Decreto 1023/2001 de 13 de agosto de 2001

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y Transitorias.

VISTO el expediente nº 004/2001 del Registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el cual tramita la aprobación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley nº 25.414, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el VISTO el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 1° de marzo del año 2002, el ejercicio de atribuciones legislativas en materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública.

Que, en todos los casos, las facultades delegadas tienden a fortalecer la competitividad de la economía o a mejorar la eficiencia de la Administración Nacional.

Que, conforme surge del artículo 1° apartado II inciso e) de dicha ley, ésta, entre otros aspectos, tiene por objeto dar continuidad a la desregulación económica, derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional que perjudiquen la competitividad de la economía.

Que el incremento de la eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo, en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad sistémica.

Que el crecimiento competitivo en el actual contexto económico requiere que, tanto el sector público como el privado, adquieran, internalicen y utilicen de manera intensiva los nuevos conocimientos, metodologías y tecnologías.

Que durante los CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS sucedidos desde el dictado de la Ley de Contabilidad se fue poniendo de manifiesto, en forma creciente, su falta de adecuación a las cambiantes condiciones del contexto, siendo las circunstancias actuales sustancialmente diferentes a las existentes en la época de su entrada en vigencia.

Que, en este orden de ideas, resulta pertinente sustituir los artículos 55 al 63 del Decreto Ley nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley nº 14.467, vigente en función de lo establecido por el inciso a) del Artículo 137 de la Ley 24.156.

Que, tanto la evolución operada en dicho contexto, cuanto en las funciones propias del Poder Administrador llevaron, en su momento, al dictado de la Ley de Administración Financiera nº 24.156, en la cual se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL debía presentar al Congreso un proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose presentado sucesivos proyectos de ley para regular las contrataciones públicas, no alcanzando ninguno de ellos sanción legislativa.

Que dado el tiempo transcurrido sin que se alcanzara el objetivo propuesto y habida cuenta de los propósitos que inspiraron el dictado de la Ley nº 25.414, resulta procedente el dictado de una norma superadora del texto contenido en el del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad adecuando, asimismo, el régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas nº 13.064.

Que los artículos 55 a 63 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad, relativos a las contrataciones estatales, vigentes en función de lo dispuesto por el artículo 137 inciso a) de la Ley nº 24.156, resultan en diversos casos contrarios al objeto que deben cumplir dichas contrataciones en relación con el propósito de incrementar la competitividad global de la economía nacional.

Que las diversas previsiones del artículo 56 de la Ley de Contabilidad no posibilitan la utilización de métodos competitivos, afectando la transparencia de los procedimientos de selección.

Que los plazos de anticipación fijados por el artículo 62 de la Ley resultan harto exiguos e impiden una adecuada concurrencia y competencia.

Que a los efectos de dotar a la norma que se dicta de una amplia base consensual la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL, con el apoyo de la OFICINA ANTICORRUPCION dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES organizó una serie de consultas tanto en el ámbito de la Administración como en el del sector privado de la economía, así como también con los organismos internacionales con los que la Nación mantiene vínculos.

Que, con el propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del desarrollo científico y tecnológico operado en materia de comunicaciones e informática, se ha incluido un capítulo destinado a posibilitar las transacciones electrónicas, abriendo el camino hacia la previsible evolución que tendrán dichas materias en un futuro cercano.

Que resulta necesaria la supresión de regímenes especiales aprobados por ley, a los efectos de dar uniformidad a los procedimientos de selección que emplean los distintos organismos, eliminándose así la limitación que significa, para la concurrencia de oferentes, la necesidad de conocer cada uno de los regímenes previo a la presentación de las ofertas, lo que encarece los costos de presentación y, en consecuencia, los precios que paga el Estado por los bienes y servicios que recibe.

Que dicha uniformidad debe comprender, también, a los sistemas de identificación de bienes y servicios utilizados por los diversos organismos, de manera que la misma información sea utilizada por los proveedores y todas las jurisdicciones y entidades, e incorporada de una única manera en el sistema integrado de información financiera.

Que el presente régimen de contrataciones tiene como meta acompañar la política de Estado en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1° inciso II, apartado e) de la Ley nº 25.414.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I. DISPOSICIONES COMUNES

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL

Artículo 1° OBJETO. El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Artículo 2° AMBITO DE APLICACION. El presente régimen será de aplicación a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley nº 24.156.

Artículo 3° PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:

a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.

b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes.

c) Transparencia en los procedimientos.

d) Publicidad y difusión de las actuaciones.

e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.

f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden.

Artículo 4° CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos:

a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Artículo 5° CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos los siguientes contratos:

a) Los de empleo público.

b) Las compras por caja chica.

c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien, total o parcialmente, con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente Régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley nº 24.156 confiere a los Organismos de Control.

d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.

Artículo 6° PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada unidad ejecutora de programas o proyectos formulará su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

Artículo 7° NORMATIVA APLICABLE. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda.

Artículo 8° OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 9° TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.

Artículo 10. ANTICORRUPCION. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

Artículo 11. FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley nº 19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieren necesario:

a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.

b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.

d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.

e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes.

f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación

g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.

h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación.

i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato

Artículo 12. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. La autoridad administrativa tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este régimen, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual.

Especialmente tendrá:

a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución, y determinar los efectos de éstas. Los actos administrativos que dicten en consecuencia tendrán los caracteres y cualidades otorgados por el artículo 12 de la Ley 19.549. La facultad de modificación deberá ser utilizada en forma razonable; cuando la modificación exceda en un VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos del monto total del contrato, y la misma no sea aceptada por el cocontratante, el contrato deberá ser declarado extinguido sin culpa de las partes. Las ampliaciones no podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante;

b) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación;

c) La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

d) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.

e) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a llevar los cocontratantes.

Artículo 13. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá:

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o impre visibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

Artículo 14. RESPONSABILIDAD. Los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas.

Artículo 15. CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso.

Artículo 16. ELEGIBILIDAD. La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 17. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este régimen, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 18. REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 19. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

Artículo 20. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con las modalidades que determine la reglamentación.

Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cual quier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

CAPITULO II. CONTRATACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS

Artículo 21. CONTRATACIONES EN FORMATO DIGITAL Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos regulados por el presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8° de la Ley nº 19.549, su modificatoria y normas reglamentarias, en los términos establecidos en las disposiciones referentes al empleo de la firma digital en el Sector Público Nacional, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en los artículos 4° y 5° de este régimen, aun a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa.

Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Artículo 22. REGULACION. La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

TITULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I. CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 23. ORGANIZACION DEL SISTEMA. El sistema de contrataciones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa.

Los órganos del sistema y sus respectivas funciones serán:

a) El Organo Rector será la Oficina Nacional de Contrataciones o el organismo que en el futuro la reemplace, el que tendrá por función proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema, proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias, elaborar el pliego único de bases y condiciones generales, diseñar e implementar un sistema de información, ejercer la supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de contrataciones y aplicar las sanciones previstas en el artículo 29, inciso b) del presente régimen; y

b) Las unidades operativas de contrataciones funcionarán en las jurisdicciones y entidades aludidas en el artículo 2° del presente y tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.

Artículo 24. SELECCION DEL COCONTRATANTE. La selección del cocontratante para la ejecución de los contratos contemplados en el artículo 4° de este régimen se hará por regla general mediante licitación pública o concurso público, según corresponda, por aplicación del inciso a) apartados 1. y 2. del artículo 25.

La selección del cocontratante mediante subasta pública , licitación o concurso abreviados, o contratación directa sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 25, respectivamente.

Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con su naturaleza y objeto, las que serán establecidas en la reglamentación.

En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las formalidades establecidas por el artículo 11 del presente régimen, bajo pena de nulidad.

Artículo 25. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. Los procedimientos de selección serán:

a) LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.

1 . El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.

2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda.

b) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes casos:

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior.

Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa previsto por el apartado 2. del inciso d) de este artículo, en los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación.

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.

c) LICITACION O CONCURSO ABREVIADOS. La licitación o el concurso serán abreviados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el Organo Rector, conforme lo determine la reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación.

2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes.

4. Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y se efectuare un nuevo llamado, deberán modificarse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si esta licitación también resultare desierta o fracasare, podrá realizarse la contratación directa, utilizando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del segundo llamado.

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

8. Las contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga participación mayoritaria el ESTADO NACIONAL. En estos casos quedará prohibida la subcontratación del objeto.

En las contrataciones directas en las que corresponda efectuar invitaciones, de acuerdo con la reglamentación, también serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

Artículo 26. CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS. Podrán efectuarse licitaciones y concursos públicos de las siguientes clases:

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.

1 . La licitación o el concurso públicos serán de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen, la licitación o el concurso públicos deberán instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso públicos serán de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas. En todos los casos en que se utilice esta variante, la presentación de los sobres respectivos será simultánea. Sólo se procederá a abrir los sobres correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que hubieran sido precalificados.

b) NACIONALES O INTERNACIONALES.

1 La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente inscripta.

2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter aquellos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.

Artículo 27. PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Artículo 28. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, nº 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley nº 24.156.

Artículo 29. PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y sanciones:

a) PENALIDADES.

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.

2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Rescisión por su culpa.

b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1. Apercibimiento

2. Suspensión.

3. Inhabilitación.

A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, los organismos deberán remitir al Organo Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales hubieren aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes.

Artículo 30. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. La reglamentación deberá prever cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha reglamentación.

Artículo 31. GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquélla determine.

Artículo 32. PUBLICIDAD Y DIFUSION. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en formato digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la reglamentación.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos, en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.

La invitación a presentar ofertas en las licitaciones y concursos abreviados deberá efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Organo Rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el medio específico que se establezca en el presente o en la reglamentación, o desde que se cursen invitaciones, hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 3° de este régimen.

Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difundirán por INTERNET, en el sitio del Organo Rector, las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad competente someta a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, el acta de apertura, las adjudicaciones, las órdenes de compra y toda otra información que la reglamentación determine.

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 y de difusión de la convocatoria las de los apartados 5, para los casos de emergencia, y 8.

CAPITULO II. OBRAS PUBLICAS

Artículo 33. MODIFICACION DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 13.064. Modificase el artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas nº 13.064, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:

a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios antedichos no excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional.

c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable;

d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva;

e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad;

f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible;

g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, en tanto no se opongan a las disposiciones del presente.

Artículo 34. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 11 Y 17 DE LA LEY nº 13.064. Dispónese el reemplazo de los términos “remate” y “subasta” por la expresión “licitación pública” en los artículos 4, 11 y 17 de la Ley nº 13.064.

Artículo 35. APLICACION DEL TITULO I. Las disposiciones del Título I del presente régimen serán aplicables a los contratos de Obras Públicas regulados por la Ley nº 13.064, en tanto no se opongan a sus prescripciones.

TITULO III. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 36. MODIFICACION DEL ARTICULO 7° DE LA LEY nº 19.549 Y SUS MODIFICATORIAS. Modifícase el último párrafo del artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente.”

Artículo 37. VIGENCIA. Este régimen entrará en vigencia a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.

Artículo 38. DEROGACIONES. Deróganse los artículos 55 al 63 del Decreto Ley nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley nº 14.467; la Ley nº 19.900, la Ley nº 20.124 en lo que respecta a los contratos comprendidos en este régimen y el artículo 12 de la Ley nº 22.460.

Artículo 39. REGLAMENTACION. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público reglamentarán el presente Régimen para su aplicación en sus respectivas jurisdicciones y establecerán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones. El Poder Ejecutivo Nacional lo hará en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Invítase a los otros poderes y al Ministerio Público a efectuarla en un plazo similar. Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes.

Artículo 40. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DE LA RUA.

Chrystian G. Colombo.

Carlos M. Bastos.

José H. Jaunarena.

Jorge E. De La Rúa.

Andrés G. Delich.

FE DE ERRATAS Decreto 1023/2001

En la edición del 16 de agosto de 2001, donde se publicó el citado Decreto, se deslizaron determinados errores de imprenta, tanto en el inciso d), Punto 5 del Artículo 25, como en el inciso g) del Artículo 28, los que se transcriben a continuación, en forma correcta:

Artículo 25, inciso d)

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

Artículo 28

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley nº 24.156.

Decreto nº 1914/05 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, B.O. nº 2351 del 4 de enero de 2006.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto, el Expediente nº 87.270/05 por el cual tramita la Ley nº 1.845, y

CONSIDERANDO:

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2005 sancionó la ley indicada en el visto, la cual tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

Que la precitada norma constitucional establece que “Toda persona tiene mediante una acción de amparo, libre acceso a todo registro, archivo o banco de datos que conste en organismos públicos o en los privados destinados a proveer informes, a fin de conocer cualquier asiento sobre su persona, su fuente, origen, finalidad o uso que del mismo se haga. También puede requerir su actualización, rectificación, confidencialidad o supresión, cuando esa información lesione o restrinja algún derecho. El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística”;

Que en primer lugar corresponde señalar que la ley sancionada no alcanza a los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector privado, quedando los mismos regulados bajo el régimen de la Ley Nacional nº 25.326;

Que la norma en su artículo 22 instituye como organismo de control de la ley, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, creada por Ley nº 3 (B.O.C.B.A. nº 394), que reviste el carácter de “…órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera…” (conf. art. 137 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires);

Que el artículo 23 dispone la creación de un Registro de Datos Personales en el ámbito del citado organismo, el cual tiene como funciones entre otras las de:

“Autorizar y habilitar la creación, uso y funcionamiento de los archivos, registros, bases y bancos de datos personales del sector público de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con lo preceptuado en la presente ley.” (párrafo 2°) “…Establecer los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires relativos al proceso de recolección de datos, diseño general del sistema, incluyendo los mecanismos de seguridad y control necesarios, equipamiento técnico, mecanismos adoptados para garantizar los derechos de acceso, supresión, rectificación y actualización así como demás extremos pertinentes” (párrafo 3°) “…Colaborar con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y con los correspondientes organismos de control provinciales en cuantas acciones y actividades sean necesarias para aumentar el nivel de protección de los datos personales en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires.” (párrafo penúltimo);

Que la gestión de gobierno en general hace indispensable la utilización de herramientas registrales o de bases de datos conforme lo permite el desarrollo tecnológico alcanzado, por lo que buena parte del instrumental que utilizan los tres poderes de Gobierno se nutre de la generación de bases de datos que, compartiendo con el espíritu de la ley, necesariamente deben ser controladas para evitar un avance estatal sobre la privacidad y derechos que la Constitución de la Ciudad garantiza a las personas que habitan en nuestro territorio, independientemente de la protección que otorga la Constitución y Ley Nacional;

Que no obstante lo expuesto, del análisis de los párrafos 2°, 3° y penúltimo del referido artículo se advierte que la norma ha conferido a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires facultades propias del Poder Ejecutivo que exceden la natural esfera de control que debe ejercer el citado organismo, para incursionar en las correspondientes a la administración activa, relacionadas con la implementación y ejecución de las políticas gubernamentales;

Que las estipulaciones del mismo, al otorgar facultades ejecutivas al órgano de control -la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires-, a través de la creación del Registro de Datos Personales que funcionaría en su órbita, devienen exorbitantes, toda vez que el referido registro concentra la capacidad de autorizar y habilitar la creación, uso y funcionamiento de los archivos, registros, bases y bancos de datos personales del sector público de la Ciudad; estableciendo los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar dichos archivos, registros, bases y bancos de datos personales, relativos al proceso de recolección de datos, diseño general del sistema, mecanismos de seguridad y control, etc.;

Que en este aspecto, la ley que se analiza avanza sobre la competencia natural del órgano ejecutivo, al atribuir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires la capacidad de dictar la normativa reglamentaria, vulnerando de esta manera flagrantemente lo normado por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que ha otorgado en forma expresa dicha atribución al Poder Ejecutivo;

Que según surge del artículo referido el registro que se crea, no sólo determinaría eventualmente qué conformación técnica deberían tener los registros o bases de datos del sector público de la Ciudad, sino que además debería habilitar su funcionamiento;

Que de no observarse el artículo 23 en los párrafos señalados, la Defensoría del Pueblo debería autorizar, sólo a modo de ejemplo el funcionamiento de las constancias de datos del Padrón de Contribuyentes y el Registro de Contribuyentes de la Dirección General de Rentas, las bases de prestatarios de servicios de taxis y remises; el Sistema de Seguimiento de Juicios de la Procuración General (SISEJ); las bases de permisionarios en cementerios; el Registro Único de Proveedores (RUP), todas las bases de datos del Registro Civil, el sistema único de mesa de entradas (SUME), etc.;

Que ello implicaría supeditar todo el funcionamiento de la administración a la autorización de un órgano de control independiente, la Defensoría del Pueblo;

Que si bien se comparte el espíritu de la ley sancionada, en cuanto al necesario control que debe instrumentarse en esta materia sobre la actividad administrativa del subsector estatal, e independientemente del poder de gobierno que esté a cargo de su implementación, corresponde señalar que tanto la actividad de reglamentación del sistema, como la de habilitación de los registros o bases, atribuida a un “Registro” creado en la órbita de la Defensoría del Pueblo, podría subvertir el orden constitucional;

Que en idéntico sentido resultan objetables los párrafos 1° y 2° del artículo 5° de la norma, toda vez que los mismos establecen que: “Cuando el responsable de un archivo, registro, base o banco de datos decida encargar a un tercero la prestación de servicios de tratamiento de datos personales, deberá requerir previamente la autorización del organismo de control, a cuyo efecto deberá fundar los motivos que justifican dicho tratamiento. Los tratamientos de datos personales por terceros que sean aprobados por el organismo de control no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en la norma de creación de archivos, registros, bases o bancos de datos…”;

Que por otra parte el artículo 30 determina la legitimación pasiva de la Acción de Protección de Datos, estableciendo que “La acción procederá respecto de los responsables y/o encargados de tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a elección del titular de los datos”;

Que dicho artículo resulta objetable en este punto, puesto que es indudable que la acción deberá ser dirigida contra los organismos determinados en el art. 2° de la norma y no contra cada uno de los funcionarios de las áreas intervinientes;

Que sobre la base de tales consideraciones y a efectos de propiciar la revisión del proyecto de ley por parte de la Legislatura en los aspectos que han merecido observación, corresponde ejercer mecanismo excepcional del veto, respecto de los artículos 5º, párrafos primero y segundo; 23, párrafos segundo, tercero y penúltimo, y 30 de la Ley nº 1.845;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102, 104 y 88 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

El JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1º.-

Vétase parcialmente la Ley nº 1.845, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2005, en sus artículos 5º, párrafos primero y segundo, 23, párrafos segundo, tercero y penúltimo; y 30.

Artículo 2º.-

El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete.

Artículo 3º.-

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos y Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría Jefe de Gabinete. Cumplido, archívese.

CONSIDERANDO: Que la promulgación de la Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, constituye un hito significativo para la inserción de la República Dominicana en la sociedad de la información, como agente de competitividad del sector productivo, de modernización de las instituciones públicas y de socialización de la información a través del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones que intervienen en estos intercambios, como la telefonía e Internet;

CONSIDERANDO: Que el volumen de intercambio por medios electrónicos ha crecido en forma notable en la República Dominicana siendo un ejemplo de ello el incremento de transacciones en cajeros automáticos y operaciones de débito en las terminales de puntos de venta;

CONSIDERANDO: Que la posibilidad de efectuar transacciones comerciales mediante los medios electrónicos, fomenta la creación e incremento de nuevos y más ágiles servicios, con mayor grado de personalización y calidad, y disminuye los costos de transacción, tanto para consumidores, como para los suplidores;

CONSIDERANDO: Que, no obstante las grandes ventajas del comercio electrónico, la incorporación de seguridad jurídica en las transacciones cursadas por este medio, resulta un punto medular para estimular su expansión en beneficio de las personas físicas o jurídicas que participan en él, en la medida que la celebración de contratos por la vía digital requiere la identificación cabal de las personas que realizan las transacciones y la verificación de la integridad de los contenidos de los documentos electrónicos, a fin de garantizar el eventual valor probatorio, judicial y extrajudicialmente de las firmas digitales y los mensajes de datos;

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 y el Reglamento de Aplicación que aprueba el presente Decreto, pretenden dotar a la República Dominicana de un marco legal adecuado que el desarrollo del comercio electrónico requiere, complementando las normas de derecho vigentes en materia civil, comercial y administrativa, al brindar el adecuado reconocimiento legal a las transacciones en formato digital, y adoptar medidas que permitan identificar en forma fehaciente a las personas que intervienen, con el propósito de reconocer derechos y obligaciones respectivas, así como también garantizar su valor probatorio;

CONSIDERANDO: Que la efectiva implementación de la Ley nº 126-02 permitirá dotar al comercio electrónico de reglas claras sobre el perfeccionamiento de los compromisos asumidos a través de expresiones de la voluntad por la vía electrónica, lo cual brindará un marco de seguridad y confianza para el desarrollo de transacciones electrónicas con plena identificación de sus participantes y certeza respecto de la integridad del contenido de los documentos digitales y mensajes de datos emitidos por estos;

CONSIDERANDO: Que, al mismo tiempo, este régimen legal y reglamentario permitirá el desarrollo del “Gobierno Electrónico” y facilitará el acceso de la comunidad a la información y servicios que brinda el Estado, aumentando la eficiencia de sus organizaciones, mediante la digitalización de sus procedimientos, el acceso remoto a bases de datos y la facilitación de la información y comunicación de servicios públicos, con la consecuente reducción de los tiempos de los trámites correspondientes, así como de los costos asociados al suministro de los mismos;

CONSIDERANDO: Que, dada la naturaleza de las transacciones electrónicas en las cuales es posible realizar operaciones comerciales generadoras de derechos y obligaciones, entre partes situadas en lugares remotos, más allá del ámbito de aplicación de este ordenamiento legal, la República Dominicana deberá adoptar normas jurídicas y técnicas que permitan la interoperabilidad entre los diferentes sistemas con los que se encuentra interconectada a nivel internacional;

CONSIDERANDO: Que, en ese orden de ideas, es necesario contar con mecanismos reglamentarios y administrativos de reconocimiento de validez legal de certificados digitales emitidos fuera del país, y utilizados por personas situadas en el extranjero en sus intercambios con la República Dominicana, reconociendo, a dichos fines, al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en su calidad de órgano regulador, la facultad de celebrar acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados con otros países;

CONSIDERANDO: Que un elemento fundamental para el impulso al comercio electrónico es la puesta en marcha de una Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana, la cual permitirá la identificación fehaciente de las personas físicas o jurídicas suscriptoras de certificados digitales;

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 establece que las entidades de certificación deben cumplir con los requerimientos establecidos en los reglamentos de aplicación;

CONSIDERANDO: Que una de las funciones esenciales de las entidades de certificación es la de validar los datos de identidad de los suscriptores de certificados digitales, actividad que desarrolla por sí o por terceros, de acuerdo con los usos internacionales;

CONSIDERANDO: Que esta actividad, desarrollada por las Unidades de Registro, amerita una reglamentación específica dada la trascendencia de su rol como eje del sistema de confianza que implica una Infraestructura de Clave Pública;

CONSIDERANDO: Que otro aspecto relevante lo constituye la determinación del día y la hora oficial, en un momento dado, en los medios electrónicos, así como el diseño de los mecanismos de comunicación y distribución de la fecha y hora oficial en la Internet, a fin de que, tanto los organismos públicos como las entidades de certificación procedan a tomar de este mecanismo, la fecha y la hora exacta como insumo para su registro y distribución posterior, y para el suministro del servicio de registro y estampado cronológico;

CONSIDERANDO: Que, por otra parte, la posibilidad de contar con la fecha y la hora cierta en medios electrónicos e Internet permitirá la realización de actos y convenios para los cuales la determinación fehaciente del momento preciso de la ocurrencia de un hecho generador de derechos u obligaciones constituye un elemento esencial en la formación y manifestación de la voluntad, tales como en la presentación de evidencia en formato digital en instancia judicial y administrativa, como prueba documental, en la realización de compras electrónicas o en las notificaciones electrónicas;

CONSIDERANDO: Que, conforme a la Ley nº 126-02, se reconoce la eficacia jurídica de los mecanismos de identificación de autoría que hayan sido acordados por las partes, aun en el caso que no se trate de firma digital;

CONSIDERANDO: Que, sin embargo, la Ley nº 126-02 no utiliza ninguna denominación especial para estos mecanismos de identificación acordados entre las partes de una transacción digital no sujeta a formas solemnes, que no constituyan firma digital por ausencia de algunos de sus elementos, aunque la misma Ley le reconoce eficacia jurídica a dichos mecanismos de identificación de autoría;

CONSIDERANDO: Que el derecho comparado, tanto en la legislación vigente como en las leyes modelos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- CNUDMI, en las que se apoya la Ley nº 126-02 denomina como firma electrónica a estos mecanismos de identificación en el mundo virtual que no constituyen firmas digitales o firmas electrónicas avanzadas;

