LEY nº 28289

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la ley siguiente:

LEY DE LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Artículo 1º.- Modifica los artículos 217, 218 y 219 del Código Penal Modifícanse los artículos 217, 218 y 219 del Código Penal, con los textos siguientes:

«Artículo 217.- Reproducción, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con treinta a noventa días-multa, el que con respecto a una obra, una interpretación o ejecución artística, un fonograma o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier forma, realiza alguno de los siguientes actos sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos:

a. La modifique total o parcialmente. b. La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público. c. La comunique o difunda públicamente por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del respectivo derecho. d. La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el autorizado por escrito.

La pena será no menor de cuatro años ni mayor de ocho y con sesenta a ciento veinte días multa, cuando el agente la reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento y si la distribución se realiza mediante venta, alquiler o préstamo al público u otra forma de transferencia de la posesión del soporte que contiene la obra o producción que supere las dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno.

Artículo 218.- Formas agravadas La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días multa cuando:

a. Se dé a conocer al público una obra inédita o no divulgada, que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular.

b. La reproducción, distribución o comunicación pública se realiza con fines de comercialización, o alterando o suprimiendo, el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los derechos.

c. Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, por cualquier medio, la almacene, oculte, introduzca en el país o la saque de éste.

d. Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas, o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras o producciones protegidas, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o

capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.

e. Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, interpretación, producción o emisión ajenas, o cualquier otro tipo de bienes intelectuales, como si fueran propios, o como de persona distinta del verdadero titular de los derechos.

Artículo 219.- Plagio Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días multa, el que con respecto a una obra, la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena.»

Artículo 2º.- Modifica los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley nº 27595 Modifícanse los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley nº 27595, Ley que crea la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana, en los siguientes términos:  

(Derogase este artículo de acuerdo con lo estipulado por la Disposición Final Primera de la Ley nº 20.013 de 4 de mayo de 2007)

«Artículo 1.- Creación de la Comisión Créase la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, conformada por los siguientes miembros:

– El Ministro de la Producción, o su representante con rango de Viceministro, quien la preside.

– Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, con rango de Viceministro.

– Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con rango de Viceministro.

– Un representante del Ministerio del Interior, con rango de Viceministro.

– Un representante del Ministerio de Defensa, con rango de Viceministro.

– El Superintendente Nacional de Administración Tributaria, o su representante con rango de Superintendente Adjunto.

– Un representante del Ministerio Público, con nivel de Fiscal Supremo.

– El Presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

– Un representante de la Sociedad Nacional de Industrias.

– Un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

– Un representante de Perú Red Nacional de Cámaras de Comercio.

– Un representante de los gremios empresariales de las MYPE.

– Un representante de la Asociación de Agentes de Aduanas del Perú.

– Un representante de la Asociación de Exportadores.

– Un representante de los gobiernos regionales.

– Un representante del Comité Multisectorial de Lucha contra la Piratería – Contracopia.

– Un representante de la Cámara Peruana del Libro.

– Un representante de la Cruzada Antipiratería.

– Un representante de la Asociación de Productores Fonográficos – COPERF.

– Un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

– Un representante de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).

– Un representante del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE).

Artículo 2.- Secretaría Técnica La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, asume la Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, proporcionándole la infraestructura y los recursos necesarios para su funcionamiento.

Artículo 3.- Funciones de la Comisión Son funciones de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, las siguientes:

a. Elaborar y perfeccionar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería.

b. Planificar y coordinar las acciones y recomendaciones destinadas a contrarrestar los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual; las mismas que serán ejecutadas por las instituciones encargadas de la prevención y represión de estos delitos.

c. Recomendar medidas y modificaciones normativas a las instituciones pertinentes, con el objeto de perfeccionar la legislación que regula y sanciona estos ilícitos.

d. Evaluar el impacto de los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual en la economía nacional.

e. Recibir y canalizar hacia las instituciones competentes, bajo estricta reserva, la información relativa a las acciones sobre la presunta comisión de delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual.

f. Promover campañas publicitarias con la finalidad de crear conciencia tributaria aduanera y el respeto por los derechos de propiedad intelectual.

g. Entablar relaciones con instituciones del exterior con la finalidad de coordinar acciones e intercambiar información que conduzca a una mejor eficacia de su labor.

h. Supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de las tareas que las instituciones responsables deberán llevar a cabo de acuerdo al Plan Estratégico Nacional que se apruebe.

Artículo 4.- Del informe de la Secretaría Técnica La Secretaría Técnica tiene la obligación de presentar, anualmente, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, un informe detallado de los resultados de la lucha contra la piratería.»

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- De su reglamento

La Comisión Nacional de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería adecuará su reglamento interno a la presente Ley, dentro del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de su vigencia.

SEGUNDA.- Adecuación

Precísase que a partir de la vigencia de la presente Ley, la denominación de la Ley nº 27595, será Ley de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería.

TERCERA.- Del apoyo y colaboración

Para un efectivo cumplimiento de las funciones de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi establecidas en el Decreto Legislativo nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor, los funcionarios de Aduanas, prestarán todo el apoyo y colaboración que requiera la Oficina para el cumplimiento de sus funciones.

CUARTA.- Del encargo La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, tendrá a su cargo la función del registro de las personas naturales o jurídicas que importen, produzcan o distribuyan equipos o máquinas duplicadoras de obras musicales o producciones audiovisuales contenidas en discos ópticos, discos ópticos en blanco y cualquier otro insumo o materia prima, producida en el país o en el extranjero, que puedan servir para producir, elaborar y comercializar fonogramas y videogramas.

Las personas naturales o jurídicas que realicen las conductas mencionadas anteriormente, estarán obligadas a entregar la información y documentación solicitada, así como comparecer ante la administración tributaria cuando sea requerida su presencia, por actividades vinculadas a las operaciones de venta de los discos ópticos en blanco y de los demás insumos contemplados en el párrafo anterior, identificando fehacientemente a los compradores, con arreglo a las normas reglamentarias y complementarias que se dicten sobre la materia. La información y documentación será entregada dentro de los plazos y condiciones que la SUNAT establezca. El incumplimiento será considerado una infracción relacionada con la obligación de permitir el control de la administración, informar y comparecer ante la misma, y será sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Tributario.

QUINTA.- De la difusión de las normas de Protección de la Propiedad Intelectual El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en convenio con el Ministerio de Educación y las empresas privadas, deberá difundir la normatividad legal sobre los derechos de autor y concientizar en los colegios, institutos y universidades públicas y privadas del país los perjuicios causados por la piratería.

SEXTA.- Del plazo Otórgase noventa (90) días contados a partir de la aprobación de su reglamento interno a la Comisión Nacional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, para que presente ante la Presidencia del Consejo de Ministros, el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Piratería.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO Presidente del Consejo de Ministros

Instrução Normativa nº 156, de 22 de dezembro de 2000.
Institui os Certificados Eletrônicos da Secretaria da Receita Federal – SRF e-CPF e e-CNPJ.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:

Artigo 1º.- Ficam instituídos os Certificados Eletrônicos da SRF e-CPF e e-CNPJ, a serem utilizados, respectivamente, pelas pessoas físicas e jurídicas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no relacionamento, por meios eletrônicos, com a SRF.DAS DEFINIÇÕES

Artigo 2º.- Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:

I – Documento Eletrônico: documento cujas informações são armazenadas exclusivamente em meios eletrônicos;

II – Certificado Eletrônico: identificação emitida por Autoridade Certificadora Credenciada, e que garante, mediante o uso de tecnologia de chaves públicas e privadas, a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação, bem assim a privacidade e a inviolabilidade destes;

III – Autoridade Certificadora Credenciada: pessoa jurídica de direito público ou privado constituída sob as leis brasileiras, domiciliada no País, responsáveis pela emissão e administração dos Certificados Eletrônicos e-CPF e e-CNPJ;

IV – Autoridade Credenciadora: A SRF, responsável pelo credenciamento e auditoria das Autoridades Certificadoras;

V- Autoridade Registradora: pessoa jurídica de direito público ou privado constituída sob as leis brasileiras, domiciliada no País, com fé pública, responsável pela confirmação da identidade dos usuários dos certificados e-CPF e e-CNPJ;

VI – Usuário: pessoa física ou jurídica titular de Certificado Eletrônico e-CPF ou e-CNPJ;

VII – Sistema Criptográfico Assimétrico: algoritmo ou série de algoritmos, mediante o qual é gerado um par de chaves assimétricas, exclusivas e interdependentes, sendo uma privada e outra pública, utilizadas para criptografar e decriptar documentos eletrônicos;

VIII – Chave Privada: elemento do par de chaves assimétricas, de uso exclusivo do usuário, mediante o qual se apõe a assinatura digital no documento eletrônico ou se decripta um documento eletrônico previamente criptografado com a chave pública correspondente;

IX – Chave Pública: elemento do par de chaves assimétricas de uso público, por meio do qual se verifica a assinatura digital aposta no documento eletrônico pelo usuário do par de chaves assimétricas, ou se criptografa um documento eletrônico a ser transmitido ao usuário do referido par de chaves;

X – Assinatura Digital: processo eletrônico de assinatura, baseado em sistema criptográfico assimétrico, que permite ao usuário usar a chave privada para declarar a autoria de documento eletrônico, garantindo a não alteração do seu conteúdo;

XI – e-receit@ – conjunto de serviços disponibilizados pela SRF, por meio da Internet utilizando tecnologia que garanta a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos eletrônicos, bem assim a privacidade e a inviolabilidade destes documentos.DA VALIDADE JURÍDICA

Artigo 3º.- Os documentos assinados eletronicamente, inclusive pela SRF, mediante utilização de Certificado Eletrônico e-CPF ou e-CNPJ, consideram-se originais e têm o mesmo valor comprobatório daqueles emitidos em papel e firmados pelos meios convencionais.

Parágrafo único. Os documentos emitidos na forma deste artigo conterão obrigatoriamente data, hora, minuto e segundo da emissão.

Artigo 4º.- Os documentos assinados eletronicamente utilizando-se certificados e-CPF e e-CNPJ revogados ou com data de validade expirada, não terão valor legal.
DOS SERVIÇOS e-receit@

Artigo 5º.- Os Certificados Eletrônicos e-CPF e e-CNPJ serão utilizados nas relações do usuário com a SRF, por meio dos serviços e-receit@, objetivando facilitar e agilizar o atendimento do contribuinte.

Parágrafo único. Os serviços oferecidos pela SRF por meio da Internet serão desenvolvidos prioritariamente para os usuários de Certificados Eletrônicos.

DA AUTORIDADE CREDENCIADORA

Artigo 6º.- A SRF atuará como Autoridade Credenciadora das Autoridades Certificadoras por intermédio da Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistemas de Informação – COTEC, a quem compete:

I – analisar as solicitações de credenciamento;

II – emitir certificados para as Autoridades Certificadoras, credenciando-as a assinar os certificados e-CPF e e-CNPJ por elas emitidos;

III – notificar o vencimento do certificado da Autoridade Certificadora, com uma antecedência mínima de 13 meses;

IV – revogar os certificados das Autoridades Certificadoras que deixarem de cumprir os requisitos estabelecidos;

V – manter na Internet, de forma permanente, lista para acesso público, assinada e atualizada, contendo informação de certificados emitidos e revogados de Autoridades Certificadoras;

VI – elaborar plano de contingência de suas atividades;

VII – aprovar o manual de procedimentos para certificação de usuários, bem assim o plano de contingência e de encerramento de atividades, apresentados pelas Autoridades Certificadoras.

VIII – auditar periodicamente as atividades das Autoridades Certificadoras.

§ 1º A documentação referente ao credenciamento e auditoria das Autoridades Certificadoras será arquivada por prazo de dez anos.

§ 2º A auditoria periódica referida no inciso VIII será realizada pela SRF, diretamente ou por intermédio de profissionais ou empresas contratados para esse fim.

§ 3º As irregularidades identificadas durante o processo de auditoria serão notificadas à Autoridade Certificadora, estabelecendo, se for o caso, prazo para seu saneamento.

§ 4º A Autoridade Certificadora poderá contestar a notificação no prazo de cinco dias, contado da notificação das irregularidades.

DA AUTORIDADE CERTIFICADORA

Emissão do Certificado da Autoridade Certificadora

Artigo 7º.- O credenciamento da pessoa jurídica, na condição de Autoridade Certificadora, dar-se-á mediante solicitação apresentada à SRF, segundo os procedimentos descritos no Anexo I à esta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Deferida a solicitação, será emitido certificado específico para a Autoridade Certificadora, com validade de quatro anos.

Condições para credenciamento

Artigo 8º.- Poderá ser credenciada, na condição de Autoridade Certificadora, a pessoa jurídica que atender aos seguintes requisitos:

I – estar inscrita no CNPJ na condição Ativa Regular;

II – manter contrato de seguro válido para cobertura da responsabilidade civil decorrente da atividade de certificação, ajustável em função da quantidade de certificados de usuário emitidos;

III – possuir corpo técnico com comprovada experiência nas áreas de segurança de dados e informações, auditoria de sistemas e demais conhecimentos necessários para a operação como Autoridade Certificadora, e em quantidade adequada ao eficaz desempenho dessas atividades;

IV – comprovar a idoneidade fiscal, financeira, profissional e criminal de seus sócios, administradores e empregados;

V – dispor de instalações adequadas, com ambientes exclusivos para realização de cada uma das atividades específicas do processo de certificação, contendo:

a) salas-cofre com alvenaria reforçada, proteção eletromagnética e contra incêndio, para guarda dos equipamentos servidores responsáveis pela emissão dos certificados;

b) salas-cofre com alvenaria reforçada e proteção contra incêndio para guarda dos documentos relativos ao processo de certificação;

c) mecanismos de manutenção da energia elétrica sem interrupção, mediante do uso de nobreaks e geradores; e

d) alarmes e mecanismos de vídeo para monitoração de acesso;

VI – utilizar servidores de página Web e bancos de dados com implementação de mecanismos de segurança e controle de acesso lógico utilizando certificação digital nas estações de trabalho, equipamentos servidores e equipamentos de rede, devendo o ambiente ser protegido por firewal;

VII – possuir controle de acesso físico e lógico a recursos críticos, com segmentação por função, exigindo a presença sumultânea de pelo menos duas pessoas credenciadas para efetivar o acesso ao ambiente ou a funções críticas de sistemas;

VIII – disponibilizar, nos equipamentos servidores, somente serviços indispensáveis à operação de certificação de modo a reduzir vulnerabilidades dos sistemas;

IX – possuir mecanismos de redundância instalados em todos os equipamentos de modo a garantir a operação ininterrupta, vinte e quatro horas por dia, sete dias na semana.Parágrafo único. Para fins de credenciamento, pessoa jurídica deverá submeter à avaliação da SRF seu manual de procedimentos para certificação de usuários, bem assim o plano de contingência e de encerramento de atividades.

Renovação do credenciamento

Artigo 9º.- O credenciamento poderá será renovado, por solicitação da pessoa jurídica, de conformidade com os procedimentos estabelecidos no Anexo I desta Instrução Normativa, observado o disposto no inciso III do Artigo 6º.

Revogação de certificados

Artigo10.- O certificado da Autoridade Certificadora será revogado:

I – a pedido do titular do certificado ou de seu procurador, expressamente autorizado;

II – no caso de uso indevido do certificado ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas pela SRF;

III – no encerramento das atividades da Autoridade Certificadora.§1º A revogação indicará a data, hora, minuto e segundo a partir da qual será aplicada.

§2º O certificado não poderá ser revogado retroativamente.

§3º O certificado revogado será incluído imediatamente na lista de certificados revogados da SRF, que notificará a Autoridade Certificadora.

§4º Uma vez revogado o certificado da Autoridade Credenciadora, todos os certificados e-CPF e e-CNPJ por ela emitidos estarão também revogados.

DAS ATRIBUIÇÕES DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS

Artigo 11.- São atribuições das Autoridades Certificadoras:

I – emitir certificados e-CPF e e-CNPJ;

II – revogar os certificados dos usuários que deixaram de cumprir os requisitos estabelecidos pela Autoridade Certificadora;

III – notificar, com antecedência mínima de um mês, o vencimento do certificado dos usuários dos certificados e-CPF e e-CNPJ;

IV – adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade de sua chave privada, devendo solicitar imediatamente, à Autoridade Credenciadora, a revogação do seu certificado, em caso de comprometimento de sua segurança;

V – manter na Internet, de forma permanente, lista para acesso público, assinada e atualizada, contendo informação de certificados e-CPF e e-CNPJ emitidos e revogados;

VI – exigir dos usuários exclusivamente informações indispensáveis à efetivação do processo de certificação, vedada sua divulgação ou cessão, a qualquer título ou forma, a terceiros;

VII – disponibilizar, na Internet, manual de procedimentos para certificação, contendo as políticas e práticas adotadas para esse fim, bem assim informações sobre os direitos e obrigações do usuário e as medidas necessárias para garantir a segurança dos certificados emitidos;

VIII – dispo nibilizar na Internet mecanismo que permita aos usuários verificar a correta instalação dos certificados em seus equipamentos;

IX – manter, ininterruptamente, atividade que permita a revogação imediata do seu certificado mediante solicitação;

X – arquivar por um período de 10 anos toda a documentação referente à administração dos certificados e-CPF e e-CNPJ;

XI – permitir o acesso dos auditores autorizados pela SRF a todas as suas instalações de operação, colocando a disposição destes todos os documentos e informações necessários à realização da auditoria;

XII – contratar auditoria independente para fins de verificar, anualmente, o correto exercício das atividades de Autoridade Certificadora, de acordo com as regras aprovadas pela SRF, devendo a primeira auditoria ser realizada três meses após o início dessas atividades;

XIII – manter-se permanentemente atualizada com os recursos de informática disponíveis no mercado internacional, segundo especificações estabelecidas pela SRF.Parágrafo único.Caso as obrigações não sejam cumpridas, o credenciamento da Autoridade Certificadora será cancelado.

Artigo 12.- A Autoridade Certificadora responderá por perdas e danos sofridos pelos usuários ou por terceiros, em conseqüência do não cumprimento de suas obrigações ou da divulgação ou cessão de informações, bem assim pelos prejuízos oriundos da concessão ou revogação indevida, ou ainda da não revogação, em prazo hábil, de certificados.

Artigo 13.- Quando do encerramento das atividades ou do cancelamento do credenciamento da Autoridade Certificadora, todos os certificados emitidos pela Certificadora se tornarão inválidos, devendo a documentação referida no inciso X do Artigo 11 ser imediatamente entregue à SRF.
Parágrafo único. A SRF poderá autorizar a transferência dos certificados até então emitidos para outra Autoridade Certificadora credenciada anteriormente, devendo, neste caso, ser transferida, para esta, toda a documentação referente à administração dos certificados e-CPF e e-CNPJ.

DAS AUTORIDADES REGISTRADORAS

Artigo 14.- A SRF elencará os órgãos ou empresas que poderão atuar como Autoridade Registradora no processo de emissão dos certificados e-CPF e e-CNPJ.

Parágrafo único. A SRF poderá realizar auditoria das atividades desempenhadas pelas Autoridades Registradoras.

DOS USUÁRIOS

Artigo 15.- O usuário deverá solicitar a emissão do certificado e-CPF ou e-CNPJ, à Autoridade Certificadora credenciada, observados os procedimentos descritos no Anexo II à esta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Os certificados e-CPF e e-CNPJ emitidos pela Autoridade Certificadora terão validade mínima de um ano.

Artigo 16.- O titular do certificado e-CPF ou e-CNPJ é responsável por todos os atos praticados perante a SRF utilizando o referido certificado e sua correspondente chave privada, devendo adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade desta chave, e requerer imediatamente à Autoridade Certificadora a revogação do certificado, em caso de comprometimento de sua segurança.

Parágrafo único. É obrigatório o uso de senha para proteção da chave privativa do titular do certificado e-CPF ou e-CNPJ.

Renovação de certificados

Artigo 17.- Um mês antes do vencimento dos certificados e-CPF e e-CNPJ, a Autoridade Certificadora deverá notificar os usuários para que estes possam solicitar a renovação de seus certificados, conforme os procedimentos estabelecidos no Anexo II à esta Instrução Normativa.

Revogação de certificados

Artigo 18.- Os certificados e-CPF e e-CNPJ serão revogados:

I – a pedido do titular do certificado ou de seu procurador, expressamente autorizado;

II – de ofício ou por determinação da SRF, caso se verifique o uso indevido do certificado emitido ou a sua expedição baseada em informações falsas, bem assim na hipótese de extinção ou falecimento do usuário, no caso de pessoa jurídica ou física, respectivamente;

III – no encerramento das atividades da Autoridade Certificadora, quando não houver transferência dos certificados para outra Autoridade;

§1º A revogação deve indicar a data, hora, minutos e segundos a partir da qual será aplicada.

§2º Os certificados não poderão ser revogados retroativamente.

§3º Os certificados revogados serão incluídos imediatamente na lista de certificados revogados, devendo o usuário ser notificado.

§4º Uma vez revogado o certificado e-CNPJ do responsável pela Pessoa Jurídica perante a SRF, todos os certificados da Pessoa Jurídica emitidos estarão revogados.

Artigo 19.– A Autoridade Certificadora deverá manter na Internet, de forma ininterrupta, lista para acesso público, assinada e atualizada, contendo informação de certificados e-CPF e e-CNPJ revogados.

DOS CERTIFICADOS

Artigo 20.- O processo de emissão dos certificados e-CPF e e-CNPJ utilizará a seguinte estrutura hierárquica de certificados:

I – Certificado raiz SRF ou nível 0: certificado da Autoridade Credenciadora;

II – Certificado nível 1: certificado das Autoridades Certificadoras;

III – Certificado nível 2: certificado de usuário e-CPF e-CNPJ.

Parágrafo único. A SRF publicará seu certificado e os certificados emitidos para as autoridades certificadoras no Diário Oficial da União.

Artigo 21.- Os certificados e-CPF emitidos deverão obedecer ao padrão internacional ITU-T X.509v.3 e conterão as seguintes informações:

I – nome completo do usuário e seu respectivo número de inscrição no CPF;

II – chave pública do titular do certificado;

III – elementos que permitam identificar o sistema criptográfico utilizado;

IV – identificação e assinatura digital da Autoridade Certificadora emitente e da Autoridade Credenciadora;

V – data, hora, minuto e segundo de emissão do certificado;

VI – número de série exclusivo do certificado;

VII – data de início e fim de validade;

VIII – endereço na Internet da lista de certificados e-CPF revogados.Parágrafo único. A SRF poderá, a qualquer tempo, estabelecer novas informações a serem incluídas nos certificados e-CPF emitidos pelas Autoridades Certificadoras.

Artigo 22.- Os certificados e-CNPJ emitidos deverão obedecer ao padrão internacional ITU-T X.509v.3 e conterão as seguintes informações:

I – razão social e número de inscrição no CNPJ do usuário;

II – nome completo e respectivo número de inscrição no CPF do responsável pela pessoa jurídica perante o CNPJ;

III – chave pública do certificado;

IV – elementos que permitam identificar o sistema criptográfico utilizado;

V – identificação e assinatura digital da Autoridade Certificadora emitente e da Autoridade Credenciadora;

VI – data, hora, minuto e segundo de emissão do certificado;

VII – número de série exclusivo do certificado;

VIII – data de início e fim de validade;

IX – endereço na Internet da lista de certificados e-CNPJ revogados.

§ 1º No caso de e-CNPJ, poderão ser emitidos certificados distintos, com perfis de utilização distintos, para pessoas físicas autorizadas para esse fim.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, além das informações constantes do caput, deverão ser acrescidas as relativas ao nome completo e respectivo número de inscrição no CPF da pessoa física autorizada, bem assim a função por ela desempenhada da pessoa jurídica.

§3º Uma vez revogado o certificado e-CNPJ do responsável pela empresa perante a SRF, todos os certificados da Pessoa Jurídica emitidos pela Autoridade Certificadora estarão automaticamente revogados.

§4º A SRF poderá, a qualquer tempo, estabelecer novas informações a serem incluídas nos certificados e-CNPJ emitidos pelas Autoridades Certificadoras.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 23.- Na resolução de quaisquer questões judiciais entre as Autoridades Certificadoras e os usuários dos certificados e-CPF e e-CNPJ, fica estabelecido como foro a cidade brasileira onde se localiza a Autoridade Certificadora.

Artigo 24.- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

EVERARDO MACIEL

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA　

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

Exposición de motivos.

Desde la revolución liberal la Administración pública la diseñaron políticos y funcionarios para prevenir la arbitrariedad. Trataron de despojar a la voluntad de su rasgo más humano, la volubilidad, de manera que la toma de decisiones y su posterior modificación fueran el resultado de la　mecánica　en lugar de la manifestación del deseo del monarca o del noble.

La burocracia administrativa es, por tanto, la　cara　que protege a los ciudadanos contra la arbitrariedad y la cruz que sacrifica la efectiva satisfacción de sus derechos y necesidades en aras de la objetividad.

Esta Ley no pretende resolver, ni siquiera relajar, la enorme tensión existente en nuestra administración entre la legalidad material y la cada vez más necesaria efectividad de las políticas públicas. Limita su objetivo, en cambio, a dar entrada en los despachos administrativos a un nuevo instrumento de reconocimiento auténtico de la personalidad que, en un breve plazo, significará por su mero uso un cambio imparable de la manera en que, actualmente, estamos entendiendo la administración riojana.

En efecto, la idea burocrática solamente la hemos podido implantar en nuestras organizaciones mediante la realización de documentos, resoluciones, traslados, notificaciones, informes… cuya profusión tendencialmente imparable, ha creado un tiempo administrativo radicalmente distinto del que está asumido y es, en consecuencia, exigido por los ciudadanos.

En estos últimos años, la aceleración del tráfico comercial, jurídico, vital en definitiva, no ha tenido una respuesta suficiente por parte de la Administración. Caminar a la par de la sociedad a la que sirve o, cuando menos, no perder su rastro, hemos experimentado que no pasa por luminosas reformas administrativas, sino por entender, asumir y dar entrada cautelosa a los medios e ideas que dinamizan la sociedad y que ella misma crea.

El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, otorga carta de naturaleza a la firma electrónica en el ordenamiento jurídico español. Por su parte, el estado de la técnica nos permite garantizar la efectividad de los factores o condicionamientos exigidos por la más rancia práctica burocrática, para que la firma electrónica no sólo pueda sustituir sino que mejore la seguridad de la firma manual.

La personalidad del firmante, la integridad y autenticidad del documento, la personalidad del receptor, y todos los datos temporales, están plenamente contrastados. Al tiempo, en la Administración de la Comunidad Autónoma existen experiencias de firma electrónica, que permiten avalar la factibilidad de este modo de firma y su eficacia en el seno de la Administración riojana.

Esta Ley procura un marco jurídico-administrativo para el conjunto de las Administraciones riojanas que otorgue seguridad jurídica al uso de la firma electrónica en la Administración e instituye al ciudadano como el principal motor de la extensión de la firma electrónica en cada procedimiento que lleve a cabo una Administración riojana. De esta manera, los ciudadanos riojanos adquieren un derecho subjetivo a intervenir en la gestión pública para la consecución de objetivos de mejora queridos por la Ley, y por tanto, por la representación popular.

