El código de conducta UNCID sugiere un plazo de almacenamiento de tres años. Este mismo plazo ha sido adoptado por la legislación fiscal de algunos países. Conviene considerar dicho plazo como requisito mínimo para almacenar la información de modo preciso y seguro. Se sugiere que las partes firmantes del acuerdo de EDI consideren este período de tres años como plazo en caso de que no existan otros requisitos legales.

Si la legislación nacional impone un plazo distinto o más largo, será preciso respetarla. Conviene subrayar que la mayor parte de los Estados miembros exigen un plazo de almacenamiento más largo, casi siempre de siete o diez años, y en ocasiones aún más largo. Hay que tener presente asimismo que este almacenamiento puede resultar nececario para diversos fines, entre ellos, aunque no exclusivamente, la auditoría, la contabilidad, la fiscalidad, la presentación de pruebas y otros requisitos administrativos o legales.

Parece razonable, ya que el EDI se encuentra aún en la fase de expansión y las prácticas empresariales correspondientes no están aún del todo bien asentadas, proceder a un cuidadoso almacenamiento de la información.

Los mensajes de EDI enviados o recibidos deben, en aras de la seguridad de la transacción, almacenarse íntegramente y por orden cronológico, de manera segura y sin modificaciones.

Pueden existir a nivel nacional más requisitos legales relacionados con el almacenamiento de los datos, que deben ser escrupulosamente respetados (19).

8.2. Formato de almacenamiento

Los datos transferidos mediante el EDI deben almacenarse en el formato en que se han enviado o en el formato en el que se han recibido (es decir, un formato UN/EDIFACT).

Éste es el único formato que puede considerarse recibido originalmente y constituirá, si resulta necesario, prueba de cómo se envió o recibió el mensaje de EDI, antes de proceder a cualquier tipo de traducción del mensaje.

Si se aplica una firma digital a un mensaje de EDI, sólo será posible comprobarla con arreglo al formato en el que se envió el mensaje.

Lo ideal sería almacenar también los datos en el formato a que se han traducido en el sistema de información del receptor o en el formato del cual se partió en el sistema de información del remitente. No obstante, ésta es una posibilidad sobre las que las partes tendrán que tomar una decisión.

La legislación nacional suele imponer requisitos referentes a la legibilidad de los mensajes y la posibilidad de imprimirlos que, lógicamente, deben respetarse.

Para que la legibilidad no desaparezca, las partes deben mantener en estado de funcionamiento el material, el software y los equipos que puedan resultar necesarios para acceder a los datos y leerlos, incluso en caso de que se hayan efectuado actualizaciones de los sistemas. En estos casos, a las partes puede resultarle conveniente o necesario garantizar la disponibilidad de tales equipos aun cuando no los conserven directamente. Sólo deberá recurrirse a tal posibilidad tras comprobar lo que la legislación nacional indica al respecto.

Obsérvese que, dado que las normas UN/EDIFACT se actualizan constantemente, resulta de especial importancia, a efectos de su utilización como prueba, que los directorios y el software UN/EDIFACT utilizados resulten también accesibles para garantizar la legibilidad y la reproducción del mensaje si llega el caso.

Artículo 9 . Requisitos para la explotación del EDI

9.1. Entorno de explotación

El objetivo de esta disposición es incluir en un acuerdo los requisitos de explotación básicos necesarios para utilizar el EDI. La lista de elementos técnicos y operacionales que figuran en el artículo 9 no es exhaustiva. Los pormenores referentes a dichos requisitos se especificarán, cuando proceda, en el Anexo Técnico de conformidad con el artículo 10.

9.2. Equipos

Aunque el EDI sea independiente del hardware, el software y los dispositivos de telecomunicación, para intercambiar mensajes de EDI es preciso que los sistemas de información sean capaces de recibirlos, enviarlos y procesarlos. Los requisitos básicos a tal respecto incluyen el funcionamiento eficiente del equipo utilizado para transferir los mensajes, incluido el hardware, el software adecuado y el software de traducción.

9.3. Medios de comunicación

Es necesario que las partes determinen qué método de transmisión van a utilizar y, en particular, los protocolos de telecomunicaciones y los terceros proveedores de servicio a los que se puede recurrir, si procede.

9.4. Mensajes de EDI normalizados

Las normas para los mensajes de EDI resultan esenciales para esta técnica. Las normas UN/EDIFACT son normas internacionales y europeas (ISO 9735/CEN 29735 – ISO 7372) y las normas y recomendaciones UN/EDIFACT han recibido un claro respaldo dentro de las actividades del programa TEDIS, en particular, dentro de las relacionadas con la secretaría de la Junta EDIFACT de Europa occidental, que es también un organismo asociado del CEN (20)

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas publica las recomendaciones referentes a las normas, orientaciones y directorios UN/EDIFACT aprobados, recomendaciones a las que hay que atenerse si se quiere garantizar el mismo nivel de utilización de los mensajes de EDI normalizados en todo el mundo.

Como ya se ha dicho, las partes deben determinar todas las especificaciones adecuadas necesarias para intercambiar mensajes de EDI.

Existen también otras normas. Si las partes desean utilizarlas, tandrán que ponerse de acuerdo al respecto y estipular, asimismo, todos los detalles y especificaciones adecuados.

9.5. Códigos

Las listas de códigos utilizadas en el EDI constituyen un aspecto esencial del mismo. En la implementación de los mensajes UN/EDIFACT, las listas de códigos mantenidas con arreglo a los procedimientos UN/EDIFACT forman parte de las especificaciones técnicas. Sin embargo, existen muchas otras listas de códigos que pueden utilizarse y a las que se puede hacer referencia.

Cuando sea posible, se recomienda utilizar normas internacionales o listas de códigos publicadas oficialmente. Si no llegan a satisfacer todas las necesidades de las partes, se recomienda, en aras de la eficacia, conceder prioridad al uso de listas de códigos publicadas y mantenidas por organizaciones conocidas y que garanticen la correspondencia con otros sistemas de codificación (por ejemplo, listas de códigos estadísticas).

Artículo 10 . Especificaciones y requisitos técnicos

Las Disposiciones Legales están pensadas sobre todo para abordar las cuestiones relacionadas con los problemas jurídicos sustantivos. Los principios básicos y reglas referidas a las especificaciones técnicas figuran en el Acuerdo para que exista un consenso adecuado y sea posible remitirse a ellos.

El Anexo Técnico es el complemento de las Disposiciones Legales en el que las partes tendrán que definir todos los requisitos y especificaciones técnicas necesarios para intercambiar adecuadamente mensajes de EDI.

Aunque no es fácil confeccionar una lista que enumere todos los elementos que deben tenerse en cuenta, ya que estos varían en función de las necesidades de las partes, hay que subrayar que será necesario incluir especificaciones referentes a las siguientes cuestiones:

– especificaciones relacionadas con los requisitos operacionales (artículo 9), en particular:

– especificaciones relacionadas con el software y el software de traducción a efectos de intercambios EDI,

– protocolos de comunicaciones y servicios por terceros,

– normas y recomendaciones sobre mensajes UN/EDIFACT, incluida la lista de mensajes y sus referencias,

– elementos condicionales, cuando proceda,

– orientaciones sobre diseño de mensajes,

– orientaciones sobre implementación,

– directorios,

– listas de códigos,

– referencia a la documentación,

– versiones y actualizaciones; las partes deben acordar en el Anexo Técnico qué método van a utilizar para implementar las versiones actualizadas de los mensajes, las reglas, las orientaciones y los directorios;

– especificaciones necesarias para el procesamiento y acuse de recibo de mensajes de EDI;

– especificaciones relativas a los medios de seguridad para los mensajes de EDI;

– especificaciones relativas al registro y almacenamiento;

– plazos. Los plazos pueden resultar de importancia crucial en el EDI, sobre todo si aparece combinado con otras técnicas, tales como el JIT (producción justo a tiempo). En el Modelo de Acuerdo de EDI figuran ya algunos plazos, pero puede resultar necesario modificarlos en función de las necesidades. El resto de los plazos, corresponde a las partes determinarlos;

– procedimientos de ensayo y experimentación. Los expertos han puesto de manifiesto que puede resultar no solamente útil, sino en ocasiones también necesario, efectuar determinadas pruebas para asegurarse de que los sistemas y las telecomunicaciones funcionan adecuadamente. La práctica demuestra que, efectivamente, las partes que comienzan a utilizar el EDI suelen efectuar dichas pruebas, y que esto suele ocurrir en dos fases. En primer lugar, se intercambian mensajes de EDI mientras se continúa intercambiando documentos en papel, y, en segundo lugar, cuando el mecanismo resulta ya satisfactorio, se intercambian mensajes de EDI sin contrapartida en papel. También puede resultar necesario efectuar pruebas de vez en cuando, por ejemplo cuando se haya modificado alguno de los sistemas.

Artículo 11 . Responsabilidad

11.1. Exclusiones

Se ha excluido explícitamente la responsabilidad por perjuicios especiales, indirectos o consecuentes en relación con el acuerdo (21).

11.2. Fuerza mayor

Existe también exención de responsabilidad en el caso de lo que suele denominarse » fuerza mayor «. El concepto de fuerza mayor que figura en este artículo está en consonancia con el concepto elaborado por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de mercancías o Convenio de Viena, de 11 de abril de 1980, y, en ausencia de legislación nacional uniforme sobre este tema, aporta una definición que las partes pueden ampliar, si lo desean, enumerando las situaciones en las que se produce la exención de responsabilidad.

11.3. Responsabilidad de los intermediarios

La responsabilidad por las acciones de un tercero se incluye en numerosos acuerdos y suele aceptarse dado que, a menudo, el tercero actúa efectivamente como agente del usuario. Además, la parte que utiliza el servicio de un tercero y que tiene establecida la relación contractual con el prestador del servicio es la que estará mejor situada para demandar al prestador del servicio en caso de que puedan exigírsele responsabilidades.

11.4. Hay que señalar que existe una diferencia entre los apartados 9.2 y 9.3. Cuando una parte impone el uso de un intermediario concreto a la otra, parece lógico que la parte que lo ha impuesto sea considerada responsable de los perjuicios que puedan derivar del recurso a dicho intermediario en lugar del que ha tenido que recurrir a él.

Las partes deben cerciorarse, en particular, de que un seguro adecuado cubre cualquier posible riesgo resultante de un mensaje enviado, teniendo presente el valor de las transacciones que van a efectuarse mediante el EDI.

Artículo 12 . Resolución de litigios

El Modelo de Acuerdo de EDI contiene dos disposiciones alternativas para que las partes puedan elegir la que más les convenga.

La primera de ellas propone una cláusula de arbitraje, si las partes deciden resolver sus litigios recurriendo a esta vía. La segunda propone una cláusula jurisdiccional, en virtud de la cual las partes deben ponerse de acuerdo para elegir una jurisdicción, si es que deciden someter el litigio a los tribunales.

Conviene subrayar que, dadas las relaciones que el EDI crea entre los usuarios, existen grandes posibilidades de que los litigios puedan resolverse mediante la negociación.

Sólo cuando dicha negociación falle, podrán las disposiciones sobre resolución de litigios resultar eficaces y útiles.

Alternativa 1:

Cláusula de arbitraje

Las partes pueden decidir resolver sus litigios por vía de arbitraje. El arbitraje puede resultar un procedimiento práctico para resolver un litigio entre partes establecidas en países distintos. Entre sus ventajas figuran la de poder elegir al árbitro o la autoridad que lo designa y la de acelerar los trámites, aunque esto no siempre ocurra. Puede resultar atractivo porque el procedimiento resulta confidencial, algo que a veces interesa a las partes. La sentencia arbitral es, en principio, definitiva, aunque sea posible apelar.

En muchos países sigue exigiéndose una declaración inequívoca y por escrito referente al arbitraje cuando se elige esta vía para resolver litigios, por lo cual se recomienda a las partes que incluyan esta cláusula en el Acuerdo.

Es necesario que las partes determinen el procedimiento de designación del árbitro. Puede optarse por designar de común acuerdo entre una y tres personas o, si no se consigue llegar a un acuerdo, facultar a una instancia para efectuar la designación.

Por consiguiente, las partes deben indicar cuál será esta instancia. Puede ser nacional, por ejemplo los órganos de arbitraje designados por las cámaras de comercio, o internacional, por ejemplo la CCI, UNCITRAL o el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres.

También deben establecerse las normas de procedimiento relativas al arbitraje. En un contexto internacional, podría ser el Reglamento de arbitraje de UNCITRAL, el Reglamento del Tribunal de Arbitraje de la CCI, el Reglamento del Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres, el Reglamento de Arbitraje de la Comisión Económica para Europa (22) o puede ser un sistema jurídico nacional aplicable al arbitraje.

Alternativa 2:

Cláusula de jurisdicción

En caso de que las partes pretendan someter su litigio a un tribunal, la segunda alternativa dispone que las partes elijan un tribunal competente y así lo consignen en el Acuerdo.

De no hacerlo así, el tribunal competente se determinará en función de lo dispuesto en el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (23).

Artículo 13 . Legislación aplicable

La seguridad de las relaciones de EDI debe potenciarse especificando inequívocamente cuál es la legislación aplicable. En cuanto a la legislación aplicable al Acuerdo, que es algo esencial, dado que los usuarios del EDI pueden trabajar con muchos países, se recomienda que especifiquen claramente la legislación elegida.

Si no lo hacen así, el Acuerdo estaría a lo dispuesto en el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (24), aunque esto podría generar incertidumbre con respecto a la legislación aplicable al contrato, ya que tendría que decidirse en el momento de plantearse el litigio determinando cuál es la ley del país con el que el contrato presenta los lazos más estrechos.

Para determinarlo, se tendrá en cuenta el país en que la parte que va a efectuar la prestación característica del contrato tiene, en el momento de celebrarse el contrato, su residencia habitual o, si se trata de una empresa, su administración central. No obstante, si el contrato se celebra en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, el país será aquel en que esté situado su principal establecimiento. Existen diversas excepciones a esta regla, que se enumeran en el artículo 4 del Convenio.

Artículo 14 . Efecto, terminación y separabilidad

14.1. Efecto

Este artículo establece que el Acuerdo no surtirá efecto mientras no sea firmado por las partes.

14.2. Modificaciones

Como el Acuerdo objeto de esta Recomendación es un modelo de acuerdo, una de sus características fundamentales es la posibilidad de modificar las condiciones en él establecidas por acuerdo de las partes interesadas.

Para garantizar la estabilidad y la coherencia necesarias de las Disposiciones Legales, las modificaciones, añadidos o disposiciones alternativas a estas Disposiciones Legales deben realizarse por el mismo método que emplean las partes para adoptar el Acuerdo, es decir, consignándolos en un documento escrito y firmado.

14.3. Terminación

Las partes pueden alargar el período de un mes que se propone en este artículo como plazo de preaviso de terminación. Se recomienda no reducirlo, ya que se considera un plazo mínimo.

El apartado 14.3 establece que algunos derechos y obligaciones relacionados con el contrato son de importancia fundamental y deben ser respetados incluso después de terminado el contrato.

14.4. Separabilidad

Se ha insertado este apartado final para evitar que una parte pueda poner fin al Acuerdo simplemente porque una de sus cláusulas ha quedado invalidada, y también para impedir que las partes puedan terminar un Acuerdo con la intención de incumplir ciertas obligaciones.

ANEXO 3 . MODELO EUROPEO DE ACUERDO DE EDI DISPOSICIONES LEGALES

1. Lista de artículos de las Disposiciones Legales del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI cuya redacción deben completar las partes

En la siguiente lista figuran los elementos de las Disposiciones Legales del Acuerdo de EDI que las partes pueden completar o modificar.

1. Plazos

Se hace mención de plazos en los siguientes apartados: 5.3, 6.3, 8, 14.3. Estos plazos pueden modificarse en las Disposiciones Legales, si procede.

2. Cláusulas de arbitraje y jurisdicción, legislación aplicable

En el artículo 12 figuran dos alternativas de entre las que debe elegirse una. Ambas alternativas contienen elementos que las partes deben completar.

En el artículo 13 hay que indicar la legislación elegida.

2. Lista de artículos del Modelo Europeo de Acuerdo de EDI en los que se hace referencia a especificaciones que deben figurar en el Anexo Técnico

En la siguiente lista figuran los elementos de las Disposiciones Legales que aluden a especificaciones que las partes deben incluir en el Anexo Técnico. La lista no es exhaustiva y pueden añadirse otras especificaciones.

1. Plazos

Se alude a plazos que es preciso especificar en el Anexo Técnico en los siguientes apartados 5.1 y 5.4.

2. Acuse de recibo

Mensajes de EDI que exigen acuse de recibo:

Con relación al apartado 5.2, deberán especificarse cuáles son los mensajes de EDI que exigen siempre acuse de recibo sin necesidad de solicitarlo expresamente.

Condiciones específicas

Deberá especificarse cualquier condición específica relativa al acuse de recibo.

Procedimiento de recuperación alternativo

Deberá especificarse el procedimiento de recuperación alternativo mencionado en el apartado 5.4, si es que se ha decidido utilizar un procedimiento de este tipo.

3. Procedimientos y medidas de seguridad

Deberán especificarse los procedimientos y medidas de seguridad en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.

Dichos procedimientos y medidas se refieren a:

– acceso no autorizado, alteración, demora, destrucción, pérdida;

– comprobación del origen;

– comprobación de la integridad;

– no repudio del origen o el destino;

– confidencialidad.

4. Información confidencial

Deberán enumerarse, cuando sea posible, los mensajes de EDI que vayan a contener información confidencial.

Puede especificarse, si procede, la autorización para revelar la información.

Puede especificarse, cuando esté disponible y se utilice, un método de cifrado.

5. Registro y almacenamiento

Deberán incluirse las especificaciones necesarias para el registro y almacenamiento de los mensajes de EDI.

6. Requisitos para la explotación y especificaciones técnicas

Deberán detallarse todas las especificaciones necesarias referentes a los siguientes requisitos técnicos:

– equipos,

– software,

– servicios,

– servicios de comunicación,

– protocolos de comunicación,

– con respecto a los mensajes, normas, directorios, versiones, sintaxis, tipos de mensaje, segmentos, elementos de datos,

– códigos,

– procedimientos de ensayo y experimentación,

– disponibilidad.

7. Modificaciones

Debe especificarse y aprobarse según lo previsto en el artículo 14 cualquier modificación que se introduzca en las Disposiciones Legales.

—————————————————————————————————

(1) DO nº L 208 de 30. 7. 1991, p. 66.

(2) Decisiones 89/689/CEE, 89/690/CEE, 89/691/CEE, 89/692/CEE, 89/693/CEE y 89/694/CEE del Consejo, DO nº L 400 de 30. 12. 1989, pp. 1, 6, 11, 16, 21 y 26, respectivamente.

(3) DO nº L 285 de 8. 10. 1987, p. 35.

(4) COM(92) 422 final-SYN 287.

(5) Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

(6) Convenio nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981.

(7) Reglas de sintaxis UN/EDIFACT, ISO 9735 – EN 29735, TDED UN/EDIFACT ISO 7372 – EN 27372. El UNTDID (Directorio de intercambio de datos comerciales de las Naciones Unidas) incluye también: orientaciones de diseño de mensajes, orientaciones de implementación de la sintaxis, directorio de elementos de datos, lista de códigos, directorio de elementos de datos compuestos, directorio de segmentos estándar, directorio de UNSM y UNCID.

(8) Las partes deberán elegir entre la alternativa 1, » Cláusula de arbitraje «, y la alternativa 2, » Cláusula de jurisdicción «.

(9) Las partes indicarán una autoridad facultada para proceder al nombramiento.

(10) Las partes indicarán un procedimiento de arbitraje comercial.

(11) Las partes indicarán un país.

(12) Puede resultar necesario introducir modificaciones cuando se plantee una contradicción con alguna disposición legal nacional, posibilidad que no puede excluirse por completo.

(13) Introducción a UN/EDIFACT, Equipo de ponentes UN/EDIFACT, abril de 1991.

(14) Formación del contrato de EDI, Informe preparado por el CRID para la Comisión Europea, 1991.

(15) El Grupo sobre seguridad que trabaja bajo los auspicios del Equipo conjunto de ponentes (JRT) de la Junta EDIFACT de Europa occidental (WEEB) trabaja en la preparación de recomendaciones sobre estos temas.

(16) Consejo de Europa, Modelo de contrato para garantizar una protección de datos equivalente en el contexto de los flujos de datos transfronterizos, 14 de septiembre de 1992, T-PD (92) 7.

(17) Véase Wilde Sapte, Informe sobre autenticación, almacenamiento y uso de códigos en los mensajes de EDI, Informe para la Comisión Europea, 1993. Este informe será publicado en 1994.

(18) Wilde Sapte, idem. Ciredit and IT Law Group, Informe sobre las limitaciones e insuficiencias jurídicas relacionadas con el uso del EDI en el sector de la contabilidad en los Estados miembros, noviembre de 1992 (en inglés) y en los países de la AELC, diciembre de 1993 (disponible en inglés en 1994).

(19) Ciredit and IT Law Group, idem.

(20) Comité Europeo de Normalización.

(21) Véanse más detalles en » La responsabilidad de los operadores de redes de EDI «, Informe preparado por CRID para la Comisión Europea, 1991.

(22) Véanse más detalles en Schmitthoff, The Law and Practice of International Trade, Stevens, 1986, pp. 574-629.

(23) Convenio 72/454/CEE, de 27 de septiembre de 1968, DO nº L 299 de 31. 12. 1972, p. 32.

(24) Convenio 80/934/CEE, de 19 de junio de 1980, DO nº L 266 de 9. 10. 1980, p. 1.

01Ene/14

Reglamento Delegado (UE) n.º 305/2013 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, por el que se complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere el suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte(1), y, en particular, su artículo 7,

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2010/40/UE prevé la adopción por parte de la Comisión de actos delegados por lo que respecta a las especificaciones necesarias para garantizar la compatibilidad, interoperabilidad y continuidad de la implantación y la explotación operativa de los sistemas de transporte inteligentes (STI).

(2) De conformidad con el artículo 3, letra d), de la Directiva 2010/40/UE, el suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall) será una acción prioritaria. La Comisión debe adoptar en consecuencia las especificaciones necesarias en este campo.

(3) El artículo 26 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)(2), exige que las llamadas al número único europeo de llamada de urgencia 112 obtengan la respuesta y el tratamiento que mejor convengan para la estructuración de los dispositivos nacionales de urgencia, incluidos los centros de respuesta a llamadas de emergencia (puntos de respuesta de seguridad pública).

(4) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «eCall: el momento de implantarlo»(3) prevé nuevas medidas regulatorias para acelerar la implantación de un servicio de llamada de emergencia desde el vehículo en la Unión. Una de las medidas propuestas es la mejora obligatoria de la infraestructura de los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP) necesaria para la adecuada recepción y gestión de una llamada eCall.

(5) La Recomendación 2011/750/UE de la Comisión(4), relativa al apoyo de un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 (llamada eCall) aconseja a los Estados miembros que indiquen el punto de respuesta de seguridad pública más adecuado para encaminar la llamada eCall y para garantizar que los operadores de redes móviles cursen adecuadamente las llamadas eCall.

(6) Se espera que, al reducir el tiempo de respuesta de los servicios de urgencia, el servicio eCall de llamada a un número de emergencia interoperable en toda la Unión reduzca el número de víctimas mortales en la Unión, así como la gravedad de las lesiones causadas por los accidentes de tráfico.

(7) Se espera asimismo que el servicio eCall de llamada a un número de emergencia interoperable en toda la Unión permita obtener ahorros a la sociedad al mejorar la gestión de los incidentes y al reducir la congestión vial y los accidentes secundarios.

(8) El tratamiento de los datos personales en el contexto del tratamiento de las llamadas eCall por parte de los PSAP, los servicios de urgencias y los prestadores de servicios asociados debe ser realizado de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(5), y con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(6). Los Estados miembros garantizarán que se demuestre la observancia de la disposición anterior mediante procedimientos de control previo, tales como notificaciones previas, o de comprobaciones posteriores, como consecuencia por ejemplo de quejas e investigaciones, aplicados por las autoridades nacionales de protección de datos.

(9) El servicio eCall de llamada a un número de emergencia interoperable en toda la Unión sigue las recomendaciones efectuadas por el Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales creado en virtud del artículo 29 y que figuran en el documento de trabajo sobre las implicaciones de la iniciativa eCall de cara a la protección de datos y la intimidad, adoptado el 26 de septiembre de 2006 (1609/06/EN – WP 125). Los vehículos provistos de equipos de llamada eCall no serán rastreables mientras estén en situación de funcionamiento normal. El conjunto mínimo de datos enviado por el equipo eCall del vehículo en el momento en que se active incluirá la información mínima necesaria para cursar adecuadamente las llamadas de emergencia.

(10) No obstante lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE, al implantar la infraestructura de los PSAP eCall los Estados miembros deben tener en cuenta el documento de trabajo sobre las implicaciones de la iniciativa eCall de cara a la protección de datos y la intimidad (1609/06/EN – WP 125), adoptado el 26 de septiembre de 2006 por el Grupo de trabajo creado en virtud de su artículo 29.

(11) Es importante que todos los Estados miembros desarrollen soluciones técnicas y prácticas comunes con vistas a la prestación de los servicios de llamada de urgencia. El desarrollo de estas soluciones técnicas comunes debe encargarse en particular a los organismos europeos de normalización, a fin de facilitar la introducción del servicio eCall, garantizar su interoperabilidad y continuidad en todo el territorio de la Unión Europea y reducir los costes de implementación que soporta la Unión.

(12) Los organismos de normalización europeos, el ETSI y el CEN, han elaborado normas comunes para el despliegue de un servicio paneuropeo de llamadas eCall al que hace referencia el presente Reglamento.
(13) Debe darse tiempo suficiente para mejorar las infraestructuras ya implantadas, y en consecuencia el Reglamento debe ser aplicable a las mismas transcurridos 12 meses desde su entrada en vigor.

 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Reglamento establece las especificaciones para potenciar la infraestructura de puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP) necesaria para la recepción y tratamiento adecuados de las llamadas eCall a fin de garantizar la compatibilidad, interoperabilidad y continuidad en todo el territorio de la Unión Europea del servicio armonizado de llamada de emergencia eCall.

 

Artículo 2.- Definiciones.

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

a) «servicio de emergencia»: un servicio, reconocido como tal por el Estado miembro, mediante el que se proporciona asistencia rápida e inmediata en situaciones en que exista, en particular, un riesgo directo para la vida o la integridad física de las personas, para la salud y seguridad públicas o individuales, o para la propiedad pública o privada o el medio ambiente, de conformidad con la normativa nacional;

b) «punto de respuesta de seguridad pública (PSAP)»: ubicación física en la que se reciben inicialmente las llamadas de emergencia y que está bajo la responsabilidad de una autoridad pública o de una organización privada reconocida por el Estado miembro;

c) «PSAP más apropiado»: el definido de antemano por las autoridades responsables para hacerse cargo de las llamadas de emergencia procedentes de determinada zona o de las llamadas de emergencia de determinado tipo;

d) «PSAP eCall»: el PSAP más apropiado definido de antemano por las autoridades que primero recibe y cursa las llamadas eCall;

e) «operador del PSAP eCall»: la persona del PSAP eCall que recibe y/o cursa las llamadas de emergencia;

f) «prestador de servicios asociado»: una organización pública o privada reconocida por las autoridades nacionales que tiene una función en el tratamiento de los incidentes relacionados con una llamada eCall (por ejemplo, una concesionaria de autopistas o un servicio de asistencia);

g) «equipo en el vehículo»: el equipo a bordo del vehículo que proporciona o tiene acceso a los datos en el vehículo necesarios para efectuar la transacción eCall a través de la red de comunicaciones móviles inalámbricas;

h) «eCall» (término denominado «número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall)» en la Directiva 2010/40/UE): llamada de emergencia al número 112 desde el vehículo efectuada automáticamente mediante la activación de sensores en el vehículo, o manualmente, que transmite un conjunto mínimo de datos normalizado y establece un canal audio entre el vehículo y el PSAP eCall a través de las redes públicas de comunicaciones móviles inalámbricas;

i) «transacción eCall»: el establecimiento de una sesión de comunicaciones móviles inalámbricas a través de una red pública de comunicaciones inalámbricas y la transmisión de un conjunto mínimo de datos de un vehículo a un PSAP eCall y el establecimiento de un canal audio entre el vehículo y el mismo PSAP eCall;

j) «conjunto mínimo de datos (MSD)»: la información definida por la norma «Sistema telemático de ayuda a la circulación, utilizado en el transporte y tráfico por carretera -eSafety- Conjunto mínimo de datos de eCall (MSD)» (EN 15722) que se envía al PSAP eCall;

k) «número de bastidor del vehículo (vehicle identification number, VIN)»: código alfanumérico asignado a un vehículo por el fabricante para garantizar la identificación adecuada de cualquier vehículo, conforme a lo descrito en la norma ISO 3779;

l) «red de comunicaciones móviles inalámbricas»: red de comunicaciones inalámbricas con transferencia homogénea entre los puntos de acceso a la red;

m) «red pública de comunicaciones móviles inalámbricas»: la red de comunicaciones móviles inalámbricas disponible al público conforme a lo dispuesto en la Directiva 2002/22/CE y en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7);

n) «centro de control de emergencia»: instalación utilizada por uno o varios servicios de emergencia para cursar llamadas de emergencia;

o) «conjunto mínimo de datos en bruto»: representación del conjunto mínimo de datos transmitido antes de presentarlo de forma inteligible al operador del PSAP eCall.

 

Artículo 3.- Requisitos de los PSAP eCall.

1. Los Estados miembros garantizarán que los PSAP eCall estén equipados para cursar llamadas eCall y recibir los MSD procedentes de los equipos en los vehículos conforme a las normas «Sistemas inteligentes de transporte. E-Safety. Requisitos de funcionamiento de la llamada de emergencia europea eCall» (EN 16072) y «Sistemas inteligentes de transporte. E-Safety. Requisitos de aplicación de alto nivel (HLAP) de la llamada de emergencia europea eCall» (EN 16062).

2. El PSAP eCall cursará las llamadas eCall con la misma prontitud y eficacia que cualquier otra llamada efectuada al número de emergencia europeo 112. El PSAP eCall procesará las llamadas eCall en consonancia con los requisitos de las normas nacionales para el tratamiento de las llamadas de emergencia.

3. El PSAP eCall será capaz de recibir el contenido de los datos de los MSD y de presentarlos al operador del PSAP eCall de forma clara y comprensible.

4. El PSAP eCall tendrá acceso a un sistema de información geográfica (SIG) adecuado o a otro equivalente que permita al operador del PSAP eCall determinar la posición y rumbo del vehículo con un grado mínimo de precisión conforme a lo definido en la norma EN 15722 para las coordenadas de los MSD.

5. Los requisitos anteriormente mencionados permitirán al PSAP eCall facilitar la ubicación, el tipo de activación eCall (manual o automática) y otros datos pertinentes a los servicios de emergencia o prestadores de servicios asociados adecuados.

6. El PSAP eCall que reciba inicialmente la llamada eCall establecerá una comunicación audio con el vehículo y cursará los datos eCall; en caso necesario, el PSAP eCall podrá reencaminar la llamada y los datos MSD a otro PSAP, centro de control de emergencia o prestador de servicios asociado con arreglo a los procedimientos nacionales determinados por la autoridad nacional competente. El reencaminamiento podrá efectuarse a través de una conexión de datos o de audio, o, preferentemente, de ambas.

7. Llegado el caso, y de conformidad con los procedimientos y la normativa nacionales, el PSAP eCall y los servicios de emergencia o prestadores de servicios asociados pertinentes podrán obtener acceso a las características del vehículo registradas en las bases de datos nacionales y/o otros recursos pertinentes, a fin de obtener la información necesaria para tratar una llamada eCall, en particular para permitir la interpretación del número de bastidor del vehículo (VIN) y la presentación de información adicional pertinente, en particular el tipo y modelo del vehículo.

 

Artículo 4.- Evaluación de la conformidad.

Los Estados miembros designarán las autoridades competentes para evaluar la conformidad de las operaciones de los PSAP eCall con los requisitos enumerados en el artículo 3 y las notificarán a la Comisión. La evaluación de la conformidad se basará en la parte de la norma «Sistemas de transporte inteligentes -eSafety- Prueba de conformidad de extremo a extremo de eCall» (EN 16454) relativa a la conformidad de los PSAP con el sistema eCall paneuropeo.

 

Artículo 5.- Obligaciones relacionadas con la implantación de la infraestructura de PSAP eCall.

Los Estados miembros garantizarán que el presente Reglamento se aplique una vez implantada la infraestructura de PSAP eCall para cursar las llamadas al número de llamada de emergencia interoperable en toda la Unión (eCall), de acuerdo con los principios de las especificaciones y de la implantación establecidos en el anexo II de la Directiva 2010/40/UE. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho de cada Estado miembro de decidir sobre la implantación de la infraestructura de PSAP eCall para cursar las llamadas al número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall) en su territorio, y no obstante cualquier acto legislativo adoptado en virtud del párrafo segundo del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2010/40/UE.

 

Artículo 6.- Normas sobre protección de datos y privacidad.

1. Los PSAP, incluidos los PSAP eCall, se considerarán responsables del tratamiento de datos en la acepción del artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE. Cuando los datos eCall deban enviarse a otros centros de control de emergencia o a prestadores de servicios asociados con arreglo al artículo 3, apartado 5, estos últimos serán también considerados responsables del tratamiento de datos. Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de los datos personales en el contexto de las llamadas eCall cursadas por los PSAP, los servicios de emergencia y los prestadores de servicios asociados se lleve a cabo de conformidad con las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE, y que la observancia de este requisito sea demostrada a las autoridades nacionales de protección de datos.

2. En particular, los Estados miembros garantizarán que los datos personales se protejan contra su mal uso, incluido el acceso ilegal a los mismos y su alteración o pérdida, y que sean adecuadamente establecidos al nivel adecuado y debidamente respetados los protocolos relativos al almacenamiento, duración de la retención, tratamiento y protección de los datos personales.

 

Artículo 7.- Normas sobre responsabilidad.

1. Los PSAP eCall deberán ser capaces de demostrar a las autoridades competentes que cumplen todos los requisitos de conformidad de las normas eCall enumeradas en el artículo 3, apartado 1, con respecto a las partes del sistema por ellos estructuradas y/o controladas. Los PSAP serán responsables únicamente de la parte del sistema eCall mencionada anteriormente que se inicia en el momento en que las llamadas eCall llegan al PSAP, con arreglo a los procedimientos nacionales.

2. A tal fin, y además de cualesquiera otras medidas existentes en particular para dar curso a las llamadas al número 112, tanto los datos brutos del MSD recibidos con la llamada eCall como el contenido del MSD presentado al operador eCall se retendrán durante un período de tiempo determinado, de conformidad con la normativa nacional. Dichos datos se almacenarán con arreglo a los artículos 6, 13 y 17 de la Directiva 95/46/CE.

 

Artículo 8.- Información.

Los Estados miembros informarán a la Comisión a más tardar el 23 de octubre de 2013 sobre el estado de aplicación del presente Reglamento. Este informe incluirá como mínimo la lista de las autoridades competentes para evaluar la conformidad de la operaciones de los PSAP eCall, la lista y la cobertura geográfica de los PSAP eCall, un calendario de implantación para los dos años siguientes y la descripción de las pruebas de conformidad y de los protocolos de protección de los datos personales y de la intimidad.

 

Artículo 9.- Entrada en vigor y aplicación.

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a las infraestructuras implantadas a partir de su fecha de entrada en vigor. El presente Reglamento se aplicará a partir del 23 de abril de 2014 a las infraestructuras que ya estuvieran implantadas en la fecha de su entrada en vigor.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

 

(1) DO L 207 de 6.8.2010, p. 1.

(2) DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

(3) COM(2009) 434 final.

(4) DO L 303 de 22.11.2011, p. 46.

(5) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(6) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37

(7) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

01Ene/14

Resolución 2161/2010 de 10 de noviembre de 2010, Apruébase el reglamento de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Telecomunicaciones «Argentina Conectada» (Boletín Oficial nº 32.044 del 9 de diciembre de 2010)

VISTO el Expediente nº S01:0375858/2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, las Leyes nº 22.520, nº 19.798 y sus modificatorias, y el Decreto nº 1552 de fecha 21 de octubre de 2010; y

CONSIDERANDO:

Que con el fin fortalecer la inclusión digital en la REPUBLICA ARGENTINA, mediante el Artículo 1º del Decreto nº 1552 de fecha 21 de octubre de 2010, se creó el PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el fomento a la competencia.

Que mediante dicho Decreto se creó la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA ‘CONECTADA», en la órbita del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, siendo presidido por el titular de dicha cartera, pudiendo el mismo denegar funciones a quien éste designe.

Que mediante el Artículo 5º del mencionado Decreto se facultó a este Ministerio a reglamentar el funcionamiento de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA» y, a establecer las condiciones generales del citado Plan, en donde se determinarán los procedimientos, las responsabilidades y metodologías que deriven del mismo.

Que en virtud de ello corresponde asimismo aprobar en esta instancia la estructura organizativa interna a los efectos de conformación de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA».

Que a fin de asegurar un eficaz y efectivo funcionamiento de la mencionada Comisión, resulta pertinente designar a las personas que desempeñarán sus funciones dentro de la estructura de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA».

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto nº 1552 de fecha 21 de octubre de 2010.

Por ello,

EL MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el REGLAMENTO DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA D-EL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», que como ANEXO forma parte integrante de la presente medida.

Artículo 2º — Establécese la estructura organizativa interna de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», la que estará conformada por un COORDINADOR GENERAL, un SECRETARIO TECNICO Y ACADEMICO y un SECRETARIO CONSULTIVO DE DESARROLLO INCLUSIVO.

Artículo 3º — Asígnese al Licenciado Luis VITULLO (D.N.I. nº 23.991.668) las funciones de Coordinador General de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», conforme lo establecido en el Artículo 2º del Decreto nº 1552 de fecha 21 de octubre de 2010.

Artículo 4º — Asígnese al Señor Alejandro Fabián Osvaldo TAGLIACOZZO (D.N.I. nº 13.653.479), las funciones de Secretario Consultivo de Desarrollo Inclusivo de la COORDINACION GENERAL, creada en la órbita de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA».

Artículo 5º — Asígnese al Doctor Emmanuel JAFFROT (D.N.I. nº 94.105.712) las funciones de Secretario Técnico y Académico de la COORDINACION GENERAL, creada en la órbita de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA».

Artículo 6º — Invítase a los organismos públicos nacionales integrantes de la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», a designar sus representantes a fin de llevar a cabo la conformación de la misma.

Artículo 7º — La presente medida no genera erogación presupuestaria al ESTADO NACIONAL.

Artículo 8º — Comuníquese, publíquese; dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Julio M. De Vido.

ANEXO.- REGLAMENTO DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA»

CAPITULO I.-INTRODUCCION

1. COMPOSICION

La COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA» estará compuesta por los miembros que sean designados por cada uno de los integrantes conforme lo establece el 4º del Decreto nº 1552 de fecha 21 de octubre de 2010.

CAPITULO II.-ESTRUCTURA SUPERIOR DE LA COMISION

2. PRESIDENCIA DE LA COMISION

La Presidencia de la COMISION será ejercida por el titular del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, pudiendo delegar sus funciones, siendo éste el Órgano Superior.

3. COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA

El PRESIDENTE tendrá las siguientes competencias:

a) Presidir las reuniones plenarias de la COMISION, pudiendo delegar dichas acciones en el COORDINADOR GENERAL.

b) Definir y aprobar el plan de acción y establecer la agenda de trabajo para la implementación y mantenimiento del PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA» con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

c) Impulsar todas las acciones necesarias para la implementación y la sustentabilidad del PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA»

d) Dirigir, implementar y organizar el funcionamiento de la COMISION.

e) Representar legalmente a la COMISION.

4. COORDINACION GENERAL

La COMISION tendrá un COORDINADOR GENERAL, el cual será designado por el Presidente de dicha COMISION, con el objeto de asistir y asesorar al PRESIDENTE de la misma, y de ejecutar las acciones necesarias a los fines de implementar el mencionado Plan Nacional, así como coordinar los «Grupos de Trabajo» creados, o a crearse, en el seno de la misma.

El COORDINADOR GENERAL tendrá a su cargo un SECRETARIO TECNICO Y ACADEMICO y un SECRETARIO CONSULTIVO DE DESARROLLO INCLUSIVO, siendo ambos designados por el PRESIDENTE de la COMISION.

5. COMPETENCIAS DEL COORDINADOR GENERAL

El COORDINADOR GENERAL tendrá las siguientes competencias:

a) Asistir y asesorar al PRESIDENTE de la COMISION en la implementación del Plan.

b) Convocar las reuniones plenarias de la COMISION, fijando su orden del día.

c) Presidir las reuniones plenarias de la COMISION, en caso de haber mediado dicha delegación por parte del PRESIDENTE de la misma.

d) Proponer al PRESIDENTE la agenda de trabajo y el plan de acción de la COMISION, como así también impulsar todos los proyectos y actividades, que se realicen en dicho marco.

e) Coordinar y articular las tareas de los distintos «Grupos de Trabajo» intervinientes en la implementación del PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», como así también, las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos establecidos para la COMISION.

f) Realizar el seguimiento de los proyectos que se ejecuten en el ámbito del mencionado Plan Nacional, y elaborar informes de gestión relacionadas con la implementación del mismo.

g) Solicitar de las Areas Competentes los informes necesarios a cerca del avance en la ejecución de los proyectos que se impulsen desde la COMISION.

h) Realizar todas las gestiones administrativas para el normal desarrollo de la COMISION.

i) Representar al PRESIDENTE de la COMISION en los distintos foros, comités, seminarios, ya sean nacionales o internacionales, relacionados con la temática.

j) Articular las reuniones de trabajo con los representantes que designen las Provincias que adhieran al PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA», en vistas de consensuar los intereses nacionales, provinciales y locales en los proyectos comprendidos por los ejes del mencionado Plan.

k) Articular las reuniones de trabajo con los representantes de las asociaciones gremiales y sindicales con el objetivo de contribuir al desarrollo inclusivo de los trabajadores del rubro y de generar empleo especializado.

I) Articular las reuniones de trabajo con los representantes del sector privado y de la economía social cuyas actividades se relacionen con los proyectos del citado Plan a fin de potenciar los impactos beneficiosos de la política pública en materia de crecimiento innovativo, económico, productivo y social.

6. COMPETENCIAS DEL SECRETARIO CONSULTIVO DE DESARROLLO INCLUSIVO

El SECRETARIO CONSULTIVO DE DESARROLLO INCLUSIVO tendrá las siguientes competencias:

a) Asistir y asesorar al COORDINADOR GENERAL.

b) Elaborar y proponer, de forma conjunta con el COORDINADOR GENERAL, la agenda de trabajo de la COMISION.

c) Realizar las acciones necesarias, a través de los «Grupos de Trabajo», a fin de alcanzar de forma eficiente los objetivos del Plan Nacional.

d) Participar, juntamente con el SECRETARIO TECNICO Y ACADEMICO, en la elaboración y propuesta de informes, recomendaciones y proyectos en el marco del Plan Nacional.

7. COMPETENCIAS DEL SECRETARIO TECNICO Y ACADEMICO

El SECRETARIO TECNICO Y ACADEMICO tendrá las siguientes competencias:

a) Asistir y asesorar al COORDINADOR GENERAL.

b) Participar en el seguimiento de los proyectos que tengan ingerencia con lo técnico y académico.

c) Colaborar en la articulación de las tareas de los «Grupos de Trabajo», tendientes a cumplir con los objetivos de la COMISION.

d) Participar, juntamente con el SECRETARIO CONSULTIVO DE DESARROLLO INCLUSIVO, en la elaboración y propuesta de informes, recomendaciones y proyectos en el marco del Plan Nacional.

CAPITULO III.-GRUPOS DE TRABAJO

8. CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO

Para el estudio de las diferentes áreas «temáticas vinculadas con la implementación del PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA»; se crean los «Grupos de Trabajo» de acuerdo a cada uno de los Ejes Estratégicos de dicho Plan:

– Grupo de trabajo del eje estratégico de inclusión digital,

– Grupo de trabajo del eje estratégico optimización del uso del espectro radioeléctrico,

– Grupo de trabajo del eje estratégico desarrollo del servicio universal,

– Grupo de trabajo del eje estratégico de producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones,

– Grupo de trabajo del eje estratégico de capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones,

– Grupo de trabajo del eje estratégico de infraestructura y conectividad,

– Grupo de trabajo del eje estratégico de fomento de la competencia.

Los mencionados Grupos estarán integrados por representantes de todos los organismos que integran la COMISION, conforme el área de su competencia y la temática a tratar en cada proyecto, éstos se denominarán miembros permanentes. Asimismo, podrán participar de los «Grupos de Trabajo» las provincias, federaciones, cámaras vinculadas, empresas y todo otro organismo del ESTADO NACIONAL, éstos se denominarán miembros adherentes.

Los «Grupos de Trabajo» tendrán las siguientes funciones:

a) Analizar y evaluar los proyectos y/o acciones aprobadas por la COMISION.

b) Elaborar propuestas para los distintos planes de acción a aprobar por la COMISION.

c) Asistir y asesorar técnicamente al COORDINADOR GENERAL.

d) Emitir opinión técnica y colaborar en el desarrollo de los distintos proyectos.

d) Realizar todos los informes y emitir todas las opiniones técnicas que le sean requeridas por el COORDINADOR GENERAL.

CAPITULO IV.-LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLOGIA DE TRABAJO DE LA COMISION.

9. LINEAMIENTOS GENERALES.

A fin de implementar de manera eficiente el Plan Estratégico de la COMISION, se establecen los siguientes lineamientos generales de gestión:

I) ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE ACCION Y AGENDA DE TRABAJO.

a) La COORDINACION GENERAL deberá presentar una propuesta de plan de acción y agenda de trabajo para la implementación del PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA» al PRESIDENTE de la COMISION.

b) REALIZACION DE REUNIONES TECNICAS INICIALES. A tal fin se realizarán todas las reuniones que disponga el COORDINADOR GENERAL a fin de finalizar el diagnóstico inicial para la elaboración del Plan Estratégico correspondiente.