CONSIDERANDO: Que la interpretación que debe darse a las alternativas contempladas por la Ley nº 126-02 respecto de los mecanismos de autenticación acordados entre partes que no constituyan firma digital está orientada por la misma Ley cuando precisa los principios generales que la inspiran y los criterios a los cuales para su interpretación se debe acudir;

CONSIDERANDO: Que, en su Artículo 3, la Ley nº 126-02 establece como criterio de interpretación las recomendaciones de organismos multilaterales en la materia, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe y señala como principios generales el facilitar el comercio electrónico, validar las transacciones entre partes, promover y apoyar la implantación de nuevas tecnologías y apoyar las prácticas comerciales;

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con lo establecido por la Ley nº 126-02, corresponde denominar como firma electrónica a los mecanismos de autenticación acordados entre partes, en consonancia con el derecho comparado tanto de la legislación vigente en los distintos países como la contenida en las Leyes Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- CNUDMI;

CONSIDERANDO: Que, en igual sentido, los sistemas internacionales de firma electrónica o firma digital contemplan, en general, esquemas voluntarios de acreditación, de acuerdo con el principio de libertad de comercio;

CONSIDERANDO: Que, sin embargo, es necesario, a los fines de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de firmas digitales, regular, de manera mínima, la prestación de servicios de certificación efectuada por proveedores de firma electrónica;

CONSIDERANDO: Que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- CNUDMI, así como las legislaciones basadas en sus principios, expresamente prevén sistemas de acreditación voluntaria de las prestadoras de servicios de certificación ante los órganos reguladores específicos, diferenciando los efectos jurídicos de los certificados digitales emitidos por certificadores autorizados con pleno valor legal de firma manuscrita, respecto de los certificados emitidos por certificadores no autorizados, los cuales no gozan del mismo valor jurídico que las normas asignan a la firma digital, pero que no carecen de todo valor, ya que se los considera como firma electrónica;

CONSIDERANDO: Que, en dichos casos, se asigna solamente el mismo efecto legal que se otorga a la firma manuscrita a la firma digital, también denominada firma electrónica avanzada, firma electrónica fiable, cuando dichas firmas son generadas a partir de certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas por el órgano regulador correspondiente, previsto por cada norma en particular en el derecho comparado;

CONSIDERANDO: Que, en atención a los anteriores aspectos, es necesario reconocer la existencia de prestadores de servicios de certificación que opten por no solicitar autorización y cumplir con los requisitos establecidos por el INDOTEL para prestar servicios de firma digital, con valor equivalente al otorgado en el ordenamiento jurídico vigente a la firma holográfica, dejando expresamente establecido que sus certificados no tendrán los efectos de firma digital;

CONSIDERANDO: Que el Reglamento que aprueba el presente Decreto tiene por objeto estimular el desarrollo de iniciativas tecnológicas vinculadas con el comercio electrónico, promover la utilización de estos servicios y difundir su uso entre la población a fin de familiarizar a un mayor número de personas con el sistema;

CONSIDERANDO: Que, asimismo, se estima conveniente la creación de un Registro de Entidades de Certificación que permita su consulta en forma permanente por la Internet para facilitar la constatación de los aspectos relevantes de la Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana por parte de suscriptores y usuarios de firmas digitales;

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, en su Artículo 61, establece un plazo de seis (6) meses, contados partir de la publicación de la referida Ley, para que el Poder Ejecutivo dicte el Reglamento de Aplicación correspondiente;

CONSIDERANDO: Que la Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana fue publicada en la Gaceta Oficial nº 10172 a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil dos (2002);

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 56 de la referida Ley, el cual faculta al INDOTEL a proponer al Poder Ejecutivo la implementación de políticas en relación con la regulación de actividades de las entidades de certificación, así como aprobar los reglamentos internos de la prestación de servicios, entre otras funciones, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil tres (2003), el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) aprobó, mediante su Resolución nº 042-03, el proyecto del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales para ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo, el cual fue elaborado por dicha institución con la participación de consultores internacionales, luego de haber agotado varias rondas de consultas, en la que participaron representantes de sectores de telecomunicaciones, del sector financiero, de asociaciones de contadores y auditores, del sector público y de asociaciones profesionales y sin fines de lucro de la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que por delegación expresa efectuada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil tres (2003), el Presidente del Consejo Directivo de esa institución, Lic. Orlando Jorge Mera, remitió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el citado Proyecto de Reglamento para fines de aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

VISTOS: Los Códigos Civil, Comercial y de Procedimiento Civil y Procedimiento Criminal de la República Dominicana;

VISTA: La Ley nº 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana, promulgada en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dos (2002);

VISTA: La Resolución nº 042-03, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), de fecha diecisiete (17) de marzo de 2003;

VISTA: La solicitud de aprobación del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana, presentada al Poder Ejecutivo por el Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Lic. Orlando Jorge Mera, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil tres (2003).

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República Dominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA Ley nº 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES

TÍTULO I.- DEFINICIONES Y ALCANCE

Artículo 1.- Definiciones.-

En adición a las definiciones establecidas en la Ley, las expresiones y términos que se emplean en este Reglamento tendrán el significado que se señala a continuación:

1.1. Autorización: El acto jurídico mediante el cual, en forma escrita y formal, el INDOTEL otorga a una Entidad de Certificación el derecho a emitir certificados digitales con valor legal de firma digital y proveer otros servicios de certificación previstos por la Ley nº 126-02 y sus normas reglamentarias;

1.2. Certificado (Certificado Digital): Es el documento digital emitido y firmado digitalmente por una Entidad de Certificación, que identifica unívocamente a un suscriptor durante el período de vigencia del certificado, y que se constituye en prueba de que dicho suscriptor es la fuente o el originador del contenido de un documento digital o mensaje de datos que incorpore su certificado asociado;

1.3. Clave criptográfica privada: Es el valor o valores numéricos o caracteres binarios que, utilizados conjuntamente con un procedimiento matemático conocido, sirven para generar la firma digital de un mensaje de datos o de un documento digital;

1.4. Clave criptográfica pública: Es el valor o valores numéricos o caracteres binarios que son utilizados para verificar que una firma digital fue generada con la clave privada del suscriptor del certificado digital que ha emitido el mensaje de datos o el documento digital;

1.5. Confiabilidad Técnica: Es la cualidad del conjunto de equipos de computación, software, protocolos de comunicación, seguridad y procedimientos administrativos relacionados que cumplan los siguientes requisitos:

a) Protección contra la posibilidad de intrusión o uso no autorizado;

b) Garantía de la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento;

c) Aptitud para el desempeño de sus funciones específicas;

d) Cumplimiento de las normas de seguridad apropiadas, acordes a estándares internacionales en la materia; y,

e) Cumplimiento con los estándares técnicos y de auditoría que establezca el INDOTEL;

1.6. Criptografía: Es la rama de las matemáticas aplicadas a la ciencia informática que se ocupa de la transformación de documentos digitales o mensajes de datos, de su representación original a una representación ininteligible e indescifrable que protege y preserva su contenido y forma, y de la recuperación del documento o mensaje de datos original a partir de ésta;

1.7. Criptosistema asimétrico: Es el algoritmo que utiliza un par de claves, una clave privada para firmar digitalmente y su correspondiente clave pública para verificar dicha firma digital, de esta manera, una clave no puede operar sin la otra y de tal forma que el usuario que conozca la clave pública no pueda derivar de ella la clave privada;

1.8. Datos de creación de firma digital: Son aquellos datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el suscriptor utiliza para crear su firma digital;

1.9. Datos de verificación de firma digital: Son aquellos datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma digital, la integridad del documento digital o mensaje de datos y la identidad del suscriptor;

1.10. Destinatario: La persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a título de intermediario con respecto a ese mensaje;

1.11. Dispositivo de creación de firma digital: Es el dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite firmar digitalmente;

1.12. Dispositivo de verificación de firma digital: Es el dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite verificar la integridad del documento digital y la identidad del suscriptor;

1.13. Documento digital: Es la información codificada en forma digital sobre un soporte lógico o físico, en la cual se usan métodos electrónicos, fotolitográficos, ópticos o similares que se constituyen en representación de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes;

1.14. Entidad de Certificación: Es aquella institución o persona jurídica que, autorizada conforme a la Ley, el presente Reglamento y las normas a ser dictadas por el INDOTEL, que está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales;

1.15. Estampado Cronológico o Certificación digital de fecha y hora: Es la indicación de la fecha y la hora cierta, asignada a un documento o registro electrónico por una Entidad de Certificación y firmada digitalmente por ésta;

1.16. Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión;

1.17. Firma Electrónica: Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, que por acuerdo entre las partes se utilice como medio de identificación entre el emisor y el destinatario de un mensaje de datos o un documento digital y que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital;

1.18. INDOTEL: Es la sigla que denomina al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, órgano regulador de las telecomunicaciones y del comercio electrónico, documentos y firmas digitales, de conformidad con las Leyes nº153-98 General de Telecomunicaciones y nº126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de la República Dominicana, respectivamente;

1.19. Iniciador: Toda persona que, al tenor de un mensaje de datos, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado, para enviar o generar dicho mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no lo haya hecho a título de intermediario con respecto a ese mensaje;

1.20. Ley: Se refiere a la Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, número 126-02;

1.21. Ley de Telecomunicaciones: Se refiere a la Ley General de Telecomunicaciones, número 153-98;

1.22. Mensajes de datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;

1.23. Manual de Procedimientos: Es el conjunto de prácticas utilizadas por la Entidad de Certificación en la emisión y administración de los certificados. En inglés, Certification Practice Statement (CPS);

1.24. Plan de Cese de Actividades: Es el conjunto de actividades aprobadas por el INDOTEL, a desarrollar por la Entidad de Certificación en caso de finalizar la prestación de sus servicios;

1.25. Plan de Contingencias: Es el conjunto de procedimientos a seguir por la Entidad de Certificación ante la ocurrencia de situaciones no previstas que puedan comprometer la continuidad de sus operaciones;

1.26. Plan de Seguridad: Es el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos destinados a la protección de los recursos de la Entidad de Certificación;

1.27. Prácticas de Certificación: Es el conjunto de información relativa al cumplimiento de los requisitos de autorización y operación que debe publicar cada Entidad de Certificación según lo establecido en el Artículo 38 de la Ley nº 126-02;

1.28. Políticas de Certificación: Son las reglas definidas por las Entidades de Certificación y aprobadas por el INDOTEL, en las que se establecen los criterios de emisión y utilización de los certificados digitales. En inglés, Certification Policy (CP);

1.29. Procedimiento de verificación de firma digital: Es el proceso utilizado para determinar la validez de una firma digital. Dicho proceso debe constar por lo menos, de los pasos siguientes:

a) La verificación de que dicha firma digital ha sido creada durante el período de validez del certificado digital del suscriptor;

b) La comprobación de que dicha firma digital ha sido creada utilizando los datos de creación de firma digital correspondientes a los datos de verificación de firma digital indicados en el certificado del suscriptor; y,

c) La verificación de la autenticidad y la validez de los certificados involucrados;

1.30. Proveedor de Servicios de Firma Electrónica: Es toda persona moral, nacional o extranjera, pública o privada, que preste servicios de certificación, y cuyos certificados digitales no tienen valor legal de firma digital, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar;

1.31. Registro de Entidades de Certificación: Es el registro de acceso público que mantiene el INDOTEL en el cual constan las informaciones relativas a las Entidades de Certificación;

1.32. Registro Nacional: Es el registro, establecido en el Capítulo IX del Reglamento de Concesiones, Inscripciones en Registros Especiales y Licencias para Prestar Servicios de Telecomunicaciones en la República Dominicana, que mantiene un listado de todas las autorizaciones otorgadas por el INDOTEL;

1.33. Reglamento: Se refiere al presente Reglamento de la Ley nº 126-02;

1.34. Repositorio: Es un sistema de información para el almacenamiento y recuperación de certificados u otro tipo de información relevante para la expedición y validación de los mismos;

1.35. Revocar un certificado: Es finalizar definitivamente el período de validez de un certificado, desde una fecha específica, en adelante;

1.36. Suscriptor o titular de certificado digital: Es la persona que contrata con una Entidad de Certificación la expedición de un certificado, para que sea nombrada o identificada en él. Esta persona tiene la obligación de mantener bajo su estricto y exclusivo control el procedimiento para generar su firma digital;

1.37. Suspender un certificado: Es Interrumpir temporalmente el período operacional de un certificado desde una fecha específica, en adelante;

1.38. Unidad de Registro: Es toda persona moral o física, u organismo público, posibilitada a validar los datos de identidad de personas físicas y jurídicas, suscriptoras de certificados y en capacidad de prestar otros servicios de validación relacionados con las firmas digitales, conforme a la autorización otorgada a tales fines por el INDOTEL. En inglés, Registration Authority (RA);

1.39. Usuario: Es la persona que, sin ser suscriptor y sin contratar los servicios de emisión de certificados de una Entidad de Certificación, puede, sin embargo, validar la integridad y autenticidad de un documento digital o de un mensaje de datos, con base en un certificado del suscriptor originador del mensaje;

1.40. Validar la integridad y autenticidad de un documento digital o un mensaje de datos: Es el procedimiento de verificación de firma digital aplicado a un documento digital o mensaje de datos.

Artículo 2.- Alcance.-

2.1. Este Reglamento constituye el marco regulatorio que se aplicará en todo el territorio nacional para la prestación de servicios de certificación digital, en el marco de la Ley nº 126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, y regula a las entidades comprendidas en la Ley y el presente Reglamento.

2.2. Son sujetos regulados por la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias que dicte el INDOTEL, las entidades de certificación, los proveedores de servicios de firma electrónica y las unidades de registro, así como los proveedores de servicios o infraestructura de soporte operacionalmente vinculados con estas en la medida de su relación contractual.

2.3. Este Reglamento deberá ser interpretado de conformidad con la Ley, los reglamentos y normas dictadas por el INDOTEL y se tendrán en cuenta las normas y recomendaciones internacionales en la materia.

2.4. El INDOTEL aprobará las normas complementarias al presente Reglamento, las cuales podrán ser ampliadas, modificadas o derogadas de acuerdo con la evolución de los estándares internacionalmente aceptados.

Artículo 3.- Autoridad.-

3.1. El INDOTEL velará por el fiel cumplimiento de este Reglamento, estipulará los estándares tecnológicos, legales, económicos y de procedimientos aplicables en materia de firma digital, documentos digitales y mensajes de datos, y emitirá las resoluciones correspondientes a fin de garantizar la aplicación efectiva de la Ley y este Reglamento.

3.2. El INDOTEL constituye la única institución del Estado con calidad legal para autorizar la instalación y operación de servicios públicos y privados de certificación digital en el territorio nacional, no pudiendo ser sustituida esta facultad por ninguna otra autoridad centralizada, autónoma o descentralizada del Estado.

TÍTULO II.- SUJETOS REGULADOS

PARTE I.- ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

Artículo 4.- Categorías.-

4.1. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica se encuentran regulados por la Ley, el presente Reglamento y sus normas complementarias, así como por las normas de derecho común aplicables.

4.2. Entidades de Certificación: Son aquellas que, siendo personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, y las Cámaras de Comercio y Producción, domiciliadas en la República Dominicana, que, previa solicitud, sean autorizadas por el INDOTEL en conformidad con la Ley, este Reglamento y las normas que dicte el INDOTEL, están facultadas para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.

4.3. Proveedores de Servicios de Firma Electrónica: Son aquellas personas morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que otorguen certificados digitales que carecen de valor legal de firma digital, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.

Artículo 5.- Prestación de Servicios de Firma Electrónica.-

5.1 La prestación de servicios de certificación digital por Proveedores de Servicios de Firma Electrónica no requiere de autorización previa por parte del INDOTEL.

5.2. A los fines de proteger los derechos de los consumidores, el INDOTEL determinará la información a presentar y los procedimientos a cumplir por los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica.

Artículo 6.- Efectos de los Certificados emitidos por Proveedores de Servicios de Firma Electrónica.-

6.1. Los certificados y demás servicios de certificación prestados por los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica no tienen el valor jurídico que la Ley otorga a la firma digital, esta circunstancia deberá constar en la información que suministren sobre sus servicios tanto en forma impresa como en formato digital, en el sitio de Internet de que dispongan y en general, en toda comunicación vinculada a los mismos.

6.2. Los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deberán comunicar expresamente tal circunstancia a los solicitantes y/o suscriptores de certificados digitales que emitan y a todo tercero que tome contacto con dicho Proveedor de Servicios de Firma Electrónica.

Artículo 7.- Normas.-

El cumplimiento de las normas fijadas para la aplicación del presente Reglamento es obligatorio para las Entidades de Certificación. El INDOTEL tiene la potestad para efectuar, de oficio o a solicitud de parte, verificaciones de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en las Entidades de Certificación cuando lo considere necesario en la forma dispuesta por la Ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 8.- Actualización de las normas.-

8.1. Los actos administrativos que impliquen la modificación de normas para la prestación de servicios de certificación digital establecerán los plazos en los cuales las Entidades de Certificación deberán adecuarse a las mismas.

8.2. El incumplimiento de las disposiciones de las nuevas normas será calificado como falta muy grave y facultará al INDOTEL a dejar sin efecto la autorización, de conformidad con los Artículos 56 y 57 de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 9.- Prácticas de Certificación.-

9.1. Las Entidades de Certificación contarán con reglas específicas sobre sus prácticas de certificación, consistentes en una descripción detallada de las políticas, procedimientos, mecanismos y condiciones de prestación de los servicios así como las obligaciones que asumen.

9.2. Las Prácticas de Certificación deben declarar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 68 de este Reglamento, con excepción de la póliza de seguro que se acredita por medio de la presentación de la misma.

9.3. Las Prácticas de Certificación deben ser objetivas y no discriminatorias, deben estar publicadas de conformidad con el Artículo 38 de la Ley y el presente Reglamento y se deben comunicar a los suscriptores y usuarios de manera sencilla y en idioma español.

9.4. Las Políticas de Certificación estarán sujetas a la aprobación del INDOTEL y deberán ser remitidas junto a la solicitud de autorización.

9.5. Las Políticas de Certificación deberán ser publicadas y actualizadas en forma permanente y deben estar accesibles al público por medios electrónicos, en la dirección correspondiente al sitio de que disponga la Entidad de Certificación, en el boletín del INDOTEL y en el sitio de Internet del INDOTEL.

9.6. Las disposiciones de las Prácticas de Certificación deberá contener de manera enunciativa, por lo menos la siguiente información:

a) Datos generales:

i) El nombre, la dirección física y el número telefónico de la Entidad de Certificación;

ii) El número del Registro Nacional de Contribuyente (RNC);

iii) La dirección electrónica, en la cual serán válidas las comunicaciones y notificaciones;

iv) El certificado digital que contiene la clave pública actual de la Entidad de Certificación;

v) El resultado de la evaluación obtenida por la Entidad de Certificación en la última auditoría realizada por el INDOTEL;

vi) Si la autorización para operar como Entidad de Certificación ha sido revocada o suspendida, este registro deberá incluir la fecha de la revocación o suspensión para operar para todos los casos en los cuales se haya producido;

vii) Los límites impuestos a la Entidad de Certificación en la autorización para operar; y,

viii) Cualquier evento que sustancialmente afecte la capacidad de la Entidad de Certificación para operar.

b) Políticas de Certificación que contemplen al menos los siguientes contenidos:

i) Introducción, la cual contendrá un resumen de las prácticas de certificación de que se trate, mencionando tanto la entidad que suscribe el documento, como el tipo de suscriptores y productos a los que son aplicables;

ii) Consideraciones generales, las cuales contendrán información sobre obligaciones, responsabilidades, cumplimiento de auditorías, confidencialidad, y derechos de propiedad intelectual, con relación a todas las partes involucradas;

iii) Identificación y autenticación, en la cual se describan los procesos de autenticación aplicados a los solicitantes de certificados, así como los procesos para autenticar a los mismos cuando pidan la suspensión o la revocación de un certificado. En caso de operar con una Unidad de Registro, la entidad suministrará los datos de esta Unidad;

iv) Requerimientos operacionales, los cuales contendrán información operacional y procedimientos a seguir para los procesos de solicitud de certificados, emisión de certificados, suspensión y revocación de certificados, procesos de auditoría, de seguridad, almacenamiento de información relevante, cambio de datos de creación de firma digital, superación de situaciones críticas, casos de fuerza mayor, caso fortuito, y procedimiento de término del servicio de certificación;

v) Controles de procedimiento, personal y físicos, describirán los controles de seguridad no técnicos utilizados por la entidad de certificación para asegurar las funciones de generación de datos de creación de firma digital, autenticación de usuarios, emisión de certificados, suspensión y revocación de certificados, auditoría y almacenamiento de información relevante;

vi) Controles de seguridad técnica, señalarán las medidas de seguridad adoptadas por la Entidad de Certificación para proteger los datos de creación de su propia firma digital;

vii) Perfiles de certificados y del registro de acceso público, especificarán los formatos del certificado y del registro de acceso público;

viii) Especificaciones de administración de la política de certificación, señalarán la forma en que la misma está contenida en la Práctica, y los procedimientos para cambiar, publicar y notificar dicha política.

c) Plan de Cese de Actividades

d) Plan de Contingencia

e) Política de Protección de Datos Personales, acorde con la normativa complementaria a ser dictada por el INDOTEL.

f) El reconocimiento de certificados extranjeros por parte de la Entidad de Certificación, en caso de que corresponda.

Artículo 10.- Registro de Certificados Digitales.-

10.1. Cada Entidad de Certificación y cada Proveedor de Servicios de Firma Electrónica mantendrá un Registro de certificados accesible al público, en el que se garantice la disponibilidad de la información actualizada contenida en él de manera regular y continua.

10.2. Dicho Registro contendrá los certificados emitidos por las Entidades de Certificación y por los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica, indicando el estatus de los certificados de modo tal que señale, al menos, lo siguiente:

a) Si los mismos se encuentran vigentes, revocados, suspendidos o reactivados;

b) Si son reconocidos por la Entidad de Certificación en caso de que hayan sido emitidos por una Entidad de Certificación extranjera;

c) La Política de Certificación bajo la cual fue emitido;

d) Las fechas de emisión y vencimiento; y

e) Todas las menciones relevantes para la utilización de los mismos.

10.3. Las Entidades de Certificación y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica garantizarán el acceso al público de manera permanente a dicho Registro por medios electrónicos.

Artículo 11.- Comunicación de cesación de actividades.-

11.1. Entidades de Certificación. En caso de que una Entidad de Certificación cese en la prestación del servicio, notificará tal situación a los suscriptores de los certificados emitidos por ella en la siguiente forma:

11.1.1. Cesación voluntaria. Con una antelación no menor a NOVENTA (90) días hábiles y señalando a los suscriptores que de no existir objeción a la transferencia de los certificados a otra Entidad de Certificación, la cual será indicada en dicha notificación, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles luego de la recepción de la comunicación, se entenderá que el suscriptor ha consentido la transferencia de los mismos.

11.1.2. Cesación no voluntaria. La cancelación de la autorización será notificada inmediatamente a los suscriptores. En caso de que la Entidad de Certificación se encuentre en situación de traspasar los certificados a otra Entidad de Certificación, informará tal situación en la forma y plazo señalado en el apartado 11.1.1.

11.2. Si el suscriptor del certificado comunica que se opone a la transferencia en el plazo establecido, el certificado será revocado sin ningún trámite adicional.

Artículo 12.- Cesación voluntaria de actividades.-

12.1. Entidades de Certificación. En caso de que la cesación en la prestación del servicio ocurra por voluntad de la Entidad de Certificación, ésta solicitará al INDOTEL mediante documento firmado por su representante, con NOVENTA (90) días hábiles de anticipación, la cancelación de su inscripción en el Registro de Entidades de Certificación, comunicándole el destino que dará a los certificados, especificando, en su caso, los que va a transferir y a quién, cuando proceda.

12.1.1. El INDOTEL dispondrá la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades de Certificación una vez constatado el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Plan de Cese de Actividades aprobado por éste.

12.2. Proveedores de Servicios de Firma Electrónica. En caso de cesación de actividades, los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deberán informar al INDOTEL tal circunstancia, con NOVENTA (90) días hábiles de anticipación, mediante documento firmado por su representante.

Artículo 13.- Subsistencia de las Obligaciones.-

13.1. El INDOTEL reglamentará los procedimientos aplicables a la cesación de actividades de las Entidades de Certificación y de los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica en base a la necesidad de preservar la protección de los derechos de los consumidores.

13.2. Las Entidades de Certificación contemplarán en sus Planes de Cese de Actividades, aprobados por el INDOTEL, la subsistencia de las obligaciones relativas a la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por los suscriptores de certificados.