La presente disposición se elabora de acuerdo con los preceptos estatutarios Octavo. Uno.1 y 2, relativos a las instituciones de autogobierno y las especialidades de la organización propia de La Rioja; Diecinueve. Uno. a) y b), declarativos de la potestad legislativa del Parlamento de La Rioja; Veintitrés. Uno, sobre la Administración de la Comunidad Autónoma; y,　 reinta y tres, expresivo de los principios rectores de coordinación y colaboración que deben regir entre las Administraciones Públicas riojanas y también de la competencia del Parlamento para regular materias de Administración Local.

TÍTULO I.- CONCEPTOS GENERALES.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta Ley regula el uso de la firma electrónica avanzada en el ámbito de las Administraciones Públicas riojanas, así como en las relaciones entre éstas y los ciudadanos.

2. A estos efectos se consideran Administraciones Públicas riojanas: La de la Comunidad Autónoma de La Rioja; los entes de derecho público y empresas públicas vinculados o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la medida que ejerzan potestades administrativas; la Administración del Parlamento de La Rioja, y las Administraciones Locales.

Artículo 2.- Derechos de los ciudadanos y principios generales.

1. En la Comunidad Autónoma de La Rioja los ciudadanos tienen derecho en los términos de la presente Ley a:

2. Para la efectiva satisfacción de los derechos de los ciudadanos, las Administraciones Públicas riojanas deberán:

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja colaborará con las Administraciones Locales que lo precisen en la implantación del sistema de firma electrónica avanzada y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones necesarias para la adecuación de aquéllas a las exigencias de la sociedad de la información o del conocimiento.

A tal efecto, el Gobierno de La Rioja establecerá los instrumentos de cooperación necesarios para que el uso del sistema de firma electrónica avanzada y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones sean compatibles en todas las Administraciones Públicas riojanas.

Artículo 3.- Órganos rectores en materia de sistema de firma electrónica avanzada y tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Los órganos rectores en La Rioja competentes para promover, organizar e implantar el uso del sistema de firma electrónica avanzada y la promoción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones son:

Artículo 4.- Comité riojano para las tecnologías de la información.

Se crea el Comité riojano para las tecnologías de la información, como órgano colegiado de cooperación y consulta en esta materia adscrito a la Consejería que tenga asignadas las competencias en materia de administraciones públicas.

Artículo 5.- Composición del Comité riojano para las tecnologías de la información.

1. El Comité riojano para las tecnologías de la información estará compuesto por los miembros que se determine reglamentariamente. En su composición deberán estar representadas las distintas Administraciones a que se refiere el artículo primero de esta Ley.

2. Bajo la dependencia del Comité se podrán establecer Comisiones técnicas de estudio y apoyo a los trabajos del mismo.

Artículo 6.- Funcionamiento del Comité riojano para las tecnologías de la información.

Reglamentariamente se determinará la organización y funcionamiento del Comité Riojano para las tecnologías de la información.

Artículo 7.- Competencias de los órganos rectores.

1. Corresponde al Gobierno:

2. Corresponde al Comité riojano para las tecnologías de la información:

Arrêté du 20 mai 2005 habilitant le consul honoraire de France à Seattle à collecter les données à caractère personnel transmises au traitement automatisé prévu à l'article 1er du décret nº 2004-1266 du 25 novembre 2004.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 20 mai 2005, M. Jack Cowan, consul honoraire de France à Seattle, circonscription consulaire de San Francisco, est autorisé à collecter les données à caractère personnel transmises au traitement automatisé prévu à l'article 1er du décret nº 2004-1266 du 25 novembre 2004.

CAPÍTULO I.- REGISTRO, SECUESTRO Y EXAMEN DE DOCUMENTOS PRIVADOS

Artículo 1.- Competencia.

Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento.

Para los efectos de esta Ley, se consideran documentos privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los registros, los planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo.

Artículo 2.- Atribuciones del Juez.

Cuando resulte indispensable para averiguar la verdad, el Juez podrá ordenar, de oficio, a petición de la autoridad policial a cargo de la investigación, del Ministerio Público o de alguna de las partes del proceso, el registro, el secuestro y el examen de cualquier documento privado, siempre que pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna conducta delictiva. El Juez realizará personalmente la diligencia, salvo en casos de excepción, en los que, según su criterio, pueda ser delegada en miembros del Organismo de Investigación Judicial o del Ministerio Público, quienes deberán informarle sobre el resultado de la diligencia.

Artículo 3.- Requisitos de la orden de secuestro, registro o examen.

La orden de secuestro, registro o examen deberá efectuarse, so pena de nulidad, mediante auto fundado en el que se individualicen, de ser posible, los documentos sobre los que se ejecutará la medida de registro, secuestro o examen, el nombre de la persona que los tenga en su poder y el lugar donde se encuentran.

De ser secuestrados otros documentos que no se incluyan en la orden, deberán restituirse inmediatamente a quien se le secuestraron, salvo que el Juez los estime trascendentales para esa u otra investigación; si así fuera, el Juez deberá ampliar la orden para incluirlos y justificar el motivo por el cual se incluyeron.

Artículo 4.- Derechos del intervenido.

Al ejecutar el registro, el secuestro o el examen, el Juez o el funcionario designado notificará y entregará copia de la orden judicial que lo autoriza, a quien le sean registrados, secuestrados o examinados los documentos. De esto se levantará un acta de la cual también se le entregará una copia, al finalizar la diligencia.

El interesado, dentro de los tres días posteriores a la ejecución de la medida, podrá solicitar su reconsideración y que se le restituyan los documentos secuestrados. La resolución de la anterior solicitud se sustanciará dando audiencia, por tres días a las partes. Contra lo resuelto por el Juez cabrá recurso de apelación.

Artículo 5.- Inventario, custodia y reproducción de documentos.

Se efectuará un inventario de los documentos secuestrados y se mantendrán en segura custodia, a disposición del Tribunal, el cual entregará al interesado un recibo detallado de los documentos que permanezcan en su poder.

Únicamente en casos de sentencia condenatoria, en los que sea aplicable el comiso, los documentos secuestrados quedarán en poder del Juez. Cuando los documentos secuestrados corran riesgo de desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o así convenga al proceso, podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de ellos. Los documentos deben asegurarse con el sello del Tribunal, con la firma del Juez y la del Secretario; además, las copias deberán firmarse en cada una de sus hojas. Igual procedimiento ha de seguirse si se entrega copia de los originales a quien le fueron secuestrados. Cuando su depósito le cause algún perjuicio al interesado, y sea posible a juicio del Juez, le serán devueltos los documentos originales. En ese caso, quedarán en custodia del Tribunal copias auténticas de ellos.

Artículo 6.- Procedimiento en casos especiales.

Cuando se trate de un documento que forme parte de un volumen o de un registro del cual no pueda ser separado, el secuestro se aplicará a la totalidad, sin perjuicio de que pueda procederse como indica el Artículo anterior.

Artículo 7.- Condiciones para examen técnico de documentos.

Cuando los documentos secuestrados deban ser sometidos a exámenes técnicos de cualquier tipo, la remisión deberá efectuarla la autoridad judicial y asegurarse de que, en el despacho, siempre permanezca agregada al expediente de la causa, una copia certificada de esos documentos.

Artículo 8.- Copia certificada para proteger documentos.

Cuando los documentos puedan alterarse por cualquier motivo o cuando, por su naturaleza o contenido, sean de difícil reposición en caso de extravío, se procederá en la forma estipulada en el Artículo anterior.

CAPÍTULO II.- INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

Artículo 9.- Autorización de intervenciones.

Dentro de los procedimientos de una investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos; homicidio calificado; genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, nº 8204, del 26 de diciembre del 2001.

En los mismos casos, dichos tribunales podrán autorizar la intervención de las comunicaciones entre los presentes, excepto lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de la presente Ley; cuando se produzcan dentro de domicilios y recintos privados, la intervención solo podrá autorizarse si existen indicios suficientes de que se lleva a cabo una actividad delictiva.

(Reformado por Ley nº 8238 de 26 de marzo del 2002)

Artículo 10.- Orden del Juez para intervenir.

El Juez, mediante resolución fundada, de oficio, a solicitud del Jefe del Ministerio Público, del Director del Organismo de Investigación Judicial o de alguna de las partes del proceso, si hubiere, podrá ordenar intervenir las comunicaciones orales o escritas, cuando pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna de las conductas delictivas, a las que se refiere el artículo anterior.

El Juez realizará personalmente la diligencia, salvo en casos de excepción en los cuales, según su criterio, podrá delegarla en miembros del Organismo de Investigación Judicial o del Ministerio Público, quienes deberán informarle, por escrito, del resultado. De ello deberá levantarse el acta correspondiente.

(Adicionado por resolución interlocutoria nº 329-I-95 del 27 de junio de 1995)

La solicitud de intervención deberá estar por escrito, expresar y justificar sus motivos y cometidos, con el propósito de que puedan ser valorados por el Tribunal. En caso de que sea solicitada por el Organismo de Investigación Judicial deberá contener, además, los nombres de los oficiales a cargo de la investigación. En los demás casos, el Juez solicitará a ese Organismo la designación respectiva.

Artículo 11.- Autorización o denegación para intervenir.

Examinada la solicitud correspondiente, el Juez emitirá una resolución fundada, mediante la cual autoriza o deniega la intervención.

Si se ordena la intervención y ya existe proceso en trámite, el dictado deberá mantenerse en secreto y no agregarse al expediente, hasta que haya cesado la intervención y se hayan anexado los resultados obtenidos.

Realizado lo anterior, se concederá audiencia a las partes del proceso, por el término de tres días, para que formulen las consideraciones necesarias.

Aún cuando no exista proceso en trámite, deberá procederse en la forma indicada en los párrafos anteriores.

Si la resolución deniega la intervención, deberá notificarse al gestionante.

Artículo 12.- Plazos y prórrogas de la intervención.

La intervención ordenada se autorizará por un lapso máximo hasta de tres meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el Juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo.

Artículo 13.- Contenido de la autorización para intervenir.

La resolución mediante la cual se autorice intervenir las comunicaciones orales o escritas, deberá contener, so pena de nulidad:

a) La indicación expresa del hecho que se pretende esclarecer.

b) El nombre del dueño o del usuario del medio de comunicación por intervenir o del destinatario de la comunicación y su vínculo con los hechos.

c) El período durante el cual tendrá vigencia la medida ordenada.

d) El nombre de la oficina y de los funcionarios autorizados para realizar la intervención.

Artículo 14.- Empleo de medios técnicos para conocer y conservar comunicaciones.

Al efectuar la intervención de las comunicaciones orales o escritas, podrán utilizarse todos los medios técnicos pertinentes, encaminados a conocer y a conservar las comunicaciones que se produzcan.

Artículo 15.- Nombramiento y capacitación del personal a cargo de la intervención.

El Poder Judicial, por medio de los órganos correspondientes, nombrará al personal técnico especializado para cumplir con las tareas que se ordenan en esta Ley. Este personal deberá ser de comprobada integridad y ser capacitado en sus labores específicas y en los derechos civiles, que puedan ser perturbados por la intervención.

El nombramiento de ese personal deberá ser ratificado por la Corte Plena, la cual establecerá y desarrollará sus sistemas y formas de operación. La Corte Plena establecerá, asimismo, los mecanismos de supervisión interna y externa. La supervisión interna estará a cargo del Jefe del Ministerio Público y del Director del Organismo de Investigación Judicial; la externa será responsabilidad de una comisión especial, integrada por tres magistrados, nombrada por la Corte Plena.

Artículo 15 bis.- Prohibición

A los funcionarios del Sistema de Emergencias 9-1-1 u otros similares, se le prohíbe participar o colaborar en la intervención de las comunicaciones.

(Adicionado por el artículo 14 de la Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911 nº 7566 del 18 de diciembre de 1995)

Artículo 16.- Responsabilidad del Juez.

El Juez que ordene la intervención será el responsable directo de todas las actuaciones realizadas en la aplicación de las medidas, sin que pueda haber delegación alguna en este sentido.

El personal técnico encargado de ejecutar la medida quedará subordinado a la autoridad judicial correspondiente, mientras dure su aplicación.

El Juez ordenará y velará porque la intervención se realice de la manera menos gravosa para terceras personas no investigadas.

Artículo 17.- Levantamiento del acta al instalar medios de intercepción.

Al instalar los medios de intercepción, el Juez levantará un acta donde consten la fecha, la hora en que se inicia y las condiciones en que se efectuará la medida, en ella se irán adicionando todas las circunstancias útiles para la investigación.

Artículo 18.- Selección de comunicaciones intervenidas.

Las comunicaciones se registrarán y se conservarán, utilizando todos los medios técnicos posibles; en caso de tratarse de comunicaciones orales, deberán grabarse, sin excepción.

El Juez bajo cuya responsabilidad y supervisión se realizó el acto, deberá custodiar cada uno de los implementos que contengan las comunicaciones. Finalizada la intervención, el Juez, con la asistencia del Ministerio Público, la defensa y la autoridad policial respectiva, seleccionará las comunicaciones útiles y relacionadas con la investigación, que serán transcritas y conservadas; las demás deberán conservarse en los implementos que las contengan, bajo la exclusiva responsabilidad del Juez, quien garantizará la reserva de confidencialidad absoluta.

Artículo 19.- Levantamiento del acta al retirar medios de intercepción.

Mediante acta con las formalidades señaladas en la ley, el Juez a cargo de la intervención deberá hacer constar la hora y la fecha en que se remueva cada implemento de grabación y registrar cualquier otra información pertinente.

Artículo 20.- Obligatoriedad de empresas e instituciones para facilitar la intervención.

Las empresas y las instituciones que brindan los servicios de comunicación están obligadas a conceder, a la autoridad judicial, todas las facilidades materiales y técnicas para que las intervenciones sean efectivas, seguras y confidenciales.

Para informarles sobre la disposición judicial, será necesario un oficio del Tribunal, en el que se consigne la información necesaria; no será requisito notificarles el contenido de la resolución que dispuso la medida.

CAPÍTULO III.- RESPONSABILIDADES, PROHIBICIONES Y SANCIONES

Artículo 21.- Responsabilidades del Juez.

Serán responsabilidades del Juez:

1.- Dictar las resoluciones que autorizan la intervención de las comunicaciones o el registro, el secuestro o el examen de documentos, según lo prescrito en la presente Ley.

2.- Guardar la confidencialidad y el secreto de toda la información obtenida mediante la aplicación de las medidas autorizadas, salvo para los efectos que originaron el acto.

3.- Velar porque la medida se disponga sólo en los casos y con las formalidades que, expresamente, prevé esta Ley. Además, será responsable directo de todas las actuaciones realizadas en la aplicación de las medidas, según las estipulaciones de la presente Ley.

Artículo 22.- Prohibiciones a los encargados de intervenir.

A los funcionarios y empleados participantes en la intervención de las comunicaciones, el registro, el secuestro o el examen de documentos o a quienes tengan la potestad de solicitar estas medidas, se les prohíbe lo siguiente:

1.- Utilizar los resultados de la intervención para propósitos distintos de los que la motivaron.

2.- Ayudar, directa o indirectamente, a alguien para que eluda las investigaciones de la autoridad o se sustraiga de su acción.

3.- Violar la confidencialidad y el secreto de todas las medidas e informaciones autorizadas en esta Ley, salvo para los efectos que originaron el acto.

4.- Inducir al Juez a disponer una intervención de comunicaciones, el registro, el secuestro o el examen de documentos privados, por medio de la simulación, la alteración, el ocultamiento, la suposición de hechos o documentos falsos o la deformación de los verdaderos.

Artículo 23.- Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicación.

Serán obligaciones de los funcionarios responsables de las empresas o instituciones públicas y privadas a cargo de las comunicaciones:

1.- Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas por el Juez competente se hagan efectivas.

2.- Acatar la orden judicial, de tal manera que no se retarde, se obstaculice o se impida la ejecución de la medida ordenada.

Artículo 24.- Sanciones por dolo.

Se reprimirá, con prisión de uno a tres años, al juez y al funcionario policial o del Ministerio Público, que divulgue o utilice la información recabada mediante el secuestro de documentos o la intervención de comunicaciones, con un propósito diferente del establecido en la orden.

Con igual pena, se reprimirá al funcionario que no observe las formalidades ni los requisitos prescritos en esta Ley, al ordenar o practicar un secuestro, un examen, un registro de documentos o una intervención de comunicaciones.

Artículo 25.- Sanciones por culpa.

Se reprimirá, con prisión de seis meses a dos años, al juez o al funcionario policial o del Ministerio Público que, por culpa, divulgue o permita que se divulgue información obtenida mediante el secuestro de documentos o la intervención de las comunicaciones.

CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26.- Aplicación de la materia de esta Ley durante el proceso penal.

Se podrán intervenir, registrar, secuestrar o examinar las comunicaciones orales o escritas, cuando las transmita o remita el sospechoso o el imputado si se ha iniciado el proceso penal, o si se destinan a él, aunque sea con un nombre supuesto o por medio de una persona interpuesta, usada como conexión, siempre que se relacionen con el delito.

No se podrán secuestrar, registrar o examinar los documentos privados ni intervenir las comunicaciones que realicen el abogado defensor, debidamente acreditado como tal, y su cliente, siempre que se produzcan en el ejercicio del derecho de defensa.

Artículo 27.- Contenido de las actas.

Las actas que deban levantarse al aplicar las medidas previstas en esta Ley, deben contener la fecha, la hora y el lugar de la diligencia; el nombre y los apellidos de las personas que actúan y el cargo que ostentan, así como la indicación de las diligencias realizadas, sin perjuicio de otra circunstancia que amerite incluirse.

Las actas deben ir firmadas por el Juez y por el Secretario respectivo o, en su caso, por el Juez y dos testigos de la actuación. En los casos de excepción en que el Juez no haya realizado personalmente la diligencia, deberá firmar el acta la persona delegada, siempre con el Secretario o los dos testigos de actuación.

Artículo 28.- Uso restringido de la información.

Los resultados de la intervención de las comunicaciones orales o escritas no podrán ser utilizados para ningún propósito distinto del que motivó la medida.

Artículo 29.- Consentimiento del titular del derecho.

No existirá intromisión ilegítima cuando el titular del derecho otorgue su consentimiento expreso. Si son varios los titulares, deberá contarse con el consentimiento expreso de todos. Este consentimiento será revocable en cualquier momento.

Cuando la persona que participa en una comunicación oral, escrita o de otro tipo, mediante la cual se comete un delito tipificado por la ley, la registre o la conserve, esta podrá ser presentada por la persona ofendida, ante las autoridades judiciales o policiales, para la investigación correspondiente.

Si las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior han servido a las autoridades jurisdiccionales para iniciar un proceso penal, las grabaciones de tales comunicaciones o los textos que las transcriben podrán presentarse como pruebas ante el juez, en el juicio correspondiente.

(Reformado por Ley nº 8200 de 10 de diciembre del 2001)

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 30.- Adición al Código de Procedimientos Penales.

Se adiciona el Capítulo IX, titulado «La intervención de las comunicaciones» al Título III «Medios de prueba» del Libro Segundo del Código de Procedimientos Penales. Este capítulo sólo constará de un Artículo, cuyo texto dirá:

«Artículo 263 bis.- El Juez podrá ordenar, de oficio o a petición de las partes del proceso, la intervención de las comunicaciones orales o escritas del imputado, así como el registro, el secuestro y el examen de documentosprivados. Deberá actuar según el procedimiento y en los casos previstos en la ley que rige la materia.»

Artículo 31.- Derogatoria y reformas.

Se deroga el Artículo 199 del Código Penal.

Se reforman los Artículos 196, 197, 198 y 200 del Código Penal, cuyos textos dirán:

«Artículo 196.- Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien abra o se imponga del contenido de una comunicación destinada a otra persona, cualquiera que sea el medio utilizado.»

«Artículo 197.- Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien se apodere de una carta o de otro documento privado, aunque no esté cerrado, o al quesuprima o desvíe de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.»

«Artículo 198.- Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, mediante procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. La misma pena se impondrá a quien instale aparatos, instrumentos, o sus partes, con el fin de interceptar o impedir las comunicaciones orales o escritas, logren o no su propósito.»

«Artículo 200.- En los casos de los tres Artículos anteriores, se impondrá prisión de dos a seis años si la acción se perpetra:

a) Por funcionarios públicos, en relación con el ejercicio de sus funciones.

b) Por quien ejecute el hecho, prevaliéndose de su vinculación con una empresa o institución pública oprivada encargada de las comunicaciones.

c) Cuando el autor publique la información obtenida o aún sin hacerlo, tenga carácter privado, todo a juicio del Juez.»

Artículo 32.- Vigencia.

Rige a partir de su publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO UNICO.- Para la aplicación inmediata de la presente Ley, el Poder Judicial deberá definir su costo y el Ministerio de Hacienda realizar los ajustes necesarios durante el presente año económico. En los años siguientes, el presupuesto para esta actividad se incorporará al Poder Judicial.

Délibération nº 2006-162 du 8 juin 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les biologistes à des fins de gestion du laboratoire d'analyses de biologie médicale (norme simplifiée nº 53).

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention nº 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 8 ;

Vu la loi nº 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11, 22, 23, 24-I et 30 ;

Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 et suivants, L. 6211-1 et suivants et R. 6211-1 et suivants ;

Vu les articles L. 161-29, R. 115-1 et suivants et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret nº 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret nº 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie pharmaceutique, codifié aux articles L. 4235-1 à L. 4235-77 du code de la santé publique ;

Vu le décret nº 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, codifié aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le Guide de bonne utilisation de l'informatique (GBUI) et le Guide de bonne exécution des analyses (GBEA), publié par l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;

Vu la délibération nº 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel ;

Après avoir recueilli les observations du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP), du Syndicat des biologistes (SDB), de la Société française d'informatique de laboratoire (SFIL) et de la Fédération des centres de regroupement informatique et statistique en anatomie pathologique (CRISAP) ;

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.

Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale à des fins de gestion du laboratoire sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition,

Décide :

Article 1. Champ d'application.

Peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale qui répondent aux conditions définies aux articles 2 à 7 ci-après.

La présente norme ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre au sein des laboratoires spécialisés dans la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales définis à l'article R. 1131-2 du code de la santé publique ou de l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires. Elle ne s'applique pas à ceux mis en oeuvre au sein des laboratoires qui pratiquent des activités d'assistance médicale à la procréation.

Elle ne s'applique pas non plus aux traitements mis en oeuvre au sein des laboratoires d'anatomo-cyto-pathologie.

Article 2. Finalités du traitement.

Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative des laboratoires, la réalisation des analyses et l'interprétation et la transmission des résultats.

Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :

– l'enregistrement des prescriptions d'analyses ;

– l'enregistrement de la » fiche de suivi médical » ;

– la gestion des rendez-vous ;

– la transmission de prélèvements aux fins d'analyses vers d'autres laboratoires ;

– la gestion des analyses et des résultats ;

– l'établissement et la télétransmission des feuilles de soins ;

– l'envoi des résultats et de courriers aux confrères et aux professionnels de santé prescripteurs ;

– la réalisation d'études statistiques à usage interne ;

– la participation à des études épidémiologiques.

Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.

Article 3. Informations collectées et traitées.

Les informations suivantes relatives au patient peuvent être collectées et traitées :

– identité : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone ;

– numéro de sécurité sociale et taux de prise en charge (régime d'exonération, durée de validité des droits) : pour l'édition des feuilles de soins et la télétransmission aux organismes assurant la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie dont il dépend, dans les conditions définies par les articles R. 115-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

– adhésion à un régime complémentaire : numéro d'adhérent et taux de prise en charge ;

– santé : prescriptions, résultats et comptes rendus d'analyses, coordonnées des médecins traitants, renseignements biologiques, cliniques et thérapeutiques, antécédents, traitements en cours.

Des informations relatives aux habitudes de vie du patient peuvent être collectées avec l'accord du patient et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la réalisation ou à l'interprétation des examens demandés.

Article 4. Destinataires des informations.

Le directeur, le directeur adjoint du laboratoire et, dans la limite des habilitations délivrées par eux et sous leur responsabilité, les membres du personnel du laboratoire ont accès aux informations relatives au patient.

Les laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d'analyses sont destinataires de l'identité du patient et des informations nécessaires à la réalisation de l'analyse.

Le praticien prescripteur et le ou les médecins traitants désignés par le patient sont destinataires de l'identité du patient et des résultats d'analyses pour les patients qu'ils suivent.

Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord de la personne concernée, les professionnels de santé et, dans les établissements de santé, les membres de l'équipe de soins assurant sa prise en charge sont destinataires de l'identité du patient et des résultats et comptes rendus d'analyses le concernant.

Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les agents habilités des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans la limite de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des actes effectués.

Les personnels habilités des organismes d'assurance maladie complémentaire sont destinataires dans la limite de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme d'une codification tarifaire globale, des actes effectués.

Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 5. Durée de conservation.

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées dans l'application au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient. A l'issue de cette période, elles sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées pendant quinze ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l'application.

Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975, le relevé chronologique des analyses effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire doit être conservé pendant dix ans. Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire doivent être conservés pendant cinq ans.

Pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale dans les établissements de santé, les dossiers et livres de registre doivent être conservés pendant vingt ans.

En cas de télétransmission, le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception doivent être conservés pendant 90 jours, conformément à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale.

Article 6. Information et droit d'accès.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, les personnes dont les données sont enregistrées et conservées dans le fichier du laboratoire sont informées, par un document affiché dans ses locaux ou remis en main propre, de l'identité du responsable du traitement, de la finalité de ce dernier, des destinataires des informations et des modalités pratiques d'exercice de leurs droits, en particulier du droit d'accès aux informations qui les concernent.

Les résultats d'analyses sont remis au patient en main propre ou envoyés sous pli cacheté à ses nom et adresse. Ils peuvent être remis à toute personne dûment mandatée par lui. Lorsqu'un patient est mineur ou majeur protégé par la loi, les résultats ne peuvent être remis qu'à son représentant légal, sauf lorsque la loi prévoit une transmission directe des résultats.

Article 7. Politique de confidentialité et sécurités.

Des mesures de sécurité physique et logique sont mises en place afin de préserver la confidentialité des informations couvertes par le secret médical et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions réglementaires prévues par l'arrêté du 26 novembre 1999 portant guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.

En particulier, le directeur et le directeur adjoint du laboratoire accèdent à l'application en utilisant leur carte de professionnel de santé. Les personnels placés sous leur autorité doivent également disposer d'une carte d'accès ou d'un mot de passe personnel.

En cas d'utilisation du réseau Internet pour transmettre des données personnelles de santé, et en particulier les résultats d'analyses, un système de chiffrement » fort » des transmissions et, le cas échéant, une messagerie sécurisée doivent être mis en place ; un dispositif technique approprié doit être installé et mis à jour régulièrement afin de se prémunir des risques de captation des données ; le système de réception des informations doit respecter leur confidentialité. En outre, le système de transmission utilisé doit garantir l'intégrité des données.

Un système permettant une traçabilité des accès et traitements doit également être mis en oeuvre.

Le directeur du laboratoire définit une politique de confidentialité et les mesures effectivement mises en oeuvre pour garantir la sécurité des données.

Article 8. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2006.