II) METODOLOGIA DE TRABAJO DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA».

La COMISION llevará adelante sus tareas a través de la realización de reuniones y mesas de trabajo, las cuales serán estructuradas de la siguiente forma:

a) REUNIONES PLENARIAS DE LA COMISION. Las reuniones plenarias de la COMISION serán realizadas conforme al plan de acción y a la agenda de trabajo que el PRESIDENTE de la misma apruebe, y/o en toda otra oportunidad que fuera necesaria a pedido del mismo.

Las reuniones de la COMISION serán presididas por el Titular del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, o por el COORDINADOR GENERAL en caso de haber mediado delegación de dichas tareas.

El COORDINADOR GENERAL elaborará el Orden del Día, que deberá ser notificada a los integrantes de la COMISION, con TRES (3) días de antelación. A propuesta de los miembros participantes se podrán tratar temas no contemplados en el Orden del Día.

Los temas tratados en la reunión plenaria de la COMISION serán plasmados en Actas.

b) DELIBERACIONES, QUORUM, APROBACION DE PROYECTOS: Convocada que fuera para deliberar y tratar los temas del orden del día respectivo, la COMISION se constituirá por mayoría simple de sus miembros, y comenzarán las deliberaciones a los efectos del tratamiento de los temas previstos.

Sometido a consideración de la COMISION un proyecto, y efectuada las deliberaciones correspondientes, la aprobación del mismo se efectuara por simple mayoría de los miembros presentes, en donde cada uno de ellos tiene un voto y en caso de empate el voto de la Presidencia valdrá doble.

Una vez aprobado los temas y proyectos sometidos a consideración de la COMISION, corresponderá al COORDINADOR GENERAL su notificación a las Areas Competentes a los efectos de la ejecución de los mismos.

c) REUNIONES DE LA COORDINACION GENERAL.

EL COORDINADOR GENERAL convocará periódicamente a los «Grupos de Trabajo» para tratar las propuestas de lineamientos generales de las políticas que se implementarán en el marco del Plan Nacional.

d) REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO.

Los representantes de los «Grupos de Trabajo» designados por los Ministerios y/u Organismos Públicos Nacionales con competencia en las materias relacionadas, se reunirán para definir los pronunciamientos técnicos necesarios para la consecución de las acciones que demande el Plan.

III) INFORME DE GESTION DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES «ARGENTINA CONECTADA»

A solicitud del Presidente, el COORDINADOR GENERAL elaborará un «Informe de Gestión» para ser elevado al PODER EJECUTIVO NACIONAL y a los Presidentes de ambas Cámaras del CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Portugal. Lei 36/2003 Regula o estatuto e competências do membro nacional da EUROJUST de 22 agosto 2003.

Lei 36/2003 Regula o estatuto e competências do membro nacional da Eurojust de 22 agosto 2003. Estabelece normas de execução da decisão do Conselho da União Europeia que cria a Eurojust, a fim de reforçar a luta contra as formas graves de criminalidade, e regula o estatuto e competências do respectivo membro nacional.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161º. da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1º. Âmbito de aplicação
A presente lei estabelece normas de execução da Decisão do Conselho da União Europeia nº 2002/187/JAI, de 28 de Fevereiro, relativa à criação da Eurojust, a fim de reforçar a luta contra as formas graves de criminalidade, adiante designada Decisão Eurojust, regula o estatuto do membro nacional da Eurojust, define as suas competências em território nacional e o direito que lhe assiste de actuar em relação às autoridades judiciárias estrangeiras.

Artigo 2º. Representação nacional

1. A representação de Portugal na Eurojust é assegurada pelo membro nacional.

2. O membro nacional da Eurojust exerce as funções e competências definidas pela Decisão Eurojust e pela presente lei.

3. Omembro nacional é coadjuvado por um adjunto e por um ou mais assistentes, de acordo com as necessidades de serviço.

4 . Nas suas faltas e impedimentos, o membro nacional é substituído pelo adjunto ou, na sua falta, pelo assistente que designar.

Artigo 3º. Nomeação e estatuto

1. O cargo de membro nacional da Eurojust é exercido, em comissão de serviço, por um procurador-geral-adjunto.

2. O membro nacional da Eurojust é nomeado por despacho conjunto dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça, sob proposta do Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

3. O adjunto e os assistentes do membro nacional são designados, em comissão de serviço, de entre magistrados do Ministério Público e licenciados em Direito, mediante proposta do membro nacional, devendo a escolha recair preferencialmente sobre os primeiros. É correspondentemente aplicável o disposto nos números anteriores.

4. Ao membro nacional e aos magistrados que o coadjuvam é aplicável o disposto no nº 3 do artigo 139º do Estatuto do Ministério Público.

5. O disposto nos números anteriores, incluindo a fixação da remuneração do membro nacional, do adjunto e dos assistentes, e os demais aspectos relativos ao seu estatuto, é regulamentado em diploma próprio, tendo em consideração a natureza da Eurojust e o acordo relativo à sede, celebrado entre a Eurojust e o Estado membro de acolhimento.

6. O adjunto do membro nacional tem o seu local de trabalho em território nacional ou na sede da Eurojust, de acordo com as necessidades do serviço.

7. É subsidiariamente aplicável o disposto no Estatuto do Ministério Público, nomeadamente em matéria de incompatibilidades, deveres e direitos.

Artigo 4º. Membro nacional

1. O membro nacional da Eurojust depende directamente do Procurador-Geral da República no que se refere ao exercício das competências em território nacional previstas no artigo 8º da presente lei.

2. O membro nacional da Eurojust rege-se, no exercício das suas funções, por critérios de legalidade e objectividade, observando, para além do disposto na lei penal e processual penal, as normas legais e convencionais em vigor relativas à cooperação judiciária internacional em matéria penal.

3. Os serviços de apoio técnico e administrativo da Procuradoria-Geral da República prestam ao membro nacional da Eurojust o apoio necessário ao exercício das suas funções e competências em território nacional.

Artigo 5º. Pedidos formulados pela Eurojust quando actue por intermédio do membro nacional

1. Os pedidos a que se refere a alínea a) do artigo 6º da Decisão Eurojust são transmitidos:

a) Ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal e aos Departamentos de Acção e Investigação Penal nas sedes dos distritos judiciais, relativamente aos crimes da sua competência;

b) Às procuradorias-gerais distritais, nos restantes casos.

2. Os órgãos e serviços a que se refere o número anterior informam o membro nacional da sua decisão.

3. A informação a que se refere a alínea b) do artigo 6º da Decisão Eurojust é transmitida aos órgãos e serviços referidos no nº 1 ou ao Ministério Público competente, consoante os casos.

4. As cartas rogatórias e demais pedidos de auxílio judiciário mútuo a que se refere a alínea g) do artigo 6º da Decisão Eurojust são transmitidos directamente através do membro nacional da Eurojust.

Artigo 6º. Pedidos formulados pela Eurojust quando actue colegialmente

1. Os pedidos a que se refere a alínea a) do artigo 7º da Decisão Eurojust são transmitidos ao Procurador-Geral da República.

2. Compete ao Procurador-Geral da República decidir acerca dos pedidos.

3. O Procurador-Geral da República pode delegar a competência a que se refere o número anterior no director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal.

4. As decisões, nomeadamente as mencionadas no artigo 8º da Decisão Eurojust, são transmitidas à Eurojust através do membro nacional.

Artigo 7º. Regras legais aplicáveis à decisão dos pedidos formulados pela Eurojust

Os pedidos a que se referem a alínea a) do artigo 6º e a alínea a) do artigo 7º da Decisão Eurojust são apreciados e decididos em conformidade com o disposto nas regras relativas ao processo penal e à cooperação judiciária internacional, nas normas convencionais em vigor e na Decisão Eurojust, em função da realização das finalidades do inquérito e tendo em conta a natureza transnacional das actividades criminosas e das investigações e as necessidades de cooperação judiciária internacional e de coordenação das autoridades nacionais com autoridades estrangeiras que o caso impuser.

Artigo 8º. Competências judiciárias em território nacional

1. Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 9º da Decisão Eurojust, relativamente a crimes da competência da Eurojust, o membro nacional pode exercer em território nacional as competências judiciárias referidas nos números seguintes.

2. Em caso de urgência ou perigo na demora para a aquisição e conservação dos meios de prova, o membro nacional da Eurojust pode:

a) Informar os órgãos de polícia criminal, a fim de que sejam adoptadas as medidas cautelares e de polícia que o caso exigir, nos casos em que actuar de acordo com o disposto na subalínea i) da alínea a) do artigo 6º da Decisão Eurojust;

b) Emitir pedidos complementares de auxílio judiciário para a prática de actos concretos, tácita ou genericamente compreendidos no pedido inicial, nos casos referidos na alínea g) do artigo 6º da Decisão Eurojust, ou quando participar em equipas de investigação conjuntas, nos termos do disposto no nº 12 do artigo 13º da Convenção elaborada pelo Conselho em conformidade com o artigo 34º do Tratado da União Europeia, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000, em qualquer dos casos quando não for possível a intervenção em tempo útil do Ministério Público competente.

3. O membro nacional comunica aos órgãos referidos no nº 1 do artigo 5º da presente lei ou ao Ministério Público competente, consoante os casos, de imediato ou no mais curto prazo, os actos praticados em conformidade com o disposto no número anterior.

4. O membro nacional da Eurojust pode ainda:

a) Informar o Ministério Público competente sobre os actos cuja prática considere útil, tendo em vista a melhoria da coordenação das investigações e dos procedimentos penais e da cooperação
entre as autoridades competentes;

b) Solicitar ao Ministério Público, aos órgãos de polícia criminal competentes e às autoridades administrativas as informações necessárias ao exercício das funções a que se refere a alínea b) do artigo 6º da Decisão Eurojust, nomeadamente as respeitantes a factos criminosos e seus agentes, à dimensão transnacional das actividades criminosas e das investigações, ao estado das investigações e dos processos e aos pedidos de cooperação judiciária internacional;

c) A pedido do Ministério Público competente, formular pedidos complementares de auxílio judiciário fora do contexto de urgência, nas condições e casos referidos na alínea b) do nº 2;

d) Prestar apoio à definição de formas e métodos de intervenção concertada com autoridades de outros Estados membros e à preparação, acompanhamento e execução de pedidos de cooperação
judiciária;

e) Receber e providenciar pelo cumprimento de pedidos de cooperação judiciária provenientes de autoridades de outros Estados membros relativos a informações sobre legislação e organização judiciária nacionais;

f) Aceder ao registo criminal e a quaisquer outros registos, nas mesmas condições em que os demais magistrados do Ministério Público o podem fazer, para efeitos do disposto no nº 4 do artigo 9º da Decisão Eurojust;

g) Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei ou convenção.

5. O Ministério Público competente para o inquérito informa o membro nacional dos casos relativos a tipos de crime que, nos termos do disposto nos artigos 3º e 4º da Decisão Eurojust, se inscrevem na esfera da competência da Eurojust. O membro nacional mantém o Ministério Público informado sobre a actividade por si desenvolvida.

6. O membro nacional da Eurojust está sujeito às normas de processo penal relativas ao segredo de justiça.

Artigo 9º. Participação em equipas de investigação conjuntas

1. O membro nacional da Eurojust pode participar em equipas de investigação conjuntas, nos termos do disposto no nº 12 do artigo 13º da Convenção elaborada pelo Conselho em conformidade com o artigo 34º do Tratado da União Europeia, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000, com funções de assistência e apoio.

2. Mediante acordo expresso relativo à constituição da equipa de investigação conjunta, o membro nacional pode solicitar a realização das investigações a que se refere o nº 7 do artigo 13º desta Convenção.

Artigo 10º. Actuação em relação a autoridades judiciárias estrangeiras

1. De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 9º da Decisão Eurojust, o membro nacional da Eurojust pode actuar em relação às autoridades judiciárias estrangeiras:

a) Para efeitos de transmissão de pedidos de auxílio judiciário, nos casos referidos na alínea g) do artigo 6º da Decisão Eurojust;

b) Para efeitos de emissão e transmissão de pedidos complementares de auxílio judiciário, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 8º;

c) Para efeitos de emissão e transmissão de pedidos complementares de cooperação judiciária, nos termos da alínea c) do nº 4 do artigo 8º;

d) Para efeitos de recepção e cumprimento de pedidos de cooperação judiciária, nos termos da alínea e) do nº 4 do artigo 8º

2. Em caso de urgência, os pedidos de auxílio judiciário mútuo relativos a tipos de crimes que, nos termos dos artigos 3º e 4º da Decisão Eurojust, se inscrevem na esfera de competência da Eurojust podem ser efectuados através do membro nacional, em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 9º da Decisão Eurojust e no nº 4 do artigo 6º da Convenção elaborada pelo Conselho em conformidade com o artigo 34º do Tratado da União Europeia, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000.

Artigo 11º. Competência relativamente ao Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

1. De acordo com o disposto no nº 4 do artigo 26º da Decisão Eurojust, o membro nacional da Eurojust é considerado autoridade nacional competente para efeito dos Regulamentos (CE) nº 1073/1999 e (EURATOM) nº 1074/1999, de 25 de Maio, relativos aos inquéritos efectuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).

2. O Ministério Público competente para o inquérito informa o membro nacional dos casos que lhe tenham sido comunicados pelo OLAF, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 8º da presente lei.

3. Compete ao membro nacional da Eurojust verificar a não oposição do Ministério Público competente à cooperação entre a Eurojust e o OLAF para os efeitos previstos no nº 3 do artigo 26º da Decisão Eurojust.

Artigo 12º. Correspondentes nacionais

1. De acordo com o disposto no artigo 12º da Decisão Eurojust, podem ser designados correspondentes nacionais da Eurojust:

a) A Procuradoria-Geral da República;

b) As procuradorias-gerais distritais;

c) O Departamento Central de Investigação e Acção Penal;

d) Os departamentos de investigação e acção penal nas sedes dos distritos judiciais;

e) A Polícia Judiciária e demais órgãos de polícia criminal.

2. As funções de correspondente nacional são exercidas por quem for designado para o efeito.

3. O director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal é o correspondente nacional para as matérias relacionadas com o terrorismo.

4. Sem prejuízo dos contactos directos entre o membro nacional e as autoridades judiciárias ou órgãos de polícia criminal competentes, nos termos do nº 5 do artigo 9º da Decisão Eurojust e dos artigos 5º e 6º da presente lei, os correspondentes nacionais constituem pontos de contacto privilegiados do membro nacional.

Artigo 13º. Relatório anual

1. O membro nacional da Eurojust elabora um relatório anual de actividades, apresentando-o ao Ministro da Justiça e ao Procurador-Geral da República.

2. O membro nacional da Eurojust informa o Ministro da Justiça e o Procurador-Geral da República acerca do funcionamento da cooperação judiciária no domínio da competência da Eurojust, devendo propor as medidas que a prática mostrar necessárias ao seu aperfeiçoamento.

Artigo 14º. Membro nacional da Instância Comum de Controlo

1. Compete à Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais designar, de entre os seus membros, o membro nacional da Instância Comum de Controlo, em conformidade com o disposto no artigo 23º da Decisão Eurojust, e assegurar a representação neste órgão.

2. Compete ao membro nacional da Instância Comum de Controlo seleccionar os dados pessoais que lhe forem transmitidos, com vista ao seu processamento, e controlar a sua inserção no sistema de processamento de dados da Eurojust.

3. O estatuto do membro nacional da Instância Comum de Controlo é regulamentado em diploma
próprio.

Artigo 15º. Estados não membros da União Europeia

O disposto na presente lei é aplicável, com as necessárias adaptações, nos casos que envolvam Estados não membros da União Europeia, de acordo com o disposto no artigo 27º da Decisão Eurojust.

Aprovada em 12 de Junho de 2003

Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral.

Promulgada em 4 de Agosto de 2003.

Publique-seº Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 8 de Agosto de 2003 Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Reino Unido. Statutory Instrument 2002 Nº 2015. The Electronic Commerce Directive (Financial Services and Markets) (Amendment) Regulations 2002, 31st July 2002.

Statutory Instrument 2002 Nº 2015. The Electronic Commerce Directive (Financial Services and Markets) (Amendment) Regulations 2002, 31st July 2002.

The Treasury, being a government department designated (1) for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 1972 (2) in relation to information society services, in exercise of the powers conferred by that section, hereby make the following Regulations:

 

Citation and commencement

1.

These Regulations may be cited as the Electronic Commerce Directive (Financial Services and Markets) (Amendment) Regulations 2002, and come into force on 21 August 2002.

 

Amendment of the Electronic Commerce Directive (Financial Services and Markets) Regulations 2002

2.

The Electronic Commerce Directive (Financial Services and Markets) Regulations 2002 (3) are amended by inserting, after regulation 18 :

» Exclusion of general regulations
19. – (1) Regulation 4(1) of the general regulations does not affect any legal requirement imposed by or under the 2000 Act or these Regulations.

(2) Regulation 4(2) and (3) of the general regulations do not apply to the Authority or any enforcement authority in respect of its responsibility in relation to a requirement of the kind mentioned in paragraph (1).

(3) A rule that corresponds to a relevant regulation applies instead of that regulation.

(4) The reference in regulation 22(a) of the general regulations to regulation 6(1)(c) of those regulations is to be taken to include a reference to a provision in a rule that corresponds to regulation 6(1)(c) (and so applies in its stead by virtue of paragraph (3)).

(5) In this regulation –


«enforcement authority» has the same meaning as in the general regulations;

«general regulations» means the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (4);

«relevant regulation» means regulation 6 to 9, 11 or 15 of the general regulations.».

John Heppell

Jim Fitzpatrick

Two of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury

31st July 2002

————————————————————————————————

(1) S.I. 2001/3495.

(2) 1972 c. 68. By virtue of the amendment of s. 1(2) made by s. 1 of the European Economic Area Act 1993 (c. 51) regulations may be made under s. 2(2) to implement obligations of the United Kingdom created by or arising under the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992 (Cm 2073) and the Protocol adjusting the Agreement signed at Brussels on 17 March 1993 (Cm 2183).

(3) S.I. 2002/1775.

(4) S.I. 2002/2013.

01Ene/14

Master y Post-Grado

INSTITUTO DE EMPRESA (IE). COLEGIO JURÍDICO

 

e-derecho

Derecho de las Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales y Nuevas Tecnologias

Fundamentos Tecnológicos

Habilidades Profesionales

Numero de sesiones: 367 (550 horas)

Programa Junior (full time) : Octubre 2001/Junio 2002.   Marzo 2002/Diciembre 2002

Programa Executive (part-time): Octubre 2001/Junio 2002

Información: Pº de la Castellana, 60. Madrid 28046. Teléfonos: 91.7.45.03.08/11/18/19    Fax: 91.7.45.03.31

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Programa superior de fiscalidad del comercio electrónico

Organizado por el Instituto de Empresa-CES-JE

Castellana, 60 28046 Madrid

Teléfono 91.7.45.03.08

Fax 91.7.45.03.31

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01Ene/14

Legislacion Informatica de Brasil. Portaria Interministerial Número 453/2004.

Portaria Interministerial Número 453/2004. Casa Civil da Presidência da República. Ministério das Comunicações. Ministério da Ciência e Tecnologia de 14 setembro 2004. Designan miembros del Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGIbr (No Gubernamentales) Nombres de Dominio.

Os Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista a eleição e a indicação dos representantes do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade científica e tecnológica, realizadas nos termos dos artigos 5º, 6º e 7º, respectivamente, do Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, e considerando o disposto no artigo 8º do mesmo Decreto, resolvem:

 

Artigo 1º
Designar os seguintes membros titulares e respectivos suplentes para comporem o Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGIbr:

I – representantes do setor empresarial:

a) provedores de acesso e conteúdo da Internet:
ANTONIO ALBERTO VALENTE TAVARES – Titular
ROQUE ABDO – Suplente

b) provedores de infra-estrutura de telecomunicações:
CARLOS DE PAIVA LOPES – Titular
ALEXANDRE ANNENBERG NETTO – Suplente

c) indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de software:
HENRIQUE FAULHABER – Titular
JOSÉ CARLOS LOURENÇO RÊGO – Suplente

d) setor empresarial usuário:
CASSIO JORDÃO MOTTA VECCHIATTI – Titular
NIVALDO CLETO – Suplente

II – representantes do terceiro setor:

MARIO LUIS TEZA – Titular
GUSTAVO GINDRE MONTEIRO SOARES – Titular
CARLOS ALBERTO AFONSO – Titular
MARCELO FERNANDES COSTA – Titular
RICARDO ANTÔNIO RUBENS PRADO SCHNEIDER – Suplente
ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA – Suplente
EDGARD SPITZ PINEL – Suplente
THAIS RODRIGUES CORRAL – Suplente

III – representantes da comunidade científica e tecnológica:

LUCI PIRMEZ – Titular
LUIS FERNANDO GOMES SOARES – Titular
NELSON SIMÕES DA SILVA – Titular
OMAR KAMINSKI – Suplente

Parágrafo único
O mandato dos representantes titulares e suplentes de que trata este artigo será de três anos.

Artigo 2º
Fica revogada a Portaria Interministerial CCivil/ MC/MCT nº 10, de nove de janeiro de 2004.

Artigo 3º
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

01Ene/14

SIGNE S.A.

Una firma española pone en marcha el primer título electrónico universitario en el mundo 

UNA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL TITULO UNIVERSITARIO OFICIAL ACABARÁ DEFINITIVAMENTE CON LA SUPLANTACIÓN PROFESIONAL 

Signe, la firma española que lo ha desarrollado, ha firmado un acuerdo para la gestión del e-título con UNIVERSIA 
Supresión de los costosos trámites de desplazamientos, compulsas, legalizaciones, etc. 
El e-título supone además un ahorro de tiempo y costes en labor administrativa de las universidades adscritas.

Signe,S.A. empresa española especializada en la edición y fabricación de documentos de seguridad para instituciones públicas y privadas, ha creado el primer título universitario del mundo en formato electrónico. Una idea pionera, que no sólo impide el fraude, sino que además permitirá a los licenciados agilizar numerosas gestiones administrativas sin desplazamientos. Su puesta en marcha está prevista en el entorno del mes de septiembre.

Para su desarrollo, Signe ha firmado un acuerdo con Universia, la mayor red de universidades del mundo.

El e-título es seguro, económico y supone un mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías a la hora de obtener el Título Oficial Universitario en formato electrónico, además del título convencional en soporte papel.

E-título consta de dos elementos esenciales. Por un lado, el certificado digital con firma electrónica avanzada que contendrá los atributos de titulación y por otro lado, la Copia Digital Auténtica del Título Universitario que expide el Rectorado de la universidad.

Los titulados por universidades que adopten el e-título recibirán a partir de ahora y de forma adicional al tradicional Título Oficial Universitario en soporte papel, un archivo en formato pdf firmado electrónicamente que contiene una Copia Digital Auténtica del Título Universitario con valor probatorio y un Certificado Digital con atributo de su titulación. También recibirán un nombre de usuario y una contraseña para acceder al Portal del Titulado, que les permitirá gestionar su Copia Digital Auténtica, descargarse el certificado digital en su navegador y cumplimentar y actualizar su curriculum vitae europass.

PORTAL DEL TITULADO 
El Portal del Titulado es el punto de encuentro virtual entre las universidades, los titulados, el mundo profesional y las empresas. Es una herramienta imprescindible para el intercambio de información de forma segura y fiable. A través de este portal, el titulado podrá actualizar su curriculum profesional y laboral, obtener copias digitales auténticas de su título, gestionar duplicados de su título sin necesidad de desplazamientos, avalar su condición de titulado ante empresas, autoridades, etc.

Signe, mediante esta aportación tecnológica, contribuye a la mejora de la gestión de los Títulos para todo lo relacionado con el ámbito académico y laboral. Todo ello, con las garantías de confidencialidad, seguridad y control antifraude.

Ventajas para la universidad 
Las universidades adscritas a e-título dispondrán de un sistema automatizado y seguro para la gestión de títulos que les permitirá ahorrar tiempo y costes en su labor administrativa. Además, se garantizará una mayor seguridad en la autenticidad de los títulos emitidos al ser la universidad la autorizante del e-título.

Ventajas para el titulado 
La principal ventaja es la supresión de los costosos trámites de desplazamientos, compulsas, legalizaciones, etc. para demostrar la autenticidad de su título. Mientras el título convencional tiene un precio de alrededor de 125 euros, el nuevo e-título se podrá obtener por tan sólo10€ aproximadamente.

FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS 
Aunque España es una potencia internacional en cuanto a seguridad documental aplicada a los títulos convencionales universitarios, la falsificación, pero especialmente el intrusismo profesional mediante currículos falseados, ha experimentado un notable crecimiento.

En concreto, instituciones como el Observatorio de Internet hicieron público un estudio en el que alertaba de al menos medio centenar de sitios en internet en España que facilitan la venta de titulaciones falsas u ofrecen estudios en centros superiores inexistentes o clonados de otros reales.

La UNESCO ha alertado que existen unas 800 universidades falsas que operan a través de Internet y coloca en primer lugar a Argentina, China y Corea del Sur como los países con más tráfico ilegal de títulos universitarios.

SOBRE SIGNE
Constituida hace 28 años, SIGNE, S.A. tiene por actividad exclusiva, la edición de documentos públicos y privados, protegidos contra la falsificación por duplicación o modificación fraudulenta.

Las técnicas de diseño e impresión aplicadas y las experiencias logradas durante el transcurso de estos casi 30 años han convertido a Signe en una de las más importantes compañías de Europa en la producción de títulos, diplomas, certificados, credenciales, documentos de uso profesional, sellos de correos, efectos timbrados, cheques, libretas de ahorro, pagarés, etc.

Tras casi 30 años en la vanguardia de los procedimientos antifraude, ha logrado adaptar toda su experiencia a las nuevas tecnologías y a las exigencias de la era Internet y ha desarrollado el presente proyecto.

SOBRE UNIVERSIA 
Universia, la mayor red de universidades del mundo, trabaja para ofrecer a la comunidad universitaria un espacio común de intercambio de conocimiento y cooperación a través de la formación, la cultura, la investigación y la colaboración con la empresa, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de la sociedad. Para ello, impulsa proyectos con universidades, empresas y estudiantes, para atender a las necesidades de preuniversitarios, universitarios, estudiantes de postgrado y profesorado. Universia desarrolla su actividad impulsando acciones fuera y dentro del espacio virtual y trabaja sobre cuatro líneas estratégicas: Empleo, Formación, Observatorio y Redes Sociales.

En el marco de esta misión, Universia ha desarrollado un portal (www.universia.net) que ofrece contenidos y servicios específicos para la comunidad universitaria, con más de 8,7 millones de usuarios al mes.

En la actualidad, forman parte de Universia 1.169 instituciones educativas, presentes en 23 países (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y que representan a 13,5 millones de alumnos y profesores universitarios.

Universia España integra 77 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que representan a 1,5 millones de estudiantes y profesores, el 100% de la comunidad universitaria española. Asimismo Universia cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español (CSIC).

Universia es uno de los pilares fundamentales de Santander Universidades, el programa que gestiona la colaboración estratégica del Santander con el mundo universitario, que vertebra el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad financiera, y a través del que el banco ha destinado, entre 1996 y 2006, un total de 400 millones de euros al desarrollo de los países en los que está presente con el objeto de fomentar la educación y la cultura.


 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Venezuela. Ley sobre Derecho de Autor, de 14 de agosto de 1993.

LEY SOBRE DERECHO DE AUTOR DE 14 DE AGOSTO DE 1993

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente:

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Reglamento de la Ley Sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

Índice

TÍTULO I, De los derechos protegidos
TÍTULO II, Del contenido y de los límites de los derechos de explotación
TÍTULO III, De la explotación de la obra por terceros
TÍTULO IV, De los derechos conexos al derecho de autor
TÍTULO V, Del registro y depósito de la producción intelectual
TÍTULO VI, Acciones civiles y administrativas
TÍTULO VII, Sanciones penales
TÍTULO VIII, Del ámbito de áplicacion de la ley
TÍTULO IX, De la dirección nacional del derecho de autor
TÍTULO X, Disposiciones finales
TÍTULO XI, Disposiciones transitorias
TÍTULO I, DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I, Disposiciones Generales

SECCIÓN PRIMERA, De las Obras del Ingenio

Artículo 1°

Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta Ley.

Artículo 2°

Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.

Artículo 3°

Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen creaciones personales.

Artículo 4°

No están protegidos por esta Ley los textos de las leyes, decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y demás actos oficiales. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA, De los Autores

Artículo 5°

El autor de una obra del ingenio tiene por el solo hecho de su creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en esta Ley. Los derechos de orden moral son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras indicadas en el artículo 3º puede existir aún cuando las obras originales no estén ya protegidas por esta Ley o se trate de los textos a que se refiere el artículo 4º; pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas obras ya originales o textos.

Artículo 6°

Se considera creada la obra, independientemente de su divulgación o publicación, por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa. La obra se estima divulgada cuando se ha hecho accesible al público por cualquier medio o procedimiento. Se entiende por obra publicada la que ha sido reproducida en forma material y puesta a disposición del público en un número de ejemplares suficientes para que se tome conocimiento de ella.

Artículo 7°

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104, se presume, salvo prueba en contrario, que es autor de la obra la persona cuyo nombre aparece indicado como tal en la obra de la manera acostumbrada o, en su caso, la persona que es anunciada como autor en la comunicación de la misma. A los efectos de la disposición anterior se equipara a la indicación del nombre, el empleo de un seudónimo o de cualquier signo que no deje lugar a dudas sobre la identidad de la persona que se presenta como autor de la obra.

Artículo 8°

Mientras el autor no revele su identidad y compruebe su condición de tal, la persona que haya publicado la obra o, en su defecto, quien la haya hecho divulgar, queda autorizada para hacer valer los derechos conferidos en esta Ley, en representación del autor de la obra anónima o seudónima. La revelación se hará en las formas señaladas en el artículo precedente o mediante declaración ante el Registro de la Producción Intelectual. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje ninguna duda sobre su identidad civil.

Artículo 9°

Se considera obra hecha en colaboración aquélla a cuya creación han contribuido varias personas físicas. Se denomina compuesta la obra nueva en la cual esté incorporada una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última.

Artículo 10

El derecho de autor sobre las obras hechas en colaboración pertenece en común a los coautores. Los coautores deben ejercer sus derechos de común acuerdo. Se presume, salvo prueba en contrario, que cada uno de ellos es mandatario de los otros en relación con los terceros. En caso de desacuerdo, cada uno de los coautores puede solicitar del Juez de Primera Instancia en lo Civil que tome las providencias oportunas conforme a los fines de la colaboración.

Cuando la participación de cada uno de los coautores pertenece a géneros distintos, cada uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su contribución personal, siempre que no perjudique la explotación de la obra común.

Artículo 11

El derecho de autor sobre la obra compuesta corresponde al autor que la haya realizado; pero quedan a salvo los derechos del autor de la obra preexistente.

SECCIÓN TERCERA, De las Obras Audiovisuales

Artículo 12

Se entiende por obra audiovisual toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga. La calidad de autor de una obra audiovisual corresponde a la persona o las personas físicas que realizan su creación intelectual. Salvo prueba en contrario se presume coautores de la obra audiovisual, hecha en colaboración:

El director o realizador.
El autor del argumento o de la adaptación.
El autor del guión o los diálogos.
El autor de la música especialmente compuesta para la obra.
Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de los que correspondan a los coautores en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que pueda ejercer el productor de conformidad con el artículo 15 de esta Ley. Cuando la obra audiovisual ha sido tomada de una preexistente, todavía protegida, el autor de la originaria queda equiparado a los autores de la obra nueva.

Artículo 13

Si uno de los autores se niega a terminar su contribución, o se encuentra impedido de hacerlo por fuerza mayor, no podrá oponerse a que se utilice la parte ya realizada de su contribución con el fin de terminar la obra, sin que ello obste a que respecto de esta contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que de ella se deriven. Se considera terminada la obra cuando la primera copia modelo (copia «standard»), ha sido establecida de común acuerdo entre el realizador o director, o eventualmente los coautores, por una parte, y el productor por la otra. Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores puede disponer libremente de la parte de la obra que constituye su contribución personal, para explotarla en un género diferente y dentro de los límites establecidos en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.

Artículo 14

El productor de una obra audiovisual es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productor la persona que aparezca indicada como tal en la obra audiovisual. El productor puede ser el autor o uno de los coautores de la obra, siempre que llene los extremos indicados en el artículo 12 de esta Ley.

Artículo 15

Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración el derecho exclusivo de explotación sobre la obra audiovisual, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, incluso la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como también el consentimiento para decidir acerca de la divulgación. Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual, en la medida en que ello sea necesario para la explotación de la misma.

SECCIÓN cuarta, De las Obras Radiofónicas

Artículo 16

Se entiende por obra radiofónica la creación producida específicamente para su transmisión a través de la radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras preexistentes. Tiene la calidad de autor de una obra radiofónica, la persona o personas físicas que realizan la creación intelectual de dicha obra. Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de la obra radiofónica han cedido al productor en forma ilimitada y por toda su duración el derecho exclusivo de explotar la obra radiofónica, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, y el consentimiento para decidir acerca de la divulgación de la obra. Sin perjuicio de los derechos de los autores el productor de la obra radiofónica puede, salvo estipulación en contrario, ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida en que ello sea necesario para la explotación de la misma. Son aplicables a las obras radiofónicas, las disposiciones relativas a las obras audiovisuales, en cuanto corresponda.

SECCIÓN QUINTA, De los Programas de Computación

Artículo 17

Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación. El productor del programa de computación es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productor del programa de computación la persona que aparezca indicada como tal de la manera acostumbrada. Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los autores del programa de computación han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación de la obra, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación y la de ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida que ello sea necesario para la explotación de la misma.

CAPÍTULO II, De la Naturaleza del Derecho de Autor

SECCIÓN PRIMERA, De los Derechos Morales y Patrimoniales correspondientes al Autor

Artículo 18

Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver sobre la divulgación total o parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo de hacer dicha divulgación, de manera que nadie puede dar a conocer sin el consentimiento de su autor el contenido esencial o la descripción de la obra, antes de que aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado. La constitución del usufructo sobre el derecho de autor, por acto entre vivos o por testamento, implica la autorización al usufructuario para divulgar la obra. No obstante, si no existe una disposición testamentaria específica acerca de la obra y ésta queda comprendida en una cuota usufructuaria, se requiere el consentimiento de los derechohabientes del autor para divulgarla.

Artículo 19

En caso de que una determinada obra sea publicada o divulgada por persona distinta a su autor, éste tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes.

Artículo 20

El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner en peligro su decoro o reputación. El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieran necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste carácter artístico, el autor tendrá preferencia para el estudio y realización de las mismas. En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.

Artículo 21

El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra.

Artículo 22

El autor puede exigir al propietario del objeto material el acceso al mismo, en la forma que mejor convenga a los intereses de ambos, siempre que ello sea necesario para el ejercicio de sus derechos morales o los de explotación.

Artículo 23

El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le plazca y de sacar de ella beneficio. En los casos de expropiación de ese derecho por causa de utilidad pública o de interés general, se aplicarán las normas especiales que rigen esta materia. El derecho de explotación no es embargable mientras la obra se encuentre inédita, pero los créditos del autor contra sus cesionarios o contra quien viole su derecho, pueden ser gravados o embargados. En los casos de embargo, el Juez podrá limitar sus efectos para que el autor reciba a título alimentario, una determinada cantidad o un porcentaje de la suma objeto de la medida.

Artículo 24

No puede emplearse sin el consentimiento del autor el título de una obra, siempre que sea original e individualice efectivamente a ésta, para identificar otra del mismo género cuando existe peligro de confusión entre ambas.

SECCIÓN SEGUNDA, De la Duración del Derecho de Autor

Artículo 25

El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.

Artículo 26

Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículo anterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del colaborador que sobreviva a los demás. No obstante, el derecho de explotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o de un programa de computación, se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al de su terminación. Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los coautores ni al derecho establecido en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.

Artículo 27

El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación. La fecha de ésta se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el depósito legal de la obra. No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte único del artículo 7º ni cuando, dentro del plazo indicado, el autor o sus derechohabientes revelen la identidad de aquél conforme al artículo 8º de esta Ley. Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la publicación de cada elemento. No obstante, si se publica la totalidad de la obra dentro de los veinte años siguientes al de la publicación de su primer elemento, el derecho sobre la totalidad de la misma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año que sigue al de la publicación del último de sus elementos.

Artículo 28

Aun después de extinguido el derecho de autor no puede emplearse el título de una obra en las condiciones indicadas en el artículo 24 de esta Ley, en perjuicio de quienes divulguen la obra.

SECCIÓN TERCERA, De la Transmisión del Derecho de Autor por Causa de Muerte

Artículo 29

A la muerte del autor, su derecho sobre la obra se transmite conforme a lo dispuesto en el Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el aparte único del artículo 34 de esta Ley. En caso de conflicto entre derechohabientes respecto del ejercicio del derecho de autor, el Juez de Primera Instancia en lo Civil tomará las medidas oportunas, a solicitud de cualquiera de los interesados y previa audiencia de los demás si fuere posible.

Artículo 30

El autor puede constituir por acto de última voluntad un fideicomiso sobre el derecho de autor por todo el período de duración del mismo o por parte de él. Este fideicomiso se regirá, en cuanto corresponda, por la ley de la materia, sin perjuicio de las disposiciones siguientes: Pueden ser nombrados fiduciarios las personas jurídicas y las personas capaces de contratar. Procede la remoción del fiduciario por incapacidad sobreveniente. Puede constituirse el fideicomiso sobre la legítima o parte de ella en favor de los herederos forzosos aun cuando no se reúnan las condiciones del artículo 10 de la Ley de Fideicomiso. Pero, los herederos forzosos tendrán siempre derecho a recibir las rentas correspondientes, por lo menos semestralmente, y en todo caso, si el fideicomiso constituido sobre la legítima o parte de ella termina antes de la extinción del derecho de autor fideicometido, éste deberá ser transferido a los herederos forzosos del autor o a los herederos de éstos. El artículo 31 de la Ley de Fideicomiso se aplicará también a los fiduciarios que sean personas naturales y a los administradores de personas jurídicas que no sean bancos comerciales o compañías de seguros.

SECCIÓN CUARTA, De la Capacidad en Materia de Derecho de Autor

Artículo 31

El menor que ha cumplido dieciséis años de edad, puede realizar todos los actos jurídicos relativos a la obra creada por él, en las mismas condiciones que el menor emancipado, pero para la autorización de explotación mediante declaración pública prevista en el artículo 60 de esta Ley, o para la cesión de derechos a título gratuito, se requerirá la autorización del Juez competente.

Artículo 32

El menor que ha cumplido dieciséis años de edad, puede ejercer en juicio las acciones derivadas de su derecho de autor y de los actos jurídicos relativos a la obra creada por él, mediante la asistencia de las personas indicadas en el único aparte del artículo 383 del Código Civil.

Artículo 33

El entredicho por condena penal, no obstante su incapacidad, puede realizar por medio de mandatario, cualquier acto jurídico relativo a la obra creada por él y ejercer en juicio las acciones derivadas de estos actos jurídicos o de sus condiciones de autor.

SECCIÓN QUINTA, Del Derecho de Autor en el Matrimonio

Artículo 34

No obstante cualquier cláusula en contrario de las capitulaciones matrimoniales, el derecho de autor corresponde exclusivamente al cónyuge autor o derechohabiente del autor. En caso de comunidad legal de bienes, el cónyuge titular del derecho podrá administrarlo y disponer de él sin las limitaciones del artículo 154 del Código Civil. Sin embargo, a la muerte del cónyuge autor, siempre que el otro cónyuge lo sobreviva, los derechos de autor sobre las obras creadas durante el matrimonio, se incluirán dentro de los bienes comunes a los efectos de la liquidación de la comunidad legal de bienes que entre ellos existiere. Las disposiciones de esta ley, referentes a los derechohabientes del autor, son aplicables al cónyuge respecto de su participación en estos bienes comunes.

Artículo 35

En el régimen de la comunidad legal de bienes, los proventos derivados de la explotación de una obra del ingenio obtenidos durante el matrimonio, directamente o mediante la cesión de los derechos de explotación, son bienes de la comunidad, pero su administración corresponde exclusivamente al cónyuge autor o derechohabiente del autor.

CAPÍTULO III, De los Derechos Afines al Derecho de Autor

Artículo 36

Las ediciones de obras ajenas o de textos cuando representen el resultado de una labor científica están protegidas de modo análogo a las obras del ingenio indicadas en el artículo 1º. El derecho del autor de la edición o de su derecho habiente se extingue a los quince años después de la primera publicación de la misma. No obstante, se extinguirá a los quince años de preparada la edición si no hubiese sido publicada durante este período. Dichos lapsos se contarán a partir del 1º de enero del año siguiente al de la primera publicación o elaboración.

Artículo 37

El divulgador de una obra del ingenio que no haya sido hecha accesible al público dentro del plazo establecido en el artículo 25, tiene el derecho exclusivo de explotar dicha obra. Este derecho se regirá en cuanto le sea aplicable por lo dispuesto en esta Ley para la explotación de las obras del ingenio por parte del autor y de sus derechohabientes. El derecho del divulgador se extingue a los diez años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de la divulgación de la obra.

Artículo 38

Las fotografías y las reproducciones e impresiones obtenidas por un procedimiento análogo, están protegidas en igual forma a las obras del ingenio señaladas en el artículo 1º de esta Ley. El derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la divulgación de la obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no hubiere sido divulgada durante ese período. Dichos lapsos se contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, respectivamente. El derecho de explotar una fotografía realizada por un fotógrafo profesional, puede ser objeto de cesión en las mismas condiciones que la efectuada bajo una relación laboral, en los términos del artículo 59 de esta Ley. Se equiparan a las fotografías las imágenes impresas en las cintas audiovisuales siempre que no constituyan propiamente una obra audiovisual.

TÍTULO II, DEL CONTENIDO Y DE LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

CAPÍTULO I, Del Contenido de los Derechos de Explotación

Artículo 39

El derecho de explotación de una obra del ingenio, indicado en el artículo 23 de esta Ley, comprende el derecho de comunicación pública y el derecho de reproducción.

Artículo 40

Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra, y particularmente mediante:

Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier forma o procedimiento.
La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales.
La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartes anteriores y por entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.
La captación, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión.
La presentación y exposición públicas.
El acceso público a bases de datos de computador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas.
En fin, la difusión, por cualquier procedimiento que sea, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

Artículo 41

La reproducción consiste en la fijación material de la obra por cualquier forma o procedimiento que permita hacerla conocer al público u obtener copias de toda o parte de ella, y especialmente por imprenta, dibujo, grabado, fotografía, modelado o cualquier procedimiento de las artes gráficas, plásticas, registro mecánico, electrónico, fonográfico o audiovisual, inclusive el cinematográfico. El derecho de reproducción comprende también la distribución, que consiste en la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso. Sin embargo, cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta, el titular del derecho de explotación conserva los de comunicación pública y reproducción, así como el de autorizar o no el arrendamiento de dichos ejemplares.

Artículo 42

Siempre que la ley no dispusiere otra cosa, es ilícita la comunicación, reproducción o distribución total o parcial de una obra sin el consentimiento del autor o, en su caso, de los derechohabientes o causahabientes de éste. En la disposición anterior quedan comprendidas también la comunicación, reproducción o distribución de la obra traducida, adaptada, transformada, arreglada o copiada por un arte o procedimiento cualquiera.

CAPÍTULO II, De los Límites de los Derechos de Explotación

Artículo 43

Son comunicaciones lícitas:

Las verificadas en el ámbito doméstico siempre que no exista un interés lucrativo.
Las realizadas con fines de utilidad general en el curso de actos oficiales y ceremonias religiosas, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y ninguno de los participantes en la comunicación perciba una remuneración específica por su intervención en el acto.
Las efectuadas con fines exclusivamente científicos y didácticos, en establecimientos de enseñanza, siempre que no haya fines lucrativos.

Artículo 44

Son reproducciones lícitas:

La reproducción de una copia de la obra impresa, sonora o audiovisual, salvo en el programa de computación que se regirá conforme al numeral 5 de este artículo, siempre que sea realizada para la utilización personal y exclusiva del usuario, efectuada por el interesado con sus propios medios.
Las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y el microfilme, siempre que se limiten a pequeñas partes de una obra protegida o a obras agotadas, y sin perjuicio de la remuneración equitativa que deban abonar las empresas, instituciones y demás organizaciones que presten ese servicio al público, a los titulares del respectivo derecho de reproducción. Se equipara a la reproducción ilícita, toda utilización de las piezas reproducidas para un uso distinto del personal que se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor de explotar su obra.
La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos, breves extractos de obras u obras breves lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados.
La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.
La reproducción de una sola copia del programa de computación, exclusivamente con fines de resguardo o seguridad.
La introducción del programa de computación en la memoria interna del equipo, a los solos efectos de su utilización por el usuario lícito, y sin perjuicio de su participación al titular del derecho cuando así se haya pactado en el contrato de enajenación del soporte material o en la licencia de uso.
La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga.
La copia de obras de arte efectuada a los solos fines de un estudio.
La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos, por medio de un arte diverso del empleado para la elaboración del original. Respecto de los edificios, dicha facultad se limita a la fachada exterior.

Artículo 45

El autor de una obra musical puede utilizar como letra o libreto de ésta, pequeñas partes de un texto literario o poema de extensión reducida después de su publicación, siempre que el texto o poema por su género no deban considerarse escritos especialmente para el fin indicado; pero el autor de la obra musical deberá pagar al autor del texto o poema, una parte equitativa de los provechos que obtenga por la explotación de su obra junto con la letra o libreto. En todos los casos en que de conformidad con este artículo sea lícita la utilización indicada, será lícita también la reproducción del texto sin la obra musical:

Para ser usado por los asistentes en el propio lugar donde representen la obra musical artistas ejecutantes;
En programas que anuncien la radiodifusión de la obra musical; o
Estampado en instrumentos de registro de sonidos de la obra musical o en hojas adjuntas a éstos debidamente caracterizadas como tales.