Artículo 14.- Conservación de los Documentos y Datos de Apoyo para la Emisión de Certificados.-

14.1. Los datos proporcionados por los suscriptores de certificados digitales, y los documentos de apoyo, serán conservados por las Entidades de Certificación por lo menos durante VEINTE (20) años desde la revocación o expiración de los certificados.

14.2. En caso de que las Entidades de Certificación cesen en su actividad, transferirán dichos datos a otra Entidad de Certificación o bien a una empresa especializada en la custodia de datos electrónicos debidamente autorizada por el INDOTEL, por el tiempo faltante para completar los VEINTE (20) años desde la revocación o expiración de cada certificado. Esta situación deberá verse reflejada tanto en el Registro de Entidades de Certificación como en la Política de Certificación aprobada por el INDOTEL.

Artículo 15.- Conservación del Registro de Certificados.-

15.1. Las Entidades de Certificación conservarán los datos contenidos en los registros mencionados en el Artículo 51 de la Ley por un plazo de CUARENTA (40) años, contados a partir de la fecha de la revocación o expiración de cada certificado.

15.2. En caso de que las Entidades de Certificación cesen en su actividad, transferirán dichos datos a otra Entidad de Certificación, o bien a una empresa especializada en la custodia de datos electrónicos debidamente autorizada por el INDOTEL, por el tiempo faltante para completar los CUARENTA (40) años desde la revocación o expiración de cada certificado. Esta situación deberá verse reflejada tanto en el Registro de Entidades de Certificación como en la Política de Certificación aprobada por el INDOTEL.

Artículo 16.- Seguros.-

La Entidad de Certificación contará con seguros vigentes acordes con las responsabilidades asumidas, que cumplan con los requisitos que establezca la norma complementaria sobre las políticas de acreditación o autorización que dicte el INDOTEL.

Artículo 17.- Obligaciones de las Entidades de Certificación.-

En adición a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley, las Entidades de Certificación tienen las siguientes obligaciones:

a) Comprobar por sí o por medio de una Unidad de Registro, en la cual haya delegado tal función, la identidad u otro dato de los solicitantes considerado relevante para los procedimientos de verificación de identidad previos a la emisión del certificado digital, según la Política de Certificación bajo la cual se solicita el certificado;

b) Mantener a disposición permanente del público las Políticas de Certificación y el Manual de Procedimientos, en aquellos aspectos que no contengan información confidencial, en los formatos que apruebe el INDOTEL a tales fines;

c) Cumplir cabalmente con las Políticas de Certificación acordadas con el suscriptor y con su Manual de Procedimientos, considerándose su incumplimiento como falta grave;

d) Garantizar la prestación establecida según los niveles definidos en el acuerdo de servicios pactado con el suscriptor, relativo a los servicios para los cuales solicitó autorización;

e) Informar al solicitante de un certificado digital, en un lenguaje claro y accesible, en idioma español, respecto de las características del certificado solicitado, las limitaciones a la responsabilidad, si las hubiere, los precios de los servicios de certificación, uso, administración y otros asociados, incluyendo cargos adicionales y formas de pago, los niveles de servicio a proveer, las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del servicio de certificación, su domicilio en la República Dominicana y los medios a los que el suscriptor puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema o presentar sus reclamos;

f) Disponer de un servicio de atención a suscriptores de certificados y usuarios, mediante acceso personal, telefónico y por Internet, que permita enviar las consultas y la pronta respuesta a la solicitud de suspensión o revocación de certificados;

g) Garantizar el acceso público, eficiente y gratuito de los suscriptores y usuarios al registro de certificados emitidos, suspendidos, revocados, reactivados o reconocidos;

h) Mantener actualizados los registros de certificados emitidos, suspendidos, revocados o reactivados por el término de CUARENTA (40) años, contado a partir de la fecha de la revocación o expiración de cada certificado;

i) Adoptar los procedimientos y resguardos de seguridad confiables, conforme lo establezca el INDOTEL para garantizar que las claves privadas de los suscriptores no permanecerán en su poder ni podrán ser utilizadas por terceros en caso de que preste el servicio de generación de claves;

j) Informar al INDOTEL de modo inmediato la ocurrencia de cualquier evento que comprometa la correcta prestación del servicio;

k) Garantizar la integridad de la información que mantienen bajo su control;

l) Respetar el derecho del suscriptor del certificado digital a no recibir publicidad de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento expreso de éste;

m) Publicar por medios electrónicos y en un periódico de circulación nacional el certificado de clave pública correspondiente a la política de certificación para la cual obtuvo autorización;

n) Cumplir las normas y recaudos establecidos para la protección de datos personales, así como las demás normas aprobadas por el INDOTEL;

o) Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las normas que dicte INDOTEL que motivaron la autorización obtenida para la prestación de servicios de certificación;

p) En los casos de revocación de certificados contemplados en el numeral 6 del Artículo 49 de la Ley, deberá sustituir en forma gratuita aquel certificado digital que ha dejado de ser seguro por otro que sí cumpla con estos requisitos. El INDOTEL establecerá el proceso de reemplazo de certificados en estos casos.

En los casos en los que un certificado digital haya dejado de ser seguro por razones atribuibles a su suscriptor, la Entidad de Certificación no estará obligada a sustituir el certificado digital;

q) Enviar los informes de estado de operaciones con carácter de declaración jurada que solicite el INDOTEL en las fechas y formatos determinados por la reglamentación que dicte el INDOTEL a tales fines;

r) Contar con personal idóneo y confiable, con antecedentes profesionales acordes a la función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades legales que asume por los servicios suministrados ;

s) Cumplir con los requerimientos realizados en virtud de sentencia con valor de la cosa irrevocablemente juzgada o autorización de un juez para entregar los datos;

t) Responder a los pedidos de informes por parte de los usuarios de certificados respecto de la validez y alcance de un certificado digital emitido por ella; y,

u) Informar al INDOTEL la terminación del contrato o las modificaciones respecto de los alcances o montos de la cobertura de los seguros.

Artículo 18.- Responsabilidad de las Entidades de Certificación.-

En ningún caso, la responsabilidad que pueda emanar de una certificación efectuada por una Entidad de Certificación comprometerá la responsabilidad civil del Estado en su calidad de órgano de control y vigilancia, ni en particular, la responsabilidad civil del INDOTEL, como entidad pública con personería jurídica.

Artículo 19.- Recursos de las Entidades de Certificación.-

19.1. Para el desarrollo adecuado de las actividades para las cuales solicita autorización, la Entidad de Certificación evidenciará que cuenta con un equipo de profesionales, infraestructura física y tecnológica y recursos financieros, así como procedimientos y sistemas de seguridad que permitan:

a) Generar, en un ambiente seguro, las firmas digitales propias y todos los servicios para los cuales solicita autorización;

b) Cumplir con lo previsto en sus políticas y procedimientos de certificación;

c) Garantizar la confiabilidad de los sistemas de acuerdo con los estándares aprobados por el INDOTEL;

d) Expedir certificados que cumplan con:

i. Lo previsto en el Artículo 44 de la Ley;

ii. Los estándares tecnológicos aprobados por el INDOTEL; y,

iii. La Política de Certificación correspondiente;

e) Garantizar la existencia de sistemas de seguridad física y lógica en sus instalaciones que aseguren el acceso restringido a los equipos que manejan los sistemas de operación de la Entidad de Certificación;

f) Proteger el manejo de la clave privada de la Entidad de Certificación mediante un procedimiento de seguridad que impida el acceso a la misma a personal no autorizado;

g) Proteger el acceso y el uso de la clave privada mediante procedimientos que exijan la participación de más de una persona;

h) Registrar las transacciones realizadas, a fin de identificar al autor y el momento de cada una de las operaciones;

i) Utilizar con exclusividad los sistemas que cumplan las funciones de certificación con ese propósito, sin que se les asigne ninguna otra función;

j) Proteger a todos los sistemas utilizados directa o indirectamente en la función de certificación con procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel de protección, que deben ser actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos para garantizar la correcta prestación de los servicios de certificación;

K) Garantizar la continuidad de las operaciones mediante un Plan de Contingencia actualizado y probado; y,

l) Disponer de los recursos financieros adecuados al tipo de actividad de certificación que desarrolla, acorde con los niveles de responsabilidad derivados de la misma.

19.2. Los criterios de evaluación de lo dispuesto en el apartado anterior serán establecidos por el INDOTEL de acuerdo a estándares internacionales y la reglamentación dictada a tales fines.

Artículo 20.- Servicios de terceros.-

20.1. En los casos en que la Entidad de Certificación requiera o utilice los servicios o infraestructura tecnológicos prestados por un tercero, deberá prever dentro de su Plan de Contingencia los procedimientos a seguir en caso de interrupción de estos servicios, de modo tal que permita continuar prestando sus servicios de certificación sin ningún perjuicio para los suscriptores.

20.2. Los contratos entre la Entidad de Certificación y los Proveedores de Servicios o Infraestructura, deberán garantizar la ejecución de los procedimientos contemplados en el Plan de Cese de Actividades aprobado por el INDOTEL. La Entidad de Certificación autorizada o que haya iniciado el procedimiento para obtener la autorización, facilitará al INDOTEL toda aquella información, contenida en los contratos, vinculada a la prestación de los servicios de certificación y a la implementación del Plan de Cese de Actividades y del Plan de Contingencia.

Artículo 21.- Efectos de la Autorización.-

Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones impuestas bajo la Ley, disposiciones legales o reglamentarias, u otras obligaciones contraídas de manera particular, las Entidades de Certificación están obligadas a:

a) Prestar los servicios autorizados por el INDOTEL, de manera continua, de acuerdo a los términos, condiciones y plazos establecidos en la Ley, este Reglamento, las Resoluciones que al efecto dicte el INDOTEL y la respectiva autorización;

b) Cumplir con los requisitos económicos, técnicos y jurídicos mínimos que hayan sido requeridos por el INDOTEL y en virtud de los cuales se le haya otorgado la Autorización, así como cumplir con cualquier otro requisito establecido por el INDOTEL;

c) Cumplir con las Políticas de Certificación para las cuales obtuvo autorización, que respaldan la emisión de sus certificados, con el Manual de Procedimientos, con el Plan de Seguridad, con el Plan de Cese de Actividades y con el Plan de Contingencia aprobados por el INDOTEL, así como con las normas complementarias dictadas por el INDOTEL en materia de estándares tecnológicos, procedimientos de certificación, resguardo de la seguridad y confidencialidad de la información, protección de datos personales de los suscriptores de certificados, y toda otra norma emitida por el INDOTEL.

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales de los suscriptores de certificados digitales;

e) Pagar oportunamente los costos y derechos establecidos en este Reglamento, así como cualesquiera tasas, contribuciones u otras obligaciones que origine la Autorización;

f) Cooperar con el INDOTEL en sus labores de defensa de los intereses de los suscriptores y usuarios de servicios de certificación digital;

g) Admitir como cliente o usuario de los servicios que suministra, de manera no discriminatoria, a todas las personas que lo deseen y cumplan con las condiciones técnicas y económicas que se establezcan, sin más limitaciones que las que se deriven de la capacidad del servicio;

h) Suministrar al INDOTEL, en el plazo requerido, las informaciones y datos fidedignos que éste les solicite, concernientes a la actividad regulada; y,

i) Cooperar con el INDOTEL en sus labores de detección de actividades fraudulentas relativas a los servicios de certificación digital objeto de este Reglamento.

Artículo 22.- Uso Exclusivo de la Expresión “Entidad de Certificación”

El uso de la expresión “Entidad de Certificación” y frases similares es de uso exclusivo de los prestadores de servicios de certificación digital que hayan sido autorizados para operar como Entidades de Certificación a tal efecto por el INDOTEL mediante resolución e incorporados al Registro de Entidades de Certificación.

PARTE II UNIDADES DE REGISTRO

Artículo 23.- Funciones y Obligaciones de las Unidades de Registro.-

Sin perjuicio de lo que pueda disponer la reglamentación dictada por el INDOTEL, las Unidades de Registro tendrán las funciones y obligaciones de:

a) Recepción de las solicitudes de emisión de certificados digitales;

b) Validación de la identidad y autenticación de los datos de los solicitantes de certificados digitales;

c) Validación de otros datos de los solicitantes de certificados digitales que se presenten ante ella cuya verificación delegue la Entidad de Certificación, para el otorgamiento de certificados digitales con atributos determinados, como por ejemplo, calidad de representante de una persona jurídica, calidad de funcionario de una organización, calidad de miembro de un colegio profesional, entre otros;

d) Remisión de las solicitudes aprobadas a la Entidad de Certificación con la que se encuentre operativamente vinculada;

e) Recepción y validación de las solicitudes de suspensión o revocación de certificados digitales, y su direccionamiento a la Entidad de Certificación con la que se vinculen, una vez que se realicen las verificaciones de identidad correspondientes;

f) Identificación y autenticación de los solicitantes de suspensión o revocación de certificados digitales emitidos por la Entidad de Certificación;

g) Conservación y archivo de toda la documentación de respaldo del proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad de Certificación;

h) Cumplimiento de las normas legales aplicables así como las que pudiera dictar el INDOTEL en relación con la protección de datos personales, la confidencialidad de la información y otros temas vinculados con la actividad;

i) Cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política de Certificación y el Manual de Procedimientos de la Entidad de Certificación con la que se encuentre vinculada, en la parte que resulte aplicable; y,

j) Colaboración para la realización de inspecciones o auditorías por parte de la Entidad de Certificación, el INDOTEL o sus auditores.

Artículo 24.- Delegación.-

24.1 Las Entidades de Certificación podrán delegar en Unidades de Registro la función de validación de identidad y de otros datos de los suscriptores de certificados, así como la función de registro de las presentaciones y de los trámites que les sean formulados.

24.2 Para efectuar esta delegación, tanto las Entidades de Certificación como las Unidades de Registro, deben cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones dictadas por el INDOTEL.

24.3 Las Entidades de Certificación serán autorizadas por el INDOTEL para efectuar esta delegación.

Artículo 25.- Responsabilidad de la Entidad de Certificación respecto de la Unidad de Registro.-

25.1. Una Unidad de Registro puede constituirse como una única unidad o como varias unidades dependientes jerárquicamente entre sí, pudiendo delegar su operación en otras Unidades de Registro, siempre que medie la aprobación de la Entidad de Certificación y la respectiva autorización del INDOTEL.

25.2. La Entidad de Certificación es responsable de acuerdo con lo establecido en la Ley, aún en el caso que delegue parte de su operación en Unidades de Registro, sin perjuicio del derecho de la Entidad de Certificación de reclamar a la Unidad de Registro las indemnizaciones por los daños y perjuicios que sufriera como consecuencia de los actos u omisiones de ésta.

Artículo 26.- Titulares de Unidades de Registro.-

Podrán cumplir la función de Unidad de Registro los notarios públicos, las oficinas del Registro Civil, las asociaciones profesionales para sus miembros, las Cámaras de Comercio para sus miembros, las entidades bancarias para sus clientes y en relación con las Entidades de Certificación pertenecientes a organismos públicos, las áreas de personal de las jurisdicciones u otras dependencias, que cumplan con los requisitos establecidos por el INDOTEL a tales fines. Esta enumeración no es limitativa pudiendo ser modificada por el INDOTEL en uso de su facultad regulatoria.

Artículo 27.- Supervisión por el INDOTEL.-

27.1. Las Unidades de Registro están sujetas a las facultades regulatorias y de inspección del INDOTEL como órgano de vigilancia y de control en materia de firma digital.

27.2. El INDOTEL autorizará el funcionamiento de las Unidades de Registro sobre la base del cumplimiento de los recaudos establecidos en los procedimientos que dicte a tal fin.

27.3. Las Unidades de Registro están sujetas a las mismas obligaciones que las Entidades de Certificación en las siguientes materias:

a) Conservación de datos de suscriptores de certificados;

b) Protección de derechos del consumidor;

c) Confidencialidad de la información;

d) Protección de datos personales; y,

e) En todo otro aspecto que establezca el INDOTEL mediante normas que complementan este Reglamento.

PARTE III.- COSTOS Y DERECHOS

Artículo 28.- Costos y derechos.-

28.1. Toda entidad regulada está sujeta al pago de los siguientes costos y derechos, los cuales serán aplicados por el INDOTEL:

a) Costos de Procesamiento, que se refieren a los costos directamente involucrados en la tramitación administrativa, de la Autorización, de la inscripción en el Registro de Entidades de Certificación y de otros trámites que determine el INDOTEL; y,

b) Derecho de supervisión, correspondiente a la realización de inspecciones y auditorías ordinarias y extraordinarias.

28.2. Los costos de procesamiento serán aplicados por servicio, y serán recaudados concomitantemente a la presentación de las siguientes solicitudes:

a) Solicitud de Autorización para constituirse en Entidad de Certificación;

b) Solicitud de Autorización para constituirse en Unidad de Registro;

c) Solicitud de Autorización para una transferencia, cesión, arrendamiento, otorgamiento del derecho de uso, constitución de gravámenes o transferencia de control de una Entidad de Certificación, de un Proveedor de Servicios de Firma Electrónica o de una Unidad de Registro vigente; y,

d) Toda otra presentación que el INDOTEL incluya en el listado precedente.

28.3. Los costos de procesamiento serán pagados, según corresponda. Estos costos no serán restituidos en el evento que la autorización o la inscripción no se concedan por incumplimiento de los requisitos y obligaciones legales y reglamentarias exigidas.

28.4. El derecho de supervisión comprenderá los costos correspondientes a las inspecciones y auditorías ordinarias y extraordinarias. El monto deberá ser pagado dentro de los NOVENTA (90) días-calendario siguientes a la fecha de la Resolución que los fija, en función de los costos que las inspecciones y auditorías demanden al INDOTEL.

28.5. Los montos de los costos de procesamiento, de los derechos de supervisión y de las multas serán establecidos por el INDOTEL, mediante Resolución.

TÍTULO III.- CERTIFICADOS DIGITALES

Artículo 29.- Contenidos de los certificados digitales.-

29.1. Sin perjuicio de lo que pudiera establecer el INDOTEL, los certificados digitales provistos por las Entidades de Certificación contendrán, por lo menos, los siguientes datos:

a) Firma digital de la Entidad de Certificación;

b) Nombre y dirección electrónica del suscriptor;

c) Identificación del suscriptor nombrado en el certificado;

d) Nombre, dirección electrónica y lugar donde realiza actividades la Entidad de Certificación, y los antecedentes de la autorización obtenida;

e) Clave pública del suscriptor;

f) Metodología utilizada para verificar la firma digital del suscriptor;

g) Número de serie del certificado;

h) Fecha y hora de emisión y expiración del certificado; e,

i) Identificación de la Política de Certificación bajo la cual el certificado fue emitido.

29.2. El INDOTEL podrá modificar los contenidos mínimos de los certificados, de acuerdo al avance de los estándares tecnológicos internacionales.

Artículo 30.- Incorporación de Contenidos Adicionales.-

30.1. Las Entidades de Certificación deberán introducir en los certificados que emitan, los datos mencionados en el Artículo anterior, y eventualmente los que disponga el INDOTEL en los plazos previstos en el presente Reglamento.

30.2. Los atributos adicionales que las Entidades de Certificación introduzcan con la finalidad de incorporar límites al uso del certificado, no deberán dificultar o impedir la lectura de los datos señalados en el Artículo anterior ni su reconocimiento por terceros.

Artículo 31.- Firma digital segura.-

31.1. Para la emisión de certificados de firma digital segura contemplada en el Artículo 32 de la Ley, la Entidad de Certificación deberá comprobar fehacientemente la identidad del solicitante antes de su emisión, y cumplir con las normas técnicas y de procedimientos que dicte el INDOTEL.

31.2. La Entidad de Certificación podrá efectuar dicha comprobación por sí o por medio de Unidades de Registro, requiriendo la comparecencia personal y directa del solicitante o de su representante legal si se tratare de una persona jurídica.

31.3 La comprobación de los datos de identidad de las personas que soliciten la emisión de un certificado digital enmarcado en una Política de Certificación para firma digital segura, se efectuará en base al número de la Cédula de Identidad y Electoral, al de la Cédula de Identidad, al del Pasaporte o al de cualquier otro documento oficial de identidad personal que el Estado Dominicano adopte en el futuro.

31.4. En el caso de que la persona física no sea de nacionalidad dominicana, la comprobación de los datos de identidad del solicitante de un certificado digital enmarcado en una Política de Certificación para firma digital segura se efectuará en base al número de Pasaporte.

31.5. El INDOTEL establecerá los procedimientos y documentos que serán considerados para la comprobación de la identidad de las personas menores de edad que soliciten la emisión de un certificado digital.

Artículo 32.- Resguardo de la clave privada.-

32.1. Los datos de creación de una firma, cuando sean generados por la Entidad de Certificación, deben ser entregados al suscriptor del certificado a fin de garantizar la recepción de los mismos en forma personal y confidencial. A partir de este momento la clave privada queda bajo el control y responsabilidad del suscriptor para los efectos previstos en la Ley y su reglamentación.

32.2. Queda prohibido a la Entidad de Certificación mantener copia de los datos de creación de firma digital una vez que éstos hayan sido entregados a su suscriptor, momento desde el cual éste comenzará a ser responsable de mantenerlos bajo su exclusivo control.

32.3. El incumplimiento de las disposiciones sobre resguardo de la clave privada dispuestas en los Artículos anteriores constituye una falta muy grave que dará lugar a la inmediata suspensión de la autorización, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder.

Artículo 33.- Alcance del Uso de Certificados Digitales.-

33.1. El certificado digital podrá ser usado por su suscriptor de conformidad con las disposiciones establecidas en la Política de Certificación de la Entidad de Certificación con quien se ha contratado la emisión y administración del mismo.

33.2. El certificado digital deberá permitir, a quien lo reciba, verificar, en forma directa o mediante consulta electrónica o por cualquier otro medio razonablemente disponible, que ha sido emitido por una Entidad de Certificación con la finalidad de comprobar la validez del mismo.

Artículo 34.- Suspensión de Certificados Digitales.-

Las Entidades de Certificación procederán a suspender la vigencia del certificado cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

a) Solicitud del suscriptor del certificado;

b) Iniciación del trámite de ausencia con presunción de fallecimiento del suscriptor del certificado, o por iniciación de un procedimiento de declaratoria de incapacidad, en ambos casos, mediante decisión provisional del Juez competente;

c) Decisión de la Entidad de Certificación en virtud de razones técnicas, circunstancia que será comunicada en forma inmediata en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas al suscriptor del certificado y al INDOTEL, por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento;

d) Mediante sentencia de un tribunal con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; y,

e) En virtud de las demás causas dispuestas en la Política de Certificación de cada Entidad de Certificación debidamente aprobada por el INDOTEL.

Artículo 35.- Efectos de la Suspensión del Certificado.-

35.1. El efecto de la suspensión del Certificado es la cesación temporal de sus efectos jurídicos conforme a los usos que le son propios e impide el uso legítimo del mismo por parte del suscriptor, a partir de la notificación y durante el lapso que ésta perdure.

35.2. La suspensión del Certificado terminará por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la decisión de la Entidad de Certificación de revocar el Certificado, en los casos previstos en la Ley, este reglamento y las normas técnicas complementarias;

b) Por la decisión de la Entidad de Certificación de levantar la suspensión del Certificado, una vez que cesen las causas que la originaron;

c) Por la decisión del suscriptor del certificado, cuando la suspensión haya sido solicitada por éste, y este hecho sea comunicado a la Entidad de Certificación;

d) Por sentencia del tribunal con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que declara la incapacidad, o la ausencia temporal con presunción de fallecimiento o el fallecimiento por ausencia definitiva del suscriptor del certificado, que implica su revocación; y,

e) En virtud de las demás causas dispuestas en la Política de Certificación debidamente aprobada por el INDOTEL;

Artículo 36.- Revocación de Certificados Digitales.-

36.1. Los certificados digitales quedarán sin efecto por la revocación practicada por la Entidad de Certificación.

36.2. La revocación tendrá lugar cuando la Entidad de Certificación constate y comunique de manera formal por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento alguna de las siguientes circunstancias:

a) La solicitud del suscriptor del certificado digital;

b) La solicitud de un representante legal del suscriptor del certificado, acreditando la representación invocada;

c) Si se determina que un certificado digital fue emitido en base a una información falsa que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación;

d) Si se determina, en virtud de la auditoría realizada, que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros;

e) Por condiciones especiales definidas en las Políticas de Certificación;

f) Por decisión judicial o de entidad administrativa competente, debidamente motivada;

g) Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica suscriptor;

h) Por declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento del suscriptor;

i) Por declaración mediante sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de incapacidad jurídica del suscriptor;

j) Por la determinación de que la información contenida en el certificado ha dejado de ser válida;

k) Por la cesación de la relación de representación, laboral o contractual respecto de una persona jurídica o de un organismo público;

l) En caso de revocación, ordenada por el INDOTEL, de la autorización para funcionar otorgada a la Entidad de Certificación, siempre que no se haya decidido la transferencia del certificado a otra Entidad de Certificación; y,

m) Por la cesación de actividades de la Entidad de Certificación y siempre que no se haya decidido la transferencia del certificado a otra Entidad de Certificación.