Le vice-président délégué, G. Rosier

ING. IGNACIO LOYOLA VERA,

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 7, 40 Y 41 FRACCIÓN XXIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA, Y

C O N S I D E R A N D O

Que hoy en día la ciudadanía exige mayor participación en los asuntos públicos, por ello, requiere estar informada de lo que hace y dispone la autoridad, como una posibilidad de control y orientación de la actuación de los gobernantes e instrumento cierto en el combate a la corrupción y a la justa evaluación de las políticas públicas.

Que el derecho a la información tiene su génesis en documentos internacionales, entre los cuales se puede citar la Encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, o el Concilio Ecuménico Vaticano II, los cuales en términos generales señalan que la sociedad humana tiene derecho a la información e incluso lo consideran dentro del rango del derecho natural.

Que asimismo, un sin número de documentos y acuerdos internacionales aprobados por el Senado, plasman el derecho a la información, señalando objetivamente que, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, determinando asimismo que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Que de lo anterior se deriva que la libertad de expresión es limitada o nula, cuando no existe el derecho a la información; además, no podemos omitir que el derecho a la información es complementario del derecho subjetivo público de la libertad de expresión del pensamiento, a través de cualquier procedimiento de exteriorización de ideas.

Que en el marco constitucional, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado; por su parte el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, establece que la población tiene derecho a estar informada de manera continua y suficiente sobre las actividades que lleven a cabo las autoridades estatales y municipales, y en general sobre los acontecimientos de su entorno local y regional.

Que igualmente a partir del Plan Básico de Gobierno 1976-1982, se establece que el derecho a la información es una condición de nuestra democracia, un instrumento de liberación y no de explotación de conciencias alineadas con fines de grupo o de poder; en suma, una prolongación lógica del derecho que a la educación tienen todos los mexicanos y propone una evaluación de los procedimientos y formas de organización de las entidades gubernamentales y privadas que producen la información.

Que por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala que en el nuevo sistema democrático que estamos construyendo, el gobierno está obligado a establecer los mecanismos e instrumentos que le permitan informar y rendir cuentas a los ciudadanos, a los demás poderes y a cada uno de los órdenes de gobierno.

Que no obstante que el derecho a la información está garantizado por normas internacionales y constitucionales, nuestro Estado no cuenta con la Ley reglamentaria que regule y garantice el ejercicio del derecho citado, siendo por ello imperativo y de interés público la reglamentación del Derecho a la Información en el ámbito local, con la finalidad de evitar que éste sea una mera declaración dogmática del Estado, sin proyección pragmática positiva.

Que en respuesta a lo anterior y tomando en consideración que esta Legislatura es competente para legislar en materia de derecho de información, dado que ello no es facultad expresa ni implícita del Congreso de la Unión, y con la finalidad de Reglamentar el artículo 7 de nuestra Constitución Política del Estado de Querétaro, se expide la presente ley, misma que responde a las demandas sociales planteadas ante esta Legislatura, por los diferentes sectores sociales.

Que en la presente Ley se prevé lo necesario para garantizar al gobernado el acceso a la información pública generada por las entidades gubernamentales del Estado, partiendo de la premisa de que toda la información con la que cuente el Estado es pública y que los funcionarios públicos son simples depositarios de la misma.

Que por otro lado y a fin de no afectar los derechos de terceros, se prevén excepciones a la premisa principal, previendo conceptos de información reservada e información confidencial, lo cual no significa que las autoridades queden eximidas de su obligación de proporcionar la información pública al gobernado, pues simplemente se establecen criterios que limitan el acceso a la información, salvaguardando por encima de él los derechos privados que se refieren a la esfera personal o los casos en que por razones de seguridad pública, salud, derechos de exclusividad, etc., deba salvaguardarse la reserva o confidencialidad de la información.

Que en el entendido de que las decisiones gubernamentales tienen que ser conocidas y abiertas a la observación y evaluación públicas, las entidades gubernamentales del Estado de Querétaro tienen la obligación de evitar la secrecía, la discrecionalidad y el hermetismo de sus actos, desertando con ello los excesos y arbitrariedades indebidas del poder público, al instituir en esta Ley un medio de control social sobre la eficiencia y legalidad del gobierno.

Que al ser una necesidad el acotar las decisiones discrecionales de las entidades gubernamentales, en la presente Ley se crea un órgano autónomo ciudadanizado que garantizará el acceso de los gobernados a la información pública, vigilará que se cumpla con el deber de proporcionar la información requerida y resolverá mediante un procedimiento expedito las inconformidades que promuevan los gobernados en contra de las instancias públicas que se rehúsen a proporcionar la información solicitada, además de ser la última instancia local para la aplicación e interpretación de la presente Ley.

Que este ordenamiento prevé las responsabilidades a que se pueden hacer acreedores los servidores públicos que atenten contra el multicitado derecho de acceso a la información del gobernado; asimismo, se prevé mediante normas claras el procedimiento administrativo de acceso a la información y se instituye la obligación de las entidades gubernamentales de crear una unidad administrativa, instancia ante la cual el gobernado podrá acudir a solicitar la información pública que requiera.

Que no obsta mencionar que la presente Ley tiene el propósito de garantizar el legal desempeño del servicio público, la honestidad de los gobernantes y sobre todo asegurar la participación ciudadana, garantizando el acceso de los gobernados a la información pública, mediante la obligación del servidor público de informar de sus actos y proporcionar la información pública que le requiera el particular.

Por lo expuesto y fundado, esta Quincuagésima Tercera Legislatura expide la siguiente:

LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Capítulo Primero.- Disposiciones Generales

Artículo 1.– La presente Ley es de orden público y de observancia obligatoria para los servidores públicos de la entidad. Tiene por objeto garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Poderes, Dependencias, Entidades gubernamentales y aquellas consideradas como de Interés Público del Estado de Querétaro.

Artículo 2.- Toda la información gubernamental es pública según la clasificación que se hace en la presente; los particulares tienen el derecho de conocerla y exponerla en tanto que los Poderes, Dependencias y Entidades del Estado de Querétaro que la generen, administren o conserven son depositarios de la misma.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Comisión: La Comisión Estatal de Información Gubernamental;

II.- Datos Personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que este referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad;

III.- Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés público, en los términos de la presente Ley;

IV. Entidad Gubernamental:

a) Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado, sus órganos y dependencias.

b) Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, estatales y municipales.

c) Los ayuntamientos, sus órganos y dependencias.

d) Los organismos dotados de autonomía por la Constitución Política del Estado de Querétaro;

V.- Entidad de Interés Público: Los partidos y organizaciones políticas con registro oficial; las demás entidades a las que la Constitución y las legislación local reconozcan como de interés público; y las personas de derecho público o privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos y entidades antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.

La Universidad Autónoma de Querétaro y demás instituciones de educación pública del Estado y de los Municipios, son entidades de interés público para los efectos de esta Ley;

VI.- Información: La contenida en los documentos que las entidades gubernamentales generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo;

VII.- Información Confidencial: La información relativa a las personas y sus datos personales y protegida por el derecho fundamental de la privacidad contemplado en la legislación aplicable en el territorio del Estado de Querétaro y particularmente dispuesto en los artículos 43 al 47 del Código Civil vigente;

VIII.- Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los órganos y entidades gubernamentales o de interés público previstas en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control;

IX.- Información Reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la presente Ley;

X.- Servidor Público: Toda persona a la que se le conceda o reconozca tal carácter, de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas;

XI.- Unidades de Información Gubernamental: Oficinas de información y enlace que se establezcan mediante disposiciones de carácter general, facultadas para recibir peticiones, gestionar y proporcionar información pública a los particulares;

Artículo 4.- Todos los servidores públicos de las entidades gubernamentales están sometidos por el principio de publicidad de sus actos y obligados a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.

En materia política sólo podrán hacer uso de éste derecho los ciudadanos mexicanos.

Ninguna autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su competencia, se encuentre impedida de conformidad con ésta ley para proporcionarla, pertenezca a otros órganos de gobierno, no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud o no obre en algún documento.

Artículo 5.- Sólo podrá negarse la información que conforme a esta ley tenga el carácter de reservada o confidencial.

En la interpretación de la Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de las entidades gubernamentales.

Artículo 6. La consulta de la información es gratuita; sin embargo, la búsqueda, extracción y reproducción de copias simples o elementos técnicos deben tener un costo directamente relacionado con los materiales y recursos empleados, el cual deberá ser cubierto por el solicitante de manera previa a la entrega de la información. El costo por la expedición de copias certificadas o cualquier otro medio de entrega, se fijará en las leyes de la materia, sin que ello implique lucro a favor de la autoridad generadora de la información.

Capítulo Segundo.- Información que debe ser difundida por las Entidades Gubernamentales y de Interés Público

Artículo 7.– Las entidades gubernamentales y de interés público a que se refiere la presente Ley, con excepción de la clasificada como reservada o confidencial, tienen la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información pública en los términos del Reglamento respectivo. Para tales efectos, según convenga lo realizarán por los medios oficiales y aquellos que puedan lograr el conocimiento público, tales como publicaciones, folletos, periódicos, murales, medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación pertinente.

Deberán tener un portal en internet, en cuya página de inicio habrá una indicación claramente visible que señale el sitio donde se encuentre la información a la que se refiere el presente artículo, debiendo utilizar un lenguaje claro, accesible, que facilite su comprensión por todos los posibles usuarios; contará con buscadores temáticos y dispondrá de un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier persona que los solicite.

Asimismo, deberán fomentar la publicación de información útil para la ciudadanía, tales como servicios públicos y trámites.

Será obligatoria la información siguiente:

I. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige;

II. El Periódico Oficial del Gobierno del Estado, gacetas municipales, acuerdos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general que regulen el desarrollo de la entidad;

III. El directorio de servidores públicos o funcionarios, a partir del nivel de jefe de área o sus equivalentes;

IV. El ejercicio del presupuesto de egresos desglosado, incluidos, entre otros elementos, las licitaciones, compras, enajenaciones, créditos y demás actos relacionados con el uso del gasto público;

V. Balances, estados financieros, documentación contable, formularios, nóminas, listas de personal, asesores externos, peritos y demás información que refleje el estado financiero de la entidad;

VI. Estadística e indicadores sobre información relevante, respecto a la procuración de justicia y a la actividad del Ministerio Público;

VII. La remuneración mensual por puesto de los servidores públicos, incluyendo las compensaciones, prestaciones o prerrogativas en especie o efectivo que reciban;

VIII. Los datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento o el rechazo de permisos, concesiones o licencias que la ley permite autorizar a cualquiera de las entidades gubernamentales; así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios;

IX. Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades gubernamentales;

X. Las cuentas públicas y sus respectivos dictámenes, sus observaciones y sanciones, así como los procedimientos de éstas y de su ejecución;

XI. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal que realicen, según corresponda, los órganos de control interno y la Entidad Superior de Fiscalización del Estado;

XII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino;

XIII. El domicilio oficial, nombre, teléfonos y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;

XIV. Direcciones electrónicas, requisitos de acceso al sistema de cómputo, acervos bibliográficos o hemerográfico y requisitos para su consulta; publicaciones oficiales, revistas, decretos administrativos, circulares y demás disposiciones de observancia general;

XV. Estadísticas sobre tipo de juicios y procedimientos administrativos, montos, tiempos de resolución y costos promedio;

XVI. La información de los órganos jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, que tengan por objeto resolver controversias o aplicar el derecho, además de la citada en las otras fracciones de este artículo, se archivará electrónicamente y se constituirá básicamente por los siguientes elementos:

a) Lista de las partes, los magistrados, presidentes, jueces, abogados y Agentes del Ministerio Público que intervengan.

b) Tipo de juicio o procedimiento, la acción ejercitada, la naturaleza de los hechos discutidos y los montos reclamados.

c) Un extracto de las resoluciones y determinaciones más trascendentales, como el ejercicio de la acción penal, las sentencias interlocutorias y definitivas, laudos y resoluciones de apelación y de amparo.

Las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales;

XVII. Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades gubernamentales;

XVIII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XIX. Las controversias entre entidades gubernamentales;

XX. Las iniciativas y dictámenes aprobados por la Legislatura del Estado;

XXI. Los informes anuales de actividades;

XXII. La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial y cualquier otro análogo de todas las entidades gubernamentales; XXIII. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados;

XXIV. El padrón de proveedores; y

XXV. Toda aquella información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excepto la que atente contra derechos de terceros, ataque la moral, altere el orden público, la paz social o afecte la intimidad de las personas.

Artículo 8.- Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberá contener:

I.- La identificación del contrato;

II.- Las posturas y el monto;

III.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral a quien haya favorecido el fallo y con quien o quienes se haya celebrado el contrato;

IV.- El plazo para su cumplimiento; y

V.- Los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollan en la obra pública.

Artículo 9.- Tratándose de concesiones, permisos, licencias, o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar:

I.- Nombre o razón social del titular;

II.- Concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licencia;

III.- Costo;

IV.- Vigencia; y

V.- Fundamentación y motivación del otorgamiento ó en su caso, negativa del otorgamiento.

Articulo 10.- Tratándose de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y demás actos contemplados en la Ley con contratación directa, que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:

I.- El monto, que incluirá conceptos desglosados;

II.- La motivación y fundamentación del acto;

III.- El lugar;

IV.- El plazo de ejecución;

V.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y

VI.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.

Artículo 11.- Las entidades gubernamentales mantendrán actualizada la información a que hace referencia este Capítulo.

La entidad gubernamental correspondiente y la Comisión acordarán los formatos para que la información sea difundida de manera clara, sencilla y entendible.

Artículo 12.- Los informes que rindan ante el Instituto Electoral de Querétaro los partidos políticos y las organizaciones políticas que reciban recursos públicos del Estado o de los Municipios, tendrán el carácter de información pública, los gastos de campañas internas y constitucionales, se difundirán a la brevedad posible, siendo público el procedimiento de fiscalización de los mismos.

También se considera información pública la referente a los procesos internos de selección de candidatos y dirigentes, desarrollados por los partidos y organizaciones políticas.

Capítulo Tercero.- De la información pública reservada

Artículo 13.- La información pública podrá clasificarse como reservada cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que sea propuesta por el titular de la entidad gubernamental que la genera o produce, fundando y motivando la causa.

b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente ley.

c) Que acredite que se cause un daño con su divulgación y que este es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

d) Que sea de común acuerdo con la Comisión, ambas instancias también determinaran el tiempo de reserva, que en ningún caso será mayor de 12 años.

e) Que quede en resguardo de la entidad gubernamental solicitante.

Una vez vencido el plazo de su reserva la entidad gubernamental y la Comisión determinaran si debe ser accesible a los gobernados o sí sé amplia el plazo de reserva.

Todo servidor público o funcionario de una entidad de interés público, será responsable y en consecuencia sancionado conforme la legislación aplicable si se divulga información que tenga bajo su custodia con el carácter de reservada o confidencial.

Para efectos de esta Ley, los medios de comunicación y los periodistas no tendrán responsabilidad al difundir información pública, salvo lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley, y en todo caso se garantiza el secreto profesional de su fuente.

Artículo 14.- Se considera información reservada, para los efectos de esta Ley:

I.- Del Poder Ejecutivo:

a) La que cuya revelación pueda causar un perjuicio o daño grave a las funciones de las instituciones públicas y por tanto al mismo Estado;

b) La que comprometa la seguridad del Estado o la seguridad pública;

c) La que pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados, entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada;

d) La que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;

e) La de carácter personal contenida en los padrones o registros estatales de contribuyentes, así como la que comprometa la privacidad o seguridad de las personas empadronadas;

f) La contenida en las diligencias de preparación del ejercicio de la Acción Penal.

g) La contenida en procesos administrativos de responsabilidad, antes de que sea resuelta la causa. Las resoluciones dictadas en los procesos administrativos de responsabilidad no serán reservadas ni confidenciales;

h) La de carácter personal contenida en los expedientes que integren la Defensoría de Oficio en materia Penal, la Defensoría del Trabajo u otras similares en materia civil y familiar, así como la información de igual carácter contenida en los expedientes de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública; y

i) La que cause un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las Leyes.

II.- Del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y Municipios y de las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje:

a) La contenida en los procedimientos que se encuentren en trámite en las distintas instancias, sino hasta concluida cada instancia;

b) Los nombres de las víctimas de delitos sexuales o de explotación de menores y de las partes en las controversias de carácter familiar, así como la información a la que el Juez de manera fundada y motivada determine clasificar en tal carácter por razones de interés público.

c) La depositada en el secreto de los juzgados; y

d) La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los funcionarios judiciales, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

e) La contenida en procesos administrativos de responsabilidad, antes de que sea resuelta la causa. Las resoluciones dictadas en los procesos administrativos de responsabilidad no serán reservadas ni confidenciales;

III.- De los Organismos Constitucionales Autónomos y entidades de interés público:

a) La de carácter personal contenida en las actuaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado para la investigación de las denuncias y quejas por violaciones de derechos humanos. Serán accesibles a los particulares los procedimientos que realice cuando hayan concluido por etapas, las recomendaciones que, en su caso, emita el titular de ese organismo; y

b) La de carácter personal contenida en los registros y expedientes del personal académico, administrativo y de los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro y las demás instituciones públicas de carácter media y superior.

c) La contenida en procesos administrativos de responsabilidad, antes de que sea resuelta la causa. Las resoluciones dictadas en los procesos administrativos de responsabilidad no serán reservadas ni confidenciales;

Artículo 15. La información pública tendrá carácter de reservada y no podrá divulgarse, cuando así lo disponga la ley. También tendrá el carácter de reservada:

I.- La información protegida por derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro tipo, que no pueda ser divulgada o reproducida sin la autorización de su titular;

II.- La información que comprometa la seguridad pública del Estado o de los Municipios, o ponga en riesgo la privacidad, el honor, la estimación, la intimidad o la seguridad de los particulares;

III.- La información de carácter personal de los empleados, funcionarios o servidores públicos, a excepción de lo que establece la fracción VII del artículo 7 de esta Ley, así como la información de los particulares que con igual carácter obre en poder de aquellos;

IV.- La información cuyo empleo represente ventajas, ganancias o lucros indebidos a los particulares, propicie una competencia desleal o constituya tráfico de influencias;

V.- Los documentos que por su naturaleza no sean normalmente substituibles, como los manuscritos, incunables, ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o medio que contenga información de este género. En estos casos se proporcionará a los particulares los medios para consultar dicha información cuidando que no se dañen los objetos que la contengan;

VI.- Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o jurisdiccional definitiva; y

VII.- La que por disposición expresa de una ley sea considerada como reservada.

Artículo 16.- No se considera información reservada toda aquella que implique disposición de recursos públicos. No será reservada la información contenida en informes contables, financieros y de auditoría de las
entidades gubernamentales y de interés público a que se hace referencia en el artículo 3° de la presente Ley.

No será reservada la información referente a las posturas, ofertas, propuestas o presupuestos generados con motivo de los concursos o licitaciones en proceso que las autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, arrendar o contratar bienes o servicios.

Tampoco será reservada la información que se genere una vez concluida la instancia, como consecuencia de cualquier, averiguación, proceso o procedimiento seguido ante cualquier autoridad judicial o administrativa, derivada de la posible comisión de algún acto ilícito, o de la posible responsabilidad administrativa cuando esta sea en función del cargo o empleo que el funcionario o servidor público desempeñe o venia desempeñando.

Artículo 17.– Para efectos de esta Ley se considera información confidencial la compuesta por los datos personales, en los términos previstos por el artículo 3 fracción VII.

En ningún caso podrá calificarse como de carácter personal y por lo tanto confidencial, la información relativa a los sueldos, salarios, bonos, compensaciones, remuneraciones o cualquier tipo de ingreso, percepción o beneficio económico o en especie, o cualquier privilegio percibidos con motivo del ejercicio de cargos, empleos o responsabilidades en entidades gubernamentales o de interés público;

Artículo 18.– Todas las reuniones o sesiones de los cuerpos colegiados de entidades gubernamentales que por disposición de la legislación aplicable tengan el carácter de abiertas y públicas, deberán llevarse a cabo en lugares apropiados, difundiendo previamente el lugar de reunión, la hora y la agenda a desahogar.

Los cuerpos colegiados a que se refiere el párrafo anterior no podrán realizar sesiones secretas previas; quienes las convoquen y asistan serán sujetos de responsabilidad conforme a las sanciones que establezca esta ley.

Las entidades quedan obligadas a divulgar tan pronto como sea posible, los acuerdos y resoluciones a que hubieran llegado en el caso de las sesiones que por disposición de ley se realicen conforme al párrafo que antecede.

Artículo 19.– El gobernado tiene derecho a que la autoridad responsable del resguardo de la información clasificada como reservada le proporcione una ficha técnica con los datos que aprueben las entidades gubernamentales correspondientes y la Comisión que conforme a la presente Ley autoricen la reserva.

Artículo 20.- En ningún caso la entidad gubernamental podrá decretar de manera discrecional la reserva de la información pública, en todos los casos siempre será requisito indispensable el acuerdo con la Comisión.

Capítulo Cuarto.- Del procedimiento para el acceso a la información pública

Artículo 21.- Es obligación de las entidades a que se refiere el artículo 3° de la presente Ley, contar con una unidad administrativa ante la que se tramite la solicitud de información pública y se resuelva lo conducente.

Artículo 22.– El acceso de los gobernados a la información pública se sujetará a las siguientes disposiciones:

I.- El interesado presentará ante la unidad administrativa correspondiente solicitud en forma pacifica, respetuosa y por escrito, la que deberá contener:

a) Entidad a la que se dirige;

b) El nombre del solicitante de la información y copia simple de su identificación;

c) El domicilio para recibir notificaciones;

d) La descripción clara y precisa de la información solicitada, señalando el lugar donde se encuentra la información ó incluyendo algún dato que pueda facilitar la búsqueda de lo solicitado; y

e) Copia simple del recibo del pago de los costos correspondientes, cuando proceda, o de los elementos en que será reproducida;

El interesado podrá incluir en los requisitos su dirección electrónica en la que podrá recibir notificaciones e incluso la información solicitada.

En el caso que el solicitante actúe en representación de un tercero, deberá acreditar la representación que ostenta.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. Los empleados públicos encargados de proporcionar la información publica se abstendrán de preguntar o cuestionar los motivos de la solicitud, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones que establece esta ley.

II.- Si la solicitud de información no es clara o precisa, deberá por una sola vez, prevenirse al particular para que dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique esta prevención, aclare, corrija o amplíe su solicitud, apercibiéndolo de tenerla por no presentada si no cumple el requerimiento en el término señalado;

III. Deberá entregarse la información solicitada en un término no mayor de veinte días naturales. Si se trata de aquella que sólo puede ser consultada se permitirá al solicitante el acceso a los lugares o medios en que la misma se encuentre. En caso de que la información solicitada sea de aquella que conforme a esta Ley tenga carácter de reservada, se le hará saber al particular tal circunstancia, por escrito, en igual término;

IV.- Cuando por la naturaleza de la información solicitada esta no pueda proporcionarse dentro del término a que se refiere la fracción anterior, la autoridad se lo hará saber por escrito al solicitante y le indicará el término en que le entregará la información, que no deberá exceder en ningún caso de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Cuando la información no sea de la competencia de quien reciba la solicitud, la turnará a la instancia que corresponda y así lo hará saber al solicitante.

Artículo 23.- En el caso de que la autoridad no conteste dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo anterior, aplicará a favor del peticionario, la afirmativa ficta, constituyéndose su derecho a acceder a la información solicitada. La entidad depositaria de la información, quedará obligada por el simple transcurso del tiempo a conceder la información solicitada, salvo el caso en el que ésta se clasifique como reservada o confidencial.

Artículo 24.- La información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los archivos, expedientes o cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones, mutilaciones, y deberá, así mismo, mostrarse de manera clara y comprensible.

Cuando la información solicitada implique su clasificación o procesamiento de una manera distinta a como obra en depósito o bien la generación de datos o textos nuevos a partir de los ya existentes, la autoridad podrá convenir con el particular la elaboración y entrega de un informe especial. En dicho convenio se establecerá la forma, plazo y costo en su caso para entregar la información solicitada.

Artículo 25.– La negativa de las Entidades para proporcionar a los gobernados la información pública de la que sea depositaria deberá constar por escrito y estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 26.- Los gobernados podrán exigir que se rectifiquen los datos, textos o documentos que le hubieren sido proporcionados si la información es inexacta, incompleta o no corresponde a la solicitada, dentro de los siguientes cinco días hábiles, a partir del día siguiente en que reciba la información.

Esta reclamación se tramitará ante quien proporcionó la información solicitada, a fin de que la rectifique en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la reclamación.

Artículo 27.– Ante la negativa de la autoridad para otorgar la información solicitada o para rectificarla, el gobernado podrá acudir dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que la Entidad manifestó su negativa, en su caso, ante el órgano de control interno, que tendrá facultad para revisar la decisión en los términos de esta ley y en su caso aplicar la sanción correspondiente en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

La reincidencia de la autoridad en los actos a que se refieren él artículo anterior y el presente, podrá ser impugnada ante la Comisión, en los términos de la presente Ley.

Artículo 28. Quien tenga acceso a la información pública, será responsable del uso de la misma y no tendrá más límites que los previstos por los artículos 6, 7 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Código Civil del Estado de Querétaro.

Capítulo Quinto.- De la Comisión Estatal de Información Gubernamental

Artículo 29. La Comisión es un organismo especializado e imparcial, con autonomía operativa, de gestión y de decisión, que se encargará de garantizar el ejercicio, disfrute, promoción, difusión e investigación del derecho de los gobernados para acceder a la información pública, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Ley.

El reglamento interior aprobado y expedido por el Comisionado Ejecutivo, determinará la estructura orgánica y atribuciones de los servidores públicos de la Comisión.

Artículo 30. La Comisión se integrará por cuatro comisionados electos por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura del Estado. La elección la organizará y realizará la Legislatura del Estado, quién publicará, a más tardar cuarenta y cinco días antes de la elección, una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, a efecto de recibir las propuestas ciudadanas. La Legislatura determinará las bases bajo las cuales se
realizará la elección.

Salvo el caso del Comisionado Ejecutivo, los cargos de los comisionados serán honoríficos, por lo que no percibirán ingreso, remuneración, prestación, emolumento, compensación o retribución alguna y su designación no implicará relación laboral.

Los comisionados podrán ser removidos por la Legislatura del Estado, con la votación requerida para su elección.

El Comisionado Ejecutivo percibirá las remuneraciones y prestaciones que establezca el anexo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Legislativo del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal que corresponda. El Comisionado Ejecutivo ejercerá el cargo de Presidente de la Comisión.

Los comisionados durarán cuatro años en el ejercicio del cargo, no podrán ser reelectos para un periodo inmediato siguiente y para su designación y permanencia deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano residente en el Estado de Querétaro;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

III. No desempeñar empleo en la Federación, en los estados o en los municipios; ni actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción hecha a las de carácter docente;

IV. No ejercer cargo de elección popular; y

V. No desempeñar el cargo de dirigente de algún partido político.

Artículo 31. Son atribuciones de la Comisión, promover:

I. Los estudios e investigaciones necesarios en materia de acceso a la información;

II. Las relaciones con organismos públicos en la materia de su competencia;

III. El estudio y la enseñanza del derecho a la información;

IV. La integración de materias que fomenten la cultura de ejercicio del derecho de acceso a la información gubernamental, en los planes y programas de educación básica y media superior;

V. En las instituciones de educación superior, la integración de materias curriculares y extracurriculares que tiendan a preparar a profesionistas especializados en resolver controversias, asesorar, generar y fortalecer la cultura de la apertura de la información pública; y

VI. La organización de seminarios, cursos y talleres en toda la Entidad, que difundan el conocimiento de la presente Ley.