Artículo 46

Siempre que se indique claramente el nombre del autor y la fuente, es lícita también:

La inclusión de una obra ya publicada dentro de una obra científica original con el objeto de aclarar su contenido en la extensión en que lo justifique esta finalidad; sin embargo, la reproducción de una obra de arte con tal fin será lícita aun cuando la obra no haya sido publicada siempre que esté expuesta públicamente de modo permanente.
La cita de determinadas partes de una obra ya divulgada dentro de una obra original en la cual el autor haya empleado el idioma como medio de expresión.

Artículo 47

Siempre que se indiquen claramente el nombre del autor y la fuente, es lícita también:

La difusión aun integral, por la prensa o radiodifusión a título de información de actualidad, de los discursos dirigidos al público pronunciados en asambleas, reuniones o ceremonias públicas o en debates públicos sobre asuntos públicos ante órganos de los poderes nacionales, estadales o municipales.
La difusión por la prensa o radiodifusión de artículos de actualidad sobre cuestiones económicas, sociales, artísticas, políticas o religiosas, publicados en periódicos o revistas, si la reproducción no ha sido reservada expresamente. La difusión puede hacerse, incluso, en forma de revista de prensa. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, corresponde al autor el derecho de publicar sus discursos y artículos, así como el derecho de reunirlos en una colección.

Artículo 48

Es lícita la reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan carácter de simples informaciones de prensa, publicados por ésta o por radiodifusión, siempre que no constituyan obras de ingenio en razón de la forma y sin perjuicio de los principios que rigen la competencia desleal.

Artículo 49

A los fines de la información sobre sucesos de actualidad por radiodifusión o cinematografía, es lícito radiodifundir o registrar las imágenes y sonidos de breves fragmentos de obras que se hagan perceptibles, visual o auditivamente, durante el transcurso de los sucesos sobre los cuales versa la información.

TÍTULO III, DE LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA POR TERCEROS

CAPÍTULO I, Disposiciones Generales

SECCIÓN PRIMERA, Del Alcance y de las Formas de Cesión de los Derechos de Explotación

Artículo 50

El derecho de explotación indicado en el artículo 23 y definido en el artículo 39 de esta Ley, puede ser cedido a título gratuito u oneroso; pero revertirá al autor o a sus derechohabientes al extinguirse el derecho del cesionario. Salvo pacto en contrario, toda cesión de derechos de explotación se presume realizada a título oneroso. El titular del derecho de explotación puede igualmente conceder a terceros una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, a cambio de una remuneración y la cual se rige por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos de explotación, en cuanto sean aplicables.

Artículo 51

Los derechos de explotación son independientes entre sí y, en consecuencia, la cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública, ni viceversa. Siempre que no se hubiese convenido otra cosa, los efectos de la cesión de cualesquiera de los derechos patrimoniales, se limitan a los modos de explotación previstos específicamente en el contrato. Salvo en las cesiones a título gratuito, pactadas expresamente, es necesario que en el contrato de cesión se estipule, con sujeción a lo dispuesto en la Sección Segunda de este Capítulo, la remuneración del autor, correspondiente a la explotación que se realice por los modos previstos específicamente en el contrato.

Artículo 52

Es válida la cesión de los derechos de explotación del autor sobre sus obras futuras si se las determina particularmente o por su género; pero la cesión sólo surte efecto por un término máximo de cinco años contados a partir de la fecha del contrato, aun cuando en éste se haya fijado un plazo mayor.

Artículo 53

Salvo disposición expresa de la Ley, los contratos de cesión de derechos de explotación y los de licencia de uso, deben hacerse por escrito. Sin embargo, no será necesaria esta formalidad en las obras audiovisuales, en las radiofónicas, en los programas de computación y en las realizadas bajo relación laboral, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 59 de esta Ley.

Artículo 54

La enajenación del objeto material en el cual esté incorporada una obra, no produce en favor del adquirente la cesión de los derechos de explotación del autor. Sin embargo, salvo pacto en contrario, el contrato de enajenación del objeto material que contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la obra, sea a título gratuito u oneroso. En caso de reventa de obras de artes plásticas, efectuada en pública subasta o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios, por el tiempo a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un dos por ciento (2%) del precio de reventa. La recaudación de la remuneración prevista precedentemente, deberá ser encomendada a una entidad de gestión colectiva.

SECCIÓN SEGUNDA, De la Remuneración del Cedente

Artículo 55

En caso de cesión a título oneroso de los derechos del autor sobre su obra, debe establecerse en su provecho una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra. No obstante, la remuneración del autor puede consistir en una cantidad fija en los casos siguientes:

Si no puede ser determinada prácticamente la base del cálculo de la participación proporcional.
Si faltan los medios para fiscalizar la aplicación de la participación.
Si los gastos de las operaciones de cálculo y de fiscalización no guardan proporción razonable con la suma a la cual alcanzaría la remuneración del autor.
Si la naturaleza o las condiciones de la explotación hacen imposible la aplicación de la regla de la remuneración proporcional sea porque la contribución del autor no constituye uno de los elementos esenciales de la creación intelectual de la obra o porque la utilización de la obra sólo presente un carácter accesorio en relación al objeto explotado. Lo mismo rige cuando el autor o el cesionario se encuentran domiciliados en el exterior. Es igualmente lícita, a pedido del autor, la conversión entre las partes contratantes de los derechos provenientes de contratos en vigor, en anualidades vitalicias de monto fijo.

Artículo 56

En lo que concierne a la publicación de libros, la remuneración del autor puede consistir en una cantidad fija cuando se trata de obras de carácter netamente científico; de antologías o enciclopedias; de prefacios, anotaciones, introducciones o presentaciones; de ilustraciones de una obra; de ediciones de lujo con tiraje limitado; de álbumes para niños; de ediciones populares; de libros de oraciones; y de traducciones, siempre que lo pidiere el traductor.

SECCIÓN TERCERA, De la Transferencia de los Derechos Cedidos

Artículo 57

La transferencia de los derechos de explotación por parte del cesionario a un tercero mediante acto entre vivos implica también la transmisión al tercero de las obligaciones del cesionario frente al cedente. Salvo pacto en contrario, la transferencia no puede efectuarse sino con el consentimiento del cedente dado por escrito, excepto el caso de que ella quede comprendida dentro de la enajenación del fondo de comercio del cesionario o de parte del mismo. No obstante, si en tal caso la transferencia compromete gravemente los intereses del autor, éste puede demandar al adquirente por la rescisión del contrato de cesión. También debe darse por escrito al cesionario el consentimiento del autor en una transferencia ulterior.

SECCIÓN CUARTA, Del Derecho de Revocar la Cesión

Artículo 58

No obstante cualquier estipulación en contrario, el autor, aún después de la publicación de la obra, tiene frente al cesionario de sus derechos o, en su caso, frente a los causahabientes de éste, el derecho moral de revocar la cesión; pero no puede ejercer ese derecho sin indemnizarles los daños y perjuicios que con ello les cause. Este derecho se extingue con la muerte del autor. El Juez puede moderar el monto de cualquier pago que haya convenido hacer el autor al cesionario en razón del ejercicio del derecho a que se refiere el encabezamiento de este artículo, cuando dicho monto haya sido fijado con anterioridad al momento en que ejerció el derecho indicado. El derecho contenido en este artículo, no será aplicable a las cesiones efectuadas respecto de las obras creadas bajo relación de trabajo, en los términos del artículo 59 de esta Ley.

SECCIÓN QUINTA, De los Derechos Sobre las Obras Creadas Bajo Relación Laboral o Realizadas por Encargo

Artículo 59

Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras creadas bajo relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el Título II de esta Ley. La entrega de la obra al patrono o a quien encarga la creación, según corresponda, implica la autorización para que éstos puedan divulgarla, así como para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley y la de defender los derechos morales, en cuanto sea necesario para la explotación de la obra. La cesión a que se refiere este artículo, no se efectúa implícitamente respecto de las conferencias o lecciones dictadas por los profesores en Universidades, liceos y demás instituciones docentes.

SECCIÓN SEXTA, De la Autorización de Explotación Mediante Declaración Pública

Artículo 60

El autor puede consentir públicamente en que cualquier persona explote su obra; pero esta autorización puede ser revocada por justa causa en la misma forma en que fue conferida o en forma equivalente. La revocación no es oponible a quienes hayan comenzado de buena fe la explotación de la obra con anterioridad a aquella. No obstante, dichas personas no pueden iniciar una explotación que por su forma o extensión sea distinta de la que tenían en curso para el momento de la revocación.

SECCIÓN SÉPTIMA, De la Gestión Colectiva de Derechos Patrimoniales

Artículo 61

Las entidades de gestión colectiva constituidas o por constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en esta Ley, de sus asociados o representados, o de los afiliados o representados por entidades extranjeras de la misma naturaleza, además de tener personalidad jurídica, necesitan a los fines de su funcionamiento una autorización del Estado y estarán sujetas a su fiscalización, en los términos de esta Ley y de lo que disponga el Reglamento. Las entidades de gestión estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

Artículo 62

Las entidades de gestión podrán establecer tarifas relativas a las remuneraciones correspondientes a la cesión de los derechos de explotación o a las licencias de uso que otorguen sobre las obras, productos o producciones que constituyan su repertorio. Las tarifas y sus modificaciones serán publicadas conforme lo determine el Reglamento, salvo lo dispuesto en el artículo 144 de esta Ley. Si una organización de usuarios o un organismo de radiodifusión consideran que la tarifa establecida por una entidad de gestión para la comunicación pública de obras, interpretaciones o producciones musicales preexistentes es abusiva, podrán recurrir al arbitraje de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la tarifa, y sin perjuicio de la obligación de abstenerse de utilizar el repertorio correspondiente. Las determinaciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de las acciones judiciales que las partes puedan ejercer ante la jurisdicción competente.

Artículo 63

Las autoridades administrativas que ejerzan en cada caso las funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar a las remuneraciones indicadas en el artículo anterior, están obligadas a informar a las entidades de gestión, a pedido de éstas y contra reembolso de los gastos, acerca de las comunicaciones públicas realizadas dentro de la jurisdicción.

Artículo 64

Quien explote una obra, producto o producción administrados por una entidad de gestión colectiva, sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración en la tarifa, aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño superior en el caso concreto.

CAPÍTULO II, De los Principales Contratos de Explotación

SECCIÓN PRIMERA, Del Contrato de Representación

Artículo 65

El contrato de representación es aquel por el cual el autor de una obra del ingenio o sus derechohabientes ceden a una persona natural o jurídica el derecho de representar la obra, en las condiciones que determinen. El contrato de representación puede celebrarse por tiempo determinado o por número determinado de representaciones públicas. Las disposiciones relativas al contrato de representación son también aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, en cuanto corresponda.

Artículo 66

Salvo estipulación expresa de derechos exclusivos, el contrato no confiere al empresario de espectáculos ningún monopolio de explotación. La validez de los derechos exclusivos acordados por un autor dramático no puede exceder de los cinco años; la falta o la interrupción de las representaciones por dos años consecutivos pone fin al contrato de pleno derecho.

Artículo 67

Salvo estipulación en contrario, la cesión del derecho de radiodifundir una obra o de comunicarla públicamente por cualquier otro medio de difusión inalámbrica de sonidos o imágenes, cubre la totalidad de las comunicaciones hechas por la empresa radiodifusora. Conforme a las disposiciones del artículo 51 de esta Ley, la cesión del derecho de radiodifundir no implica la del derecho de fijar los sonidos o imágenes de la obra radiodifundida. No obstante, la empresa radiodifusora podrá realizar la fijación con medios propios a los fines de utilizarla por una sola vez, a través de una o varias de sus estaciones, dentro de los seis (6) meses siguientes, para la radiodifusión destinada al mismo círculo de usuarios. Sin embargo, los registros podrán ser conservados en un archivo oficial instituido al efecto si tienen un carácter excepcional de documentación. La cesión del derecho de comunicación de la obra por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, no implica la del derecho de comunicar públicamente la obra transmitida, a través de altoparlantes o pantallas o por cualquier otro instrumento análogo de transmisión de sonido o imágenes.

Artículo 68

Si se ha convenido en entregar al cedente una remuneración proporcional, el empresario de espectáculos está obligado a comunicar a aquél o a sus representantes el programa exacto de las representaciones públicas anotando al efecto en planillas diarias las obras representadas y sus autores, y a presentarles una relación fidedigna de sus entradas.

Artículo 69

El empresario de espectáculos se obliga a que la representación pública de la obra se realice en condiciones técnicas que garanticen el decoro y la reputación del autor.

Artículo 70

Aun en los casos en que la obra no esté divulgada, se presume que el empresario está autorizado para que, con anterioridad a la representación, dé a conocer la obra a los críticos, y suministre su argumento a la prensa.

SECCIÓN SEGUNDA, Del Contrato de Edición

Artículo 71

El contrato de edición es aquél por el cual el autor de una obra del ingenio o sus derechohabientes ceden, en condiciones determinadas, el derecho de producir o hacer producir un número de ejemplares de la obra, a una persona llamada editor, quien se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta. A falta de estipulación expresa, se presume que el derecho del editor tiene carácter exclusivo.

Artículo 72

El contrato de edición debe indicar el número mínimo de los ejemplares que constituyen la primera edición de la obra, salvo que el editor haya garantizado al cedente el pago de una cantidad fija a título de provento mínimo. Los ejemplares que por disposición de la Ley o del contrato hayan de distribuirse gratuitamente, no se cuentan en el número de ejemplares de la edición.

Artículo 73

Salvo pacto en contrario, el contrato sólo confiere al editor el derecho de publicar una edición de la obra; pero si autorizare más de una, las estipulaciones relativas a la primera se aplicarán a las demás si en el contrato no se hubiere dispuesto otra cosa.

Artículo 74

El cedente debe entregar la obra al editor en las condiciones previstas en el contrato y de manera que permita la producción normal. Salvo pacto en contrario o imposibilidad de orden técnico, el cedente conserva la propiedad del objeto que suministre al editor en cumplimiento de la obligación precedente; pero la responsabilidad del editor por la guarda de dicho objeto cesa al año de terminada la producción.

Artículo 75

El cedente debe garantizar al editor el goce pacífico y, en su caso, exclusivo del derecho cedido por toda la duración del contrato.

Artículo 76

El cedente tiene también, en su caso, la obligación y el derecho de corregir las pruebas según las modalidades fijadas por los usos.

Artículo 77

Mientras no esté publicada la obra el cedente puede introducirle todas las modificaciones que considere convenientes, siempre que éstas no alteren el carácter y el destino de aquélla; pero deberá pagar el aumento de los gastos causados por las modificaciones cuando sobrepasen el límite admitido por los usos. Igual derecho corresponde al cedente, respecto a nuevas ediciones eventualmente previstas en el contrato, en cuyo caso podrá ejercerlo a solicitud del editor, con anterioridad a cada nueva edición. A falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal fijará un plazo para que el cedente realice y entregue al editor las modificaciones de la obra.

Artículo 78

El editor no puede hacer ninguna modificación de la obra, sin autorización escrita del cedente. Sin embargo, puede corregir errores de mecanografía u ortográficos a menos que estos últimos se hayan puesto deliberadamente.

Artículo 79

Si el carácter de la obra requiere que se la ponga al día para una nueva edición eventualmente prevista por las partes y el cedente se niega a ello, el editor puede hacerlo valiéndose de peritos en la materia; pero en la nueva edición debe señalarse y distinguirse la obra de estos últimos.

Artículo 80

El editor debe producir o hacer producir los ejemplares de la obra conforme a las normas técnicas del caso y debe ponerlos en el comercio según los usos de la profesión. Salvo pacto en contrario, debe hacer figurar en cada uno de los ejemplares el nombre, el seudónimo o el signo distintivo del autor, y, si se trata de una traducción, también el nombre del traductor y el título que en su idioma original tiene la obra traducida.

Artículo 81

Si al cedente corresponde una remuneración proporcional, éste podrá exigir al editor la presentación anual de un estado de cuentas en el cual deberá indicarse la fecha y tiraje de las ediciones realizadas durante el ejercicio y el número de ejemplares en depósito para su colocación. Salvo uso o pacto en contrario, dicho estado debe mencionar también los ejemplares vendidos por el editor y los ejemplares inutilizados o destruidos por caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 82

Si dentro del plazo estipulado o del que fije el Tribunal, el editor no ha producido o hecho producir los ejemplares de la obra, o no los ha puesto en venta o, en caso de haberse agotado la misma, no ha reeditado la obra a pesar de estar obligado a ello, el cedente tiene derecho a pedir la resolución del contrato, la devolución del objeto que hubiere entregado al editor conforme al artículo 74 y también la indemnización de daños y perjuicios cuando el editor no pruebe que la falta de producción o de comercio de los ejemplares o la falta de reedición de la obra proviene de una causa extraña que no le es imputable. Se considera agotada la edición si no han sido satisfechos dentro de los seis meses siguientes, varios pedidos de ejemplares dirigidos al editor. El Tribunal puede conceder al editor una prórroga no superior a la mitad del término original, subordinándola, cuando lo estime necesario, a la prestación de una garantía idónea. Puede también limitar la resolución a una parte del contenido del contrato.

Artículo 83

En caso de contratos con duración determinada, los derechos del editor se extinguirán de pleno derecho al vencimiento del término. No obstante, salvo pacto en contrario, el editor podrá vender al precio normal dentro de los tres años siguientes al vencimiento del término, los ejemplares que se encuentren en depósito, a menos que el cedente prefiera rescatar estos ejemplares mediante un precio fijado por las partes o si no hubiere acuerdo entre ellas por el Tribunal, después de haber oído a expertos en la materia. Esta facultad del editor no afecta el derecho del cedente de proceder a una nueva edición, salvo que las partes hubiesen establecido alguna limitación temporal al respecto.

Artículo 84

La muerte del autor antes de la conclusión de la obra resuelve de pleno derecho el contrato. Sin embargo, si el autor muriere o se encontrare en la imposibilidad de concluir la obra después de haber realizado y entregado al editor una parte considerable de la misma susceptible de una publicación separada, éste puede, a su elección, considerar resuelto el contrato o darlo por cumplido por la parte realizada y entregada mediante disminución proporcional de la remuneración eventualmente estipulada, salvo que el autor o sus derechohabientes hayan manifestado su voluntad de que no se publique la obra si no ha sido concluida íntegramente. En este último caso, si con posterioridad el autor o sus derechohabientes ceden a otro el derecho de reproducción de la obra inconclusa, deberán indemnizar al editor los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato.

Artículo 85

La quiebra del editor no produce la resolución del contrato. No obstante, el cedente podrá pedir la resolución del contrato de edición, cuando el Síndico, dentro de los tres (3) meses siguientes a la sentencia declarativa de quiebra, no continuare la explotación del fondo de comercio del editor, ni lo enajenare a otro editor en las condiciones indicadas en el artículo 57 de esta Ley.

SECCIÓN TERCERA, De la Cesión de Artículos Periodísticos

Artículo 86

Siempre que no haya pacto en contrario, la cesión de artículos para periódicos o revistas, sólo confiere al dueño del periódico o de la revista el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos de explotación del cedente.

Artículo 87

Si el artículo cedido debe aparecer con la firma del autor o su pseudónimo, el cesionario no puede modificarlo y si el dueño del periódico o revista lo modifica, sin consentimiento del cedente, éste puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo cedido, sin perjuicio de su eventual derecho a daños y perjuicios. Cuando el artículo cedido deba aparecer sin la firma del autor, el dueño del periódico o de la revista puede hacerle modificaciones o cambios de forma, sin el consentimiento del cedente.

Artículo 88

Si un artículo cedido no fuere publicado y difundido dentro del lapso estipulado, o a falta de estipulación, dentro del año siguiente a la entrega del mismo, el cedente puede denunciar el contrato, sin perjuicio de su derecho al pago de la remuneración convenida.

Artículo 89

Lo establecido en la presente Sección se aplica analógicamente a los dibujos, chistes, gráficos, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en un periódico o revista.

TÍTULO IV, DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO I, Disposiciones Generales

Artículo 90

La protección prevista para los derechos conexos al derecho de autor, no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones comprendidas en este Título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección, y en caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Artículo 91

Los titulares de los derechos conexos reconocidos en este Título, podrán invocar todas las disposiciones relativas a los autores, en cuanto estén conformes con la naturaleza de sus respectivos derechos, inclusive las acciones y procedimientos previstos en el Título VI y las relativas a los límites de los derechos de explotación, contemplados en el Título II de esta Ley. También le serán aplicables, cuando corresponda, las disposiciones previstas en los artículos 15, 16 y 59 de esta Ley.

CAPÍTULO II, De los Derechos de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes

Artículo 92

Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, no podrán oponerse a la comunicación cuando ésta se efectúe a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento, publicada con fines comerciales. Los artistas intérpretes tendrán igualmente el derecho moral de vincular su nombre o seudónimo a la interpretación y de impedir cualquier deformación de la misma que ponga en peligro su decoro o reputación.

Artículo 93

Las orquestas, grupos vocales y demás agrupaciones de intérpretes o ejecutantes, designarán un representante a los efectos del ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley. A falta de designación, corresponderá la representación a los respectivos directores.

Artículo 94

La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual.

CAPÍTULO III, De los Derechos de los Productores de Fonogramas

Artículo 95

Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción de sus fonogramas, así como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas.

Artículo 96

Los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al público, salvo en los casos previstos en el artículo 43 de esta Ley.

Artículo 97

Los productores de fonogramas o sus derechohabientes percibirán las remuneraciones a que se refiere el artículo anterior, y abonarán a los intérpretes y ejecutantes de las obras incluidas en el fonograma, el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad neta que el productor reciba de la entidad de gestión recaudadora a que se refieren los artículos 61 al 64 de esta Ley. Salvo convenio distinto entre ellos, el abono debido a los artistas será repartido en razón de dos terceras partes para los intérpretes y una tercera parte para los músicos ejecutantes, inclusive orquestadores y directores.

Artículo 98

La totalidad de las remuneraciones a que se refieren los artículos precedentes, no podrán exceder del sesenta por ciento (60%) de aquellas que correspondan a los autores de las obras contenidas en el fonograma.

Artículo 99

Las remuneraciones establecidas en este Capítulo, serán recaudadas por las entidades de gestión constituidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley. Las cantidades correspondientes serán entregadas a los productores de fonogramas, previa la deducción de los gastos de recaudación y administración.

Artículo 100

La protección concedida al productor de fonogramas será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

CAPÍTULO IV, De los Derechos de los Organismos de Radiodifusión

Artículo 101

Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción y la retransmisión de sus emisiones.

Artículo 102

La protección concedida a los organismos de radiodifusión será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión radiodifundida.

TÍTULO V, DEL REGISTRO Y DEPÓSITO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Artículo 103

Se crea el Registro de la Producción Intelectual, adscrito a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a la cual se refiere el Título IX de esta Ley. Las obras del ingenio, los productos y las producciones protegidas por esta Ley podrán inscribirse en el Registro de la Producción Intelectual. En la inscripción se expresará, según los casos, el nombre del autor, del artista, del productor, y, cuando se trate del artículo 37 de esta Ley, del divulgador; la fecha de la divulgación o publicación y las demás indicaciones que establezca el Reglamento. En todo lo no previsto en esta Ley o en su Reglamento, el Registro de la Producción Intelectual aplicará las disposiciones pertinentes de la Ley de Registro Público.

Artículo 104

El registro dará fe, salvo prueba en contrario, de la existencia de la obra, producto o producción y del hecho de su divulgación o publicación. Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se les atribuye en tal carácter.

Artículo 105

Pueden registrarse también, con las formalidades establecidas en la Ley y los Reglamentos, los actos entre vivos que transfieran, total o parcialmente los derechos reconocidos por esta Ley, o constituyan sobre ellos derechos de goce, así como también los actos de partición o de sociedades relativas a aquellos derechos. Se registrará igualmente la declaración a que se refiere el artículo 8º de esta Ley. Los derechos de registro por la inscripción de las obras, productos y producciones, y los correspondientes a la cesión u otras formas de constitución de derechos y demás documentos a que se refiere este Título, se calcularán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Registro Público.

Artículo 106

Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y de los productos protegidos por esta Ley o sus derechohabientes, podrán depositar en el registro dos ejemplares o reproducciones de la obra, del producto o producción, en los términos y formas establecidos por el Reglamento. El Registro de la Producción Intelectual remitirá uno de los ejemplares o copias depositados al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Esa remisión no afecta la obligación de depósito prevista en la Ley que dispone el envío de obras a la Biblioteca Nacional y a otros institutos similares. Las fotografías están excluidas de la obligación del depósito, pero pueden ser depositadas a los fines de su inscripción en el registro establecido en el artículo 103 de esta Ley.

Artículo 107

La omisión del registro o del depósito previsto en los artículos precedentes, no perjudica la adquisición y el ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley.

Artículo 108

Sin perjuicio de las formalidades registrales previstas en el Código Civil, las entidades de gestión colectiva de derechos patrimoniales deberán inscribir su Acta Constitutiva y Estatutos en el Registro de la Producción Intelectual, así como sus tarifas, reglamentos internos, normas sobre recaudación y distribución, contratos de representación con entidades extranjeras y demás documentos que establezca el Reglamento.

TÍTULO VI, ACCIONES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS

Artículo 109

El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación, sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños morales y materiales que pueda intentar contra el infractor. Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una contravención. El Juez impondrá la sanción a solicitud de la parte agraviada. La multa no excederá del equivalente a veinte veces el salario mínimo urbano fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, y es convertible en arresto proporcional a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto. En caso de reincidencia, se podrá imponer el doble de la multa.

Artículo 110

El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente. Queda a salvo, en su caso, la acción por la indemnización de los daños y perjuicios causados al titular de uno de los derechos de explotación indicados. Si una parte del aparato de que se trata puede ser empleado para una reproducción o comunicación diferente, el interesado puede exigir que a sus expensas se haga la separación de esta parte, para salvarla de la destrucción o remoción. Si el ejemplar o el aparato cuya remoción o destrucción se pidiere tiene especial mérito artístico o científico, no podrá ser destruido, y el Juez podrá ordenar de oficio, su entrega a un museo público. En todo caso el perjudicado puede pedir que le sean adjudicados los ejemplares, copias o aparatos cuya destrucción se ordene. El Juez determinará el precio de la adjudicación, el cual se deducirá de la estimación de los daños y perjuicios causados. Las medidas a que se refiere este artículo no surtirán efectos contra quienes hayan adquirido de buena fe y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos.

Artículo 111

A los efectos del ejercicio de las acciones previstas en los artículos precedentes, el Juez podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil. El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación. El Juez podrá ordenar también el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso. Las medidas de secuestro y embargo sólo se decretarán si se acompaña un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunas de las pruebas indicadas en el encabezamiento de este artículo.

Artículo 112

Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículo precedente serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la medida. Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal. Las pruebas y medidas serán practicadas por el Juez que las decretare, por su comisionado o por la autoridad policial a quien el Juez requiera para ello, con la intervención, si fuere necesario, de uno o más peritos designados en el decreto respectivo o por decreto del Juez comisionado.

Artículo 113

A solicitud de la parte interesada, el Tribunal podrá ordenar que el dispositivo de la sentencia sea publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos que indicará el Juez.

Artículo 114

Las disposiciones de este Título se aplicarán también, en cuanto sean pertinentes, a la protección de los derechos morales previstos en esta Ley.

Artículo 115

En defensa del derecho de paternidad sobre la obra, producto o producción, no se decretarán las medidas previstas en el artículo 110 de esta Ley, sino cuando la violación del derecho no pueda ser subsanada convenientemente mediante agregados o supresiones en los ejemplares lícitamente reproducidos, o con otros medios de publicidad, siempre que los ejemplares o copias hayan sido reproducidas con autorización del titular del respectivo derecho.

Artículo 116

En defensa de los derechos relativos a la integridad de la obra, producto o producción, no se decretará la remoción o destrucción del ejemplar deformado, mutilado o modificado de cualquier manera, sino cuando sea imposible restaurarlo a la forma primitiva, a costa de la parte interesada en evitar la remoción o la destrucción, y siempre que dicho ejemplar haya sido producido con el consentimiento del titular del derecho respectivo.

Artículo 117

Las disposiciones de este Título se aplicarán en cuanto sean pertinentes a la defensa del derecho sobre el título de una obra.

Artículo 118

El titular de un derecho de comunicación pública puede por sí o por medio de la entidad de gestión que administre el repertorio correspondiente, solicitar del Alcalde del Municipio, de la autoridad competente para el control de espectáculos o de aquella a quien corresponda la inspección de la respectiva modalidad de comunicación pública, que prohíba dicha comunicación a quien no acredite, por escrito, la condición de cesionario o titular de la licencia de uso del respectivo derecho. La autoridad prohibirá la comunicación si el responsable de la misma no acredita la cesión o la licencia, en los términos de los artículos 42 y 53 de esta Ley, sin perjuicio de la facultad de la parte interesada de dirigirse a la autoridad judicial para que tome las medidas definitivas de su competencia.

TÍTULO VII, SANCIONES PENALES

Artículo 119

Siempre que el hecho no constituya un delito más grave previsto en el Código Penal u otras leyes, será castigado con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses, todo aquel que con intención y sin tener derecho a ello, emplee el título de una obra, con infracción del artículo 24; o comunique, en violación del artículo 40 de esta Ley, en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía; o distribuya, en violación del primero o segundo apartes del artículo 41, ejemplares de obras del ingenio protegidas por esta Ley, inclusive de ejemplares de fonogramas; o retransmita, con infracción del artículo 101, una emisión de radiodifusión sin el consentimiento del titular del respectivo derecho.

Artículo 120

Será penado con prisión de uno a cuatro (4) años, todo aquel que con intención y sin derecho reproduzca, con infracción del encabezamiento del artículo 41 de esta Ley, en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos protegidos por esta Ley.

Artículo 121

En la misma pena prevista en el artículo anterior, incurrirá todo aquel que intencionalmente y sin derecho, reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, o un fonograma, o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte, sin autorización expresa del titular del derecho respectivo, sus derechohabientes o causahabientes, o a quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias.

Artículo 122

Las penas previstas en los artículos precedentes se aumentarán en la mitad cuando los delitos señalados sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con deformación, mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la Ley.

Artículo 123

El enjuiciamiento de los hechos a que se refieren los artículos anteriores, sólo se iniciará mediante denuncia de parte interesada.

Artículo 124

En la medida prevista en el artículo 113 de esta Ley, el Juez podrá decretar la publicación por la prensa de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo o del denunciante, según los casos.

TÍTULO VIII, DEL ÁMBITO DE ÁPLICACION DE LA LEY

Artículo 125

Salvo lo dispuesto en el artículo 127, están sometidas a esta Ley las obras del ingenio y las ediciones de obras ajenas o de textos, cuando el autor de la obra o edición o, por lo menos, uno de los coautores sea venezolano o esté domiciliado en la República, o cuando independientemente de la nacionalidad o domicilio del autor, hayan sido publicados en la República por primera vez o dentro de los treinta (30) días siguientes a su primera publicación. Las obras de arte permanentemente incorporadas a un inmueble situado en la República se equiparan a las publicadas en ella.

Artículo 126

Las obras del ingenio y las ediciones de obras ajenas o de textos de autor extranjero, no comprendidas en el artículo precedente, estarán protegidas conforme a las convenciones internacionales que la República haya celebrado o celebrare en el futuro. A falta de convención aplicable, las obras y ediciones indicadas gozarán de la protección establecida por esta Ley, siempre que el Estado al cual pertenezca el autor conceda una protección equivalente a los autores venezolanos. Corresponde al Tribunal comprobar de oficio el requisito de la reciprocidad, pero la parte interesada podrá justificarla mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país del cual se trate. Dicha certificación deberá presentarse debidamente legalizada y no excluye otros medios probatorios.

Artículo 127

Además de las reglas de aplicación contenidas en los artículos anteriores, están sometidas a esta Ley, las obras cinematográficas, las demás obras audiovisuales y las obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía; los programas de computación; las fotografías y los productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o equiparados a éstas; y las divulgaciones de obras póstumas hechas con posterioridad a la extinción del derecho de autor, cuando estas obras, productos o divulgaciones hayan sido realizados en la República o publicados en ésta, por primera vez o dentro de los treinta (30) días siguientes a su primera publicación.

Artículo 128

Las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones radiofónicas protegidas en el Título IV, están sometidas a esta Ley siempre que el titular del respectivo derecho, o uno cualquiera de ellos, sea venezolano o esté domiciliado en la República, o cuando, independientemente de la nacionalidad o domicilio del titular, dichos productos o producciones hayan sido realizados en la República o publicados en ésta por primera vez o dentro de los treinta (30) días siguientes a su primera publicación. La norma del artículo 126 de esta Ley es aplicable a las producciones extranjeras y demás derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta Ley.

Artículo 129

Los apátridas y refugiados quedan equiparados, a los efectos de este Título, a los nacionales del Estado donde tengan su domicilio.

TÍTULO IX, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Artículo 130

Para ejercer las funciones de registro, vigilancia e inspección, en el ámbito administrativo y las demás contempladas en esta Ley, se crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor, adscrita al Ministerio que la Ley Orgánica de la Administración Central le establezca competencia en la materia. Esta Dirección tendrá las atribuciones siguientes:

1º Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

2º Llevar el Registro de la Producción Intelectual, en los términos previstos en el Título V de esta Ley.

3º Decidir sobre los requisitos que deben llevar la inscripción y el depósito de las obras, productos y producciones, salvo en aquellos casos resueltos expresamente por el Reglamento.

4º Autorizar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos patrimoniales, conforme lo disponga el Reglamento y ejercer su fiscalización.

5º Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, productos y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley.

6º Servir de árbitro, cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se susciten entre titulares de derechos; entre las entidades de gestión colectiva; entre éstas y sus miembros; y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de las obras, productos o producciones protegidos en esta Ley.

7º Aplicar las sanciones previstas en este Título.

8º Llevar el Centro de Información relativo a las obras, productos y producciones, nacionales y extranjeras, que se utilicen en el territorio de la República.

9º Las demás que le señalen esta Ley y su Reglamento.

Artículo 131

En los casos de arbitraje sometidos a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, se aplicará el procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 132

La Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá imponer sanciones a las entidades de gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones penales o de las acciones civiles que correspondan.

Artículo 133

Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser:

Amonestación privada y escrita;
Amonestación pública difundida por un medio de comunicación escrita de circulación nacional, a costa del infractor;
Multa que no será menor de dos ni mayor de diez veces del monto equivalente al salario mínimo urbano, fijado por el Ejecutivo Nacional de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta;
Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por el lapso de un año, de acuerdo a la gravedad de la infracción; y
Cancelación de la autorización para funcionar, en casos particularmente graves y en los términos que señale el Reglamento.

Artículo 134

Las infracciones a esta Ley o a su Reglamento que no constituyan delito, serán sancionadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, previa audiencia del infractor, con multa calculada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo precedente. A tal efecto, se notificará al presunto responsable, emplazándolo para que dentro de un plazo de quince (15) días ofrezca las pruebas para su defensa. En caso de reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de un año, se podrá imponer el doble de la multa.

Artículo 135

De las decisiones de la Dirección Nacional del Derecho de Autor se podrá apelar ante el Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección, en los plazos y mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 136

El monto de las multas impuestas conforme a este Título y la restitución de los gastos en caso de amonestación pública, ingresarán al patrimonio del Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección, con los privilegios y prerrogativas contemplados en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

Artículo 137

El titular de la Dirección Nacional del Derecho de Autor será designado por el Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección.

TÍTULO X, DISPOSICIONES FINALES

Artículo 138

Para publicar una colección legislativa venezolana o de tratados públicos celebrados por la República o de sentencias judiciales nacionales, es necesario el permiso del Ministerio de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores o del Tribunal en cuestión, según los casos. El permiso será dado previa revisión y confrontación de la obra con los originales de tales leyes, tratados o sentencias a costa del interesado. A falta de tal permiso, la autoridad competente para su otorgamiento declarará que la obra no está autorizada y no tiene valor oficial.

Artículo 139

Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y de Primera Instancia en lo Penal, según los casos, salvo en los supuestos en que esta misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o de Municipio.

Artículo 140

El Consejo de la Judicatura queda facultado para atribuir a uno o varios de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y a uno o varios de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Federal, respectivamente, jurisdicción en todo el territorio de la República para conocer de los asuntos relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, que no sean de la competencia de los Juzgados de Parroquia o de Municipio, incluso para el caso en que de otra manera, en razón de lo dispuesto en el artículo 3º, ordinal 1º del Código de Enjuiciamiento Criminal, la acción civil no pudiere ser ejercida conjuntamente con la penal.

Artículo 141

Se deroga la Ley sobre el Derecho de Autor del 29 de noviembre de 1962 y todas las disposiciones sobre la materia que se opongan a esta Ley.

TÍTULO XI, DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 142

Los derechos sobre las obras protegidas de conformidad con las disposiciones de la Ley anterior, gozarán de los lapsos de protección más largos fijados por esta Ley.

Artículo 143

Los derechos sobre las obras que no gozaban de protección conforme a la Ley de Propiedad Intelectual del 13 de julio de 1928 por no haber sido registradas, que ingresaron al dominio privado de acuerdo al artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor del 29 de noviembre de 1962, gozan también automáticamente de la protección que concede esta Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.

Artículo 144

Hasta cuando se dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, las entidades autorales y de titulares de derechos conexos que existan como entidades de gestión a la entrada en vigor de esta Ley, pueden continuar sus actividades y ejercer las funciones previstas en los artículos 62 al 64, y demás disposiciones de esta Ley. A los efectos de los artículos 62 y 64 deberán hacer conocer públicamente las tarifas de las remuneraciones a pagar, a través de uno, por lo menos, de los medios escritos de comunicación social de circulación nacional. La Dirección Nacional del Derecho de Autor, una vez que entre en funcionamiento, fijará un plazo a las entidades indicadas precedentemente, que no será mayor de noventa (90) días, para que inscriban en el Registro de la Producción Intelectual los documentos a que se refiere el artículo 108 de esta Ley. Dictado el Reglamento, aquellas entidades deberán solicitar de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dentro de los tres (3) meses siguientes a su publicación, la autorización requerida por el artículo 61 de esta Ley, para poder continuar su funcionamiento, y sin perjuicio de lo que disponga el Reglamento para tramitar y obtener la autorización definitiva.

Artículo 145

Se concede un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la publicación de esta Ley, para que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en la materia, ponga en funcionamiento la Dirección Nacional de Derecho del Autor. Hasta tanto la Dirección Nacional del Derecho de Autor inicie sus actividades, los registros subalternos continuarán llevando el Registro de la Producción Intelectual, de acuerdo a la Ley de Registro Público.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. Años 183º de la Independencia y 134º de la Federación.

EL PRESIDENTE, Octavio Lepage

EL VICEPRESIDENTE, Luis Enrique Oberto G.

EL SECRETARIO, Luis Aquiles Moreno C.

 

01Ene/14

Jurisprudencia Informatica de Argentina. Rio Negro. Sentencia 104/2006 del Superior Tribunal de Justicia, de 12 de septiembre de 2006 s/ Acción de Inconstitucionalidad (arts. 2, 14, 15 y 40 de la Ordenanza nº 21 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche).

Sentencia 104/2006 del Superior Tribunal de Justicia, de 12 de septiembre de 2006 s/ Acción de Inconstitucionalidad (arts. 2, 14, 15 y 40 de la Ordenanza nº 21 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche).

 

Viedma, 12 de septiembre del 2.006.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Víctor H. SODERO NIEVAS, Alberto I. BALLADINI y Luis LUTZ y con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: «MARTIN Agustín Enrique, BORDENAVE Sofía Alejandra y «CEDHA» s/Acción de Inconstitucionalidad (Art. 2, 14, 15 y 40 Ordenanza nº 21 Municipalidad de San Carlos de Bariloche)» (Expte. Nº 20393/05 STJ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.

VOTACION

El señor Juez doctor Víctor H. SODERO NIEVAS dijo:

A fs. 51/65, Sofía Alejandra Bordenave y el letrado Agustín Enrique Martín, ambos por derecho propio, en calidad de ciudadanos y habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche y, respectivamente, en representación de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y en calidad de patrocinante, interponen acción de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, respecto de los artículos 2, 14, 15 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78 de la referida Municipalidad, por ser contrarios a los arts. 1, 14, 15, 22, 26, 30, 32, 46, 47, 67 y 84 de la Constitución Provincial, a fin de que se declare la incompatibilidad y la abrogación de aquéllos de acuerdo a lo previsto por los arts. 799 del CPCyC. y 208 de la Const. Prov.

Consideran que los arts. 2, 15 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78, contrarían las mandas constitucionales señaladas, menoscabando ilegítimamente los derechos a la información, a acceder a la justicia y a recursos administrativos efectivos, impidiendo el ejercicio de derechos de incidencia colectiva e irrespetando principios constitucionales de política administrativa y el de razonabilidad.
Además, aducen violación de los derechos a peticionar a las autoridades, a la participación, a la investigación científica y derechos colectivos de expresa recepción constitucional, tales como el derecho a un ambiente sano y los derechos del consumidor.

En cuanto a la legitimación activa, destacan su condición de parte interesada, atento a que la normativa cuestionada los afecta en su calidad de ciudadanos y habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche; como así también a la Fundación que representan, de cuyo estatuto surge la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano y derechos vinculados a él, como es el caso de los derechos a la información, a la participación, a peticionar a las autoridades y a recursos administrativos adecuados. Agregan que los derechos referidos se encuentran vulnerados por los artículos 2, 14, 15 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78 y que por ello CEDHA. se encuentra interesada en la declaración de su inconstitucionalidad y en su abrogación. Sostienen que la legitimación también surge del art. 43 de la Constitución Nacional.

Alegan que el art. 14 de la Ordenanza mencionada, al exigir petición escrita para tomar vista de expedientes administrativos vulnera el principio constitucional de razonabilidad, entorpeciendo la actividad administrativa, en contradicción con los principios administrativos constitucionales de celeridad, sencillez, economía procesal e informalismo. Entienden, que dicho artículo dificulta el goce de los derechos a la información y a contar con recursos administrativos efectivos. Sostienen que, más allá de la calificación jurídica que se le quiera dar a los derechos que puedan estar en juego, la Ordenanza nº 21.I.78 no permite que quien se sienta afectado por situaciones que lesionen colectivamente el goce de derechos reclame en sede administrativa la solución de tal situación (excepto como mera denuncia).

Advierten que los derechos a la información y a recursos administrativos efectivos (cf. arts. 26 y 22 de la Constitución Provincial) están en cabeza de todos los habitantes y son efectivos y operativos (cf. art. 14 de la Constitución Provincial). Por ello, insisten que es evidentemente inconstitucional, impedir que puedan iniciar tramitaciones administrativas, obtener información e interponer recursos en defensa de derechos colectivos, como lo hacen los arts. 15 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78.
Sostienen que los derechos colectivos se encuentran contemplados en la Constitución de Río Negro (arts. 1, 14, 15, 30 y 84) y son plenamente eficaces y operativos (art. 14 de la Constitución Provincial), ello lo prueba además la existencia de la Ley nº 2779; pueden ser alegados y defendidos en sede administrativa, conforme lo establece el art. 22 de la Constitución Provincial.

Consideran que si el titular de un derecho de incidencia colectiva tiene tutela judicial no puede la administración negárserla. Lo contrario, vulnera la Constitución Provincial, en esencia el principio constitucional de razonabilidad, en contradicción con el art. 14; torna ineficaces los recursos administrativos, en oposición al art. 22; compromete la garantía de los derechos de incidencia colectiva en violación a los arts. 1, 14, 15, 30 y 84 y es antagónico al principio de eficiencia administrativa contemplado en el art. 47.

Destacan que la norma en cuestión, sancionada en 1978, durante la dictadura militar ha quedado atrasada respecto del avance constitucional.

Sostienen que el derecho a la información se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (arts. 41, 33, 75 inc. 22), en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 13; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. IV; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19; y en legislación constitucional rionegrina Ley Provincial nº 1829, modificada por Ley nº 3441 , además de las Leyes Nacionales nº 25657, nº 25831 y nº 24240 y las Provinciales nº 3266 y nº 2817).

Manifiestan que de las normas constitucionales y supranacionales mencionadas surge que el contenido del derecho comprende no sólo la libertad de cualquier persona a investigar y buscar informaciones, ideas y opiniones de toda índole, sino también el derecho de todos los habitantes a recibir información.

A fs. 66, se tiene por presentada la acción de inconstitucionalidad en los términos del art. 793 y sgtes. del CPCyC. y por expresa instrucción del Tribunal se dispone correr traslado al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

A fs. 76/77, la accionante denuncia como hecho nuevo la promulgación de la Ordenanza Nº 1527 CM 05 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, cuya copia acompaña. Relata que el art. 11 de la misma, deroga al art.15 de la Ordenanza nº 21.I.78 y peticiona se tenga por desistida parcialmente de la acción en lo relativo al artículo 15 de la Ordenanza antes mencionada.

A fs. 78, se tiene por denunciado el hecho nuevo referido y se dispone correr traslado del desistimiento parcial formulado al Municipio de San Carlos de Bariloche.

A fs. 87/91, comparece la representante legal del Municipio de San Carlos de Bariloche; contesta demanda y solicita se declare abstracta la cuestión.

Manifiesta que el art. 11 de la Ordenanza nº 1527 CM 05 promulgada en fecha 26. 09. 05, derogó expresamente el artículo 15 de la Ordenanza nº 21.I.78, con lo cual entiende que el reclamo de autos ha devenido abstracto respecto de esta norma.

Con respecto al art. 2 de la Ordenanza nº 21.I.78 aduce que no se advierte agravio constitucional alguno atento a que garantiza el amplio acceso, no sólo a la información contenida en actuaciones administrativas, sino a su trámite, con el sólo requisito de invocar un interés legítimo y así peticionarlo. Arguye que la norma cuestionada reconoce el carácter de parte en el procedimiento administrativo a cualquier persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. Entiende que los derechos de incidencia colectiva constituyen una especie de los intereses legítimos reconocidos por el ordenamiento municipal.