36.3. El efecto de la revocación del certificado digital es la cesación permanente y definitiva de los efectos jurídicos de éste conforme a los usos que le son propios e impide su uso legítimo a partir del momento de la revocación.

Artículo 37.- Procedimiento de Suspensión o Revocación.-

37.1. La revocación de un certificado digital podrá producirse de oficio o a solicitud de su suscriptor por la concurrencia de algunas de las causas previstas en la Ley, este Reglamento, normas complementarias o en las políticas de certificación debidamente aprobadas por el INDOTEL.

37.2. La solicitud de suspensión o revocación, según corresponda, será dirigida a la Entidad de Certificación o a la Unidad de Registro dependiente de la misma, en cualquiera de las formas que prevean sus Políticas de Certificación.

37.3. La suspensión o revocación del certificado deberá ser notificada inmediatamente en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas a su suscriptor, por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento, sin perjuicio que deba publicarse en el Registro de acceso público que señala el Artículo 51 de la Ley.

37.4. Tratándose de la suspensión por razones técnicas o revocación del certificado digital por las circunstancias previstas en los incisos b), i) o j) del artículo anterior, dicha decisión deberá ser comunicada al suscriptor con una anterioridad de, por lo menos, VEINTICUATRO (24) horas a su puesta en práctica, indicando la causa que la provoca y el momento en que se hará efectiva, por los medios establecidos en el Artículo 51del presente Reglamento.

37.5. El término de la vigencia del certificado será oponible a terceros desde el momento de la publicación de la suspensión o revocación en el registro de acceso público que señala el Artículo 51 de la Ley.

Artículo 38.- Reconocimiento de Certificados Extranjeros.-

38.1. Las Entidades de Certificación podrán reconocer los certificados digitales emitidos por Entidades de Certificación extranjeras, bajo su responsabilidad.

38.2. Para ello la Entidad de Certificación demostrará al INDOTEL que los certificados a ser reconocidos por ella, han sido emitidos por un prestador de servicios de certificación no establecido en República Dominicana que cumple con normas técnicas y de procedimientos equivalentes a las establecidas en la Ley, este Reglamento, sus normas complementarias y modificaciones, para el desarrollo de la actividad. En particular, deberá acreditar que los certificados a ser reconocidos por ella, cumplen las disposiciones referentes a contenidos mínimos de los certificados, establecidas en la Ley, este Reglamento y las normas emitidas por el INDOTEL.

38.3. El INDOTEL verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y publicará la información sobre el reconocimiento en el Registro de Entidades de Certificación. En caso de que la Entidad de Certificación no acredite el cumplimiento de los recaudos legales y reglamentarios para el reconocimiento de certificados extranjeros, el INDOTEL mediante resolución motivada, rechazará la solicitud de reconocimiento.

38.4. Una vez practicado el reconocimiento la Entidad de Certificación, en un plazo de TRES (3) días hábiles, comunicará tal situación al INDOTEL y la publicará, inmediatamente en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas, en el Registro de acceso público contemplado en el Artículo 51 de la Ley.

38.5. El reconocimiento de certificados deberá estar declarado en las Prácticas de Certificación.

TÍTULO IV ORGANO REGULADOR

Artículo 39.- Facultad Regulatoria.-

El INDOTEL está facultado para establecer:

a) Los estándares tecnológicos aplicables en consonancia con estándares internacionales vigentes;

b) Los procedimientos de firma y verificación en consonancia con los estándares tecnológicos definidos en el inciso precedente;

c) Las condiciones mínimas de emisión de certificados digitales;

d) Los casos en los cuales deben suspenderse o revocarse los certificados digitales;

e) Los datos considerados públicos contenidos en los certificados digitales;

f) Los mecanismos que garanticen la validez y autoría de las listas de certificados revocados;

g) La información que los sujetos regulados deberán publicar por la Internet;

h) La información que las Entidades de Certificación deberán publicar en los medios establecidos por el presente reglamento;

i) Los procedimientos mínimos de revocación de los certificados digitales cualquiera que sea la fuente de emisión, y los procedimientos mínimos de conservación de la documentación de respaldo de la operación de las Entidades de Certificación, en el caso que éstas cesen en su actividad;

j) El sistema de inspección y auditoría sobre los sujetos regulados, incluyendo las modalidades de difusión de los informes de auditoría y los requisitos de habilitación de entidades para efectuar auditorías y los criterios y estándares de auditoría mínimos que deberán cubrir;

k) Las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y revocación de las autorizaciones;

l) El procedimiento de instrucción y la gradación de sanciones previstas en la Ley, en virtud de reincidencia y/u oportunidad;

m) Los procedimientos aplicables para el reconocimiento de certificados extranjeros;

n) Los acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados digitales con otros países;

o) Las condiciones de aplicación de la Ley y el presente reglamento en el sector público dominicano, incluyendo la autorización para prestar servicios de certificación digital para sus entidades y jurisdicciones;

p) Los contenidos mínimos de las políticas de certificación de acuerdo con estándares nacionales e internacionales;

q) Las condiciones mínimas que deberán cumplirse en el caso de cesación de actividades de una Entidad de Certificación;

r) Los tipos de riesgos que cubrirán los seguros que deberán ser contratados por las Entidades de Certificación, y los montos correspondientes de contratación y cobertura;

s) Las condiciones de prestación de otros servicios en relación con la firma digital y otros aspectos contemplados en la Ley; y,

t) La modificación y actualización de los temas considerados en los apartados precedentes.

Artículo 40.- Procedimiento para formulación y modificación de normas técnicas.-

40.1. A solicitud de parte o de oficio, y con el objeto de formular o modificar las normas establecidas por este Reglamento, el INDOTEL podrá iniciar el procedimiento para la elaboración y fijación de normas.

40.2. A tal fin, se informará al público la apertura del procedimiento de reformulación de normas, y se someterá a consulta pública según lo dispuesto mediante Resolución dictada por el INDOTEL.

40.3. De ser necesario, se podrán fijar conjuntos alternativos de normas técnicas para la prestación del servicio con el objeto de permitir el uso de diversas tecnologías y medios electrónicos, en conformidad a la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 41.- Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.-

De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 37 y 55 de la Constitución de la República Dominicana, se delega en el titular del INDOTEL la facultad de celebrar acuerdos de reciprocidad con gobiernos de países extranjeros, cuyo objeto sea otorgar validez, en sus respectivos territorios, a los certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas de ambos países, en tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley, este Reglamento, las normas complementarias y sus modificaciones para los certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas por el INDOTEL

Artículo 42.- Políticas de Certificación.-

El INDOTEL definirá el contenido mínimo de las Políticas de Certificación, de acuerdo con los estándares internacionales vigentes y la legislación nacional, las que deberán contener al menos la siguiente información:

a) Identificación de la Entidad de Certificación;

b) Política de administración de los certificados y detalle de los servicios;

c) Procedimientos de verificación de la identidad de los suscriptores de los certificados;

d) Obligaciones de la Entidad de Certificación, de la Unidad de Registro en su caso y de los suscriptores de los certificados;

e) Tratamiento de la información suministrada por los suscriptores, y resguardo de la confidencialidad en su caso;

f) Alcances y límites de la responsabilidad admitidos.

Artículo 43.- Funciones del INDOTEL.-

Sin perjuicio y en adición a las funciones asignadas por la Ley, el INDOTEL ejercerá la función de entidad de vigilancia y control de las actividades desarrolladas por los sujetos regulados. Tendrá, en especial, las siguientes funciones:

a) Autorizar, conforme a la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias, la operación de Entidades de Certificación en el territorio nacional;

b) Velar por el adecuado funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de los sujetos regulados y el cabal cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la actividad;

c) Efectuar las inspecciones y auditorías previstas en la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias;

d) Definir reglamentariamente los requerimientos técnicos que califiquen la idoneidad de las actividades desarrolladas por los sujetos regulados;

e) Aprobar las políticas de certificación, el manual de procedimientos, el plan de seguridad, el plan de cese de actividades y el plan de contingencia, presentados por las Entidades de Certificación que requieren autorización;

f) Evaluar las actividades desarrolladas por los sujetos regulados conforme a los requerimientos definidos en los reglamentos técnicos;

g) Denegar, revocar o suspender la autorización para operar a las Entidades de Certificación que no cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias;

h) Requerir en cualquier momento a los sujetos regulados para que suministren información relacionada con los certificados, las firmas digitales emitidas y los documentos en soporte informático que custodien o administren;

i) Disponer el proceso de instrucción y la posterior aplicación de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de servicio;

j) Ordenar la revocación o suspensión de certificados cuando la Entidad de Certificación los emita sin el cumplimiento de las formalidades legales;

k) Emitir certificados en relación con las firmas digitales de las Entidades de Certificación, en caso de considerarlo necesario;

l) Publicar en la Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos, direcciones de la Internet y certificados digitales de:

i. las Entidades de Certificación

ii. las Entidades de Certificación cuyas autorizaciones hayan sido revocadas;

m) Administrar los recursos generados de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 44 de la presente reglamentación, provenientes de las distintas fuentes de financiamiento;

n) Fijar en casos concretos, el concepto y los importes de todo tipo de costos, derechos y multas previstos en la Ley y en el Artículo 28 y 44 de la presente reglamentación;

o) Solicitar ampliación o aclaración sobre la documentación presentada por los sujetos regulados;

p) Velar por el correcto manejo y mantenimiento de la confidencialidad, por parte de los sujetos regulados, de las informaciones de los suscriptores y sus respectivos certificados digitales.

q) Velar por la observancia de las disposiciones legales sobre la promoción de la competencia y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en los mercados atendidos por las entidades de certificación.

r) Permitir el acceso público permanente a la información actualizada del Registro de Entidades de Certificación y a los certificados de clave pública de las mismas, por medio de conexiones de telecomunicaciones públicamente accesibles. Esto también se aplica a la información sobre nombres, domicilio constituido, dirección electrónica y números telefónicos propios, de las Entidades de Certificación y las Unidades de Registro;

s) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de las Entidades de Certificación que cesan sus funciones;

t) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;

u) Supervisar la ejecución de planes de contingencia de las Entidades de Certificación;

v)Efectuar las tareas de control del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los dictámenes de auditoría a los sujetos regulados, para determinar, en su caso, si el auditado ha tomado las acciones correctivas correspondientes;

w) Recibir los reclamos de los suscriptores y usuarios de certificados digitales relativos a la prestación del servicio por parte de los sujetos regulados; y,

x) En su calidad de suscriptor de un certificado digital, debe cumplir idénticas obligaciones que los suscriptores de certificados y que las Entidades de Certificación, en relación con el resguardo de las medidas de seguridad sobre su clave privada y su certificado digital.

Artículo 44.- Fijación de Costos y Derechos.-

44.1. El INDOTEL podrá fijar y cobrar, a los sujetos regulados por la Ley y el presente Reglamento, derechos por los costos de procesamiento y derechos de supervisión, para cubrir total o parcialmente su costo operativo y de las inspecciones y auditorías realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.

44.2. Los recursos propios del INDOTEL se integrarán con:

a) Los importes provenientes de los costos y derechos, previstos en el apartado anterior, correspondientes a los siguientes servicios:

1. servicios de certificación digital;

2. servicios de certificación digital de fecha y hora ciertas;

3. servicios de almacenamiento seguro de documentos digitales;

4. servicios prestados por Unidades de Registro;

5. servicios prestados por terceras partes confiables;

6. servicios de certificación de documentos digitales firmados digitalmente; y,

7. otros servicios o actividades relacionados a la firma digital.

b) Los importes provenientes de los derechos de supervisión aplicados a los sujetos regulados;

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba;

d) Los ingresos percibidos por el pago de las multas aplicadas a los sujetos regulados;

e) Las asignaciones presupuestarias que en su caso le asigne el Gobierno Central, en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos; y,

f) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de la Ley de Telecomunicaciones; y,

g) Las contribuciones provenientes de aplicaciones que utilicen firmas digitales, a ser determinados por las normas respectivas.

Artículo 45.- Facultad de Inspección.-

45.1. A los fines de efectuar las auditorías, el INDOTEL ejercerá la facultad de inspección conferida por la Ley nº 126-02 y la Ley de Telecomunicaciones.

45.2. El INDOTEL ejercerá la facultad de inspección sobre las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica y velará por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los mismos. En relación con las Entidades de Certificación, el INDOTEL velará por la observancia de los requisitos que se aprobaron al momento de otorgarse la autorización y las obligaciones que imponen la Ley, este Reglamento y las normas complementarias.

45.3. El INDOTEL ejercerá la facultad de auditoría e inspección sobre los sistemas y procedimientos de los proveedores de servicios o infraestructura contratados por la Entidad de Certificación, de acuerdo con lo previsto en el Artículo anterior.

45.4. La facultad de inspección comprende tanto la inspección ordinaria como la extraordinaria. La inspección ordinaria consiste en la facultad de practicar auditorías periódicas a las instalaciones de las entidades sujetas al control y vigilancia del INDOTEL, como asimismo realizar un monitoreo permanente sobre el desarrollo de la actividad. La inspección extraordinaria será practicada de oficio o por denuncia motivada sobre la prestación del servicio, ordenada por el INDOTEL mediante resolución fundada.

45.5. Las inspecciones podrán ser practicadas por medio de funcionarios de planta o por peritos especialmente contratados y habilitados para estos fines por el INDOTEL, los que en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a las entidades sujetas a vigilancia y control información adicional a la proporcionada originariamente.

45.6. La información solicitada por el INDOTEL deberá ser proporcionada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de la solicitud.

45.7. El INDOTEL fijará los criterios que deben cumplir los terceros contratados para efectuar las inspecciones y auditorías.

Artículo 46.- Registro de Entidades de Certificación.-

46.1. El INDOTEL mantendrá un Registro de Entidades de Certificación, el cual formará parte del Registro Nacional. Sin perjuicio de lo que pudiera disponer el INDOTEL, el Registro de Entidades de Certificación contendrá los siguientes datos:

a) Número de resolución que concede la autorización;

b) Nombre o razón social de la Entidad de Certificación, su domicilio, el nombre de su Representante Legal, el número de su teléfono, la dirección electrónica de su sitio de dominio y de la cuenta de correo electrónico en la cual serán válidas las notificaciones, así como los datos de la compañía de seguros con que ha contratado la póliza de seguros, en su caso;

c) El Certificado Digital que contiene la clave pública de la Entidad de Certificación;

d) La fecha en que expira la autorización para operar;

e) El resultado de la evaluación obtenida por la Entidad de Certificación en la última auditoría e inspección realizada por el INDOTEL; y,

f) Estatus de la autorización para operar señalando si ésta en algún momento ha sido revocada, suspendida o ha caducado.

46.2. El acceso a los datos públicos del Registro de Entidades de Certificación, deberá poder efectuarse tanto en soporte papel como por medios electrónicos.

Deberá garantizarse el acceso regular y continuo, así como la permanente actualización de la información.

Artículo 47.- Protección de los Derechos de los Suscriptores y Usuarios.-

47.1. A los efectos de atender los reclamos presentados por suscriptores y usuarios de servicios de certificación, el INDOTEL dictará una norma complementaria sobre protección de los derechos de los suscriptores y los usuarios.

47.2. Los sujetos regulados deben disponer de un operador para responder llamadas telefónicas de los usuarios VEINTICUATRO (24) horas al día, SIETE (7) días de la semana o debe grabar electrónicamente las quejas y llamadas de los usuarios. Se podrá utilizar una combinación de operadores y grabadoras.

En caso de que se utilicen grabadoras la compañía deberá contactar al usuario a más tardar el próximo día laborable luego de la recepción del mensaje grabado. Deberán asimismo prestar el servicio de atención de consultas mediante el acceso por la Internet.

47.3. Los sujetos regulados deberán suministrar a los usuarios, a través de una línea telefónica de acceso gratuito o dirección electrónica, dedicada al servicio al cliente, las siguientes informaciones:

a) Número de inscripción en el Registro de Entidades de Certificación;

b) Recibir y aceptar reportes, solicitudes sobre revocación o suspensión de certificados;

c) Tarifas e impuestos aplicables;

d) Fecha de expiración de la autorización, si existe ; y,

e) Consultas u otra información relevante para la utilización del servicio;

Artículo 48.- Normas de Conducta.-

48.1. Ningún funcionario o empleado del INDOTEL podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. La revelación de tales informaciones será sancionada con el cese de las funciones de dicho empleado, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales en su contra.

48.2. Esta obligación de confidencialidad se hará extensiva a las entidades auditoras contratadas por el INDOTEL.

48.3. Ningún funcionario o empleado del INDOTEL, mientras esté en ejercicio de su cargo, podrá recibir pago alguno por ningún concepto de empresas sujetas a la facultad reglamentaria del INDOTEL. Tampoco podrán tener ninguna relación laboral, participación accionaria u otro vínculo con alguna entidad regulada. Dicha prohibición se extenderá por el período de UN (1) año posterior al abandono del cargo o función.

48.4. Se encuentran prohibidos los contactos informales o individuales entre las partes interesadas y el personal del INDOTEL, sobre temas pendientes de resolución. Esas comunicaciones deberán ser formales y accesibles a los interesados o sus representantes en casos de actos de alcance general, ya sea participando en las reuniones o conociendo las presentaciones o actas respectivas, en la forma en que lo reglamente el INDOTEL.

48.5. Los funcionarios del INDOTEL estarán sujetos a los principios del Código de Ética del INDOTEL.

Artículo 49.- Conflicto de Intereses para Entidades Auditoras.-

49.1. Para el cumplimiento de las funciones de entidad de vigilancia y control previstas en la Ley y en este Reglamento, el INDOTEL podrá contratar expertos, a cuyos contratos se incorporarán las normas de conducta previstas en el Artículo anterior.

49.2. No podrán efectuar auditorías las entidades auditoras o las personas que se encuentren directa o indirectamente vinculadas con los sujetos regulados.

Artículo 50.- Facultades de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos.-

50.1. La Junta Monetaria, en uso de la facultad regulatoria que le confiere la Ley nº 126-02 y la Ley nº 183-02 Monetaria y Financiera en materia de operaciones y servicios financieros asociados a los medios de pagos electrónicos que realice el sistema financiero nacional, establecerá los requisitos relativos a las condiciones de uso de los servicios de certificación en dicho sistema.

50.2 La Superintendencia de Bancos, en su condición de supervisor del sistema financiero nacional, dictará los instructivos y circulares que considere necesarios con la finalidad de que las entidades de intermediación financiera den fiel cumplimiento a las condiciones establecidas por la Junta Monetaria.

TÍTULO V.- PROCEDIMIENTOS

PARTE I.- ASPECTOS GENERALES

Artículo 51.- Notificaciones.-

51.1. Todas las notificaciones a las que se refiere la Ley y el presente Reglamento serán formuladas por escrito, utilizando por lo menos uno de los siguientes métodos:

a) Documentos digitales o mensajes de datos firmados digitalmente, transmitidos por protocolos de comunicación electrónica tales como correo electrónico, transferencia de archivos, entre otros.

b) Facsímil, con la condición de que el remitente pueda dejar constancia de la recepción;

c) Correspondencia con acuse de recibo;

d) Aquellas efectuadas por funcionarios acreditados del INDOTEL mediante actas de notificación;

e) Acto de Alguacil; o,

f) Cualquier otro medio físico o electrónico mediante el cual el INDOTEL pueda dejar constancia de la certitud de su recepción.

51.2. Para los efectos de este Reglamento, toda notificación que se haga de conformidad con las letras c), d) y e) deberá ser entregada, para el caso de una persona física o natural, a su persona o en el domicilio constituido, y para el caso de una persona jurídica, entregadas a la persona de su representante legal o un(a) funcionario(a) acreditado(a) del notificado, o en su domicilio constituido, en ambos casos, dejando constancia del día, hora y lugar en que se practicó la notificación, así como el nombre de la persona que la recibió y su relación con el requerido. Cuando sea aplicable, se deberá entregar una copia íntegra de la Resolución o documento de que se trate.

51.3. En el caso en que la persona a ser notificada se niegue a recibir o firmar la notificación, el funcionario del INDOTEL o Alguacil actuante levantará un acta dando constancia de dicha circunstancia y procederá de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil Dominicano.

51.4. Toda notificación a una persona natural o jurídica cuyo domicilio se desconozca, será efectuada de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil Dominicano.

51.5. Las notificaciones realizadas por los funcionarios acreditados del INDOTEL harán fe de su contenido, hasta prueba en contrario.

51.6. El INDOTEL tiene la facultad de modificar los mecanismos para efectuar las notificaciones previstas en este Reglamento.

51.7. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deberán constituir una dirección de correo electrónico ante el INDOTEL en la cual se considerarán válidas las comunicaciones y notificaciones.

51.8. Las disposiciones del presente Artículo se aplican igualmente a las comunicaciones entre los sujetos regulados y los usuarios y suscriptores de certificados digitales.

Artículo 52.- Constitución de Domicilio.-

52.1. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica deben constituir domicilio ante el INDOTEL al momento de depositar su solicitud de Autorización o al momento de efectuar su primera presentación.

52.2. Los cambios del domicilio constituido deberán ser informados al INDOTEL.

52.3. En el caso de personas jurídicas deberán informar al INDOTEL los nombres y cambios que ocurran entre los miembros de su Consejo de Administración o Junta Directiva.

Artículo 53.- Presentación de Observaciones u Objeciones.-

Toda persona que acredite un interés legítimo y directo sobre una solicitud de autorización que se esté llevando a cabo por ante el INDOTEL tendrá la oportunidad de presentar observaciones u objeciones relacionadas directamente con dicha solicitud, siguiendo los procedimientos aplicables. Las observaciones recibidas no serán vinculantes para el INDOTEL.

Artículo 54.- Confidencialidad.-

54.1. Todo solicitante de una Autorización podrá requerir por escrito, que cierta información no sea objeto de inspección pública. Dicha solicitud de confidencialidad deberá:

a) Identificar el documento que contiene la información, describir las razones que la motivan y el plazo durante el cual se requiere la confidencialidad de la información; y,

b) Explicar la forma y medida en que la revelación de la información podría resultar en un perjuicio competitivo sustancial para el solicitante.

54.2. El INDOTEL revisará la solicitud, y emitirá su decisión dentro de un plazo de QUINCE (15) días calendario, contados a partir del recibo de la misma, haciendo constar, en el caso de que acceda a la solicitud, el plazo durante el cual la información mantendrá el carácter confidencial.

54.3. Si las condiciones que motivan la solicitud se mantienen y se acerca la fecha de vencimiento del plazo fijado por el INDOTEL, el solicitante podrá requerir una extensión del indicado plazo, siempre y cuando presente la solicitud con por lo menos DIEZ (10) días calendario de antelación al vencimiento del mismo.

54.4. El INDOTEL revisará la solicitud y actuará conforme prescribe el Artículo 54 numeral 2 de este Reglamento.

54.5. El INDOTEL no divulgará, por ninguna razón, información declarada confidencial, salvo en los siguientes casos:

a) Se convierta del dominio público por causas no atribuibles a un acto ilícito u omisión del INDOTEL o por el vencimiento del plazo durante el cual se otorgó carácter confidencial a la información; o,

b) Se encuentre disponible por medio de otra fuente, de buena fe y sin limitación alguna de su uso.

Artículo 55.- Cambio de Información.-

55.1. Las Entidades de Certificación, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrónica, tienen la obligación de informar ante el INDOTEL cualquier cambio de la información que hayan presentado, que no requiera de la aprobación previa del INDOTEL, pero que pueda afectar la autorización otorgada, dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la fecha efectiva del cambio.

55.2. La falta de cumplimiento de esta obligación constituirá una falta muy grave, y será sancionada de conformidad con la Ley.

55.3. Si la información fuere necesaria para la solución de un proceso o controversia, el INDOTEL podrá requerir la abreviación del plazo.

Artículo 56.- Resoluciones y su Contenido.-

56.1. El INDOTEL tomará sus decisiones por medio de Resoluciones, las cuales serán fechadas, numeradas consecutivamente y registradas en un medio de acceso público. Las resoluciones de carácter general, y otras de interés público que el INDOTEL determine, deberán ser además publicadas en un periódico de circulación nacional.

56.2. Las resoluciones del INDOTEL deberán estar debidamente motivadas y como mínimo incluir:

a) Descripción de las posiciones de las partes y de los motivos para aceptar o rechazar cada una de ellas;

b) Los hechos relevantes en que se fundamenta su adopción;

c) Las normas que aplican;

d) El interés público protegido; y,

e) El dispositivo de la Resolución.