Los acuerdos tomados por la Comisión, en relación con sus atribuciones, serán ejecutados por el Comisionado Ejecutivo.

Artículo 32. Son facultades del Comisionado Ejecutivo:

I. Asesorar, procurar y defender a los particulares en sus justas peticiones de información pública y determinar su procedencia; y, en su caso, ordenar a las entidades gubernamentales que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley;

II. Conocer y resolver de las inconformidades que promuevan los gobernados, en contra de las entidades gubernamentales y de interés público, en los términos de esta Ley; así como establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;

III. Convenir los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines y proponer a las autoridades las medidas pertinentes para garantizar a los particulares el acceso a la información pública;

IV. Elaborar el proyecto de presupuesto anual, administrar los recursos aprobados y proponer criterios para el cobro por los materiales utilizados en la entrega de la información;

V. Designar a los servidores públicos de la Comisión;

VI. Aprobar y expedir el reglamento interior, el reglamento que instituya el servicio civil de carrera en la Comisión y demás normas internas de funcionamiento, mismos que contendrán las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización de su personal;

VII. Promover, en los medios de comunicación social de la Entidad, la difusión permanente del derecho a la información;

VIII. Fijar la postura institucional de la Comisión ante otros organismos y con la sociedad, en su caso;

IX. Aplicar las medidas disciplinarias a los integrantes del organismo, imponer las sanciones establecidas en esta Ley y vigilar su cumplimiento; y

X. Las demás facultades y obligaciones que establezcan las leyes aplicables.

Artículo 33. La Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental, presentará, por escrito, durante el mes de febrero de cada año, un informe detallado y pormenorizado de sus resoluciones, del ejercicio de su presupuesto y de sus actividades, a la Legislatura del Estado. De igual manera, en el mismo mes, informará a la ciudadanía sobre sus actividades.

Artículo 34. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el organismo contará con la estructura administrativa necesaria.

Para profesionalizar los servicios que ofrece la Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia.

Capítulo Sexto.- Del Recurso de Revisión

Artículo 35.– Los actos o resoluciones que nieguen, impidan o limiten a los gobernados el acceso a la información pública, así como aquellos que la proporcionen de manera inexacta, incompleta, insuficiente o distinta a la solicitada, podrán ser impugnados ante la Comisión mediante el Recurso de Revisión en los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 36.– El Recurso de Revisión a que se refiere el artículo anterior se tramitará y resolverá conforme a las siguientes bases:

I.- Se interpondrá por escrito ante la Comisión o ante la Unidad de la entidad de que se trate, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se haya notificado el acto o resolución impugnada, o en que el gobernado haya tenido conocimiento de él.

II.- En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad, esta deberá en el improrrogable plazo de tres días hábiles turnar a la Comisión el expediente relativo con todas sus constancias.

Para el caso de la afirmativa ficta que establece el Artículo 23 de la presente Ley, el recurso se interpondrá exclusivamente para obligar a la autoridad depositaria de la información a proporcionarla en los términos de la petición desatendida y para desprender las responsabilidades conducentes.

III.- En todo caso el Recurso deberá contener:

a) Nombre del interesado en la información, así como domicilio para recibir notificaciones;

b) El acto o la resolución que se impugna y la mención de quien la emitió, anexando, en su caso, copia de la misma; y

c) Los motivos de la inconformidad.

Al escrito se anexarán las pruebas documentales de que se disponga y se anunciará cualquier otra procedente.

No se admitirá la prueba confesional ni la declaración de parte.

IV.- Recibido el escrito de inconformidad, la Comisión correrá traslado a quien se atribuya el acto o resolución impugnada, a efecto de que en un término de cinco días hábiles rinda un informe justificado;

V.- Si existen pruebas pendientes de desahogo, la Comisión señalará fecha y hora para recibirlas;

VI.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción IV y, en su caso, desahogadas las pruebas ofrecidas, la Comisión resolverá lo que en derecho corresponda dentro de los diez días hábiles siguientes.

VII.- Las resoluciones que dicte la Comisión podrán:

a) Declarar que la negativa a proporcionar la información o permitir el acceso a la misma está apegada a derecho y confirmar el acto o resolución impugnado.

b) Declarar infundado el acto o resolución impugnado y ordenar que en un término no mayor de diez días hábiles se entregue la información o, en su caso, se permita su consulta;

c) Ordenar, en el caso de la afirmativa ficta, que se entregue la información solicitada o se dé respuesta al particular, según sea el caso, conforme a lo previsto por esta Ley.

d) Ordenar su difusión en los medios de comunicación social de la Entidad, de conformidad con lo que establece el Artículo 7 de la presente Ley.

e) Denunciar ante las autoridades correspondientes la violación a esta ley para el efecto de que se impongan las sanciones que correspondan.

Las resoluciones de la Comisión serán definitivas para las entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a su elección.

Los Tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida como prueba. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente de la causa.

Artículo 37.- Las resoluciones que dicte la Comisión serán de cumplimiento obligatorio y su desacato es causa de responsabilidad en términos de esta Ley.

Artículo 38.- Serán de aplicación supletoria a los preceptos de la presente Ley, las disposiciones de la legislación procesal administrativa y en defecto de esta el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, cuando su aplicación no se oponga a lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo Séptimo.- De las responsabilidades

Artículo 39.- Los servidores públicos serán responsables y sancionados por las infracciones a la presente Ley en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y demás leyes aplicables.

Sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, se considerarán infracciones a la presente Ley:

I.- La negativa injustificada de proporcionar la información gubernamental solicitada o de permitir su consulta en los casos previstos por esta Ley;

II.- La demora injustificada para proporcionar la información gubernamental solicitada dentro de los plazos previstos por esta Ley;

III.- La inobservancia de la reserva que por disposición de esta u otras leyes deba guardar;

IV.- Proporcionar información falsa;

V.- Negar la rectificación de los datos o documentos que hubiere proporcionado, en los casos en que ésta proceda conforme a lo dispuesto por esta Ley;

El ocultamiento, la destrucción, alteración o mutilación de la información y la actuación negligente serán considerados como agravantes en la aplicación de la sanción correspondiente.

Artículo 40. Las infracciones señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación privada; y

III. Multa de 10 a 150 días de salario mínimo general diario vigente en el Estado.

Artículo 41. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las infracciones, son independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como de los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por el sujeto obligado.

Artículo 42. El desacato a las resoluciones a que se refiere la fracción VII del artículo 36 de esta Ley, es equiparable al delito de abuso de autoridad previsto en el Código Penal del Estado de Querétaro.

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero.– La presente Ley se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro «La Sombra de Arteaga», y entrará en vigor el día siguiente de su publicación, bajo las modalidades previstas en los artículos subsecuentes.

Artículo Segundo.– La Legislatura del Estado emitirá la convocatoria respectiva para la elección e integración de la Comisión la primera semana de enero de 2003. La Comisión entrará en funciones el primero de abril de 2003.

La Comisión expedirá su reglamento en un período no mayor a sesenta días naturales a partir de que tome posesión de su cargo.

Artículo Tercero.- Los gobernados podrán ejercer su derecho de acceso a la información pública a partir del primero de abril del año 2003; es obligación de las entidades gubernamentales en el ámbito de sus atribuciones acordar lo conducente en todas las materias para que el ejercicio del derecho a acceder a la información pública sea efectivo a partir de la fecha señalada en este artículo.

El Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los tribunales laborales dispondrán del año calendario de 2003 para integrar la información a que se refiere el Artículo 7 fracción XVI de la presente Ley.

Artículo Cuarto.- Se derogan todas aquellas Leyes, Reglamentos o cualquier otro ordenamiento legal que se oponga a la presente ley.

Artículo Quinto.- El titular del Poder Ejecutivo y la Legislatura del Estado cuidarán que la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal del año 2003, establezca las prevenciones presupuéstales suficientes para permitir el eficiente funcionamiento de la Comisión.

Artículo Sexto.- La categoría de organismo constitucional autónomo que establece el Artículo 29 para la Comisión, queda sujeta a que se reforme en su parte conducente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y dicha reforma entre en vigor. Mientras tanto la Comisión tendrá el carácter de órgano descentralizado dependiente de la Legislatura del Estado.

Artículo Séptimo.– El primero de abril del 2003 las entidades gubernamentales harán del dominio público la ubicación de sus unidades administrativas y el nombre de los titulares, responsables de proporcionar la información pública a que hace referencia esta Ley, señalando además la dirección electrónica, los formatos y la información de que dispone.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.

DADO EN EL SALÓN «CONSTITUYENTES DE 1916-1917», RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOS.

A T E N T A M E N T E

LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

COMISIÓN PERMANENTE EN FUNCIONES DE MESA DIRECTIVA

De conformidad con lo establecido por los artículos 43 y 44 fracciones I y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en correlación con los diversos numerales 24 fracción II, 31 fracción IV, 37 fracción X, 41 fracción V, 43, 44 y 48 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ
P R E S I D E N T E

DIP. JUAN JOSÉ FLORES SOLÓRZANO
VICEPRESIDENTE

DIP. RAÚL ROGELIO CHAVARRÍA SALAS
PRIMER SECRETARIO

DIP. CARLOS MARTÍNEZ MONTES
SEGUNDO SECRETARIO

Ing. Ignacio Loyola Vera, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 57 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; expido y promulgo la presente Ley en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dos, para su debida publicación y observancia.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
«UNIDOS POR QUERETARO»
ING. IGNACIO LOYOLA VERA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro «La Sombra de Arteaga» publicada el día 27 de septiembre de 2002  

Décret nº 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1. Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

I. – La section 1 : » Contrôle de légalité des marchés » devient la section 2 et les articles R. 2131-1, R. 2131-2 et R. 2131-3 deviennent respectivement les articles R. 2131-5, R. 2131-6 et R. 2131-7.

II. – Il est créé une section 1 ainsi rédigée :

» Section 1. Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

» Art. R. 2131-1. – La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

» L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

» Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

» Art. R. 2131-2. – Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

» a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

» b) Aux normes des échanges de données ;

» c) A la sécurisation de ces échanges ;

» d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

» e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

» Art. R. 2131-3. – Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

» a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

» b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

» c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

» d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

» Art. R. 2131-4. – Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.

» Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier. «

Article 2. La troisième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :

I. – Au chapitre II du titre III du livre Ier, la section 1 : » Contrôle de légalité des marchés « devient la section 2 et l'article R. 3132-1 devient l'article R. 3132-2.

A l'article R. 3132-2, la référence aux articles R. 2131-1 à R. 2131-3 est remplacée par la référence aux articles R. 2131-5 à R. 2131-7.

II. – Au même chapitre, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

» Section 1. Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

» Art. R. 3132-1. – Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2.

» Pour l'application de ces dispositions, les mots : «la commune et «le maire sont remplacés respectivement par les mots : «le département et «le président du conseil général. «

III. – A l'article R. 3542-1 et au 3° de l'article R. 3571-2, la référence à l'article R. 3132-1 est remplacée par la référence à l'article R. 3132-2.

Article 3. La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :

I. – Au chapitre II du titre IV du livre Ier, la section 1 : » Contrôle de légalité des marchés « devient la section 2 et l'article R. 4142-1 devient l'article R. 4142-2.

A l'article R. 4142-2, la référence aux articles R. 2131-1 à R. 2131-3 est remplacée par la référence aux articles R. 2131-5 à R. 2131-7.

II. – Au même chapitre, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

» Section 1. Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

» Art. R. 4142-1. – Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.

» Pour l'application de ces dispositions, les mots : «la commune, «le préfet et «le maire sont remplacés respectivement par les mots : «la région, «le préfet de région et «le président du conseil régional. «

III. – Le chapitre III du titre II du livre IV est modifié ainsi qu'il suit :

1. L'article R. 4423-2 est ainsi rédigé :

» Art. R. 4423-2. – Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.

» Pour l'application de ces dispositions, les mots : «la commune, «le préfet et «le maire sont remplacés respectivement par les mots : «la collectivité territoriale de Corse, «le préfet de Corse et «le président du conseil exécutif de Corse. «

2. Il est créé un article R. 4423-3 ainsi rédigé :

» Art. R. 4423-3. – Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics. «

Article 4. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin

La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'intérieur, Marie-Josée Roig

(Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)

1.- straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Šis įstatymas netaikomas mirusių asmenų asmens duomenų tvarkymui.»

2. Buvusias 1 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 6, 7 ir 8 dalimis.

2.- straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 10 dalimi:

„10. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas.- sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.»

2. Buvusias 2 straipsnio 10, 11, 12, 13 ir 14 dalis laikyti atitinkamai 11, 12, 13, 14 ir 15 dalimis.

3. Buvusią 2 straipsnio 15 dalį laikyti 16 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„16. Vieša duomenų rinkmena.-  valstybės registras, informacinė sistema ar kita duomenų rinkmena, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus skirti duomenims, informacijai, dokumentams ir (ar) jų kopijoms teikti asmenims ir kuriais asmenys gali teisėtai naudotis.»

4. Buvusią 2 straipsnio 16 dalį laikyti 17 dalimi.

5. Papildyti 2 straipsnį 18 dalimi:

„18. Kredito įstaigos ir finansų įmonės sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme.»

3.- straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies papildymas 6 punktu

Papildyti 3 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

„6) tvarkomi pagal šiame ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.»

4.- straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Asmens duomenų teikimas

Asmens duomenys šio įstatymo nustatytais atvejais teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Kai asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu ir taikomos tinkamos duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, teikiant asmens duomenis pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, prioritetas turi būti teikiamas automatiniam duomenų teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą, – duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.»

5.- straipsnis. Įstatymo papildymas 13¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 13¹ straipsniu:

13¹ straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais

1. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, asmens duomenys gali būti tvarkomi tik duomenų subjekto sutikimu. Duomenų subjekto kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris) gali būti tvarkomi be duomenų subjekto sutikimo iki pirmojo tiesioginio kontakto su duomenų subjektu, turint tikslą su juo susisiekti. Duomenų subjektas sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais išreiškia tiesioginio kontakto su tyrėju metu arba rašytine ar jai prilyginta forma. Jeigu duomenų subjektas nesutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo, šie asmens duomenys turi būti nedelsiant sunaikinti.

2. Socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais privalo būti renkami tik atliekamam socialiniam ir viešosios nuomonės tyrimui būtini asmens duomenys, panaudoti konkrečiam socialiniam ir viešosios nuomonės tyrimui asmens duomenys turi būti nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.

3. Draudžiama socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais surinktus ir tvarkomus asmens duomenis naudoti kitais tikslais (reklamai, tiesioginei rinkodarai, komercinei veiklai ir pan.).»

6.- straipsnis. Įstatymo papildymas 15¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 15¹ straipsniu:

„15¹ straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, numatytąSutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies　
V antraštinėje dalyje

Asmens duomenys vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimąbaudžiamosiose bylose, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinėje dalyje, tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymu ir šiuo įstatymu.»

7.- straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, duomenų valdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, jų kontaktinė informacija (adresas arba telefono ryšio numeris).»

2. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Vykdant vaizdo stebėjimą darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, šie darbuotojai apie tokį jų vaizdo duomenų tvarkymą turi būti pasirašytinai informuojami šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.»

8.- straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„KETVIRTASIS SKIRSNIS

ASMENS DUOMENŲ APIE MOKUMO IR FINANSINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ IR ĮSISKOLINIMO VALDYMĄ TVARKYMAS«.

9.- straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„21 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas asmens mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti

1. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti ir teikti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų jam neįvykdžiusių duomenų subjektų (toliau – skolininkai) duomenis, taip pat ir asmens kodus, kad būtų galima įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą, jeigu tinkamai įgyvendinami šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti duomenų apsaugos reikalavimai.

2. Duomenų valdytojas turi teisę skolininkų duomenis, taip pat ir asmens kodus, teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (toliau – jungtinės skolininkų rinkmenos). Duomenų valdytojas gali tvarkyti jungtines skolininkų rinkmenas, turėdamas tikslą teikti tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą, tik šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka pranešęs Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri privalo atlikti išankstinę patikrą.

3. Duomenų valdytojas gali teikti skolininkų duomenis tik tuo atveju, jeigu jis duomenų subjektui paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikė rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią duomenų valdytojas išsiuntė (pateikė) duomenų subjektui priminimą:

1) skola liko nepadengta ir (arba) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas arba

2) duomenų subjektas pagrįstai neginčijo skolos.

4. Duomenų valdytojas negali tvarkyti ypatingų asmens duomenų.

5. Jungtinės skolininkų rinkmenos negali būti jungiamos su asmens duomenimis iš kitų asmens duomenų rinkmenų, kurios buvo sudarytos ir yra tvarkomos kitais negu mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais.

6. Duomenų valdytojas, tvarkantis jungtines　skolininkųrinkmenas, gavęs iš šio straipsnio 2 dalyje nurodyto duomenų valdytojo skolininkų duomenis, privalo kiekvienam duomenų subjektui nurodyti (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):

1) savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;

2) kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;

3) iš kokių šaltiniu ir kokie duomenų subjekto duomenys surinkti, kam ir kokiais tikslais teikiami, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

7. Duomenys apie faktą, kad duomenų subjektas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, negali būti tvarkomi ilgiau negu 10 metų nuo skolos padengimo dienos. Kai duomenų subjektas skolą padengia, duomenų valdytojai privalo užtikrinti, kad tvarkant duomenis apie duomenų subjekto tinkamai ir laiku neįvykdytus finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus būtų nurodoma:

1) kad duomenų subjektas skolą padengė;

2) skolos padengimo data.»

10.- straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„22 straipsnis. Asmens duomenų apie suteiktas finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu ar kreditingumo vertinimu, tvarkymas asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais

1. Kredito įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu ar kreditingumo vertinimu (toliau – finansinės paslaugos), (toliau – finansų įstaigos) turi teisę tvarkyti ir gauti viena iš kitos duomenų subjektų, kuriems yra suteikusios ar ketina suteikti finansinių paslaugų, ir jų įsipareigojimus minėtoms įstaigoms užtikrinančių duomenų subjektų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento duomenis), adresą, telefono ryšio numerį, pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šiu įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie buvusius finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie duomenų subjektų pajamas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, duomenis apie duomenų subjektų turtą, šeimine padėtį, einamas pareigas (darbą) ir išsilavinimą) asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir　įsiskolinimo valdymo　tikslais, jeigu šie duomenų subjektai duoda sutikimą.

2. Jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys asmenų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais gali būti tvarkomi ir nuolat atnaujinami jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose (toliau – jungtinės finansinės rizikos rinkmenos) pagal su finansų įstaigomis sudarytas duomenų teikimo sutartis. Jungtinių finansinės rizikos rinkmenų valdytojais gali būti finansų įstaigos, tik　šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka pranešusios Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri privalo atlikti išankstinę patikrą.

3. Finansų įstaigos gali gauti asmens duomenis šio straipsnio 1 ir 6 dalyse nurodytomis sąlygomis ir apimtimi tik tais atvejais, kai duomenų subjektas:

1) kreipiasi į šias įstaigas dėl finansinių paslaugų gavimo ar dėl finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų užtikrinimo ir (arba);

2) yra gavęs iš šiu įstaigų finansinių paslaugų ar yra užtikrinęs finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir yra būtina nustatyti, ar nekyla grėsmė tinkamam prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

4. Finansų įstaigos užtikrina, kad gauti duomenų subjektų duomenys nebūtų:

1) tvarkomi tikslais, kurie nėra suderinami su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

2) saugomi ilgiau negu 12 mėnesių, jeigu buvo priimtas sprendimas atsisakyti suteikti finansinę paslaugą.

5. Finansų įstaigos užtikrina, kad duomenys apie jų suteiktas finansines paslaugas nebūtų saugomi ilgiau negu 10 metų nuo šiu paslaugų suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos, jeigu įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip.

6. Visi asmens duomenys iš jungtinių finansinės rizikos rinkmenų gali būti teikiami tik finansų įstaigoms. Kitiems asmenims, kurie teikia paslaugas, susijusias su finansinės rizikos prisiėmimu, asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais iš jungtinių finansinės rizikos rinkmenų teikiami tik šie apibendrinti duomenys: asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento duomenys) ir asmens kreditingumo reitingas.

7. Draudžiama iš jungtinių finansinės rizikos rinkmenų teikti asmens duomenis ir asmens kreditingumo reitingą kitais negu asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais.

8. Duomenų subjektas turi teisę pareikšti jungtinės finansinės rizikos rinkmenos valdytojui savo nuomonę dėl asmens kreditingumo reitingo nustatymo šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka.»

11.- straipsnis. 24 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalies 1 punkto ir 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) arba nurodyti pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);».

2. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) arba nurodyti pavadinimą, juridinio　asmens kodą ir buveinę (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);».

3. Pakeisti 24 straipsnio 4 dalįir ją išdėstyti taip:

„4. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma tvarkant asmens duomenis statistikos, istoriniais ar mokslinio tyrimo tikslais, kai tokios informacijos pateikti neįmanoma ar pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų senumo, nepagrįstai didelių sąnaudų) arba kai duomenų rinkimo ir teikimo tvarką nustato įstatymai, taip pat tvarkant duomenų subjekto kontaktinius duomenis (adresą, telefono ryšio numerį) socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais iki pirmojo tiesioginio kontakto su duomenų subjektu. Tokiu atveju duomenų valdytojas privalo pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo atlikti išankstinę patikrą.»

12.- straipsnis. 25 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltiniu ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.»

13.- straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu　duomenųsubjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.»

14.- straipsnis. 27 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 27 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Duomenų subjektas šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Duomenų subjektas rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikia duomenų valdytojui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus　įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus.»

2. Pakeisti 27 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros arba socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus.»

15.- straipsnis. 29 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2.　Duomenų subjektas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikęs rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pateikęs prašymą elektroninių ryšių priemonėmis ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę prašyti duomenų priežiūros instituciją surinkti iš registruotų duomenų valdytojų jo asmens duomenis ar informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir jį supažindinti su surinktais duomenimis ar informacija. Atsakymas į ši prašymą asmeniui turi būti pateikiamas asmeniškai, paštu, automatiniu būdu arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo ir asmens tapatybės patvirtinimo.»

16.- straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir kitų įstatymų nustatytais atvejais.»

17.- straipsnis. 35 straipsnio 5 dalies 7 punkto pakeitimas

35 straipsnio 5 dalies 7 punkte vietoj žodžio „viešosios» įrašyti žodį „viešos» ir　šį punktą išdėstyti taip:

„7) asmens duomenys įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikiami iš viešos duomenų rinkmenos.»

18.- straipsnis. Devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti devintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DEVINTASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS POLITIKOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE FORMAVIMAS IR ŠIO ĮSTATYMO VYKDYMO PRIEŽIŪRA«.

19.- straipsnis. Įstatymo papildymas 35¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 35¹ straipsniu:

„35¹ straipsnis. Teisingumo ministerijos funkcijos asmens duomenų apsaugos srityje

Teisingumo ministerija:

1) formuoja valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje;

2) formuoja Lietuvos politiką Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos srityje;

3) rengia įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus;

4) atlieka kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas asmens duomenų apsaugos srityje.»

20.- straipsnis. 36 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Kaip vykdomas šis įstatymas, išskyrus 8 ir 35¹ straipsnius, prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra Vyriausybės įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Jos administracijos struktūrą tvirtina Vyriausybė arba paveda tvirtinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovui. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatus tvirtina Vyriausybė.»

21.- straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„38 straipsnis. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovo statusas

1. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai vadovauja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius. Jis yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas.

2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius yra valstybės pareigūnas – įstaigos vadovas, kurį į pareigas 5 metų kadencijai priima ir iš jų atleidžia Vyriausybė Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius yra atskaitingas Vyriausybei ir teisingumo ministrui. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriumi asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

3. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius savo kadencijos laikotarpiu turi sustabdyti narystępolitinėje partijoje.»

22.- straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 40 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus ir pranešimus (toliau – skundai), pagal juos tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų;».

2. Pakeisti 40 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus nustatyta tvarka tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų;».

3. Pakeisti 40 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) teikia konsultacijas duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir tvarkytojams, kitiems asmenims dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos, taip pat rengia metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų apsaugos ir jas viešai skelbia internete;».

4. Pakeisti 40 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais atlieka išankstinę patikrą ir teikia išvadas duomenų valdytojui apie numatomą duomenų tvarkymą;».

5. Pakeisti 40 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) dalyvauja formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje ir ją įgyvendina, taip pat įgyvendina Lietuvos politiką Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos srityje ir Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) nuostatas;».

6. Pakeisti 40 straipsnio 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13) dalyvauja rengiant įstatymų projektus, rengia kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus, derina teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl įstatymų ar kitų teisės aktų rengimo, keitimo, pripažinimo netekusiais galios, jeigu įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos yra susijusios su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais;».

7. Papildyti 40 straipsnį nauju 14 punktu:

„14) teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai dėl valstybės politikos asmens duomenų apsaugos srityje formavimo ir dėl Lietuvos politikos Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos srityje formavimo;».

8. Buvusį 40 straipsnio 14 punktą laikyti 15 punktu.

9. Buvusį 40 straipsnio 15 punktą laikyti 16 punktu, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

„16) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.»

23 straipsnis. Įstatymo papildymas 41¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 41¹ straipsniu:

„41¹ straipsnis. Teismo leidimų įeiti į fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas išdavimo tvarka

1. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai priėmus nutarimą atlikti patikrinimą fizinio asmens gyvenamosiose patalpose (iš jų ir nuomojamose ar naudojamose kitu pagrindu), Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikiamas prašymas dėl teismo leidimo įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas.

2. Prašyme dėl teismo leidimo įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi būti nurodytas tikrinamo fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamųjų patalpų adresas, įtariamų pažeidimų pobūdis.

3. Prašymą dėl teismo leidimo įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas išnagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti.

4. Prašymas dėl teismo leidimo įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento.

5. Jeigu Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo šios nutarties priėmimo ją apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo nutarties ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio skundo pateikimo. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovas turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą.

7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama.»

24.- straipsnis. 45 straipsnio 1 dalies papildymas 6 punktu

Papildyti 45 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

„6) nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip 1 metai.»

25.- straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„53 straipsnis. Atsakomybė už šio istatymo pažeidimus

Asmenys, pažeidę ši įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.»

26.- straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

3. Vyriausybė ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija iki 2011 m. rugsėjo 1 d. patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimtas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius šias pareigas eina iki kadencijos, kuriai jis buvo paskirtas, pabaigos.