Considera que tampoco es posible sostener la inconstitucionalidad del art. 40 de la Ordenanza nº 21.I.78, al establecer que la presentación de recursos administrativos se encuentra reservada a quienes invoquen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Señala que interés legítimo es el que pretende asegurar derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sean éstos de incidencia colectiva o no. Manifiesta que la prohibición de la presentación de recursos colectivos no es inconstitucional, sino que hace al buen ordenamiento del proceso administrativo, en virtud de que con su desaparición se introduciría un elemento de inseguridad que redundaría en perjuicio de los mismos intereses que la accionante dice defender. Arguye que por idénticos fundamentos, debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la Ordenanza nº 21.I.78.

Insiste que la Ordenanza nº 1527 CM 05 suprimió la restricción del art. 15 y que por ello, nada impediría a los peticionantes o a cualquier otra persona que invocara un interés legítimo solicitar los informes que considerare pertinente.

A fs. 94/99 y vta. la actora contesta el traslado conferido y sostiene que el concepto de derecho colectivo no encuadra en ninguno de los clásicos conceptos de derecho subjetivo, interés legítimo o interés simple. Señala que interés legítimo no es, como pretende la Municipalidad, lo mismo que derecho subjetivo o que derecho colectivo y que los conceptos de interés legítimo y derecho colectivo son sustancialmente distintos; destaca que el segundo tiene por características ser un derecho defendible ante órganos judiciales y corresponder a un número indeterminado –al menos a priori de personas, lo contrario ocurre con el interés legítimo. Además, sostiene que en la generalidad de los casos, el interés legítimo se identificará con intereses patrimoniales, lo que no siempre ocurrirá con el derecho colectivo.

Manifiesta que la demandada no logra explicar la prohibición de presentar recursos colectivos; máxime luego de manifestarse afirmativamente en relación a la constitucionalidad de la alegación en sede administrativa de los derechos colectivos.

A fs. 103/104, la representante legal del Municipio de San Carlos de Bariloche, contesta el traslado y peticiona se rechace la pretensión de eximición de costas esgrimida por la contraria.

A fs. 114, se dispone correr vista de las presentes actuaciones a la señora Procuradora General, en cuyo dictamen, incorporado a fs. 115/124, considera que de la lectura de los antecedentes, fundamentos y normativa de la Ordenanza Nº 1527 CM 05 podría colegirse válidamente que con su sanción se encontrarían derogados tácitamente los artículos 2, 14 y 40 de la nº Ordenanza 21.I.78, toda vez que consagran disposiciones antagónicas. Entiende que la cuestión radica en desentrañar claramente el alcance teórico y su aplicación en el caso de autos, de los conceptos de derecho subjetivo e interés legítimo que utilizan las normas cuestionadas y el derecho colectivo o de incidencia colectiva o interés difuso que pregonan los actores.

Señala que en la actualidad los intereses difusos o colectivos están consagrados en la Constitución Nacional (arts. 41, 42 y 43), en las Constituciones Provinciales y que la Constitución de Río Negro consagra la Defensa del Medio Ambiente en el art. 84, refiriéndose expresamente a los derechos colectivos en el art. 167.

Resalta que la Ordenanza en cuestión data del año 1978, de donde se colige la ausencia del Estado de Derecho al tiempo de su sanción y consecuentemente el previsible desapego a consagrar normas de naturaleza protectoria de los derechos que se analizan en el sub examine, como así también el desconocimiento de las teorías acerca de los derechos difusos o de incidencia colectiva hoy plasmados en los textos constitucionales. Concluye que las normas cuestionadas de la Ordenanza nº 21.I.78 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche resultan disfuncionales con las cláusulas y principios de raigambre constitucional, y que debe declararse su inconstitucionalidad.
Pasando a considerar la cuestión planteada, y en virtud del desistimiento parcial obrante a fs. 76/77, el análisis de la cuestión sub examine debe centrarse en el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 2, 14 y 40 de la Ordenanza Municipal de San Carlos de Bariloche Nº 21.I.78 B.O. del 6.03.1978 «Procedimiento Administrativo Municipal».

Los artículos 2, 14 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78 cuya inconstitucionalidad se pretende, disponen que «el trámite podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte en el derecho administrativo. También tendrán ese carácter aquéllas a quienes la decisión que se adoptare pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se presenten en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente o por citación del organismo interviniente» (cf. art. 2).

Por su parte, el art. 14 establece: «la parte interesada, su representante o letrado podrán pedir por escrito vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas piezas que fuesen declaradas reservadas o secretas mediante decisión fundada».

Por último, el art. 40 dice: «los recursos administrativos sólo podrán ser deducidos por quienes invoquen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Se prohibe la presentación de recursos colectivos».

Ya apartado de nuestro análisis el art. 15 de la mencionada Ordenanza, no se advierte respecto al art. 14 de la misma que atente contra el orden jurídico por cuanto es habitual encontrar en normas de procedimiento administrativo prescripciones como las indicadas en ese texto, en tanto dicha disposición hace al buen ordenamiento del mismo. La necesidad de solicitar la vista por escrito de las actuaciones administrativas no resulta irrazonable, y además no viola los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. Por el contrario, opera como constancia de toda gestión que sobre la actuación administrativa y su expediente se han realizado.

Por lo expuesto, no se advierte la inconstitucionalidad pretendida con relación al artículo 14 de la Ordenanza nº 21.I.78, y en función se ello a continuación se realizará el análisis de los restantes artículos impugnados (2 y 40).

A fin de abordar el planteo de inconstitucionalidad incoado, es dable recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ha señalado que desde el caso «Marbury vs. Madison» (1803), hito decisivo en las instituciones judiciales, surge todo un cuerpo de ideas relevantes sobre el control de constitucionalidad. Alberto B. BIANCHI, en su obra «Control de Constitucionalidad», recuerda que Thomas Cooley, uno de los autores norteamericanos del siglo pasado, que la Corte Suprema ha hecho célebre entre nosotros a través de sus citas constantes, explicaba algunas de las limitaciones que tiene dicho control: «Las reglas por él expuestas se aplican, principalmente, en casos en los que corresponde analizar si los litigantes tienen lo que se denomina «standing to sue», esto es, la capacidad para accionar judicialmente». Así, la Corte Federal Norteamericana, en «Frothingham vs. Mellon» (262, U. S. 447), dijo que la parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe poder probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida.

Continúa el autor citado, expresando que quien probablemente mejor ha descripto las reglas a las que debe ajustarse un juez antes de declarar la inconstitucionalidad de una ley, es el Juez Brandeis, en «Ashwender vs. Tennessee Valley Authority» (297, U. S. 288) donde, entre otras, estableció las siguientes: 1 La Corte no puede entrar a apreciar la constitucionalidad de una ley a instancia de una parte que no ha podido probar que la aplicación de ésta le ocasiona un perjuicio; y 2 Una ley siempre debe ser interpretada de tal manera de evitar en lo posible, su declaración de inconstitucionalidad (cf. aut. cit., op. cit., págs. 125/132, Ed. Abaco; in re: «ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S. A. s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanza Nro. 1061 CM OO Municipalidad de C. de Bariloche», Se. nº 671 del 27.12.02).

Este Cuerpo ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio del orden jurídico (STJRNCO., Aut. Int. Nº 14 del 3 7 96 in re: «CUELLAR»; CSJN., Fallos 200, 180 y 247, 387).

En virtud de ello, se sostuvo que «al ser de suma gravedad la inconstitucionalidad de una norma este Tribunal se muestra celoso en las facultades que le son propias para verificar la constitucionalidad de la Ordenanza (…), imponiéndose la mayor mesura a fin de no desequilibrar el sistema institucional de los tres Poderes fundado no en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe obstruyendo la función de los otros, sino de que lo hagan con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado , para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y un Poder encargado de asegurar ese cumplimiento», cf. Segundo V.Linares Quintana, «Reglas para la interpretación constitucional», Ed. Plus Ultra, p. 141, párr.293; STJRNCO. in re: «FISCALIA MUNICIPAL DE VILLA REGINA s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanza Nº 34/2000)», Se. nº 109 del 23.08.01.

También se ha señalado que «en la acción de inconstitucionalidad, el gravamen, el perjuicio, debe consistir en una significativa afectación a los derechos constitucionales, de tal gravedad que su declaración de inconstitucionalidad se presente como valla insalvable» («VAZZANA» del 10.03.98).

Para decretar la invalidez de una norma deben mediar motivos reales que así lo impongan, una demostración concluyente de su discordancia sustancial con los preceptos de la Constitución que se dicen vulnerados. En efecto, ello ocurre en el presente caso, por cuanto son suficientes las razones esgrimidas y las probanzas existentes en autos para demostrar palmariamente, merced a un análisis pormenorizado, claro, preciso y fundado respecto a la colisión de los artículos impugnados con las normas de jerarquía constitucional invocadas.

Si bien este Tribunal también expresó que «No puede suponerse por parte de los titulares de los Poderes del gobierno municipal, un propósito preconcebido de ejecutar actos contrarios a la Alta Carta Provincial y a la Ley Fundamental del país y que por ello los Tribunales deben, en principio, presumir su constitucionalidad mientras no se compruebe clara y precisamente lo contrario» (Cf. Segundo V. Linares Quintana, «Reglas para la Interpretación Constitucional», pág. 140 290, Ed. Plus Ultra; STJRNCO., Se. Nº 20 del 11.4.97 in re: «DEFLORIAN»); en el sub examine, como bien señalan la accionante y la señora Procuradora General, se trata de una Ordenanza que data del año 1978, con el consecuente desconocimiento de las teorías acerca de los derechos difusos o de incidencia colectiva hoy plasmados en los textos constitucionales. En la actualidad los intereses difusos o colectivos están consagrados en la Constitución Nacional, Capítulo Segundo denominado «Nuevos derechos y garantías». En el artículo 41, C.N. se establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, con el correlativo deber de preservarlo. Asimismo, el art. 42 C.N., contempla el derecho que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, entre otros. Pone a cargo de las autoridades la protección de tales intereses; y prevé el establecimiento de procedimientos legales tendientes a la prevención y solución de conflictos y participación de asociaciones y de las provincias en los órganos de control. También la Constitución Nacional hoy los protege judicialmente, conforme el art. 43 a través de la acción de amparo.

Nuestra Constitución Provincial, consagra la Defensa del Consumidor en el art. 30 como así también la Defensa del Medio Ambiente en el art. 84; refiriéndose expresamente a los derechos colectivos en el art. 43 (amparo) y en el art. 167, en cuanto establece «Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial».

En el precedente «DECOVI s/Amparo Colectivo», Sentencia Nº 19 del 1 de marzo del 2006, señalé que el artículo 43 de la Constitución ha incluido la protección de los derechos colectivos en el marco procesal del amparo y que cabía preguntarse entonces si ésa es la única vía de protección que poseen o existe otra. Interrogante, que fue respondido por la Corte en «Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina c.Pcia. de Buenos Aires» (22.4.97, La Ley 1997–C 322), estableciendo que también procedía la acción meramente declarativa a esos fines.

En el fallo «CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ACCION DE AMPARO», Sentencia Nº 72 del 16.08.05, el Dr. Lutz manifestó que: «el 2° párrafo del art.43 (Constitución reformada) introduce lo que se ha dado en llamar «amparo colectivo», en el cual se protegen los derechos de 3° generación (ambiente, consumidor) y los derechos de incidencia colectiva en general. En la protección de los derechos de incidencia colectiva, el demandante nominado presenta una acción a favor de todos los miembros innominados procesalmente, pero titulares de un derecho subjetivo afectado por un daño diferenciado, aunque con efectos relativos, toda vez que sólo comprende a los sujetos nominados e innominados de la clase. Se dice que el amparo colectivo es el instrumento que hace posible el ejercicio activo de los derechos públicos subjetivos de la sociedad. En esta 2° parte también se amplía la legitimación activa, haciéndola extensiva al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones que propendan a los fines mencionados en el artículo. Respecto del afectado, a fin de diferenciarlo del titular de un derecho subjetivo (toda persona del 1° párrafo), podemos decir que es todo aquél que sin padecer un daño concreto es tocado, interesado, concernido por los efectos del acto u omisión lesivos; al tutelarse derechos colectivos, y al tener éstos incidencia colectiva, todo sujeto en el cual «inciden», en común con otros, es afectado, teniendo expedita la acción de amparo. Respecto del Defensor del Pueblo y de las asociaciones, ambos conceptos son lo suficientemente claros como para ahondar en detalle (Cf. CHRISTIAN ALBANESI en «ACCION DE AMPARO Y PRINCIPIO PRECAUTORIO», Suplemento de Derecho Público de ELDIAL.COM).

El derecho constitucional ha desarrollado una nueva dimensión a partir del momento de la incorporación de los intereses difusos o colectivos, los derechos de la tercera generación, o los que la Constitución Argentina reformada en 1994 denomina «derechos de incidencia colectiva en general», acumulando nuevos derechos a los civiles y políticos de la primera generación y a los derechos sociales de la segunda. Así, el derecho a la información y a la comunicación, al medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a los consumidores y usuarios, etc., con una apertura susceptible de otros acrecimientos (Cf. Germán BIDART CAMPOS, «El panorama de los derechos humanos a fin de siglo», JA. 1998, 80 aniv. Lexis Nº 0003/007291; Voto del Dr. Lutz in re: «CONSEJO ASESOR INDIGENA (CAI) s/MANDAMUS», Se. nº 108 del 24.11.05).

En oportunidad de emitir mi voto en el precedente «CO.DE.CI» antes referido, citando a Néstor A. Cafferatta (Reseña: Jurisprudencia ambiental del siglo XXI, JA. 2003–II 1373, Lexis Nº 0003/009635), señalé que «con la reforma constitucional se genera una concepción a partir de la cual el hombre es «parte» del medio ambiente, y, por lo tanto, «se concibe la posibilidad de prevenir y resarcir el daño ambiental, independientemente de la afección individual». En este caso la Constitución Nacional define un nuevo y particular modo de daño. Siguiendo a Gustavo de Santis, entendemos que el daño ambiental goza de algunas particularidades respecto del daño normativizado por nuestro Código Civil (art. 1068). Las reglas de la reparación no podrán equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, simplemente porque este tipo de daño puede conculcar además otro tipo de prerrogativas bautizadas como «derechos de incidencia colectiva». Pero esta dualidad no resulta «excluyente» sino, por el contrario, acumulativa. El individuo ostenta un interés propio y, por añadidura, conforma o forma parte de otro interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa, pero que también le confiere legitimación para accionar, siempre que sea portador «de un interés razonable y suficiente».

Daño colectivo, en términos generales y sentido amplio, es aquel sufrido o que afecta a varias personas, simultánea o sucesivamente (Bustamante Alsina, Colombo). Dentro de esta noción cabe la suma de daños individuales (Zavala de González). Se trata de daños sufridos por víctimas plurales a raíz de un mismo hecho lesivo. El daño grupal es calificable como difuso, en el sentido de que el goce del interés se muestra extendido, dilatado; se esparce, propaga o diluye con los miembros del conjunto, sea que éste se encuentre o no organizado y compacto.

La reforma constitucional de 1994 ha conferido a estos intereses, emanados de «derechos de incidencia colectiva» o de pertenencia difusa una explícita protección: el art. 41 establece el derecho deber de todo individuo de gozar de un ambiente sano y deja expresamente establecido que lo fundamental en esta materia es la obligación de «recomponer», es decir, retornar las cosas a su estado anterior. El art. 43 reconoce acción de amparo al individuo concretamente afectado, al Defensor del Pueblo (conc. art. 86 ) y a las asociaciones que tengan interés en la protección del medio ambiente. Estas normas reconocen antecedentes legales en la Nación (Leyes nº 20284 [ALJA 1973–A 586], nº 22190 [LA.1980–A 53], nº 24051 [LA.1992–A 50]) y en la Provincia de Buenos Aires (Leyes nº 5965 [ALJA 1959 572], nº 11459 [LA.1993–C 3738], nº 11720 [LA.1995–C 3705], nº 11723 [LA.1996–A 757]), habiendo recibido expresa aplicación en precedentes judiciales («Schroeder», C. Nac. Cont. Adm., sala 3ª; «Sagarduy», C. Primera Instancia La Plata, sala 3ª; in re «M. de General Pueyrredón s/medidas cautelares», Juzg. Fed. 2ª C. Civ. Mar del Plata, mayo de 1991).

Expresa Cafferatta que «…la desprotección, desconcierto, la impotencia del ciudadano sometido, su imposibilidad práctica jurídica y económica para acceder a los estrados de la justicia, movieron a reformas trascendentes superadoras de las viejas teorías del derecho subjetivo individual como recaudo para acceder a la jurisdicción, admitiendo que el interés legítimo y hasta el interés simple categorías antes desdeñadas fueran susceptibles de defensa y protección.» Y agrega: «Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (y casi simultáneamente de las provincias) se introducen los «derechos de incidencia colectiva», creándose además órganos representativos de la comunidad para su defensa: el Defensor del Pueblo u «ombudsman». Ello ha dado lugar a fricciones entre estos organismos atípicos con los típicos y naturales del ejercicio de funciones administrativas…».

Asimismo he dicho que «El derecho ambiental integra la novísima rama del derecho (tertium genus) que se caracteriza, según Bidart Campos, por:

a) la dimensión colectiva y transindividual que los afilia a la categoría de los intereses difusos o de los derechos de incidencia colectiva mencionados en el artículo 43 de la Const. Nac.;

b) exhiben una intersección entre el derecho público y el derecho privado;

c) se relacionan con muchísimos otros derechos: a la salud, a la vida, a la seguridad, a la igualdad, etc.;

d) ensamble con derechos que están declarados en la Constitución, con derechos implícitos y con derechos por analogado (Ver «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales», Augusto Morello Néstor Cafferatta, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 29/30; cf. STJRNCO.: «C.D., L.E. y Otros s/RECURSO DE AMPARO s/APELACION», Se. nº 126 del 27.12.05).

Debo reiterar lo dicho en el precedente «DECOVI» ut supra referido, en cuanto a que la novedad del siglo XX fue la consagración del derecho de masas, despersonalizado, que no tenía un dueño particular ni un único afectado. Los derechos de incidencia colectiva, fueron aquéllos que reconocían una parte de la titularidad procesal (la subjetividad del derecho de acción) en varios legitimados: grupos o asociaciones, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, etcétera. Las necesidades pueden ser individuales, es cierto; pero también lo es que, en el caso del derecho del consumidor o usuario fundamentalmente son colectivas o genéricas, y se integran al concepto de perdurabilidad de las situaciones aflictivas.[…] Si el interés colectivo o difuso no tiene ubicación específica en nuestro ordenamiento legal, no hay duda de que se le debe abrir espacio partiendo de la base de los conceptos existentes a las exigencias de la realidad; paralelamente, las vías procesales vigentes tendrán que ser adecuadas a los fines del juego de los derechos inherentes a tales intereses. En el campo de los «intereses difusos» es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa; respecto de ellos el derecho objetivo tiene que acordar un esquema de protección, dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto (Conf. Ombudsman, class action, acción popular, acción civil pública brasileña, etc., cfr. Informe Anual 1988 89 de la Controladuría General Comunal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, p. 12; Osvaldo Alfredo GOZAINI en «Protección Procesal del Usuario y Consumidor», Derecho Procesal Constitucional, Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, p.34 y ss.).

Asimismo, allí consideré que «esta característica de masividad es a su vez la que genera el elemento «colectivo» para calificar la acción intentada para la protección del derecho, así Humberto Quiroga Lavié en su trabajo «Requiem al amparo colectivo» (La Ley, 1998 C, 1337) indica que la «incidencia colectiva» no convierte al colectivo en una mera suma de daños singulares, quebrando la unidad substancial del colectivo: la incidencia colectiva es una manera elegida por el constituyente para denominar a la tutela de los derechos colectivos de la sociedad, en su conjunto o de cada sector social: «En efecto, el colectivo, como centro de imputación de normas, ha quedado consolidado por la legitimación que el constituyente le ha otorgado al Defensor del Pueblo, que actúa en defensa de todo el pueblo, o de cada sector afectado, pudiendo siempre haber integrantes del sector que no estén de acuerdo con la posición del Defensor. Lo mismo ocurre con la legitimación que se les reconoce a las asociaciones que propenden a defender los derechos de cada sector social, así como a los afectados, que lo son en tanto integrantes de un sector social, no como simples afectados individuales: así funciona la acción de clase en el derecho anglosajón, en beneficio de la economía social de mercado, con justicia social, como lo quiere el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, no habiendo razón alguna para dejar de cumplir con las políticas constitucionales fijadas por el constituyente».

Moreno Cruz, sostiene que «el interés difuso al igual que el colectivo, quizá más aquél que éste, son las respuestas a un momento histórico determinado diferente del tiempo en el cual se gestó y fortaleció la idea de derecho subjetivo, en consecuencia mal se haría al pretender asimilarlos, a pesar de sus innegables similitudes, puesto que es precisamente su diferencia la que explica el origen de los primeros» (cf. «El Interés de grupo como interés jurídico: una forma de justicia alternativa para un nuevo modelo de Estado», pág. 51).

Cuando la Constitución refiere a los derechos de incidencia colectiva en general, lo hace considerando aquéllos que tienen como elementos tipificantes un bien indivisible y un sujeto transindividual, por ser éste el contenido embrionario de dicha categoría, lo cual excluye que puedan allí considerarse comprendidos a los tradicionales derechos subjetivos, en tanto ambas especies resultan disímiles en su origen y composición (Cf. Las acciones colectivas y la Constitución Nacional, por Ramiro Rosales Cuello y Javier D. Guiridlian Larosa, LL., Año LXX, Nº 75, martes 18 de abril de 2006).

Ya dijimos que a partir de 1994 el sistema jurídico argentino ha reconocido expresamente los derechos de incidencia colectiva, y éstos son derechos que no pertenecen a una persona individual como en la primera etapa o generación. Se trataban de unas categorías distinguidas en derecho administrativo que hoy han perdido vigencia a partir de la sanción de los arts. 41, 42 y 43, CN., por lo que la Ordenanza Municipal de Bariloche en este punto cuestionado ha devenido absolutamente inconstitucional.

Debemos tener en cuenta que la Constitución ha utilizado un término diferente a aquéllos que solían enunciarse antes de 1994 (derechos difusos, derechos de grupo o colectivos, derechos sociales, etc.) y a ello debe otorgársele un significado a la hora de realizar su interpretación (cf. Maurino, Nino y Sigal M., «Las acciones colectivas. Análisis conceptual, constitucional, procesal, jurisprudencial y comparado», LL. 24 6 95, p.167). Debe coincidirse con Gordillo en que las viejas categorías han perdido fuerza ante la creación superadora del texto constitucional (Gordillo, Agustín, «Tratado de D. Adm.: la defensa del usuario y del Administrado», T. 2, 1998, Fundación de D. Administrativo, ps.21 y 22; asimismo Jurisprudencia Argentina, 2006 II, Número Especial de «Acciones Colectivas» del 21 de junio de 2006, coordinado por los Dres. Gustavo Maurino y Ezequiel Nino).

Sentado lo anterior, el argumento de la demandada en cuanto a que para acceder a la información pública sólo se requiere invocar un derecho subjetivo o un interés legítimo y que los derechos de incidencia colectiva a los que se refieren los peticionantes no constituyen sino una especie de los intereses legítimos reconocidos por nuestro ordenamiento, no es así, puesto que el derecho subjetivo es la protección que el orden jurídico otorga en forma exclusiva a un individuo determinado mientras que el interés legítimo es la protección debilitada, otorgada por el orden jurídico generalmente a un conjunto determinado de individuos en concurrencia (Cf. Vallefin, «Proceso Administrativo y Habilitación de Instancia», pág. 44).

Por otro lado, debo destacar que entre los antecedentes y fundamentos de la Ordenanza nº 1527 CM 05 se citan, entre otras, normas de la Constitución de la Provincia de Río Negro que resultan ser las mismas que los accionantes consideran violadas por los artículos mencionados supra y como bien advierte la señora Procuradora General, que las normas impugnadas en la presente acción podrían considerarse derogadas tácitamente en su totalidad por las disposiciones de la nueva Ordenanza, especialmente por lo prescripto en los arts. 1,2,4,5,6,7 y 8.

Entre los fundamentos de la Ordenanza Municipal de San Carlos de Bariloche Nº 1527 CM 05 (BO. 07 11 05) se menciona que el acceso a la información es una herramienta legal que permitirá a la ciudadanía reclamar información de carácter público, en este caso el Estado Municipal, organismos y entes que responden a su esfera y sobre su gestión. «Tal como lo propician las O.N.G. que trabajan en el tema, cualquier ciudadano puede requerir información pública sin que el organismo que debe brindarla considere la legitimación del pedido. Es por ese motivo que se considera que el Estado debe evitar establecer restricciones –de cualquier tipo que impliquen discriminación en el acceso a la información. Es por este motivo que no se contempla el requisito de expresar los motivos para el pedido de información y su carácter de declaración jurada».

El hecho de que la Ordenanza nº 1527 CM 05, en su artículo 6, admita expresamente la solicitud de información por escrito por parte de cualquier persona, reafirma la evidente inconstitucionalidad de los artsículos 2 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78.

De lo expuesto, surge que cualquier persona puede pedir información, lo que incluye los expedientes y actuaciones administrativas en general, conforme a la amplia definición de información pública prevista en el art. 5 de la Ordenanza nº 1527 CM 05, es evidente que no sólo la parte o su apoderado podrán solicitar vista del expediente.

El art. 2 de la Ordenanza nº 21.I.78 no permite que quien se sienta afectado por situaciones que lesionen colectivamente el goce de derechos reclame en sede administrativa la solución, excepto como mera denuncia, y ello viola los derechos a la información y a recursos administrativos efectivos, previstos en los artículos 26 y 22 de la Constitución Provincial. Asimismo el derecho a la información comprende el derecho de todos los habitantes a recibir información y se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (arts. 41, 33, 75 inc. 22), en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 13; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. IV; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19) y en legislación constitucional rionegrina (Ley Provincial nº 1829, modificada por Ley nº 3441) además de las Leyes Nacionales nº 25657, nº 25831 y nº 24240 y las Provinciales nº 3266 y nº 2817.

Asimismo conforme el texto de la Ley nº 25675 –que desarrolla en el plano legal las instituciones ambientales de los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional– podrán interponer amparo (específicamente ambiental, con una acción de cese, con pretensión anulatoria) «toda persona» y no sólo «el afectado» del lugar, que es quien la misma norma dispone será el legitimado en la acción de recomposición (cf. «El amparo ambiental y las diferentes acciones derivadas del daño ambiental de incidencia colectiva», por José Esain, LL, Año XXII, Nª 18, Bs.As., 3 de mayo del 2006, pág. 13).

En este mismo contexto, se ha señalado que la información ambiental es una directa consecuencia de la exigencia de fundar la acción de tutela ambiental sobre los principios de acción preventiva y de precaución, al extremo de que sin verdadera, eficaz y real información ambiental no podrá existir una correcta tutela del ambiente (Cf. mi voto in re: «CO.DE.CI» del 16.08.05).
El contenido del principio de información ambiental comprende la corrección, objetividad, organización de los datos, independencia del organismo que los recolecta y brinda, seguridad del fluir de datos, su completitud, la fácil comprensión, la fiabilidad y la tempestividad, lo que obliga al Poder Ejecutivo Provincial a un monitoreo constante y permanente para asegurar que esta información llegue no sólo a los interesados sino a toda la población en general (Cf. «CO.DE.CI», ut supra citado).

Que tengo presente el fallo dictado por la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, 2006 05 12, en «Unión de Usuarios y Consumidores c/CitiBank NA» (La Ley 10 de julio de 2006, Año LXX Nº 131, págs.10 y 11). Se dijo que una asociación de usuarios y consumidores se encuentra legitimada para promover una acción de habeas data colectivo tendiente a que un banco se abstenga de condicionar la prohibición de utilizar los datos de sus clientes para operaciones de marketing propio o de terceros, a la expresa oposición de éstos desde que la tutela colectiva reconocida a los derechos citados en el segundo párrafo del art.43 de la Constitución Nacional debe extenderse al derecho a la confidencialidad de los datos personales, por cuanto el tercer párrafo de la citada norma no puede interpretarse aisladamente sino en consonancia con los restantes párrafos de aquélla. Además, allí se reiteró lo dicho por la CSJN. en la causa «Verbitsky» del 03 05 05 en cuanto se concluyó que la defensa de los derechos de incidencia colectiva pueden tener lugar más allá del nomen iuris específico de la acción intentada. Los derechos de incidencia colectiva no son solamente aquéllos cuyo objeto merecedor de protección resulta común a un grupo indeterminado de personas e indivisible en su materialidad, como es el caso del medio ambiente. También alcanza su tutela a derechos individuales, divisibles y mensurables, en relación con el objeto materia de su prestación, cuando resultan equivalentes entre sí y la afectación que han sufrido ha sido producida por un acto único aplicable a un sector o grupo indeterminado de personas (cf. Quiroga Lavié, «El amparo colectivo», ps. 131 2, Rubinzal Culzoni, 1998).

Que la requerida no ha sabido justificar la prohibición contemplada en el art. 40 de la Ordenanza nº 21.I.78, y es más, dicha prohibición contradice, además de las disposiciones previstas en la Ordenanza Municipal de San Carlos de Bariloche Nº 1527 CM 05, su propia postura –errónea en cuanto a que interés legítimo es el que pretende asegurar derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sean éstos de incidencia colectiva o no y que la prohibición de la presentación de recursos colectivos hace al buen ordenamiento del proceso administrativo, «en virtud de que con su desaparición se introduciría un elemento de inseguridad que redundaría en perjuicio de los mismos intereses que la accionante dice defender».

Además es evidente la violación del art. 47 segundo párrafo que establece tanto para la Provincia como para los Municipios: «…Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y economía, sencillez en el trámite, plazos breves, participación y procedimiento público e informal para los administrados».

Por último debe recordarse la protección genérica del art. 30 de la Constitución Provincial para los usuarios y consumidores que se ve fortalecido en el ámbito municipal en el art. 225 CP. inciso octavo, que contempla toda forma de integración de los usuarios en la prestación de los servicios y construcción de obras, sin ningún tipo de distinción. En síntesis, la Constitución tanto en orden Provincial como municipal ha sido anticipatorio en esta materia, y tan así es que ya la Constitución Provincial de 1957, reiterado luego como art. 43 de la Constitución Nacional, actualmente vigente, ya había establecido el amparo colectivo, concepto que debemos hacer extensivo al habeas corpus colectivo, por estar en la misma norma y al habeas data colectivo conforme al art. 43 de la C. Nacional y antecedentes jurisprudenciales y doctrinales ya citados.

Que por todo ello, ante el desistimiento efectuado a fs. 76/77 respecto del art. 15 de la Ordenanza nº 21.I.78, rechazo del planteo formulado en contra el art. 14 de la misma, y conforme a los argumentos esgrimidos de cómo las restantes normas municipales (arts.2 y 40) vulneran las cláusulas y principios constitucionales aludidos, corresponde hacer lugar parcialmente a pretensión incoada en autos, y en su consecuencia declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78 de la Munic. de San Carlos de Bariloche, con costas por su orden atento a cómo se resuelve en definitiva.

MI VOTO.

Los señores Jueces doctores Alberto I. BALLADINI y Luis LUTZ dijeron:

ADHERIMOS a lo resuelto por el señor Juez que nos precede en el orden de votación, por compartir sus fundamentos.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E:

Primero: Receptar el desistimiento efectuado a fs. 76/77 de autos respecto del art. 15 de la Ordenanza nº 21.I.78.

Segundo: Rechazar el planteo formulado en contra del art. 14 de la misma Ordenanza.

Tercero: Hacer lugar parcialmente a pretensión incoada en autos (fs. 51/65) y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 40 de la Ordenanza nº 21.I.78 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. con costas por su orden atento a cómo se resuelve en definitiva (art. 68, 2do. párrafo del CPCyC.).

Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense.

Fdo.:VICTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ ALBERTO I.BALLADINI JUEZ LUIS LUTZ JUEZ
ANTE MI:EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

PROTOCOLIZACION Tomo III Se. Nº 104 Folios 829/851 sec. Nº 4.

01Ene/14

Legislacion Informatica de España. Leyes. Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

Don Juan Carlos I, Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las diferencias de protección jurídica de las bases de datos en las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea inciden de forma directa y negativa en la libertad de las personas físicas y jurídicas de suministrar bienes y prestar servicios en el sector de las bases de datos.
El riesgo de que dichas diferencias, especialmente en el sector de las bases de datos de acceso en línea, se agudicen a medida que los Estados miembros adopten nuevas disposiciones en un ámbito que está cobrando una dimensión cada vez más internacional ha motivado que el Parlamento Europeo y el Consejo, mediando la propuesta inicial de la Comisión, hayan adoptado la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

El objeto de la presente Ley es el de incorporar al Derecho español dicha Directiva, a fin de cumplir el mandato comunitario asumido por España al incorporarse a la Comunidad Europea.
Razones de eficacia y economía legislativa justifican que dicha incorporación se realice directamente en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Con ello, se quiere evitar una proliferación de textos diferentes y facilitar a los destinatarios de la norma el acceso y la utilización de la normativa actual sobre propiedad intelectual.

La Ley se divide en tres capítulos dedicados, respectivamente, al derecho de autor, al derecho sui generis y a otras disposiciones. El texto está constituido en total por siete artículos, dos disposiciones derogatorias y una disposición final única.

Al regular en capítulos separados los derechos de autor y el sui generis, se sigue la estructura de la Directiva objeto de transposición. Dicha separación es necesaria en la medida en que existe una neta distinción entre ambos tipos de protección.

Así, por una parte, el derecho de autor se reconoce sobre la base de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituya creación intelectual, sin perjuicio -en su caso- de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Se exige, por tanto, al igual que en el resto de las obras incluidas en el libro I del texto refundido, el elemento de la originalidad como requisito sine qua non para aplicar la protección mediante los derechos de autor. Esta protección a través de los derechos de autor podrá aplicarse igualmente a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el tesauro y los sistemas de indexación.

Por lo que respecta, en segundo lugar, al denominado derecho sui generis, que constituye una innovación en la mayor parte de los ordenamientos de los países comunitarios, la protección se refiere a ámbitos distintos a los abarcados por el derecho de autor, ya que su titularidad corresponde al fabricante de la base de datos, exigiéndose determinados requisitos para que dicho derecho pueda reivindicarse. En efecto, el objeto de dicho derecho sui generis es el de garantizar la protección de una inversión sustancial, desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, en la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos. Esta protección se aplica con independencia de que la base de datos o su contenido estén protegidos por el derecho de autor, los derechos reconocidos en los Títulos I a VII del Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, u otros derechos, y sin perjuicio de ellos.

Al seguirse la técnica de inserción directa en el texto refundido, la Ley sólo incide en aquellos aspectos que constituyen una novedad, no haciéndose referencia a aquellos otros que supondrían una reiteración con el citado texto refundido.

De este modo, se ha respetado la estructura diseñada en el Título II del Libro I del texto refundido de 1996, que en sus tres capítulos se refiere respectivamente al sujeto, objeto y contenido. Por lo que se refiere a los artículos incluidos en estos capítulos no ha sido preciso introducir ninguna modificación en los que integran el capítulo I de dicho Título II, relativo a los sujetos, por ser coincidentes en este punto los supuestos de la Directiva objeto de transposición y los de nuestro texto refundido.

No sucede lo mismo respecto a ciertos artículos que hacen referencia al objeto y contenido de la Directiva. En este caso, al elaborar la Ley de transposición se han introducido ligeros retoques en los artículos correspondientes. Dada la amplitud de la redacción de estos artículos no hubiese sido imprescindible introducir reformas en los mismos, sin embargo se ha optado por esta técnica a efectos de facilitar la interpretación en lo referido a las bases de datos.

Así, en primer lugar, y por lo que se refiere al artículo 1 de la Ley, se da una nueva redacción al artículo 12 del texto refundido dedicado al objeto.

Por lo que respecta a los derechos de explotación, regulados en el capítulo III del Título II del texto refundido, no ha sido preciso modificar los artículos 18, dedicado al derecho de reproducción, y 19, regulador del derecho de distribución.

Por lo que hace al primero de ellos, el artículo 18, los amplios términos de dicho artículo amparan tanto la reproducción permanente de la base de datos como la temporal o provisional y cualquiera que sea el medio o la forma de ésta. En el caso del artículo 19, el hecho de que esta Directiva 96/9/CE sea la quinta que, en materia de propiedad intelectual, se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, ha hecho innecesario modificarlo, pues el sistema de agotamiento en caso de primera venta en el territorio de la Unión Europea ya está incorporado en el texto refundido. La cuestión del agotamiento de este derecho de distribución no se plantea, por otra parte, en el caso de bases de datos en línea que entran en el marco de la prestación de servicios. Cada prestación en línea es un acto que requerirá autorización.

No sucede lo mismo, sin embargo, en el caso de los artículos 20 y 21 del texto de 1996. En concreto, el artículo 2 de la Ley da una nueva redacción a la letra i del apartado 2 del artículo 20 del texto refundido, a la vez que adiciona una nueva letra j; el contenido de las mencionadas letras procede del desdoblamiento de la letra i del texto de 1996, refiriéndose, respectivamente, al contenido de la base de datos -letra i-, y a la base de datos misma -letra j-.

Al derecho de transformación del artículo 21 del texto refundido, el artículo 3 de la Ley añade un párrafo segundo a su número 1. La adición del término reordenación, procedente de la Directiva 96/9/CE, en el mismo apartado en que se define el concepto de transformación, precisa, para el caso de las bases de datos protegidas por el derecho de autor, el acto de modificación que, para este supuesto concreto, quedará cubierto por dicho derecho; asimismo, su número 2 ha sido aclarado acomodando su redacción a la que se desprende del artículo 5.e de la Directiva.
Finalmente, por lo que respecta al derecho de autor, el artículo 4 de la Ley introduce modificaciones en el capítulo del texto refundido relativo a los límites.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley crea otros dos, el 40 bis y el 40 ter, el primero de ellos, no sólo a los efectos de incorporar el punto 3 del artículo 6 de la Directiva, sino, además, a los efectos de ampliar su alcance en el mismo sentido que el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el artículo 10 del reciente Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor. Por lo que respecta al artículo 40 ter, éste se ocupa de la salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales en relación con la protección de las bases de datos contemplada en el libro I.

No procede tampoco incorporar el artículo 12 de la Directiva, dedicado a las sanciones, ya que el Título I del Libro III del texto refundido regula ampliamente las acciones y procedimientos.

El capítulo II de la Ley se dedica al derecho sui generis.

Dado que este derecho constituye una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido preciso crear un nuevo Título VIII en el Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual dedicado a esta materia, integrado por cinco artículos numerados del 133 al 137, ambos inclusive, que se ocupan de los distintos aspectos de la protección de este derecho.

Por otra parte, se añade un nuevo artículo 164 en el Libro IV del texto refundido, para ocuparse de los beneficiarios de la protección del derecho sui generis.

El capítulo III de la Ley crea, mediante un único artículo, cuatro nuevas disposiciones transitorias para incorporar el juego de los plazos de aplicación del contenido de la Directiva 96/9/CE.
La razón de la disposición derogatoria primera de esta Ley reside en que la letra c del número 3 del artículo 20 del texto refundido de 1996 transpuso el artículo 4.2 de la Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación de la Directiva 93/83/CEE sobre el cable y satélite. El mencionado artículo 4.2 introdujo indebidamente con carácter de permanencia un precepto que realmente se refería a una situación transitoria, que se recogía a su vez en la disposición transitoria única de la precitada Ley 28/1995; en consecuencia, y a instancias de la Comisión Europea, se procede a la referida derogación.

CAPÍTULO I. DERECHO DE AUTOR.

Artículo Primero.
El artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrá la siguiente redacción:

Artículo 12. Colecciones. Bases de datos.

1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.

2. A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

3. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.

 

Artículo Segundo.

1. La letra i del apartado 2 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrá la siguiente redacción:

i. El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de la presente Ley.

2. Se adiciona al apartado 2 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el párrafo de la nueva letra j cuyo contenido será el siguiente:

j. La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de datos protegida por el Libro I de la presente Ley.

 

Artículo Tercero.

El artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrá la siguiente redacción:

Artículo 21. Transformación.

1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma.

2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.

 

Artículo Cuarto.

1. El Título III del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrá la siguiente denominación: Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones legales.

2. Los artículos 31, 34 y 35 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrán la siguiente redacción:

Artículo 31. Reproducción sin autorización.

1. Las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor y sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley, en los siguientes casos:

1. Como consecuencia o para constancia en un procedimiento judicial o administrativo.

2. Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99.a de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

3. Para uso privado de invidentes, siempre que la reproducción se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que las copias no sean objeto de utilización lucrativa.

Artículo 34. Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de datos.

1. El usuario legítimo de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley o de copias de la misma, podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo de ese autor. En la medida en que el usuario legítimo esté autorizado a utilizar sólo una parte de la base de datos, esta disposición será aplicable únicamente a dicha parte.

Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno derecho.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, no se necesitará la autorización del autor de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley y que haya sido divulgada:

a. Cuando tratándose de una base de datos no electrónica se realice una reproducción con fines privados.

b. Cuando la utilización se realice con fines de ilustración de la enseñanza o de investigación científica siempre que se lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga e indicando en cualquier caso su fuente.

c. Cuando se trate de una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.

Artículo 35. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas.

1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.

2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.

 

3. Se añade un artículo al capítulo II del Título III del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que llevará el número 40 bis y que tendrá la siguiente redacción:

Artículo 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo.

Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.

 

4. Se añade bajo la denominación: Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales, un capítulo III al Título III del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

El capítulo mencionado en el párrafo anterior figurará integrado por un solo artículo que llevará el número 40 ter y que tendrá la siguiente redacción:

Artículo 40 ter. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales.

Lo dispuesto en los artículos del presente Libro I, sobre la protección de las bases de datos, se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido de cualesquiera de esas bases, tales como las relativas a otros derechos de propiedad intelectual, derecho «sui generis», sobre una base de datos, derecho de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos, protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el acceso a los documentos públicos.

 

CAPÍTULO II. DERECHO SUI GENERIS.

 

Artículo Quinto.

La denominación del actual Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, será la de: De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección «sui generis» de las bases de datos.

 

Artículo Sexto.

1. El Título VII del Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrá la siguiente denominación: Disposiciones comunes a los otros derechos de propiedad intelectual.

2. Los artículos 131 y 132 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, tendrán la siguiente redacción:

Artículo 131. Cláusula de salvaguardia de los derechos de autor.
Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en este Libro II se entenderán sin perjuicio de los que correspondan a los autores.

Artículo 132. Aplicación subsidiaria de disposiciones del Libro I.
Las disposiciones contenidas en la sección II del capítulo III del Título II y en el capítulo II del Título III, ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en el presente Libro.

3. Se añade un nuevo Título al Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que tendrá la siguiente denominación y contenido:

TÍTULO VIII. Derecho «sui generis» sobre las bases de datos.

Artículo 133. Objeto de protección.

1. El derecho «sui generis» sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

Mediante el derecho al que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el artículo 12.2 del presente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, no estarán autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base.

3. A los efectos del presente Título se entenderá por:

a. Fabricante de la base de datos, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido.

b. Extracción, la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice.

c. Reutilización, toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas. A la distribución de copias en forma de venta en el ámbito de la Unión Europea le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 de la presente Ley.

4. El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.

Artículo 134. Derechos y obligaciones del usuario legítimo.

1. El fabricante de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá impedir al usuario legítimo de dicha base extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin a que se destine.

En los supuestos en que el usuario legítimo esté autorizado a extraer y/o reutilizar sólo parte de la base de datos, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará únicamente a dicha parte.

2. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá efectuar los siguientes actos:

a. Los que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base.

b. Los que perjudiquen al titular de un derecho de autor o de uno cualquiera de los derechos reconocidos en los Títulos I a VI del Libro II de la presente Ley que afecten a obras o prestaciones contenidas en dicha base.

3. Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno derecho.

Artículo 135. Excepciones al derecho «sui generis».

1. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta haya sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma, en los siguientes casos:

a. Cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica.

b. Cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente.

c. Cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.

2. Las disposiciones del apartado anterior no podrán interpretarse de manera tal que permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal del objeto protegido.

Artículo 136. Plazo de protección.

1. El derecho contemplado en el artículo 133 nacerá en el mismo momento en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos, y expirará quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso.

2. En los casos de bases de datos puestas a disposición del público antes de la expiración del período previsto en el apartado anterior, el plazo de protección expirará a los quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

3. Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio.

Artículo 137. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones.

Lo dispuesto en el presente Título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido de una base de datos tales como las relativas al derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual, al derecho de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos, protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el acceso a los documentos públicos.

 

4. Como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior, los artículos 133 a 158, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, irán numerados del 138 al 163 inclusive.

Asimismo, en los artículos que a continuación se enumeran se introducen las siguientes modificaciones:

* Artículo 20.4.f: Donde dice: artículo 153, debe decir: artículo 158.

* Artículo 25:
o Número 10: donde dice: artículo 154, debe decir: artículo 159.
o Número 20: donde dice: artículo 137, debe decir: artículo 142.
o Número 23: donde dice: artículo 149, debe decir: artículo 154.

* Artículo 103:
o Donde dice: artículo 137.3.a, párrafo segundo, debe decir: artículo 142.3.a, párrafo segundo.
o Donde dice: artículo 136.3, debe decir: artículo 141.3.
o Donde dice: artículo 134.2, debe decir: artículo 139.2.

* Artículo 138:
o Donde dice: artículo 134, debe decir: artículo 139.
o Donde dice: artículo 135, debe decir: artículo 140.
o Donde dice: artículo 136, debe decir: artículo 141.

* Artículo 143:
o Donde dice: artículo 136, debe decir: artículo 141.
o Donde dice: artículo 137, debe decir: artículo 142.