Artículo 57.- Criterios de acción.

57.1. En sus actuaciones el INDOTEL deberá respetar el derecho de defensa de los interesados y la protección de los derechos de los consumidores de los servicios de certificación digital.

57.2. Los aspectos relativos a la graduación de las faltas y aplicación de las sanciones estarán contenidos en la norma complementaria que a tal efecto dictará el INDOTEL.

Artículo 58.- Normas de alcance general.-

58.1. Antes de dictar resoluciones de carácter general, el INDOTEL deberá consultar a los interesados, debiendo quedar constancia escrita de la consulta y sus respuestas.

58.2. Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, el INDOTEL convocará a una audiencia pública en la que, previa acreditación y por los procedimientos que se prevean en el reglamento que se dicte, los posibles interesados podrán emitir su opinión, que no será vinculante para el INDOTEL.

Como método de consulta alternativo, el INDOTEL podrá publicar, en un periódico de circulación nacional, la norma prevista, estableciendo un plazo razonable para recibir comentarios del público.

Artículo 59.- Propuestas regulatorias.-

En los casos en que sea necesario ejecutar acciones determinadas en beneficio del interés público, ello se hará sin perjuicio de la obligación de consulta y del derecho de participación, dictando el INDOTEL una resolución provisional ejecutoria. Dicha resolución se publicará y estará sujeta a observaciones por NOVENTA (90) días calendario, plazo en el que deberá tomarse una resolución definitiva. En ese plazo, y antes de la resolución definitiva, el INDOTEL puede modificar su propuesta regulatoria provisional.

Artículo 60.- Publicidad.-

Todas las actuaciones ante el INDOTEL y sus actos podrán ser consultados por el público en general, salvo que, por solicitud motivada de parte interesada, en un caso concreto y por el tiempo que se fije, el INDOTEL, basándose en razones de secreto o reserva comercial o de otro tipo que se justifique, determine no hacerlo público.

Artículo 61.- Recursos.-

61.1. Las decisiones del Director Ejecutivo y del Consejo Directivo podrán ser objeto de un recurso de reconsideración, el cual deberá ser sometido dentro del plazo de DIEZ (10) días calendario, contados a partir de la notificación o publicación del acto. Tanto el Director Ejecutivo cuanto el Consejo Directivo deberán pronunciarse en un plazo máximo de TREINTA (30) días calendario desde la interposición.

61.2. Asimismo, las decisiones del Director Ejecutivo podrán ser objeto de un recurso jerárquico por ante el Consejo Directivo. El Consejo Directivo deberá pronunciarse en un plazo máximo de QUINCE (15) días calendario desde dicha interposición.

61.3. Las decisiones del Consejo Directivo serán objeto de recurso jerárquico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la forma y plazos previstos por las normas que rigen la materia.

Artículo 62.- Motivos de Impugnación.-

Los recursos contra las decisiones del Consejo Directivo sólo podrán basarse en las siguientes causas:

a) Extralimitación de facultades;

b) Falta de fundamento sustancial en los hechos de la causa;

c) Evidente error de derecho; o,

d) Incumplimiento de las normas procesales aplicables.

Artículo 63.-Obligatoriedad de Recurso Administrativo.-

La vía administrativa previa es obligatoria para los sujetos regulados que quieran recurrir a la vía judicial.

Artículo 64.- Ejecución del Acto Administrativo.-

Los actos administrativos del INDOTEL serán de ejecución inmediata y de cumplimiento obligatorio, salvo la decisión de una autoridad competente que suspenda su ejecución.

Artículo 65.- Entrega de información.-

65.1. El INDOTEL podrá solicitar a los sujetos regulados informes, datos contables y estadísticos en los casos siguientes:

a) Cuando existiera una controversia en la que el INDOTEL deba de intervenir;

b) Cuando existiere una imputación de infracción y la misma estuviere estrictamente vinculada al hecho imputado;

c) Cuando la información sea necesaria y tenga una vinculación directa con la formulación de políticas o normas; y,

d) En los procesos de auditoría establecidos por la Ley, este Reglamento y las normas complementarias.

65.2. Los informes deberán ser proporcionados en los plazos razonables que se fijen en cada oportunidad, los que no podrán ser inferiores a CINCO (5) días hábiles. En los casos previstos, los sujetos regulados deberán permitir el libre acceso del INDOTEL a los libros, documentación contable e información registrada bajo cualquier forma.

65.3. El INDOTEL podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley.

65.4. El INDOTEL podrá establecer los requisitos mínimos razonables que reunirá la contabilidad de los sujetos regulados. Asimismo, establecerá los requisitos mínimos razonables para el suministro y conservación de la información contable, de costos y de operaciones.

PARTE II.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION

Artículo 66.- Autorización para operar como Entidad de Certificación.-

66.1. Se requiere autorización por parte del INDOTEL para la provisión de los siguientes servicios vinculados a la firma digital, de acuerdo con lo establecido por los Artículos 35 inciso a), 36 y 56 numeral 1) de la Ley, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del INDOTEL para modificar el presente listado:

a) Servicios de emisión, administración, registro y conservación de certificados digitales;

b) Servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos;

c) Servicios de registro y estampado cronológico de documentos digitales;

d) Servicios de almacenamiento seguro de documentos digitales;

e) Servicios prestados por Unidades de Registro;

f) Servicios de certificación de documentos digitales firmados digitalmente;

g) Otros servicios o actividades relacionados a la firma digital a ser determinados por el INDOTEL.

66.2. La autorización, es el procedimiento en virtud del cual el INDOTEL confirma que la Entidad de Certificación cuenta con los procedimientos, sistemas y los recursos humanos necesarios para brindar servicios de certificación digital. Además, las Entidades de Certificación deben solicitar autorización para efectuar transferencias, cesiones, arrendamientos, otorgamientos del derecho de uso, constitución de gravámenes o transferencia de control accionario en los términos que se establecen en la Ley, este Reglamento y las normas complementarias a ser dictadas por el INDOTEL.

Artículo 67.- Requisitos para solicitar autorización.-

67.1. La solicitud de autorización para la prestación de servicios de certificación digital es voluntaria.

67.2. Para obtenerla la solicitante, deberá cumplir, al menos, con las siguientes condiciones:

a) Demostrar la confiabilidad necesaria de sus servicios de acuerdo con las normas técnicas y de procedimientos aprobadas por el INDOTEL;

b) Garantizar la existencia de un servicio seguro de consulta del registro de certificados emitidos;

c) Emplear personal calificado para la prestación de los servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma digital y los procedimientos de seguridad y gestión adecuados.

d) Utilizar sistemas y productos confiables que garanticen la seguridad de sus procesos de certificación;

e) Haber contratado un seguro apropiado en los términos que señala el Artículo 16 de este Reglamento;

f) Contar con la capacidad tecnológica informática y de comunicaciones necesaria para el desarrollo de la actividad de certificación; y,

g) Cumplir los demás recaudos que establezca el INDOTEL.

67.3. El cumplimiento de dichas condiciones será evaluado por el INDOTEL de conformidad con las normas técnicas y de procedimientos aplicables a la prestación del servicio, durante el procedimiento de autorización.

Artículo 68.- Contenidos de la solicitud de autorización.-

68.1. En la solicitud de autorización, las Entidades de Certificación especificarán las actividades o servicios para las cuales requieren autorización, y acreditarán ante el INDOTEL por los medios que éste determine, lo siguiente:

a) Documentación demostrando su personería jurídica;

b) Autorización del organismo de dirección correspondiente para iniciar el procedimiento de obtención de autorización para operar como Entidad de Certificación, cuando se trate de instituciones;

c) Políticas de certificación para la cual solicita autorización, que respaldan la emisión de sus certificados, Manual de Procedimientos, Plan de Seguridad, Plan de Cese de Actividades y Plan de Contingencia de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas emitidas por el INDOTEL; y

d) Toda otra documentación requerida por el INDOTEL.

Artículo 69.- Procedimiento de Solicitud.-

69.1. Recibida la solicitud de autorización, el INDOTEL procederá a analizar la admisibilidad de la misma mediante la verificación de los antecedentes requeridos, en un plazo de DIEZ (10) días hábiles.

69.2. De ser inadmisible la solicitud, dentro de los TRES (3) días hábiles se procederá a comunicar al solicitante tal situación. En dicha comunicación, se otorgará plazo no inferior a QUINCE (15) días hábiles, para que complete los antecedentes, información o documentación, bajo la advertencia de ser rechazada la solicitud.

69.3. Una vez admitida la solicitud, el INDOTEL procederá a un examen sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidas por la Ley y este Reglamento para obtener la autorización. Este examen se realizará mediante la elaboración de una auditoría de inicio, ya sea por el INDOTEL o por terceros, certificando dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contados desde la fecha de la admisibilidad de la solicitud, prorrogables por una vez e igual período y por motivos fundados, que el interesado cumple los requisitos y obligaciones para ser autorizado y que dispone de un plazo de VEINTE (20) días hábiles para presentar la póliza de seguros que exige el presente Reglamento, so pena de ser rechazada la solicitud.

Artículo 70.- Incumplimiento de los Requerimientos Técnicos o de Procedimientos.-

70.1. En caso de que el INDOTEL determine que la Entidad de Certificación no cumple con los requerimientos fijados en las normas para el desarrollo de la actividad, señalará si estos incumplimientos son subsanables, y si no afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la Ley, este Reglamento y las normas complementarias.

70.2. En caso de que los incumplimientos no sean subsanables, el INDOTEL procederá a dictar una resolución en la que rechaza la solicitud de autorización.

70.3. Si los incumplimientos son subsanables y no afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la Ley, este Reglamento y las normas complementarias, el INDOTEL otorgará un plazo para la subsanación de los incumplimientos. Vencido dicho plazo, el INDOTEL verificará si se han aplicado las medidas correctivas, y procederá a dar continuidad al trámite en caso afirmativo o a dictar una resolución rechazando la solicitud de autorización.

Artículo 71.-Estado de resolución del trámite.-

Una vez completados los requisitos exigidos, el INDOTEL procederá a autorizar al interesado en el plazo de VEINTE (20) días hábiles contados desde que, a petición del interesado o de oficio, se certifique que la solicitud se encuentra en estado de resolución.

Artículo 72.- Información adicional.-

Durante todo el proceso de autorización, el INDOTEL podrá solicitar documentación adicional, realizar visitas y efectuar inspecciones a las instalaciones del interesado.

Artículo 73.- Alcance del Otorgamiento de la Autorización y de la Inscripción en el Registro de Entidades de Certificación.-

73.1. El otorgamiento de la autorización no implica que el INDOTEL, las entidades de auditoría o cualquier organismo del Estado, garantice la provisión de los servicios de certificación o los productos ofrecidos por la Entidad de Certificación. La responsabilidad por la prestación de los servicios de certificación digital corresponde exclusivamente a cada entidad de certificación.

73.2. La inscripción en el Registro no exime a la Entidad de Certificación de la obligación de obtener otras autorizaciones necesarias para ofrecer otros servicios y para la efectiva implementación de los sistemas autorizados.

Artículo 74.- Duración de la Autorización.-

74.1. La autorización para funcionar como entidad de certificación tendrá un plazo de duración de cinco (5) años, pudiendo ser renovada, previo dictamen favorable de auditoría. Su vigencia se encontrará condicionada al resultado de las auditorías periódicas y a las inspecciones dispuestas por el INDOTEL.

74.2. Las Entidades de Certificación deberán efectuar anualmente un informe de estado de operaciones con carácter de declaración jurada en el cual conste el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley, en el presente Reglamento y en las normas complementarias. Las Entidades de Certificación serán sometidas a auditorías periódicas. El formato y procedimientos para la auditoría serán determinados por el INDOTEL.

Artículo 75.- Causas de suspensión de la autorización.-

75.1. El INDOTEL dispondrá de oficio la suspensión de la autorización en los siguientes casos:

a) Falta de presentación del informe de estado de operaciones con carácter de declaración jurada anual;

b) Falsedad de los datos contenidos en el informe de estado de operaciones con carácter de declaración jurada anual;

c) Dictamen desfavorable de auditoría basado en causas graves;

d) Informe de la inspección dispuesta por el INDOTEL desfavorable basado en causas graves;

e) Cuando la Entidad de Certificación no permita la realización de auditorías o inspecciones dispuestas por el INDOTEL; y,

f) Cuando el titular de la Entidad de Certificación haya sido condenado en causa penal con sentencia de carácter de cosa juzgada.

Artículo 76.- Revocación de la autorización.-

76.1. El INDOTEL podrá dejar sin efecto la autorización mediante Resolución debidamente motivada, por las causas previstas en el Artículo siguiente.

76.2. Dicha Resolución deberá ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades de Certificación.

Artículo 77.- Causas de Revocación de la Autorización.-

77.1. La autorización a las Entidades de Certificación se dejará sin efecto por las siguientes causas:

a) Por solicitud de la Entidad de Certificación, ante el INDOTEL con una antelación no menor a NOVENTA (90) días hábiles previa a la cesación de actividades prevista, indicando el destino que dará a los certificados, a los datos y documentación de apoyo de ellos, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 11 de este Reglamento, y garantizar el pago del aviso que deberá ser publicado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo siguiente;

b) Por pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su autorización, la que será calificada por el INDOTEL en cumplimiento de la facultad de inspección;

c) Por reincidencia en las causas de suspensión de la autorización indicadas en el presente Reglamento;

d) Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece la Ley y este Reglamento;

e) Por el estado de cesación de pagos de la Entidad de Certificación, declarado por sentencia irrevocable del tribunal competente;

f) Por reincidencia en la comisión de infracciones graves o muy graves;

g) Por imposibilidad de cumplimiento del objeto social del autorizado según su mandato estatutario en la medida en que esté relacionado con la autorización otorgada;

h) Por la suspensión injustificada del servicio;

i) Por haber efectuado una transferencia, cesión, arrendamiento, otorgamiento del derecho de uso, constitución de gravámenes o transferencia de control accionario sin autorización del INDOTEL; y,

j) Por cualquier otra acción de las Entidades de Certificación que decida el INDOTEL, mediante resolución debidamente motivada y que atente en forma deliberada en contra de los principios de la Ley.

77.2. En los casos de las letras b), c), d), e), f), g) h) e i), la Resolución deberá ser adoptada previo traslado de cargos y audiencia del afectado, para lo cual el INDOTEL dará un plazo de CINCO (5) días hábiles para que éste presente por escrito la respuesta a los cargos formulados. Recibida esta, el INDOTEL deberá resolver dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, prorrogables por el mismo período por motivos fundamentados.

77.3. En los casos que los incumplimientos o condiciones objetivas impliquen un grave riesgo para la Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana, el INDOTEL podrá suspender preventivamente de inmediato todas o algunas de las actividades de la entidad infractora, mediante Resolución motivada.

Artículo 78.- Comunicación de la revocación.-

78.1. Las Entidades de Certificación cuya inscripción en el Registro haya sido revocada, deberán comunicar inmediatamente este hecho a los suscriptores de certificados emitidos por ellas, en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas y por los medios establecidos en el Artículo 51 del presente Reglamento.

Sin perjuicio de ello, el INDOTEL publicará, cuyo costo estará a cargo de la Entidad de Certificación, un aviso dando cuenta de la revocación de la autorización.

78.2. Dicho aviso deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de la publicación de la resolución en el Registro de Entidades de Certificación. El aviso deberá señalar que desde esta publicación los certificados quedarán sin efecto y serán revocados en forma inmediata, a menos que hayan sido transferidos a otra Entidad de Certificación.

78.3. Adicionalmente, la revocación se publicará en la página de la Internet del INDOTEL y en su Boletín Oficial.

TÍTULO VI.- CONDICIONES PARA EL USO DE FIRMA DIGITAL EN INTERACCIONES DOCUMENTALES ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO O ENTRE PERSONAS PRIVADAS Y ENTIDADES DEL ESTADO

Artículo 79.- Validez de los Documentos Digitales.-

79.1. En las relaciones entre organismos públicos entre sí o entre personas privadas y entes estatales no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una declaración de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de documento digital o mensaje de datos.

79.2. Los órganos de la administración del Estado Dominicano podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de firma electrónica o digital, según la naturaleza del acto.

79.3. Para tal efecto, los actos administrativos, formalizados por medio de documentos digitales y que consten en decretos o resoluciones, en acuerdos de órganos colegiados, así como la celebración de contratos, la emisión de cualquier otro documento que exprese la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de sus potestades legales y, en general, todo documento que revista la naturaleza de instrumento público o aquellos que deban producir los efectos jurídicos de éstos, deberán suscribirse mediante firma digital.

Artículo 80.- Provisión de certificados para uso del Estado.-

80.1. Los organismos del Estado podrán contratar, de acuerdo con las normas que rigen la contratación administrativa, los servicios de certificación de firma digital con una Entidad de Certificación, cuando mediante resolución fundada constaten su conveniencia técnica y económica. La estimación de dicha conveniencia estará basada en criterios de calidad de servicio y precio.

80.2. En caso contrario, podrán constituirse como prestador de servicios de certificación, solicitando al INDOTEL la respectiva autorización para funcionar como Entidad de Certificación.

80.3. En aquellas aplicaciones en las que el Estado interactúe con la comunidad, se deberá admitir el uso de Certificados Digitales emitidos por Entidades de Certificación pertenecientes al sector público o al sector privado, indistintamente. No podrán establecerse criterios discriminatorios, en la medida que se satisfagan todos los requisitos funcionales, legales y reglamentarios.

Artículo 81.- Unidades de Registro pertenecientes al Estado.-

81.1. En las entidades y jurisdicciones pertenecientes a órganos del Estado, las áreas de recursos humanos cumplirán las funciones de Unidad de Registro para los agentes y funcionarios de su jurisdicción. En su caso, y si las aplicaciones de que se trate lo requieren, la máxima autoridad del organismo podrá asignar, adicionalmente, a otra unidad las funciones de Unidad de Registro.

81.2. El INDOTEL autorizará el funcionamiento de dichas Unidades de Registro y supervisará su actividad.

Artículo 82.- Presentación de documentos digitales.-

82.1. Los organismos del Estado deberán establecer mecanismos que garanticen la opción de remisión, recepción, mantenimiento y publicación de información en formato digital, siempre que esto sea aplicable, tanto para la gestión de documentos entre organismos como en su interacción con los ciudadanos, tales como ventanilla única electrónica, disponibilidad de una dirección de correo electrónico o un formulario en la página de Internet para la atención de consultas, medios de entradas electrónica, contrataciones públicas electrónicas, seguimiento de expedientes por la Internet, y otras aplicaciones que permitan la consulta de información, la remisión de documentación y el seguimiento de los trámites por la Internet

Artículo 83.- Archivo de Documentos Digitales (Repositorios).-

83.1. Los órganos de la Administración del Estado que utilicen documentos digitales deberán contar con un Repositorio o Archivo electrónico a los efectos de su guarda y conservación una vez que haya finalizado su tramitación, de conformidad con las normas que regulan su competencia.

83.2. El Repositorio será responsabilidad del respectivo funcionario a cargo del archivo, sin perjuicio de la celebración de convenios de cooperación entre diferentes organismos para la guarda y conservación de documentos digitales.

83.3. El Repositorio deberá contar con una autorización para operar dispuesta por el INDOTEL.

Artículo 84- Requisitos mínimos para Archivo de Documentos Digitales.-

84.1. El Repositorio deberá garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información contenida en él.

84.2. El INDOTEL fijará las normas técnicas referidas a copias de resguardo, medidas de seguridad física y lógicas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y las medidas de protección de la privacidad de los datos personales.

Artículo 85.- Comunicaciones electrónicas.-

Los órganos de la Administración del Estado podrán relacionarse por medios electrónicos con los particulares, utilizando mensajes de datos o documentos digitales, cuando éstos hayan consentido expresamente en esta forma de comunicación.

Artículo 86.- Fijación de la hora oficial electrónica.-

86.1. El INDOTEL analizará las alternativas y regulaciones necesarias para la fijación de día y hora oficial en los medios electrónicos, así como el diseño de los mecanismos de distribución de la hora oficial en Internet, a fin de que tanto los organismos públicos como las Entidades de Certificación procedan a tomar de allí la hora como insumo para su registro y distribución posterior, y para el suministro del servicio de registro y estampado cronológico. Esta hora oficial en medios electrónicos e Internet será utilizada para la determinación de fecha y hora cierta en la realización de actos para los cuales la determinación fehaciente de la hora constituye un elemento esencial, tales como la presentación de escritos en formato digital en instancia judicial y administrativa como medio de prueba documental, la realización de compras electrónicas o las notificaciones electrónicas.

86.2. El INDOTEL coordinará las acciones con los órganos del Estado responsables de la fijación de la hora oficial a fin de elaborar las normas para la fijación de la hora oficial en medios electrónicos y su distribución por la Internet, a la cual deberán ajustarse los servidores de los organismos públicos y de los sujetos regulados.

86.3. Una vez aprobadas dichas normas, los sujetos regulados por la Ley, los proveedores de servicios de la Internet, los organismos públicos, deberán ajustar sus servidores a la hora oficial electrónica fijada, y la distribuirán de acuerdo con la reglamentación que se dicte.

86.4. Las comunicaciones y notificaciones electrónicas deberán contar con estampado cronológico, basado en fecha y hora electrónica ciertas.

TÍTULO VII.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 87.- Acuerdo de partes.-

87.1 En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, o entre las partes firmantes de un documento digital, cuando las hubiere, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de documento digital o mensaje de datos.

87.2. Las partes podrán acordar el uso de mecanismos de comprobación de autoría e integridad tales como:

a) Firma electrónica;

b) Firma electrónica basada en certificados digitales emitidos por proveedores de servicios de firma electrónica en el marco de la presente reglamentación;

c) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por Entidades de Certificación en el marco de la presente reglamentación; y,

d) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros que hayan sido reconocidos en los siguientes casos:

1. En virtud de la existencia de acuerdos de reciprocidad entre la República Dominicana y el país de origen del certificador extranjero; y,

2. Por una Entidad de Certificación en la República Dominicana.

Artículo 88.- Conservación.-

88.1. Respecto de la conservación de documentos digitales en cuanto a tiempo de almacenamiento, se aplican las disposiciones contenidas en las normas de fondo aplicables a la transacción de que se trate.

88.2. El cumplimiento de la exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, conforme la legislación vigente en la materia, podrá quedar satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales.

88.3. Los documentos, registros o mensajes de datos digitales deberán ser almacenados por las partes intervinientes en cada transacción electrónica, o por una tercera parte confiable aceptada por las partes intervinientes, durante los plazos establecidos en las normas específicas.

88.4. Se podrán obtener copias autenticadas en soporte papel o en formato digital a partir de los documentos digitales originales, en formato digital. La certificación de autenticidad se hará de conformidad con los procedimientos legales vigentes para el acto de que se trate, identificando el soporte del que procede la copia.

Artículo 89.- Entrada en Vigencia.-

El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la gaceta oficial o en un periódico de circulación nacional.

89.1. DISPONER que la Ley nº 126-02, su Reglamento de Aplicación y las normas complementarias que el INDOTEL dicte al efecto, regirán la utilización de los documentos digitales, mensajes de datos y firmas digitales, la expedición de certificados digitales para las personas naturales y jurídicas de derecho privado y la administración del Estado, la prestación de los servicios de certificación, la autorización de las entidades de certificación y la generación de derechos y obligaciones de los suscriptores y usuarios de documentos digitales, mensajes de datos y firmas digitales y electrónicas;

89.2. DELEGAR en el INDOTEL, acorde con lo dispuesto por los Artículos 37 y 55 de la Constitución de la República Dominicana, la facultad de celebrar acuerdos de reciprocidad con gobiernos de países extranjeros, cuyo objeto sea otorgar validez, en sus respectivos territorios, a los certificados digitales emitidos por entidades de certificación autorizadas de ambos países, en tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley nº 126-02, su Reglamento de Aplicación y las normas complementarias o modificatorias para los certificados digitales emitidos por entidades de certificación;

89.3. ORDENAR al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo la remisión de una copia íntegra de este Decreto al Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (INDOTEL) para su conocimiento y para que proceda a su publicación en la Gaceta Oficial o en un periódico de circulación nacional.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Abril del año dos mil tres (2003), año 160 de la Independencia y 140 de la Restauración.

HIPOLITO MEJIA

En ejercicio de la potestad reconocida en el artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja para la creación y estructuración de su propia Administración Pública, se procede a regular esta institución de vital importancia para el funcionamiento interno de la Administración pero también para sus relaciones con los ciudadanos.

Siguiendo las directrices del Plan Estratégico para la Calidad en el Gobierno de La Rioja y el Plan Riojano para la Sociedad del Conocimiento en cuanto al impulso de la utilización de los sistemas y tecnologías de la información en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, la principal novedad que aporta la presente norma es que ofrece dos cauces de entrada del ciudadano a la Administración, el presencial significado en el Registro tradicional y el telemático; ambos comparten el ejercicio de una misma función que se considera única y que no es sino la de registro.