Skelbiu ši Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ

(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/489/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su articulo 155,

(1) Considerando que uno de los principales objetivos de la Comunidad es garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior, uno de cuyos elementos esenciales lo constituyen los sistemas de pago; que las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago representan una proporción creciente del volumen y del valor de los pagos nacionales y transfronterizos; que, en razón del progreso tecnológico y de la rápida innovación que caracteriza el momento actual, esta tendencia se acelerará sensiblemente como consecuencia de la diversidad de empresas innovadoras, mercados y entidades comerciales que crea el comercio electrónico;

(2) Considerando que es importante que los particulares y las empresas puedan utilizar instrumentos electrónicos de pago en todo el territorio comunitario; que el objeto de la presente Recomendación es completar los avances logrados en el camino hacia la consolidación del mercado interior, en particular, a la luz de la liberalización de los movimientos de capitales, contribuyendo también a la puesta en marcha de la unión económica y monetaria;

(3) Considerando que la presente Recomendación cubre las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago; que, a los efectos de la presente Recomendación, se entiende por tales instrumentos los que permiten el acceso (a distancia) a la cuenta de un cliente, en particular las tarjetas de pago y los servicios de telebanco (por teléfono y por ordenador); que las transacciones mediante tarjeta de pago abarcan el pago electrónico y no electrónico utilizando este tipo de tarjeta, incluidas las operaciones para las cuales se exige una firma y se expide un justificante; que, a efectos del presente marco jurídico, también son instrumentos de pago los instrumentos de dinero electrónico recargables en forma de tarjetas en las que se almacenan electrónicamente los importes correspondientes y de fichas electrónicas almacenadas en la memoria de una red de ordenadores; que los instrumentos de dinero electrónico recargables, en razón de sus características y, en especial, de su posible vinculación a una cuenta del titular, son aquellos en los que la protección del cliente es la más acuciante; que, por consiguiente, la presente Recomendación se limita a los instrumentos electrónicos de tipo recargable por lo que respecta a los instrumentos de dinero electrónico;

(4) Considerando que la presente Recomendación pretende contribuir al advenimiento de la sociedad de la información y, en particular, del comercio electrónico promoviendo la confianza de los clientes en estos instrumentos y la aceptación de éstos por el comercio minorista; que, a este fin, la Comisión considerará igualmente la posibilidad de actualizar la Recomendación 87/598/CEE (DO nº L 365 de 24.12.1987, p. 72), con miras a establecer un marco preciso para las relaciones entre aceptantes y adquirentes de medios de pago electrónicos; que, en consonancia con estos objetivos, la presente Recomendación establece unos requisitos mínimos de información que debe cumplirse a la hora de fijar las condiciones aplicables a las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago, así como las obligaciones y responsabilidades mínimas de las partes involucradas en tales transacciones; que dichas condiciones deben fijarse por escrito, en su caso por medios electrónicos, y preservar el equilibrio entre los intereses de las partes involucradas; que, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO número L 95 de 21 de abril de 1993, p. 29.)

1), dichas condiciones deberían redactarse de manera clara y comprensible;

(5) Considerando que, con objeto de garantizar la transparencia, la presente Recomendación recomienda los requisitos mínimos necesarios para que el cliente esté debidamente informado cuando suscriba un contrato y cuando efectúe transacciones con un instrumento de pago, incluida la información relativa a su coste y los tipos de cambio y de interés; que, para informar al titular del modo de cálculo del tipo de interés, conviene remitirse a la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO número L 42 de 12 de febrero de 1987, p. 48.)

2), modificada por la Directiva 90/88/CEE (DO número L 61 de 10 de marzo de  1990, p. 14.)

(6) Considerando que la presente Recomendación recomienda los requisitos mínimos en relación con las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas; que la información al titular ha de incluir una declaración clara del alcance de sus obligaciones en tanto que titular de un instrumento electrónico de pago que le permite efectuar pagos a terceros y realizar personalmente ciertas transacciones financieras;

(7) Considerando que, para mejorar el acceso de los clientes a los procedimientos de resolución de litigios, la presente Recomendación insta a los Estados miembros a que garanticen la existencia de procedimientos adecuados y eficaces para la resolución de litigios entre titulares y emisores; que, el 14 de febrero de 1996, la Comisión publicó un Plan de acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios entre consumidores en el mercado interior; que dicho Plan de acción contiene una serie de iniciativas específicas para promover los procedimientos extrajudiciales; que en su Anexo II se proponen criterios objetivos para garantizar la fiabilidad de tales procedimientos y, en su Anexo III, el uso de formularios de reclamación normalizados;

(8) Considerando que la presente Recomendación tiene por objetivo garantizar un elevado grado de protección de los consumidores en el ámbito de los instrumentos electrónicos de pago;

(9) Considerando que es esencial que las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago queden registradas para que quede constancia de ellas y se puedan rectificar errores; que la carga de la prueba para demostrar que una transacción ha quedado registrada y contabilizada con precisión y no se ha visto afectada por un fallo técnico o cualquier otro tipo de anomalía debería corresponder al emisor,

(10) Considerando que, sin perjuicio de cualesquiera derechos que pueda ostentar un titular conforme a la legislación nacional, las instrucciones de pago dada por éste en relación con las transacciones efectuadas mediante un instrumento electrónico de pago deberían ser irrevocables. salvo en el caso de que el importe no se hubiera determinado en el momento en que la orden fue cursada;

(11) Considerando que es necesario establecer las normas relativas a la responsabilidad del emisor en caso de no ejecución o de ejecución deficiente de las instrucciones de pago dadas por el cliente o de que se efectúen transacciones no autorizadas por éste, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al cliente en caso de pérdida o robo de los instrumentos electrónicos de pago;

(12) Considerando que la Comisión supervisará la aplicación de la presente Recomendación y, en caso de que estime que su aplicación es insuficiente, propondrá la normativa vinculante adecuada relativa a las cuestiones tratadas en la presente Recomendación,

RECOMIENDA:

SECCIÓN I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Recomendación se aplicará a las siguientes transacciones:

a) las transferencias de fondos, diferentes de las transferencias ordenadas y realizadas por entidades financieras, efectuadas mediante un instrumento electrónico de pago;

b) la retirada de dinero en efectivo mediante un instrumento electrónico de pago y la carga (y descarga) de un instrumento de dinero electrónico en dispositivos como distribuidores automáticos de billetes y cajeros automáticos, así como en los locales del emisor o en una entidad con la que se haya suscrito un contrato para aceptar el instrumento de pago.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para las transacciones efectuadas mediante un instrumento de dinero electrónico, no se aplicarán el apartado 1 del articulo 4, el segundo y el tercer guión de la letra b) del articulo 5, el articulo 6, las letras c), d) y el primer guión de la letra e) del apartado 2 del articulo 7, los apartados 1, 2 y 3 del articulo 8, y el apartado 2 del articulo 9. No obstante, cuando el instrumento de dinero electrónico sea utilizado para la carga (y descarga) mediante acceso remoto a la cuenta del cliente, la presente Recomendación se aplicará íntegramente.

3. La presente Recomendación no se aplicará a las siguientes transacciones:

a) el pago mediante cheques;

b) la función de garantía de determinadas tarjetas en relación con el pago mediante cheques.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:

a) «instrumento electrónico de pago», un instrumento que permita a su titular efectuar transacciones como las especificadas en el apartado 1 del artículo 1. Quedan incluidos en esta definición los instrumentos de pago de acceso a distancia y los instrumentos de dinero electrónico;

b) «instrumento de pago de acceso a distancia», un instrumento que permita a su titular acceder a los fondos de su cuenta en una entidad, por el cual se autoriza el pago a un beneficiario, operación que normalmente exige un código de identificación personal o cualquier otra prueba similar de identidad. Quedan incluidas, en particular, las tarjetas de pago (tarjetas de crédito, de débito, de débito diferido o tarjetas T&E) y los servicios de telebanco y de banca a domicilio;

c) «instrumento de dinero electrónicos», un instrumento de pago recargable distinto de un instrumento de pago de acceso a distancia -ya sea una tarjeta en la que se almacenan electrónicamente los importes correspondientes o una memoria de ordenador- en el que se carga electrónicamente un valor, que permita a su titular efectuar transacciones como las especificadas en el apartado 1 del articulo 1;

d) «entidad financiera», la entidad definida en el apartado 1 del articulo 4 del Reglamento (CE) nº 3604/93 del Consejo (DO número L 332 de 31 diciembre 1993, p. 4)

e) «emisor», la persona que, en desarrollo de su actividad profesional, pone a disposición de otra persona un instrumento de pago en virtud de un contrato suscrito con él;

f) «titular», la persona que, en virtud de un contrato suscrito con un emisor, posee un instrumento de pago.

SECCIÓN II. TRANSPARENCIA DE LAS CONDICIONES APLICABLES A LAS TRANSACCIONES

Artículo 3. Información mínima que debe figurar en las condiciones aplicables a la emisión y utilización de un instrumento electrónico de pago

1. Al firmar el contrato o, en cualquier caso, con la suficiente antelación antes de la entrega de un instrumento electrónico de pago, el emisor comunicará al titular las condiciones relativas al contrato (en lo sucesivo denominadas las «condiciones») aplicables a la emisión y utilización del instrumento electrónico de pago. Las condiciones incluirán una indicación de la ley aplicable al contrato

2. Las condiciones se harán constar por escrito -y, en su caso, por medios electrónicos- en términos claros y fácilmente comprensibles, y estarán disponibles por lo menos en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro en el que se ofrezca el instrumento electrónico de pago.

3. Como mínimo, las condiciones incluirán:

a) una disposición del instrumento electrónico de pago, y, en su caso, los requisitos técnicos del equipo de comunicación del titular cuyo uso se autorice, así como las instrucciones de utilización del mismo, incluidos, en su caso, los límites cuantitativos aplicables;

b) una descripción de las obligaciones y responsabilidades del titular y del emisor, que contendrá una descripción de las medidas que el titular deba tomar para garantizar la seguridad del instrumento electrónico de pago y de los medios (como el número de identificación personal u otro código) que permitan su utilización;

c) en su caso, el período normal en el que se cargarán o abonarán los importes de las transacciones en la cuenta del titular y la fecha de valor aplicada o, cuando el titular no tenga una cuenta ante el emisor, el período normal en el que se facturarán las transacciones;

d) los tipos de cualesquiera derechos que deba abonar el titular. En particular, se facilitarán los pormenores de los siguientes derechos:

—el importe de la cuota de entrada y de la cotización anual,

—cualesquiera comisiones y cargas que deberá pagar el titular por determinados tipos de transacciones,

—en su caso, el tipo de interés aplicable y su modo de cálculo;

e) el periodo de tiempo durante el cual el titular puede impugnar una transacción dada y una indicación de las vías de recurso y procedimientos de reclamación a su disposición y del método para acceder a ellos.

4. En caso de que el instrumento electrónico de pago pueda utilizarse para efectuar transacciones en el extranjero (fuera del país de emisión o de la subscripción), se facilitará además la siguiente información al titular:

a) una indicación del importe de cualesquiera comisiones y cargas aplicables a las transacciones en moneda extranjera, incluidos, en su caso, los tipos;

b) el tipo de cambio de referencia utilizado para la conversión de las transacciones en moneda extranjera, incluida la fecha de valor de dicho tipo.

Artículo 4. Información posterior a una transacción

1. El emisor facilitará al titular información sobre las transacciones efectuadas mediante un instrumento electrónico de pago. Esta información, que se proporcionará por escrito -y, en su caso, por medios electrónicos- y en términos fácilmente comprensibles, incluirá, como mínimo:

a) una referencia que permita al titular identificar la transacción, y, en su caso, información relativa al aceptante ante el cual o con el cual se efectuó la transacción;

b) el importe de la transacción cargado en la cuenta del titular en la moneda de facturación y, en su caso, el importe en la moneda extranjera de que se trate;

c) el importe de cualesquiera comisiones y cargas aplicables a tipos específicos de transacciones.

El emisor también indicará al titular el tipo de cambio utilizado para convertir las transacciones en moneda extranjera.

2. El emisor de un instrumento de dinero electrónico ofrecerá al titular la posibilidad de verificar las últimas cinco transacciones ejecutadas, así como también el saldo residual de valor careado en dicho instrumento.

SECCIÓN III. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES EN UN CONTRATO

Artículo 5. Obligaciones del titular

El titular:

a) utilizará el instrumento electrónico de pago en las condiciones aplicables a la emisión y utilización de tales instrumentos; en particular, tomará todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del instrumento electrónico de pago y de los medios (número de identificación personal u otro código) que permitan su utilización;

b) notificará sin demora al emisor (o a la entidad especificada por éste), en cuanto tenga conocimiento de ello:

—la pérdida o el robo del instrumento electrónico de pago o de los medios que permitan su utilización,

—el registro en su cuenta de cualquier transacción no autorizada,

—cualquier error u otra anomalía en la gestión de su cuenta por parte del emisor,

c) no anotará su número de identificación personal u otro código de forma fácilmente reconocible, especialmente en el instrumento electrónico de pago o en cualquier objeto que guarde o que lleve junto con el mismo;

d) no revocará una orden que hubiere cursado mediante su instrumento electrónico de pago, salvo en caso de que el importe no se hubiere determinado en el momento de cursar la orden.

Artículo 6. Responsabilidad del titular

1. Hasta el momento de la notificación, el titular asumirá los daños que resulten de la pérdida o del robo de su instrumento electrónico de pago hasta un determinado límite, que no excederá de 150 ecus, excepto cuando haya actuado con negligencia grave, infringiendo lo dispuesto en las letras a), b) o c) del artículo 5, o de forma fraudulenta, en cuyo caso no se aplicará dicho límite.

2. A partir del momento en que el titular haya notificado al emisor (o a la entidad especificada por éste) la pérdida o el robo de su instrumento electrónico de pago, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 5, no será responsable de los daños que resulten de los mismos excepto cuando haya actuado de forma fraudulenta.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el titular no será responsable si el instrumento de pago se utilizó sin presentación física o identificación por medios electrónicos del instrumento mismo. El uso exclusivo de un código confidencial o cualquier otro elemento similar de identificación no será suficiente para entrañar su responsabilidad.

Artículo 7. Obligaciones del emisor

1. El emisor podrá modificar las condiciones siempre y cuando lo comunique personalmente y con la antelación suficiente al titular para permitirle denunciar el contrato si así lo desea. Se establecerá un plazo no inferior a un mes, transcurrido el cual, si el titular no ha denunciado el contrato, se entenderá que ha aceptado las nuevas condiciones.

No obstante, el párrafo primero no se aplicará en caso de una notificación sustancial del tipo de interés real y surtirá efecto a partir de la fecha que se indique en el momento de la publicación de dicha modificación. En este caso, y sin perjuicio del derecho del titular a denunciar el contrato, el emisor informará personalmente de ello, y lo antes posible, al titular.

2. El emisor:

a) no revelará el número de identificación personal del titular u otro código, excepto al propio titular

b) no enviará un instrumento electrónico de pago no solicitado, excepto cuando se trate de la reposición de un instrumento electrónico de pago que ya poseía del titular,

c) mantendrá un registro interno durante un período de tiempo suficiente para que quede constancia de las transacciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 y se puedan rectificar los posibles errores;

d) garantizará la existencia de medios adecuados para permitir al titular efectuar la notificación prevista en la letra b) del artículo 5. En caso de que dicha notificación se hiciere por teléfono, el emisor (o la entidad por él indicada), proporcionará al titular los medios que acrediten que dicha notificación ha sido efectuada por el titular,

e) en caso de litigio con el titular en relación con una de las transacciones especificadas en el apartado 1 del artículo 1, y sin perjuicio de cualquier prueba en contrario que el titular pueda producir, demostrará que la transacción:

—ha sido registrada y contabilizada correctamente,

—no se ha visto afectada por un fallo técnico o por cualquier otra anomalía.

Artículo 8. Responsabilidades del emisor

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 en las letras a) y e) del apartado 2 del artículo 7, el emisor será responsable:

a) de la no ejecución o de la ejecución defectuosa de las transacciones del titular a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, incluso cuando la transacción se inicie en un dispositivo o terminal o con un equipo que no esté bajo el control directo o exclusivo del emisor, siempre y cuando la transacción no se inicie en un dispositivo o terminal o con un equipo cuyo uso no haya autorizado este último;

b) de las transacciones no autorizadas por el titular, así como de cualquier error atribuible al emisor en relación con la gestión de la cuenta del titular.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la responsabilidad a que se refiere el apartado 1 consistirá en:

a) el importe de la transacción no ejecutada o ejecutada defectuosamente y, en su caso, los intereses correspondientes;

b) el importe necesario para restablecer al titular en la situación en que se hallaba antes de que tuviera lugar la transacción no autorizada.

3. Cualesquiera consecuencias financieras adicionales y, en particular, las relacionadas con la determinación del alcance del perjuicio que deba indemnizarse correrán a cargo del emisor, de conformidad con las normas aplicables al contrato celebrado entre éste y el titular.

4. El emisor será responsable frente al titular de un instrumento de dinero electrónico de las pérdidas de valor cargado en dicho instrumento o de la ejecución defectuosa de las transacciones del titular, cuando la pérdida o la ejecución defectuosa sean atribuibles a una disfunción del mismo, del dispositivo o terminal o de cualquier otro equipo autorizado para el uso, siempre y cuando la disfunción no haya sido causada por el titular deliberadamente o en infracción de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del articulo 3.

SECCIÓN IV. NOTIFICACIÓN, RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Y DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 9. Notificación

1. El emisor (o la entidad especificada por él) proporcionará los medios para que el titular, en cualquier momento del día o de la noche, pueda notificar la pérdida o el robo de su instrumento electrónico de pago.

2. Una vez recibida la notificación, el emisor (o la entidad especificada por él), incluso en el supuesto de que el titular haya actuado con negligencia grave o de forma fraudulenta, deberá procurar, por todos los medios razonables a su alcance, impedir la ulterior utilización del instrumento electrónico de pago.

Artículo 10. Resolución de litigios

Se invita a los Estados miembros a que garanticen la existencia de procedimientos adecuados y eficaces para resolver litigios entre titulares y emisores

Artículo 11. Disposición final

Se invita a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias a fin de que los emisores de instrumentos electrónicos de pago lleven a cabo sus actividades de conformidad con los artículos 1 a 9, a más tardar el 31 de diciembre de 1998.

Hecho en Bruselas, el 30 de julio de 1997.

Por la Comisión. Mario MONTI

Miembro de la Comisión

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy　

Le Premier ministre, François Fillon

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

DO L 174/1 de 27 de junio 2001

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su artículo 67,

Vista la iniciativa de la República Federal de Alemania (DO C 314 de 3.11.2000, p. 2.),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (Dictamen emitido el 14 de marzo de 2001),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (Dictamen emitido el 28 de febrero de 2001)

Considerando lo siguiente:

(1) la Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Para establecer progresivamente tal espacio, la Comunidad deberá adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2) El buen funcionamiento del mercado interior deberá mejorar y, especialmente, simplificar y acelerar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas.

(3) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, recordó la necesidad de elaborar nuevas normas procesales para los asuntos transfronterizos, en particular en el ámbito de la obtención de pruebas.

(4) Esta materia entra en el ámbito del artículo 65 del Tratado.

(5) Los objetivos de la acción propuesta, concretamente la mejora de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. Por ello la Comunidad puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado, De conformidad con el principio de proporcionalidad el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(6) Hasta ahora no ha existido en el ámbito de la obtención de pruebas ningún acto jurídico vinculante entre todos los Estados miembros. El Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, sólo se halla en vigor entre once Estados miembros de la Unión Europea.

(7) Dado que para dictar una resolución en una causa civil o mercantil pendiente ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se requiere con frecuencia realizar en otro Estado miembro la obtención de pruebas, la acción de la Comunidad no puede limitarse al ámbito de la transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil cubierto por el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (DO L 160 de 30.6.2000, p, 37.). Se requiere por ello continuar mejorando la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas.

(8) La eficiencia de los procedimientos judiciales en materia civil o mercantil exige que la transmisión y la ejecución de las solicitudes de realización de diligencias de obtención de pruebas se efectúen directamente entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros por la vía más rápida posible.

(9) La transmisión rápida de una solicitud de realización de diligencias de obtención de pruebas requiere la utilización de todos los medios adecuados a tal fin, siendo necesaria la observancia de determinadas condiciones en cuanto a la legibilidad y la fiabilidad del documento recibido. Para garantizar un máximo de claridad y de seguridad jurídica, las solicitudes de realización de diligencias de obtención de pruebas deben transmitirse por medio de un formulario que ha de ir cumplimentado en la lengua del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido o en otra lengua aceptada por dicho Estado miembro. Por las mismas razones, también conviene, en la medida de lo posible, utilizar formularios para las ulteriores comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales de que se trate.

(10) La solicitud de realización de diligencias de obtención de pruebas debería ejecutarse con rapidez. Si no es posible efectuarla en un plazo de noventa días desde su recepción por el órgano jurisdiccional requerido, éste debería ponerlo en conocimiento del órgano jurisdiccional requirente, indicándole las razones que impiden que la solicitud sea ejecutada con rapidez.

(11) Con el fin de garantizar la eficacia del presente Reglamento, la posibilidad de denegar la ejecución de una solicitud de realización de diligencias de obtención de pruebas ha de circunscribirse a situaciones excepcionales estrictamente delimitadas.

(12) El órgano jurisdiccional requerido debería ejecutar la solicitud de conformidad con la legislación de su Estado miembro.

(13) Debería permitirse que las partes y, en su caso, sus representantes, estuviesen presentes durante la realización de diligencias de obtención de pruebas, si así lo prevé la legislación del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente, para que puedan seguir los procedimientos de manera comparable al supuesto en que la prueba se hubiera obtenido en el Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente. Asimismo debería permitirse que soliciten la posibilidad de participar, para desempeñar un papel más activo en las diligencias de obtención de pruebas. Sin embargo, debería corresponder al órgano jurisdiccional requerido determinar, de conformidad con la legislación de su Estado miembro, las condiciones en las que puedan participar.

(14) Debería permitirse que los mandatarios del órgano jurisdiccional requirente estuviesen presentes durante la realización de las diligencias de obtención de pruebas, si ello es compatible con la legislación del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente, para que dispongan de mejores posibilidades de evaluación de las pruebas. Asimismo debería permitirse que solicitaran la posibilidad de participar, en las condiciones establecidas por el órgano jurisdiccional requerido conforme a la legislación de su Estado miembro, para desempeñar un papel más activo en las diligencias de obtención de pruebas.

(15) Con el objeto de facilitar la obtención de pruebas, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, podrá, de conformidad con la legislación de su Estado miembro, obtener pruebas directamente en otro Estado miembro, si éste último lo acepta, y de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo central o autoridad competente del Estado miembro requerido.

(16) La realización de la solicitud, conforme al artículo lo, no debería dar lugar a reclamaciones por reembolso de tasas o gastos. No obstante si el órgano jurisdiccional requerido pide el reembolso, los honorarios de expertos e intérpretes así como los gastos ocasionados por la aplicación de los apartados 3 y 4 del artículo 10, no deberían ser sufragados por dicho órgano. En tal caso corresponde al órgano jurisdiccional requirente adopta las medidas necesarias para garantizar el reembolso sin demora. Cuando se solicite dictamen de expertos el órgano jurisdiccional requerido puede, previa a la ejecución del requerimiento, solicitar al órgano jurisdiccional requirente una provisión de fondos o adelanto de los gastos previstos.

(17) El presente Reglamento debería prevalecer sobre las disposiciones en vigor que figuran en su ámbito de aplicación en los convenios internacionales en la materia celebrados por los Estados miembros. Los Estados miembros deberían ser libres de celebrar acuerdos o convenios para facilitar en mayor medida la cooperación en el ámbito de la obtención de pruebas.

(18) Los datos transmitidos en aplicación del presente Reglamento deben estar amparados por un régimen de protección. Puesto que son aplicables la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.) y la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.), no es necesario incluir disposiciones específicas sobre protección de datos en el presente Reglamento.

(19) Las normas de desarrollo necesarias para la aplicación del presente Reglamento deberían adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).

(20) Con vistas al funcionamiento adecuado del presente Reglamento, la Comisión examinará su aplicación y propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias.

(21) El Reino Unido e Irlanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo relativo a la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han notificado por escrito su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento. Se deberían adoptar disposiciones transitorias respecto a los organismos receptores y transmisores para Inglaterra y Gales.

(22) En virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, este Estado miembro no participa en la adopción del presente Reglamento, el cual, por consiguiente, no le vincula ni le es aplicable.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento será de aplicación en materia civil o mercantil cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, solicite:

a) la práctica de diligencias de obtención de pruebas al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, o

b) la realización de diligencias de obtención de pruebas directamente en otro Estado miembro.

2. No se solicitará la obtención de pruebas que no estén destinadas a utilizarse en una causa iniciada o que se prevea incoar.

3. En el presente Reglamento, se entenderá por ,Estado miembro, cualquiera de los Estados miembros con excepción de Dinamarca.

Artículo 2. Comunicación directa entre los órganos jurisdiccionales
1. El órgano jurisdiccional ante el que se halle iniciada o se prevea incoar la causa (en lo sucesivo, «el órgano jurisdiccional requirente»), remitirá directamente al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro (en lo sucesivo ,»el órgano jurisdiccional requerido»), las solicitudes a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 1 (en lo sucesivo «las solicitudes»), a los efectos de la realización de diligencias de obtención de pruebas.

2. Cada Estado miembro elaborará una lista de los órganos jurisdiccionales competentes para la realización de las diligencias de obtención de pruebas de conformidad con el presente Reglamento. Esta lista mencionará asimismo el ámbito de competencia territorial y, en su caso, especial de dichos órganos jurisdiccionales,

Artículo 3. Órgano central
1.Cada Estado miembro designará un órgano central encargado de:

a) facilitar información a los órganos jurisdiccionales;

b) buscar soluciones en caso de que una solicitud plantee dificultades;

c) a modo de excepción y a instancia de un órgano jurisdiccional requirente, trasladar una solicitud al órgano jurisdiccional requerido.

2. Los Estados federales, los Estados en los que rijan varios ordenamientos jurídicos y los Estados que cuenten con entes, territoriales autónomos podrán designar varios órganos centrales.

3. Cada Estado miembro también designará el organismo central a que se refiere el apartado 1 o a una o varías autoridades competentes para resolver sobre las solicitudes de conformidad con el artículo 17.

CAPíTULO II. NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES

Sección 1. Notificación de la solicitud

Artículo 4. Forma y contenido de la solicitud
1 .La solicitud se presentará mediante el formulario A o, en su caso, el formulario I que figura en el anexo, y contendrá los siguientes datos:

a) el órgano jurisdiccional requirente y, en su caso, el órgano jurisdiccional requerido;

b) el nombre y la dirección de las partes en la causa y, en su caso, de sus representantes;

c) el tipo de causa judicial y el objeto de la misma, así como una exposición sumaria de los hechos;

d) la descripción de las diligencias de obtención de pruebas solicitadas;

e) tratándose de una solicitud dirigida a tomar declaración a una persona:

-el nombre y la dirección de dicha persona,

-las preguntas que hayan de formularse a las personas que deban declarar o los hechos sobre los que vayan a prestar declaración,

-en su caso, la indicación sobre la existencia de un derecho de los testigos a no prestar declaración con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente, en su caso, la petición de recibir la declaración bajo juramento o promesa de decir la verdad y, en su caso, la fórmula que haya de emplearse,

-en su caso, cualquier otra información que el órgano jurisdiccional requirente estime necesaria;

f) tratándose de la solicitud de obtención de cualquier a prueba, los documentos u otros objetos que deban examinarse;

g) en su caso, las solicitudes a tenor de los apartados 3 y 4 del artículo 10 y los artículos 11 y 12, así como las aclaraciones necesarias para la aplicación de dichas disposiciones.