* Artículo 159:
o Número 1: donde dice: artículo 143, debe decir: artículo 148; donde dice: artículo 144, debe decir: artículo 149.
o Número 3: donde dice: artículo 151, debe decir: artículo 156.

 

5. Se añade un nuevo artículo al Libro IV del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con la siguiente numeración, rótulo y contenido:

Artículo 164. Beneficiarios de la protección del derecho «sui generis».

1. El derecho contemplado en el artículo 133 se aplicará a las bases de datos cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la Unión Europea.

2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el mencionado territorio únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro.

 

 

CAPÍTULO III. OTRAS DISPOSICIONES.

 

Artículo Séptimo.

Se añaden cuatro disposiciones transitorias al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con la siguiente numeración, rótulo y contenido:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA. Aplicación de la protección prevista en el Libro I, a las bases de datos finalizadas antes del 1 de enero de 1998.

La protección prevista en la presente Ley, en lo que concierne al derecho de autor, se aplicará también a las bases de datos finalizadas antes del 1 de enero de 1998, siempre que cumplan en la mencionada fecha los requisitos exigidos por esta Ley, respecto de la protección de bases de datos por el derecho de autor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSEXTA. Aplicación de la protección prevista en el Libro II, en lo relativo al derecho «sui generis» a las bases de datos finalizadas dentro de los quince años anteriores al 1 de enero de 1998.

1. La protección prevista en el artículo 133 de la presente Ley, en lo que concierne al derecho sui generis, se aplicará igualmente a las bases de datos cuya fabricación se haya terminado durante los quince años precedentes al 1 de enero de 1998 siempre que cumplan en dicha fecha los requisitos exigidos en el artículo 133 de la presente Ley.

2. El plazo de los quince años de protección sobre las bases de datos a las que se refiere el apartado anterior se contará a partir del 1 de enero de 1998.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSÉPTIMA. Actos concluidos y derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998 en relación con la protección de las bases de datos.

La protección prevista en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOCTAVA. Aplicación a las bases de datos finalizadas entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998 de la protección prevista en el Libro I y en el Libro II, respecto al derecho sui generis.

 

La protección prevista en la presente Ley en lo que concierne al derecho de autor, así como la establecida en el artículo 133 de la misma, respecto al derecho sui generis se aplicará asimismo a las bases de datos finalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA. Derogación de la letra c del apartado 3 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Queda derogada la letra c del apartado 3 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de abril de 1998.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 6 de marzo de 1998.
Juan Carlos R.

El Presidente del Gobierno,
José María Aznar López.

01Ene/14

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01Ene/14

Legislación Informática de Argentina. Disposición 8/2006 de la DNPDP de 8 de mayo de 2006

VISTO, las competencias atribuidas a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES por la Ley nº 25.326 y su Decreto Reglamentario nº 1558 del 29 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas esta Dirección Nacional emite dictámenes en los que manifiesta su opinión acerca de los alcances de la Ley nº 25.326 y el Decreto nº 1.558/01.

Que el principio republicano de la publicidad de los actos públicos exige que la documentación de los organismos del Estado sea accesible por el público en general.

Que además constituye un acto de transparencia dar a publicidad la gestión de esta Dirección Nacional.

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha plasmado estos principios con el dictado del Decreto nº 1.172/01.

Que la finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz, según lo establece el artículo 4º del Anexo VII del decreto citado en el párrafo precedente.

Que se considera que la publicación de los citados dictámenes resultará de sumo interés para la comunidad ya que facilitará el conocimiento de la labor de interpretación que hace esta Dirección Nacional en su condición de órgano de control de la Ley nº 25.326. «2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo»

Que se estima que ello redundará en un fortalecimiento de la cultura de protección de datos personales.

Que en razón de ello corresponde disponer la publicación de los dictámenes de esta Dirección Nacional en la página web de la dependencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1, apartado b) de la Ley nº 25.326 y el artículo 29, inciso 5, apartado a) del Anexo I del Decreto nº 1558 del 29 de noviembre de 2001.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

 

DISPONE:

 

Artículo1º.- Ordénase la publicación de los dictámenes de esta Dirección Nacional en la página web de la dependencia.

 

Artículo 2º.– Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

 

 

01Ene/14

EXPERTO EN COMERCIO ELECTRÓNICO

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01Ene/14

CONSTITUTION 13.03.1973

PREAMBLE
The Arab nation managed to perform a great role in building human civilization when it was a unified nation. When the ties of its national cohesion weakened, its civilizing role receded and the waves of colonial conquest shattered the Arab nation's unity, occupied its territory, and plundered its resources. Our Arab nation has withstood these challenges and rejected the reality of division, exploitation, and backwardness out of its faith in its ability to surmount this reality and return to the arena of history in order to play, together with the other liberated nations, its distinctive role in the construction of civilization and progress.
With the close of the first half of this century, the Arab people's struggle has been expanding and assuming greater importance in various countries to achieve liberation from direct colonialism.
The Arab masses did not regard independence as their goal and the end of their sacrifices, but as a means to consolidate their struggle, and as an advanced phase in their continuing battle against the forces of imperialism, Zionism, and exploitation under the leadership of their patriotic and progressive forces in order to achieve the Arab nation's goals of unity, freedom, and socialism.
In the Syrian Arab region, the masses of our people continued their struggle after independence. Through their progressive march they were able to achieve their big victory by setting off the revolution of 8 March 1963 under the leadership of the Socialist Arab Baath Party, which has made authority an instrument to serve the struggle for the construction of the United Socialist Arab society.
The Socialist Arab Baath Party is the first movement in the Arab homeland which gives Arab unity its sound revolutionary meaning, connects the nationalist with the socialist struggle, and represents the Arab nation's will and aspirations for a future that will bind the Arab nation with its glorious past and will enable it to carry out its role in achieving victory for the cause of freedom of all the peoples.
Through the party's militant struggle, the 16 Nov 1970 corrective movement responded to our people's demands and aspirations. This corrective movement was an important qualitative development and a faithful reflection of the party's spirit, principles, and objectives. It created the appropriate atmosphere for the fulfillment of a number of significant projects in the interest of our large masses, primarily the emergence of the state of the Confederation of Arab Republics in response to the call for unity, which figures prominently in the Arab conscience, which was buttressed by the joint Arab struggle against imperialism and Zionism, regionalist disputes, and separatist movements, and which was confirmed by the contemporary Arab revolution against domination and exploitation.
Under the aegis of the corrective movement, an important stop was taken on the road leading to the consolidation of national unity for our popular masses. Under the leadership of the socialist Arab Baath Party, a national and progressive front with developed conceptions emerged in such a manner as to meet our people's needs and interests and proceed toward unifying the instrument of the Arab revolution in a unified political organization.
The completion of this Constitution crowns our people's struggle on the road of the principle of popular democracy, is a clear guide for the people's march toward the future and a regulator of the movement of the state and its various institutions, and is a source of its legislation.
The Constitution is based on the following major principles:
1) The comprehensive Arab revolution is an existing and continuing necessity to achieve the Arab nation's aspirations for unity, freedom, and socialism. The revolution in the Syrian Arab region is part of the comprehensive Arab revolution. Its policy in all areas stems from the general strategy of the Arab revolution.
2) Under the reality of division, all the achievements by any Arab country will fail to fully achieve their scope and will remain subject to distortion and setback unless these achievements are buttressed and preserved by Arab unity. Likewise, any danger to which any Arab country may be exposed on the part of imperialism and Zionism is at the same time a danger threatening the whole Arab nation.
3) The march toward the establishment of a socialist order besides being a necessity stemming from the Arab society's needs, is also a fundamental necessity for mobilizing the potentialities of the Arab masses in their battle with Zionism and imperialism.
4) Freedom is a sacred right and popular democracy is the ideal formulation which insures for the citizen the exercise of his freedom which makes him a dignified human being capable of giving and building, defending the homeland in which he lives, and making sacrifices for the sake of the nation to which he belongs. The homeland's freedom can only be preserved by its free citizens. The citizen's freedom can be completed only by his economic and social liberation.
5) The Arab revolution movement is a fundamental part of the world liberation movement. Our Arab people's struggle forms a part of the struggle of the peoples for their freedom, independence, and progress.
This constitution serves as a guide for action to our people's masses so that they will continue the battle for liberation and construction guided by its principles and provisions in order to strengthen the positions of our people's struggle and to drive their march toward the aspired future.

CHAPTER I. BASIC PRINCIPLES

PART 2. ECONOMIC PRINCIPLES

Article 14 Ownership
The law regulates ownership, which is of three kinds:
1. Public ownership includes natural resources, public utilities, and nationalized installations and establishments, as well as installations and establishments set up by the state. The state undertakes to exploit and to supervise the administration of this property in the interest of the entire people. It is the duty of the citizens to protect this property.
2. Collective ownership includes the property belonging to popular and professional organizations and to production units, cooperatives, and other social establishments. The law guarantees its protection and support.
3. Individual ownership includes property belonging to individuals. The law defines its social task in serving the national economy within the framework of the development plan. This property should not be used in ways contrary to the people's interests.

PART 4. FREEDOM, RIGHTS, DUTIES

Article 25 Personal Freedom, Dignity, Equality
1. Freedom is a sacred right. The state protects the personal freedom of the citizens and safeguards their dignity and security.
2. The supremacy of law is a fundamental principle in the society and the state.
3. The citizens are equal before the law in their rights and duties.
4. The state insures the principle of equal opportunities for citizens

Article 31 Home
Homes are inviolable. They may not be entered or searched except under conditions specified by law.

Article 32 Secrecy of Communication
The privacy of postal and telegraphic contacts is guaranteed

01Ene/14

Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 (Bogotá)

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (1)

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENTADOS EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA,

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones;

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;

Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir, cada día más, una intensa cooperación continental;

Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente;

Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y

De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de México,

 

HAN CONVENIDO EN SUSCRIBIR LA SIGUIENTE

 

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

 

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I.- NATURALEZA Y PROPOSITOS

Artículo 1º

Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional.

La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros.

Artículo 2º

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales:

a)       Afianzar la paz y la seguridad del Continente;

b)       Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;

c)       Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros;

d)       Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;

e)        Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;

f)         Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;

g)        Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y

h)        Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.

 

CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS

Artículo 3º

Los Estados americanos reafirman los siguientes principios:

a)     El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas.

b)     El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

c)     La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.

d)     La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.

e)     Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

f)     La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos.

g)     Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos.

h)     La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos.

i)      Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos.

j)      La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera.

k)     La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente.

l)      Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.

m)    La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana.

n)     La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.

 

CAPÍTULO III.- MIEMBROS

Artículo 4º

Son miembros de la Organización todos los Estados americanos que ratifiquen la presente Carta.

Artículo 5º

En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la unión de varios de sus Estados miembros y que como tal ratifique esta Carta. El ingreso de la nueva entidad política en la Organización producirá, para cada uno de los Estados que la constituyen, la pérdida de la calidad de miembro de la Organización.

Artículo 6º

Cualquier otro Estado americano independiente que quiera ser miembro de la Organización, deberá manifestarlo mediante nota dirigida al Secretario General, en la cual indique que está dispuesto a firmar y ratificar la Carta de la Organización así como a aceptar todas las obligaciones que entraña la condición de miembro, en especial las referentes a la seguridad colectiva, mencionadas expresamente en los artículos 28 y 29 de la Carta.

Artículo 7º

La Asamblea General, previa recomendación del Consejo Permanente de la Organización, determinará si es procedente autorizar al Secretario General para que permita al Estado solicitante firmar la Carta y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo Permanente, como la decisión de la Asamblea General, requerirán el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.

Artículo 8º

La condición de miembro de la Organización estará restringida a los Estados independientes del Continente que al 10 de diciembre de 1985 fueran miembros de las Naciones Unidas y a los territorios no autónomos mencionados en el documento OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, del 5 de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia.

Artículo 9º

Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado.

a)  La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado.

b)  La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.

c)  La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General.

d)  La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado.

e)  El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización.

f)   La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros.

g)  Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformidad con la presente Carta.

 

CAPÍTULO IV.- DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS

Artículo 10

Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional.

Artículo 11

Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional.

Artículo 12

Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna.

Artículo 13

La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho internacional.

Artículo 14

El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que, para uno y otro, determina el derecho internacional.

Artículo 15

El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado.

Artículo 16

La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros.

Artículo 17

Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal.

Artículo 18

El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos.

Artículo 19

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20

Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21

El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Artículo 22

Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados.

Artículo 23

Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 19 y 21.

 

CAPÍTULO V.- SOLUCIÓN PACIFICA DE CONTROVERSIAS

Artículo 24

Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta.

Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 25

Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes.

Artículo 26

Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución.

Artículo 27

Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable.

 

CAPÍTULO VI.- SEGURIDAD COLECTIVA

Artículo 28

Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos.

Artículo 29

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los Estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales, existentes en la materia.

 

CAPÍTULO VII.- DESARROLLO INTEGRAL

Artículo 30

Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo.

Artículo 31

La cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de los Estados miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes de desarrollo, sin ataduras ni condiciones de carácter político.

Artículo 32

La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser continua y encauzarse preferentemente a través de organismos multilaterales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida entre Estados miembros.

Los Estados miembros contribuirán a la cooperación interamericana para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y de conformidad con sus leyes.

Artículo 33

El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que permita y contribuya a la plena realización de la persona humana.

Artículo 34

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:

a)   Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita;

b)     Distribución equitativa del ingreso nacional;

c)     Sistemas impositivos adecuados y equitativos;

d)     Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines;

e)     Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital e intermedios;

f)     Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia social;

g)    Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;

h)     Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la educación;

i)      Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;

j)      Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;

k)     Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;

l)       Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;

m)     Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la acción del sector público, y

n)       Expansión y diversificación de las exportaciones.

Artículo 35

Los Estados miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros.

Artículo 36

Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores.

Artículo 37

Los Estados miembros convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas urgentes o graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o estabilidad económicos, de cualquier Estado miembro, se vieren seriamente afectados por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado.

Artículo 38

Los Estados miembros difundirán entre sí los beneficios de la ciencia y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados vigentes y leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los conocimientos científicos y técnicos.

Artículo 39

Los Estados miembros, reconociendo la estrecha interdependencia que hay entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conseguir:

a)            Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para los productos de los países en desarrollo de la región, especialmente por medio de la reducción o eliminación, por parte de los países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectan las exportaciones de los Estados miembros de la Organización, salvo cuando dichas barreras se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los Estados miembros menos desarrollados e intensificar su proceso de integración económica, o cuando se relacionen con la seguridad nacional o las necesidades del equilibrio económico;

b)  La continuidad de su desarrollo económico y social mediante:

i.        Mejores condiciones para el comercio de productos básicos por medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; procedimientos ordenados de comercialización que eviten la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a promover la expansión de mercados y a obtener ingresos seguros para los productores, suministros adecuados y seguros para los consumidores, y precios estables que sean a la vez remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores;

ii.        Mejor cooperación internacional en el campo financiero y adopción de otros medios para aminorar los efectos adversos de las fluctuaciones acentuadas de los ingresos por concepto de exportaciones que experimenten los países exportadores de productos básicos;

iii.       Diversificación de las exportaciones y ampliación de las oportunidades para exportar productos manufacturados y semimanufacturados de países en desarrollo, y

iv.       Condiciones favorables al incremento de los ingresos reales provenientes de las exportaciones de los Estados miembros, especialmente de los países en desarrollo de la región, y al aumento de su participación en el comercio internacional.

Artículo 40

Los Estados miembros reafirman el principio de que los países de mayor desarrollo económico, que en acuerdos internacionales de comercio efectúen concesiones en beneficio de los países de menor desarrollo económico en materia de reducción y eliminación de tarifas u otras barreras al comercio exterior, no deben solicitar de esos países concesiones recíprocas que sean incompatibles con su desarrollo económico y sus necesidades financieras y comerciales.

Artículo 41

Los Estados miembros, con el objeto de acelerar el desarrollo económico, la integración regional, la expansión y el mejoramiento de las condiciones de su comercio, promoverán la modernización y la coordinación de los transportes y de las comunicaciones en los países en desarrollo y entre los Estados miembros.

Artículo 42

Los Estados miembros reconocen que la integración de los países en desarrollo del Continente es uno de los objetivos del sistema interamericano y, por consiguiente, orientarán sus esfuerzos y tomarán las medidas necesarias para acelerar el proceso de integración, con miras al logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano.

Artículo 43

Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados miembros se comprometen a dar adecuada prioridad a la preparación y ejecución de proyectos multinacionales y a su financiamiento, así como a estimular a las instituciones económicas y financieras del sistema interamericano para que continúen dando su más amplio respaldo a las instituciones y a los programas de integración regional.

Artículo 44

Los Estados miembros convienen en que la cooperación técnica y financiera, tendiente a fomentar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el principio del desarrollo armónico, equilibrado y eficiente, asignando especial atención a los países de menor desarrollo relativo, de manera que constituya un factor decisivo que los habilite a promover, con sus propios esfuerzos, el mejor desarrollo de sus programas de infraestructura, nuevas líneas de producción y la diversificación de sus exportaciones.

Artículo 45

       Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos:

a)     Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica;

b)     El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;

c)     Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva;

d)     Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración entre los sectores de la producción, tomando en cuenta la protección de los intereses de toda la sociedad;

e)     El funcionamiento de los sistemas de administración pública, banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en armonía con el sector privado, responda a los requerimientos e intereses de la comunidad;

f)     La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad;

g)     El reconocimiento de la importancia de la contribución de las organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo;

h)       Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, e

i)   Disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la debida asistencia legal para hacer valer sus derechos.

Artículo 46

       Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad.

Artículo 47

       Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.

Artículo 48

       Los Estados miembros cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades educacionales, promover la investigación científica e impulsar el adelanto tecnológico para su desarrollo integral, y se considerarán individual y solidariamente comprometidos a preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos.

Artículo 49

       Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases:

a)    La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será gratuita;

b)    La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la formación general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país, y

c)    La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes.

Artículo 50

       Los Estados miembros prestarán especial atención a la erradicación del analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de adultos y habilitación para el trabajo; asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empleo de todos los medios de difusión para el cumplimiento de estos propósitos.

Artículo 51

       Los Estados miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante actividades de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico y programas de difusión y divulgación, estimularán las actividades en el campo de la tecnología con el propósito de adecuarla a las necesidades de su desarrollo integral, concertarán eficazmente su cooperación en estas materias, y ampliarán sustancialmente el intercambio de conocimientos, de acuerdo con los objetivos y leyes nacionales y los tratados vigentes.

Artículo 52

       Los Estados miembros acuerdan promover, dentro del respeto debido a la personalidad de cada uno de ellos, el intercambio cultural como medio eficaz para consolidar la comprensión interamericana y reconocen que los programas de integración regional deben fortalecerse con una estrecha vinculación en los campos de la educación, la ciencia y la cultura.

 

SEGUNDA PARTE

 

CAPÍTULO VIII.- DE LOS ÓRGANOS

Artículo 53

       La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de:

       a)     La Asamblea General;

       b)     La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;

       c)     Los Consejos;

       d)     El Comité Jurídico Interamericano;

       e)     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

       f)     La Secretaría General;

       g)     Las Conferencias Especializadas, y

       h)     Los Organismos Especializados.

       Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen necesarios.

 

CAPÍTULO IX.- LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 54

       La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las siguientes:

a)       Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos;

b)    Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del sistema interamericano;

c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados;

d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los Estados Americanos;

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados miembros;

f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera;

g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y

h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.

       La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos.

Artículo 55

       La Asamblea General establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa. Para tomar decisiones en asuntos presupuestarios, se necesita la aprobación de los dos tercios de los Estados miembros.

Artículo 56

       Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto.

Artículo 57

       La Asamblea General se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En cada período ordinario de sesiones se determinará, de acuerdo con el reglamento, la fecha y sede del siguiente período ordinario.

Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere celebrarse en la sede escogida, se reunirá en la Secretaría General, sin perjuicio de que si alguno de los Estados miembros ofreciere oportunamente sede en su territorio, el Consejo Permanente de la Organización pueda acordar que la Asamblea General se reúna en dicha sede.

Artículo 58

       En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de los Estados miembros, el Consejo Permanente convocará a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Artículo 59

Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los Estados miembros, salvo los casos en que se requiere el voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la Carta, y aquellos que llegare a determinar la Asamblea General, por la vía reglamentaria.

Artículo 60

Habrá una Comisión Preparatoria de la Asamblea General, compuesta por representantes de todos los Estados miembros, que tendrá las siguientes funciones:

a)     Formular el proyecto de temario de cada período de sesiones de la   Asamblea General;

b) Examinar el proyecto de programa-presupuesto y el de resolución sobre cuotas, y presentar a la Asamblea General un informe sobre los mismos, con las recomendaciones que estime pertinentes, y

c)    Las demás que le asigne la Asamblea General.

El proyecto de temario y el informe serán transmitidos oportunamente a los Gobiernos de los Estados miembros.

 

CAPÍTULO X.- LA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

Artículo 61

       La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta.

Artículo 62

       Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decidirá por mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión.

Artículo 63

       El temario y el reglamento de la Reunión de Consulta serán preparados por el Consejo Permanente de la Organización y sometidos a la consideración de los Estados miembros.

Artículo 64

       Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país no pudiere concurrir a la Reunión, se hará representar por un Delegado Especial.

Artículo 65

       En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano o dentro de la región de seguridad que delimita el tratado vigente, el Presidente del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora para determinar la convocatoria de la Reunión de Consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por lo que atañe a los Estados Partes en dicho instrumento.

Artículo 66

       Se establece un Comité Consultivo de Defensa para asesorar al Órgano de Consulta en los problemas de colaboración militar que puedan suscitarse con motivo de la aplicación de los tratados especiales existentes en materia de seguridad colectiva.

Artículo 67

       El Comité Consultivo de Defensa se integrará con las más altas autoridades militares de los Estados americanos que participen en la Reunión de Consulta. Excepcionalmente los Gobiernos podrán designar sustitutos. Cada Estado tendrá derecho a un voto.

Artículo 68

       El Comité Consultivo de Defensa será convocado en los mismos términos que el Órgano de Consulta, cuando éste haya de tratar asuntos relativos a la defensa contra la agresión.

Artículo 69

       Cuando la Asamblea General o la Reunión de Consulta o los Gobiernos, por mayoría de dos terceras partes de los Estados miembros, le encomienden estudios técnicos o informes sobre temas específicos, el Comité se reunirá también para ese fin.

 

CAPÍTULO XI.- LOS CONSEJOS DE LA ORGANIZACIÓN

Disposiciones Comunes

Artículo 70

       El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 71

       Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en cada uno de los consejos. Cada Estado tiene derecho a un voto.

Artículo 72

       Dentro de los límites de la Carta y demás instrumentos interamericanos, los consejos podrán hacer recomendaciones en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 73

       Los consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán presentar estudios y propuestas a la Asamblea General, someterle proyectos de instrumentos internacionales y proposiciones referentes a la celebración de Conferencias Especializadas, a la creación, modificación, o supresión de organismos especializados y otras entidades interamericanas, así como sobre la coordinación de sus actividades. Igualmente los consejos podrán presentar estudios, propuestas y proyectos de instrumentos internacionales a las Conferencias Especializadas.

Artículo 74

       Cada consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su competencia, Conferencias Especializadas, previa consulta con los Estados miembros y sin tener que recurrir al procedimiento previsto en el artículo 122.

Artículo 75

       Los consejos, en la medida de sus posibilidades y con la cooperación de la Secretaría General, prestarán a los Gobiernos los servicios especializados que éstos soliciten.

Artículo 76

       Cada consejo está facultado para requerir del otro, así como de los órganos subsidiarios y de los organismos que de ellos dependen, que le presten, en los campos de sus respectivas competencias, información y asesoramiento. Los consejos podrán igualmente solicitar los mismos servicios de las demás entidades del sistema interamericano.

Artículo 77

       Con la aprobación previa de la Asamblea General, los consejos podrán crear los órganos subsidiarios y los organismos que consideren convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea General no estuviere reunida, dichos órganos y organismos podrán ser establecidos provisionalmente por el consejo respectivo. Al integrar estas entidades, los consejos observarán, en lo posible, los principios de rotación y de equitativa representación geográfica.

Artículo 78

       Los consejos podrán celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro, cuando así lo estimen conveniente y previa aquiescencia del respectivo Gobierno.

Artículo 79

       Cada consejo redactará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General y aprobará su reglamento y los de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones.

CAPÍTULO XII.- EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 80

       El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo con la categoría de embajador. Cada Gobierno podrá acreditar un representante interino, así como los representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente.

Artículo 81

       La presidencia del Consejo Permanente será ejercida sucesivamente por los representantes en el orden alfabético de los nombres en español de sus respectivos países y la vicepresidencia en idéntica forma, siguiendo el orden alfabético inverso.

       El presidente y el vicepresidente desempeñarán sus funciones por un período no mayor de seis meses, que será determinado por el estatuto.

Artículo 82

       El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomienden la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 83

       El Consejo Permanente actuará provisionalmente como Órgano de Consulta de conformidad con lo establecido en el tratado especial sobre la materia.

Artículo 84

       El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias, de acuerdo con las disposiciones siguientes.

Artículo 85

       Con arreglo a las disposiciones de la Carta, cualquier Parte en una controversia en la que no se encuentre en trámite ninguno de los procedimientos pacíficos previstos en la Carta, podrá recurrir al Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, asistirá a las Partes y recomendará los procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia.

Artículo 86

       El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la anuencia de las Partes en la controversia, podrá establecer comisiones ad hoc.

Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en cada caso acuerde el Consejo Permanente con el consentimiento de las Partes en la controversia.

Artículo 87

       El Consejo Permanente podrá, asimismo, por el medio que estime conveniente, investigar los hechos relacionados con la controversia, inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes, previo consentimiento del Gobierno respectivo.

Artículo 88

       Si el procedimiento de solución pacífica de controversias recomendado por el Consejo Permanente, o sugerido por la respectiva comisión ad hoc dentro de los términos de su mandato, no fuere aceptado por alguna de las Partes, o cualquiera de éstas declarare que el procedimiento no ha resuelto la controversia, el Consejo Permanente informará a la Asamblea General, sin perjuicio de llevar a cabo gestiones para el avenimiento entre las Partes o para la reanudación de las relaciones entre ellas.

Artículo 89

       El Consejo Permanente, en el ejercicio de estas funciones, adoptará sus decisiones por el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, excluidas las Partes, salvo aquellas decisiones cuya aprobación por simple mayoría autorice el reglamento.

Artículo 90

       En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de controversias, el Consejo Permanente y la comisión ad hoc respectiva deberán observar las disposiciones de la Carta y los principios y normas de derecho internacional, así como tener en cuenta la existencia de los tratados vigentes entre las Partes.

Artículo 91

Corresponde también al Consejo Permanente:

a) Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad;

b) Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funciones administrativas;

c) Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en las condiciones determinadas por el artículo 60 de la Carta, a menos que la Asamblea General lo decida en forma distinta;

d) Preparar, a petición de los Estados miembros, y con la cooperación de los órganos apropiados de la Organización, proyectos de acuerdos para promover y facilitar la colaboración entre la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas o entre la Organización y otros organismos americanos de reconocida autoridad internacional. Estos proyectos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General;

e) Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones;

f) Considerar los informes del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, del Comité Jurídico Interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Secretaría General, de los organismos y conferencias especializados y de los demás órganos y entidades, y presentar a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones que estime del caso, y

g) Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.

Artículo 92

El Consejo Permanente y la Secretaría General tendrán la misma sede

 

CAPÍTULO XIII.- EL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Artículo 93

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone de un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo.

       Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podrá crear los órganos subsidiarios y los organismos que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones.

Artículo 94

       El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con las normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.

Artículo 95

       Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá:

       a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la Asamblea General.

       b) Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto de cooperación técnica, así como para las demás actividades del Consejo.

       c) Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como:

1)  Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente;

2)  Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de la investigación científica y tecnológica, a través de la cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural, y

3)  Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana.

Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos previstos en la Carta y en otras disposiciones de la Asamblea General.

       d) Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e internacionales, especialmente en lo referente a la coordinación de los programas interamericanos de cooperación técnica.

       e) Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el desarrollo integral, en cuanto a su desempeño en la consecución de las políticas, los programas y proyectos, en términos de su impacto, eficacia, eficiencia, aplicación de recursos, y de la calidad, entre otros, de los servicios de cooperación técnica prestados, e informar a la Asamblea General.

Artículo 96

       El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente, y podrá convocar la celebración de reuniones al mismo nivel para los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en áreas de su competencia. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por propia iniciativa, o para los casos previstos en el Artículo 37 de la Carta.

Artículo 97

       El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tendrá las Comisiones Especializadas No Permanentes que decida establecer y que se requieran para el mejor desempeño de sus funciones. Dichas comisiones tendrán la competencia, funcionarán y se integrarán conforme a lo que se establezca en el estatuto del Consejo.

Artículo 98

       La ejecución y, en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados se encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual informará sobre los resultados de ejecución de los mismos al Consejo.

CAPÍTULO XIV.- EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

Artículo 99

       El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.

Artículo 100

El Comité Jurídico Interamericano emprenderá los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o los consejos de la Organización. Además, puede realizar, a iniciativa propia, los que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas.

Artículo 101

       El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas nacionales de los Estados miembros, elegidos por un período de cuatro años, de ternas presentadas por dichos Estados. La Asamblea General hará la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la renovación parcial y procure, en lo posible, una equitativa representación geográfica. En el Comité no podrá haber más de un miembro de la misma nacionalidad.

       Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de los mandatos de los miembros del Comité, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización siguiendo los mismos criterios establecidos en el párrafo anterior.

Artículo 102

       El Comité Jurídico Interamericano representa al conjunto de los Estados miembros de la Organización, y tiene la más amplia autonomía técnica.

Artículo 103

       El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperación con las universidades, institutos y otros centros docentes, así como con las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgación de los asuntos jurídicos de interés internacional.

Artículo 104

       El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea General.

El Comité adoptará su propio reglamento.

Artículo 105

       El Comité Jurídico Interamericano tendrá su sede en la ciudad de Río de Janeiro, pero en casos especiales podrá celebrar reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente se designe, previa consulta con el Estado miembro correspondiente.

CAPÍTULO XV.- LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 106

       Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

       Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.

CAPÍTULO XVI.- LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 107

       La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los consejos.

Artículo 108

       El Secretario General de la Organización será elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General, el Secretario General Adjunto asumirá las funciones de aquél hasta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.

Artículo 109

       El Secretario General dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91, inciso b), es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General.

Artículo 110

       El Secretario General, o su representante, podrá participar con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización.

       El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros.

       Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejercerán de conformidad con la presente Carta.

Artículo 111

       En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las resoluciones pertinentes de los Consejos, la Secretaría General promoverá las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados miembros de la Organización, con especial énfasis en la cooperación para la eliminación de la pobreza crítica.

Artículo 112

       La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones:

a)       Transmitir ex oficio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las Conferencias Especializadas;

b)       Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y reglamentos;

c)       Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y entidades cuyos gastos deban ser incluidos en el programa-presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma;

d)       Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a las otras reuniones de la Organización;

e)       Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de las Conferencias Especializadas;

f)     Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos;

g)       Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y

h)       Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos nacionales e internacionales.

Artículo 113

       Corresponde al Secretario General:

a)       Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines, y

b)       Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos.

       El Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las normas generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General.

Artículo 114

       El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General Adjunto, el Consejo Permanente elegirá un sustituto que ejercerá dicho cargo hasta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.

Artículo 115

       El Secretario General Adjunto es el Secretario del Consejo Permanente. Tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario General y actuará como delegado suyo en todo aquello que le encomendare. Durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeñará las funciones de éste.

       El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser de distinta nacionalidad.

Artículo 116

       La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados miembros, puede remover al Secretario General o al Secretario General Adjunto, o a ambos, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización.

Artículo 117

       El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral.

Artículo 118

       En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización.

Artículo 119

       Los Estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza exclusivamente internacional de las responsabilidades del Secretario General y del personal de la Secretaría General y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

Artículo 120

       Para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible.

Artículo 121

La sede de la Secretaría General es la ciudad de Washington, D.C.

CAPÍTULO XVII.- LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS

Artículo 122

Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los consejos u Organismos Especializados.

Artículo 123

El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán preparados por los consejos correspondientes o por los Organismos Especializados interesados, y sometidos a la consideración de los Gobiernos de los Estados miembros.

CAPÍTULO XVIII.- LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Artículo 124

       Se consideran como Organismos Especializados Interamericanos, para los efectos de esta Carta, los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos.

Artículo 125

       La Secretaría General mantendrá un registro de los organismos que llenen las condiciones del artículo anterior, según la determinación de la Asamblea General, previo informe del respectivo consejo.

Artículo 126

       Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia autonomía técnica, pero deberán tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos, de conformidad con las disposiciones de la Carta.

Artículo 127

       Los Organismos Especializados enviarán a la Asamblea General informes anuales sobre el desarrollo de sus actividades y acerca de sus presupuestos y cuentas anuales.

Artículo 128

       Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especializados y la Organización serán determinadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario General, con la autorización de la Asamblea General.

Artículo 129

Los Organismos Especializados deben establecer relaciones de cooperación con organismos mundiales de la misma índole, a fin de coordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con organismos internacionales de carácter mundial, los Organismos Especializados Interamericanos deben mantener su identidad y posición como parte integrante de la Organización de los Estados Americanos, aun cuando desempeñen funciones regionales de los Organismos Internacionales.

Artículo 130

       En la ubicación de los Organismos Especializados se tendrán en cuenta los intereses de todos los Estados miembros y la conveniencia de que las sedes de los mismos sean escogidas con un criterio de distribución geográfica tan equitativa como sea posible.

 

TERCERA PARTE

 

CAPÍTULO XIX.- NACIONES UNIDAS

Artículo 131

       Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

 

CAPÍTULO XX.- DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 132

La asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la Organización de los Estados Americanos o a las conferencias y reuniones previstas en la Carta, o celebradas bajo los auspicios de la Organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las relaciones bilaterales entre el Gobierno de cualquier Estado miembro y el Gobierno del país sede.

Artículo 133

La Organización de los Estados Americanoss gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

Artículo 134

Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organización, el personal de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para desempeñar con independencia sus funciones.

Artículo 135

       La situación jurídica de los Organismos Especializados y los privilegios e inmunidades que deben otorgarse a ellos y a su personal, así como a los funcionarios de la Secretaría General, serán determinados en un acuerdo multilateral. Lo anterior no impide que se celebren acuerdos bilaterales cuando se estime necesario.

Artículo 136

       La correspondencia de la Organización de los Estados Americanos, incluso impresos y paquetes, cuando lleve su sello de franquicia, circulará exenta de porte por los correos de los Estados miembros.

Artículo 137

       La Organización de los Estados Americanos no admite restricción alguna por cuestión de raza, credo o sexo en la capacidad para desempeñar cargos en la Organización y participar en sus actividades.

Artículo 138

       Los órganos competentes procurarán, dentro de las disposiciones de la presente Carta, una mayor colaboración de los países no miembros de la Organización en materia de cooperación para el desarrollo.

 

CAPÍTULO XXI.- RATIFICACIÓN Y VIGENCIA

Artículo 139

       La presente Carta queda abierta a la firma de los Estados americanos, y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, inglés, portugués y francés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.

Artículo 140

       La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que la ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus ratificaciones.

Artículo 141

       La presente Carta será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General.

Artículo 142

       Las reformas a la presente Carta sólo podrán ser adoptadas en una Asamblea General convocada para tal objeto. Las reformas entrarán en vigor en los mismos términos y según el procedimiento establecido en el artículo 140.

Artículo 143

       Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta.

 

CAPÍTULO XXII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 144

       El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso actuará como comisión ejecutiva permanente del Consejo Interamericano Económico y Social mientras esté en vigencia dicha Alianza.

Artículo 145

       Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre derechos humanos a que se refiere el capítulo XV, la actual Comisión Interamericana de Derechos Humanos velará por la observancia de tales derechos.

Artículo 146

       El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni la Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de admisión presentada por una entidad política cuyo territorio esté sujeto, total o parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de diciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extracontinental y uno o más Estados miembros de la Organización, mientras no se haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento pacífico. El presente artículo regirá hasta el 10 de diciembre de 1990.


(1)  Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires suscrito el 27 de febrero de 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias aprobado el 5 de diciembre de 1985, por el Protocolo de Washington aprobado el 14 de diciembre de 1992, y por el Protocolo de Managua adoptado el 10 de junio de 1993.

 

01Ene/14

Legislación de Mexico. Circular Telefax 6/2005, de 15 de marzo de 2005

México, D.F., a 15 de marzo de 2005

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAIS:

ASUNTO: INFRAESTRUCTURA EXTENDIDA DE SEGURIDAD (IES)

El Banco de México, con fundamento en lo previsto en los artículos 3° fracción I y 24 de su Ley, y considerando que:

a) Con el objeto de dar mayor seguridad y confianza a las operaciones financieras que se realizan a través de medios electrónicos en los sistemas de pagos, este Instituto Central implementó la «Infraestructura Extendida de Seguridad» (IES) cuya función principal es mantener el control sobre las claves públicas que se utilizan en la verificación de las Firmas Electrónicas, mediante la expedición y administración de Certificados Digitales;

b) Mediante la Circular-Telefax 19/2002 de fecha 5 de julio de 2002 y sus modificaciones, Banco de México, en su carácter de Agencia Registradora Central de la IES, resolvió autorizar a las instituciones de crédito y a las demás instituciones financieras y empresas que les presten a éstas últimas o a las propias instituciones de crédito servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores que lo soliciten, para actuar como Agencias Registradoras (AR) y/o Agencias Certificadoras (AC) en la IES, y

c) Resulta conveniente establecer requisitos técnicos e informáticos mínimos, con que deben cumplir los programas de las instituciones de crédito y demás sociedades interesadas en actuar como AR y/o AC en la IES y precisar algunas de las características que deben contener los Certificados Digitales y los requerimientos de tales Certificados.

Ha resuelto emitir las siguientes:

REGLAS PARA OPERAR COMO AGENCIA REGISTRADORA Y/O AGENCIA CERTIFICADORA EN LA INFRAESTRUCTURA EXTENDIDA DE SEGURIDAD

I. Definiciones

Para los efectos de estas Reglas, en singular o plural se entenderá por:

Agencia Certificadora (AC)

A la institución o empresa autorizada por Banco de México para prestar servicios de certificación en la IES mediante la expedición de Certificados Digitales.

Agencia Registradora (AR)

A la institución o empresa autorizada por Banco de México para llevar el registro electrónico de los Certificados Digitales expedidos por las AC´s.

Agencia Registradora Central (ARC)

A Banco de México en su carácter de administrador de la IES que, entre otras funciones, establece las normas de operación de dicha infraestructura, emite, registra y en su caso, revoca los Certificados Digitales de AC y AR, y lleva el registro de las claves públicas.

Agentes Certificadores

A las personas físicas que designe la AC para auxiliarla en el cumplimiento de sus obligaciones en los términos de las presentes Reglas.

Certificado Digital

Al Mensaje de Datos firmado electrónicamente por la AC que lo haya emitido, que confirma el vínculo entre la identidad del Titular con los respectivos Datos de Verificación de Firma Electrónica.

Datos de Creación de Firma Electrónica

A la información única conformada por una clave privada de criptografía asimétrica que el Titular genera bajo su total control y utiliza personalmente para crear una Firma Electrónica.

Datos de Verificación de Firma Electrónica

A la información única conformada por una clave pública de criptografía asimétrica que el Titular genera bajo su total control que está relacionada matemáticamente con los Datos de Creación de Firma Electrónica y  que es utilizada para comprobar Mensajes de Datos firmados electrónicamente.

Dispositivo de Creación de Firma Electrónica

Al programa y equipo de cómputo que sirve para aplicar los Datos de Creación de Firma Electrónica a un Mensaje de Datos y generar la Firma Electrónica del referido Mensaje de Datos.

Dispositivo de Verificación de Firma Electrónica

Al programa y equipo de cómputo que sirve para aplicar los Datos de Verificación de Firma Electrónica a la Firma Electrónica de un Mensaje de Datos y comprobar su autenticidad.

Firma Electrónica

Al conjunto de datos que se agrega o adjunta a un Mensaje de Datos, el cual está asociado en forma lógica a éste y es atribuible al Titular una vez utilizado el Dispositivo de Verificación de Firma Elestrónica

Infraestructura Extendida de Seguridad (IES)

Al sistema diseñado por Banco de México mediante el cual se administran Certificados Digitales, cuyo propósito es fortalecer la seguridad de la información que se transmite en los sistemas de pagos y atribuir al remitente la autoría de Mensajes de Datos, mediante el uso de Firmas Electrónicas y Certificados Digitales.

Mensaje de Datos

A la información generada, enviada, recibida, archivada y/o comunicada a través de medios electrónicos u otras tecnologías.

Titular

A la persona que genera los Datos de Creación de su Firma Electrónica y los utiliza bajo su exclusivo control, los cuales están matemáticamente relacionados con los Datos de Verificación de Firma Electrónica que constan en su Certificado Digital.

Para efectos de estas Reglas se entenderá por criptografía asimétrica, clave privada y clave pública, lo señalado en la documentación general de la IES que se encuentra a disposición de los interesados en la página que el Banco de México tiene en la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio: www.banxico.org.mx.

II.  Requisitos.

Las instituciones de crédito y las instituciones financieras y empresas que les presten a éstas últimas o a las propias instituciones de crédito servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores que estén interesadas en actuar como AR y/o AC en la IES, deberán presentar a la Dirección de Trámite Operativo de Banco de México la solicitud de autorización respectiva, en términos del modelo que se adjunta como Anexo 1.  Por el sólo hecho de presentar dicha comunicación, las referidas instituciones y empresas manifiestan su conformidad en que les será aplicable lo previsto en las presentes Reglas, en el documento  que se refiere el párrafo siguiente y en la demás documentación relacionada con la IES.

El documento que contiene la descripción de las características y funciones de los participantes de la IES, los manuales para el uso de dicha Infraestructura, los Certificados Digitales de la ARC, AR y AC de Banco de México, así como los Certificados Digitales de las empresas o instituciones que hayan obtenido autorización para actuar como AC y/o AR en la IES y el directorio para la atención de consultas, se encuentran a disposición de los interesados en la página que el Banco de México tiene en la red mundial (Internet).  Los documentos de referencia están sujetos a actualizaciones periódicas, por lo que será responsabilidad de las instituciones y empresas realizar su consulta de manera frecuente.

Asimismo, las instituciones y empresas solicitantes deberán demostrar al Banco de México, con información que a su juicio resulte suficiente, la fiabilidad de los servicios que prestarán y comprobar que tienen la capacidad tecnológica y el personal calificado para realizar adecuadamente las actividades necesarias en el ámbito de la Firma Electrónica y de la IES.  Para tal efecto, deberán cumplir con los requerimientos técnicos e informáticos mínimos para los programas y equipos de cómputo que les permitan interactuar de manera adecuada en la IES, que se establecen en el Anexo 2 de las presentes Reglas.

Con el objeto de que en la citada Infraestructura exista un grado adecuado de seguridad, calidad y confianza en la prestación de servicios de identificación de personas, así como de emisión y registro de Certificados Digitales, las instituciones y empresas deberán presentar para su aprobación las reglas y procedimientos a que se refiere el numeral 1. de los apartados III y IV, según corresponda al tipo de agencia respecto de la que soliciten autorización para actuar, así como, asegurar que podrán cumplir con las demás obligaciones que se señalan en dichos apartados.

Las instituciones y empresas que obtengan autorización para actuar como AC y/o AR en la IES, deberán celebrar con el Banco de México el contrato respectivo y tramitar el Certificado Digital de AC o AR, según corresponda, a fin de estar en posibilidad de emitir o registrar Certificados Digitales a sus clientes según se trate.  Para tal efecto, deberán presentar a la Subgerencia de Instrumentación de Operaciones Nacionales de Banco de México copia certificada y simple, para cotejo, de la escritura en la que consten las facultades para ejercer actos de administración, tanto de la(s) persona(s) que pretendan suscribir el contrato, como de la(s) persona(s) a favor de quien(es) se emitirá(n) los Certificados Digitales de AC y/o AR, así como copia simple de su(s) identificación(es) oficial(es).

III. Obligaciones de la Agencia Certificadora.

1. Contar con reglas y procedimientos sobre prácticas para corroborar la identidad de los solicitantes de Certificados Digitales que sean objetivas, precisas y no discriminatorias.

2. Proporcionar al solicitante de un Certificado Digital el software necesario para que esté en posibilidad de generar, en forma secreta y bajo su total control, sus Datos de Creación de Firma Electrónica y Datos de Verificación de Firma Electrónica.  Además, poner a su disposición el software relativo al Dispositivo de Creación de Firma Electrónica y el Dispositivo de Verificación de Firma Electrónica.

3. Requerir para la identificación del solicitante de un Certificado Digital, su comparecencia personal y directa, así como la presentación de su credencial de elector, pasaporte vigente o cualquier otra identificación oficial.

4. Hacer del conocimiento del solicitante, los derechos y obligaciones que adquirirá como Titular de un Certificado Digital, conforme a lo señalado en el apartado V de estas Reglas.

5. General Certificados Digitales con base en requerimientos que cumplan con lo dispuesto en el Anexo 3 de las presentes Reglas, así como asegurarse de que tales Certificados Digitales cumplan al menos con las características previstas en el Anexo 4 de dichas Reglas.

6. Obtener la declaración con firma autógrafa del Titular, en términos del modelo que se Adjunta como Anexo 5 de estas Reglas, en la que manifiesta su conformidad con las condiciones siguientes:

i) ser responsable del uso de su Firma Electrónica, toda vez que cualquier Mensaje de Datos firmado que se pueda comprobar con sus Datos de Verificación de Firma Electrónica le será atribuible y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, y

ii) aceptar las condiciones de operación y los límites de responsabilidad de la AC, AR y ARC.

7. Solicitar ante una AR el registro de los Certificados Digitales que emita, así como, en su caso, solicitarle la revocación de éstos inmediatamente después de tener conocimiento de cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3 del Anexo 4 de estas Reglas.