La vía telemática es un instrumento esencial para el desarrollo de la Administración electrónica ya que el que el registro telemático permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones a través de internet con los mismos efectos que el registro tradicional garantizando por lo tanto su eficacia autenticadora de las fechas de presentación o salida de solicitudes, escritos, comunicaciones que los ciudadanos dirigen a la Administración en ejercicio de sus derechos reconocidos legalmente y su eficacia determinante de la iniciación de los procedimientos.

Por otra parte, el Decreto aborda la regulación de las funciones de registro de manera separada de las funciones de información. Ambas funciones forman parte del concepto amplio de Atención al ciudadano pero cada una de ellas requiere un tratamiento específico y diferenciado que las hace acreedoras de una regulación propia.

Asimismo, en el plano organizativo, hasta la fecha, las funciones de registro eran desempeñadas en general por pluralidad de unidades administrativas no especializadas en esta función. La singularidad de las funciones de registro en sentido amplio y su trascendencia y eficacia externa justifican una nueva consideración organizativa del mismo, más acorde con su trascendencia jurídica. Dichas funciones serán ejercidas en el ámbito presencial únicamente por las denominadas Oficinas de registro siguiendo la terminología que utiliza la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entrando en el contenido de la norma, ésta restringe su ámbito de aplicación a la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos, si bien se prevé que las entidades públicas empresariales suscriban para ello el oportuno convenio.

Tras establecer los dos cauces de acceso, el presencial y el telemático, antes citados y que la función de registro se ejercerá de manera automatizada sobre una plataforma común, la norma define las Oficinas de registro y la diferenciación entre Oficina General y Oficinas auxiliares así como el procedimiento de autorización de éstas últimas cuando no estén ubicadas en una Secretaría General Técnica. La norma introduce una Disposición transitoria para la adaptación de los usuarios de registro a la consideración de Oficinas de registro.

La diferenciación entre Oficina general y Oficinas auxiliares se basa en las funciones que sobre las mismas ejercen las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías y la de la Consejería competente en materia de administraciones públicas.

La principal novedad que aporta el Decreto en cuanto a los lugares de presentación es la previsión de la posibilidad de suscribir convenios de registro con entidades o instituciones públicas o privadas para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones legales o la realización de trámites administrativos en los términos previstos en dichos convenios.

La presente norma se ocupa además de llenar un vacío normativo en el ámbito de la Administración autonómica estableciendo una regulación detallada de los distintos aspectos del funcionamiento del registro tales como el ámbito material del mismo, el contenido de los asientos o el procedimiento registral.

Por su íntima conexión con la materia registral sobre todo en la vertiente de las relaciones con los ciudadanos, se estima oportuno recoger en esta norma el procedimiento para hacer efectivos los derechos regulados en el　artículo 35 c) y 38.5 de la citada Ley 30/1992 en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto a la expedición de copias selladas de documentos cuando el ciudadano debe aportar documentos originales con la solicitud, compulsa o cotejo de documentos originales y la emisión de los acuses de recibo o copias anotadas en los términos del artículo 70.3 de la citada Ley.

La existencia de una regulación clara de la expedición de copias de documentos es importante para llevar a la práctica el derecho contemplado en el artículo 35 f) a no presentar documentos que ya obran en poder de la Administración.

Por otra parte, la norma da un tratamiento específico a las comunicaciones internas que define como aquellas que se producen entre órganos o unidades de una misma Consejería o entre Consejerías entre sí. En este caso, se trata de aprovechar las tecnologías de la información para posibilitar que dichas comunicaciones que no tienen una eficacia para el ciudadano, se realicen de una manera más ágil.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja asume normativamente el compromiso de publicar y mantener actualizada la relación de Oficinas de registro existentes en los términos del artículo 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente norma desarrolla por último algunos de los aspectos previstos en la Ley 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo de la firma electrónica en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, oído el Consejo Consultivo de La Rioja, a propuesta del Consejero de Administraciones Públicas y Política Local y previa deliberación de sus miembros, en su reunión celebrada el día 29 de octubre de 2004, acuerda aprobar el siguiente,

Decreto

CAPÍTULO I.- REGISTRO.

SECCIÓN I.　DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Ámbito de aplicación y objeto.

1. El presente Decreto será de aplicación a la Administración General de Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos. A los efectos de la presente norma, las Entidades Públicas Empresariales que quieran adquirir la consideración de Oficinas de Registro deberán suscribir el oportuno convenio para ello.

2. La presente norma tiene por objeto regular

Artículo 2.- Canales de acceso al registro.

Los ciudadanos tienen derecho a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos, bien de manera presencial a través de las Oficinas de Registro, o bien de manera telemática a través del Registro Telemático en los términos previstos en la presente norma.

Artículo 3.- Instalación del registro en soporte informático.

1. La función de registro se gestionará de manera automatizada sobre una aplicación única corporativa bajo un modelo de libro único.

2. Corresponde a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas la administración del sistema.

SECCIÓN II.- OFICINAS DE REGISTRO.

Artículo 4.- Oficina General y Oficinas Auxiliares.

1. Existirá una Oficina General cuya gestión corresponderá a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas.

2. Junto a la Oficina General existirán las Oficinas Auxiliares que serán gestionadas por las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías bajo la coordinación y control de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas.

3. Existirá una Oficina General de Registro en cada Organismo Público.

Los Organismos Públicos podrán contar también con Oficinas Auxiliares de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del presente Decreto

Artículo 5.- Autorización de Oficinas de Registro Auxiliar.

1. Fuera de los supuestos recogidos en el artículo anterior, el titular de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas podrá autorizar la creación de Oficinas Auxiliares en aquellos órganos o unidades administrativas en las que el volumen de escritos, su localización geográfica u otro tipo de circunstancias relativas al funcionamiento del servicio así lo aconsejen.

Artículo 6.-  Lugares de presentación.

1. Las solicitudes, escritos, comunicaciones y la documentación complementaria que las acompañen que los ciudadanos dirijan a cualquier órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos podrán presentarse en

Artículo 7.- Obligaciones de las Oficinas de Registro.

Las Oficinas de Registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos estarán obligadas a recepcionar, validar, dar asiento y traslado a cuantas solicitudes, escritos, comunicaciones y documentación complementaria que las acompañen que presenten los ciudadanos en las mismas dirigidos a cualquier Administración Pública en los términos dispuestos en normativa básica estatal.

Artículo 8.- Funciones de las Oficinas de Registro.

Las Oficinas de Registro ejercerán las siguientes funciones:

1. Debe registrarse toda solicitud, escrito o comunicación oficial que sea presentada o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia, así como la salida de las mismas siempre que estén dirigidas a otras Administraciones Públicas o particulares, y quede correctamente identificado el remitente y la persona, órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

No serán objeto de registro por lo tanto, los documentos o escritos que se acompañen a las solicitudes, los documentos de naturaleza publicitaria, comercial, informativa y análogos y aquellos que carezcan absolutamente de los requisitos mínimos legalmente establecidos con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Las Oficinas de Registro no recepcionarán los escritos, solicitudes o comunicaciones internas que se sujetarán a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda.

Artículo 10.- Recepción y asiento registral.

Deberá practicarse asiento respecto de todo escrito, solicitud o comunicación que se reciba en las Oficinas de Registro salvo los casos previstos en el artículo anterior.

Si en el momento de la recepción del escrito existiera imposibilidad material o técnica para realizar el asiento, se procederá de manera manual haciendo constar esta circunstancia en el asiento que con posterioridad se practique.

Artículo 11.- Contenido de los asientos registrales.

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número de registro, epígrafe expresivo de su naturaleza, es decir, si es de entrada o salida, fecha de entrada o salida, fecha y hora de su presentación por el interesado, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona, unidad u órgano administrativo al que se envía, así como una breve referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

El número de registro es un código secuencial generado automáticamente por el sistema.

El registro ha de cerrarse cada día y los asientos han de quedar cronológicamente ordenados según el orden temporal de entrada o salida.

Artículo 12.- Validación mecánica y recibo acreditativo de la presentación.

1. La validación mecánica de entrada inicial o salida se hará constar en la primera página del escrito, solicitud o comunicación de acuerdo con las normas en materia de identidad corporativa. En ella se reflejará como mínimo, la Consejería donde se realiza el registro, y la fecha de presentación.

2. Cuando el escrito vaya acompañado de una copia, sobre la primera página de ésta se imprimirá, previa comprobación de la exacta coincidencia con el original, idéntica validación mecánica que la prevista en el apartado anterior, que servirá como justificante de su presentación.

3. Cuando el interesado no acompañe copia y desee recibo acreditativo de la presentación, el personal de registro podrá expedir un recibo que contendrá la identificación de la unidad de registro, el número de registro asignado, la fecha y hora de presentación, el remitente, el destinatario y un extracto del contenido.

Artículo 13.- Traslado de documentación.

Concluido el trámite registral, se cursarán las solicitudes, escritos y comunicaciones y los documentos que en su caso los acompañen a los órganos y unidades administrativas destinatarios de los mismos de manera inmediata.

Artículo 14.- Efectos de la presentación y garantía del registro.

A efectos de cumplimiento de plazos por los ciudadanos, se entenderá como fecha de recepción por el órgano competente, la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 6.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, a los efectos de los plazos que haya de cumplir la Administración, éstos se computarán a partir de la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de las oficinas de registro.

SECCIÓN III.- REGISTRO TELEMÁTICO.

Artículo 15.- Disposiciones generales.

El Registro Telemático de la Administración General de La Rioja y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de la misma se instalará en una plataforma informática común y se regirá por lo dispuesto en los artículos siguientes.

Dicho registro sólo estará habilitado para la recepción o transmisión de los escritos previstos en el artículo 16 a relativos a las actuaciones, servicios o procedimientos que se determinen en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la de sus organismos públicos, en su caso, así como para cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración titular del registro.

Cuando se presenten por este medio solicitudes, escritos y comunicaciones referidas a procedimientos no habilitados, no serán tenidos en cuenta y se procederá al archivo de los mismos comunicándolo así al remitente.

Artículo 16.- Funciones.

El Registro Telemático realizará las siguientes funciones:

El Registro Telemático no recepcionará ni remitirá ningún documento en soporte papel.

Artículo 17.- Funcionamiento.　

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

El funcionamiento del registro electrónico podrá interrumpirse cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo por el tiempo imprescindible. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios con al menos cuarenta y ocho horas de antelación cuando se trate de interrupciones planificadas. En caso contrario, siempre que sea posible, el usuario visualizará un mensaje en el que se comunique la interrupción y la habilitación, en su caso, de otros medios para dirigirse a la Administración.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción de la copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación o la recepción de un mensaje de error en la transmisión implica que la presentación no ha tenido lugar.

Artículo 18.- Cómputo de plazos.　

A efectos de cómputo de plazos, la fecha y hora oficial será la de la sede electrónica de acceso y permanecerá visible en la misma.

La presentación y recepción en día inhábil para el órgano o entidad afectada se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los ciudadanos y la Administración vendrá determinado por la fecha y hora de recepción que proporcione el registro electrónico y que figurará necesariamente en la copia autenticada

La consideración de día hábil o inhábil figurará visible en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la de sus organismos públicos, en su caso, de acuerdo con el calendario de días inhábiles que sea aplicable.

Artículo 19.- Eficacia.　

CAPÍTULO II.- EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS.

SECCIÓN I.- COPIAS SELLADAS.

Artículo 20.- Expedición de copias selladas de documentos originales.

Cuando las normas reguladoras del procedimiento exijan la aportación de documentos originales, los ciudadanos tendrán derecho a solicitar que se les expida una copia sellada de los mismos en el momento de su presentación siempre que acompañen los originales.

El personal del registro cotejará la copia comprobando la identidad con el original, unirá el documento original a la solicitud, escrito o comunicación y entregará la copia debidamente diligenciada con un sello en el que consten los siguientes datos: fecha y lugar de presentación del original, breve extracto del procedimiento o actuación para la cual se requirió la aportación del documento original y órgano destinatario del documento.

Artículo 21.- Eficacia de las copias selladas.

La copia sellada acreditará que el documento se halla en poder de la Administración actuante a los efectos del ejercicio del derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración.

Los interesados podrán solicitar la devolución del documento original una vez finalizado el procedimiento o actuación de acuerdo con lo dispuesto en su caso en la norma reguladora del procedimiento, debiendo éstos aportar la copia sellada en su lugar.

Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de la copia, su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el interesado en la que se exponga por escrito las circunstancias que motivan la no aportación de la copia.

Artículo 22.- Registro de copias selladas.

Las Oficinas de Registro llevarán un registro de las copias selladas que emitan.

Los órganos gestores deberán comunicar a las mismas la devolución de los documentos originales a los interesados para que lo hagan constar en los registros correspondientes de copias selladas.

SECCIÓN II.- COPIAS COMPULSADAS.

Artículo 23.– Aportación de copias compulsadas al procedimiento.　

1. En los casos de que las normas reguladoras del procedimiento no exijan la incorporación de documentos originales, los ciudadanos tienen derecho a optar entre obtener copia compulsada de los mismos cuando se aporten con las solicitudes, escritos y comunicaciones o a aportar copias de los primeros cuya fidelidad con el original quedará garantizada mediante la aportación de declaración responsable del interesado, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación por parte de la Administración.

2. En el caso de optarse por la compulsa, el personal del registro, una vez comprobada la identidad de la copia con el original, devolverá este último, diligenciará la copia con un sello en el que conste la fecha de la compulsa y el lugar de presentación y nombre y cargo del funcionario que la expide y unirá la copia a la solicitud, escrito o comunicación.

El funcionario responsable de la compulsa podrá optar por realizar ésta mediante diligencia de compulsa en sustitución del sello previsto en el párrafo anterior. En la diligencia de compulsa figurarán los mismos datos que en el sello de compulsa.

3. Las oficinas de registro no compulsarán copias de documentos originales cuando dichas copias no acompañen a solicitudes escritos o comunicaciones presentadas por los ciudadanos.

4. En las copias de documentos que aporten los interesados a través del registro electrónico, la fidelidad con el original quedará garantizada mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

Artículo 24.- Eficacia de las copias compulsadas.

La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

SECCIÓN III.- PERSONAL QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE EXPEDICIÓN DE COPIAS COMPULSADAS Y SELLADAS.

Artículo 25.- Personal que realiza las funciones de expedición de copias compulsadas y selladas.

Estarán habilitados para expedir copias:

El ejercicio de estas funciones es obligatorio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. –Actualización oficinas de registro.　

La relación actualizada de oficinas de registro y sus sedes y horarios de funcionamiento se publicará en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la de sus organismos públicos, en su caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Comunicaciones internas.

1. Las comunicaciones ente órganos y/o unidades de una misma Consejería o Consejerías entre sí con independencia del asunto sobre el que traten, podrán realizarse a través de soportes, medios y aplicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas.

2. Las comunicaciones efectuadas en los soportes o a través de los medios y aplicaciones referidas en el apartado anterior serán válidas siempre que:

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Integración en sede electrónica.　

La recepción o transmisión de los escritos previstos en el artículo 16 a) relativos a las actuaciones, servicios o procedimientos recogidos en el desarrollo reglamentario del presente Decreto y cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro quedarán integrados en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma y la de sus organismos públicos, en su caso, a la fecha de entrada en vigor de la presente norma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Procedimientos especiales.　

Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de este Decreto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación especial contenida en la normativa vigente en materia de contratación pública y en materia tributaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Régimen de adaptación de los usuarios de registro.

Los órganos o unidades administrativas que a la entrada de vigor de la presente norma ejercieran funciones de registro, mantendrán el ejercicio de dichas funciones, si bien en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la misma deberán adecuarse a lo previsto en el artículo 5 para ser consideradas Oficinas de registro auxiliar en los términos previstos en el presente Decreto

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Se faculta al Consejero competente en materia de Administraciones Públicas a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

El presente Decreto entrará en vigor al mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

En Logroño, a 29 de octubre de 2004.

El Presidente,　
Pedro Sanz Alonso.　
El Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Alberto Bretón Rodríguez.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos. 8.248, de 23 de outubro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004,

DECRETA:

Artigo 1º.- O Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Artigo 2º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República.　

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Fernando Damata Pimentel
Marco Antonio Raupp

Titolo I.- Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I.- Disposizioni generali in materia di semplificazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessitá ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equitá, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attivitá culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.- Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione é disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilitá disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piú elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puó rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metá di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non é stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte é espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 2.- Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché” sono inserite le seguenti: “, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,”.

Articolo 3.- Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 é sostituito dai seguenti:

“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformitá ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione é comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalitá degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attivitá;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivitá esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformitá da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attivitá di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalitá degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attivitá di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.”.

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “dopo il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 5- bis”;

b) le parole “5- bis.” sono sostituite dalle seguenti: “5-ter. ”

Capo II.- Semplificazioni per i cittadini

Articolo 4.- Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilitá e partecipazione ai giochi paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilitá.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale é presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietá sulla conformitá all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrá altresí dichiarare che quanto ivi attestato non é stato revocato, sospeso o modificato.

3. Il Governo é autorizzato ad emanare uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalitá per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilitá, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. Al fine di dare continuitá all'attivitá di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, é autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 5.- Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica é inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalitá di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto é emerso alla competente autoritá di pubblica sicurezza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresí che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non é stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.

Articolo 6.- Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalitá telematica in conformitá alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o piú decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-cittá ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalitá e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o piú decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalitá e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

Articolo 7.- Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identitá e di riconoscimento

1. I documenti di identitá e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validitá fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Articolo 8.- Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalitá di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina”.

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: “un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universitá della Repubblica ovvero presso un istituto superiore” sono sostituite dalle seguenti: “un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universitá della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.”

Articolo 9.- Dichiarazione unica di conformitá degli impianti termici

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti é approvato il modello di dichiarazione unica di conformitá che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformitá e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilitá da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Articolo 10.- Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, é sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilitá dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietá dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puó essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unitá immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unitá immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.”.

Articolo 11.- Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocitá

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante “Nuovo Codice della strada”, e di seguito denominato “Codice della strada”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, é anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea é sostituito dal seguente: “4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici é effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresí alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:”;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, é soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo é soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: “, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis “ sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneitá alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di etá, rinnovano la validitá dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformitá alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: “in aggiunta a quelli festivi;” sono sostituite dalle seguenti: “in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivitá di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.” ;

b) “la lettera c)“ é soppressa.

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneitá professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneitá professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivitá in una o piú imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivitá alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilitá e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, é autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilitá, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli é effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: “Le officine” sono inserite le seguenti: “autorizzate alla riparazione dei tachigrafi” e le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse.

Capo III.- Semplificazioni per le imprese

Sezione I .- Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivitá economiche e di controlli sulle imprese

Articolo 12.- Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivitá economiche

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivitá economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivitá delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertá dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunitá tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertá, alla dignitá umana e possibili contrasti con l'utilitá sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attivitá di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalitá asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attivitá sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attivitá economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autoritá garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresí individuate le attivitá sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivitá (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivitá (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestá normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 13.- Modifiche al T.U.L.P.S.

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;

b) all'articolo 42, terzo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validitá annuale”;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validitá di due anni dalla data del rilascio”;

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo é soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: “agli otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ai trenta giorni”;

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: “senza licenza del Questore” sono sostituite dalle seguenti: “senza darne comunicazione al Questore”;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: “licenza” é sostituita dalla seguente: “comunicazione”;

3) il sesto comma é sostituito dal seguente: “Le attivitá di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivitá di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autoritá.”;

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Articolo 14.- Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, é ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicitá, della proporzionalitá dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it  la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivitá, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalitá di svolgimento delle relative attivitá.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivitá delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivitá di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalitá dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivitá controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attivitá di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivitá dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni giá effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolaritá;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualitá (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivitá di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Sezione II.- Semplificazioni in materia di lavoro

Articolo 15.- Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 é sostituito dal seguente: “2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piú periodi, la cui durata sará determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.”;

b) al comma 3, le parole: “é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “é disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalitá definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”;

c) al comma 4, le parole: “puó essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “é disposta dalla Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo comma la parola: “constati” é sostituita dalla seguente: “emerga”;

d) al comma 5, le parole: “dei servizi ispettivi” sono soppresse.

Articolo 16.- Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalitá definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalitá di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere piú efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalitá di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola “INPS” é sostituita dalle seguenti: “ente erogatore”;

b) il terzo periodo é soppresso;

c) al quarto periodo, le parole “discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica” sono sostituite dalle seguenti: “discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione é immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione é irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.”.

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: “in via telematica,” sono inserite le seguenti:“nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196“ e, alla medesima lettera, dopo le parole: “informazioni personali” sono inserite le seguenti: “, anche sensibili”.

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 é inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 é prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalitá l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.”.

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “limitatamente al giudizio di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione del giudizio di cassazione”.

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.- Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validitá, che abiliti allo svolgimento di attivitá di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 é inserito il seguente:

“2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero giá autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.”.

b) dopo il comma 3, é inserito il seguente:

“3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puó essere rinnovato in caso di nuova opportunitá di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.”.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puó essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piú datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed é rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore é esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autoritá consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: “La richiesta di assunzione, per le annualitá successive alla prima, puó essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.”.

Articolo 18.- Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: “Nel settore turistico” sono inserite le seguenti: “e dei pubblici esercizi”.

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo é soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “al competente servizio provinciale” sono inserite le seguenti: “ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unitá produttive ubicate in piú province”;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “al servizio provinciale competente” sono inserite le seguenti: “ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “il servizio” sono inserite le seguenti: “ovvero il Ministero”.

Articolo 19.- Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualitá o quantitá della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.”.

Sezione III .- Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Articolo 20.- Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 é inserito il seguente:

“Articolo 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). – 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice é acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autoritá dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalitá di cui al comma 1, l'Autoritá stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali é obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui é prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti é verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autoritá entro i termini e secondo le modalitá previste dalla stessa Autoritá. Con le medesime modalitá, gli operatori economici sono tenuti altresí ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalitá previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.”;

b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: “spese dello sponsor” sono inserite le seguenti: “per importi superiori a quarantamila euro”;

2) dopo il comma 2, é aggiunto il seguente: “2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresí le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.”;

c) all'articolo 27, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.”;

d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: “per un periodo di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un anno”;

e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: “prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6-bis del presente Codice”;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: “prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6-bis del presente Codice”;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i certificati sono redatti in conformitá al modello di cui all'allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati sono redatti in conformitá ai modelli definiti dal regolamento.”;

h) dopo l'articolo 199, é inserito il seguente:

“Articolo 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). – 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicitá, efficacia, imparzialitá, paritá di trattamento, trasparenza, proporzionalitá, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilitá, anche semplificati, o i progetti preliminari.

In tale allegato possono essere altresí inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione é dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso é altresí specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi é stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessitá, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puó indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puó, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilitá stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneitá professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacitá economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.”.

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: “In aggiunta alla sanzione pecuniaria,” sono inserite le seguenti: “in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autoritá, con dolo o colpa grave,”;

b) l'articolo 84 é sostituito dal seguente:

“Articolo 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). –

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione é rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione é rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autoritá, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed é soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autoritá consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puó essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione é prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, é corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalitá stabilite dall'Autoritá secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piú di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltá nel medesimo Paese, puó fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.”.

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.- Responsabilitá solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é sostituito dal seguente:

“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”.

Articolo 22.- Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societá di gestione aeroportuali

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “delle opere pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “dei progetti e dei programmi di intervento pubblico”;

b) le parole: “relativamente ai progetti di opere pubbliche” sono soppresse;

c) le parole: “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,”.

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societá di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo é fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puó essere determinata secondo le modalitá di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

Sezione IV.- Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 23.- Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivitá di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale é rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalitá degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivitá, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrá comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 é emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Articolo 24.- Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:

“titoli abilitativi giá rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;

b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola “richiesta” é sostituita dalla seguente: “rilasciata”;

c) all'articolo 29-decies, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;

d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: “é rilasciata” a: “smaltimento alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “é rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali é rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,”;

2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” é inserita la seguente “regionale”;

e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo é inserito il seguente: “Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autoritá competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”;

f) all'articolo 228, dopo il comma 3, é inserito il seguente:

“3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. é fatta salva la facoltá di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.”;

g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l'autoritá competente é il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;

 h) all'articolo 281, dopo il comma 5, é inserito il seguente:

“5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 é inserito il seguente:

“1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;”.