2. No se exigirá la autenticación o cualquier otra formalidad equivalente de la solicitud ni de los documentos adjuntos a la misma.

3. Los documentos cuya aportación considere necesaria el órgano jurisdiccional requirente para la ejecución de la solicitud deberán proporcionarse acompañados de una traducción a la lengua en que se haya redactado la solicitud.

Artículo 5. Lenguas
La solicitud y las comunicaciones previstas en el presente Reglamento se redactarán en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, citando haya varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba realizarse la obtención de pruebas solicitada, o en otra lengua que el Estado miembro requerido haya aceptado. Cada Estado miembro deberá indicar la lengua o las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad Europea distintas de la suya o de las suyas en que aceptará que se cumplimenten los formularios,

Artículo 6.Transmisión de las solicitudes y de otras comunicaciones
Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el presente Reglamento se transmitirán por la vía más rápida, que haya sido aceptada por el Estado miembro requerido. La transmisión podrá realizarse por cualquier medio adecuado siempre que el contenido del documento recibido sea fiel y conforme al del documento expedido y que todas las indicaciones que contenga sean legibles.

Sección 2. Recepción de la solicitud

Artículo 7. Recepción de la solicitud
1. El órgano jurisdiccional requerido competente expedirá al órgano jurisdiccional requirente, en un plazo de siete días tras la recepción de la solicitud, un acuse de recibo por medio del formulario B que figura en el anexo. Si la solicitud no cumple los requisitos establecidos en el artículo 5 y en el artículo 6, el órgano jurisdiccional requerido lo hará constar en el acuse de recibo.

2. En caso de que la ejecución de una solicitud, presentada mediante el formulario A que figura en el anexo y que cumpla los requisitos del artículo 5, no fuera de la competencia del órgano jurisdiccional al que se transmitió, este último trasladará la solicitud al órgano jurisdiccional competente de su Estado miembro e informará de ello al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario A que figura en el anexo.

Artículo 8. Solicitudes incompletas
1. Si la solicitud no pudiera ejecutarse por no contener todos los datos necesarios con arreglo al artículo 4, el órgano jurisdiccional requerido informará de ello al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario C que figura en el anexo con la mayor brevedad y, a más tardar, en el plazo de treinta días tras la recepción de la solicitud, y le solicitará la transmisión de los datos que faltan, que habrán de indicarse del modo más preciso posible.

2. Si la solicitud no pudiera ejecutarse porque fuera necesaria la provisión de fondos o adelanto mencionada en el apartado 3 del artículo 18 el órgano jurisdiccional requerido informará de ello al órgano jurisdiccional requirente a la mayor brevedad y, a más tardar, en el plazo de treinta días tras la recepción de la solicitud, mediante el formulario C que figura en el anexo e informará al órgano jurisdiccional requirente de cómo debe hacerse la provisión de fondos o adelanto. El órgano jurisdiccional requerido dará recibo de la provisión de fondos o adelanto a más tardar en el plazo de 10 días de la recepción de la provisión de fondos o adelanto mediante el formulario D.

Artículo 9. Cumplimentación de la solicitud
1. Si el órgano jurisdiccional requerido, de conformidad con el apartado 1 del artículo 7, hubiese indicado en el acuse de recibo que la solicitud no cumple las condiciones establecidas en el artículo 5 y en el artículo 6, o si, de conformidad con el artículo 9, hubiese informado al órgano jurisdiccional requirente de que la solicitud no puede ejecutarse por no contener todos los datos necesarios con arreglo al artículo 4, el plazo fijado en el apartado 1 del artículo 10 comenzará a correr cuando el órgano jurisdiccional requerido haya recibido la solicitud debidamente cumplimentada.

2. Cuando el órgano jurisdiccional requerido haya pedido la provisión de fondos o adelanto conforme al apartado 3 del artículo 18 el plazo mencionado comenzará a correr a partir del día en que se haya efectuado la provisión o adelanto.

Sección 3. Obtención de pruebas por el órgano jurisdiccional requerido

Artículo 10. Disposiciones generales sobre la ejecución de la solicitud
1. El órgano jurisdiccional requerido ejecutará la solicitud con la mayor brevedad y, a más tardar, en los noventa días siguientes a la recepción de la solicitud.

2. El órgano jurisdiccional requerido ejecutará la solicitud aplicando el Derecho de su Estado miembro.

3. El órgano jurisdiccional requirente podrá pedir que la solicitud se ejecute de acuerdo con alguno de los procedimientos especiales previstos en el Derecho de su Estado miembro, mediante el formulario A que figura en el anexo. El órgano jurisdiccional requerido cumplirá dicha petición, a no ser que el procedimiento en cuestión sea incompatible con el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido o que existan grandes dificultades de hecho. En caso de que el órgano jurisdiccional requerido no acceda a la petición por alguno de los motivos arriba citados, informará al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario E que figura en el anexo.

4. El órgano jurisdiccional requirente podrá solicitar al órgano jurisdiccional requerido que utilice los medios tecnológicos de comunicación en la realización de la obtención de pruebas, en particular la videoconferencia y la teleconferencia.

El órgano jurisdiccional requerido cumplirá dicha petición, a no ser que ésta sea incompatible con el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido o que existan grandes dificultades de hecho.

En caso de que el órgano jurisdiccional requerido no acceda a la petición por alguno de los motivos arriba citados, informará al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario E que figura en el anexo.

Si en el órgano jurisdiccional requirente o requerido no se dispone de acceso a los medios técnicos mencionados anteriormente, los órganos jurisdiccionales podrán facilitarlos de mutuo acuerdo.

Artículo 11. Realización en presencia y con participación de las partes
1. En caso de que así lo prevea el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente, las partes y, en su caso, sus representantes tendrán derecho a estar presentes cuando el órgano jurisdiccional requerido realice las diligencias de obtención de pruebas.

2. En su solicitud, el órgano jurisdiccional requirente informará al órgano jurisdiccional requerido de la presencia de las partes y, en su caso, de sus representantes y, si ha lugar, de que se solicita su participación, mediante el formulario A que figura en el anexo. Dicha información podrá transmitirse asimismo en cualquier otro momento conveniente.

3. Si se solicita la participación de las partes y, en su caso, de sus representantes, en la realización de las diligencias de obtención de pruebas, el órgano jurisdiccional requerido determinará, de acuerdo con el artículo 10, las condiciones en las que podrán participar.

4. El órgano jurisdiccional requerido notificará a las partes y, en su caso, a sus representantes, el momento y el lugar en que las diligencias tendrán lugar, y, si procede, las condiciones en las que podrán participar, mediante el formulario F que figura en el anexo.

5. Lo dispuesto en los apartados 1 al 4 no obstará a la posibilidad de que el órgano jurisdiccional requerido solicite a las partes y, en su caso, a sus representantes, que estén presentes o que participen en la realización de la obtención de pruebas si así lo prevé el Derecho de su Estado miembro.

Artículo 12. Realización en presencia y con la participación de rnandatarios del órgano jurisdiccional requirente
1. En caso de que sea compatible con el Derecho del Estado miembro requirente, los mandatarios del órgano jurisdiccional requirente tendrán derecho a estar presentes cuando el órgano jurisdiccional requerido realice las diligencias de obtención de pruebas.

2. A los efectos del presente artículo, el término «mandatario», abarcará a los miembros del personal judicial designados por el órgano jurisdiccional requirente, con arreglo al Derecho de su Estado miembro. El órgano jurisdiccional requirente también podrá designar, de acuerdo con el Derecho de su Estado miembro, a cualquier otra persona, como, por ejemplo, un experto.

3. En su solicitud, el órgano jurisdiccional requirente informará al órgano jurisdiccional requerido de la presencia de sus mandatarios y, si ha lugar, de que se solicita su participación, mediante el formulario A que figura en el anexo. Dicha información podrá transmitirse asimismo en cualquier otro momento conveniente.

4. Si se solicita la participación de los mandatarios del órgano jurisdiccional requirente en la realización de las diligencias de obtención de pruebas, el órgano jurisdiccional requerido determinará, de acuerdo con el artículo 10, las condiciones en las que podrán participar.

5. El órgano jurisdiccional requerido notificará al órgano jurisdiccional requirente el momento y el lugar en los que las diligencias tendrán lugar, y, si procede, las condiciones en las que los mandatarios podrán participar, mediante el formulario F que figura en el anexo.

Artículo 13. Medidas coercitivas
Si fuera necesario, el órgano jurisdiccional requerido recurrirá para la ejecución de la solicitud a medidas coercitivas adecuadas en los casos y en la medida previstos por el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido para la ejecución de solicitudes presentadas con el mismo fin por autoridades nacionales o por una de las partes.

Artículo 14. Denegación de la ejecución
1 . No se ejercitará la solicitud de tomar declaración a una persona cuando dicha persona alegue el derecho de negarse a declarar o la prohibición de declarar:

a) previstos por el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido, o

b) previstos por el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente e indicados en la solicitud o, si fuera preceptivo, confirmados por el órgano jurisdiccional requirente a petición del órgano jurisdiccional requerido.

2. Además de por los motivos citados en el apartado 1, la ejecución de una solicitud sólo podrá denegarse:

a) si la solicitud no se inscribe en el ámbito de aplicación del presente Reglamento a que se refiere el artículo 1;

b) si según el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido la ejecución de la solicitud no entra en el ámbito de las competencias judiciales;

c) si el órgano jurisdiccional requirente no accede a la petición formulada por el órgano jurisdiccional requerido de completar la solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 en un plazo de treinta días desde que el órgano jurisdiccional requerido haya pedido al órgano jurisdiccional requirente que la complete; si la provisión de fondos o adelanto solicitado conforme al apartado 3 del artículo 18 no se efectuara en los sesenta días siguientes a la solicitud de provisión o adelanto del órgano jurisdiccional requerido,

3. La ejecución no podrá denegarse por el órgano jurisdiccional requerido únicamente por el hecho de que, de acuerdo con el Derecho de su Estado miembro, un órgano jurisdiccional de dicho Estado tenga competencia exclusiva en el asunto de que se trate o no disponga de un procedimiento equivalente a aquel para el que se cursó la solicitud.

4. Si se rechazara la ejecución de la solicitud por alguno de los motivos expuestos en el apartado 2, el órgano jurisdiccional requerido informará al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario H que figura en el anexo en un plazo de sesenta días contado desde la recepción de la solicitud por el órgano jurisdiccional requerido.

Artículo 15. Notificación del retraso
Si el órgano jurisdiccional requerido no está en condiciones de cumplir la solicitud dentro de los noventa días siguientes a su recepción, informará de ello al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario G que figura en el anexo. Cuando así sea, expondrá los motivos del retraso, así como el plazo estimado que el órgano jurisdiccional requerido considera necesario para cumplirla solicitud.

Artículo 16. Procedimiento tras la ejecución de la solicitud
El órgano jurisdiccional requerido transmitirá con la mayor brevedad al órgano jurisdiccional requirente los documentos que acrediten la ejecución de la solicitud, y, en su caso, devolverá los documentos recibidos del órgano jurisdiccional requirente. Junto a estos documentos se debería remitir, mediante el formulario H que figura en el anexo, una confirmación de ejecución de la solicitud.

Sección 4. Obtención directa de pruebas por el órgano jurisdiccional requirente

Artículo 17
1. Si un órgano jurisdiccional solicita obtener pruebas directamente en otro Estado miembro, presentará una solicitud al órgano central o a la autoridad competente de dicho Estado a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 mediante el formulario 1 que figura en el anexo.

2. Únicamente podrá efectuarse la obtención directa de pruebas en caso de que pueda llevarse a cabo de forma voluntaria, sin necesidad de aplicar medidas coercitivas.

Si la obtención directa de pruebas implica que debe tornarse declaración a una persona, el órgano jurisdiccional requirente informará a dicha persona de que las diligencias tendrán carácter voluntario.

3. La obtención de pruebas será efectuada por un miembro del personal judicial o por cualquier otra persona, como, por ejemplo, un experto, designados con arreglo al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente.

4. En un plazo de treinta días tras la recepción de la solicitud, el órgano central o la autoridad competente del Estado miembro requerido informará al órgano jurisdiccional requirente si se ha aceptado la solicitud y, en su caso, en qué condiciones con arreglo al Derecho de su Estado miembro deben practicarse dichas diligencias, mediante el formulario J.

En particular, el órgano central o la autoridad competente podrán designar a un órgano jurisdiccional de su Estado miembro para que participe en las diligencias de obtención de pruebas a fin de garantizar la correcta aplicación del presente artículo y de las condiciones que se hayan establecido.

El órgano central o la autoridad competente fomentará la utilización de los medios tecnológicos de comunicación como video conferencias y teleconferencias.

5. El órgano central o la autoridad competente podrá denegar la obtención directa de pruebas sólo si:

a) la solicitud no tiene cabida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1;

b) la solicitud no contiene todos los datos necesarios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, o

c) la obtención directa de pruebas solicitada es contraria a los principios fundamentales del Derecho de su Estado miembro.

6. Sin perjuicio de las condiciones establecidas con arreglo al apartado 4, el órgano jurisdiccional requirente ejecutará la solicitud de conformidad con el Derecho de su Estado miembro.

Sección 5. Gastos

Artículo 18
1 . La ejecución de una solicitud, conforme con el artículo 10, no dará lugar al abono de tasas o gastos,

2. No obstante, si el órgano jurisdiccional requerido así lo solicita, el órgano jurisdiccional requirente velará sin demora por el reembolso de: los honorarios abonados a los expertos e intérpretes, y los gastos ocasionados por la aplicación de los apartados 3 y 4 del artículo 10.

La obligación de las partes de sufragar los honorarios y gastos se regirá por la legislación del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente.

3. Cuando se solicite el dictamen de un experto, el órgano jurisdiccional requerido puede, antes de realizar la solicitud, recabar del órgano jurisdiccional requirente adecuada provisión de fondos o adelanto sobre los gastos estimados.

La provisión de fondos o adelanto será efectuada por las partes si así lo prevé la ley del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente.

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19. Normas de desarrollo
1 . De conformidad con el artículo 21, la Comisión elaborará y actualizará periódicamente un manual, que también estará disponible electrónicamente, con la información facilitada por los Estados miembros con arreglo al artículo 22 y a los acuerdos en vigor.

2. La actualización o adaptación técnica de los formularios que figuran en el anexo se llevará a cabo con arreglo al procedimiento consultivo mencionado en el apartado 2 del artículo 20.

Artículo 20. Comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 21. Relación con los acuerdos o convenios existentes o futuros entre los Estados miembros
1. Por lo que se refiere a la materia de su ámbito de aplicación, el presente Reglamento prevalecerá sobre las disposiciones de los acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales celebrados por los Estados miembros y en especial las del Convenio de La Haya, de 1 de marzo de 1954 relativo al procedimiento civil y del Convenio de La Haya, de 18 de marzo de 1970, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, en las relaciones entre los Estados miembros que sean parte de dichos convenios.

2. El presente Reglamento no se opone a que dos o más de los Estados miembros mantengan o celebren acuerdos o convenios entre sí encaminados a facilitar en mayor medida la obtención de pruebas, siempre que sean compatibles con las disposiciones del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros remitirán a la Comisión:

a) a más tardar el 1 de julio de 2003, una copia de los acuerdos o convenios mantenidos entre los Estados miembros a que se refiere el apartado 2;

b) una copia de los acuerdos o convenios a que se refiere el apartado 2 celebrados entre los Estados miembros, así como los proyectos de tales acuerdos o convenios que se propongan celebrar, y

c) cualquier denuncia o modificación de tales acuerdos o convenios.

Artículo 22. Comunicación
A más tardar el 1 de julio de 2003, cada Estado miembro comunicará a la Comisión la siguiente información:

a) la lista prevista en el apartado 2 del artículo 2, con indicación del ámbito de competencia territorial y, en su caso, especial de los órganos jurisdiccionales;

b) el nombre y la dirección de los organismos centrales y autoridades competentes previstos en el artículo 4, así como el ámbito territorial de su competencia;

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus miembros de conformidad con el Tratado constitutivo
Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 2001.

c) los medios técnicos de los que dispongan los órganos jurisdiccionales enumerados en la lista incluida en el apartado 2 del artículo 2;

d) las lenguas admitidas para las solicitudes a que se refiere el artículo 5.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación posterior que afecte a lo precedente.

Artículo 23. Revisión
A más tardar el 1 de enero de 2007, y posteriormente cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe relativo a su aplicación, con especial referencia a la aplicación práctica de la letra c) del apartado 1 y del apartado 3, ambos del artículo 3, así como de los artículos 17 y 18.

Artículo 24. Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2001.

2. El presente Reglamento se aplicará desde el 1 de enero de 2004, salvo para los artículos 14, 19, 21 y 22 que se aplicarán desde el 1 de julio de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Por el Consejo

El Presidente T. BODSTRÓM

Loi nº 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique　

Article 1　

Les dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre la nation, l'Etat et la paix publique sont fixées par le livre IV annexé à la présente loi.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

Par le Président de la République : FRANÇOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

El artículo 18, apartado 1, de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD), establece que la modificación de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

El Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, modifica el artículo 19.1 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, ampliando a los establecimientos financieros de crédito la obligación de comunicar al Banco de España los titulares de participaciones en su capital. Por este motivo, el actual fichero de «Datos correspondientes a la estructura de capital de las entidades de crédito» se debe modificar para dar cabida a las declaraciones que efectúen dichas entidades.

La entrada en vigor de la circular 3/1995, de 25 de septiembre, sobre la Central de Información de Riesgos, que desde junio de 1996 sustituye a la circular 7/1989, de 24 de febrero, obliga, a su vez, a modificar el contenido del fichero «Datos correspondientes a la Central de Información de Riesgos».

Procede, por tanto, la aprobación de la presente circular, a fin de dar cumplimiento al mencionado mandato legal.

El Banco de España, en uso de las facultades que le confiere la Ley 13/1994 de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, Y de acuerdo con el procedimiento allí previsto, ha dispuesto:

Norma primera.

Se modifica en el anejo I de la Circular 4/1994, de 22 de julio, la información del fichero «Datos correspondientes a la estructura de capital de las entidades de crédito», en el siguiente sentido:

1) Normativa de referencia: El contenido del segundo inciso pasa a ser «Artículo 19.1 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de junio, redactado por Real Decreto 692/1996, de 26 de abril (Boletín Oficial del Estado, de 24 de mayo)».

2) Personas físicas afectadas: Se sustituye su contenido por «Las que tengan inscritas a su nombre acciones o aportaciones que representen un porcentaje del capital social de la entidad igual o superior al 0,25 por 100, en el caso de los bancos; del 1 por 100 en el de cooperativas de crédito; o del 2,5 por 100 en los establecimientos financieros de crédito».

3) Procedencia y procedimiento de recogida: El contenido del primer inciso se sustituye por «Los datos proceden de bancos, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito».

Norma segunda.

Se modifica en el anejo I de la Circular 4/1994, de 22 de julio, la información del fichero «Datos correspondientes a la Central de Información de Riesgos», en el siguiente sentido:

1) Normativa de referencia: Se sustituye la referencia a la circular del Banco de España 7/1989, de 24 de febrero (Boletín Oficial del Estado, de 27 de marzo), por la referencia a la circular del Banco de España 3/1995, de 25 de septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 7 de octubre).

2) Personas físicas afectadas: Se sustituye su contenido por «Aquellas con las que el sistema crediticio contrae riesgos susceptibles de declaración».

3) Tipos de datos incluidos en el fichero: Su contenido se cambia por el siguiente:

«Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o número personal de identificación de extranjero.

Nombre y apellidos.

Sector de actividad y localización.

Créditos, préstamos, riesgos de firma y riesgos indirectos, con detalle por monedas y plazos.

Garantías.

Situaciones de morosidad.

Situaciones concursaras de carácter judicial.

Sociedades regulares colectivas, comanditarias simples o agrupaciones de interés económico con riesgos declarables a la que pertenezca la persona afectada.»

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Gobernador, Luis Angel Rojo Duque.

(Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse Nr. 1365 af 7. december 2007, foretages følgende ændringer:

1.- § 28, stk. 1-5, ophæves, og i stedet indsættes:

«For videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om behandling af personoplysninger, jf. denne lovs § 1, stk. 3.

Stk. 2.- Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1, må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når

1)　den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,

2)　det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller

3)　det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe.

Stk. 3.- Ved samtykke efter stk. 2, Nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, indvilger i, at oplysningen videregives.

Stk. 4.- Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes.»

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

2.- I § 28, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres «stk. 1 og 3» til: «stk. 2».

§ 2

I lov Nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som ændret ved § 7 i lov Nr. 280 af 25. april 2001, § 6 i lov Nr. 552 af 24. juni 2005, § 2 i lov Nr. 519 af 6. juni 2007 og lov Nr. 188 af 18. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1.- I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

«Stk. 3.– Lovens § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 gælder også for manuel videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Datatilsynet fører i overensstemmelse med lovens kapitel 16 tilsyn med videregivelse som nævnt i 1. pkt.»

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

2.- I § 1, stk. 5, ændres «stk. 3» til: «stk. 4».

3.- I § 1, stk. 6, ændres «stk. 4» til: «stk. 5».

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

§ 4

Stk. 1.– Lovens § 1 gælder ikke for sager om færøske eller grønlandske anliggender, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for sådanne sager med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Dette gælder dog kun for sager, der er eller har været under behandling af rigsmyndigheder.

Stk. 2.– Lovens § 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning endvidere sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

Brian Mikkelsen

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las frases primera y tercera del apartado 2 de su artículo 47,

Vista la propuesta de la Comisión (DO C 317 de 15.10.1998, p. 7),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (DO C 101 de 12.4.1999, p. 64),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (DO C 189 de 6.7.1999, p. 7),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado  (Dictamen del Parlamento Europeo de 15 de abril de 1999 (DO C 219 de 30.7.1999, p. 415), Posición común del Consejo de 29 de noviembre de 1999 y Decisión del Parlamento Europeo de ….),

Considerando lo siguiente:

(1) Las entidades de crédito tal como se definen en la letra b) del primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo (Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 322 de 17.12.1977, p. 30); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/…./CE del Parlamento Europeo y del Consejo) tienen un ámbito de actividad limitado.

(2) Es necesario tener en cuenta las características específicas de estas entidades y proporcionar las medidas apropiadas para coordinar y armonizar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión cautelar.

(3) A efectos de la presente Directiva se considerará el dinero electrónico como un substitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco, almacenado en un soporte electrónico como, por ejemplo, una tarjeta inteligente o una memoria de ordenador y que, en general, está pensado para efectuar pagos electrónicos de poca monta.

(4) En enfoque adoptado resulta adecuado para alcanzar exclusivamente el grado necesario y suficiente de armonización con objeto de asegurar el reconocimiento mutuo de la autorización y la supervisión cautelar de las entidades de dinero electrónico, de tal modo que sea posible conceder una única licencia reconocida en el conjunto del territorio comunitario y concebida para dar confianza al portador y aplicar el principio de que la supervisión cautelar compete al Estado miembro de origen.

(5) En el contexto más amplio del comercio electrónico, que evoluciona rápidamente, conviene establecer un marco reglamentario que permita aprovechar plenamente todas las ventajas derivadas del dinero electrónico, evitando, en particular, obstaculizar la innovación tecnológica; por consiguiente, la presente Directiva introduce un marco jurídico neutro desde el punto de vista tecnológico que armoniza la supervisión cautelar de las entidades de dinero electrónico en la medida necesaria para garantizar su gestión responsable y prudente, así como su integridad financiera en particular.

(6) En virtud del punto 5 del anexo de la Directiva 89/646/CEE del Consejo (Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de créditos y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, p. 1); Directiva modificada por la Directiva 92/30/CEE (DO L 110 de 28.4.1992, p. 52)) , las entidades de crédito ya pueden emitir y gestionar medios de pago, incluido el dinero electrónico, así como desarrollar tales actividades en todo el territorio comunitario con arreglo al reconocimiento mutuo y al sistema global de supervisión cautelar que se les aplica de conformidad con las Directivas bancarias europeas.

(7) La introducción de un régimen específico de supervisión cautelar para las entidades de dinero electrónico, que, aunque basado en el régimen aplicable a otras entidades de crédito, y particularmente en las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, difiere de tal régimen, está justificada y es conveniente por el hecho de que la emisión de dinero electrónico no constituye por sí misma, dado su carácter específico de substitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco, una actividad de recepción de depósitos con arreglo al artículo 3 de la Directiva 89/646/CEE, si los fondos recibidos se cambian de inmediato por dinero electrónico.

(8) La recepción de fondos del público a cambio de dinero electrónico, que se plasma en un saldo acreedor disponible en una cuenta con la institución emisora, constituye la recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables con arreglo a las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE.

(9) Es necesario que el dinero electrónico pueda reembolsarse para dar confianza al portador; la posibilidad de obtener el reembolso no supone, en sí misma, que los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico se consideren corno depósitos u otros fondos reembolsables con arreglo a las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE.

(10) A fin de afrontar los riesgos específicos inherentes a la emisión de dinero electrónico, este régimen de supervisión cautelar debe ser más específico y, por consiguiente, menos oneroso que el régimen de supervisión cautelar aplicable a las entidades de crédito, especialmente en lo que se refiere a los requisitos reducidos de capital inicial y a la inaplicación de las Directivas 89/647/CEE (Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (DO L 386 de 30.12.1989, p. 14); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29)), 92/121/CEE  (Directiva 98/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito (DO L 29 de 5.2.1993, p. 1); Directiva modificada por el Acta de adhesión de 1994) y 93/6/CEE  (Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 141 de 11.6.1993, p. 1); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/33/CE) del Consejo.

(11) No obstante, es necesario mantener la igualdad de condiciones entre las entidades de dinero electrónico y las demás entidades de crédito que emiten dinero electrónico, para garantizar así una competencia leal entre una gama más amplia de entidades en beneficio de los portadores; esto se logra siempre que los aspectos menos onerosos del régimen de supervisión cautelar aplicable a las entidades de dinero electrónico estén compensados por disposiciones más restrictivas que las aplicables a las otras entidades de crédito, especialmente en lo que se refiere a la limitación de las actividades comerciales que pueden llevar a cabo las entidades de dinero electrónico y en particular a las limitaciones dictadas por la prudencia de sus inversiones encaminadas a garantizar que sus obligaciones financieras relacionadas con el dinero electrónico en circulación estén respaldadas en todo momento por activos con un grado de liquidez suficiente y bajo riesgo.

(12) Hasta tanto tenga lugar la armonización de la supervisión cautelar de las actividades subcontratadas de las entidades de crédito, resulta conveniente que las entidades de crédito electrónico dispongan de unos procedimientos de gestión y control que sean responsables y prudentes.  Teniendo en cuenta la posibilidad de que las funciones operativas y otras funciones auxiliares relacionadas con la emisión de dinero electrónico sean efectuadas por empresas no sometidas a la supervisión cautelar, resulta esencial que las entidades de dinero electrónico dispongan de estructuras internas que puedan asumir los riesgos financieros y no financieros a los que están expuestas.