8. Conservar al menos durante 10 años los requerimientos que los solicitantes formulen a la AC para la obtención de Certificados Digitales, realizando las acciones necesarias para impedir que se altere su contenido. Una vez que entre en vigor la «Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos

8. Conservar al menos durante 10 años los requerimientos que los solicitantes formulen a la AC para la obtención de Certificados Digitales, realizando las acciones necesarias para impedir que se altere su contenido. Una vez que entre en vigor la «Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos», publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2002, dicha conservación deberá efectuarse de conformidad con la referida Norma.

9. Conservar copia de la información y documentación proporcionada por el Titular para su identificación, así como de la declaración a que se refiere el numeral 6 del presente apartado, por un plazo de al menos 10 años contados a partir de la emisión del correspondiente Certificado Digital, así como abstenerse de utilizar dicha información y documentación para fines diferentes a los relacionados con la IES.

10. Publicar y mantener actualizados en su página en la red mundial (Internet) las disposiciones que emita Banco de México en relación con la Firma Electrónica y la IES, así como las reglas y los procedimientos previstos en el numeral 1 de este apartado III y los Certificados Digitales de AC otorgados a su favor por Banco de México.

11. Proporcionar a Banco de México, en su carácter de ARC de la IES, la información que éste le requiera en relación con sus actividades de certificación y permitir el acceso a sus instalaciones a las personas autorizadas por el propio Banco de México, a fin de que pueda corroborar el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes Reglas, incluyendo la revisión de la seguridad física y lógica de su infraestructura de cómputo.

12. Responder por los daños y perjuicios que, con motivo de la realización de sus actividades, ocasione por negligencia en los procesos de identificación del solicitante, emisión de Certificados Digitales y, cuando así proceda, de la revocación de dichos Certificados.  En todo caso, corresponderá a la AC demostrar que actuó con el debido cuidado.

13. Informar a los Titulares de la revocación de su Certificado Digital en la fecha en que ésta se lleve a cabo, cuando dicha revocación se deba a cualquiera de los últimos tres supuestos previstos en el numeral 3.2 del Anexo 4 de estas Reglas.

14. Contar con al menos un respaldo de la información referida en los incisos 8 y 9.

15. Solicitar a la Dirección de Trámite Operativo de Banco de México con una antelación no menor a 60 días naturales, la revocación de la autorización que éste le haya otorgado, cuando pretenda dejar de prestar servicios como AC.  En dicha solicitud deberá señalar el nombre de la AC a quien vaya a transferir la información y documentación referida en los numerales 8, 9 y 14 de este apartado.  Asimismo, a más tardar el tercer día hábil bancario siguiente a la presentación de la mencionada solicitud, deberá hacer del conocimiento de los Titulares cuyos Certificados Digitales haya emitido, su intención de dejar de actuar como AC y el destino que pretende dar a los datos y documentos de identificación que recibió de ellos.

En el evento de que la AC que solicite la revocación de la autorización en los términos mencionados sea la única autorizada por Banco de México para desempeñar dichas funciones o bien, que por cualquier circunstancia no le sea posible transferir la referida base de datos a otra AC, deberá transferir a Banco de México, en su carácter de ARC, la información y documentación señalada, en la forma y términos que éste último le indique.

La AC podrá auxiliarse de Agentes Certificadores en el desempeño de las obligaciones previstas en los numerales 2., 3., 4., 6., 8., 9., 13. y 14., así como, para hacer del conocimiento de los Titulares cuyos Certificados Digitales haya emitido, su intención de dejar de actuar como AC y el destino que pretende dar a los datos y documentos de identificación que recibió de ellos, según se prevé en el numeral 15. de este apartado. La AC responderá directamente por los daños y perjuicios que se generen por los actos que realicen los Agentes Certificadores en el cumplimiento de sus funciones.

La AC otorgará Certificados Digitales a sus Agentes Certificadores con el propósito de que el intercambio de información y documentación entre la AC y los referidos Agentes Certificadores, se realice utilizando su Firma Electrónica, a fin de que ambas partes puedan verificar la fiabilidad de dicha información y documentación.

IV.  Obligaciones de la Agencia Registradora.

1. Contar con reglas y procedimientos de operación que sean objetivos, precisos y aseguren que los sistemas, las bases de datos y los equipos y programas de cómputo estarán protegidos contra accesos y modificaciones no autorizados, revelaciones indebidas y/o pérdidas de información.

2. Mantener y administrar en línea un registro público de Certificados Digitales en el que quede constancia de la fecha y hora de su emisión, periodo de vigencia y, en su caso, fecha y hora de revocación.  Asimismo, deberá conservar los datos de los Certificados Digitales por lo menos durante 10 años desde su emisión realizando las acciones necesarias para impedir que se altere su contenido. Una vez que entre en vigor la «Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos», publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2002, dicha conservación deberá efectuarse de conformidad con la referida Norma.

3. Permitir la realización de consultas en línea por medios electrónicos al registro público de Certificados Digitales que administre, de conformidad con las especificaciones que para tal efecto determine Banco de México.

4. Contar con mecanismos informáticos y controles que impidan que sus usuarios realicen búsquedas sistemáticas de Certificados Digitales en el registro público mencionado en el numeral 2 anterior.

5. Publicar y mantener actualizados en su página en la red mundial (Internet) las disposiciones que emita Banco de México en relación con la Firma Electrónica y la IES, así como las generalidades de las reglas y los procedimientos previstos en el numeral 1 de este apartado IV y los Certificados Digitales de AR otorgados a su favor por Banco de México.

6. Proporcionar a Banco de México, en su carácter de ARC, la información que éste le requiera en relación con sus actividades de registro y permitir el acceso a sus instalaciones a las personas autorizadas por el propio Banco de México, a fin de que pueda corroborar el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes Reglas, incluyendo la revisión de la seguridad física y lógica de su infraestructura de cómputo.

7. Responder por los daños y perjuicios que, con motivo de la realización de sus actividades, ocasione por negligencia en el proceso de registro o revocación de Certificados Digitales.  En todo caso, corresponderá a la AR demostrar que se actuó con el debido cuidado.

8. Contar con al menos un respaldo electrónico de la base de datos de los Certificados Digitales que administra.

9. Revocar Certificados Digitales a solicitud del Titular o de la AC que corresponda, así como cuando la AR tenga conocimiento de que los Datos de Verificación de Firma Electrónica del Titular se han duplicado, o por cualquier razón se encuentre comprometida la integridad o confidencialidad de los Datos de Creación de Firma Electrónica correspondientes.  En este último supuesto el procedimiento para dejar sin efecto los Certificados Digitales deberá realizarse en línea, a fin de evitar duplicidad en la IES de los Datos de Verificación de Firma Electrónica respectivos.  Lo anterior en el entendido de que en todos los casos la AR deberá informar a la AC que haya emitido los Certificados Digitales respectivos, sobre su revocación.

10. Solicitar a la Dirección de Trámite Operativo de Banco de México con una antelación no menor a 60 días naturales, la revocación de la autorización que éste le haya otorgado, cuando pretenda dejar de prestar servicios como AR. En dicha solicitud deberá comunicar el nombre de la AR a quién vaya a transferir la base de datos del registro público de Certificados Digitales que mantiene y administra, así como el correspondiente respaldo electrónico.

En el evento de que la AR de que se trate sea la única autorizada con tal carácter en la IES, o bien, que por cualquier circunstancia no le sea posible transferir la referida base de datos a otra AR, deberá transmitir a Banco de México, en su carácter de ARC, la citada base de datos de los Certificados Digitales, en la forma y términos que ésta le indique, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que haya revocado el último Certificado Digital.  Asimismo, deberá proporcionarle la demás información que el Banco de México, en su aludido carácter, le requiera.

En cualquiera de los supuestos antes señalados, la AR de que se trate, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de revocación del Certificado Digital de AR, deberá notificar a los Titulares cuyos Certificados Digitales administra, su intención de dejar de actuar como AR, así como, en su caso, la fecha en que revocará tales Certificados Digitales.  La fecha de dichas revocaciones no podrá ser inferior a 15 ni superior a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que haya hecho la notificación a los aludidos Titulares.

V.   Derechos y obligaciones de los Titulares.

1. El Titular tendrá los derechos siguientes:

1.1   Ser informado por la AC al menos de:

1.1.1 Las reglas sobre las prácticas para corroborar la identidad, los procedimientos que se seguirán en la prestación del servicio y los elementos técnicos que se utilizarán para brindar seguridad y confidencialidad a la información que proporcione para acreditar su identidad;

1.1.2 Las tarifas de los servicios de certificación;

1.1.3 Los procedimientos para la utilización del Certificado Digital y, en su caso, sus limitaciones de   uso, así como de las posibles implicaciones que conlleve que terceros conozcan sus Datos de   Creación de Firma Electrónica o la frase de seguridad vinculada con ellos;

1.1.4 Las características generales de los procedimientos de creación y verificación de Firmas Electrónicas;

1.1.5 Los procedimientos para dirimir controversias, así como la ley aplicable y los tribunales competentes;

1.1.6 Los medios que puede utilizar para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema o presentar reclamaciones ;

1.1.7 Los límites de las responsabilidades de la AC, AR y ARC, y

1.1.8 La revocación de su Certificado Digital y la causa de dicha revocación, cuando ésta se deba a cualquiera de los últimos tres supuestos previstos en el numeral 3.2 del Anexo 4 de estas Reglas.

1.2 Recibir de la AC el software necesario para que esté en posibilidad de generar en secreto y en forma individual sus Datos de Creación de Firma Electrónica y sus Datos de Verificación de Firma Electrónica.

1.3  Mantener en secreto sus Datos de Creación de Firma Electrónica.

1.4  Tener acceso a un servicio que le permita, en todo momento, revocar en línea su Certificado Digital.

1.5   Tener acceso a un servicio en línea, que en todo momento, le permita verificar el estado de cualquier Certificado Digital que le interese.

1.6   Ser informado por la AR de la revocación de su Certificado Digital en el supuesto previsto en el numeral 10 del Apartado IV anterior.

2.  El Titular tendrá las obligaciones siguientes:

2.1   Hacer declaraciones veraces y completas en relación con los datos y documentos que proporcione para su identificación personal.

2.2   Firmar la carta de aceptación respectiva, antes de recibir su Certificado Digital.

2.3   Dar aviso a la AC de cualquier modificación de los datos a que se refiere el numeral anterior inmediatamente después de que éstos cambien.

2.4   Custodiar adecuadamente sus Datos de Creación de Firma Electrónica y la frase de seguridad vinculada con ellos, a fin de mantenerlos en secreto.

2.5   Solicitar inmediatamente a la AC que realice los trámites necesarios ante la AR o bien, solicitar directamente a esta última, la revocación de su Certificado Digital, en caso de que la integridad y/o confidencialidad de sus Datos de Creación de Firma Electrónica hayan sido comprometidas.

VI. Límites de responsabilidad de la Agencia Registradora Central.

La ARC no responderá por los daños y/o perjuicios que se causen, directa o indirectamente, por la utilización que se realice o pretenda realizarse de la IES, incluyendo los que se causen con motivo de la emisión, registro y revocación de Certificados Digitales.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- La presente Circular-Telefax entrará en vigor el 16 de marzo de 2005.

SEGUNDO.-A partir de la entrada en vigor de la presente Circular-Telefax queda abrogada la Circular-Telefax 19/2002 emitida por el Banco de México el 5 de julio de 2002, así como sus modificaciones.

 

ANEXO 1.-

MODELO DE COMUNICACIÓN PARA SER ENVIADA POR LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE SOLICITEN AUTORIZACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO PARA ACTUAR COMO AGENCIA CERTIFICADORA Y/O AGENCIA REGISTRADORA, ASÍ COMO PARA QUE SE EXPIDAN LOS CERTIFICADOS DIGITALES RESPECTIVOS

(MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN o EMPRESA)

México, D. F., a ___ de __________de 200_.

 

BANCO DE MÉXICO

Dirección de Trámite Operativo,

 

En relación con la Circular-Telefax  __/2005 de fecha __ de ____ de 2005, (Denominación de la institución o empresa) solicita a Banco de México autorización para actuar como (Tipo de agencia cuya función pretende realizar), así como, la expedición del Certificado Digital respectivo a nombre de (Nombre (del) (de los) apoderado(s) de la institución o empresa para dicho propósito) a fin de estar en posibilidad de actuar con tal carácter en la IES.

Al efecto, adjunto a la presente sometemos a la consideración de ese Instituto Central la documentación que acredita que (Denominación o razón social de la institución o empresa) cumple con los requisitos establecidos en la Circular-Telefax mencionada para actuar como (Tipo de agencia cuya función pretende realizar), así como la copia certificada y simple de la escritura pública en la que consta el poder para actos de administración otorgado a la(s) persona(s) señalada(s) en el primer párrafo de la presente comunicación.

Asimismo, esta (institución o empresa) se obliga a proporcionar a Banco de México la información adicional que nos requiera en relación con las actividades mencionadas, así como permitir el acceso a nuestras instalaciones al personal autorizado por ese Instituto Central a fin de que puedan corroborar el cumplimiento de los citados requisitos.

 

A t e n t a m e n t e,

 (Denominación o razón social de la institución o empresa)

(Nombre y firma de la(s) persona(s) facultada(s))

 (Cargo(s))

ANEXO 2 (1).- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMÁTICOS MÍNIMOS DE LOS PROGRAMAS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERMITEN INTERACTUAR DE MANERA ADECUADA EN LA INFRAESTRUCTURA EXTENDIDA DE SEGURIDAD

 

 

1.   Para una Agencia Registradora:

 

1.1. Deberá utilizar un sistema informático disponible 7×24 (2), que opere con un Certificado Digital de AR emitido por la ARC.

1.2.  Mantener una conexión permanente (3) con la ARC, con las características y los mensajes del protocolo de comunicaciones que establezca la propia ARC (4)

1.3.   La secuencia de mensajes deberá contener al menos: (5)

1.3.1.  (AR à ARC) ConnUsr

1.3.2.  (ARC à AR) IdUsuarioAleat ó desconexión de la AR

1.3.3.  (AR à ARC) IdFmaAleat

1.3.4.  (ARC à AR) Logged

1.3.5.   (AR à ARC) IdAutMsg

1.4.  Deberá permitir la conexión a clientes propios y externos, mediante un protocolo de comunicaciones seguro especificado por la ARC, sin perjuicio del medio de comunicación que utilicen las herramientas propias para la solicitud de los Certificados Digitales (6)

La secuencia de mensajes al menos deberá ser: (7)

1.4.1.    (Clnt à AR) ConnUsr

1.4.2.    (AR à Clnt) IdUsuarioAleat

1.4.3.     (Clnt à AR) IdFmaAleat

1.4.5.     (AR à Clnt) Logged

1.4.6.    (Clnt à AR) PideCrtNvoFmt

1.4.7.     (AR à Clnt) RegCrtNvoFmt, CrtNoExiste o AutNoConn

1.5.  Deberá permitir sólo el registro de Certificados Digitales con un número de serie igual a NNNNNNMMMMMMXXXXXXXX, donde tanto NNNNNN (el número de AR) como MMMMMM (el número de AC) son números asignados por la ARC.  El número XXXXXXXX será asignado de acuerdo al número de Certificados Digitales emitidos por la AC (8).

1.6.  Para el registro de Certificados Digitales, deberá recibir confirmación de unicidad de la clave pública por parte de la ARC antes de permitir el registro de un nuevo Certificado Digital.  Los mensajes a utilizar, al menos deberán ser los siguientes:

1.6.1.    (AR à ARC) AltaCrt

1.6.2.    (ARC à AR) CrtAceptado o CrtRechazado

Sólo deberá registrar Certificados Digitales si recibe el mensaje CrtAceptado.

1.7.   El envío de Certificados Digitales a la ARC para validar la unicidad de la clave pública deberá hacerse en formato PEM (9)

1.8.  Las consultas de Certificados Digitales deberán ser resueltas en primera instancia por la AR receptora de la solicitud.  Si el número de AR del Certificado Digital no corresponde con el que la AR receptora tenga asignado, ésta deberá reenviar la solicitud a la ARC o a la AR correspondiente.  En caso de que sea a la ARC, podrá hacerlo a través de la conexión permanente mencionada en el numeral 1.2. del presente Anexo, o a través de otra conexión a la ARC previamente autorizada.  En caso de que se use una nueva conexión, la secuencia de mensajes deberá ser igual a la descrita en el numeral 1.4. anterior, con la ARC en el rol de AR y la AR actuando como el cliente.

1.9.  Los avisos de revocación que reciba de una AC, deberá reenviarlos a la ARC, mediante el mensaje:

1.9.1  (AR à ARC) RevBrdcst

1.10 Los avisos de revocación que reciba de la ARC, mediante el mensaje:

1.10.1  (ARC à AR) RevBrdcst

Deberá reenviarlos a sus clientes con un mensaje similar.

2.   Para una Agencia Certificadora:

2.1.     Deberá ser un sistema informático operado por un empleado de la institución o empresa de que se trate, que cuente con un Certificado Digital de AC emitido por la ARC.

2.2.     Deberá conectarse a la AR correspondiente, utilizando un protocolo de comunicaciones seguro, al menos, con el mismo nivel de seguridad que el utilizado entre la AR y la ARC.

2.3.   Deberá aceptar requerimientos tanto en PEM como en DER (10) en el formato conocido como PKCS#10 (11)

2.4.     Deberá reconocer el mensaje de aviso de revocación de la AR, ya sea en un protocolo propio, o en el mismo que utilice la ARC para avisar de la revocación a las AR's.

3.   Para Agencia Registradora y Agencia Certificadora:

3.1. Los equipos donde se ejecuten las aplicaciones relacionadas con las funciones de AR y AC, deberán utilizar el protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronizar el reloj del equipo con el Tiempo Universal Coordinado (UTC) o un protocolo equivalente que garantice un nivel de confiabilidad igual o mayor a los que garantiza NTP con respecto al patrón UTC.

 

ANEXO 3 (12).-

 CARACTERÍSTICAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES

El formato del requerimiento de un Certificado Digital deberá cumplir con el estándar RSA PKCS#10.

Los requerimientos de los Certificados Digitales tendrán al menos el contenido siguiente:

1. La versión del requerimiento indicada explícitamente.

2. El nombre distinguido que identifica al Titular del requerimiento conteniendo, al menos, los campos siguientes:

     Nombre del Titular, en el campo commonName (OID (13) 2.5.4.3)

     En su caso, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (incluyendo la homoclave) del Titular, en el campo x500UniqueIdentifier (OID 2.5.4.45).

     En su caso, el domicilio del Titular, en el campo direcciónPostal (OID 2.37.1117.1973.19) o en el campo postalAddress (OID 2.5.4.16).

    En su caso, la dirección de correo electrónico del Titular, en el campo emailAddress (OID 1.2.840.113549.1.9.1).

3.  Los Datos de Verificación de Firma Electrónica.

4. Un atributo conteniendo el challengePassword (14). El OID del mismo deberá ser el 1.2.840.113549.1.9.7 y se deberá generar de la manera siguiente: Se concatena el RFC del Titular a una frase o palabra clave y en caso que el titular no tenga RFC se usará simplemente la frase o palabra clave elegida por el usuario de manera secreta.  A esta cadena aplicarle el algoritmo de digestión SHA1 (15) y después filtrarlo con el algoritmo Base 64 (16). El resultado final será el Challenge Password que deberá incluirse en el requerimiento.

5. La Firma Electrónica generada con la clave privada correspondiente a los Datos de Verificación de Firma   Electrónica contenida en el mismo requerimiento, deberá ser almacenada dentro del requerimiento de acuerdo a su estándar.

ANEXO 4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES.

1.  El formato del Certificado Digital deberá apegarse a la especificación ITU-T X.509v3.

2.  Los Certificados Digitales deberán contar, al menos, con el contenido siguiente:

2.1   La indicación de que se trata de un Certificado Digital.

2.2   Un código de identificación único del Certificado Digital de 20 dígitos, organizados de izquierda a derecha de la manera siguiente:

2.2.1  Primeros 6 dígitos (posiciones de la 1 a la 6), para identificar a la AR que tiene almacenado el Certificado Digital.  Este número es asignado por Banco de México en su carácter de ARC.

2.2.2  Segundos 6 dígitos (posiciones de la 7 a la 12), para identificar a la AC que expidió el Certificado Digital.  Este número es asignado por Banco de México en su carácter de ARC.

2.2.3  Últimos 8 dígitos (posiciones de la 13 a la 20), número consecutivo del Certificado Digital  asignado por la AC que lo emita.

2.3 Identificación de la AC que emite el Certificado Digital con indicación de su nombre o razón social y dirección de correo electrónico, así como su Firma Electrónica.

2.4 Datos de identificación del Titular, entre los cuales deben necesariamente incluirse el nombre y los Datos de Verificación de Firma Electrónica.

2.5   La fecha y hora de inicio y fin del periodo de validez del Certificado Digital.

2.6 Opcionalmente, podrán contener los datos de verificación de la firma EDIFACT.

3.  Los Certificados Digitales quedarán sin efecto en los casos siguientes:

3.1  Por extinción del periodo de validez del propio Certificado Digital, el cual no podrá exceder de dos años contados desde la fecha de su emisión.

3.2   Por revocación en las circunstancias siguientes:

3.2.1   A solicitud del Titular;

3.2.2   Por fallecimiento del Titular;

3.2.3   Por resolución judicial;

3.2.4 Cuando la AC, la AR o la ARC tengan conocimiento de que el Titular incumplió sus obligaciones en relación con la IES.

3.2.5 Al comprobar la ARC, la AC o la AR que existe una solicitud de registro de un Certificado Digital que, de ser aceptada, implicaría la duplicidad de los Datos de Verificación de Firma Electrónica de un Titular en la IES, o por cualquier razón se encuentre comprometida la integridad o confidencialidad de los Datos de Creación de Firma Electrónica o la frase de seguridad vinculada a ellos.  En este supuesto, el procedimiento para dejar sin efecto el Certificado Digital deberá realizarse en línea para evitar duplicidad de los Datos de Verificación respectivos, dentro de la IES.

En caso de que la referida comprobación se lleve a cabo por la ARC, ésta deberá informarle tal situación a la AC que haya emitido el Certificado Digital correspondiente y ordenar de inmediato la revocación del Certificado Digital a la AR que los haya registrado.  El procedimiento de revocación de los Certificados Digitales deberá llevarse a cabo en línea.

3.3 Por revocación de la autorización otorgada por Banco de México a la AR o cuando deje de tener el carácter de institución financiera, prestar los servicios de banca y crédito, o bien los servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores, según corresponda.

 

ANEXO 5.- MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN EN LA QUE DEBERÁ CONSTAR LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE UN CERTIFICADO DIGITAL

 

México, D. F., a ___ de ____________de _____.

 

 

El suscrito (Usuario), para todos los efectos legales a que haya lugar, manifiesta haber solicitado a (Denominación o razón social de la institución o empresa) en su carácter de Agencia Certificadora, la emisión de un Certificado Digital en el que consten los Datos de Verificación de Firma Electrónica (clave pública) asociados a los Datos de Creación de Firma Electrónica (clave privada) y frase de seguridad, que generó previamente en absoluto secreto.  Asimismo, afirma haber manifestado su conformidad en que la Agencia Certificadora utilizara el procedimiento descrito en sus reglas de operación.

 

El Usuario reconoce que para la emisión del referido Certificado Digital, la Agencia Certificadora únicamente revisó la identificación oficial con fotografía, mediante la cual el propio Usuario se identificó, constatando a simple vista que dicho documento corresponde con sus rasgos fisonómicos y caligráficos, por lo que el Usuario asume responsabilidad exclusiva respecto de la autenticidad de tal documento, así como, de la veracidad de los demás datos que haya proporcionado a la Agencia Certificadora en el proceso de su identificación.

 

El Usuario en este acto, acepta el Certificado Digital cuya clave pública consta al final del presente documento, sirviendo éste último, como el recibo más amplio que en derecho proceda.

 

Adicionalmente, el Usuario acepta que el uso de la clave privada y frase de seguridad con base en los cuales dicho Certificado Digital fue elaborado, quedarán bajo su exclusiva responsabilidad.  Por lo anterior, se obliga a mantener absoluta confidencialidad respecto de las aludidas clave privada y frase de seguridad, así como a realizar los trámites necesarios para solicitar la revocación de dicho Certificado Digital ante la Agencia Certificadora, mediante los mecanismos y en los horarios que la misma establezca, en el evento de que por cualquier causa dicha información haya sido divulgada y, por tanto, la integridad y/o confidencialidad de dicha información haya sido comprometida.

 

Por otra parte, el Usuario reconoce y acepta que la Agencia Certificadora y la Agencia Registradora únicamente serán responsables por los daños y perjuicios que le llegaren a causar, derivados de errores que, en su caso, cometan por negligencia en el proceso de generación, registro, entrega y revocación del Certificado Digital, así como, que no serán responsables por los daños y perjuicios que se pudieran causar al Usuario o a terceros, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no puedan realizarse registros, verificaciones o tramitar documentos electrónicos cifrados con las claves públicas y privadas relacionadas con dicho Certificado Digital.

 

De la misma forma, el Usuario reconoce y acepta que Banco de México, en su carácter de Agencia Registradora Central no responderá por los daños y/o perjuicios que se causen, directa o indirectamente, por la utilización que se realice o pretenda realizarse de la IES, incluyendo los que se causen con motivo de la emisión, registro y revocación de Certificados Digitales.

 

Datos del Certificado:

 

Datos de la AC:

 

Datos del Usuario:

 

Clave Pública del Usuario:

 

Firma Electrónica de la AC:

 

 

 

 

(Nombre y firma autógrafa del Titular del Certificado Digital)

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

 

 

(1) Las referencias a páginas electrónicas en la red mundial (Internet) contenidas en las siguientes notas al pie de página, corresponden a la fecha de emisión de estas Reglas, por lo que, dichas referencias pueden estar sujetas a cambios.

(2) Un sistema 7×24 es aquél que está disponible los 7 días de la semana, 24 horas al día.

(3) En caso de que dicha conexión se interrumpa, la AR deberá intentar restablecerla y en tanto no lo haga, se abstendrá de registrar nuevos Certificados Digitales; lo anterior, sin perjuicio de que conserve las revocaciones de los Certificados Digitales que se verifiquen durante dicho período, debiendo mandar éstas a la ARC tan pronto se restablezca la comunicación.

(4) Para mayor información sobre los protocolos de comunicaciones seguros, especificados por la ARC, referirse al documento denominado «Protocolo de comunicación con la IES» de agosto de 2003, y a las actualizaciones y/o modificaciones que, en su caso, realice el Banco de México.

(5) Para mensajes de la AR a la ARC, se usará el prefijo (AR à ARC).  Para mensajes de respuesta de la ARC se usará el prefijo (ARC à AR).

(6) Deberá comunicarse adecuadamente con el sistema WebSecBM.

(7) Para mensajes del cliente a la AR, se usará el prefijo (Clnt à AR).  Para mensajes de respuesta de la AR al cliente se usará el prefijo (AR à Clnt).

(8) La AC asigna los últimos 8 dígitos y la AR deberá revisar que el número de serie completo cumpla con el formato establecido en el presente Anexo 2 y en el Anexo IV de estas Reglas.

(9) El formato PEM es un formato estándar en el que se pueden representar los certificados X509 y permite, entre otras cosas, su transmisión por correo electrónico sin que haya alteraciones en los servidores, ya que es un formato en texto.

(10) El formato DER es la representación binaria del requerimiento.

(11) El formato PKCS#10 establece los campos del requerimiento y está descrito en la página de la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2132.

(12) Las referencias a páginas electrónicas en la red mundial (Internet) contenidas en las siguientes notas al pie de página, corresponden a la fecha de emisión de estas Reglas, por lo que dichas referencias pueden estar sujetas a cambios.

(13) OID Object IDentifier – Identificador de Objeto por sus siglas en inglés.  La definición formal se encuentra en la recomendación X.208 (ASN.1) de la ITU- T, disponible en la página de la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio http://www.itu.ch. 

(14) El atributo «challengePassword» es descrito en forma general en el PKCS#9, publicado en la página de la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2131.

(15) El algoritmo SHA1 (Secure Hash Algoritm One) está descrito en el RFC 3174 «US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)», disponible en la página de la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio (URL): ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3174.txt.

(16) El algoritmo Base 64 está descrito en el RFC 3548 «The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings», disponible en la página de la red mundial (Internet) que se identifica con el nombre de dominio (URL): ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3548.txt. 

01Ene/14

THE ARTICLES OF CONFEDERATION: Constitución de los Estados Unidos de América 1787

To all to whom these Presents shall come, we the undersigned
Delegates of the States affixed to our Names send greeting.

Articles of Confederation and perpetual Union between the states of New Hampshire, Massachusetts-bay Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina and Georgia.

I. The Stile of this Confederacy shall be «The United States of America».

II. Each state retains its sovereignty, freedom, and independence, and every power, jurisdiction, and right, which is not by this Confederation expressly delegated
to the United States, in Congress assembled.

III. The said States hereby severally enter into a firm league of friendship with each other, for their common defense, the security of their liberties, and their mutual and general welfare, binding themselves to assist each other, against all force offered to, or attacks made upon them, or any of them, on account of religion, sovereignty, trade, or any other pretense whatever.

IV. The better to secure and perpetuate mutual friendship and intercourse among the people of the different States in this Union, the free inhabitants of each of these States, paupers, vagabonds, and fugitives from justice excepted, shall be entitled to all privileges and immunities of free citizens in the several States; and the people of each State shall free ingress and regress to and from any other State, and shall enjoy therein all the privileges of trade and commerce, subject to the same duties, impositions, and restrictions as the inhabitants thereof respectively, provided that such restrictions shall not extend so far as to prevent the removal of property imported into any State, to any other State, of
which the owner is an inhabitant; provided also that no imposition, duties or restriction shall be laid by any State, on the property of the United States, or either of them.

If any person guilty of, or charged with, treason, felony, or other high misdemeanor in any State, shall flee from justice, and be found in any of the United States, he shall, upon demand of the Governor or executive power of the State from which he fled, be delivered up and removed to the State having jurisdiction of his offense.

Full faith and credit shall be given in each of these States to the records, acts, and judicial proceedings of the courts and magistrates of every other State.

V. For the most convenient management of the general interests of the United States, delegates shall be annually appointed in such manner as the legislatures of each State
shall direct, to meet in Congress on the first Monday in November, in every year, with a powerreserved to each State to recall its delegates, or any of them, at any time within
the year, and to send others in their stead for the remainder of the year.

No State shall be represented in Congress by less than two, nor more than seven members; and no person shall be capable of being a delegate for more than three years in any term of six years; nor shall any person, being a delegate, be capable of holding any office under the United States, for which he, or another for his benefit, receives any
salary, fees or emolument of any kind.

Each State shall maintain its own delegates in a meeting of the States, and while they act as members of the committee of the States.

In determining questions in the United States in Congress assembled, each State shall have one vote.

Freedom of speech and debate in Congress shall not be impeached or questioned in any court or place out of Congress, and the members of Congress shall be protected in their persons from arrests or imprisonments, during the time of their going to and from, and attendence on Congress, except for treason, felony, or breach of the peace.

VI. No State, without the consent of the United States in Congress assembled, shall send any embassy to, or receive any embassy from, or enter into any conference, agreement,
alliance or treaty with any King, Prince or State; nor shall any person holding any office of profit or trust under the United States, or any of them, accept any present, emolument,
office or title of any kind whatever from any King, Prince or foreign State; nor shall the United States in Congress assembled, or any of them, grant any title of nobility.

No two or more States shall enter into any treaty, confederation or alliance whatever between them, without the consent of the United States in Congress assembled,
specifying accurately the purposes for which the same is to be entered into, and how long it shall continue.

No State shall lay any imposts or duties, which may interfere with any stipulations in treaties, entered into by the United States in Congress assembled, with any King, Prince or State, in pursuance of any treaties already proposed by Congress, to the courts of France and Spain.

No vessel of war shall be kept up in time of peace by any State, except such number only, as shall be deemed necessary by the United States in Congress assembled, for the defense of such State, or its trade; nor shall any body of forces be kept up by any State in time of peace, except such number only, as in the judgement of the United States in Congress assembled, shall be deemed requisite to garrison the forts necessary for the defense of such State; but every State shall always keep up a well-regulated and disciplined militia, sufficiently armed and accoutered, and shall provide and constantly have ready for use, in public stores, a due number of filed pieces and tents, and a proper quantity of arms, ammunition and camp equipage.

No State shall engage in any war without the consent of the United States in Congress assembled, unless such State be actually invaded by enemies, or shall have received certain advice of a resolution being formed by some nation of Indians to invade such State, and the danger is so imminent as not to admit of a delay till the United States in Congress assembled can be consulted; nor shall any State grant commissions to any
ships or vessels of war, nor letters of marque or reprisal, except it be after a declaration of war by the United States in Congress assembled, and then only against the Kingdom or
State and the subjects thereof, against which war has been so declared, and under such regulations as shall be established by the United States in Congress assembled, unless such State be infested by pirates, in which case vessels of war may be fitted out for that occasion, and kept so long as the danger shall continue, or until the United States in Congress assembled shall determine otherwise.

VII. When land forces are raised by any State for the common defense, all officers of or under the rank of colonel, shall be appointed by the legislature of each State respectively,
by whom such forces shall be raised, or in such manner as such State shall direct, and all vacancies shall be filled up by the State which first made the appointment.

VIII. All charges of war, and all other expenses that shall be incurred for the common defense or general welfare, and allowed by the United States in Congress assembled, shall be defrayed out of a common treasury, which shall be supplied by the several States in proportion to the value of all land within each State, granted or surveyed for any person, as such land and the buildings and improvements thereon shall be estimated
according to such mode as the United States in Congress assembled, shall from time to time direct and appoint.

The taxes for paying that proportion shall be laid and levied by the authority and direction of the legislatures of the several States within the time agreed upon by the
United States in Congress assembled.

IX. The United States in Congress assembled, shall have the sole and exclusive right and power of determining on peace and war, except in the cases mentioned in the sixth article — of sending and receiving ambassadors — entering into treaties and alliances, provided that no treaty of commerce shall be made whereby the legislative power of the respective States shall be restrained from imposing such imposts and duties on foreigners, as their own people are subjected to, or from prohibiting the exportation or importation of any species of goods or commodities whatsoever — of establishing rules for deciding in all cases, what captures on land or water shall be legal, and in what manner prizes taken by land or naval forces in the service of the United States shall be divided or appropriated — of granting letters of marque and reprisal in times of peace — appointing courts for the trial of piracies and felonies commited on the high seas and establishing courts for receiving and determining finally appeals in all cases of captures, provided that no member of Congress shall be appointed a judge of any of the said courts.

The United States in Congress assembled shall also be the last resort on appeal in all disputes and differences now subsisting or that hereafter may arise between two or more States concerning boundary, jurisdiction or any other causes whatever; which authority shall always be exercised in the manner following.
Whenever the legislative or executive authority or lawful agent of any State in controversy with another shall present a petition to Congress stating the matter in question and praying for a hearing, notice thereof shall be given by order of Congress to the legislative or executive authority of the other State in controversy, and a day assigned for the appearance of the parties by their lawful agents, who shall then be directed
to appoint by joint consent, commissioners or judges to constitute a court for hearing and determining the matter in question: but if they cannot agree, Congress shall name three
persons out of each of the United States, and from the list of such persons each party shall alternately strike out one, the petitioners beginning, until the number shall be reduced to
thirteen; and from that number not less than seven, nor more than nine names as Congress shall direct, shall in the presence of Congress be drawn out by lot, and the persons
whose names shall be so drawn or any five of them, shall be commissioners or judges, to hear and finally determine the controversy, so always as a major part of the judges who shall hear the cause shall agree in the determination: and if either party shall neglect to attend at the day appointed, without showing reasons, which Congress shall judge sufficient, or being present shall refuse to strike, the Congress shall proceed to nominate three persons out of each State, and the secretary of Congress shall strike in behalf of such party absent or refusing; and the judgement and sentence of the court to be appointed, in the manner before prescribed, shall be final and conclusive; and if any of the parties shall refuse to submit to the authority of such court, or to appear or defend their claim or cause, the court shall nevertheless proceed to pronounce sentence, or judgement, which shall in like manner be final and decisive, the judgement or sentence and other proceedings being in either case transmitted to Congress, and lodged among
the acts of Congress for the security of the parties concerned: provided that every commissioner, before he sits in judgement, shall take an oath to be administered
by one of the judges of the supreme or superior court of the State, where the cause shall be tried, 'well and truly to hear and determine the matter in question, according to
the best of his judgement, without favor, affection or hope of reward': provided also, that no State shall be deprived of territory for the benefit of the United States.

All controversies concerning the private right of soil claimed under different grants of two or more States, whose jurisdictions as they may respect such lands, and the States
which passed such grants are adjusted, the said grants or either of them being at the same time claimed to have originated antecedent to such settlement of jurisdiction, shall on the petition of either party to the Congress of the United States, be finally determined as near as may be in the same manner as is before presecribed for deciding disputes respecting territorial jurisdiction between different States.

The United States in Congress assembled shall also have the sole and exclusive right and power of regulating the alloy and value of coin struck by their own authority, or by that of the respective States — fixing the standards of weights and measures throughout the United States — regulating the trade and managing all affairs with the Indians, not members of any of the States, provided that the legislative right of any State within its own limits be not infringed or violated — establishing or regulating post offices from one State to another, throughout all the United States, and exacting such postage on the papers passing through the same as may be requisite to defray the expenses of the said office — appointing all officers of the land forces, in the service of the United States, excepting regimental officers — appointing all the officers of the naval forces, and commissioning all officers whatever in the service of the United States — making rules for the government and regulation of the said land and naval forces, and directing
their operations.

The United States in Congress assembled shall have authority to appoint a committee, to sit in the recess of Congress, to be denominated 'A Committee of the States', and to consist of one delegate from each State; and to appoint such other committees and civil officers as may be necessary for managing the general affairs of the United States under their direction — to appoint one of their members to preside, provided that no person be allowed to serve in the office of president more than one year in any term of three years; to ascertain the necessary sums of money to be raised for the service of the United States,
and to appropriate and apply the same for defraying the public expenses — to borrow money, or emit bills on the credit of the United States, transmitting every half-year to the respective States an account of the sums of money so borrowed or emitted — to build and equip a navy — to agree upon the number of land forces, and to make requisitions from each State for its quota, in proportion to the number of white inhabitants in such State; which requisition shall be binding, and thereupon the legislature of each State shall appoint the regimental officers, raise the men and cloath, arm and equip them in a solid-like manner, at the expense of the United States; and the officers and men so cloathed, armed and equipped shall march to the place appointed, and within the time agreed on by the United States in Congress assembled. But if the United States in Congress assembled shall, on consideration of circumstances judge proper that any State should not raise men, or should raise a smaller number of men than the quota thereof, such extra number shall be raised, officered, cloathed, armed and equipped in the same manner as the quota of each State, unless the legislature of such State shall judge that such extra number cannot be safely spread out in the same, in which case they shall raise, officer, cloath, arm and equip as many of such extra number as they judeg can be safely spared. And the officers and men so cloathed, armed, and equipped, shall march to the place appointed, and within the time agreed on by the United States in Congress assembled.

The United States in Congress assembled shall never engage in a war, nor grant letters of marque or reprisal in time of peace, nor enter into any treaties or alliances, nor coin
money, nor regulate the value thereof, nor ascertain the sums and expenses necessary
for the defense and welfare of the United States, or any of them, nor emit bills, nor borrow money on the credit of the United States, nor appropriate money, nor agree upon the number of vessels of war, to be built or purchased, or the number of land or sea forces to be raised, nor appoint a commander in chief of the army or navy, unless nine States assent to the same: nor shall a question on any other point, except for adjourning from
day to day be determined, unless by the votes of the majority of the United States in Congress assembled.

The Congress of the United States shall have power to adjourn to any time within the year, and to any place within the United States, so that no period of adjournment be for a longer duration than the space of six months, and shall publish the journal of their proceedings monthly, except such parts thereof relating to treaties, alliances or military operations, as in their judgement require secrecy; and the yeas and nays of the delegates of each State on any question shall be entered on the journal, when it is desired by any delegates of a State, or any of them, at his or their request shall be furnished with a
transcript of the said journal, except such parts as are above excepted, to lay before the legislatures of the several States.

X. The Committee of the States, or any nine of them, shall be authorized to execute, in the recess of Congress, such of the powers of Congress as the United States in Congress
assembled, by the consent of the nine States, shall from time to time think expedient to vest them with; provided that no power be delegated to the said Committee, for the exercise of which, by the Articles of Confederation, the voice of nine States in the Congress of the United States assembled be requisite.

XI. Canada acceding to this confederation, and adjoining in the measures of the United States, shall be admitted into, and entitled to all the advantages of this Union; but no other colony shall be admitted into the same, unless such admission be agreed to by nine States.

XII. All bills of credit emitted, monies borrowed, and debts contracted by, or under the authority of Congress, before the assembling of the United States, in pursuance of the present confederation, shall be deemed and considered as a charge against the United States, for payment and satisfaction whereof the said United States, and the public faith are hereby solemnly pleged.

XIII. Every State shall abide by the determination of the United States in Congress assembled, on all questions which by this confederation are submitted to them. And the Articles of this Confederation shall be inviolably observed by every State, and the Union shall be perpetual; nor shall any alteration at any time hereafter be made in any of them; unless such alteration be agreed to in a Congress of the United States, and be afterwards confirmed by the legislatures of every State.

And Whereas it hath pleased the Great Governor of the World to incline the hearts of the legislatures we respectively represent in Congress, to approve of, and to authorize us to ratify the said Articles of Confederation and perpetual Union. Know Ye that we the undersigned delegates, by virtue of the power and authority to us given for that purpose, do by these presents, in the name and in behalf of our respective constituents, fully
and entirely ratify and confirm each and every of the said Articles of Confederation and perpetual Union, and all and singular the matters and things therein contained: And we do
further solemnly plight and engage the faith of our respective constituents, that they shall abide by the determinations of the United States in Congress assembled, on all questions, which by the said Confederation are submitted to them. And that the Articles thereof shall be inviolably observed by the States we respectively represent, and that the Union shall be perpetual.

In Witness whereof we have hereunto set our hands in Congress. Done at Philadelphia in the State of Pennsylvania the ninth day of July in the Year of our Lord One Thousand Seven Hundred and Seventy-Eight, and in the Third Year of the independence of America.
 

Agreed to by Congress 15 November 1777
In force after ratification by Maryland, 1 March 1781
 

CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1787
NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América.

ARTICULO CUARTO

Primera Sección
Se dará entera fe y crédito en cada Estado a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los demás. Y el Congreso podrá prescribir, mediante leyes generales, la forma en que dichos actos, registros y procedimientos se probarán y el efecto que producirán.

Segunda Sección
1. Los ciudadanos de cada Estado tendrán derecho en los demás a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de estos.
2. La persona acusada en cualquier Estado por traición, delito grave u otro crimen, que huya de la justicia y fuere hallada en otro Estado, será entregada, al solicitarlo así la autoridad ejecutiva del Estado del que se haya fugado, con el objeto de que sea conducida al Estado que posea jurisdicción sobre el delito.
3. Las personas obligadas a servir o laborar en un Estado, con arreglo a las leyes de éste, que escapen a otros, no quedarán liberadas de dichos servicios o trabajo a consecuencia de cualesquiera leyes o reglamentos del segundo, sino que serán entregadas al reclamarlo la parte interesada a quien se deba tal servicio o trabajo.

Tercera Sección
1. El Congreso podrá admitir nuevos Estados a la Unión, pero ningún nuevo Estado podrá formarse o erigirse dentro de los limites de otro Estado, ni un Estado constituirse mediante la reunión de dos o más Estados o partes de Estados, sin el consentimiento de las legislaturas de los Estados en cuestión, así como del Congreso.
2. El Congreso tendrá facultad para ejecutar actos de disposición y para formular todos los reglamentos y reglas que sean precisos con respecto a las tierras y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y nada de lo que esta Constitución contiene se interpretará en un sentido que cause perjuicio a los derechos aducidos por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual.

Cuarta Sección
Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura).

ARTICULO SIETE
La ratificación por las convenciones de nueve Estados bastará para que esta Constitución entre en vigor por lo que respecta a los Estados que la ratifiquen.
Dado en la convención, por consentimiento unánime de los Estados presentes, el día 17 de septiembre del año de Nuestro Señor de mil setecientos ochenta y siete y duodécimo de la Independencia de los Estados Unidos de América.

ENMIENDAS
Las diez primeras enmiendas (Bill of Rights) fueron ratifiacadas efectivamente en Diciembre 15, 1791.

ARTICULO CUATRO
El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosimil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas

01Ene/14

CONSTITUTION  12.07.1991 Mauritaniai

PREAMBLE

Trusting in the omnipotence of Allah, the Mauritanian people proclaims its will to guarantee the integrity of its territory, its independence, and its national unity and to take upon itself its free political economic and social development.
Believing strongly in its spiritual values and in the spreading of its civilization, it also solemnly proclaims its attachment to Islam and to the principles of democracy as they have been defined by the Universal Declaration of Human Rights of 10 Dec 1948 and by the African Charter of Human and Peoples Rights of 28 June 1981 as well as in the other international conventions which Mauritania has signed. Judging that liberty, equality, and the dignity of Man may be assured only in a society which establishes the primacy of law, taking care to create the durable conditions for a harmonious social development respectful of the precepts of Islam, the sole source of law, but responsive as well to the exigencies of the modern world, the Mauritanian people proclaims in particular the inalienable guarantee of the following rights and principles:

· the right to equality;
· the fundamental freedoms and rights of human beings;
· the right of property;
· political freedom and freedom of labor unions;
· economic and social rights; and
· the rights attached to the family, the basic unit of Islamic society.
Conscious of the necessity of strengthening its ties with brother peoples, the Mauritanian people, a Muslim, African, and Arab people, proclaims that it will work for the achievement of the unity of the Greater Maghreb of the Arab Nation and of Africa and for the consolidation of peace in the worl
d.