Sezione V.- Semplificazioni in materia di agricoltura

Articolo 25.- Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivitá, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalitá di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalitá operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, é aggiunto il seguente periodo: “Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.”.

Articolo 26.- Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “la continuitá del bosco” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati”;

b) al comma 6, dopo le parole: “i castagneti da frutto in attualitá di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”.

Articolo 27.- Esercizio dell'attivitá di vendita diretta

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo é sostituito dal seguente:

“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante é soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puó essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.”.

Articolo 28.- Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 é inserito il seguente: “9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non é considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non é altresí considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilitá giuridica della cooperativa agricola di cui é socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.”.

2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” sono inserite le seguenti: “o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilitá giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci”.

Articolo 29.- Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 1, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutivitá dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessitá, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI .- Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Articolo 30.- Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa é incentivato secondo modalitá e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. é consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualitá e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puó valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entitá, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piú complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivitá facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, é presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivitá svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.”;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale”;

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: “spese ammissibili,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,”;

2) al comma 4 é aggiunto in fine il seguente periodo: “Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilitá complessive del Fondo agevolazioni ricerca é comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.”;

d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti giá selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilitá economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivitá svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilitá da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivitá di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilitá alle agevolazioni é comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piú imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi é anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puó avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca sono definite modalitá di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.”.

Articolo 31.- Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivitá dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da “Restano ferme le norme” fino alla fine del comma é sostituito dal seguente: “Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é destinata a interventi in favore di ricercatori di etá inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca.”.

Articolo 32.- Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalitá, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puó essere definita la prioritá degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 é sostituito dal seguente:

“872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilitá complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.”;

b) il comma 873 é sostituito dal seguente:

“873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalitá di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneitá degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33.- Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universitá che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivitá di ricerca presso l'ente di appartenenza, é collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivitá di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non puó eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piú elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universitá che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivitá di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sezione VII.- Altre disposizioni di semplificazione

Articolo 34.- Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivitá di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Articolo 35.- Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile é sostituito dal seguente:

“Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”.

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma é sostituito dal seguente: “L'atto costitutivo puó prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo é costituito da un solo membro effettivo.”;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: “del sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “dell'organo di controllo o del revisore”;

c) il quinto comma é sostituito dal seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societá per azioni.”.

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimitá, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto é richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é sostituito dal seguente: “Articolo195 – (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.”.

Articolo 36.- Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) é sostituito dal seguente:

“5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle societá ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;” .

Articolo 37.- Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Articolo 38.- Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1″ sono inserite le seguenti: “e di cui al comma 2-bis” e il secondo periodo é sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.”.

2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universitá e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universitá e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).”.

Articolo 39.- Soppressione del requisito di idoneitá fisica per avviare l'esercizio dell'attivitá di autoriparazione

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) é soppressa.

Articolo 40.- Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, é soppresso.

Articolo 41.- Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. L'attivitá temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, é avviata previa segnalazione certificata di inizio attivitá priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non é soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Articolo 42.- Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: “2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 é disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.”.

Articolo 43.- Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivitá culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalitá tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44.- Semplificazioni in materia di interventi di lieve entitá

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attivitá culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entitá, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: “la disposizione di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1-bis, lettera a)”.

Articolo 45.- Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 é inserito il seguente:

“1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari é altresí consentito quando é effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalitá organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.”;

b) all'articolo 27, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.”;

c) all'articolo 34 é soppressa la lettera g) del comma 1 ed é abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Articolo 46.- Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. Con uno o piú regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si puó procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa giá conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

Titolo II.- Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I.- Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

Sezione I.- Innovazione tecnologica

Articolo 47.- Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivitá a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacitá industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, é istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalitá da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Sezione II.- Disposizioni in materia di universitá

Articolo 48.- Dematerializzazione di procedure in materia di universitá

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, é inserito il seguente:

“Articolo 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universitá sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalitá informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universitá adeguano conseguentemente i propri regolamenti.”.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49.- Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universitá

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

 1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: “durata” e la parola: “quadriennale” é inserita la seguente: “massima”;

2) al comma 1, lettera p), le parole: “uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso” sono sostituite dalle seguenti: “uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca”;

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: “organi collegiali” e: “delle universitá” sono inserite le seguenti: “e quelli monocratici elettivi”;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole: “, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa” sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo é soppresso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo é soppresso;

2) al comma 5 le parole: “corsi di laurea” sono soppresse;

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: “trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “avvio del procedimento stesso”;

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: “individuate” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “che sono giá inserite tra le universitá non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)”;

f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “agli articoli” é inserita la seguente: “16,”;

g) all'articolo 16, comma 4, le parole: “dall'articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”;

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “procedimento di chiamata” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “per il settore concorsuale” sono inserite le seguenti: “ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore” e sono soppresse le seguenti parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge”;

3) al comma 3 le parole da: “di durata” e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)”;

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: “a tempo indeterminato” e dopo la parola: “universitá” sono aggiunte le seguenti: “e a soggetti esterni”;

5) al comma 5, lettera f), le parole: “da tali amministrazioni, enti o imprese, purché” sono soppresse;

i) all'articolo 21:

1) al comma 2 le parole: “valutazione dei risultati” sono sostituite dalle seguenti: “selezione e valutazione dei progetti di ricerca”;

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalitá di cui al comma 1. L'elenco ha validitá biennale e scaduto tale termine é ricostituito con le modalitá di cui al comma 1.”;

3) al comma 5 le parole: “tre componenti che durano in carica tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due componenti che durano in carica quattro anni”;

l) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: “oneroso” sono inserite le seguenti: “di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2”, dopo le parole: “attivitá di insegnamento” sono inserite le seguenti: “di alta qualificazione” e le parole da “che siano dipendenti” fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) il terzo periodo é soppresso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “pubblicitá dei bandi” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;

2) dopo il comma 9 é aggiunto il seguente:

“9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”;

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti: “e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230”;

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola “commi” é inserita la seguente: “7,”.

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: “al medesimo” fino a: “decennio e” sono soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III.- Disposizioni per l'istruzione

Articolo 50.- Attuazione dell'autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilitá e valorizzando la responsabilitá e la professionalitá del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalitá:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivitá didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalitá di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertá e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilitá per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51.- Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universitá, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivitá ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Articolo 52.- Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piú di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 53.- Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano é trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano é approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non piú utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piú utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o piú fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietá pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili giá esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalitá di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalitá e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalitá di attuazione piú efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico é acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attivitá scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piú moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresí, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalitá urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universitá e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV.- Altre disposizioni in materia di universitá

Articolo 54.- Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attivitá di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 é inserito il seguente:

“Articolo 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). –

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivitá di supporto tecnico e amministrativo alle attivitá di ricerca, le universitá possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivitá prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalitá di svolgimento delle attivitá predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universitá, fermi restando l'obbligo di pubblicitá dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalitá di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puó in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universitá. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, é stabilito dalle universitá ed é determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universitá. L'onere del trattamento economico é posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universitá.”.

Articolo 55.- Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universitá ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

Sezione V.- Disposizioni per il turismo

Articolo 56.- Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilitá senza oneri per la finanza pubblica”;

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) é soppressa.

2. I beni immobili confiscati alla criminalitá organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitá organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di etá non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalitá di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “al 4” sono sostituite dalle seguenti: “all'11”.

Sezione VI.- Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Articolo 57.- Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivitá nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacitá autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacitá autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 é rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale é coordinato con i tempi sopra indicati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, é inserito il seguente: “4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.”

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni giá rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitivitá economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivitá dell'attivitá produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali giá in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivitá autorizzata residuale, mantengono la loro validitá fino alla naturale scadenza.

9. Nel caso di attivitá di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa giá in atto possono continuare a essere eserciti senza necessitá di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. La durata delle nuove concessioni per le attivitá di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione é fissata in almeno dieci anni.

11. é abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante “Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde”.

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é consentito:

a) la detenzione promiscua di piú parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;

b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 58.- Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: “comma 3 del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalitá procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.”;

b) all'articolo 45, dopo il comma 6, é inserito il seguente:

“6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autoritá per l'energia elettrica e il gas puó, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.”.

Capo II.- Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Articolo 59.- Disposizioni in materia di credito d'imposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo é sostituito dal seguente:

“L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

b) al comma 2 le parole: “nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

c) al comma 3 le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di assunzione.”;

d) al comma 6 le parole: “entro tre anni dalla data di assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di assunzione”;

e) al comma 7, lettera a), le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dal seguente testo “alla data di assunzione”;

f) dopo il comma 8 é inserito il seguente: “8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalitá di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.”;

g) al comma 9, al primo periodo le parole: “comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “comma 8” e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60.- Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertá assoluta, é avviata una sperimentazione nei comuni con piú di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'ammontare della disponibilitá sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalitá con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puó superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio é attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

Titolo III.- Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 61.- Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivitá culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilitá di definire, con provvedimento dell'Autoritá per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, é abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piú Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puó, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine é comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 62.- Abrogazioni

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

Articolo 63.- Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sará presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sará inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 9 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universitá e della ricerca

Cancellieri, Ministro dell'interno

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ornaghi, Ministro per i beni e le attivitá culturali

Visto, il Guardasigilli: Severino

Decreto-Lei nº 165/2004,Aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital.

O Decreto-Lei nº 62/2003, de 3 de Abril, procurou compatibilizar o regime jurídico da assinatura digital, estabelecido no Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, com a Directiva nº 1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas.

No anexo I da referida directiva eram estabelecidos os requisitos aplicáveis aos certificados qualificados, definidos nos termos do nº 10 do artigo 2.º Estas disposições da directiva comunitária foram transpostas, respectivamente, pelo artigo 29.º e pela alínea q) do artigo 2.º, ambos resultantes da alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 62/2003 ao Decreto-Lei nº 290-D/99.

Contudo, em lugar de se impor como requisito do certificado qualificado emitido pelas entidades certificadoras informação sobre o nome e assinatura electrónica avançada da entidade certificadora, a par da indicação do país onde a mesma se encontra estabelecida, reforçou-se a exigência do requisito, impondo-se a apresentação, no certificado qualificado, da assinatura electrónica qualificada da entidade certificadora.

A minuciosa tarefa de regulamentação do referido decreto-lei obriga, porém, a uma reponderação daquele nível de exigência e a uma alteração do diploma num sentido mais conforme com as obrigações impostas pela directiva e mais adequado do ponto de vista da harmonização comunitária da matéria.

Procura-se, assim, ir ao encontro dos princípios subjacentes à criação de um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas, que, possibilitando a existência de regras comuns quanto ao reconhecimento legal daquelas assinaturas e à acreditação dos prestadores de serviço de certificação nos Estados membros, fomentam a utilização de comunicações electrónicas e do comércio electrónico no espaço comum europeu.

Foi ouvida a Autoridade Nacional de Segurança.

Assim:

Nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único.- Alteração ao Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 62/2003, de 3 de Abril

O artigo 29.º do Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 62/2003, de 3 de Abril, passa a ter a seguinte redacção:

“Artigo 29.º

[…]

1 – …

a) …

b) Nome e assinatura electrónica avançada da entidade certificadora, bem como indicação

do país onde se encontra estabelecida;

c) …

e) …

f) …

g) …

h) …

i) …

j) …

2 – …”

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Maio de 2004.

José Manuel Durão Barroso

Maria Manuela Dias Ferreira Leite

Maria Teresa Pinto Basto Gouveia

Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona

Nuno Albuquerque Morais Sarmento

José Luís Fazenda Arnaut Duarte

Maria da Graça Martins da Silva Carvalho.

Promulgado em 22 de Junho de 2004.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 24 de Junho de 2004.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 2005. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el D.S. Nº 077-2005-PCM.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TÍTULO I. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES

Artículo 1º.- Denominación y personería del INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI – es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.

Artículo 2º.- Funciones del INDECOPI

El INDECOPI rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Creación, Ley sobre Facultades, Normas y Organización y normas complementarias que establecen la competencia funcional de sus órganos resolutivos.

Son funciones generales del INDECOPI:

a) Aplicar las normas legales destinadas a proteger el mercado de las prácticas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia;

b) Sancionar las conductas y/o prácticas que constituyan actos de competencia desleal;

c) Supervisar el cumplimiento de las normas legales que tutelan los derechos de los consumidores;

d) Aplicar las normas que protegen los derechos de propiedad intelectual, en todas sus manifestaciones y administrar los registros de la propiedad intelectual;

e) Aplicar las normas que integran el sistema concursal;

f) Aprobar las normas técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre metrología legal;

g) Actuar como organismo nacional de acreditación,

h) Identificar y pronunciarse sobre la eliminación de restricciones y/o barreras técnicas al comercio;

i) Emitir pronunciamiento sobre actos y/o exigencias de la Administración Pública que constituyan barreras de acceso y/o de permanencia en el mercado, disponiendo su eliminación en los casos que corresponda; y

j) Aplicar las normas legales relacionadas con las prácticas de dumping, subvenciones y de salvaguardias, conforme a la legislación nacional e internacional sobre la materia.

TÍTULO II. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL

Artículo 3º.- Estructura orgánica del INDECOPI

Para el cumplimiento de sus fines, el INDECOPI cuenta con la siguiente estructura orgánica:

a) ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

* Directorio
* Consejo Consultivo
* Gerencia General
* Órgano de Desarrollo de Políticas

b) ÓRGANO DE CONTROL

* Órgano de Control Institucional

c) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL:

* Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

– Sala de Propiedad Intelectual

– Sala de Defensa de la Competencia

* Comisiones de Defensa de la Competencia

– Comisión de Libre Competencia

– Comisión de Protección al Consumidor

– Comisión de Represión de la Competencia Desleal

– Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

– Comisión de Procedimientos Concursales

– Comisión de Acceso al Mercado

– Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales

* Jefes de Oficinas de la Propiedad Intelectual

– Jefe de la Oficina de Signos Distintivos

– Jefe de la Oficina de Derechos de Autor

– Jefe de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

d) ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA:

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

* Gerencia Legal

ÓRGANOS DE APOYO

* Gerencia de Administración y Finanzas

* Gerencia de Estudios Económicos

ÓRGANOS DE LÍNEA

* Servicio Nacional de Metrología

* Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados

TÍTULO III. DE LA ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO I. DEL DIRECTORIO

Artículo 4º.- Directorio

El Directorio es el órgano de máxima jerarquía institucional. Tiene a su cargo la dirección y la supervisión de las actividades del Instituto. Aprueba las políticas institucionales y designa o propone, en su caso, a los funcionarios que integran los órganos resolutivos de la institución. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la Institución.

El Directorio del INDECOPI está integrado por tres miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales lo preside y por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, los que serán designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Artículo 5º.- Funciones del Directorio

Son funciones generales del Directorio:

a) Aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, imagen, comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INDECOPI.

b) Proponer al Poder Ejecutivo la designación de vocales del Tribunal del INDECOPI.

c) Designar a los miembros de las Comisiones y a los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual, así como removerlos;

d) Designar y remover al Gerente General del INDECOPI;

e) Designar y remover a los Secretarios Técnicos.

f) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Institucionales en las distintas regiones del país, así como disponer su desactivación.

g) Aprobar los proyectos del Reglamento de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal del INDECOPI y proponer dichos documentos de gestión conforme a Ley.

h) Expedir directivas que normen el funcionamiento administrativo del INDECOPI.

i) Las demás que le sean asignadas por normas sectoriales y reglamentarias.

Artículo 6º.- Representación del INDECOPI

El Presidente del Directorio ejerce la representación oficial del Instituto y en tal calidad es el único autorizado para efectuar declaraciones públicas sobre cualquiera de las materias de competencia de los órganos de la Institución, salvo delegación expresa. El cargo de Presidente de Directorio es remunerado.

Artículo 7º.- Funciones del Presidente del Directorio

Son funciones y/o atribuciones del Presidente del Directorio:

a) Dirigir y supervisar la marcha institucional, ejerciendo las funciones generales como Titular de Pliego presupuestario.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Consultivo y del Directorio.

c) Ejercer la representación del INDECOPI en foros nacionales e internacionales.

d) Delegar la representación del INDECOPI en actos públicos y privados.

e) Proponer a las autoridades pertinentes del Gobierno la adopción de las medidas que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos amparados en las leyes que regulan las competencias de los órganos de la institución.

f) Celebrar actos, convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

g) Autorizar los viajes al exterior del personal de la Institución, con sujeción a las normas vigentes sobre la materia.

h) Otras que le encomiende el Directorio o que se deriven de normas sectoriales o presupuestarias.

Artículo 8º.- Periodo de designación

La Presidencia del Directorio se ejerce por un período de cinco (5) años. Transcurrido dicho período, el cesante permanecerá en el ejercicio del cargo hasta que sea designado el nuevo Presidente.

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será reemplazado por el miembro del Directorio que representa a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Transcurrido un período de tres (3) meses desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente del Directorio, su mandato caducará automáticamente, debiendo el Presidente de la República designar al nuevo Presidente Institucional conforme a la Ley que regula los nombramientos de funcionarios públicos.

Artículo 9º.- Remoción del Presidente de Directorio

El Presidente del Directorio sólo puede ser removido de su cargo por la comisión de falta grave, según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al sector público.

Artículo 10º.- Causales de vacancia del cargo

El cargo de miembro del Directorio vaca por:

a) Aceptación de renuncia formalizada a través de la resolución correspondiente.

b) Conclusión del periodo de designación o remoción dispuesta conforme a lo establecido en el artículo 8º del presente Reglamento.

c) Muerte o incapacidad permanente que le impida ejercer el cargo.

CAPÍTULO II. DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 11º.- Órgano de consulta del INDECOPI

El Consejo Consultivo del INDECOPI es el órgano de consulta de la institución. Emite opinión, a solicitud del Presidente del Directorio, en los asuntos que se ponga a su consideración.

Artículo 12º.- Conformación del Consejo Consultivo

Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el Directorio del INDECOPI, en un número no menor a seis y no mayor a doce miembros. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia, que representan distintos sectores de la actividad pública y privada que guardan relación con el rol y funciones de la Institución y que reflejan pluralidad de perspectivas. El cargo de miembro del Consejo Consultivo no es remunerado.

Son funciones del Consejo Consultivo:

a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del INDECOPI someta a su consideración;

b) Recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado para la adopción de medidas destinadas a proteger los derechos a que se refiere el Artículo 2º;

c) Asesorar al Presidente del INDECOPI en las gestiones que lleve a cabo ante los organismos de cooperación técnica internacional, coordinando las acciones que realice con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores;

d) Proponer la adopción de políticas orientadas a la consecución de los fines del INDECOPI;

e) Emitir opinión, a solicitud del Directorio, en la designación de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, los miembros de las Comisiones y los Jefes de Oficina.

f) Otras que se le encomiende.

Artículo 13º.- Convocatoria del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo se reúne a convocatoria del Presidente del Directorio del INDECOPI.

CAPÍTULO III. DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 14º.- Gerencia General

La Gerencia General es el órgano de mayor nivel jerárquico ejecutivo y administrativo de la Institución. Depende jerárquica y funcionalmente del Directorio. El personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual, dependen jerárquicamente de la Gerencia General en lo concerniente a los asuntos de Administración.

Son funciones generales de la Gerencia General, las siguientes:

a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de las diferentes dependencias administrativas del INDECOPI

b) Prestar el apoyo que requieran las áreas de la Institución para el logro de sus fines

c) Ejercer la representación legal del INDECOPI, siendo posible que la delegue a otros funcionarios de la Institución.

d) Administrar los recursos económicos y presupuestales

e) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución, dentro del ámbito de su competencia.

f) Ejercer las atribuciones que confieren las normas de índole presupuestaria al máximo nivel jerárquico de rango administrativo; y

g) Las demás que le sean asignadas por el Directorio o por las normas legales o reglamentarias.

Artículo 15º.- Áreas dependientes de la Gerencia General

Las Áreas son: Área de Servicios de Atención al Ciudadano; el Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales; el Área de Imagen y Comunicaciones y el Área de Fomento de la Competencia e Innovación.

– El Área de Servicios de Atención al Ciudadano es la encargada de canalizar los servicios de las áreas funcionales y administrativas, brindar información de los procedimientos y requisitos de todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de consumo, a través de conciliaciones, por delegación de funciones de la Comisión de Protección al Consumidor.

– El Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales tiene a su cargo gestionar la obtención de cooperación técnica proveniente de organismos nacionales y extranjeros, necesaria para el buen funcionamiento de las áreas institucionales.
– El Área de Imagen y Comunicaciones se encarga de planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las acciones relativas a la imagen institucional, difusión, comunicaciones y actividades institucionales.

– El Área de Fomento de la Competencia e Innovación tiene a su cargo el procesamiento y sistematización de la información que se produce en las diversas áreas de la institución a fin de generar productos y programas, con valor agregado, que se conviertan en herramientas de utilidad para las empresas e inversionistas, promoviendo la innovación y el desarrollo competitivo.

Las funciones específicas de las Áreas de la Gerencia General se establecen en el respectivo Manual de Organización y Funciones del INDECOPI, que aprueba el Directorio de la Institución.

CAPÍTULO IV. DEL ÓRGANO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS

Artículo 16º.- Órgano de Desarrollo de Políticas

El Órgano de Desarrollo de Políticas es el encargado de generar propuestas de políticas y posiciones institucionales relacionadas a la propiedad intelectual y a la defensa de la competencia.

Son funciones generales del Órgano de Desarrollo de Políticas:

a) Formular documentos de política institucional relacionados con aspectos contenidos en acuerdos y/o foros internacionales en temas de competencia institucional.

b) Plantear al Directorio del INDECOPI la aprobación de políticas institucionales en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual y de la defensa de la competencia.

c) Coordinar con los distintos órganos resolutivos la información necesaria para la formulación de posiciones institucionales en foros nacionales o internacionales vinculados a los temas de competencia institucional

d) Desarrollar lineamientos de política relacionados con las actividades de representación institucional en foros internacionales.

e) Otras que le asigne la Alta Dirección

TÍTULO IV. DEL ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 17º.- Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional del INDECOPI es el encargado de conducir, programar, evaluar y ejecutar las acciones de control, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.

El Órgano de Control Institucional está a cargo de un Jefe, que es designado por la Contraloría General de la República, manteniendo vinculación y dependencia funcional y administrativa con dicha entidad, en su condición de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control.

Artículo 18º.- Funciones del Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene las funciones y atribuciones establecidas en las normas, disposiciones, lineamientos y directivas que rigen el Sistema Nacional de Control, siendo éstas las siguientes:

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Institución, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, a que se refiere el artículo 7° de la Ley del Sistema Nacional de Control y el control externo a que se refiere el artículo 8° de la ley acotada, por encargo de la Contraloría General.

b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. Alternativamente, estas auditorias pueden ser efectuadas por Sociedades de Auditoria Externa, con sujeción al reglamento sobre la materia.

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Institución, que disponga la Contraloría General, así como, las que sean requeridas por el titular del INDECOPI. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será comunicada a la Contraloría General por el Jefe del Órgano de Control Institucional. Se consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones.

d) Efectuar control preventivo, sin carácter vinculante, al órgano del más alto nivel del INDECOPI, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior.

e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así como al Titular de la Institución y del Sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Institución se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Institución, otorgándoles el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.

h) Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Institución como resultados de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control.

j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Institución. Asimismo, el Jefe del Órgano de Control Institucional y personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad.

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a la Institución, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.

l) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente por la Entidad.

m) Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General.

n) Ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 15° de la Ley del Sistema Nacional de Control.

o) Otras que establezca la Contraloría General.

TÍTULO V. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

CAPÍTULO I. DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19º.- Tribunal del INDECOPI

El Tribunal constituye la segunda y última instancia administrativa en las materias de competencia de las Comisiones y Oficinas del INDECOPI.

Artículo 20º.- Conformación del Tribunal

El Tribunal está integrado por dos salas permanentes. La Sala de Defensa de la Competencia conformada por seis (6) vocales y la Sala de Propiedad Intelectual integrada por cuatro (4) vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala cuenta con el apoyo de un (1) Secretario Técnico. En caso de ausencia, o impedimento de algún vocal de una Sala, cualquier vocal integrante de la otra Sala puede reemplazarlo para completar el quórum reglamentario. Cada Sala está facultada para nombrar a su Presidente y Vicepresidente.

Artículo 21º.- Ejercicio del cargo de vocal

El cargo de vocal del Tribunal puede ser ejercido a tiempo completo o a tiempo parcial. En este último caso, el cargo puede ser desempeñado por funcionarios públicos que desempeñen otros cargos remunerados por el Estado, resultando de aplicación las restricciones correspondientes en materia de percepción de dietas. La periodicidad y monto de las dietas correspondientes al cargo de vocal del INDECOPI es fijada por el Directorio. La designación de los vocales del Tribunal es por tiempo indefinido.