(13) La emisión de dinero electrónico puede afectar a la estabilidad del sistema financiero y al buen funcionamiento de los sistemas de pagos; debería existir una estrecha cooperación para evaluar la integridad de los sistemas de dinero electrónico.

(14) Es adecuado ofrecer a las autoridades competentes la posibilidad de eximir de algunas o de la totalidad de las exigencias impuestas por la presente Directiva a entidades de dinero electrónico que operen únicamente dentro del territorio de los respectivos Estados miembros.

(15) La adopción de la presente Directiva constituye el medio más indicado para alcanzar los objetivos perseguidos y no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(16) Debería preverse una revisión de la presente Directiva a la luz de la experiencia con respecto a los hechos significativos que se produzcan en el mercado y a la protección de los portadores de dinero electrónico.

(17) Se ha consultado al Comité consultivo bancario sobre la adopción de la presente Directiva,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1. Ámbito de aplicación, definiciones y limitación de actividades

1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de dinero electrónico.

2. No se aplicará a las entidades a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE.

3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «entidad de dinero electrónico»: una empresa o cualquier otra persona jurídica distinta de una entidad de crédito tal como se define en la letra a) del primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, que emita medios de pago en forma de dinero electrónico;

b) «dinero electrónico»: un valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor:

I) almacenado en un soporte electrónico,

II) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor monetario emitido,

III) aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor.

4. Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean entidades de crédito, tal como se definen en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, el ejercicio de la actividad comercial de emitir dinero electrónico.

5. Las actividades comerciales de las entidades de dinero electrónico distintas de la emisión de dinero electrónico se limitarán a las siguientes:

a) la prestación de servicios financieros y no financieros estrechamente relacionados con la emisión de dinero electrónico, tales como la gestión de dinero electrónico mediante el ejercicio de funciones operativas, y otras funciones suplementarias en relación con su emisión, y la emisión y gestión de otros medios de pago, con exclusión de la concesión de cualquier forma de crédito; y

b) el almacenamiento de información en el soporte electrónico en nombre de otras empresas u organismos públicos.

Las entidades de dinero electrónico no deberán tener participaciones en otras empresas salvo en el caso de que estas últimas ejerzan funciones operativas u otras funciones suplementarias en relación con el dinero electrónico emitido o distribuido por la entidad de que se trate.

Artículo 2. Aplicación de las Directivas bancarias

1. Salvo que se disponga expresamente lo contrario, únicamente las referencias a entidades de crédito efectuadas en las Directivas 77/780/CEE, 89/646/CEE, 91/308/CEE (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema Financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28.6.1991, p. 77)) y 92/30/CEE se aplicarán a las entidades de dinero electrónico.

2. No se aplicarán los apartados 5 y 6 del artículo 2, las letras b), c) y d) del apartado 3 y el apartado 7 del artículo 3, los artículos 4 y 6, los apartados 2 y 3 del artículo 7, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 8 ni los artículos 10 y 14 de la Directiva 77/780/CEE, ni tampoco los artículos 4, 6, 10 y 12, el apartado 2 del artículo 18, ni los artículos 23 y 24 de la Directiva 89/646/CEE.  Los acuerdos de reconocimiento mutuo previstos en la Directiva 89/646/CEE no se aplicarán a las actividades comerciales de las entidades de dinero electrónico distintas de la emisión de dinero electrónico.

3. La recepción de fondos de conformidad con el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 1 no constituirá un depósito u otros fondos reembolsables con arreglo al artículo 3 de la Directiva 89/646/CEE, si los fondos recibidos se cambian inmediatamente por dinero electrónico.

Artículo 3. Reembolso

1. El portador de dinero electrónico podrá, durante el período de validez, solicitar al emisor que se lo reembolse por monedas y billetes de banco o por transferencia a una cuenta, sin gastos, a no ser los que resulten estrictamente necesarios para realizar la operación.

2. El contrato entre el emisor y el portador estipulará claramente las condiciones de reembolso.

3. El contrato podrá prever un límite mínimo para el reembolso.  El límite no podrá superar 10 euros.

Artículo 4. Requisitos relativos al capital inicial y a los fondos propios permanentes

1. El capital inicial de las entidades de dinero electrónico, tal como se define en los puntos 1 y 2 del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/299/CEE, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito (DO L 124 de 5.5.1989, p. 16; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 92/30/CEE), no será inferior a 1 millón de euros.  No obstante lo dispuesto en los siguientes apartados 2 y 3, sus fondos propios, tal como se definen en la Directiva 89/299/CEE, no podrán reducirse por debajo de dicho importe.

2. De forma permanente, los fondos propios de las entidades de dinero electrónico serán equivalentes o superiores al 2% del importe corriente de sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación o de la media de los seis meses precedentes del importe global de dichas obligaciones financieras, si esta última magnitud fuese superior.

3. Cuando una entidad de dinero electrónico no haya completado un ejercicio de actividad de seis meses, incluido el día del inicio de la misma, sus fondos propios deberán ser iguales o superiores al 2% del importe corriente de sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación, o del importe global de dichas obligaciones financieras previsto para el período de seis meses si este último importe fuese superior.  Este importe global será el que conste en su plan de actividades, sin perjuicio de cualquier ajuste de dicho plan que puedan exigir las autoridades competentes.

Artículo 5. Limitación de inversiones

1. Las entidades de dinero electrónico podrán invertir por un importe no inferior a sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación únicamente en los activos que figuran a continuación:

a) activos que, conforme a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 y al apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/647/CEE, tengan una ponderación del riesgo de crédito del 0% y un grado de liquidez suficiente;

b) depósitos a la vista mantenidos en entidades de crédito de la zona A tal como se definen en la Directiva 89/647/CEE; y

c) instrumentos de deuda que cumplan los requisitos siguientes:

I) que tengan un grado de liquidez suficiente,

II) que no estén cubiertos por lo dispuesto en la letra a) del apartado 1,

III) que estén reconocidos por las autoridades competentes como elementos cualificados conforme a lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 2 de la Directiva 93/6/CEE, y

IV) que sean emitidos por empresas distintas de aquellas que tengan una participación cualificada, según se define en el artículo 1 de la Directiva 89/646/CEE, en la entidad de dinero electrónico de que se trate, o que deban ser incluidos en las cuentas consolidadas de tales empresas.

2. Las inversiones mencionadas en las letras b) y c) del apartado 1 no podrán exceder de veinte veces el volumen de los fondos propios de la entidad de dinero electrónico de que se trate y estarán sujetas a limitaciones por lo menos tan estrictas como las aplicables a las entidades de crédito de conformidad con la Directiva 92/121/CEE.

3. A efectos de la cobertura de los riesgos de mercado derivados de la emisión de dinero electrónico y de las inversiones a que se refiere el apartado 1, las entidades de dinero electrónico podrán utilizar cuentas de orden relacionadas con tipos de interés y tipos de cambio con un grado de liquidez suficiente en forma de productos derivados negociados en mercados organizados a los que no se aplique el anexo II de la Directiva 89/647/CEE.  La utilización de productos derivados con arreglo a lo dispuesto en la primera frase sólo será admisible cuando se procure eliminar en su totalidad los riesgos de mercado y, en la medida de lo posible, se consiga este objetivo.

4. Los Estados miembros impondrán limitaciones apropiadas a los riesgos de mercado en que puedan incurrir las entidades de dinero electrónico como consecuencia de las inversiones a que se refiere el apartado 1.

5. A efectos de la aplicación del apartado 1, los activos se valorarán al precio de coste o, en caso de ser menor, al precio de mercado.

6. Si el valor de los activos a que se hace referencia en el apartado 1 es inferior al importe de las obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación, las autoridades competentes habrán de garantizar que la entidad de dinero electrónico considerada tome las medidas apropiadas para poner remedio rápidamente a la situación.  Con este fin, y únicamente durante un período transitorio, las autoridades competentes podrán permitir que las obligaciones financieras de la entidad derivadas del dinero electrónico en circulación sean respaldadas por activos distintos de los contemplados en el apartado 1, y ello por un importe no superior al 5% de estas obligaciones, o por el importe total de los fondos propios de la entidad, en caso de que esta cifra sea inferior

Artículo 6. Verificación de requisitos específicos por parte de las autoridades competentes

Las autoridades competentes velarán por que, como mínimo dos veces al año, los cálculos que justifican el cumplimiento de los artículos 4 y 5 sean efectuados bien por las propias entidades de dinero electrónico, quienes los comunicarán a las autoridades competentes junto con cualquier dato componente necesario, bien por las autoridades competentes, utilizando los datos facilitados por las entidades de dinero electrónico.

Artículo 7. Gestión responsable y prudente

Las entidades de dinero electrónico llevarán a cabo una gestión y aplicarán procedimientos administrativos y contables responsables y prudentes y mecanismos de control interno adecuados. Éstos deberán responder a los riesgos financieros y no financieros a los que estén expuestas dichas entidades, incluidos los riesgos técnicos y de procedimiento, así como los riesgos relativos a su cooperación con cualquier empresa que ejerza funciones operativas u otras funciones suplementarias relativas a sus actividades.

Artículo 8. Exenciones

1. Los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes a eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones de la presente Directiva y de la aplicación de las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE a las entidades de dinero electrónico en los casos siguientes:

a) cuando todas las actividades comerciales del tipo indicado en la letra a) del apartado 3 del artículo 1 que lleve a cabo dicha entidad generen unas obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación cuyo importe total no exceda normalmente de 5 millones de euros y en ningún caso exceda de 6 millones de euros; o bien

b) cuando el dinero electrónico emitido por la entidad sea aceptado como medio de pago únicamente por cualquier filial de la entidad que realice funciones operativas u otras funciones suplementarias relativas al dinero electrónico emitido o distribuido por la entidad, cualquier empresa matriz de la entidad o por cualquier otra filial de dicha empresa matriz; o

c) cuando el dinero electrónico emitido por la entidad sea aceptado como pago únicamente por un reducido número de empresas que puedan identificarse claramente por:

I) su ubicación en las mismas instalaciones u otras zonas locales delimitadas, o

II) su estrecha relación financiera o comercial con la entidad emisora, por ejemplo, un régimen de comercialización o distribución común.

Las cláusulas contractuales deberán estipular que el dispositivo electrónico de almacenamiento a disposición de los portadores a los efectos de realizar pagos estará sujeto a un importe máximo de aprovisionamiento que no excederá de 150 euros.

2. Las entidades de dinero electrónico a las que se haya concedido una exención en virtud del apartado 1 del presente artículo no se beneficiarán de las disposiciones en materia de reconocimiento mutuo previstas en la Directiva 89/646/CEE.

3. Los Estados miembros exigirán que todas las entidades de dinero electrónico eximidas de la aplicación de la presente Directiva y de las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE informen periódicamente de sus actividades, incluido el importe total de obligaciones financieras relacionadas con el dinero electrónico.

Artículo 9. Derechos adquiridos

Se presumirá que están autorizadas las entidades de dinero electrónico sujetas a la presente Directiva que hayan iniciado sus actividades de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estado miembro en el que tengan su domicilio social antes de la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva, o bien de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 10, si ésta ocurriese con anterioridad.  Los Estados miembros obligarán a tales entidades de dinero electrónico a presentar toda la información pertinente a las autoridades competentes, con objeto de que éstas puedan determinar, dentro de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva, si dichas entidades se ajustan a los requisitos de la presente Directiva, qué medidas han de adoptarse para garantizar su cumplimiento o si procede retirar la autorización.  Si, dentro de un plazo de seis meses desde la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 10, no se ha garantizado el cumplimiento, la entidad de dinero electrónico no se beneficiará del reconocimiento mutuo una vez transcurrido dicho plazo.

Artículo 10. Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarías y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el … (Dieciocho meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, éstas contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial.  Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 11. Revisión

A más tardar el … (Cincuenta y cuatro meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva), la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva, en particular sobre:

las medidas para proteger a los portadores de dinero electrónico, incluyendo la posibilidad de establecer un sistema de garantía, los requisitos de capital, las exenciones, y la posibilidad de prohibir el pago de intereses por los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico, acompañado , en su caso, de propuestas para su revisión.

Artículo 12. Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 13. Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo                                                           Por el Consejo

La Presidenta                                                                           El Presidente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 22 de septiembre de 1998 la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Directiva sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades basada en el apartado 2 del artículo 47 del Tratado CE, en particular la segunda y tercera frases.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen tras una primera lectura de la propuesta el 15 de abril de 1999.  El Comité Económico y Social hizo lo propio el 27 de enero de 1999, así como el Banco Central Europeo el 18 de enero de 1999.

2. El 29 de noviembre de 1999, el Consejo adoptó su Posición común de acuerdo con el artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

La Directiva introduce un régimen de supervisión especial para los emisores de dinero electrónico.  Este régimen se basa en el régimen de supervisión cautelar vigente aplicable a las instituciones de crédito, pero difiere de él a fin de responder a los riesgos particulares asociados a la emisión de dinero electrónico.  El propósito es introducir un marco jurídico neutral desde el punto de vista tecnológico que armonice la supervisión cautelar de las entidades de dinero electrónico de forma que garantice su gestión prudente y adecuada, así como su integridad financiera.  Al mismo tiempo establece un marco reglamentario con el fin de permitir aprovechar plenamente todas las ventajas derivadas del dinero electrónico sin obstaculizar la innovación tecnológica.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La Posición común sigue en sus líneas principales la propuesta de la Comisión.  Al igual que ella, la Posición común tiene por objeto establecer un equilibrio entre la necesidad de prever la integridad financiera de las entidades de dinero electrónico y la protección de los consumidores, así como la necesidad de garantizar que el desarrollo de los regímenes de dinero electrónico no sea obstaculizado por un exceso de reglamentación.  En la Posición común, el balance se obtiene mediante la creación de un marco jurídico más exigente que el que propone la Comisión en algunas cuestiones y flexibilizando dicho marco en otras.

Los cambios en la Posición común con respecto a la propuesta de la Comisión se exponen a continuación.  Se ha incluido en la Posición común la enmienda 1 propuesta por el Parlamento Europeo, que sustituye el término «usuario» por el de «portador» en todo el texto.

Artículo 1 (artículo 1 de la propuesta de la Comisión)

La letra a) del apartado 3 incluye la enmienda 14 propuesta por el Parlamento Europeo.  Aclara además que la Directiva se aplica únicamente a los emisores de dinero electrónico.

La letra b) del apartado 3 precisa la naturaleza jurídica de la definición de dinero electrónico al añadir que el dinero electrónico constituye un crédito exigible a su emisor.  Se han suprimido del inciso I) los ejemplos de las formas que puede adoptar el dinero electrónico por considerarlos innecesarios en la parte dispositivo del texto y se han incluido en el considerando 3. Se ha añadido un nuevo inciso II) en el que se estipula que el portador siempre deberá pagar la totalidad del valor del dinero electrónico recibido.  Por tanto no será posible emitir dinero electrónico por un importe mayor que el del pago que se exige a cambio.  El inciso III) [el inciso II) en la propuesta de la Comisión] se ha mantenido tal como lo propuso la Comisión salvo que se ha adoptado el término «emisor» con el fin de abarcar al «emisor» y a la «entidad emisora».  Se han suprimido los incisos iii) y iv) de la propuesta de la Comisión por considerarlos superfluos en la parte dispositiva; la explicación de que el dinero electrónico tiene por objetivo el de servir como sustitutivo electrónico de monedas y billetes bancarios y de que es generado a los efectos de realizar pagos de escasa cuantía por medios electrónicos se especifica en el considerando 3.

La enmienda 15 del Parlamento Europeo, que modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 1, contiene varios elementos que hasta un cierto punto están incluidos en la Posición común pero redactados de otro modo.  La enmienda del Parlamento correspondiente al inciso ii) de la letra b) relativa a las filiales se ha incluido en el artículo 8 relativo a las exenciones (véase más adelante).  El inciso iii bis propuesto no está incluido en la Posición común ya que el Consejo no considera conveniente que se incluyan disposiciones relativas a los gastos en la definición de dinero electrónico.  Los términos «autoridades competentes» [letra b) bis] y «fondos propios» [letra b) ter] están definidos en la Segunda Directiva bancaria (Directiva 89/646/CEE) aplicable a las entidades de dinero electrónico, por lo que la Posición común no recoge estas enmiendas, aunque el apartado 1 del artículo 5 de la Posición común se refiere a la Directiva de fondos propios (Directiva 89/299/CEE)

Con el fin de adaptar el texto al de la Segunda Directiva bancaria (Directiva 89/646/CEE), se ha introducido en el apartado 4 una nueva disposición que estipula que sólo las entidades de crédito que se definen en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, es decir las entidades de dinero electrónico y las entidades de crédito en su sentido tradicional, podrán emitir dinero electrónico.

El apartado 5 sigue fundamentalmente la propuesta de la Comisión (apartado 4 de dicha propuesta).  La referencia que hace la letra a) al punto 5 del anexo de la Segunda Directiva bancaria se ha suprimido a fin de evitar confusiones.  En cambio, se especifica claramente que las entidades de dinero electrónico no deben conceder ningún tipo de crédito, con objeto de evitar que se emita dinero electrónico a crédito sin que haya mediado intercambio real de fondos.  Esta prohibición no significa que las entidades de dinero electrónico no puedan invertir en instrumentos de deuda: las disposiciones del artículo 5 en materia de inversión no se ven afectadas.  Para aclarar esta disposición se ha retocado el texto de la letra b).

Artículo 2 (artículo 2 de la propuesta de la Comisión)

El apartado 1 incorpora la enmienda 16 propuesta por el Parlamento Europeo y en consecuencia se ha suprimido, conforme proponía el Parlamento Europeo en la enmienda 17, el apartado 3 de la propuesta de la Comisión.

La referencia explícita que hace la segunda oración del apartado 2 a artículos concretos de la Segunda Directiva bancaria se ha sustituido por una referencia a las medidas de reconocimiento mutuo previstas en dicha Directiva, dado que la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son derechos que se fundan en el Tratado.

Al igual que en la propuesta de la Comisión, el apartado 3 especifica que los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico no son depósitos con arreglo al artículo 3 de la Segunda Directiva bancaria.  El texto se ha modificado a fin de tener en cuenta la incorporación de disposiciones en materia de reembolsabilidad.  La referencia que hace la letra a) de la propuesta de la Comisión a un sustitutivo electrónico de monedas y billetes bancarios aparece ahora en el considerando 3 y el contenido de la letra b) de la propuesta de la Comisión queda incluido en la prohibición del apartado 5 del artículo 1 de la Posición común por lo que se refiere a la concesión de crédito.  La enmienda 18 propuesta por el Parlamento Europeo con respecto al apartado 4 del artículo 18 queda incluida en el artículo 3 de la Posición común.

Artículo 3 (nuevo)

Dado que las enmiendas 18 y 19 se solapan en cuanto al fondo, el Consejo ha decidido fusionarlas e incluirlas en el nuevo artículo 3 a fin de reunir en un solo artículo todas las disposiciones relativas a reembolsabilidad.  El texto corresponde fielmente al de la enmienda 19 salvo por dos excepciones:

el aspecto de la enmienda 18 relativo a gastos se ha incluido en el nuevo artículo 3, y

a fin de prever cierta flexibilidad con respecto a la forma en que el dinero electrónico se reembolsa en la práctica, también se da al emisor la posibilidad de reembolsarlo transfiriéndolo a una cuenta.

Artículo 4 (artículo 3 de la propuesta de la Comisión)

La Posición común expresa todos los importes en euros, y no en ecus, y por lo tanto incluye la enmienda 20 propuesta por el Parlamento Europeo.  Al remitir a la Directiva de fondos propios, la Posición común incorpora parte de la enmienda 15 propuesta por el Parlamento Europeo.

El capital inicial mínimo se fija en 1 millón de euros en el apartado 1. Dicho importe concilia las necesidades de asegurar que las entidades de dinero electrónico dispongan de fondos propios suficientes para garantizar su estabilidad y de impulsar la creación de sistemas de fondos propios evitando excesivos requisitos para la constitución de nuevos sistemas.

El resto del artículo no registra cambios respecto del artículo 3 de la propuesta de la Comisión.

Artículo 5 (artículo 4 de la propuesta de la Comisión)

El artículo 5 incorpora las enmiendas 21 y 22 propuestas por el Parlamento Europeo.

El artículo contiene además algunas modificaciones de redacción para dar mayor claridad al texto: la letra b) se ha dividido en dos párrafos y, con objeto de que el texto resulte más preciso, se han incorporado referencias a la Directiva «Coeficiente de solvencia», a la Directiva 89/647/CEE, a la Segunda Directiva bancaria y a la Directiva 89/646/CEE.  Por otra parte, se ha retocado al artículo para tener en cuenta la formulación del apartado 5 del artículo 1, que limita las participaciones de las entidades de dinero electrónico en otras empresas.

Artículo 6 (artículo 5 de la propuesta de la Comisión)

El artículo 6 se ha reformulado para adaptarlo al apartado 7 del artículo 3 de la Directiva «Coeficiente de solvencia» a fin de que las autoridades competentes dispongan de mayor flexibilidad al verificar el cumplimiento de los artículos 4 y 5.

Artículo 7 (artículo 6 de la propuesta de la Comisión)

La Posición común ha conservado únicamente el apartado 1 de la propuesta de la Comisión.  El Consejo considera que en su actual redacción el artículo 7 de la Posición común basta para posibilitar la supervisión de todas las entidades de este tipo, entre ellas las que han delegado determinadas funciones a otras empresas, dado que se hace referencia expresa a los riesgos financieros y no financieros a que están expuestas las entidades de dinero electrónico, incluidos los riesgos técnicos y de procedimiento.  En consecuencia, se han suprimido los apartados 2 y 3 de la propuesta de la Comisión.

Artículo 8 (artículo 7 de la propuesta de la Comisión)

La Posición común conserva las exenciones propuestas por la Comisión, si bien con modificaciones en cuanto a alcance y forma, con objeto de que los Estados miembros dispongan de un mayor grado de flexibilidad en la aplicación de las Directivas.

En el apartado 1 se ofrece a los Estados miembros la opción de eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones de la Directiva y de la aplicación de la Primera y Segunda Directivas bancarias.  Esto dará a los Estados miembros que deseen utilizar esa opción plena flexibilidad para tener en cuenta el carácter específico de cada sistema, circunstancia especialmente importante a la vista del ámbito de aplicación del artículo 8 (véase más adelante).  Dicha opción no afecta a la naturaleza de las entidades en cuestión. Éstas siguen siendo «entidades de crédito» con arreglo al primer guión del artículo 1 de la Primera Directiva bancaria.  Tampoco se ve afectada la facultad de las autoridades monetarias de imponer requisitos de reserva mínimos.

La Posición común establece tres categorías de entidades a las que puede aplicarse la exención:

1). Al igual que en la propuesta de la Comisión, pueden acogerse a los beneficios de la exención las entidades de pequeño tamaño.  No obstante, la Posición común limita más esta posibilidad que la propuesta de la Comisión circunscribiéndola a las entidades cuyas obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación no excedan normalmente de 5 millones de euros y en ningún caso excedan de 6 millones de euros [letra a) del apartado 1].

2). Las entidades que formen parte de un grupo sólo podrán acogerse a los beneficios de la exención cuando el dinero electrónico emitido por ellas sea aceptado por otros miembros del mismo grupo [letra b) del apartado 1].  La Posición común tiene en cuenta por tanto la enmienda 15 propuesta por el Parlamento Europeo.  También concilia la propuesta de la Comisión, en la que las entidades que emiten dinero electrónico para su uso dentro del mismo grupo se encuentran plenamente incluidas en todos los casos en el ámbito de aplicación de la Directiva, y la propuesta del Parlamento Europeo, en la que se excluye a dichas entidades

1). Las entidades que emiten dinero electrónico con fines limitados también pueden acogerse a los beneficios de la exención [letra c) del apartado 1].  La Posición común define este supuesto como dinero electrónico aceptado como medio de pago únicamente por un número limitado de empresas ubicadas en las mismas instalaciones u otras zonas locales delimitadas (por ejemplo, recintos universitarios) o empresas en estrecha relación financiera o comercial con la entidad emisora (por ejemplo una cadena comercial integrada por socios independientes pero con un régimen de comercialización o distribución común).

Al igual que en la propuesta de la Comisión, se imponen ciertas restricciones a las entidades que se acogen a los beneficios de una exención: un dispositivo electrónico de almacenamiento de como máximo 150 euros por tarjeta y la especificación de que estas entidades no podrán acogerse a las medidas de reconocimiento mutuo previstas en la Segunda Directiva bancaria (Directiva 89/646/CEE).  Además, en su apartado 3 la Directiva exige que las entidades eximidas informen periódicamente de sus actividades.

La Posición común no ha conservado el apartado 2 de la propuesta de la Comisión y con ello incluye la enmienda 23 propuesta por el Parlamento Europeo.

Artículo 9 (artículo 8 de la propuesta de la Comisión)

Comparada con la propuesta de la Comisión, la Posición común incorpora plazos más concretos con respecto a la cláusula de derechos adquiridos.  También estipula que, cuando una entidad no cumpla con la Directiva dentro de determinado plazo, no podrá acogerse a los beneficios de las medidas de reconocimiento mutuo.

Artículo 10

La Posición común establece que la Directiva comenzará a aplicarse dieciocho meses después de su entrada en vigor.  La Directiva entrará en vigor el día de su publicación.

Artículo 11

Dada la rápida evolución que registra el sector, la Posición común estipula que la Comisión informará sobre la aplicación de la Directiva dentro de los tres años siguientes a su entrada en vigor.  El informe incluirá en particular una serie de cuestiones que se han considerado de interés especial.

Considerandos

Los considerandos se han adaptado a tenor de las modificaciones efectuadas en la propuesta de la Comisión

La Posición común incorpora las enmiendas 2 y 10 propuestas por el Parlamento Europeo.

Las enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 propuestas por el Parlamento Europeo, en su mayor parte relacionadas con la cuestión de la interoperabilidad, no se han incluido en la Posición común porque no contribuyen a aclarar el articulado de la Directiva [véase el punto 10 del Acuerdo interinstitucional relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria (DO C 73 de 17.3.1999, p. 1.)].  El Consejo considera, por otra parte, que las enmiendas 3, 8, 12 y 13 son incompatibles con el derecho de iniciativa de la Comisión sea con arreglo al Tratado, en el caso de las enmiendas 3, 12 y 13, sea con arreglo al Derecho derivado comunitario, en el caso de la enmienda 8.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que todas las modificaciones practicadas en la propuesta de la Comisión se ajustan por entero a los objetivos de la Directiva propuesta.  La finalidad ha sido velar por la integridad financiera de las entidades de dinero electrónico sin frenar la evolución del sector, y contribuir de tal forma a fomentar un entorno favorable al desarrollo de este nuevo medio de pago.  La Posición común incorpora lo fundamental de las enmiendas del articulado de la Directiva propuestas por el Parlamento y las correspondientes modificaciones de los considerandos.

Resolución 97/1997 dela Secretaría dela Función Pública, de 19 de mayo de 1997

Establécese para los diversos organismos la utilización de los lineamientos dados en las «Pautas de Integración para las Páginas Web de la Administración Pública Nacional».