TITLE  I GENERAL PROVISIONS, FUNDAMENTAL PRINCIPLES

Article 10 Individual Freedom, Rule of Law
1. The State shall guarantee to all its citizens public and individual freedoms:

· the freedom to travel and to settle in all parts of the territory of the Republic;
· the freedom of entry to and of exit from the national territory;
· the freedom of opinion and of thought;
· the freedom of expression;
· the freedom of assembly;
· the freedom of association and the freedom to belong to any political or labor organization of one's choice;
· the freedom of commerce and of industry; and
· the freedom of intellectual, artistic, and scientific creative effort.

2.  Freedom may be limited only by the law.

01Ene/14

Copyright (International Organisations) Order 31st day of January 2014

The Minister responsible for intellectual property, in exercise of the powers conferred by section 203 of the Copyright and Designs Act 2004, makes the following Order:

Citation

1.-This Order may be cited as the Copyright (International Organisations) Order 2014.

 

International organisations

2.-It is declared that it is expedient that section 203 of the Act should apply to the

following international organisations:

(a) United Nations;

(b) Specialized Agencies of the United Nations;

(c) Caribbean Community;

(d) Organization of American States.

 

 

Made this 31st day of January 2014

Minister of Home Affairs

01Ene/14

Ley de la Propiedad Industrial. De los secretos industriales

Ley de la Propiedad Industrial. De los secretos industriales (artículos 163-169)

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación de 1 de julio de 2020)

A continuación se transcriben algunos artículos relativos a la propiedad industrial, que pueden ser de interés en el ámbito informático.

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I.- Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

Esta Ley tiene por objeto:

I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

II.- Regular los secretos industriales;
III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;
IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y                                                                                     V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

Artículo 5.-

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios, marcas, marcas colectivas o marcas de certificación; publicar nombres comerciales; así como inscribir sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación; estimar o declarar la notoriedad o fama de marcas; emitir las declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas y autorizar el uso de las mismas, y las demás que le otorga esta Ley y su Reglamento para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;                                                                                           XVII.- Establecer las reglas para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica;

Artículo 10.-

La persona Titular de la Dirección General expedirá las reglas y especificaciones para la presentación de solicitudes en medios físicos o virtuales, así como los procedimientos, criterios, lineamientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad
jurídica de los particulares, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial.

En el caso de los medios virtuales establecerá las reglas para la gestión de trámites y la conservación de derechos de propiedad industrial a través de medios de comunicación electrónica, incluyendo aquéllas relacionadas con su obligatoriedad para determinados trámites o servicios y el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación de los particulares que el Instituto reconozca.

Capítulo II.- Reglas Generales

Artículo 15.-

Para efectos de esta Ley, los documentos presentados a través de medios de
comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.

Artículo 19.-

El Instituto notificará a través de la Gaceta todas las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita, relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones nacionales, así como los relativos a la conservación de derechos.
En los trámites presentados a través de los medios de comunicación electrónica, las notificaciones se realizarán de conformidad con las reglas y especificaciones que se establezcan en el Acuerdo emitido por la persona Titular de la Dirección General para tal efecto.
El Instituto tomará las medidas necesarias para evitar la divulgación de la solicitud y sus anexos en los expedientes que se encuentren en el supuesto del artículo 24 de esta Ley.
Las notificaciones en los procedimientos de declaración administrativa previstos en el Título Sexto de esta Ley se practicarán conforme a lo establecido en el Capítulo III de dicho Título.

Artículo 22.-

El registro de los derechos de propiedad industrial será público, a excepción de las solicitudes que tengan carácter confidencial, y contendrá los expedientes relacionados con los derechos que protege esta Ley.
La publicidad se hará efectiva mediante la consulta directa a sus archivos o a las bases de datos existentes, la cual se facilitará mediante su puesta a disposición en medios de comunicación electrónica, con carácter gratuito.

TÍTULO SEGUNDO.- DE LA INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Capítulo II.- De las Patentes

Artículo 47.-

No se considerarán invenciones, en particular:

V.- Los programas de computación;

Capítulo V.- De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

Artículo 83.-

Será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido explotado comercialmente en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando éste haya sido explotado comercialmente, de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se haya presentado ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que fue explotado comercialmente, en forma ordinaria y por primera vez, por el solicitante.
Solo será registrable el esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes, entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, si la combinación en su conjunto se considera original en los términos de la fracción IV del artículo 84 de esta Ley y satisfaga las condiciones señaladas en el párrafo anterior, respecto de su comercialización.

Artículo 84.-

Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por:
I.- Circuito integrado, al producto, en su forma final o intermedia, en el que uno de los elementos que lo integran, por lo menos, sea activo y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
II.- Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;
III.- Esquema de trazado protegido: el esquema de trazado de circuito integrado que haya cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Capítulo, y
IV.- Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuito integrado que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Artículo 85.-

Además de los requisitos señalados en el artículo 94 de esta Ley, la solicitud de registro deberá contener:
I.- La manifestación bajo protesta de decir verdad, de la fecha y lugar de la primera explotación comercial ordinaria del esquema de trazado en alguna parte del mundo, o de que éste no ha sido explotado;
II.- Una descripción para la comprensión del esquema de trazado;
III.- La indicación de la función electrónica que realice el circuito integrado al que se incorpora el esquema de trazado;
IV.- La reivindicación de la denominación del esquema de trazado seguido de las palabras «Tal como se ha referido e ilustrado», y
V.- Una reproducción gráfica o fotográfica del esquema de trazado.
El solicitante podrá excluir las partes de la reproducción gráfica o fotográfica relativas a la forma de fabricación del circuito integrado, siempre y cuando las partes presentadas sean suficientes para permitir
la identificación del esquema de trazado.

Artículo 86.-

El registro de un esquema de trazado se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 94, 104, 105, 106, 110, 116, 117, 119 y 120 de esta Ley.

Artículo 87.-

El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeto al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.

Artículo 88.-

El derecho exclusivo de explotación del esquema de trazado protegido confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que, sin su consentimiento:
I.- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido o cualquiera de sus partes que se considere original por sí misma, en los términos de la fracción IV del artículo 84 de esta Ley, por incorporación en un circuito integrado o en cualquier otra forma, y
II.- Importen, vendan o distribuyan, en cualquier forma, para fines comerciales:
a) El esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que, a su vez, incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

Artículo 89.-

El titular del registro de un esquema de trazado podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a un tercero que, antes de su otorgamiento, haya explotado sin su consentimiento dicho esquema de trazado, siempre y cuando la explotación se haya realizado con posterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud de registro y el esquema de trazado protegido o el circuito integrado al que éste se incorpore, ostente las siglas “M” o “T”, acompañado del nombre del titular, en forma completa o abreviada, o como éste sea generalmente conocido.

Artículo 90.-

El registro de un esquema de trazado no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:
I.- Sin autorización del titular, con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza, reproduzca un esquema de trazado protegido;
II.- Cree un esquema de trazado que cumpla con la exigencia de originalidad, sobre la base de la evaluación o el análisis de un esquema de trazado protegido, en los términos de la fracción I de este artículo.
El creador del segundo esquema de trazado podrá llevar a cabo cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 88 de esta Ley, respecto del esquema de trazado por él creado, sin la autorización del titular del primer esquema de trazado protegido;
III.- En forma independiente y con anterioridad a la publicación del registro en la Gaceta, haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido. Quien trate de prevalerse de esta excepción en un procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá la carga de la prueba;
IV.- Realice cualquiera de los actos a que se refiere la fracción II del artículo 88 de esta Ley, sin la autorización del titular, después de que hayan sido introducidos lícitamente en el comercio, en México o en cualquier parte del mundo, por el titular o con su consentimiento, respecto de:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que, a su vez, incorpore un esquema de trazado protegido, y
V.- Sin autorización del titular, venda o distribuya, en cualquier forma, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, siempre y cuando, la persona que realice u ordene tales actos no sepa y no tuviere motivos razonables para saber, al adquirir dicho circuito, que éste incorpora un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.
El tercero de buena fe estará obligado al pago de una regalía razonable, similar a la que correspondería bajo una licencia libremente negociada, a partir del momento en que reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado protegido fue reproducido ilícitamente, para agotar el inventario
existente o los pedidos hechos con anterioridad a la notificación del aviso.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

TÍTULO TERCERO.- DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Capítulo Único

Artículo 163.-

Para efectos de este Título, se entenderá por:
I.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y
II.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.

Artículo 164.-

No se considerará apropiación indebida:
I.- El descubrimiento o la creación independientes de la información que se reclame como un secreto industrial;
II.- La observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial, o
III.- La adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial.

Artículo 165.-

La persona que ejerza el control legal del secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.
En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos,  asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que incluyan, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 166.-

Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de divulgarlo, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal, o de su usuario autorizado.

Artículo 167.-

La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, se considerará responsable en los términos
de esta Ley.
También será responsable la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Artículo 168.-

La información requerida para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes quedará protegida en los términos de la legislación aplicable o, en su caso, de los Tratados Internacionales.

Artículo 169.-

En cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con un secreto industrial o en donde se requiera que alguno de los interesados divulgue un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias, a petición de parte o de oficio, para impedir su divulgación no autorizada a terceros ajenos a la controversia y garantizar su confidencialidad.
Ningún interesado podrá divulgar o usar el secreto industrial.
Quedan incluidos en el supuesto anterior, además de las partes, sus representantes o autorizados para oír y recibir notificaciones; los funcionarios judiciales o administrativos; los testigos, peritos o cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial o administrativo, relacionado con un secreto industrial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho proceso.

TÍTULO CUARTO.- DE LAS MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Capítulo I.- De las Marcas

Artículo 170.-

Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Artículo 171.-

Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 172.-

Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;
VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y
VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

Artículo 173.-

No serán registrables como marca:
I.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; así como aquéllas que carezcan de distintividad;
II.- Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquéllas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;
III.- Los hologramas que sean del dominio público y aquéllos que carezcan de distintividad;
IV.- Los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.
Quedan incluidos en este supuesto, los signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;
V.- Las letras, los dígitos o su nombre, así como los colores aislados, a menos que estén combinados
o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;
VI.- La traducción, la transliteración, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
VII.- Los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos
internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal
de los mismos;
VIII.- Los signos que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
IX.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
X.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes; los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.
Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación», “producido en”, “con fabricación en” u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;
XI.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o a las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la
fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a éstos o a los protegidos por las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: «género», «tipo», «manera», «imitación», “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;
XII.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios,
sin el consentimiento del propietario;
XIII.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.
Tampoco será registrable la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento expreso, o de quien tenga el derecho correspondiente;
XIV.- Los nombres o denominaciones idénticos o semejantes en grado de confusión al título de una obra literaria o artística, así como la reproducción o imitación de elementos contenidos en ella, cuando dicha obra tenga tal relevancia o reconocimiento que el signo solicitado pueda ser susceptible de engañar al público o inducir a error por hacer creer infundadamente que existe alguna relación o asociación entre éste y la obra, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
No será registrable como marca la reproducción, total o parcial, de una obra literaria o artística, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.
Tampoco serán registrables como marca las reservas de derechos vigentes, excepto cuando el registro sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste;
XV.- Los signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales, susceptibles de engañar al público o inducir a error.
Se entenderán como tales, aquéllos que constituyan indicaciones falsas o engañosas sobre la naturaleza, composición, cualidades o el origen empresarial o gubernamental, de los productos o servicios que pretenden distinguir;
XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:
a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;
XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;
XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios.
Quedan incluidos en este supuesto aquéllos que sean idénticos a una marca registrada o en trámite del mismo titular, que distinga productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se
pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
XX.- El nombre propio, apellido, apodo o apelativo de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;
XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y                                                     XXII.- Los signos solicitados de mala fe.                                                                Se entenderá por mala fe, entre otros casos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.
Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad.
Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.
Para efectos de las fracciones XVIII y XX del presente artículo, quedan incluidos los registros o publicaciones a los que se refiere el artículo 237 de esta Ley.

Artículo 174.-

No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:
I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y
II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.
La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquélla semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.
Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado
de la marca registrada.

Artículo 175.-

El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:
I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los cinco años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá
tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste;
II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.
Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley, y
III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Artículo 176.-

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos
determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento de esta Ley.
Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

Artículo 177.-

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que distinga, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.
Para distinguir posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Artículo 178.-

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por períodos de la misma duración.
Al momento de solicitar el registro de una marca, así como al momento de su renovación, el interesado declarará bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libre de engaño o mala fe.
En caso de que las autoridades competentes determinen que dicho producto o servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo.

Capítulo II.- De las Marcas Colectivas y de Certificación

Artículo 179.-

Podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos
posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Artículo 180.-

Los miembros de la asociación o sociedad, titular de la marca colectiva, podrán usar junto a ésta el término “Marca Colectiva Registrada”.

Artículo 181.-

Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:
I.- El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca;
II.- La representación gráfica o imagen de la marca;
III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
IV.- Las características o cualidades comunes de los productos o servicios;
V.- Los procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado;
VI.- La indicación de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad;
VII.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
VIII.- Las sanciones en caso de incumplimiento de las reglas de uso;
IX.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y
X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.
En el caso de la fracción IX del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos frente a terceros.

Artículo 182.-

La marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad.
Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 183.-

Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular, tales como:
I.- Los componentes de los productos y servicios;
II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados y los servicios prestados;
III.- La calidad, procesos u otras características de los productos y servicios; o
IV.- El origen geográfico de los productos y servicios, entre otros.
El titular de la marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características establecidas en las fracciones I a IV del presente artículo, conforme a lo establecido en las reglas de uso.

Artículo 184.-

La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u
otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 185.-

Podrá solicitar el registro cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquélla certifica.
Cuando la marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, solo podrán solicitar el registro:
I.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación;
II.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y
III.- Los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

Artículo 186.-

La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de sus reglas de uso, en las que se indique:
I.- Los productos o servicios específicos a certificar con la marca;
II.- La representación gráfica e imagen de la marca;
III.- Las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros;
IV.- El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas señaladas en la fracción anterior;
V.- Las modalidades y periodicidad de los controles de calidad;
VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
VII.- La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
VIII.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
IX.- En su caso, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional que apliquen, y
X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.
En el caso de la fracción VIII del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos frente a terceros.

Artículo 187.-

La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.
Las marcas de certificación se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 188.-

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso.
Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación el término “Marca de Certificación Registrada”.

Artículo 189.-

El registro de una marca de certificación será cancelado cuando su titular:
I.- No controle o no pueda ejercer legítimamente el control sobre el uso de la marca;
II.- Se involucre en la producción o en la comercialización de cualquier producto o servicio al que se aplique la marca;
III.- Permita el uso de la marca para fines distintos a la certificación, o
IV.- Se niegue de manera discriminatoria a certificar o continuar certificando los productos o servicios de cualquier persona que mantenga las normas o condiciones que certifique dicha marca.

Capítulo IV.- De los Avisos Comerciales

Artículo 200.-

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.

Artículo 201.-

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 202.-

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro.

Artículo 203.-

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el Reglamento de esta Ley. El registro no amparará en
estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Artículo 204.-

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de su otorgamiento y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Artículo 205.-

Los avisos comerciales se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Capítulo V.- De los Nombres Comerciales

Artículo 206.-

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el
nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Artículo 207.-

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Artículo 208.-

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Artículo 209.-

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no
encontrarse anterioridad procederá la publicación.

Artículo 210.-

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 173 de esta Ley.

Artículo 211.-

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de su otorgamiento y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

Artículo 212.-

En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Artículo 213.-

El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Capítulo VI.- Del Registro de Marcas

Artículo 214.-

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud ante el Instituto con los siguientes datos:
I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;
II.- La representación del signo que constituya la marca.
III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se entenderá que no se ha usado la marca;
IV.- Los productos o servicios específicos en los que se aplicará la marca;
V.- Los elementos sobre los cuales no se solicita protección y que se reproducen en la marca, en términos del artículo 216 de esta Ley;
VI.- La descripción de la marca, cuando proceda;
VII.- La ubicación de uno o más establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando, se haya señalado fecha de primer uso;
VIII.- Cuando se trate de marcas conformadas únicamente por palabras, letras o números previstos por el alfabeto latino internacional, se deberá incluir la manifestación expresa de que en la representación del signo se han usado caracteres estándar. En este caso, se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra;
IX.- Cuando la marca de certificación contenga una indicación geográfica, se deberá incluir su manifestación expresa, y
X.- Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 215.-

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de la tarifa correspondiente.

Artículo 216.-

Constituyen elementos no reservables, aquéllos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.
Los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación.

Artículo 217.-

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas convenidas y firmadas por los solicitantes, las cuales deberán establecer:
I.- El uso, licencia y transmisión de derechos de la marca o, en su caso, para la defensa de la misma;
II.- La cancelación del registro, y
III.- La limitación de productos y servicios.
Cualquiera de los cotitulares podrá iniciar las acciones correspondientes para la defensa de sus derechos, salvo estipulación en contrario en el convenio respectivo.

Artículo 218.-

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que
determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Artículo 219.-

Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, y
II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen.

Artículo 220.-

Si al momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 13, 14, 214 fracciones I, II y IV y 215, de esta Ley, esa será su fecha de presentación. En caso contrario, se tendrá como tal, el día en que dé cumplimiento a dichos requisitos, dentro del plazo legal respectivo.
La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

Artículo 221.-

Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para que cualquier tercero que tenga interés, se
oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 12 y 173 de esta Ley.
Si la oposición se presenta fuera del plazo establecido, ésta será desechada de plano.

Artículo 222.-

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias al orden público o al derecho.

Artículo 223.-

Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con el acreditamiento de personalidad o el pago correspondiente, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan.
En caso de que el oponente no cumpla con el requerimiento o éste se presente fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, la oposición será desechada de plano.
Las oposiciones que se hayan presentado sin cumplir con los requisitos establecidos se notificarán una vez que hayan sido subsanados los requerimientos respectivos.

Artículo 224.-

La oposición al registro o publicación solicitado no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Artículo 225.-

Concluido el plazo de un mes al que se refiere el artículo 221 de esta Ley, se
procederá a realizar el examen de la solicitud.
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe algún impedimento para el registro de la marca, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante.
En caso de presentarse oposición a la solicitud, también se le comunicará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes.
El Instituto otorgará un plazo de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos.
Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Artículo 226.-

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.
El plazo adicional, se contará a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 225 anterior.
La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 227.-

Si el solicitante, a efecto de subsanar los requisitos, impedimentos o anterioridades, modifica la marca; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; o sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud inicial, ésta se sujetará a un nuevo
trámite.
El nuevo trámite deberá:
I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;
II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 214 y 215 de esta Ley y los aplicables de su Reglamento, y
III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 221 de esta Ley.
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquélla en la que se solicite el nuevo trámite.

Artículo 228.-

El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de registro o publicación, en los siguientes casos:
I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos relativos a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusión y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca o aviso comercial registrado o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado.
La suspensión se ordenará de oficio o se solicitará a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa, dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 225 de esta Ley, y
II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.

Artículo 229.-

Transcurrido el plazo de dos meses al que se refiere el artículo 225 de esta Ley, una vez desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen alegatos en un plazo de cinco días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite a dictar la resolución que corresponda.

Artículo 230.-

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.
En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Artículo 231.-

El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro, en el cual se hará constar:
I.- El número de registro de la marca;
II.- El signo que constituye la marca;
III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, indicando la clase a la que corresponden;
IV.- El nombre y domicilio del titular;
V.- La ubicación del establecimiento, en su caso;
VI.- Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida, y de primer uso, en su caso, así como la de expedición;
VII.- Su vigencia, y
VIII.- La circunstancia de que la marca se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.
Solo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma.
Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.

Artículo 232.-

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

Artículo 233.-

La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.
La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.
Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Artículo 234.-

El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:
I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a competencia desleal, que cause distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o  comercialización eficaces de bienes y servicios, y
III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.
La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

Artículo 235.-

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Artículo 236.-

Las leyendas «Marca Registrada», “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de
Certificación Registrada”, las siglas «M.R.» o el símbolo ®, solo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Artículo 237.-

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia
del registro.
Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.
El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.
Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.
Cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el Instituto no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 238.-

Vencido el plazo al que se refiere el artículo 237 de esta Ley, sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Capítulo VII.- De las Licencias y Transmisión de Derechos

Artículo 239.-

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, en términos de legislación común.

Artículo 240.-

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el Reglamento de esta Ley.
Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 241.-

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:
I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia, en los términos de la legislación común;
II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas;
III.- Por término de su vigencia, y
IV.- Por orden judicial.

Artículo 242.-

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 243.-

La persona que tenga concedida una licencia salvo estipulación en contrario, podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Artículo 244.-

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Artículo 245.-

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.
Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.
La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante
un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.
Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 246.-

El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:
I.- La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
II.- La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
III.- Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
IV.- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
V.- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios;
VI.- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
VII.- Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
VIII.- Los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;
IX.- Las causales para la terminación del contrato de franquicia, y
X.- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia.
No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario.
Tampoco existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.
Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 247.-

El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.
No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

Artículo 248.-

El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Artículo 249.-

El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.
En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

Artículo 250.-

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
Podrá solicitarse mediante una sola promoción, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos.
El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Artículo 251.-

Cuando exista un gravamen inscrito ante el Instituto, el beneficiario podrá presentar la renovación del registro de una marca, aviso o nombre comercial, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de esta Ley.

Artículo 252.-

Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Artículo 253.-

Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros o solicitudes en trámite de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Artículo 254.-

Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas considere que no existe confusión, podrá presentar el consentimiento expreso por escrito y solicitar que sea disuelta la liga impuesta.
No será aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos.
El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.

Artículo 255.-

Solo se registrará la transmisión de algunas de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas y se solicite la inscripción de ellas a la misma persona.

Artículo 256.-

Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán acreditarse e inscribirse éstas ante el Instituto.

Artículo 257.-

Cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, el Instituto negará la inscripción o anotación que se solicite de una licencia o transmisión de derechos.

Capítulo VIII.- De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros

Artículo 258.-

Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:
I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia;
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registró.
Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;
III.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada en la solicitud;
IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;
V.- El agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular o cualquier otra persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con el titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y
VI.- Se haya obtenido de mala fe.
Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III y IV del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones I, V y VI podrán ejercitarse en cualquier tiempo.
En la resolución que declare la nulidad parcial, el Instituto ordenará se asiente en el título respectivo una anotación marginal, en la cual se harán constar las modificaciones a éste, así como las causas que la originaron.

Artículo 259.-

No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.

Artículo 260.-

El registro caducará en los siguientes casos:
I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley;
II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del
Instituto.
El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y
III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo, en los términos que dispone el artículo 233 de esta Ley.

Artículo 261.-

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Artículo 262.-

El titular de una marca registrada podrá solicitar, en cualquier tiempo, la cancelación voluntaria de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma.

Artículo 263.-

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.
La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro, a la fecha de su otorgamiento.
La declaración de caducidad destruirá los efectos del registro, una vez que la resolución respectiva sea exigible.
La caducidad a la que se refieren las fracciones I y III del artículo 260 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

TÍTULO SEXTO.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

Capítulo II.- De la Inspección

Artículo 354.-

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:
I.- Requerimiento de informes y datos, y
II.- Visitas de inspección.

Artículo 355.-

Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.
El incumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior, sin causa justificada, se sancionará en términos de la fracción I del artículo 388 de esta Ley.

Artículo 356.-

Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.
El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.
Durante el desarrollo de las diligencias, el personal comisionado a las visitas de inspección podrá tomar fotografías, video filmaciones o recabar pruebas con cualquier otro instrumento considerado como admisible, en términos de las disposiciones legales aplicables. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y las demás probanzas recabadas con los instrumentos reconocidos por el presente artículo, podrán ser utilizados por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio. El solicitante de
la visita de inspección podrá proporcionar los medios necesarios para tal efecto.

Artículo 357.-

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo anterior.
Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva, se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente, y se impondrán las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de esta Ley.

Artículo 358.-

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos
relacionados con la actividad de que se trate, ya sea en establecimientos físicos o plataformas digitales.

Artículo 359.-

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar copia de la misma, o no se proporcionan testigos para firmar la misma, dichas circunstancias se asentarán en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 360.-

En las actas se hará constar:
I.- La hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
II.- La calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
III.- El número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
IV.- El nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
V.- El nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
VI.- La mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
VII.- Los datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia, aun cuando dicha circunstancia o hecho no estén contenidos en los puntos del acta de inspección, y la mención de si se han tomado fotografías, realizado video filmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;
VIII.- La declaración del visitado, si quisiera hacerla;
IX.- La mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y
X.- El nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Artículo 361.-

Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Artículo 362.-

Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 386 o 402 de esta Ley, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección.
Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

Artículo 363.-

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Artículo 364.-

El aseguramiento a que se refiere el artículo 362 de esta Ley podrá recaer en:
I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;
II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y
III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.

Artículo 365.-

En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, podrá designarse como depositario al encargado o propietario del establecimiento en el que se encuentren, si éste es fijo.
Si no lo fuere, se designará a la persona o institución que señale el solicitante de la medida, bajo su responsabilidad o, en su caso, los productos se concentrarán en el Instituto.
La mercancía asegurada deberá de estar en todo momento a disposición del Instituto y cualquier cambio de situación de la misma deberá ser comunicado a éste.
Cuando el Instituto requiera la mercancía y ésta no sea proporcionada, el depositario se hará acreedor a la sanción prevista en la fracción I del artículo 388 de esta Ley, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan, salvo causa justificada.

Artículo 366.-

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto otorgará un plazo de quince días contados a partir a que se les dé vista, con el fin de que las partes manifiesten su acuerdo sobre el destino de los bienes asegurados y, en caso de no recibir propuesta alguna, podrá ordenar:
I.- La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando
no se afecte el interés público, o
II.- La destrucción de los mismos, sin compensación alguna.
Lo anterior, sin perjuicio del acuerdo al que pudieran llegar las partes sobre el destino de los bienes asegurados durante la tramitación del procedimiento.

Capítulo III.- De las Notificaciones

Artículo 367.-

En los procedimientos de declaración administrativa, las notificaciones,
emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos, resoluciones administrativas definitivas y demás actos emitidos por el Instituto, podrán realizarse:
I.- Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en las oficinas del Instituto o en el domicilio señalado para tal efecto en el expediente;
II.- Por correo certificado con acuse de recibo o servicios de mensajería;
III.- A través de medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos;
IV.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio de la persona a quien deba notificarse, haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.
Para el caso de procedimientos de declaración administrativa de nulidad, cancelación y caducidad, previo a la notificación por edicto, el solicitante deberá agotar los domicilios señalados por el titular afectado en el expediente de la patente, registro, publicación o autorización respectivo, y
V.- Mediante Gaceta.

Artículo 368.-

Las notificaciones serán personales:
I.- Para emplazar al titular afectado o presunto infractor, y
II.- Cuando el Instituto estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia, deban ser personales, y así lo ordene expresamente.
En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, en donde se haya practicado una visita de inspección, se considerará legalmente realizada la notificación con la persona con la que se entendió la diligencia, en términos del artículo 360 fracción IX de la presente Ley.

Artículo 369.-

Cuando no haya sido posible el emplazamiento a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en aquéllos que obren en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará por edicto, a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará el plazo con que cuenta el titular afectado o presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 370.-

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional.

Artículo 371.-

En el caso de las notificaciones que no deban practicarse de manera personal, se dará prioridad a la notificación por Gaceta.

TÍTULO SÉPTIMO.- DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

Capítulo I.- De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 386.-

Son infracciones administrativas:
I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
II.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, o
d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
III.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
IV.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración de nulidad;
V.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
VI.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos que incorporen una invención patentada, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
VII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
IX.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos amparados por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
X.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar un producto al que se incorpore un diseño industrial registrado, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XI.- Usar un diseño industrial que no difiera en grado significativo o combinaciones de características de un registro de diseño industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;
XIII.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;
XIV.- Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
XV.- Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
XVI.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración correspondiente;
XVII.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
XIX.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a las que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX del artículo 173 de esta Ley; así como aquéllas que sean contrarias al orden público o que contravengan cualquier disposición legal;
XX.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o nombre de dominio o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
XXI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
XXII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado hayan sido alterados;
XXIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;
XXV.- Omitir proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 245 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;
XXVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
XXVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;
XXVIII.- Usar un nombre comercial idéntico o uno semejante en grado de confusión a otro previamente utilizado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;
XXIX.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;
XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la
denominación o indicación en servicios;
XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;
XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida
o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como «género», «tipo», «manera», «imitación”,
“producido en”, “con fabricación en” u otras similares, y
XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada.

Artículo 387.-

Para efectos del artículo anterior se entenderá por “usar”, de manera enunciativa más no limitativa: el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.

Artículo 388.-

Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:
I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice;
II.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción;
III.- Clausura temporal hasta por noventa días, y
IV.- Clausura definitiva.
Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiera incurrido el infractor, sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición.

Artículo 389.-

Los ingresos por concepto de las multas impuestas por el Instituto se destinarán a cubrir sus gastos de operación.

Artículo 390.-

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 388 de esta Ley, según el caso.
Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, una vez que sea exigible la resolución emitida por el Instituto.

Artículo 391.-

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y se reincida en la infracción,
independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Artículo 392.-

Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:
I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
II.- Las condiciones económicas del infractor, y
III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.
Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora.
Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular.

Artículo 393.-

Las multas que imponga el Instituto serán consideradas créditos fiscales y se recaudarán o, en su caso, ejecutarán por éste, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
El Instituto implementará mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología.

Artículo 394.-

La persona que obstaculice o impida, por sí o por interpósita persona, el procedimiento administrativo de ejecución que ordene el Instituto será acreedor a las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de esta Ley.

Artículo 395.-

Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, o la reparación del daño material a los afectados.

Artículo 396.-

La indemnización por la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado, en términos del artículo 397 de esta Ley.
La indemnización podrá ser reclamada, a elección del titular afectado ante:
I.- El Instituto una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, en los términos de esta Ley, o
II.- Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de esta Ley.

Artículo 397.-

Una vez que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el titular afectado podrá presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente
a éstos, de manera incidental, para lo cual deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
Para determinar el monto de la indemnización se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la infracción al derecho y, a elección del titular afectado, cualquier indicador de valor legítimo presentado por éste, incluyendo:
I.- El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor;
II.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
III.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
IV.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, que no puedan cumplirse por el infractor y que se traduzcan en daños y perjuicios al titular afectado, también podrán ser cuantificadas para efectos de la indemnización correspondiente.

Artículo 398.-

De la reclamación del titular afectado se dará vista al infractor para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere convenientes.
Una vez desahogadas las pruebas y tomando en cuenta las manifestaciones presentadas, el Instituto determinará los daños y perjuicios ocasionados, así como el monto de la indemnización que corresponda.
En la tramitación del incidente al que se refiere el presente artículo, se aplicarán las mismas reglas de los procedimientos de declaración administrativa respecto del ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, previstas en el artículo 333 de esta Ley.

Artículo 399.-

La acción para reclamar los daños y perjuicios causados por las infracciones a esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible.

Artículo 400.-

La ejecución de la resolución del incidente emitida por el Instituto podrá promoverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes.

Artículo 401.-

Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta Ley, así lo hará constar en la resolución que emita.

Capítulo II.- De los Delitos

Artículo 402.-

Son delitos:
I.- Falsificar una marca con fines de especulación comercial.
Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.
Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama;
II.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones;
III.- Divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su control legal o a su usuario autorizado;
V.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin contar con el consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce el
control legal del secreto industrial o su usuario autorizado;
VI.- Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, sin consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado; con el propósito de
causarle perjuicio u obtener un beneficio económico para sí o para un tercero;
VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una denominación de origen protegida que no cuenten con la certificación correspondiente en términos de la Norma Oficial Mexicana aplicable, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.
No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en
términos de la legislación aplicable;
VIII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una indicación geográfica protegida que no cuenten con el certificado de cumplimiento a las reglas de uso
respectivas, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo.
No existirá responsabilidad penal cuando no se encuentre acreditado ante el Instituto el responsable de emitir el certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas, en términos de la legislación aplicable.
Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. Los delitos contemplados en las fracciones VII y VIII se perseguirán de oficio o por denuncia.

Artículo 403.-

En el caso de los delitos previstos en las fracciones I, II, VII y VIII del artículo 402 de esta Ley, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a quinientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.
A quien cometa alguno de los delitos señalados en las fracciones III, IV, V o VI del artículo 402 de esta Ley, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de mil a trescientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.

Artículo 404.-

Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.
Los delitos a los que se refiere el presente artículo se perseguirán de oficio.

Artículo 405.-

Para que el Ministerio Público ejercite la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 402, se requerirá que el Instituto en un plazo que no exceda de 30 días hábiles emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que
procedan.

Artículo 406.-

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el
artículo 396 de esta Ley.

01Ene/14

Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un Programa Plurianual de Política del Espectro Radioeléctrico.(Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de marzo de 2012)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN

 

EUROPEA,

 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

 

Considerando lo siguiente:

 

(1) De conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (3), la Comisión podrá presentar propuestas legislativas al Parlamento Europeo y al Consejo con objeto de establecer programas plurianuales para la política del espectro radioeléctrico. Estos programas establecerán las orientaciones políticas y los objetivos para la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro radioeléctrico de conformidad con las disposiciones de las directivas aplicables a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Estas orientaciones políticas y objetivos deben referirse a la disponibilidad y el uso eficiente del espectro necesario para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El programa de política del espectro radioeléctrico (denominado en lo sucesivo «el Programa») debe respaldar los objetivos y acciones clave presentados en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 sobre la Estrategia Europa 2020 y en la Comunicación de la Comisión de 26 de agosto de 2010 sobre la Agenda Digital para Europa, e incluida entre las 50 acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 11 de noviembre de 2010, titulada «Hacia el Acta del Mercado Único».

(2) La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del derecho de la Unión en vigor, en particular las Directivas 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (4), 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (5), 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (6), 2002/21/CE, así como la Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (7). La presente Decisión debe entenderse también sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel nacional, en cumplimiento del derecho de la Unión destinada a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual, y del derecho de los Estados miembros de organizar y usar su espectro radioeléctrico con fines de orden público, seguridad pública y defensa.

(3) El espectro es un recurso público fundamental para sectores y servicios esenciales, entre ellos las comunicaciones móviles, inalámbricas de banda ancha y por satélite, la radiodifusión sonora y televisiva, el transporte y la radiolocalización, y aplicaciones tales como alarmas, mandos a distancia, prótesis auditivas, micrófonos y equipos médicos. Contribuye a servicios públicos como los servicios de protección y seguridad, incluida la protección civil, y a actividades científicas, como la meteorología, la observación de la Tierra, la radioastronomía y la investigación espacial. Un acceso fácil al espectro también desempeña una función en la prestación de comunicaciones electrónicas, particularmente para los ciudadanos y las empresas que se encuentran en las zonas menos pobladas o en zonas remotas, como las zonas rurales o las islas. Por consiguiente, las medidas reguladoras en materia de espectro tienen implicaciones para la seguridad, la salud y el interés público, además de implicaciones económicas, culturales, científicas, sociales, ambientales y técnicas.

(4) Debe adoptarse un nuevo enfoque económico y social en lo que respecta a la gestión, asignación y utilización del espectro. Dicho enfoque debe prestar especial atención a la política del espectro, con objeto de garantizar una mayor eficiencia del espectro, una mejor planificación de frecuencias y salvaguardias frente a las conductas contrarias a la competencia.

(5) La planificación estratégica y la armonización del uso del espectro a escala de la Unión deberían mejorar el mercado interior de los servicios y equipos de comunicaciones electrónicas inalámbricas, así como otras políticas de la Unión que requieren el uso de espectro. De esta forma, se generarían nuevas oportunidades de innovación y de creación de empleo y, al mismo tiempo, se contribuiría a la recuperación económica y a la integración social en toda la Unión, respetando a la vez el importante valor social, cultural y económico del espectro.

(6) La armonización de un uso adecuado del espectro también puede ser beneficiosa para la calidad de los servicios prestados mediante las comunicaciones electrónicas y es esencial para la creación de economías de escala que reduzcan tanto el coste de desplegar redes móviles como el de los dispositivos inalámbricos para los consumidores. Con este fin, la Unión necesita un programa estratégico que abarque el mercado interior en todas las políticas de la Unión que implican el uso de espectro, como las de las comunicaciones electrónicas, investigación, desarrollo tecnológico y espacio, transporte, energía y la política audiovisual.

(7) El Programa debe fomentar la competencia y contribuir a sentar las bases de un verdadero mercado único digital.

(8) El Programa debe apoyar en particular la estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta el enorme potencial de los servicios inalámbricos para fomentar una economía basada en el conocimiento, desarrollar y ayudar a los sectores que se basan en las tecnologías de la información y las comunicaciones y reducir la brecha digital. El aumento del uso de los servicios de medios audiovisuales y de los contenidos en línea, en particular, está impulsando la demanda de velocidad y cobertura. Constituye además una acción clave de la Agenda Digital para Europa cuya finalidad es ofrecer acceso a internet de alta velocidad mediante conexiones de banda ancha en la futura economía basada en las redes y el conocimiento, con el ambicioso objetivo de conseguir para todos los europeos cobertura de banda ancha universal. Proporcionar unas velocidades y una capacidad de banda ancha lo más altas posibles, tanto en modo fijo como móvil, contribuye a la realización del objetivo de un mínimo de 30 Mbps para todos antes de 2020 con la mitad de los hogares de la Unión, como mínimo, teniendo acceso de banda ancha con una velocidad de al menos 100 Mbps, y es importante para fomentar el crecimiento económico y la competitividad global y necesario para materializar los beneficios económicos y sociales sostenibles de un mercado único digital. Deben también respaldarse y promoverse otros objetivos sectoriales de la Unión, como un medio ambiente sostenible y la integración económica y social de todos los ciudadanos de la Unión. Dada la importancia que revisten las aplicaciones inalámbricas para la innovación, el Programa representa igualmente una iniciativa fundamental de apoyo a las políticas de la Unión en materia de innovación.

(9) El Programa debe sentar las bases para un desarrollo en el que la Unión pueda asumir el liderazgo con respecto a las velocidades, la movilidad, la cobertura y la capacidad de la banda ancha inalámbrica. Este liderazgo es esencial para establecer un mercado único digital competitivo que actúe como punta de lanza para abrir el mercado interior a todos los ciudadanos de la Unión.

(10) El Programa debe especificar los principios rectores y los objetivos hasta 2015 para los Estados miembros y las instituciones de la Unión, y establecer iniciativas concretas de aplicación. Si bien la gestión del espectro sigue siendo en gran medida competencia nacional, debe ejercerse de conformidad con la legislación de la Unión en vigor y prever medidas para llevar a cabo las políticas de la Unión.

(11) El Programa también debe tener en cuenta la Decisión nº 676/2002/CE y los conocimientos técnicos de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), de modo que las políticas de la Unión que se basan en el espectro y que han sido adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo puedan aplicarse mediante medidas técnicas de ejecución, teniendo en cuenta que tales medidas podrán adoptarse siempre que sea necesario para aplicar políticas de la Unión existentes.

(12) Un acceso fácil al espectro puede requerir tipos innovadores en materia de autorización, como el uso colectivo del espectro o el uso compartido de infraestructuras, la aplicación de los cuales en la Unión puede verse facilitada por la definición de buenas prácticas y el fomento del intercambio de información, así como por la definición de determinadas condiciones comunes o convergentes aplicables al uso del espectro. Las autorizaciones generales, que es el tipo de autorización menos oneroso, revisten especial interés cuando las interferencias no corren el riesgo de entorpecer el desarrollo de otros servicios.

(13) Pese a encontrarse en una fase de desarrollo desde el punto de vista tecnológico, las denominadas «tecnologías cognitivas» deberían examinarse ya más exhaustivamente, permitiendo también el uso compartido basado en la geolocalización.

(14) El comercio de derechos sobre el espectro, junto con unas condiciones flexibles de uso, puede beneficiar sustancialmente el crecimiento económico. Por tanto, las bandas en las que el uso flexible ha sido introducido ya por el derecho de la Unión deberían poderse negociar inmediatamente, con arreglo a la Directiva 2002/21/CE. La puesta en común de las prácticas idóneas en cuanto a las condiciones y procedimientos de autorización para dichas bandas, así como de medidas comunes destinadas a evitar una acumulación de derechos de uso del espectro, que podría conducir a posiciones dominantes o a la no utilización de tales derechos, facilitaría la introducción coordinada de estas medidas por todos los Estados miembros y la adquisición de tales derechos en cualquier parte de la Unión. Cuando sea posible, debe fomentarse el uso colectivo (o compartido) del espectro —entendido como un número indeterminado de usuarios y/o de dispositivos independientes para acceder al espectro en la misma gama de frecuencias, al mismo tiempo y en una zona geográfica determinada con arreglo a una serie de condiciones bien definidas—, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2002/20/CE en lo relativo a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

(15) Tal como se subraya en la Agenda Digital para Europa, la banda ancha inalámbrica constituye un medio importante de aumentar la competencia, las posibilidades de elección de los consumidores y el acceso en las zonas rurales y otras en las que el despliegue de la banda ancha por cable es difícil o económicamente inviable. No obstante, la gestión del espectro puede afectar a la competencia al modificar el papel y el poder de los agentes del mercado, por ejemplo en caso de que los usuarios existentes se beneficien de ventajas competitivas injustificadas. El acceso limitado al espectro, en particular cuando el espectro adecuado escasee, puede obstaculizar la entrada de nuevos servicios o aplicaciones y entorpecer la innovación y la competencia. La adquisición de nuevos derechos de uso del espectro, en particular a través de la transferencia o arrendamiento de espectro o de otras transacciones entre usuarios, y la introducción de nuevos criterios flexibles aplicables al uso del espectro puede tener repercusiones en la actual situación competitiva. Por consiguiente, los Estados miembros deben tomar medidas adecuadas a priori o a posteriori (destinadas, por ejemplo, a modificar derechos existentes, prohibir determinadas adquisiciones de derechos de uso sobre el espectro, imponer condiciones relativas al acaparamiento de espectro y su uso eficiente, similares a las mencionadas en la Directiva 2002/21/CE, limitar la cantidad de espectro disponible para cada empresa o evitar la acumulación excesiva de derechos de uso del espectro), a fin de evitar falseamientos de la competencia, conforme a los principios en que se basan la Directiva 2002/20/CE y la Directiva 87/372/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a las bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad (8) (la Directiva «GSM»).

(16) La creación de un inventario de los usos actuales del espectro, junto con un análisis de las tendencias tecnológicas, las futuras necesidades y demanda de espectro, en particular entre 400 MHz y 6 GHz, debería permitir la identificación de bandas de frecuencia en las que pueden mejorarse la eficiencia y las oportunidades de compartir el espectro en beneficio tanto del sector comercial como del público. La metodología para establecer y mantener el inventario de los usos actuales del espectro debe tener debidamente en cuenta las cargas administrativas con que lastra a las Administraciones y tratar de minimizar dichas cargas. Por tanto, la información que faciliten los Estados miembros de acuerdo con la Decisión 2007/344/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2007, relativa a la disponibilidad armonizada de información sobre el uso del espectro en la Comunidad (9) debe tenerse plenamente en cuenta en el desarrollo del método con el que se establezca el inventario de los usos actuales del espectro.

(17) Las normas armonizadas que contempla la Directiva 1999/5/CE son esenciales para lograr un uso eficiente del espectro y deben tener en cuenta las condiciones de uso compartido definidas en la legislación. Las normas europeas relativas a las redes y equipos eléctricos y electrónicos no radioeléctricos deben también evitar las perturbaciones en el uso del espectro. El impacto acumulado del volumen y la densidad crecientes de los dispositivos y aplicaciones inalámbricos, unido a la diversidad de usos del espectro, supone un desafío para los enfoques actuales de gestión de las interferencias. Convendría por tanto examinar y reevaluar dichos enfoques, conjuntamente con las características de los receptores y unos mecanismos más sofisticados de evitación de interferencias.

(18) Debe permitirse a los Estados miembros, en su caso, introducir medidas de compensación relativas a los costes de migración.

(19) De conformidad con los objetivos de «Una Agenda Digital para Europa», la banda ancha inalámbrica puede contribuir sustancialmente a la recuperación económica y al crecimiento si se pusiera a disposición espectro suficiente, se concedieran rápidamente los derechos de uso del espectro y se autorizara el comercio para adaptarse a la evolución del mercado. La Agenda Digital para Europa propone ofrecer a todos los ciudadanos de la Unión un acceso a la banda ancha a una velocidad de al menos 30 Mbps de aquí a 2020. Por consiguiente, conviene poner a disposición el espectro que ya ha sido cubierto por las Decisiones de la Comisión de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en dichas Decisiones y, supeditado a la demanda del mercado, efectuar de conformidad con la Directiva 2002/20/CE el proceso de autorización antes del 31 de diciembre de 2012 para las comunicaciones terrestres con objeto de garantizar un acceso fácil a la banda ancha inalámbrica para todos, en particular dentro de las bandas de frecuencia designadas en las Decisiones 2008/411/CE (10), 2008/477/CE (11) y 2009/766/CE (12) de la Comisión. Para complementar los servicios terrestres de banda ancha y garantizar la cobertura de las regiones más remotas de la Unión, un acceso de banda ancha por satélite podría ser una solución rápida y viable.

(20) Conviene establecer unas disposiciones más flexibles para el uso de las frecuencias, en caso necesario, a fin de favorecer la innovación y las conexiones de alta velocidad de banda ancha que permitan a las empresas reducir costes y aumentar su competitividad y posibiliten la creación de nuevos servicios interactivos en línea en los ámbitos, por ejemplo, de la educación, la sanidad y los servicios de interés general.

(21) Tener cerca de 500 millones de personas conectadas a la banda ancha de alta velocidad en Europa contribuiría al desarrollo del mercado interior, creando una masa crítica de usuarios única a escala mundial que ofrecería a todas las regiones nuevas oportunidades, daría a cada usuario un mayor valor y a la Unión la capacidad de ser una economía basada en el conocimiento líder a escala mundial. El rápido despliegue de la banda ancha resulta por ello crucial para el desarrollo de la productividad europea y para la aparición de nuevas y pequeñas empresas que pueden convertirse en líderes en diversos sectores, por ejemplo, la atención sanitaria, la industria manufacturera y el sector de los servicios.