Artículo 22º.- Funciones del Tribunal

Son funciones del Tribunal las siguientes:

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como de los derechos de la propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el Artículo 2º del presente Reglamento;

b) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones a que se refiere el inciso anterior;

c) Recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante las autoridades pertinentes del Gobierno para la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar el ejercicio de las funciones a que se refiere el Artículo 2º del presente Reglamento;

d) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones en caso de ser necesario;

e) Conocer y resolver las contiendas de competencia que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los diversos órganos resolutivos del INDECOPI.

f) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI; y

g) Dictar directivas para la determinación de competencias entre los distintos órganos de la estructura orgánico resolutiva.

Artículo 23º.- Requisitos del cargo de vocal

Son requisitos para ser designado vocal del Tribunal:

a) Contar con título profesional con valor oficial;

b) Contar con no menos de cinco años de experiencia en algunas de las materias de competencia del Tribunal, considerándose para el efecto los años de ejercicio profesional, la cátedra universitaria, las publicaciones realizadas, los grados académicos obtenidos, y los trabajos desempeñados en cargos afines;

c) Tener plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles, conforme a lo establecido en el Código Civil;

d) Tener reconocida solvencia moral.

Artículo 24º.- Licencias

Las licencias de los vocales del Tribunal serán concedidas por el Directorio.

Artículo 25º.- Vacancia del cargo

El cargo de vocal del Tribunal vaca por:

a) Aceptación de la renuncia por Resolución Suprema refrendada por el Ministro del Sector;

b) Remoción, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 8 del presente Reglamento y el artículo 15º de la Ley;

c) Sobrevenir alguna de las incompatibilidades establecidas en la normatividad aplicable al sector público;

d) Muerte o incapacidad permanente para ejercer el cargo.

Producida la vacancia, se designará al vocal reemplazante con las formalidades establecidas en la Ley.

En caso de conflicto de interés, será de aplicación a los vocales lo establecido en el Artículo 40º del presente Reglamento.

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE ELTRIBUNAL

Artículo 26º.- Normas aplicables

Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos resolutivos del INDECOPI, la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y el presente Reglamento. En todo caso, los miembros del Tribunal están obligados a observar las normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que resulte aplicable.

Artículo 27º.- Regla de quórum

El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros para la Sala de Defensa de la Competencia y de tres (3) vocales para la Sala de Propiedad Intelectual. Sus acuerdos y resoluciones se aprueban por mayoría de votos de los vocales concurrentes. El Presidente de la Sala tiene voto dirimente.

Las decisiones deberán constar en acta así como los votos singulares. De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopte la Sala respectiva.

Las resoluciones son suscritas únicamente por el Presidente de la Sala.

Artículo 28º.- Competencia funcional de Salas del Tribunal

Las Salas que integran el Tribunal del INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente en los siguientes casos:

a) Apelación de las resoluciones expedidas por las Comisiones u Oficinas del INDECOPI;

b) Quejas por defectos de tramitación promovidas contra funcionarios de las Comisiones u Oficinas;

c) Contiendas de competencia que se susciten entre Comisiones u Oficinas o entre Comisiones y Oficinas, que se sometan a su consideración;

d) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan.

Artículo 29º.- Enmienda y aclaración de resoluciones

El Tribunal solamente podrá enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de oficio o a pedido de parte.

Asimismo, procederá la ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos. El pedido deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la ampliación dentro de los diez (10) días siguientes de formulado el pedido.

Artículo 30º- Conflicto de competencia

Producido un conflicto de competencia negativo o positivo, entre las Comisiones u Oficinas del INDECOPI, la Sala correspondiente deberá resolver en un plazo no mayor de diez (10) días siguientes de recibidos los actuados.

En estos casos y una vez asignada la competencia, el plazo para emitir resolución definitiva en primera instancia correrá a partir de la fecha de la devolución de los actuados con la Resolución expedida por el Tribunal.

En caso que un determinado asunto deba ser visto por dos (2) Comisiones u Oficinas, el Tribunal dispondrá la expedición de las copias correspondientes y precisará los puntos sobre los cuales deba pronunciarse una y otra. En tal circunstancia, los plazos para resolver en primera instancia correrán en forma paralela, a partir de la fecha de notificación de la Resolución del Tribunal.

Artículo 31º.- Informes previos

Cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del previo pronunciamiento de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.

Artículo 32º.- Trámite del recurso de apelación

Cuando corresponda, una vez admitido el recurso de apelación, el Tribunal correrá traslado a la otra parte para que ésta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la admisión del recurso, salvo plazos distintos previstos en las normas que regulan la materia de controversia.

Artículo 33º.- Sanciones y medidas correctivas

El Tribunal podrá imponer las sanciones y medidas correctivas, así como las medidas provisionales requeridas para evitar un daño grave o irreparable, siempre que dichas medidas estén contempladas en las normas legales que regulan la materia objeto del proceso.

Artículo 34º.- Dictámenes previos

Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para la apelación, el Tribunal podrá solicitar a las Comisiones, Oficinas y otros organismos públicos y privados, los informes, dictámenes y, en general, todos aquellos elementos de juicio para la mejor resolución del caso.

Igualmente, podrá celebrar audiencias públicas, para interrogar a las partes, escuchar sus alegatos y oír las opiniones de terceros con legítimo interés que así lo soliciten o que el propio Tribunal hubiere convocado.

Artículo 35º.- Ejecutividad de resoluciones

Las resoluciones que emite el Tribunal tienen fuerza obligatoria a partir del día siguiente de su notificación.

Artículo 36º.- Agotamiento de la vía administrativa

Las resoluciones que expide el Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial, conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo.

CAPÍTULO II. DE LAS COMISIONES

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37º.- Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones son órganos colegiados encargados de resolver, en primera instancia administrativa, los asuntos concernientes a las leyes del ámbito de su competencia.

Para el ejercicio de su función resolutiva gozan de autonomía técnica y funcional.

Artículo 38º.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI

Son atribuciones de las Comisiones:

a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procesos de su competencia;

b) Conocer y resolver, en los casos que proceda, los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;

c) Disponer la adopción de medidas cautelares, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

d) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;

e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente;

f) Requerir a las entidades del Sector Público, a través del Presidente del INDECOPI, los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo éstas brindar dicha información bajo responsabilidad;

g) Disponer la presentación de la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;

h) Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su conocimiento, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

i) Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;

j) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;

k) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

l) Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia y/o que regulen la actuación administrativa de las entidades de Derecho Público.

Artículo 39º.- Conformación de las Comisiones

Las Comisiones están integradas por seis (6) miembros, uno de los cuales lo preside.

El Vicepresidente reemplaza al Presidente en los casos de ausencia o impedimento temporal. Transcurrido el período de un mes sin justificación desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente de la Comisión, dicho cargo caducará automáticamente. En este caso la Comisión procederá a elegir al nuevo Presidente.

En casos de inhibición y/o abstención de miembros, que afecten el quórum reglamentario, el número legal de miembros puede completarse con miembros originarios de otras Comisiones del INDECOPI, debiendo ser designados por el Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal.

Para sesionar válidamente las Comisiones requieren la presencia de cuatro (4) miembros. Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos. Su presidente tiene voto dirimente.

Las decisiones deberán constar en acta así como los votos singulares. De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopta la Comisión respectiva.

Las resoluciones que emiten las Comisiones son suscritas únicamente por su Presidente.

El régimen de dietas de los miembros de las Comisiones del INDECOPI es determinado por el Directorio de la Institución.

Artículo 40º.- Reglas aplicables a conflictos de interés

En caso que un miembro de Comisión tuviera conflicto de interés en algún procedimiento sometido a conocimiento de su Comisión, deberá informar de tal hecho a los demás miembros y excusarse de participar en la deliberación y resolución de tal caso.

Asimismo, los miembros de las Comisiones están impedidos de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante su Comisión u otro órgano resolutivo del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata conforme al inciso b) del artículo 25º del presente Reglamento.

Artículo 41º.- Sede de las Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones tienen su sede en la ciudad de Lima, salvo el caso de las Comisiones que operan en las Oficinas Descentralizadas y/o Desconcentradas que tienen su sede en la ciudad en la que ejercen las funciones delegadas. Las comisiones, sesionarán periódicamente a convocatoria de su Presidente.

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES A TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS COMISIONES

Artículo 42º.- Normas aplicables por Comisiones del INDECOPI

Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las Comisiones las disposiciones procesales contenidas en los artículos 29º, 34º y 35º del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

SECCIÓN III. DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA

Artículo 43º.- Comisión de Libre Competencia

La Comisión de la Libre Competencia es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con el abuso de posición de dominio en el mercado, o con actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 44º.- Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por las prácticas de dumping y/o subsidios, conforme a lo dispuesto en la legislación internacional y nacional sobre la materia. Actúa también como órgano técnico, de investigación, en materia de imposición de salvaguardias a la importación de productos, dentro del marco legal dispuesto por la Organización Mundial del Comercio.

Artículo 45º.- Comisión de Protección al Consumidor

La Comisión de Protección al Consumidor tiene competencia exclusiva para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la protección del derecho de los consumidores de contar con la adecuada información sobre los productos y servicios, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.

Artículo 46º.- Comisión de Represión de la Competencia Desleal

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para conocer sobre los asuntos relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe comercial y el normal desarrollo de las actividades económicas, siempre que dichas conductas no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de la especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de la Oficinas del INDECOPI, conforme lo dispone el presente Reglamento. Asimismo, es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la publicidad comercial de bienes y servicios, en defensa del consumidor, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.

Artículo 47º.- Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la imposición de restricciones paraarancelarias, Así mismo, es competente para aprobar las normas técnicas de carácter voluntario y de metrología nacional. Adicionalmente, es competente para conocer los asuntos relacionados con el registro y supervisión de las entidades autorizadas para ejercer funciones de evaluación de la conformidad, así como de entidades de certificación y entidades de registro o verificación que brindan servicios de certificación digital.

Artículo 48º.- Comisión de Acceso al Mercado

La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la imposición de barreras burocráticas que impidan u obstaculicen el acceso de los agentes económicos al mercado, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre simplificación administrativa.

Artículo 49º.- Comisión de Procedimientos Concursales

La Comisión de Procedimientos Concursales es competente para conocer y resolver todos los asuntos concernientes a los procedimientos previstos en la legislación concursal.

Artículo 50º.- Limitación de competencia funcional

Las Comisiones sólo podrán expedir normas de carácter general cuando las leyes que regulan las materias de su competencia las faculten expresamente para ello.

CAPÍTULO III. DE LOS JEFES DE OFICINAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51º.- De los Jefes de Oficina de la Propiedad Intelectual

Los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual sirven de enlace con la estructura orgánica administrativa del INDECOPI y están a cargo de las Oficinas de Propiedad Intelectual, encargadas de resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia, conforme a las atribuciones que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 52º.- Atribuciones de los Jefes de Oficina de la Propiedad Intelectual

Son atribuciones de los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual:

a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia;

b) Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;

c) Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derechos, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad, conforme a los Reglamentos pertinentes de cada Registro;

d) Declarar el abandono de las solicitudes de registro, conforme a lo que disponen las normas pertinentes;

e) Autenticar o certificar las transcripciones de los documentos que emitan;

f) Disponer la adopción de medidas cautelares, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

g) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;

h) Inhibirse de conocer sobre los asuntos que escapen del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente;

i) Requerir a las entidades del Sector Público, a través del Presidente del INDECOPI, los datos e informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones, debiendo éstas brindar dicha información, bajo responsabilidad;

j) Disponer la presentación de la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en lo asuntos sometidos a su consideración;

k) Actuar como instancia de conciliación en los asuntos sometidos a su consideración, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

l) Calificar como reservados determinados documentos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;

m) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;

n) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

o) Otras requeridas para su cabal funcionamiento.

Artículo 53º.- Designación de Jefes de Oficina de la Propiedad Intelectual

Los Jefes de las Oficinas de la Propiedad Intelectual son designados por el Directorio.

La Jefatura se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva.

En caso de ausencia o impedimento temporal, es reemplazado por el funcionario que acuerde el Directorio.

Artículo 54º.- Prohibiciones aplicables

Los Jefes de las Oficinas de Propiedad Intelectual están impedidos de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante su Oficina o ante cualquier otro órgano resolutivo del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata por el Directorio.

SECCIÓN II. NORMAS APLICABLES EN LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ANTE OFICINAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 55º.- Normas aplicables en Oficinas de Propiedad Intelectual

Los procedimientos que se siguen ante las Oficinas de la Propiedad Intelectual se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las Oficinas de protección de la Propiedad Intelectual las disposiciones procesales contenidas en los artículos 29º, 34º y 35º del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

SECCIÓN III. DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA

Artículo 56º.- Oficina de Signos Distintivos

La Oficina de Signos Distintivos es el órgano competente para conocer y resolver todos los asuntos relacionados con el otorgamiento, cancelación, anulación y tutela de los registros de marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen.

Tutela los referidos derechos de la propiedad industrial vía acciones de fiscalización, de oficio o a pedido de parte.

Artículo 57º.- Oficina de Derechos de Autor

La Oficina de Derecho de Autor es competente para supervisar y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de derechos de autor y derechos conexos, en todas sus manifestaciones. Realiza acciones de fiscalización de oficio, o a pedido de parte.

La Oficina de Derechos de Autor autoriza y supervisa el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, que representan a los autores o titulares de los derechos de autor o derechos conexos.

Artículo 58º.- Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías es el órgano competente para administrar el registro y otorgar patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, conocimientos colectivos de pueblos indígenas, circuitos integrados, certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales y otras nuevas tecnologías. Protege los referidos derechos actuando de oficio o a pedido de parte.

Tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

CAPÍTULO IV. DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS Y OFICINAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 59º.- Órganos de enlace

Las Secretarías Técnicas son los órganos técnicos de investigación y apoyo a la gestión de las Comisiones y de las Salas del Tribunal. Constituyen los órganos de enlace con la Estructura Orgánico Administrativa del INDECOPI.

Cada Comisión y cada Sala del Tribunal del INDECOPI cuenta con una Secretaría Técnica, la misma que está a cargo de un Secretario Técnico quien desempeña el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Son aplicables a las Comisiones y Salas las disposiciones del Artículos 31º del presente Reglamento.

Las Oficinas de Protección de la Propiedad Intelectual gozan de autonomía técnica, funcional y administrativa en los procedimientos de su competencia.

Artículo 60º.- Conformación de las Secretarías Técnicas y Oficinas

Las Secretarías Técnicas y las Oficinas de la Propiedad Intelectual están integradas por personal profesional y técnico especializado en los temas de su competencia.

Cada Oficina de Protección de la Propiedad Intelectual está a cargo de un Jefe y un Subjefe, quienes desempeñan su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva, siéndoles aplicables las disposiciones del Artículo 40º del presente Reglamento, el mismo que también rige para los Secretarios Técnicos.

Artículo 61º.- Funciones de Secretarías Técnicas y Oficinas de la Propiedad Intelectual

Las Secretarías Técnicas y las Oficinas de Protección de la Propiedad Intelectual, además de las funciones señaladas en su Ley de Creación y en la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, se encargan de:

a) Realizar los estudios y trabajos técnicos o administrativos que requiera la Comisión o Jefatura correspondiente, para el cumplimiento de sus funciones;

b) Tramitar los asuntos que se sometan a conocimiento de la Comisión o Jefatura de Oficina, conforme a lo que establecen las normas legales que regulan las materias de su competencia;

c) Realizar las investigaciones, inspecciones y verificaciones requeridas para que la Comisión o Jefatura de Oficina cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar acuerdos y/o emitir las resoluciones correspondientes, conforme a las facultades que les otorgan las normas legales que regulan su respectivo funcionamiento;

d) Proponer a la Comisión o Jefatura de Oficina correspondiente la adopción de medidas provisionales o cautelares, así como la aplicación de sanciones, conforme a lo que disponen las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;

e) Informar y absolver las consultas de carácter técnico que le formulen los distintos órganos del INDECOPI;

f) Servir de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI

g) Realizar otras funciones que se le encomienden

Es de aplicación a los Secretarios Técnicos lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento.

Artículo 62º.- Organización interna

La organización y funciones específicas de las áreas que conforman las Oficinas de Protección de la Propiedad Intelectual a que se refieren los Artículos 56º, 57º y 58º del presente Reglamento, se establece en el respectivo Manual de Organización y Funciones del INDECOPI.

TÍTULO VI. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I. DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 63º.- Gerencia Legal

La Gerencia Legal es la encargada de prestar asesoría legal a todos los órganos que conforman la estructura orgánico administrativa y orgánico funcional del INDECOPI.

Sus funciones generales son las siguientes:

a) Asumir las acciones relativas a la defensa judicial de las resoluciones y actuaciones procesales de la institución, así como el patrocinio del personal, cuando es emplazado con ocasión del ejercicio de sus funciones.

b) Dirigir, coordinar y supervisar el patrocinio de los procesos judiciales o administrativos en los que es parte el INDECOPI.

c) Representar a la institución ante las distintas instancias judiciales, fiscales, policiales y administrativas, efectuando las gestiones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses institucionales.

d) Prestar la asesoría legal que requieran las distintas áreas institucionales para la debida ejecución de las actividades propias de su competencia.

e) Brindar la asesoría y consultoría que requieran los órganos encargados de llevar a cabo los procesos de selección conducentes a la contratación de servicios o adquisición de bienes e intervenir, a través de un representante, en los procesos de selección a que se refiere la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que lleva a cabo el INDECOPI, conforme a las normas reglamentarias vigentes.

f) Delegar la representación del INDECOPI ante autoridades administrativas y judiciales.

g) Coordinar las acciones relativas a las reformas normativas de competencia de la institución.

h) Otras que sean materia de encargo por la Alta Dirección del INDECOPI.

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 64º.- Órganos de Apoyo

Son órganos de apoyo del INDECOPI, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Estudios Económicos.

SECCIÓN I. DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo 65º.- Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas; tiene a su cargo brindar los recursos necesarios para el funcionamiento de los distintos órganos de la Institución.

Son funciones generales de la Gerencia de Administración y Finanzas:

a) Planear, organizar, dirigir y controlar los sistemas administrativos, financieros, de seguridad y de recursos humanos de la Institución.

b) Supervisar y/o ejecutar los procesos relacionados a los procesos de adquisición y/o baja de bienes, y contratación de servicios, teniendo a su cargo el control patrimonial de la Institución.

c) Cautelar el uso óptimo de los recursos financieros, materiales y de información que la institución tiene bajo su control para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente.

d) Asesorar a la Gerencia General sobre temas administrativos, financieros y presupuestales que requiera.

e) Orientar y asesorar en materia administrativa a los demás órganos de la institución, a fin de contribuir al logro de sus objetivos.

f) Encargarse de las actividades requeridas para la programación, formulación, aprobación, ejecución y control del proceso presupuestal de la institución.

g) Proponer la relación de tasas y tarifas por los procedimientos y servicios a cargo del INDECOPI

h) Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 66º.- Conformación de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas está conformada por la Subgerencia de Recursos Humanos y las Áreas de Informática y Sistemas; de Contabilidad y Presupuesto; de Tesorería; de Logística y Control Patrimonial; de Fiscalización y por el Área de Cobranza Coactiva.

Artículo 67º.- Subgerencia de Recursos Humanos

La Subgerencia de Recursos Humanos se encarga de planificar, dirigir y supervisar la gestión del personal del INDECOPI. Dirige, administra, coordina y controla el aprovisionamiento oportuno de los recursos humanos necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Institución y busca mantener un ambiente de trabajo idóneo para que todo el personal se identifique con los objetivos y metas institucionales.

Artículo 68º.- Áreas de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con las Áreas siguientes:

a) Área de Informática y Sistemas; Se encarga de la planificación, coordinación y control de las actividades de procesamiento de datos y de sistemas de registro de información de todas las áreas del INDECOPI.

b) Área de Contabilidad y Presupuesto; Tiene a su cargo la planificación y ejecución de las labores inherentes a los Sistemas de Presupuesto y Contabilidad, con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables.

c) Área de Tesorería; Se encarga de la planificación, coordinación y ejecución de las labores inherentes al Sistema de Tesorería con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables.

d) Área de Logística y Control Patrimonial; Se encarga de administrar y controlar el aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento de las dependencias del INDECOPI.

e) Área de Fiscalización; Tiene a su cargo las acciones de fiscalización que le encargan los órganos del INDECOPI, con la finalidad de apoyar en la función de ejecución de los pronunciamientos institucionales sujetos al ámbito del Derecho Público.

f) Área de Cobranza Coactiva; Se encarga de la tramitación de procedimientos de Ejecución Coactiva derivados de las resoluciones emitidas por los órganos funcionales del INDECOPI, con arreglo a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley nº 26979 y su Reglamento.

SECCIÓN II. DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Artículo 69º.- Gerencia de Estudios Económicos

La Gerencia de Estudios Económicos es la encargada de brindar apoyo técnico e información sectorial a los órganos resolutivos del INDECOPI, en los ámbitos que estos requieran. Tiene a su cargo la edición de publicaciones especializadas sobre temática de competencia institucional.

Son funciones de la Gerencia de Estudios Económicos las siguientes:

a) Realizar estudios económicos sobre temas de competencia del INDECOPI y emitir documentos de trabajo, de discusión, informes de análisis económico y estudios de mercado.

b) Elaborar reportes periódicos de los principales indicadores de mercado.

c) Expedir informes respecto a las características y/o situación de los sectores económicos y/o mercados, que sean requeridos por los órganos resolutivos de la institución.

d) Pronunciarse sobre proyectos de ley que guarden relación con los ámbitos de competencia de los distintos órganos de la institución, emitiendo el informe correspondiente.

e) Coordinar actividades relacionadas a proyectos de investigación y/o actividades a ejecutarse en el marco de convenios de cooperación o foros internacionales.

f) Coordinar la política de publicaciones de la Institución y promover la producción de reportes y boletines para los usuarios internos y externos de la Institución.

g) Otras que le asigne la Alta Dirección.

CAPÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

SECCIÓN I. DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA

Artículo 70º.- Servicio Nacional de Metrología

El Servicio Nacional de Metrología tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los patrones nacionales de las unidades de medida.

Son funciones generales del Servicio Nacional de Metrología:

a) Planear y dirigir la custodia y ampliación de la colección de patrones nacionales de las unidades legales de medida, encargándose de su conservación y mantenimiento.

b) Difundir el Sistema Legal de Unidades del Perú y absolver las consultas que formulen los organismos del sector público y privado.

c) Coordinar las afericiones y calibraciones de los instrumentos de medida y firmar los respectivos certificados, así como suscribir los certificados de conformidad de productos con respecto a normas de carácter metrológico (aprobación de modelo).

d) Coordinar los servicios de mediciones de instalaciones, productos, piezas o partes y firmar los respectivos informes o certificados

e) Prestar servicios de asesoría técnica en el campo de la metrología.

f) Promover el desarrollo de la metrología en el país.

g) Representar al país, en coordinación con la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, en eventos nacionales e internacionales que traten las materias de su competencia.

h) Establecer las políticas y objetivos de calidad de los servicios de calibración acordes con las políticas generales de la Institución.

i) Otras que le asignen las normas reglamentarias.

SECCIÓN II. DE LA OFICINA DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS

Artículo 71º.- Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados

La Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados tiene a su cargo el planeamiento, la organización, la dirección, administración y supervisión de los servicios que presta el INDECOPI en las distintas regiones del país.

Sus funciones generales son las siguientes:

a) Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Regionales y Comisiones Descentralizadas y/o Desconcentradas del INDECOPI.

b) Coadyuvar a las acciones relativas al fortalecimiento del Sistema Concursal, el Sistema de Protección al Consumidor, Sistema de Registro de Marcas y del Sistema de Apoyo al Consumidor, a nivel nacional.

c) Impulsar la ejecución de Programas de Difusión Institucional, a nivel nacional, tales como el Programa INDECOPI Educa, INDECOPI Empresa e INDECOPI Vecinal.

d) Proponer la creación, reubicación geográfica o desactivación de Oficinas regionales de la institución.

e) Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 72º.- Oficinas Regionales

La Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados está conformada por Oficinas Regionales del INDECOPI, las cuales tienen a su cargo la realización de las acciones conducentes a la prestación de los servicios institucionales en su respectiva zona de adscripción territorial.

Cada Oficina Regional constituye un órgano de naturaleza unitario; en tal sentido, está a cargo de un Jefe, quien cumple funciones administrativas y de representación Institucional.

TÍTULO VII. DEL RÉGIMEN LABORAL

Artículo 73º.- Régimen Laboral del INDECOPI

El personal del INDECOPI está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, rigiéndose por lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nº 728, normas complementarias, modificatorias y conexas, sin perjuicio de las normas aplicables vigentes o que se dicten en el ámbito de la función pública.

TÍTULO VIII. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 74º.- Recursos del INDECOPI