VISTO los decretos Nº 660 del de Junio de 1996 y nº 998 del 30 de agosto de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las acciones asignadas a la competencia de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se encuentran las de proponer las medidas y dictar las normas que promueven el perfeccionamiento de la organización y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Que en virtud de la competencia atribuida por el Decreto nº 660/96, modificado por el Artículo 2° del Decreto nº 998/96, la Dirección Nacional de Coordinación e Integración Tecnológica de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha convocado a una Comisión de Trabajo interjurisdiccional, conformada por funcionarios de distintos organismos de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de buscar formas de favorecer un crecimiento coordinado y efectivo de las páginas WEB en la Administración Pública Nacional.

Que como resultado del análisis realizado por los integrantes de dicha comisión de trabajo, se elaboró el Acta de fecha 15 de mayo de 1997 en la que se aprueban las «Pautas de Integración para las Páginas Web de la Administración Pública Nacional», que figuran en el Anexo I de la presente, y que reúnan las conclusiones a las que se arribó y

Que permitirán a la Administración Pública Nacional mostrar una imagen institucional integrada en Internet.

Que estas pautas se harán extensivas a otros Organismos que se incorporen a Internet en el futuro.

Que la Administración Pública Nacional no puede permanecer ajena a los avances tecnológicos y el empleo de los nuevos medios que provee el mercado, especialmente cuando contribuyen a aumentar la productividad de sus organismos, a optimizar el manejo de la información, a reducir costos de distribución de material y, especialmente a mejorar la gestión y la comunicación entre la Administración Pública Nacional y el ciudadano.

Que es competencia de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictar el marco regulatorio para el establecimiento de las políticas sobre tecnologías referidas a informática, teleinformática, tecnologías multimedios, instalaciones y comunicaciones asociadas y otros medios y sistemas electrónicos, conforme lo establecido en el Anexo II del Decreto nº 660/96.

Por ello.

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINNETE DE MINISTROS

RESUELVE:

Artículo 1º. Los Organismos de la Administración Pública Nacional deberán utilizar los lineamientos dados en las «Pautas de Integración para las Páginas Web de la Administración Pública Nacional», que figuran en el Anexo I de la presente, para el desarrollo de sus páginas en Internet. Los Organismos que ya posean páginas en Internet deberán adaptar las mismas a lo dispuesto en el Anexo I de la presente, dentro del plazo de 60 días desde la publicación de la presente.

Artículo 2º. La Dirección Nacional de Coordinación e Integración Tecnológica, dependiente de esta Secretaría procederá a la creación y actualización del Indice de Organismos de la Administración Publica Nacional con presencia en Internet.

Artículo 3º. La falta de ejecución de lo dispuesto en el artículo 1° motivará una comunicación inmediata a la máxima autoridad del Organismo responsable, a fin de que ordene su inmediato cumplimiento.

Artículo 4º. Los Organismos incursos en la omisión señalada en el artículo 3°, en tanto no den cumplimiento a las Pautas del Anexo I de la presente, no podrán integrar el índice de las Páginas Web de la Administración Pública Nacional, a que hace referencia el artículo 2°.

Artículo 5º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Claudia E. Bello.

ANEXO I . PAUTAS DE INTEGRACION PARA LAS PAGINAS WEB DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

INTRODUCCION

La irrupción de Internet, con todo su potencial, ha contribuido, sin lugar a dudas, a la optimización del manejo de la información en las organizaciones modernas.

La Administración Pública Nacional (APN) no ha permanecido ajena a este hecho. puesto que son numerosos los organismos públicos que ya han descubierto, explorado y explotado exitosamente el potencial de Internet, La WEB no solo permite colocar información sobre nuestro país ante el mundo (por ejemplo, el «site» de la Secretaría de Turismo en http://www.turismo.gov.ar), sino también brindar información al ciudadano, permitiéndole acceder a los servicios que brindan determinados entes (como es el caso de los «sites» del ANMAT en http://www.anmat.gov.ar) de la DGI en http://www.dgi.gov.ar). Del mismo modo, mantener información actualizada accesible a través de Internet ha probado ser una herramienta efectiva para agilizar la gestión de las organizaciones.

Este desarrollo simultáneo de páginas Web en distintos organismos y el incremento esperado para los próximos años, llevó a la creación de una comisión de trabado interjurisdiccional, convocada por la Dirección Nacional de Coordinación e Integración Tecnológica, con el objetivo de buscar formas de favorecer un crecimiento coordinado y efectivo de dichas páginas en la APN.

Con este fin, en el seno de dicha comisión se decidió elaborar un conjunto de pautas generales para el diseño de páginas WEB, consensuadas entre todos sus miembros, que permita a la APN mostrar una imagen institucional integrada y sólida. Estas pautas se harán extensivas a otros organismos que se incorporen a Internet en el futuro.

Es de hacer notar que la tarea de la mencionada comisión no se agota en la elaboración de las pautas que se desarrollan a continuación. Es compromiso de sus miembros mantener un canal abierto de comunicación que permita una búsqueda permanente de formas mejores de presentar a la APN en Internet, así como crear las bases para que otras reparticiones den a conocer sus actividades a través de la Red, y aprovechen la experiencia ya adquirida por otros organismos.

Se invita a otras arcas de la Administración Pública a adherir a estas pautas, para cumplimentar a nivel nacional. Los objetivos mencionados precedentemente.

PAUTAS GENERALES

Dominio único

Todas las páginas de Organismos de la APN que se incorporen a partir de la entrada en vigencia de esta reglamentación, tendrán un nombre de dominio con el siguiente formato: www.xxxxx.gov.ar. donde xxxxxxx corresponde al nombre o sigla del organismo. Para aquellos que ya posean un nombre de dominio con formato distinto, se recomienda su adaptación según fue indicado anteriormente. Con esto se apunta a uniformar los identificadores en el ámbito de la APN. favoreciendo un correcto uso de los mismos.

Página índice de la APN

Existirá una página índice de la APN, denominada: www.sfp.gov.ar/indiceapn.html, ubicada en el servidor de la Secretaría de la Función Pública, que contendrá enlaces con aquellos organismos que cuenten con páginas Internet. De esta forma se busca organizar el acceso a la estructura del Estado, a fin de que los usuarios puedan encontrar fácilmente la información referida a la APN.

Grupos de Webmasters

1) Los webmasters de las páginas de la APN deberán mantener una comunicación fluída. A tal efecto, la Secretaría de la Función Pública dispondrá la creación en su servidor de una cuenta global de correo electrónico, que agrupados los webmasters de la APN, quienes deberán solicitar su inclusión a [email protected].

2) Cada novedad incorporada a las páginas de los Organismos que pueda afectar el acceso a información considerada relevante, deberá ser informada al grupo por el webmaster a cargo, de tal forma que se puedan actualizar las referencias existentes o generar nuevos enlaces.

3) No se deben incorporar referencias sin avisar previamente al webmaster del servidor involucrado, de modo tal que si este decide eliminar algunas paginas, no queden referencias falsas.

Consideraciones generales sobre el diseño

1) Las páginas correspondientes a la Presidencia de la Nación y sus Secretarías, la Jefatura de Gabinete de Ministros y sus Secretarías, los Ministerios y sus Secretarías, y los organismos descentralizados, tendrán una primera página común o «pre-home page», cuyo formato deberá ser idéntico al que aparece en http://www.sfp.gov.ar/carátula.htm. Para aquellos niveles inferiores a los mencionados, la inclusión de esta pre – home page será optativa. En la misma se indicará, además del nombre del país, la expresión «Poder Ejecutivo Nacional», la jurisdicción y, si corresponde, el nombre de la Secretaría, Organismo descentralizado y/o aperturas inferiores. Este punto busca mostrar una imagen institucional común, representativa del Estado, para todos los organismos que tengan presencia en Internet.

2) En esta pre-home page o en la home page del Organismo, se deberá indicar la dirección de e – mail del webmaster, de manera tal que los usuarios puedan comunicarse para formular preguntas o requerimientos y/o hacer comentarios.

3) Además, tendrá una referencia a la página índice descripta en sección anterior.

4) Podrán tener también una referencia a la página del Organismo inmediato superior dentro de la estructura del Estado, que tengan presencia en Internet.

5) Las referencias mencionadas en 2), 3) y 4) son independientes de otras que el organismo juzgue necesario tener en sus páginas, hacia otros servidores de entes públicos o privados.

6) Se recomienda que cada página Web, en promedio, no exceda la dos páginas (considerándose página lo que se puede ver en un browser sin necesidad de hacer scrolling). Un volúmen mayor de información puede ser cubierto por distintas páginas con los enlaces necesarios. De esta manera se agiliza la navegación.

Actualizaciones

1) Cada organismo fijará mecanismos de revisión periódica de la información publicada en su pagina, sin dejar de atender las novedades que puedan producirse en el interín.

2) Se recomienda indicar la fecha de última modificación de la información publicada, ya sea en cada página o a nivel global.

Calidad de la Información

1) Las áreas políticas del Poder Ejecutivo Nacional (Presidencia de la Nación y Jefatura de Gabinete de Ministros) centralizaran la información institucional del Estado, mientras que las restantes áreas publicarán información más específica de su competencia. Se entiende por información «institucional» aquella que representa al Estado en su conjunto, es decir aquellas cuestiones o asuntos comunes a toda la Administración.

2) Se debe decidir cuidadosamente la información que se publicará en las páginas del Organismo. Debe prevalecer siempre la necesidad de información de quien consultará las páginas.

3) Las autoridades del organismo deben tener activa participación en la selección de la información publicada.

4) La información a publicar debe ser concreta, coherente, exacta, clara y ágil en su lectura. Debe estar sustentada por un relevamiento serio de la información disponible para publicar.

5) Debe publicarse información referida a la estructura y la función del organismo o de la unidad en cuestión.

6) Se debe minimizar la información general y no específica, ya que los usuarios acceden a una página dada para conocer el Organismo en cuestión. Si existen otros sitios de interés relacionados con el tema que se esta tratando, se justifica la colocación de referencias a los mismos.

7) Se debe tener especial cuidado al citar información que depende de otras reparticiones. Debe evitarse la duplicación de información entre organismos.

8) En todos los casos deberán citarse las fuentes.

9) Se recomienda mantener versiones de información publicada en otros idiomas (por ejemplo, inglés o portugués).

Empresas auspiciantes

Los logos y/o nombres comerciales de empresas no podrán aparecer explícitamente en la home page del organismo. De existir empresas que colaboran con el diseño de la pagina Web, se podrá colocar una referencia (link) a las mismas y un download de software gratis que beneficie al que navega por la página. La mencionada referencia tampoco podrá aparecer en la página de identificación del organismo de formato común a toda la APN (pre-home page).

El gran desarrollo de la inversión colectiva en los últimos años y, en especial, el crecimiento en el número de instituciones y la sofisticación de la oferta de fondos de inversión, fue la razón por la que, mediante la Orden de 1 de octubre de 1998 sobre causas de actualización de folletos informativos y sobre el informe trimestral reducido de fondos de inversión mobiliaria (FIM) y fondos de inversión en activos del mercado monetario (FIAMM), se posibilitó el registro voluntario y difusión de folletos reducidos de estas instituciones de inversión colectiva (11C), complementarios al folleto completo registrado, al que podían acudir los inversores si lo deseaban.:

El objetivo era simplificar la información que llega a los inversores para permitir el conocimiento y la comparación más rápida y precisa de los productos que se les ofrece, al contener información más homogénea. Al mismo tiempo se pretendía facilitar la distribución de folletos por medios electrónicos.

La existencia de dos folletos, completo y reducido, con información estructurada y expresada en términos distintos, ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en esta línea de simplificación y homogeneización de los documentos con objeto de facilitar su uso por los inversores y agilizar su verificación y registro. En este sentido, la presente Orden introduce importantes novedades relativas tanto al formato y elaboración de los folletos de lIC, como a la forma y medios utilizados para: su verificación y actualización.

En primer lugar, se prevé la elaboración por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de los folletos con un formato más acorde con las necesidades reales de los inversores. Además, se hará homogénea la información incluida en ambos folletos, completo y reducido, de manera que este último forme parte integrante y extraíble del completo, con el fin de que la elaboración, verificación o actualización del completo sea única. También se ha considerado oportuno sustituir el término «folleto reducido» por el de «folleto simplificado», en línea con la terminología utilizada para calificar este tipo de documento en la mayoría de los países de nuestro entorno.

En segundo lugar, se extiende el uso de folletos simplificados, hasta ahora sólo usado por fondos, a las Sociedades de inversión.

Asimismo, a fin de evitar una dispersión excesiva de la normativa sobre obligaciones de información de las IIC, esta norma incorpora la regulación relativa a informes trimestrales de esas instituciones.

Por última, se establece la utilización del sistema CIFRADOC/CNMV, de cifrado y firma electrónica, para la remisión de información a los efectos de la verificación y actualización de los folletos. Este sistema, ya operativo para transmisión de información de otros trámites ante la CNMV, fue aprobado por Acuerdo de su Consejo el 11 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27). Se enmarca en el proceso de tecnificación y modernización de las Administraciones Públicas, propugnado por la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tiene por objeto agilizar y mejorar la eficiencia de la actuación administrativa de la CNMV con las entidades supervisadas.

CIFRADOC/CNMV consiste, en su esencia, en la transmisión de informaciones entre las entidades supervisadas y la CNIVIV por medios telemáticos con cifrado y firma electrónica, lo que garantiza la confidencialidad y seguridad de la comunicación- Para la utilización de este sistema las entidades deben cumplir previamente determinados trámites con la CNMV, básicamente el registro como usuarios del sistema, y el intercambio de claves para el cifrado y descifrado de los documentos. La CNMV, asimismo, pone a disposición de las entidades los programas informáticos necesarios.

Las ventajas de la utilización de este sistema se extenderán paulatinamente, en la medida en que los medios técnicos lo permitan y la CNMV lo considere necesario, a la remisión, no sólo de los folletos a que se refiere la presente Orden, sino también de aquellos otros documentos que formen parte del folleto o sean complementarios de éste, tales como reglamentos de fondos, estatutos de sociedades, auditorias, etc.

Finalmente, se debe señalar que la utilización de este sistema para la verificación y actualización de folletos es independiente del cumplimiento de las correspondientes obligaciones de información a partícipes y socios de lIC, en formatos no electrónicos.

En su virtud, al amparo de la habilitación contenida en el artículo 10 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, dispongo:

SECCIÓN 1ª FOLLETOS EXPLICATIVOS

Primero. Tipos de folletos explicativos de instituciones de inversión colectiva.-La presente Orden regula los siguientes documentos:

a) Folleto explicativo completo: Se entenderá por folleto explicativo completo aquel que, de conformidad con el artículo 10.1.a) del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre (en adelante, el RIIC), han de elaborar las instituciones de inversión colectiva (en adelante, IIC) o, en su caso, las correspondientes sociedades gestoras y presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) para su verificación o registro.

b) Folleto explicativo simplificado: Se entenderá por folleto explicativo simplificado aquel que, formando parte integrante y extraíble del folleto completo, contiene los elementos esenciales de éste que permiten al inversor una comprensión suficiente y precisa del producto que se le ofrece. Este folleto deberá hacer mención expresa de su condición de parte integrante y extraíble del completo, así como del lugar donde dicho folleto completo puede ser consultado.

Segundo. Modelos de los folletos explicativos.

1. La CNMV, mediante Circular, determinará el contenido de los siguientes tipos de modelos de folletos de las IIC:

a) El folleto completo de los fondos de inversión.

b) El folleto simplificado de los fondos de inversión.

c) El folleto completo de las sociedades de inversión. Este modelo se utilizará también para la verificación de nuevas emisiones, ofertas públicas de venta de valores, admisiones a cotización y modificación de valores en circulación de las sociedades de inversión.

d) El folleto simplificado de las sociedades de inversión.

2. La CNIVIV podrá establecer especialidades en cada modelo de folleto, cuando resulten necesarias en función de los distintos tipos de IIC. Igualmente podrá exigir la inclusión en los folletos de cuanta información adicional, advertencias o explicaciones estime necesarias para la adecuada información y protección de los inversores y la transparencia del mercado.

Tercero. Forma de presentación.

1. La presentación de los folletos completos de IIC, para su verificación o registro, así como sus actualizaciones sucesivas, deberá realizarse por vía telemática, mediante el sistema CIFRADOC/CNMV, aprobado por Acuerdo del Consejo de la CNIMV de 11 de marzo de 1998, sin perjuicio de lo que se señala en los números siguientes.

2. Sólo podrán presentarse folletos de HC por vía distinta a la establecida en el punto anterior cuando lo autorice la CNMV, previa solicitud justificada.

3. La CNIVIV determinará los requisitos técnicos y el procedimiento para que las HC y las sociedades gestoras y depositarios accedan al sistema, así como la forma y momento en que las cuentas anuales, los informes de auditoria, los reglamentos de los fondos, los estatutos de las sociedades y otras informaciones y documentos que formen parte o sean complementarios a los modelos de folletos deban ser remitidos por esta vía o por otros sistemas telemáticos.

4. Asimismo, la CNIVIV podrá acordar especialidades en la forma o contenido de documentación a remitir por las IIC o, en su caso, sus gestoras y depositarios en los siguientes casos:

a) Modificaciones que afecten al folleto de varias HC gestionadas por una misma sociedad gestora o con el mismo depositario.

b) Modificaciones que tengan por objeto exclusivo cumplir normas legales o reglamentarias o resoluciones judiciales o administrativas.

Cuarto. Actualización de los folletos.

1. El folleto deberá actualizarse, previa verificación de la CNMV, cuando se produzcan modificaciones de sus elementos esenciales.

2. Se considerarán modificaciones de elementos esenciales del folleto de los fondos de inversión, al menos, los siguientes:

a) La sustitución de la sociedad gestora.

b) La sustitución de la entidad depositaria.

e) El cambio de control de la sociedad gestora.

d) La modificación de la política de inversiones del fondo.

e) Cambios en la política de distribución de resultados.

f) Establecimiento o elevación de la comisión de gestión y de la comisión del depositario.

g) Establecimiento o elevación de las comisiones a favor de la gestora o de los descuentos a favor del fondo a practicar en suscripciones y reembolsos.

h) Contratación de funciones de administración y gestión de activos extranjeros del fondo.

i) Modificaciones relativas al procedimiento de suscripciones y reembolsos.

j) Inclusión, modificación o supresión de servicios o prestaciones asociados al fondo, tales como el otorgamiento o modificación de garantía de rentabilidad a favor de los partícipes. No tendrán la consideración de elemento esencial del folleto las ofertas promocionales de carácter temporal que realicen las comercializadoras de IIC.

k) El otorgamiento o modificación de las garantías de rentabilidad a favor del fondo,

l) Cuando se trate de fondos subordinados, el cambio de fondo principal, así como los supuestos previstos en este apartado que afecten a dicho fondo principal.

m) Modificaciones del objeto que conlleven cambio en el régimen fiscal, en el caso de fondos de inversión inmobiliaria.

n) Sustitución de la sociedad de tasación, en el caso de los fondos de inversión inmobiliaria.

3. Cuando el Reglamento de gestión del fondo no detalle los criterios sobre inversiones, las normas para la selección de valores, la vocación inversora y objetivos de gestión que configuran la política de inversión de dicho fondo o cuando las comisiones de gestión y del depositario previstas en el Reglamento de gestión sean las máximas aplicables al Fondo y se produzca respectivamente alguna de las modificaciones previstas en las letras d) y f) del número anterior, se entenderá que concurren supuestos que dan lugar al derecho de separación previsto en el artículo 35.2 del RIIC. lo mismo se entenderá cuando se produzca la modificación prevista en la letra h) de ese mismo número.

4. Se considerarán modificaciones de elementos esenciales del folleto de las sociedades de inversión, al menos, las siguientes:

a) Otorgamiento, revocación o modificación de los acuerdos de gestión conforme a los artículos 22 y 53 del RIIC.

b) Sustitución de la entidad depositaria, en el caso de sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV).

c) Modificaciones en la composición del Consejo de Administración que afecten a la mayoría de sus miembros, en caso de sociedades que no hayan otorgado acuerdos de gestión.

d) Cambio en el control de la sociedad, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

e) Modificación de la política de inversiones de la sociedad.

f) Modificaciones del objeto que conlleven cambio en el régimen fiscal en el caso de sociedades de inversión inmobiliaria.

g) Cuando se trate de sociedades subordinadas, el cambio de fondo principal, así como los supuestos previstos en este apartado que afecten a dicho fondo principal.

h) Sustitución de la sociedad de tasación en el caso de sociedades de inversión inmobiliaria.

5. Las modificaciones que no afecten a los elementos esenciales del folleto, así como aquellas que la CNIVIV considere de escasa relevancia en consulta previa, no requerirán verificación previa para su inclusión en los folletos explicativos. En estos casos, bastará con la comunicación a la CNMV para su incorporación al Registro.

6. La CNMV, previa solicitud de la entidad gestora y depositaria o de la propia HC, podrá actualizar aquellos apartados de los folletos explicativos que hayan sido remitidos conforme a lo establecido en la presente Orden, cuando se vean afectados por modificaciones o actualizaciones de la información contenida en ellos, resultado de inscripciones en otros Registros oficiales mantenidos por la CNMV. La CNMN también podrá instar a la entidad gestora y depositaria o a la propia IIC o actualizar los folletos con objeto de adecuarlos a la normativa vigente o para mejorar la información que se suministra a los inversores.

7. El folleto se entenderá también actualizado un vez que el informe de auditoria de cuentas del ejercicio: precedente sea incorporado al correspondiente Registro de la CNMV, sin necesidad de remitir un nuevo folleto

SECCIÓN 2. INFORMES TRIMESTRALES DE LAS IIC

Quinto- Modelos de informe trimestral de las IIC

1. El informe trimestral que las IIC deben elaborar en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.1.c) del RIIC se ajustará a los modelos y al contenido que establezca la CNMV, de acuerdo con lo previsto en los números siguientes.

2. Las sociedades gestoras podrán elaborar el informe trimestral de los fondos de inversión de carácter financiero en un doble formato, completo y simplificado, que serán objeto de inscripción simultánea en el mismo Registro por la CN MV. La remisión de estos documentos se realizará por vía telemática con los requisitos técnicos que la CNMV determine. Sólo podrán presentarse informes trimestrales por vía distinta cuando lo autorice la CNMV, previa solicitud justificada.

El informe trimestral simplificado debe ser remitido gratuitamente a cada partícipe.

El modelo simplificado deberá en todo caso hacer mención a la existencia de un informe trimestral completo, a los lugares donde se encuentra disponible para los partícipes y a su derecho a solicitar su entrega o remisión periódica con carácter gratuito.

Asimismo, el informe trimestral simplificado deberá indicar si el informe de auditoria correspondiente al último ejercicio ha sido o no favorable y, cuando, el informe contuviese una opinión con salvedades, cuantificadas o no, o la opinión de¡ auditor fuera desfavorable o denegase la opinión o cuando se hubieran subsanado dichas salvedades, se pondrá de manifiesto en el informe trimestral simplificado, en los términos que establezca la CNMV.

3. Las sociedades de inversión deberán tener disponible en su domicilio el informe trimestral completo, que también servirá para dar cumplimiento a las obligaciones de información pública periódica establecidas en la Orden de 18 de enero de 1991, sobre información pública periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores.

SECCION 3ª OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN A SOCIOS Y PARTÍCIPES

Sexto. Obligaciones de información a socios y partícipes.

1. A efectos de dar cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 10.2.a) del RIIC, las sociedades gestoras deberán entregar como mínimo a los inversores, con carácter previo a la primera suscripción, el folleto simplificado, el informe trimestral simplificado de los fondos de inversión y la última memoria anual. Los partícipes tendrán derecho a obtenerla versión completa del folleto e informe trimestral con carácter gratuito.

2. El informe trimestral completo y el folleto completo de las sociedades de inversión deberán estar disponibles en su domicilio social y en el de sus sucursales, pudiendo ser obtenidos con carácter gratuito por las personas que lo soliciten.

Disposición transitoria.

La remisión de la información a que se refiere esta Orden, incluida cualquier modificación de los elementos esenciales de folletos ya registrados en ¡a CNMV con anterioridad a su entrada en vigor, deberá realizarse exclusivamente por los sistemas telemáticos citados en la norma tercera a partir de los tres meses desde la publicación de la Circular de desarrollo de esta Orden.

En relación con el cumplimiento de la obligación prevista en la norma sexta de esta Orden ministerial, se permitirá la entrega del folleto que esté verificado e inscrito en la CNMV, hasta que no sea modificado conforme establece el párrafo anterior.

En tanto la CNMV no establezca el contenido del informe trimestral simplificado y los requisitos para su remisión telemática, las menciones que al mismo se hacen en la presente Orden deben entenderse referidas al informe trimestral reducido regulado en la circular 1/1999, de 14 de enero, de la CNMV, sobre folletos e informes trimestrales de los fondos de inversión, y su remisión se hará conforme a lo establecido en dicha norma.

Disposición derogatoria.

1. Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en la presente Orden ministerial y, en particular, las siguientes.

La Norma 8.1 de la Orden de 10 de junio de 1997 sobre operaciones de las IIC de carácter financiero en instrumentos financieros derivados.

Las Normas 1.6, 1.7, 1.8, la Norma 2ª en lo que hace referencia a las IIC y los anexos E y F de la Orden de 12 de julio de 1993, sobre folletos informativos y otros desarrollos del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores.

La Orden de 23 de abril de 1998 por la que se modifica la Orden de 12 de julio de 1993, sobre folletos informativos y otros desarrollos del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores.

La Orden de 1 de octubre de 1998 sobre causas de actualización de folletos informativos y el informe trimestral reducido de los FIM y FIAMM.

2. Asimismo, se deroga la Norma 4.5 de la Orden de 24 de septiembre de 1993 sobre Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria.

Disposición final.

1. Se habilita con carácter general a la CNMV para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y el desarrollo de lo dispuesto en esta Orden.

2. Lo contenido en esta Orden se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas en relación con los folletos y procedimientos de verificación previa a la admisión de valores negociados exclusivamente en mercados ubicados en su territorio.

3. La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Madrid, 18 de abril de 2001.

DE RATO Y FIGAREDO

lmas. Sras. Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Directora general del Tesoro y Política Financiera.

Lima, 7 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución nº 73/1998 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se aprobó la propuesta de celebrar la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información, decisión que fue ratificada en la reunión del Consejo de la referida Unión celebrada en el año 2001 ;

Que mediante Resolución nº 56/183 , adoptada en el Quincuagésimo Sexto Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se acogió con beneplácito la citada decisión del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, apoyando la propuesta del Secretario General de la Unión de celebrar una cumbre al mas alto nivel posible en dos etapas: la primera en la ciudad de Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2003 , y la segunda en la ciudad de Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005 ;

Que la Primera Fase de la Cumbre, celebrada en Ginebra, se manifestó una clara voluntad política para la adopción de medidas concretas que preparen los fundamentos de la Sociedad de la Información, y , asimismo se aprobaron una Declaración de Principios y un Plan de Acción para el Desarrollo Global de la Sociedad de Información;

Que, la Cumbre de Túnez se centro en temas de alto interés político como la gobernanza de internet y los mecanismos financieros conducentes al cierre de la brecha digital, así como la definición de un proceso de seguimiento y aplicación que prepare la vía para las actividades futuras;