(22) En 2006, la Unión Internacional de Telecomunicaciones («ITU») estimó las necesidades futuras en materia de ancho de banda del espectro para el desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000) y los sistemas IMT avanzados (es decir, las comunicaciones móviles 3G y 4G) entre 1.280 y 1.720 MHz en 2020 para el sector móvil comercial de cada región de la ITU, incluida Europa. Nótese que la cifra inferior (1.280 MHz) es superior a los requisitos de algunos países. Por otra parte, en algunos países el requisito es mayor que la cifra superior (1.720 MHz). Ambas cifras incluyen el espectro que ya se encuentra en uso, o cuyo uso está previsto, para los sistemas pre-IMT, IMT-2000 y sus versiones mejoradas. Si no se libera el espectro necesario, preferiblemente armonizado a nivel mundial, los nuevos servicios y el crecimiento económico se verán obstaculizados por las limitaciones de capacidad de las redes móviles.

(23) La banda de 800 MHz (790-862 MHz) es óptima para la cobertura de zonas amplias mediante servicios inalámbricos de banda ancha. Sobre la base de la armonización de las condiciones técnicas prevista en la Decisión 2010/267/UE, y de la Recomendación de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, para facilitar la obtención del dividendo digital en la Unión Europea (13) en la que se instaba al abandono de la tecnología de transmisión analógica antes del 1 de enero de 2012, y habida cuenta de la rápida evolución de las normativas nacionales, dicha banda debería en principio ponerse a disposición de los servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión de aquí a 2013. A más largo plazo, podría contemplarse también poner a disposición espectro adicional, a la vista de los resultados de un análisis de las tendencias de la tecnología, las futuras necesidades y la demanda de espectro. Considerando la capacidad de la banda de 800 MHz de transmitir a amplias zonas, convendría que los derechos de uso fueran asociados, en su caso, a obligaciones de cobertura.

(24) El aumento de las oportunidades de banda ancha móvil resulta fundamental para dotar al sector cultural de nuevas plataformas de distribución, lo que allanaría el camino para el éxito de un futuro desarrollo del sector.

(25) Los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, pueden superar sus asignaciones actuales sobre una base libre de licencias. La necesidad y viabilidad de ampliar las atribuciones de espectro libre de licencias para sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, a 2,4 GHz y 5 GHz, se deberían evaluar en relación con el inventario de los usos actuales del espectro y de las nuevas necesidades de espectro y dependiendo de la utilización del espectro para otros fines.

(26) Si bien la radiodifusión seguirá siendo una plataforma importante para la distribución del contenido, ya que sigue siendo la plataforma más económica para la distribución masiva, el ancho de banda, tanto fijo como móvil, y otros nuevos servicios ofrecen nuevas oportunidades al sector cultural para diversificar su gama de plataformas de distribución, prestar servicios a la carta y sacar partido del potencial económico del importante aumento en el tráfico de datos.

(27) Con objeto de centrarse en las prioridades del Programa plurianual, los Estados miembros y la Comisión deben cooperar a fin de respaldar y lograr el objetivo de permitir que la Unión asuma le liderazgo en materia de servicios inalámbricos de comunicaciones electrónicas de banda ancha mediante la liberación de suficiente espectro en las bandas más rentables para que esos servicios estén ampliamente disponibles.

(28) Puesto que para desarrollar las comunicaciones de banda ancha en toda la Unión y evitar un falseamiento de la competencia y la fragmentación del mercado entre los Estados miembros es fundamental adoptar un enfoque común y realizar economías de escala, podrían definirse algunas prácticas idóneas en materia de condiciones y procedimientos de autorización de manera concertada entre los Estados miembros y con la Comisión. Estas condiciones y procedimientos podrían referirse a obligaciones en materia de cobertura, al tamaño de los bloques de espectro, al calendario de concesión de derechos, al acceso a operadores de redes móviles virtuales (MVNO) y a la duración de los derechos de uso del espectro. Estas condiciones y procedimientos, que reflejan la importancia del comercio de espectro para mejorar la eficiencia del uso del espectro y desarrollar el mercado interior de los equipos y servicios inalámbricos, deberían aplicarse a las bandas de frecuencia que se atribuyan a las comunicaciones inalámbricas, y para las cuales puedan transferirse o arrendarse derechos de uso.

(29) Otros sectores, como el transporte (sistemas de seguridad, información y gestión), la investigación y desarrollo (I+D), la sanidad electrónica, la inclusión electrónica y, en caso necesario, la protección pública y el socorro en caso de catástrofe, a la vista del aumento del uso de la transmisión de vídeo y de datos para un servicio más rápido y eficaz, podrían necesitar espectro adicional. La optimización de sinergias entre la política del espectro y las actividades de I+D y la realización de estudios de compatibilidad radioeléctrica entre los diferentes usuarios del espectro deberían contribuir a la innovación. Por otra parte, los resultados de la investigación realizada en el contexto del séptimo programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) requieren el examen de las necesidades de espectro de los proyectos que pueden tener un amplio potencial económico o de inversión, en particular para las PYME, como la radiocomunicación cognitiva o la sanidad electrónica. Debería también garantizarse una protección adecuada contra las interferencias perjudiciales, a fin de apoyar las actividades científicas y de I+D.

(30) La estrategia Europa 2020 fija objetivos medioambientales para una economía sostenible, eficiente en cuanto a la energía y competitiva, por ejemplo la mejora de la eficiencia energética en un 20 %. Al sector de las tecnologías de la información y la comunicación le corresponde un papel fundamental, tal como se subraya en la Agenda Digital para Europa. Entre las acciones propuestas cabe citar la aceleración del despliegue en toda la Unión de sistemas inteligentes de gestión de la energía (redes y sistemas de medición inteligentes), utilizando capacidades de comunicación para reducir el consumo de energía, y el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes y de gestión inteligente del tráfico para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el sector del transporte. El uso eficiente de las tecnologías del espectro también podría contribuir a reducir el consumo de energía de los equipos radioeléctricos y a limitar su impacto medioambiental en las zonas rurales y remotas.

(31) Un enfoque coherente en materia de autorización del espectro en la Unión requiere la toma en consideración plena de la protección de la salud pública contra los campos electromagnéticos, que es esencial para el bienestar de los ciudadanos. Aunque está sujeta a la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (14), es esencial garantizar un seguimiento constante de los efectos ionizantes y no ionizantes del uso del espectro en la salud, incluidos los efectos acumulativos en la vida real del uso de diversas frecuencias del espectro por un número creciente de tipos de equipos.

(32) Objetivos esenciales de interés general, como la seguridad de la vida humana, obligan a buscar soluciones técnicas coordinadas para la interconexión de los servicios de seguridad y emergencia de los Estados miembros. Conviene poner a disposición espectro suficiente, sobre una base coherente, para el desarrollo y la libre circulación de servicios y dispositivos de seguridad y el desarrollo de soluciones innovadoras de seguridad y emergencia paneuropeas o interoperables. Hay estudios que han indicado la necesidad de disponer en la Unión de bandas espectrales armonizadas adicionales por debajo de 1 GHz para ofrecer servicios móviles de banda ancha en el campo de la PPDR, en los próximos cinco a diez años.

(33) La regulación del espectro tiene una marcada dimensión transfronteriza o internacional, debido a las características de propagación, a la naturaleza internacional de los mercados dependientes de servicios basados en las radiocomunicaciones, y a la necesidad de evitar interferencias perjudiciales entre los países.

(34) De acuerdo con la jurisprudencia en la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la materia de un acuerdo internacional es en parte competencia de la Unión y en parte competencia de los Estados miembros, es fundamental garantizar una estrecha cooperación entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión. Esa obligación de cooperar, clarificada en una jurisprudencia constante, deriva del principio de unidad en la representación internacional de la Unión y sus Estados miembros.

(35) Asimismo, los Estados miembros pueden necesitar apoyo en relación con la coordinación de frecuencias en las negociaciones bilaterales con países vecinos de la Unión, incluidos los países candidatos y en proceso de adhesión, a fin de cumplir sus obligaciones derivadas de la legislación de la Unión en materia de coordinación de frecuencias. Ello debería contribuir también a evitar interferencias perjudiciales y a mejorar la eficiencia del espectro y la convergencia en el uso del espectro incluso más allá de las fronteras de la Unión.

(36) Para la realización de los objetivos de la presente Decisión es importante reforzar el actual marco institucional de coordinación de la política y gestión del espectro a escala de la Unión e incluir las cuestiones que afectan directamente a dos o más Estados miembros, teniendo plenamente en cuenta la competencia y experiencia de las administraciones nacionales. Reviste igualmente una importancia capital la cooperación y la coordinación entre los organismos de normalización, los centros de investigación y la CEPT.

(37) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La Comisión debería ejercer dichas competencias de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por parte de la Comisión (15).

(38) Dado que los objetivos de la presente Decisión, a saber el establecimiento de un primer programa plurianual de política del espectro radioeléctrico no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acción propuesta pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(39) La Comisión debería informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados obtenidos en la aplicación de la presente Decisión, así como sobre las acciones futuras previstas.

(40) A la hora de elaborar su propuesta, la Comisión ha tenido sumamente en cuenta el dictamen del Grupo de política del espectro radioeléctrico, creado mediante la Decisión 2002/622/CE de la Comisión (16).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Decisión establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico para la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro, con objeto de garantizar el funcionamiento del mercado interior en los ámbitos de actuación de las políticas de la Unión que implican el uso de espectro, como las de las comunicaciones electrónicas, investigación, desarrollo tecnológico y espacio, transporte, energía y la política audiovisual.

La presente Decisión no afectará a la disponibilidad de espectro suficiente para otros ámbitos de las políticas de la Unión como la protección civil y el socorro en caso de catástrofe, y la política común de seguridad y defensa.

2. La presente Decisión no prejuzga la legislación de la Unión vigente, en particular: las Directivas 1999/5/CE, 2002/20/CE y 2002/21/CE, y con arreglo al artículo 6 de la presente Decisión, la Decisión nº 676/2002/CE, ni las medidas adoptadas a escala nacional de conformidad con el derecho de la Unión.

3. La presente Decisión no afectará a las medidas adoptadas a escala nacional, cumpliendo plenamente el derecho de la Unión, que estén destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la regulación de los contenidos y a la política audiovisual.

La presente Decisión se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar sus espectros para fines de orden público y seguridad pública y de defensa. Cuando la presente Decisión, o medidas adoptadas en aplicación de esta, en las bandas de frecuencia mencionadas en el artículo 6 afecten al espectro utilizado por un Estado miembro exclusiva y directamente para su seguridad pública y con fines relacionados con la defensa, el Estado miembro podrá seguir utilizando este espectro de banda de frecuencia para fines de seguridad pública y de defensa hasta que se eliminen progresivamente los sistemas existentes en la banda en la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión o de la medida adoptada en aplicación de esta respectivamente. El Estado miembro deberá notificar debidamente su decisión a la Comisión.

Artículo 2.- Principios reguladores generales

1. Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión de manera transparente, a fin de velar por la aplicación coherente de los siguientes principios reguladores generales en toda la Unión:

a) aplicar el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible, de manera que se maximice la flexibilidad y la eficiencia en el uso del espectro. Este sistema de autorización deberá basarse en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados;

b) fomentar el desarrollo del mercado interior, promoviendo el surgimiento de futuros servicios digitales a escala de la Unión e impulsando la competencia efectiva;

c) promover la competencia y la innovación, teniendo en cuenta la necesidad de evitar interferencias perjudiciales y la necesidad de garantizar la calidad técnica del servicio para facilitar la disponibilidad de servicios de banda ancha y responder eficazmente al aumento del tráfico inalámbrico de datos;

d) definir las condiciones técnicas para el uso del espectro, tomar plenamente en cuenta el derecho pertinente de la Unión, en particular sobre la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos;

e) fomentar la neutralidad de la tecnología y de los servicios en cuanto a los derechos de uso del espectro siempre que sea posible.

2. Para las comunicaciones electrónicas, además de los principios reguladores generales definidos en el apartado 1 del presente artículo, se aplicarán los siguientes principios específicos, con arreglo a los artículos 8 bis, 9, 9 bis y 9 ter de la Directiva 2002/21/CE y con la Decisión nº 676/2002/CE:

a) aplicar la neutralidad tecnológica y de los servicios a los derechos de uso del espectro para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y la transferencia o el alquiler de los derechos de uso de las radiofrecuencias;

b) promocionar la armonización del uso de las radiofrecuencias en toda la Unión, en coherencia con la necesidad de garantizar su uso efectivo y eficiente;

c) facilitar el aumento del tráfico inalámbrico de datos y de servicios de banda ancha fomentando, en particular, la flexibilidad, y promover la innovación, teniendo en cuenta la necesidad de evitar interferencias perjudiciales y de garantizar la calidad técnica del servicio.

Artículo 3.- Objetivos estratégicos

Con el fin de centrarse en las prioridades de la presente Decisión, los Estados miembros y la Comisión cooperarán para sostener y lograr los siguientes objetivos estratégicos:

a) fomentar la gestión y el uso eficaces del espectro para responder mejor a la creciente demanda de uso de frecuencias, reflejando el importante valor social, cultural y económico del espectro;

b) procurar atribuir un espectro adecuado y suficiente lo antes posible, a fin de apoyar los objetivos estratégicos de la Unión y afrontar en las mejores condiciones el aumento de la demanda de tráfico inalámbrico de datos, permitiendo, al mismo tiempo, el desarrollo de servicios comerciales y públicos, y teniendo en cuenta al mismo tiempo objetivos importantes de interés general, como la diversidad cultural y el pluralismo de los medios; a tal fin, deberán hacerse todos los esfuerzos para identificar, basándose en el inventario de los usos del espectro establecido en el artículo 9, al menos 1.200 Mhz de espectro adecuado para 2015 a más tardar. Dicha cifra incluye el espectro en uso en la actualidad;

c) reducir la brecha digital y contribuir a los objetivos de la Agenda Digital para Europa, promoviendo que todos los ciudadanos de la Unión tengan acceso a la banda ancha, con un mínimo de 30 Mbps para 2020, y posibilitando que la Unión tenga la velocidad y la capacidad de banda ancha lo más elevadas posibles;

d) permitir que la Unión asuma el liderazgo en materia de servicios inalámbricos de comunicaciones electrónicas de banda ancha mediante la apertura de suficiente espectro en las bandas más rentables para que esos servicios estén ampliamente disponibles;

e) asegurar oportunidades tanto para el sector comercial como para los servicios públicos mediante un aumento de las capacidades móviles de banda ancha;

f) potenciar la flexibilidad en el uso del espectro, a fin de fomentar la innovación y la inversión, a través de la aplicación coherente de los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios en toda la Unión entre las soluciones tecnológicas que puedan adoptarse y a través de una predictibilidad reglamentaria adecuada, como la que ofrece, por ejemplo, el marco regulador de los servicios de comunicaciones electrónicas, mediante la apertura del espectro armonizado a nuevas tecnologías avanzadas, y la posibilidad de negociar con los derechos sobre el uso del espectro, creando así oportunidades para el desarrollo de futuros servicios a de la Unión;

g) facilitar un acceso fácil al espectro, aprovechando las ventajas que ofrece el sistema de autorizaciones generales para comunicaciones electrónicas con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2002/20/CE;

h) fomentar el uso compartido de infraestructuras pasivas cuando ello resulte proporcionado y no discriminatorio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2002/21/CE;

i) mantener y desarrollar una competencia efectiva, sobre todo en los servicios de comunicaciones electrónicas, intentando evitar mediante medidas a priori o a posteriori una acumulación excesiva de derechos de uso de radiofrecuencias por determinadas empresas que pueda perjudicar significativamente la competencia;

j) reducir la fragmentación y aprovechar plenamente el potencial del mercado interior, a fin de impulsar el crecimiento económico y las economías de escala a nivel de la Unión, a través del refuerzo de la coordinación y la armonización de las condiciones técnicas aplicables al uso y la disponibilidad del espectro, según el caso;

k) evitar las interferencias o perturbaciones perjudiciales debidas, entre otras cosas, a otros dispositivos radioeléctricos o no radioeléctricos, propiciando la elaboración de normas que contribuyan a un uso flexible y eficiente del espectro, y aumentando la inmunidad de los receptores a las interferencias, teniendo en cuenta en particular el impacto acumulado del volumen y la densidad crecientes de los dispositivos y aplicaciones radioeléctricos;

l) promover la accesibilidad a los nuevos productos de consumo y tecnologías con el fin de garantizar el apoyo de los consumidores a la transición a la tecnología digital y el uso eficiente del dividendo digital;

m) reducir la huella de carbono de la Unión mejorando la eficiencia técnica y energética de las redes y los equipos inalámbricos de comunicaciones.

Artículo 4.- Mejora de la eficiencia y la flexibilidad

1. Los Estados miembros impulsarán, en cooperación con la Comisión y cuando proceda, el uso colectivo y el uso compartido del espectro.

Asimismo, impulsarán el desarrollo de las tecnologías existentes y nuevas, por ejemplo la radiocomunicación cognitiva, incluidas las que utilizan «espacios en blanco».

2. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para incrementar la flexibilidad en el uso del espectro, a fin de fomentar la innovación y la inversión, mediante la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías y la transferencia o el arrendamiento de los derechos de uso sobre el espectro.

3. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán con vistas a impulsar el desarrollo y armonización de normas aplicables a los equipos radioeléctricos y a los equipos terminales de telecomunicaciones, así como a las redes y equipos eléctricos y electrónicos, basadas en caso necesario en mandatos de normalización otorgados por la Comisión a los organismos de normalización pertinentes. También deberá prestarse especial atención a las normas aplicables a los equipos utilizados por personas con discapacidad.

4. Los Estados miembros promoverán las actividades de I+D en nuevas tecnologías como las tecnologías cognitivas y las bases de datos de geolocalización.

5. Los Estados miembros establecerán, cuando proceda, criterios y procedimientos de selección para garantizar los derechos de uso del espectro que favorezcan la competencia, la inversión, el uso eficiente del espectro como bien público y la coexistencia de servicios y dispositivos nuevos y ya existentes.

Los Estados miembros promoverán de forma constante el uso eficiente del espectro en lo que se refiere a las redes, los dispositivos y las aplicaciones.

6. Cuando sea necesario para asegurar el uso eficiente de los derechos de uso sobre el espectro y evitar el acaparamiento del mismo, los Estados miembros podrán considerar la adopción de medidas adecuadas como sanciones financieras, el uso de incentivos tarifarios o la retirada de derechos. Tales medidas deberán adoptarse y aplicarse de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada.

Para los servicios de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros adoptarán antes del 1 de enero de 2013 medidas de asignación y autorización adecuadas para el desarrollo de servicios de banda ancha, con arreglo a la Directiva 2002/20/CE, con objeto de alcanzar la capacidad y las velocidades de banda ancha más elevadas posibles.

8. A fin de evitar una posible fragmentación del mercado interior debida a la divergencia de los criterios y procedimientos de selección aplicables al espectro armonizado atribuidas a los servicios de comunicaciones electrónicas y susceptibles de negociación en todos los Estados miembros, con arreglo al artículo 9 ter de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y en consonancia con el principio de subsidiariedad, facilitará la identificación y puesta en común de las mejores prácticas sobre las condiciones y procedimientos de autorización y alentará el intercambio de información sobre dicho espectro para aumentar la coherencia en toda la Unión, de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de servicios.

Artículo 5.- Competencia

1. Los Estados miembros fomentarán la competencia efectiva y evitarán falseamientos de la competencia en el mercado interior para los servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo a las Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE.

Asimismo, tendrán en cuenta las cuestiones de competencia cuando concedan derechos de uso del espectro a los usuarios de redes privadas de comunicación electrónica.

2. A los efectos de aplicar el primer párrafo del apartado primero y sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia y de las medidas adoptadas por los Estados miembros para lograr objetivos de interés general con arreglo al artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros podrán adoptar medidas necesarias para, inter alia:

a) limitar la cantidad de espectro sobre la que se conceden derechos de uso a una empresa o imponer condiciones a dichos derechos de uso, como la oferta de acceso mayorista o la itinerancia nacional o regional, en determinadas bandas o en determinados grupos de bandas con características similares, por ejemplo las bandas por debajo de 1 GHz atribuidas a servicios de comunicaciones electrónicas. Estas condiciones suplementarias solo podrán ser impuestas por las autoridades nacionales competentes;

b) reservar, si resulta apropiado por la situación en el mercado nacional, cierta parte de una banda o grupo de bandas de frecuencia para su asignación a nuevos;

c) negarse a conceder nuevos derechos de uso del espectro o a autorizar nuevos usos del espectro en determinadas bandas, o imponer condiciones a la concesión de nuevos derechos de uso o a la autorización de nuevos usos del espectro, para evitar la distorsión de la competencia por cualquier asignación, transferencia o acumulación de derechos de uso de las radiofrecuencias;

d) prohibir o imponer condiciones a las transferencias de derechos de uso del espectro, no sujetas al control nacional o comunitario de las operaciones de concentración, cuando las transferencias puedan perjudicar significativamente la competencia;

e) modificar los derechos existentes, de conformidad con la Directiva 2002/20/CE, cuando sea necesario para corregir a posteriori la distorsión de la competencia por cualquier transferencia o acumulación de derechos de uso de las radiofrecuencias.

3. Cuando los Estados miembros deseen adoptar una de las medidas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, deberán actuar con arreglo a los procedimientos de imposición o modificación de tales condiciones sobre los derechos de uso del espectro que establece la Directiva 2002/20/CE.

4. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos de autorización y selección de los servicios de comunicaciones electrónicas fomenten la competencia efectiva en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas de la Unión.

Artículo 6.- Espectro necesario para comunicaciones inalámbricas de banda ancha

1. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de un espectro suficiente a efectos de cobertura y capacidad en la Unión, a fin de permitir que la Unión disponga de las mayores velocidades de banda ancha del mundo, posibilitando las aplicaciones inalámbricas y el liderazgo europeo en los nuevos servicios a fin de contribuir eficazmente al crecimiento económico y a la realización del objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a la banda ancha a velocidades no inferiores a 30 Mbps de aquí a 2020.

2. Con objeto de fomentar una mayor disponibilidad de los servicios inalámbricos de banda ancha en beneficio de los ciudadanos y los consumidores de la Unión, los Estados miembros harán que todas las bandas queden cubiertas por las Decisiones 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz) y 2009/766/CE (900-1 800 MHz), disponibles bajo las condiciones descritas en dichas Decisiones. En función de la demanda del mercado, los Estados miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización antes del 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de la implantación de servicios existente y bajo condiciones que permitan a los consumidores acceder fácilmente a los servicios inalámbricos de banda ancha.

3. Los Estados miembros fomentarán la modernización constante por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de sus redes para ponerlas al nivel de la tecnología más reciente y más eficiente, con el fin de crear sus propios dividendos de espectro, de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios.

4. Antes del 1 de enero de 2013, los Estados miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización con objeto de permitir el uso de la banda de 800 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas. La Comisión garantizará excepciones específicas hasta el 31 de diciembre de 2015 en los Estados miembros en los que circunstancias excepcionales de índole local o nacional o problemas transfronterizos de coordinación de frecuencias impidan la disponibilidad de la banda, actuando a solicitud debidamente motivada del Estado miembro de que se trate.

Si persistieran problemas transfronterizos de coordinación de frecuencias, debidamente documentados por un Estado miembro, con uno o más países, incluidos los países candidatos o en proceso de adhesión, después del 31 de diciembre de 2015, e impidieran la disponibilidad de la banda de 800 MHz, la Comisión garantizará excepciones anualmente hasta que desaparezcan dichos problemas.

El Estado miembro a quien se conceda la excepción mencionada en los párrafos primero y segundo garantizará que el uso de la banda de 800 MHz no impida la disponibilidad de dicha banda para los servicios de comunicaciones electrónicas que no sean de la difusión en los Estados miembros vecinos.

El presente apartado también se aplicará a los problemas de coordinación del espectro en la República de Chipre derivados de que el Gobierno de Chipre no puede ejercer el control efectivo en parte de su territorio.

5. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, procederán a un seguimiento continuo de las necesidades de capacidad para los servicios de banda ancha inalámbrica. Sobre la base del resultado del análisis mencionado en el artículo 9, apartado 4, la Comisión evaluará y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 1 de enero de 2015, respecto de si existe la necesidad de adoptar medidas para armonizar bandas adicionales de frecuencia.

Los Estados miembros podrán velar por que, si procede y de conformidad con el derecho de la Unión, el coste directo de la migración o de la reasignación del uso del espectro sean adecuadamente compensados de conformidad con el derecho nacional.

6. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, fomentarán el acceso a los servicios de banda ancha utilizando la banda 800 MHz en las zonas remotas y escasamente pobladas, si procede; al realizar esta tarea, los Estados miembros examinarán la forma y, en su caso, adoptarán medidas de tipo técnico y reglamentario para garantizar que la liberación de la banda de 800 MHz no afecte negativamente a los usuarios de servicios de creación de programas y acontecimientos especiales (PMSE).

7. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, evaluará la justificación y la viabilidad de ampliar las atribuciones de espectro libre de licencias para sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local.

8. Los Estados miembros autorizarán la transferencia o el alquiler de derechos de uso del espectro en las bandas armonizadas 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1.710-1.785 MHz, 1.805-1.880 MHz, 1 900-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz, 2.110-2.170 MHz, 2,5-2,69 GHz, y 3,4-3,8 GHz.

9. A fin de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios digitales avanzados, incluida la banda ancha, en particular en las zonas alejadas y poco pobladas, los Estados miembros y la Comisión podrán explorar la disponibilidad de espectro suficiente para la prestación de servicios de banda ancha por satélite que permita acceder a internet.

10. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, examinarán la posibilidad de propagar la disponibilidad y el uso de picocélulas y femtocélulas. Tendrán plenamente en cuenta el potencial de dichas estaciones de base celulares y el uso compartido y exento de licencia del espectro para servir de base para las redes de malla inalámbricas, que pueden desempeñar un papel fundamental en la supresión de la brecha digital.

Artículo 7.- Necesidades de espectro para otras políticas de comunicación inalámbrica

Para apoyar el desarrollo de los medios audiovisuales innovadores y de otros servicios a los ciudadanos de la Unión, teniendo en cuenta los beneficios económicos y sociales de un mercado único digital, los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, garantizarán la disponibilidad de suficiente espectro para la prestación por satélite y terrestre de dichos servicios, si la necesidad está claramente justificada.

Artículo 8.- Necesidades de espectro para otras políticas específicas de la Unión

1. Los Estados miembros y la Comisión velarán por la disponibilidad de espectro y protegerán las radiofrecuencias necesarias para supervisar la atmósfera y la superficie terrestres, permitir el desarrollo y la explotación de aplicaciones espaciales y mejorar los sistemas de transporte, en particular para el sistema civil global de navegación por satélite establecido por el programa Galileo (17), el programa europeo de vigilancia de la tierra (GMES) (18) y los sistemas inteligentes de seguridad en el transporte y de gestión del transporte.

2. En cooperación con los Estados miembros, la Comisión llevará a cabo estudios sobre ahorro de energía en el uso del espectro que contribuya a una política con bajas emisiones de carbono, y estudiarán poner a disposición espectro para las tecnologías inalámbricas con potencial de mejorar el ahorro de energía y la eficiencia energética de otras redes de distribución, como la de abastecimiento de agua, incluidas las redes y los sistemas de medición inteligentes.

3. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, velará por que se garantice la puesta a disposición de espectro suficiente en condiciones armonizadas, a fin de favorecer el desarrollo de servicios de seguridad y la libre circulación de los dispositivos relacionados, así como el desarrollo de soluciones interoperables innovadoras en el ámbito de la protección y la seguridad públicas y de la protección civil y socorro en caso de catástrofe.

4. Los Estados miembros y la Comisión colaborarán con la comunidad científica y académica para determinar las iniciativas de investigación y desarrollo y las aplicaciones innovadoras que pueden tener un impacto socioeconómico importante y/o un potencial de inversión y estudiarán las necesidades de espectro de dichas aplicaciones y, cuando sea necesario, estudiarán la atribución de espectro suficiente a tales aplicaciones en condiciones técnicas armonizadas y con la mínima carga administrativa.

5. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, tratarán de garantizar las bandas de frecuencia necesarias para servicios de creación de programas y acontecimientos especiales, de conformidad con los objetivos de la Unión de mejorar la integración del mercado interior y el acceso a la cultura.

6. Los Estados miembros y la Comisión tratarán de garantizar la disponibilidad de espectro para la identificación por radiofrecuencia (RFID) y otras tecnologías de comunicación inalámbrica en el marco de la «internet de los objetos» (IO), y cooperar para promover el desarrollo de normas y la armonización de la asignación de espectro para la comunicación en el marco de la IO en los Estados miembros.

Artículo 9.- Inventario

1. Se establece un inventario de los usos de espectro existentes (para fines tanto comerciales como públicos).

Los objetivos del inventario serán:

a) permitir identificar bandas de frecuencia en las que pudiera mejorarse la eficiencia de los usos del espectro existentes;

b) ayudar a identificar bandas de frecuencia que pudieran ser adecuadas para la reasignación y las oportunidades de uso compartido del espectro, a fin de apoyar las políticas de la Unión establecidas en la presente Decisión, al tiempo que se tienen en cuenta las necesidades futuras de espectro sobre la base, entre otras cosas, de la demanda de los consumidores y los operadores, y la posibilidad de satisfacer dichas necesidades;

c) ayudar a analizar los diversos tipos de uso del espectro, tanto por los usuarios privados como públicos;

d) ayudar a determinar las bandas de frecuencia que podrían atribuirse o reatribuirse para mejorar su eficiencia, promover la innovación y reforzar la competencia en el mercado interior, estudiar nuevas vías para compartir el espectro, en beneficio tanto de los usuarios privados como públicos, teniendo en cuenta al mismo tiempo el posible impacto positivo y negativo en los usuarios actuales de la atribución o reatribución de tales bandas y de bandas adyacentes.

2. Con el fin de garantizar la aplicación uniforme del apartado 1 del presente ártículo, la Comisión, teniendo debidamente en cuenta las posiciones del Grupo de política del espectro radioeléctrico adoptará los siguientes actos de ejecución antes del 1 de julio de 2013:

a) desarrollar modalidades prácticas y formatos uniformes para la recopilación y suministro de datos por parte de los Estados miembros a la Comisión sobre los usos del espectro existentes, siempre que se observen las normas en materia de protección de la confidencialidad empresarial que figuran en el artículo 8 de la Decisión nº 676/2002/CE y el derecho de los Estados miembros a no comunicar información confidencial, teniendo en cuenta el objetivo de reducir al mínimo la carga administrativa y las obligaciones que tienen los Estados miembros en virtud de otras disposiciones de derecho de la Unión, en particular la obligación de facilitar información específica;

b) desarrollar una metodología para analizar las tendencias, necesidades futuras y demanda de tecnología en relación con el espectro en los ámbitos de las políticas de la Unión cubiertos por la presente Decisión, en particular en el campo de los servicios que podrían operar con frecuencias en la gama de frecuencias desde los 400 MHz a 6 GHz, a fin de identificar usos del espectro importantes en fase de desarrollo o potenciales.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 13, apartado 2.

3. La Comisión administrará el inventario al que se hace referencia en el apartado 1, de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el apartado 2.

4. La Comisión efectuará el análisis de las tendencias, necesidades futuras y demanda de tecnología en relación con el espectro, con arreglo a los actos de ejecución a los que se hace referencia en la letra b) del apartado 2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los resultados de dicho análisis.

Artículo 10.- Negociaciones internacionales

1. En las negociaciones internacionales relacionadas con el espectro deberán aplicarse los principios siguientes:

a) si el objeto de las negociaciones internacionales entra dentro de las competencias de la Unión, la posición de la Unión deberá establecerse con arreglo a su derecho;

b) si el objeto de las negociaciones internacionales recae en parte dentro de las competencias de la Unión y en parte dentro de las competencias de los Estados miembros, la Unión y los Estados miembros procurarán establecer una posición común de conformidad con los requisitos del principio de cooperación sincera;

A efectos de la aplicación de la letra b) del apartado 1, la Unión y los Estados miembros cooperarán de conformidad con el principio de unidad en la representación internacional de la Unión y de sus Estados miembros.

2. Siempre que se le solicite, la Unión asistirá a los Estados miembros con apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas de coordinación del espectro con países vecinos de la Unión, incluidos los países candidatos y en proceso de adhesión, de modo que los Estados miembros afectados puedan respetar sus obligaciones con arreglo al derecho de la Unión. Al prestar dicha ayuda, la Unión utilizará todas sus competencias jurídicas y políticas para fomentar la aplicación de políticas de la Unión.

La Unión también prestará su apoyo a los esfuerzos realizados por terceros países para implantar una gestión del espectro compatible con la de la Unión, a fin de salvaguardar los objetivos de la política del espectro de la Unión.

Al negociar con terceros países en un entorno bilateral o multilateral, los Estados miembros estarán vinculados por las obligaciones que les incumben en virtud del derecho de la Unión. A la hora de firmar o de aceptar de cualquier otro modo cualquier obligación internacional relativa al espectro, los Estados miembros acompañarán su firma o cualquier otro acto de aceptación con una declaración conjunta en la que declaren que respetarán tales acuerdos o compromisos internacionales de conformidad con las obligaciones que les imponen el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 11.- Cooperación entre diversos organismos

1. La Comisión y los Estados miembros cooperarán con vistas a mejorar el marco institucional actual, a fin de estimular la coordinación de la gestión del espectro a escala de la Unión, en particular en asuntos que afecten directamente a dos o más Estados miembros, con objeto de desarrollar el mercado interior y asegurarse de que se alcancen plenamente los objetivos de la política del espectro de la Unión.

2. La Comisión y los Estados miembros fomentarán que los organismos de normalización, la CEPT, el Centro Común de Investigación y todas las partes pertinentes cooperen estrechamente en cuestiones técnicas a fin de promover el uso eficiente del espectro. Con este fin, mantendrán un vínculo coherente entre la gestión del espectro y la normalización, de forma que se mejore el mercado interior.

Artículo 12.- Consulta pública

Siempre que sea adecuado, la Comisión organizará consultas públicas para recabar los puntos de vista de todas las partes interesadas, así como los del público en general, sobre el uso del espectro en la Unión.

Artículo 13.- Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité del espectro radioeléctrico, establecido en virtud de la Decisión nº 676/2002/CE. Este Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 14.- Aplicación de orientaciones de las políticas y objetivos

Los Estados miembros aplicarán las orientaciones de las políticas y los objetivos políticos establecidos en la presente Decisión a más tardar el 1 de julio de 2015, salvo disposición en contrario en la misma.

Artículo 15.- Elaboración de informes y examen de la aplicación

A más tardar el 10 de abril de 2014, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las actividades desarrolladas y las medidas adoptadas de conformidad con la presente Decisión.

Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información necesaria para examinar la aplicación de la presente Decisión.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, la Comisión procederá a examinar la aplicación de la presente Decisión.

Artículo 16.- Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 17.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

 

Hecho en Estrasburgo, el 14 de marzo de 2012.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente, M. SCHULZ

Por el Consejo

El Presidente, N. WAMMEN

———————————————————————————–

 

(1) DO C 107, de 6.4.2011, p. 53.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 11 de mayo de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y posición del Consejo en primera lectura de 13 de diciembre de 2011 (DO C 46 E de 17.2.2012, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 15 de febrero de 2012 (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(4) DO L 91, de 7.4.1999, p. 10.

(5) DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

(6) DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

(7) DO L 108 de 24.4.2002, p. 1

(8) DO L 196 de 17.7.1987, p. 85.

(9) DO L 129 de 17.5.2007, p. 67.

(10) Decisión 2008/411/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 3 400 -3 800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad (DO L 144 de 4.6.2008, p. 77).

(11) Decisión 2008/477/CE de la Comisión, de 13 de junio de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 2 500 -2 690 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad (DO L 163 de 24.6.2008, p. 37).

(12) Decisión 2009/766/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2009, relativa a la armonización de las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1 800 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios paneuropeos de comunicaciones electrónicas en la Comunidad (DO L 274 de 20.10.2009, p. 32).

(13) DO L 308 de 24.11.2009, p. 24.

(14) DO L 199 de 30.7.1999, p. 59.

(15) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

(16) DO L 198 de 27.7.2002, p. 49.

(17) Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo) (DO L 196 de 24.7.2008, p. 1).

(18) Reglamento (UE) nº 911/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre el programa europeo de vigilancia de la tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) (DO L 276 de 20.10.2010, p. 1).

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Decisión del Consejo 94/824/CE , de 22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mu

Decisión del Consejo 94/824/CE , de 22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. (DO L 349 de 31.12.1994, p. 201/202).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (1) y, en particular, el apartado 7 de su artículo 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que se ha firmado en nombre de la Comunidad el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC»); que el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), anexo al Acuerdo OMC, contiene disposiciones detalladas sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, cuya finalidad consiste en establecer normas internacionales en este sector para promover el comercio internacional y evitar las distorsiones y fricciones comerciales debidas a la falta de una protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual;

Considerando que, para asegurarse de que toda la legislación comunitaria pertinente es plenamente conforme al Acuerdo ADPIC, la Comunidad debe adoptar determinadas medidas en relación con los actos comunitarios vigentes en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual; que estas medidas entrañan, en algunos casos, la modificación o reforma de actos comunitarios; que estas medidas implican modificar o completar actos comunitarios vigentes;

Considerando que la Directiva 87/54/CEE atañe a la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores; que los artículos 35 a 38 del Acuerdo ADPIC establecen las obligaciones de los Miembros de la OMC en materia de protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados; que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 y con el artículo 3 del Acuerdo ADPIC, la Comunidad debe garantizar que los nacionales de todos los restantes Miembros de la OMC disfrutan de dicha protección y de la concesión del trato nacional; que es, por consiguiente necesario ampliar la protección otorgada por la Directiva 87/54/CEE a los nacionales de los Miembros de la OMC sin ninguna exigencia de reciprocidad; que conviene utilizar con este fin el procedimiento del apartado 7 del artículo 3 de la citada Directiva,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:


Artículo 1

Los Estados miembros concederán la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores dispuesta por la Directiva 87/54/CEE del modo siguiente:

a) las personas físicas que sean nacionales de un miembro del Acuerdo por el que se crea la OMC, o estén domiciliadas en su territorio, recibirán el trato de nacionales de un Estado miembro;

b) las personas físicas o jurídicas con un establecimiento real y efectivo para la elaboración de topografías o la producción de circuitos integrados en el territorio de un miembro del Acuerdo por el que se crea la OMC tendrán la consideración de personas físicas o jurídicas con un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de un Estado miembro.

Artículo 2

1. La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 1995.

2. Será aplicable a partir del 1 de enero de 1996.

3. En la fecha de aplicación de la presente Decisión quedarán derogadas las disposiciones de la Decisión 90/510/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativa a la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a personas de determinados países y territorios (2) que ampliaban la protección otorgada por la Directiva 87/54/CEE a países o territorios que son parte en el Acuerdo por el que se crea la OMC.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.

Por el Consejo

El Presidente

H. SEEHOFER

———————————————————————————————–
(1) DO nº L 24 de 27. 1. 1987, p. 36.(2) DO nº L 285 de 17. 10. 1990, p. 29. Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 93/17/CEE (DO nº L 11 de 19. 1. 1993, p. 22.)

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret no 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement auto

Décret no 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d'informations nominatives du bureau national SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé «gestion électronique de documents».

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé SIRENE ;

Vu le décret no 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er. – Le bureau national SIRENE créé par le décret du 23 mars 1995 susvisé est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé » gestion électronique de documents « (GED) des informations concernant des signes physiques en tant qu'éléments de signalement, qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS), ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 2. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense, Alain Richard

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l

Décret nº 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004.

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;

Vu la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 décembre 2006 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 septembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier. Dispositions modifiant le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 1er. – Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2. – L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

» Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

» Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour. «

Article 3. – Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

» Article 6-1. – I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.

Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

II. – La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. «

Article 4. – I. – Aux troisième et sixième alinéas de l’article 8, aux premiers alinéas des articles 15, 28 et 30, aux articles 42 et 45, au premier alinéa de l’article 53, au deuxième alinéa de l’article 66, au dernier alinéa de l’article 73, au premier alinéa de l’article 75, à l’article 76 et au dernier alinéa de l’article 78, les mots : » lettre recommandée avec demande d'avis de réception « sont remplacés par les mots : » lettre remise contre signature «.

II. – A l’article 55, les mots : » lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : » lettre remise contre signature «.

III. – Au second alinéa de l’article 86, les mots : » sous pli recommandé sans avis de réception « sont remplacés par les mots : » par lettre remise contre signature «.

Article 5. – L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

» Article 16. – I. – Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l’article 29 de la même loi.

» II. – Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :

» 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;

» 2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

» 3° Le ou les services chargés de la mise en œuvre du traitement ;

» 4° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès indirect prévu à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

» 5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

» 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

» 7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements. «

Article 6. – Le titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

» Chapitre VI

» Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement

» Article 41-1. – Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel demandant une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre du troisième alinéa de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée présente sa demande selon les modalités prévues aux articles 7 à 11 et 15 à 19 du présent décret.

» La demande d'autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du récépissé de déclaration prévue au I de l’article 23 de la même loi. «

Article 7. – Au second alinéa de l’article 75, le mot : » national « est remplacé par le mot : «métropolitain».

Article 8. – L’article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :

» Article 81. – I. – Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l’article 39 ou du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).

» II. – Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). «

Article 9. – L’article 82 est abrogé.

Article 10. – Le deuxième alinéa de l’article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :

» Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent. «

Article 11. – Après l’article 87, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :

» Article 87-1. – I. – Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné au I de l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :

» La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

» II. – Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :

» Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé. «

Article 12. – Au second alinéa de l’article 89, les mots : » et après accord du procureur de la République » sont supprimés.

Article 13. – I. – Les titres VI, VII et VIII deviennent respectivement les titres VIII, IX et X.

II. – L’article 92 est abrogé.

III. – Les articles 90 et 91 deviennent respectivement les articles 110 et 111 et les articles 93 à 100 deviennent respectivement les articles 112 à 119.

Article 14. – Après l’article 89, il est inséré un titre VI dont l'intitulé est ainsi rédigé :

» TITRE VI. DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES

» Chapitre Ier. L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements

» Article 90. – Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.

» Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.

» Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

» Article 91. – Les informations figurant au 7° du I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l’article 90, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :

» 1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;

» 2° La nature des données transférées ;

» 3° La finalité du transfert envisagé ;

» 4° La ou les catégories de destinataires des données ;

» 5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :

» a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l’article 108, il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;

» b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 68 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l’article 69 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.

» Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l’article 94.

» Chapitre II. Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

» Section 1. Dispositions communes

» Article 92. – Les demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

» Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49 et 50, le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

» Article 93. – Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

» Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

» Article 94. – Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.

» Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

» Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.

» Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

» Article 95. – Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.

» Section 2. Dispositions particulières au droit d'opposition

» Article 96. – Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'intéressé est mis en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses.

» Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, l'intéressé est mis en mesure d'exercer son droit d'opposition avant la fin de la collecte des données le concernant.

» Article 97. – Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.

» Section 3. Disposition particulière au droit d'accès direct

» Article 98. – La demande d'accès peut être effectuée par écrit.

» Lorsque le responsable du traitement permet la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.

» Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.

» Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.

» Section 4. Dispositions particulières au droit de rectification

» Article 99. – Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.

» Article 100. – Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille. «

Article 15. – Après l’article 100, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

» TITRE VII. DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

» Chapitre Ier. » Formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel

» Article 101. – Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10° du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :

» 1° Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;

» 2° La ou les finalités générales du transfert ;

» 3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;

» 4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;

» 5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;

» 6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.

» Article 102. – Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l’article 108 et qu'il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1° à 6° de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l’article 101, laquelle de ces exceptions il invoque.

» Article 103. – Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l'avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l’article 101, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

» La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III de l’article 25 de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l’article 28 de la même loi.

» Article 104. – Les informations prévues aux articles 101 à 103 sont adressées à la commission dans les conditions prévues à l’article 8.

» Article 105. – Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en œuvre d'un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101 à 103, y compris pour les transferts de données issues d'un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II ou du III de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d'un traitement autorisé en application du II de l’article 25 de la même loi.

» Le responsable d'un traitement visé au III de l’article 22 de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.

» Article 106. – En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101 à 103, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l’article 8.

» Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l’article 91 que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.

» Chapitre II. Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes

» Article 107. – Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.

» Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.

» Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.

» La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.

» Article 108. – La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

» Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.

» Article 109. – Lorsque les avis émis en application de l'avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l'objet d'une dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l’article 83. «

Article 16. – I. – L’article 111 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 4°, les mots : » 61 et 89 » sont remplacés par les mots : » 61 et 87-1 « ;

2° Il est ajouté les alinéas suivants :

» 8° Au premier alinéa de l’article 94, les mots : «dans le délai de deux mois» sont remplacés par les mots : «dans le délai de trois mois» ;

» 9° A l’article 100, les mots : «par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille» sont remplacés par les mots : «par tous moyens». «

II. – A l’article 113, les mots : » L’article R. 555-1 du code de justice administrative est applicable » sont remplacés par les mots : » Les articles R. 555-1 et R. 55-2 du code de justice administrative sont applicables «.

Article 17. – Dans l'intitulé du décret, les mots : » , modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 « sont supprimés.

Chapitre II. Dispositions finales

Article 18. – Au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire), il est inséré, après l’article R. 555-1, un article R. 555-2 ainsi rédigé :

» Article R. 555-2. – Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l’article 39 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l’article L. 521-3. «

Article 19. – Le décret nº 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l’article 35 (alinéa 2) de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.

Article 20. – Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21. – Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Par le Premier ministre : Dominique de VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal CLÉMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense, Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry BRETON

Le ministre de l'outre-mer, François BAROIN